Existe actualmente un amplio consenso sobre la relación positiva entre la inversión para la provisión de los servicios públicos, la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la competitividad. A pesar de este reconocimiento, en América Latina y el Caribe se registran importantes necesidades insatisfechas de inversión y mejoramiento de la prestación de los servicios. Tres son las fuentes básicas de recursos para el financiamiento de la infraestructura: los gobiernos con recursos propios, el flujo de capitales privados y los préstamos de los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD). En determinados periodos y bajo distintas circunstancias las fuentes citadas han contribuido en menor o mayor proporción al desarrollo de la infraestructura de los países de la región. Sin embargo hoy las necesidades de nuevas inversiones y el mantenimiento del stock superan ampliamente los fondos que, por un lado, pueden contribuir los gobiernos con sus recursos y, por otro lado, son marcadamente mayores a los que el sector privado y los Bancos Multilaterales están aportando actualmente. En un marco de restricción presupuestaria las posibilidades de los gobiernos de crear espacio fiscal para derivar recursos hacia la inversión son limitadas en el corto plazo sino existe de por medio una reformulación de la estructura del gasto que privilegie el desarrollo de determinados proyectos sobre otros gastos. El sector privado, por su parte, se ha vuelto extremadamente selectivo en sus decisiones de inversión. Para los Bancos de Desarrollo reformular sus carteras de préstamos de manera de aumentar su asistencia para infraestructura requiere un tiempo de análisis y evaluación de la factibilidad de los proyectos e incluso de negociación con los gobiernos prestatarios. Todo esto abona la percepción de un lento camino para cerrar la brecha entre necesidades y disponibilidad de financiamiento para infraestructura en la región. Dentro de este contexto, existen, sin embargo, algunas propuestas recientes e instrumentos ya probados que podrían ser una herramienta eficaz para incrementar la inversión en infraestructura en un plazo más o menos cercano: la inversión pública, los esquemas, public-private partnership, (PPP), la mejora de los contratos, el desarrollo de garantías y la asistencia de los BMD.