América Latina y el Caribe enfrenta tres trampas del desarrollo: baja capacidad para crecer; alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social, y bajas capacidades institucionales y gobernanza poco efectiva. Además, afronta los retos que plantean el cambio climático y el logro de un desarrollo ambientalmente sostenible. Ante estas circunstancias, uno de los principales desafíos de la región consiste en reflexionar y actuar sobre las causas históricas de la pobreza y la marginalidad de los Pueblos Indígenas —sin olvidar su heterogeneidad—, tanto en el plano territorial como en los ámbitos jurídico, socioeconómico y político. En este documento se describen las principales características de la institucionalidad de los Pueblos Indígenas en 17 países de América Latina y se definen los mecanismos institucionales para garantizar el ejercicio de sus derechos sociales, políticos y culturales, especialmente en relación con la inclusión y el bienestar, la erradicación de la pobreza, la disminución de la desigualdad y el respeto a la diversidad e interculturalidad. Asimismo, se abordan los avances y desafíos existentes para que el “bien común” de los Estados y naciones incluya el fortalecimiento de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas y potencie los distintos mecanismos habilitadores de la cohesión social.