Este documento presenta la institucionalidad, el gasto público y la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones en Costa Rica. En 1886, comenzó la larga tradición en pensiones de Costa Rica que alcanza un momento medular en la década de los cuarenta con la operación del seguro social, que posteriormente sería complementado con la creación del régimen no contributivo en 1975 y la promulgación de la Ley de Protección al Trabajador en 2000. La constitución del sistema con cuatro pilares se complejiza por la alta fragmentación del Pilar I donde coexisten 4 regímenes con niveles de madurez, reglas de operación y desempeño financiero históricamente muy disímiles. Distintas reformas al régimen de pensiones han estado en el debate técnico y en la agenda política por más de 10 años, con diferentes objetivos de interés y temporalidad. En algunos casos, como el IVM, el cambio en el esquema de cotización tuvo como objetivo mejorar su sostenibilidad financiera. En el Poder Judicial, la reforma contempló tanto objetivos de sostenibilidad como de equidad inter-regímenes. En el caso del régimen de Hacienda, los objetivos de reforma se orientaron a la equidad, el manejo ético de los recursos públicos y su contribución para paliar la crisis fiscal. Queda pendiente la reforma al IVM y observar los resultados de la reforma al Poder Judicial, la promesa de las pensiones complementarias de elevar la tasa de reemplazo conjunta y el fortalecimiento del régimen no contributivo como un programa de protección social más amplio.