Portadilla

Créditos

Alicia Bárcena

Secretaria Ejecutiva

Antonio Prado

Secretario Ejecutivo Adjunto

María Nieves Rico

Directora de la División de Asuntos de Género

Ricardo Pérez

Director de la División de Publicaciones y Servicios Web

La presente recopilación de compromisos aprobados por los Gobiernos en la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe también está disponible en la Biblioguía Agenda Regional de Género [en línea] http://biblioguias.cepal.org/AgendaRegionalGenero/.

LC/G.2682/Rev.1 • S.17-00760 • Septiembre de 2017

© Naciones Unidas • Impreso en Santiago

Índice

Portadilla

Créditos

Prólogo

Plan de Acción Regional de la Habana (1977)

Programa de Acción Regional de Mar del Plata (1994)

Consenso de Santiago (1997)

Consenso de Lima (2000)

Consenso de México, D.F. (2004)

Consenso de Quito (2007)

Consenso de Brasilia (2010)

Consenso de Santo Domingo (2013)

Estrategia de Montevideo (2016)

Reservas y Declaraciones

Prólogo

Hace casi 40 años se celebró la Primera Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina (La Habana, 1977), que abrió un espacio de intercambio regional después de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer (Ciudad de México, 1975). Este espacio apostaba por que las demandas sociales en favor de los derechos de las mujeres y la igualdad de género que empezaban a cruzar los países se convirtieran en compromisos gubernamentales. En aquella ocasión se acordó el Plan de Acción Regional para la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina, que fue la primera hoja de ruta que tuvo la región para avanzar hacia el reconocimiento del aporte de las mujeres a la sociedad y para hacer visibles los obstáculos que enfrentaban para mejorar su situación. Fue también en esa oportunidad cuando los Gobiernos de la región le entregaron a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) el mandato de convocar, con carácter permanente y regular y en intervalos no superiores a tres años, una Conferencia Regional sobre la Mujer.

En cumplimiento de este mandato, la CEPAL organizó 13 Conferencias Regionales sobre la Mujer a lo largo de los siguientes cuatro decenios, a través primero de la Unidad Mujer y Desarrollo y posteriormente de la División de Asuntos de Género. Esta articulación intergubernamental, con la presencia activa del movimiento feminista y de mujeres y el apoyo de todo el sistema de las Naciones Unidas, se ha convertido en el principal foro de negociación de una Agenda Regional de Género amplia, profunda y comprehensiva, en cuyo centro se sitúan la autonomía y los derechos de las mujeres y en cuyas reuniones siempre ha ocupado un lugar protagónico la preocupación por las políticas de desarrollo y de superación de la pobreza.

En 1994, como parte de los preparativos de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995, se aprobó en Mar del Plata (Argentina) el Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2001. En él se actualizó el diagnóstico sobre la situación de las mujeres en la región, se propusieron políticas públicas para acortar las brechas de la desigualdad y se incorporaron nuevas problemáticas que no habían sido abordadas en el Plan de La Habana. En el Programa de Acción se destacó el aporte de las mujeres a los procesos de democratización que estaban viviendo gran parte de los países de la región y la importancia de incidir en un cambio cultural que permitiera desmontar el patriarcado y el sistema de género dominante que subordinaba, desvalorizaba y discriminaba a las mujeres en distintos ámbitos.

Las Conferencias Regionales siguientes se abocaron a debatir y generar los denominados Consensos de Santiago (1997), Lima (2000), México (2004), Quito (2007), Brasilia (2010) y Santo Domingo (2013), en los que se expresó la voluntad política y el compromiso de dar pasos decididos hacia la igualdad de género, se hizo hincapié en la importancia de la institucionalidad de género en el Estado y en la imperiosa necesidad de otorgarle un financiamiento específico y se interpeló a otros actores gubernamentales y no gubernamentales para que se sumaran a las políticas de igualdad y asumieran la transversalización de la perspectiva de género. Los debates y propuestas sobre la violencia contra las mujeres y el feminicidio, los derechos sexuales y reproductivos, la diversidad de situaciones e identidades, la migración, el trabajo no remunerado, la distribución del uso del tiempo, el cuidado, la división sexual del trabajo, las nuevas tecnologías, el desarrollo económico, la participación en los procesos de adopción de decisiones, la ciudadanía y la democracia paritaria resultaron hitos de gran densidad política y discursiva que se vieron replicados e influyeron en otros acuerdos internacionales y en otras agendas, como la de población y desarrollo.

Estos instrumentos regionales tienen un carácter acumulativo, y cada nuevo proceso de negociación y nuevo documento reconoce el valor político y programático de los anteriores, lo que resulta en un cúmulo de textos acordados de una enorme riqueza política y técnica. Estos documentos conforman en conjunto la Agenda Regional de Género, que se refuerza y retroalimenta con las plataformas y programas de acción de las conferencias de las Naciones Unidas y los compromisos vinculantes asumidos por los Estados con la firma y ratificación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y su Protocolo Facultativo y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).

La construcción de esta Agenda Regional de Género se nutre de la capacidad, la fuerza y la creatividad de las mujeres de América Latina y el Caribe y sus organizaciones, que han seguido adelante en los períodos de dictaduras y en las democracias recuperadas, en épocas de neoliberalismo, de crecimiento económico y también de crisis. Las mujeres han sido capaces de sobrellevar estos obstáculos, de organizarse y construir una mirada regional, a la vez que han participado activamente en los debates globales y han hecho oír su voz más allá de los límites de la región, como una fuerza que empuja a mover la frontera de lo posible.

Para la CEPAL la igualdad está en el horizonte del desarrollo y va más allá de la igualdad distributiva, pues la igualdad de género es un eje de su propuesta. La Agenda Regional de Género reconoce los derechos de las mujeres y la igualdad como elementos centrales y transversales de toda acción del Estado para fortalecer la democracia y para un desarrollo inclusivo y sostenible.

Considerando el legado del proceso de construcción y los contenidos de la Agenda Regional de Género, así como los nuevos desafíos que se presentan en el contexto de puesta en marcha de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (Montevideo, 2016) los Gobiernos de la región aprobaron la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030.

La Estrategia de Montevideo está siendo adaptada a las realidades nacionales, y los Gobiernos la están empleando para establecer diagnósticos, definir prioridades y formular políticas públicas de igualdad de género como parte de las estrategias de desarrollo sostenible.

La presente publicación es una contribución a la puesta en práctica de los compromisos asumidos. En ella se recopilan los acuerdos aprobados por los Gobiernos en las reuniones de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, y constituye una herramienta para la consulta, pero sobre todo para la acción y la construcción de un futuro basado en la memoria colectiva de las mujeres de América Latina y el Caribe.

Alicia Bárcena

Secretaria Ejecutiva

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Plan de Acción Regional de la Habana (1977)

Primera Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina (La Habana, 1977)

PLAN DE ACCIÓN REGIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA MUJER EN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE AMÉRICA LATINA[*]

I. INTRODUCCIÓN

1. La Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, celebrada en México en 1975, afirmó en su declaración que la condición de la mujer no podía desvincularse del proceso de desarrollo. Reconoció igualmente que la situación actual en el orden político, económico, social y cultural, tanto nacional como regional, obstaculizaba la plena utilización del potencial humano y material en el proceso de desarrollo, por lo que era necesario buscar los medios para transformar las condiciones existentes en la región.

2. En efecto, la cuestión de la desigualdad de la inmensa mayoría de la población femenina latinoamericana está estrechamente vinculada al problema del subdesarrollo, el cual existe no sólo debido a estructuras internas inadecuadas, sino en función de un sistema económico mundial profundamente injusto.

3. No obstante, si bien la eliminación del subdesarrollo es un requisito indispensable para la plena emancipación de la mujer, no asegura la eliminación inmediata de la discriminación que esta sufre, producto del arraigo y permanencia de prejuicios seculares, y de su bajo nivel educacional, técnico y cultural que limita grandemente el acceso e incorporación al trabajo. De ahí que la lucha contra el subdesarrollo deba ir unida a la toma de medidas para la inmediata y pronta integración de la mujer en la vida nacional e internacional como importante elemento para el desarrollo, el mantenimiento de la paz y la cooperación regional. Por lo tanto, en la medida en que las mujeres tomen una mayor conciencia de este hecho, se tornarán participantes naturales y activas en la lucha contra todo tipo de dominación. De ahí que constituyan un enorme potencial social para la transformación socioeconómica que necesita la región.

4. Nuestra región se caracteriza por una alta tasa de desempleo y subempleo. Este fenómeno es proporcionalmente mayor en el caso de las mujeres, llegando a tasas tres veces superiores a las de los hombres del mismo grupo de edades. Esta situación crónica tiende a agravarse por el injusto sistema existente en las relaciones económicas internacionales.

5. En la historia de la humanidad, la mujer ha desempeñado un importante papel en la lucha por la liberación nacional: la independencia política y económica, el fortalecimiento de la paz internacional, la eliminación del colonialismo, el neocolonialismo y el imperialismo, la ocupación extranjera, la dominación extranjera, el racismo, el apartheid y todo tipo de discriminación.

6. En las últimas décadas se ha fortalecido la incorporación de las mujeres a la vida política de sus países y su lucha por cambios estructurales que eliminen las raíces sociales de su discriminación.

7. Las Naciones Unidas ha desempeñado un importante papel en los esfuerzos por la igualdad de la mujer. La Asamblea General ha aprobado resoluciones fundamentales y documentos trascendentales, como la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, que han contribuido a la lucha por el logro de la plena integración de la mujer al desarrollo. Del mismo modo, en seminarios como el de Caracas y Buenos Aires, y en la conferencia mundial de México, de la que emergió el Plan de Acción Mundial, se han reafirmado los principios básicos para avanzar en la lucha por la liberación de la mujer.

8. Es urgente que la comunidad regional adopte medidas adecuadas a las necesidades de los países de América Latina a fin de cooperar con ellos para acelerar el ritmo de su desarrollo económico y mejorar significativamente el nivel de vida de sus pueblos, prestando particular atención a la situación de la mujer que, como en otras regiones del mundo, vive y se enfrenta diariamente a un sinfín de problemas políticos, sociales y económicos que son especialmente apremiantes y graves en el mundo subdesarrollado.

9. En consecuencia, es indispensable tomar acciones encaminadas a hacer efectivo el Nuevo Orden Económico Internacional, del cual la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados constituye un elemento fundamental, pues está basado en la equidad, la igualdad soberana, la interdependencia, el interés común y la cooperación entre todos los Estados, cualesquiera que sean sus sistemas económicos y sociales.

10. El propósito de este documento es presentar, dentro de los principios de la justicia, la equidad y el respeto a la soberanía de los Estados, un programa de acciones mínimas encaminadas a lograr la promoción de la igualdad de oportunidades y responsabilidades de la mujer en el esfuerzo común destinado a superar los obstáculos que impiden, tanto a mujeres como a hombres, su desarrollo como individuos miembros de una sociedad.

11. En conformidad con el párrafo 28 del Plan de Acción Mundial, que dice “dado que existen amplias diferencias en la situación de la mujer en las distintas sociedades, culturas y regiones, que se reflejan en diferentes necesidades y problemas”, cada país establecerá su propia estrategia nacional y los mecanismos interdisciplinarios y multilaterales dentro de la estructura gubernamental, para asegurar la aplicación de las recomendaciones que sean importantes en el marco de las necesidades y prioridades de cada país.

12. Es esencial que estas recomendaciones sean incorporadas en los planes y programas de desarrollo y en los análisis sectoriales, de modo que los mecanismos para la integración de la mujer en el desarrollo constituyan parte integral de la Estrategia Internacional de Desarrollo en el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en observancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, y para que contribuyan eficazmente en su adaptación a los principios y postulados del Nuevo Orden Económico Internacional.

II. ACCIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL

A. FUNDAMENTOS

1. Cambios de estructura

13. La cuestión de la desigualdad y la discriminación, tal como afecta a la inmensa mayoría de las mujeres de todo el mundo, y que se manifiesta en la permanencia de prejuicios seculares y en el bajo nivel educacional de las mujeres, está estrechamente relacionada con el problema del subdesarrollo, que es el resultado, principalmente, de estructuras internas inadecuadas y de un sistema económico mundial profundamente injusto.

14. Los problemas que obstaculizan la participación de la mujer en la vida económica, política, social y cultural de su país están íntimamente vinculados con las condiciones generales del subdesarrollo. Constituye por ello una premisa fundamental realizar, por un lado, las necesarias transformaciones en las estructuras socioeconómicas y, paralelamente, acciones especificas que tiendan a modificar la situación de la mujer latinoamericana, a fin de que ella sea un agente propiciador y activo en los cambios de las estructuras existentes, y un factor determinante para lograr la plena igualdad de la pareja humana. Es imprescindible prestar particular atención a la mujer de las áreas rurales, pues bien se sabe que la región se caracteriza por el desarrollo desigual entre la ciudad y el campo en detrimento de este último. Esto implica una situación más grave para la mujer de las áreas rurales que sufre, además del aislamiento, la falta de instrucción y empleo, y otros males que provocan el éxodo hacia las ciudades en busca de trabajo, con la correspondiente secuela de prostitución, mendicidad e incremento de los barrios insalubres.

15. Tiene por tanto carácter urgente la aplicación de estrategias que erradiquen los males que afectan a la mujer en las áreas rurales.

16. Propuestas para la acción:

a) A los gobiernos

1) Ejecutar las necesarias transformaciones profundas que posibiliten la solución de los problemas que confronta la mujer en el ámbito político, económico, social y cultural.

2) Realizar las transformaciones estructurales, económicas, políticas y sociales en la América Latina, promoviendo la unidad latinoamericana y defendiendo enérgicamente la soberanía de los Estados, sus recursos naturales y todas sus actividades económicas, políticas y sociales.

3) Apoyar a todas las empresas multinacionales, a las asociaciones de productores formadas en la región y a todos los proyectos similares que brinden posibilidades de crecimiento al mercado de trabajo, en óptimas condiciones para los trabajadores nacionales, en tanto contribuyan a eliminar la deformación estructural de las economías latinoamericanas y su dependencia externa.

4) Respaldar al SELA y sus Comités de Acción, así como a todos los organismos de cooperación latinoamericana, como una expresión genuina del desarrollo de la colaboración y unidad entre los países de la región.

5) Formular y aplicar programas de desarrollo rural y urbano, en especial aquellos que beneficien a la mujer.

6) Formular y aplicar programas de desarrollo rural integrado, que contemplen las transformaciones estructurales, la reforma agraria, la política de empleo, la creación de organizaciones cooperativas de trabajadores, la pequeña industria, servicios de educación, salud y bienestar social, y de fijación de precios, comercialización y servicios crediticios y de financiamiento.

7) Promover y fortalecer la participación popular, especialmente de la mujer, en todos los niveles, incluido el de toma de decisiones, en especial por la vía electiva.

8) Adoptar medidas para asegurar la redistribución de los recursos y de los ingresos a los grupos rurales y urbanos poco favorecidos. De esta forma será beneficiaria la mayoría de la población.

b) A la mujer

Participar activamente en la realización de todas las acciones propuestas, a todos los niveles, utilizando y creando los mediosy mecanismos apropiados para ello.

2. Medidas legislativas

17. Es evidente que la legislación, en cuanto discrimina a la mujer, impide su integración al desarrollo y, si bien las medidas legislativas no son por sí solas suficientes para asegurar la igualdad de la mujer, la eliminación de todas las normas discriminatorias abre el camino a la igualdad.

18. La discriminación de facto, constante en todos nuestros países, se ha apoyado y vitalizado en la discriminación de jure, por lo que es urgente tomar medidas de orden legal que aseguren la igualdad jurídica de los sexos.

19. Propuestas para la acción:

A los gobiernos

1) Revisar la legislación existente a fin de eliminar los aspectos que afectan la condición jurídica y social de la mujer e impiden su plena integración a la sociedad.

2) Adoptar medidas legislativas que aseguren la plena igualdad jurídica de la mujer con el varón.

3) Eliminar la discriminación de la mujer por motivo de raza, religión, origen nacional, estado civil u otras razones, mediante la adopción de medidas legislativas o de otra índole.

4) Adoptar medidas legislativas y administrativas que aseguren la plena participación política, cultural, económica y social de la mujer.

5) Ratificar los convenios y tratados internacionales referentes a la condición de la mujer, y ponerlos en práctica.

6) Revisar los instrumentos internacionales pertinentes a fin de eliminar las normas anacrónicas y buscar la actualización de las mismas.

3. Mecanismos administrativos

20. El Plan de Acción Mundial y los Seminarios de Caracas y Buenos Aires reconocieron la necesidad de mecanismos interdisciplinarios y multisectoriales en el plano nacional, regional e interregional para la formulación y ejecución de políticas y propuestas encaminadas a alcanzar objetivos de igualdad e integración para las mujeres.

21. Propuestas para la acción:

1) Los gobiernos, de conformidad con sus propios sistemas administrativos de trabajo, deben establecer y reforzar inmediatamente mecanismos dotados de personal y presupuesto adecuados para acelerar el logro de los objetivos de los planes globales, regionales y nacionales dentro del Decenio de la Mujer.

2) Las funciones de los mecanismos que establezcan los gobiernos deben incluir entre otras las siguientes:

i) Reconocer y afirmar la dignidad de la mujer como ser humano, tomando en consideración de manera constante su condición de ciudadana productora y consumidora;

ii) Aumentar la participación cualitativa y cuantitativa de la mujer en los programas de desarrollo;

iii) Realizar investigaciones que permitan conocer, de manera objetiva, la situación real de la mujer y las causas que inciden negativamente en dicha situación, como base necesaria para la realización de diagnósticos, la formulación de políticas y la elaboración de proyectos encauzados a integrar plenamente a la mujer al proceso de desarrollo integral;

iv) Considerar y promover las políticas, acción y programas encauzados a integrar plenamente a la mujer al proceso de desarrollo económico, político y social;

v) Combatir la persistencia de las actitudes actuales frente a las funciones tradicionales asignadas a los sexos mediante cambios de los esquemas educacionales y las pautas culturales tradicionales;

vi) Luchar contra los factores que ocasionen la marginación de la mujer en el desarrollo económico, político y social, y actuar como canal de comunicación para asegurar que los puntos de vista de la mujer sean reconocidos y se reflejen en las políticas gubernamentales;

vii) Participar en la coordinación de la acción interinstitucional en programas y proyectos que busquen y prevean la incorporación de la mujer al desarrollo y en la supervisión, control y evaluación de la ejecución de los mismos;

viii) Elaborar y proponer medidas necesarias para el establecimiento de programas y acciones, tales como alcanzar para la mujer la igualdad de derechos, oportunidades y acceso al trabajo, a la educación, a la especialización, capacitación profesional y técnica, igual remuneración por trabajo de igual valor, asistencia, previsión y seguridad social;

ix) Luchar por erradicar de los medios de información masiva los estereotipos y tabúes y el uso de la imagen de la mujer como objeto;

x) Informar y asesorar a las mujeres sobre los derechos que le otorgan tanto las legislaciones nacionales como los acuerdos y convenios internacionales;

xi) Revisar la legislación existente en los países y proponer los cambios necesarios a fin de eliminar todas las normas que discriminan a la mujer;

xii) Insistir ante los gobiernos sobre el cumplimiento de los convenios internacionales y la revisión y modificación de aquellas leyes que contravengan tales convenios;

xiii) Difundir ampliamente la obligación que tiene la pareja humana de compartir las responsabilidades familiares y el derecho y obligación de participar y compartir los esfuerzos, las acciones y las responsabilidades en el desarrollo social, político y económico.

3) Se estima que la estructura funcional mínima deberá abarcar entre otras, las siguientes esferas: i) participación en la formulación de planes, políticas y programas nacionales, coordinación y promoción; ii) investigación y diagnósticos; iii) programación y evaluación; iv) documentación e información; v) relaciones públicas y difusión; vi) servicio de orientación y asesoramiento; vii) relaciones con organismos regionales e internacionales.

4) Para su funcionamiento deberán crearse los órganos siguientes:

i) Una coordinación general encargada de planificar, dirigir y coordinar las directivas y políticas del organismo, de conformidad con los planes nacionales de desarrollo;

ii) Un órgano ejecutivo encargado de supervisar y controlar la ejecución de las políticas y planes aprobados por los organismos competentes.

5) En la organización podrían estar representados sectores como: i) ministerios y dependencias gubernamentales; ii) organismos públicos y privados; iii) organizaciones femeninas; iv) cooperativas; v) organizaciones voluntarias; vi) mujeres rurales; vii) amas de casa; viii) grupos étnicos y religiosos; ix) empleadores, obreros, sindicatos y otras organizaciones; x) personas destacadas con conocimiento especializado; xi) organizaciones estudiantiles.

6) En la integración de los cuadros directivos y el funcionamiento de estos mecanismos deberían participar personas especializadas en esta área que se designan en consulta con las organizaciones pertinentes; ellas interpretarán, y defenderán los derechos e intereses de las mujeres y podrán influir en la planificación de políticas que respeten y hagan cumplir los principios de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, específicamente, la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer.

B. MEDIDAS PARA LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER A LA VIDA

ACTIVA ECONÓMICA, POLÍTICA, SOCIAL Y CULTURAL

1. Empleo

22. Si se considera a la mayoría de los países latinoamericanos se observa que un porcentaje muy bajo de mujeres está incorporado a la fuerza de trabajo. La mayor parte de ellas se desempeña en labores no calificadas. La tasa más alta de actividad económica femenina acusa una distorsión en lo que se refiere a la ocupación por sectores y edades. Se concentra en el sector de los servicios y en especial en los trabajos domésticos, incluidos los de las trabajadoras familiares no remuneradas. Con frecuencia las mujeres son objeto de discriminación y explotación en lo que toca a remuneraciones, condiciones de trabajo y prácticas de contratación. En general, existen limitantes reales para la incorporación y permanencia de la mujer en el trabajo, lo cual obstaculiza su participación en la vida política, económica y social de su país.

De acuerdo con los actuales criterios de captación estadística, la fuerza de trabajo femenina se concentra en las ciudades y, preferiblemente, en las grandes capitales donde se agrupa la mayor cantidad de servicios y de ocupaciones atribuidos tradicionalmente a la mujer y donde, sin embargo, no cuenta con instalaciones sociales y educacionales que le permita permanecer en el trabajo a una gran mayoría de las mujeres. Esto, dentro de la situación crónica de desempleo y subempleo que afecta a la región, hace aún más crítica la situación de la mujer.

23. Propuestas para la acción:

a) A los gobiernos

1) Adoptar medidas legislativas y formular las políticas de empleo necesarias para asegurar igualdad de oportunidades y tratamiento a la mujer trabajadora, tanto en el sector público como en el privado, incluyendo igual remuneración por trabajo de igual valor, e igualdad de promoción, condiciones de trabajo y beneficios sociales.

2) Formular y ejecutar políticas gubernamentales de planificación que prevean la integración efectiva de la mujer en el desarrollo rural, con vistas a reducir su emigración hacia las áreas urbanas, lo cual no hace más que empeorar el problema de “marginalidad”.

3) Elaborar planes gubernamentales de desarrollo que incluyan cursos de entrenamiento y educación vocacional para mujeres en las áreas urbanas y rurales, con el fin de prepararlas para que participen con más efectividad en la fuerza laboral nacional y contribuyan al desarrollo de sus comunidades.

4) Promulgar medidas que prohíban el empleo de niños y regulen el empleo de adolescentes, proporcionándoles a estos grupos fácil acceso a la educación y a la capacitación, así como a la preparación profesional y técnica.

5) Promulgar e implementar una legislación laboral que reconozca el status de empleo de los trabajadores domésticos, y les proporcione los mismos derechos a los beneficios laborales y de seguridad social que les son concedidos a otros trabajadores asalariados, incluyendo el derecho a organizar sindicatos y la garantía de un salario mínimo.

6) Reconocer, apoyar y promover el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y asociaciones representativos que luchan por iguales oportunidades y condiciones de trabajo para todos los trabajadores, incluyendo a la mujer, en los sectores público, privado, domestico y rural, de manera que los beneficios del sindicalismo y la negociación colectiva sean conocidos y disfrutados por más trabajadores, mejorando así su status económico.

7) Revisar la legislación laboral nacional, eliminando las llamadas “leyes protectoras” que tiendan a causar discriminación contra la mujer excluyéndola de determinados empleos, y promulgar nuevas leyes que prohíban la discriminación contra la mujer y los grupos minoritarios.

8) Ratificar y poner en vigor los convenios de la OIT Nos. 100 y 111 relativos a la remuneración igual por el trabajo de igual valor y a la discriminación contra las trabajadoras, y solicitar a la OIT que revise sus demás convenios con el propósito de eliminar de ellos las disposiciones proteccionistas que discriminan contra la mujer.

9) Emprender el estudio y revisión inmediatos de los sistemas de evaluación de empleos con la cooperación de la CEPAL y la OIT (PREALC) y otros organismos competentes, con el fin de promover la igualdad de remuneración y mejorar los sectores de empleo donde tienden a concentrarse las mujeres.

10) Tomar medidas para establecer mecanismos de control y erradicación de la práctica de la coerción sexual a la mujer como condición para brindar empleo y promoción laboral.

b) A los gobiernos y otros organismos involucrados

1) Promover activamente por los gobiernos, empleadores, sindicatos y otras organizaciones el acceso efectivo de la mujer al empleo, particularmente en los sectores no tradicionales y mejor remunerados de los cuales ha sido tradicionalmente excluida.

2) Garantizar por los gobiernos, empleadores y sindicatos a la mujer, en iguales condiciones que el hombre, el pleno disfrute de la seguridad social y cualquier otro beneficio que pueda ser incluido en la legislación laboral nacional, en acuerdos entre los trabajadores y la administración y en contratos colectivos.

3) Adoptar medidas por los gobiernos, empleadores y sindicatos que estipulen horarios de trabajo flexibles y oportunidades de empleo por horas en aquellos sectores donde esto sea factible, asegurando que los trabajadores por hora estén amparados por la seguridad social, jubilación y otros beneficios, alentando así una mayor incorporación de la mujer a la fuerza laboral y haciendo posible una mejor contribución al desarrollo nacional global.

4) Adoptar y apoyar activamente, por los gobiernos, empleadores y sindicatos, las medidas legislativas que garanticen los derechos de las trabajadoras embarazadas a disfrutar de licencia retribuida antes y después del parto sin pérdida de su empleo, promoción, retiro, antigüedad u otros derechos, así como también el suministro de las facilidades necesarias para amamantar a su hijo.

5) Promover de acuerdo con los planes globales de desarrollo, por los gobiernos y las organizaciones involucradas, la mayor participación de la mujer en actividades cooperativas agrícolas, contribuyendo así a una integración más efectiva de la mujer a la producción de alimentos, mayores ganancias comunitarias, programas más sólidos de autoayuda y mejores niveles de vida.

6) Al trazar planes de desarrollo, proporcionar, por los gobiernos y organizaciones involucradas, programas para capacitar a la mujer en las técnicas de producción, elaboración y comercialización de productos.

7) Crear empleo y desarrollar las áreas rurales que están perdiendo población, y proporcionar empleo a la mujer, particularmente a la mujer joven que tiende a emigrar, para alentarla a que permanezca en su lugar de origen.

8) Adoptar políticas, por las organizaciones laborales, para incrementar la participación de la mujer en sus actividades en todos los niveles, incluyendo cargos de dirección; reconocer las necesidades especiales de las mujeres miembros, incorporando esas necesidades a los acuerdos colectivos, y llevar a cabo campañas organizativas en los sectores donde se concentran las mujeres trabajadoras con el fin de mejorar el status económico y contribuir al desarrollo nacional.

9) Promover, por los sindicatos, la creación y el fortalecimiento de secciones femeninas que coadyuven con su trabajo especializado a una mayor participación de la mujer en todos los aspectos de la vida laboral.

2. Educación

24. La educación es un factor esencial para el desarrollo económico y social de los pueblos y un derecho básico del hombre como ser social. Por lo tanto, recibirla constituye un principio de equidad y justicia del cual no se le puede privar sin violar una norma universal.

25. Las mujeres representan un alto porcentaje (60 a 80%) de la población analfabeta total. Incluso en los países considerados de alto nivel cultural el porcentaje de mujeres con educación media, especial y superior es muy bajo.

26. Hay también discriminación en la naturaleza y contenido de la educación que se proporciona a las niñas y de las opciones que se les ofrecen, lo que tiende a limitarlas a roles y ocupaciones estereotipados.

27. La imposibilidad de acceso a la educación, por parte de los grupos mayoritarios, y de las mujeres en especial, ha hecho que estas se dirijan hacia los sectores tradicionales de la economía, esto es, fundamentalmente hacia los servicios domésticos, comercio, industria artesanal y tareas agrícolas.

28. Existe asimismo el problema especial de las jóvenes que abandonan la escuela por falta de posibilidades económicas, necesidad de trabajar y de contribuir a los ingresos familiares, embarazo, u otras causas.

29. Propuestas para la acción:

1) Concebir y programar la educación formal e informal como parte integral de una estrategia nacional de desarrollo adecuada para acelerar la integración de la mujer en el desarrollo, promoviendo la igualdad social y su realización individual.

2) Adoptar una política educativa en que se establezca la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, tanto de la zona rural como de la urbana, independientemente de raza, color, credo, religión, poniéndola así al alcance de todos los miembros de la sociedad.

3) Revisar y actualizar las leyes sobre educación con el objetivo preciso de hacerla más asequible a la población en general, y en especial a la infantil y juvenil, y proporcionar los medios para asegurar su aplicación.

4) Crear nuevos programas y vigorizar los existentes para erradicar el analfabetismo, estableciendo un plazo definido para su eliminación, así como elaborar programas de post-alfabetización que permitan eliminar el analfabetismo por desuso. Determinar las causas que producen la mayor incidencia de analfabetismo en la población femenina y tomar las medidas necesarias para erradicarlas.

5) Implantar la educación primaria gratuita y obligatoria, así como la educación secundaria gratuita, asegurando la asistencia a través de los medios adecuados con el apoyo de las organizaciones sociales y esforzándose por proporcionar a los niños y los jóvenes todos los recursos para la educación: libros de texto, alimentos, transporte y otros.

6) Establecer la coeducación en todos los niveles de la enseñanza como un medio de lograr una mejor formación y adecuadas relaciones entre ambos sexos.

7) Reorientar la función de las escuelas para transformarlas en centros de formación múltiples y núcleos de desarrollo de la sociedad, vinculando el contenido de los programas y la metodología de la enseñanza a las actividades productivas existentes o a aquellas que deban emprenderse para el desarrollo, así como a programas de salud, nutrición y otros.

8) Incrementar la incorporación de la mujer a la enseñanza secundaria, media, superior y de postgrado a través de planes nacionales de becas y créditos educativos, y utilizando los programas de becas que ofrezcan los países de la región o de fuera de ella, así como los programas de asistencia técnica bilaterales, multilaterales y de organismos internacionales.

9) Propiciar la adecuada correspondencia entre la demanda de recursos humanos que exige el desarrollo del país y la oferta que de estos recursos hace el sistema educativo, estableciendo efectivos servicios de orientación educacional y vocacional y eliminando los tabúes que limitan el ingreso de la mujer a las carreras técnicas.

10) Adoptar medidas concretas para la captación, permanencia, arraigo y reingreso de la mujer en los diversos niveles educativos, proporcionándole facilidades como estudios por sistemas audiovisuales, ampliación de la educación no académica y no regular y de la enseñanza abierta, estudios por correspondencia, dirigidos u otras formas que faciliten su capacitación.

11) Implantar programas educativos orientados a la formación y capacitación de las mujeres de las áreas rurales e indígenas y de las zonas urbanas marginadas, que les ayuden a resolver las necesidades que la comunidad señale como prioritarias.

12) Llevar a cabo reformas en el sistema educacional encaminadas a: i) preservar los valores culturales nacionales promoviendo la investigación histórica, protegiendo a los grupos étnicos impartiéndoles enseñanza de sus idiomas, y ii) revaluar en los textos y otros medios de enseñanza el papel que puede y debe desempeñar la mujer, con miras a eliminar la imagen distorsionada que de ella ofrecen los patrones culturales predominantes.

13) Integrar en los programas educativos cursos adecuados sobre la vida familiar, temas y técnicas administrativas, agrícolas e industriales y de materias relacionadas con diversos oficios que faciliten la incorporación de la mujer en la vida laboral urbana y rural en puestos calificados.

14) Implantar programas de orientación para crear mayor conciencia en padres y maestros de la necesidad de que la mujer participe plenamente en todos los niveles de la educación y los finalice.

15) Organizar programas de educación permanente con el fin de garantizar 1a elevación de los niveles de instrucción.

16) Establecer amplios planes de becas, créditos educativos, subsidios y otros que garanticen la educación y formación de aquellas jóvenes que por dificultades económicas y otros motivos ven limitado su acceso a los centros educacionales.

17) Proporcionar servicios de guardería y otros similares para que puedan continuar sus estudios las mujeres y jóvenes que tengan responsabilidades relacionadas con el cuidado de niños.

18) Revisar, discutir y redactar los textos escolares y el material didáctico utilizado en los programas de educación escolar a fin de eliminar de ellos los estereotipos tradicionales de hombres y mujeres, y que esa revisión, discusión y redacción sea llevada a cabo en cada país por grupos de técnicos especialistas de carácter interdisciplinario, teniendo en cuenta los intereses nacionales y evitando la penetración cultural.

19) Promover la educación preescolar como medio de lograr una educación más completa, ya que facilita el desarrollo integral del educando en su doble aspecto de individuo y de ente social. Esta educación preescolar debe ser dirigida por los ministerios de educación o por aquellas instituciones que cada país considere sean más prácticas y viables para implementar dichos programas.

20) Elaborar, en cada país de la región, material audiovisual y otros de carácter educativo, que permitan y faciliten el desarrollo del concepto de igualdad entre hombre y mujer y que puedan ser reproducidos y utilizados por el sistema de educación respectivo.

21) Crear conciencia de las necesidades educacionales y los problemas especiales que confrontan las mujeres y las jóvenes con impedimentos físicos y mentales, y atender a ellos.

22) Desarrollar programas educacionales específicos que permitan a las jóvenes que no han podido terminar sus estudios debido a embarazos tempranos u otras causas, estar preparadas para su participación e integración en el desarrollo.

23) Procurar que los planes de becas que los organismos internacionales formulen para la región, estén orientados a ofrecer oportunidades educativas en las áreas prioritarias determinadas por los gobiernos, y que los mismos estén dirigidos tanto a la mujer como al hombre.

24) Dada la contribución que hacen los estudiantes que tienen que perder horas de clase en aras de la economía familiar y nacional, los gobiernos deberán desarrollar programas que faciliten a esos estudiantes su incorporación, permanencia y avance dentro del sistema educacional formal.

3. Salud

30. El problema de la salud en el área, según informes de la CEPAL y las Naciones Unidas, es alarmante. La baja esperanza de vida, la alta mortalidad, la crítica situación con que se ve enfrentada la región en el ámbito de la salud pública, ponen en evidencia las diferencias existentes entre la situación sanitaria y las condiciones de vida de los países latinoamericanos y de los países desarrollados del mundo. Esta situación preocupa aún más si consideramos las profundas diferencias existentes en este terreno entre los diversos países de la región, y entre los distintos grupos sociales y regionales de cada país.

31. Baste decir que según cifras de la CEPAL, entre 1965 y 1970 murieron 1 000 000 de niños menores de cinco años, en tanto que si se hubieran dado las pautas de mortalidad de los países desarrollados, esta cifra se hubiese reducido a 300 000. La situación hospitalaria es también crítica, pues el índice de la mayoría de los países no pasa de 2.5 camas por cada 1 000 habitantes. La carencia de médicos configura una situación similar, hasta el punto de que en un país de la región, por ejemplo, solo había en 1972 un médico para cada 13 264 habitantes.

32. La mayoría de la población vive en condiciones de insalubridad, desnutrición, ignorancia de los principios elementales de higiene y sin acceso a los recursos de salud, por la injusta distribución de la riqueza.

33. Las mujeres, debido a los cuidados especiales que requieren durante el embarazo, el parto y la lactancia, son, junto con los niños, las más afectadas por esta situación. A este debe agregarse el encarecimiento cada vez mayor de los medicamentos y el control monopolista que sobre ellos ejercen las empresas transnacionales, así como la carencia de recursos médicos disponibles y adecuados.

34. Propuestas para la acción de los gobiernos y sus organismos competentes:

1) Crear conciencia a la población a través de los medios de comunicación masiva y otros sobre su derecho a la salud.

2) Procurar el acceso gratuito a los servicios de salud, para cubrir la totalidad de las necesidades de la población en los diversos países de América Latina.

3) Ampliar la infraestructura y los servicios médicos y paramédicos para lograr una plena y adecuada cobertura de la atención médica a la totalidad de la población.

4) Garantizar inversiones suficientes para los programas de salud pública, particularmente en las zonas rurales y urbanas marginales, de los cuales se beneficie la totalidad de la población sin discriminación por causa alguna.

5) Formular programas para reducir la mortalidad de madres y lactantes mediante el mejoramiento de la nutrición, el saneamiento, los servicios de salud de la madre y el niño y la educación de los padres de familia.

6) Revisar periódicamente los programas de salud y adecuarlos a las necesidades de la población.

7) Desarrollar planes especialmente dirigidos a la salud materno-infantil dentro del marco de los servicios médicos generales y comunitarios, suministrando servicios prenatales, postnatales y en el momento del parto y servicios gineco-obstétricos.

8) Desarrollar igualmente programas orientados a prestar servicios especiales a las adolescentes y las mujeres en edad posterior a la reproducción.

9) Garantizar el acceso gratuito a los medicamentos a través de las instituciones públicas de salud y adoptar medidas para evitar, por todos los medios posibles, la incidencia negativa que, sobre los precios y la distribución de los mismos, ejerce el control de la producción y distribución por las empresas transnacionales.

10) Ejercer un control efectivo sobre los medicamentos que signifiquen un riesgo a la salud por su uso indebido, así como sobre aquellos que son dañinos a la salud.

11) Establecer políticas nacionales prioritarias de alimentación y nutrición que garanticen un consumo racional por parte de los grupos de la población que desde el punto de vista social y biológico son los más vulnerables (mujeres embarazadas, lactantes, niños, adolescentes, ancianos y otros).

12) Fomentar la lactancia en los primeros meses de vida del niño como alimentación natural básica, así como el consumo de alimentos naturales por el beneficio que representa para su salud física y mental y para su desarrollo futuro, teniendo presentes las necesidades nutricionales de la madre que amamanta a su hijo. Asimismo, eliminar toda la propaganda dirigida a fomentar la práctica nutricional basada en la alimentación artificial, en perjuicio de la lactancia materna.

13) Exhortar a los gobiernos a que preparen los datos estadísticos necesarios sobre el estado de salud y las prestaciones sanitarias del país, y establecer niveles de atención médica mínimos de acuerdo a normas de salud internacionalmente definidas.

4. Familia

35. La familia es el núcleo generador y transmisor de los valores, normas y actitudes que orientan la conducta individual y colectiva de los miembros de una sociedad. Como institución mediadora entre el individuo y el grupo social, tiene una especial relevancia en la situación de la mujer, así como en la posibilidad de ampliar su participación social y eliminar los factores relativos a su discriminación.

36. En la mayoría de las circunstancias la familia inculca y promueve entre sus miembros actividades y vocaciones más de acuerdo con el sexo que con sus posibilidades y aptitudes como seres humanos. Esa circunstancia no solo afecta a la mujer en sus posibilidades de desarrollo individual, sino que influye directamente en otros problemas del desarrollo que se han constituido en prioritarios.

37. La división del trabajo establecida de acuerdo al sexo, apoyada por la tradición y las costumbres y so pretexto del determinismo biológico, asigna al hombre el papel de sostén del hogar y relega a la mujer a un papel secundario y pasivo, limitándola al marco estrecho del hogar y asignándole como única finalidad básica el matrimonio y la procreación.

38. Los cambios en la estructura y funciones de la familia como consecuencia del proceso de urbanización e industrialización, y su estabilidad en relación con las migraciones internas, no están detectados en su mayoría.

39. En la mayor parte de los casos, la tradición y las costumbres adjudican a la mujer en la familia una mayor responsabilidad en las funciones afectivas y formativas de los hijos, y limitan el papel del hombre en el desempeño de tales responsabilidades.

40. Una de las limitaciones fundamentales al acceso de la mujer al trabajo, a la educación y a las responsabilidades de dirección, así como a su desarrollo, es la sobrecarga de trabajo que le imponen las labores domésticas falsamente concebidas como “oficio exclusivo de la mujer”. Esto incide mayormente en los millones de mujeres incorporadas a la producción y los servicios, las cuales tienen que sumar a su jornada de trabajo la totalidad de las labores domésticas.

41. En muchos casos, la temprana edad en que la mujer contrae matrimonio y entra a la vida productiva, unida a las escasas oportunidades que se le brindan para compartir las responsabilidades derivadas de las funciones familiares que socialmente se le asignan, crea un conjunto de limitaciones para ampliar su educación y adquirir suficientes elementos para su desarrollo.

42. El derecho a decidir entre ambos cónyuges el número de hijos no siempre puede ejercerse debido a la falta de información y carencia de medios y atención médica adecuada; a ello se une en muchos casos la concepción que margina a la mujer de estas fundamentales decisiones, partiendo de la arcaica tradición de que deben ser tomadas solo por el hombre.

43. En relación con la promoción de la familia, aparece como una necesidad la de mejorar la situación de las mujeres tanto dentro de las uniones estables, como atender a las necesidades de aquellas que no forman o han dejado de formar parte de una familia, y de las que son jefes de ella.

44. Es necesario, por tanto, revaluar el papel de la mujer latinoamericana en la sociedad y la familia, para contribuir a que ocupe el lugar activo que le corresponde y a que participe en la transformación de las estructuras socioeconómicas que la han sometido y marginado.

45. Propuestas para la acción:

1) Promover la igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades de ambos sexos dentro de la familia, y lograr que el hombre participe y comparta de manera más activa y consciente las responsabilidades familiares.

2) Eliminar los factores relativos a las actitudes y elementos culturales que impiden el desarrollo de la mujer, proyectando en términos positivos la importancia que representa para el sano desarrollo de los niños, los individuos, la familia y la sociedad, el que la mujer asuma las funciones que realmente le corresponden. Proporcionar condiciones para el desarrollo equilibrado del niño como individuo y como ser social.

3) Proteger mediante leyes y políticas adecuadas los derechos de la mujer en la familia, ya sea esta resultado del matrimonio o de uniones consensuales.

4) Las leyes relativas al matrimonio deberían: i) adecuarse a las normas internacionales referentes a los derechos humanos y civiles; ii) garantizar que ambos cónyuges gocen de plena capacidad jurídica en un plano de absoluta igualdad, y iii) asegurar iguales derechos a los cónyuges al momento de contraer y disolver el vínculo matrimonial.

5) Proporcionar orientación familiar con vistas a fortalecer la familia como el núcleo más importante de la sociedad y reconocer sus derechos en lo que respecta a su constitución y defensa.

6) Proporcionar información sobre legalización de familia, haciendo especial hincapié en la mujer jefe de familia, concepto que no está suficientemente definido, para coadyuvar al fortalecimiento y bienestar de la familia y al mejoramiento de la situación de los hijos extramatrimoniales.

7) Respetar el derecho de los individuos y de las parejas a recibir información y decidir, de manera libre y responsable, sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Cada país, dentro de sus políticas demográficas, decidirá los mecanismos legales que hagan posible la difusión de información en esta materia.

8) Integrar en todos los planes de estudio escolares en los niveles apropiados, y en los de educación extraescolar, programas de educación familiar incluida la educación sexual y el desarrollo psicosexual, a fin de preparar a los jóvenes de uno y otro sexo para el matrimonio y la procreación responsables, y eliminar patrones culturales y costumbres que alienten y perpetúen ideas de superioridad o inferioridad basadas en el sexo.

9) Reconocer a la madre soltera una cabal condición jurídica y social en su calidad de progenitora, y otorgarle la correspondiente protección legal y social.

10) Reconocer a los hijos nacidos fuera del matrimonio los mismos derechos y obligaciones que a los nacidos en el mismo.

11) Instrumentar una política para la creación de clínicas y albergues que brinden la protección necesaria a las madres, cualquiera que sea su estado civil, antes y después del parto.

12) Establecer en las legislaciones nacionales el principio de la patria potestad compartida, así como el de la custodia legal compartida de los hijos.

13) Establecer la sociedad conyugal con igualdad de derechos y deberes de los cónyuges, y con manejo compartido de la misma.

14) Promover la utilización de los medios de comunicación masiva, especialmente de la radio y televisión, para fortalecer la unidad y estabilidad de la familia, garantizando que la programación complemente los planes de estudio nacionales y evitando que exalten la violencia, las conductas criminales y otras actitudes antisociales.

15) Establecer en las legislaciones nacionales medidas para obligar a los padres a que atiendan a la manutención de los hijos.

5. Servicios sociales y otras facilidades para la incorporación y permanencia de la mujer en el trabajo

a ) Cuidado de los niños

46. La formación integral de la niñez debe ser objetivo esencial de toda sociedad. Las instituciones creadas con el propósito de dar educación y cuidado al niño, brindan una importante contribución al logro de ese objetivo, y garantizan a las trabajadoras la correcta atención de sus hijos durante la jornada laboral.

47. De igual forma, es importante crear condiciones que permitan la atención de los hijos de las trabajadoras en los restantes niveles de la enseñanza, fundamentalmente en los horarios y períodos de receso de la actividad docente.

48. Independientemente de las peculiaridades de cada país de la región, es una realidad global que la mujer trabajadora que es a la vez madre y ama de casa, tiene una sobrecarga de actividades, pues suelen pesar sobre ella, además del cuidado de los hijos, las tareas del hogar y las enfermedades de la familia.

49. Es, por tanto, urgente la toma de decisiones para establecer instalaciones dedicadas a la atención y cuidado de los niños de la mujer trabajadora. Esto disminuirá el índice de deserción laboral femenina y aumentará el de incorporación, pues los empleadores no tendrán justificación para rechazar la mano de obra femenina alegando su inestabilidad, como hoy suelen hacer.

50. Propuestas para la acción:

1) Los gobiernos, empleadores y sindicatos adoptarán medidas para el establecimiento de centros de cuidado infantil de calidad, asegurando la educación integral de los niños, para facilitar a la mujer su incorporación al trabajo y al estudio.

2) Los gobiernos orientarán a los organismos nacionales competentes para que establezcan programas de seminternado y mejoran las instalaciones de los comedores escolares ya existentes.

3) Los gobiernos y otros organismos competentes ampliarán y fortalecerán los programas de becas, dando prioridad a los hijos de madres jefes de familia, trabajadoras o de bajos ingresos.

4) Los gobiernos y otros organismos pertinentes establecerán y promoverán, tanto en el sector urbano como en el rural, programas que aseguren a los niños cuidados y esparcimientos de calidad, ya sea diariamente o durante las vacaciones y períodos festivos, en forma gratuita o en condiciones económicas tales que permitan el acceso de los niños de familias de bajos ingresos.

b) Servicios sociales

51. De acuerdo con las cifras de la CEPAL, la UNESCO, la OIT y la FAO -en lo que respecta a educación, vivienda, salud y costo de vida- el nivel de vida en el período 1959-1975 no solo no ha mejorado, sino que se ha deteriorado en muchos casos. Independientemente de las diferencias entre países, ya que en los últimos años algunos han dado pasos en la promulgación de medidas que propician la creación de servicios sociales, la situación de la región sigue siendo preocupante.

52. Propuestas para la acción:

1) Los gobiernos propiciarán el establecimiento de instituciones que lleven a cabo investigaciones y promuevan la creación de servicios sociales destinados a la atención de los niños, tales como servicios de puericultura, programas de salud a la población, instituciones infantiles e internados y seminternados escolares, y también comedores obreros y centros para la atención de ancianos e impedidos físicos y mentales, que faciliten la incorporación de la mujer al trabajo.

2) Los gobiernos alentarán el desarrollo de servicios sociales a la comunidad, como lavanderías y servicios gastronómicos y domésticos, asignando parte del presupuesto nacional a estos programas y fomentando programas de autoayuda en estas áreas.

3) Los gobiernos y otras instituciones prestarán atención particular a las ancianas, que suelen recibir menor protección que los ancianos, pese a que predominan en el grupo de edades de más de 50 años y muchas de ellas son indigentes y están necesitadas de cuidados especiales.

4) Se elaborarán proyectos de leyes y disposiciones que garanticen la seguridad social, en especial la de la mujer, y aseguren el cumplimiento de las existentes.

6. Vivienda

53. El déficit de viviendas en América Latina se calcula en 20 millones de unidades. Según la CEPAL (1975) la “magnitud del déficit de viviendas es tal, que no solo es problemática, por no decir imposible, una solución inmediata, sino que también lo son las perspectivas de solución en un plazo razonable”.

54. Es evidente que la mujer, como miembro de la familia que mayor tiempo suele pasar en la vivienda, enfrenta una situación dramática que si bien es posible atenuar con medidas reparadoras, solo se resolverá definitivamente con una profunda transformación de las estructuras socioeconómicas.

55. El mejoramiento de la disponibilidad de viviendas requiere una combinación de políticas económicas y sociales adecuadas, encaminadas a producir y renovar viviendas para los grupos de bajos ingresos. Esto debe combinarse con un aumento de los servicios públicos que suministran agua y energía eléctrica, transporte, alcantarillado y sistemas viales. Es necesario que se incluya a la mujer en la planificación de los nuevos asentamientos y planes de viviendas, con el fin de que las decisiones sobre estas cuestiones se beneficien con su experiencia, ya que son las personas que más utilizan la vivienda como base de operaciones.

56. Los programas deben facilitar los esfuerzos de autoayuda para cubrir las necesidades de vivienda, especialmente en el caso de las mujeres que son jefes de hogar, y hacer que la mujer participe en la organización y puesta en práctica de dichos esfuerzos.

57. Propuestas para la acción:

a) A los gobiernos

1) Tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho de los ciudadanos a la vivienda.

2) Planificar y financiar el diseño de asentamientos humanos, tanto urbanos como rurales, y de conjuntos urbanos, tomando en cuenta las necesidades de la totalidad de la población y la plena participación de la mujer en este proceso, como usuario fundamental de la vivienda.

3) Acometer los cambios de estructura agraria y el programa consecuente de asentamientos humanos, como elemento imprescindible para mejorar las condiciones de vida, modificar las tendencias demográficas, erradicar la marginalidad y disminuir el éxodo hacia las ciudades.

4) Programar racionalmente los asentamientos urbanos y rurales incluyendo en su construcción instalaciones de uso colectivo -escuelas, centros de salud, jardines infantiles, lavanderías, tiendas, zonas de recreación- y facilitar el suministro de recursos y servicios que los hogares no pueden obtener por sí mismos.

5) Propulsar programas de viviendas de autoayuda y facilitar la participación de la mujer en los mismos, especialmente en el caso de aquellas que son jefes de hogar, a fin de cubrir sus necesidades de vivienda.

6) Erradicar los barrios insalubres procediendo a su sustitución por nuevos asentamientos humanos que reúnan los requisitos urbanísticos adecuados.

b) A los gobiernos y otras organizaciones

1) El diseño de la vivienda debe tener en cuenta, de manera especial, las necesidades de la familia. Se debería alentar el empleo de lo siguiente: i) materiales de construcción que requieran un mantenimiento mínimo; ii) equipos y utensilios que no ofrezcan riesgo para los usuarios; iii) todo aquello que haga más económica y funcional la construcción y usufructo de la vivienda; iv) desarrollar el empleo de materias primas locales en la construcción de viviendas y alentar la utilización de dichas materias primas en los planes de vivienda.

2) Organizar cursos de orientación y capacitación que ayuden a la familia en el usufructo racional de las viviendas. Procurar la formación de grupos o asociaciones comunales que velen por el mantenimiento de las normas de convivencia y propicien la solidaridad y participación de todas las familias que conforman la comunidad en su propia superación y ayuda mutua.

3) Promover programas destinados a facilitar a la mujer, especialmente a las que son jefes de familia, la adquisición o el mejoramiento de la vivienda, dándole acceso a los sistemas de créditos y seguros y otorgándole préstamos a bajo interés.

7. Participación política

58. Actualmente en América Latina las mujeres representan cerca de la mitad de los electores, y sin embargo solo el 3% de ellas forma parte de los órganos legislativos, y una proporción aún menor de los ejecutivos.

59. En consecuencia, las mujeres no participan en la adopción de decisiones, sus opiniones son desestimadas, y sus necesidades no se toman en cuenta al planificar el desarrollo.

60. Debe lograrse que en la práctica la mujer tenga los mismos derechos y oportunidades que el hombre para votar y participar en la vida pública y política a nivel nacional, local y de la comunidad, debiendo comprender sus responsabilidades como ciudadana, a la vez que se le garanticen esos derechos a fin de que participe en la solución de los problemas que afectan a la sociedad, y los que la afectan a ella directamente por su condición de mujer. Esto obliga a tomar medidas que estimulen la participación femenina en las actividades políticas y en los órganos de poder.

61. Propuestas para la acción:

1) Apoyar y promover la participación de la mujer en las actividades políticas en condiciones de igualdad con el hombre.

2) Crear conciencia en la mujer sobre la importancia de su participación en la actividad política en todos los niveles.

3) Estimular a las mujeres a postularse para cargos públicos y electivos.

4) Dictar normas tendientes a organizar una divulgación adecuada, con ayuda de los medios de comunicación masiva, para despertar en hombres y mujeres un mayor interés por la participación política de la mujer, tanto nacional como internacional, así también como una mayor participación femenina en los procesos electorales y en la gestión política en general.

5) Aplicar en las áreas urbanas y rurales las medidas necesarias para que la mujer tenga posibilidades de capacitación política y superación cultural y técnica, y acceso a cursos para niveles de dirección orientados a que tengan oportunidades reales de promoción.

6) Revisar periódicamente el número y las categorías ocupacionales de las mujeres empleadas en los distintos cuadros del aparato estatal y del sector privado, a fin de determinar su participación y buscar el equilibrio correspondiente mediante la adopción de medidas para enmendar las injusticias existentes.

7) Exigir representación en todas las comisiones, juntas y corporaciones en las organizaciones regionales e internacionales, así como una mayor participación de la mujer en las delegaciones designadas por los gobiernos a las conferencias y foros internacionales y regionales.

8) Exigir y velar por el cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que ordenan una mayor participación de la mujer en la Secretaría, en todos los órganos y organismos del sistema y en los diferentes cuadros, particularmente en los niveles superiores, y buscar su equitativa y adecuada participación.

9) Instar asimismo a las demás organizaciones internacionales y regionales a que otorguen a las mujeres las mismas oportunidades que a los hombres en la postulación y obtención de cargos a todo nivel de acuerdo con su capacidad.

8. Otras cuestiones sociales

62. La situación económica y social existente determina en gran parte la vigencia de problemas como la prostitución, la delincuencia, el tráfico ilícito de personas, la violación, el tráfico ilícito de drogas, la drogadicción y otras formas de delito y conducta antisocial.

63. La prostitución es uno de los problemas más agudos que persiste en la mayoría de los países del continente, debido a que constituye, fundamentalmente, para muchas mujeres, la única forma de subsistencia.

64. Por otra parte, es necesario prestar atención a la situación de las mujeres reclusas, velando por el respeto a su dignidad humana y realizando esfuerzos por su rehabilitación efectiva.

65. Es preciso, por tanto, tomar en consideración estos problemas, con el propósito de realizar los esfuerzos requeridos para lograr la reincorporación de estas mujeres a la vida social de sus países.

66. Propuestas para la acción:

a) Lucha contra la prostitución y el tráfico ilícito de personas

1) Adoptar medidas legislativas y de otro tipo para erradicar o eliminar la prostitución y el tráfico ilícito de personas.

2) Tomar medidas legales adecuadas para sancionar a aquellos que utilizan los servicios de prostitutas, así como a los proxenetas que viven de las ganancias de ellas, y eliminar el tráfico ilícito de personas.

3) Crear los incentivos suficientes y las condiciones necesarias (educación, infraestructura, trabajo, etc.) para que la mujer rural permanezca en su medio, evitando las migraciones del campo a la ciudad.

4) Adoptar las medidas necesarias para crear centros de rehabilitación y orientación para mujeres en donde se las reeduque y oriente sobre su verdadero papel en la sociedad, suministrándoles facilidades adecuadas en el proceso de rehabilitación y asegurándoles oportunidades de empleo.

5) Promulgar asimismo leyes que prohíban y sancionen la prostitución de menores, revisar la legislación existente y vigilar el estricto cumplimiento de ella, asegurándose de que prevea la rehabilitación y reeducación a través de instituciones especiales para menores.

6) Realizar campañas amplias de divulgación tendientes a crear conciencia en la población sobre los peligros de toda índole que entraña la práctica de la prostitución.

b) Protección a la mujer reclusa

1) Revisar la legislación penal a fin de eliminar todo trato inhumano y discriminatorio para la mujer.

2) Dar a la mujer reclusa que se haya en estado de embarazo la atención especial que requiere la maternidad, e implementar sistemas de reclusión que le permitan tener la oportunidad de ofrecer al niño el cuidado necesario para no afectarlo en el desarrollo normal de su personalidad.

3) Proporcionar adecuado cuidado y supervisión a los hijos dependientes de mujeres reclusas.

4) Establecer sistemas de reclusión con separación de sexo que garanticen, tanto a la mujer como al varón, el respeto a su dignidad y su rehabilitación efectiva.

5) Impedir la violación o cualquier ultraje sexual que lesione la integridad física y mental y la dignidad de la mujer privada de su libertad; denunciar la corrupción y tomar medidas para proteger a todas las mujeres y niños contra los abusos físicos en las instalaciones penitenciarias y centros de reeducación.

6) Velar por el respeto de los derechos humanos y la integridad física de las mujeres privadas de su libertad por cualquier causa, y velar por la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, de conformidad con los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

c) Drogadicción y farmacodependencia

1) Auspiciar el establecimiento de centros de orientación, desarrollo e integración social para la juventud, con el fin de prevenir la drogadicción y la farmacodependencia en los niños y jóvenes, y desarrollar programas de rehabilitación y adaptación para aquellos que padezcan estas enfermedades sociales.

2) Revisar las legislaciones nacionales a fin de combatir y eliminar el uso indebido de toda clase de estupefacientes y drogas enervantes, y aplicar estrictas sanciones a las personas que inducen a otras, en especial menores, a usar cualquier clase de estupefacientes.

3) Divulgar ampliamente los peligros para la salud física y mental que implica el consumo de cualquier estupefaciente o droga enervante y sustancias psicotrópicas, con vistas a prevenir a los jóvenes de los efectos o riesgos de la drogadicción, haciendo especial hincapié en la elaboración de programas adecuados al respecto.

d) Violación y otros delitos sexuales

1) Revisar la legislación y procedimientos actuales en relación con la violación física y los atentados contra la moral de las mujeres, con miras a asegurar el respeto a la integridad física y la dignidad de la víctima e imponer sanciones severas a los culpables de estos delitos. Las sanciones impuestas a las personas convictas del delito de violación deben ser revisadas de manera que exista concordancia entre la naturaleza del delito y la severidad de la condena.

2) Asegurar la privacidad de las investigaciones acerca de las violaciones, otros delitos sexuales y atentados contra la moral de la mujer para, de esta forma, proteger a las víctimas de la humillación y la vergüenza.

e) Abuso físico de mujeres y niños

Promulgar la legislación penal necesaria para proteger a las mujeres y niños de las agresiones físicas, los malos tratos, los ataques violentos, el incesto y toda otra forma de delito sexual y de violencia, y asegurar que las medidas penales sean cumplidas estrictamente.

9. Creación de comisiones nacionales de investigación interdisciplinarias y multisectoriales

67. Las deficiencias que presenta la mayoría de los estudios realizados en la región, producto, en ocasiones, de marcos conceptuales inadecuados, o, en otras, de una insuficiente interpretación de los datos estadísticos o de limitaciones por ausencia de los mismos, da lugar a que sean tarea urgente coordinar y promover el trabajo de investigación en lo que respecta a la situación de la mujer.

68. Es, por tanto, requisito indispensable, obtener y construir estadísticas sobre aspectos fundamentales, a fin de tener una base para realizar estudios comparativos de hombres y mujeres; utilizar indicadores que permitan evaluar periódicamente como avanza o retrocede la situación de la mujer en los distintos campos de la actividad social y económica en los diversos países; llevar a cabo rápidamente investigaciones para comprender la interacción de los factores que influyen en la condición de la mujer, y buscar el apoyo de las universidades y centros de investigación en la realización de estas tareas y todas las que realicen con el fin de dar una imagen real de la mujer latinoamericana de hoy.

69. El análisis interdisciplinario, al integrar en equipos de investigación a economistas, juristas, pedagogos, sociólogos, psicólogos y otros científicos sociales, posibilitará tener una visión estructural y completa de los problemas de la mujer, superando la imagen aislada que implica el análisis desde una sola de estas disciplinas.

70. El estudio multisectorial por grupos de trabajo interdepartamentales de los problemas que afectan a hombres y mujeres que representen a todos los grupos de la sociedad, hará viable la rápida y eficaz toma de decisiones, a partir de las situaciones detectadas, con vista a solucionar los problemas de la mujer.

71. Propuestas para la acción:

1) Crear o fortalecer los mecanismos nacionales de modo que, al cumplir sus funciones de investigación, las realicen de manera interdisciplinaria y multisectorial y en coordinación con otros organismos e instituciones nacionales e internacionales.

2) Estudiar y evaluar el efecto de las transformaciones económicas y sociales globales en la situación de la mujer.

3) Investigar el efecto real de las medidas legislativas en la efectiva participación de la mujer en la vida política, económica y social de su país.

4) Investigar más amplia y profundamente las condiciones de la actividad económica femenina y mejorar los criterios y mecanismos de captación y presentación de estadísticas e información, a fin de conocer mejor la situación, importancia económica, participación y condiciones de trabajo de la mujer en las actividades productivas, tomando en cuenta que muchas mujeres dedicadas fundamentalmente a las labores domésticas realizan también actividades complementarias que significan un ingreso familiar. Asimismo, investigar sobre las causas de la situación de la mujer en el empleo, con el fin de contar con mejores elementos de juicio para superar los obstáculos que se presenten, con vistas a solucionar los problemas de la mujer.

5) Continuar los esfuerzos de investigación, incluida la búsqueda de indicadores económicos, para determinar el impacto de las funciones no remuneradas que desempeñen las mujeres en la agricultura, en los hogares de zonas urbanas y rurales y en las organizaciones voluntarias.

6) Investigar los efectos de la vigencia y difusión del consumo indiscriminado a nivel global sobre la economía nacional, el desarrollo económico y social y la situación de la mujer.

7) Investigar la influencia de las costumbres, prácticas, actitudes y creencias discriminatorias que obstaculizan la formación y educación de la mujer y su contribución al proceso de desarrollo, y las formas de eliminar con éxito sus efectos.

8) Promover actividades de investigación para identificar las prácticas discriminatorias en la educación y la capacitación, con el fin de formular las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar la igualdad en materia de educación.

9) Investigar la fertilidad, la fecundidad y la mortalidad, y los problemas de la salud y la nutrición, especialmente de la mujer y el niño.

10) Investigar la forma de promover la utilización y consumo de productos de alto valor alimenticio que por tradición o ignorancia, o por deformaciones estructurales de la economía y la sociedad, no se incluyen en la alimentación, aun cuando existan en las diferentes áreas de la región.

11) Estudiar y evaluar, en aquellos países en que se llevan a cabo, los programas de planificación familiar y el impacto de los mismos en la mujer, acorde con sus necesidades reales.

12) Investigar a fondo los efectos sobre la salud de la mujer de los diferentes medios anticonceptivos, cuyo consumo indiscriminado es propiciado por la propaganda que utilizan las compañías productoras y por las facilidades de venta y obtención sin el debido control médico.

13) Realizar investigaciones sobre la influencia que ejercen las empresas transnacionales y nacionales a través de la producción, comercialización y promoción de bienes de consumo en los distintos países de la región, propiciando una imagen artificial y distorsionada del papel que debe desempeñar la mujer en el progreso de su país, así como otros efectos sociales adversos, y promulgar leyes contra la publicidad falsa.

14) Mejorar los registros, la información y las investigaciones relacionados con los procesos que ocurren dentro de la familia, como nacimientos, matrimonios, orfandad, divorcios y migraciones, y promover investigaciones relacionadas con las actitudes sociales hacia la procreación, divorcio, viudez y matrimonio, a fin de contar con información útil para contribuir al mejor desarrollo familiar.

15) Mejorar los criterios para la captación estadística de las mujeres jefes de familia.

16) Investigar las necesidades de servicios específicos para mujeres y niños en los distintos grupos sociales y las posibilidades de que la colectividad contribuya a la creación y desarrollo de servicios comunitarios para la solución de las tareas relativas al cuidado y atención de los niños y a las labores domésticas.

17) Investigar las causas económicas y sociales de la práctica de la prostitución, de las formas de explotación a las mujeres que ejercen esa actividad y de otras conductas antisociales, así como de la relación existente entre estos fenómenos y los procesos de urbanización.

18) Investigar los efectos de los medios de difusión masiva en la mujer y su imagen, y en las actitudes sociales frente a la misma, así como a las formas de utilizarlos para revertir esta situación y contribuir a la mayor incorporación de la mujer en el proceso de desarrollo económico, político y social de sus países.

19) Identificar los grupos de mujeres que obtienen menos beneficios del desarrollo económico y social y analizar las interrelaciones de los distintos indicadores relativos a estos grupos.

20) Promover una investigación histórica encaminada a reivindicar la importante aunque desatendida contribución que siempre ha hecho la mujer al desarrollo nacional.

III. LA DISTORSIÓN DE LA IMAGEN DE LA MUJER A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA Y EN GENERAL POR LOS PATRONES CULTURALES PREDOMINANTES

72. Los medios de comunicación masiva ofrecen grandes posibilidades en sus funciones de información, educación, esparcimiento y publicidad: a)como vehículo del cambio social, b) para la difusión de la información en las esferas de la educación y la capacitación, c) para eliminar los prejuicios y estereotipos, y d) para acelerar la aceptación de las funciones cada vez más amplias de la mujer, así como para la promoción de su integración en el desarrollo en igualdad de condiciones con el hombre.

73. Sin embargo, en muchos casos los medios de comunicación masiva no cumplen estos objetivos debido a que en su mayoría tienden a reforzar y a presentar una imagen estereotipada, degradante e inmoral de la mujer, ya que se la utiliza como objeto sexual y como agente promotor del consumo indiscriminado, particularmente en la búsqueda de la comercialización de diversos artículos.

74. Ha de entenderse por medios de comunicación masiva no solo la radio, la televisión, el cine, la prensa, la publicidad, etc., sino también el teatro, la literatura, la narración de cuentos y las funciones de títeres y de otra índole que en muchos países son esenciales para llegar a las zonas rurales.

75. Los medios de comunicación masiva tienden a producir efectos perjudiciales en las actitudes y valores relativos a la función de la mujer en la sociedad, que frecuentemente oponen obstáculos a los cambios positivos de las pautas de comportamiento, y que pueden perpetuar los estereotipos y mitos relativos a la mujer.

76. No obstante los adelantos tecnológicos y científicos obtenidos en el área de la comunicación, la mayoría de los países de la región continúan en situación de dependencia con respecto a los monopolios en equipos y servicios de comunicación.

77. Similar dependencia se observa en el área de la información internacional, siendo las agencias transnacionales de noticias las que marcan las tendencias de la información y publicidad a que el público latinoamericano tiene acceso.

78. En muy considerable medida, los medios de comunicación, en general básicamente movilizados por los intereses económicos de las empresas transnacionales, han perpetuado la colonización de la mujer, mostrándole una realidad ajena a la suya y ocultándole los perfiles de su propia identidad, han contribuido a mantenerla reducida al ámbito doméstico, han impedido el desenvolvimiento de su conciencia crítica y han propagado la concepción de su papel como mercancía útil para el consumo, llegando al extremo de utilizar el cuerpo femenino como elemento para fomentar la pornografía como objeto de consumo.

79. Las revistas ilustradas, las películas y los programas de radio y televisión, los concursos de belleza, etc., tratan de imponer patrones de belleza como arma de poder del sexo femenino, minimizando cualidades y calidades de la mujer y desestimando sus capacidades y valores, que podrían canalizarse más efectivamente hacia el esfuerzo colectivo para el desarrollo económico y social.

80. Por lo tanto, es indispensable recomendar medidas que impidan la transmisión de una imagen deformada de la mujer en detrimento de su condición de ser humano sujeto de deberes y derechos en la sociedad.

81. Propuestas para la acción:

a) A los gobiernos

1) Fomentar la utilización de los medios de comunicación masiva para difundir programas educativos en áreas de interés nacional como salud, nutrición, población, empleo, capacitación, información jurídica concretamente a la mujer y a la familia, y otras cuestiones de importancia social, contribuyendo a lograr que la igualdad entre el hombre y la mujer no sea únicamente un principio jurídico reconocido sino una realidad social.

2) Fomentar la producción de películas, programas de radio y televisión y otros materiales que alienten a la mujer a desempeñar un papel más dinámico en la sociedad y promuevan su desarrollo sociocultural y su conciencia política, y crear centros o bancos de información didáctica que faciliten la consecución de este objetivo.

3) Adoptar medidas que prohíban la explotación denigrante de la mujer a través de los medios de comunicación masiva, como símbolo sexual e instrumento de intereses económicos.

4) Alentar a los gobiernos a disuadir la promoción de concursos de belleza como los que existen actualmente, los cuales perpetúan la imagen de la mujer como símbolo de gratificación sexual y explotación comercial.

5) Tomar medidas para que los responsables de los medios de comunicación masiva proyecten una imagen digna y positiva de la mujer, eliminando las imágenes comercializadas y estereotipadas de ella -particularmente las publicaciones pornográficas- y su utilización en la exhibición de crímenes y delitos sexuales, y de violencia, así como toda propaganda que tienda a impedir los cambios necesarios para revalorizar el papel de la mujer. Esto contribuirá a cambios de actitudes y mentalidades, tanto en el hombre como en la mujer, que deben coadyuvar a la igualdad, integridad y participación plena de la mujer en la sociedad.

6) Orientar a las mujeres para que no adquieran productos nocivos para la salud y la dignidad humana y lesivos al presupuesto familiar por medio de campañas de orientación sobre responsabilidad familiar y nutrición, concientización sobre el riesgo de la automedicación, alcoholismo y hábitos alimenticios perjudiciales a la salud de la madre y el niño.

7) Prevenir el condicionamiento de los roles preconcebidos para los niños y niñas a través de la influencia de libros e historietas y programas de televisión, fomentando, en cambio, la edición de historietas y producción de programas infantiles de televisión que apoyen los programas nacionales educativos.

8) Limitar la difusión de programas de radio y televisión, películas publicaciones, mensajes o artículos que fomenten arquetipos culturales ajenos a la realidad social o a los valores culturales de cada pueblo.

9) Organizar campañas de difusión en apoyo a la medicina comunitaria y preventiva.

10) Fomentar y ampliar el acceso de mujeres a los sistemas de becas en los centros de investigaciones en comunicaciones y telecomunicaciones.

b) A los gobiernos y a los medios de comunicación

11. Utilizar los medios de comunicación masiva para asegurar la eliminación de los estereotipos sexuales en las actividades de educación e información, y la proyección de una imagen positiva de mujeres y hombres.

12) Fomentar la eficaz utilización de los medios de comunicación masiva para lograr el cambio de mentalidad respecto a la mujer.

c) A los medios de comunicación masiva

13) Promover mayor participación de la mujer en las actividades que realizan diarios, revistas, programas de radio y televisión y en la producción de películas y documentales, así como también una adecuada representación en los cargos administrativos y directivos.

14) Alentar en los medios de comunicación masiva el examen de sus políticas y prácticas en materia de contratación, capacitación y promoción, a fin de asegurar que no haya discriminación contra las mujeres y que estas tengan iguales oportunidades de promoción en todas las categorías de puestos profesionales, técnicos y de adopción de decisiones en los medios de comunicación de masas.

15) Eliminar la utilización de la mujer como modelo de propaganda en anuncios y otras actividades propagandísticas que perjudiquen las normas y valores de nuestra familia.

d) A los gobiernos, medios de comunicación masiva y otras instituciones

1) Utilizar los medios de comunicación masiva y las actividades de las organizaciones sociales para contribuir a la educación de la familia y especialmente del ama de casa, así como para mantenerla plenamente informada sobre sus posibilidades laborales y educacionales y acerca de los medios de incorporarse activamente a la vida de la sociedad.

2) Alentar la formación y participación de mujeres como expertos en comunicaciones y telecomunicaciones en organismos nacionales e internacionales.

3) Introducir en los curricula de las carreras de periodismo y ciencias de la comunicación, materias que permitan la discusión acerca del efecto deformante de los medios de comunicación masiva sobre los valores y comportamiento de la mujer en nuestra sociedad.

IV. ACCIÓN EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

1. Los gobiernos

82. Para llevar a cabo las propuestas de acción enunciadas, los gobiernos deberían contraer el compromiso de asignar importancia y prioridad a las medidas encaminadas a mejorar la situación de la mujer como medio de lograr las metas del progreso y el desarrollo en lo social, y como un fin en sí.

83. Asimismo es indispensable la solidaridad de todas las mujeres del mundo, y particularmente en el marco de la región, con vistas a eliminar la desigualdad y discriminación de que son víctimas en países del área.

84. Las organizaciones no gubernamentales, nacionales, internacionales y sus filiales, deberían actuar conjunta y separadamente, dentro de sus correspondientes esferas de interés, para hacer efectivas las medidas propuestas.

85. Debería asegurarse una equitativa representación de las mujeres en las delegaciones que los gobiernos envían a las diferentes conferencias, comités internacionales y otros eventos, a fin de que puedan participar plenamente en la formulación de políticas, tanto a nivel nacional como internacional.

86. Propuestas para la acción:

1) Apoyar toda acción encaminada a producir las transformaciones estructurales necesarias a la plena incorporación de la mujer a la vida económica, política y social.

2) Apoyar los esfuerzos y la lucha de las mujeres del área en defensa de la plena soberanía nacional.

3) Tomar las medidas necesarias para que se instrumenten las resoluciones 28 y 29 de la Conferencia de México, que abogan por la participación de la mujer en el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales, el proceso de distensión, la coexistencia pacífica y la cooperación internacional, y en la lucha contra el colonialismo, el racismo, la discriminación racial y la dominación extranjera.

4) Apoyar los esfuerzos de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales que tienen como objetivo el fortalecimiento de la seguridad y la paz internacionales, el desarrollo de las relaciones de amistad entre las naciones y el fomento de la cooperación activa entre los Estados, alentándose en todas las formas posibles a la mujer a participar activamente en los esfuerzos de estas organizaciones.

5) Apoyar las organizaciones encaminadas a hacer efectiva la Declaración y Programa de Acción para el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional y la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, todo ello encaminado a la transformación radical del injusto orden económico internacional imperante.

6) Fomentar la cooperación técnica y servicios de capacitación y asesoramiento, incluida la coordinación con las actividades nacionales y regionales de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.

7) Procurar la adopción de convenciones y el cumplimiento de declaraciones oficiales internacionales, y establecer la presentación de informes periódicos y de otros procedimientos que permitan la evaluación del cumplimiento de estos instrumentos y otros que se adopten.

8) Propiciar, por medio de reuniones y seminarios internacionales, un intercambio regional e internacional de información y experiencia.

9) Expresar la conveniencia de que las partes ratifiquen prontamente el Tratado de 1977 sobre el Canal de Panamá y el Tratado concerniente a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá suscritos en Washington por los Primeros Mandatarios de ambos países el 7 de septiembre de 1977, por cuanto tales Tratados están basados en el reconocimiento de la soberanía de la República de Panamá sobre la totalidad de su territorio nacional, lo cual contribuirá a impulsar la incorporación real de la mujer en el proceso de desarrollo. Dichos Tratados, como se indica en la Declaración de Washington suscrita en la misma fecha por los Primeros Mandatarios y Representantes de las Repúblicas Americanas, representan un paso trascendental hacia el fortalecimiento de las relaciones de las Naciones del Hemisferio Occidental y aseguran a todos los países la accesibilidad y neutralidad continua del Canal de Panamá.

2. La CEPAL

87. Además de las medidas que adopten los gobiernos para transformar la situación que enfrenta la mujer latinoamericana y propiciar la rápida y total integración de la mujer en el proceso de desarrollo sobre una base de igualdad con el hombre, se requiere que la CEPAL asuma un papel aún más importante en la formulación de políticas, la elaboración de mecanismos e instrumentos, y la coordinación y ejecución de medidas que permitan la participación de la mujer sobre una base de igualdad con el hombre en la vida política, económica y social de los respectivos países de la región en su conjunto.

88. Propuestas para la acción:

1) Convocar dentro del marco de la CEPAL, con carácter permanente y regular, en períodos no superiores a los tres años, una Conferencia Regional de las Naciones Unidas sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo de América Latina.

Esta conferencia tendrá las siguientes funciones:

i) Identificar las necesidades regionales y subregionales de asistencia técnica y prestar ayuda a todos los organismos del sistema de las Naciones Unidas que desarrollan actividades en la región para que puedan responder a tales necesidades;

ii) Proponer recomendaciones a los gobiernos y a la CEPAL basadas en los estudios realizados por su secretaría acerca de la forma más viable para poner en práctica los acuerdos adoptados por las conferencias regionales de las Naciones Unidas;

iii) Realizar evaluaciones periódicas de las actividades llevadas a cabo por la CEPAL y otros órganos de las Naciones Unidas en cumplimiento del Programa para el Decenio de la Mujer, y especialmente preparar recomendaciones para las conferencias regionales sobre la mujer previas a la conferencia mundial prevista para el año 1980;

iv) Evaluar periódicamente el cumplimiento del Plan de Acción Regional;

v) Proporcionar un foro para el intercambio de información que facilite la coordinación y el apoyo mutuo de los programas de integración de la mujer en el desarrollo económico y social a distintos niveles y permita que los países de la región compartan sus experiencias correspondientes.

2) La Mesa Directiva de la Conferencia Regional continuará en funciones hasta la designación de una nueva Mesa, y será el vínculo de enlace entre los gobiernos y la secretaría de la CEPAL en el campo de la integración de la mujer al desarrollo.

3) La secretaría de la CEPAL actuará como Secretaría Permanente de esta Conferencia Regional, en consulta regular con su Mesa Directiva.

4) En el cumplimiento de esta función la secretaría de la CEPAL consultará con los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas que tengan programas dedicados a la integración de la mujer en el desarrollo. Con estos últimos fines, la CEPAL convocará regularmente a reuniones de organismos relacionados con el cumplimiento de los programas y mandatos de la Conferencia.

5) La secretaría de la CEPAL creará dentro de la CEPAL, incluyendo al ILPES y al CELADE y en colaboración con el Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, una unidad especializada para la integración de la mujer en el desarrollo, de carácter interdisciplinario, la que tendrá los objetivos siguientes:

i) Evaluar periódicamente la condición de la mujer rural y urbana en los aspectos jurídicos, económico, político, social y cultural en los distintos países del área, según los objetivos y prioridades establecidos en este Plan de Acción Regional. Esto deberá hacerse dentro de un enfoque interdisciplinario y multisectorial que permita evaluar la situación y las tendencias actuales;

ii) Emprender actividades orientadas a divulgar las acciones emanadas de este Plan de Acción Regional sobre la base de los estudios realizados;

iii) Asesorar a los gobiernos que así lo soliciten sobre las medidas que deberían tomar para cumplir las decisiones adoptadas por las Naciones Unidas con relación a la integración de la mujer al desarrollo;

iv) Asegurar que todos los programas de la CEPAL reflejen la preocupación por las necesidades de la mujer;

v) Asegurar que se pongan en ejecución las recomendaciones de las conferencias regionales de las Naciones Unidas sobre cuestiones relativas a la mujer;

vi) Preparar, en consulta con los gobiernos, proyectos y programas nacionales, subregionales o regionales de capacitación y desarrollo para la mujer en aquellas áreas que se han contemplado en capítulos anteriores de este Plan de Acción Regional;

vii) Colaborar en las reuniones regionales que realicen las agencias especializadas del sistema de las Naciones Unidas en los temas vinculados al desarrollo económico y social, promoviendo acciones emanadas de este Plan de Acción Regional;

viii) Facilitar, en coordinación con las organizaciones gubernamentales e intergubernamentales, ayuda a los gobiernos que así lo soliciten con vistas a la identificación de las medidas necesarias para la elaboración de políticas, estrategias y programas destinados a fortalecer la contribución de la mujer al desarrollo socioeconómico, y en la formulación de solicitudes de asistencia técnica y financiera para tales programas;

ix) Elaborar un plan general de revisión y evaluación para la región. Esto deberá realizarse de inmediato a fin de poder contar con un plan general que pueda utilizarse para la revisión bienal de 1979.

6) La secretaría de la CEPAL, al ponerse en ejecución este Plan de Acción Regional en el campo que le compete, establecerá formas de concertación y cooperación con los organismos de las Naciones Unidas y todas aquellas instituciones regionales e interregionales, intergubernamentales, públicas y privadas que estén trabajando en la materia.

7) Las oficinas subregionales de la CEPAL actuarán como oficinas de enlace entre los gobiernos de las subregiones respectivas y la unidad especializada de la secretaría para los problemas de la mujer, con respecto a los programas de asistencia técnica y colaboración con los organismos nacionales encargados de la integración de la mujer en el desarrollo.

8) Para implementar los objetivos de este Plan, la Conferencia:

i) Solicita al Secretario General de las Naciones Unidas que asigne a la secretaría de la CEPAL recursos adicionales provenientes del presupuesto regular destinados a fortalecer sus actividades regulares en el campo de la mujer, y facilitar la constitución en su seno de una unidad especializada para la integración de la mujer en el desarrollo;

ii) Solicita al Fondo Voluntario para el Decenio de la Mujer que preste el mayor apoyo posible a las actividades, programas y proyectos específicos de la CEPAL derivados de las prioridades fijadas por este Plan de Acción Regional en el campo de la integración de la mujer en el desarrollo, y consistentes con los criterios establecidos por las Naciones Unidas para la asignación de los recursos del Fondo;

iii) Solicita al Administrador del PNUD que preste la máxima colaboración posible en la ejecución -a escala nacional y regional- de las disposiciones del presente Plan de Acción Regional, apoyando las actividades, programas y proyectos específicos de la secretaría de la CEPAL destinados al logro de sus metas;

iv) Solicita al Secretario Ejecutivo de la CEPAL que explore y negocie con organismos de cooperación internacional, de carácter bilateral o multilateral, apoyo financiero para programas específicos vinculados con el cumplimiento de los objetivos del presente Plan de Acción Regional.

* Tomado del Informe de la Primera Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina (E/CEPAL/1042/Rev.1).

PROGRAMA DE ACCIÓN REGIONAL DE MAR DEL PLATA (1994)

Sexta Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe (Mar del Plata, 1994)

RESOLUCIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE ACCIÓN REGIONAL PARA LAS MUJERES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 1995-2001[1]

La sexta Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe,

Ratificando lo expresado en el Plan de Acción Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina (La Habana, 1977); las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la Mujer (Nairobi, 1985); la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; y las resoluciones del Consejo Económico y Social y de la Asamblea General con respecto a la mujer aprobadas a partir de 1985,

Tomando en cuenta la resolución N° 1 sobre un nuevo Plan de Acción Regional, aprobada en la quinta Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe (Curazao, 1991)[2],

Teniendo en cuenta asimismo las recomendaciones formuladas en las reuniones de la Mesa Directiva elegida en la quinta Conferencia Regional,

Considerando las nuevas propuestas de la CEPAL contenidas en las resoluciones aprobadas por los países miembros de la CEPAL para la década de los noventa, en las que se plantea la necesidad de adoptar un enfoque integrado del desarrollo que conduzca a una transformación productiva con equidad, incluida la equidad de género,

En el entendido de que el nuevo Programa de Acción Regional no reemplaza ninguno de los instrumentos vigentes, sino que busca complementarlos, tomando en cuenta los cambios ocurridos en la región y sus efectos en la situación de las mujeres, mediante la determinación de un conjunto básico de acciones prioritarias que los países de América Latina y el Caribe puedan llevar a cabo durante los próximos cinco años,

Recomienda la aprobación del nuevo Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2001[3].

A. ANTECEDENTES

En la elaboración del presente documento se han tomado en cuenta la resolución N° 1 de la Quinta Conferencia Regional sobre la integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe (Curazao, 1991) (CEPAL, 1991), las indicaciones de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional (CEPAL, 1992a, 1992b, 1993a, 1993b, 1994a), las contribuciones de las reuniones interinstitucionales de los organismos especializados y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas (CEPAL, 1992c, 1993c, 1993d), las recomendaciones de la reunión de expertos, los comentarios de los miembros de la Mesa Directiva y los aportes especiales de la Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos (CIREFCA), el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Este Programa de Acción no reemplaza los instrumentos vigentes[4]; lo que se procura con su formulación es complementarlos, tomando en consideración los cambios registrados en la región y su impacto sobre las mujeres, y establecer un conjunto básico de actividades prioritarias para América Latina y el Caribe que puedan llevarse a cabo en los próximos cinco años.

El contexto de este programa está conformado por un escenario regional que en los años noventa se caracteriza por avances en el plano económico en muchos países de la región y, a la vez, por la persistencia y la intensificación de graves problemas de pobreza y de extrema pobreza agravados por la crisis de la deuda, los programas de ajuste estructural y rezagos en lo social. Por ejemplo, después de la crisis de los años ochenta, América Latina y el Caribe se convirtió en la región que presenta la peor distribución del ingreso (CEPAL, 1993f), y ha sufrido un descenso de la inversión económica y social que afecta la calidad de los servicios de educación, salud y vivienda y de los servicios básicos prestados a amplios sectores de la población (CEPAL, 1993f, 1990 y 1994b).

La persistencia de la pobreza y la extrema pobreza en América Latina y el Caribe está vinculada a la enorme carga de la deuda en muchos de sus países y territorios, lo que los ha impulsado a adoptar, formal o informalmente, políticas de ajuste estructural con condicionalidades estrictas. Esto ha influido negativamente en la capacidad de la región para invertir en el desarrollo humano los recursos institucionales necesarios para hacer frente a la propagación de la pobreza. Para las mujeres el efecto combinado de la carga de la deuda y las medidas de ajuste ha significado un aumento de su trabajo productivo y reproductivo, con profundas repercusiones en su bienestar económico, físico y social[5].

Esta situación se produce conjuntamente con la globalización de la economía mundial, la internacionalización de las comunicaciones y un impresionante avance tecnológico. Pese a los importantes adelantos registrados en otras áreas, el predominio del mercado como mecanismo de asignación de recursos no ha permitido superar las profundas desigualdades económicas, políticas, culturales y sociales.

En ese contexto de globalización, interdependencia y acelerado cambio tecnológico no se puede seguir separando el ámbito social del crecimiento económico y el desarrollo científico y tecnológico, ni tampoco seguir considerándolo un fenómeno secundario. La experiencia demuestra que un acelerado crecimiento económico no necesariamente se traduce en un mayor nivel de bienestar de toda la población, y que con frecuencia puede acentuar la desigualdad y la marginación social. En consecuencia, es imprescindible buscar nuevas respuestas sobre la base de un enfoque en el que se aborden de manera simultánea e integradora todos los aspectos del desarrollo: crecimiento, equidad, sustentabilidad ambiental, seguridad, solidaridad, participación, paz y respeto a los derechos humanos.

En el plano político, en la década de 1990 surge la revalorización de los principios democráticos, de la ciudadanía y de los derechos individuales, fenómeno que se da paralelamente al surgimiento de nuevos actores sociales, la búsqueda de consensos y un creciente cuestionamiento de las cúpulas políticas.

Los diagnósticos sobre la situación de las mujeres han confirmado que persiste la desigualdad estructural de la sociedad, como lo manifiestan la falta de oportunidades y equidad en el acceso al empleo y a los servicios básicos, al poder y a la toma de decisiones en todos los niveles jerárquicos, y la persistencia de contenidos educativos que refuerzan los papeles sexuales estereotipados en textos y planes de estudios, lo cual incide en la dificultad para ejercer los derechos reproductivos, así como en la debilidad de los mecanismos para promover el adelanto de la mujer. A esta desigualdad estructural se suma el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de las mujeres de todas las edades, incluidas las de diferentes grupos étnicos; el aumento de las migraciones, y el crecimiento del sector informal de la economía, en el que, obligadas por la crisis de los años ochenta, cada vez trabajan más mujeres, situación que se agudiza en algunas subregiones y especialmente en las áreas rurales.

En algunas subregiones, la migración de las mujeres ha aumentado, junto con la migración más antigua de los hombres en busca de empleo. El estancamiento rural, la desorganización de la familia y los niños sin hogar constituyen algunas de las consecuencias del desarraigo de los miembros de la familia. Además, la recesión mundial ha hecho muy difícil la subsistencia de los nuevos migrantes.

Lo anterior ha llevado a poner en duda que la mayor participación de las mujeres en la vida pública de la sociedad se deba a cambios estructurales. Estos deberían permitir una apertura real de nuevos espacios y, con ello, una efectiva equidad entre mujeres y hombres en la sociedad, así como asegurar condiciones justas para la participación y promoción femeninas, sin discriminación por motivos de sexo, raza o etnia, y las consiguientes transformaciones sociales y económicas.

En los últimos años se ha acuñado un nuevo concepto, el de equidad de género, para abordar ese problema. Aunque aún no es objeto de consenso, es un concepto dinámico y en proceso de desarrollo, que hace un aporte fundamental al análisis de la posición que las mujeres ocupan en la sociedad. Las desigualdades de género en el plano económico, político, social y cultural se han originado en las diferencias biológicas en el plano de la reproducción.

Las acciones que se realicen para mejorar la situación de las mujeres necesitan tomar especialmente en cuenta que las diferencias biológicas no deben transformarse en desigualdades sociales.

Por otra parte, en las nuevas propuestas que estén adoptando los países miembros de la CEPAL para la década de 1990 se plantea la necesidad de aplicar un enfoque de desarrollo integrado (CEPAL, 1990), que supere las diferencias entre las políticas económicas y sociales, y aborde los diversos aspectos de la equidad social de tal modo que haga posible la existencia de sociedades democráticas y productivas en la región. Esto exige la complementación de las políticas económicas y sociales, la transformación de la educación, el fortalecimiento de los servicios de salud, la inversión en recursos humanos, el logro de la sustentabilidad ambiental, la actualización de las instituciones y el desarrollo democrático de consensos en torno de un crecimiento equitativo. En la consecución de estos objetivos se deberá prestar atención a la dimensión de género y reconocer el derecho de las mujeres al pleno ejercicio de la ciudadanía.

La puesta en práctica de estas propuestas requiere una conceptualización del desarrollo centrada en el valor del ser humano y sus necesidades de vida, que no pueden abordarse solamente a través de una lógica de mercado.

El ejercicio de la plena ciudadanía por parte de las mujeres —es decir, el desarrollo de la capacidad de autodeterminación, de expresión y representación de intereses y demandas, y de pleno ejercicio de los derechos políticos individuales y colectivos— aún está pendiente en América Latina y el Caribe, incluso si se toman en cuenta los avances logrados en este sentido en algunos países. Únicamente si las mujeres se incorporan de manera activa en la vida pública podrán sus sociedades beneficiarse del importante aporte que ellas pueden hacer, no solo para satisfacer sus propias necesidades económicas, sociales y culturales, sino también para contribuir como ciudadanas de pleno derecho. Esta incorporación deberá hacerse sobre la base de formas de representación políticas acordes con una concepción del desarrollo que no ignore lo privado y considere las diferencias de género.

Además del contexto regional, en el Programa de Acción se toma en cuenta el marco más específico de otros foros que ya se han realizado o están en proceso de preparación, con el objeto de incorporar el tema en una agenda más general. En particular, se han tomado en consideración el Plan de Acción Regional Latinoamericano y del Caribe sobre Población y Desarrollo, los resultados de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos y el Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, las orientaciones formuladas con respecto al tema de la familia y el reciente debate que condujo a la adopción de las Bases para un Consenso Latinoamericano y del Caribe acerca de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social. El Programa de Acción toma como referencia los avances registrados en los Estados de la región en materia de igualdad de oportunidades.

De acuerdo con los antecedentes anteriores, el Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2001, se estructura en torno de ocho áreas prioritarias: I. Equidad de género; II. Desarrollo económico y social con perspectiva de género: participación equitativa de las mujeres en las decisiones, las responsabilidades y los beneficios del desarrollo; III. Eliminación de la pobreza; IV. Participación de las mujeres en la adopción de decisiones y en el poder; V. Derechos humanos, paz y violencia; VI. Responsabilidades familiares compartidas; VII. Reconocimiento de la pluralidad cultural en la región; VIII. Apoyo y cooperación internacionales.

El Programa de Acción Regional que se presenta es un conjunto mínimo de medidas que son objeto de consenso y se concibe en términos sistémicos, es decir, partiendo de la base de que las estrategias se complementan mutuamente y de que, para dar los resultados esperados, deben aplicarse en forma coordinada. El Programa está dirigido a mejorar la condición de todas las mujeres de la región, cualquiera sea su edad; y, reconociendo las diferencias que existen entre las mujeres, intenta prestar especial atención a las mujeres rurales, así como a las indígenas, a las negras, a las discapacitadas y a las desarraigadas.

B. FUNDAMENTO DEL PROGRAMA

En 1975, con ocasión de la realización de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer en México, se aprueba el primer instrumento internacional destinado a promover sistemáticamente la integración de las mujeres en el desarrollo: el Plan de Acción Mundial.

Los Estados Miembros de las Naciones Unidas, conscientes de las diferencias existentes entre las distintas regiones, deciden en esa oportunidad que dicho instrumento se complementará con directrices regionales. En 1977 los países miembros de la CEPAL elaboran y aprueban en La Habana el Plan de Acción Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina (PAR). Deciden, asimismo, establecer un foro gubernamental permanente que se ocupe de este tema, la Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe, que se reuniría cada tres años para evaluar los avances logrados en la aplicación del PAR y recomendar vías futuras de acción.

En 1980 y 1985 se realizan nuevamente conferencias mundiales sobre la mujer, en las que se formulan el Programa de Acción para la Segunda Mitad del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (Copenhague) y las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer (Nairobi). Estas últimas, basadas en el Plan de 1975 y el Programa de 1980, se convierten de hecho en el principal instrumento mundial, enriqueciendo el Plan de Acción para América Latina y el Caribe aprobado en 1977, que cumple la misma función a nivel regional.

En 1991, la Quinta Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe (Curazao) recomienda la elaboración de un programa de acción regional para 1995-2001, que complemente los instrumentos anteriores tomando en cuenta los cambios registrados en la región durante la década de 1980 y la necesidad de acciones complementarias para acelerar los procesos en curso.

En las resoluciones 45/129 de la Asamblea General, 1990/12 del Consejo Económico y Social y 36/8A de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, los Estados Miembros de las Naciones Unidas recomiendan celebrar la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en 1995 y elaborar una plataforma de acción para el período 1995-2001. Por lo tanto, el Programa de Acción Regional 1995-2001 constituye a la vez un producto de la sexta Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe (Mar del Plata, 1994) y un aporte a la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), y refleja las prioridades de los países miembros de América Latina y el Caribe para los próximos cinco años.

C. OBJETIVO CENTRAL DEL PROGRAMA

Acelerar el logro de la equidad de género y la total integración de las mujeres en el proceso de desarrollo, así como el ejercicio pleno de la ciudadanía en el marco de un desarrollo sustentable, con justicia social y democracia.

D. ÁREAS ESTRATÉGICAS

Área I: Equidad de género

Área II: Desarrollo

económico y social con perspectiva de género: participación equitativa de las mujeres en las decisiones, las responsabilidades y los beneficios del desarrollo

Área III: Eliminación de la pobreza

Área IV: Participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones y en el poder, en la vida pública y privada

Área V: Derechos humanos, paz y violencia

Área VI: Responsabilidades familiares compartidas

Área VII: Reconocimiento de la pluralidad cultural de la región

Área VIII: Apoyo y cooperación internacionales

ÁREA I: EQUIDAD DE GÉNERO

DIAGNÓSTICO

Obstáculos

a) Marcos culturales, políticos, jurídicos y económicos, así como prácticas sociales, económicas y educativas que perpetúan la desigualdad entre mujeres y hombres.

b) Insuficientes niveles de conciencia de mujeres y hombres acerca de la discriminación de género y la necesidad de superarla.

b’) Dificultades de las mujeres y sus organizaciones para articularse en función de sus necesidades y propuestas.

c) Insuficiente voluntad política para asegurar la plena participación de las mujeres en el proceso de desarrollo socioeconómico.

d) Ausencia de políticas macroeconómicas formuladas tomando en cuenta la equidad de género y que consideren la participación efectiva de mujeres y hombres en la sociedad.

e) Debilidad de las instituciones públicas y privadas para desarrollar agendas con contenido de género.

f) Escasa fuerza institucional de los organismos públicos encargados del área de la mujer.

g) Precaria articulación entre gobiernos, organizaciones no gubernamentales de mujeres y organismos de la comunidad internacional en torno del diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas de género.

h) Deficiente articulación entre las organizaciones de mujeres y las instituciones de la sociedad y el Estado.

i) Falta de reconocimiento y valorización del trabajo no remunerado que las mujeres realizan en la agricultura, la producción de alimentos, la crianza de hijos y las actividades domésticas, así como de apoyo adecuado para el mismo.

j) Insuficiencia de las investigaciones sobre la situación y participación de las mujeres en todos los ámbitos y a lo largo de su ciclo vital, así como de la información desagregada por sexos.

k) Limitado intercambio de información, comunicación y colaboración respecto del tema de la mujer entre los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado.

l) Insuficiencia de las estadísticas desagregadas por sexo.

Avances

a) Creciente valoración de la ciudadanía y los derechos individuales, y progresivo respeto a las diferencias en sociedades democráticas, factores que posibilitan la participación de las mujeres como agentes sociales.

b) Mayor conciencia de sus derechos entre las mujeres, con fortalecimiento de sus organizaciones y mayor capacidad de negociación.

c) Aumento del número de centros académicos, universitarios y de investigación dedicados al estudio y la investigación de las relaciones de género.

LÍNEA ESTRATÉGICA I

Incorporar la perspectiva de género en los más altos niveles de planificación del desarrollo, en las políticas y las decisiones en materia social y económica, para superar la desigualdad en las relaciones entre mujeres y hombres derivada de la persistencia de marcos culturales y prácticas económicas y sociales discriminatorias.

Objetivo estratégico I

Considerar las necesidades específicas de las mujeres y su participación equitativa en el diseño, la formulación, aplicación y evaluación integral de las políticas económicas y sociales desde una perspectiva de género, en los siguientes ámbitos:

- organismos nacionales, regionales e internacionales de desarrollo;

- políticas, programas, planes y proyectos, de acuerdo con un enfoque integrado del desarrollo;

- organizaciones no gubernamentales, sector empresarial y sociedad civil.

Acción estratégica I.a Sensibilizar y capacitar sobre la perspectiva de género a quienes se encargan de formular y ejecutar planes y políticas, con el fin de equiparar las oportunidades de acceso y participación de mujeres y hombres en los procesos de desarrollo de los países y la equitativa distribución de sus beneficios.

Acción estratégica I.b Realizar análisis comparativos de las necesidades, capacidades y participación de las mujeres y los hombres en los procesos de desarrollo, para así detectar y corregir la falta de equidad de género en el diseño de las políticas públicas, y considerar, tanto en las tareas de análisis como de evaluación, el impacto de las medidas económicas y sociales en mujeres y hombres, utilizando indicadores cualitativos y cuantitativos, así como estudios de casos a nivel local, nacional y regional.

Acción estratégica I.c Realizar campañas amplias y permanentes de sensibilización en la perspectiva de género haciendo uso de los medios de comunicación locales e internacionales, así como de programas educacionales públicos y privados, para crear conciencia en la sociedad sobre la necesidad de una participación más equilibrada e igualitaria de mujeres y hombres en los procesos de desarrollo.

Acción estratégica I.d Establecer mecanismos de capacitación permanente a los que tengan acceso todos los grupos de la sociedad e introducir la perspectiva de género en todas las instancias.

Acción estratégica I.e Institucionalizar la implementación de programas para asegurar una participación más equilibrada e igualitaria de las mujeres y los hombres en el proceso de desarrollo, y asegurar que tengan la continuidad necesaria para lograr un efectivo impacto cultural.

ÁREA II: DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO: PARTICIPACIÓN EQUITATIVA DE LAS MUJERES EN LAS DECISIONES, LAS RESPONSABILIDADES Y LOS BENEFICIOS DEL DESARROLLO

DIAGNÓSTICO

Obstáculos

a) Insuficiencia política, administrativa y financiera de las iniciativas públicas destinadas a garantizar a las mujeres el ejercicio pleno de la ciudadanía.

b) Persistencia de enfoques asistenciales que limitan las reformas estructurales en favor de la equidad de género.

c) Ausencia de la perspectiva de género en los planes de desarrollo.

d) Deficiencias en el establecimiento de instrumentos jurídicos y en la aplicación de los ya instituidos, especialmente de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y escaso compromiso político de los países para su puesta en práctica.

e) Falta de instrumentos jurídicos que aseguren la igualdad de derechos y deficiente aplicación de los existentes, lo que perpetúa la distancia entre igualdad de hecho y de derecho.

f) Persistencia de discriminación étnica y cultural que agrava la situación de las mujeres indígenas y negras del continente, y mantenimiento de un sistema de idioma oficial cuyo uso discrimina en contra de un alto porcentaje de la población y limita las oportunidades de las mujeres de participar en el desarrollo de la sociedad.

g) Insuficiente participación de las mujeres en las negociaciones acerca de la deuda y del ajuste estructural, temas que a la larga tienen efectos negativos en sus vidas, en las de sus familias y en la sociedad.

h) Carencia de equidad en el acceso al empleo, el trabajo productivo, la capacitación, el crédito, las actividades empresariales, la vivienda y la tierra, así como en las remuneraciones, las condiciones de trabajo y el sistema de seguridad social, situación agudizada, en la última década, por los cambios introducidos en la legislación laboral, previsional y de seguridad social a raíz de las políticas de ajuste.

i) Falta de reconocimiento, en las políticas públicas, del aporte económico de las mujeres urbanas y rurales mediante sus actividades productivas no asalariadas.

j) Incremento de la desocupación y subocupación, en especial de las mujeres, que incide en el descenso de los salarios y el debilitamiento de las organizaciones sindicales.

k) Limitado acceso de las mujeres campesinas a los medios de producción.

l) Insuficiente información estadística que refleje la real participación de las mujeres en la PEA.

m) Insuficientes posibilidades de amplios sectores femeninos para acceder al sistema educativo y permanecer en él; persistencia de planes de estudio y prácticas pedagógicas que limitan las posibilidades de participación de las mujeres en la sociedad y refuerzan la falta de equidad y las relaciones de subordinación entre mujeres y hombres y no promueven su confianza y valoración de sí mismas por parte de las mujeres.

n) Insuficiencia de las reformas educacionales en todos los niveles, en términos de cambios reales en planes y programas educativos y de formación docente, así como de la renovación curricular de la educación superior universitaria y no universitaria.

o) Insuficiente cobertura de los servicios de salud para las mujeres, inadecuación de estos a sus necesidades y orientaciones culturales, y carencia de programas de información sobre la prevención de riesgos de salud, situación agravada por la creciente privatización de dichos servicios.

p) Falta de claridad de las propuestas sobre un desarrollo sustentable que permite un reparto equitativo de sus beneficios entre mujeres y hombres, y carencia de oportunidades para que estas participen en la identificación de la problemática y en la formulación y aplicación de políticas y programas relacionados con los problemas ambientales, lo que haría más eficientes y efectivas sus aportaciones a la solución de los mismos.

q) Falta de decisión política para ejecutar acciones concretas tendientes a mejorar el manejo de los recursos para el logro de un desarrollo sustentable.

r) Caracterización de las mujeres únicamente como administradoras domésticas de la crisis ambiental.

Avances

a) Inclusión de acciones sectoriales orientadas a las mujeres en los planes y estrategias de desarrollo; creación de oficinas gubernamentales de la mujer en casi todos los países; reconocimiento jurídico de la ciudadanía y los derechos individuales.

b) Mejoramiento de la condición jurídica de las mujeres; ratificación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer; ratificación de la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; comienzo de un proceso de modificación de las legislaciones nacionales en el sentido de tales instrumentos.

c) Mayor participación de las organizaciones de mujeres de la sociedad civil en la formulación de políticas con enfoque de género.

d) Creciente incorporación de las mujeres a la población económicamente activa.

e) Incremento en el número de mujeres que se incorporan a todos los niveles de la educación y continúan sus estudios; aumento significativo de la proporción de mujeres profesionales.

f) Fortalecimiento de la formación y capacitación docentes para impulsar la integración de las mujeres en la educación formal y no formal.

g) Creciente reconocimiento de la importancia de la salud integral y mayor preocupación por las condiciones de salud de las mujeres en su lugar de trabajo.

h) Progresivo reconocimiento de la importancia de proteger el medio ambiente y adopción del Programa 21 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

LÍNEA ESTRATÉGICA II

Asegurar que las decisiones, las responsabilidades y los beneficios del desarrollo se distribuyan equitativamente entre mujeres y hombres.

Objetivo estratégico II.1

Crear o fortalecer la capacidad política, administrativa, legislativa y financiera de las instituciones gubernamentales que formulan, coordinan y evalúan las políticas públicas orientadas al mejoramiento de la condición de las mujeres y a la búsqueda de la equidad de género, y lograr que esas entidades se integren, de manera permanente, al más alto nivel del aparato del Estado.

Acción estratégica II.1.a Crear, en los países donde no existan, o consolidar instituciones gubernamentales de la mujer; lograr su incorporación definitiva al más alto nivel de la estructura del Estado, y asegurar que se las provea regularmente de los necesarios recursos financieros, técnicos y materiales.

Acción estratégica II.1.b Capacitar sistemáticamente a quienes están a cargo del desafío, aplicación y coordinación de políticas públicas respecto de la elaboración y análisis de variables e indicadores de género, con miras a que los diagnósticos, el seguimiento, la sistematización y la evaluación se realicen con enfoque de género, y se logre al mismo tiempo un alto nivel de preparación técnica.

Acción estratégica II.1.c Promover la participación de las instituciones gubernamentales de la mujer en la creación, discusión, formulación y modificación de los proyectos de ley, para asegurar que se tomen en cuenta los intereses y las necesidades de las mujeres.

Acción estratégica II.1.d Promover la creación de un sistema de seguimiento y evaluación del cumplimiento de los acuerdos, convenios, programas y políticas en beneficio de las mujeres, con participación de las organizaciones no gubernamentales y movimientos de mujeres.

Objetivo estratégico II.2

Lograr la incorporación en las legislaciones nacionales de los principios y normas instituidas a nivel internacional con el objeto de asegurar la participación equitativa de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad y establecer los mecanismos, instituciones y servicios que requiere su efectivo cumplimiento.

Acción estratégica II.2.a Compatibilizar la legislación de los países con las normas internacionales y regionales que promuevan el avance de las mujeres, especialmente en los ámbitos de la educación, el empleo, la salud, los derechos humanos, la participación política y la erradicación de la violencia, y adoptar e implementar políticas, programas y medidas que garanticen el efectivo cumplimiento de las normas legales destinadas a mejorar la situación de las mujeres; proponer las disposiciones legales necesarias para lograr la completa equidad de género, e impulsar su aprobación; complementar y modificar, cuando proceda, las normativas secundarias, para compatibilizarlas con las disposiciones legales adoptadas a nivel constitucional.

Acción estratégica II.2.b Desarrollar, a través de los medios de comunicación social, campañas sistemáticas, programas educacionales y seminarios de ayuda legal, para difundir información detallada sobre los derechos de las mujeres y las formas y procedimientos judiciales y administrativos para su ejercicio efectivo, así como sobre la labor de los organismos gubernamentales y no gubernamentales de apoyo a las mujeres, con el fin de aumentar los conocimientos jurídicos de estas, y dirigir dichas campañas y programas especialmente a los grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación.

Acción estratégica II.2.c Sensibilizar a las y los legisladores y las y los funcionarios respecto de la necesidad de realizar las reformas legales necesarias para lograr la equidad de género.

Acción estratégica II.2.d Preparar y promover la adopción de un protocolo opcional a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer que permita, entre otros mecanismos, el derecho de petición individual, como fuera recomendado en la Declaración y Programa de Acción de Viena aprobado por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos.

Acción estratégica II.2.e Instar a los Estados de la región a suscribir, ratificar e implementar, antes de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer adoptada por la OEA[6].

Objetivo estratégico II.3

Asegurar a las mujeres el acceso equitativo al trabajo productivo, al empleo, a los recursos productivos y a las nuevas tecnologías, en el marco de políticas de mejoramiento de su situación social y económica, y velar por la igualdad de oportunidades y trato en materia de condiciones laborales y de remuneraciones, así como de posibilidades de mejoramiento y desarrollo en el campo laboral y de acceso de las mujeres a puestos directivos.

Acción estratégica II.3.a Establecer instancias de seguimiento y evaluación del cumplimiento de los acuerdos adoptados por los países de la región para asegurar a todas las mujeres el acceso al trabajo, en condiciones de igualdad con los hombres, garantizándoles su promoción en el empleo, su estabilidad laboral e igual remuneración por trabajo de igual valor.

Acción estratégica II.3.b Promover la promulgación de leyes en las que se garantice la igualdad de oportunidades de empleo para las mujeres y los hombres y se incluyan medidas contra la discriminación en función del género.

Acción estratégica II.3.c Promover el diseño y la aplicación de políticas de formación de recursos humanos tendientes a lograr la equidad social y de género mediante una reorientación radical hacia áreas no tradicionales de la capacitación y la formación profesional de las mujeres, especialmente de las jóvenes, apoyada por la implementación de actividades en los ámbitos de la orientación, la educación formal y la industria y el aprendizaje de tecnologías avanzadas, con vistas a los mercados laborales y las demandas de recursos humanos, tanto en el sector público como en el privado, y sobre todo dentro de las empresas.

Acción estratégica II.3.d Elaborar estrategias que tomen en cuenta las diferencias socioeconómicas y culturales de las mujeres, y crear las herramientas necesarias para asegurar, a través de políticas, que ellas tengan acceso, en igualdad de condiciones con los hombres, a todos los recursos productivos (tierra, capital y trabajo), y asimismo a los recursos tecnológicos y las líneas especiales de crédito.

Acción estratégica II.3.e Mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres mediante la eliminación de la discriminación salarial, el pleno respeto de los derechos laborales, el acceso a los sistemas de previsión y seguridad social, y la creación por ley de servicios de apoyo para mujeres y hombres trabajadores, entre ellos guarderías infantiles y otros servicios sociodomésticos, y crear mecanismos para el efectivo cumplimiento de las disposiciones pertinentes.

Acción estratégica II.3.f Promover a través de acciones positivas la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones, y propiciar la aplicación del enfoque de género, contemplando la diversidad en las organizaciones de trabajadoras y trabajadores; desarrollar actividades de coordinación empresarial y sindical orientadas a mejorar la inserción laboral de las mujeres y a fortalecer su capacidad de negociación con el sector público, las organizaciones sindicales y las empresarias y los empresarios.

Acción estratégica II.3.g Eliminar las prácticas discriminatorias de las y los empleadores contra la mujer, tales como las que exigen prueba del uso de anticonceptivos o la declaración de no embarazo.

Acción estratégica II.3.h Promover el acceso de las mujeres a los niveles más altos de administración y gerencia en los sectores público y privado en la industria, comercio y servicios.

Acción estratégica II.3.i Asegurar a las mujeres mayores oportunidades de capacitación y educación en administración, gestión y otras especialidades necesarias para que puedan participar activamente en todos los niveles del sector público y privado.

Acción estratégica II.3.j Mejorar las condiciones laborales de las mujeres que realizan trabajos no remunerados y que trabajan en el sector informal; recopilar información sobre el valor de su trabajo, a fin de asegurar que reciban las prestaciones que correspondan de parte de los sistemas de seguridad social y de jubilación.

Acción estratégica II.3.k Establecer mecanismos para cuantificar y valorar la contribución económica del trabajo no remunerado de la mujer en el hogar, la agricultura, la producción de alimentos, la reproducción y la labor comunitaria; diseñar indicadores de género para valorar estos aportes al PIB, y definir como trabajadoras y trabajadores, en el sistema de cuentas nacionales, a quienes desempeñan tareas no remuneradas[7].

Acción estratégica II.3.l Impulsar la incorporación de las demandas de las mujeres en los procesos de negociación de los tratados de integración en la región y sistematizar la información al respecto.

Acción estratégica II.3.m Promover la realización de investigaciones que permitan un análisis comparativo de la situación de mujeres y hombres con respecto al trabajo y empleo en las zonas urbanas y rurales, desagregando la información por sexo, clase, etnia y región; evaluar asimismo el impacto de la apertura del comercio internacional en el empleo y las migraciones.

Acción estratégica II.3.n Realizar investigaciones, crear oportunidades económicas y diseñar tecnologías que respondan a las necesidades específicas de las mujeres y ayuden a superar algunos de los desafíos planteados por sus múltiples papeles productivos y reproductivos[8].

Acción estratégica II.3.o Procurar que la información estadística de todas las fuentes, especialmente la de los censos, de las encuestas nacionales y de los sistemas de estadísticas continuas, sea desagregada por sexo y etnia, en particular la relativa a mano de obra, salarios y sistemas de producción en general, tanto en el sector público como en el privado; revisar además las técnicas y metodologías de recopilación de datos, y garantizar a la sociedad civil el acceso a las estadísticas y la difusión de estas a nivel nacional.

Acción estratégica II.3.p Promover y reforzar los sistemas y modelos alternativos de financiamiento, incluyendo la participación de las ONGs en este proceso.

Objetivo estratégico II.4

Garantizar a la población en general, y en especial a las niñas y a las mujeres, el acceso a una educación formal e informal que las prepare para el ejercicio de sus derechos y de la ciudadanía plena, la participación equitativa en los niveles de decisión y el reparto igualitario de las responsabilidades familiares y domésticas. Asegurar la permanencia de las niñas en el sistema educativo.

Acción estratégica II.4.a Fortalecer el ejercicio pleno de la ciudadanía, propiciando con este fin reformas a la educación formal y no formal, la reorientación de las investigaciones y la adaptación de los contenidos curriculares.

Acción estratégica II.4.b Promover el aumento de partidas presupuestarias para educación, reconociéndolas como parte de la inversión pública productiva.

Acción estratégica II.4.c Asegurar el cumplimiento de los acuerdos adoptados por los países de la región para facilitar la educación de las mujeres y las niñas y evitar la discriminación por razones de género y etnia, asegurando el respeto a las identidades culturales, y medir dicho cumplimiento a través de instancias de seguimiento y evaluación especializadas en la perspectiva de género.

Acción estratégica II.4.d Eliminar el sexismo y otras formas de discriminación de los procesos y contenidos de la educación y de los medios de comunicación social, con el fin de promover relaciones más equitativas entre mujeres y hombres y eliminar los estereotipos que se reproducen e inculcan por esas vías.

Acción estratégica II.4.e Implementar investigaciones y acciones para erradicar el analfabetismo femenino, la repitencia y la deserción, y propiciar la permanencia de las mujeres, especialmente las rurales y las indígenas, en el sistema educativo.

Acción estratégica II.4.f Reducir las disparidades de acceso a la educación terciaria donde estas existan, y asegurar oportunidades de capacitación para que las mujeres puedan ingresar a las universidades y permanecer en ellas; lograr asimismo que ellas tengan acceso equitativo a las becas de desarrollo profesional, tanto en el extranjero como en el país.

Acción estratégica II.4.g Promover el acceso de las mujeres a carreras científicas y técnicas no tradicionales —luego de investigaciones sobre su viabilidad— mediante la más amplia difusión informativa de todas las opciones de formación profesional existentes y las demandas y condiciones del mercado de trabajo, adaptando para ello los contenidos curriculares e impulsando programas de acción afirmativa.

Acción estratégica II.4.h Establecer y promover estrategias y políticas de comunicación cuyo fin sea superar la difusión de imágenes estereotipadas de las mujeres y de los hombres en los medios de comunicación, y favorecer la emisión de mensajes que reflejen la diversidad de roles, condiciones de vida y puntos de vista de las mujeres; diseñar programas de sensibilización de género, de capacitación y de formación dirigidos a los docentes del sistema educativo y a profesionales de los medios de comunicación para inducirlos a adoptar actitudes de equidad de género.

Acción estratégica II.4.i Realizar investigaciones multidisciplinarias sobre los distintos roles que las mujeres han cumplido a través de la historia, divulgando sus resultados e incorporándolos en los textos de estudio de todos los niveles educativos.

Acción estratégica II.4.j Asegurar la existencia de un conjunto de políticas que faciliten a quienes abandonen los estudios, y especialmente a las madres adolescentes, adecuadas oportunidades de educación permanente.

Acción estratégica II.4.k Promover el acceso de las mujeres de todas las edades a la educación física y el deporte, para contribuir a su autoestima y autonomía mediante la valorización de su cuerpo y de su tiempo propio.

Acción estratégica II.4.l Incorporar en los programas de estudio temas sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible, la salud sexual y reproductiva y la equidad de género, y mejorar su contenido, a fin de fomentar una mayor responsabilidad y conciencia al respecto[9].

Acción estratégica II.4.m Desarrollar acciones educativas que rescaten el talento y habilidades propias de las identidades culturales de las mujeres, especialmente de las discapacitadas.

Acción estratégica II.4.n Promover, en la formulación de propuestas de políticas educativas, la participación de las organizaciones de los movimientos de mujeres, articuladas con las instituciones gubernamentales para la mujer.

Objetivo estratégico II.5

Asegurar la atención preventiva e integral de la salud de las mujeres, respetando su identidad étnica y cultural, y garantizarles la adecuada calidad de estos servicios y un acceso equitativo a ellos en todas las etapas de su vida, considerando la incidencia diferencial del género en los procesos de salud y enfermedad.

Acción estratégica II.5.a Fomentar el establecimiento de programas descentralizados de atención preventiva para una salud integral, especialmente en áreas rurales, asegurando que en su diseño y ejecución participen en forma equitativa las mujeres, y que se adopten medidas que permitan la prestación de servicios adecuados, financiables, accesibles y culturalmente aceptables.

Acción estratégica II.5.b Desarrollar al máximo los sistemas locales de salud por la vía de promover la incorporación del enfoque de género, la participación comunitaria y el autocuidado, especialmente en los programas de atención preventiva de la salud.

Acción estratégica II.5.c Promover la inclusión en las políticas de salud pública de programas específicos para mujeres y hombres, con el objeto de prevenir y atender el embarazo precoz, especialmente durante la adolescencia temprana, en un contexto de atención integral de la salud, lo que incluye acciones tales como impartir una educación sexual no sexista.

Acción estratégica II.5.d Asignar recursos humanos, materiales y financieros para la atención integral de la salud de las mujeres a lo largo de toda su vida; mejorar la situación de salud y nutrición de las mujeres embarazadas y de las madres lactantes, entre otras cosas mediante la educación sobre la lactancia y la prestación de servicios de apoyo que contribuyan a espaciar los nacimientos, a mejorar la salud materno-infantil y a incrementar las tasas de supervivencia de los niños.

Acción estratégica II.5.e Promover la realización de investigaciones que hagan posible determinar las necesidades de las mujeres en el campo de la salud, especialmente en lo que respecta a la salud mental, el uso de psicofármacos, la salud sexual y reproductiva, la lactancia materna, el embarazo precoz, la fecundidad según área de residencia, el nivel educativo y rango de ingreso y todas las causas de mortalidad materna, las enfermedades laborales específicas y las de trasmisión sexual, la vulnerabilidad con relación a estas últimas y al SIDA, la salud de las niñas y las mujeres de la tercera edad y todos los factores de riesgo de salud vinculados a la construcción social de género y a las condiciones socioeconómicas; promover acciones orientadas a atender dichas necesidades[10].

Acción estratégica II.5.f Considerar los indicadores de salud de la mujer como indicadores del desarrollo del país.

Acción estratégica II.5.g Promover medidas que mejoren la información sobre la salud de las mujeres y su registro, mediante la incorporación del análisis de género a los sistemas de información estadística.

Acción estratégica II.5.h Proporcionar mejores servicios de planificación familiar y establecer para todas las mujeres, incluyendo a las mujeres con embarazos no deseados, sistemas de información y asesoramiento humanitario en que se reconozca la importancia del aborto como un problema de salud pública, sin perder de vista que en ningún caso se le puede considerar como método de planificación familiar. La ejecución de esta acción debe ajustarse a los términos señalados en los párrafos correspondientes del capítulo 7 en lo relativo a derechos reproductivos del Programa de Acción adoptado por la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en El Cairo, Egipto[11].

Acción estratégica II.5.i Impulsar la adopción de medidas para proteger y promover los derechos reproductivos de las mujeres, garantizar su discusión democrática y proporcionar los servicios correspondientes en los términos señalados en los párrafos relativos a derechos reproductivos que figuran en el capítulo 7 del Programa de Acción aprobado en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo realizada en El Cairo, Egipto[12].

Acción estratégica II.5.j Respetar el derecho de la pareja y de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el espaciamiento de los nacimientos, y fortalecer la capacidad de las mujeres para ejercer ese derecho básico poniendo a disposición, tanto de ellas como de los hombres, la información, la educación y los medios necesarios para ello; realizar programas y actividades educativas para que los hombres participen más equitativa y responsablemente en la planificación familiar.

Acción estratégica II.5.k Diseñar programas de educación sexual con carácter de obligatoriedad a nivel de organismos rectores de la educación, a partir del primer año de la escolaridad[13].

Acción estratégica II.5.l Promover, en la formulación de propuestas de políticas de salud, la participación de las organizaciones de los movimientos de mujeres articuladas con las instituciones gubernamentales de la mujer.

Objetivo estratégico II.6

Alcanzar una participación equitativa de las mujeres en el diseño y el manejo de las políticas de medio ambiente.

Acción estratégica II.6.a Elaborar políticas, leyes, reglamentos y otros instrumentos, en todas las áreas y niveles pertinentes, para asegurar la protección del medio ambiente y los recursos naturales, utilizando en esta tarea los resultados de reuniones especializadas, como el Programa 21, emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en 1992; instar a los gobiernos a que aseguren la equitativa integración y participación de mujeres y hombres en los procesos de planificación, diseño, formulación e instrumentación de políticas y programas sobre medio ambiente, así como en la realización de acciones concretas en este campo.

Acción estratégica II.6.b Solicitar a los gobiernos que instrumenten programas tendientes a sensibilizar y concientizar a la población en general con respecto al uso sostenible de los recursos naturales para asegurar la supervivencia de las futuras generaciones, y sobre la necesidad de esforzarse por mejorar y preservar el medio ambiente, en especial en aquellas regiones donde los costos ecológicos resulten particularmente onerosos para la población femenina.

Acción estratégica II.6.c Proporcionar y canalizar adecuadamente los recursos financieros necesarios para fortalecer la participación de las mujeres en la gestión del medio ambiente; comprometer el apoyo de la comunidad internacional, y especialmente de los organismos internacionales de cooperación técnica y financiera, para que se destinen mayores recursos financieros a la implementación de proyectos específicos relacionados con el buen uso y la protección de los recursos naturales.

Acción estratégica II.6.d Crear las condiciones materiales, técnicas y de capacitación para que las mujeres y los hombres, tomando en cuenta sus necesidades y perspectivas, contribuyan a la protección del medio ambiente tanto en las áreas urbanas como rurales.

Acción estratégica ll.6.e Crear políticas ambientales y programas de educación que aborden los efectos sobre mujeres y hombres de la degradación ambiental y de las iniciativas de gestión en este campo.

Acción estratégica ll.6.f Promover a través de los programas de educación formal y no formal, en los distintos niveles educativos, en los medios de comunicación y en las instancias donde se planifican las políticas de desarrollo, el concepto de desarrollo sostenible como inseparable de la eliminación de las desigualdades de género.

Acción estratégica II.6.g Introducir, en los currículos de educación formal, módulos de instrucción sobre la relación entre ambiente y supervivencia, y sobre preservación ambiental.

Acción estratégica II.6.h Promover la investigación, a nivel gubernamental y no gubernamental, sobre la relación entre las mujeres y el medio ambiente, para determinar cómo interactúan ambas problemáticas, en especial en lo relativo a los recursos naturales, en los planos urbano y rural, con vistas a sustentar la formulación de las políticas correspondientes.

Acción estratégica II.6.i Abordar las cuestiones estructurales que inhiben el uso por parte de la mujer de técnicas de manejo sostenible de los recursos agrícolas y naturales, por ejemplo, las imperfecciones del mercado, la falta de tenencia de tierras, el limitado acceso a tecnologías apropiadas, capacitación y crédito, y los bajos niveles de participación en los grupos de gestión de los recursos de la comunidad.

Acción estratégica II.6.j Ampliar las oportunidades económicas para las mujeres en manejo sostenible de los recursos naturales y protección ambiental, a fin de alentar estas prácticas.

Acción estratégica II.6.k Promover la aplicación de tecnologías productivas apropiadas, privilegiando la investigación, potenciando las tecnologías endógenas y la adaptación conveniente de las provenientes del exterior, a fin de lograr el desarrollo armónico de la comunidad preservando el medio ambiente.

ÁREA III: ELIMINACIÓN DE LA POBREZA

DIAGNÓSTICO

Obstáculos

a) Aumento de la pobreza extrema, que proporcionalmente afecta más a las mujeres, intensificación de las disparidades de ingreso y deterioro de la calidad de vida.

b) Disminución progresiva de los presupuestos destinados a programas sociales y, específicamente, de los que buscan la equidad de género.

c) Transferencia creciente de las responsabilidades en materia de prestación de servicios sociales del gobierno al sector privado y la sociedad civil.

d) Aumento del desempleo, la pobreza y la desigualdad como consecuencia de la crisis de la deuda externa y la puesta en práctica de políticas de ajuste y reestructuración.

e) Incremento del número de hogares a cargo de mujeres que, en su mayoría, trabajan en el mercado informal, sin protección legal ni social.

f) Creciente migración femenina provocada por la pobreza, que se traduce en la reproducción intergeneracional de tal condición.

g) Falta de estudios específicos sobre la pobreza que afecta a las mujeres, con datos diferenciados por sexo.

h) Insuficiente información estadística e investigación para conocer los efectos diferenciados de la pobreza en mujeres y hombres.

Avances

a) Interés creciente en la ejecución de programas y proyectos orientados a las mujeres pobres, especialmente las desarraigadas.

b) Aumento de la participación de las comunidades y de las organizaciones sociales y no gubernamentales, especialmente de mujeres, en la atención de los problemas de la población en condiciones de pobreza.

LÍNEA ESTRATÉGICA III

Revisar y modificar como corresponda las políticas macroeconómicas y los programas de ajuste implementados en la región, para corregir y superar sus efectos negativos, como el incremento del desempleo, la pobreza y la violencia, que perjudicaron particularmente a las mujeres[14].

Crear las condiciones para reducir y superar la pobreza, en el marco de un proceso de desarrollo sustentable y tomando en cuenta el nivel de desarrollo y las características socioculturales de cada país.

Objetivo estratégico III.1

Revisar, modificar e integrar las políticas macroeconómicas y sociales, especialmente en aquellos países donde existan políticas de servicio de la deuda y ajuste estructural, a fin de promover el crecimiento y la equidad mediante, entre otras acciones, políticas de asignación de recursos para aumentar las oportunidades de empleo y los salarios de las mujeres. Atender de manera especial a las necesidades de los grupos en situación de pobreza y combatir la marginalización, teniendo en cuenta las características étnicas y socioculturales de los pueblos.

Acción estratégica III.1.a Formular e implementar políticas de desarrollo destinadas a mejorar sustancialmente las condiciones de vida de los pobres, asegurando la participación equitativa de las mujeres, especialmente de las jóvenes, en su diseño y ejecución, así como la asignación de recursos suficientes para que se cumplan los objetivos de dichas políticas; evaluar el impacto de las políticas económicas y sociales en los grupos de mujeres a los que afectan.

Acción estratégica III.1.b Promover mecanismos de participación sistemática de las instituciones gubernamentales de la mujer en la elaboración y seguimiento de un enfoque integrado de las políticas económicas y sociales que garantice igualdad y equidad social.

Acción estratégica III.1.c Promover la realización de inversiones tomando en cuenta, en su asignación, las asimetrías o diferencias sociales, económicas y culturales de las distintas zonas o comunidades, privilegiando la atención de los grupos en pobreza extrema.

Acción estratégica III.1.d Elevar el nivel de empleo y de desarrollo personal de las mujeres y los hombres que viven marginados y en condiciones de pobreza mediante la oferta de iguales oportunidades de acceso gratuito a la capacitación técnica y profesional y a becas; alentar la incorporación de las mujeres a actividades económicas y de capacitación directamente vinculadas a la actual demanda, que puedan proporcionarles niveles de salarios y utilidades sustancialmente más elevados.

Acción estratégica III.1.e Promover programas de empleo y ocupación en los que se contemple prestar apoyo a las cooperativas de mujeres, las empresarias del sector informal, las asociaciones de productoras, las empresas de autogestión y otras formas de organización productiva; impulsar la expedición de disposiciones para dotar de protección legal a dichos programas, a fin de que las mujeres de los sectores formal e informal, y especialmente las jefas de hogar, logren una mejor vinculación con el mercado y eleven su productividad y sus niveles de ingreso.

Acción estratégica III.1.f Mejorar la calidad de vida de las mujeres, en especial de las más pobres, mediante la creación de sistemas de crédito destinados a las pequeñas empresas de las mujeres y la eliminación de obstáculos para que accedan a todos los recursos productivos, en especial a la capacitación, la asistencia técnica y los servicios sociales básicos.

Acción estratégica III.1.g Asegurar a las mujeres de las pequeñas y medianas empresas capacitación en asuntos técnicos y administrativos.

Acción estratégica III.1.h Diseñar programas orientados a aumentar la capacidad laboral de las jefas de hogares, facilitándoles el acceso a un trabajo remunerado de calidad adecuada, o el establecimiento de una actividad lucrativa por cuenta propia.

Acción estratégica III.1.i Incrementar los esfuerzos para lograr que se generalice la desagregación por sexo en las estadísticas, así como para incluir en ellas indicadores de género y etnia, y favorecer la incorporación del análisis diferencial en función del género en los sistemas estadísticos, facilitando así la realización de diagnósticos más precisos sobre las necesidades de las mujeres y los hombres; asegurar para ello la provisión de los recursos técnicos y financieros necesarios.

Objetivo estratégico III.2

Generar las condiciones necesarias para asegurar la adecuada cobertura y calidad de la educación de las mujeres en situación de pobreza, tomando en cuenta sus características étnicas, raciales y etarias, así como la problemática específica de las mujeres discapacitadas, desarraigadas, rurales y migrantes.

Acción estratégica III.2.a Garantizar que las mujeres y los hombres, así como las niñas y los niños —especialmente los pertenecientes a los grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación—, reciban una educación con enfoque de género, orientada a fortalecer el ejercicio de la ciudadanía en condiciones de equidad, y que incluya la enseñanza de los derechos humanos y ciudadanos y los deberes de las personas.

Acción estratégica III.2.b Establecer entidades descentralizadas que se encarguen del seguimiento, la supervisión y la evaluación de los logros educacionales de mujeres y hombres, prestando especial atención a variables como la zona en que viven (urbana o rural) y la pertenencia a grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación, y asegurar que las mujeres tengan acceso a todas las áreas de educación y capacitación.

Acción estratégica III.2.c Contribuir, a través de un amplio proceso educativo público, a los esfuerzos y el avance de las mujeres, y fortalecer las organizaciones locales para el logro de sus objetivos.

Acción estratégica III.2.d Generar oportunidades de educación informal de calidad para las mujeres y las jóvenes.

Acción estratégica III.2.e Realizar programas y proyectos de alfabetización para eliminar el analfabetismo, especialmente entre las mujeres de grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación, en un marco de respeto a las especificidades culturales.

Acción estratégica III.2.f Apoyar la causa de los pueblos y mujeres indígenas a fin de que ellos mismos definan sus metas de desarrollo y preserven su identidad cultural, sin menoscabo de sus derechos ciudadanos y de la unidad del Estado, destinando para ello los recursos financieros y materiales necesarios.

Acción estratégica III.2.g Diseñar programas educacionales para atender específicamente las necesidades especiales de los niños de la calle, y especialmente de las niñas, de manera de facilitar su permanencia en la escuela.

Objetivo estratégico III.3

Asegurar el acceso a todos los servicios preventivos e integrantes de salud y la calidad de sus prestaciones a las mujeres pobres, tomando en cuenta sus características culturales, lingüísticas y etarias.

Acción estratégica III.3.a Establecer y equipar centros de salud integral, a nivel local, en los que se otorgue prioridad a los principales riesgos de salud de las mujeres de grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación, con énfasis en los servicios preventivos y con participación de las mujeres.

Acción estratégica III.3.b Asignar recursos para la atención integral de la salud de las mujeres a lo largo de toda su vida, especialmente en los períodos de embarazo, puerperio y lactancia, y asegurar la atención de la salud de la mujer trabajadora.

Acción estratégica III.3.c Proveer información, conocimientos y servicios adecuados de salud a las jóvenes, y especialmente a las adolescentes embarazadas.

Objetivo estratégico III.4

Proporcionar a las mujeres de los sectores afectados por la pobreza, especialmente las jefas de hogar, acceso a una vivienda digna, a servicios de infraestructura adecuados y a los medios de subsistencia necesarios.

Acción estratégica III.4.a Diseñar e implementar programas de vivienda especialmente destinados a las mujeres en situación de vulnerabilidad y discriminación -rurales, urbanas, insertas en economías de subsistencia, jefas de hogar, desplazadas, refugiadas y discapacitadas- y asegurarles acceso a la infraestructura básica mediante la provisión de créditos accesibles y asistencia técnica.

Acción estratégica III.4.b Promover la participación de mujeres y hombres en el diseño, construcción y mejora de sus viviendas, a fin de que se tomen en cuenta sus necesidades y diferencias socioculturales, y fortalecer la descentralización en el ámbito de las políticas habitacionales, con el objeto de facilitar dicha participación a nivel local y hacer uso de los recursos propios de cada lugar.

Acción estratégica III.4.c Eliminar las disposiciones que impiden a las mujeres obtener una vivienda a su propio nombre o declararse como jefas de hogar, y elaborar políticas habitacionales que den prioridad a las mujeres que encabezan hogares monoparentales para acceder a créditos de vivienda en zonas urbanas y rurales.

Acción estratégica III.4.d Eliminar las barreras legales que niegan a las mujeres el derecho a ganar, mantener y transferir el título de dominio sobre sus propiedades.

Acción estratégica III.4.e Establecer códigos de construcción cuyo cumplimiento sea exigible a nivel comunitario, con el fin de garantizar el acceso de los discapacitados a los servicios de infraestructura física y social.

Objetivo estratégico III.5

Reducir la emigración desde el campo a la ciudad, mediante la inversión en el desarrollo rural y otras medidas específicas.

Acción estratégica III.5.a Mejorar la condición de las mujeres rurales mediante la inversión en el desarrollo rural, diseñando políticas y programas de empleo, y estableciendo medidas específicas (dotación de infraestructura, tecnología y servicios) que contribuyan a reducir la pobreza del sector y con ello la tasa de migración rural-urbana, y la consiguiente desarticulación familiar.

Objetivo estratégico III.6

Impulsar acciones a todos los niveles de gobierno, de los poderes del Estado y de la sociedad civil con el fin de hacer visible el aporte de las mujeres rurales al desarrollo y su papel productivo en la sociedad.

Acción estratégica III.6.a Revisar la legislación, las políticas, los planes, programas y proyectos, con miras a facilitar el acceso de la mujer a la tierra, los medios de producción y los recursos naturales.

Acción estratégica III.6.b Diseñar programas para apoyar las actividades que realizan las mujeres en el ámbito rural, entre otras la producción de alimentos, el empleo en la agroindustria y la comercialización de productos.

Acción estratégica III.6.c Sensibilizar y capacitar a los organismos públicos y privados del sector agropecuario, así como a toda la población, sobre los derechos de las mujeres rurales.

Acción estratégica III.6.d Mejorar las condiciones de vida de las mujeres campesinas mediante la dotación de servicios de infraestructura básica, y fomentar programas que busquen aliviar su carga de trabajo doméstico.

Acción estratégica III.6.e Desarrollar las posibilidades de las mujeres campesinas mediante el fomento de la organización y capacitación, a fin de fortalecerlas como agentes sociales.

Acción estratégica III.6.f Capacitar a las mujeres que se encuentren en el sector productivo rural a fin de que participen efectivamente en actividades de exportación, tanto en forma individual como en grupos de funcionamiento autónomo.

Acción estratégica III.6.g Proporcionar capacitación para producir una transferencia tecnológica utilizando metodologías y horarios apropiados para las mujeres rurales.

Acción estratégica III.6.h Desagregar los datos productivos del agro por sexo y situación socioeconómica, a fin de hacer visible el aporte económico de las mujeres rurales a la producción agrícola.

ÁREA IV: PARTICIPACIÓN EQUITATIVA DE LAS MUJERES EN LA TOMA DE DECISIONES Y EN EL PODER, EN LA VIDA PÚBLICA Y PRIVADA

DIAGNÓSTICO

Obstáculos

a) Existencia de una estructura institucional, social y cultural que impide el acceso de las mujeres al poder en todos los ámbitos.

b) Persistencia de patrones y estereotipos culturales que reservan la función pública a los hombres y asignan exclusivamente a las mujeres las tareas y funciones domésticas.

c) Falta de instrumentos jurídicos y carácter limitante de las instancias en que radica el poder.

d) Permanencia de mecanismos de discriminación explícitos e implícitos en las instituciones sociales

y políticas.

Avances

a) Mayor participación de las mujeres en las estructuras de poder, aunque en diversos grados en los distintos países.

b) Evidencia de una creciente preocupación por la situación de las mujeres en las agendas nacionales, estatales, regionales e internacionales.

c) Fortalecimiento de la relación entre el Estado y las organizaciones de mujeres en regímenes democráticos.

LÍNEA ESTRATÉGICA IV

Lograr el acceso equitativo de las mujeres a las estructuras de poder y los procesos de toma de decisiones mediante mecanismos y acciones que permitan su participación efectiva en el desarrollo de una democracia integral.

Objetivo estratégico IV.1

Promover y garantizar la participación equitativa de las mujeres en todas las estructuras públicas y privadas de poder, por medio de acciones afirmativas que permitan y amplíen su acceso al ejercicio de poder, como elemento integral de la ciudadanía, en los niveles legislativo, judicial, ejecutivo, directivo y de planificación.

Acción estratégica IV.1.a Alentar firmemente a todos los gobiernos recién elegidos a que, en igualdad de circunstancias, designen en sus gabinetes y cuerpos administrativos a un mayor número de mujeres en puestos que impliquen toma de decisiones, especialmente en el área económica de los diversos estamentos gubernamentales.

Acción estratégica IV.1.b Estimular la creación, dentro del poder legislativo, de comisiones dedicadas a los derechos de las mujeres, con la participación de mujeres y hombres, y promover su coordinación con las instituciones gubernamentales de la mujer.

Acción estratégica IV.1.c Estimular la presencia equitativa de mujeres en todas las comisiones y órganos de alto nivel, tales como las representaciones oficiales en el exterior y los cargos diplomáticos.

Acción estratégica IV.1.d Demandar que la capacitación en la perspectiva de género sea obligatoria en todos los niveles de coordinación estatal.

Acción estratégica IV.1.e Por medio de módulos formativos con perspectiva de género, capacitar a las mujeres, y entre ellas a las indígenas, en materia de liderazgo y de enfoque de adquisición de poderes, a fin de potenciar sus posibilidades para desempeñar cargos directivos en los estamentos superiores del Estado y en todas las instituciones de la sociedad, y de crear conciencia sobre la necesidad de su participación equitativa en la toma de decisiones.

Acción estratégica IV.1.f Instar a los partidos políticos a garantizar a las mujeres igualdad de oportunidades en el acceso a cargos en sus niveles de dirección y en el proceso de selección de candidatos a cargos de elección popular, lo que incluye adoptar medidas específicas de acción positiva, como reformas de los códigos electorales y establecimiento de cuotas mínimas progresivas, hasta garantizar una equitativa participación, así como realizar programas de difusión y orientación —para mujeres y hombres— sobre la importancia de la participación de las mujeres en los partidos políticos.

Acción estratégica IV.1.g Estimular y apoyar, a través de los medios de comunicación, a las mujeres y jóvenes, particularmente a las nuevas electoras, para que participen efectivamente en los procesos de toma de decisiones y ejerzan sus derechos y deberes políticos como parte de su ciudadanía, lo que incluye la postulación a cargos a los que se accede por elección popular o por nombramiento.

Acción estratégica IV.1.h Estimular a los medios de comunicación para que integren a las mujeres en forma equitativa en sus niveles de decisión empresarial y de definición de programas y contenidos de mensajes.

Acción estratégica IV.1.i Establecer mecanismos y procedimientos que garanticen a las mujeres la igualdad de oportunidades de promoción en las carreras públicas, políticas y sindicales, y promover la equidad de género en materia de ascensos, actualización profesional y otras.

Acción estratégica IV.1.j Promover cambios operativos en las organizaciones públicas y privadas a fin de propiciar una mayor presencia de las mujeres en sus actividades y convocatorias.

Acción estratégica IV.1.k Promover la creación de condiciones y oportunidades que permitan a las mujeres ser elegidas para desempeñar cargos públicos.

Acción estratégica IV.1.l Estimular, en todos los ámbitos de la sociedad, públicos y privados, la gestación de procesos de cambio orientados a lograr la consolidación de relaciones equitativas y democráticas entre mujeres y hombres[15].

Objetivo estratégico IV.2

Promover acciones positivas tendientes a generar condiciones que permitan la participación y la representación política equitativitas de las mujeres en empresas, sindicatos, partidos políticos y demás espacios formales e informales de la sociedad civil, en todos los procesos de adopción de decisiones y en el área de la planificación del desarrollo.

Acción estratégica V.2.a Promover el cambio de las concepciones inequitativas y sexistas que subyacen en los comportamientos de las mujeres y los hombres.

Acción estratégica IV.2.b Impulsar acciones positivas para facilitar una mayor participación de las mujeres en los procesos de adopción de decisiones.

Acción estratégica IV.2.c Fomentar la adquisición de poderes (empowerment) por parte de las mujeres en todos los ámbitos de la vida privada y pública, de modo que puedan defender sus derechos, dar a conocer sus necesidades e intereses, y adquirir más autonomía y poder personal y social en su calidad de ciudadanas.

Acción estratégica IV.2.d Financiar y realizar estudios para identificar los factores que impiden o dificultan la plena participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones; crear mecanismos para facilitar su mayor participación en dichos procesos, y difundir la información que resulte de esos trabajos.

Acción estratégica IV.2.e Sensibilizar a la opinión pública acerca de la necesidad y conveniencia de la participación femenina en los espacios de toma de decisiones y en las estructuras en el poder.

Acción estratégica IV.2.f Realizar campañas de concientización para favorecer la participación plena de las mujeres en todos los ámbitos del poder público, reconociendo la necesidad de modificar la distribución de tareas y responsabilidades en el ámbito privado.

Acción estratégica IV.2.g Diseñar, implementar y fortalecer programas de capacitación formales e informales sobre gestión, organización, dirección, negociación, administración y liderazgo destinados a las organizaciones de mujeres y a las mujeres en general.

Acción estratégica IV.2.h Promover el reconocimiento y respeto a la autonomía de las organizaciones no gubernamentales y movimientos de mujeres y sensibilizar a otras organizaciones de la sociedad civil para que incorporen el enfoque de género aplicando procedimientos equitativos para la distribución de cargos; asimismo, sistematizar los procesos de consultas con las organizaciones no gubernamentales y organizaciones de mujeres para la formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas de apoyo a la mujer.

Acción estratégica IV.2.i Promover la colaboración entre organismos gubernamentales y no gubernamentales para crear conciencia acerca de la necesidad de eliminar las desigualdades existentes y establecer instancias conjuntas de control para la efectiva aplicación de políticas de lucha contra la desigualdad.

Acción estratégica IV.2.j Apoyar el financiamiento y fortalecimiento de las organizaciones de mujeres, sistematizar y difundir los conocimientos que generan y promover su vinculación con las demás entidades de la sociedad.

ÁREA V: DERECHOS HUMANOS, PAZ Y VIOLENCIA

DIAGNÓSTICO

Obstáculos

a) Insuficiencia de las medidas adoptadas para garantizar a las mujeres el ejercicio pleno de los derechos humanos y la ciudadanía.

b) Violencia de origen estructural y de diversa índole contra las mujeres y falta de reconocimiento de su carácter de problema de orden público.

c) Incumplimiento de las convenciones internacionales destinadas a eliminar la desigualdad entre mujeres y hombres y la discriminación de que estas son objeto.

d) Persistencia de leyes discriminatorias en función del sexo, que refuerzan la condición de desigualdad de las mujeres en la sociedad y la familia.

e) Carácter obsoleto de la legislación penal.

f) Limitado reconocimiento de los derechos de las mujeres en cuanto derechos humanos.

g) Deficiente administración de justicia y difícil acceso de las mujeres a las instancias judiciales.

h) Insuficientes servicios de apoyo para las mujeres que han sido víctimas de actos de violencia.

i) Persistencia de condiciones que permiten la impunidad de los culpables de delitos contra las mujeres.

j) Inadecuación de los sistemas para rehabilitar a quienes cometen actos de violencia contra las mujeres mediante la enseñanza de formas de solucionar conflictos por vías no violentas.

Avances

a) Importantes progresos en el sentido de buscar la solución de conflictos por medio de negociaciones políticas.

b) Ratificación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

c) Aprobación de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y otros instrumentos relativos a los derechos humanos.

d) Reconocimiento del carácter público del debate sobre la violencia contra las mujeres.

e) Surgimiento de iniciativas para la prestación de apoyo a las mujeres víctimas de actos de violencia.

f) Aprobación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

g) Promoción de Programas sobre cultura de paz, que han recibido apoyo internacional, regional y nacional, y contribuido a la restauración social y la reconciliación, con una participación protagónica de las mujeres.

h) Reconocimiento internacional de los derechos reproductivos de las mujeres[16].

LÍNEA ESTRATÉGICA V

Asegurar el carácter universal, inalienable, indivisible e integral de todos los derechos humanos de las mujeres (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales), así como su permanente respeto y protección en un ambiente sano y en todo tiempo y lugar.

Objetivo estratégico V.1

Consolidar el pleno respeto de los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales) de las mujeres de la región, en un marco que otorgue prioridad a la eliminación de la violencia y de la discriminación en virtud del sexo, así como a los derechos de las mujeres más pobres y de las desarraigadas, tomando en consideración las diferencias étnicas y raciales.

Acción estratégica V.1.a Crear y fortalecer mecanismos que aseguren el cumplimiento de las convenciones internacionales y los planes de acción regionales y nacionales en todas sus áreas programáticas, a fin de eliminar la brecha existente entre la igualdad de derecho y la de hecho, como parte de la búsqueda de una plena participación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, particularmente de las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, e instar a los Estados que no hayan ratificado las convenciones a que lo hagan sin reservas.

Acción estratégica V.1.b Crear y/o actualizar los mecanismos jurídicos y administrativos que protegen los derechos humanos de las mujeres a fin de que se les garantice efectivamente su pleno ejercicio.

Acción estratégica V.1.c Eliminar o enmendar toda disposición legislativa de los países cuya aplicación propicie o permita el trato discriminatorio de las mujeres en los ámbitos civil, penal, familiar, educacional, sanitario, procesal, laboral, comercial y administrativo.

Acción estratégica V.1.d Compatibilizar la legislación de los países con las normas internacionales, dando especial énfasis a los derechos humanos de las mujeres, e instar a los gobiernos a que se elaboren y promulguen nuevas leyes nacionales y normas penales, civiles, administrativas y de procedimiento encaminadas a prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres en todas sus formas y expresiones.

Acción estratégica V.1.e Instar a que en las constituciones nacionales se exprese directamente el principio de igualdad entre mujeres y hombres y se prohíba todo acto discriminatorio en función del sexo; compatibilizar las normativas secundarias con los preceptos constitucionales que responden a los compromisos internacionales al respecto, y con todos aquellos que tutelan los derechos humanos.

Acción estratégica V.1.f Establecer en la legislación de los países disposiciones específicas que garanticen el respeto a los derechos de las mujeres de los grupos étnicos, de las desarraigadas y migrantes.

Acción estratégica V.1.g Promover la promulgación de leyes de acción positiva que aceleren el proceso encaminado a lograr la equidad entre mujeres y hombres.

Acción estratégica V.1.h Descentralizar y ampliar la cobertura de los servicios de administración de justicia, en especial en las zonas rurales y urbano-marginales, así como adoptar otros mecanismos que amplíen el acceso de las mujeres a los servicios de justicia.

Acción estratégica V.1.i Difundir los derechos humanos reconocidos por la legislación para que las mujeres los conozcan cabalmente y aprendan a exigir su cumplimiento en todos los espacios de la vida nacional.

Acción estratégica V.1.j Instar a los Estados a la incorporación de programas de educación en derechos humanos con perspectiva de género en todos los niveles de la educación formal y no formal, así como en los programas de capacitación de agentes del Estado.

Acción estratégica V.1.k Crear o fortalecer mecanismos e instancias de seguimiento adecuados, tanto nacionales como subregionales, para la promoción de los derechos humanos consagrados en los instrumentos nacionales e internacionales, en particular el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, así como instancias de denuncia de transgresiones; garantizar la participación efectiva en ellas de los movimientos de mujeres, y prestar especial atención a todos los actos de violencia contra las mujeres, en especial a la prostitución forzada de mujeres y menores, el abuso sexual y el tráfico de mujeres, adolescentes y niños y el acoso sexual en el trabajo, así como a aquellas víctimas de tales delitos en situación de vulnerabilidad y discriminación.

Acción estratégica V.1.l Adoptar un marco teórico que apoye la aplicación de medidas más efectivas a favor de la igualdad y en contra de la violencia, uno de cuyos ejes sean los derechos humanos; para tal fin, incluir el área de derechos humanos en los programas nacionales de educación, para que todas las mujeres conozcan ampliamente los derechos humanos consagrados en las normas internacionales y nacionales, y puedan promoverlos y protegerlos.

Acción estratégica V.1.m Alentar a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en sus esfuerzos para preparar un protocolo facultativo a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, permitiendo el derecho de petición individual, como fuera recomendado en la Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos.

Acción estratégica V.1.n Crear las condiciones necesarias y proveer los recursos suficientes para la incorporación en la sociedad de las mujeres afectadas por los conflictos armados y la violencia generalizada, con especial atención a las mujeres jóvenes, refugiadas, desplazadas y repatriadas. Asegurar los medios para facilitar la intervención de organismos de derechos humanos y organizaciones de mujeres, a fin de que estos puedan proporcionar una atención que permita prevenir y eliminar todo tipo de violencia o abuso que las afecte.

Acción estratégica V.1.o Crear las condiciones que permitan y garanticen a las víctimas de las violaciones de derechos humanos, particularmente las derivadas de las situaciones de violencia política, tomar las acciones civiles, penales y administrativas apropiadas.

Acción estratégica V.1.p Establecer servicios jurídicos, psicológicos y médicos más apropiados para prestar asistencia a las víctimas de las transgresiones de los derechos humanos y la violencia, y dar prioridad a la asignación de recursos para su creación, funcionamiento y desarrollo.

Acción estratégica V.1.q Promover la aprobación y aplicación de una convención internacional contra todas las formas abiertas y encubiertas de explotación sexual, incluidos el turismo con fines sexuales y la prostitución infantil, en cuyas disposiciones se contemple además la prestación de servicios sociales para las víctimas de todas las formas de explotación sexual y el enjuiciamiento de quienes dirigen la industria del sexo y de sus traficantes.

Acción estratégica V.1.r Crear y fortalecer programas de cultura de paz, impulsar los procesos de pacificación, y promover la erradicación de la violencia en la sociedad y en la formación de niñas y niños, en particular la eliminación del tipo de violencia que se presenta en los medios masivos de comunicación, entre ellos el cine, la televisión y las tiras cómicas.

Acción estratégica V.1.s Promover la investigación sobre los actos de violencia contra las mujeres de todas las edades, con el empleo de datos estadísticos no convencionales e información de otras fuentes disponibles y el establecimiento de un registro sistematizado y desagregado por sexo en las dependencias públicas relacionadas con la atención de la violencia en comisarías, defensorías, servicios de salud, entre otras; difundir sus resultados, realizar campañas de sensibilización pública integrando con tal fin informes y estudios de los gobiernos y de las organizaciones no gubernamentales especializadas, y asegurar la cooperación de los Estados con los mecanismos de investigación regionales e internacionales.

Acción estratégica V.1.t Instar a los Estados de la región a que suscriban, ratifiquen e implementen la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, adoptada por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Acción estratégica V.1.u Otorgar prioridad a las propuestas legislativas de orden económico que busquen asegurar el acceso de las mujeres a los recursos necesarios para su desarrollo integral, y asimismo al capital y al mercado.

Acción estratégica V.1.v Impulsar la adopción de medidas para la protección de los derechos reproductivos de las mujeres[17].

Acción estratégica V.1.w Adoptar las recomendaciones del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer (INSTRAW) con respecto a la valoración del trabajo doméstico.

Objetivo estratégico V.2

Promover acciones que vuelvan visibles todos los tipos y formas de violencia contra las mujeres, y que conduzcan a su eliminación.

Acción estratégica V.2.a Hacer visible el fenómeno de la violencia mediante la legislación, y sancionarla como un problema de orden público; promover la descentralización de las instancias de denuncia y protección contra todas las formas de violencia hacia las mujeres.

Acción estratégica V.2.b Promover programas de sensibilización, capacitación y desarrollo con perspectiva de género, para que las personas y organizaciones encargadas de atender a las mujeres víctimas de la violencia y a las discapacitadas den respuestas técnicas oportunas y crecientemente humanizadas.

Acción estratégica V.2.c Elevar el nivel de sensibilización de las mujeres para que tomen conciencia del papel de objeto que se les asigna en los avisos y en los programas que no destacan la plena capacidad de las mujeres.

Acción estratégica V.2.d Emprender acciones de capacitación dirigidas a los medios de comunicación y asociaciones de periodistas con la finalidad de promover el respeto hacia las mujeres y la sanción de la violencia en contra de ellas.

Acción estratégica V.2.e Promover investigaciones y diagnósticos de la situación de las mujeres en los que se tomen en cuenta las especificidades de los diversos grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación, con miras a influir en la formulación y reformulación de leyes y políticas para erradicar la violencia en todas sus expresiones.

Objetivo estratégico V.3

Sensibilizar a los medios de comunicación sobre el impacto de la difundida cultura de la violencia, con el objeto de erradicar la imagen de las mujeres que en ellas se presenta, la que es producto de la discriminación.

Acción estratégica V.3.a Desarrollar campañas masivas de comunicación que tengan como eje la promoción de la paz, la tolerancia, la solidaridad y el respeto mutuo.

Acción estratégica V.3.b Promover actividades o campañas de información sobre la existencia en la región de una cultura generalizada de la violencia, sus manifestaciones en contra de las mujeres y las posibles técnicas para abordar ambos problemas en forma positiva, por la vía de eliminar la imagen discriminatoria de la mujer de la publicidad, los avisos públicos, los programas de radio y televisión y la prensa escrita.

Acción estratégica V.3.c Capacitar al personal de los sectores de las comunicaciones, especialmente los productores cinematográficos, los medios audiovisuales y de prensa, el personal de publicidad y comercialización y sus agencias, y las organizaciones y asociaciones especializadas, respecto de la sensibilización en el tema de género, a fin de reducir y eliminar las imágenes negativas y estereotipadas de las mujeres y el impacto que tienen en el hecho de que se perpetúe y aumente la violencia contra las mujeres en particular y la sociedad en general.

ÁREA VI: RESPONSABILIDADES FAMILIARES COMPARTIDAS

DIAGNÓSTICO

Obstáculos

a) Discrepancia en algunos países entre la estructura familiar reconocida y las formas que esta adopta en las distintas comunidades que integran la región.

b) Persistencia de los roles socialmente asignados a las mujeres en el ámbito familiar.

c) Insuficiencia de los servicios para atender a las necesidades familiares básicas.

d) Falta de reconocimiento de la maternidad como responsabilidad social, a nivel de la vida práctica.

e) Concepción predominantemente patriarcal de la familia.

f) Insuficiente reconocimiento de los diversos tipos de familia y carencia de respaldo a los mismos.

Avances

a) Reconocimiento legal de las diversas formas que adopta la familia en los países de América Latina y el Caribe, así como preocupación por el tema de las responsabilidades familiares compartidas[18].

b) Mayor reconocimiento del aporte económico del trabajo no remunerado de las mujeres, incluido el trabajo doméstico.

LÍNEA ESTRATÉGICA VI

Promover una distribución más equitativa de las responsabilidades familiares entre mujeres y hombres, estimular el debate público sobre la flexibilización de los roles sociales e impulsar el reconocimiento de la diversidad de estructuras familiares existentes.

Objetivo estratégico VI

Estimular, en todos los ámbitos de la sociedad, procesos de cambio orientados a la consolidación de estructuras familiares democráticas

Acción estratégica VI.a Promover campañas públicas e introducir los cambios necesarios en los planes y programas educativos a fin de sensibilizar a la sociedad sobre el valor del tiempo socialmente necesario para el cuidado de la familia y el hogar y sobre la necesidad de que estas tareas se distribuyan equitativamente entre todos los integrantes del hogar.

Acción estratégica VI.b Promover la puesta en marcha de estrategias de comunicación que den a conocer temas como las nuevas tareas que cumplen las mujeres en la sociedad, la diversidad en estructuras familiares y la democratización en la distribución del trabajo doméstico entre los integrantes del hogar, mujeres y hombres, promoviendo relaciones democráticas entre los miembros de la familia[19].

Acción estratégica VI.c Realizar estudios y establecer mecanismos que permitan cuantificar la contribución y el valor económico del trabajo no remunerado de las mujeres, especialmente las tareas domésticas, su participación en la agricultura y la alimentación y en la crianza de los hijos, e incorporar ese aporte a las cuentas nacionales.[20]

Acción estratégica VI.d Lograr que se aumente la asignación presupuestaria destinada a los programas de desarrollo social y armonizar las medidas de ajuste económico con acciones que fortalezcan las capacidades de los diversos tipos de familia para su adecuado desarrollo y socialización[21].

Acción estratégica VI.e Asegurar que en cada país las mujeres y los hombres tengan acceso a los medios anticonceptivos y que se permita a las mujeres ejercer libremente sus derechos reproductivos. Asimismo, promover la investigación sobre los métodos científicos de regulación de la fecundidad masculina que equilibren el uso de anticonceptivos femeninos. En el marco de esta acción, se considera que, como figura en el párrafo 8.25 del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo, “en los casos en que el aborto no es contrario a la ley, los abortos deben realizarse en condiciones adecuadas”[22].

Acción estratégica VI.f Apoyar a las familias en el mejoramiento de sus habilidades parentales, a fin de contribuir a reducir los sesgos de género; promover la consideración de la familia como el ámbito en que el proceso de socialización contribuye en forma significativa a originar la división del trabajo por género, así como los estereotipos basados en el género.

Acción estratégica VI.g Enfatizar la necesidad de que los gobiernos, en sus políticas sobre migración y localización, reconozcan la importancia de potenciar las capacidades de desarrollo de las familias, preservando su integridad y contribuyendo a su reunificación.

Acción estratégica VI.h Reclamar del Estado condiciones favorables para asegurar el ejercicio de la maternidad y de la lactancia, y sensibilizar a la sociedad sobre su corresponsabilidad en la protección de tal ejercicio.

Acción estratégica VI.i Promover y alentar la participación de la mujer y el hombre en pie de igualdad, alentando medidas tales como las licencias familiares para mujeres y hombres, de modo que tengan más posibilidades de equilibrar sus responsabilidades domésticas y públicas. Adoptar medidas para asegurar que se respeten los derechos de niñas y niños; en particular, que reciban un apoyo financiero adecuado de sus padres, haciendo cumplir las leyes relativas al pago de alimentos y teniendo especialmente en cuenta la protección legal y social de niñas y niños contra todas las formas de maltrato.

Acción estratégica VI.j Realizar estudios de género para determinar las barreras institucionales que se oponen a la igualdad de acceso a la justicia y corregir situaciones en aquellos casos en que el sesgo de género haya influido en la decisión de los tribunales.

Acción estratégica VI.k Promover que en la legislación correspondiente el trabajo doméstico sea considerado como la aportación económica de quien lo realiza.

ÁREA VII: RECONOCIMIENTO DE LA PLURALIDAD CULTURAL DE LA REGIÓN

DIAGNÓSTICO

Obstáculos

a) Persistencia de modelos culturales que excluyen, silencian o distorsionan la identidad y los conocimientos de las mujeres en todas las áreas de la vida social, y que se expresan en la familia, la educación, los medios de comunicación de masas y el arte.

b) Exclusión o marginalización de algunos grupos de personas del proceso de toma de decisiones sobre la base de factores culturales o étnicos, lo que en el caso de las mujeres las hace objeto de doble discriminación.

c) Segregación de algunos grupos de personas de la plena participación en el proceso político, así como de los beneficios sociales, políticos y económicos del desarrollo.

d) Persistente discriminación contra las mujeres en los medios informativos, que contribuye a limitar su presencia en cargos con capacidad decisoria.

Avances

a) Formación de organizaciones de mujeres que transmiten su propia cultura y valores étnicos y defienden su derecho a la participación.

b) Mayor apertura a nivel mundial para reconocer la pluralidad cultural y fortalecer su visibilidad. Ejemplos de este proceso son la proclamación del Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural y del Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo y la convocatoria de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social.

c) El incipiente reconocimiento del aporte de las mujeres a la cultura a lo largo de la historia.

d) La participación cada vez mayor de las mujeres en la creación de medios alternativos de comunicación, organizaciones y redes en los campos de la cultura y las comunicaciones.

LÍNEA ESTRATÉGICA VII

Promover la igualdad cultural y el respeto por la diversidad cultural a fin de estimular la participación visible y equitativa de mujeres y hombres de todos los grupos étnicos y culturales tanto en la región como en sus propias sociedades.

Objetivo estratégico VII.1

Reconocer y valorar la pluralidad cultural entre las mujeres y satisfacer sus necesidades en materia de equidad de género respetando su diversidad cultural y su identidad.

Acción estratégica VII.1.a Apoyar la causa de los pueblos indígenas, grupos étnicos y otros grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación, a fin de que ellos mismos preserven su identidad cultural y definan sus propias metas de desarrollo, garantizando, a través de su organización, la participación equitativa de las mujeres en el diseño, gestión y administración de dicho desarrollo.

Acción estratégica VII.1.b Promover la puesta en práctica de la legislación necesaria para garantizar el reconocimiento de los idiomas autóctonos y su uso oficial en los lugares donde viven los pueblos indígenas, la adopción de medidas que faciliten la educación de los pueblos en sus respectivas lenguas, y la enseñanza del idioma oficial como segundo idioma.

Objetivo estratégico VII.2

Impartir a las mujeres y los hombres desde temprana edad una educación con contenidos que promuevan la sensibilidad y el conocimiento acerca de la sexualidad humana, la equidad de género y la diversidad cultural.

Acción estratégica VII.2.a Hacer visible el impacto negativo que ejerce en las mujeres el sexismo arraigado en la estructura y las relaciones familiares.

Acción estratégica VII.2.b Propiciar una valoración positiva de la integración de las mujeres en el ámbito público y de los varones en el ámbito privado.

Objetivo estratégico VII.3

Motivar a las familias y a quienes forman parte del sistema educacional y de las organizaciones sociales que intervienen en la creación y transmisión de la cultura para que asignen igual valor a las diversas culturas y respeten la equidad de género en todas las formas de expresión cultural.

Acción estratégica VII.3.a Realizar acciones con el objeto de motivar a la familia, al sistema educacional y a todas las organizaciones sociales que intervienen en la creación y transmisión de la cultura, para que asignen igual valor y respeten la equidad de género en todas las formas de expresión cultural. Velar por que la pluralidad y la diversidad culturales se reflejen en la participación visible y equitativa de los miembros de todos los grupos étnicos en la sociedad en su conjunto.

Objetivo estratégico VII.4

Alentar la configuración de una imagen social pluralista y no discriminatoria de las mujeres en la cultura y las comunicaciones.

Acción estratégica VII.4.a Proyectar una imagen realista y plural de las mujeres en los mensajes emitidos y las campañas realizadas por los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil a través de los medios de comunicación social, y procurar que estos medios extiendan dichos contenidos a toda su labor de difusión.

Acción estratégica VII.4.b Estimular la participación de las mujeres como portavoces de temas de interés público.

Objetivo estratégico VII.5

Impulsar la participación y las iniciativas de las mujeres en materia de expresiones artísticas y culturales, en particular de las que busquen contrarrestar la violencia perpetrada contra las mujeres.

Acción estratégica VII.5.a Fomentar el desarrollo artístico-cultural de las mujeres asegurando su participación en procesos creativos, concursos, programas y otras actividades en el ámbito de la cultura.

Acción estratégica VII.5.b Promover la participación de mujeres en la dirección de las entidades públicas, nacionales e intergubernamentales que regulan y financian proyectos artísticos y culturales.

Objetivo estratégico VII.6

Eliminar las expresiones sexistas del lenguaje y contribuir a la creación de un discurso que exprese la realidad de las mujeres.

Acción estratégica VII.6.a Promover la adopción de medidas destinadas a eliminar las expresiones sexistas en el lenguaje y contribuir a la creación de un discurso que exprese la realidad de las mujeres, especialmente en los currículos y material educativo.

Objetivo estratégico VII.7

Facilitar a las mujeres el acceso a las nuevas tecnologías de las telecomunicaciones y la información y capacitarlas en su manejo.

Acción estratégica VII.7.a Estimular las redes de información entre las mujeres y los organismos a los que conciernen los temas de género, a fin de fomentar y apoyar las iniciativas en pro del cambio cultural.

Acción estratégica VII.7.b Favorecer la participación de las mujeres en el desarrollo de iniciativas innovadoras en la esfera de los medios de comunicación social, especialmente de las que se refieran a la incorporación de nuevas tecnologías de difusión.

Objetivo estratégico VII.8

Reforzar la participación de las mujeres en los niveles decisorios de los medios de comunicación.

Acción estratégica VII.8.a Sensibilizar sistemática y permanentemente a empresarias, empresarios y profesionales de ambos sexos de los medios de comunicación social con respecto a la no discriminación de las mujeres.

ÁREA VIII: APOYO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

DIAGNÓSTICO

Obstáculos

a) Acceso tardío y desigual a la cooperación internacional para la aplicación de las estrategias de Nairobi.

b) Escaso énfasis y aplicación de los enfoques de la mujer en el desarrollo, y limitada agilidad para incorporar el enfoque de género a las políticas y programas de cooperación de algunos organismos, desde una perspectiva de adquisición y ejercicio de poderes por parte de las mismas mujeres.

c) Debilidad en la planificación estratégica y falta de adopción de indicadores que permitan evaluar el comportamiento, la direccionalidad y el impacto en los proyectos financiados por distintos organismos.

d) Limitado acceso al financiamiento en rubros importantes como investigación, diagnóstico, sistematización y seguimiento de acciones, así como en capacitación, sensibilización y comunicación.

e) Condicionamientos (aunque ocasionales) impuestos por algunas agencias y organismos de cooperación, los que no reflejan totalmente los intereses de las mujeres.

Avances

a) Contribución financiera para el desarrollo de proyectos de generación de ingresos destinados a grupos de mujeres en situación de vulnerabilidad.

b) Apoyo a la formación y consolidación de organizaciones de mujeres y a la creación de servicios alternativos.

c) Cooperación técnica y financiera para el impulso de instituciones gubernamentales dedicadas al adelanto de la mujer.

LÍNEA ESTRATÉGICA VIII

Asegurar que en la cooperación internacional se incorpore, a nivel de políticas, el enfoque de género para la realización de proyectos autónomos e integrados.

Objetivo estratégico VIII

Promover entre los organismos de apoyo internacional, los gobiernos y la sociedad civil acciones que conduzcan a procesos constantes de análisis y seguimiento de las políticas de cooperación con enfoque de género.

Acción estratégica VIII.a Concertar, con los organismos bilaterales y multilaterales, el incremento de recursos financieros que permita el desarrollo de acciones, planes y proyectos para que los países puedan implementar este Programa de Acción Regional, considerando como ejes prioritarios la investigación para su diseño y ejecución, y la capacitación de género, tanto para los agentes de gobierno como para los de la cooperación internacional.

Acción estratégica VIII.b Instar a los organismos de cooperación internacional a apoyar la realización de un análisis crítico de las causas estructurales y de los efectos de la pobreza en las mujeres, a fin de reorientar y canalizar recursos para contribuir al logro de los objetivos del Programa Regional.

Acción estratégica VIII.c Promover el diálogo constante entre los gobiernos, las instituciones gubernamentales de la mujer, los organismos de cooperación internacional y las organizaciones de mujeres, a través de la creación de comisiones nacionales que promuevan la coordinación y concertación, facilitando el análisis de los distintos procesos, el establecimiento de las prioridades de cooperación y los nuevos enfoques teóricos que surgen del desarrollo cotidiano de las acciones. En dichas comisiones deberán tomar parte todos los participantes en la elaboración y seguimiento del Plan Nacional de Acción que se derive de este Programa Regional.

Acción estratégica VIII.d Asegurar que el apoyo de la cooperación internacional se distribuya tomando como marco de referencia el presente Programa de Acción, velando por fortalecer el accionar y los mecanismos tanto de las instituciones gubernamentales como no gubernamentales que promueven el adelanto de las mujeres a todos los niveles.

Acción estratégica VIII.e Instar a los organismos de cooperación a que creen y garanticen el funcionamiento de comités interinstitucionales a nivel nacional, regional e internacional, con el propósito de articular sus acciones y contribuir al cumplimiento de este Programa de Acción Regional en el marco de sus respectivos mandatos.

Acción estratégica VIII.f Promover la negociación horizontal entre los organismos de cooperación y los movimientos de mujeres a fin de lograr que se incrementen los fondos destinados a proyectos formulados por mujeres.

E. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN REGIONAL PARA LAS MUJERES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 1995-2001

Al aprobar este Programa de Acción Regional, la sexta Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe solicita:

a) Que la CEPAL continúe convocando a períodos de sesiones regulares de la Conferencia sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo como foro encargado de vigilar el desarrollo del Programa, evaluar su efectividad y ajustar sus áreas y acciones prioritarias, según fuera necesario.

b) Que la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe asuma las tareas de seguimiento del Programa de Acción Regional, en colaboración con los gobiernos y con la participación de los organismos nacionales a cargo de las políticas y programas destinados a las mujeres, así como de las agrupaciones gubernamentales subregionales.

c) Que con el objeto de mantener actualizado el Programa de Acción Regional, la Secretaría de la CEPAL recoja los resultados de los foros de las Naciones Unidas que se relacionen directa o indirectamente con la situación de las mujeres, a fin de incorporarlos, cuando corresponda, a las recomendaciones de las conferencias regionales regulares sobre la mujer.

d) Que la Secretaría de la CEPAL siga colaborando con la acción de la Mesa Directiva, a fin de asegurar su óptima coordinación con los organismos especializados y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y con otros organismos intergubernamentales y no gubernamentales cuya labor se relacione con la condición de la mujer y la promoción de la perspectiva de género.

e) Que la Secretaría de la CEPAL presente a la Mesa Directiva una lista de dichos organismos (que será actualizada periódicamente), en la que estén incluidos todos los que constituyen el cuerpo básico de instituciones que realizan tareas vinculadas al Programa de Acción Regional, y cuya colaboración se buscará activamente.

[1] Tomado del documento LC/G.1855. El Programa posteriormente se prorrogó más allá del año 2001 en virtud del acuerdo a) del Consenso de Lima (véase pág. 72).

[2] CEPAL, Informe de la quinta Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe (LC/G.1684(CRM.5/6)), Santiago de Chile, 12 de noviembre de 1991.

[3] Las reservas de los países figuran en el Informe de la sexta Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe (LC/G.1850(CRM.6/7)). En el presente texto, se indican como notas de pie de página.

[4] Se considera que los principales instrumentos vigentes son el Plan de Acción Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe (La Habana, 1977), las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer (Nairobi, 1985), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y las resoluciones sobre la materia adoptadas por el Consejo Económico y Social y la Asamblea General de las Naciones Unidas a partir de 1985.

[5] La delegación de los Estados Unidos reservó su posición sobre este párrafo.

[6] La delegación de México reservó su posición sobre este párrafo.

[7] La delegación da Francia hizo constar su reserva acerca de esta acción estratégica.

[8] Hicieron constar sus reservas las delegaciones de Argentina, Ecuador, El Salvador y Venezuela. La delegación de Guatemala indicó que entendía “papeles productivos y reproductivos” sobre la base del enfoque de género.

[9] Argentina, Ecuador, El Salvador, Perú y República Dominicana se reservaron su posición sobre esta acción estratégica.

[10] Argentina, Ecuador, El Salvador, Perú y República Dominicana se reservaron su posición sobre esta acción estratégica.

[11] Argentina, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y República Dominicana se reservaron su posición sobre esta acción estratégica.

[12] Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y República Dominicana se reservaron su posición sobre esta acción estratégica. Argentina declaró que aceptaba el concepto de derechos reproductivos tal como lo expresa la Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

[13] Argentina y Estados Unidos se reservaron su posición sobre esta acción estratégica.

[14] La delegación de los Estados Unidos reservó su posición sobre este párrafo.

[15] Las delegaciones de Honduras y República Dominicana reservaron su posición sobre este párrafo.

[16] La delegación de Ecuador reservó su posición respecto a este inciso.

[17] Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y República Dominicana se reservaron su posición sobre esta acción estratégica. Argentina declaró que aceptaba el concepto de derechos reproductivos tal como lo expresa la Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

[18] La delegación de Ecuador reservó su posición respecto de este inciso.

[19] Honduras y República Dominicana se reservaron su posición sobre esta acción estratégica.

[20] Francia reservó su posición sobre esta acción estratégica.

[21] Argentina, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y República Dominicana reservaron su posición sobre esta acción estratégica.

[22] Las delegaciones de Ecuador, Honduras, Nicaragua, Perú y República Dominicana reservaron su posición sobre esta acción estratégica. Argentina declaró que aceptaba el concepto de derechos reproductivos tal como lo expresa la Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

CONSENSO DE SANTIAGO (1997)

Consenso de Santiago aprobado en la Séptima Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe (Santiago, 1997)[1]

La séptima Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social

de América Latina y el Caribe,

Recordando que durante la sexta Conferencia Regional realizada en Mar del Plata, Argentina, en septiembre de 1994, se identificaron los obstáculos que impiden mejorar las condiciones de vida y la posición de las mujeres en la sociedad y se elaboraron propuestas que fueron integradas en el Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2001, aprobado en dicha ocasión[2],

Tomando en cuenta que la Mesa Directiva elegida en la sexta Conferencia Regional, en consulta con los demás países miembros y a la luz de las prioridades tanto internacionales, identificadas por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas a partir de la Plataforma de Acción Mundial[3], como regionales, emanadas del Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2001, ha fijado como objetivo para esta reunión identificar con mayor precisión los obstáculos que dificultan a las mujeres la efectiva práctica de la ciudadanía, particularmente con respecto a la participación en el poder y la toma de decisiones, así como aquellos que emanan de la condición de pobreza, con miras a proponer medidas para su más pronta superación,

1. Acoge con beneplácito los documentos preparados por la secretaría para la séptima Conferencia Regional, reconociendo que reflejan las necesidades expresadas por los gobiernos respecto de los temas ahí abordados[4];

2. Toma nota con satisfacción de que, durante la década de 1990, el tema del género ha recibido creciente atención en otros foros intergubernamentales, tales como las conferencias mundiales de las Naciones Unidas, y en las siguientes reuniones de carácter regional:

a) Reunión Ministerial del Caribe sobre la Erradicación de la Pobreza (28 de octubre al 1o de noviembre de 1996) y el Plan de Acción para la Erradicación de la Pobreza en el Caribe, aprobado en esa oportunidad;

b) Primera Conferencia Regional de Seguimiento de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (São Paulo, 6 al 9 de abril de 1997) y el Consenso de São Paulo[5];

c) Encuentro posterior a Beijing CARICOM/CEPAL/UNIFEM, Conferencia subregional ministerial (Georgetown, 6 al 8 de agosto de 1997) y el Consenso de Georgetown;

3. Reitera los acuerdos y compromisos contraídos en dichas reuniones, en especial en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Rio de Janeiro, 1992), la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993), la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994), la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995) y la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995);

4. Constata con satisfacción que en el período posterior a la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer la inserción del tema del género en las agendas de los gobiernos y en el aparato estatal, incluyendo el establecimiento y fortalecimiento de mecanismos nacionales para el desarrollo de la mujer en la región, ha recibido un fuerte impulso, y que en varios países se han adoptado planes para promover la igualdad de oportunidades para las mujeres, en los que, entre otras acciones, se proponen medidas para erradicar la pobreza e incrementar la participación de las mujeres en los procesos de adopción de decisiones y en el poder;

5. Toma nota con interés de la constante labor de las mujeres parlamentarias, políticas y ministras, que han venido promoviendo la consideración del tema del género en los niveles con capacidad de decisión y fortaleciendo la coordinación de las organizaciones no gubernamentales de mujeres a nivel regional, subregional y nacional;

6. Destaca la importancia de los elementos de diagnóstico contenidos en los informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) titulados “Acceso al poder y participación en la toma de decisiones. América Latina y el Caribe: políticas de equidad de género hacia el año 2000” y “Desarrollo sostenible, pobreza y género. América Latina y el Caribe: medidas hacia el año 2000”;

7. Propone, tres años después de la sexta Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe[6], que sirvió de reunión preparatoria regional de la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer:

a) Acelerar el proceso de instrumentación y seguimiento de la Plataforma de Acción, del Programa de Acción Regional y del Plan de Acción de la CARICOM, incorporando a las estrategias nacionales de desarrollo las vías de solución al problema de la desigualdad de la mujer a través de políticas públicas y programas nacionales de formación de recursos humanos calificados, programas de empleo productivo, cambios en los programas educacionales, modificaciones legales e incorporación de la perspectiva de género en todos los programas;

b) Aplicar al desarrollo un enfoque integrado que vincule políticas sociales y económicas para el logro de la equidad, tomando en cuenta que el desarrollo sostenible exige la integración explícita de la perspectiva de género, ya que todos los planes, programas y políticas tienen de hecho una determinada perspectiva de género y sobre esa base deciden los roles de las personas en la sociedad; garantizar que los planes y programas incorporen plenamente (mainstreaming) una adecuada perspectiva de género en las políticas y decisiones, y consideren la distribución equitativa de recursos en la sociedad;

c) Asegurar que en el proceso de modernización del aparato gubernamental y de reforma del sector público, iniciado en prácticamente todos los países de la región, el Estado otorgue prioridad a la agenda de desarrollo social;

d) Fortalecer en los ámbitos técnico, presupuestario, político y administrativo los mecanismos nacionales y las oficinas gubernamentales de promoción de la mujer, a fin de que cumplan eficazmente con su papel de entes gestores y rectores de políticas públicas para propiciar la equidad de género, que es de responsabilidad del conjunto de las entidades estatales;

e) Asignar en el presupuesto nacional los recursos necesarios para la adopción de medidas destinadas al adelanto de las mujeres, sobre todo las referentes a erradicar la pobreza y ofrecerles mayor acceso a cargos con poder de decisión;

f) Incorporar, mediante la recolección de toda la información estadística desagregada por sexo, el desarrollo de indicadores de género, en especial en los censos nacionales y en las encuestas económicas y de hogares, así como otros registros estadísticos; crear un banco de indicadores de género, actualizable periódicamente;

g) Insistir en la necesidad de que todos los participantes en el proceso de desarrollo adopten un método de trabajo participativo, coherente y coordinado para la aplicación de los planes y programas nacionales de erradicación de la pobreza, en los que se deberá tomar plenamente en cuenta la perspectiva de género;

h) Adoptar un enfoque de género en la planificación de medidas relacionadas con el medio ambiente, con miras a asegurar la incorporación de las mujeres en el proceso de adopción de decisiones y en la evaluación del impacto de los desastres naturales, en vista de la importante contribución de las mujeres al desarrollo económico y social y a la protección del medio ambiente, componentes ambos del desarrollo sustentable, y que se refuerzan mutuamente;

i) Diseñar y poner en marcha políticas de fomento de la participación de las mujeres a nivel nacional, federal y local; incorporar la perspectiva de género en las agendas de los gobiernos locales y en sus políticas, sobre todo las de capacitación, y utilizar las redes de organizaciones de mujeres para fortalecer sus actividades y establecer vínculos con otras instituciones;

j) Incorporar el análisis de género a los estudios de los movimientos migratorios, en vista de que las cifras muestran una participación cada vez más significativa de las mujeres en ellos; incorporar igualmente el análisis de factores tales como las particulares características que dicha participación impone a este fenómeno, y el impacto que tiene sobre las niñas y los niños; analizar las desigualdades que enfrentan las mujeres en comparación con los varones en las ciudades de acogida, y el hecho de que la migración de los hombres en numerosas comunidades hace depender principalmente de las mujeres la subsistencia de los hogares y el manejo de los recursos; identificar y caracterizar también la migración internacional, y fenómenos emergentes como el de los trabajadores temporales y migrantes y el del traslado dentro de las ciudades o de una ciudad a otra, que han adquirido en las últimas décadas una importancia creciente;

k) Promover el respeto de los derechos humanos de las mujeres refugiadas, migrantes, desplazadas internas y otras mujeres en situación de desarraigo, que enfrentan problemas de seguridad por la situación que viven y su condición de género, así como de las mujeres víctimas del tráfico con fines de explotación sexual;

l) Promover la promulgación y revisión de la normativa de los países sobre la situación de las personas refugiadas y desarraigadas, para que incorpore la perspectiva de género e incluya explícitamente el reconocimiento de la persecución por razones de género como uno de los motivos para que una persona sea reconocida como refugiada;

m) Asegurar la debida documentación legal de todas las personas, especialmente de las mujeres y las niñas y sobre todo de las que viven en zonas rurales, son indígenas o se encuentran en situación de desarraigo, con el fin de garantizar el ejercicio de sus derechos;

n) Promover el reconocimiento del poder compartido en todos los ámbitos, desde los privados a los públicos, como el objetivo clave hacia el cual deben converger todas las acciones, reconociendo que es un requisito esencial de la democracia y para el fortalecimiento de la ciudadanía de las mujeres, entendida como su participación activa en la sociedad a través de su acceso a todas las instancias de toma de decisiones[7];

o) A fin de acelerar el logro de la equidad de género en la esfera política, en las direcciones, comisiones y otras instancias políticas y en el otorgamiento de honores y premios nacionales, dar mayor consideración a la adopción de acciones afirmativas y positivas, incluyendo mecanismos tales como el establecimiento de un porcentaje mínimo de representación de ambos sexos, teniendo en cuenta que los gobiernos de algunos países ya han accedido a hacerlo;

p) Propiciar la creación y apoyar el fortalecimiento y el trabajo de las organizaciones y redes de mujeres, con el fin de contribuir a fortalecer su capacidad de ejercer influencia en la vida pública y política de los países;

q) Comprometerse a desarrollar e institucionalizar sistemas de estructuración y recopilación de información sobre la participación política, desagregada por sexo, destacando el acceso diferencial de mujeres y hombres a puestos con poder de decisión política en la sociedad civil organizada; divulgar periódica y ampliamente dicha información;

r) Diseñar y desarrollar, como parte de los planes, programas y políticas públicas dirigidos a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres, estrategias de capacitación destinadas a los hombres, con el fin de despertar su sensibilidad a los derechos políticos de las mujeres, y a las mujeres, con el fin de contribuir a fortalecer su capacidad de liderazgo y de ejercer influencia en la vida pública y política; esta capacitación debe tener una orientación estratégica y una visión de proceso, para que no se traduzca en actividades puntuales, aisladas y desarticuladas;

s) Desarrollar planes especiales dirigidos a las mujeres jóvenes, con el fin de fortalecer su capacidad e interés por el liderazgo, así como de influir en la selección de su profesión;

t) Facilitar el ejercicio del derecho de las mujeres a tener igual acceso a la propiedad y al control de sus propiedades, especialmente en las zonas rurales;

u) Fomentar la corresponsabilidad en los roles, al interior de la familia, en forma más compatible con las actividades concretas de sus integrantes, impulsando políticas públicas al respecto y la promulgación de nueva legislación que contribuya a una distribución equitativa de responsabilidades y derechos dentro de la familia; diseñar e implementar, sobre todo a nivel local, programas de apoyo a la familia en el desempeño de nuevas y complejas funciones, asegurando su contenido solidario y no discriminatorio, y crear centros de cuidado de niños en barrios, empresas y organismos públicos;

v) Garantizar permisos de maternidad y promover que éstos se hagan extensivos a los progenitores hombres, a fin de fomentar la corresponsabilidad de ambos en el cuidado de los hijos e hijas, así como de eliminar las barreras a la contratación de las mujeres;

w) Promover programas para mejorar el acceso de las mujeres al mercado laboral y al empleo, considerando su control sobre los recursos; promover igualmente reformas políticas y legales que impidan la discriminación en función del género y establezcan mecanismos que ayuden a poner fin a la división del trabajo entre hombres y mujeres y a la segmentación del empleo;

x) Crear mecanismos de estímulo para la contratación y la capacitación de mujeres en las empresas, y procurar que en los programas de los sectores público y privado se otorgue financiamiento para actividades de capacitación que también las beneficien;

y) Establecer mecanismos nacionales que permitan vigilar el cumplimiento de las normas laborales nacionales e internacionales;

z) Crear instancias que permitan la máxima difusión de información sobre empleos, salarios y normas legales; difundir ampliamente las leyes que consagran los derechos de las y los ciudadanos, y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y realizar campañas en las que se promueva la imagen de las mujeres como sujetos con derechos, capaces de crear nuevos marcos de referencia para ellas mismas;

aa) Analizar el diseño y la aplicación de las políticas macroeconómicas y de ajuste estructural, así como su impacto en la calidad de vida de las mujeres, con la participación de los gobiernos, la CEPAL, las instituciones financieras multilaterales y el movimiento organizado de mujeres, con el propósito de tomar medidas adecuadas para corregir cualquier efecto negativo de dichas políticas;

bb) Instar a las organizaciones regionales e internacionales a que presten cooperación financiera y técnica para la realización de investigaciones y otras actividades relacionadas con las mujeres y la pobreza, prestando particular atención al trabajo no remunerado y mal remunerado de las mujeres, entre otras cosas;

cc) Desarrollar materiales didácticos, metodologías y programas de estudio adecuados en términos de género, así como programas de capacitación de maestros que permitan eliminar los estereotipos de género y ofrecer educación y capacitación no discriminatorias orientadas al desarrollo físico e intelectual de niñas y niños, reconociendo que la capacitación de maestros es un elemento esencial de los programas adecuados desde el punto de vista del género para eliminar la diferencia de expectativas con respecto a las niñas y los niños que refuerzan la división del trabajo en función del sexo; favorecer investigaciones sobre técnicas que permitan ampliar la capacidad de los maestros para impartir instrucción en la que se tenga en cuenta la dimensión de género, dándoles amplia difusión con el objeto de contribuir al desarrollo de programas de estudio multiculturales en los que se tome en cuenta la dimensión de género en todos los campos;

dd) Dar apoyo a la creación de centros de investigación sobre educación —o fortalecerlos en caso de que ya existan— que tengan por misión dar a conocer las conclusiones de las investigaciones en la región, a fin de evitar la duplicación de actividades y el uso ineficiente de recursos, y de aprovechar al máximo los escasos medios disponibles;

ee) Diseñar y poner en práctica políticas orientadas a elevar el ingreso potencial de las mujeres (políticas salariales, de capacitación, de reciclaje ocupacional y de apoyo a microempresas), asegurando condiciones laborales adecuadas, a fin de contribuir a aliviar la situación de los hogares pobres;

ff) Realizar programas regulares de capacitación sobre conciencia de género y planificación con perspectiva de género para funcionarios públicos, del gobierno nacional y los gobiernos locales, para ayudarles a analizar los diferentes efectos que tienen las políticas y los programas sectoriales para hombres y mujeres, y para garantizar la igualdad de oportunidades;

gg) Agilizar la adopción de medidas con el objeto de fomentar una política activa y explícita de incorporación de la perspectiva de género en las políticas y los programas que se adopten en todas las esferas políticas, económicas y sociales, mediante lo siguiente:

i) análisis y planificación con perspectiva de género;

ii) sistemas de dirección con enfoque de género;

iii) evaluación de los resultados en términos de género;

hh) Formular e implementar a nivel nacional programas piloto que apliquen la dimensión de género en el proceso de planificación, por ejemplo sobre erradicación de la pobreza —que supone un enfoque multisectorial—, a fin de valorar la viabilidad y efectividad de este tipo de planificación;

ii) Insistir en la prevención de la violencia contra las mujeres y los niños, y en el procesamiento judicial de los infractores, e instar a la promulgación de leyes en los casos que proceda; fomentar la prestación de asistencia legal a las mujeres más pobres a fin de garantizarles el acceso a dicha legislación en caso de que exista, y también a servicios de apoyo a las víctimas, así como de rehabilitación a quienes cometen actos de violencia contra las mujeres; formular programas adecuados de capacitación, defensa de la mujer y concientización para funcionarios del sistema judicial y de las áreas médica, social y educativa, de los medios de comunicación y de la policía, para que tomen conciencia de las características de los actos y amenazas de violencia contra la mujer, a fin de velar por el trato justo de las víctimas y garantizar el cumplimiento de las leyes sobre violencia contra las mujeres y los niños;

jj) Realizar estudios y adoptar medidas para que, dentro del marco institucional, se dé efectivo cumplimiento a los acuerdos internacionales relacionados con las mujeres;

kk) Apoyar al Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en el desempeño de la labor de vigilancia de la Convención correspondiente;

ll) Contribuir al proceso de revisión y redacción del Proyecto de Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer;

mm) Apoyar y promover la activa participación ciudadana, especialmente de las mujeres, en asegurar el cumplimiento responsable de los compromisos estatales de desarrollo;

nn) Promover acciones y programas afirmativos con el fin de eliminar la desigualdad por razones de edad, étnicas, raciales y socioeconómicas, y facilitar el acceso al desarrollo de los grupos que han sido discriminados y marginados;

oo) Seguir desplegando esfuerzos para asignar y distribuir recursos nuevos y adicionales provenientes de todas las fuentes disponibles de fondos para el desarrollo;

pp) Formular y perfeccionar programas encaminados a proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en conformidad con las disposiciones adoptadas en las conferencias de El Cairo y Beijing;

qq) Desarrollar y fortalecer programas dirigidos específicamente a las mujeres, para la salud integral, que sean preventivos y asistenciales, accesibles y extendidos a áreas urbanas y rurales, y que les aseguren una atención adecuada y de calidad, considerando los problemas más difundidos que limitan su actividad y su vida, entre otros, la anemia por falta de hierro, la desnutrición y los frecuentes trastornos psicológicos y mentales, escasamente considerados;

rr) Promover la información, la educación y los servicios adecuados de prevención y ayuda sobre salud sexual reproductiva para adolescentes, reconociendo que el embarazo en la adolescencia tiene efectos sociales y económicos;

ss) Respaldar las propuestas que hacen hincapié en la educación para el ejercicio de la plena ciudadanía y procurar que los gobiernos garanticen, por intermedio de las oficinas de la mujer y en colaboración con organizaciones de la sociedad, la realización de programas de capacitación sobre liderazgo dirigidos a mujeres para el desempeño de cargos públicos; dichos programas deberían permitir el desarrollo de la autoestima y la capacidad técnica y política de las mujeres gestoras de políticas públicas, con una perspectiva de género;

tt) Aumentar la cobertura y la calidad de la educación y eliminar las barreras existentes para que las niñas y adolescentes puedan gozar de este derecho fundamental para el ejercicio pleno de la ciudadanía; ampliar la cobertura de los programas de alfabetización para mujeres adultas;

uu) Enfrentar con eficacia los problemas de la pobreza de las mujeres y de su ausencia de las instancias de adopción de decisiones, lo que requiere ocuparse paralelamente de la masculinidad y de las actitudes y los comportamientos tradicionales de los hombres, así como de su impacto sobre la sexualidad y las relaciones de poder y de dominio que ejercen sobre las mujeres, reconociendo que éste es un motivo de creciente preocupación en muchos países de la región y debería ser examinado con miras a fomentar actitudes y comportamientos más positivos de los hombres en las esferas privada y pública;

vv) Promover la realización de investigaciones sobre las mujeres y la gobernabilidad y la socialización de género, con el fin de formular estrategias destinadas a ampliar su participación en el poder y en la adopción de decisiones a todo nivel, y

ww) Fomentar el acceso de las mujeres a los medios de comunicación modernos y a la tecnología de punta, a través de un proceso continuo de capacitación.

[1] Tomado del Informe de la Séptima Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe (LC/G.2016(CRM.7/7)).

[2] El Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2001, que fue aprobado por los gobiernos en la sexta Conferencia Regional, actualiza el Plan de Acción Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina, aprobado en La Habana, en 1977, durante la Primera Conferencia Regional.

[3] Los temas prioritarios figuran en el informe del cuadragésimo período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, realizado en marzo de 1995.

[4] Especialmente en lo que se refiere al diagnóstico y propuestas contenidos en los documentos “Acceso al poder y participación en la toma de decisiones. América Latina y el Caribe: políticas de equidad de género hacia el año 2000” (LC/L.1063(CRM.7/4)) y “Desarrollo sostenible, pobreza y género. América Latina y el Caribe: medidas hacia el año 2000” (LC/L.1064(CRM.7/5)).

[5] Véase el texto completo del Consenso de São Paulo en CEPAL, Informe de la Primera Conferencia Regional de Seguimiento de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (LC/G.1972(CONF.86/4)), Santiago de Chile, 1997.

[6] La sexta Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe, convocada por la CEPAL, se realizó en Mar del Plata, en septiembre de 1994, en cumplimiento de su resolución 509(XXIII).

[7] Tal como ha sido reconocido por los países en varios instrumentos internacionales, especialmente la Plataforma de Acción de Beijing (1995) y el Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2001.

CONSENSO DE LIMA (2000)

Consenso de Lima aprobado en la Octava Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (Lima, 2000)[1]

Los países participantes en la Octava Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe,

Recordando que han transcurrido seis años desde la adopción del Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2001, cinco años desde la adopción de la Plataforma de Acción de Beijing y tres años desde la Séptima Conferencia Regional, donde se identificaron los obstáculos y áreas prioritarias de acción establecidas en el Consenso de Santiago,

Considerando el Consenso de Puerto España, aprobado en la Tercera Conferencia Ministerial del Caribe sobre la Mujer, en octubre de 1999,

Reiterando su adhesión a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, como marco jurídico de los compromisos asumidos en la Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe y de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, así como nuestra responsabilidad primordial en la implementación y rendición de cuentas de dichos acuerdos,

Reconociendo que existe un consenso global respecto de la pertinencia y necesidad impostergable de cumplir con todos los compromisos asumidos en las reuniones intergubernamentales regionales y mundiales, en especial la Conferencia de Naciones Unidas sobre el medio Ambiente y el Desarrollo (1992), la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (1993), la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (1994), la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (1995) y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995), y sus procesos quinquenales de revisión, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II) (1996) y la Cumbre Mundial de la Alimentación (1996),

Reconociendo los esfuerzos realizados por los gobiernos de la región en sentido de institucionalizar la perspectiva de género en las políticas públicas, creando mecanismos encargados de formular políticas de equidad e igualdad,

Afirmando la necesidad de acelerar, profundizar y consolidar los avances logrados hasta la fecha enfrentando activamente las restricciones y obstáculos provocados por la persistencia de políticas y prácticas culturales que al no tomar en consideración la perspectiva de género acentúan la inequidad, particularmente la de género,

Preocupados por la persistencia de discriminación en el goce de los derechos humanos universales, indivisibles, inalienables e interdependientes,

Considerando que es prioritario superar en el plazo más breve posible todos los obstáculos que impiden el desarrollo humano sustentable, la erradicación de la pobreza, el logro de la justicia social y la presencia paritaria de las mujeres en la vida política, así como el acceso de éstas a una ciudadanía plena en los países de la región,

Reconociendo que a pesar de los logros evidentes y reales alcanzados por las mujeres y niñas de América Latina y el Caribe, la estructura fundamental de las relaciones entre los géneros sigue siendo desventajosa para la mayoría de las mujeres y niñas,

Preocupados por las profundas inequidades económicas y sociales y la escalada de la cultura de la violencia, incluida la violencia sobre la base del género, que se evidencia en América Latina y el Caribe,

Reconociendo que la globalización económica, la liberalización del comercio, los programas de ajuste estructural y la deuda externa y los consiguientes patrones de migración son factores que, entre otros, pueden tener repercusiones concretas y a veces negativas en la vida y la situación de las mujeres, en particular de las regiones económicamente menos desarrolladas, y pueden provocar la desintegración de familias, comunidades y naciones,

Preocupados por la asignación de insuficientes recursos para el desarrollo y para la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing, aprobada por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer,

Reconociendo la importancia de contribuir a lograr una presencia equitativa de las mujeres en los medios de comunicación y una representación digna en los mismos,

Reconociendo el importante aporte de las organizaciones no gubernamentales, especialmente de las mujeres de América Latina y el Caribe, incluyendo las establecidas a partir de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, en la implementación, monitoreo y evaluación de la Plataforma de Acción de Beijing y del Programa de Acción Regional, así como en el diseño y la implementación de políticas públicas orientadas a la equidad e igualdad de género,

Acogiendo con beneplácito los documentos preparados por la Secretaría para la Octava Conferencia Regional, especialmente el documento “El desafío de la equidad de género y de los derechos humanos en los albores del siglo XXI”, y reconociendo que éste refleja el enfoque compartido por los gobiernos de la región luego de sucesivas evaluaciones e informes recogidos, en muchos casos, con participación de la sociedad civil,

Habiendo analizado el tema “Equidad de género: base de una sociedad justa” y en ese contexto habiendo analizado específicamente dos áreas estratégicas del Programa de Acción Regional: 1) equidad de género, y 2) derechos humanos, paz y violencia,

Los países participantes en la Octava Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, se comprometen a:

a) Fortalecer la implementación del Programa de Acción Regional, inclusive más allá del año 2001, así como promover la efectiva implementación de la Plataforma de Acción de Beijing y participar activamente en el proceso de evaluación y seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer;

b) Promover la aplicación efectiva de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y de la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, como marco jurídico para todas las acciones programáticas de los dos instrumentos mencionados en el párrafo anterior, y exhortar a los Estados Parte a que revisen sus reservas a ambas convenciones;

c) Instar a los Estados de la región a que suscriban, ratifiquen e implementen el Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer;

d) Reorientar las políticas públicas, colocando la equidad social y de género en el centro de las preocupaciones gubernamentales, y lograr tal objetivo basando sistemáticamente estas políticas en evaluaciones de su diferente impacto sobre hombres y mujeres para vigilar su aplicación;

e) Crear o fortalecer los mecanismos institucionales para la promoción de la mujer y la igualdad de oportunidades, dotándolos de recursos adecuados de toda índole, personalidad jurídica y autonomía presupuestal, así como del respaldo político al más alto nivel para que, entre otros, impulsen y vigilen la aplicación de políticas de género en forma transversal;

f) Impulsar políticas socioeconómicas que promueven crecimiento y desarrollo sustentable con equidad e igualdad, para combatir la transmisión intergeneracional de la pobreza a través de la asignación, redistribución e incremento de recursos;

g) Recalcar la necesidad de aplicar un enfoque coherente, coordinado y participativo entre todos los partícipes del desarrollo para ejecutar los planes y programas nacionales de erradicación de la pobreza, que tomen plenamente en cuenta la perspectiva de género;

h) Promover medidas positivas para superar cualquier efecto negativo de la globalización y liberalización del comercio, y asegurar el acceso justo y equitativo a sus beneficios y oportunidades;

i) Orientar las políticas del Estado para corregir las desigualdades y garantizar los derechos humanos de las mujeres y niñas, prestando especial atención a las mujeres rurales, a las indígenas, a las negras, a las discapacitadas, a las desarraigadas, a las migrantes y a las refugiadas, focalizando su acción en la eliminación de la brecha existente entre igualdad de hecho y de derecho y tomando en cuenta el carácter pluricultural, multiétnico y multilingüe de los países de la región;

j) Fortalecer la democracia en la región mediante la adopción de políticas y medidas que faciliten el disfrute por parte de las mujeres de sus plenos derechos de ciudadanía en condiciones equitativas y su participación en la adopción de decisiones en todos los sectores y en todos los niveles, teniendo presente que la democracia está basada en la voluntad del pueblo, expresada libremente para determinar sus propias estructuras y arreglos económicos, políticos, sociales y culturales;

k) Apoyar el fortalecimiento y el trabajo de las organizaciones y redes de mujeres en la sociedad civil, para ampliar su capacidad de ejercer influencia en la vida pública de los países en lo que respecta a la búsqueda de solución al problema de la desigualdad de la mujer y su participación en el diseño, evaluación y monitoreo de las políticas públicas;

l) Respaldar la ejecución de planes y programas de acción destinados a asegurar a niñas y niños el acceso a la educación y una adecuada cobertura y calidad de la misma, así como promover la eliminación de toda forma de discriminación sexista de los procesos y contenidos educativos y eliminar los estereotipos que se reproducen por estas vías;

m) Promover un cambio cultural que involucre a todos los estamentos de la sociedad en el proceso de potenciación de la mujer y en la búsqueda de la equidad y la igualdad de género, incorporando particularmente a los hombres como parte integrante y activa de este cambio;

n) Garantizar la protección de los derechos humanos de las mujeres, incluidos los derechos sexuales y reproductivos, y hacer frente a las violaciones de estos derechos prestando particular atención a todas las formas de violencia sobre la base del género y a sus causas básicas, incluida la reproducción de una cultura de violencia;

o) Garantizar a nivel nacional la atención preventiva e integral de la salud de las mujeres y el acceso equitativo a servicios de salud de calidad en todas las etapas de su vida, considerando la incidencia diferencial del género en los procesos de salud y enfermedad;

p) Formular y perfeccionar programas encaminados a proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en conformidad con las disposiciones adoptadas en El Cairo por la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y en Beijing por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer;

q) Promover medidas que aseguren una mejor calidad de vida de la mujer en todas las etapas de su vida, especialmente en la tercera edad;

r) Prevenir y combatir todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas y sus causas básicas;

s) Promover y movilizar, con el apoyo de la cooperación internacional, los recursos necesarios para la protección y atención a las mujeres, a las niñas y a los niños víctimas de conflicto armado;

t) Promover la paz de acuerdo con los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, como condición indispensable para alcanzar el desarrollo social y económico con equidad;

u) Desarrollar estrategias tendientes a lograr más y mejores empleos para las mujeres, y sistemas equitativos de protección social;

v) Promover el reconocimiento de la contribución social y económica del trabajo no remunerado de las mujeres, predominantemente en el hogar, e instar a los gobiernos a incluir a las mujeres que lo realizan en los sistemas de seguridad social;

w) Promover acciones que estimulen el acceso equitativo de las mujeres a las comunicaciones y las nuevas tecnologías de información, y que contribuyan a contrarrestar estereotipos sobre las mujeres en los medios;

x) Fortalecer el sistema de recolección y procesamiento de datos estadísticos desagregados por sexo y adoptar indicadores de género que contribuyan al diagnóstico de la situación de las mujeres y a la implementación de políticas públicas a nivel nacional y regional, y hagan posible un mejor seguimiento y evaluación de los acuerdos regionales e internacionales;

y) Instar a los organismos de cooperación internacional bilaterales y multilaterales a que fortalezcan los programas de apoyo técnico y financiero sobre la base del respeto mutuo y promuevan el intercambio de experiencias, considerando que la cooperación internacional es un medio eficaz para promover la igualdad y equidad y los derechos humanos;

Los países participantes en la Octava Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe deciden:

1. Declarar que el Consenso de Lima constituye la contribución regional al período extraordinario de sesiones de la Asamblea General titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”;

2. Poner a consideración del vigesimoctavo período de sesiones de la CEPAL (México, D.F., 3 al 7 de abril de 2000) los acuerdos adoptados por la presente Conferencia.

[1] Tomado del Informe de la Octava Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (LC/G.2087(CRM.8/6)).

CONSENSO DE MÉXICO, D.F. (2004)

Consenso de México aprobado en la Novena Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (México, D.F., 2004)[1]

Los gobiernos de los países participantes en la novena Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe,

Reunidos en Ciudad de México del 10 al 12 de junio de 2004,

Recordando que el próximo año se cumplen tres décadas desde la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer (primera Conferencia Mundial), celebrada en México en 1975, una década de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y cinco años del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”, de la Cumbre del Milenio y de la octava Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe,

Teniendo en cuenta que durante la octava Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, realizada en Lima, Perú, en febrero de 2000, se acordó extender más allá del año 2001 la vigencia del Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe,

Teniendo presente que la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe es un órgano subsidiario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y que su Mesa Directiva en su trigésima quinta reunión acordó que la novena Conferencia se concentraría en el examen de la implementación y el cumplimiento de los acuerdos internacionales y regionales y que en dicha reunión se analizarían dos temas de importancia estratégica para la región: i) pobreza, autonomía económica y equidad de género y ii) empoderamiento, participación política y desarrollo institucional,

Reconociendo la contribución del movimiento de mujeres, en todas sus expresiones, al desarrollo de políticas públicas con perspectiva de género en la región, tomando en cuenta la diversidad étnico-racial y generacional, y en particular al desarrollo de mecanismos para el adelanto de las mujeres a nivel internacional, regional y nacional,

Destacando la significativa contribución de las mujeres a la disminución de la pobreza, el fortalecimiento de la democracia, la igualdad de género, la justicia social y el desarrollo en los países de la región,

Expresando su inquietud por los efectos sociales negativos de las políticas de ajuste estructural y, bajo ciertas circunstancias, la apertura comercial, uno de cuyos aspectos es la fragmentación de las políticas sociales, y por la pesada carga del servicio de la deuda externa,

Reconociendo que la globalización tiene beneficios y costos que no se distribuyen de forma equitativa, tanto entre los países como a su interior, y que a los países en desarrollo les resulta particularmente difícil responder a este reto,

Reconociendo los avances logrados en los ámbitos legislativo, educativo, de la salud, del trabajo, de la lucha contra la violencia, del desarrollo sostenible y del diseño de políticas públicas con equidad de género,

Reconociendo también que esos avances son insuficientes y que aún se enfrentan múltiples obstáculos, por lo que se requiere redoblar los esfuerzos y los recursos disponibles, a fin de alcanzar las metas y los objetivos compartidos,

Reconociendo asimismo la importancia de promover y fortalecer medidas de acción afirmativa que favorezcan el acceso a recursos y el empoderamiento de las habitantes de las áreas rurales, las indígenas, las afrodescendientes, las jóvenes y las mujeres de la tercera edad,

Deplorando las diversas formas de violencia y sus manifestaciones que afectan a las mujeres y a las niñas, los niños y los adolescentes de la región,

Reconociendo la magnitud del fenómeno migratorio en la región y la necesidad de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de las y los migrantes, junto con reconocer las remesas como una fuente importante de divisas para sus países de origen, así como su aportación positiva a las sociedades que los reciben,

1. Acogemos con beneplácito el documento elaborado por la Secretaría, titulado “Caminos hacia la equidad de género en América Latina y el Caribe”, y reconocemos que refleja un enfoque compartido por los gobiernos de América Latina y el Caribe luego del correspondiente proceso de consultas con representantes de los Estados miembros participantes en la Conferencia, que incluyó cinco reuniones subregionales, dos de ellas a través del uso de tecnologías de comunicación;

2. Reafirmamos los acuerdos de las tres reuniones subregionales preparatorias de la novena Conferencia para el Caribe, Centroamérica y México y América del Sur, celebradas respectivamente en San Vicente y las Granadinas, Honduras y Brasil como contribución a esta Conferencia;

3. Reafirmamos también nuestro compromiso con los objetivos de la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994), el Programa de Acción de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995), el Programa de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (Durban, 2001) y la Declaración del Milenio (Nueva York, 2000) adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas; y con todos los acuerdos posteriores en los que se reafirma la adhesión de los gobiernos a esta agenda internacional[2];

4. Reiteramos que la plena y eficaz implementación de la Plataforma de Acción de Beijing, el Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, el Plan de Acción de la CARICOM y los compromisos enunciados en el párrafo anterior es una contribución esencial para el logro de los objetivos de desarrollo que figuran en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas;

5. Tomamos nota con satisfacción que la mayoría de las delegaciones nacionales acreditadas ante esta novena Conferencia cuentan con representantes de la sociedad civil y parlamentarias, de conformidad con lo acordado en la trigésima quinta reunión de la Mesa Directiva;

6. Los gobiernos de los países participantes en la novena Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe reafirmamos nuestra decisión de hacer lo siguiente:

i) Adoptar medidas, en todas las esferas y en particular las de los ámbitos político, social, económico y cultural, incluidas medidas legislativas y reformas institucionales, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de las mujeres de todas las edades, con el objetivo de garantizarles el acceso a la justicia y el ejercicio y goce de todos los derechos humanos, incluidos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los hombres;

ii) Realizar esfuerzos por incorporar la perspectiva de género, tomando en cuenta la diversidad étnico-racial y generacional, en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas mediante la aplicación de instrumentos de seguimiento y evaluación, garantizando la transparencia en la gestión pública, con el fin de institucionalizar la rendición de cuentas y la difusión de información sobre el progreso en el cumplimiento de las metas y la real participación ciudadana de las mujeres;

iii) Asegurar la plena inclusión de la perspectiva de género, tomando en cuenta la diversidad étnico-racial y generacional, en el diseño y la ejecución de los planes nacionales de desarrollo, y de las políticas y los programas públicos en todos los ámbitos de la acción del Estado, así como en los presupuestos destinados a financiarlos;

iv) Diseñar e implementar políticas públicas que ayuden a superar las condiciones de pobreza que afectan a las mujeres de la región, en especial de los países menos desarrollados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, en las que se reconozca el impacto diferenciado que tiene en hombres y mujeres la desigual distribución de beneficios y costos de la globalización;

v) Adoptar políticas proactivas que promuevan la creación de empleos, incluyendo acciones afirmativas que aseguren igualdad de condiciones en el mercado laboral entre mujeres y hombres, y fortalezcan la capacidad emprendedora de las mujeres y se asegure el pleno respeto de sus derechos laborales a individuales, así como también su acceso equitativo a los beneficios de la protección social;

vi) Reconocer el valor económico del trabajo doméstico y productivo no remunerado, procurar protección y apoyo para las mujeres que trabajan en el sector informal, particularmente en relación con los servicios de cuidado de niños y niñas y personas adultas mayores, e implementar políticas que permitan conciliar la vida familiar y laboral, involucrando a hombres y mujeres en este proceso;

vii) Alentar a los Estados a integrar consideraciones sobre el impacto de género, tomando en cuenta la diversidad étnico-racial y generacional en el desarrollo de políticas nacionales y la formulación de posiciones relacionadas con las negociaciones de acuerdos comerciales bilaterales y regionales, así como a incluir la equidad e igualdad de género, como tema prioritario en las estrategias de desarrollo de la capacidad comercial en los planos nacional y regional;

viii) Revisar y examinar las políticas y la legislación, a fin de fortalecer la obligatoriedad del pago de la asistencia económica de niños, niñas, adolescentes y otros dependientes, así como instar a los Estados a convenir tratados para la persecución y/o el cobro de las obligaciones a los evasores;

ix) Impulsar políticas educativas que respondan a las necesidades del desarrollo de los países, favoreciendo la educación de todas las mujeres y su acceso a las actividades económicas, tecnológicas y científicas que contribuyen a su inserción equitativa en un mundo globalizado;

x) Fomentar una cultura de respeto de los derechos humanos de las mujeres e impulsar amplios programas de concientización en todos los niveles de la enseñanza. También incorporar la educación en derechos humanos con perspectiva de género, raza y etnia en todos los niveles de la enseñanza;

xi) Revisar e implementar la legislación que garantice el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos y el acceso sin discriminación a los servicios de salud, incluida la salud sexual y reproductiva de conformidad con el Consenso de Lima;

xii) Fortalecer los esfuerzos de prevención, diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, en particular el VIH/SIDA, salvaguardando los derechos de todas las mujeres y las niñas que viven con el virus, y garantizar el acceso, sin discriminación, a información, atención, educación y servicios de prevención del VIH/SIDA;

xiii) Reforzar la plena participación de las mujeres en la preservación y el manejo del medio ambiente para lograr el desarrollo sostenible;

xiv) Adoptar medidas para promover y proteger los derechos humanos de los y las migrantes, de conformidad con los preceptos constitucionales y los instrumentos internacionales vigentes;

xv) Adoptar las medidas integrales que sean necesarias para eliminar todas las formas de violencia y sus manifestaciones contra todas las mujeres, incluidas la violencia familiar, el abuso y acoso sexual, el incesto, la explotación sexual y el tráfico y trata de mujeres y niñas, la prostitución forzada, los asesinatos y las violaciones sistemáticas, y la violencia en situaciones de conflicto armado, entre otras, así como eliminar las medidas unilaterales contrarias al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas;

xvi) Promover el acceso de todas las mujeres a las tecnologías de la información y la comunicación con miras tanto a erradicar la pobreza como a promover el desarrollo;

xvii) Profundizar el desarrollo de un sistema de información basado en estadísticas desagregadas por sexo para incorporar efectivamente la perspectiva de género, tomando en cuenta la diversidad étnico-racial y generacional, en todos los programas y políticas de gobierno, otorgando particular atención a la pobreza, el trabajo no remunerado, el uso del tiempo, la violencia de género y la migración internacional;

xviii) Diseñar y revisar las leyes, a fin de asegurar que, allí donde exista el derecho a la posesión privada de tierras y de propiedades, se reconozca a las mujeres plenos e iguales derechos a poseer tierras y otras propiedades, incluso en virtud del derecho a heredar, y mediante la realización de las reformas administrativas y la adopción de las demás medidas necesarias para otorgar a las mujeres los mismos derechos que los hombres al crédito, el capital, la tecnología apropiada y el acceso a los mercados y la información;

xix) Garantizar a los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer los recursos financieros y humanos, y reforzar su capacidad política y la consolidación de su rango institucional al más alto nivel, a fin de que puedan cumplir sus mandatos con eficacia y eficiencia;

xx) Estrechar la colaboración entre los mecanismos nacionales para la mujer, los organismos regionales e internacionales;

xxi) Promover la participación plena e igualitaria de hombres y mujeres en todos los niveles de toma de decisiones en el Estado, la sociedad y el mercado y fomentar la participación de la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de mujeres en los procesos de adopción de decisiones en los ámbitos local, nacional, regional y global a fin de avanzar en la construcción y ejercicio de la ciudadanía plena de todas las mujeres de la región;

xxii) Desarrollar instrumentos de seguimiento y evaluación de las políticas públicas con el fin de incorporar una perspectiva de género, tomando en cuenta la diversidad étnico-racial y generacional, en todas las acciones del Estado;

xxiii) Invitar a los parlamentos de la región a que revisen sus legislaciones, a fin de armonizarlas con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y de no discriminación de las mujeres, niños, niñas y adolescentes;

xxiv) Exhortar a los gobiernos que aún no lo han hecho a considerar la ratificación y aplicación efectiva de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su Protocolo facultativo, así como de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la adopción de un mecanismo efectivo para la aplicación y seguimiento de esta última por los Estados parte;

xxv) Promover la cooperación internacional en apoyo a las actividades de los mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres destinadas a la implementación de la Plataforma de Acción de Beijing e instar a los organismos y las organizaciones especializadas de las Naciones Unidas a que, de conformidad con sus mandatos, sigan apoyando los esfuerzos nacionales en pro de la igualdad de derechos y la creación de oportunidades para las mujeres en la región, a través de programas de cooperación, estudios y análisis, entre otros;

7. Acogemos con beneplácito la agenda de investigación que figura en el documento “Caminos hacia la equidad de género en América Latina y el Caribe” y solicitamos a la Secretaría de la CEPAL que, en colaboración con gobiernos de la región y otros organismos internacionales, realice las tareas que fueren necesarias para su cumplimiento;

8. Declaramos que el Consenso de México constituye la contribución regional a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en su cuadragésimo noveno período de sesiones, previsto para marzo del 2005;

9. Solicitamos a la Presidencia que someta a la consideración de la CEPAL, en su trigésimo período de sesiones, previsto para junio-julio del 2004 el presente Consenso;

10. Agradecemos al pueblo y al Gobierno de México las facilidades otorgadas para la realización de esta Conferencia y su calurosa hospitalidad.

[1] Tomado del Informe de la Novena Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (LC/G.2256(CRM.9/6)).

[2] Naciones Unidas, Plataforma de Acción y Declaración de Beijing. Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (A/CONF.177/20), Beijing, 1995; Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (A/CONF.171/13/Rev.1), El Cairo, 1994; Informe de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (A/CONF.166/9), Copenhague, 6 a 12 de marzo de 1995; Informe de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (A/CONF.189/12), Durban, 31 de agosto a 8 de septiembre de 2001; Declaración del Milenio (A/RES/55/2), Nueva York, septiembre de 2000.

CONSENSO DE QUITO (2007)

Consenso de Quito aprobado en la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (Quito, 2007)*[1]

Los gobiernos de los países participantes en la décima Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, representados por ministras y mecanismos para el adelanto de las mujeres del más alto nivel, reunidos en Quito, Ecuador, del 6 al 9 de agosto de 2007,

Considerando que la población de América Latina y el Caribe es diversa, multicultural y multilingüe, compuesta por pueblos indígenas, afrodescendientes, mestizos y diversas etnias, entre otros[2],

Reiterando la resolución 605(XXX) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en la que se toma nota del informe de la novena Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, reafirmando los compromisos emanados del Consenso de México D.F., especialmente la necesidad de evaluar y revertir los efectos negativos de los ajustes estructurales en el trabajo remunerado y no remunerado, la autonomía y las condiciones de vida de las mujeres, y reiterando los acuerdos adoptados en las tres reuniones subregionales preparatorias de la décima Conferencia para el Caribe, Centroamérica y México y Sudamérica, celebradas respectivamente en Saint John’s (Antigua y Barbuda)[3], Ciudad de Guatemala y Santiago de Chile durante el primer semestre de 2007,

Teniendo presente que la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe es un órgano subsidiario de la Comisión Económica para América Latina y Caribe y que su Mesa Directiva, en su trigésima novena reunión, acordó que en la décima Conferencia se analizarían dos temas de importancia estratégica para la región: i) participación política y paridad de género en los procesos de adopción de decisiones en todos los niveles, y ii) la contribución de las mujeres a la economía y la protección social, especialmente en relación con el trabajo no remunerado,

Reafirmando nuestro compromiso de cumplimiento y la plena vigencia de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo relativos a la igualdad, siempre y cuando hayan sido ratificados por los países, la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994), el Programa de Acción de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995), el Programa de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (Durban, 2001), la Declaración del Milenio de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Nueva York, 2000), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2006), y las recomendaciones emitidas por el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, así como todos los acuerdos posteriores en los que se reitera la adhesión de los gobiernos a la agenda internacional contenida en estos textos[4],

Reconociendo la universalidad, la indivisibilidad, la interdependencia y la inalienabilidad de los derechos humanos y los avances hacia la igualdad conquistados a través de la normativa internacional en materia de promoción, protección y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres durante todo su ciclo vital, así como de los derechos colectivos,

Reiterando el vínculo entre los derechos humanos, la consolidación de la democracia representativa y participativa, y el desarrollo económico y social,

Reafirmando el deber de los Estados de garantizar los derechos humanos a través de la debida diligencia y mediante la adopción de todas las medidas necesarias para garantizar su plena vigencia,

Reconociendo que el carácter laico de los Estados contribuye a la eliminación de la discriminación contra las mujeres y garantiza el ejercicio de sus derechos humanos,

Reconociendo el valor social y económico del trabajo doméstico no remunerado de las mujeres, del cuidado como un asunto público que compete a los Estados, gobiernos locales, organizaciones, empresas y familias, y la necesidad de promover la responsabilidad compartida de mujeres y hombres en el ámbito familiar,

Reconociendo la importancia del valor económico y social del trabajo agrícola y de subsistencia no remunerado que realizan las mujeres rurales y campesinas, y siendo conscientes de la necesidad de visibilizar este trabajo y contabilizar su aportación a las economías nacionales y a la cohesión de nuestras sociedades,

Reconociendo la significativa contribución de las mujeres en su diversidad a la economía en sus dimensiones productiva y reproductiva, al desarrollo de múltiples estrategias para enfrentar la pobreza, y a la preservación de los conocimientos y las prácticas fundamentales para el sostenimiento de la vida, especialmente para la seguridad y soberanía alimentaria y la salud,

Reconociendo que la división sexual del trabajo se mantiene como factor estructural de las desigualdades e injusticias económicas que afectan a las mujeres en los ámbitos familiar, laboral, político y comunitario y que, asimismo, propician la desvalorización y falta de retribución de los aportes económicos de las mujeres,

Reconociendo la contribución de las mujeres al retorno y al fortalecimiento de la democracia, la igualdad de género, la justicia social, el desarrollo de los países de la región y la inclusión de poblaciones históricamente discriminadas,

Reconociendo la valiosa aportación de los distintos pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendientes a la gobernabilidad de los Estados, así como a la preservación del patrimonio cultural y la reproducción de los valores socioculturales en sus territorios históricos sobre los cuales se asienta la vida de nuestros pueblos,

Reconociendo la contribución de los movimientos de mujeres y feministas, en toda su diversidad, al desarrollo de políticas públicas con perspectiva de género en la región, en particular a la profundización de la democracia y al desarrollo de la institucionalidad pública de género,

Reconociendo la labor de los mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres consistente en la formulación, el diseño y la gestión de políticas públicas para la igualdad entre mujeres y hombres al más alto nivel de los Estados de la región y, a la vez, conscientes de que los Estados son quienes deben asumir los retos que demanda la garantía de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes de la región,

Reconociendo que la paridad es uno de los propulsores determinantes de la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social y política, y en las relaciones familiares al interior de los diversos tipos de familias, las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, y que constituye una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres,

Condenando las diversas formas de violencia contra las mujeres, especialmente el homicidio de mujeres, el femicidio y el feminicidio,

Rechazando la violencia estructural, que es una forma de discriminación contra las mujeres y un obstáculo para el logro de la igualdad y la paridad en las relaciones económicas, laborales, políticas, sociales, familiares y culturales, y que impide la autonomía de las mujeres y su plena participación en la toma de decisiones,

Reconociendo que el desarrollo económico y social de la región está directamente relacionado con la creación y el establecimiento de sistemas públicos integrales de seguridad social, de acceso y cobertura universales, articulados a un amplio espectro de políticas públicas y capaces de garantizar el bienestar, una vida de calidad y la ciudadanía plena de las mujeres,

Reconociendo que la pobreza en todas sus manifestaciones y el acceso desigual a los recursos en la región, profundizados por las políticas de ajuste estructural en aquellos países en las que fueron aplicadas, continúan siendo un obstáculo para la promoción y protección de todos los derechos humanos de las mujeres, por lo que la eliminación y reducción de las desigualdades políticas, económicas, sociales y culturales deben figurar entre los principales objetivos de todas las propuestas de desarrollo,

Considerando que todas las formas de discriminación, particularmente el racismo, la homofobia y la xenofobia, son factores estructurantes que provocan desigualdades y exclusión en la sociedad, especialmente contra las mujeres, y que, por lo tanto, su erradicación es un objetivo común de todos los compromisos asumidos en esta declaración,

Reconociendo las inequidades de género como determinantes sociales de la salud conducentes a la precariedad de la salud de las mujeres en la región, en especial en los ámbitos relacionados con los derechos sexuales y reproductivos, lo que se expresa en el avance y la feminización de la epidemia del VIH/SIDA y en las altas tasas de mortalidad materna, en virtud de, entre otros, el aborto en condiciones de riesgo, los embarazos de adolescentes y la provisión insuficiente de servicios de planificación familiar, lo que demuestra las limitaciones aún existentes del Estado y de la sociedad para cumplir con sus responsabilidades relativas al trabajo reproductivo,

Considerando necesaria la eliminación del lenguaje sexista en todos los documentos, declaraciones, informes nacionales, regionales e internacionales y la necesidad de promover acciones para la eliminación de los estereotipos sexistas de los medios de comunicación,

Habiendo examinado el documento titulado “El aporte de las mujeres a la igualdad de América Latina y el Caribe”[5],

1. Acordamos lo siguiente:

i) Adoptar medidas en todos los ámbitos necesarios, incluidas medidas legislativas, presupuestarias y reformas institucionales, para reforzar la capacidad técnica y de incidencia política de los mecanismos gubernamentales para el adelanto de las mujeres, así como garantizar que alcancen el más alto nivel jerárquico en la estructura del Estado y se fortalezca la institucionalidad de género en su conjunto, a fin de que puedan cumplir sus mandatos;

ii) Adoptar todas las medidas de acción positiva y todos los mecanismos necesarios, incluidas las reformas legislativas necesarias y las asignaciones presupuestarias, para garantizar la plena participación de las mujeres en cargos públicos y de representación política con el fin de alcanzar la paridad en la institucionalidad estatal (poderes ejecutivo, legislativo, judicial y regímenes especiales y autónomos) y en los ámbitos nacional y local, como objetivo de las democracias latinoamericanas y caribeñas;

iii) Fomentar la cooperación regional e internacional, en particular en materia de género, y trabajar por un orden internacional propicio al ejercicio de la ciudadanía plena y al ejercicio real de todos los derechos humanos, incluidos el derecho al desarrollo, lo que redundará en beneficio de todas las mujeres;

iv) Ampliar y fortalecer la democracia participativa y la inclusión igualitaria, plural y multicultural de las mujeres en la región, garantizando y estimulando su participación y valorando su función en el ámbito social y económico y en la definición de las políticas públicas y adoptando medidas y estrategias para su inserción en los espacios de decisión, opinión, información y comunicación;

v) Fortalecer e incrementar la participación de las mujeres en los ámbitos internacionales y regionales que definen la agenda de seguridad, paz y desarrollo;

vi) Promover acciones que permitan compartir entre los países de la región estrategias, metodologías, indicadores, políticas, acuerdos y experiencias que faciliten el avance hacia el logro de la paridad en cargos públicos y de representación política;

vii) Incentivar mecanismos regionales de formación y capacitación política para el liderazgo de las mujeres, como el recientemente creado instituto caribeño para el liderazgo de las mujeres;

viii) Desarrollar políticas electorales de carácter permanente que conduzcan a los partidos políticos a incorporar las agendas de las mujeres en su diversidad, el enfoque de género en sus contenidos, acciones y estatutos y la participación igualitaria, el empoderamiento y el liderazgo de las mujeres, con el fin de consolidar la paridad de género como política de Estado;

ix) Propiciar el compromiso de los partidos políticos para implementar acciones positivas y estrategias de comunicación, financiación, capacitación, formación política, control y reformas organizacionales internas, a fin de lograr la inclusión paritaria de las mujeres, tomando en cuenta su diversidad en su interior y en los espacios de toma de decisiones;

x) Adoptar medidas legislativas y reformas institucionales para prevenir, sancionar y erradicar el acoso político y administrativo contra las mujeres que acceden a puestos de decisión por vía electoral o por designación, tanto en el nivel nacional como local, así como en los partidos y movimientos políticos;

xi) Incentivar y comprometer a los medios de comunicación a que reconozcan la importancia de la participación paritaria de las mujeres en el proceso político, ofrezcan una cobertura equitativa y equilibrada de todas las candidaturas, y cubran las diversas formas de la participación política de las mujeres y los asuntos que las afectan[6];

xii) Adoptar políticas públicas, incluidas leyes cuando sea posible, para erradicar contenidos sexistas, estereotipados, dicriminatorios y racistas en los medios de comunicación y estimular su función como promotores de relaciones y responsabilidades igualitarias entre mujeres y hombres;

xiii) Adoptar medidas de corresponsabilidad para la vida familiar y laboral que se apliquen por igual a las mujeres y a los hombres, teniendo presente que al compartir las responsabilidades familiares de manera equitativa y superando estereotipos de género se crean condiciones propicias para la participación política de la mujer en toda su diversidad;

xiv) Adoptar medidas en todas las esferas de la vida democrática institucional y, en particular, en los ámbitos económico y social, incluidas medidas legislativas y reformas institucionales, para garantizar el reconocimiento del trabajo no remunerado y su aporte al bienestar de las familias y al desarrollo económico de los países, y promover su inclusión en las cuentas nacionales;

xv) Implementar sistemas públicos integrales de seguridad social, con acceso y coberturas universales, articulados a un amplio espectro de políticas públicas y capaces de garantizar el bienestar, la calidad de vida y la ciudadanía plena de las mujeres;

xvi) Formular políticas y programas de empleo de calidad y seguridad social e incentivos económicos dirigidos a garantizar el trabajo decente remunerado a mujeres sin ingresos propios, en igualdad de condiciones con los hombres, para asegurar en la región su autonomía y el ejercicio pleno de sus derechos;

xvii) Garantizar la eliminación de todas las condiciones laborales discriminatorias, precarias e ilegales y alentar la participación de las mujeres en sectores de trabajo creativos, innovadores y que superen la segregación laboral sexista;

xviii) Formular e implementar políticas públicas para ampliar el acceso sostenible de las mujeres a la propiedad de la tierra y el acceso al agua, a otros recursos naturales y productivos, al saneamiento y otros servicios, y al financiamiento y tecnologías, valorando el trabajo para el consumo familiar y reconociendo la diversidad de iniciativas económicas y sus aportes con particulares medidas de garantía para las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes en sus territorios históricos cuando sea pertinente;

xix) Implementar políticas públicas de acción afirmativa para mujeres afrodescendientes en los países en los que no están plenamente integradas en el desarrollo, y para mujeres indígenas, como medidas de reparación social que garanticen su participación, en igualdad de condiciones, en las esferas políticas, económicas, sociales y culturales de la región;

xx) Formular y aplicar políticas de Estado que favorezcan la responsabilidad compartida equitativamente entre mujeres y hombres en el ámbito familiar, superando los estereotipos de género, y reconociendo la importancia del cuidado y del trabajo doméstico para la reproducción económica y el bienestar de la sociedad como una de las formas de superar la división sexual del trabajo;

xxi) Igualar las condiciones y los derechos laborales del trabajo doméstico al de los demás trabajos remunerados, de conformidad con los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados y las normas internacionales en materia de derechos de las mujeres, y erradicar todas las formas de explotación del trabajo doméstico de las niñas y los niños;

xxii) Eliminar la brecha de ingresos entre mujeres y hombres y la discriminación salarial en todos los ámbitos de trabajo, y proponer derogar los mecanismos legislativos e institucionales que generan discriminación y condiciones de trabajo precarias;

xxiii) Desarrollar instrumentos de medición periódica del trabajo no remunerado que realizan las mujeres y hombres, especialmente encuestas de uso del tiempo para hacerlo visible y reconocer su valor, incorporar sus resultados al sistema de cuentas nacionales y diseñar políticas económicas y sociales en consecuencia;

xxiv) Asegurar que los derechos sexuales y reproductivos que forman parte de los derechos humanos y el acceso universal a la salud integral, que incluye la salud sexual y reproductiva, se consideren como una condición indispensable para garantizar la participación de las mujeres en la vida política y en el trabajo remunerado y, por ende, en posiciones de toma de decisiones para todas las mujeres, prioritariamente para las mujeres jóvenes, las más pobres, las mujeres indígenas, las afrodescendientes, las mujeres rurales y las mujeres con discapacidad;

xxv) Implementar medidas y políticas que reconozcan los vínculos entre las vulnerabilidades sociales y económicas en relación con la posibilidad de las mujeres de participar en la política y en el trabajo remunerado, especialmente el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, agua y saneamiento, prevención, tratamiento y cuidado en materia de VIH/SIDA, prioritariamente para las mujeres más pobres y sus familias;

xxvi) Promover políticas públicas orientadas a fortalecer el acceso y la permanencia de las mujeres adolescentes y jóvenes en la educación, la formación para el trabajo, la salud sexual y reproductiva, el empleo, y la participación política y social para el pleno ejercicio de sus derechos;

xxvii) Adoptar las medidas necesarias, especialmente de carácter económico, social y cultural, para que los Estados asuman la reproducción social, el cuidado y el bienestar de la población como objetivo de la economía y responsabilidad pública indelegable;

xxviii) Adoptar medidas que contribuyan a la eliminación de todas las formas de violencia y sus manifestaciones contra las mujeres, especialmente el homicidio de mujeres, el femicidio y el feminicidio, así como la eliminación de medidas unilaterales contrarias al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, cuyas consecuencias fundamentales recaen sobre las mujeres, niñas y adolescentes;

xxix) Garantizar el acceso a la justicia de las mujeres, las adolescentes y las niñas que han sido víctimas de violencia de género, sin ningún tipo de discriminación, mediante la creación de las condiciones jurídicas e institucionales que garanticen transparencia, verdad, justicia y la consiguiente reparación de la violación de sus derechos, fortaleciendo políticas públicas de protección, prevención y atención para la erradicación de todas las formas de violencia;

xxx) Desarrollar programas integrales de educación pública no sexista encaminados a enfrentar estereotipos de género, raciales y otros sesgos culturales contra las mujeres y promover relaciones de apoyo mutuo entre mujeres y hombres;

xxxi) Revisar y armonizar la normativa a nivel nacional y regional, a fin de tipificar los delitos de tráfico y trata de personas y desarrollar políticas públicas con una perspectiva integral y de género, dirigidas a la prevención y que garanticen la protección de las personas que han sido víctimas;

xxxii) Erradicar las causas y los impactos de las redes de crimen organizado y de los nuevos delitos interrelacionados con modalidades de explotación económica que victimizan diferencialmente a las mujeres y niñas y atentan contra el pleno ejercicio de sus derechos humanos;

xxxiii) Adoptar leyes, políticas públicas y programas basados en investigaciones de las condiciones e impactos que rigen la migración interregional e intrarregional de las mujeres, con el objeto de cumplir con los compromisos internacionales y garantizar la seguridad plena y la promoción y protección de todos sus derechos humanos incluidos mecanismos para la reunificación de las familias;

xxxiv) Promover el respeto de los derechos humanos integrales de las mujeres indocumentadas y tomar medidas que garanticen el acceso pleno a documentos de identidad y ciudadanía para todas las mujeres, especialmente para quienes han estado excluidas de este derecho, como las mujeres indígenas, afrodescendientes y rurales;

xxxv) Hacer esfuerzos encaminados a firmar, ratificar y difundir la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su Protocolo Facultativo, a fin de asegurar su aplicación;

xxxvi) Reafirmar la decisión de impulsar la adopción del día internacional de las mujeres rurales en el seno de las Naciones Unidas, como un reconocimiento explícito de su contribución económica y al desarrollo de sus comunidades, en particular en lo que concierne al trabajo no remunerado que desempeñan.

2. Encomendamos a la Mesa Directiva de la Conferencia que una de sus reuniones anuales se dedique específicamente a evaluar el cumplimiento de los compromisos señalados y acordamos que en la undécima Conferencia Regional, prevista para el año 2010, se realice una evaluación general de mediano plazo de los avances logrados al respecto;

3. Solicitamos a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe que, junto con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, colabore con los Estados miembros que así lo soliciten en el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos adoptados mediante la creación de un observatorio de igualdad que contribuya al fortalecimiento de los mecanismos nacionales de género;

4. Solicitamos a la Presidencia que someta a la consideración de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en su trigésimo segundo período de sesiones que se realizará en República Dominicana en el año 2008, los acuerdos contenidos en el presente Consenso y que, en el marco de la celebración de los 60 años de su formación, realice una actividad de alto nivel para evaluar los aportes de la CEPAL en materia de género en el período;

5. Tomamos nota con satisfacción de que la mayoría de las delegaciones nacionales acreditadas ante esta décima Conferencia cuenta entre sus integrantes con representantes de la sociedad civil, mujeres indígenas y parlamentarias;

6. Saludamos y respaldamos la excelente labor que ha venido realizando a favor de las mujeres de América Latina y el Caribe la Unidad de la Mujer de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe;

7. Expresamos nuestra gratitud a la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet; a la Vicepresidenta primera de España, María Teresa Fernández de la Vega, y al Presidente de Ecuador, Rafael Correa y la Canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, por su participación en esta Conferencia;

8. Agradecemos a la CEPAL y a los organismos de las Naciones Unidas por su contribución a la realización de esta Conferencia;

9. Agradecemos al pueblo y al Gobierno de Ecuador las facilidades otorgadas para la realización de esta Conferencia y su generosa hospitalidad;

10. Agradecemos asimismo el ofrecimiento del Gobierno de Brasil de ser anfitrión de la undécima Conferencia Regional, que acogemos con beneplácito;

11. Agradecemos al Alcalde de la ciudad de Quito, Paco Moncayo Gallegos, por haber declarado ciudadanas ilustres de esta ciudad a todas las asistentes a esta Conferencia y así contribuir a visualizar la presencia de las mujeres en el espacio público;

12. Agradecemos también por su participación a las redes feministas de mujeres.

[1] Tomado del Informe de la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (LC/G.2361(CRM.10/8)).

[2] Véase la Declaración de Mujeres Indígenas de las Américas, que figura en el anexo 8 del Informe de la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (LC/G.2361(CRM.10/8)).

[3] Véase Declaración de Saint John’s, que figura en el anexo 1 del Informe de la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (LC/G.2361(CRM.10/8)).

[4] Naciones Unidas, Plataforma y Declaración de Beijing. Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (A/CONF.177/20), Beijing, 1995, Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (A/CONF.171/13/Rev.1), El Cairo, 1994, Informe de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (A/CONF.166/9), Copenhague, 6 a 12 de marzo de 1995, Informe de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la discriminación Racial, la Xenofobia y las formas Conexas de Intolerancia (A/CONF.189/12), Durban, 31 de agosto a 8 de septiembre de 2001, Declaración del Milenio (A/RES/55/2), Nueva York, septiembre de 2000.

[5] LC/L.2738(CRM.10/3).

[6] Véase el párrafo 2 m) de la resolución 58/142 de la Asamblea General.

CONSENSO DE BRASILIA (2010)

Consenso de Brasilia aprobado en la Undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (Brasilia, 2010)[1]

Los gobiernos de los países participantes en la undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, representados por ministras, delegadas y delegados del más alto nivel dedicados a la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, reunidos en Brasilia, del 13 al 16 de julio de 2010, para discutir el tema de los logros y desafíos para alcanzar la igualdad de género con énfasis en la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres2,

Ratificando el Consenso de Quito y su plena vigencia, además de los consensos regionales adoptados en las anteriores conferencias sobre la mujer de América Latina y el Caribe. Reafirmando asimismo nuestro compromiso con los tratados internacionales sobre la mujer, principalmente la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su Protocolo Facultativo, la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (1994), el Programa de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (Durban, 2001) y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y reafirmando también el compromiso con los demás instrumentos y resoluciones en materia de igualdad de género, empoderamiento y progreso de las mujeres,

Teniendo en cuenta que la región se ha sumado a la Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas “Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres”,

Teniendo presente la necesidad de multiplicar los esfuerzos para alcanzar efectivamente los objetivos convenidos internacionalmente, incluidos los establecidos en la Declaración del Milenio de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Nueva York, 2000),

Teniendo presente asimismo la resolución 54/4 sobre el empoderamiento económico de la mujer, aprobada por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas en su quincuagésimo cuarto período de sesiones (Nueva York, 2010),

Reconociendo que, entre los avances logrados por los países a 15 años de la implementación de la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), pueden destacarse el incremento del acceso de las mujeres a la educación y la atención de la salud, la adopción de marcos legales igualitarios para la construcción y el fortalecimiento de los mecanismos para el adelanto de la mujer, el diseño de planes y programas para la igualdad de género, la definición y puesta en marcha de planes nacionales de igualdad de oportunidades, la aprobación y el cumplimiento de legislación para prevenir todas las formas de violencia contra la mujer, sancionar a quienes la ejercen y garantizar los derechos humanos de las mujeres, la presencia creciente de las mujeres en puestos de toma de decisiones y las medidas dirigidas a la lucha contra la pobreza,

Reconociendo también que persisten obstáculos que muestran la necesidad de redoblar los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer y que limitan o impiden la plena igualdad de género, tales como la feminización de la pobreza, la discriminación en el mercado laboral, la división sexual del trabajo, la falta de protección social y de pleno acceso a la educación y a los servicios de salud, incluida la salud sexual y reproductiva, y el trabajo doméstico no remunerado, la discriminación por raza o etnia, y las medidas unilaterales contrarias al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, cuyas consecuencias fundamentales recaen en las mujeres, niñas y adolescentes,

Reiterando la activa y coordinada contribución a estos procesos por parte de los poderes del Estado, de los organismos internacionales dedicados a la promoción y defensa de los derechos de las mujeres y de la sociedad civil, a través del movimiento de mujeres y feminista,

Reiterando la contribución del movimiento de mujeres y feminista de la región en la profundización de la democracia, la construcción de la igualdad real y del desarrollo de la institucionalidad y las políticas públicas de género,

Reafirmando que el carácter laico de los Estados contribuye a eliminar la discriminación contra las mujeres y a garantizar el ejercicio pleno de sus derechos humanos,

Reafirmando además que la paridad es una condición determinante de la democracia y una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres en la sociedad, que afecta sobre todo a las mujeres afrodescendientes, de los pueblos indígenas y con discapacidad. Reafirmando asimismo que la paridad tiene por objeto alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y de representación social y política, y en las relaciones familiares, sociales, económicas, políticas y culturales,

Considerando también que el trabajo doméstico no remunerado constituye una carga desproporcionada para las mujeres y en la práctica es un subsidio invisible al sistema económico, que perpetúa su subordinación y explotación,

Dado que un efecto del proceso de transición demográfica que atraviesan los países de la región es el envejecimiento de la población, que sobrecarga a las mujeres con la tarea de cuidar a las personas mayores y a las personas enfermas,

Reconociendo que el acceso a la justicia es fundamental para garantizar el carácter indivisible e integral de los derechos humanos, incluido el derecho al cuidado,

Señalando que el derecho al cuidado es universal y requiere medidas sólidas para lograr su efectiva materialización y la corresponsabilidad por parte de toda la sociedad, el Estado y el sector privado,

Resaltando la significativa contribución de las mujeres, en toda su diversidad, a la economía —en las dimensiones productiva y reproductiva— y al desarrollo de múltiples estrategias para enfrentar la pobreza y preservar los conocimientos, incluidos los conocimientos científicos, y las prácticas fundamentales para la supervivencia y el sostenimiento de la vida, especialmente en lo que respecta a la salud integral y a la seguridad alimentaria y nutricional,

Considerando que los avances en materia de igualdad en la región son heterogéneos y que aún persisten desafíos para el logro de la igualdad de género que demandan inversiones permanentes y políticas de Estado en lo relativo a la división sexual del trabajo, el trabajo doméstico no remunerado, la eliminación de la discriminación en el mercado laboral y la protección social de las mujeres, la prevalencia y persistencia de la violencia contra las mujeres, el racismo, el sexismo, la impunidad y la lesbofobia, la paridad en todos los espacios de toma de decisión y el acceso a servicios públicos, universales y de calidad en materia de concientización, educación y salud, incluida la salud sexual y reproductiva,

Considerando también que el derecho a la propiedad de la tierra, así como al acceso al agua, bosques y biodiversidad en general, es más restringido para las mujeres que para los hombres; que el uso de esos recursos naturales está condicionado por la división sexual del trabajo; que la contaminación ambiental tiene impactos específicos sobre las mujeres en la ciudad y el campo, y que es necesario que el Estado reconozca el aporte de las mujeres a la conservación de la biodiversidad, implemente políticas de acción afirmativa y garantice el ejercicio de sus derechos en este ámbito,

Considerando además que las mujeres están marginadas del acceso y control de los medios de comunicación social y de las nuevas tecnologías de la información y que el Estado debe diseñar políticas específicas que, junto con las universales, garanticen su participación en condiciones de igualdad,

Teniendo en cuenta que las crisis alimentaria, energética y financiera ponen en riesgo la sostenibilidad de los logros alcanzados por las mujeres y subrayan la imperiosa necesidad de acelerar los progresos en materia de igualdad de género,

Considerando que las medidas adoptadas para lograr la estabilidad macroeconómica no han reducido las desigualdades de género y persiste la baja carga tributaria e inversión pública,

Reconociendo que, pese a las medidas para prever, prevenir o reducir al mínimo sus causas y mitigar sus efectos adversos, el cambio climático y los desastres naturales pueden afectar en forma negativa el desarrollo productivo, el uso del tiempo por parte de las mujeres, particularmente en las áreas rurales, y su acceso al empleo,

Reafirmando la necesidad de superar la tendencia a la vinculación exclusiva de las políticas de igualdad con el área social,

Poniendo de relieve la importancia y la necesidad de contar con sistemas de seguridad social amplios, inclusivos, sustentables, redistributivos, solidarios y fortalecidos, que funcionen como mecanismos de protección social para la población en situación de vulnerabilidad, promuevan la justicia social y contribuyan a reducir las desigualdades,

Considerando que la salud integral de las mujeres es un derecho fundamental que implica la interacción de factores sociales, culturales y biológicos y que la desigualdad de género forma parte de los determinantes sociales de la salud,

Teniendo en cuenta que América Latina y el Caribe continúa siendo la región más desigual del mundo y que se agudizan las brechas de género, etnia y raza que registra; que es inaplazable cambiar las bases sociales, políticas, culturales y económicas que sostienen la división sexual del trabajo, y que la clave para lograrlo supone una nueva ecuación entre el Estado, la sociedad en su conjunto, el mercado y las familias, en la que el trabajo doméstico no remunerado y las tareas de cuidado se entiendan y traten como asuntos públicos, de responsabilidad compartida entre todas estas esferas,

Resaltando que la autonomía económica de las mujeres es el resultado de una articulación entre independencia económica, derechos sexuales y reproductivos, una vida libre de violencia y paridad en la política,

Reconociendo la importancia del fortalecimiento de las estructuras del Estado y el papel estratégico que han desempeñado los mecanismos para el adelanto de la mujer, así como la necesidad de dotarlos de autonomía y recursos humanos y financieros que les permitan incidir en forma transversal en la estructura del Estado para la construcción de estrategias de promoción de la autonomía de las mujeres y la igualdad de género,

Reconociendo la persistencia del racismo y la consecuente acumulación de desventajas para las mujeres afrodescendientes y de pueblos indígenas,

Considerando que la salud integral de las mujeres depende de medidas concretas para reducir la morbimortalidad materna y el embarazo adolescente y asegurar una mejor calidad de vida y que el quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio es el que está más lejos de alcanzarse,

Teniendo presente que el crimen organizado y la presencia de grupos fácticos que amenazan la seguridad y el fortalecimiento de la democracia, y los conflictos armados, con los desplazamientos que provocan, tienen especial impacto en la trata de personas, el comercio sexual y la inseguridad de las mujeres,

Reconociendo que el territorio ocupado milenariamente por las mujeres de los pueblos indígenas es la base para su desarrollo económico y cultural,

Deciden, a fin de enfrentar los desafíos para la promoción de la autonomía de las mujeres y la igualdad de género, adoptar los siguientes acuerdos para la acción,

1. Conquistar una mayor autonomía económica e igualdad en la esfera laboral

a) Adoptar todas las medidas de política social y económica necesarias para avanzar en la valorización social y el reconocimiento del valor económico del trabajo no remunerado prestado por las mujeres en la esfera doméstica y del cuidado;

b) Fomentar el desarrollo y el fortalecimiento de políticas y servicios universales de cuidado, basados en el reconocimiento del derecho al cuidado para todas las personas y en la noción de prestación compartida entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil y los hogares, así como entre hombres y mujeres, y fortalecer el diálogo y la coordinación entre todas las

partes involucradas;

c) Adoptar políticas que permitan establecer o ampliar las licencias parentales, así como otros permisos de cuidado de los hijos e hijas, a fin de contribuir a la distribución de las tareas de cuidado entre hombres y mujeres, incluidos permisos de paternidad irrenunciables e intransferibles, que permitan avanzar en la corresponsabilidad;

d) Impulsar el establecimiento, en las cuentas nacionales, de una cuenta satélite sobre el trabajo doméstico no remunerado y el trabajo de cuidado que llevan a cabo las mujeres;

e) Impulsar cambios en el marco jurídico y programático para el reconocimiento del valor productivo del trabajo no remunerado en las cuentas nacionales, para la formulación y aplicación de políticas transversales;

f) Desarrollar políticas activas referidas al mercado laboral y el empleo productivo a fin de estimular la tasa de participación laboral de las mujeres, de la formalización del empleo y de la ocupación de puestos de poder y decisión por parte de las mujeres, así como la reducción de las tasas de desempleo, con particular atención a las mujeres afrodescendientes, de los pueblos indígenas y jóvenes afectadas por la discriminación racial, de sexo y orientación sexual, a fin de asegurar el trabajo digno para todas y garantizar igual salario por trabajo de igual valor;

g) Impulsar y hacer cumplir leyes de igualdad laboral que eliminen la discriminación y las asimetrías de género, raza, etnia y orientación sexual en el acceso y permanencia en el mercado laboral, en la toma de decisiones y en la distribución de las remuneraciones, establezcan mecanismos de presentación de quejas y determinen sanciones para las prácticas de acoso sexual y otras formas de asedio en el espacio laboral;

h) Promover e incidir en la aprobación de una legislación que equipare los derechos de las trabajadoras domésticas[3] con los derechos de los demás trabajadores, reglamentando su protección, promoviendo su valorización social y económica y erradicando el trabajo doméstico infantil;

i) Promover la ratificación e implementación del Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo;

j) Garantizar igual remuneración por trabajo de igual valor entre hombres y mujeres y entre las propias mujeres, de conformidad con los convenios internacionales ratificados, en particular los convenios 100, 111 y 112 de la Organización Internacional del Trabajo, y las normas internacionales en materia de derechos de las mujeres;

k) Promover la adopción de políticas y programas de formación profesional para las mujeres, urbanas y rurales, en áreas competitivas y dinámicas de la economía, para lograr el acceso a las tecnologías y el reconocimiento a las tecnologías tradicionales y una participación femenina más amplia, diversa y calificada en el mercado de trabajo, considerando además las limitaciones impuestas por la doble jornada de trabajo;

l) Garantizar el acceso de las mujeres a activos productivos, incluidos la tierra y los recursos naturales, y el acceso al crédito productivo, tanto urbano como rural;

m) Promover la valorización y el reconocimiento de la contribución económica de las mujeres en el medio rural y en las comunidades tradicionales y pueblos indígenas, así como en los pueblos afrodescendientes o grupos minoritarios y de las mujeres migrantes a través de las remesas;

n) Promover asimismo la autonomía económica y financiera de las mujeres por medio de la asistencia técnica, del fomento a la capacidad empresarial, el asociativismo y el cooperativismo, mediante la integración de las redes de mujeres a procesos económicos, productivos y de mercados locales y regionales;

o) Impulsar y profundizar, en el sector público y privado, en la adopción de sistemas de gestión de igualdad de género que promuevan la no discriminación de las mujeres en el empleo, la conciliación de la vida profesional, privada y familiar, y la prevención y erradicación de todas las formas de violencia de género en el ámbito laboral, principalmente el acoso sexual y otras formas de asedio en el espacio laboral;

p) Establecer legislación orientada a la acreditación de estudios y programas de educación no formal que habiliten a las mujeres adultas para la productividad y el empleo;

q) Adoptar medidas para poner fin a todas las formas de violencia económica ejercida contra las mujeres, particularmente aquellas que atentan contra su dignidad humana o que las excluyen del derecho a recibir recursos financieros con miras a impulsar su autonomía y el respeto a sus derechos en la esfera laboral.

2. Fortalecer la ciudadanía de las mujeres

a) Promover y fortalecer políticas de Estado que garanticen el respeto, la protección y el cumplimiento de todos los derechos humanos de las mujeres, de todas las edades y condiciones, como base sustantiva de los procesos democráticos;

b) Garantizar la libertad religiosa y de culto, siempre que se respeten los derechos humanos de las mujeres;

c) Propiciar que las políticas fiscales combinen criterios de eficacia con criterios de equidad, resaltando su función redistributiva y progresiva, que aseguren la ejecución de políticas que garanticen el desarrollo de las mujeres;

d) Promover y asegurar la transversalización del enfoque de género, raza y etnia, en todas las políticas, especialmente en la política económica y cultural, y la articulación entre los poderes del Estado y los actores sociales para garantizar la igualdad de género;

e) Aumentar la inversión pública en la seguridad social, de manera que aborde en forma integral las demandas específicas de cuidado y protección social que requieren las mujeres en situaciones relacionadas con la enfermedad, la discapacidad, el desempleo y los ciclos vitales, especialmente la infancia y la vejez;

f) Fortalecer la producción de información estadística necesaria desagregada para visibilizar los problemas de desigualdad de género en el ámbito de la autonomía física y económica y de la toma de decisiones;

g) Adoptar el enfoque y medidas de igualdad de género, raza y etnia, en relación con la política económica, fiscal y tributaria, la reforma agraria, el acceso a la propiedad de la tierra, la vivienda y otros recursos productivos, para asegurar la redistribución equitativa de la riqueza;

h) Realizar estudios sobre los efectos de la crisis económica, financiera, alimentaria, energética y ambiental en las mujeres, en especial en los flujos migratorios internos e internacionales y en la reconfiguración de todas las esferas;

i) Avanzar en la adopción de medidas que mejoren la situación de las mujeres migrantes y sus familias, teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad por la que atraviesan, a fin de mejorar su situación laboral y su inclusión social, tanto en su país de origen como de destino;

j) Desarrollar políticas que favorezcan el arraigo de las mujeres campesinas y el empleo rural en las áreas afectadas por procesos de reconversión productiva y asegurar los mecanismos necesarios para su efectiva implementación;

k) Implementar medidas que tiendan a eliminar las limitaciones específicas que afrontan las mujeres en el acceso a los servicios financieros formales como el ahorro, el crédito, los seguros y las transferencias;

l) Garantizar el derecho y acceso de las mujeres a la propiedad de las tierras y las viviendas concedidas mediante los programas habitacionales de los gobiernos, con título de propiedad, respetando el derecho de las mujeres de los pueblos indígenas a su territorio, ya que es la base para el desarrollo económico y cultural;

m) Promover la reformulación de los sistemas previsionales nacionales, a fin de incluir en su cobertura a las trabajadoras insertas en el mercado informal, las productoras familiares campesinas, las trabajadoras autónomas y las trabajadoras domésticas[4], las distintas formas de familia, incluyendo las parejas del mismo sexo, y las mujeres que se dediquen a actividades relacionadas con el cuidado;

n) Impulsar la revisión de los sistemas previsionales nacionales existentes, para que se garanticen los derechos de las mujeres como beneficiarias, contemplando la situación de su incorporación al mercado laboral;

o) Implementar sistemas de gestión de riesgos naturales y antrópicos con enfoque de género, étnico y racial, que permitan atender las causas y consecuencias de los desastres naturales y los impactos diferenciales de estos y del cambio climático en las mujeres, con particular énfasis en la recuperación de medios de vida sustentables, la administración de refugios y albergues, la salud sexual y reproductiva, la prevención de la violencia de género y la superación de las barreras que impiden a las mujeres una rápida inserción o reinserción en el empleo formal, debido a su papel en el proceso de reconstrucción económica y social;

p) Impulsar la reforma del sistema y de las prácticas educativas para que se introduzca en su contenido la transmisión del concepto de corresponsabilidad en la vida familiar y pública;

q) Fomentar la ruptura de estereotipos de género a través de medidas dirigidas a los sistemas educativos, los medios de comunicación y las empresas;

r) Incorporar las variables sexo, etnia y raza, considerando la autoidentificación como criterio básico para el registro de la información en los censos de población y vivienda, encuestas de hogares, encuestas rurales y registros vitales, entre otros;

s) Elaborar y aplicar políticas y planes de educación a lo largo de toda la vida con recursos suficientes, con metas medibles, especialmente dirigidos a mujeres jóvenes y adultas, a fin de reforzar el ejercicio pleno de su ciudadanía.

3. Ampliar la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y en las esferas de poder

a) Incrementar y reforzar los espacios de participación igualitaria de las mujeres en la formulación e implementación de las políticas en todos los ámbitos del poder público;

b) Adoptar todas las medidas que sean necesarias, incluidos cambios a nivel legislativo y políticas afirmativas, para asegurar la paridad, la inclusión y la alternancia étnica y racial en todos los poderes del Estado, en los regímenes especiales y autónomos, en los ámbitos nacional y local y en las instituciones privadas, a fin de fortalecer las democracias de América Latina y el Caribe, con una perspectiva étnico-racial;

c) Contribuir al empoderamiento de los liderazgos de mujeres indígenas para eliminar las brechas existentes y garantizar su participación en espacios de decisión, respetando el consentimiento libre, previo e informado para el diseño e implementación de políticas públicas nacionales y regionales;

d) Promover la creación de mecanismos y apoyar los que ya existen para asegurar la participación político-partidaria de las mujeres que, además de la paridad en los registros de candidaturas, aseguren la paridad de resultados, garanticen el acceso igualitario al financiamiento de campañas y a la propaganda electoral, así como su inserción en los espacios de decisión en las estructuras de los partidos políticos. De la misma forma, crear mecanismos para sancionar el incumplimiento de las leyes en este sentido;

e) Estimular acciones para garantizar el acceso de las mujeres a los espacios de decisión, y fortalecer, entre otros, la sindicalización femenina, tanto en el medio urbano como en el rural, a efectos de avanzar en materia de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres en el ámbito laboral;

f) Impulsar la creación y el fortalecimiento de los mecanismos gubernamentales de políticas para las mujeres a nivel nacional y subnacional, dotándolos de los recursos necesarios y de la más alta jerarquía gubernamental de acuerdo con los contextos nacionales;

g) Promover la representación paritaria en los parlamentos regionales, como por ejemplo el Parlamento del MERCOSUR, el Parlamento Centroamericano, el Parlamento Andino y el Parlamento Latinoamericano;

h) Impulsar la creación y el fortalecimiento de la observación ciudadana sobre los procesos electorales y el establecimiento de mecanismos institucionales para el cumplimiento de las legislaciones que garantizan la participación política de las mujeres;

i) Crear mecanismos de apoyo a la participación pública y política de las mujeres jóvenes, sin discriminación de raza, etnia y orientación sexual, en espacios de toma de decisiones y el respeto a sus expresiones organizativas propias, propiciando condiciones para la prevención de la estigmatización generacional de sus formas propias de organización y expresión;

j) Promover medidas para incrementar la participación de las mujeres en los directorios de las empresas.

4. Enfrentar todas las formas de violencia contra las mujeres

a) Adoptar medidas preventivas, punitivas, de protección y atención que contribuyan a la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres en los espacios públicos y privados, prestando especial atención a las mujeres afrodescendientes, indígenas, lesbianas, transgénero, del campo, de la selva, migrantes y de las zonas de frontera;

b) Ampliar y garantizar el acceso efectivo a la justicia y a la asistencia jurídica gratuita de las mujeres en situación de violencia y capacitar y sensibilizar, desde un enfoque de género, al personal y funcionarios encargados de impartir justicia;

c) Adoptar todas las medidas necesarias y efectivas para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de trata y tráfico de mujeres, jóvenes y niñas, para la explotación sexual y cualquier otro fin;

d) Formular y aplicar medidas para combatir la violencia contra las mujeres que ejercen la prostitución;

e) Garantizar los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad;

f) Incorporar en las políticas de seguridad pública medidas específicas para prevenir, investigar, sancionar, penalizar y erradicar el femicidio y el feminicidio, entendidos como la forma más extrema de violencia de género contra las mujeres;

g) Promover políticas y programas para prevenir la violencia contra las mujeres dirigidos a los agresores y sus familias para evitar la reincidencia;

h) Promover políticas dirigidas al cambio de los patrones socioculturales que reproducen la violencia y la discriminación hacia las mujeres;

i) Crear sistemas nacionales de vigilancia de la violencia de género para recopilar, compilar y analizar datos sobre la violencia de género con miras a influir en las políticas y programas nacionales y locales;

j) Asegurar que en situaciones de desastres naturales o climáticos las mujeres no sean víctimas ni corran ningún riesgo de cualquier tipo de violencia y la ayuda humanitaria contemple las necesidades de las mujeres, evitando una doble victimización;

k) Promover y fortalecer programas de sensibilización y capacitación con perspectiva de género dirigidos a operadores de justicia que aseguren una atención de calidad y eliminen la violencia institucional contra las mujeres;

l) Adoptar medidas de seguridad ciudadana dentro de las estrategias regionales y nacionales que incluyan criterios de género y diversidad de las ciudades y/o comunidades como espacios de encuentro de todas las personas, que aseguren un ambiente exento de violencia contra las mujeres;

m) Garantizar la atención integral, multiprofesional y gratuita para las mujeres víctimas de violencia;

n) Promover y adoptar medidas para la asignación presupuestaria para los programas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

5. Facilitar el acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías y promover medios de comunicación igualitarios, democráticos y no discriminatorios

a) Promover acciones que faciliten el acceso de las mujeres de todas las edades a las comunicaciones y a las nuevas tecnologías de la información, como la educación y la capacitación sobre el uso de tales tecnologías para la creación de redes, la promoción y el intercambio de información, las actividades educativas, y el empleo especializado en las actividades económicas;

b) Formular políticas orientadas a eliminar contenidos sexistas y discriminatorios en medios de comunicación y capacitar a los profesionales de la comunicación en tal sentido, valorizando las dimensiones de género, raza, etnia, orientación sexual y generación;

c) Construir mecanismos de monitoreo del contenido transmitido en los medios de comunicación social, así como en los espacios de regulación de Internet, asegurando la participación activa y constante de la sociedad con el fin de eliminar contenidos sexistas y discriminatorios;

d) Promover y garantizar el acceso de las mujeres, sobre todo las de pueblos indígenas y afrodescendientes, a los medios masivos de comunicación a través de programas que incorporen las lenguas propias y las identidades culturales en espacios comunitarios radiales y audiovisuales;

e) Promover el acceso de las mujeres a la ciencia, la tecnología y la innovación, estimulando el interés de las niñas y las jóvenes en estos campos científicos y tecnológicos.

6. Promover la salud integral y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres

a) Garantizar las condiciones y los recursos para la protección y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en todas las etapas de su ciclo de vida y en los diversos grupos poblacionales, sin ningún tipo de discriminación, basándose en el enfoque integral promovido en el Programa de Acción de la Conferencia sobre la Población y el Desarrollo;

b) Incluir, en los presupuestos nacionales y subnacionales, recursos suficientes para la ampliación de la oferta pública de servicios de calidad para la atención integral de la salud de las mujeres, en toda su diversidad, en particular las enfermedades crónicas y no transmisibles;

c) Fomentar la reglamentación e implementación de las leyes aprobadas en materia de igualdad de género, incluidas las relativas a la autonomía física, y favorecer el acceso y la permanencia de las mujeres en el mercado laboral;

d) Garantizar el acceso a la educación sexual implementando programas de educación sexual integral con perspectiva de género y pertinencia cultural;

e) Garantizar el acceso universal de las mujeres, en toda su diversidad, a servicios integrales y de calidad en salud sexual y reproductiva, incluyendo la atención al VIH y al SIDA, su prevención, diagnóstico y tratamiento gratuito y en especial promover campañas para el uso de los preservativos masculinos y femeninos;

f) Revisar las leyes que prevén medidas punitivas contra las mujeres que se hayan sometido a abortos, conforme a lo recomendado en la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, incluidas las nuevas medidas e iniciativas para la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, así como en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, y en las observaciones del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, y garantizar la realización del aborto en condiciones seguras en los casos autorizados por la ley;

g) Fortalecer y ampliar los planes y programas que promuevan la maternidad saludable y prevengan la mortalidad materna, asegurando el acceso universal a los servicios de salud, especialmente para las adolescentes y las mujeres de pueblos indígenas y afrodescendientes;

h) Promover la reducción de los embarazos en la adolescencia mediante la educación, la información y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, incluido el acceso a todos los métodos anticonceptivos;

i) Promover el acceso de las mujeres de pueblos indígenas y afrodescendientes a servicios de salud, con pertinencia cultural y lingüística, incorporando y valorando los saberes y prácticas de la medicina ancestral y tradicional ejercidos especialmente por las mujeres;

j) Recomendar que, en la Reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se celebrará en septiembre de 2010, se preste especial atención a la meta 5B relativa al acceso universal a la salud reproductiva.

7. Realizar actividades de capacitación, intercambio y difusión que permitan la formulación de políticas públicas basadas en los datos del Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe

a) Solicitar a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe el desarrollo de actividades de formación y creación de capacidades, de intercambio y difusión de experiencias, incluidas aquellas de incidencia política, dirigidas a quienes planean las políticas públicas y a los operadores políticos, con el fin de recoger las prácticas de los países y avanzar en la formulación de políticas públicas basadas en los datos del Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe, y que constituyan una fuente general de conocimiento y un complemento del Observatorio.

8. Promover la cooperación internacional y regional para la equidad de género

a) Impulsar programas de cooperación regional, subregional y multilateral, aprovechando los procesos de integración para el desarrollo socioeconómico que tienen lugar en América Latina y el Caribe, particularmente acciones que promuevan la igualdad de género;

b) Fortalecer la cooperación Sur-Sur para el logro de la igualdad de género y el avance de las mujeres;

c) Instar a los donantes a que cumplan sus compromisos en materia de asistencia oficial para el desarrollo, como un elemento esencial para la promoción de la igualdad de género.

9. Acoger con beneplácito el ofrecimiento del Gobierno de la República Dominicana de ser anfitrión de la duodécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe

[1] Tomado del Informe de la Undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (LC/L.3309).

[2] El Consenso de Brasilia no fue aprobado por los Estados Unidos (véase el anexo 4 del Informe de la Undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (LC/L.3309)).

[3] El término se extrae del documento “El trabajo decente para los trabajadores domésticos”, presentado por la Comisión de los Trabajadores Domésticos a la 99ª. reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra en junio de 2010, que en el párrafo 145, inciso b), dice “La expresión [trabajador o trabajadora doméstica] [trabajador o trabajadora del hogar] debería designar a toda persona que realice trabajo doméstico en el marco de una relación de trabajo.”

[4] Véase la definición de trabajadora doméstica en la nota 2.

CONSENSO DE SANTO DOMINGO (2013)

Consenso de Santo Domingo aprobado en la Duodécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (Santo Domingo, 2013)[1]

Las delegaciones de los Estados miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe participantes en la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, reunidas en Santo Domingo, del 15 al 18 de octubre de 2013,

Ratificando:

1. Los compromisos asumidos por los Estados con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su Protocolo Facultativo, la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994), el Programa de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (Durban, 2001), la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Palermo, 2000) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas;

2. Las conclusiones acordadas en el 55º período de sesiones de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas sobre el acceso y la participación de la mujer y la niña en la educación, la capacitación y la ciencia y la tecnología, incluso para la promoción de la igualdad de acceso de la mujer al pleno empleo y a un trabajo decente;

3. El valor político y programático de los anteriores consensos aprobados en las conferencias regionales sobre la mujer de América Latina y el Caribe y, en particular, la plena vigencia del Consenso de Brasilia aprobado en la XI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en 2010;

4. Los compromisos acordados en la cuarta Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe, realizada en Montevideo en abril de 2013 con el apoyo del proyecto Alianza para la Sociedad de la Información (@LIS2);

5. El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, aprobado en la primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, que se celebró en Montevideo en agosto de 2013, y el compromiso con los demás instrumentos y resoluciones en materia de igualdad de género, empoderamiento y adelanto de las mujeres;

Considerando:

6. La oportunidad que representa el debate que se está llevando a cabo en distintos escenarios, en particular sobre la nueva agenda para el desarrollo después de 2015, acerca de la búsqueda de nuevas formas y modelos de desarrollo, así como del fortalecimiento de la democracia y su creciente apertura hacia la igualdad como horizonte impostergable, que ofrece nuevas posibilidades para aplicar políticas de género;

7. Que para el logro de las autonomías económica, física y política de las mujeres, se abre un escenario de oportunidades y desafíos compuesto por la economía digital, los proyectos de innovación y el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, lo que hace imprescindible el uso de estas herramientas para impulsar los procesos de construcción de la igualdad y evitar que estas originen una brecha que profundice las desigualdades en la sociedad de la información y el conocimiento, especialmente para las mujeres rurales, las indígenas, las afrodescendientes, las desplazadas y las migrantes, las mujeres jóvenes, las adultas mayores, las mujeres que viven con VIH/SIDA y las que tienen alguna discapacidad;

8. Que la autonomía de las mujeres es un factor esencial para garantizar el ejercicio de sus derechos humanos en un contexto de plena igualdad y, en particular, que el control sobre su cuerpo, su salud integral y el derecho a una vida libre de violencia (autonomía física), el acceso a la tierra y la capacidad de generar recursos propios (autonomía económica) y la plena participación en la toma de decisiones que afectan su vida y su colectividad (autonomía en la toma de decisiones) constituyen tres pilares que se apoyan mutuamente y son fundamentales para lograr una mayor igualdad de género y favorecer el acceso de las mujeres a las tecnologías de la información y las comunicaciones;

9. Que la libertad, la capacidad y el derecho a tomar decisiones informadas empoderan a las mujeres para desarrollar su potencial y participar plenamente en los ámbitos económico y social;

10. Que tanto la laicidad del Estado como la implementación de formas participativas de gobierno son garantías para el ejercicio efectivo de los derechos humanos y la consolidación de la democracia, la transparencia y la gobernanza;

11. El efecto negativo de las medidas económicas coercitivas unilaterales en el acceso de los países objeto de estas medidas a las nuevas tecnologías;

12. El impacto que las tecnologías de la información y las comunicaciones tienen sobre la sociedad y la economía;

13. La creciente brecha entre los países desarrollados y los países en desarrollo en el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como las nuevas dimensiones de la brecha digital, que vulneran la autonomía de las mujeres y limitan su pleno desarrollo;

14. El documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río de Janeiro, 2012), la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y los Acuerdos de Cancún aprobados en el 16º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cancún, 2010);

Teniendo presente:

15. Que cada país tiene el derecho soberano de aplicar las recomendaciones contenidas en el presente documento, de conformidad con sus leyes nacionales y con sus prioridades de desarrollo, y de forma compatible con los derechos humanos internacionales universalmente acordados;

16. La proximidad del vencimiento de los plazos de las principales agendas internacionales que han contribuido a impulsar el adelanto de las mujeres, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo;

17. La necesidad de evaluar el estado de ejecución de esas agendas internacionales y los logros alcanzados con respecto al objetivo de la igualdad de género real y efectiva y la autonomía de las mujeres en la región;

18. La necesidad de incluir la igualdad de género en la agenda para el desarrollo después de 2015 y de definir las perspectivas y prioridades más allá de ese plazo, tanto en un objetivo específico como en el conjunto de los objetivos que se acuerden en la nueva agenda de desarrollo sostenible con el fin de asegurar un desarrollo con enfoque de derechos;

19. La centralidad de la igualdad de género en el debate sobre el desarrollo, lo que implica considerar tanto la dimensión productiva como la reproductiva y transformar la división del trabajo, que en razón de inequidades en materia reproductiva ha generado una carga desproporcionada para las mujeres y desigualdades estructurales de género que perpetúan el círculo de la pobreza, la marginación y la desigualdad;

20. Que la agenda de desarrollo sostenible debe incorporar y reafirmar el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud en general y, en particular, de la salud y los derechos sexuales y reproductivos como parte fundamental de ese derecho, así como de la igualdad de género como condición previa para lograrlo;

21. Que la igualdad de género debe convertirse en un eje central y transversal de toda la acción del Estado, ya que es un factor clave para consolidar la democracia y avanzar hacia un modelo de desarrollo más participativo e inclusivo;

22. La responsabilidad de los Estados de centrar esfuerzos y realizar las inversiones necesarias para que las tecnologías de la información y las comunicaciones sean accesibles e influyan en las iniciativas de las mujeres y las potencien, así como en su empoderamiento económico, político y físico, evitando que se produzcan nuevas brechas en razón de sus condiciones de vida y de la diversidad cultural en la región;

23. Que, para aprovechar las oportunidades y asumir los desafíos que ofrecen las tecnologías de la información y las comunicaciones para el adelanto de las mujeres, es necesario superar las limitaciones y brechas de género existentes en educación, salud, ejercicio del poder, economía y manifestaciones socioculturales;

24. La necesidad de facilitar el acceso de las mujeres de todas las edades a las tecnologías de la información y las comunicaciones para ejercer ampliamente su derecho a la libertad de expresión para la creación de redes, la promoción y el intercambio de información, las actividades educativas y los usos especializados en las actividades económicas;

25. Que las tecnologías de la información y las comunicaciones han transformado la información en uno de los recursos más valorados y codiciados del mercado;

26. Que la existencia del racismo y el etnocentrismo y sus consecuencias dañinas hace necesaria la adopción e implementación de políticas públicas para enfrentarlo;

27. Las mujeres rurales aún enfrentan diferentes limitaciones para el acceso a la tierra, a los recursos naturales y a los recursos públicos de apoyo a la producción, tales como asistencia técnica y tecnológica, educación y crédito;

28. La necesidad de apoyar la sostenibilidad de organizaciones y movimientos de mujeres y feministas, puesto que son agentes imprescindibles de los procesos informativos, educativos, de comunicación, transformación y movilización de la sociedad en pro de los cambios sociales, económicos, políticos y culturales fundados en los principios democráticos de la autonomía, igualdad de derechos y empoderamiento de las mujeres;

29. Que el sistema de justicia es importante para la promoción de los derechos humanos y que el retraso en la justicia puede suponer una negación de la misma;

30. Que el enfoque de derechos humanos en las políticas y los programas requiere de un alto nivel de concreción en acciones específicas que induzcan cambios reales en todas las etapas del ciclo de vida de las mujeres, en particular de las mujeres jóvenes, las rurales, las que tienen alguna discapacidad, las indígenas, las afrodescendientes, las desplazadas, las migrantes, otras mujeres que viven en condiciones de especial vulnerabilidad o marginalidad y las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros, travestis e intersexuales (LGBTTI);

Acuerdan:

A. IGUALDAD DE GÉNERO, EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

31. Adoptar políticas públicas orientadas a la resolución de los problemas que afectan a nuestros pueblos, en particular a las mujeres, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones como un medio;

32. Aunar voluntades entre todos los actores para garantizar que la sociedad de la información y del conocimiento fomente el empoderamiento de las mujeres y su plena participación, en condiciones de igualdad, en todas las esferas de la sociedad y en todos los procesos de toma de decisiones;

33. Diseñar acciones para la construcción de una nueva cultura tecnológica, científica y digital orientada a las niñas y las mujeres, que las acerque a las nuevas tecnologías y las familiarice con ellas, les permita integrarlas como parte de su vida cotidiana y facilite su uso de manera estratégica en las distintas áreas en las que se desarrollan y participan, e impulsar la ejecución de proyectos y programas nacionales de orientación que promuevan y refuercen las vocaciones científicas y tecnológicas de las mujeres;

34. Potenciar la inclusión de la perspectiva de género como eje transversal de las políticas públicas en el campo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, asegurando el pleno acceso a estas tecnologías y su uso por parte de las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores, indígenas, afrodescendientes, rurales, LGBTTI y mujeres con discapacidad, en condiciones de igualdad y equidad, considerando las regulaciones, los costos y la cobertura, para la apropiación social del conocimiento y teniendo en cuenta la diversidad cultural y lingüística;

35. Adoptar políticas públicas que incluyan medidas afirmativas para promover la reducción de las barreras de acceso, la comprensión del manejo de las tecnologías de la información y las comunicaciones y la adaptación en la lengua local de las aplicaciones y los contenidos relacionados con estas tecnologías, así como para fomentar la inserción de las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores, indígenas, afrodescendientes, rurales y mujeres con discapacidad en la formación profesional en ciencias, incluidas las matemáticas, ingenierías, tecnologías ambientales y tecnologías de la información y las comunicaciones, y en la investigación y producción de conocimiento en todos los ámbitos científicos;

36. Impulsar la creación de redes de comunicación e intercambio en todos los ámbitos científicos, valorizando las experiencias acumuladas por las mujeres en la región, así como políticas públicas que incentiven el uso, promoción y legislación de tecnologías apropiadas y el software libre como medio para la democracia del conocimiento, el acceso libre y la autonomía;

37. Promover la mejora del acceso de las mujeres al empleo decente, redistribuyendo las tareas de cuidado entre Estado, mercado y sociedad y entre hombres y mujeres, y facilitando la capacitación y uso de la tecnología, el autoempleo y la creación de empresas en el sector científico-tecnológico, así como aumentar la proporción de mujeres que ocupan puestos en áreas en que se encuentran infrarrepresentadas, como los ámbitos académico, científico, tecnológico y de las tecnologías de la información y las comunicaciones;

38. Garantizar que desde el sistema educativo, en todos los niveles y formas de enseñanza, se ofrezca información oportuna a las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores, indígenas, afrodescendientes, rurales, LGBTTI y mujeres con discapacidad sobre los beneficios, las utilidades, la disponibilidad y las oportunidades de formación profesional en ciencias y tecnologías, que les permita una mayor autonomía personal, económica, social y política;

39. Promover, realizar y difundir estudios e investigaciones sobre las mujeres en los campos de las ciencias, incluidas las matemáticas, de las tecnologías y de las ingenierías, así como ferias y congresos científicos que permitan visibilizar las competencias, la innovación y los aportes de las mujeres, las niñas, las adolescentes y las jóvenes en esos ámbitos;

40. Asegurar a mujeres empresarias y emprendedoras, incluidas las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes, mecanismos de comercialización de la producción y acceso al crédito para adquirir equipos e instrumentos tecnológicos que les permitan innovar y ampliar sus oportunidades de negocio y su participación en los procesos productivos para el desarrollo y en los emprendimientos autogestionados;

41. Promover la equidad y la igualdad de género en los puestos de responsabilidad y toma de decisiones estratégicas y de alto nivel de las empresas e instituciones públicas y privadas, incluidas las del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones;

42. Promover además el conocimiento y el análisis de los riesgos que existen para las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores, indígenas, afrodescendientes, rurales, LGBTTI y mujeres con discapacidad en relación con la ciberseguridad, la explotación sexual, la trata de personas, la pornografía infantil y el acoso en Internet y en otros medios tecnológicos, para tipificar los delitos conexos, definir las sanciones apropiadas, considerando su impacto en los derechos humanos de estos grupos, y promulgar la legislación correspondiente;

43. Impulsar políticas que incentiven la participación proactiva de los y las educadoras de niños, niñas y adolescentes, tanto en la familia como en la escuela, para el uso seguro de las tecnologías de la información y las comunicaciones;

44. Favorecer la generación, creación y difusión de contenidos y conocimientos definidos, elaborados y estructurados por mujeres;

45. Fortalecer las políticas de gobierno electrónico con un enfoque de igualdad de género, lo que incluye la producción y difusión de la información, los registros administrativos y las estadísticas de la gestión gubernamental y de los servicios públicos, desagregadas por sexo, para promover una cultura de rendición de cuentas mediante herramientas tecnológicas y contribuir al fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana;

46 Fomentar desde el Estado y el sector privado medidas legislativas y educativas para erradicar y penalizar contenidos sexistas, estereotipados, discriminatorios y racistas en los medios de comunicación, software y juegos electrónicos, así como promover el uso de imágenes positivas y los aportes de las mujeres a la sociedad, e impulsar desde las mismas instancias relaciones y responsabilidades igualitarias entre mujeres y hombres en el ámbito de las ciencias y la tecnología;

47. Fomentar también desde el Estado y el sector privado medidas legislativas y políticas que garanticen condiciones adecuadas de trabajo y salud y protejan a las mujeres contra la explotación en estas áreas, en especial en telemárketing y en trabajos informales;

48. Tomar medidas de política para el control de desechos electrónicos de alta toxicidad que causan graves problemas de salud, riesgo de muerte y enfermedades con impacto en mujeres, niñas y niños de familias pobres, así como daño al medio ambiente;

49. Adoptar medidas para garantizar la privacidad y protección de datos personales en todas las etapas de recolección y procesamiento de datos y para evitar el espionaje;

50. Favorecer el acercamiento de las ciencias y las nuevas tecnologías a las realidades específicas de las mujeres, valorizando las dimensiones de raza, etnia, orientación sexual y edad, a fin de contribuir a la erradicación de la pobreza en las zonas de mayor exclusión social, la promoción del desarrollo y la democratización de la educación;

51. Eliminar el sexismo y los estereotipos de género de los sistemas educativos, de los libros y materiales didácticos, así como los sesgos en la percepción de maestros y maestras sobre el desempeño de los niños y las niñas en ciencias, incluidas las matemáticas y la tecnología, ampliando la formación de educadoras y educadores para la igualdad y promoviendo prácticas pedagógicas libres de prejuicios y estereotipos;

52. Reafirmar y desarrollar políticas y planes de acción para hacer realidad los compromisos y metas de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información y el Plan de Acción sobre la Sociedad de la Información y del Conocimiento para América Latina y el Caribe (eLAC2015), fortaleciendo el grupo de trabajo de género y TIC con la participación activa de las organizaciones de mujeres;

B. IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES

53. Instar a los Estados a ratificar o adherirse a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo en materia de igualdad de género, como los referidos al trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos;

54. Reconocer el valor del trabajo doméstico no remunerado y adoptar las medidas y políticas públicas necesarias, incluidas las de carácter legislativo, que reconozcan el valor social y económico del trabajo doméstico;

55. Definir y establecer instrumentos de medición periódica del trabajo no remunerado que realizan las mujeres y asegurar en los presupuestos públicos la dotación de recursos necesarios a los mecanismos responsables de recopilar y sistematizar las informaciones para la realización de las encuestas nacionales de uso del tiempo, con objeto de facilitar el diseño de políticas públicas adecuadas y justas;

56. Instar a los gobiernos a promover la creación de las cuentas satélites del trabajo no remunerado en los países de la región;

57. Reconocer el cuidado como un derecho de las personas y, por lo tanto, como una responsabilidad que debe ser compartida por hombres y mujeres de todos los sectores de la sociedad, las familias, las empresas privadas y el Estado, adoptando medidas, políticas y programas de cuidado y de promoción de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en la vida familiar, laboral y social que liberen tiempo para que las mujeres puedan incorporarse al empleo, al estudio y a la política y disfrutar plenamente de su autonomía;

58. Lograr la consolidación de sistemas públicos de protección y seguridad social con acceso y cobertura universal, integral y eficiente, mediante financiamiento solidario, unitario y participativo, basados en el principio de solidaridad y articulados con un amplio espectro de políticas públicas que garanticen el bienestar, la calidad de vida y un retiro digno, fortaleciendo el pleno ejercicio de la ciudadanía de las mujeres, incluidas las que han dedicado sus vidas tanto al trabajo reproductivo como productivo, remunerado como no remunerado, las trabajadoras domésticas, las mujeres rurales, las trabajadoras informales y por contrata, de manera especial, las mujeres a las que afectan directa o indirectamente la enfermedad, la discapacidad, el desempleo, el subempleo o la viudez, en todas las etapas del ciclo de vida de las mujeres;

59. Elaborar y promover iniciativas legislativas para fortalecer el empoderamiento de las mujeres en relación con su derecho a la propiedad de la tierra y a otros recursos naturales, así como su participación en la gestión de estos recursos en lo referente a la toma de decisiones, el acceso a capital y su control, y el acceso a servicios de calidad y bienes de producción, a tecnología, a los mercados y a información sobre estos, a la herencia y a los bienes patrimoniales en condiciones de igualdad;

60. Priorizar e intensificar las iniciativas encaminadas al empoderamiento económico de la mujer a nivel de la comunidad, por medios como la educación empresarial y las incubadoras de empresas, para mejorar su situación y reducir así la vulnerabilidad a la violencia;

61. Priorizar también el diseño e implementación de políticas y programas públicos dirigidos a la reducción de la pobreza de las mujeres, sobre la base del desarrollo sostenible, el crecimiento económico, el apoyo técnico y financiero a actividades productivas desarrolladas por mujeres en situación de pobreza, la capacitación y formación para el trabajo, el acceso a trabajo decente y el uso óptimo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, con perspectiva de igualdad;

62. Desarrollar e implementar políticas activas referidas al mercado laboral y al empleo productivo que aseguren trabajo decente para todas las mujeres, combatiendo las condiciones de precariedad e informalidad que afectan principalmente a la fuerza laboral femenina y asegurando igual salario por trabajo de igual valor, una tasa de participación igualitaria, la presencia sin discriminación en puestos de poder y decisión y la superación de la segregación ocupacional, con particular atención a las mujeres rurales, las afrodescendientes, las indígenas, las mujeres con discapacidad y las jóvenes;

63. Impulsar y hacer cumplir leyes de igualdad laboral que eliminen la discriminación de género, raza, etnia, orientación sexual y otros criterios discriminatorios en el acceso al mercado laboral y la permanencia en este, estableciendo mecanismos de presentación de quejas ante instancias especialmente identificadas y asignadas a tal fin y definiendo sanciones para el hostigamiento, el acoso sexual y otras formas de violencia contra las mujeres en el espacio de trabajo;

64. Tomar medidas para formalizar el empleo, asegurando la protección social y de la salud, así como para ampliar la autonomía económica y financiera de las mujeres a través del acceso a capital de trabajo, lo que incluye facilidades de crédito, así como a asesoría técnica y tecnologías de punta, y fomentar la capacidad emprendedora, el cooperativismo y otras formas de asociación incluidas las autogestionadas;

65. Tomar medidas para que en la aplicación de las políticas fiscales se incorporen criterios de equidad e igualdad de género, así como acciones afirmativas que impidan que las reformas fiscales profundicen los niveles de pobreza de las mujeres;

66. Tomar medidas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el acceso de las mujeres a servicios financieros formales, como el ahorro, el crédito, los seguros y las transferencias, sin ningún tipo de barrera por discriminación y en condiciones de igualdad;

67. Reconocer el aumento de la participación de las mujeres en el teletrabajo, promover el establecimiento de políticas públicas específicas, acorde con los convenios y otras disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo, y evitar su precarización;

68. Instar a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe para que la División de Asuntos de Género impulse acciones para la promoción del desarrollo productivo y la autonomía económica de las mujeres, mediante la visibilización de las mujeres que participan en actividades productivas, y el diseño y la implementación de un enfoque integral, interinstitucional e intersectorial de apoyo a las mujeres emprendedoras, productoras y empresarias dentro de las cadenas de valor;

C. IGUALDAD DE GÉNERO, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA DE LAS MUJERES

69. Promover, proteger y garantizar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres, de todos los grupos poblacionales y a lo largo de todo el ciclo de vida, mediante la implementación de leyes, políticas, normas, reglamentos y programas incorporados a los presupuestos nacionales y subnacionales, por cuanto la autonomía física es una dimensión fundamental para el empoderamiento de las mujeres y su participación en la sociedad de la información y el conocimiento en igualdad de condiciones;

70. Asegurar, en el marco de sistemas de salud fortalecidos, dotados de presupuesto y de mecanismos de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas, el acceso universal, la ampliación de la oferta, la calidad y la cobertura en relación con los servicios de salud sexual y salud reproductiva, que deben comprender información y educación oportuna, precisa y completa y la oferta gratuita de métodos anticonceptivos, así como estar integrados en los servicios de salud y dirigirse en particular a las mujeres de los sectores más pobres y en condiciones de mayor exclusión social y a los jóvenes y adolescentes de ambos sexos;

71. Articular acciones con el sector privado, la sociedad civil y otras formas de organización social, con enfoque de género, atendiendo al ciclo de vida y la pertinencia cultural, para mejorar el acceso a la información y la educación y, a través de una mayor participación de las personas y la comunidad, aumentar la eficacia de los servicios de salud sexual y salud reproductiva;

72. Asegurar que los recursos financieros para la prevención del VIH/SIDA se destinen específicamente a medidas de prevención, basadas en evidencia científica, que reflejen las características específicas de la epidemia en cada país, prestando especial atención a las ubicaciones geográficas, las redes sociales y las poblaciones vulnerables a la infección por el VIH, a fin de que los recursos para la prevención se ejecuten de la forma más eficaz;

73. Garantizar una atención integral a las personas afectadas por el VIH/SIDA, en particular a las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, huérfanos y niños vulnerables, migrantes y personas en situación de emergencia humanitaria, privadas de libertad, indígenas, afrodescendientes y mujeres con discapacidad, acorde con el contexto local;

74. Implementar medidas con perspectiva de género que garanticen el acceso a servicios de salud de calidad, incluida la salud sexual y la salud reproductiva durante y después de situaciones de desastre y en casos de emergencia, para prevenir en esas circunstancias y en las de desplazamiento o refugio la mortalidad y la morbilidad, particularmente entre las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, indígenas, afrodescendientes, rurales y mujeres con discapacidad;

75. Fortalecer los sistemas de información estadística en relación con el rango de edad para determinar la prevalencia del embarazo en niñas y adolescentes e incorporar el análisis de los factores asociados, a fin de visibilizar su impacto e implementar medidas y políticas públicas tendentes a reducir su incidencia en la región;

76. Tomar medidas destinadas a que en las políticas de salud se contemple la incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones para mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios de salud, la gestión del conocimiento, incluida la investigación, el seguimiento del historial médico de las personas, los servicios de referencia y contrarreferencia y la información relacionada, garantizando su confidencialidad;

77. Implementar programas y políticas de salud sexual y salud reproductiva integrales, oportunos y de calidad para adolescentes y jóvenes, que incluyan servicios de salud sexual y salud reproductiva, amigables, con perspectivas de género, de derechos humanos, con un enfoque intergeneracional e intercultural, para que puedan ejercer en condiciones seguras el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad y su vida y orientación sexual;

78. Asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional, la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad para las mujeres que cursen embarazos no deseados y no aceptados;

79. Asegurar además la efectiva implementación e institucionalización de programas de educación integral para la sexualidad en los sistemas educativos para prevenir el embarazo en la adolescencia y la mortalidad materna, así como para prevenir en general embarazos no deseados y garantizar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres y las adolescentes de modo que puedan tomar decisiones libres, informadas y responsables con relación a su sexualidad y su vida y orientación sexual, incluido el derecho a la maternidad de las mujeres con VIH/SIDA;

D. IGUALDAD DE GÉNERO Y ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

80. Hacer efectivas las políticas nacionales y locales y adoptar medidas preventivas, penales, de protección y atención para lograr la erradicación de todas las formas de violencia y estigmatización contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores, indígenas, afrodescendientes, rurales, LGBTTI y mujeres con discapacidad e incluir el uso efectivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones con un enfoque intercultural, con el fin de lograr una mayor inclusión e igualdad para todas las mujeres;

81. Hacer efectivas también leyes y políticas nacionales que combatan la violencia contra las mujeres y las niñas en los medios y en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, considerando la naturaleza y los riesgos en estos espacios y la mayor vulnerabilidad de las mujeres en toda su diversidad;

82. Asegurar en los servicios de salud que todas las mujeres sean atendidas sin ninguna violencia, en particular la violencia que ocurre durante los partos conocida como violencia obstétrica;

83. Crear espacios de articulación para fomentar el compromiso conjunto de las instituciones públicas y privadas que intervienen en la ruta crítica de prevención, atención y sanción en respuesta a todas las formas de violencia contra las mujeres, las niñas, las adolescentes, las jóvenes y las adultas mayores;

84. Adoptar nuevas estrategias que garanticen respuestas institucionales eficaces para inducir cambios rápidos y significativos en los factores estructurales que inciden en la violencia contra las mujeres y las normas socioculturales y simbólicas que la perpetúan, fortaleciendo los mecanismos de prevención, persecución, sanción y reparación, e incluir el uso efectivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las medidas de protección que brindan las autoridades judiciales competentes;

85. Apoyar el desarrollo y la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones y de las redes sociales como recursos para el empoderamiento de las mujeres y las niñas, incluidos el acceso a la información sobre la prevención y las formas de enfrentar la violencia contra ellas;

86. Diseñar mecanismos, incluidos los legislativos, y sanciones destinados a combatir la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones y de las redes sociales para cometer actos violentos contra las mujeres y las niñas, en particular, el uso con fines delictivos para el acoso sexual, la explotación sexual, la pornografía infantil y la trata de mujeres y niñas, y las nuevas formas de violencia, como el acoso y la intimidación cibernéticos y las violaciones de la privacidad que ponen en peligro la seguridad de las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores, indígenas, afrodescendientes, rurales, LGBTTI y mujeres con discapacidad;

87. Garantizar el acceso efectivo a la justicia y a la asistencia jurídica gratuita y de calidad para las mujeres que sufren violencia, y capacitar y sensibilizar, desde un enfoque de género, a las personas facultadas para impartir justicia, así como a la policía y a otros cuerpos responsables de la seguridad;

88. Promover la reforma de sistemas legales y la modificación de leyes que generen exclusión o daño, y garantizar la eliminación de todas las barreras sistémicas que impiden el acceso efectivo a la justicia;

89. Asegurar que en las políticas de seguridad pública se incluyan medidas específicas para prevenir, investigar, sancionar, penalizar y erradicar la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes y adultas mayores, y los feminicidios/femicidios, con el objetivo de procurar una vida libre de violencia, así como promover la adopción de protocolos regionales y la eliminación de obstáculos legales para el acceso de las víctimas a la justicia y a una reparación;

90. Adoptar las medidas, incluso de carácter legislativo, necesarias para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de trata y tráfico de mujeres, adolescentes, jóvenes, niños y niñas, para la explotación sexual y laboral o cualquier otro fin, acelerando la educación, capacitación y concientización pública con miras a desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación y brindando a las víctimas identificadas de trata una protección y atención adecuadas, como refugio, servicios de rehabilitación y reinserción social, protección de testigos, capacitación laboral, asistencia letrada, atención médica confidencial, repatriación y asistencia para la regularización migratoria con el consentimiento informado de la persona objeto de la trata, independientemente de su participación en procesos judiciales;

91. Promover el respeto de los derechos humanos integrales de las mujeres, sin importar su condición migratoria, y establecer acuerdos de cooperación entre los países de origen, tránsito y destino de la migración indocumentada para ofrecer respuestas a los desafíos que esta plantea en la región, incluido el acceso a la justicia, y medidas que garanticen a las mujeres migrantes la obtención de documentos de identidad y ciudadanía, con el fin de mejorar su situación laboral y facilitar su inclusión social tanto en el país de origen como en el de destino;

92. Integrar la atención a la violencia por motivos de género en todos los programas y servicios de salud sexual y salud reproductiva, salud maternoinfantil, planificación familiar y servicios relacionados con mujeres portadoras de VIH/SIDA, sin olvidar el tratamiento de las enfermedades oportunistas y otras relacionadas con el VIH, para desarrollar una oferta de servicios de apoyo en instituciones y empresas y garantizar el derecho al trabajo y a una vida digna, como parte de una respuesta coordinada multisectorial;

93. Definir y desarrollar políticas públicas contra la discriminación y promover acciones afirmativas, sobre la base de un enfoque interseccional que abarque la lucha contra el sexismo, el racismo, el etnocentrismo, la homofobia y la lesbofobia;

94. Impulsar la creación de sistemas integrados nacionales y regionales de estadísticas sobre violencia contra las mujeres, incluida la ciberdelincuencia, para recopilar, compilar y analizar datos sobre este flagelo, con particular énfasis en registros administrativos minuciosos, completos y oportunos, con miras a diseñar y reforzar las políticas públicas y los programas para prevenir, atender y sancionar la violencia de género;

95. Garantizar que todas las víctimas y sobrevivientes de violencia contra las mujeres (incluidos los hijos e hijas de las víctimas, así como las personas que de ellas puedan depender) tengan acceso inmediato a los servicios de atención integral, apoyo psicosocial y de salud mental, tratamiento de lesiones, refugio y atención después de una violación o agresión sexual, así como acceso a anticoncepción de emergencia y profilaxis para infecciones de transmisión sexual y servicios seguros de aborto en los casos de violación sexual;

96. Diseñar un modelo de red de emergencias con interacciones desde el ámbito local para proteger la vida de las personas, la infraestructura y las operaciones de las redes y los servicios de seguridad y socorro, con el fin de contribuir a las labores de prevención, atención segura y recuperación de las mujeres sobrevivientes de agresiones y en caso de emergencias y desastres de origen natural y humano;

97. Definir políticas para enfrentar factores de vulnerabilidad de género en la atención de riesgos ante desastres de origen natural y humano y emergencias, y diseñar estrategias de prevención y atención con perspectiva de género garantizando la protección de las mujeres y las niñas;

98. Propiciar, favoreciendo la creación de redes estratégicas, que los medios de comunicación y los gremios de comunicadores y comunicadoras sociales se comprometan a proyectar una imagen positiva de las mujeres, superando los estereotipos y los contenidos violentos que reproducen la discriminación y la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores, indígenas, afrodescendientes, rurales, LGBTTI y mujeres con discapacidad;

99. Consolidar una propuesta para erradicar las discriminaciones sexistas estructurales en el mundo rural, asegurando la igualdad económica, política y social entre los géneros, y emprender acciones inmediatas para garantizar el derecho de las mujeres rurales a una vida sin violencia y sin racismo;

100. Erradicar la violencia de género considerando que requiere un abordaje integral en varios frentes, desde la educación hasta la transformación de los patrones culturales y el fortalecimiento del movimiento de mujeres, con el fin de consolidar las bases que permitan a las mujeres rurales un mejor nivel de negociación en las relaciones de poder;

E. IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES PARA LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y LA TOMA DE DECISIONES

101. Asegurar el acceso de las mujeres en condiciones de igualdad a los puestos de toma de decisiones en todos los poderes del Estado y los gobiernos locales, por medio de iniciativas y medidas legislativas y de carácter electoral que garanticen la representación paritaria de las mujeres en todos los ámbitos del poder político y el compromiso con las agendas estratégicas para alcanzar la paridad en la participación política y la paridad de género como política de Estado;

102. Fortalecer la participación de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres, adoptando y aplicando leyes que aseguren la representación paritaria en los espacios de decisión, promoviendo medidas afirmativas de inclusión, tanto en partidos políticos como en otras instituciones de la vida democrática, del ámbito público o privado, y estableciendo mecanismos para sancionar el incumplimiento de las leyes en este sentido;

103. Reconocer y apoyar los mecanismos de participación y organización del movimiento feminista y de mujeres;

104. Fortalecer los mecanismos de observación y de acompañamiento de los procesos electorales con perspectiva de género como instrumentos para asegurar el respeto de los derechos de representación política de las mujeres;

105. Promulgar e implementar legislación para prevenir, sancionar y erradicar el acoso y la violencia política y administrativa contra las mujeres que acceden por vía electoral o designación a puestos de decisión de cualquier nivel;

106. Fortalecer, con medidas concretas de carácter económico y técnico, los mecanismos regionales de género de formación y capacitación política para el liderazgo de las mujeres y propiciar la participación en ellos de las mujeres de la región, en particular las jóvenes, las mujeres rurales, las indígenas, las afrodescendientes y LGBTTI;

107. Propiciar que los medios de comunicación se comprometan con los objetivos de la igualdad y la paridad entre hombres y mujeres mediante la firma de acuerdos para desarrollar acciones mediáticas vinculadas a la igualdad y los derechos de las mujeres en todas las esferas, como la participación paritaria de las mujeres en los procesos políticos y la paridad de género en las candidaturas, y que cubran las diversas formas de participación política de las mujeres, así como los asuntos que las afectan;

108. Promover, motivar y gestionar en los medios de comunicación espacios de debate, foros, talleres y campañas en favor de los derechos humanos de las mujeres en una cultura de paz, evitando reproducir estereotipos que atentan contra la dignidad de las mujeres;

109. Diseñar y promover investigaciones acerca de la perspectiva de género en los espacios de los medios de comunicación social;

F. IGUALDAD DE GÉNERO Y MECANISMOS PARA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

110. Armonizar los marcos normativos nacionales, de conformidad con los acuerdos internacionales en materia de género y derechos humanos de las mujeres, para la promulgación de una normativa dirigida al logro de la igualdad y la derogación de normas discriminatorias que impiden el pleno disfrute de los derechos de las mujeres;

111. Fortalecer las instituciones que impulsan las políticas públicas para la igualdad de género, como los mecanismos para el adelanto de la mujer, con medidas legislativas, presupuestos garantizados intransferibles e irreductibles y el establecimiento de jerarquías al más alto nivel para la toma de decisiones, reforzando su rectoría en materia de políticas de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres con recursos humanos y financieros suficientes que les permitan incidir en forma transversal en las políticas públicas y en la estructura del Estado para la construcción y puesta en funcionamiento de estrategias de jure y de facto dirigidas a la autonomía de las mujeres y la igualdad de género;

112. Asegurar la adopción de la perspectiva de género y el enfoque de derechos en todos los planes, programas, proyectos y políticas públicos, así como la articulación necesaria entre los poderes del Estado y los actores sociales, para lograr la igualdad de género, garantizando que se constituya en un pilar para el desarrollo sostenible;

113. Adoptar presupuestos con un enfoque de género como eje transversal para la asignación de fondos públicos, garantizando que aquellos sean suficientes, estén protegidos y cubran todos los ámbitos de política pública para el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados a fin de alcanzar las metas de igualdad y justicia social y económica para las mujeres;

114. Fortalecer mediante capacitación, intercambio y difusión los instrumentos regionales y nacionales de seguimiento del adelanto de las mujeres, en particular los observatorios de género, asegurando que los datos y las informaciones suministrados partan de una base metodológica común que garantice la comparación y el análisis a escala regional de las diferentes variables, de modo que los resultados obtenidos sean insumos fundamentales para la elaboración de políticas públicas de igualdad en la región;

115. Promover un proceso de evaluación de la aplicación de la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer con instrumentos e indicadores objetivos y eficaces que permitan dar cuenta de los efectos que han tenido las medidas adoptadas y las acciones realizadas en la vida de las mujeres de la región;

116. Promover además la representación paritaria en los mecanismos de integración regional y en los parlamentos regionales y nacionales, así como la adopción como eje transversal de la perspectiva de igualdad, expresándola en las políticas y los programas regionales;

117. Fortalecer la implementación efectiva de sistemas de producción de información estadística para el diseño de las políticas con perspectiva de género, con especial atención en los medios de recolección, clasificaciones y procesamiento de datos nacionales y regionales, desagregados por sexo y con indicadores de género, en todas las esferas, sobre una base metodológica que sea común a todos los países de la región, con objeto de favorecer el empoderamiento y la toma de decisiones de las mujeres;

118. Promover que los gobiernos municipales y locales creen instancias tales como oficinas o unidades de asuntos de género para el adelanto de las mujeres, dotándolas con recursos humanos, técnicos y financieros especializados, para el empoderamiento, la atención integral y la prevención de la violencia desde el ámbito local;

119. Fortalecer los mecanismos regionales de género para el empoderamiento de las mujeres con el fin de garantizar la institucionalización de la igualdad y equidad de género en las agendas de desarrollo que se impulsan desde los procesos de integración en la región;

120. Estudiar la posibilidad de crear un fondo regional destinado a la igualdad entre los géneros y al diálogo intercultural con el aporte de diferentes tipos de donantes y fomentando alianzas público-privadas;

G. OTRAS RECOMENDACIONES

121. Instar a los países desarrollados a cumplir los compromisos asumidos en materia de asistencia oficial para el desarrollo, especialmente con el objetivo de avanzar hacia la igualdad y la equidad de género en la región y en el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, respetando la autodeterminación de los países, y alentar a los países en desarrollo cuyas condiciones se lo permitan a apoyar a otros países de la región a través de la cooperación Sur-Sur y triangular, aprovechando los procesos de integración que tienen lugar en América Latina y el Caribe;

122. Fortalecer la inclusión del enfoque de género en los procesos de integración para el desarrollo socioeconómico que tienen lugar en América Latina y el Caribe, en especial aquellos en que se despliega un esfuerzo significativo por integrar las acciones que promueven la igualdad de género con la participación de las organizaciones de mujeres y feministas;

123. Intensificar, en materia de igualdad de género, la cooperación técnica, científica y financiera, incluida la cooperación Sur-Sur, y el intercambio entre los países de la región, sobre todo en buenas prácticas, con énfasis en las agendas digitales y las estrategias nacionales para las tecnologías de la información y las comunicaciones en línea con el Plan de Acción sobre la Sociedad de la Información y del Conocimiento para América Latina y el Caribe (eLAC2015), construidas desde las organizaciones de la sociedad civil para promover respuestas transformadoras e innovadoras para la igualdad;

124. Promover la incorporación del tema de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en la agenda para el desarrollo después de 2015;

125. Instar a que los mecanismos nacionales de género y las oficinas para el empoderamiento de las mujeres participen en la próxima Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe;

126. Promover que el Consenso de Santo Domingo se incorpore en los acuerdos convenidos del 58º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en el proceso de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo+20), en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, en la elaboración de la agenda para el desarrollo después de 2015, en los objetivos de desarrollo sostenible y en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información y, en general, en los resultados de las grandes cumbres y conferencias en curso;

127. Instar a que la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, en cumplimiento de su mandato, propicie que los organismos de cooperación prioricen las agendas nacionales en la cooperación, desde una mirada integradora, estableciendo las coordinaciones interinstitucionales necesarias y fortaleciendo los mecanismos nacionales y regionales para el avance de las mujeres;

128. Reconocer el trabajo realizado por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, por su contribución a la formación y creación de capacidades, al intercambio y la difusión de información y experiencias y a la visibilización de la situación de las mujeres en la región, y apoyar esa labor reforzándola con medidas concretas, en particular con los indicadores económicos desagregados por sexo para evaluar el avance de las mujeres en la economía;

129. Reconocer la contribución del movimiento de mujeres y feminista de la región al fortalecimiento de la democracia, la construcción de la igualdad de género, el desarrollo de la institucionalidad y la formulación e implementación de las políticas públicas de igualdad;

130. Agradecer a las Naciones Unidas, en particular a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y a la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, su apoyo a las delegaciones participantes en esta reunión;

131. Agradecer al Gobierno, en especial al Ministerio de la Mujer, y al pueblo de la República Dominicana su generosa hospitalidad y la eficiente organización de la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe;

132. Acoger con beneplácito el ofrecimiento del Gobierno de la República Oriental del Uruguay de ser anfitrión de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se celebrará en 2016.

[1] Tomado del Informe de la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (LC/L.3789).

ESTRATEGIA DE MONTEVIDEO (2016)

Decimotercera Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (Montevideo, 2016)

ESTRATEGIA DE MONTEVIDEO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA REGIONAL DE GÉNERO EN EL MARCO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE HACIA 2030

INTRODUCCIÓN

A partir de la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (Santo Domingo, 2013), los Gobiernos de América Latina y el Caribe, bajo el liderazgo de las ministras y altas autoridades de los mecanismos para el adelanto de las mujeres (MAM), manifestaron su voluntad y la necesidad de contar con una estrategia regional para la implementación del Consenso de Santo Domingo (acuerdo 9, 50a Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia) y otros acuerdos regionales.

En la 52a Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, realizada los días 30 y 31 de julio de 2015 en Santo Domingo, los Gobiernos debatieron la idea de elaborar una estrategia orientada al efectivo cumplimiento de los diferentes acuerdos regionales sobre la mujer. En la 53ª Reunión de la Mesa Directiva, celebrada entre el 26 y el 28 de enero de 2016 en Santiago, se acordó diseñar una estrategia para la implementación de los compromisos asumidos por los Gobiernos en la Agenda Regional de Género para América Latina y el Caribe, en sintonía con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada en septiembre de 2015 en ocasión del septuagésimo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La Agenda Regional de Género comprende los compromisos de los Gobiernos de América Latina y el Caribe con los derechos y la autonomía de las mujeres, y la igualdad de género, que se aprobaron en las reuniones de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, desde la primera Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer al Desarrollo Económico y Social de América Latina (La Habana, 1977) hasta la actualidad, en los términos en que los Gobiernos de la región se sumaron a ellos, que constan en 40 años de Agenda Regional de Género[1], y de acuerdo con su legislación vigente.

Para el diseño de la Estrategia de Montevideo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), como Secretaría Técnica de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, hizo una revisión sistemática del lenguaje acordado durante los casi 40 años de la Agenda Regional de Género, que, tomando en consideración el contexto socioeconómico y los debates sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible con los Gobiernos de la región y la sociedad civil, permitió identificar los acuerdos vinculados a los diferentes ejes para la implementación. De este modo, las medidas de la Estrategia de Montevideo correspondientes a cada eje de implementación se suman a los acuerdos ya establecidos y avanzan en la operacionalización para la puesta en marcha de la Agenda Regional de Género para América Latina y el Caribe en su integralidad con el horizonte temporal 2030.

La metodología para la elaboración de la Estrategia de Montevideo fue compartida y aprobada por los Gobiernos en las tres reuniones subregionales preparatorias de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe: la reunión con México y los países de Centroamérica y el Caribe de habla hispana (Ciudad de México, 2 y 3 de junio de 2016), la reunión con los países de América del Sur (Santiago, 4 y 5 de julio de 2016) y la reunión con los países del Caribe de habla inglesa y holandesa (Puerto España, 26 y 27 de julio de 2016).

Tras un extenso proceso de consulta, se recogieron los diferentes aportes de las autoridades gubernamentales, las y los integrantes de organizaciones de la sociedad civil y los organismos del sistema de las Naciones Unidas. La CEPAL elaboró una primera versión de la Estrategia de Montevideo que se compartió en agosto de 2016 con la finalidad de recibir nuevos comentarios por escrito de los Estados miembros de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Para seguir fortaleciendo el proceso participativo de elaboración de la Estrategia de Montevideo, los días 23 y 24 de agosto de 2016 se llevó a cabo en la sede de la CEPAL en Santiago una reunión con especialistas del movimiento de mujeres y centros académicos, en la que se compartió y debatió el primer borrador de la Estrategia de Montevideo y se recibieron sugerencias y comentarios.

Con los aportes recibidos, la CEPAL preparó una versión actualizada del documento para ser considerada por los Estados de América Latina y el Caribe durante la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe como base de las negociaciones y para la aprobación de la Estrategia de Montevideo.

A. LA AGENDA REGIONAL DE GÉNERO Y SU SINERGIA CON LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

América Latina y el Caribe se destaca por ser la única región del mundo donde, desde hace cuatro décadas y de manera ininterrumpida, los Estados se reúnen para debatir y comprometerse políticamente a erradicar la discriminación hacia las mujeres y las niñas y la desigualdad de género y avanzar hacia la garantía del pleno ejercicio de la autonomía y los derechos humanos de las mujeres y las niñas. La creación de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en La Habana en 1928 y la realización de la Primera Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer en México, D.F. en 1975 son antecedentes fundamentales que contribuyeron a crear las condiciones a nivel regional para la construcción de una agenda de derechos y no discriminación y el establecimiento de organismos intergubernamentales especializados en los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género.

En la primera Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina (La Habana, 1977), los Estados miembros dieron a la CEPAL el mandato de convocar, con carácter permanente y con una frecuencia no superior a tres años, una Conferencia Regional sobre la Mujer. Desde ese momento, se han llevado a cabo 12 Conferencias: La Habana, 1977; Macuto, Venezuela (República Bolivariana de), 1979; Ciudad de México, 1983; Ciudad de Guatemala, 1988; Curaçao, 1991; Mar del Plata (Argentina), 1994; Santiago, 1997; Lima, 2000; Ciudad de México, 2004; Quito, 2007; Brasilia, 2010, y Santo Domingo, 2013.

La Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe ha constituido el principal foro de negociación de una Agenda Regional de Género ambiciosa, profunda e integral, que comprende los compromisos de los Gobiernos de América Latina y el Caribe con los derechos y la autonomía de las mujeres y la igualdad de género que se aprobaron en las reuniones de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Estos compromisos están reflejados en el Plan de Acción Regional para la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina (1977), el Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2001 (1994), el Consenso de Santiago (1997), el Consenso de Lima (2000), el Consenso de México, D.F. (2004), el Consenso de Quito (2007), el Consenso de Brasilia (2010) y el Consenso de Santo Domingo (2013).

La Agenda Regional de Género es el resultado de la voluntad política y el trabajo articulado de los Estados miembros, de la contribución activa del movimiento feminista y de mujeres, y del apoyo del sistema de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se refuerza, articula y complementa con las obligaciones asumidas por los Estados con la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) y su protocolo facultativo, la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y sus protocolos facultativos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Palermo, 2000) y dos de sus protocolos (el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños y el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire), la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en particular los convenios Núm. 100, Núm. 111, Núm. 156, Núm. 169, Núm. 183 y Núm. 189, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará, 1994), la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (2013), la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (2015), así como otros tratados, convenios y convenciones pertinentes, que brindan un marco jurídico internacional para proteger, respetar y garantizar todos los derechos humanos de las mujeres y las niñas en su diversidad, así como la no discriminación, y alcanzar la igualdad de género.

De igual manera, la Agenda Regional de Género reafirma el compromiso de los Gobiernos con la Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994), la Declaración y el Programa de Acción de Durban aprobados en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (Durban, 2001), el programa de actividades para la aplicación del Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015-2024, las Conferencias Internacionales sobre la Financiación para el Desarrollo (Monterrey, 2001; Doha, 2008, y Addis Abeba, 2015) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) y los documentos finales de los procesos de examen correspondientes. La Agenda Regional de Género confluyó, en 2015, con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, y en 2016 coincide con la Nueva Agenda Urbana de la Conferencia sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) y con la resolución 71/1 aprobada por la Asamblea General el 19 de septiembre de 2016, titulada “Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes”.

A su vez, la Agenda Regional de Género se articula con acuerdos asumidos en otros órganos subsidiarios de la CEPAL, privilegiadamente con el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo emanado de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo en América Latina y el Caribe, y los acuerdos de la Conferencia Estadística de las Américas, la Conferencia de Ciencia, Innovación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, y el Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe (CDCC).

La Agenda Regional de Género es una agenda abierta al futuro, que incorpora de manera dinámica los nuevos compromisos asumidos por los Estados miembros de la CEPAL. Al tiempo que tiene un carácter progresivo, es acumulativa, puesto que cada documento reconoce el valor político y programático de los anteriores y los complementa tomando en cuenta los nuevos escenarios socioeconómicos y políticos a nivel regional y mundial. Los compromisos asumidos durante estos casi 40 años, a partir del análisis del lenguaje acordado, se pueden agrupar en tres categorías: a) los enfoques que guían las políticas públicas, b) las dimensiones críticas para la igualdad de género y la autonomía de las mujeres tematizadas en derechos, y c) los ejes para la implementación, que se describen a continuación:

a) Los cinco enfoques o perspectivas que guían las políticas públicas y los objetivos vinculados a la autonomía y los derechos de las mujeres son: i) igualdad de género, ii) derechos humanos de las mujeres, iii) interseccionalidad e interculturalidad, iv) democracia paritaria, representativa y participativa, y laicidad, y v) desarrollo sostenible e inclusivo. Estos enfoques, que actúan de forma interrelacionada, también orientan las medidas de la Estrategia de Montevideo.

b) En la Agenda Regional de Género se identifican los acuerdos para la igualdad de género y la autonomía de las mujeres en relación con múltiples problemáticas que es posible agrupar en dimensiones críticas vinculadas con los derechos humanos, y que, por lo tanto, reconocen a las mujeres como sujetos de derecho y a los Estados como garantes de dichos derechos, a la vez que ratifican su carácter universal, indivisible, inalienable e interdependiente:

(i) Derecho a una vida libre de toda forma de violencia y discriminación: violencia contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones (privada, pública, simbólica, institucional, cibernética, económica, obstétrica, política, en situaciones de conflicto, desastres naturales, privación de libertad, acoso laboral, acoso y hostigamiento sexual, abuso y explotación sexual, tráfico ilícito de migrantes, trata de mujeres, prostitución forzada, violaciones, feminicidio); matrimonio y convivencia forzada de niñas y adolescentes; seguridad pública y ciudades; legislaciones y acceso a la justicia; contenidos educativos y medios de comunicación; estereotipos, sexismo, racismo, etnocentrismo, homofobia, lesbofobia, transfobia y discriminación.

(ii)Derechos sexuales y reproductivos con relación a: información y educación sexual integral; servicios de aborto seguros y de calidad, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional; anticoncepción; servicios sociales de salud integrados; mortalidad materna; orientación sexual e identidad de género; servicios universales y accesibles; discapacidad y vejez; erradicación del embarazo de niñas, prevención del embarazo y la maternidad adolescente; infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA; emergencias sanitarias; maternidad saludable; desarrollo tecnológico; distintos tipos de familia.

(iii) Derechos económicos, sociales y culturales con relación a: ingresos, empleo e inserción productiva; trabajo y control de los recursos; derecho a la tierra; división sexual del trabajo; trabajo no remunerado y cuidados; protección y seguridad social; educación; ciencia y tecnologías de las comunicaciones; transformación de pautas culturales; transmisión intergeneracional de la pobreza; jefatura de hogar y bienestar; uso y distribución del tiempo; políticas fiscales y macroeconómicas; políticas sociales; inversión pública; ruralidad, trabajo doméstico remunerado e informalidad; empresas y emprendimientos, crédito, tecnologías e innovación; territorio y modelos productivos.

(iv)Derechos civiles y políticos con relación a: participación política y liderazgo; partidos políticos y sistemas electorales; representación y paridad; organizaciones y movimientos de mujeres y feministas; migración; conflictos y procesos de paz; gobierno electrónico.

(v)Derechos colectivos y medioambientales con relación a: tierra y territorio; agua y bosques; conocimientos ancestrales; desastres naturales y eventos extremos; cambio climático; ámbitos rural y urbano; gestión de riesgos y mitigación; derecho al desarrollo; cooperación internacional.

c) La Agenda Regional de Género incluye acuerdos sobre los instrumentos y medios para avanzar hacia la garantía efectiva de los derechos y la autonomía de las mujeres bajo los principios de igualdad y no discriminación, que son la base para la construcción de los siguientes ejes para la implementación y las medidas de la Estrategia de Montevideo: 1. Marco normativo, 2. Institucionalidad, 3. Participación, 4. Construcción y fortalecimiento de capacidades, 5. Financiamiento, 6. Comunicación, 7. Tecnología, 8. Cooperación, 9. Sistemas de información y 10. Monitoreo, evaluación y rendición de cuentas. Estos diez ejes tienen un valor prioritario y se interconectan para crear las condiciones y los medios para la aplicación plena y efectiva de políticas públicas orientadas a eliminar la desigualdad y asegurar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en su diversidad.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es sinérgica con la Agenda Regional de Género. En la Declaración que figura en la Agenda 2030 se establece que los Estados tienen la responsabilidad de respetar, proteger y promover los derechos humanos (párrafos 10, 19, 35), y se reconoce que la consecución de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas contribuirá decisivamente al progreso respecto de todos los Objetivos y metas y que para ello es crucial la incorporación sistemática de una perspectiva de género en la implementación (párrafo 20). También se afirma que cada país dispone de diferentes enfoques, visiones de futuro, modelos e instrumentos para lograr el desarrollo sostenible (párrafo 59) y que cada gobierno decidirá la forma de incorporar las metas mundiales en los procesos de planificación, las políticas y las estrategias nacionales (párrafo 55). De este modo, para abordar los desafíos estructurales y las prioridades de América Latina y el Caribe, los compromisos ya existentes en la Agenda Regional de Género y la Agenda 2030 deben entenderse como complementarios y las acciones que se emprendan para su cumplimiento deben estar articuladas con los compromisos adquiridos en ambas agendas.

Durante el trigésimo sexto período de sesiones de la CEPAL, que tuvo lugar en la Ciudad de México del 23 al 27 de mayo de 2016, los Gobiernos de la región aprobaron la creación del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible. Dicho Foro, que será el mecanismo regional para el seguimiento y el examen de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, recibirá anualmente los informes de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (resolución 700(XXXVI) de la CEPAL) respecto de los avances en el cumplimiento de la Agenda Regional de Género y de los Objetivos, metas y medios de implementación de la Agenda 2030 desde una perspectiva de género. A su vez, las conclusiones y recomendaciones acordadas a nivel intergubernamental en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe contribuirán al proceso mundial en el marco del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible y en el Foro del Consejo Económico y Social sobre el Seguimiento de la Financiación para el Desarrollo.

Con estos antecedentes, la Estrategia de Montevideo constituye una hoja de ruta para el cumplimento efectivo de los compromisos regionales y mundiales con los derechos humanos y la autonomía de las mujeres, y contribuirá, con la puesta en práctica de acciones y medidas en sus diez ejes para la implementación, a situar a la igualdad de género en el centro del desarrollo sostenible en el horizonte 2030.

B. ESTRATEGIA DE MONTEVIDEO: UNA APUESTA POLÍTICA PARA ALCANZAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA REGIÓN DE AQUÍ A 2030

La Estrategia de Montevideo es un compromiso político regional que tiene por objeto guiar la plena implementación de los acuerdos de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (la Agenda Regional de Género) y asegurar que sean la hoja de ruta para alcanzar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a nivel regional desde la perspectiva de la igualdad de género, la autonomía y los derechos humanos de las mujeres. Así, la Estrategia de Montevideo es un instrumento político-técnico que permitirá dar un salto cualitativo hacia la puesta en marcha y el fortalecimiento de políticas públicas multidimensionales e integrales para garantizar los derechos humanos y la autonomía de las mujeres y alcanzar la igualdad de género en América Latina y el Caribe. Al tiempo que retoma las lecciones aprendidas y los asuntos pendientes a 20 años de la implementación de la Plataforma de Acción de Beijing y del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y a 15 años de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), propone medidas para superar los principales obstáculos en los procesos de institucionalización de la igualdad de género y los derechos de las mujeres en la estructura de los Estados. Las medidas de la Estrategia guiarán las políticas públicas sectoriales y transversales orientadas a eliminar las desigualdades de género y contribuir al desarrollo sostenible.

La Estrategia de Montevideo reposiciona el papel del Estado en las políticas de igualdad, asegurando los derechos humanos y la autonomía de las mujeres como eje transversal de las estrategias nacionales de desarrollo sostenible a mediano y largo plazo. Por lo tanto, es un instrumento cuyo alcance compromete a toda la estructura estatal y que reconoce el liderazgo de los mecanismos para el adelanto de las mujeres. Las medidas en ella incluidas requieren el compromiso y la participación activa de los ministerios sectoriales, las entidades de planificación y presupuestación, los organismos descentralizados, los Parlamentos y el Poder Judicial, entre otros actores gubernamentales.

El éxito de la Estrategia de Montevideo a nivel regional, y de su adaptación a nivel nacional y subnacional, requiere de la participación activa de la sociedad civil en toda su diversidad, especialmente de organizaciones y movimientos de mujeres y feministas, jóvenes, indígenas, afrodescendientes, mujeres rurales, mujeres migrantes, adultas mayores, mujeres con discapacidad, personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI), el ámbito académico, los sindicatos y las y los defensores de los derechos humanos en el monitoreo y la evaluación de las políticas públicas y en el seguimiento de los compromisos asumidos. También es precisa la contribución del sector privado, especialmente el sector empresarial a través de su actuación de conformidad con los estándares de derechos humanos de las mujeres y las normas laborales, ambientales, tributarias y de transparencia, así como la promoción de la igualdad de género y la autonomía y el empoderamiento de las mujeres.

La Estrategia de Montevideo reconoce la heterogeneidad de la región, las necesidades especiales y los desafíos particulares que enfrentan los países en desarrollo sin litoral, los pequeños Estados insulares en desarrollo, los países de renta media, los países altamente endeudados y vulnerables del Caribe, los países menos adelantados, los países que se encuentran en situaciones de conflicto y posteriores a un conflicto o los afectados por medidas unilaterales contrarias al derecho internacional. Está dirigida a todas las personas que enfrentan discriminación por razones de género en América Latina y el Caribe y su implementación beneficiará a todas las mujeres, independientemente de su edad, sus ingresos, su orientación sexual, su identidad de género, los territorios en los que viven, su condición migratoria, étnica y racial, y su capacidad física y mental.

Los puntos de contacto entre los medios de implementación de la Agenda 2030 y los ejes para la implementación de la Estrategia de Montevideo son múltiples. La Agenda 2030 incluye un objetivo dedicado a fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible (ODS 17) y metas específicas de implementación en los otros 16 Objetivos.

Además, la Estrategia de Montevideo también está en consonancia con las Conclusiones convenidas en el 60º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (Nueva York, 14 a 24 de marzo de 2016). En dicho período de sesiones se abordaron los vínculos entre el empoderamiento de las mujeres y el desarrollo sostenible a través de los compromisos vinculados al fortalecimiento de los marcos legales, normativos y de políticas, el financiamiento, el liderazgo y la participación de las mujeres, los sistemas de información y el seguimiento, y los arreglos institucionales nacionales para la igualdad de género.

1. Superar los nudos estructurales para alcanzar la igualdad de género de aquí a 2030

La Estrategia de Montevideo busca cerrar la brecha entre la igualdad de jure y de facto mediante el fortalecimiento de las políticas públicas para garantizar la autonomía y el ejercicio pleno de los derechos humanos de todas las mujeres y niñas, superando discriminaciones, prejuicios y resistencias. Para alcanzar la igualdad de género es preciso superar nudos estructurales constitutivos de las actuales relaciones desiguales de poder en América Latina y el Caribe. A su vez, se deben considerar las tendencias y factores de contexto que se cristalizan en nuevos desafíos: desaceleración del crecimiento económico, aumento de la pobreza, resurgimiento del conservadurismo, cambios demográficos y en la composición y la estructura de las familias, y agotamiento del actual estilo de desarrollo dominante, caracterizado por el aumento de la desigualdad y la crisis ambiental.

Entre los nudos estructurales a enfrentar se encuentran: i) la desigualdad socioeconómica y la persistencia de la pobreza; ii) los patrones culturales patriarcales discriminatorios y violentos y el predominio de la cultura del privilegio; iii) la división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado, y iv) la concentración del poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito público. Estos nudos se refuerzan mutuamente y generan complejos sistemas socioeconómicos, culturales y de creencias que obstaculizan y reducen el alcance de las políticas para la igualdad de género y la autonomía de las mujeres. La Estrategia de Montevideo busca erosionar estos nudos estructurales, que se describen sintéticamente a continuación, y así avanzar hacia la igualdad sustantiva.

a) Desigualdad socioeconómica y persistencia de la pobreza en el marco de un crecimiento excluyente

América Latina y el Caribe continúa siendo la región más desigual del mundo. La tendencia a la reducción de la desigualdad de ingresos en los últimos años, derivada de un crecimiento económico sostenido y políticas sociales más decididas, no se vio acompañada de una distribución más equilibrada de capital y trabajo. A su vez, en varios países, la reducción de la desigualdad del ingreso se produjo concomitantemente con mayores índices de feminidad de la pobreza en los hogares. Ello se condice con la persistencia de las brechas de género en el mercado laboral, los salarios, el empleo de calidad y el acceso a la protección y a la seguridad social, una organización social que asigna a las mujeres el trabajo doméstico no remunerado y de cuidados junto con la insuficiencia de las políticas y los servicios de cuidado, que aseguren la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, Estado, mercado, familias y comunidad. También persisten las barreras para que las mujeres accedan a recursos productivos, como el crédito, la tierra, el agua, la capacitación, las tecnologías y el tiempo. Esto pone en evidencia el carácter estructural de la desigualdad de género.

A las limitaciones de las actuales políticas de desarrollo, especialmente las macroeconómicas, la regresividad sistémica de las políticas fiscales y la pérdida de dinero por causa de la evasión y la elusión fiscal, se suma la baja presión fiscal sobre las personas y empresas de mayores recursos, la excesiva dependencia de impuestos indirectos con sesgos de género y la creciente adopción de medidas de austeridad fiscal y recortes de presupuesto para la inversión social. Todos estos son obstáculos importantes para superar y poder movilizar recursos públicos suficientes para la igualdad de género y los derechos de las mujeres y las niñas.

Aunque América Latina y el Caribe históricamente ha contribuido en menor medida que otras áreas del mundo al cambio climático, es una región extremadamente vulnerable a sus consecuencias. Esto obedece, entre otros factores, a su ubicación geográfica, a la biodiversidad que la caracteriza y a sus patrones de especialización productiva, que en su mayoría son intensivos en recursos naturales y energías fósiles y poco intensivos en conocimiento, tecnologías y en la generación de empleo de calidad, sobre todo para las mujeres.

A esta situación se suma una coyuntura económica desfavorable. Son preocupantes las previsiones de aumento de la pobreza de ingreso, producto de la disminución del ritmo de crecimiento económico y del aumento del desempleo, las presiones inflacionarias y la evasión fiscal. En contextos de ajuste y desaceleración es importante adoptar medidas activas que impidan que las políticas macroeconómicas y las reformas fiscales profundicen los niveles de pobreza de las mujeres, aumenten la sobrecarga de trabajo no remunerado y de cuidados, y no incrementen, o decididamente reduzcan, el financiamiento y los presupuestos para las políticas de igualdad y los mecanismos para el adelanto de las mujeres, en especial su trabajo para prevenir y erradicar la violencia de género.

Por lo tanto, frente al agotamiento del actual estilo de desarrollo dominante, es necesario transitar hacia patrones de producción y consumo sostenibles que incorporen políticas de redistribución de la riqueza, el ingreso y el tiempo. Superar la pobreza y reducir las brechas de desigualdad constituyen dos pilares fundamentales para alcanzar la igualdad sustantiva. Asimismo, es preciso trabajar en pro de un orden internacional propicio al ejercicio de la ciudadanía plena y de todos los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, lo que redundará en beneficio de todas las mujeres y niñas y de la sociedad en su conjunto.

b) Patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos y predominio de la cultura del privilegio

Los avances regionales en materia de acceso y participación de las niñas, adolescentes, jóvenes y adultas, en toda su diversidad, en el sistema educativo, de las mujeres jóvenes y adultas en el mercado laboral y en la toma de decisiones, y de algunos hombres en el trabajo de cuidados no ocultan la persistencia de patrones socioculturales discriminatorios, sexistas y racistas que siguen reproduciendo la desigualdad y la violencia en América Latina y el Caribe.

En los últimos años se constata un resurgimiento de prácticas, discursos y patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos basados en la cultura del privilegio, que limitan el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y el reconocimiento de las distintas formas de familia, la diversidad sexual y la identidad de género. La discriminación y la violencia que las personas LGBTI enfrentan por motivos de orientación sexual o identidad de género se evidencian en los obstáculos que encuentran para acceder a la atención de la salud, a un trabajo de calidad, a formas legales de unión y conformación de familia, y al registro de su identidad. Dicho resurgimiento constituye una alerta para que los Gobiernos tomen acciones para evitar la regresividad respecto de la garantía de los derechos de todas las personas y la autonomía de las mujeres.

También persisten pautas culturales patriarcales que excluyen, e invisibilizan la identidad y los conocimientos de las mujeres —especialmente las mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes y migrantes—, negando el carácter pluricultural y multilingüe de América Latina y el Caribe. Estas pautas, junto con el neoconservadurismo, conforman sistemas de discriminación y privilegios que se alimentan, además, de los cruces entre la desigualdad de género y otras desigualdades también presentes en la sociedad y que se vinculan al nivel socioeconómico, la pertenencia étnica y racial, la edad, el lugar de residencia y las capacidades físicas y mentales.

Los patrones culturales patriarcales también están en la base de la brecha salarial, la orientación vocacional, la organización social del cuidado y la violencia que se ejerce contra las mujeres y las niñas. Con el horizonte en 2030 y el desarrollo sostenible, es preciso pasar de la cultura del privilegio a la cultura de los derechos y de la igualdad, desmontando el modelo androcéntrico de ser humano y su expresión en las políticas públicas, e incluyendo a los niños, los jóvenes y los hombres como agentes y beneficiarios de este cambio. Es necesario, por lo tanto, erradicar toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar el goce efectivo de los derechos humanos en las esferas política, económica, social, cultural y ambiental. La igualdad sustantiva solo será posible si todas las personas son reconocidas iguales en dignidad, y son consideradas y reconocidas como sujetos de derechos.

c) División sexual del trabajo e injusta organización social del cuidado

A pesar de los avances de algunos países de América Latina y el Caribe en la realización de encuestas de uso del tiempo que permiten contabilizar el trabajo no remunerado y en el reconocimiento del cuidado como una necesidad y un derecho, y la consecuente implementación de políticas específicas, todavía persiste una rígida división sexual del trabajo basada en relaciones de poder desiguales, que impide la disminución de la carga de este trabajo para las mujeres. Esto se verifica al constatar que su creciente participación en el mercado laboral y en el ámbito público no se ha visto acompañada de una mayor participación de los varones en el trabajo doméstico no remunerado y de cuidados, y que las niñas, los niños y adolescentes siguen siendo socializados en el marco de estos patrones patriarcales. Asimismo, cuando el trabajo de cuidados se inserta en el mercado, está realizado principalmente por mujeres en tres sectores de la economía: trabajo doméstico remunerado, salud y educación.

Persiste una organización social injusta y desequilibrada del cuidado, con fuertes implicancias en términos de brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, entre mujeres de distintos niveles socioeconómicos y entre territorios y países. Muchas mujeres latinoamericanas y caribeñas forman parte de cadenas globales de cuidados que, ante la falta de participación de los hombres, se constituyen mediante la transferencia de los trabajos de cuidados de unas mujeres a otras, sobre la base de relaciones de poder según el sexo, la clase y el lugar de procedencia. En las próximas décadas se agudizará el proceso de envejecimiento de la población de la región y, por lo tanto, se incrementará la carga de cuidado de las personas adultas mayores, los enfermos crónicos y las personas con alguna discapacidad, y aumentarán los costos de la atención de la salud y los sistemas de pensiones. Al mismo tiempo, si bien para 2030 se espera un descenso de la fecundidad, esta continuará siendo estratificada según nivel socioeconómico y pertenencia racial y étnica.

Estos elementos contribuirán a la falta de autonomía económica de las mujeres si no se enfrentan desde ya con políticas públicas que respondan a las demandas de cuidado de personas con algún nivel de dependencia y que consideren de manera explícita los derechos de las cuidadoras, ya sean remuneradas o no, de modo que no se vean amenazadas sus posibilidades de participación en procesos de adopción de decisiones y en las oportunidades laborales y productivas. Los programas y proyectos deben diseñarse teniendo en cuenta que la organización social del cuidado es una responsabilidad que debe ser compartida por hombres y mujeres y redistribuida entre las diversas formas de familia, las organizaciones sociales y comunitarias, las empresas y el Estado.

La división sexual del trabajo y los patrones culturales dominantes inciden también en los problemas ambientales y en las consecuencias del cambio climático en la cotidianidad de los hogares. Las mujeres rurales, indígenas y campesinas son guardianas de la biodiversidad, pero, en condiciones de mucha fragilidad y explotación, tienen menor acceso y control sobre la tierra y los recursos productivos, y son las principales responsables de la alimentación de los miembros de la familia, de la recolección del agua y la leña, y del cuidado de la huerta y los animales. Por lo tanto, las responsabilidades y la falta de poder agudizan su vulnerabilidad y dificultan el desarrollo de su capacidad de adaptación y respuesta. La mitigación del cambio climático implica tomar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y conduce a analizar cómo se relaciona el orden de género con los patrones dominantes de producción, consumo, uso de energía y tecnología. En este contexto, es importante considerar la contribución de las mujeres a la mitigación como productoras, trabajadoras y consumidoras, así como investigadoras del área de tecnología y energías limpias y seguras, y responsables de política pública.

Los desafíos de erradicación de la pobreza y la desigualdad, las necesidades y demandas de cuidado y la crisis ambiental exigen la superación de la actual división sexual del trabajo como un pilar fundamental para alcanzar la igualdad en 2030.

d) Concentración del poder y relaciones de jerarquía en el ámbito público

En las últimas décadas, pese al proceso sostenido de democratización de las sociedades, en América Latina y el Caribe han seguido vigentes estructuras institucionales, sociales y culturales que restringen el acceso de las mujeres al ejercicio del poder y a los procesos de adopción de decisiones, así como el acceso a la justicia y a la exigibilidad de sus derechos.

Además, en algunos países de la región existe una tendencia a la concentración del poder político y económico, y un resurgimiento de brotes antidemocráticos y culturas autoritarias y de tutelaje sobre el cuerpo de las mujeres, que limitan su autonomía y el desarrollo de toda la sociedad. Preocupa especialmente constatar que, a la vez que se abren canales de participación de la sociedad civil en la vida pública, hay procesos de criminalización de defensoras de derechos humanos y de la protesta social en contextos de conflictos socioambientales, en un marco de impunidad. Asimismo, no hay suficiente reconocimiento de la contribución de los movimientos de mujeres y feministas, afrodescendientes, jóvenes, indígenas y personas LGBTI a la democracia, al cambio cultural y a una convivencia en paz sustentada en políticas públicas de igualdad.

Para alcanzar la igualdad de género en 2030 es imprescindible avanzar hacia dos procesos interrelacionados: la profundización y cualificación de las democracias y la democratización de los regímenes políticos, socioeconómicos y culturales. Ambos tienen como condición lograr la paridad en la distribución del poder. Por lo tanto, la democracia paritaria como criterio —cuantitativo y cualitativo— constituye un pilar central para generar las condiciones para el ejercicio pleno de los derechos humanos y la ciudadanía de las mujeres.

En síntesis, la superación de la desigualdad y la pobreza, la transformación de los patrones culturales patriarcales discriminatorios y violentos y de la cultura del privilegio, la superación de la división sexual del trabajo, y la consolidación de la democracia paritaria son cuatro pilares interrelacionados, cuatro carreteras sustantivas para alcanzar la igualdad de género y transitar hacia patrones de desarrollo basados en los derechos humanos, la autonomía de las mujeres y la sostenibilidad. Estos pilares atraviesan todas las medidas de los ejes para la implementación de la Estrategia de Montevideo y brindan una orientación política para la implementación de políticas públicas transformadoras de las relaciones de género en América Latina y el Caribe.

C. ESTRATEGIA DE MONTEVIDEO: EJES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA REGIONAL DE GÉNERO EN EL MARCO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE HACIA 2030

La Estrategia de Montevideo está orientada a la puesta en marcha de los ejes para la implementación de políticas públicas que contribuyan a eliminar las desigualdades de género y garantizar los derechos humanos y la autonomía de las mujeres en toda su diversidad. Los ejes para la implementación de la Estrategia son: 1. Marco normativo, 2. Institucionalidad, 3. Participación, 4. Construcción y fortalecimiento de capacidades, 5. Financiamiento, 6. Comunicación, 7. Tecnología, 8. Cooperación, 9. Sistemas de información y 10. Monitoreo, evaluación y rendición de cuentas. Estos ejes se encuentran interrelacionados y su puesta en marcha contribuirá al establecimiento y la sostenibilidad de las políticas sectoriales y transversales orientadas a eliminar las desigualdades de género y garantizar el goce efectivo de los derechos humanos de todas las mujeres, sin discriminación.

Estos ejes están muy asociados a los medios de implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Las metas del ODS 17 sobre finanzas y cuestiones sistémicas están vinculadas con los ejes para la implementación de la Estrategia de Montevideo sobre financiamiento y cooperación (5 y 8). Las metas del ODS 17 sobre tecnología y la meta 5.b (ODS 5) están comprendidas en el eje sobre tecnología (7). La creación de capacidad está incorporada en los ejes para la implementación sobre institucionalidad y construcción y fortalecimiento de capacidades (2 y 4). Los compromisos sobre datos, vigilancia y rendición de cuentas del ODS 17 están comprendidos en los ejes sobre sistemas de información y monitoreo, evaluación y rendición de cuentas (9 y 10). La meta 5.c relativa a los medios de implementación (ODS 5), dirigida a aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles, se contempla en el eje sobre marco normativo (1). Además, los ejes de la Estrategia de Montevideo avanzan en la visibilización de dos medios fundamentales para la plena y efectiva puesta en marcha de las políticas públicas de igualdad y derechos en América Latina y el Caribe: la participación y la comunicación (3 y 6).

La Estrategia de Montevideo comprende 74 medidas para los diez ejes para la implementación que son acordadas a nivel regional por los Gobiernos de América Latina y el Caribe, y que posteriormente se adaptan a las prioridades y necesidades de los países y se insertan en los planes de desarrollo sostenible, aunque son de aplicación en diferentes ámbitos (nacional, subnacional, local, regional e internacional). Este abordaje multiescalar está orientado a reducir las desigualdades en los países y entre ellos. El nivel de operacionalización de las medidas dependerá de la organización política y la estructura administrativa de cada país, mientras que las medidas regionales e internacionales se basarán en la arquitectura compuesta por los organismos intergubernamentales establecidos a esos niveles.

1. Marco normativo: igualdad y Estado de derecho

El marco normativo comprende la base jurídica, legal y de política relativa a los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Incluye el conjunto de leyes, políticas, planes de igualdad, instrumentos de planificación, programas, normas, reglamentos y protocolos de intervención, así como instrumentos internacionales vinculantes y no vinculantes que delimitan el alcance de la política pública. El marco normativo es elaborado por distintos actores estatales del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en los diferentes niveles territoriales.

Medidas:

1.a Incorporar los compromisos asumidos por los Gobiernos en la Agenda Regional de Género producto de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, en políticas, planes y programas nacionales, subnacionales y locales de igualdad, derechos de las mujeres y desarrollo sostenible.

1.b Ratificar o aplicar los instrumentos de derechos humanos, revisar periódicamente y modificar, en caso de ser necesario, las leyes, políticas, planes, programas y protocolos a fin de armonizarlos con los estándares internacionales de derechos humanos de las mujeres, igualdad de género y no discriminación, y asegurar que se respeten, protejan y garanticen los derechos de las mujeres en su diversidad e impedir retrocesos.

1.c Modificar o armonizar el marco jurídico nacional incorporando el principio de igualdad y la prohibición de discriminación basada en el sexo establecida en los artículos 1 y 2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

1.d Promulgar leyes y normativas integrales y específicas para la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres, implementándolas en forma efectiva y plena, incluidas las que garanticen el derecho a una vida libre de toda forma de violencia y discriminación.

1.e Diseñar y ejecutar planes de igualdad de género, de despatriarcalización y de derechos de las mujeres con presupuesto intransferible, progresivo y suficiente y metas comprometidas en los distintos sectores y niveles de gobierno.

1.f Incorporar la igualdad de género y los derechos de las mujeres transversalmente en los planes nacionales de desarrollo e instrumentos de planificación.

1.g Establecer evaluaciones periódicas de manera preceptiva sobre la ejecución de los planes de igualdad de género existentes y modificar las políticas y programas incorporando las recomendaciones para superar los obstáculos para la implementación.

1.h Diseñar e implementar protocolos de intervención integrales e intersectoriales, con enfoque de género, derechos humanos, interseccionalidad e interculturalidad, que establezcan estándares de calidad para asegurar la no discriminación por razón de género y la adaptabilidad de los programas y servicios, que cuenten con una asignación de recursos financieros intransferibles y suficientes, y que se utilicen en los diferentes niveles del Estado.

1.i Eliminar todas las barreras legales e institucionales para el acceso efectivo e igualitario de las mujeres a la justicia, sin discriminación, garantizando la participación, la transparencia, la independencia y la atención oportuna y de calidad, con personal especializado y reparación integral del daño en caso de violación de sus derechos a efectos de poner fin a la impunidad.

1.j Asegurar que las leyes, los reglamentos y los protocolos incorporen mecanismos y procedimientos para garantizar la exigibilidad de los derechos de las mujeres.

1.k Adoptar leyes y normativas para garantizar el acceso igualitario de las mujeres al poder político, impulsando su participación paritaria en todos los espacios públicos.

1.l Promover que la posición de los países de América Latina y el Caribe en los debates internacionales sobre políticas macroeconómicas, acuerdos comerciales, de inversión y financieros incorporen los compromisos de la Agenda Regional de Género y su vínculo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que, en particular, la posición sobre cuestiones de desarrollo sostenible se comuniquen al Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible por conducto del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.

1.m Promover medidas, políticas y programas para la plena participación de los niños, los jóvenes y los hombres como aliados estratégicos para el logro de la igualdad de género, la promoción y la garantía de los derechos de las mujeres y la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas.

2. Institucionalidad: políticas multidimensionales e integrales de igualdad de género

La institucionalidad de género es el producto de la cristalización de procesos políticos y técnicos y hace referencia a la estructura organizacional para la gestión de las políticas públicas sobre derechos de las mujeres e igualdad de género en todos los poderes y a todos los niveles del Estado. Los diseños o modalidades institucionales son heterogéneos en los países y están conformados por los mecanismos para el adelanto de las mujeres, las instancias de igualdad de género en ministerios sectoriales, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los organismos descentralizados y las instancias de coordinación intersectorial e interinstitucional.

Medidas:

2.a Otorgar a los mecanismos para el adelanto de las mujeres jerarquía al más alto nivel, refrendada por el marco normativo, para cumplir, en uso de sus competencias, con su función de entes rectores y gestores de las políticas de igualdad de género, derechos y autonomía de las mujeres, y asegurar que los procesos de transversalización de la igualdad de género permeen toda la estructura del Estado.

2.b Fortalecer los mecanismos para el adelanto de las mujeres con recursos humanos, técnicos, políticos, administrativos y financieros suficientes y garantizar su sostenibilidad en el tiempo, prestando especial atención a los niveles subnacional y local.

2.c Impulsar la creación y consolidación de las instancias para la igualdad de género y los derechos de las mujeres en los ministerios sectoriales (incluidos los ministerios de administración pública, cuando existen), organismos descentralizados, gobiernos subnacionales, municipales y locales, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, dotándolas de recursos humanos, técnicos y políticos, así como de un presupuesto específico.

2.d Establecer instancias gubernamentales permanentes de coordinación intersectorial e interinstitucional, con mandato, división de tareas, asignación de recursos y planes de trabajo específicos, especialmente entre los mecanismos para el adelanto de las mujeres y las unidades centrales de planificación y presupuestación, para participar en el diseño y la ejecución de los planes de desarrollo y presupuestos públicos, incorporando la perspectiva de género en la planificación y presupuestación nacional, subnacional y local.

2.e Asegurar la coordinación permanente, a través de la Secretaría Técnica de la Conferencia, entre la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, los órganos subsidiarios de la CEPAL y el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible para el seguimiento articulado de la Agenda Regional de Género y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en concordancia con sus respectivos mandatos.

3. Participación popular y ciudadana: democratización de la política y las sociedades

La participación popular y ciudadana, y en particular de las organizaciones y movimientos de mujeres y feministas, en la implementación de la Agenda Regional de Género implica su contribución en el diseño, la aplicación y el seguimiento de las políticas a nivel nacional e internacional. Para lograr una participación activa y sustantiva se requiere crear un entorno seguro y propicio mediante el apoyo a los procesos de organización, el fortalecimiento de las capacidades, el acceso a la información y a la justicia y el establecimiento de mecanismos de participación paritaria efectivos, institucionalizados, permanentes y representativos de la diversidad de organizaciones y movimientos de mujeres y feministas, jóvenes, indígenas, afrodescendientes, mujeres rurales, adultas mayores, mujeres migrantes, mujeres de diversos grupos étnicos, religiosos y lingüísticos, mujeres que viven con VIH/SIDA, mujeres desplazadas, mujeres que viven en la pobreza, mujeres privadas de libertad, mujeres con discapacidad y personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI), así como de canales de diálogo con la ciudadanía en general, incluso a través de Internet.

Medidas:

3.a Apoyar el liderazgo de las mujeres en organizaciones sociales y políticas, impulsando la participación democrática paritaria, el fortalecimiento institucional y las capacidades de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos de mujeres y feministas, y en particular el liderazgo de las adolescentes, jóvenes, indígenas, afrodescendientes, mujeres rurales, mujeres migrantes, mujeres que viven con VIH/SIDA, mujeres con discapacidad y personas LGBTI, respetando sus expresiones organizativas.

3.b Establecer mecanismos que garanticen la inclusión paritaria de la diversidad de mujeres en los espacios de poder público de elección popular y designación en todas las funciones y niveles del Estado.

3.c Crear y mantener un entorno seguro y propicio para la participación plena y efectiva de la sociedad civil a través de un marco normativo habilitante, un sistema de protección de derechos humanos que salvaguarde las libertades y garantice el acceso efectivo a la justicia, a la información pública y oportuna y a canales de participación ciudadana, incluidos mecanismos de consulta previa, libre e informada a las comunidades rurales, étnicas, y los pueblos indígena originario campesinos.

3.d Establecer o fortalecer los mecanismos de participación ciudadana efectivos, institucionalizados, permanentes y representativos de la diversidad de organizaciones de la sociedad civil para garantizar su contribución en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de igualdad de género y derechos humanos de las mujeres, especialmente las políticas macroeconómicas, productivas y de desarrollo sostenible, y las políticas de mitigación y respuesta ante el efecto de fenómenos climáticos adversos, de gestión del riesgo de desastres y de fortalecimiento de la resiliencia a nivel regional, nacional, subnacional y local.

3.e Fomentar el desarrollo de plataformas de participación y consulta en línea para la participación ciudadana de todas las personas y grupos en la toma de decisiones, especialmente de las y los jóvenes y de las mujeres de todas las edades, afrodescendientes, y las que viven en comunidades rurales, étnicas, indígenas, o alejadas de las estructuras de toma de decisión, garantizando un acceso igualitario a la información y las consultas de base amplia.

3.f Asignar presupuesto suficiente para el funcionamiento de mecanismos de control social y rendición de cuentas, observatorios y otros instrumentos, y para la participación de las organizaciones de la sociedad civil, en particular de las organizaciones y movimientos de mujeres y feministas de todas las edades.

3.g Promover espacios de participación de las organizaciones de la sociedad civil, especialmente de los movimientos de mujeres y feministas, en el marco de los organismos de integración regional y los órganos intergubernamentales regionales y mundiales, como la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe y otros órganos subsidiarios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la Comisión de Población y Desarrollo, el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible y el Foro del Consejo Económico y Social sobre el Seguimiento de la Financiación para el Desarrollo.

3.h Trabajar para la creación de un fondo regional de apoyo a las organizaciones de mujeres y feministas, tomando en consideración los aportes de la sociedad civil.

4. Construcción y fortalecimiento de capacidades estatales: gestión públicav basada en la igualdad y la no discriminación

La implementación de la Agenda Regional de Género implica el desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales y de los recursos humanos que diseñan y ejecutan las políticas en todos los niveles estatales. Las capacidades institucionales se fortalecen a través de la planificación, la gestión y el seguimiento de las políticas, asegurando la coherencia entre las políticas de igualdad de género y las políticas de desarrollo. Entre los instrumentos para el fortalecimiento de los recursos humanos se destacan la capacitación, el intercambio de experiencias, la transferencia de conocimientos y la asistencia técnica a nivel nacional, regional e internacional.

Medidas:

4.a Diseñar e implementar planes de formación y capacitación continua en materia de igualdad de género, derechos de las mujeres, interseccionalidad e interculturalidad en todas las instituciones públicas, en especial el sistema de justicia, las fuerzas de seguridad y los sectores de salud y educación, y en alianza con centros académicos, organizaciones feministas y organizaciones internacionales con el fin de garantizar recursos humanos idóneos en el diseño e implementación de políticas sectoriales y transversales de género en todo el territorio nacional.

4.b Incorporar en los programas de formación continua del funcionariado público capacitación en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres, interseccionalidad e interculturalidad, y valorar dicha formación en el desarrollo y promoción de la carrera funcional.

4.c Diseñar e implementar estrategias de capacitación continua, gestión y evaluación para construir una cultura organizacional abierta a las políticas de género, interseccionales e interculturales.

4.d Diseñar procesos de formación específicos para fortalecer las capacidades de liderazgo de las mujeres de todas las edades a fin de lograr su participación paritaria en los espacios de toma de decisión y, en particular, en cargos de alta jerarquía, directivos y técnicos.

4.e Implementar programas regionales (presenciales y virtuales) de intercambio de experiencias y de formación y creación de capacidades sobre la Agenda Regional de Género, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los indicadores de los ODS y la planificación para el desarrollo, con el apoyo de la CEPAL.

5. Financiamiento: movilización de recursos suficientes y sostenibles para la igualdad de género

El financiamiento de la Agenda Regional de Género comprende fuentes de financiamiento público nacional e internacional. Se toman en cuenta las fuentes disponibles, así como las potenciales con el objeto de asegurar el máximo de los recursos para garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. El financiamiento comprende montos, nivel y composición de la asignación de los recursos y también las fuentes de recaudación para aumentar los ingresos de manera no regresiva y según prioridades de igualdad.

Medidas:

5.a Diseñar, implementar y evaluar las políticas macroeconómicas, y especialmente las políticas fiscales (ingresos, gastos e inversión), desde un enfoque de igualdad de género y derechos humanos, salvaguardando los avances alcanzados y movilizando los máximos recursos disponibles.

5.b Estimar las necesidades presupuestarias de las diferentes dependencias del Estado vinculadas con el cumplimiento de la Agenda Regional de Género y los Objetivos de Desarrollo Sostenible utilizando ejercicios de estimación de gastos con perspectiva de género, e identificar las fuentes de financiamiento público disponibles y potenciales que respondan a las necesidades económicas y sociales de cada país.

5.c Impulsar y adoptar políticas fiscales progresivas y destinar presupuestos con enfoque de género para garantizar recursos suficientes, intransferibles, sostenibles y que cubran todos los niveles y ámbitos de política pública orientada a revertir las desigualdades de género y garantizar los derechos de las mujeres.

5.d Asegurar que las medidas de ajuste fiscal o de recortes presupuestarios dirigidas a enfrentar las situaciones de desaceleración económica se adecuen a los principios de derechos humanos y de no discriminación, considerando que dichas medidas cubran excepcionalmente el período de crisis y sean de carácter temporal, y evitando especialmente la profundización de los niveles de pobreza de las mujeres, la sobrecarga de trabajo no remunerado y de cuidados que enfrentan las mujeres y la reducción del financiamiento y los presupuestos para las políticas de igualdad y los mecanismos para el adelanto de las mujeres.

5.e Dar seguimiento a la evolución del monto, nivel, composición y desembolso de las asignaciones presupuestarias para las políticas orientadas a reducir las desigualdades de género y garantizar los derechos de las mujeres, y difundir información sobre dichas asignaciones.

5.f Asegurar que el sector privado, en particular el empresarial, contribuya de manera eficaz al financiamiento de emprendimientos de mujeres, al financiamiento de los servicios públicos y la protección social a través del pago de impuestos progresivos, y que el Estado evite la existencia de privilegios fiscales.

5.g Implementar estudios de impacto de género de las políticas fiscales antes y después de su aplicación, asegurando que estas no tengan un efecto negativo explícito o implícito sobre la igualdad de género, los derechos y la autonomía de las mujeres, por ejemplo, en la sobrecarga del trabajo no remunerado y de cuidados o en los niveles de pobreza de las mujeres.

5.h Fortalecer la cooperación regional para combatir la evasión y la elusión fiscal y los flujos financieros ilícitos, y mejorar la recaudación fiscal de los grupos que concentran los niveles más altos de ingreso y riqueza a través del impuesto a la renta corporativa, los impuestos a la riqueza y a las propiedades, entre otros, y así disponer de mayores recursos para las políticas de igualdad de género.

5.i Instar a los organismos de las Naciones Unidas y del sistema interamericano a garantizar los recursos suficientes a sus mecanismos de género para la plena implementación de las políticas de igualdad de género y derechos de las mujeres.

5.j Destinar recursos financieros suficientes para la construcción y el fortalecimiento de las capacidades institucionales y de los recursos humanos, en particular de los países pequeños altamente endeudados del Caribe, con miras a la plena y efectiva implementación de las políticas de derechos de las mujeres e igualdad de género.

6. Comunicación: acceso a la información y el cambio cultural

La comunicación de la Agenda Regional de Género se refiere a los planes, campañas y acciones comunicativas orientadas a la difusión de la normativa, la institucionalidad, las estadísticas y la información de género, así como las campañas orientadas hacia el cambio cultural para la igualdad y la garantía de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, con especial atención a los derechos sexuales y reproductivos.

Medidas:

6.a Diseñar e implementar planes de comunicación para la difusión sistemática de los acuerdos, compromisos y obligaciones de los Estados de América Latina y el Caribe con los derechos humanos de las mujeres y las niñas y la igualdad de género, y su articulación con prioridades mundiales, nacionales, subnacionales y locales, dirigidos al funcionariado público, la sociedad civil, el sector académico, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto, que cuenten con recursos asignados y mediciones de impacto.

6.b Establecer planes de comunicación, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), dirigidos a diferentes públicos específicos, para la difusión continua de la legislación y reglamentación de las políticas orientadas a eliminar las desigualdades de género y garantizar los derechos humanos de las mujeres.

6.c Realizar campañas de comunicación continuas, orientadas al cambio cultural para la igualdad de género en todos los ámbitos y basadas en estudios cuantitativos y cualitativos.

7. Tecnología: hacia el gobierno electrónico y economías innovadoras e inclusivas

La tecnología como eje de implementación de la Agenda Regional de Género comprende los mecanismos para el desarrollo, la transferencia y la difusión de tecnología, y su acceso y uso igualitario. Se considera la transferencia tecnológica en condiciones favorables, concesionales y preferenciales para los países de América Latina y el Caribe, incluidos términos preferenciales, para que las tecnologías sean socialmente apropiadas, seguras y sostenibles desde el punto de vista ambiental, y contribuyan a eliminar las desigualdades de género. También se pone énfasis en las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) como medio para avanzar hacia políticas de gobierno electrónico considerando las necesidades de las mujeres y el ejercicio de su ciudadanía y derechos.

Medidas:

7.a Diseñar y hacer evaluaciones ex ante y ex post en forma periódica de los efectos de la aplicación de las tecnologías en relación con la igualdad de género en áreas como el empleo femenino, la salud, la protección de los saberes ancestrales de las mujeres indígenas y de distintos grupos étnico-raciales, el acoso y la violencia por medios tecnológicos, los recursos naturales y los modos de producción.

7.b Formular e implementar las políticas de gobierno electrónico con un enfoque de género, interseccionalidad e interculturalidad aumentando la eficiencia y la calidad de los servicios públicos, el acceso a la información, la transparencia, la utilización de datos abiertos, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, y asegurando la confidencialidad y la protección de los datos de usuarios y usuarias.

7.c Incorporar el enfoque de igualdad de género, interseccionalidad, interculturalidad e intergeneracionalidad en el diseño y la aplicación de las agendas digitales y las estrategias nacionales para la innovación y las TIC.

7.d Diseñar y llevar a la práctica programas específicos para cerrar las brechas de género en el acceso, el uso y las habilidades en materia de ciencia, tecnología e innovación, y fomentar la participación paritaria de las mujeres en este ámbito.

7.e Impulsar, en el marco del Mecanismo de Facilitación de la Tecnología de las Naciones Unidas, compromisos para el acceso, el intercambio, la transferencia y la difusión de tecnología en condiciones favorables, concesionales y preferenciales, y fomentar evaluaciones multidimensionales para asegurar la transferencia de tecnologías seguras, socialmente apropiadas, sostenibles desde el punto de vista ambiental y en consonancia con los compromisos sobre derechos de las mujeres y la igualdad de género.

8. Cooperación: hacia una gobernanza multilateral democrática

Los países de América Latina y el Caribe y la comunidad internacional están llamados a cooperar y brindar asistencia, de acuerdo con sus capacidades y recursos, para apoyar los esfuerzos encaminados a alcanzar la igualdad de género y garantizar los derechos de las mujeres. Los acuerdos de cooperación para el cumplimiento de la Agenda Regional de Género pueden ser de carácter técnico, científico, financiero, de transferencia de tecnología o capacidades. La cooperación regional, la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular complementan, pero no sustituyen, a la cooperación Norte-Sur y se basan en los principios de horizontalidad, no condicionalidad y beneficio mutuo.

Medidas:

8.a Armonizar la normativa a nivel regional teniendo en cuenta los derechos humanos de las mujeres, y evaluar los efectos extraterritoriales de la legislación y las políticas que se adoptan, a fin de responder a fenómenos de carácter transnacional como la migración, la trata de mujeres y niñas, el tráfico ilícito de migrantes, la delincuencia organizada internacional, el tráfico de drogas, los desplazamientos forzados y las situaciones de refugio, las cadenas globales de valor y las cadenas globales de cuidados, la volatilidad financiera, la concentración de la riqueza, el cambio climático, la portabilidad de las pensiones y los derechos de las mujeres indígenas, afrodescendientes, de etnias diversas y originarias.

8.b Implementar acuerdos de cooperación para el desarrollo entre países y subregiones, en especial frente a eventos naturales extremos u otras situaciones críticas, en materia técnica, científica, financiera y de estándares laborales y de derechos sociales, económicos, culturales y medioambientales de las mujeres.

8.c Incrementar los recursos y la asistencia técnica para aumentar la resiliencia en los pequeños Estados insulares en desarrollo y los Estados ribereños vulnerables al impacto del cambio climático, los desastres y los eventos climáticos extremos.

8.d Fortalecer la articulación de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe con los mecanismos de género del sistema interamericano y los bloques de integración regional y subregional para asegurar la sinergia en la implementación y el seguimiento de la Agenda Regional de Género y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

8.e Instar a los países desarrollados a cumplir los compromisos de la asistencia oficial para el desarrollo, en particular el de alcanzar la meta de destinar el 0,7% de su ingreso nacional bruto a esta asistencia, así como la meta de destinar del 0,15% al 0,20% en favor de los países menos adelantados.

8.f Promover la cooperación y el apoyo destinados a los países de renta media, en particular los países altamente endeudados y vulnerables del Caribe, a través de la definición de metodologías integrales para la clasificación de los países según el enfoque de brechas estructurales de desarrollo a fin de evaluar con mayor precisión e integralidad los niveles de desarrollo y las desigualdades de género.

8.g Instar a los países desarrollados a fomentar el incremento de la asistencia oficial para el desarrollo no condicionada y planificada, de manera concertada, con recursos suficientes para el financiamiento de políticas de igualdad de género y el cumplimiento de la transversalización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

8.h Promover la representación de los países de América Latina y el Caribe, con una conformación paritaria de sus delegaciones, en las instituciones de gobernanza económica mundial que diseñan e implementan las normas internacionales en materia financiera, comercial y de deuda, y velar por que estas normas estén alineadas con los derechos humanos de las mujeres.

8.i Explorar opciones para el alivio de la deuda de los países altamente endeudados y vulnerables del Caribe y promover soluciones para afrontar el sobreendeudamiento, garantizando recursos necesarios para implementar la Agenda Regional de Género y lograr el desarrollo sostenible.

9. Sistemas de información: transformar datos en información, información en conocimiento y conocimiento en decisión política

Los sistemas de información de género comprenden los procedimientos de selección, recopilación, integración, procesamiento, análisis y difusión de información sobre las desigualdades de género, y los avances y desafíos pendientes para garantizar los derechos de las mujeres. Las estadísticas e indicadores de género, cualitativos y cuantitativos, pueden provenir de diferentes fuentes, principalmente de los organismos productores de información que componen el sistema estadístico nacional.

Medidas:

9.a Establecer y fortalecer los sistemas estadísticos nacionales con enfoque de género. Para ello se debe mejorar la cobertura, calidad y periodicidad de las estadísticas sociodemográficas y económicas por medio de encuestas, censos y registros administrativos, utilizando clasificadores comunes que aseguren la comparabilidad.

9.b Asegurar la desagregación y difusión de la información por sexo, edad, pertenencia racial y étnica, nivel socioeconómico y zona de residencia, de modo de mejorar los diagnósticos para reflejar la diversidad de situaciones de las mujeres.

9.c Desarrollar y fortalecer los instrumentos de medición sobre las desigualdades de género, como las encuestas de uso del tiempo, sobre violencia contra las mujeres, salud sexual y reproductiva, y uso de los espacios públicos, y asegurar su presupuestación y periodicidad.

9.d Diseñar e incorporar en los sistemas de información de la gestión pública indicadores que permitan medir el grado de compromiso con los derechos humanos de las mujeres y su garantía, distinguiendo indicadores estructurales, de proceso y de resultado y señales de progreso cualitativas.

9.e Establecer o fortalecer alianzas interinstitucionales entre organismos productores y usuarios de la información, en especial entre los mecanismos para el adelanto de las mujeres, las oficinas nacionales de estadística, los centros académicos y las instituciones nacionales de derechos humanos.

9. f. Publicar y difundir, por medios digitales con acceso libre, información de calidad, oportuna y gratuita sobre los debates legislativos, los presupuestos aprobados y ejecutados y las decisiones del Poder Judicial.

9.g Fortalecer las capacidades estadísticas de los mecanismos para el adelanto de las mujeres en América Latina y el Caribe con miras a incluir la perspectiva de género en todos los proyectos de generación o integración estadística.

9.h Promover la producción de información para el seguimiento de los compromisos asumidos en la Agenda Regional de Género de forma complementaria con los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo.

9.i Profundizar el trabajo articulado entre la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe y la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y promover la cooperación entre países y la participación en los períodos de sesiones de la Comisión Estadística de las Naciones Unidas.

10. Monitoreo, evaluación y rendición de cuentas: garantía de derechos y transparencia

El monitoreo y la evaluación de la implementación de la Agenda Regional de Género y la rendición de cuentas forman parte del ciclo de planificación e implementación de las políticas de igualdad de género y derechos de las mujeres, y permiten analizar los obstáculos y avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados. La rendición de cuentas implica contar con mecanismos para difundir información confiable, pertinente, suficiente y oportuna, y garantizar espacios de diálogo con la sociedad civil que realiza el control ciudadano. La coordinación entre los diferentes instrumentos de rendición de cuentas permite reducir la duplicación, promover las sinergias positivas y la transparencia, e ir consolidando gobiernos abiertos.

Medidas:

10.a Crear sistemas de monitoreo o fortalecerlos, según criterios acordados, que, de forma integral y periódica, permitan evaluar el grado de implementación de las leyes y las normas, las políticas, los planes y programas sobre la igualdad de género y los derechos de las mujeres a escala regional, nacional y subnacional.

10.b Tomar en consideración la información disponible del monitoreo y la evaluación para establecer o fortalecer mecanismos de rendición de cuentas sobre los avances y el cumplimiento de la Agenda Regional de Género, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y en particular sobre los presupuestos públicos en todos los niveles de la administración del gobierno.

10.c Promover la coordinación interinstitucional de los mecanismos para el adelanto de las mujeres, las instituciones nacionales de derechos humanos y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) y del Protocolo de San Salvador para asegurar la complementariedad y no duplicación en el monitoreo y la evaluación de las políticas de igualdad de género y derechos de las mujeres.

10.d Asegurar que los informes que los países presentan ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sean más amplios y detallados y que respondan al cronograma establecido por las Naciones Unidas, y que se convoque a la sociedad civil para realizar el seguimiento y la evaluación de las políticas de que se informa, y las modificaciones legislativas acordes a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

10.e Informar a la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe y al Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible del cumplimiento de los acuerdos y compromisos de la Agenda Regional de Género y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

10.f Dar cuenta de los avances y obstáculos regionales para la plena y efectiva implementación de la Agenda Regional de Género y sus sinergias con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en los períodos de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer.

10.g Garantizar el acceso efectivo de las organizaciones de la sociedad civil a la información pública de modo que puedan cumplir con su papel de monitoreo de las políticas de igualdad y derechos humanos de las mujeres.

D. SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE MONTEVIDEO EN EL HORIZONTE 2030

La Estrategia de Montevideo es un acuerdo de carácter regional que los Estados miembros de la CEPAL adaptarán a sus prioridades, planes de igualdad de género y de derechos, planes de desarrollo sostenible y políticas y presupuestos nacionales.

Los Estados son los responsables del examen sistemático de los avances en la puesta en marcha de la Estrategia de Montevideo a través de un marco de seguimiento abierto y participativo que comprende instancias de rendición de cuentas regionales y la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil.

A partir de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en 2016, cada año hasta 2030, los Gobiernos podrán informar voluntariamente sobre sus avances en la aplicación y adaptación de la Estrategia de Montevideo en una de las dos reuniones de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe que se realizan por año, y según un cronograma de presentaciones sobre ejes para la implementación en áreas específicas de interés que se acuerde entre todos los Gobiernos de la región.

Además, cada año, en virtud de la resolución 700(XXXVI) del trigésimo sexto período de sesiones de la CEPAL, la Presidencia de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, con el apoyo de la Secretaría, informará al Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible acerca de los avances en la implementación de la Estrategia de Montevideo. Estos informes contribuirán al proceso mundial en el marco del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible y el Foro del Consejo Económico y Social sobre el Seguimiento de la Financiación para el Desarrollo.

Dicho informe también será parte de la contribución de América Latina y el Caribe a los períodos de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas y las sesiones especiales de consulta regional previa organizadas por la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), como aporte de la región al debate mundial sobre la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres, y el seguimiento de los ODS.

La CEPAL tiene el mandato de convocar, con carácter permanente y regular, en períodos no superiores a los tres años, una Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (Plan de Acción Regional para la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina, 1977, párr. 88, 1). Por lo tanto, de aquí a 2030, se espera que se lleven a cabo cuatro Conferencias Regionales sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (2019, 2022, 2025 y 2028), una cada tres años. En cada una de estas reuniones se realizará un informe con un seguimiento evaluativo sobre la ejecución de la Estrategia de Montevideo y los avances en el cumplimiento de las metas de igualdad de género y autonomía de las mujeres de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda Regional de Género.

El seguimiento de la Estrategia de Montevideo hasta 2030 tiene por objeto monitorear los esfuerzos de los Estados para la plena y efectiva implementación de la Agenda Regional de Género y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a fin de garantizar los derechos humanos y la autonomía de las mujeres y transitar hacia patrones de desarrollo más igualitarios y sostenibles.

[1] LC/G.2682.

RESERVAS Y DECLARACIONES

PLAN DE ACCIÓN REGIONAL DE MAR DEL PLATA (1994)

RESERVAS DE LAS DELEGACIONES DE LA ARGENTINA, EL ECUADOR, LOS ESTADOS UNIDOS Y GUATEMALA

La delegación de Estados Unidos reservó su posición sobre los párrafos 4 (en los antecedentes) y 70 (línea estratégica III). Las delegaciones de Argentina, Ecuador y Guatemala reservaron su posición sobre los párrafos 63 y 64 (acción estratégica II.5.b y c). A este respecto, la delegación argentina declaró que aceptaba el concepto de derecho reproductivo tal como lo expresa la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en su artículo 16, y la Declaración y Programa de Acción de Viena aprobado por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993) en su párrafo 41. La delegación de Ecuador reservó además su posición respecto del inciso h) del párrafo 105 y del inciso a) del párrafo 117.

CONSENSO DE MÉXICO, D.F. (2004)

RESERVA DE LA DELEGACIÓN DE EL SALVADOR

Conscientes de que nuestro país se unió al consenso del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de El Cairo, Egipto, en 1994, con sus respectivas reservas, las que en esta oportunidad reiteramos igualmente las hechas en otras conferencias.

Considerando que El Salvador es consecuente con su vocación democrática, se une al consenso de la declaración de México convencidos de que este documento será útil para la promoción y adelanto de la mujer. En este sentido reafirmamos nuestra voluntad de promover el contenido del presente Consenso con la siguiente reserva:

Para el caso del Consenso de México, reiteramos la reserva al numeral 6, romano xi de la presente declaración, específicamente a la frase referida a... “Revisar e implementar la legislación...” debido a que su redacción no es compatible con lo establecido en nuestra Carta Magna, artículo primero, referido a la persona humana, que “...reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción”.

Por lo antes expresado, solicitamos incorporar la presente reserva al documento de la declaración del Consenso de México.

Asimismo solicitamos incorporar esta reserva al pie de página de dicho documento.

EXPLICACIÓN DE POSICIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Si bien los Estados Unidos se ha unido al Consenso de México, el Gobierno de los Estados Unidos desea hacer la siguiente explicación de posición.

Estados Unidos apoya gran parte del contenido de la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing y del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo realizada en El Cairo. Este apoyo no es solo teórico. Estados Unidos se cuenta entre los principales donantes para el logro de los objetivos, tanto de Beijing como de El Cairo. En el año fiscal 2003, el gobierno de Estados Unidos brindó asistencia por concepto de unos 1.820 millones de dólares a programas de salud. La mayor parte de este monto estuvo destinado, además de a la planificación familiar y la salud reproductiva, al HIV/SIDA, la supervivencia infantil y la salud maternal. Como es sabido, el Plan de Emergencia para la Mitigación del SIDA del Presidente Bush se está poniendo en práctica. Este plan abarca un desembolso de 15.000 millones de dólares en cinco años, para ampliar los programas de prevención y tratamiento. De estos, 9.000 millones son nuevos fondos. La financiación de la planificación familiar y la salud reproductiva ha ascendido a entre 424 millones y 446 millones de dólares en los últimos cuatro años, lo que representa un aumento sustancial en relación con el cuatrienio anterior. Asimismo, a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), Estados Unidos brindó casi 474 millones para programas de educación y capacitación en los países en desarrollo, sobre todo para la educación básica y la alfabetización de los niños. Este y otros programas demuestran el compromiso claro y orientado a la acción del Gobierno de los Estados Unidos con muchos de los objetivos de Beijing y El Cairo.

Estados Unidos desea asociarse con las numerosas delegaciones que han hecho reservas o declaraciones de interpretación en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, así como en otras de las conferencias más importantes de las Naciones Unidas, con respecto a los términos “derechos reproductivos”, “derechos sexuales”, “salud reproductiva”, “atención y servicios de salud reproductiva”, “servicios de planificación familiar” y “salud sexual”. Estados Unidos entiende que la palabra “reafirmamos” referida a la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y cualquier otra referencia a documentos de las conferencias de las Naciones Unidas no constituye una reafirmación de expresión alguna en dichos documentos que pudiera interpretarse a favor de aborto o el uso de abortivos, ni niega el firme apoyo de Estados Unidos al derecho a la objeción de conciencia de los trabajadores de la salud cuyas creencias personales les puedan dictar su negativa a llevar a cabo o participar en un aborto o servicios relacionados con un aborto. Sin embargo, Estados Unidos apoya el tratamiento de las mujeres que sufren las secuelas de abortos legales o ilegales, incluida, por ejemplo, la atención posterior al aborto, y no incluye a este tratamiento entre los servicios de aborto.

Estados Unidos apoya plenamente el principio de elección voluntaria en lo que respecta a la planificación familiar. Las parejas deberían ser libres de elegir el método de planificación familiar que desean emplear y también si desean emplear algún método o no. Con el fin de garantizar que esta opción sea realmente voluntaria, las parejas deberían recibir información completa acerca del mecanismo, riesgos y beneficios de toda la gama de métodos anticonceptivos antes de tomar una decisión en materia de planificación familiar. En ningún caso se debe promover el aborto como método de planificación familiar. Las mujeres que han recurrido al aborto deben recibir, sin excepción, un trato humano y servicios de orientación.

En lo que respecta a los “servicios de prevención del HIV/SIDA”, Estados Unidos apoya plenamente un enfoque equilibrado, como el modelo ABC (Abstinence, Be faithful and, when necessary, appropriate and safe use of Condoms), que recomienda abstinencia, fidelidad y el uso adecuado de condones en caso necesario. Sobre la base de una creciente evidencia de un cierto número de países en desarrollo, Estados Unidos apoya el enfoque ABC porque permite enfocar y equilibrar estos tres elementos de acuerdo con las necesidades de cada población de riesgo y con las circunstancias específicas de cada país que se enfrenta a la epidemia.

Estados Unidos interpreta la reafirmación de los compromisos con los objetivos y metas plasmados en el Programa de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia celebrada en Durban en el 2001 sólo en lo referente a los objetivos y metas relativos a las mujeres, de acuerdo con el alcance previsto y pertinente de la presente declaración. Por otra parte, Estados Unidos no asumió compromisos en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia que pueda reafirmar.

En lo que respecta a la referencia a la convocatoria a “eliminar las medidas unilaterales contrarias al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas” en el párrafo 6 (xv) de la parte dispositiva acerca de la violencia contra las mujeres y la explotación sexual de la mujer, Estados Unidos entiende que se aplica a la política del gobierno cubano de promoción del turismo sexual, la prostitución y la explotación sexual, especialmente de las mujeres y niñas cubanas. Estas “medidas unilaterales” de Cuba, un aspecto de la política de Estado cubana defendido públicamente por su máximo líder, se traduce en la promoción de la explotación de las mujeres y de una actividad administrada por el Estado para atraer turistas extranjeros que degradan sistemáticamente a las mujeres y las niñas y son contrarias al derecho internacional.

Por último, los Estados Unidos pide a la Secretaría de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe que incluya un resumen de esta explicación de posición y una referencia clara a esta explicación en el informe oficial de la presente Conferencia y que distribuya la explicación de posición como un documento oficial de la novena Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.

Los Estados Unidos solicita asimismo que en el Consenso se incluya la siguiente nota de pie de página:

“La delegación de Estados Unidos entiende que la expresión derechos sexuales y reproductivos no debe interpretarse como una expresión de apoyo o promoción del aborto o el uso de abortivos.”

RESERVA DE LA DELEGACIÓN DE NICARAGUA

La delegación del Gobierno de Nicaragua:

1. Acoge y comparte el consenso de México.

2. Acoge complacido el documento de trabajo “Caminos hacia la equidad de género en América Latina y el Caribe”.

3. Reafirma su compromiso con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994) y la Plataforma de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Mujer (Beijing, 1995).

4. Reafirmamos los compromisos y mantenemos las reservas tal como fueron establecidas en cada una de las Conferencias mencionadas en el párrafo anterior.

Solicitud de nota al pie de página: En referencia a los términos contenidos en la página 2, numeral 3 y en la página 4 del numeral 6, inciso xi, Nicaragua acepta los términos siempre que no afecte sus reservas.

RÉPLICA DE LA DELEGACIÓN DE CUBA

Una declaración como la que acabo de escuchar solo puede ser resultado del más absoluto irrespeto a la verdad y de la impotencia por el fracaso de 45 años de bloqueo económico, comercial y financiero, de agresiones terroristas de todo tipo, de acciones para doblegar la irrevocable voluntad de las mujeres, del pueblo de Cuba, de defender su libertad, su independencia, su soberanía, su autodeterminación, su socialismo.

Por respeto a las delegaciones aquí reunidas, no puedo permitir que las calumnias expresadas aquí, queden sin respuesta.

Decir que el gobierno de Cuba promueve el turismo sexual o la prostitución es una infamia más de las muchas que sistemáticamente lanzan al mundo para tergiversar nuestra realidad.

Los logros de las mujeres cubanas, su papel en la sociedad, son demostración contundente de la realidad que vivimos. La Revolución ha enaltecido a las mujeres cubanas y eso es de sobra conocido por todos los aquí presentes.

Es realmente irrisorio y contradictorio oír aquí a la representante del gobierno de los EE.UU hablando de la situación de las mujeres, cuando la humanidad consternada ha contemplado las violaciones, las torturas en Irak, las que han sufrido las mujeres iraquíes mancilladas por las tropas de ocupación norteamericanas. Ese es el respeto a las mujeres que ellos promueven.

El bloqueo a Cuba no es un asunto bilateral, es aplicado extraterritorialmente y en virtud de ello, imponen sus leyes al resto del mundo; amenazan gobiernos, sancionan, persiguen a escala de todo el planeta a quienes quieren invertir o negociar con Cuba. Leyes como la Torricelli y la Helms Burton así lo establecen y así lo demuestran.

El pasado 6 de mayo, el Presidente de los EE.UU. dio a conocer un nuevo paquete de medidas injerencistas, para tratar de destruir a nuestro pueblo, a nuestras mujeres.

Rechazo categóricamente estas mentiras. Esta ha sido una demostración más de su política de agresión.

Sra. Presidenta:

Solicito que esta declaración, íntegramente, conste en las actas de esta novena Conferencia, así como anexa al consenso de México.

CONSENSO DE QUITO (2007)

EXPLICACIÓN DE POSICIÓN DE CHILE

Respecto del Considerando del Consenso de Quito que señala: reconociendo que el fortalecimiento del Estado laico contribuye a la eliminación de la discriminación contra las mujeres y garantiza el ejercicio de sus derechos humanos.

En relación a dicho párrafo quisiéramos manifestar lo siguiente:

Chile tiene un Estado Laico desde hace más de un siglo. Chile comparte el espíritu de este considerando y está de acuerdo con su aprobación, sin embargo, la redacción no nos parece la más adecuada, por lo que solicitamos se incorpore en forma pertinente la siguiente Explicación de Posición o Aclaración de Voto.

A juicio de Chile, el considerando al que se hace referencia, en ningún caso, significa emitir un juicio crítico a las creencias religiosas ni desconocer el papel que éstas han cumplido y seguirán cumpliendo en defensa de los derechos humanos, la superación de la pobreza y la democracia.

Laura Albornoz Pollmann

Ministra

Servicio Nacional de la Mujer

Jefa de la Delegación de Chile

EXPLICACIÓN DE POSICIÓN DE COLOMBIA

Colombia se ha unido al Consenso de Quito pero quiere hacer la siguiente explicación de posición acerca del compromiso adoptado relacionado con “el acoso político” que señala:

“Adoptar medidas legislativas y reformas institucionales para prevenir, sancionar y erradicar el acoso político y administrativo contra las mujeres que acceden a los puestos de decisión vía electoral o por designación, tanto en el nivel nacional como local, así como en los partidos y movimientos políticos”.

Reconocer que las mujeres de nuestra región enfrentan diversos obstáculos para participar en la política y para acceder a los espacios de toma de decisiones, situación que afecta la participación paritaria de las mujeres en nuestras democracias.

Sin embargo, el Estado colombiano quiere manifestar que ha adoptado las políticas y medidas necesarias para lograr la igualdad entre mujeres y hombres y para garantizar la participación de mujeres y hombres en las elecciones competitivas.

El gobierno nacional adelanta campañas, a nivel nacional tendientes a garantizar la transparencia electoral, de tal manera que tanto electoras como candidatas, puedan desarrollar libremente sus actividades.

En este contexto, adicional a todas las medidas de orden legislativo, se está adelantando la campaña

“A voto limpio”, por todo el territorio nacional. Esta tiene como propósito garantizar que las próximas elecciones se desarrollen “A voto limpio”, es decir, sin la interferencia de organizaciones criminales o de cualquier tipo de presión que afecte la decisión libre y voluntaria que tienen todas las ciudadanas de ejercer su derecho fundamental al sufragio representado en la posibilidad de elegir o ser elegida.

La campaña consiste en la suscripción de pactos de buenas prácticas, por los jefes de los partidos políticos, Gobernadores, Alcaldes, Candidatos y la Ciudadanía en general.

Actualmente, los 32 gobernadores han suscrito el pacto, los jefes de 14 partidos políticos y 503 alcaldes.

En desarrollo de esas políticas y medidas no se ha tenido evidencia ni se cuenta con estadísticas que conduzcan a tipificar la conducta “acoso político” como una conducta violatoria de las normas electorales o de los códigos civil, penal, comercial o contencioso administrativo y conlleven a imponer sanciones de tipo político, económico, penal o administrativo.

El Estado colombiano manifiesta su voluntad de ahondar e investigar en el tema para establecer si es un fenómeno que se presente en nuestro país y poder así, en un futuro próximo, definir conceptual, jurídica y políticamente este tipo de situaciones.

Martha Lucía Vásquez Z.

Consejera Presidencial para la

Equidad de la Mujer

EXPLICACIÓN DE POSICIÓN DE COSTA RICA

En el marco del llamado Consenso de Quito, específicamente en sus  Considerandos aprobados por los gobiernos de los países participantes de la Décima Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, representados por el más alto nivel de ministras o mecanismos para el adelanto de la mujer, reunidos en Quito, Ecuador, del 6 al 9 de agosto de 2007, nos permitimos plantear lo siguiente.

El Gobierno de Costa Rica, solicita a la Mesa Directiva de la X Conferencia Regional de las Mujeres de América Latina y el Caribe, realizar la siguiente Reserva con respecto al Considerando 6, que señala.

“Reconociendo que el carácter laico de los estados contribuye a la eliminación de la discriminación contra las mujeres y garantiza el ejercicio de sus derechos humanos”.

En tal sentido, y en mi calidad de Jefa de Delegación del Gobierno de Costa Rica ante esta Conferencia, me permito solicitar la reserva de mi país con respecto al Considerando anteriormente expuesto, por cuanto el artículo 75 de la Constitución de Costa Rica establece que “la religión católica es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos”.

Asimismo, el Estado costarricense reafirma su compromiso y esfuerzos permanentes por eliminar la discriminación contra las mujeres en sus diversas formas y garantizar el respeto de sus derechos humanos, en consonancia con los instrumentos jurídicos internacionales ratificados por el país y la legislación nacional.

Agradezco en nombre de mi país.

Jeannette Carrillo Madrigal

Jefa Delegación Oficial

Costa Rica

C/Ministerio de Relaciones Exteriores. Costa Rica

DECLARACIÓN DE EL SALVADOR SOBRE EL CONSENSO DE QUITO

El Salvador en su oportunidad se unió al consenso del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo, Egipto, en 1994, y realizó una serie de reservas que hoy en día continúan vigentes,

Considerando que El Salvador es consecuente con su vocación democrática, se une al consenso de la declaración de Quito convencidos de que este documento será útil para la promoción y adelanto de la mujer. En este sentido, reafirmamos nuestra voluntad de promover el contenido del presente Consenso con las siguientes reservas,

Reiteramos la reserva al numeral 8 de la presente Declaración, específicamente la frase referida a... “el carácter laico de los Estados”, debido a que su redacción no es compatible con lo establecido en nuestra Carta Magna que en su artículo 85 reconoce que el Estado es republicano, democrático y representativo,

Asimismo, reiteramos nuestra reserva al numeral 17 de la presente Declaración, cuando menciona “las relaciones familiares al interior de los diversos tipos de familia” debido a que esta redacción no es compatible con nuestra legislación interna, tal como lo señalamos en las reservas planteadas en el Plan de Acción de Cairo, “al referirnos a la familia en su pluralidad de formas, en ningún caso podemos cambiar el origen y fundamento de la familia, que es la unión el hombre y la mujer, de la que se derivan los hijos.”,

Además, señalamos nuestra reserva al numeral 23 de esta Declaración cuando señala “relacionados a los derechos sexuales” ya que el país reconoce únicamente la existencia de derechos reproductivos dentro del derecho a la salud,

En lo relacionado a la frase “en virtud de, entre otros, el aborto en condiciones de riesgo” presentamos nuestra reserva ya que nuestra Constitución señala en su artículo primero referido a la persona humana, que “...reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción”, y que no se promoverá el aborto como método de planificación familiar ni como un servicio de salud,

Reiteramos nuestra reserva al numeral 1 inciso xxiv porque igualmente hace mención a los derechos sexuales como parte de los derechos humanos y El Salvador solamente reconoce los derechos reproductivos en el marco del derecho a la salud,

Asimismo, reiteramos nuestra reserva al numeral 1 inciso xxv cuando hace referencia a “servicios de salud sexual y reproductiva” ya que si bien el país apoya las acciones encaminadas a promover la salud sexual y reproductiva de hombres y mujeres, como ya lo mencionamos anteriormente, nunca deberá incluirse el aborto en esos conceptos, ni como servicio ni como método para regular la fecundidad,

Por lo antes expresado, solicitamos incorporar las mencionadas reservas como parte integral del documento que emane de la presente reunión y de la Declaración del Consenso de Quito.

EXPLICACIÓN DE VOTO DE REPÚBLICA DOMINICANA

La delegación de la República Dominicana apoya y aprueba el Consenso de Quito aprobado por los gobiernos de los países participantes de la Décima Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, representados por el más alto nivel de ministras o mecanismos para el adelanto de la mujer, reunidos en Quito, Ecuador, del 6 al 9 de agosto de 2007, nos permitimos plantear lo siguiente:

La delegación de la República Dominicana, solicita a la Mesa Directiva de la X Conferencia Regional de las Mujeres de América Latina y el Caribe, realizar la siguiente Reserva con respecto al Considerando 6, que señala:

“Reconociendo que el carácter laico de los estados contribuye a la eliminación de la discriminación contra las mujeres y garantiza el ejercicio de sus derechos humanos”.

Lo anterior en consideración a que la República Dominicana tiene vigente un concordato suscrito con la Santa Sede en el que estrechó los lazos entre el estado Dominicano y la Iglesia Católica de tal manera que en nuestro país la religión católica es una asignatura obligatoria en el curriculum escolar vigente.

Flavia García

Secretaria de Estado de la Mujer

CONSENSO DE BRASILIA (2010)

RESERVA DE CHILE

La delegación de Chile solicita a la Mesa Directiva de la undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe realizar la siguiente Reserva:

Brasilia, 16 de julio de 2010

La Delegación de Chile a la undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, de conformidad con la Constitución Política de la República de Chile que protege la vida del que está por nacer, suscribe el Consenso de Brasilia en el entendido de que este no implica un endoso al aborto.

RESERVAS DE COSTA RICA

El Gobierno de Costa Rica solicita a la Mesa Directiva de la undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe realizar las siguientes Reservas:

16 de julio de 2010

Señora

Alicia Bárcena

Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica

para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Estimada señora:

Tengo el honor de dirigirme a Usted, en ocasión de referirme al Consenso de Brasilia, suscrito el 16 de julio de 2010. Considerando que la República de Costa Rica es un país con una tradición democrática centenaria, con una decidida vocación de respeto a los derechos humanos y promotor de la tolerancia, apoya el Consenso de Brasilia con la certeza de que este instrumento será valioso para la promoción y el adelanto de las mujeres de la región.

Consecuentemente, Costa Rica ha adoptado, firmado y ratificado todos los instrumentos que promueven la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, y ha ido adecuando su legislación nacional a estos instrumentos, especialmente en relación con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

En este sentido, reafirmamos nuestra voluntad de suscribir el contenido del presente Consenso, pero solicitamos que quede constancia en el informe de las siguientes reservas de Gobierno de la República de Costa Rica:

1. Para el Consenso de Brasilia reiteramos la reserva al considerando 9 que dice textualmente, “Reafirmando que el carácter laico de los Estados contribuye a eliminar la discriminación contra las mujeres y a garantizar el ejercicio pleno de sus derechos humanos”.

Costa Rica consagra en su Constitución Política la libertad de culto y los avances logrados a favor de las mujeres en todos los ámbitos de su desarrollo, político, económico, social y cultural se han logrado con la Constitución actual, que contempla un Estado confesional y una absoluta libertad de cultos. La inclusión de este punto en la parte considerativa no constituye un aspecto primordial para lograr los objetivos que se pretenden en la lucha de las mujeres.

2. Reiteramos la reserva a la medida f) del eje: promover la salud integral y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que dice textualmente, “Revisar las leyes que prevén medidas punitivas contra las mujeres que se hayan sometido a abortos, conforme a lo recomendado en la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, incluidas las nuevas medidas e iniciativas para la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, así como en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, y en las observaciones del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, y garantizar la realización del aborto en condiciones seguras en los casos autorizados por la ley”.

La Sala Constitucional de la República de Costa Rica en reiteradas oportunidades ha afirmado que, “en cuanto ha sido concebida, una persona es una persona y estamos ante un ser vivo, con derecho a ser protegido por el ordenamiento jurídico” (Exp: 01-003721-0007-CO Res: 2001-06685), acorde con las normas jurídicas y Constitución Política vigentes en Costa Rica.

3. Costa Rica desea hacer constar que entiende cuando se habla de derechos sexuales y reproductivos, que estos se refieren a la capacidad que tienen la mujer y el hombre de lograr y mantener la salud sexual y reproductiva, en el marco de relaciones de igualdad y respeto mutuo. Además, la autonomía física implica el ejercicio del poder y el control sobre su propio cuerpo, su sexualidad y fertilidad, así como el derecho a una vida libre de violencia (sexual, física, psicológica), en respeto al marco normativo nacional vigente.

Reciba, señora Secretaria, las seguridades de mi más alta y distinguida consideración,

Maureen Clarke Clarke

Presidenta Ejecutiva

INAMU

EXPLICACIÓN DE POSICIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS

La delegación de los Estados Unidos desea hacer la siguiente explicación de posición:

El Gobierno de los Estados Unidos respalda firmemente las medidas que se toman en el hemisferio para promover y asegurar la igualdad de derechos de las mujeres, incluidas las medidas para prevenir la violencia contra las mujeres y para aumentar su empoderamiento económico. Sin embargo, el Gobierno de los Estados Unidos no está de acuerdo con muchas de las disposiciones del Consenso de Brasilia y se opone a muchas de ellas, por lo que no se encuentra entre los participantes de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe que han aprobado dicho documento.

RESERVA DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

Nueva York, 20 de agosto de 2010

Sra.

Alicia Bárcena

Secretaria Ejecutiva

Comisión Económica para

América Latina y el Caribe

Presente

Estimada Señora Bárcena:

El Gobierno de la República de Nicaragua ha fijado como una de sus prioridades la restitución de los derechos de las mujeres nicaragüenses en todos los ámbitos de la sociedad. Hemos adquirido un compromiso firme, expresado a través de políticas públicas eficaces, que permiten avanzar hacia la equidad de género y el empoderamiento de la mujer, transitando de la retórica a la práctica. Nuestras mujeres han conquistado espacios de poder en los procesos de toma de decisiones, en la vida económica, social y cultural del país. Asimismo, se les ha procurado los medios básicos para su superación como salud y educación gratuita, acceso a los medios de producción, entre otros.

El Gobierno de la República de Nicaragua, debido a fuerzas mayores, no tuvo la oportunidad de hacerse representar en la undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada en Brasilia, del 13 al 16 de julio de 2010. No obstante, el Gobierno de la República de Nicaragua considera que el documento emanado de dicha Conferencia, conocido como el Consenso de Brasilia, es un excelente documento para la protección y promoción de los derechos de la mujer en nuestra región y está en consonancia con las políticas públicas de nuestro país.

Por lo antes expuesto, el Gobierno de la República de Nicaragua se une al Consenso de Brasilia aprobado por los gobiernos de los países participantes en la undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, en el entendido de que este no implica un endoso al aborto.

El Gobierno de Nicaragua, de acuerdo a su Constitución y sus leyes, reafirma que toda persona tiene derecho a la vida, siendo este derecho fundamental e inalienable y que este derecho comienza desde el momento de la concepción.

El aborto o la interrupción del embarazo bajo ningún concepto podrán ser considerados como un medio de regulación de la fecundidad o de control de la natalidad; toda legislación interna que regula esta materia es soberanía de la nación de Nicaragua.

Solicito que la presente Reserva General conste en el informe de esta Conferencia.

Hago propicia la oportunidad para expresarle mi más distinguida consideración.

Atentamente,

S.E. Maria Rubiales de Chamorro

Representante Permanente de Nicaragua

ante las Naciones Unidas y

Viceministra de Relaciones Exteriores

CONSENSO DE SANTO DOMINGO (2013)

RESERVA PRESENTADA POR LA DELEGACIÓN DE COSTA RICA

RESERVA PRESENTADA POR LA DELEGACIÓN DE GUATEMALA

ESTRATEGIA DE MONTEVIDEO (2016)

RESERVA DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

Table of Contents

Portadilla

Créditos

Índice

Prólogo

Plan de Acción Regional de la Habana (1977)

Programa de Acción Regional de Mar del Plata (1994)

Consenso de Santiago (1997)

Consenso de Lima (2000)

Consenso de México, D.F. (2004)

Consenso de Quito (2007)

Consenso de Brasilia (2010)

Consenso de Santo Domingo (2013)

Estrategia de Montevideo (2016)

Reservas y Declaraciones