Portadilla

Créditos

Alicia Bárcena

Secretaria Ejecutiva

Antonio Prado

Secretario Ejecutivo Adjunto

Paulo Saad

Oficial a cargo del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía

(CELADE)-División de Población de la CEPAL

Ricardo Pérez

Director de la División de Publicaciones y Servicios Web

Comité Editorial

Editor: Jorge Martínez Pizarro

Miembros: Enrique González, Fabiana del Popolo, Leandro Reboiras y Orly Winer

Secretaria: María Ester Novoa

Todos los miembros del Comité Editorial pertenecen al CELADE-División de Población de la CEPAL.

Redacción y administración: casilla 179-D, Santiago, Chile. E-mail: CELADE-NotasDePoblacion@cepal.org.

La revista Notas de Población es una publicación del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL, cuyo propósito principal es la difusión de investigaciones y estudios de población sobre América Latina y el Caribe, aun cuando recibe con particular interés artículos de especialistas de fuera de la región y, en algunos casos, contribuciones que se refieren a otras regiones del mundo. Se publica dos veces al año, con una orientación interdisciplinaria, por lo que acoge tanto artículos sobre demografía propiamente tal como otros que aborden las relaciones entre las tendencias demográficas y los fenómenos económicos, sociales y biológicos. Las opiniones expresadas en esta revista son responsabilidad de los autores, y pueden no coincidir con las del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL.

La revista Notas de Población está indizada en Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (CLASE), en el Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (LATINDEX) y en el Sistema de Búsqueda Avanzada de Documentos (DIALNET).

Consejo Editorial

Nombre

Afiliación institucional

País/organización

Antonio Aja Díaz

Universidad de La Habana

Cuba

Juan Carlos Alfonso Fraga

Oficina Nacional de Estadística e Información

Cuba

José Luis Ávila Martínez

Universidad Nacional Autónoma de México

México

Guiomar Bay

CELADE-División de Población de la CEPAL

CEPAL

Wanda Cabella

Universidad de la República

Uruguay

Anna Cabré Pla

Universidad Autónoma de Barcelona

España

Francisco Cáceres

Oficina Nacional de Estadística

República Dominicana

Juan José Calvo

Universidad de la República

Uruguay

Alejandro I. Canales

Universidad de Guadalajara

México

Suzana Cavenaghi

Instituto Brasileño de Geografía y Estadística

Brasil

Dora E. Celton

Universidad Nacional de Córdoba

Argentina

Marcela Cerruti

Centro de Estudios de Población

Argentina

Mirna Cunningham

Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Nicaragua

Fabiana del Popolo

CELADE-División de Población de la CEPAL

CEPAL

Mariachiara Di Cesare

Imperial College London

Reino Unido

Andreu Domingo Valls

Universidad Autónoma de Barcelona

España

Albert Esteve

Universidad Autónoma de Barcelona

España

Carmen Elisa Florez Nieto

Universidad del Rosario

Colombia

Anitza Freitez

Universidad Católica Andres Bello

República Bolivariana de Venezuela

Silvia Elena Giorguli Saucedo

El Colegio de México

México

Daniela González

CELADE-División de Población de la CEPAL

CEPAL

Alejandro Guillén García

Universidad de Cuenca

Ecuador

Martín Hopenhayn

Consultor independiente

Chile

Sandra Huenchuan

CELADE-División de Población de la CEPAL

CEPAL

Dirk Jaspers-Faijer

Consultor independiente

Chile

Dina Li Suárez

Consultora independiente

Perú

Fernando Lozano Ascencio

Universidad Nacional Autónoma de México

México

Cássio Maldonado Turra

Universidad Federal de Minas Gerais

Brasil

Ciro Martínez

CELADE-División de Población de la CEPAL

CEPAL

Robert McCaa

Universidad de Minnesota

Estados Unidos

Tim Miller

Consultor independiente

Estados Unidos

Abelardo Morales

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)

Costa Rica

Irene Palma Calderón

Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo

Guatemala

Enrique Peláez

Universidad Nacional de Córdoba

Argentina

Héctor Pérez Brignoli

Universidad de Costa Rica

Costa Rica

José Marcos Pinto da Cunha

Universidad Estadual de Campinas

Brasil

Joseph E. Potter

Universidad de Texas en Austin

Estados Unidos

Jorge Rodríguez Vignoli

CELADE-División de Población de la CEPAL

CEPAL

Laura Rodríguez Wong

Universidad Federal de Minas Gerais

Brasil

Luis Rosero-Bixby

Universidad de California en Berkeley

Estados Unidos

Magda Ruiz

CELADE-División de Población de la CEPAL

CEPAL

Susana Schkolnik

Consultora independiente

Chile

Alejandra Silva

CELADE-División de Población de la CEPAL

CEPAL

Zulma Sosa Portillo

Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra

Paraguay

Andras Uthoff

Consultor independiente

Chile

Miguel Villa

Consultor independiente

Chile

Brenda Yépez Martínez

Universidad Central de Venezuela

República Bolivariana de Venezuela

María Eugenia Zavala de Cosío

El Colegio de México

México

Los límites y los nombres que figuran en los mapas de esta publicación no implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas.

Publicación de las Naciones Unidas

ISBN: 978-92-1-121912-8 (versión impresa)

ISBN: 978-92-1-057536-2 (versión pdf)

ISBN: 978-92-1-358033-2 (versión ePub)

N° de venta: S.16.II.G.9

LC/G.2673-P

Copyright © Naciones Unidas, 2016

Todos los derechos reservados

Impreso en Naciones Unidas, Santiago

S.16-00033

Esta publicación debe citarse como: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Notas de Población, N° 102, (LC/G.2673-P), Santiago, 2016.

La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse al Secretario de la Junta de Publicaciones, Sede de las Naciones Unidas, Nueva York 10017, Estados Unidos. Los Estados Miembros y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Solo se les solicita que mencionen la fuente e informen a las Naciones Unidas de tal reproduccción.

Índice

Presentación

Potencialidades de los censos de población y complementariedad con otras fuentes de información para la evaluación de resultados de políticas habitacionales

Tendencias y proyecciones de la población del área metropolitana del Valle de Aburrá en Colombia, 2010-2030

Diferenciales en la fecundidad brasileña según la naturaleza de la unión: algunas reflexiones sobre decisiones reproductivas y convivencia

Las posibilidades de las fuentes de información sociodemográficas para el monitoreo del derecho a la salud de las personas mayores en la Argentina, 1999-2013

Arreglos familiares de la población latinoamericana en España: ¿cambios en tiempos de crisis?

Las consecuencias de quedarse y de volver en el empleo de los uruguayos que migraron a España

La urbanización en el Brasil, un proceso consolidado y paradójicamente mutable

Segregación socioespacial en ciudades mineras: el caso de Antofagasta, Chile

Cambios y continuidades en la movilidad laboral de la fuerza de trabajo femenina en México

La nueva geografía de la explotación minero-energética y la acumulación por desposesión en Colombia entre 1997 y 2012

Envejecimiento demográfico y cambios en la transición a la vejez en el Brasil: pasado, presente y futuro

La escolaridad, el estrato social y la formación de las primeras uniones en México: una visión de largo plazo

Presentación

La edición núm. 102 de Notas de Población llega a los lectores con un diverso catálogo de temas de suma importancia en el campo de los estudios demográficos y de la población de América Latina y el Caribe. Estos temas, que se analizan a lo largo de los 12 artículos que conforman la presente edición, abarcan resumidamente los censos y las proyecciones de población, el análisis de la fecundidad en relación con las características de las uniones, el derecho a la salud de las personas de edad, el envejecimiento demográfico en el Brasil, las formas de convivencia de los latinoamericanos en España, la migración uruguaya de retorno desde aquel país europeo, el proceso de urbanización en el Brasil, la segregación espacial en ciudades mineras de Chile, la movilidad laboral femenina en México, el impacto de la explotación minero-energética en Colombia, los rostros diversificados del envejecimiento en el Brasil y las interrelaciones entre escolaridad, estrato social y formación de la unión en México.

El primer artículo de esta selección, de Florencia Molinatti, lleva por título “Potencialidades de los censos de población y complementariedad con otras fuentes de información para la evaluación de resultados de políticas habitacionales” y destaca las potencialidades de los relevamientos censales para la formulación, el monitoreo y la evaluación de políticas públicas en materia de hábitat y vivienda. Además, da cuenta de los desafíos metodológicos a enfrentar debido a las limitaciones para la identificación de la población beneficiaria de los programas habitacionales. En este contexto, el trabajo propone una metodología de evaluación de resultados que, a partir de las potencialidades de los censos y su complementariedad con otras fuentes de información, permite estimar los efectos de una política habitacional concreta en la provincia de Córdoba (Argentina) sobre la población beneficiaria.

El artículo de Jorge Horbath, “Tendencias y proyecciones de la población del área metropolitana del Valle de Aburrá en Colombia, 2010-2030”, refiere a los cambios demográficos, económicos y sociales experimentados por el área metropolitana del Valle de Aburrá (Colombia). Con más de 3,5 millones de habitantes distribuidos en 10 municipios que incluyen a Medellín, la capital del departamento de Antioquia, las tendencias por grupos de edad y sexo ponen de manifiesto notorias recuperaciones de la población respecto de un pasado marcado por la violencia y las altas tasas de mortalidad. El trabajo echa luz sobre la desaceleración de los procesos de concentración hacia Medellín que se observa actualmente y la consolidación de nuevos centros de agrupación poblacional en los municipios colindantes, con fenómenos de rururbanización que estarían marcando la tendencia en las siguientes dos décadas.

En el trabajo de Joice Melo Vieira, “Diferenciales en la fecundidad brasileña según la naturaleza de la unión: algunas reflexiones sobre decisiones reproductivas y convivencia”, se explora la relación entre el comportamiento reproductivo y las características de la nupcialidad en el Brasil, sobre la base de datos de las Encuestas de Demografía y Salud (Demographic and Health Survey (DHS)) de 1986 y 1996 y de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de la Infancia y la Mujer (PNDS) de 2006. El artículo da cuenta de que las mujeres que viven en uniones consensuales presentan un nivel de fecundidad más elevado que aquellas que optan por el matrimonio. También constata un movimiento de convergencia entre los niveles de fecundidad de ambos grupos. En este contexto, la autora consigna que el significado de tener hijos ha sufrido transformaciones y que, en el caso brasileño, las uniones consensuales pueden comprenderse mejor a la luz de la teoría de la institucionalización.

En el artículo de María Marta Santillán, Bruno Ribotta y Laura Acosta, “Las posibilidades de las fuentes de información sociodemográficas para el monitoreo del derecho a la salud de las personas mayores en la Argentina, 1999-2013”, se analiza el alcance, las limitaciones y los desafíos de las fuentes de información oficiales de la Argentina para el monitoreo del ejercicio del derecho a la salud de las personas mayores en los últimos 15 años. Los autores realizan una compilación de indicadores propuestos principalmente por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y analizan las posibilidades de implementación de dichos indicadores con un enfoque de derechos humanos. Entre las principales conclusiones del trabajo se destaca que si bien la Argentina cuenta con fuentes de información que permiten abordar una cantidad significativa de indicadores, ellas no permiten monitorear diferencias entre distintos grupos socioeconómicos y geográficos ni su evolución para este grupo poblacional, por lo que no es posible el abordaje desde el enfoque de derechos.

A continuación, Xiana Bueno y Helga de Valk abordan el tema de la estructura de los hogares de la población migrante en el artículo “Arreglos familiares de la población latinoamericana en España ¿Cambios en tiempos de crisis?”. Sostienen que dicha estructura a menudo difiere de la que se presenta en el caso de la población no migrante y destacan entre los factores explicativos el papel que juegan las redes sociales en la facilitación del proceso de asentamiento y los vínculos intergeneracionales potencialmente más estrechos en las familias migrantes. Sobre la base de información de la Encuesta de Población Activa (EPA) del período comprendido entre 2005 y 2012, las autoras sugieren la existencia de una pauta de género diferenciada y resaltan la importancia no solo de la coyuntura económica sino también de los eventos en el ciclo de vida a la hora de explicar la probabilidad de vivir en hogares complejos.

También en el ámbito de la migración internacional, en el artículo de Victoria Prieto, “Las consecuencias de quedarse y de volver en el empleo de los uruguayos que migraron a España”, se analiza el acceso al empleo de los emigrados y retornados uruguayos. La autora indaga si la aparente ventaja del retorno, desde un contexto de alto desempleo como el español hacia otro con pleno empleo como el uruguayo, se distribuye de forma homogénea entre los retornados de este origen según sexo, instrucción y duración del asentamiento tras la migración. Los resultados expuestos en el trabajo corroboran una distribución heterogénea de las ganancias del retorno sobre el acceso al empleo y el sector de inserción, que favorece a los varones con menor nivel de educación y perjudica a las mujeres y a los retornados más instruidos.

Seguidamente, Clovis Ultramari, Olga de Freitas y Fernanda Cantarim incursionan en los temas de urbanización en el artículo “La urbanización en el Brasil, un proceso consolidado y paradójicamente mutable”. Basados en la evidencia de una nueva cuestión urbana como la cuasisustitución del crecimiento demográfico producto de la emigración del campo a la ciudad, los autores postulan que la urbanización en el país sudamericano se caracteriza por la doble condición de estar consolidada y ser, paradójicamente, mutable. El marco temporal de las referencias teóricas utilizado en el trabajo es el período que va entre 1970 y 2010.

El artículo “Segregación socioespacial en ciudades mineras: el caso de Antofagasta, Chile”, de Emilio Thodes, forma parte de una serie de estudios sobre desarrollo urbano en zonas mineras realizados en Australia y Chile. Al tiempo que se da cuenta del impulso a la economía local que ha supuesto la actividad minera en los países del Cono Sur de América Latina, por atraer capital externo y nuevos actores a las zonas donde se concentra la extracción minera, en el trabajo también se analiza el impacto de dicha actividad en la segregación socioespacial, concretamente en la ciudad de Antofagasta, al norte de Chile. Se advierte que este proceso ha promovido modalidades de desarrollo desigual que afectan tanto a las zonas urbanas como a las rurales, a la vez que producen transformaciones socioespaciales y crean barreras físicas y sociales.

Ya en el plano de la movilidad laboral y el género, el trabajo de Fiorella Mancini, “Cambios y continuidades en la movilidad laboral de la fuerza de trabajo femenina en México”, se centra en el análisis de diferentes transiciones laborales de mujeres mexicanas de tres generaciones, desde su primer empleo hasta los 30 años. La finalidad es doble: por una parte, observar procesos de informalización, descalificación, desalarización y tercerización del mercado de trabajo femenino en los últimos años, y, por la otra, analizar en qué medida tales procesos se manifiestan en la movilidad individual de las trayectorias laborales femeninas. En el artículo se pone de relieve que las condiciones de entrada al mercado laboral tienen gran incidencia en las posibilidades futuras de las trayectorias laborales de las mujeres.

El artículo de Nubia Ruiz y Luis Santana, “La nueva geografía de la explotación minero-energética y la acumulación por desposesión en Colombia entre 1997 y 2012”, se centra en el análisis de las relaciones existentes entre el desplazamiento forzado, la entrega de títulos mineros y explotaciones energéticas, y la acumulación de tierras rurales productivas en Colombia entre 1997 y 2012. En la indagación de dichas relaciones, los autores ponen en evidencia la existencia de una nueva geografía humana y la configuración de regiones en las cuales la explotación minero-energética y las condiciones de violencia han reafirmado al país como exportador neto de materias primas. Desde esta perspectiva, ello habría reforzado la transnacionalización de la economía y profundizado las condiciones de inequidad y pobreza.

Más adelante, en el artículo “Envejecimiento demográfico y cambios en la transición a la vejez en el Brasil: pasado, presente y futuro”, Carolina Guidotti describe las características de la transición a la vejez de hombres y mujeres en el Brasil. Para ello, el trabajo se focaliza en tres áreas: la esfera doméstica, las condiciones de salud y la condición de actividad económica. A partir de la perspectiva teórica del curso de vida, plantea la hipótesis de que la heterogeneidad de la población adulta mayor viene aumentando desde las últimas décadas, motivo por el cual se estaría observando una diversificación de las experiencias de envejecimiento. Los resultados del análisis ponen de relieve de qué manera los cambios en el contexto demográfico, político, económico y sociocultural inciden en las formas de envejecer de la población y las modifican.

En el final de la presente edición, el artículo “La escolaridad, el estrato social y la formación de las primeras uniones en México: una visión de largo plazo”, de Marta Mier y Terán, analiza el efecto de los crecientes niveles educativos en los patrones de formación de las primeras uniones en el siglo XX en México. La autora utiliza como fuente de datos la Encuesta Nacional de la Dinámica Familiar (Endifam) de 2005 y emplea modelos de tiempo discreto que involucran regresión logística y de riesgos en competencia. El trabajo resalta entre sus hallazgos que la asistencia a la escuela y la escolaridad propician la postergación de la formación de la primera unión en general, y en particular de las uniones consensuales y de las uniones que permanecen en el hogar familiar, pero a través de vías muy distintas en hombres y mujeres, en las cohortes de nacimiento y en los estratos sociales de origen.

Comité Editorial de Notas de Población

Potencialidades de los censos de población y complementariedad con otras fuentes de información para la evaluación de resultados de políticas habitacionales

Florencia Molinatti[1]

Recibido: 19/01/2016

Aceptado: 16/02/2016

Resumen

Los censos de población constituyen una herramienta muy valiosa para la formulación, el monitoreo y la evaluación de políticas públicas. En el caso de las políticas de hábitat y vivienda, las marcadas desigualdades socioeconómicas y las amplias dificultades de acceso por parte de los sectores más pobres demandan la generación de datos específicos que permitan dimensionar las necesidades habitacionales y evaluar los alcances y efectos de las políticas y los programas ejecutados. Esto último enfrenta importantes desafíos metodológicos, principalmente por las limitaciones que presenta esta fuente de información para la identificación de la población beneficiaria de los programas habitacionales.

En tal sentido, este trabajo tiene por objeto proponer una metodología de evaluación de resultados que, a partir de las potencialidades de los censos y su complementariedad con otras fuentes de información, permite estimar los efectos de una política habitacional concreta, como lo es el programa “Mi Casa, Mi Vida” (Córdoba, Argentina), sobre la población beneficiaria.

Palabras clave: censo, política pública, evaluación de resultados, vivienda, hábitat, Argentina.

Abstract

Population censuses are highly valuable tools for formulating, monitoring and evaluating public policies. In terms of habitat and housing policies, and in light of marked socioeconomic inequalities and significant barriers to access faced by the poorest sectors, specific data is needed to help measure housing needs and evaluate the reach and effect of policies and programmes. This raises significant methodological challenges, owing mainly to the limitations of censuses in identifing who has access to housing programmes.

Hence, this study proposes methodology to evaluate results which, through the use of information gleaned from censuses and combined with other information sources, allows us to estimate the effects of a specific housing policy, namely the "My Home, My Life" programme in Córdoba, Argentina, on the target population.

Keywords: census, public policy, evaluation of results, housing, habitat, Argentina.

Résumé

Les recensements de la population constituent un outil très utile pour l’élaboration, le suivi et l’évaluation des politiques publiques. Dans le cas des politiques de l’habitat et du logement, les inégalités socioéconomiques marquées et les larges difficultés d’accès des secteurs les plus pauvres exigent la création de données spécifiques permettant de calculer les nécessités de logement et d’évaluer les portées et les effets des politiques et des programmes exécutifs. Ceci pose d’importants défis méthodologiques, principalement à cause des limitations que présente cette source d’information pour cerner la population bénéficiaire des programmes de logement.

De ce fait, le travail a pour objectif de proposer une méthode d’évaluation des résultats, qui à partir des potentialités des recensements et de leur complémentarité avec les autres sources d’information, permette d’estimer les effets d’une politique concrète du logement, comme le programme « Ma maison, ma vie » (Córdoba, Argentine), sur la population bénéficiaire.

Mots-clés: recensement, politiques publiques, évaluation des résultats, logement, Argentine.

Introducción

La información censal constituye un insumo potencial tanto en el proceso de formulación de políticas públicas como en su monitoreo y evaluación. En el caso de las políticas de acceso al hábitat y la vivienda, la descripción y caracterización de las condiciones habitacionales de los hogares y la población, a partir de la inclusión de módulos específicos en las cédulas censales, constituye una temática históricamente relevante (INDEC, 2010). El cumplimiento del derecho de acceso al suelo urbanizado y a una vivienda digna es el punto de partida para el cumplimiento de otros derechos fundamentales, e intrínsecamente asociados a este, como el derecho a la autonomía personal, la salud, la integridad, la vida y la igualdad.

Pese a que este derecho se encuentra contemplado en numerosos textos constitucionales y tratados internacionales, la vivienda y el suelo urbanizado se han convertido en uno de los grandes problemas sociales para amplios sectores de la población y, al mismo tiempo, en una de las principales fuentes de beneficios especulativos, tanto del capitalismo financiero como de un extenso y variado número de propietarios de suelo, promotores y constructores (Borja, 2008; Sepúlveda Ocampo y Fernández Wagner, 2006). Esto genera una creciente demanda de información específica sobre la temática a fin de dimensionar y describir con mayor precisión las necesidades habitacionales, así como evaluar las políticas aplicadas (INDEC, 2010).

En numerosos estudios (Alves y Cavenaghi, 2011; Arriagada, 2011, 2003; Arriagada, Moreno y Cartier, 2007; Barreto y Acalá, 2007; Martínez de Jiménez, 2001; Rodríguez, 1999; Rodríguez y otros, 2011; Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación/Universidad Nacional de Quilmes, 2007), se revisa críticamente la potencialidad de explotación de la información censal relativa a la cuestión del acceso a una vivienda adecuada. Sin embargo, gran parte de estos análisis se orientan a la evaluación macro de dicho acceso y a la medición del déficit habitacional, y en menor medida al análisis de los alcances y efectos específicos de los programas aplicados.

Este trabajo tiene por objeto analizar las potencialidades de los censos de población y su uso complementario con otras fuentes de información para la evaluación de los resultados de una política habitacional concreta —en este caso el programa “Mi Casa, Mi Vida” (Córdoba, Argentina)—, especialmente cuando no se dispone de información específica sobre la política o el programa en cuestión.

El artículo se estructura en cinco partes, además de la presente introducción. En la sección A se describe sucintamente el programa objeto de estudio y se identifican sus antecedentes y objetivos. En la sección B se expone la metodología de evaluación de resultados propuesta y las fuentes de información utilizadas. En la sección C se analiza brevemente el paradigma de intervención habitacional que caracterizó el programa evaluado, así como también las tipologías residenciales construidas en el marco de dicha iniciativa. En la sección D se comentan y discuten los resultados de la evaluación. Por último, en la sección E se presentan las conclusiones.

A. Programa “Mi Casa, Mi Vida” (2003-2008): breve caracterización

A comienzos del siglo XXI, con la asunción de un nuevo gobierno provincial, la política habitacional destinada a asentamientos precarios presenta un giro importante. En términos generales, se produce un retorno a las políticas de vivienda tradicionales en la Argentina, donde la problemática de los asentamientos irregulares se interpreta desde la óptica exclusiva de la obra pública y su solución se basa principalmente en la creación de vivienda y no en un concepto integral de hábitat (Buthet, 2007).

El antecedente inmediato de esta nueva política se refiere al desborde del río Suquía y a las grandes inundaciones que tuvieron lugar en marzo de 2001 en la ciudad de Córdoba y localidades vecinas. En este marco, el Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba declaró la emergencia hídrica y la necesidad de relocalizar a los grupos afectados (artículo 1, Decreto núm. 2565/01). La nueva política se fue estructurando a través de diversos programas que concluyeron en un masivo programa de vivienda, llamado “Mi Casa, Mi Vida”. La etapa inicial, denominada “nuevos barrios”, tuvo por objeto brindar solución habitacional a las familias más afectadas por la inundación de 2001 y realizar el relevamiento de todas las villas de la ciudad de Córdoba (Amadeo y otros, 2007). En una segunda etapa, que en este artículo es objeto de evaluación, esta política adquiere una escala importante de ejecución con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se orienta a la erradicación de asentamientos irregulares —también conocidos en la Argentina como “villas miseria”— localizados en zonas inundables. En un principio, la política no afrontó grandes obstáculos como consecuencia de la situación de riesgo señalada. Sin embargo, con el avance de la erradicación de villas desde el área central y pericentral de la ciudad hacia zonas periféricas, comienzan a vislumbrarse conflictos en algunos asentamientos donde la población, o parte de ella, se resiste al traslado y entabla recursos legales a este fin (Buthet, 2007)[2].

La población objetivo del programa consistía en familias que habitaban en alguna de las villas miseria relevadas en la etapa inicial de la nueva política. Estos asentamientos, que representaban aproximadamente el 35% del total de villas miseria existentes en la ciudad de Córdoba al momento del relevamiento, se caracterizaban por una marcada exclusión social y pobreza de segmentos significativos de la población en condiciones habitacionales deficitarias, con grupos familiares numerosos e ingresos insuficientes e inestables como consecuencia de situaciones de desocupación y subocupación. Estas familias, además de habitar en viviendas de condiciones deficitarias, ocupaban terrenos en estado de irregularidad dominial, al margen de las normas de urbanización vigentes (Ministerio de la Solidaridad, Gobierno de la Provincia de Córdoba, 2007).

B. Metodología y fuentes de información

A los efectos de evaluar los resultados del programa “Mi Casa, Mi Vida”, se diseñó una metodología de análisis que permitiera estimar los efectos de las intervenciones realizadas sobre la población beneficiaria, en términos de los objetivos propuestos y explicitados en el Reglamento Operativo del Programa y de las recomendaciones internacionales sobre esta temática.

El análisis de los resultados se centró en cuatro ejes: calidad del parque habitacional, calidad de ocupación de la vivienda, acceso a equipamientos educativos y sanitarios públicos, y relaciones con el entorno y la ciudad (véase el cuadro 1)[3].

Como puede observarse en el cuadro 1, cada indicador requiere un análisis específico con fuentes también específicas. A continuación, se presentan los procedimientos y las técnicas utilizadas para obtener cada uno de ellos, así como las limitaciones asociadas.

Cuadro 1

Evaluación de resultados: ejes, variables e indicadores seleccionados

Ejes

Variables

Indicador

Fuentes de información

Calidad del parque habitacional

Disponibilidad de inodoro con descarga de agua

Porcentaje de hogares sin inodoro o letrina o con inodoro sin descarga de agua

Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2001

Censo Provincial de Población de 2008b

Viviendas de calidad constructiva deficiente

Porcentaje de viviendas con piso o techo de calidad no resistente o de desechoa

Calidad de ocupación de la vivienda

Hacinamiento crítico

Porcentaje de hogares con hacinamiento crítico (tres o más personas por cuarto)

Cohabitación de hogares

Porcentaje de hogares que cohabitan con otro(s) hogar(es) en la misma vivienda

Acceso a equipamientos educativos y sanitarios públicos

Escuelas de nivel inicial, primario y secundario

Número de escuelas públicas de nivel inicial, primario o secundario en un radio de 300 metros, 500 metros y 1 000 metros

Programa Nacional Mapa Educativo

Plan Escuelas Nuevas

Dispensarios o salas de atención primaria de la salud

Número de dispensarios o salas de atención primaria de la salud en un radio de 300 metros, 500 metros y 1 000 metros

Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SIISA)

Barrios bajo la lupa (Observatorio Urbano de la Ciudad, 2007)

Hospitales

Número de hospitales en un radio de 300 metros, 500 metros y 1 000 metros

Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SIISA)

Relaciones con el entorno y la ciudad

Distancia al centro de la ciudad

Distancia en metros a la Plaza San Martín

Cálculos propios

Distancia al Centro de Participación Comunal más cercano

Distancia en metros al Centro de Participación Comunal más cercano

Municipalidad de Córdoba (2012, 2014)

Transporte público

Número de líneas en un radio de 300 metros, 500 metros y 1 000 metros cuadrados

Diversidad residencial socioeconómica

Número de áreas residenciales aledañas con un índice socioeconómico inferior, igual o superior

Estimaciones propias a partir de información censal

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Ministerio de Educación de la Nación, Programa Nacional Mapa Educativo, 2011 [en línea] http://www.mapaeducativo.edu.ar; Ministerio de Educación, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Plan Escuelas Nuevas, Córdoba, 2009; Ministerio de Salud de la Nación, Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino 2014 [en línea] https://sisa.msal.gov.ar/sisa/#sisa; Observatorio Urbano de la Ciudad, Barrios bajo la lupa, Córdoba, Municipalidad de Córdoba, 2007; Municipalidad de Córdoba, CPC-Centros de Participación Comunal, 2014 [en línea] http://www2.cordoba.gov.ar/portal/index.php/secretaria-de-gobierno/subsec-de-participacion-ciudadana/centros-de-participacion-comunal-cpc/; Guía estadística de la ciudad de Córdoba, Córdoba, 2012.

a Dado que el Censo de 2008 no releva información sobre las paredes, este estudio solo se remitirá a la calidad de los materiales de pisos y techos. Por ello, se adoptará el criterio utilizado en un informe de la Dirección Nacional de Políticas Habitacionales (Hancevich y Steinbrun, 2009), que determina que las viviendas son deficitarias irrecuperables si los pisos y los techos presentan materiales no resistentes ni sólidos o de desecho al menos en uno de los componentes o si presentan en los pisos “Cemento o ladrillo fijo, otros” y en los techos “Chapa de metal (sin cubierta) sin cielorraso” o “Chapa de fibrocemento o plástico y otros con o sin cielorraso”.

b Si bien al momento del procesamiento de los datos se encontraban disponibles los microdatos correspondientes al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2010, lo cual hubiera permitido una mayor comparabilidad con el Censo de 2001, este presentaba como restricción la ausencia de tabulados o posibilidades de procesar la información a nivel barrial, ya que los datos se encuentran disponibles a nivel de radio o fracción censal y sus límites geográficos no coinciden necesariamente con los de los barrios.

El examen de la calidad del parque habitacional y la calidad de ocupación de la vivienda fue realizado a partir de datos de los censos de población de 2001 y 2008. Mientras los datos referidos a los nuevos barrios se obtuvieron en forma directa a partir de tabulados a nivel barrial, los correspondientes a las villas miseria requirieron una serie de procesamientos especiales, debido a las restricciones del Censo de 2001 para identificar y, en consecuencia, caracterizar las villas miseria intervenidas por el programa[4].

Frente a la imposibilidad de identificar las villas miseria intervenidas, se propuso una estimación de las características de las personas y los hogares beneficiarios antes del traslado, a partir del análisis de las unidades censales donde se determinó, mediante superposición de cartografía, que se localizaban las villas miseria erradicadas[5]. Si bien esta estrategia no permite identificar fehacientemente la población objetivo del programa ni los hogares en villas, sí permite realizar una aproximación a las características de las viviendas y de los hogares que posiblemente fueron beneficiarios de dicha intervención.

La población residente en la villa se obtuvo filtrando el total de población residente en cada una de las unidades censales seleccionadas, a partir de la combinación de tres indicadores: tipología de la vivienda, provisión de agua en la vivienda y servicio sanitario (véase el anexo A.1). La elección de estos criterios se fundamentó en una revisión de los criterios sugeridos por la literatura especializada (Buthet, Baima y Calvo, 2007; Candia Baeza, 2005) y en un análisis de las potencialidades de las variables relevadas por el Censo de 2001 para captar esta población. En esta investigación se estimó que 8.000 hogares fueron beneficiarios del programa y 7.405 de ellos residían en villas miseria. A partir de la combinación de los tres indicadores seleccionados, se estimó un total de 7.469 hogares residentes en villas miseria al momento del Censo de 2001 y en los radios censales seleccionados.

La evaluación de la accesibilidad geográfica a los equipamientos educativos y sanitarios públicos se basó en la utilización de sistemas de información geográfica (SIG). En una primera instancia, se georreferenciaron los diferentes establecimientos en la ciudad de Córdoba. Las coordenadas geográficas o direcciones de las escuelas se obtuvieron del Programa Nacional Mapa Educativo del Ministerio de Educación (2011) y las correspondientes a los hospitales y centros de atención primaria de la salud se obtuvieron del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SIISA) del Ministerio de Salud (2014). Considerando que estas fuentes de información representan un registro actualizado a una fecha posterior a los traslados, se identificaron los establecimientos que fueron construidos entre 2001 y la fecha del relevamiento, a fin de no considerarlos en el análisis de la accesibilidad a estos equipamientos por parte de los hogares en villas miseria previo a la intervención. Estos datos fueron obtenidos de dos fuentes: el Plan Escuelas Nuevas del Gobierno de la Provincia de Córdoba (2009) y la guía estadística Barrios bajo la lupa (Observatorio Urbano de la Ciudad, 2007).

En una segunda instancia, se determinaron las zonas de influencia (buffers) en anillos múltiples alrededor de las villas miseria erradicadas y de los nuevos barrios construidos[6]. Dichas zonas se calcularon para tres áreas alrededor del centroide de los espacios residenciales analizados: hasta 300 metros, entre 301 metros y 500 metros, y entre 501 metros y 1.000 metros. En última instancia, se calcularon dos medidas de acceso: la distancia media al equipamiento más cercano y el promedio de equipamientos.

La dimensión de relaciones con el entorno y la ciudad también se apoyó en los SIG y requirió la georreferenciación de la Plaza San Martín (espacio verde ubicado en el casco histórico y actual microcentro de la ciudad) y los Centros de Participación Comunal (CPC)[7].

Una vez georreferenciados los puntos de referencia, se calcularon las distancias entre estos centros y los conjuntos residenciales (villas miseria y nuevos barrios). La distancia fue definida como la separación más corta entre ellos y fue medida en metros. A partir de las fechas de inauguración de los CPC se identificó cuáles existían al momento del traslado de las villas miseria y cuáles no.

Las distancias al centro fueron categorizadas en cuatro grupos que corresponden a las grandes áreas urbanas en las que puede dividirse la ciudad, como resultado de las diferentes etapas de su desarrollo histórico: a) Área central; b) Área pericentral: constituye la primera expansión de la ciudad, a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX; c) Área intermedia: integrada por un conjunto de barrios que surgieron como resultado de la expansión urbana que tuvo lugar a partir de 1950, y d) Área periférica: comprende todos los barrios ubicados entre la Av. de Circunvalación y el límite del ejido municipal (Municipalidad de Córdoba/Universidad Nacional de Córdoba, 2008).

Este análisis tiene por objeto identificar los cambios en los patrones residenciales que las familias beneficiarias experimentaron como consecuencia del traslado, tomando como referencia las diferentes áreas de crecimiento histórico de la ciudad. La distancia al centro puede tener importantes implicancias para los beneficiarios, especialmente por su uso casi exclusivo del sistema público de transporte urbano de pasajeros como medio de movilidad.

En este sentido, también se analizó la accesibilidad geográfica al sistema público de transporte urbano de pasajeros por parte de las familias beneficiarias. El sistema está conformado por cuatro medios: colectivos, trolebuses, taxis y remises (debido a su uso masivo, en este trabajo se analizan los dos primeros). A partir del plano de los recorridos de todas las líneas de colectivos y trolebuses (Municipalidad de Córdoba, 2011), se determinaron las zonas de influencia en anillos múltiples alrededor de las villas miseria erradicadas y de los nuevos barrios construidos, siguiendo la misma técnica y los mismos criterios utilizados en el análisis de accesibilidad a los equipamientos educativos y sanitarios[8].

También se evaluó la composición socioeconómica de las áreas residenciales aledañas a las villas miseria y a los nuevos barrios, con el propósito de comparar la diversidad socioeconómica antes y después del traslado. A estos efectos, se construyó un índice-resumen socioeconómico como indicador sustitutivo del nivel socioeconómico medio de los hogares que residen en las diferentes áreas internas —radios censales— en las que puede dividirse la ciudad. Para la construcción del índice-resumen socioeconómico, primero se seleccionó un conjunto de variables de suma importancia para el análisis de la composición socioeconómica de las áreas residenciales (véase el cuadro 2).

Cuadro 2

Dimensiones y variables seleccionadas

Dimensiones

Variables

Educación

Población de 25 años y más con educación inferior a la primaria completa

Población de 25 años y más con educación universitaria completa

Vivienda

Hogares con hacinamiento crítico (más de tres personas por cuarto)

Hogares en viviendas de tipo inconveniente (casilla, pieza en inquilinato, pieza en hotel familiar o pensión, local no construido para habitación, vivienda móvil, en la calle)

Sanitaria

Hogares que no cuentan con inodoro o letrina

Población sin cobertura de obra social o plan de salud privado o mutual

Seguridad social

Población de 65 años y más sin jubilación o pensión

Población ocupada que no realiza ni le descuentan aportes jubilatorios

Comportamientos de riesgo

Jóvenes de sexo masculino de entre 15 y 24 años que no estudian, no trabajan ni buscan trabajo

Niños de entre 8 y 15 años que actualmente no asisten a un establecimiento educativo o que nunca asistieron

Población de 14 años y más desocupada (personas que no tienen una ocupación ni están buscando activamente trabajo)

Fuente: Elaboración propia.

En segundo lugar, se elaboró un índice-resumen a partir de la ponderación de las diferentes variables, cuyo procedimiento se basa en una combinación de la metodología propuesta por Velázquez (2001) y del método CRITIC propuesto por Diakoulaki, Mavrotas y Papayannaki (1995) para la ponderación de las diferentes variables en el índice-resumen. El procedimiento constó de tres pasos: 1) los valores absolutos de cada una de las variables se transformaron en proporciones y luego se estandarizaron; 2) se asignó el peso relativo o ponderación de cada una de las variables, utilizando el método CRITIC (de acuerdo con este método, el peso de una variable es mayor cuanto mayor es su desviación típica y cuanta más información diferente a la de las otras variables aporte); 3) se sumaron los valores parciales de cada variable obtenidos en el paso 1, ponderados según el peso relativo calculado en el paso 2. El resultado varía entre 0 y 1, reflejando la peor y mejor situación socioeconómica, respectivamente.

Una vez obtenido el índice-resumen socioeconómico para cada una de las áreas internas de la ciudad, se realizaron cartografías temáticas para cada uno de los años censales a partir de la estandarización del índice-resumen socioeconómico alrededor de la media. Ambas cartografías se presentan en cinco intervalos de clase con una amplitud de un desvío estándar para cada uno de ellos. Esta clasificación posee la ventaja de considerar al promedio de los indicadores (z = 0) en el centro de la categoría media y después llega hasta los extremos de la distribución en 1,5 desviaciones estándares como piso para cada extremo (Buzai y otros, 2003). En todos los casos, estos intervalos de clase pueden asimilarse a categorías que se podrían denominar “muy alto”, “alto”, “medio”, “bajo” y “muy bajo”, con una ocurrencia esperada en una distribución normal (en porcentajes de unidades espaciales).

C. Programa “Mi Casa, Mi Vida”: paradigma de intervención y tipologías residenciales

Antes de proceder con la evaluación de resultados propiamente dicha, se considera necesario analizar brevemente el paradigma de intervención que caracterizó el programa evaluado, así como las tipologías residenciales construidas. Ambos elementos complementan y permiten una mejor comprensión de los resultados obtenidos para cada uno de los ejes de análisis.

Entre 2003 y 2008 se trasladaron 72 asentamientos considerados irregulares —56 villas miseria y 16 organizaciones comunitarias— a 31 nuevos barrios, 28 de los cuales fueron construidos en el ejido municipal de la ciudad de Córdoba y los 3 restantes se construyeron en 2 municipios colindantes. Los nuevos barrios construidos en el marco del programa presentan dos tipologías: a) lotes urbanizados con acceso a servicios e infraestructura básica, anexados a barrios ya existentes, y b) los denominados “ciudades-barrios”, que también cuentan con espacios verdes y equipamientos sociales y comunitarios (comedores para niños y adultos mayores, centro de salud, escuelas de nivel inicial y primario, playones deportivos, centros comerciales, posta policial).

En ambos casos, se observa una estandarización de los bienes y servicios ofrecidos, ya que las soluciones habitacionales construidas presentan las mismas características (materiales, medidas, uniformidad arquitectónica, cantidad de habitaciones, tamaño del terreno), independientemente de las condiciones y del tamaño de la familia que vaya a habitarlas, a excepción de las viviendas adaptadas a familias con miembros con discapacidad.

Además, estas viviendas son construidas por grandes empresas constructoras y entregadas a los beneficiarios “llave en mano”, por lo que estos no participan ni se involucran en el proceso de diseño y construcción. Casi el 50% de los nuevos barrios fueron construidos bajo la modalidad de ciudades-barrios, que concentran el 80% de las familias trasladadas (véase el cuadro 3).

Si se comparan las tipologías residenciales antes (asentamientos informales) y después (nuevos barrios) del traslado en función del número de viviendas, se observa que los conjuntos habitacionales a los que fueron trasladadas las familias beneficiarias tienen, en promedio, un tamaño casi dos veces superior al de las villas miseria. Sin embargo, cuando se analizan los nuevos barrios en función de la tipología, se evidencia que ese promedio solo es mayor en el caso de las ciudades-barrios (véase el cuadro 4).

Cuadro 3

Ciudad de Córdoba y municipios colindantes: conjuntos habitacionales y soluciones habitacionales construidas, según la tipología del nuevo barrio, 2003-2008

Tipología

Conjuntos habitacionales

Soluciones habitacionales/Familias beneficiarias

Absoluto

Relativo

Absoluto

Relativo

Ciudades-barrios

14

45,0

6 387

80,0

Resto

17

55,0

1 613

20,0

Nuevos barrios

31

100,0

8 000

100,0

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de C. Buthet, M. Baima y D. Calvo, Evolución de las villas de emergencia en Córdoba 2001-2007. Localización y estimación de población, Córdoba, Servicio Habitacional y de Acción Social (SEHAS)/Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), 2007; N. L. Clichevsky y F. J. Brunstein, Programa de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba (AR-L1027). Evaluación ambiental y procedimientos ambientales a considerar en el Reglamento Operativo. Informe Final, Buenos Aires, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2006, y Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Obras ejecutadas: programa 12.000 viviendas, Córdoba, 2011.

Cuadro 4

Ciudad de Córdoba y municipios colindantes: viviendas de las villas miseria y los nuevos barrios, 2003-2008

Tipología

Número de viviendas

Promedio

Mínimo

Máximo

Villas miseria

133

3

714

Nuevos barrios

Ciudades-barrios

491

312

638

Otros nuevos barrios

90

13

223

Total

258

13

638

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de C. Buthet, M. Baima y D. Calvo, Evolución de las villas de emergencia en Córdoba 2001-2007. Localización y estimación de población, Córdoba, Servicio Habitacional y de Acción Social (SEHAS)/Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), 2007; N. L. Clichevsky y F. J. Brunstein, Programa de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba (AR-L1027). Evaluación ambiental y procedimientos ambientales a considerar en el Reglamento Operativo. Informe Final, Buenos Aires, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2006, y Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Obras ejecutadas: programa 12.000 viviendas, Córdoba, 2011.

Respecto de la localización de los asentamientos en la ciudad de Córdoba, se observa que las villas miseria se distribuían de forma más o menos regular en el espacio urbano, pero con una cierta tendencia a concentrarse en los márgenes del río Suquía, que atraviesa la ciudad en sentido Oeste-Este, y en tierras fiscales ubicadas en los bordes de los canales de riego y las vías del ferrocarril (véase el mapa 1).

Los nuevos barrios, en tanto, fueron construidos en la periferia de la ciudad, sobre todo al Este y al Sur. Se destaca que solo 1 de las 13 ciudades-barrios se encuentra en el cuadrante Noroeste de la ciudad (véase el mapa 1). Gran parte de los nuevos barrios constituyen las últimas urbanizaciones de la mancha urbana y son colindantes con zonas de uso rural.

Mapa 1

Ciudad de Córdoba: distribución geográfica de las villas miseria erradicadas (2001) y de los nuevos barrios (2008), según número de viviendas

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de C. Buthet, M. Baima y D. Calvo, Evolución de las villas de emergencia en Córdoba 2001-2007. Localización y estimación de población, Córdoba, Servicio Habitacional y de Acción Social (SEHAS)/Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), 2007; N. L. Clichevsky y F. J. Brunstein, Programa de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba (AR-L1027). Evaluación ambiental y procedimientos ambientales a considerar en el Reglamento Operativo. Informe Final, Buenos Aires, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2006, y Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Obras ejecutadas: programa 12.000 viviendas, Córdoba, 2011.

Nota: Se excluyen del análisis cuatro nuevos barrios por no contar con información sobre su tamaño o localización específica.

D. Evaluación de resultados del programa “Mi Casa, Mi Vida”

1. Calidad del parque habitacional

En función de las posibilidades de comparación entre los Censos de 2001 y 2008, se seleccionaron dos indicadores que posibilitaron contrastar la calidad de la vivienda antes y después del traslado: el porcentaje de hogares sin inodoro o letrina o con inodoro sin descarga de agua, y el porcentaje de viviendas de calidad constructiva deficiente, es decir, con materiales no resistentes o de desechos.

Ambos indicadores seleccionados mostraron significativas mejoras a partir de la intervención habitacional. Antes del traslado, el 83,5% de los hogares no contaba con inodoro o letrina o tenía un inodoro sin descarga de agua, mientras que esa proporción se redujo a casi el 10% después del traslado. Respecto de la calidad constructiva deficiente, se observó que antes del traslado aproximadamente la mitad de los hogares poseía esa característica y después del traslado el porcentaje se redujo a poco más del 4% (véase el cuadro 5).

Sin embargo, aún se destaca la presencia de hogares con algunas de estas deficiencias —especialmente en lo referido al servicio sanitario— en los conjuntos habitacionales construidos en el marco del programa (véase el cuadro 5).

Cuadro 5

Ciudad de Córdoba: hogares y viviendas según calidad del parque habitacional, antes y después del traslado, 2001 y 2008

Indicador

Antes del traslado

Después del traslado

Absoluto

Negativo

Absoluto

Relativo

Hogares sin inodoro o letrina o con inodoro sin descarga de agua

5 719

83,5

524

9,6

Viviendas de calidad constructiva deficiente

3 028

47,6

230

4,2

Fuente: Elaboración propia, sobre la base del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2001, y Censo Provincial de Población, 2008.

Nota: Solo se analizan los hogares que fueron trasladados a las denominadas “ciudades-barrios”.

La persistencia de ciertos niveles de déficit habitacional posiblemente se encuentre asociada a la construcción de ampliaciones o de nuevas viviendas, por parte de los beneficiarios, en los lotes entregados. Según la evaluación ambiental del programa, la reproducción de la forma de vida de la villa en el nuevo barrio (o ciudad) es muy común y en algunos casos la adaptación al nuevo lugar ha llevado más de un año. Se reproducían las formas de ocupación con materiales de chapa, ladrillos y otros, y hasta se construían ampliaciones en las viviendas recibidas en las ciudades-barrios (Clichevsky y Brunstein, 2006, pág. 103).

2. Calidad de ocupación de la vivienda

Otro eje analizado se refiere a la calidad de ocupación de la vivienda y fue evaluado en función de dos indicadores: porcentaje de hogares con hacinamiento crítico (más de tres personas por cuarto) y número de hogares que cohabitan con otro(s) hogar(es) en la misma vivienda.

La calidad de la ocupación de la vivienda presenta significativas mejoras tras el traslado a los nuevos barrios: solo el 1,7% de los hogares no cuenta con una vivienda de uso exclusivo. En cambio, el indicador referido al hacinamiento crítico, a pesar de haber mostrado un notorio retroceso, indica que 1 de cada 9 hogares necesitaría ampliar su nueva vivienda (véase el cuadro 6).

La presencia de altos niveles de hacinamiento por cuarto podría estar asociada al reducido tamaño de las viviendas construidas en el marco del programa. Todas ellas cuentan con dos dormitorios, independientemente de las condiciones y del tamaño de la familia que vaya a habitarla. Si se considera que el 50% de los hogares beneficiarios tenía 4 miembros o más antes del traslado, es esperable que las nuevas viviendas resultaran pequeñas para una gran parte de ellos. Según el Informe Ambiental del Programa, algunos de los beneficiarios realizaron ampliaciones a las viviendas recibidas para hacer frente a esta necesidad de espacio (Clichevsky y Brunstein, 2006).

Cuadro 6

Ciudad de Córdoba: hogares según calidad de ocupación de la vivienda, antes y después del traslado, 2001 y 2008

Indicador

Antes del traslado

Después del traslado

Absoluto

Relativo

Absoluto

Relativo

Hogares con hacinamiento crítico

1 701

24,8

617

11,3

Cohabitación de hogares

486

7,1

93

1,7

Fuente: Elaboración propia, sobre la base del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2001, y Censo Provincial de Población, 2008.

Nota: Solo se analizan los hogares que fueron trasladados a las denominadas “ciudades-barrios”.

3. Acceso a equipamientos educativos y sanitarios públicos

El acceso a los equipamientos educativos y sanitarios públicos fue analizado desde la accesibilidad geográfica, considerando la distancia media al establecimiento más cercano y el promedio de establecimientos.

a) Equipamientos educativos públicos

La accesibilidad geográfica de los equipamientos educativos públicos se analizó según estos fueran de nivel inicial, primario o secundario. Para el total de la ciudad de Córdoba, se observa un mayor número de establecimientos correspondientes a los dos primeros niveles y una mayor dispersión de estos en el espacio geográfico, si se los compara con los de nivel secundario. Esta situación presentó significativas mejoras entre 2001 (año previo a la ejecución del programa para el que se cuenta con información) y 2010 (año del último relevamiento disponible), ya que, en el marco del Plan Escuelas Nuevas, ejecutado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, se construyeron alrededor de 100 escuelas de los 3 niveles en diferentes partes de la ciudad, especialmente en zonas periféricas (Ministerio de Educación de la Nación, 2011; Ministerio de Educación, Gobierno de la Provincia de Córdoba, 2009).

Respecto de la distancia media a que se encuentra la escuela más próxima, se observa que después del traslado la situación mejoró para los tres niveles analizados. Después del traslado, aproximadamente el 80% de los nuevos barrios cuentan con al menos un establecimiento de nivel inicial y primario en un radio de 500 metros. Este porcentaje contrasta con el registrado para las villas miseria, que rondaba el 30% (véase el cuadro 7).

En el nivel secundario las mejoras son menores, aunque significativas: mientras casi el 50% de las villas miseria contaba con una escuela de ese nivel a más de 1.000 metros, ese porcentaje descendió al 18,5% en los nuevos barrios (véase el cuadro 7).

Del análisis del promedio de establecimientos educativos se desprende que las familias beneficiarias cuentan, en promedio, con más escuelas a no más de 1.000 metros. Sin embargo, si se analiza el caso de establecimientos de nivel secundario, se observa que el incremento es menor (véase el cuadro 8). Posiblemente esto puede asociarse al diseño de los nuevos barrios, la mayoría de los cuales solo cuentan con escuelas de nivel inicial y primario. Debido a esta ausencia de escuelas secundarias, los adolescentes deben trasladarse a otros barrios que muchas veces se encuentran a más de 1 km de su domicilio (Martínez de Rusconi y Maffrand, 2014).

Cuadro 7

Ciudad de Córdoba: conjuntos residenciales según distancia media al establecimiento educativo público más cercano, antes y después del traslado, 2001 y 2008

(En porcentajes)

Zonas de proximidad

Inicial

Primario

Secundario

Antes del traslado

Después del traslado

Antes del traslado

Después del traslado

Antes del traslado

Después del traslado

0 a 300 metros

10,7

37,0

12,5

44,4

10,7

25,9

301 a 500 metros

21,4

40,7

14,3

40,7

7,1

14,3

501 a 1 000 metros

41,1

14,8

50,0

7,4

33,9

25,9

Más de 1 000 metros

26,8

7,4

23,2

7,4

48,2

18,5

Total de conjuntos residenciales

56

27

56

27

56

27

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Ministerio de Educación de la Nación, Programa Nacional Mapa Educativo, 2011 [en línea] http://www.mapaeducativo.edu.ar y del Ministerio de Educación, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Plan Escuelas Nuevas, Córdoba, 2009.

Cuadro 8

Ciudad de Córdoba: promedio de establecimientos educativos públicos por zona de influencia, según nivel educativo del establecimiento, antes y después del traslado, 2001 y 2008

Zonas de proximidad

Inicial

Primario

Secundario

Antes del traslado

Después del traslado

Antes del traslado

Después del traslado

Antes del traslado

Después del traslado

0 a 300 metros

0,1

0,5

0,1

0,5

0,1

0,3

301 a 500 metros

0,2

1,0

0,2

1,0

0,1

0,4

501 a 1 000 metros

1,3

1,5

1,4

1,8

0,5

0,7

0 a 1 000 metros

1,7

3,1

1,7

3,4

0,7

1,4

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Ministerio de Educación de la Nación, Programa Nacional Mapa Educativo, 2011 [en línea] http://www.mapaeducativo.edu.ar y del Ministerio de Educación, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Plan Escuelas Nuevas, Córdoba, 2009.

b) Equipamientos sanitarios públicos

En el análisis de la accesibilidad geográfica a los equipamientos sanitarios públicos se distinguió entre establecimientos de salud con internación (hospitales) y centros de atención primaria de la salud. En términos generales, se observa una distribución centralizada de los hospitales y una mayor dispersión de los dispensarios o centros de atención primaria de la salud. Después de 2001 —año previo a la ejecución del programa para el que se cuenta con información—, se registra la creación de un nuevo hospital municipal en el barrio Villa El Libertador, al suroeste de la ciudad (Hospital Polivalente “Príncipe de Asturias”), y de 7 nuevos centros de salud municipales y 23 centros de salud provinciales.

La distancia media al centro de atención primaria de la salud más cercano presentó una notoria reducción después del traslado: mientras el 14,3% de las villas miseria contaba con un centro en un radio de 300 metros, ese porcentaje ascendió a casi el 60% en los nuevos barrios (véase el cuadro 9). Probablemente este aumento se encuentre asociado a la construcción de centros de atención primaria de la salud en 23 de los nuevos barrios en el marco del programa.

En lo que respecta a los hospitales, en cambio, la distancia se vio incrementada. Tras el traslado, solo el 11,1% de los nuevos barrios cuentan con un hospital a menos de 1.000 metros, en comparación con el 16,1% observado para las villas miseria erradicadas (véase el cuadro 9). Es posible que esto esté relacionado con el traslado de villas miseria, como Villa La Maternidad, Villa Richardson y otras, desde zonas próximas al polo sanitario hacia áreas periféricas de la ciudad sin hospitales próximos.

Cuadro 9

Ciudad de Córdoba: conjuntos residenciales según distancia media a hospitales y centros de salud más cercanos, por zona de influencia, antes y después del traslado, 2001 y 2008

(En porcentajes)

Zonas de influencia

Hospitales

Centros de salud

Antes del traslado

Después del traslado

Antes del traslado

Después del traslado

0 a 300 metros

8,9

0,0

14,3

59,3

301 a 500 metros

1,8

3,7

17,9

33,3

501 a 1 000 metros

5,4

7,4

42,9

7,4

Más de 1 000 metros

83,9

88,9

25,0

0,0

Total de conjuntos residenciales

56

27

56

27

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Ministerio de Salud de la Nación, Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino, 2014 [en línea] https://sisa.msal.gov.ar/sisa/#sisa y Observatorio Urbano de la Ciudad, Barrios bajo la lupa, Córdoba, Municipalidad de Córdoba, 2007.

El promedio de centros de atención primaria de la salud en un radio de 1.000 metros casi se duplicó, si se compara la situación de las villas miseria con la de los nuevos barrios. Este incremento se observó principalmente para la zona de proximidad más cercana a los conjuntos residenciales analizados. Esto significa que no solo tienen más centros de salud, sino que estos se encuentran más próximos (véase el cuadro 10).

En línea con lo observado anteriormente, se verifica que el promedio de hospitales disminuyó tras el traslado, sobre todo los que se encontraban en un radio de 300 metros de los conjuntos residenciales (véase el cuadro 10).

Cuadro 10

Ciudad de Córdoba: promedio de establecimientos sanitarios públicos por zona de influencia, según tipo de establecimiento, antes y después del traslado, 2001 y 2008

Zonas de influencia

Hospitales

Centros de salud

Antes del traslado

Después del traslado

Antes del traslado

Después del traslado

0 a 300 metros

0,1

0,0

0,1

0,7

301 a 500 metros

0,0

0,0

0,3

0,5

501 a 1 000 metros

0,1

0,1

0,6

0,5

0 a 1 000 metros

0,2

0,1

0,9

1,7

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Ministerio de Salud de la Nación, Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino, 2014 [en línea] https://sisa.msal.gov.ar/sisa/#sisa y Observatorio Urbano de la Ciudad, Barrios bajo la lupa, Córdoba, Municipalidad de Córdoba, 2007.

4. Relaciones con el entorno y la ciudad

El análisis de relaciones con el entorno y la ciudad incluyó cuatro indicadores: distancia al centro de la ciudad (Plaza San Martín), distancia al CPC más cercano, distancia y número de líneas de transporte urbano de pasajeros, y diversidad de áreas residenciales aledañas.

a) Distancia al centro de la ciudad

La distancia media que las familias beneficiarias tienen que recorrer para llegar al centro de la ciudad se incrementó 500 metros a partir del traslado. Mientras casi el 20% de las villas miseria se encontraban en un radio de 4 km de la Plaza San Martín, ese porcentaje se redujo al 4% después del traslado (véase el cuadro 11).

Cuadro 11

Ciudad de Córdoba: conjuntos residenciales según distancia al centro de la ciudad, antes y después del traslado, 2001 y 2008

Distancia

Antes del traslado

Después del traslado

Número

Porcentaje

Número

Porcentaje

Hasta 4 km

11

19,6

1

3,7

Entre 4,1 km y 6 km

12

21,4

7

25,9

Entre 6,1 km y 9,5 km

19

33,9

13

48,1

Más de 9,5 km

14

25,0

6

22,2

Promedio

7,5 km

8,0 km

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de cálculos propios con el programa ArcGIS.

Sin embargo, cuando se analiza la localización de las villas miseria y de los nuevos barrios en función de las cuatro grandes áreas urbanas concéntricas en que puede dividirse la ciudad, se observa una mayor presencia de villas miseria en las áreas pericentrales e intermedias de la ciudad (a menos de 6,5 km de la Plaza San Martín): mientras que casi el 45% de las villas miseria se encontraban en dichas áreas, ese porcentaje desciende al 26% cuando consideramos los nuevos barrios (véase el cuadro 12).

Cuadro 12

Ciudad de Córdoba: conjuntos residenciales en las grandes áreas urbanas, antes y después del traslado, 2001 y 2008

Grandes Áreas Urbanas

Antes del traslado

Después del traslado

Número

Porcentaje

Número

Porcentaje

Área central

0

0,0

0

0,0

Área pericentral

10

17,9

0

0,0

Área intermedia

15

26,8

7

25,9

Área periférica

31

55,3

20

74,1

Total

56

100,0

27

100,0

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de cálculos propios con el programa ArcGIS, según áreas establecidas por Municipalidad de Córdoba/Universidad Nacional de Córdoba, Bases para el Plan Director de la Ciudad de Córdoba. Lineamientos y Estrategia General para el Reordenamiento del Territorio, Córdoba, 2008.

b) Distancia al Centro de Participación Comunal más cercano

Los CPC constituyen unidades descentralizadas de la Municipalidad de Córdoba, donde los vecinos pueden realizar trámites tanto municipales como de otras dependencias estatales. Actualmente, en la ciudad hay 14 CPC ubicados estratégicamente en diferentes barrios de la ciudad. La distancia media que las familias beneficiarias tienen que recorrer para llegar al CPC más cercano disminuyó 200 metros a partir del traslado. Casi el 50% de los nuevos barrios se encuentra a no más de 2 km del CPC más próximo, frente al 30% observado para el caso de las villas miseria (véase el cuadro 13).

Cuadro 13

Ciudad de Córdoba: conjuntos residenciales según distancia al Centro de Participación Comunal más cercano, antes y después del traslado, 2001 y 2008

Distancia

Antes del traslado

Después del traslado

Número

Porcentaje

Número

Porcentaje

Hasta 1 km

5

8,9

5

18,5

Entre 1,1 km y 2 km

12

21,4

8

29,6

Entre 2,1 km y 3 km

23

41,1

9

33,3

Más de 3 km

16

28,6

5

18,5

Promedio

2,6 km

2,4 km

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Municipalidad de Córdoba, CPC-Centros de Participación Comunal 2014 [en línea] http://www2.cordoba.gov.ar/portal/index.php/secretaria-de-gobierno/subsec-de-participacion-ciudadana/centros-de-participacion-comunal-cpc/.

c) Transporte urbano de pasajeros

En ciudades con gran extensión del ejido, como la ciudad de Córdoba, el sistema público de transporte urbano de pasajeros juega un papel central en la movilidad de sus habitantes, entendida como los diferentes modos de desplazamiento que permiten la realización de las actividades humanas[9]. Esto es cierto sobre todo para los sectores de menos recursos, que dependen casi exclusivamente de los medios de transporte colectivo para desplazarse.

Si se comparan las distancias que las familias beneficiarias tenían que recorrer hacia la línea de colectivo más cercana antes y después del traslado, se observa una disminución: mientras que casi el 77% de las villas miseria contaban con al menos una línea de transporte colectivo en un radio de 300 metros, ese porcentaje aumentó al 85% en los nuevos barrios (véase el cuadro 14).

Cuadro 14

Ciudad de Córdoba: conjuntos residenciales según distancia media a la línea de transporte urbano de pasajeros más cercana por zona de influencia, antes y después del traslado, 2001 y 2008

Zonas de influencia

Antes del traslado

Después del traslado

Absoluto

Relativo

Absoluto

Relativo

0 a 300 metros

43

76,8

23

85,2

301 a 500 metros

10

17,9

4

14,8

501 a 1 000 metros

2

3,6

0

0,0

Más de 1 000 metros

1

1,8

0

0,0

Total conjuntos residenciales

56

100,0

27

100,0

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Municipalidad de Córdoba, Transporte Colectivo de Pasajeros, 2011 [en línea] http://www.cordoba.gov.ar/CordobaCiudad/principal2/docs/transporte/MAPA%20TUP.pdf.

Sin embargo, cuando se analiza la cantidad de líneas de transporte colectivo que pasan por las diferentes áreas de influencia de los conjuntos residenciales, se observa que el promedio de líneas en un radio de 1.000 metros disminuyó casi un 30% en los nuevos barrios respecto de las villas miseria. Mientras que antes del traslado las familias contaban con casi 5 líneas por asentamiento, después del traslado el número se redujo a 3,5 (véase el cuadro 15).

Cuadro 15

Ciudad de Córdoba: promedio de líneas de transporte urbano de pasajeros por zona de influencia, antes y después del traslado, 2001 y 2008

Zonas de influencia

Antes del traslado

Después del traslado

0 a 300 metros

2,3

1,7

301 a 500 metros

1,0

0,9

501 a 1 000 metros

1,6

1,0

0 a 1 000 metros

4,9

3,5

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Municipalidad de Córdoba, Transporte Colectivo de Pasajeros, 2011 [en línea] http://www.cordoba.gov.ar/CordobaCiudad/principal2/docs/transporte/MAPA%20TUP.pdf.

d) Diversidad residencial socioeconómica

Otro aspecto analizado se refiere a la composición socioeconómica de las áreas residenciales aledañas a las villas miseria y a los nuevos barrios, con el propósito de evaluar cómo ha variado la diversidad de los entornos residenciales con el traslado. A estos efectos, se construyó un índice socioeconómico como indicador sustitutivo del nivel socioeconómico medio de los hogares que residen en las diferentes áreas internas —radios censales— en las que puede dividirse la ciudad.

A partir del análisis de la distribución geográfica de las villas miseria y de los nuevos barrios en la ciudad de Córdoba y su relación con la distribución del índice-resumen socioeconómico antes y después del traslado, se puede inferir que el programa “Mi Casa, Mi Vida” significó para las familias intervenidas una localización en áreas más específicas de la ciudad (periferia, en su mayoría fuera de la Av. de Circunvalación) y significativamente más homogéneas (véase el mapa 2).

Mapa 2

Ciudad de Córdoba: localización de las villas miseria y de los nuevos barrios, según el índice socioeconómico de radios censales, 2001 y 2008

Fuente: Elaboración propia, sobre la base del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2001, y Censo Provincial de Población, 2008.

A modo de ilustración, si se analiza la proximidad a áreas residenciales con un alto nivel socioeconómico, se observa que mientras antes del traslado (2001) un poco más del 40% de las villas miseria y del 30% de las familias beneficiarias se encontraban próximas a áreas residenciales con un índice-resumen socioeconómico superior o muy superior a la media de la ciudad, después del traslado (2008) esos porcentajes disminuyeron al 11,1% y al 5,3%, respectivamente.

E. Conclusiones

La evaluación integral del programa supuso grandes desafíos metodológicos, especialmente en lo que respecta a las limitaciones y potencialidades que las fuentes de datos sociodemográficas —y sobre todo los Censos de Población, Hogares y Viviendas de 2001 y 2008— presentan para el análisis de políticas habitacionales destinadas a asentamientos precarios o villas miseria. Si bien constituyen la fuente por excelencia para el análisis a niveles microespaciales y aseguran la representación para cualquier definición de unidades, no permiten la identificación y caracterización de los hogares y las personas que residen en asentamientos informales, entre los que se encuentran las villas miseria intervenidas por el programa.

En este sentido, se propuso como alternativa cruzar datos provenientes de los censos y de relevamientos específicos que posibilitaran una aproximación a este universo a partir de dos procedimientos: 1) la superposición de cartografías, identificando en qué radios censales se localizaban las villas miseria, y 2) la combinación de tres indicadores asociados a la precariedad habitacional (tipología de la vivienda, provisión de agua en la vivienda y servicio sanitario) para filtrar los hogares que presentaban una mayor probabilidad de residir en esos espacios.

Si bien esta estrategia no permitió identificar fehacientemente la población objetivo del programa ni los hogares en villas, posibilitó realizar una aproximación a las características de las viviendas y de los hogares que posiblemente fueron beneficiarios de dicha intervención y compararlas con las observadas en los nuevos barrios a los que fueron trasladados. Estos últimos pudieron identificarse directamente en el Censo de 2008 debido a que constituyen unidades geográficas independientes y a la disponibilidad de tabulados a ese nivel.

Una vez identificada la población beneficiaria —antes y después del traslado—, fue posible responder al siguiente interrogante: ¿En qué medida el programa “Mi Casa, Mi Vida” contribuyó al mejoramiento integral del hábitat y de las condiciones de vida de las familias beneficiarias? La evaluación del programa, a partir del análisis de cuatro ejes estratégicos —calidad del parque habitacional, calidad de ocupación de la vivienda, acceso a establecimientos educativos y sanitarios públicos y relaciones con el entorno y la ciudad—, provee algunas evidencias al respecto.

Las condiciones materiales han cambiado sustancialmente para las familias trasladadas. El paso de la villa miseria al barrio significó el acceso a una vivienda propia, con servicios e infraestructura urbana. Si bien los nuevos barrios registraron menores niveles de hacinamiento tras el traslado, poco más del 11% de los hogares aún se encuentran en esta condición, posiblemente debido al reducido tamaño de las viviendas, que no se adaptan al tamaño de las familias (más del 50% de ellas tienen 4 miembros o más). Una investigación realizada en Ciudad de Los Niños da cuenta de una situación de promiscuidad en la que adultos comparten cuartos con menores o adolescentes de ambos sexos (Elorza, 2009). Frente a esta necesidad de espacio, algunos vecinos han realizado ampliaciones a las viviendas, generalmente con materiales precarios y reproduciendo las formas de ocupación del hábitat anterior (Clichevsky y Brunstein, 2006).

La accesibilidad geográfica a los equipamientos educativos y sanitarios públicos también presentó significativas mejoras, ya que se registró una considerable disminución de la distancia mínima a estos equipamientos. Mientras el 30% de las villas miseria contaba con una escuela de nivel inicial y primario en un radio de 500 metros, ese porcentaje ascendió a casi el 80% en los nuevos barrios. Similares resultados se registraron en lo referido a los centros de atención primaria de la salud (un 32% frente a un 93%). Probablemente este mayor acceso, sin evaluar las posibles barreras que podrían existir, se relacione con que la tipología residencial predominante, las denominadas “ciudades-barrios”, cuenta en su interior con equipamientos sociales mínimos.

La accesibilidad a los establecimientos de educación secundaria, en cambio, presentó un avance menor. Esto podría deberse a su localización, en la mayoría de los casos, fuera de los límites de los nuevos barrios. Este dato reviste de gran importancia en contextos sociales con altas tasas de abandono escolar; según datos del Censo de 2008, aproximadamente el 55% de los jóvenes de 15 a 19 años que reside en los nuevos barrios no asiste a un establecimiento educativo y casi el 70% de ese porcentaje abandonó la escuela antes de concluir la educación secundaria.

Los hospitales públicos constituyen el único establecimiento cuya accesibilidad disminuyó. Mientras el 16% de las villas miseria contaban con un hospital en un radio de 1.000 metros, ese porcentaje se redujo al 11% como consecuencia del traslado. Las villas miseria ubicadas en las áreas pericentral e intermedia de la ciudad fueron, posiblemente, las que experimentaron en mayor medida esta menor accesibilidad por su localización próxima al polo sanitario, caracterizado por su centralidad. La disminución pudo haber sido mayor, pero en septiembre de 2011 se inauguró un hospital municipal en la zona suroeste de la ciudad —muy próximo a seis de los nuevos barrios—, lo cual aumentó la accesibilidad de los habitantes de los nuevos barrios construidos en la zona.

Respecto de las relaciones con el entorno y la ciudad, estos complejos habitacionales se localizan, en contraste con la distribución más o menos regular en el espacio urbano de las villas miseria, en la periferia de la ciudad o en municipios colindantes (por ejemplo, Ciudad de Los Niños). Mientras casi la mitad de los antiguos asentamientos se encontraban en las áreas pericentral e intermedia de la ciudad —a menos de 6,5 km del centro—, gran parte de estos nuevos barrios constituyen las últimas urbanizaciones de la mancha urbana y son colindantes con zonas de uso rural.

En síntesis, esta propuesta metodológica, si bien fue desarrollada para un programa habitacional particular, constituye una herramienta de evaluación muy importante para el análisis de los efectos de las políticas habitacionales sobre la población beneficiaria. Esto es especialmente válido en un contexto regional donde dichas herramientas se han focalizado, en gran medida, en la medición del déficit habitacional. Esta propuesta procura superar el sesgo en materia de vivienda que se presenta en la mayoría de los análisis sobre este tipo de políticas y posibilita una mirada multidimensional sobre el fenómeno, al utilizar ejes de análisis que incorporan la accesibilidad geográfica a equipamientos colectivos y la relación con el entorno y la ciudad.

Bibliografía

Alves, J.E.D. y S. Cavenaghi (2011), “Medición del déficit y de la demanda habitacional a partir de los censos del Brasil”, Notas de Población, N° 93 (LC/G.2509-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Amadeo, E. y otros (2007), Observatorio de la situación social de la provincia de Córdoba: nuevos conglomerados urbanos, Buenos Aires, Observatorio Social Ediciones.

Arriagada, C. (2011), “Evaluación de la experiencia censal reciente sobre vivienda y hogar”, serie Población y Desarrollo, N° 101 (LC/L.3312-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

____(2003), “América Latina: información y herramientas sociodemográficas para analizar y atender el déficit habitacional”, serie Población y Desarrollo, Nº 45 (LC/L.1983-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Arriagada, C., J. Moreno y E. Cartier (2007), “Evaluación de impacto del Subsidio de Renovación Urbana en el Área Metropolitana de Santiago (1991-2006)”, Serie VII Santiago, División de Estudios MINVU.

Barreto, M. y L. Alcalá (2007), “Cambios en las prestaciones urbano-ambientales de la política habitacional argentina. Reflexiones a partir de cuatro programas orientados a población en situación de pobreza del Gran Resistencia”, documento presentado en la V Jornada de Vivienda Social y XIII Encuentro Red ULACAV, Valparaíso, 10 al 13 de octubre.

Borja, J. (2008), “Los nuevos derechos ciudadanos”, El derecho a la ciudad en el mundo. Compilación de documentos relevantes para el debate, Ciudad de México, Coalición Internacional del Hábitat.

Buthet, C. (2007), “Políticas públicas de vivienda social y derecho a la ciudad”, documento presentado en la V Jornada de Vivienda Social y el XIII Encuentro Red ULACAV, Valparaíso, 10 al 13 de octubre.

Buthet, C., M. Baima y D. Calvo (2007), Evolución de las villas de emergencia en Córdoba 2001-2007. Localización y estimación de población, Córdoba, Servicio Habitacional y de Acción Social (SEHAS)/Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Buzai, G. D. y otros (2003), “Distribución y segregación espacial de los extranjeros en la ciudad de Luján. Un análisis desde la geografía cuantitativa”, Signos Universitarios, vol. 23, N° 39.

Candia Baeza, D. (2005), “Metas del Milenio y tugurios: una metodología utilizando datos censales”, serie Población y Desarrollo, Nº ٦٣ (LC/L.٢٤٥٦-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Clichevsky, N. L. y F. J. Brunstein (2006), Programa de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba (AR-L1027). Evaluación ambiental y procedimientos ambientales a considerar en el Reglamento Operativo. Informe Final, Buenos Aires, Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Diakoulaki, D., G. Mavrotas y L. Papayannakis (1995), “Determining objective weights in multiple criteria problems: The critic method”, Computers and Operations Research, vol. 22, N° 7.

Elorza, A.L. (2009), “Política de erradicación de villas: impactos en la calidad de vida de las familias relocalizadas. Estudio de caso: Ciudad de los Niños”, Confluencias, N° 67.

Esri (2013), Multiple Ring Buffer (Analysis) [en línea] http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.1/index.html#//00080000001p000000.

Gobierno de la Provincia de Córdoba (2006), Propuesta de Préstamo. Programa de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba (AR-L1027), Córdoba, Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Hancevich, M. y N. Steinbrun (2009), Informe sobre la caracterización urbano-habitacional en la Argentina. Año 2006 y evolución 2001-2006, Buenos Aires, Dirección Nacional de Políticas Habitacionales, Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Secretaría de Obras Públicas y Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) (2010), Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Documento metodológico preliminar [en línea] http://www.indec.gov.ar/censo2010/CONSOLIDADO%20PARA%20CONSEJO%20Y%20PRENSA-CNPV%202010%20Y%20EXPERIMENTAL.pdf.

Instituto de Planificación Municipal (2013), Estudio de la dinámica poblacional del área Central de la ciudad de córdoba Aglomerado Gran Córdoba, Córdoba, Municipalidad de Córdoba/Instituto de Planificación Municipal.

Martínez de Jiménez, L. M. (2001), “Evaluación de la situación habitacional y de la política de vivienda desarrollada en los últimos años. Nuevos programas de vivienda”, Colección, N° 11.

Martínez de Rusconi, M. y G. Maffrand (2014), Consideraciones de los barrios ciudades desde el enfoque urbano-ambiental [en línea] http://blog.ucc.edu.ar/ssh/files/2014/10/BARRIOS-CIUDADES-ENFOQUE-URBANO-AMBIENTAL.pdf.

Ministerio de Educación de la Nación (2011), Programa Nacional Mapa Educativo [en línea] http://www.mapaeducativo.edu.ar.

Ministerio de Educación, Gobierno de la Provincia de Córdoba (2009), Plan Escuelas Nuevas, Córdoba.

Ministerio de la Solidaridad, Gobierno de la Provincia de Córdoba (2007), Programa “Mi Casa, Mi Vida”. Construyendo una mejor calidad de vida, Córdoba.

Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Gobierno de la Provincia de Córdoba (2011), Obras ejecutadas: programa 12.000 viviendas, Córdoba.

Ministerio de Salud de la Nación (2014), Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino [en línea] https://sisa.msal.gov.ar/sisa/#sisa.

Municipalidad de Córdoba (2014), CPC-Centros de Participación Comunal [en línea] http://www2.cordoba.gov.ar/portal/index.php/secretaria-de-gobierno/subsec-de-participacion-ciudadana/centros-de-participacion-comunal-cpc/.

____(2012), Guía estadística de la ciudad de Córdoba, Córdoba.

____(2011), Transporte Colectivo de Pasajeros [en línea] http://www.cordoba.gov.ar/CordobaCiudad/principal2/docs/transporte/MAPA%20TUP.pdf.

Municipalidad de Córdoba/Universidad Nacional de Córdoba (2008), Bases para el Plan Director de la Ciudad de Córdoba. Lineamientos y Estrategia General para el Reordenamiento del Territorio, Córdoba.

Observatorio Urbano de la Ciudad (2007), Barrios bajo la lupa, Córdoba, Municipalidad de Córdoba.

Rodríguez, E. M. y otros (2011), La evaluación de las políticas habitacionales. Significaciones y estado del arte, Córdoba, Escuela de Trabajo Social, Universidad Nacional de Córdoba.

Rodríguez, J. (1999), “Información censal relevante para la medición del déficit habitacional”, Notas de Población, N° 69 (LC/G.2062), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Sepúlveda Ocampo, R.P. y R.E. Fernández Wagner (2006), Análisis crítico de las políticas nacionales de vivienda en América Latina, San José, Centro Cooperativo Sueco.

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación/Universidad Nacional de Quilmes (2007), Proyecto “Indicadores y Aplicación de Información sobre Vivienda en Argentina (IAIVA). Metodología, Buenos Aires.

Van Lücken, M. (2011), Relocalización de villas en Córdoba: caso villa La Maternidad, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA).

Velázquez, G.A. (2001), “Calidad de vida y fragmentación en la Argentina. La herencia de los noventa”, Revista del CESLA, N° 2.

Anexo A1

Ciudad de Córdoba: criterios para la identificación de villas miseria, según datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2001

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de información proveniente de Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Cuestionario del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2001.

[1] Licenciada en Sociología, Magíster y Doctora en Demografía, Becaria Posdoctoral del Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y Universidad Nacional de Córdoba (UNC), y docente de la Universidad Siglo 21. Correo electrónico: fmolinatti@hotmail.com.

[2] Un ejemplo emblemático de tal resistencia es el de Villa La Maternidad, una de las villas más céntricas de la ciudad, con más de 70 años de antigüedad (Van Lücken, 2011).

[3] Otros indicadores clave y centrales en la evaluación de políticas públicas de vivienda —como la conexión a servicios sanitarios básicos (agua por red, eliminación de aguas servidas), las condiciones urbano-ambientales (existencia de basurales, zona inundable), el régimen y la seguridad en la tenencia de la vivienda— no pudieron incorporarse en esta etapa por no encontrarse relevados en el Censo Provincial de Población de 2008, que se constituyó en la principal fuente para evaluar las condiciones de vida de las familias beneficiarias después del traslado.

[4] El cuestionario del Censo de 2001 contaba con una pregunta destinada a identificar a las viviendas en villas miseria a partir de la situación predominante en el segmento censal. Sin embargo, no fue incluida en la base de microdatos por presentar elevadas tasas de no respuesta.

[5] Se utilizó la técnica Spatial Join del programa ArcGIS que posibilita la unión de los atributos de una cartografía en formato shape con otra basada en una relación espacial. Se creó una nueva cartografía que incluía el listado de villas miseria erradicadas y el radio censal de pertenencia.

[6] Las zonas de influencia consisten en polígonos que rodean a un elemento y guardan una distancia determinada respecto de él. En su conformación se combina la creación de un elemento nuevo (la propia zona de influencia) con la aplicación de un análisis espacial (proximidad). Mientras los anillos simples solo contemplan una distancia, los anillos múltiples permiten analizar simultáneamente más de una distancia (Esri, 2013).

[7] Si bien la ciudad de Córdoba se caracteriza por procesos de descentralización y por el surgimiento de espacios alternativos a la centralidad tradicional, el área central todavía constituye un sector que condensa la esencia misma de la vida social urbana (Instituto de Planificación Municipal, 2013). Los Centros de Participación Comunal son divisiones administrativas de la Municipalidad de Córdoba donde los vecinos de la ciudad pueden realizar trámites municipales y de otras dependencias estatales, así como participar en actividades culturales, sociales, deportivas y vecinales. Las direcciones de estos centros se obtuvieron de la página web de la Municipalidad de Córdoba (2014).

[8] Se trabajó con un solo plano de recorridos actualizado a marzo de 2011 y no se pudo identificar qué recorridos se encontraban vigentes antes del traslado y cuáles fueron creados con posterioridad. Por ello, las estimaciones para las villas miseria pueden encontrarse sobreestimadas.

[9] “La ciudad de Córdoba presenta una relación superficie/habitante que da como resultado una densidad promedio menor a los 60 hab./ha, que pone en evidencia la excesiva extensión del área urbanizada en barrios conformados en gran medida por viviendas unifamiliares, acompañados en numerosos casos por una masa crítica de marginalidad social y territorial. Como consecuencia de esa baja densidad general resultan importantes deseconomías urbanas en la provisión de infraestructura, equipamiento y transporte público y, asimismo, una permanente amenaza de consumo inadecuado de suelo, tanto rural de valor productivo, como natural de valor paisajístico-ambiental” (Municipalidad de Córdoba/Universidad Nacional de Córdoba, 2008).

Tendencias y proyecciones de la población del área metropolitana del Valle de Aburrá en Colombia, 2010-2030

Jorge Enrique Horbath[1]

Recibido: 26/11/2015

Aceptado: 19/02/2016

Resumen

Los cambios demográficos, económicos y sociales que ha sufrido el área metropolitana del Valle de Aburrá en Colombia dan cuenta de una de las dinámicas poblacionales y territoriales más importantes registradas en el país. Con más de 3,5 millones de habitantes distribuidos en 10 municipios que incluyen a Medellín, la capital del departamento de Antioquia, las tendencias por grupos de edad y sexo también muestran notorias recuperaciones de la población respecto de los violentos tiempos del pasado, que dejaron elevadas tasas de mortalidad plasmadas en las pirámides poblacionales. En la actualidad, la dinámica del área metropolitana del Valle de Aburrá revela una desaceleración de los procesos de concentración hacia Medellín y ha empezado a manifestar la consolidación de nuevos centros de agrupación poblacional en los municipios colindantes, con fenómenos de rururbanización que marcarán la tendencia en las siguientes dos décadas.

Palabras clave: demografía general, tendencias demográficas, fecundidad, planificación familiar, niños, jóvenes.

Abstract

The demographic, economic and social changes in the Aburrá Valley (metropolitan area) represent one of the most significant shifts in territorial and population dynamics in Colombia’s history. With over 3.5 million inhabitants in 10 municipalities including Medellin, the capital of the Antioquia department, trends by age group and gender also reflect significant rises in the population with respect to violent times in the past, whose high mortality rates are reflected at different levels of the population pyramid. At present, the trend in the Aburrá Valley indicates a slowdown in concentration in and around Medellin and the incipient consolidation of new population centres in bordering municipalities, with urban-rural development phenomena that will determine the trends seen in the next two decades.

Keywords: general demography, demographic trends, fertility, family planning, children, youth.

Résumé

Les changements démographiques, économiques et sociaux observés dans la région métropolitaine de la Valle de Aburrá en Colombie mettent en évidence une des dynamiques démographiques et territoriales les plus importantes enregistrées dans le pays. Avec plus de 3,5 millions d’habitants répartis dans 10 municipalités différentes, dont Medellín, la capitale du département d’Antioquia, les tendances des groupes selon leur âge et leur sexe démontrent bien le relèvement significatif de la population par rapport au passé violent auquel sont associés des taux de mortalité élevés s’exprimant dans la pyramide démographique. Aujourd’hui, la dynamique de la région métropolitaine de la Valle de Aburrá révèle un ralentissement des processus de concentration vers Medellín et commence à manifester une consolidation de nouveaux centres de regroupement démographique dans les municipalités avoisinantes, avec des phénomènes d’urbanisation rurale qui vont caractériser la tendance des deux décennies suivantes.

Mots-clés: démographie générale, tendances démographiques, fécondité, planification familiale, enfants, jeunes.

Introducción

Estudiar las dinámicas poblacionales de un territorio va más allá de la realización técnica y formal de un modelo demográfico. Se trata de adentrarse en el contexto y asimilar las tendencias que la población ha venido registrando, sus explicaciones en la transformación del espacio y los retos que representan para el futuro, en el proceso de delinear la planeación del desarrollo y enfrentar los problemas que resultan del comportamiento demográfico, los cambios poblacionales y su incidencia en el territorio.

Las brechas estructurales se explican, en gran medida, por los tamaños y dinámicas poblacionales, donde incide la desigualdad social, la relación con el territorio que las poblaciones ocupan y las nuevas generaciones que las reemplazan según las oportunidades que en él se gestan, tanto desde los diferentes niveles de gobierno como desde la sociedad en general. Si ahora son cada vez más evidentes las brechas económicas, sociales y demográficas, también lo es la posibilidad de reducirlas mediante políticas sociales encaminadas a contrarrestar la incidencia de la desigualdad y la pobreza, en un marco de bienestar, equidad y derechos.

Al realizar las proyecciones de población mediante el método de relación de cohortes para el área metropolitana del Valle de Aburrá, se pretende identificar los problemas futuros de las dinámicas poblacionales en cada unidad geográfica y administrativa, tanto en sus tendencias como en sus estructuras por edad y bono demográfico. Se estima la ecuación demográfica resultante de las proyecciones, analizando las tendencias tanto de crecimiento natural o vegetativo como de crecimiento migratorio, y de los contornos territoriales y poblacionales.

En el trabajo se pretende mostrar la utilidad para los procesos de planeación del desarrollo frente a la necesidad de contar con información de proyecciones de población en subáreas, y la forma de analizar sus resultados para comprender los problemas futuros de las dinámicas poblacionales y ofrecer elementos para el diseño de políticas públicas de largo plazo. Este documento es una síntesis del informe titulado “Dinámicas poblacionales en el Área Metropolitana de Medellín-Valle de Aburrá”, elaborado por el autor para el proyecto Plan Director BIO-2030, realizado por el Centro de Estudios Urbanos y Ambientales de la Universidad EAFIT, la entidad administrativa Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Alcaldía de Medellín.

A. Aspectos teóricos a considerar en las proyecciones de población

El proceso de cambio de altos niveles de mortalidad y fecundidad a un descenso de ambos componentes demográficos fue identificado hace más de siete décadas y se conoce como transición demográfica. En ella se destaca el momento de reemplazo generacional en que cada mujer tendría dos hijos durante su vida (Notestein, 1945; Leibenstein, 1957). Los efectos son directos en la estructura por edades (Miró, 2003) y en las diferencias de la distribución etaria de los decesos que se aglutina en la población de más edad (Janssen y Kunst, 2004).

La modernización económica, la industrialización y los procesos de urbanización a la par de las transformaciones sociales han sido los motores de dicha dinámica en la natalidad y mortalidad, cuyas intensidades dieron lugar a la transición epidemiológica (Omran, 1971 y 1998). Esta transición se caracteriza por el progresivo cambio en la composición de la mortalidad, debido a la reducción de las muertes por infecciones atribuibles a la falta de bienes y servicios básicos, y un incremento de los decesos causados por padecimientos genéticos, por lo que se verifica una relación entre las transiciones epidemiológica y demográfica (Frenk y otros, 1991a; Galyin y Kates, 1997).

Los avances en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares dieron paso a que se mencionara una cuarta fase de la transición epidemiológica (Olshanky y Ault, 1986; Roger y Hackemberg, 1987). Se trata, en realidad, de una transición en la salud y es algo más complejo, como la acción de la población para mejorar sus condiciones de salud (Caldwell, 1990; Frenk y otros, 1991a; Meslé y Vallin, 2006). La transición epidemiológica no solamente es una designación hacia un estadio positivo, sino también un rezago en el desarrollo ocasionado por procesos anormales y desequilibrados de industrialización, consumo extensivo e intensivo y urbanización galopante, que ocasionan alteraciones reflejadas en altos niveles de contaminación, accidentes, tanto en el trabajo como fuera de él, malos hábitos alimentarios, adicciones al tabaco, el alcohol y las drogas, y un aumento de los trastornos mentales (Frenk y otros, 1991b). Por ello, las regiones en desarrollo, como el área metropolitana del Valle de Aburrá y sus municipios, que recién se encuentran atravesando ambas transiciones, podrán aprovechar el aprendizaje que ofrece la experiencia que transitaron otras regiones y superar los obstáculos para no reproducir esquemas problemáticos que ahora enfrentan las regiones más desarrolladas.

En cuanto a la expansión urbana, de acuerdo con la teoría, se reconocen cuatro etapas de metropolización en el poblamiento: i) urbanización: cuando la tasa de crecimiento porcentual anual de pobladores de la ciudad central supera a la de la periferia; ii) suburbanización: cuando la periferia alcanza una mayor tasa de crecimiento porcentual anual; iii) desurbanización: cuando la cuidad central observa un despoblamiento relativo o absoluto, y iv) reurbanización: cuando en la ciudad central ocurre un repoblamiento relativo o absoluto (véanse, entre otros, Unikel, 1978; Garza, Filion y Sands, 2003; Sobrino, 2003; Busquets, 1993). Tales etapas se delimitan de acuerdo con el cambio que las fuerzas centrípeta de concentración y centrífuga de expansión ejercen para que el área metropolitana se transforme de una región monocéntrica a una región policéntrica, dando lugar a un funcionamiento urbano que forma contornos en su dinámica.

Dichos contornos se postulan a partir de las formulaciones teóricas que hiciera Von Thunen en 1826, con el modelo de suelo agrícola y la teoría de oferta de la renta, puesta en práctica por diversos autores que aportaron a su desarrollo. Entre los principales planteamientos se encuentran los realizados por Geyer y Kontuly (1996) respecto de la teoría de fases de crecimiento urbano, la prevalencia socioproductiva y la atracción migratoria en las metrópolis, que refiere a la existencia de una tendencia de difusión-concentración entre zonas metropolitanas centrales, regiones metropolitanas de segundo orden y ciudades más pequeñas de tercer orden, conocida como la teoría de la ciudad pequeña. En la primera fase, las ciudades de segundo y tercer orden crecen muy poco respecto de la fuerza de concentración de la ciudad central, pero, con la contraurbanización en sociedades desarrolladas (Berry, 1976) o la restitución de la polarización en ciudades en desarrollo (Richardson, 1980), las metrópolis intermedias cobran mayor dinamismo, tanto económico como poblacional. Las ciudades pequeñas tienden a seguir un proceso similar al que mostraron las dos primeras zonas de las áreas metropolitanas, todo ello en una dinámica que Geyer y Kontuly señalaron como “urbanización diferencial”, que se estabiliza en el largo plazo.

B. Delimitación del área metropolitana del Valle de Aburrá

En el artículo 1° de la Ley núm. 128 de 1994 se define un área metropolitana como una entidad administrativa, formada por un conjunto de dos o más municipios integrados alrededor de un municipio núcleo o metrópoli, vinculados entre sí por estrechas relaciones de orden físico, económico y social. El área metropolitana del Valle de Aburrá se creó en 1980 y fue la primera en Colombia. Su establecimiento respondió a la necesidad de integración económica y de una mejor planeación, en términos tanto geográficos y territoriales como de dinámica económica, social y demográfica, para las unidades político-administrativas de los diez municipios del Valle de Aburrá. Esta región geográfica en medio de la Cordillera Central tiene alturas de 1.300 metros a 2.800 metros sobre el nivel del mar y se localiza en el centro-sur del departamento de Antioquia, específicamente en la cuenca del río Medellín, que recorre el valle en dirección sur-norte. Allí se encuentran los municipios de Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, Medellín (el núcleo o metrópoli del área), Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa.

Según el artículo 311 de la Constitución de 1991 de Colombia y la Ley núm. 136 del 2 de junio de 1994, el municipio es la entidad territorial básica de la división político-administrativa del Estado colombiano, caracterizada por tener autonomía política, fiscal y administrativa, y su tamaño no debe ser menor a 25.000 habitantes. Dicho marco normativo refiere que en las zonas urbanas de los municipios se encuentran las comunas y dentro de ellas los barrios, mientras que en la parte rural están los corregimientos y en ellos los centros de poblamiento son las veredas.

C. Metodología

Cuando se cuenta con información óptima de las variables de mortalidad, fecundidad, natalidad y migración en las áreas poblacionales, es posible aplicar el método de los componentes por medio de la ecuación compensadora:

(1) N(t + n) = N(t) + B(t,t + n) − D(t,t + n) + I(t,t + n) − E(t,t + n)

En donde:

N(t + n) = Tamaño de la población en el momento t+n.

B(t,t + n) = Nacimientos en el período.

D(t,t + n) = Defunciones en el período.

I (t,t + n) = Inmigrantes llegados al municipio en el período.

E(t, t + n) = Emigrantes salidos del municipio en el período.

Sin embargo, en el caso de las proyecciones de las áreas menores que comprende el área metropolitana del Valle de Aburrá, como los municipios y las subáreas, tanto urbanas (denominadas “comunas”) como rurales (conocidas como “corregimientos”), existen limitantes para aplicar el método de componentes, por lo que la bibliografía especializada recomienda el método de relación de cohortes. Este método utiliza las estructuras de población por sexo y edad, tomando en cuenta los cambios de algunos parámetros demográficos, como la fecundidad, basándose en el vínculo de hipótesis acerca de las perspectivas de desarrollo de las variables demográficas, que delinean las tendencias de crecimiento de la población.

Se toma como referencia el documento metodológico de las proyecciones 2006-2020 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2008), en el cual se explica detalladamente la estructura del modelo y del cual recuperamos los aspectos principales para sustentar la metodología seguida en las proyecciones del área metropolitana del Valle de Aburrá. En dicho documento se indica que los datos básicos corresponden, en un primer término, a la población de las áreas menores (municipios) por sexo y edad de dos levantamientos censales. En segundo término, se encuentran las proyecciones de población de las áreas mayores (departamentos) por sexo y edad, obtenidas a través del método de los componentes. Las proyecciones se elaboran por sexo y grupos quinquenales de edad, a través de diferentes algoritmos, para tres grupos poblacionales:

Población menor de 5 años:

(2)

Población de entre 5 y 80 años:

(3) , Para x = 0, 5, 10..., 70

Población de 80 años y más:

(4)

En donde:

es el total de nacimientos ocurridos en el municipio entre los momentos t y t+5

es la relación de sobrevivencia al nacimiento del departamento del período t, t+5

es el índice de crecimiento diferencial al nacimiento, de un municipio respecto del departamento, durante el período t, t+5

es la población inicial del grupo quinquenal de edades x, x+5 del municipio en el momento t

es el coeficiente de crecimiento del departamento, correspondiente al grupo quinquenal de edades x, x+5 en el momento t que alcanza las edades x+5, x+10 en el momento t+5

es el índice de crecimiento diferencial (K) del municipio respecto del departamental, correspondiente al grupo quinquenal de edades x, x+5 en el momento t y que alcanza las edades x+5, x+10 en el momento t+5

es la población del grupo quinquenal de edades x+5, x+10 en el momento t+5

El coeficiente de crecimiento del departamento mide el crecimiento de cada una de las cohortes por sexo (CR) del departamento, se asocia con la variación de las cohortes de las áreas menores y se expresa así:

(5)

En donde:

es la población departamental del grupo de edades x, x+5 del año t

es la población departamental del grupo de edades x+5, x+10 en el momento t+5

Este coeficiente contiene, de forma implícita, las variaciones generadas por efecto de la mortalidad y la migración departamental refiriéndose a la población con edades comprendidas entre x y x+5 en el momento t, que alcanza las edades entre x+5 y x+10 en el momento t+5.

La dinámica municipal no es idéntica a la departamental y es necesario cuantificar, a través del factor K, el crecimiento diferencial de cada cohorte municipal respecto del departamento. Este factor se obtiene de dos formas:

i)Mediante la relación entre los coeficientes de crecimiento del municipio y los correspondientes al departamento:

(6)

ii)A partir de las proporciones del municipio respecto del departamento observadas en dos censos consecutivos, que se supone que están distanciados por 5 años:

(7)

Donde:

es la población del municipio del grupo de edades x, x+5 en el primer censo

es la población del municipio del grupo de edades x+5, x+10 en el segundo censo

y son las poblaciones departamentales para los mismos grupos de edades en el primer y segundo censo, respectivamente.

Los diez municipios del área metropolitana cuentan con proyecciones de población desde 2006 hasta 2020 realizadas por el DANE. Para las comunas y los corregimientos de Medellín se cuenta con proyecciones desde 2006 hasta 2015 (y estimaciones puntuales para 1993 y 2005). En consecuencia, las proyecciones a realizarse para el área metropolitana deben contemplar la información anterior debido a que corresponde a datos oficiales provenientes del órgano institucional que administra la información estadística y, principalmente, el acceso a los censos de población.

Tales proyecciones fueron realizadas con el método de relación de cohortes, mediante el uso del aplicativo PRODEM y la aplicación del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), conocida como Peq-AR, versión 2.0, que incluye el módulo Rcoortes, para proyecciones anualizadas de población para áreas menores por sexo y edades con la metodología por relación de cohortes, para un número significativamente mayor de municipios. De allí que los supuestos que manejan dichas proyecciones oficiales refieren a que los factores diferenciales de crecimiento K son considerados constantes dentro de cada grupo etario —además de que dichos factores K se reducen a escala anual— y también que las distribuciones relativas de las tasas específicas de fecundidad no se consideran constantes. Estas distribuciones relativas varían para cada año que cubre el período a proyectar, por lo que se adopta la evolución anual del patrón de la fecundidad del departamento. Los parámetros de fecundidad (tasa global y específica) y de mortalidad (relación de sobrevivencia al nacer) fueron utilizados como punto medio de cada período de proyección municipal. Dicha metodología requirió una proyección departamental basada en el método de componentes que fue usado en el módulo Rcoortes, permitiendo, a su vez, el trabajo de una metodología exógena para el cálculo de los datos para la cabecera de los municipios (DANE, 2008).

Con estos elementos, y teniendo en cuenta que las nuevas proyecciones de 2020 a 2030 deberían contemplar las tendencias que marcaban las proyecciones oficiales, se aplicó la metodología de crecimiento escalonado de los grupos quinquenales de población por sexo, municipio y zona, desagregando por comunas y corregimientos para el caso de Medellín. La metodología lograría introducir las dinámicas de los componentes demográficos que el DANE ha contemplado en sus proyecciones municipales a 2020 (DANE, 2007). Para las proyecciones, se aplicaron funciones logísticas quinquenales en el tiempo, contrastándolas en las cohortes de los períodos que dan lugar a la diagonal de los diagramas de Lexis (Naciones Unidas, 2005), y se aplican funciones similares para el primero y el último grupo poblacional (menores de 5 años y mayores de 80 años, respectivamente).

D. Tendencias y proyecciones de población en el período 2010-2030

De acuerdo con los resultados obtenidos, la proyección arroja una estimación de 4.389.585 personas en el área metropolitana, 844.882 personas más entre 2010 y 2030, a un ritmo del 1% anual y con mayor dinámica en la zona urbana de los extremos de la región central, como Bello, Envigado e Itagüí, que en Medellín (véase el gráfico 1). Por su tamaño, esos tres municipios aportarían más de 344.000 personas adicionales durante el período. Bello se destaca, ya que sobrepasaría el medio millón de habitantes en 2030, en tanto que Itagüí y Envigado juntos tendrían más de 600.000 personas ese mismo año.

Gráfico 1

Área metropolitana del Valle de Aburrá:proyecciones de población total, 1985-2030

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de censos de población, proyecciones municipales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y microdatos censales de IPUMS-International, University of Minnesota.

De estos municipios, Envigado es el de mayor crecimiento poblacional, con un aumento previsto de más de 108.000 personas y un crecimiento de más del 54% respecto de la población estimada para 2010, lo que indica un ritmo de crecimiento anual del 2,1% (véase el cuadro 1). Una tendencia similar se aprecia en los municipios contiguos a la parte central del área, como Copacabana y La Estrella, que, sin tener mucha población, se destaca por su crecimiento a un ritmo superior al promedio del área. No obstante, la población no sobrepasaría los 100.000 habitantes en ninguno de los dos municipios para 2030.

Al observar las dinámicas obtenidas en las proyecciones, el fenómeno de ampliación de la mancha urbana se extiende, pues la población concentrada en la cabecera municipal, en promedio, pasaría del 94,9% al 95,8%, con lo que aumentaría casi un punto porcentual en dos décadas. Si bien tal proceso es impulsado por Medellín, la región central del área es la que registra la mayor transformación, observándose que en los municipios aledaños a la capital del departamento, como Bello, Envigado y La Estrella, la contracción de la población rural es alta (véase el cuadro 1). Sin embargo, pese a la avalancha urbana que la región central le imprime a las zonas rurales de sus municipios, podemos ver que Itagüí todavía registraría incrementos en la población rural. De esta manera, el fenómeno de rururbanización, como proceso del avance de la ciudad hacia las zonas rurales, se hace presente en las tendencias poblacionales y marca las dinámicas entre población y ocupación del territorio del área metropolitana. Su configuración población-territorio adquiere comportamientos de anillos concéntricos, donde Medellín es el núcleo de la región central compartida con Bello y Envigado. Después viene el anillo exterior de los restantes municipios.

Cuadro 1

Área metropolitana del Valle de Aburrá: retos de dinámica poblacional, 2010-2030

Municipio

Población total

Crecimiento de la población 2010-2030

Población de cabecera

(en porcentajes)

2010

2030

Total

Variación

(en porcentajes)

Crecimiento anual

(en porcentajes)

Rural

Variación

(en porcentajes)

2010

2030

Barbosa

46 173

61 720

15 547

33,67

1,38

7 251

28,62

45,12

47,20

Girardota

48 206

73 435

25 229

52,34

2,00

9 354

47,82

59,42

60,62

Copacabana

65 773

87 851

22 078

33,57

1,38

1 628

18,73

86,78

88,25

Bello

413 107

591 756

178 649

43,25

1,71

-6 061

-61,39

97,61

99,36

Medellín

2 343 049

2 724 051

381 002

16,26

0,72

-8 453

-25,15

98,57

99,08

Itagüí

252 158

310 928

58 770

23,31

1,00

1 938

8,68

91,14

92,20

Envigado

197 440

305 713

108 273

54,84

2,08

-317

-3,88

95,87

97,43

La Estrella

57 437

77 878

20 441

35,59

1,45

-3 059

-11,71

54,51

70,38

Sabaneta

48 264

66 302

18 038

37,37

1,51

2 103

21,30

79,54

81,93

Caldas

73 096

89 952

16 856

23,06

0,99

-99

-0,62

78,02

82,25

Área total

3 544 703

4 389 586

844 883

23,84

1,02

4 287

2,39

94,93

95,81

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de censos de población, proyecciones municipales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y microdatos censales de IPUMS-International, University of Minnesota.

Medellín, por su parte, muestra una dinámica especial en las proyecciones de población. La estimación de la población de Medellín para 2030 es de 2.724.051 habitantes, con un aumento de 381.002 personas entre 2010 y 2030 y tasas de crecimiento anual del 0,72%. También registra un mayor crecimiento en las zonas rurales correspondientes a los “corregimientos” que en las zonas rurales conocidas como “comunas” (véase la parte externa al corchete en el gráfico 2).

Gráfico 2

Medellín: proyecciones de la población total, comunas y corregimientos, 2005-2030

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de censos de población, proyecciones municipales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y microdatos censales de IPUMS-International, University of Minnesota.

Por tamaño de población y dinámica socioproductiva, el municipio de Medellín concentraba en 2010 al 65,7% de la población del área y se espera que para 2030 esta cifra se reduzca al 62,8% debido a la fuerte dinámica de urbanización que se verificará en los municipios de su contorno exterior cercano. Aunque los tamaños poblacionales de las comunas no van a cambiar drásticamente, lo que sí va a ocurrir es un crecimiento demográfico en las zonas rurales de Medellín debido al incremento de la cantidad de personas que buscan nuevos territorios para asentarse. Las comunas tendrían un bajo crecimiento, que alcanzaría al 8,7% en las dos décadas, a un ritmo de crecimiento del 0,4% anual, inferior al proyectado para el total de Medellín, pero con aportes importantes en incrementos nominales, cercanos a los registrados en los corregimientos (véase el cuadro 2).

Si se observa con atención el comportamiento de la dinámica poblacional de las comunas de Medellín en dirección Norte-Sur (como se encuentran listadas en el cuadro 2), se puede apreciar que hay un contorno espacial demarcado por La Candelaria y Aranjuez, que, junto con Buenos Aires, corresponden a los fragmentos territoriales urbanos con las tendencias más bajas del contorno de las comunas. En tanto, las comunas con mayor crecimiento son Robledo, El Poblado, 12 de Octubre, Belén, Manrique y San Javier. Se pueden identificar con claridad los puntos de presión demográfica desde las comunas hacia los corregimientos, pues en el norte de Medellín encontramos que las comunas de Robledo, Castilla y 12 de Octubre ejercen presión sobre el corregimiento de San Cristóbal y en el sur las comunas Popular, Santa Cruz, Buenos Aires y El Poblado ejercen presión sobre Santa Elena.

Cuadro 2

Medellín: dinámica poblacional en comunas y corregimientos, 2010-2030

Municipio

Población total

2010-2030

2010

2030

Total

Variación

(en porcentajes)

Crecimiento anual

(en porcentajes)

Corregimiento Santa Elena

14 501

22 816

8 315

57,34

2,16

Corregimiento San Cristóbal

60 025

115 926

55 901

93,13

3,13

Corregimiento Palmitas

4 370

11 305

6 935

158,68

4,53

Comuna 12 de Octubre

190 155

204 811

14 656

7,71

0,35

Comuna Castilla

146 471

158 476

12 005

8,20

0,38

Comuna Santa Cruz

107 869

117 137

9 268

8,59

0,39

Comuna Popular

126 887

136 872

9 985

7,87

0,36

Comuna Robledo

163 559

182 165

18 606

11,38

0,51

Comuna Aranjuez

160 068

171 247

11 179

6,98

0,32

Comuna Manrique

155 049

168 250

13 201

8,51

0,39

Comuna San Javier

133 918

145 351

11 433

8,54

0,39

Comuna La América

94 165

103 255

9 090

9,65

0,44

Comuna Laureles - Estadio

120 607

131 075

10 468

8,68

0,40

Comuna La Candelaria

85 000

91 170

6 170

7,26

0,33

Comuna Villa Hermosa

134 235

144 773

10 538

7,85

0,36

Comuna Buenos Aires

135 005

144 443

9 438

6,99

0,32

Comuna Belén

193 343

208 787

15 444

7,99

0,37

Comuna Guayabal

91 147

100 679

9 532

10,46

0,47

Comuna El Poblado

120 695

139 206

18 511

15,34

0,68

Corregimiento Altavista

28 973

46 535

17 562

60,61

2,26

Corregimiento San Antonio

77 007

179 773

102 766

133,45

4,04

Total Medellín

2 343 049

2 724 051

381 002

16,26

0,72

Comunas

2 158 173

2 347 697

189 524

8,78

0,40

Corregimientos

184 876

376 354

191 478

103,57

3,38

Cabecera Medellín

2 309 446

2 698 900

389 454

16,86

0,74

Resto Medellín

33 603

25 151

-8 452

-25,15

-1,38

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de censos de población, proyecciones municipales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y microdatos censales de IPUMS-International, University of Minnesota.

1. Estructura de la población y bono demográfico

Los cambios en la dinámica poblacional que trae la transición demográfica vienen en tres etapas y podrían aplicarse en diferentes zonas de un territorio o región. En la primera etapa, de transición incipiente, se encuentran aquellas regiones en que hay una alta natalidad. En la segunda etapa, de transición moderada, todavía existe alta natalidad, con una mortalidad moderada, pero con un crecimiento vegetativo o natural elevado y cercano al 3%. En la tercera etapa, de transición avanzada, las regiones presentarían tanto natalidad como mortalidad moderada (casi baja) y un crecimiento vegetativo o natural también bajo (entre el 0,5% y el 1,5%).

De allí que las transformaciones que sufre la estructura poblacional al pasar de una transición a otra van haciendo que se modifique la relación entre los grupos que se encuentran en edad activa y los que no lo están. De esa relación surge el concepto de “bono de productividad”, que refiere al aumento de la población en edad activa y la disminución de la población dependiente, lo que es una característica en América Latina en la actualidad y se espera que continúe en las próximas dos décadas. El indicador que se utiliza para evaluar el nivel del bono demográfico de una región es la tasa de dependencia, que tiene dos componentes: la dependencia infantil (la población menor de 15 años respecto de la población de 15 a 64 años) y la dependencia de adultos mayores (la población mayor de 64 años respecto de la población de 15 a 64 años). Dicha estructura demográfica se relaciona con indicadores relevantes —como el PIB per cápita, el ahorro interno, la inversión por trabajador y los niveles de escolaridad (Behrman, Duryea y Székely, 2003)— y resulta de gran utilidad aprovechar su vigencia para la realización de inversiones en salud y capital humano. La demanda de servicios de salud aumenta a medida que la población en los extremos de la pirámide es mucho mayor que la población activa. Tanto en salud como en educación, los recursos per cápita aumentarían y elevarían la cobertura y calidad de los servicios si el bono demográfico es amplio, lo que representaría una clara oportunidad en materia de política social para reorientar recursos hacia la inversión social. Esto permitirá satisfacer la demanda de servicios, especialmente de salud y seguridad económica, en las siguientes décadas.

En situación de efectividad del bono demográfico, la población de mayor crecimiento es la que tiene entre 15 y 59 años, pero la migración de población en edad activa de una región a otra hace que la región receptora se nutra de nueva fuerza de trabajo, aunque a costa de su disminución en la región de origen. Con el descenso de la fecundidad y la mortalidad en ambas regiones, la preocupación será la sostenibilidad de la población envejecida en las próximas décadas, pues, al tiempo que en la zona de origen ocurre un despoblamiento, en la zona de destino el repoblamiento debe darse con garantías y oportunidades a más largo plazo para que el reemplazo generacional no sea tan brusco ni tenga un costo tan elevado. Por ello, es evidente que la opuesta asociación entre crecimiento económico y tasa de dependencia en el contexto del bono demográfico debe aprovecharse mientras exista una alta productividad potencial y oportunidades efectivas de trabajo con calidad, como ocurrió en el sudeste asiático. Se trata de una situación que debe ir acompañada de políticas articuladas de tipo laboral, social y de infraestructura (Bloom, Canning y Sevilla, 2003; Bertranou, 2007; Cecchini y Uthoff, 2007).

Las proyecciones de población realizadas para el área metropolitana también permiten dar cuenta del cambio en la estructura poblacional por edad y sexo según las distintas regiones. Se puede hacer un contraste entre Medellín y los otros nueve municipios para identificar los fenómenos demográficos de referencia y las posibles tendencias que incidirían durante todo el período hasta 2030.

La forma de la pirámide de población de 2010 en el gráfico 3 muestra una estructura por edad en transformación. Tomando como referencia la pirámide interna, que corresponde a Medellín, se observa una base angosta de población infantil y juvenil, cuya proporción se contraería cada vez más con la llegada de nuevas generaciones. La misma pirámide muestra las huellas de los años violentos entre los hombres en Medellín y su efecto en la estructura demográfica del área metropolitana. Las muescas en ambos costados entre los grupos de 25 a 39 años son producto no solamente de la transición demográfica de las sociedades latinoamericanas, sino también del efecto de la mortalidad por causas violentas un par de décadas atrás. También se puede considerar como efecto de una menor cantidad de mujeres en edades fértiles en el período de 25 a 39 años previos a 2010 (es decir las madres de estas cohortes). Si bien en ese momento la población menor de 14 años tenía un mayor peso relativo en la estructura poblacional, la vulnerabilidad era muy alta, lo que arrastró con generaciones de jóvenes que vivieron tanto la violencia como la escasez de oportunidades. De allí que el bono demográfico de 2010 se vea afectado por tales fenómenos sociales, cruzados con la transición demográfica de un latente envejecimiento poblacional (McNicoll, 1997).

Gráfico 3

Área metropolitana del Valle de Aburrá: pirámides de población total, 2010

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de censos de población, proyecciones municipales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y microdatos censales de IPUMS-International, University of Minnesota.

Tales fenómenos habrían cambiado durante las siguientes dos décadas y habrían hecho que la mortalidad por causas violentas tuviera un efecto menor, homologándose aún más la estructura de generaciones que vivieron la violencia y disminuyendo las muescas en la pirámide, especialmente en los grupos de edades superiores a los 50 años (véase el gráfico 4). De igual manera, todavía se aprecian pequeños vestigios de los tiempos violentos en las diferencias que persisten entre la población femenina y masculina de algunos grupos de edad, como los de 45 años y más. Se estima que la pirámide de población de 2030 contiene el proceso de envejecimiento que robustece al grupo de edad de entre 30 y 44 años y un agotamiento del bono demográfico al reducirse la edad activa.

Gráfico 4

Área metropolitana del Valle de Aburrá: pirámides de población total, 2030

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de censos de población, proyecciones municipales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y microdatos censales de IPUMS-International, University of Minnesota.

Tomando los resultados de las proyecciones de las pirámides de población de 2010 y 2030, se elaboraron unos indicadores que ayudan a ver los elementos que tienen mayor incidencia en el bono demográfico. En el cuadro 3 se observa la tasa de dependencia, que es un índice demográfico que expresa la relación entre la población en condición de dependencia (menores de 15 años y personas de 65 años y más) y la población productiva (de 15 a 64 años) de la que aquella depende. Se reconoce que hay una parte de la población que es inactiva y no se encuentra vinculada al mercado de trabajo.

En 2010, la tasa de dependencia de los hombres en Medellín fue mayor que la de las mujeres, y la diferencia por sexo fue similar en el resto de los municipios del área metropolitana, pero con niveles superiores en casi siete puntos porcentuales. Según las tendencias que contienen las proyecciones, en 2030, no solo la tasa de dependencia aumentaría en todos los municipios del área, sino que las diferencias entre las tasas de dependencia de hombres y mujeres se acortarían en la población en Medellín, pero se elevarían en los nueve municipios restantes. Además, estas diferencias se incrementarían sustancialmente entre las mujeres, tanto de Medellín como del resto de los municipios, producto de un acelerado envejecimiento de la población y, sobre todo, de la mayor sobrevivencia de las mujeres en la tercera edad, lo que aceleraría su mayor dependencia en dos décadas.

Cuadro 3

Área metropolitana del Valle de Aburrá: tasa de dependencia, índice de reemplazo y vencimiento del bono demográfico, 2010-2030

(En porcentajes)

Año

Área metropolitana

Medellín

Resto

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

2010

Tasa de dependencia

39,11

36,50

45,92

43,18

Índice de reemplazo

46,77

62,82

26,52

33,55

< 15 años

21,53

18,37

26,76

24,26

Edad activa

70,91

71,71

67,94

68,99

> 65 años

6,20

7,80

4,43

5,53

2030

Tasa de dependencia

42,31

43,97

47,80

53,87

Índice de reemplazo

90,67

120,01

55,21

65,76

< 15 años

17,95

15,38

24,82

26,19

Edad activa

68,85

67,13

66,92

63,94

> 65 años

11,17

14,14

7,17

8,25

Vencimiento del bono demográfico

-3,20

-7,47

-1,89

-10,69

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de censos de población, proyecciones municipales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y microdatos censales de IPUMS-International, University of Minnesota.

Nota: Índice de reemplazo: relación que existe entre la población de 15 a 19 años y la población de 60 a 64 años. Vencimiento del bono demográfico: diferencia entre las tasas de dependencia de 2010 y 2030. Los valores negativos reflejan la ampliación de la dependencia por aumentos relativos de la población mayor de 65 años y disminución de la población menor de 15 años, a la par de la disminución de la población en edad activa respecto de la población total.

A la par de la tasa de dependencia, se construyó el índice de reemplazo de la población en edad activa, por medio del cociente de los que están a punto de salir de la edad activa (60 a 64 años) respecto de los que recién ingresan (15 a 19 años). Los resultados arrojan que el índice de reemplazo de las mujeres es mayor que el de los hombres por el efecto de las pérdidas de población masculina y la mayor sobrevivencia de las mujeres al envejecimiento, que es mucho mayor en Medellín que en el resto de los municipios.

Por tal razón, la incidencia del envejecimiento poblacional es más severa en la capital del departamento que en el resto, pero no ha llegado a ser tan elevada como para que la proporción de población de 60 a 64 años fuera mayor que la de 15 a 19 años, como se podría pensar que sucederá en 2030 para el caso del reemplazo femenino en Medellín, que muestra una proporción del 20% más de mujeres adultas mayores que queda sin reemplazo generacional.

Las proporciones de la población en edad activa son mayores para Medellín que para el resto de municipios, pero las diferencias se mantienen entre hombres y mujeres, aunque en todos los casos sigue siendo superior a la mitad de la población total. El vencimiento del bono demográfico se estima por la diferencia entre las tasas de dependencia. Con ello se puede ver que dicho vencimiento es mucho mayor en las mujeres que en hombres tanto de Medellín como del resto de los municipios del área metropolitana. Esto es un campanazo de alerta frente al proceso de envejecimiento de la población, pues el bono demográfico se va haciendo cada vez más pequeño y se convierte en deuda social debido a la demanda de servicios que la población envejecida requerirá y que no logró capitalizar, tanto como aporte en su momento demográfico de alta productividad como por su permanente dependencia. Las nuevas cohortes de ancianos de las próximas décadas se caracterizarían por una baja o nula escolaridad, por haber estado más vinculadas a actividades informales y por disponer de una exigua riqueza de bienes, por lo que estarían fuera de los sistemas de protección social (Palloni, 2000).

2. Componentes demográficos en el área y su tendencia

El comportamiento demográfico del área metropolitana condensado en las proyecciones a 2030 también se sustenta en la composición de sus flujos poblacionales correspondientes a cada fenómeno demográfico, como la fecundidad y la natalidad o la mortalidad y la migración, con sus elementos de inmigración y emigración, tanto interna como internacional. La información se basa en el Sistema de Registro Civil y Estadísticas Vitales a nivel nacional, que comenzó a funcionar en 1998 y ha mejorado la calidad de recolección y registro de la información de nacimientos y defunciones.

Uno de los cambios más importantes en las variables demográficas, y cuya base es la transformación, tanto en Medellín como en el área metropolitana, en los últimos años, es la disminución de la mortalidad. De acuerdo con las cifras ajustadas de mortalidad, la tasa de mortalidad en el área metropolitana era de 7,5 defunciones por cada 1.000 habitantes al término del siglo pasado y una década después estaba en 6,36 defunciones por cada 1.000 habitantes, lo que representa una disminución del 15,2%. De mantenerse la tendencia, se esperaría que en 2030 se llegue a 5,76 defunciones por cada 1.000 habitantes, con una disminución de casi el 10% respecto del nivel registrado en 2010 (véase el gráfico 5).

Gráfico 5

Área metropolitana del Valle de Aburrá: tasas específicas de mortalidad y natalidad, 1998-2030, y de inmigración y emigración interna, 1993-2005

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de censos de población, proyecciones municipales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y microdatos censales de IPUMS-International, University of Minnesota.

Tal disminución es consecuencia directa de las políticas públicas —principalmente sociales— que se han gestado en los últimos gobiernos locales de los municipios del área metropolitana y dieron lugar al notable cambio social, especialmente en Medellín. En la capital, se pasó de una tasa de mortalidad de casi 8 defunciones por cada 1.000 habitantes en 2000 a 6,6 defunciones por cada 1.000 habitantes en 2010, lo que llevó a una reducción del 16,2% durante la década. De mantenerse esta tendencia mediante la incidencia efectiva de la política social que se ha implementado hasta el momento, se proyectaría alcanzar niveles de 5,8 defunciones por cada 1.000 habitantes, lo que significaría una disminución del 11,6% durante las próximas 2 décadas. En 2000, en el área morían de 8 a 10 veces más hombres que mujeres, especialmente en la franja etaria de 15 a 34 años. En Bello, Barbosa y Copacabana esta incidencia llegó a ser 12, 20 y 22 veces mayor, respectivamente. En Sabaneta hay registros de que la mortalidad masculina ha superado en hasta 36 veces a la mortalidad femenina en los mismos grupos de edad, y, aunque el fenómeno persiste, su reducción llega a ser de entre 5 y 6 veces la mortalidad femenina para 2010.

El mayor logro radica en la reducción de la tasa de mortalidad entre la población de jóvenes y jóvenes-adultos, ocasionada, sobre todo, por la disminución de las muertes violentas y de la transición epidemiológica en Medellín, Bello y Envigado, principalmente. Se está trabajando en el área para reducir las causas de muerte materna que pueden evitarse, allí donde se aprecian manifestaciones de la violación de los derechos reproductivos de la mujer (Galli, 2005), pero son necesarias diversas estrategias para captar registros relevantes, por lo que la mortalidad materna es un evento característico en poblaciones vulnerables de mujeres pobres y con un alto nivel de discriminación (principalmente por condición étnica o racial) o cuyo factor principal es el aborto realizado en condiciones insalubres y encubierto por motivos de ilegalidad (Bergsj, 2001).

El segundo componente demográfico de relevancia para analizar en el área metropolitana es la fecundidad y su vinculación con la natalidad. Se reconoce que el uso de métodos anticonceptivos es uno de los principales determinantes de la disminución de la fecundidad (Bongaarts, 1982). Antes de finalizar el siglo XX, la tasa de natalidad en el área metropolitana era de 18,8 hijos por cada 1.000 mujeres y esta se redujo un 5,5% en 2010. Ello evidencia el efecto de la transición de la fecundidad en el área metropolitana, al estimarse que las mujeres pasarán de tener 2,25 hijos en 2010 a tener 1,85 hijos en 2030, lo que hace que se reduzca aún más la tasa de natalidad, de 17,8 hijos por cada 1.000 mujeres en 2010 a 15,8 hijos por cada 1.000 mujeres en 2030, con una disminución del 10,8% en 20 años (véase el gráfico 5). Si bien se reconoce que, con frecuencia, los demógrafos realizan estimaciones de los niveles futuros de fecundidad mayores a los que la realidad posteriormente manifestará (Bongaarts y Bulatao, 2000; Carvalho y Brito, 2005), estos se convierten en un referente necesario para el análisis poblacional. De la misma manera, puede estar asociado a la insuficiente difusión de información con marcadas diferencias por sectores sociales (CEPAL, 2009).

El flujo migratorio es uno de los componentes demográficos que más interés despiertan en los análisis y en el cual se presentan mayores dificultades en el acceso a la información. Las dificultades de comprobación de la emigración internacional desembocan en supuestos sobre su tendencia y en la observación de la migración interna. La inmigración y emigración interna son los dos flujos que pueden ser captados con mayor facilidad, mientras que el flujo internacional es el que presenta más problemas, especialmente la emigración internacional, pues no hay tantas fuentes de información ni datos de fácil acceso que puedan proporcionar esa información. Por ello, a los efectos del análisis de la migración, se destacará el flujo interno de inmigración y emigración proveniente de los microdatos de los censos de población y observando la migración acumulada hasta ese momento.

Es sabido que los flujos migratorios en Colombia fueron muy dinámicos hasta principios de los años noventa y que su intensidad se redujo en 1993 y años posteriores (Martínez, 2001). Desde los años sesenta, la inmigración interna se relacionó con el alza de los precios de la canasta familiar, el aumento de la infraestructura urbana y el incremento de las importaciones de productos agropecuarios, además de la violencia en el campo y la presión de la población subempleada (Adams, 1969). En la década de 1970, la inmigración interna se incrementó sustancialmente y se intensificó el flujo campo-ciudad (Adams, 1969; Schultz, 1971; Martine, 1975). En 1985 muchas de las ciudades tenían el doble de población que en 1938 (Shefer y Steinvortz, 1993) y la urbanización fue mayor en las zonas de las cordilleras y laderas, donde las ciudades ofrecían a los migrantes mejores condiciones de vida (Flórez, 2000). Posteriormente, se consolidaría la metropolización de las principales ciudades producto de la ampliación y el fortalecimiento de las comunicaciones, el transporte y el robustecimiento del sector financiero (Murad, 2003). Lo agreste de la geografía determinó un conjunto de polos de desarrollo que han afianzado a varias ciudades y zonas urbanas como líderes del desarrollo regional y nacional (Galvis, 2002). En el gráfico 5 se puede apreciar que en Medellín, la inmigración interna acumulada pasó de una tasa de 124 a 109 personas por cada 1.000 habitantes entre 1993 y 2005, con una disminución del 12,1% en el período intercensal, mientras que en el resto de los municipios, el mismo indicador pasaría de 213 a 164 personas por cada 1.000 habitantes, con una reducción del 23% en el mismo período. Para la emigración interna, las tasas resultantes mostraron que la población que se desplazó desde Medellín hacia otras regiones fue de 104 personas por cada 1.000 habitantes en 1993 a 67 personas por cada 1.000 habitantes en 2005, lo que muestra una rebaja del 35% en 12 años.

Mientras tanto, la población que emigró desde los otros municipios hacia otras regiones del país pasaría de una tasa de 90 a 58 personas por cada 1.000 habitantes, lo que representa una caída del 35% durante el mismo período intercensal. El balance de migración interna en el área metropolitana muestra que la inmigración interna fue mayor en los años noventa (según el censo de 1993) que en los primeros años del siglo XXI (censo de 2005), motivada por la violencia y el efecto de los desplazados hacia Medellín, mientras que la emigración interna es menor que la inmigración interna, aunque es más intensa entre los adultos-jóvenes. El resultado es un saldo migratorio interno positivo, al llegar más población de la que sale, y de mayor volumen en los municipios del resto del área metropolitana.

3. La ecuación demográfica y los contornos de crecimiento para el área metropolitana

Después de ver el comportamiento de las variables demográficas que inciden en el crecimiento poblacional, es posible sustentar las proyecciones de población realizadas de acuerdo con dichos componentes, en virtud de lo que se conoce como la “ecuación demográfica”. Considerando la ecuación demográfica como la suma de los dos componentes de crecimiento natural o vegetativo y crecimiento migratorio, que dan como resultado el crecimiento poblacional en un territorio, tenemos:

Crecimiento natural o vegetativo

Crecimiento migratorio

Crecimiento poblacional = (nacimientos - muertes)

+

(inmigraciones - emigraciones)

Usando la estimación de los componentes del crecimiento de la población, podemos obtener los saldos tanto de crecimiento natural o vegetativo como de crecimiento migratorio (Cabella y Pellegrino, 2005). Estimando la ecuación demográfica resultante de las proyecciones, se observa que la tasa de crecimiento porcentual anual del área metropolitana es del 1,02%, ocasionado por un crecimiento natural de 10,1 personas por cada 1.000 habitantes (15,86 nacimientos por cada 1.000 mujeres menos 5,76 defunciones por cada 1.000 habitantes) y un leve crecimiento migratorio positivo de 0,1 por cada 1.000 habitantes

(véase el cuadro 4).

Cuadro 4

Área metropolitana del Valle de Aburrá: componentes del crecimiento demográfico, 2010-2030

Concepto

Área metropolitana

Medellín

Resto

Población 2010

3 544 703

2 343 049

1 201 654

Población 2030

4 389 586

2 724 051

1 665 535

Crecimiento poblacional anual 2010-2030

844 883

381 002

463 881

Crecimiento poblacional anual 2010-2030 (en porcentajes)

1,02

0,72

1,55

Crecimiento natural 2010-2030 (cada 1.000 habitantes)

10,10

10,61

14,84

Nacimientos 2010-2030 (cada 1.000 habitantes)

15,86

16,65

19,98

Defunciones 2010-2030 (cada 1.000 habitantes)

5,76

6,05

5,14

Crecimiento migratorio 2010-2030 (cada 1.000 habitantes)

0,10

-3,41

0,66

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de censos de población, proyecciones municipales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y microdatos censales de IPUMS-International, University of Minnesota.

Este comportamiento desagregado en el territorio permite ver que, en el núcleo central del área —el municipio de Medellín—, el crecimiento anual de la población sería del 0,72%, generado por un crecimiento natural de 10,6 personas por cada 1.000 habitantes, producto de la diferencia entre la tasa 16,65 nacimientos menos 6,05 defunciones por cada 1.000 habitantes. Estaría vinculado a lo que diversos estudios han identificado como el síndrome de comportamientos demográficos asociados a la pobreza, denominado “dinámica demográfica de la pobreza” (CEPAL, 2002; Naciones Unidas, 2002; Bulatao y Casterline, 2001; Martínez, 1999; Carrasco, Martínez y Vial, 1997; Guzmán y otros, 1996; Livi-Bacci-1995). A dicho resultado se adicionaría un decrecimiento migratorio de 3,41 personas por cada 1.000 habitantes, lo que representa una mayor salida que entrada de población, producto de la muy probable búsqueda de nuevos espacios habitacionales debido a la posible reducción del territorio para uso residencial y el mayor impulso a la actividad comercial y de servicios. En esa dinámica se aprecia el ajuste que se realizaría en la localización de la nueva población. Si el núcleo del área empieza a expulsar población mediante la emigración (saldo migratorio negativo), lo que vemos en el resto del área es el aumento de ese componente demográfico. En efecto, el crecimiento poblacional sería del 1,55% anual, muy superior al registrado en Medellín. Tal resultado es producto del crecimiento natural, que alcanzaría a ser de 14,84 personas por cada 1.000 habitantes, debido a los 19,98 nacimientos y las 5,14 defunciones por cada 1.000 habitantes que se sumarían al saldo positivo en el crecimiento migratorio de 0,66 personas por cada 1.000 habitantes (véase el cuadro 4). De esta manera, el ajuste en el área se realizaría mediante el desplazamiento de la población del núcleo central, con migraciones desde Medellín hacia los entornos inmediatos y municipios aledaños a la capital.

Retomando el concepto de contornos al que ya hicimos referencia, se puede comprender con mayor claridad el ajuste que el crecimiento del área metropolitana tendría a 2030. De esta forma, la dinámica poblacional del área metropolitana refleja un comportamiento de, al menos, cuatro contornos en el área metropolitana (véase el gráfico 6).

Gráfico 6

Área metropolitana del Valle de Aburrá: contornos de crecimiento, 2010-2030

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de censos de población, proyecciones municipales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y microdatos censales de IPUMS-International, University of Minnesota.

El primer contorno interior, con bajas tasas de crecimiento que oscilan entre el 0,29% y el 0,41% en las comunas de Medellín desde Aranjuez hasta La Candelaria, va acompañado del segundo contorno interior que cubre las comunas externas desde Robledo hasta 12 de Octubre hacia el norte y desde Villa Hermosa hasta El Poblado hacia el sur, con crecimientos moderados del 0,32% al 0,65% anual. Estos contornos contrastan con el tercer contorno compuesto por los corregimientos de Medellín y los municipios de Bello y Copacabana en el norte y de Envigado e Itagüí en el sur, que tienen un alto crecimiento poblacional, con tasas anuales que van del 1,71% en Bello al 4,57% en el corregimiento de Palmitas. El cuarto contorno hacia el exterior muestra una dinámica poblacional medianamente alta en el resto de los municipios del área metropolitana, con tasas del 0,99% anual en el municipio de Caldas al 2% en Girardota.

Estos contornos moldearían los fragmentos territoriales en la dinámica poblacional, dando lugar a la configuración espacial que se aprecia en el mapa 1.

En él vemos el mapa de la población total a 2030, donde las comunas de Medellín no logran ser los espacios urbanos de mayor concentración poblacional en el área y ceden su lugar hacia el norte al municipio de Bello, con más de medio millón de habitantes, y hacia el sur a los municipios de Itagüí y Envigado, con más de 250.000 personas cada uno. Dicha configuración da cuenta de la ampliación del núcleo central del área metropolitana que se encontraba en Medellín y que ahora suma a tres municipios en lo que se puede reconocer como la nueva región central, donde más de un millón de personas viviría en los municipios aledaños a la capital. El mapa del crecimiento poblacional de 2010 a 2030 (véase el mapa 1) confirma la configuración espacial del área metropolitana, con asentamientos humanos alrededor del río. Su concentración en la convergencia hacia las actividades socioproductivas y la dinámica de Medellín como núcleo central llevan a la nueva población hacia zonas próximas. Estas pasan de ocupar el valle del río a territorios inclinados en la ladera, en su afán por mantener la proximidad con el centro de la ciudad, que se transforma en una fuerza gravitatoria de gran influencia para los pobladores del área.

Algo semejante se revela en el mapa de la tasa de crecimiento anual del período 2010-2030, donde las comunas de Medellín prácticamente se unifican en la intensidad de su crecimiento respecto de los picos que se registrarían en los entornos inmediatos, tanto de las zonas rurales de la capital como de las cabeceras municipales de los municipios vecinos. Pese a tal uniformidad en la tendencia, lo que sorprende en las proyecciones es el aspecto diferencial de los asentamientos por sexo, reflejado en el índice de masculinidad en 2030 que se muestra en el mapa 1. Se observa claramente el marcado descenso de dicho índice en las comunas de Manrique, Laureles-Estadio y La América y en el corregimiento de Palmitas, donde el aumento de la población femenina será notorio. El índice de masculinidad, en tanto, es muy alto sobre todo en las cabeceras municipales de los municipios más alejados de la región central, como Caldas, Girardota y la Estrella, además de en la zona rural de Itagüí y Sabaneta y del corregimiento de Altavista en Medellín. Esa conformación de asentamientos humanos por sexo que arrojan las proyecciones trae dinámicas que ya se vienen dando y son captadas por las tendencias poblacionales, donde se entrelazan los procesos de envejecimiento de la población en las comunas con las estrategias familiares de vida y los desplazamientos de la población desde los municipios metropolitanos que están más retirados de la región central.

Mapa 1

Valle de Aburrá: algunos indicadores demográficos, 2010-2030

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de censos de población, proyecciones municipales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y microdatos censales de IPUMS-International, University of Minnesota.

E. Conclusiones

En las proyecciones de población para el área metropolitana se logró incorporar las tendencias de las proyecciones oficiales del DANE que llegaban hasta 2015 para las comunas y los corregimientos de Medellín y hasta 2020 para los demás municipios. Los resultados arrojaron una estimación de 4.389.585 personas para el área metropolitana, 844.883 personas más entre 2010 y 2030, a un ritmo de crecimiento del 1% anual y con mayor dinámica en la zona urbana de los extremos de la región central (Bello, Envigado e Itagüí) que en Medellín. La estimación de la población de Medellín a 2030 sería de 2.724.051, con un aumento de 381.002 personas entre 2010 y 2030 y tasas de crecimiento anual del 0,72%. También se registran tasas de mayor crecimiento en los corregimientos (zonas rurales) que en las comunas (zonas urbanas). Este proceso es ocasionado por el desplazamiento de la nueva población desde las zonas rurales de los municipios aledaños hacia Medellín, cuyo efecto de presión ya se aprecia en su zona rural y los municipios colindantes al centro del área metropolitana.

La pirámide de población de 2030 contiene el proceso de envejecimiento que robustece al grupo de edad de entre 30 y 44 años y un agotamiento del bono demográfico al reducirse la edad activa. La población infantil estará ocupando el lugar de los jóvenes metropolitanos de la primera década y requerirá más y nuevos servicios, tanto de educación como de salud. Los jóvenes pasarán a ser jóvenes-adultos y la presión caerá sobre el mercado de trabajo en la búsqueda de oportunidades laborales. La fuerza de mayor transformación en las dinámicas poblacionales es la transición familiar, pues la contracción del tamaño de las familias y, por ende, del tamaño de los hogares, provocará cambios relevantes en la demanda de viviendas y servicios. Con ello, se modificará sustancialmente el uso del espacio doméstico mediante la creación y transformación de zonas residenciales con nuevos estándares actualizados para las próximas décadas. La ciudad deberá pensarse hacia las comunas centrales, en un espacio para población envejecida y grupos de familias más pequeñas. Uno de los cambios en el patrón demográfico se concentra en la transición de la fecundidad en el área metropolitana, que llevará a que las mujeres pasen de tener 2,25 hijos en 2010 a tener 1,85 hijos en 2030, lo que reduciría la tasa de natalidad de 17,8 hijos por cada 1.000 personas en 2010 a 15,8 hijos por cada 1.000 personas en 2030.

Por último, las proyecciones, tanto de población total como de población en edad de trabajar y población económicamente activa, así como las proyecciones del tamaño de los hogares y las familias, mostraron que el área tiene contornos de crecimiento y que estos deberán ser tomados en cuenta en los procesos de planeación y diseño y en la formulación de políticas públicas para la elaboración de programas efectivos para acompañar su transformación. El primer contorno de las comunas centrales de Medellín, acompañado del segundo contorno, que alcanza a las restantes comunas en la zona urbana de la capital, seguido del tercer contorno de corregimientos en la zona rural y de los municipios aledaños e integrados a la dinámica del centro, que está recibiendo la presión del crecimiento poblacional y urbano, junto con el cuarto contorno que recién empieza a escoltar los cambios que se viven en los otros tres, dan cuenta de los fenómenos de rurubanización y de ampliación de la mancha urbana que seguirán verificándose con diferente intensidad en las siguientes dos décadas.

Bibliografía

Adams, D. (1969), “Rural migration and agricultural development in Colombia”, Economic Development and Cultural Change, vol. 17, Nº 4, julio.

Behrman, J., S. Duryea y M. Székely (2003), “We are all getting older: A world perspective on aging and economics”, East Asian Economic Perspectives, vol. 2, Nº 13.

Bergsj, P. (2001), “What is the evidence for the role of antenatal care strategies in the reduction of maternal mortality and morbility? Safe motherhood strategies: a review of the evidence”, Studies in Health Services Organization and Policy, N° 17, V. De Brouwere y E. Van Lerberghe (eds.).

Berry, B. (1976), “The counterurbanization process: Urban America since 1970”, Urbanization and Counterurbanization, B. Berry (ed.), Beverly Hills, Sage Publications.

Bertranou, E. (2007), “Tendencias demográficas y protección social en América Latina y el Caribe”, serie Población y Desarrollo, Nº 82 (LC/L.2864-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Bloom, D., D. Canning y J. Sevilla (2003), Demographic Dividend: A new perspective on the economic consequences of the population change, Santa Monica, Rand.

Bongaarts, J. (1982), “The fertility – inhibiting effects of the intermediate fertility variables”, Studies in Family Planning, vol. 3, N° 6/7, junio-julio.

Bongaarts, J. y R. Bulatao (2000), Beyond Six Billion. Forecasting the World’s Population, Washington, D.C., National Academy Press.

Bulatao, R. y J. Casterline (2001), “Global fertility transition”, Population and Development Review, vol. 27 (suplemento), Population Council.

Busquets, J. (1993), “Perspectiva desde las ciudades. Ciudad y territorio”, Estudios Territoriales, Nº 95-96.

Cabella, W. y A. Pellegrino (2004), “Una estimación de la emigración internacional uruguaya entre 1963 y 2004”, Documentos de Trabajo, 2005, Nº 70, Unidad Multidisciplinaria, Facultad de Ciencias Sociales, Montevideo, Universidad de la República.

Caldwell, J. C. (1990), “Introduction”, What We Know About Health Transition: The cultural social and behavioural determinants of health, J. C. Caldwell y otros (eds.), Canberra, Australian National University.

Carrasco, S., J. Martínez y C. Vial (1997), Población y necesidades básicas en Chile: un acercamiento sociodemográfico al período 1982-1994, Santiago, Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN)/Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Carvalho, J. A. Magno de y F. Brito (2005), “A demografia brasileira e o declínio da fecundidade no Brasil: contribuições, equívocos e silêncios”, Revista Brasileira de Estudos de População, vol. 22, N° 2, São Paulo, Asociación Brasileña de Estudios de Población (ABEP), julio/diciembre.

Cecchini, S. y A. Uthoff (2007), “Reducción de la pobreza, tendencias demográficas, familias y mercado de trabajo en América Latina”, serie Políticas Sociales, Nº 136 (LC/L.2775-P/E), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2009), “Informe de América Latina sobre los progresos y las perspectivas de la implementación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 1994-2009”, versión preliminar presentada en el Seminario Regional “Avances y acciones clave para la implementación del Programa de Acción de El Cairo, a 15 años de su aprobación”, Santiago, 7 y 8 de octubre.

____(2002), “Vulnerabilidad sociodemográfica: viejos y nuevos riesgos para comunidades, hogares y personas” (LC/R.2086), Santiago.

DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia) (2008), Proyecciones Municipales de Población: Metodología, 2006-2020, Bogotá.

____(2007), “Proyecciones nacionales y departamentales de población: 2005-2020”, Estudios Postcensales, Nº 7, Bogotá.

Flórez, C. E. (2000), Las transformaciones sociodemográficas en Colombia durante el siglo XX, Bogotá, Banco de la República, Tercer Mundo Editores.

Frenk, J. y otros (1991a), “Elements for a theory of the health transition”, Health Transition Review, Nº 1, Canberra, Health Transition Centre, Australian National University.

____(1991b), “La transición epidemiológica en América Latina”, Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana, vol. 111, Nº 6, Washington, D.C., Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Galli, M. B. (comp.) (2005), Mortalidade materna e direitos humanos, Río de Janeiro, Advocacy.

Galvis, Luis Armando (2002), “Determinantes de la migración interdepartamental en Colombia, 1988-1993”, Documentos de trabajo sobre economía regional, no. 29, junio, Banco de la República.

Galyn, D. S. y J. Kates (1997), “Refocusing the lens: epidemiological transition theory, mortality differentials, and the AIDS pandemic”, Social Science and Medicine, vol. 44, Nº 5, Nueva York, Pergamon Press.

Garza, G., P. Filion y G. Sands (2003), Políticas urbanas en grandes metrópolis: Detroit, Monterrey y Toronto, Ciudad de México, Programa Interinstitucional de Estudios sobre la Región de América del Norte, El Colegio de México.

Geyer, H. S. y T. Kontuly (1996), Differential Urbanization: Integrating Spatial Models, Nueva York, Halsted Press.

Guzmán, J. M. y otros (1996), The fertility Transition in Latin America, Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población, Oxford, Clarendon Press.

Janssen, F. y A. E Kunst (2004), “ICD coding changes and discontinuities in trends in cause-specific mortality in six European countries, 1950-99”, Bulletin of the World Health Organization, vol. 82 Nº 12, Ginebra, Organización Mundial de la Salud (OMS).

Leibenstein, H. (1957), Economic Backwardness and Economic Growth, Nueva York, Wiley Co.

Livi-Bacci, M. (1995), “Pobreza y población”, Notas de Población, Nº 62 (LC/DEM/G.164), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Martine, G. (1975), “Characteristics and consequences of internal migration in Colombia”, Demography, vol.12, Nº 2, mayo.

Martínez Gómez, C. L. (2001), “Las migraciones internas en Colombia: Análisis territorial y demográfico según los censos de 1973 y 1993”, tesis doctoral en demografía, Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona.

Martínez, J. (1999), Población y pobreza: contenidos paradigmáticos para la demografía, Lovaina, Instituto de Demografía de la Universidad Católica de Lovaina, Bruylant-Academia.

McNicoll, G. (1997), “Population and poverty: A review and restatement”, Working Paper, Nº 105, Nueva York, Population Council.

Meslé, F. y J. Vallin (2006), “The health transition: trends and prospects”, Demography: Analysis and Synthesis, G. Caselli, J. Vallin y G. Wunsch (eds.), vol. 2, Elsevier.

Miró, C. A. (2003), “Transición demográfica y envejecimiento demográfico”, Papeles de Población, Nº 35, Toluca, Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población, enero-marzo.

Murad, R. (2003), “Estudios sobre la distribución espacial de la población en Colombia”, serie Población y Desarrollo, Nº 48 (LC/L.2013-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Naciones Unidas (2005), “Manual sobre la recolección de datos de fecundidad y mortalidad”, serie F, Estudios de Métodos, Nº 92, Nueva York, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Estadística.

____(2002), Documentos presentados en la Reunión de Expertos “Completing the fertility transition”, Nueva York, 11 a 14 de marzo.

Notestein, F. W. (1945), “Population: the long view”, Food for the World, T. Schultz (ed.), Chicago, The University of Chicago Press.

Olshansky, J. y B. Ault (1986), “The fourth stage of the epidemiological transition: the age of delayed degenerative diseases”, The Milbank Memorial Fund Quarterly, Nº 64, vol. 3, Nueva York, Milbank Memorial Fund.

Omran, A. R. (1998), “The epidemiological transition theory revisited thirty years later”, World Health Statistics Quarterly, vol. 51.

____(1971), “The epidemiological transition: a theory of the epidemiology of population change”, The Milbank Memorial Fund Quarterly, vol. 4, Nº 49, Nueva York, Milbank Memorial Fund.

Palloni, A. (2000), “Programmatic and policy aspects of population ageing and living arrangements”, documento presentado en la Reunión Técnica “Population Ageing and Living Arrangements of Older Persons: Critical Issues and Policy Responses”, Nueva York, División de Población de las Naciones Unidas.

Richardson, H. W. (1980), “Polarization reversal in developing countries”, Papers of the Regional Science Association, Nº 45.

Rogers, R. G. y R. Hackenberg (1987), “Extending epidemiological transition theory”, Social Biology, Nº 34, Durham, The Society for the Study of Social Biology/Duke University.

Schultz, P. (1971), “Rural-urban migration in Colombia”, The Review of Economics and Statistics, vol. 53, Nº 2, mayo.

Shefer, D. y L. Steinvortz (1993), “Rural-to-urban and urban-to-urban migration patterns in Colombia”, Habitat International, vol. 17, Nº 1.

Sobrino, J. (2003), Competitividad de las ciudades de México, Ciudad de México, El Colegio de México.

____(1998), Estructura física y etapas de metropolitanismo de la Ciudad de México, Ciudad de México, El Colegio de México.

Unikel, L. (1978), El desarrollo urbano de México, Ciudad de México, El Colegio de México.

[1] Investigador titular, Área Sociedad Cultura y Salud de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), Unidad Chetumal, México. Correo electrónico: jhorbath@ecosur.mx.

Diferenciales en la fecundidad brasileña según la naturaleza de la unión: algunas reflexiones sobre decisiones reproductivas y convivencia

Joice Melo Vieira[1]

Recibido: 22/01/2016

Aceptado: 2/03/2016

Resumen

En este estudio se examina la relación entre el comportamiento reproductivo y algunas características de la nupcialidad en el Brasil, sobre la base de datos de las Encuestas de Demografía y Salud (Demographic and Health Survey (DHS)) de 1986 y 1996 y de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de la Infancia y la Mujer (PNDS) de 2006. Los resultados indican que el nivel de fecundidad de las mujeres que viven en uniones consensuales es un poco más elevado que el de las que optan por el matrimonio. Sin embargo, también se constata un movimiento de convergencia entre los niveles de fecundidad de ambos grupos. Para establecer el aporte de cada tipo de unión al cálculo de la fecundidad total se aplica la descomposición de la tasa de fecundidad. Además de aumentar la proporción de las uniones consensuales a lo largo del tiempo, crece también la participación de este tipo de unión en la fecundidad total. Se argumenta que el significado de tener hijos ha cambiado y que, en el caso brasileño, las uniones consensuales pueden comprenderse mejor a la luz de la teoría de la institucionalización.

Palabras clave: fecundidad, nupcialidad, unión consensual, matrimonio, descomposición de tasas, Brasil.

Abstract

This study examines the relationship between reproductive behaviour and some characteristics of marriage in Brazil, according to data from the 1986 and 1996 Demographic and Health Surveys and the National Demographic and Health Survey of Children and Women in 2006. The results indicate that the fertility rate is slightly higher for women living in consensual unions than for married women. However, the fertility rates for the two groups also appear to be converging. In order to establish the contribution of each type of union to overall fertility, we have broken down the fertility rate. The percentage of consensual unions and the contribution of this type of union to the fertility rate both increase over time. We argue that the meaning of having children has changed and that in Brazil, consensual unions can be better understood in the light of institutionalization theory.

Keywords: fertility, marriage rate, consensual union, marriage, breakdown of rates, Brazil.

Résumé

Cette étude se penche sur la relation entre le comportement en matière de procréation et certaines caractéristiques de la nuptialité au Brésil, en se basant sur les enquêtes démographiques et sanitaires (Demographic and Health Survey (DHS)) de 1986 et 1996 et sur l’enquête nationale démographique et sanitaire de l’enfant et de la femme (PNDS) de 2006. Les résultats indiquent que le niveau de fécondité des femmes vivant en unions libres est légèrement plus élevé que celui de femmes mariées. Cependant, on constate également un mouvement de convergence entre les niveaux de fécondité des deux groupes. Pour définir l’apport de chacune des unions au calcul de la fécondité totale, l’étude fait appel à une ventilation du taux de fécondité. D’une part, la proportion des unions libres augmente dans le temps, et d’autre part, leur participation à la fécondité totale s’accroît elle aussi. L’hypothèse est donc que le sens de la procréation a changé et que dans le cas du Brésil, les unions libres peuvent mieux se comprendre via la théorie de l’institutionnalisation.

Mots-clés: fécondité, nuptialité, union libre, mariage, ventilation des taux, Brésil.

Introducción

El aumento significativo de la proporción de uniones consensuales en América Latina en las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI se destaca a menudo como una de las mayores transformaciones verificadas en la esfera familiar en la región. Debido a la falta de estudios con representatividad estadística que determinen directamente las motivaciones de las personas al optar por la unión consensual o el matrimonio, la tarea de buscar explicaciones generales para el fenómeno se vuelve particularmente ardua.

En Europa, donde también crece la proporción de parejas que conviven sin oficializar la unión, esa práctica se considera uno de los elementos característicos de la llamada segunda transición demográfica, una “nueva etapa del desarrollo demográfico” de los países industrializados que comenzó en la década de 1960 (Lesthaeghe, 1995; Van de Kaa, 2002). El rasgo distintivo de esta nueva fase es el mayor control de la fecundidad alcanzado hasta el momento. Esto redunda en la disminución de la tasa de fecundidad total, que ya ocurría en las etapas más avanzadas de la primera transición demográfica, y en la característica determinante de que la fecundidad con frecuencia se mantenga por debajo del nivel de reposición poblacional (2,1 hijos por mujer) de manera consistente a lo largo del tiempo.

En el marco de la segunda transición demográfica este fenómeno se explica a partir de cambios en los valores que fundamentan la formación de una familia. La drástica disminución de la fecundidad sería solo una de las pruebas empíricas de un nuevo régimen (Lesthaeghe, 1995), que también se caracteriza por la disminución de las tasas de nupcialidad y por el aumento del número de divorcios, uniones consensuales y nacimientos fuera del matrimonio.

La novedad de la segunda transición demográfica con respecto a la primera sería un profundo cambio en las motivaciones que llevan a la reducción de la fecundidad. Mientras que en la primera transición demográfica el control de la fecundidad formaría parte de una estrategia de movilidad social, conquista de bienestar y de un futuro mejor para los hijos, en la segunda ese control se ejercería en nombre de proyectos individuales de autorrealización.

Van de Kaa (2002), inspirado por Ariès (1981), califica las motivaciones que ocasionaron la disminución de la fecundidad europea a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX como “altruistas”, porque se fundan en concepciones propias de la familia nuclear burguesa, que considera a los hijos como un valor, el centro de inversiones emocionales y financieras. En contraste, en el mundo desarrollado posterior a la revolución cultural de los años sesenta —que impulsó la creciente emancipación femenina y promovió la separación entre sexo y reproducción— los individuos comienzan a esperar más de la vida y de sus relaciones (Lesthaeghe, 1995). El “yo” se vuelve el foco primordial de los proyectos del individuo y, en consecuencia, la conducta y la evaluación del margen de opción se basan en la valorización de la individualidad. En este contexto, el surgimiento y el auge de las uniones consensuales con respecto al matrimonio se explican en general por una acentuada secularización, el rechazo a las instituciones tradicionales y el énfasis en la igualdad, la autonomía y la independencia entre hombres y mujeres. Todas esas transformaciones ideológicas condujeron a una fuerte desinstitucionalización del matrimonio.

En el caso de América Latina, donde las uniones consensuales existen desde el período colonial (Stolke, 2006; Therborn, 2006), el debate académico ha buscado evaluar la medida en que la expansión de esta modalidad de unión se relaciona con rupturas o continuidades históricas. Quilodrán (2008 y 2011) sostiene la existencia de ambas. La autora argumenta que a lo largo de la historia América Latina presentó un patrón de nupcialidad dual, en que el matrimonio y las uniones consensuales siempre coexistieron y estas últimas se asociaron a los sectores más pobres de la población. Esta dualidad se habría perpetuado en las últimas décadas, dando origen a dos tipos de unión consensual: la tradicional y la moderna. Si bien el número de uniones consensuales ha aumentado en todos los estratos sociales, la autora defiende la tesis de que en los segmentos menos escolarizados y más vulnerables desde el punto de vista económico, esta opción sigue vinculada a motivaciones de orden material (a cierta inaccesibilidad al matrimonio) y por lo tanto reproduce el patrón histórico. Por otra parte, los estratos sociales más escolarizados optarían por la unión consensual en virtud de cambios valorativos de naturaleza similar a los documentados por la segunda transición demográfica en los países europeos: aprecio por la individualidad, la independencia, la igualdad y la autonomía entre hombres y mujeres, secularización y aversión al control de las instituciones sobre los individuos.

Binstock y Cabella (2011) cuestionan el argumento anterior que hace hincapié en el origen y la posición social como factor de distinción entre uniones consensuales tradicionales y modernas. A su juicio, los cambios generacionales proporcionan explicaciones más sólidas para comprender el avance de las uniones consensuales, por lo menos en los países del Cono Sur (Argentina, Chile y Uruguay), que de hecho fueron el objeto de sus estudios. Independientemente del estrato social de pertenencia de los jóvenes, las nuevas generaciones estarían dispuestas a romper con los patrones rígidos que no se adecuan a las necesidades del mundo contemporáneo. Para las autoras, la dicotomía entre uniones consensuales tradicionales y modernas sería insuficiente para dar cuenta de la complejidad de las opciones y la diversidad de los procesos de formación de la pareja conyugal en la actualidad.

En el presente estudio se procura reflexionar sobre las características de la nupcialidad y la fecundidad en el Brasil a la luz de este debate. El principal argumento es que en el caso brasileño el matrimonio y la unión consensual son muy similares entre sí. Con este trabajo se muestra que las dos modalidades de unión tienden a la convergencia en lo que respecta a la fecundidad o número medio de hijos por mujer. La fecundidad brasileña depende cada vez más de la contribución de las uniones consensuales. La equiparación legal entre matrimonio y uniones consensuales en materia de derechos y deberes asegurados por el Estado eliminó varias ventajas comparativas de la formalización de la unión. Entre los más ricos y escolarizados el aumento de la participación de las uniones consensuales en la fecundidad total coincide con el período posterior a la reglamentación de estas uniones. La decisión de tener hijos sin necesariamente formalizar la unión en amplios sectores de la sociedad también demuestra la aceptación de las uniones consensuales como medio legítimo de constituir una familia y corrobora su institucionalización.

El artículo se divide en cinco partes, además de esta introducción. En la primera se abordan algunos aspectos estructurales que pueden influir en las características de la nupcialidad. En la segunda se presentan las fuentes de datos y las técnicas de medición del nivel de fecundidad por tipo de unión y de descomposición de la fecundidad total nacional por tipo de unión. En la tercera parte se exponen los resultados obtenidos y en la cuarta se procura evidenciar los cambios legales que precedieron al período de crecimiento más intenso de las uniones consensuales y de la reproducción dentro de esta modalidad de unión. Por último, en la quinta parte, se formulan las consideraciones finales y algunas preguntas para futuras investigaciones de este tema.

A. Condicionantes estructurales y naturaleza de la unión en el Brasil

La Pesquisa Nacional sobre Reprodução Humana (encuesta nacional sobre reproducción humana) realizada entre 1975 y 1977 fue el primer estudio cuantitativo para analizar en forma más detallada la relación entre nupcialidad y reproducción en el Brasil. Para ello se recogió información retrospectiva sobre la historia de vida, la dinámica de la nupcialidad y la reproducción de casi 3.000 personas residentes en áreas urbanas y rurales en seis puntos del país (Espírito Santo, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul y São Paulo). En la mayoría de las áreas investigadas, las uniones consensuales cobraron importancia primero con respecto a los matrimonios exclusivamente religiosos, para luego avanzar paulatinamente con respecto a los matrimonios civiles y religiosos con efecto civil. Los resultados de la encuesta revelaron que la mayor proporción de uniones consensuales se registraba en las áreas más pobres y que el aumento de la proporción de uniones consensuales y la reducción de la tasa de fecundidad total eran eventos simultáneos, que parecían relacionados con el mismo conjunto de cambios sociales. Asimismo, se observó que las uniones consensuales estaban relacionadas con una mayor inestabilidad marital, pues eran más comunes cuando las personas ya habían tenido una primera experiencia matrimonial (Berquó y Loyola, 1984).

Cabe recordar que el divorcio no se legalizó en el Brasil hasta 1977. Antes de esa fecha, las personas separadas no podían oficializar una segunda unión. La solución para reiniciar la vida conyugal con un nuevo compañero o una nueva compañera era la cohabitación. Incluso después de la reglamentación del divorcio en 1977, se exigía un plazo de dos años de separación de cuerpos para oficializarlo. La obtención del divorcio directo en cualquier momento solo se permitió en 2010[2]. La imposibilidad del divorcio hasta 1977 y las restricciones impuestas a la formación de una nueva unión formal entre 1977 y 2010 pueden haber contribuido a que muchas personas adoptaran la unión consensual como una alternativa temporal o permanente al matrimonio.

Incluso en la actualidad, el costo del matrimonio puede constituir un obstáculo para las personas solteras que planean formar su primera unión, pues no solo supone el gasto en los trámites burocráticos sino también en la ceremonia, los trajes y la fiesta. Los precios cobrados por las oficinas del Registro Civil (cartórios) para efectuar los trámites, celebrar la ceremonia y expedir el certificado de matrimonio varían de región a región. En 2015, solo los documentos y la celebración de la ceremonia por un juez de paz en la sede del Registro Civil podían costar poco más de medio salario mínimo en São Paulo[3]. Si la pareja deseaba realizar el matrimonio fuera de la sede del Registro Civil, el costo aumentaba a 1.100 reales (cerca de 350 dólares el 9 de marzo de 2015). Si bien el valor gastado en los trajes y la fiesta ciertamente varía conforme el grado de disponibilidad económica de las familias y la personalidad de los novios, es común que las parejas ahorren durante años para ofrecer una gran fiesta.

Además de la insuficiencia de recursos financieros para oficializar una unión —factor que debe haber perdido importancia en los últimos años debido a la mejora de las condiciones socioeconómicas—, otra razón para posponer el matrimonio o buscar alternativas puede ser la dificultad de acceso a las oficinas del Registro Civil en el interior del país, ya sea por la distancia física o porque las personas no interactúan bien con la burocracia y el sistema legal en general. Pese a que las uniones consensuales son mucho más frecuentes en todos los grupos sociales, es posible que algunas de las antiguas barreras al matrimonio todavía persistan en la actualidad. En el Brasil, la oficialización de las uniones es un servicio público delegado a establecimientos privados. El servicio notarial se ha externalizado completamente y es gratuito solo para las personas que se declaran pobres e incapaces de pagarlo. No se sabe en qué medida la población está informada de que mediante una declaración de pobreza obtendría la exención de impuestos y tampoco si la exigencia de declaración de pobreza no genera vergüenza social, alejando a los más pobres de la formalización.

La Asociación Nacional de los Registradores de Personas Naturales suele publicar una lista de los precios cobrados en todo el territorio brasileño, cuyos valores cambian de un estado a otro. Algunas oficinas del Registro Civil cobran costos separados por la habilitación para el matrimonio, la ceremonia y la diligencia (traslado del escribano y el juez de paz desde la oficina del Registro Civil hasta el lugar de celebración del matrimonio). A veces el costo de la diligencia tiene en cuenta los kilómetros que las autoridades deben recorrer. Por lo tanto, no es de extrañar la demanda de matrimonios colectivos de celebración gratuita, que tienen lugar periódicamente en todo el país dentro del calendario de actividades de muchos departamentos de inclusión social, en las llamadas “campañas de promoción de la ciudadanía”.

Si bien se trata de un dato bastante aproximado, es interesante notar que los estados con mayor proporción de uniones consensuales presentan un número menor de oficinas del Registro Civil cada 10.000 km2. Esto sugiere que al menos en la región amazónica (norte), la falta de oficinas a una distancia física accesible todavía puede contribuir a mantener la proporción de uniones consensuales por encima del nivel nacional del 36,4%. Los cinco estados donde más de la mitad de las uniones son consensuales se encuentran en la región amazónica, donde hay menor disponibilidad de oficinas del Registro Civil. Es el caso de los estados de Amazonas (AM), Roraima (RR), Amapá (AP), Pará (PA) y Acre (AC) (véase el gráfico 1).

Gráfico 1

Estados brasileños: relación entre la proporción de uniones consensuales y el número de oficinas del Registro Civil disponibles cada 10.000 km^2, 2010

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del censo de 2010 y del número de oficinas del Registro Civil disponibles por unidad federativa de acuerdo con la Asociación Nacional de los Registradores de Personas Naturales.

No obstante, la proporción de uniones consensuales también supera la media nacional en algunos estados de la costa atlántica que cuentan con un gran número de oficinas del Registro Civil, como por ejemplo Sergipe (SE), Rio Grande do Norte (RN), Alagoas (AL), Rio de Janeiro (RJ) y Pernambuco (PE). Por consiguiente, además de la disponibilidad física de oficinas del Registro Civil, otras hipótesis explicativas —como el costo financiero del matrimonio y cambios ideológicos— contribuyen para que muchas parejas opten por la unión consensual en lugar del matrimonio. Esta situación también puede obedecer al efecto de la composición etaria de determinados estados, con poblaciones más jóvenes respecto de la media nacional, pues las uniones consensuales también se asocian con esos grupos de edad.

La opción por la unión consensual puede derivar de consideraciones de orden libertario, pero a veces también puede ser un modo de adaptarse a situaciones en las cuales la relación con el Estado es ambigua y poco comprensible y se observan dificultades estructurales que persisten a lo largo del tiempo y se manifiestan en el limitado acceso a la justicia y la ciudadanía. No es casual que los estados con los peores indicadores de registro de nacimientos sean los mismos donde hay una mayor proporción de uniones consensuales. Este dato puede sugerir un problema estructural de acceso al sistema legal. Aunque los registros de nacimientos sean gratuitos para todas las personas, independientemente de la condición social, y el sistema de notificación de nacimientos hospitalarios pueda emitir el certificado de nacimiento en la propia maternidad, esta comunicación directa entre hospitales y oficinas del Registro Civil ha avanzado en primer lugar en las grandes metrópolis y capitales. En las áreas más aisladas del país y en los estados con infraestructura más precaria, el subregistro y el registro tardío de nacimientos son todavía una realidad. La relación positiva entre la proporción de uniones consensuales y la proporción de nacidos vivos que no fueron registrados en el año en que nacieron permite dos lecturas: i) en algunas situaciones, las uniones consensuales pueden exigir mayor negociación entre los miembros de la pareja para que el padre registre al niño, como sugieren algunas pruebas basadas en encuestas cualitativas realizadas en Rio Grande do Sul (Fonseca, 2004); ii) el mismo mecanismo que dificulta el acceso de las personas al matrimonio también dificulta el registro de los niños inmediatamente después del nacimiento: infraestructura, dificultad para gestionar trámites burocráticos y documentos, entre otras cosas[4].

Gráfico 2

Estados brasileños: relación entre la proporción de uniones consensuales y la proporción de niños que no fueron registrados en el mismo año del nacimiento, 2010

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del censo de 2010 y del Registro Civil.

Entre fines de la década de 1980 y mediados de la década de 1990 se realizaron distintas modificaciones a la legislación brasileña para extender las garantías sociales a todas las personas, independientemente de su estado civil y condición de nacimiento. A juicio de los legisladores, las distinciones basadas en el tipo de unión y en categorías de filiación eran excluyentes y acentuaban las desigualdades (Bilac, 1999; Marcondes, 2011). En consecuencia, la categoría “hijo” dejó de admitir adjetivaciones de cualquier tipo, como “legítimo”, “ilegítimo”, “natural” o “espurio”. Del mismo modo, los términos “amigado”, “amancebado” y “concubina” dieron lugar a otro más neutro, desprovisto de juicio moral: compañero(a).

Cabe recordar que en la literatura jurídica se considera que el cumplimiento de ciertas normas se basa en el principio de recompensa y castigo. En otras palabras, los individuos se comportan de acuerdo con la norma previendo que su contravención supone pérdidas, mientras que el cumplimiento ofrece ventajas comparativas. Las normas que se cumplen en virtud de este tipo de cálculo se consideran dependientes de motivaciones indirectas. Cuando el comportamiento se adecua a una regla sin que esta prevea sanciones de ningún tipo, la motivación se considera de orden directo (Catão, 2001).

En el caso brasileño se eliminaron casi todas las motivaciones de orden indirecto que podrían llevar al matrimonio, pues sus ventajas comparativas con respecto a la unión consensual no son tan grandes, a menos que se atribuya al matrimonio un fuerte valor simbólico, como ocurre con el movimiento homosexual. Casarse también puede seguir siendo ventajoso si los involucrados son propietarios de bienes e inmuebles antes del inicio de la unión y desean establecer criterios claros de división, diferentes de los previstos por la ley para las “uniones estables”, terminología jurídica aplicada a las uniones consensuales. Aún así, hay quienes optan por escrituras públicas o testamentos con la finalidad específica de gestionar el destino del patrimonio y evitan cambiar su estado civil mediante el matrimonio. A fin de cuentas, ¿las uniones consensuales son una prueba de la desinstitucionalización del matrimonio o estamos ante la institucionalización de las uniones consensuales? Por institucionalización se entiende la inserción de una norma en sistemas normativos que representan, por presuposición, el consenso anónimo y global de terceros (Ferraz citado en Catão, 2001, pág. 2). Desde esta perspectiva, la extensión de los derechos y deberes de las parejas casadas en régimen de separación parcial de bienes a todas las parejas en unión consensual a las que se aplique la definición de unión estable —convivencia duradera, pública y continua[5]— parece caracterizar la institucionalización de este tipo de uniones. Una vez institucionalizada y regulada, y en ausencia de referencias simbólicas fuertes que puedan sustentar motivaciones de orden directo para el matrimonio, es de esperar que la unión consensual alcance una mayor difusión en la sociedad.

Pese a que de acuerdo con el derecho de familia vigente una pareja no necesita tener hijos para ser reconocida como una familia, la existencia de hijos demuestra la convivencia pública, continua y duradera que se espera de una unión estable. Para fines de previsión social, tener hijos en común es una de las pruebas más utilizadas para el reconocimiento de una unión estable[6]. La elevada participación de las uniones consensuales en la fecundidad brasileña indica que se trata de una forma habitual de constituir una familia con hijos y que estas uniones se han consolidado como institución en el país.

B. Metodología

Los datos utilizados en este estudio provienen de las dos rondas de la Encuesta de Demografía y Salud (Demographic and Health Survey (DHS)), realizadas en el Brasil en 1986 y 1996, y de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de la Infancia y la Mujer (Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS)) de 2006. Si bien la DHS fue realizada por Macro Internacional y la PNDS por el Centro Brasileño de Análisis y Planeamiento (CEBRAP) con financiación del Ministerio de Salud, las tres encuestas son comparables.

Debido al tamaño de la muestra (5.892 casos), el uso de la DHS de 1986 fue limitado. Para fines de comparación y segmentación en subgrupos sociales, este análisis se centra en la DHS de 1996 (12.612 casos) y en la PNDS de 2006 (15.575 casos).

El primer paso del análisis se refiere a la construcción de las tasas específicas de fecundidad y la tasa de fecundidad total de la población femenina en unión formal (matrimonio) y en unión consensual. El objetivo de estas medidas, tal como se construyeron en este trabajo, consiste en examinar el nivel de fecundidad en cada uno de los dos subgrupos considerados como dos poblaciones distintas: el Brasil de las mujeres casadas y el Brasil de las mujeres unidas consensualmente. Las estimaciones de fecundidad se calcularon utilizando el método P/F de Brass, en la variante desarrollada por Trussell, que se basa en la información sobre la población femenina en edad reproductiva distribuida por grupos etarios quinquenales, el número de hijos nacidos vivos en el último año por grupo etario quinquenal de la madre en el momento del parto y el total de hijos nacidos vivos por grupo etario quinquenal de la madre en el momento de la entrevista. La gran mayoría de las mujeres entrevistadas que tenían un compañero o marido estaba en su primera unión (90,4% en 1986; 88,7% en 1996 y 81,7% en 2006).

En general, cuando se calcula la fecundidad por estado conyugal, el número medio de hijos por mujer suele ser bastante elevado, muy por encima de la tasa de fecundidad total (TFT) de la población, especialmente por cuenta de la tasa específica de fecundidad del grupo de 15-19 años. Gran parte de las mujeres unidas en este grupo etario tuvo hijos recientemente. Sin embargo, al hacer la corrección por la relación entre parto y fecundidad (P/F) de un grupo etario joven, los valores de la TFT según el estado conyugal se aproximan bastante a la TFT de la población total. En este estudio se consideran los resultados obtenidos a través de P2/F2. Grosso modo, esto significa que se ajustaron las tasas de fecundidad observadas en todos los grupos etarios quinquenales utilizando como base la realidad del grupo de 20-24 años. La razón para ello es obtener una estimación más precisa de la fecundidad presente, minimizando el impacto de la fecundidad de las cohortes de mayor edad.

Las tasas específicas de fecundidad por grupo etario quinquenal y la tasa de fecundidad total se obtuvieron mediante el Population Analysis System (PAS), desarrollado por la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Básicamente se trata de una hoja de cálculo que solo requiere la inserción de los datos necesarios para la obtención de medidas demográficas, sobre la base de diferentes métodos establecidos en la disciplina[7].

El segundo paso del análisis consiste en descomponer la tasa de fecundidad total nacional según la modalidad de unión en que la mujer se encuentra. Este procedimiento permite conocer la parte de la tasa de fecundidad total que puede atribuirse a las mujeres unidas formalmente, unidas consensualmente o fuera de unión. Mediante este segundo procedimiento se procura establecer la participación de cada tipo de unión en el cálculo de la tasa de fecundidad total brasileña. ¿Qué fracción de la fecundidad total depende de las uniones consensuales? Para la aplicación de este procedimiento, descrito por Laplante y Fostik (2014), se asume que:

(I)

Donde, pkt es la proporción de mujeres en el estado conyugal k y edad t, rkt es la tasa de fecundidad específica en la edad t para el estado conyugal k y rt es la tasa específica de fecundidad de la población total en la edad t.

(II)

Donde, es la tasa de fecundidad total ajustada para cada estado conyugal k, A es solo una señalización de que se trata de una tasa ajustada, para diferenciarla de la R que aparece en la fórmula (III). La revela la fracción de la tasa de fecundidad total de la población en su conjunto que puede atribuirse al estado conyugal en cuestión.

(III)

Donde, R es la tasa de fecundidad total, que resulta del sumatorio de las tasas de fecundidad total ajustadas de todas las categorías de estado conyugal.

El tercer paso del análisis se centra en la comparación de la fecundidad según criterios socioeconómicos. Para crear dos subgrupos poblacionales que reflejaran la cúspide y la base de la pirámide social se utilizó una adaptación del Criterio de clasificación económica Brasil, más conocido como “Criterio Brasil”, concebido por la Asociación Brasileña de Empresas de Investigación (ABEP) y utilizado con frecuencia en estudios de mercado y encuestas de opinión. De acuerdo con el Criterio Brasil la población brasileña se divide en ocho categorías: A1, A2, B1, B2, C1, C2, D y E. La clase A1 es la de mayor poder de consumo e ingresos más elevados y la clase E es la menos favorecida en esos mismos términos. Recientemente, la ABEP abandonó la pretensión de clasificar a la población en clases sociales, al reconocer que ese concepto no puede reducirse al poder adquisitivo de las personas y las familias. De ese modo, las categorías del Criterio Brasil pasaron a entenderse como “clases económicas”[8].

El Criterio Brasil se basa en la atribución de puntos por la posesión de determinados bienes (televisión, radio, baño privado dentro del domicilio, automóvil, lavadora, video o DVD, refrigerador, congelador, entre otros), el nivel de instrucción del jefe o la jefa de familia y la presencia de servicio doméstico en el domicilio. El sistema de puntuación no solo se basa en el tener o no tener un artículo, sino también en el número de ejemplares de cada artículo presentes en el domicilio (cuántas televisiones, cuántos automóviles y así sucesivamente).

Si bien este trabajo se inspira en el Criterio Brasil para dividir a la población en dos subgrupos, se hicieron adaptaciones que, aunque pueden ser discutibles, resultaron eficaces para marcar diferencias existentes en la población.

El sistema de puntuación aplicado en este estudio se basa en la posesión de bienes, el nivel de instrucción del jefe o la jefa del hogar, los servicios domésticos pagados a terceros (empleada que recibe un salario mensual) y el acceso a servicios públicos básicos como electricidad, agua tratada adecuada para el consumo humano y alcantarillado (véase el cuadro 1). La idea inicial era incluir también la recolección de residuos, pero la DHS y la PNDS no recogieron esta información. El acceso a los servicios públicos básicos amplía la perspectiva del indicador, pues añade una dimensión de ciudadanía. El acceso a estos servicios también se relaciona con el derecho a una vida digna.

Cuadro 1

Sistema de puntos

Variables

Categorías

Puntuación

Posesión de bienes

Televisión, radio, baño, automóvil, lavadora, video o DVD, refrigerador, aspiradora (1996), congelador (2006)

1 punto por ejemplar de cada artículo.

Es posible sumar un máximo de 4 puntos con respecto a un mismo artículo. Ejemplo: una persona con 5 radios en casa computa como máximo 4 puntos con respecto a este artículo

Nivel de instrucción

del jefe del hogar

Educación básica o primaria incompleta o menos

0

Educación básica o primaria completa

2

Educación media o secundaria completa

4

Educación superior completa

8

Servicios domésticos pagados a terceros

Empleada que recibe un salario mensual

1 punto por empleada. Es posible sumar un máximo de 4 puntos en esta categoría

Acceso a servicios públicos básicos

Origen del agua para beber

Red general

8

Otras fuentes alternativas, pero consideradas adecuadas (manantiales y pozos, entre otras)

4

Sin acceso o no está claro

0

Electricidad

Tiene acceso

2

No tiene acceso

0

Forma de disposición de las aguas residuales

Red de alcantarillado

8

Fosa séptica conectada a la red

4

Fosa séptica no conectada a la red

2

Fosa rudimentaria

1

Otras formas inadecuadas

0

Fuente: Elaboración propia.

Los puntos atribuidos a cada domicilio de acuerdo con el cuadro 1 se interpretan conforme a la escala detallada en el cuadro 2:

Cuadro 2

Grupos de clasificación socioeconómica

Clase

Puntos

A1

52-62

A2

45-51

B1

38-44

B2

31-37

C1

24-30

C2

17-23

D

10-16

E

0-9

Fuente: Elaboración propia.

Para facilitar la exposición de los resultados y respetar la representatividad de las muestras, las clases se unieron para formar dos subgrupos poblacionales. A continuación se recalcularon las tasas de fecundidad (primer y segundo paso del análisis descrito en esta sección) para comparar el comportamiento reproductivo de las clases A y B con el de las clases C, D y E. En esta etapa la investigación se centró en los datos de la DHS de 1996 y la PNDS de 2006. En 1996, el 18,4% de las mujeres en edad reproductiva pertenecía a las clases A y B y el 81,6% a las clases C, D y E. Esta distribución sufrió pocas modificaciones en 2006, cuando el porcentaje de mujeres en la cúspide de la pirámide era del 19,6% (clases A y B), mientras el de las representantes de las clases C, D y E era del 80,4%.

C. Resultados

Al observar la serie histórica de la tasa de nupcialidad legal de la población de 15 o más años de edad entre 1991 y 2012 se aprecia una tendencia decreciente hasta 2002, seguida por una recuperación gradual en la última década (2002-2012). Mientras que en 1991 se celebraron 7,5 matrimonios cada 1.000 habitantes de 15 o más años de edad, el indicador alcanzó el mínimo histórico de esta breve serie en 2002 (5,7 matrimonios cada 1.000 habitantes) y aumentó lentamente en los años siguientes hasta alcanzar el nivel de 6,9 matrimonios cada 1.000 habitantes registrados en 2012. Los datos del Registro Civil también revelan un incremento de la edad media de hombres y mujeres en el momento del primer matrimonio a lo largo de la década. Entre 2002 y 2012, la edad media de los hombres al casarse pasó de 26  a 28 años, mientras que la de las mujeres aumentó de 23 a 25 años. Otro fenómeno que ha llamado la atención en el país es la creciente importancia de la formalización de uniones en las cuales la mujer es mayor que el hombre, pues casi un cuarto de los matrimonios registrados en 2012 presentaban esa característica.

Si bien la edad al momento de celebrar el matrimonio ha aumentado, la edad de las mujeres al iniciar la primera unión parece no sufrir grandes alteraciones con el paso del tiempo. Para la gran mayoría de las mujeres entrevistadas, ya sea por la DHS de 1996 o la PNDS de 2006, la primera experiencia de unión se concentra entre el final de la adolescencia y el inicio de la vida adulta, entre los 19 y los 22 años de edad.

A pesar de la aparente estabilidad en las edades de inicio de la vida conyugal, se observa un ligero aumento del porcentaje de mujeres nunca unidas en el grupo etario de 45-49 años[9]. En 1996, cerca del 5% de las mujeres de este grupo etario nunca se había casado o cohabitado con un compañero. Diez años después, esa proporción era del 6,9%. En las clases A y B se volvió mucho más común encontrar mujeres que llegaron a esa edad sin haber experimentado nunca una unión. Las solteras nunca unidas con 45-49 años de edad en la cúspide de la pirámide social pasaron del 5,9% al 10% en el mismo período. Es posible que esto se relacione con el mayor grado de independencia de estas mujeres y la menor centralidad de la formación de una familia en sus vidas. Visto que se trata de mujeres provenientes de los estratos con mejor calificación profesional, también puede ser indicativo de una mayor dificultad para conciliar el éxito en el mercado de trabajo con la formación de una familia.

Si bien la proporción de mujeres nunca unidas al final del período reproductivo no es insignificante, especialmente en las clases sociales más altas, la proporción de mujeres fuera de unión en todos los grupos etarios en las tres encuestas es aún menos despreciable (véase el gráfico 3). Por mujeres fuera de unión se entiende tanto aquellas que nunca se unieron como las separadas, las divorciadas y las viudas. De hecho, el cambio más evidente es el aumento de la proporción de uniones consensuales con respecto a los matrimonios formales, perceptible en todas las edades, aunque más acentuado en los grupos más jóvenes.

Gráfico 3

Brasil: distribución de las mujeres en edad reproductiva según el estado conyugal, 1986, 1996 y 2006

Fuente: Encuestas de Demografía y Salud (DHS) de 1986 y 1996 y Encuesta Nacional de Demografía y Salud de la Infancia y la Mujer (PNDS) de 2006.

El crecimiento de las uniones consensuales con respecto al matrimonio fue mayor entre 1996 y 2006 que entre 1986 y 1996. Esto no ocurrió por casualidad. Aunque las uniones consensuales se reconocieron como familias en la Constitución de 1988 y prácticamente se equipararon al matrimonio a los efectos de la protección del Estado, fue precisamente en mayo de 1996 que entró en vigor la Ley 9.278, que regula los derechos y deberes de los miembros de las uniones estables. Como se verá más adelante, desde el punto de vista legal, el matrimonio ya no es tan ventajoso ni la unión consensual tan desventajosa, en todas las situaciones.

Los datos sintetizados en el gráfico 3 también indican la urgencia de realizar estudios longitudinales o por lo menos recuperar la trayectoria conyugal en forma retrospectiva. Sería interesante establecer si con el paso del tiempo las parejas que viven en unión consensual deciden formalizar o no dicha unión. Es muy difícil llegar a una conclusión a partir de los datos transversales. Si bien es probable que una parte de esas personas formalice la unión, no es posible afirmar que esta sea la tendencia predominante, porque hay una cantidad razonable de personas en los grupos de edad jóvenes que se mantienen fuera de uniones. En otras palabras, al observar la proporción de mujeres casadas en el grupo de 20-24 años en 1996 y 10 años después (2006) en el grupo de 30-34 años se verifica que la proporción de mujeres casadas aumentó. Sin embargo, no se puede atribuir ese incremento necesariamente a la formalización de las uniones consensuales después de años de cohabitación. Las mujeres que se mantuvieron solteras por más tiempo también pueden haber optado directamente por el matrimonio. No es del todo inverosímil que una parte de los jóvenes posponga la unión justamente porque desea iniciarla cuando pueda formalizarla y adquirir casa propia o financiada. De acuerdo con la antigua sabiduría popular, “el casado casa quiere”.

Como se puede apreciar en el gráfico 4, el incremento de la proporción de uniones consensuales estuvo acompañado por una marcada reducción de la fecundidad brasileña entre 1986 y 2006. Las tasas específicas de fecundidad se reducen sustancialmente en todos los grupos etarios, con excepción del grupo de 15-19 años, que presenta una disminución modesta en comparación con los dos grupos etarios jóvenes siguientes. No obstante, es posible afirmar que la fecundidad adolescente también presenta una tendencia a la baja. De acuerdo con estos resultados, la fecundidad habría menguado una media del 25% cada 10 años, al pasar de más de 3 hijos por mujer en 1986 a 1,8 hijos por mujer en 2006. Pese a la reducción generalizada de la fecundidad, el patrón reproductivo sigue siendo predominantemente joven en el período de referencia, pues el grupo etario de 20-24 años registra las tasas de fecundidad específicas más elevadas en los tres años analizados.

Al considerar a las mujeres casadas y unidas consensualmente como si fueran dos poblaciones independientes, se observa que la fecundidad presenta patrones etarios similares en los dos tipos de unión y que las diferencias de nivel disminuyen con el paso del tiempo. Si bien es cierto que las tasas de fecundidad son mayores entre las mujeres en unión consensual que entre las casadas (véase el gráfico 5), las diferencias entre las tasas específicas de fecundidad en 2006 son pequeñas entre las mujeres de 25 o más años de edad. Esto indica una propensión a la convergencia, aunque los diferenciales persistan en el grupo de 15-24 años.

Gráfico 4

Brasil: tasas de fecundidad específicas y tasas de fecundidad total,

1986, 1996 y 2006

Fuente: Encuestas de Demografía y Salud (DHS) de 1986 y 1996 y Encuesta Nacional de Demografía y Salud de la Infancia y la Mujer (PNDS) de 2006.

Gráfico 5

Brasil: tasas de fecundidad específicas y tasas de fecundidad total

según la naturaleza de la unión, 1986, 1996 y 2006

Fuente: Encuestas de Demografía y Salud (DHS) de 1986 y 1996 y Encuesta Nacional de Demografía y Salud de la Infancia y la Mujer (PNDS) de 2006.

En el gráfico 6 se presentan los diferenciales de fecundidad según las clases socioeconómicas construidas mediante la adaptación del Criterio Brasil, al cual, además de la posesión de bienes, la presencia de empleada doméstica y el nivel de instrucción del jefe del hogar, se incorpora el acceso a servicios públicos básicos. De acuerdo con los resultados, la diferencia más evidente consiste en el nivel mucho más elevado de fecundidad adolescente en las clases C, D y E con respecto a las clases A y B, tanto en 1996 como en 2006. Aquí también se aprecia la reducción generalizada de la fecundidad. Sin embargo, la fecundidad adolescente en los grupos sociales menos favorecidos varía muy poco a lo largo de la década estudiada. Se destaca el desplazamiento de la cúspide de la curva de fecundidad de las clases A y B, que pasa del grupo etario de 20-24 años en 1996 al grupo de 25-29 años en 2006 y documenta claramente el aplazamiento de la fecundidad en este grupo social.

Gráfico 6

Brasil: tasas de fecundidad específicas y tasas de fecundidad total según clases socioeconómicas, 1996 y 2006

Fuente: Encuesta de Demografía y Salud (DHS) de 1996 y Encuesta Nacional de Demografía y Salud de la Infancia y la Mujer (PNDS) de 2006.

La TFT de las clases A y B, que era de 1,7 hijos por mujer en 1996, disminuyó a apenas 1,02 hijos por mujer en 2006. Entre las mujeres de las clases C, D y E la reducción de la TFT también fue significativa, aunque está más próxima a la tasa de reposición, pues de 2,55 hijos por mujer en 1996 pasó a 2 hijos por mujer en 2006.

En el gráfico 7 se muestra la contribución de cada estado conyugal al cálculo de la tasa de fecundidad total en el período analizado. En 1986, casi el 75% de la fecundidad correspondía a la procreación dentro de matrimonios. Veinte años después, ese porcentaje disminuyó a menos del 40%. Entre 1986 y 1996 hay un aumento considerable de la participación de la fecundidad fuera de uniones de cualquier naturaleza. Mientras que en 1986 apenas el 8,7% de la TFT correspondía a mujeres solteras, divorciadas, separadas o viudas, en 1996 y 2006 ese porcentaje fue del 16% y el 15%, respectivamente. Dos factores pueden haber contribuido a esta nueva configuración: i) las adolescentes y las adultas jóvenes del grupo de 20-24 años de edad son más propensas a tener hijos fuera de uniones (la fecundidad adolescente es la que menos ha disminuido en comparación con la tendencia observada en otros grupos etarios); ii) el control de la fecundidad dentro de las uniones ha funcionado mucho mejor por un tema de composición: si la participación relativa de la fecundidad dentro de las uniones disminuye, la participación relativa de la fecundidad fuera de estas tiende a aumentar.

Gráfico 7

Brasil: participación de cada estado conyugal en la tasa de fecundidad total, 1986, 1996 y 2006

(En porcentajes)

Fuente: Encuestas de Demografía y Salud (DHS) de 1986 y 1996 y Encuesta Nacional de Demografía y Salud de la Infancia y la Mujer (PNDS) de 2006.

Si se eliminaran todos los nacimientos fuera del matrimonio formal, la fecundidad brasileña en 1986 se reduciría de 3,2 hijos por mujer[10] a 2,5 hijos por mujer y se mantendría, por lo tanto, por encima del nivel de reposición. Si lo mismo ocurriera en 1996, la tasa pasaría de 2,4 a 1,4 hijos por mujer. En 2006, la situación sería insostenible y hasta inverosímil, pues al depender únicamente de las mujeres formalmente casadas, la fecundidad habría sido de apenas 0,71 hijos por mujer (en lugar de 1,8). Si la fecundidad brasileña resultara exclusivamente de la contribución de las mujeres unidas (que viven con un compañero en unión consensual o matrimonial), la TFT en 2006 sería de 1,6 hijos por mujer. En otras palabras, se debe tener conciencia de que el país solo alcanza la tasa de 1,8 hijos por mujer en 2006 gracias a la contribución de diferentes formas de familia. Pensar en la familia y en el entorno en que nacen los niños supone de hecho extender la protección social a estos diferentes contextos, conforme el espíritu de la Constitución Federal de 1988.

El gráfico 8 permite comparar la composición de la fecundidad de dos grupos socioeconómicos en 1996 y 2006. Se aprecia claramente que la contribución de la fecundidad en el marco del matrimonio es mayor en las clases A y B que en las clases C, D y E en los dos años examinados. Una transformación importante, además de la reducción generalizada de la fecundidad, es la mayor participación de la fecundidad en el marco de uniones consensuales en el cálculo de la TFT de los dos grupos analizados. Si bien este aumento es mayor en las clases C, D y E, el cambio en el comportamiento de las clases de la cúspide de la pirámide social es también notable. Aún así, el 64,2% de la fecundidad de las clases Ay B en 2006 depende de las mujeres formalmente casadas. Cabe recordar que aunque la reproducción en el contexto de uniones consensuales ya fuera una realidad bastante evidente en las clases C, D y E en 1996, el fenómeno sólo pasó a tener mayor relevancia entre las clases A y B en un momento posterior. Al ser el estrato con más propiedades y bienes de mayor valor, probablemente las personas solo se sintieron seguras para reproducirse dentro de uniones consensuales después del respaldo de la Ley 9.278 de 1996, que ampara las uniones estables.

Gráfico 8

Brasil: participación de cada estado conyugal en la tasa de fecundidad total de las “clases socioeconómicas”, 1996 y 2006

(En porcentajes)

Fuente: Encuesta de Demografía y Salud (DHS) de 1996 y Encuesta Nacional de Demografía y Salud de la Infancia y la Mujer (PNDS) de 2006.

D. Algunas reflexiones sobre decisiones reproductivas y convivencia

La decisión de constituir una unión de naturaleza formal o consensual o de tener hijos sin oficializar la unión ciertamente supone elementos coyunturales e incluso pragmáticos, que una parte de la producción académica en demografía a veces omite o no logra captar adecuadamente. En los estudios de la familia, se trabaja a menudo con los datos censales, que en general se limitan a las encuestas realizadas a partir de 1970. Así, aunque es innegable que la proporción de uniones consensuales creció en forma considerable y sostenida a partir de la década de 1970, hay indicios claros de que este crecimiento no es lineal y positivo desde el inicio de la formación del Brasil.

La literatura sobre historia de la familia en el Brasil sugiere que las uniones consensuales eran comunes y aceptadas en los estratos más bajos de la sociedad, entre la población esclava, emancipada e incluso entre personas libres empobrecidas, aunque no existen estimaciones para todo el país, pues los registros conocidos suelen limitarse a las áreas de colonización más antiguas y consolidadas (Stolcke, 2006). Durante mucho tiempo se afirmó que en el pasado colonial e incluso en el imperio —al estar los brasileños lejos de los reyes y del Vaticano— las uniones consensuales eran frecuentes y que en particular los esclavos no formaban familia. Sin embargo, algunos estudios históricos más recientes sugieren que el bautismo y el matrimonio de esclavos tal vez no fueran tan inusuales como se piensa (Slenes, 1999). En otras palabras, un patrón dual de formación familiar puede haber coexistido en diferentes estratos sociales a lo largo del espacio y del tiempo, con períodos de predominancia de una forma de constitución de familia sobre la otra, pero sin que ninguna de las dos se extinguiera.

Según Andrade (1954), en el primer censo moderno realizado en 1940, aún en la era de Vargas, las parejas en unión consensual representaban el 13,2% del total. Estudios posteriores indican que esa proporción se redujo a cerca del 7% en 1970[11]. ¿Qué podría haber ocurrido entre 1940 y 1970 que justificara esa reducción de las uniones consensuales? ¿Y qué ocurrió entre 1970 y 2010 para que estas aumentaran hasta alcanzar el 36,4% del total de uniones registrado en el censo de 2010? ¿Qué revela esto sobre el significado de la familia a lo largo del tiempo y de su contexto de formación y sobrevivencia? La respuesta a estas preguntas no es única, definitiva y mucho menos sencilla. Sin embargo, todas ellas se relacionan en mayor o menor medida con las ventajas y desventajas del matrimonio formal y los efectos de tener hijos fuera de uniones formales. En este sentido, el significado de las tasas y descripciones demográficas muchas veces no está en la demografía en sí, sino en la historia del derecho, la antropología o incluso en el arte, como manifestación y traducción de los valores de una sociedad.

Al observar las series históricas sobre la urbanización del país se advierte que el censo de 1970 constituye un punto de inflexión, pues los resultados indicaban por primera vez que la mayoría absoluta de la población vivía en ciudades. En 1940, solo el 31,2% de los brasileños vivía en áreas urbanas, en contraste con el 56% en 1970. La urbanización rompe con el aislamiento y la infraestructura urbana básica facilita el acceso a los aparatos del Estado, así como a las oficinas del Registro Civil, esas oficinas notariales privadas cuya trayectoria presenta algunas contradicciones en la historia del Brasil. Entre 1940 y 1970 no solo los registros se volvieron probablemente más accesibles.

La era de Vargas (1930-1945) estuvo marcada por un Estado fuerte y centralizador, la densificación urbana, el impulso a la industria nacional, la reforma social y de las políticas laborales y la creación de las bases de un Estado de bienestar fundado en el patrimonialismo, caracterizado por la ausencia de preocupación redistributiva (Medeiros, 2001). La noción de justicia de ese incipiente Estado de bienestar era que cada trabajador debería recibir en forma proporcional a lo que había aportado. El público objetivo de este modelo de Estado de bienestar no eran los ciudadanos, sino los trabajadores. Aunque se trata de un tema fascinante, no cabe aquí examinar los orígenes y la primera fase de formación del Estado de bienestar brasileño. No obstante, se debe tener en cuenta que en el modelo de asistencia social y previsional implementado en la era de Vargas, y con la creciente burocratización que acompañó el proceso urbano-industrial, es perfectamente plausible que la oficialización del matrimonio se haya convertido en una forma de asegurar derechos a la esposa. Mientras que en el Brasil preindustrial el matrimonio tenía un costo-beneficio que desestimulaba la formalización entre los más pobres y carentes de propiedades, con la expansión del proletariado asalariado y la fijación de derechos exclusivos de los trabajadores pasibles de extenderse a sus esposas e hijos el matrimonio pasa a ser atractivo también para los estratos más bajos de la pirámide social, siempre que formaran parte del nuevo proyecto de nación urbano-industrial. El certificado de matrimonio era un documento más, necesario para garantizar el acceso al amparo social, en un momento histórico en que las mujeres aún tenían dificultades para mantenerse en el mercado de trabajo después de la unión.

Durante la dictadura militar (1964-1985) se estableció una nueva política de ocupación del territorio, con miras a extender la frontera agrícola y explotar el potencial minero del país (Bomfim de Albuquerque, 2010). Grupos de habitantes fueron encaminados a zonas hasta entonces poco habitadas del norte y el centro-oeste, sin que se les ofreciera la misma infraestructura urbana del centro-sur industrializado, pese a que nuevos municipios e incluso unidades federativas enteras se fundaron en este período. Como sugieren los gráficos 1 y 2 de este texto, en la región amazónica todavía persisten algunas limitaciones estructurales (como el acceso a oficinas del Registro Civil y documentos básicos).

Desde el fin del milagro económico de la década de 1970 hasta la implementación del Plan Real en 1994, las energías del Estado brasileño se dedicaron sobre todo a los planes económicos y casi no hubo políticas sociales. Gran parte de los trabajadores se concentraba en actividades informales con escasas o nulas garantías laborales. A raíz de eso, los factores que estimularon la oficialización de las uniones entre 1940 y 1970 perdieron influencia en los comportamientos y las decisiones relativas a la formación de una unión. La informalidad no solo avanzó en la esfera de la familia sino también del trabajo, con el aumento del peso relativo de los trabajadores independientes y sin contrato de trabajo formal. Apenas en 2007 más del 50% de la población económicamente activa pasó a contribuir con la previsión social en el Brasil.

Cuando el Estado de bienestar renace guiado por el espíritu de la redemocratización y universalización de los derechos plasmados en la Constitución de 1988, el concepto de familia se amplía mediante la equiparación de todas las configuraciones de filiación y alianza, siempre que sea heterosexual y monógama. Pese a que el texto constitucional establece que a los efectos de protección del Estado se reconoce la unión estable entre el hombre y la mujer como entidad familiar, debiendo la ley facilitar su conversión en matrimonio, hay pocos beneficios directos vinculados a este, a menos que los involucrados sean propietarios y tengan bienes adquiridos antes de la unión. Los bienes adquiridos antes del inicio de una unión consensual no necesariamente se transmiten al compañero o la compañera. A las uniones consensuales se aplica el régimen de separación parcial de bienes, según el cual los bienes adquiridos durante la unión se consideran como fruto del esfuerzo conjunto, pero los bienes heredados o adquiridos antes de la unión no necesariamente se consideran comunes.

El significativo aumento de la proporción de uniones consensuales puede verse al mismo tiempo como causa y consecuencia de la regulación e institucionalización de este tipo de uniones. En otras palabras, debido a que había muchas personas en esta condición se optó por modificar el ordenamiento jurídico y regular las uniones consensuales para extenderles la misma protección que el Estado antes reservaba solo a las parejas formalmente casadas. Más adelante, cuando esta modalidad de unión cuenta con la misma protección estatal que antes era exclusiva del matrimonio, las ventajas de oficializar la unión dejan de ser tan apremiantes a primera vista.

E. Consideraciones finales: ¿desinstitucionalización del matrimonio o institucionalización de las uniones consensuales?

En el Brasil, el matrimonio y la unión consensual son muy similares desde el punto de vista legal desde el retorno a la democracia a fines de la década de 1980. Los cambios introducidos a partir de la Constitución de 1988 flexibilizaron el concepto de familia y lo volvieron más inclusivo. La legislación federal pasó a reconocer a las parejas unidas consensualmente y casadas según el marco civil o religioso los mismos derechos en materia de protección y seguridad social. La cohabitación entre un hombre y una mujer que conviven como si estuvieran casados está sujeta a la regulación jurídica y genera obligaciones mutuas análogas a las del matrimonio.

Una crítica frecuente a la regulación de las uniones consensuales es que el Estado brasileño tendería a la injerencia en la vida privada de sus ciudadanos, al no tener en cuenta la posibilidad de que no casarse sea una opción individual para mantenerse al margen del poder institucional. Sin embargo, sobre todo en virtud del principio de protección integral y del mayor interés de los niños, así como de la no discriminación entre los hijos y la igualdad de género, la normalización de las uniones consensuales ha sido cada vez mayor. El reconocimiento jurídico de esta modalidad de unión también contribuyó a que se dejara de estigmatizarla. La decisión de tener hijos sin formalizar necesariamente la unión es cada vez más frecuente en todos los estratos sociales. Esto puede interpretarse como una prueba de la amplia aceptación de las uniones consensuales como medio legítimo de constituir una familia y refuerza la hipótesis de institucionalización de esta práctica.

Como en el resto de América Latina, también en el Brasil los estratos más pobres fueron pioneros en la adhesión a las uniones consensuales. Sin embargo, con el tiempo se difundieron en todos los sectores de la sociedad, sobre todo después del retorno a la democracia y de la nueva definición de familia adoptada a nivel federal con la Constitución de 1988. Los cambios más significativos en las clases altas tuvieron lugar solo después de las modificaciones legales que amparan a las familias constituidas a partir de uniones consensuales. En otras palabras, los sectores más ricos tienden a adherir a la unión consensual y a tener hijos en esta condición solo después de que la regulación de las cuestiones patrimoniales y de asistencia se aplican también a este tipo de unión.

Mientras que el análisis de la tasa de fecundidad total por tipo de unión no es frecuente en la demografía brasileña, los estudios basados en el nivel de instrucción de la mujer, el color, los ingresos, la situación del domicilio (rural-urbana) y la región de residencia se han consagrado como clásicos en la investigación de la fecundidad. En el caso brasileño, solo Lazo (1999 y 2000) comparó la fecundidad en el marco del matrimonio y de las uniones consensuales, sobre la base de datos referentes al período 1976-1995. Su estudio reveló que la fecundidad de las mujeres en unión consensual era más alta que la de sus pares casadas. Este estudio arrojó el mismo resultado, aunque es evidente que la fecundidad de los dos grupos tiende a la convergencia.

Los estudios fundados en los análisis clásicos mencionados anteriormente demuestran que las diferencias en el nivel de fecundidad de los diversos grupos sociales están disminuyendo con el paso del tiempo (Cavenaghi y Berquó, 2014). Los datos aquí presentados apuntan en la misma dirección. Sin embargo, muestran también que la tasa de fecundidad total calculada según la pertenencia a una determinada clase socioeconómica genera resultados más discrepantes que cuando esa misma tasa se construye según el tipo de unión en que la mujer se encuentra. Por ejemplo, las mujeres de las clases A y B presentaban una fecundidad de 1,02 hijos por mujer en 2006, en contraste con las de las clases C, D y E, cuya media era de 2,0 hijos al final del período reproductivo. Esto supone una diferencia de 0,98 hijos por mujer. La diferencia entre la fecundidad de las mujeres según el tipo de unión ese mismo año era menor, de apenas 0,5 hijos por mujer (1,6 hijos en el caso de las mujeres casadas y 2,1 hijos en el de las unidas consensualmente). En los próximos años se deberá observar si la fecundidad por tipo de unión presenta una convergencia mayor que la verificada en el análisis por clase socioeconómica, hasta alcanzar el mismo nivel en ambos grupos.

Con respecto al debate sobre el patrón de la nupcialidad latinoamericana, si la adhesión a la unión consensual sigue un patrón dual (tradicional o moderno) o se trata de una transformación impulsada por valores generacionales distintos, lo aquí expuesto permite afirmar que hay diferencias socioeconómicas importantes y que los grupos más acomodados de la sociedad tienden a tener hijos más tarde y dentro de uniones formalizadas. Sin embargo, la aceptación de las uniones consensuales en las últimas décadas ha aumentado incluso entre esos grupos. Sobre la base de los datos disponibles es difícil establecer si los miembros de los estratos sociales más favorecidos siguen el patrón moderno y aquellos de los estratos menos favorecidos el patrón tradicional. De todas formas, no cabe duda de que la elección del tipo de unión también depende de las expectativas de corto y largo plazo, las diferentes percepciones de estabilidad o inestabilidad económica, el calendario vital idealizado y del momento de la vida en que la pareja conyugal se encuentra y decide convivir.

En el Brasil, la transición religiosa y educativa ha sido tan importante como la transición demográfica. Las conexiones e interfaces entre estas transiciones apenas comienzan a delinearse en el medio académico. Estas múltiples transformaciones vuelven aún más indefinidas las categorías tradicional y moderno. Por ejemplo, en el país existe una marcada correlación entre el ingreso y la educación. Muchos universitarios brasileños constituyen hoy la primera generación de sus familias que alcanza ese nivel de instrucción. ¿Serían esos jóvenes más propensos a formar uniones consensuales por cuenta de su nuevo ethos educativo modernizante o estarían reproduciendo el comportamiento de sus familias de origen? ¿Los jóvenes que no llegan a la universidad no estarían expuestos a nuevos valores a través de diferentes formas de sociabilidad viabilizadas por las plataformas mediáticas y las redes sociales? ¿Habría un límite para la expansión de las uniones consensuales considerando el acentuado avance de las religiones evangélicas, cuando muchas de las cuales valorizan el simbolismo del matrimonio (Verona y otros, 2015), la formalidad en las relaciones sociales y se han mostrado extremadamente combativas en el escenario político brasileño?

Faltan datos y estudios que permitan recuperar las trayectorias conyugales y reproductivas, así como entender la manera en que estas se relacionan entre sí y con otras trayectorias como la educativa y la laboral. Otra gran laguna se refiere a la disponibilidad de fuentes de datos fiables que permitan asociar cambios demográficos y valores. Es posible que la heterogeneidad de las sociedades contemporáneas se traduzca en un mosaico de posibilidades de significación y estrategias conyugales y familiares. Tal vez el caso brasileño ya no se explique por un modelo dual de nupcialidad, sino por un modelo plural. La idea de mosaico o de distintos grados de adhesión a un determinado comportamiento parece más realista. Tratándose de realidades tan complejas, entre el negro y el blanco siempre suele haber muchos tonos de gris.

Bibliografía

Andrade, O. (1954), “Classificação da população brasileira segundo o estado conjugal”, Revista Brasileira de Estatística, vol. 5, Nº 59, julio-septiembre.

Ariès, P. (1981), Historia social da criança e da familia, Río de Janeiro, Zahar Editores.

Berquó, E. y M.A. Loyola (1984), “União dos sexos e estratégias reprodutivas no Brasil”, Revista Brasileira de Estudos de População, vol. 1, Nº 1-2, enero-diciembre.

Bilac, E.D. (1999), “Mãe certa, pai incerto: da construção social à normatização jurídica da paternidade e da filiação”, Direitos da família: uma abordagem interdisciplinar, R.P. Silva y J.C. Azevêdo (coords.), São Paulo, LTr.

Binstock, G. y W. Cabella (2011), “La nupcialidad en el Cono Sur: evolución reciente en la formación de uniones en Argentina, Chile y Uruguay”, Nupcialidad y familia en la América Latina actual, Serie Investigaciones, Nº 11, G. Binstock y J.M. Vieira (coords.), Río de Janeiro, Asociación Latinoamericana de Población (ALAP).

Bomfim de Albuquerque, P.R. (2010), “Fronteira amazônica e planejamento na época da ditadura militar no Brasil: inundar a hileia de civilização, Boletim Goiano de Geografia, vol. 30, Nº 1, enero-junio.

Catão, A.L. (2001), “O critério identificador da norma jurídica. A necessidade de um enfoque sistemático”, Jus Navigandi, año 6, Nº 51, octubre.

Cavenaghi, S. y E. Berquó (2014), “Perfil socioeconômico e demográfico da fecundidade no Brasil de 2000 a 2010”, Comportamiento reproductivo y fecundidad en América Latina: una agenda inconclusa, Serie e-Investigaciones, Nº 3, S. Cavenaghi y W. Cabella (orgs.), Río de Janeiro, Asociación Latinoamericana de Población (ALAP).

Da Matta, R. (1996), “A mão invisível do Estado: notas sobre o significado cultural dos documentos na sociedade brasileira”, O desafio da democracia na América Latina: repensando as relações sociais Estado/Sociedade, E. Diniz (org.), Río de Janeiro, Instituto Universitario de Investigación de Rio de Janeiro (IUPERJ).

Ferraz Jr., T.S (1994), Introdução ao Estudo do Direito, São Paulo, Atlas.

Fonseca, C. (2004), “A certeza que pariu a dúvida: paternidade e DNA”, Estudos Feministas, vol. 12, Nº 2, mayo-agosto.

Laplante, B. y A. Fostik (2014), “The recent evolution of fertility within marriage and consensual union in two Canadian provinces: disentangling the Quebec fertility paradox”, documento presentado en la Sesión 157 “Couples’ fertility in Europe and Canada”, Reunión Anual de la Asociación Demográfica de los Estados Unidos de América, Boston, 1 al 3 de mayo.

Lazo, A.V. (1999/2000), “Marital fertility in Brazil: differential by type of union and its importance in the fertility transition, 1976-1995”, Revista Brasileira de Estudos de População, vol. especial en inglés, Nº 2.

Lesthaeghe, R. (1995), “The second demographic transition in Western countries: an interpretation”, Gender and Family Change in Industrialized Countries, K.O. Masony y A. Jensen (eds.), Nueva York, Oxford University.

Marcondes, G.S. (2011), “La normalización jurídica de la familia, vida conyugal y reproducción en Brasil”, Nupcialidad y familia en la América Latina actual, Serie Investigaciones, Nº 11, G. Binstock y J.M. Vieira (coords.), Río de Janeiro, Asociación Latinoamericana de Población (ALAP).

Medeiros, M. (2001), “Trajetória do welfare State no Brasil: papel redistributivo das políticas sociais dos anos 30 aos anos 1990”, Texto para discussão, Nº 852, Brasilia, Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA).

Quilodrán, J. (2011), “Un modelo de nupcialidad postransicional en América Latina?”, Nupcialidad y familia en la América Latina actual, Serie Investigaciones, Nº 11, G. Binstock y J.M. Vieira (coords.), Río de Janeiro, Asociación Latinoamericana de Población (ALAP).

____(2008), “Los cambios en la familia vistos desde la demografía: una breve reflexión”, Estudios demográficos y urbanos, vol. 23, Nº 1, enero-abril.

Slenes, R. W. (1999), Na senzala, uma flor: esperanças e recordações na formação da família escrava-Brasil, sudeste, século XIX, Rio de Janeiro, Nova Fronteira.

Stolcke, V. (2006), “A new world engendered: intersections. The making of the Iberian transatlantic empires - XVI to XIX centuries”, Estudos Feministas, vol. 14, Nº 1, enero-abril.

Therborn, G. (2006), Sexo e poder: a família no mundo, 1900-2000, São Paulo, Contexto.

Van de Kaa, Dirk J. (2002), “The Idea of a Second Demographic Transition in Industrialized Countries”, documento presentado en el “Sixth Welfare Policy Seminar of the National Institute of Population and Social Security”, Tokio, 29 de enero.

Verona, A.P. y otros (2015), “First conjugal union and religion: signs contrary to the second demographic transition in Brazil?”, Demographic Research, vol. 33.

[1] Profesora doctora del Departamento de Demografía del Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas (IFCH) e investigadora del Núcleo de Estudios de Población (NEPO), Universidad Estadual de Campinas (UNICAMP). Proyecto desarrollado con el apoyo de una beca de investigación de la Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior (CAPES) del Ministerio de Educación de Brasil-Proceso Nº BEX 10091/13-0.

[2] Enmienda Constitucional Nº 66 del 13 de julio de 2010. El vínculo del matrimonio se puede disolver mediante el divorcio sin necesidad de previa separación judicial por más de un año o de comprobada separación de hecho por más de dos años [en línea] http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc66.htm [fecha de consulta: 8 de marzo de 2015].

[3] El salario mínimo nacional en 2015 era de 788 reales, poco más de 250 dólares (1 dólar = 3,13 reales, el 9 de marzo de 2015).

[4] Da Matta (1996) examinó un punto de vista alternativo sobre el significado cultural de los documentos en el Brasil y de su posesión como signo de ciudadanía.

[5] Ley 9.278, del 10 de mayo de 1996, conocida como Ley de la Unión Estable [en línea] http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9278.htm [fecha de consulta: 16 de agosto de 2015].

[6] De acuerdo con los criterios aplicados por el Ministerio de Previsión Social, el interesado que necesite comprobar la unión estable debe presentar un mínimo de tres pruebas. Se aceptan como pruebas el certificado de nacimiento de un hijo en común, la declaración del impuesto sobre la renta del asegurado en que conste el interesado como su dependiente, la prueba de mismo domicilio, la titularidad de una cuenta bancaria conjunta, entre otros documentos que demuestren la existencia de la unión. Véase la lista completa de pruebas aceptadas como demostración de que una unión estable existe o existió en el sitio del Ministerio de Previsión Social [en línea] http://www.previdencia.gov.br/servicos-ao-cidadao/informacoes-gerais/dependentes/ [fecha de consulta: 16 de agosto de 2015].

[7] El Population Analysis System (PAS) puede descargarse del sitio [en línea] http://www.census.gov/population/international/software/pas/ [fecha de consulta: 26 de enero de 2015].

[8] La documentación referente al Criterio Brasil y a las modificaciones que sufrió en los últimos años se encuentra disponible [en línea] http://www.abep.org/new/criterioBrasil.aspx (fecha de consulta: 15 de marzo de 2014).

[9] Lamentablemente, en la DHS de 1986 se recogieron datos de mujeres con un máximo de 44 años, mientras que las otras dos encuestas utilizadas en este estudio extendieron la recolección de datos a mujeres de hasta 49 años.

[10] Aquí se aplica el método P2/F2.

[11] En el censo de 1940 la información sobre la “forma de unión” se recogió con respecto a las parejas en que uno de los cónyuges había sido declarado jefe de familia. Esta pregunta no se hacía en relación con otras personas declaradas como dependientes (Andrade, 1954). En el curso de la entrevista, en el momento en que se indicaba la relación de cada individuo con el jefe de familia, al mencionar al cónyuge se indagaba la “forma de unión” mediante las siguientes opciones: matrimonio civil, matrimonio exclusivamente religioso y uniones libres (lo que hoy denominaríamos uniones consensuales o estables). Entre 1950 y 1980, se preguntó a cada persona: “Si vive en compañía de cónyuge —esposa(o), compañera(o), etc.— indicar la naturaleza de la unión: matrimonio civil y religioso, solo matrimonio civil, solo matrimonio religioso, otro”. Solo a partir del censo de 1991, por lo tanto después de la Constitución de 1988, el término “otro” fue sustituido por “unión consensual”. Lamentablemente, los microdatos disponibles para los investigadores son aquellos a partir de 1970.

Las posibilidades de las fuentes de información sociodemográficas para el monitoreo del derecho a la salud de las personas mayores en la Argentina, 1999-2013[1]

María Marta Santillán Pizarro [2]

Bruno Sebastián Ribotta [3]

Laura D. Acosta [4]

Recibido: 10/11/15

Aceptado: 24/12/15

Resumen

En el artículo se propone analizar y sistematizar el alcance, las limitaciones y los desafíos de las fuentes de información producidas oficialmente en la Argentina en los últimos 15 años, para el monitoreo del ejercicio del derecho a la salud de las personas mayores. Se realiza una compilación de indicadores propuestos principalmente por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el marco de diferentes conferencias internacionales y se analizan las posibilidades de implementación, con una mirada desde el enfoque basado en los derechos humanos. Entre las principales conclusiones, se destaca que la Argentina cuenta con un conjunto de fuentes de información que permiten abordar una cantidad importante de indicadores. Sin embargo, para medidas clave en este grupo poblacional, las principales fuentes de información no permiten monitorear diferencias entre distintos grupos socioeconómicos y geográficos ni su evolución, por lo que no admiten una mirada desde el enfoque de derechos.

Palabras clave: personas mayores, derechos humanos, fuentes de datos, monitoreo de derechos humanos, indicadores.

Abstract

This article analyses and systematizes the scope, limitations and challenges of official sources of information in Argentina over the past 15 years in order to monitor exercise of the right to health care by older persons. It includes a compilation of indicators, mostly proposed by the Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE) – Population Division of ECLAC in the framework of various international conferences, and analyses the possibilities of implementation from a human rights perspective. One of the main conclusions is the fact that Argentina has a set of information sources that allows a large number of indicators to be addressed. However, the main sources of information for key measures in this population group do not support tracking of differences between socioeconomic and geographical groups, or their development, which means that they do not admit an approach based on the human rights perspective.

Keywords: older persons, human rights, data sources, human rights monitoring, indicators.

Résumé

Cet article tente d’analyser et de systématiser la portée, les contraintes et les défis des sources d’information produites officiellement en Argentine ces 15 dernières années, pour le suivi de l’application du droit à la santé chez les personnes âgées. On élabore une compilation d’indicateurs proposés principalement par le Centre de démographie d’Amérique latine et des Caraïbes (CELADE) et la Division de la population de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) dans le cadre de différentes conférences internationales et on analyse leurs possibilités de mise en œuvre depuis une optique fondée sur les droits humains. Il se dégage des principales conclusions que l’Argentine bénéficie de nombreuses sources d’information permettant d’aborder une quantité importante d’indicateurs. Cependant, pour effectuer des mesures fondamentales de ce groupe de la population, les principales sources d’information ne permettent pas de repérer les différences entre les différents groupes socio-économiques et géographiques ni de suivre leur évolution, et de ce fait n’incluent pas une approche fondée sur les droits.

Mots-clés: personnes âgées, droits de l’homme, sources de données, suivi des droits humains, indicateurs.

Introducción

En los últimos años, los países han experimentado, con diversos matices, significativos progresos en la disminución de la mortalidad en todas las edades, con lo que se ha logrado aumentar la esperanza de vida, al mismo tiempo que se ha mejorado la salud de la población. Simultáneamente, con diferencias en el ritmo y la intensidad, se ha reducido la cantidad de hijos por mujer. Estos cambios han conducido a un proceso de envejecimiento de la población, caracterizado por el aumento relativo de la población de personas de 60 años y más, con una vejez cada vez más prolongada (CEPAL, 2004b; UNFPA, 2012; Naciones Unidas, 2013). En este escenario, se incrementa la demanda de servicios de salud de la población de personas mayores, a la vez que se modifica el perfil epidemiológico: desde la prevalencia de patologías infecciosas y parasitarias hacia el aumento de tumores, enfermedades de tipo degenerativo y accidentes (CEPAL, 2008).

En el marco de los derechos humanos, la salud se presenta como un derecho elemental cuyo ejercicio por parte de la población de personas mayores se encuentra fuertemente amenazado por el deterioro natural en esta etapa de la vida, al que se suman las posibilidades de acceso a sistemas de salud de calidad, cuestiones que se vinculan a factores como las condiciones socioeconómicas adversas y el hecho de residir en zonas geográficas rezagadas, entre otros.

Así, frente al proceso de envejecimiento de la población, que ocurre con diferencias de ritmo y en el contexto socioeconómico de cada país (Chackiel, 1999), la comunidad internacional ha instado a los Estados a avanzar en la protección de los derechos de las personas mayores y muy especialmente del derecho a la salud. Tal fue el caso de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento (2002), en que se propuso el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, que posteriormente se complementó en la región con la Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2003). Luego se produjo su reafirmación en la Declaración de Brasilia (2007), la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe (2012) y el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (2013). El último hito en esta materia lo representa la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, de la Organización de los Estados Americanos (OEA), aprobada en junio de 2015 y firmada por cinco países, incluida la Argentina.

En estos instrumentos, en términos generales, se reconocen las problemáticas de las personas mayores y se insta a los países a realizar acciones para avanzar en la protección de sus derechos, a fin de garantizar su bienestar y calidad de vida. En este aspecto, adquiere fundamental importancia la protección del derecho a la salud y el bienestar en la vejez, que constituye una de las tres temáticas principales del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento[5]. Ahora bien, para que estas acciones se transformen efectivamente en una garantía del derecho a la salud, el monitoreo de la situación de las personas mayores es fundamental. En este sentido, el Plan de Acción Internacional de Madrid y la Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento han sido claves en destacar la importancia de contar con datos estadísticos que posibiliten identificar prioridades y detectar brechas tanto en el estado de salud como en el acceso a los servicios –cuestiones relevantes para la planificación, gestión y evaluación de los servicios sanitarios– y que a la vez permitan rendir cuentas y transparentar las acciones a la población en general (Naciones Unidas, 2003b). Por este motivo, se han realizado propuestas de sistemas de indicadores para colaborar con los países en la producción de sus propias estadísticas.

La Argentina conjuntamente con el Uruguay constituyen dos casos particulares dentro de América Latina, ya que en ellos el proceso de envejecimiento se inició mucho antes que en el resto de los países de la región (Chackiel, 2004). Este acelerado proceso de envejecimiento plantea un desafío mayor a la hora de implementar y monitorear políticas tendientes a mejorar el bienestar de las personas mayores, en especial aquellas relacionadas con la salud de este grupo poblacional.

En este contexto, en este artículo se propone analizar y sistematizar el alcance, las limitaciones y los desafíos en materia de las fuentes de información producidas oficialmente en la Argentina en los últimos 15 años, para el monitoreo del ejercicio del derecho a la salud de las personas mayores. Se espera identificar los desafíos pendientes en el diseño de instrumentos de recolección y técnicas de procesamiento de los datos necesarios para dar seguimiento a las obligaciones contraídas en esta materia, a fin de ofrecer sugerencias para la mejora de los registros estadísticos y, al mismo tiempo, contribuir al incremento de su utilidad para el diseño y la implementación de políticas públicas.

A. Antecedentes y marco teórico y conceptual

1. Reconocimiento de la salud como derecho

Recordemos las implicancias de que la salud sea reconocida como un derecho humano. Por un lado, los Estados que adhieren a los tratados de derechos que la entienden como tal se identifican como principales sujetos de obligaciones. Ello se traduce en el compromiso de realizar los esfuerzos que resulten necesarios para avanzar en el respeto, la protección y la garantía de este derecho. Dichos esfuerzos se refieren a adecuar la normativa, diseñar e implementar políticas y programas tendientes a su cumplimiento y, al mismo tiempo, monitorear las acciones efectuadas y los logros alcanzados en términos del ejercicio del derecho por parte de la población, cuyos integrantes son considerados sujetos de derechos.

En reconocimiento de los compromisos asumidos y de la particular condición de vulnerabilidad de las personas mayores, y con el objeto de promover que los países incorporen en sus agendas la problemática de estas, los organismos internacionales han celebrado diferentes conferencias de las que han surgido recomendaciones a los países para la toma de decisiones respecto a las prioridades básicas sobre el envejecimiento y las personas mayores, como la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento (2002), en que se propuso el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento.

De manera complementaria, los países de la región definieron, en 2003, las prioridades para la implementación del Plan de Acción Internacional de Madrid, en la denominada Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, en que se plantean las especificidades regionales de los ejes temáticos de dicho Plan. Para la aplicación y seguimiento de la Estrategia Regional, se propuso, como uno de los objetivos, la “elaboración e implementación de un sistema de indicadores específicos que sirva de referencia en el seguimiento y evaluación de la situación de las personas mayores a nivel nacional y regional” (párrafo 51).

Para alcanzar ese objetivo, se solicitó apoyo técnico a los organismos internacionales. En respuesta al requerimiento, se realizaron diferentes propuestas de sistemas de indicadores relativos a las condiciones de vida de las personas mayores. En todos ellos se pone de relieve la salud como uno de los temas principales. En el ámbito de las Naciones Unidas y en la región, la CEPAL, y especialmente el CELADE-División de Población de la CEPAL, han sido pioneros en este sentido (CEPAL, 2004a). Entre las diferentes propuestas se encuentra el Manual sobre indicadores de calidad de vida en la vejez (CEPAL, 2006), en que se recopilan un conjunto de indicadores que pueden obtenerse con las fuentes de datos disponibles en los países de la región. Posteriormente, el CELADE realizó una propuesta metodológica de contenidos que podrían incluirse en las encuestas de hogares en las tres áreas fijadas como prioritarias en el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento y en la Estrategia Regional de Implementación (CEPAL, 2008). Asimismo, en 2008, el CELADE creó el Sistema Regional de Indicadores sobre Envejecimiento (SISE), que reúne todas las medidas que pueden obtenerse a partir de datos censales de las rondas del período comprendido entre 1990 y 2000.

2. Prioridades temáticas de los indicadores de salud de las personas mayores

El CELADE-División de Población de la CEPAL reconoce que diseñar una propuesta de un sistema de indicadores para las personas mayores es una tarea compleja. Sin embargo, existen consensos de los que surgen distintos planteamientos que es importante rescatar. Asimismo, destacan como asuntos pendientes la necesidad de estandarizar los indicadores, tanto en lo conceptual como en lo metodológico, así como de optimizar el uso de las fuentes de datos (estadísticas vitales, censos y encuestas) y complementarlas con la creación de encuestas específicas (CEPAL, 2008). En este apartado se presentan observaciones y recomendaciones que el CELADE ha realizado en diversas publicaciones.

En una de ellas, se afirma que los indicadores de salud deben revelar tanto los estados de salud asociados a la presencia de patologías y factores de riesgo como los que se refieren al acceso a servicios de salud (CEPAL, 2006).

En otra de las propuestas se señala que los indicadores deben referirse a la condición sanitaria de la población, al uso que se hace de los servicios de salud y a los factores socioeconómicos y ambientales que los afectan (Naciones Unidas, 2003b, citado en CEPAL, 2008). Como ejes temáticos de los indicadores, a continuación se presentan las principales ideas y conceptos planteados por la CEPAL (2008).

Se destaca que las mejoras en la esperanza de vida han redundado en una vejez progresivamente más larga, que origina nuevas demandas en salud y en la que el riesgo de sufrir enfermedades crónicas y discapacidades se incrementa. Por ello, es importante contar con información relativa a enfermedades crónicas, estado funcional cognitivo y autopercepción en salud de la población.

Asimismo, la CEPAL recalca que “el envejecimiento saludable se encuentra estrictamente asociado al control adecuado de los factores de riesgo y a la práctica de actividades de prevención en salud” (CEPAL, 2008, pág. 45). Reconoce, además, la necesidad de contar con información relacionada con la salud sexual y reproductiva, concepto que es necesario redefinir para adaptarlo a la población de personas mayores.

Otro de los temas mencionados es la dependencia, especialmente por la composición de la población de edad avanzada, frente a la cual se requieren instrumentos objetivos que permitan, por una parte, identificar las necesidades de atención en función de los diferentes grados y niveles de dependencia y, por otra, encontrar la respuesta más adecuada y de calidad a través de prestaciones de cada uno de los servicios existentes (Fontanals, 2007, citado en CEPAL, 2008, pág. 45).

Se enfatiza también la satisfacción con la vida como un tema relevante. En este sentido, se señala que la dependencia en la vejez “parece estar más determinada por la autopercepción del individuo (en la que incluye su situación económica, sus recursos culturales, sus redes sociales, o por el contrario el grado de soledad en el que se encuentre, entre otros aspectos) que por su estado físico objetivo y el diagnóstico médico” (CEPAL, 2008, pág. 46).

Por último, se destaca la importancia de contar con información relacionada con el acceso y la protección en materia de salud, que “en el primer caso, permite conocer el volumen y la distribución de las atenciones de salud a las personas de edad, la disponibilidad de recursos para estos fines, así como las barreras de acceso que hay que franquear para satisfacer efectivamente la demanda práctica del derecho a la salud que ejerce este grupo humano. La segunda permite evaluar la cobertura de los seguros de salud y el nivel de gasto de los hogares por atención, servicios y prestaciones sanitarias, que pueden afectar en mayor o menor medida el presupuesto familiar” (CEPAL, 2008, pág. 46).

3. La salud como derecho: el enfoque basado en los derechos humanos

Una cuestión central del Plan de Acción de Madrid sobre el Envejecimiento y de la Estrategia Regional para su implementación es que la salud se entiende como un derecho humano. En consecuencia, consideramos como un aspecto esencial que los indicadores de salud de las personas mayores, además de referirse a las temáticas señaladas en el apartado anterior, incorporen el enfoque basado en los derechos humanos, que se caracteriza por sintetizar los principios fundamentales que están presentes en todos los instrumentos de derechos humanos y que deben considerarse en la planificación, la ejecución, el monitoreo y la evaluación de acciones que plantean avanzar en la garantía de los derechos reconocidos en sus textos (Nyamu-Musembi y Cornwall, 2004; Naciones Unidas, 2003b; Naciones Unidas, 2006).

Del conjunto de principios contemplados en el enfoque basado en los derechos humanos, para el desarrollo del presente trabajo se consideran especialmente los siguientes: la igualdad y no discriminación, y el avance y no retrocesión. De manera resumida, estos principios implican que todas las personas tienen los mismos derechos, por lo que no pueden aceptarse las diferencias injustas; que, a lo largo del tiempo, el ejercicio de los derechos debe incrementarse (y nunca debe volverse a estados anteriores), y que esos avances deben producirse en todos los sectores sociales, culturales y geográficos. Al mismo tiempo, dado que se reconoce la presencia de inequidades en lo que respecta a las condiciones en que se ejercen los derechos (existiendo, incluso, situaciones en que los derechos no pueden ser realizados), se propone priorizar a los sectores más vulnerables, para reducir las brechas entre estos y los más favorecidos.

En este punto es importante realizar una aclaración conceptual y metodológica. Paul Hunt, entonces Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos, propuso una clasificación de los indicadores de derechos humanos en que se distinguen indicadores estructurales, de proceso y de resultado. Los primeros se refieren a las intenciones de los Estados de cumplir con los compromisos asumidos en virtud de la ratificación de un tratado de derechos; los indicadores de proceso se refieren a las acciones realizadas y los de resultado a los logros alcanzados (Naciones Unidas, 2003a). Esta clasificación fue aceptada y complementada con propuestas posteriores (CIDH/OEA, 2008).

Los indicadores que se abordan en el presente documento que, como se mencionó, han sido sugeridos por diferentes organismos, son indicadores de resultado, de acuerdo con la clasificación mencionada. Específicamente, se refieren al ejercicio del derecho, tanto al acceso a los servicios de salud como al estado de salud y los factores asociados. Por tanto, si bien no es posible afirmar que los indicadores se proponen como indicadores de derecho, ya que solo responden a una dimensión (la de resultado), sí es importante señalar que los indicadores se plantean con enfoque de derechos, ya que incorporan los principios fundamentales en los que se basa dicho marco.

Por último, cabe señalar que, aun cuando las políticas no han sido formuladas con el enfoque basado en los derechos humanos, la posibilidad de que los indicadores se basen en él permite poner en evidencia situaciones de desigualdad, así como de vulnerabilidad y prácticas discriminatorias, lo que abre la posibilidad de corregirlas (Borja, García e Hidalgo, 2011).

B. Metodología

En primer lugar, se identifican las áreas temáticas, temas e indicadores reconocidos como relevantes en los antecedentes consultados (CEPAL, 2004b; CEPAL, 2006; CEPAL, 2008) para el monitoreo del derecho a la salud de las personas mayores. Según estos antecedentes, las áreas temáticas se pueden sintetizar en las siguientes:

•Mortalidad y sus causas

•Estado de salud

•Estilos de vida y factores de riesgo

•Atención en salud de las personas mayores

•Actividades preventivas en salud

•Salud sexual y reproductiva

A continuación, se vinculan las necesidades de información implícitas en dichos indicadores con las posibilidades brindadas por las principales fuentes de datos secundarios producidas en el país entre 1999 y 2013, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: periodicidad, disponibilidad de la información básica para el cálculo de los indicadores y desagregación (geográfica, social, cultural y etaria).

Como guía transversal para el análisis se aplica el enfoque basado en los derechos humanos. Ello implica que los datos que se utilicen deben reunir una serie de condiciones esenciales: para verificar si se cumple el principio de igualdad y no discriminación, deben poder desagregarse en sectores sociales, geográficos, culturales y/o etarios, a efectos de posibilitar la observación de una misma situación en distintas poblaciones[6]; para indagar si se cumple el principio de avance y no retrocesión, es necesario contar, al menos, con dos mediciones en el tiempo comparables entre sí[7]; finalmente, la información debe estar disponible para una gran diversidad de temas, de manera que permita la construcción de los indicadores fundamentales para reflejar de manera fidedigna cualquier aspecto de la realidad que se analice.

En los aspectos mencionados, las fuentes de información que posibilitan calcular cada indicador son claves, ya que de ellas depende que sea posible desagregar a un determinado nivel y efectuar comparaciones en el tiempo. A continuación se comentan estos aspectos.

C. Fuentes de información

En la Argentina, las fuentes de información que permiten captar información sobre la situación de las personas mayores son las siguientes[8]:

•Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2001.

•Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2010.

•Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), de 2001.

•Encuesta sobre Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE), del período 1999-2000.

•Estadísticas de Defunción. Informe Estadístico implementado en 2001 (EEVV).

•Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) de 2005, 2009 y 2013.

•Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores (ENCaViAM), de 2012.

•Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (ENDI), del período 2002-2003.

Cada una de estas fuentes tiene características diferentes, que habilitan las posibilidades de comparación en espacio y tiempo, como se propone hacer en el caso de los indicadores de derechos. Los censos presentan la ventaja de relevar información sobre toda la población, por lo que las estimaciones son bien representativas y permiten los mayores niveles de desagregación posibles, tanto geográfica como por condiciones sociodemográficas. Sin embargo, son bastante limitados en cuanto a las temáticas. Por el contrario, las encuestas mencionadas abordan temas más específicos e incluyen una batería de preguntas más completa. Su desventaja radica en que se realizan sobre una muestra de la población que, si bien puede ser representativa del país como un todo[9], presenta limitaciones a la hora de desagregar la información. Para ello, se definen los “dominios de estimación”, que son aquellas subdivisiones del universo (geográficas, generalmente) en que las muestras son representativas, es decir, en que es posible desagregar los indicadores a dichos niveles.

En el cuadro 1 se pueden observar las principales características de las fuentes de información mencionadas. Otro aspecto que se debe considerar en el caso de algunas fuentes es que, si bien los dominios de estimación para la muestra permitirían desagregar la información a nivel de regiones geográficas o provincias, la población de personas mayores es un subconjunto de población de cada relevamiento, por lo que dichos dominios no serían válidos.

Cuadro 1

Argentina: principales características de las fuentes de datos seleccionadas para captar información sobre la situación de las personas mayores

Fuente

Tipo de relevamiento

Número de personas de 60 años y más

Dominios de estimación a

Periodicidad

Cobertura territorial

Microdato publicado

Desagregación geográfica

(según dominios de estimación b

para el total de la población)

Desagregación

sociodemográfica

Urbana (U)

o rural (R)

Región

Provincia

Departamento

Fracción

Radio

Aglomerado

Sexo

Edad

Educación

Pobreza

Etnia

Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas

Censo

2001: 4 871 957

2010: 5 725 838

Hasta radio censal

2001 y 2010

(en general, cada diez años)

Todo el territorio nacional

Sí (en el Censo de 2010, cuestionario básico)

U/R

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Encuesta de Condiciones de Vida

Muestra

Total en el país: 8 550

Provincias: desde 99 (Tierra del Fuego) hasta 1986 (Buenos Aires)

Total del país urbano, región, totales provinciales de población urbana residente en hogares particulares (algunas provincias)

2001 (antecedente en 1997; no se replicó con posterioridad)

Localidades de 5 000 habitantes

y más

Sí

U

X

X c

X

X

X

X

Encuesta Nacional de Factores de Riesgo

Muestra

2005

Total en el país: 8 799 Provincias: desde 104 (Tierra del Fuego) hasta 974 (Buenos Aires)

2009

Total en el país: 7 945

Provincias: desde 111 (Tierra del Fuego) hasta 1 448 (Buenos Aires)

2013: base no disponible

2005

Total del país, regiones, provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires

2009

Se agregan aglomerados de 500 000 habitantes y más, y agrupamientos de aglomerados según tamaño de la población d

2005, 2009

y 2013

Localidades de 5 000 habitantes

y más

Sí (base no disponible para 2013)

U

X

X

X

(desde 2009)

X

X

X

X

Encuesta sobre Salud, Bienestar y Envejecimiento

Muestra

1 039

Gran Buenos Aires

1999-2000

Gran

Buenos Aires

Sí

U

X

X

X

X

X e

Estadísticas

de defunción

Registro continuo

2001: 212 979

2012: 248 600

Hasta departamento/partido

Registros continuos

Todo el territorio nacional

Sí (según solicitud)

-

X

X

X

X

X

X f

Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores

Muestra

4 624

Total nacional urbano

2012

Todo el territorio nacional urbano

Sí

U

X

X

X

Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad

Muestra

No se sabe (la base de datos Redatam produce resultados expandidos)

Total nacional urbano

2002-2003

Todo el territorio nacional urbano

Sí (muestra expandida)

U

X

X

X

X

X

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Encuesta nacional sobre calidad de vida de adultos mayores 2012. Documento para la utilización de la base de datos usuario, Buenos Aires, 2012; Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Documento metodológico preliminar, Buenos Aires, 2011; Encuesta nacional de factores de riesgo. Documento para la utilización de la base de datos usuario, Buenos Aires, Presidencia de la Nación/Ministerio de Salud/Secretaría de Deporte/Ministerio de Desarrollo Social, 2010; “Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 (censo 2001). Metodología para la reconstrucción de las viviendas”, Serie Hábitat y Vivienda DT, Nº 14, 2004; La nueva Encuesta Permanente de Hogares de Argentina, 2003 [en línea] http://www.indec.mecon.gov.ar; “Aspectos metodológicos del Censo 2001”, Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001. Resultados provisionales, 2002 [en línea] www.indec.mecon.gov.ar; Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO), Objetivos y metodología. ECV 2001, Buenos Aires, Presidencia de la Nación, 2001; C. Albala y otros, “Encuesta Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE): metodología de la encuesta y perfil de la población estudiada”, Revista Panamericana de Salud Pública, vol. 17, Nº 5/6, 2005; Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), Manual del usuario de las bases de datos SABE, Washington, D.C., 2004 y M. Fernández y otros, Omisión de registro de nacimientos y muertes infantiles: magnitud, desigualdades y causas, Buenos Aires, Organización Panamericana de la Salud (OPS)/Ministerio de Salud de la Argentina, 2008.

a Dominio es cualquier subdivisión de población acerca de la cual se puede dar información numérica de precisión conocida.

b Se realiza sobre capitales de provincia y ciudades de más de 100.000 habitantes, aunque incluye algunas ciudades que no cumplen con estos criterios.

c Solo para 14 provincias, con suficientes unidades primarias de muestreo seleccionadas para el diseño de la muestra.

d Las categorías son: de 5.000 a 100.000 habitantes; de 100.001 a 500.000 habitantes; de 500.001 a 1.500.000 habitantes; más de 1.500.000 habitantes. Véase [en línea] http://www.indec.gov.ar/ftp/cuadros/menusuperior/enfr/doc_base_usuario_enfr2009.pdf.

e Si bien se incluye una pregunta sobre condición étnica, no es incluida en la base de datos.

f La variable sobre nivel educativo se incluye en el cuestionario, pero tiene un porcentaje de datos ignorados sumamente elevado. No se difunde en las publicaciones de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS).

D. Resultados

En esta sección se expone, por áreas temáticas, el análisis de la información disponible para el cálculo de los indicadores sobre situación de salud de las personas mayores, que se complementa con la síntesis que se presenta en el cuadro A1.1 del anexo.

1. La mortalidad y sus causas

Como se observa en el cuadro A1.1, todos los indicadores de esperanza de vida (al nacer, a los 60 años y a los 80 años), así como las tasas de mortalidad general y por causas seleccionadas pueden calcularse con los registros de Estadísticas de Defunción de la Argentina. En relación con esta fuente, según datos de la División de Estadísticas de las Naciones Unidas (2014), la Argentina presentaba un porcentaje de subregistro de la mortalidad del 1% en 2009. Además, presentaba un 8,4% de causas de muerte mal definidas en 2011, otro indicador que informa sobre la calidad de los registros vitales (Gawryszewski y otros, 2013). Esta constituye una cifra intermedia comparada con las de otros países de América Latina, pero que dista de ser la ideal.

En relación con el principio de igualdad y no discriminación, los datos de las estadísticas de defunciones de la Argentina permiten desglosar los indicadores según edad, sexo y área geográfica, hasta el nivel de departamentos. En la mayoría de los casos no es posible determinar tasas de mortalidad a dicho nivel geográfico, debido al bajo número de casos observados en algunos departamentos. Además, existen deficiencias en el registro de variables sociales, como el nivel educativo (Ribotta, 2013).

Los registros de defunciones en la Argentina poseen una periodicidad anual, por lo que permiten evaluar el principio de avance y no retrocesión.

2. Estado de salud

a) Enfermedades crónicas

En cuanto a la prevalencia de enfermedades crónicas, el mayor número de indicadores son obtenidos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) y la Encuesta sobre Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE). En los indicadores propuestos por las fuentes se diferencia entre los relacionados con enfermedades crónicas transmisibles y con enfermedades crónicas no transmisibles. Se puede observar que existe una carencia en las fuentes de datos analizadas en relación con la medición de la prevalencia de enfermedades crónicas transmisibles, de las cuales la SABE solo recoge información sobre la tuberculosis[10].

A diferencia de la encuesta SABE, en la ENFR no se registran en profundidad todas las enfermedades crónicas no transmisibles (por ejemplo, el cáncer). En la ENFR de 2013, se incorporaron preguntas acerca de otras enfermedades crónicas no transmisibles (patologías cardíacas, accidente cerebrovascular, enfermedad renal crónica y enfermedad pulmonar obstructiva crónica).

Como aspecto negativo en relación con el relevamiento de datos de la ENFR y la SABE, se podría indicar el hecho de que no se realizó ninguna medición para la determinación de las enfermedades crónicas no transmisibles, sino que los datos se obtuvieron mediante autorreporte, lo que podría relacionarse con un subregistro de las enfermedades (Ferrer, 2000). Sin embargo, se realizó un estudio para analizar la correlación entre los diversos autorreportes y las mediciones de salud (presión arterial, nivel de glucemia y otros), observándose una buena correlación entre ambas medidas (MSN, 2004).

En relación con el principio de igualdad y no discriminación, la ENFR permite observar las diferencias según edad, sexo y nivel educativo. Si bien la representatividad es provincial, no podría asegurarse para las personas mayores, ya que constituyen una submuestra del dominio. Por otra parte, la periodicidad que contempla la ENFR permite evaluar el avance o retroceso en cada uno de los indicadores. Por su parte, los indicadores obtenidos de la encuesta SABE solo permiten obtener información para el Gran Buenos Aires y la encuesta no se ha repetido en el tiempo.

b) Enfermedades mentales

Existe escasa información acerca de los trastornos mentales que sufren las personas mayores de la Argentina (véase el cuadro A1.1 en el anexo). En la SABE se midieron la depresión y el deterioro cognitivo mediante escalas específicas, por lo que esta encuesta constituye un importante antecedente.

La Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (ENDI), por su parte, permite obtener la prevalencia de la discapacidad mental, pero no es posible obtener información sobre diagnóstico (solo indica si se trata de retraso mental o problema mental).

En la ENFR, se incorpora un ítem en que se indaga si la persona “se ha sentido ansiosa o deprimida en el día de hoy”. Esto presenta dos limitaciones: por una parte, la ansiedad y la depresión corresponden a dos patologías mentales diferentes y, por otro, al no considerarse un período de tiempo adecuado, la información obtenida no puede dar un indicio cierto de las necesidades de atención en salud mental.

En la Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores (ENCaViAM) se incorporó una serie de preguntas sobre depresión, para indagar si la persona había sido diagnosticada con depresión y si recibía tratamiento para esa enfermedad. Con respecto al deterioro cognitivo, únicamente se puede apreciar la autopercepción de la memoria, que es solo un aspecto de la valoración cognitiva de la persona mayor.

Otro de los aspectos relacionados con la salud mental se refiere al consumo de sustancias psicoactivas. En la Argentina, se ha elaborado la Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de Sustancias Psicoactivas (ENPRECoSP), que se realizó en 2008 y 2011, que no contempla a las personas mayores. Los escasos indicadores disponibles en relación con la salud mental de las personas mayores provienen de la ENDI y la ENCaViAM. Ambas encuestas han sido realizadas una sola vez y sus resultados no son comparables, de modo que no se pueden observar cambios en el tiempo. Por otra parte, estas fuentes permiten desagregar la información por sexo, edad, nivel educativo y situación de pobreza (ENCaViAM), hasta el nivel regional.

c) Capacidad funcional

La discapacidad funcional (o dependencia) se refiere específicamente a las limitaciones en la realización de las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) y las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD). Este aspecto adquiere un interés fundamental en el caso de la población de personas mayores, ya que la capacidad funcional se ve disminuida por procesos propios del envejecimiento, así como debido a las enfermedades crónicas que prevalecen en esta etapa de la vida (Rodríguez y Alfonso, 2006).

En algunas de las fuentes de información disponibles en la Argentina se encuentra la medición de ciertas discapacidades, como ocurre con los Censos de 2001 y 2010. En el caso del primero, las indagaciones sobre discapacidad constituyeron el marco para la Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENDI), realizada en el período 2002-2003. Esta fuente de datos es de utilidad para determinar el número y la proporción de personas mayores con algún tipo de discapacidad, pero no para determinar la magnitud de la discapacidad funcional (dependencia) de la población de personas de edad. Ya que la muestra solo considera a la población con algún tipo de discapacidad (auditiva, visual, motora o mental), no está incluida la población de personas mayores que no tienen ninguna de estas discapacidades, pero que presentan alguna limitación en la realización de las Actividades Básicas de la Vida Diaria o las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria.

En la encuesta SABE se captan con detalle las dificultades para la realización de las ABVD y las AIVD, en secciones específicas. En este mismo aspecto, la ENFR presenta tres ítems relacionados con la realización de las ABVD, lo que, si bien no es suficiente, constituye una aproximación sobre las dificultades funcionales que pueden enfrentar las personas mayores.

En la ENCaViAM se recoge con mayor exactitud la discapacidad funcional. Además, se indaga acerca de la disponibilidad de ayuda para llevar a cabo las Actividades Básicas de la Vida Diaria y las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria.

Si bien la mayor información sobre la discapacidad funcional se obtiene de la SABE y la ENCaViAM, estas encuestas presentan la limitación de que, en cada caso, solo se ha realizado una medición en el tiempo y los datos no pueden desagregarse totalmente. Cabe destacar que la información sobre dependencia en la vejez es fundamental para la formulación de políticas de cuidado; por lo tanto, es imprescindible que la información esté disponible con desagregación a nivel provincial.

d) Autopercepción de salud

La autopercepción de salud en la ancianidad se asocia a un mayor riesgo de mortalidad, independientemente de evaluaciones más objetivas que puedan realizarse en función de enfermedades crónicas y deterioros (Yanguas, 2006). Constituye un indicador útil para indagar el estado de salud de la población de personas mayores y, a su vez, para establecer políticas públicas dirigidas a promover la salud con igualdad de oportunidades.

Este indicador ha sido relevado en la Encuesta sobre Salud, Bienestar y Envejecimiento, la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo y la Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores. Los datos de la ENFR, además, permiten comparar la prevalencia de autopercepción de salud negativa en la población de personas mayores con la que se registra en la población adulta y adulta joven. Debido a que existe información en diferentes momentos de tiempo, se garantiza la posibilidad de monitorear el cumplimiento de los principios del enfoque basado en los derechos humanos.

e) Satisfacción con la vida

En CEPAL (2008), se consideran una serie de preguntas como referencia para la construcción del indicador sobre satisfacción con la vida por parte de las personas mayores. Todas esas preguntas están contempladas en la encuesta SABE realizada en la Argentina.

Otra aproximación muy adecuada al mismo concepto puede obtenerse a partir de la ENCaViAM. En ella se toma como punto de partida el concepto de satisfacción vital de Diener y otros (1985), que la conciben como una valoración global que la persona hace sobre su vida, comparando sus logros con sus expectativas. Dicha encuesta incluye el cuestionario de satisfacción compuesto por cinco ítems que proponen los autores mencionados.

En cuanto al monitoreo de los principios del enfoque basado en los derechos humanos, estas fuentes, como se mencionó antes, no lo pueden garantizar completamente.

f) Otros problemas de salud en la vejez

En el Manual sobre indicadores de calidad de vida en la vejez (CEPAL, 2006) se propone un módulo sobre otros problemas de salud en esa etapa de la vida. Para las personas mayores, las caídas constituyen un factor de riesgo, de dependencia y de mortalidad. Este indicador ha sido recogido en la SABE y en la ENCaVIAM. Asimismo, en ambos relevamientos se ha recogido información sobre pérdidas de piezas dentarias y problemas auditivos. Este último indicador también ha sido relevado en los Censos de 2001 y 2010, como se indicó en los apartados dedicados a la discapacidad.

3. Estilos de vida y factores de riesgo

Si bien los estilos de vida se refieren a conductas individuales, desde la perspectiva teórica de los determinantes sociales de la salud (OMS, 2009) se considera que los entornos físicos y psicosociales en que las personas nacen, crecen y viven influyen en las conductas de los grupos. Además, la estratificación social crea disparidades en el acceso a los sistemas de salud y su utilización, lo que da lugar a desigualdades en la promoción de la salud y el bienestar.

Esta área prioritaria, aunque no incluye indicadores que respondan directamente al monitoreo del derecho a la salud, se incorpora en este análisis ya que es sugerida en los documentos tomados como antecedente (CEPAL, 2006 y 2008). Además, se considera pertinente contar con información relativa a los hábitos y conductas de las personas, que sirva como insumo para la formulación y adecuación de las políticas públicas, entre ellas, las de promover medidas “para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles”, “fortalecer los factores protectores” e “implementar programas de educación sobre hábitos de vida saludable”[11].

La información respecto a estilos de vida y factores de riesgo se obtiene principalmente de la SABE y la ENFR, que recogen información sobre la realización de actividad física, consumo de alcohol y de tabaco, estado nutricional y dieta. Además, la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) reúne información sobre consumo de tabaco y realización de actividad física.

La disponibilidad de la información básica para el cálculo de los indicadores es más amplia en la SABE; sin embargo, en la ENFR, por sus características, está asegurada la posibilidad de analizar los principios del enfoque basado en los derechos humanos. El dato sobre prevalencia de factores de riesgo desagregado a nivel provincial, así como la evaluación de su evolución en el tiempo, es de suma importancia para diseñar o reformular las políticas y programas en relación con la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles.

4. Atención en salud de las personas mayores

a) Protección social en salud

En la mayoría de las fuentes de datos se puede obtener información sobre la cobertura de salud y el tipo de cobertura. No se ha relevado cierta información propuesta en CEPAL (2008), como la satisfacción con el seguro de salud o el porcentaje de personas mayores que no acceden a seguros de salud, según causas. Sin embargo, en el caso de este último indicador debe tenerse en cuenta que en la Argentina, además de contarse con un sistema público y universal, la proporción de personas mayores que no están cubiertas por seguros de salud (obra social o medicina prepaga) es del 10% (Roqué, 2012).

En cuanto a la información sobre el gasto en salud y medicamentos, la situación de las fuentes de datos de la Argentina es muy variable. Por ejemplo, la encuesta SABE releva información sobre gastos en consultas, medicamentos, internaciones y exámenes médicos. Además, se consulta por el costo de los remedios y cómo o quién los pagó (si corresponde). En otras fuentes, como la ENCaViAM y la ECV, se indaga si a la persona le indicaron medicamentos en el último mes, si los compró o no, y las causas por las cuales no compró los medicamentos indicados, lo que permite obtener un indicador interesante en relación con el acceso a medicamentos.

En cuanto al cumplimiento de los principios del enfoque basado en los derechos humanos, salvo la SABE, las fuentes de datos consideradas permiten la desagregación a nivel provincial, así como por otras variables de interés para analizar el principio de igualdad y no discriminación, al menos para la variable cobertura de salud. Además, permiten analizar el cumplimiento del principio de avance y no retrocesión. Sin embargo, puede suceder (por ejemplo, en el caso del acceso a medicamentos) que no exista un número suficiente de casos que posibilite obtener resultados por edad, sexo, nivel educativo o región.

b) Acceso a servicios

En la Encuesta sobre Salud, Bienestar y Envejecimiento, la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo y la Encuesta de Condiciones de Vida se encuentra información sobre las dificultades en el acceso a la atención médica. En la ENFR y la SABE se considera para cada patología crónica si la persona recibe tratamiento.

La ECV y la SABE permiten obtener información sobre internaciones que hayan ocurrido en los 12 meses anteriores. En la última encuesta, también se recaban datos sobre las consultas realizadas en los cuatro meses anteriores (incluida su frecuencia).

El resto de los indicadores no pueden ser obtenidos de las fuentes de datos consideradas. Se destaca como especialmente relevante el indicador propuesto por la CEPAL (2006) de tasa de cobertura de la atención médica geriátrica. Respecto del cumplimiento de los principios del enfoque basado en los derechos humanos, al menos para los indicadores posibles de obtener los datos necesarios se encuentran en la SABE, la ENFR y la ECV, lo que asegura la posibilidad de monitorear el cumplimiento de los principios de igualdad y no discriminación, y de avance y no retrocesión (en el caso de la ENFR). Sin embargo, nuevamente puede existir un número insuficiente de casos para la variable relacionada con las dificultades en el acceso a la atención médica, que dificulte su desagregación.

c) Servicios de cuidado de largo plazo en instituciones

Este indicador puede obtenerse a través de los Censos de 2001 y 2010, por lo que además se asegura la posibilidad de analizar el cumplimento de los principios del enfoque basado en los derechos humanos. Este indicador es de suma importancia para planificar los servicios sociales y de salud en el futuro, ya que se estima que el número de personas mayores que requieran cuidados de largo plazo aumentará en los próximos años (CEPAL, 2006).

5. Actividades preventivas en salud

En este apartado, se recoge información sobre la cobertura de vacunación y de algunas medidas de prevención secundaria (detección temprana y tratamiento oportuno) en relación con el cáncer de mama, de cuello de útero y de próstata. En la ENFR de 2013 se recogió información sobre la cobertura de la vacunación contra la gripe, influenza o neumonía, y en la encuesta SABE sobre la vacunación contra la gripe en el último año.

Respecto a la detección del cáncer, los exámenes para los tres tipos mencionados están contemplados en la SABE. En la ENFR solo se recogió información sobre la realización de exámenes para la detección del cáncer de mama y de cuello de útero, en el caso de las mujeres. Por otra parte, en la ENFR se recabó información sobre la realización de exámenes de detección del cáncer de colon en ambos sexos.

6. Salud sexual y reproductiva

La definición de salud reproductiva adoptada en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (aprobado en El Cairo en 1994) se refiere a funciones y procesos asociados a todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo. Se considera entonces que abarca a hombres y mujeres de cualquier edad. Por otra parte, la salud sexual está asociada a las condiciones de salud necesarias para vivir la sexualidad de forma placentera, saludable y segura (Arilha y otros, 2003). En el cuadro A1.1 se puede observar que existe escasa información sobre la salud sexual y reproductiva de la población de personas mayores. Solo es posible obtener información sobre la utilización de métodos anticonceptivos y de profilaxis frente a enfermedades de transmisión sexual de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de 2005 y de 2009, pero únicamente hasta los 65 años. En la ENFR de 2013 no se relevó esta información, debido a que se llevó a cabo ese año la Encuesta Nacional sobre Salud Sexual y Reproductiva (ENSSyR), que no se realizó en personas mayores.

En la ENCaViAM, existe una serie de preguntas sobre sexualidad como un primer acercamiento para comenzar a conocer sobre esta temática en la población de personas mayores del país, pero se requiere una mayor profundización para conocer cuáles serían los indicadores más adecuados que informen sobre la garantía del ejercicio de este derecho en este grupo poblacional.

Con la escasa información disponible en este aspecto no es posible garantizar, por tanto, el monitoreo del cumplimiento de los principios del enfoque basado en los derechos humanos considerados.

E. Conclusiones

De acuerdo con los resultados de la investigación, existe la posibilidad de construir un sistema de indicadores para el monitoreo del derecho a la salud de las personas mayores en la Argentina, sobre la base de las estadísticas oficiales de los 15 años analizados. Las fuentes de información disponibles permiten abarcar, en líneas generales, todas las temáticas planteadas como relevantes, aunque no todos los indicadores propuestos. Entre las temáticas más críticas, debido a la menor cantidad de indicadores posibles de medir, se encuentran las enfermedades mentales, el acceso a los servicios de salud y, muy especialmente, la salud sexual y reproductiva.

Por otra parte, respecto a las limitaciones en relación con las fuentes de datos existentes, cabe mencionar las siguientes:

•Algunos indicadores pueden implementarse a partir de varias fuentes. Si la información se captara en cada una exactamente de la misma manera, sería posible comparar en el tiempo y medir la evolución. Pero lamentablemente no es así. Para poder medir la evolución, sería importante que los diferentes relevamientos se replicaran a través del tiempo y que se mantuviera la comparabilidad.

•Las desagregaciones “ausentes” en todas las encuestas analizadas –excepto en los Censos– son las correspondientes a área de residencia (urbana/rural) y condición étnica. En cuanto a la primera, las encuestas en la Argentina se realizan considerando como universo la población urbana del país, de manera que no es posible conocer las características de la población rural. En cuanto a la etnicidad, la mayoría de las fuentes no incorporan una pregunta para captarla.

•Además de la carencia de variables que permitan la desagregación de ciertos grupos poblacionales en las fuentes de datos, otro factor que debe considerarse es el tamaño de los grupos. En ciertas condiciones, la dificultad para captar conjuntos cuantitativamente pequeños (población rural o etnias, entre otros) puede superar el plano mismo del diseño conceptual de la fuente de datos y estar determinada por el uso de muestreo (por ejemplo, en las encuestas de hogar).

•Asimismo, debe tenerse presente que algunas de las fuentes no son representativas de las personas mayores, por lo que no sería correcto realizar inferencias sobre estos grupos, ya que se podrían obtener estimaciones sesgadas o poco precisas. Ello indica la necesidad de desarrollar instrumentos específicos de relevamiento de información sobre estas poblaciones.

•Tanto la encuesta SABE como la ENCaViAM son relevamientos realizados específicamente para captar las problemáticas de la población de personas mayores y tienen la gran ventaja de captar información sobre la mayoría de los indicadores propuestos. Sin embargo, su limitación radica en las muestras utilizadas: la SABE se realiza solo en el Gran Buenos Aires y la ENCaViAM, si bien es nacional, tiene como dominio de estimación únicamente el total urbano del país, de manera que no permite realizar desagregaciones por regiones geográficas. Esto representa una seria limitante en un país como la Argentina, en que conviven realidades muy diferentes a lo largo de toda su extensión. Por otra parte, ambos relevamientos se realizaron una sola vez, por lo que no es posible realizar seguimiento en el tiempo.

En consecuencia, el potencial de ambas fuentes respecto de las temáticas abordadas se diluye cuando se consideran las características de cada muestra, ya que son estas las que invalidan la capacidad de analizar la situación de las personas mayores desde el enfoque basado en los derechos humanos. Para que esta mirada sea posible, el Estado argentino debería invertir en replicar los relevamientos, para poder medir la evolución, y en aumentar la representatividad de la población, tratando de llegar a dominios de estimación al menos a nivel de provincia.

Por el contrario, se destaca la ENFR por la amplitud de temas que aborda, por su periodicidad y por las posibilidades que ofrece de desagregación de la información, las que incluso permiten la comparabilidad con otros grupos etarios.

Cabe recordar, por último, que los indicadores analizados en este artículo se refieren, dentro de la clasificación de los indicadores de derechos humanos, al nivel de resultado. Como se mencionó, estos permiten revelar el estado de situación y la evolución en el ejercicio del derecho a la salud, útil tanto para la rendición de cuentas como para el diseño, la implementación, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas. Sería importante complementar estos indicadores con otros en los niveles de estructura y de proceso, a fin de dar a conocer y sistematizar información relacionada con las acciones que el Estado realiza para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas mayores.

Asimismo, en la Guía operacional para la implementación y el seguimiento del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (CEPAL, 2015), recientemente elaborada, se incorporan algunos indicadores complementarios que deberían ser considerados para futuras evaluaciones.

Bibliografía

Albala, C. y otros (2005), “Encuesta Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE): metodología de la encuesta y perfil de la población estudiada”, Revista Panamericana de Salud Pública, vol. 17, Nº 5/6.

Arilha, M. y otros (2003), Salud sexual y reproductiva de la mujer adulta mayor: un campo por explorar y evidenciar, Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) [en línea] http://coebioetica.salud-oaxaca.gob.mx/biblioteca/libros/ceboax-0594.pdf.

Borja, C., P. García y R. Hidalgo (2011), El enfoque basado en derechos humanos: evaluación e indicadores, Red en Derechos, Equipo de ISI Argonauta, Madrid, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Chackiel, J. (2004), “La dinámica demográfica en América Latina”, serie Población y Desarrollo, Nº 52 (LC/L.2127-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

____(1999), “Las tendencias de la población de América Latina hacia el final de la transición demográfica. Un análisis orientado al sector salud”, Las consecuencias de las transiciones demográficas y epidemiológicas en América Latina, Ken Hill, José Morelos y Rebeca Wong (coords.), Ciudad de México, El Colegio de México/Johns Hopkins University Press.

CIDH/OEA (Comisión Interamericana de Derechos Humanos/Organización de los Estados Americanos) (2008), Lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y culturales (OEA/Ser.L/V/II.132), julio.

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2015), Guía operacional para la implementación y el seguimiento del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

(LC/L.4061(CRPD.2/3)/Rev.1), Santiago.

____(2008), “Directrices para la elaboración de módulos sobre envejecimiento en las encuestas de hogares”, serie Manuales, Nº 60 (LC/L.2969-P), Santiago.

____(2006), “Manual sobre indicadores de calidad de vida en la vejez”, Documentos de Proyecto (LC/W.113), Santiago, diciembre.

____(2004a), Informe de la Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento: hacia una Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (LC/L.2079), Santiago.

____(2004b), Población, envejecimiento y desarrollo (LC/G.2235), Santiago.

Diener, E. y otros (1985), “The satisfaction with life scale”, Journal of Personality Assessment, vol. 49, Nº 1.

INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) (2012), Encuesta nacional sobre calidad de vida de adultos mayores 2012. Documento para la utilización de la base de datos usuario, Buenos Aires.

____(2011), Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Documento metodológico preliminar, Buenos Aires.

____(2010), Encuesta nacional de factores de riesgo. Documento para la utilización de la base de datos usuario, Buenos Aires, Presidencia de la Nación/Ministerio de Salud/Secretaría de Deporte/Ministerio de Desarrollo Social.

____(2004), “Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 (censo 2001). Metodología para la reconstrucción de las viviendas”, Serie Hábitat y Vivienda DT, Nº 14.

____(2003), La nueva Encuesta Permanente de Hogares de Argentina [en línea] http://www.indec.mecon.gov.ar.

____(2002), “Aspectos metodológicos del Censo 2001”, Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001. Resultados provisionales [en línea] www.indec.mecon.gov.ar.

Fernández, M. y otros (2008), Omisión de registro de nacimientos y muertes infantiles: magnitud, desigualdades y causas, Buenos Aires, Organización Panamericana de la Salud (OPS)/Ministerio de Salud.

Ferrer, M. (2000), “Los módulos de salud en las encuestas de hogares de América Latina y el Caribe. Un análisis de cuestionarios recientes”, Serie de Informes Técnicos, N° 72, Organización Mundial de la Salud (OMS)/Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Gawryszewski, V. y otros (2013), “Trends in ill-defined causes of deaths in Latin America, 2000 – around 2010”, documento presentado en la Quinta Reunión de la Red Latinoamericana y del Caribe para el Fortalecimiento de los Sistemas de Información de Salud (RELACSIS), Ciudad de México, Organización Panamericana de la Salud (OPS).

MSN (Ministerio de Salud de la Nación) (2006), Primera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. Informe de resultados, Buenos Aires.

____(2004), “Adaptación transcultural y adaptación de la herramienta para vigilancia de enfermedades no transmisibles en Argentina: Encuesta Nacional de Factores de Riesgo”, Boletín Epidemiológico Periódico. Edición especial: vigilancia de enfermedades no transmisibles, Buenos Aires.

Naciones Unidas (2014), “Coverage of civil registration system” [en línea] http://unstats.un.org/unsd/demographic/CRVS/Website_final_coverage.xls.

____(2013), World Population Ageing 2013 (ST/ESA/SER.A/348), Nueva York.

____(2011), “Proposed indicators for tracking progress of Implementation of the Madrid International Plan of Action on Ageing” [en línea] http://www.un.org/esa/socdev/ageing/documents/Review_and_Appraisal/list-of-indicators-2011.pdf.

____(2006), Informe sobre indicadores para vigilar el cumplimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos (HRI/MC/2006/7), Ginebra.

____(2003a) “Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Sr. Paul Hunt” (E/CN.4/2006/48), Nueva York.

____(2003b), Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, Nueva York [en línea] http://social.un.org/ageing-working-group/documents/mipaa-sp.pdf.

____(2000), Informe de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. Madrid, 8 a 12 de abril de 2002 (A/CONF.197/9), Nueva York.

Nyamu-Musembi, C. y A. Cornwall (2004), “What is the “rights-based approach” all about? Perspectives from international development agencies”, Working Paper, Nº 234, Brighton, Instituto de Estudios para el Desarrollo.

OMS (Organización Mundial de la Salud) (2009), Subsanar las desigualdades en una generación. Alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los determinantes sociales de la salud, Buenos Aires, Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud.

OPS/OMS (Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud) (2004), Manual del usuario de las bases de datos SABE, Washington, D.C.

____(2000), Caribbean Health & Ageing Minimum Data Set (CHAMDS), Barbados.

Ribotta, B. (2013), “Precisión de los datos sobre defunciones del Sub-Sistema de Estadísticas Vitales de la Argentina (2001-2009)”, XII Jornadas Argentinas de Estudios de Población, Nidia Formiga y Eduardo Garriz (comps.), Bahía Blanca, Editorial de la Universidad Nacional del Sur (EDIUNS).

Rodríguez, D. y L. Alfonso (2006), “El adulto mayor y sus capacidades funcionales”, Discapacidad: lo que todos debemos saber, Alicia Amante y Armando Vásquez, Washington, D.C., Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Roqué, M. (2012), Avances nacionales en la implementación de la Declaración de Brasilia, 2007-2012, Buenos Aires, Ministerio de Desarrollo Social.

SIEMPRO (Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales) (2001), Objetivos y metodología. ECV 2001, Buenos Aires, Presidencia de la Nación.

UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas) (2012), Ageing in the Twenty-First Century: A Celebration and a Challenge, Nueva York, Help Age International.

Yanguas, J. (2006), Análisis de la calidad de vida relacionada con la salud en la vejez desde una perspectiva multidimensional, Madrid, IMSERSO Publicaciones.

Anexo A1

Cuadro A1.1

Argentina: posibilidades de cálculo de los indicadores sobre situación de las personas mayores propuestos por la CEPAL y las Naciones Unidas a, según información requerida y fuentes de datos seleccionadas, por áreas prioritarias, temas e indicadores, 2000-2015

Áreas prioritarias, temas e indicadores

Fuente en que se propone el indicador b

Fuentes de datos seleccionadas para el cálculo de los indicadores c

C01-C10

ECV

ENFR

SABE

EEVV

ENCaViAM

ENDI

1. La mortalidad y sus causas

a) Perfiles de mortalidad en la vejez

Esperanza de vida al nacer

A, B

T

Esperanza de vida a los 60 años

A, B

T

Esperanza de vida a los 80 años

B

T

Tasa de mortalidad

C

T

Tasa de mortalidad en personas mayores por causas específicas

C

T

Tasa de mortalidad en personas mayores para las cinco principales causas de muerte

A

T

Tasa de mortalidad en personas mayores para enfermedades no transmisibles, por edad y sexo

B

T

Tasa de mortalidad en personas mayores por causas externas (homicidio, suicidio, accidentes) por edad y sexo

B

T

2. Estado de salud

a) Enfermedades crónicas

Prevalencia de enfermedades crónicas en las personas mayores

A, C, D

P d

P e

Prevalencia de enfermedades crónicas transmisibles en las personas mayores f

C

P e

Prevalencia de VIH en las personas mayores por edad y sexo, en comparación con la población total f

B

Prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles en las personas mayores

C

T g

T

Porcentaje de personas mayores que padecen de enfermedades crónicas específicas (diabetes, hipertensión y otras)

A

T g

T

Porcentaje de personas mayores con algún problema de salud en el último mes

A

T

T

Porcentaje de personas de 60 años y más según número de malestares frecuentes

D

P h

T

Porcentaje de personas mayores que han tenido malestares frecuentes según grado de interferencia en sus tareas normales

D

T

b) Enfermedades mentales

Prevalencia de enfermedades mentales en personas de 60 años y más, según diagnóstico

D

P i

P j

Prevalencia de demencia en las personas mayores

C

Prevalencia de deterioro cognitivo en las personas mayores

C, D

T k

P l

Prevalencia de depresión en las personas mayores

C, D

P m

T n

T ñ

c) Capacidad funcional

Esperanza de vida ajustada por discapacidad a los 60 años

A, B

P

P o

P p

P

P o

Esperanza de vida ajustada por discapacidad al nacimiento, a los 80 años

B

P

P o

P p

P

P o

Porcentaje de personas mayores con dificultad en Actividades Básicas de la Vida Diaria

C, D

P q

P r

T

T

P

Porcentaje de personas mayores con dificultad en Actividades Instrumentales de la Vida Diaria

D

T

T

P

Porcentaje de personas de 60 años y más según frecuencia de ayuda que necesitan en la semana

D

Porcentaje de personas de 60 años y más según cantidad de horas de ayuda que reciben en la semana

D

Índice de discapacidad funcional en la vejez

A, C

T

Prevalencia de la discapacidad en la vejez

A, C

P

P s

Prevalencia de la discapacidad en personas de 60 años y más, en comparación con la prevalencia de la discapacidad en personas de 15 a 59 años

B

P

Porcentaje de personas mayores que padecen discapacidades específicas (de visión, auditivas, de movilidad y otras)

A

P

P s

Porcentaje de personas de 60 años y más según disponibilidad de ayuda para el desarrollo de las Actividades Básicas de la Vida Diaria

D

T

T

T

Porcentaje de personas de 60 años y más según disponibilidad de ayuda para el desarrollo de las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria

D

T

T

Porcentaje de personas de 60 años y más según preferencia del sexo del cuidador en caso de necesidad

D

Porcentaje de personas de 60 años y más según opinión en relación con las opciones de cuidado en la vejez

D

d) Autopercepción de salud

Porcentaje de personas mayores según niveles de autopercepción de salud

C, A, D

T

T

T

Porcentaje de personas mayores según niveles de autopercepción de salud por edad y sexo en comparación con la población general

B

T

e) Satisfacción con la vida

Porcentaje de personas de 60 años y más según satisfacción con la vida

D

T

T

Porcentaje de personas de 60 años y más que se encuentran satisfechas con sus relaciones familiares

D

T t

Porcentaje de personas de 60 años y más que se encuentran satisfechas con su relación con amigos, vecinos y conocidos

D

T u

Porcentaje de personas de 60 años y más que se encuentran satisfechas con la imagen que la sociedad tiene de la vejez

D

P v

Porcentaje de personas de 60 años y más según opinión que tienen de la vejez

D

f) Otros problemas de salud de la vejez

Porcentaje de personas mayores que han sufrido caídas

C

T

T

Porcentaje de personas mayores con problemas auditivos

C

T

T

Porcentaje de personas mayores que han perdido dientes

C

T

T

3. Estilos de vida y factores de riesgo

a) Actividad física

Porcentaje de personas mayores que realizan actividad física

C, D

T w

T

T

T

b) Consumo de tabaco

Porcentaje de personas mayores que consumen tabaco

C, D

T x

T

T

c) Estado nutricional

Prevalencia de desnutrición en personas mayores

C

T

T

Prevalencia de obesidad en personas mayores

A, C

T

T

Prevalencia de personas mayores con malnutrición

C

T

T

Porcentaje de personas de 60 años y más con riesgo nutricional moderado o alto

D

P y

T

d) Consumo de alcohol

Porcentaje de personas de 60 años y más según consumo de bebidas alcohólicas

B, D

T

T

4. Atención en salud de las personas mayores

a) Protección social en salud

Porcentaje de personas mayores sin cobertura de servicios de salud

A, B, C, D

T

T

T

T

T

Porcentaje de personas de 60 años y más con cobertura médica, según tipo de cobertura

D

T

T

T

T

T

Porcentaje de personas de 60 años y más que se encuentran satisfechas con su seguro de salud

D

Porcentaje de personas de 60 años y más que no acceden a seguros de salud, según causas

D

Porcentaje de personas de 60 años y más según promedio de gasto mensual en salud

D

T

Porcentaje de personas de 60 años y más que gastan más del 25% de sus ingresos mensuales en medicamentos

D

T

b) Acceso a servicios

Porcentaje de personas mayores con dificultades en el acceso a la atención médica en el último año (o con necesidades insatisfechas en atención en salud)

A, C, D

T

T

T

Porcentaje de personas mayores que consultaron a un profesional de la salud en el último mes por problemas de salud o enfermedades crónicas

A

T

T

P z

Porcentaje de personas mayores que realizaron consultas de salud en el último mes en el sector público

A

P z

Porcentaje de personas mayores con enfermedades crónicas específicas que reciben tratamiento regular por la enfermedad

A

T aa

T ab

Porcentaje de personas mayores internadas en algún establecimiento de salud en los últimos 6 meses

A

T

T z

Porcentaje de personas de 60 años y más según frecuencia de consultas médicas en el último año

A, D

T z

Porcentaje de personas de 60 años y más que se encuentran satisfechas con la última atención médica que recibieron

D

Porcentaje de personas de 60 años y más que se han sentido maltratadas por motivos de edad en los centros de atención médica

D

Tasa de cobertura de atención médica geriátrica

C

c) Servicios de cuidados de largo plazo en instituciones

Proporción de personas mayores en hospitales y asilos

C

T

5. Actividades preventivas en salud

Porcentaje de personas de 60 años y más que recibieron vacunación contra la gripe, la influenza o la neumonía en el último año

D

T ac

T ad

Porcentaje de mujeres de 60 años y más que se han hecho examen de Papanicolaou en los últimos 2 años

D

T

T

Porcentaje de mujeres de 60 años y más que se han hecho mamografía en los últimos 2 años

D

T

T

Porcentaje de hombres de 60 años y más que se han hecho examen de próstata dentro de los últimos 2 años

D

T

Porcentaje de hombres de 60 años y más que se han hecho examen de antígeno prostático dentro de los últimos dos años

D

6. Salud sexual y reproductiva

Porcentaje de personas de 60 años y más que conocen o han oído hablar al menos de uno o más métodos anticonceptivos

D

Porcentaje de personas de 60 años y más que han utilizado métodos anticonceptivos en su vida

D

Porcentaje de personas de 60 años y más que conocen o han oído hablar de derechos sexuales y reproductivos

D

Porcentaje de personas de 60 años y más que han transmitido información a sus hijos y/o nietos en relación con la sexualidad

D

Porcentaje de personas de 60 años y más que conocen al menos un centro de atención frente a casos de violencia sexual

D

Proporción de personas mayores que reportan haber sido informados sobre aspectos relacionados al VIH/SIDA, en comparación con la población general

B

T

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Población, envejecimiento y desarrollo (LC/G.2235), Santiago, 2004; Naciones Unidas, “Proposed indicators for tracking progress of Implementation of the Madrid International Plan of Action on Ageing”, 2011 [en línea] http://www.un.org/esa/socdev/ageing/documents/Review_and_Appraisal/list-of-indicators-2011.pdf; CEPAL, “Manual sobre

indicadores de calidad de vida en la vejez”, Documentos de Proyecto (LC/W.113), Santiago, diciembre, 2006 y “Directrices para la elaboración de módulos sobre envejecimiento en las encuestas de hogares”, serie Manuales, Nº 60 (LC/L.2969-P). Santiago, 2008, para las propuestas de indicadores; en cuanto al análisis de datos para el cálculo de indicadores, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Encuesta nacional sobre calidad de vida de adultos mayores 2012. Documento para la utilización de la base de datos usuario, Buenos Aires, 2012; Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Documento metodológico preliminar, Buenos Aires, 2011; Encuesta nacional de factores de riesgo. Documento para la utilización de la base de datos usuario, Buenos Aires, Presidencia de la Nación/Ministerio de Salud/Secretaría de Deporte/Ministerio de Desarrollo Social, 2010; “Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 (censo 2001). Metodología para la reconstrucción de las viviendas”, Serie Hábitat y Vivienda DT, Nº 14, 2004; La nueva Encuesta Permanente de Hogares de Argentina, 2003 [en línea] http://www.indec.mecon.gov.ar; “Aspectos metodológicos del Censo 2001”, Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001. Resultados provisionales, 2002 [en línea] www.indec.mecon.gov.ar; Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO), Objetivos y metodología. ECV 2001, Buenos Aires, Presidencia de la Nación, 2001; C. Albala y otros, “Encuesta Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE): metodología de la encuesta y perfil de la población estudiada”, Revista Panamericana de Salud Pública, vol. 17, Nº 5/6, 2005; Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), Manual del usuario de las bases de datos SABE, Washington, D.C., 2004 y M. Fernández y otros, Omisión de registro de nacimientos y muertes infantiles: magnitud, desigualdades y causas, Buenos Aires, Organización Panamericana de la Salud (OPS)/Ministerio de Salud de la Argentina, 2008.

a Las posibilidades de cálculo de los indicadores se definen como: T: se puede obtener totalmente el indicador; P: se puede obtener parcialmente el indicador. Los espacios en blanco indican que esa fuente no proporciona datos que permitan calcular el indicador.

b Las fuentes son las siguientes: A: CEPAL, Población, envejecimiento y desarrollo (LC/G.2235), Santiago, 2004;

B: Naciones Unidas, “Proposed indicators for tracking progress of Implementation of the Madrid International Plan of Action on Ageing”, 2011 [en línea] http://www.un.org/esa/socdev/ageing/documents/Review_and_Appraisal/list-of-indicators-2011.pdf; C: CEPAL, “Manual sobre indicadores de calidad de vida en la vejez”, Documentos de Proyecto (LC/W.113), Santiago, diciembre, 2006; D: CEPAL, “Directrices para la elaboración de módulos sobre envejecimiento en las encuestas de hogares”, serie Manuales, Nº 60 (LC/L.2969-P), Santiago, 2008.

c Las fuentes seleccionadas son: C01-C10: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2001 y 2010; ECV: Encuesta de Condiciones de Vida, 2001; ENFR: Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, 2005, 2009 y 2013; SABE: Encuesta sobre Salud, Bienestar y Envejecimiento, 1999-2000; EEVV: Estadísticas de Defunción, Informe Estadístico implementado en 2001; ENCaViAM: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores, 2012; ENDI: Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, 2002-2003.

d La ENFR recoge información sobre algunas enfermedades crónicas no transmisibles.

e La encuesta SABE recoge datos de la mayoría de las enfermedades crónicas no transmisibles requeridas, mientras que de las enfermedades crónicas transmisibles solo capta el padecimiento de tuberculosis.

f No se incluye en el análisis, por tratarse de un componente del sistema de información sobre salud de la Argentina que no es estadístico.

g En la ENFR de 2005 y de 2009 se recolectó información sobre prevalencia de diabetes, hipertensión arterial y colesterol elevado. En la ENFR de 2013 se incorporaron algunas afecciones crónicas: infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica e insuficiencia renal crónica.

h En la ENFR se pregunta explícitamente si el encuestado presentó algún dolor o malestar en los últimos 30 días y si el mismo interfirió en las actividades cotidianas.

i En la SABE se pregunta si algún médico o enfermera le ha dicho que tiene un problema nervioso o psiquiátrico, si ha mejorado o empeorado y si recibe tratamiento.

j La ENDI recoge información sobre prevalencia de discapacidad mental, sin realizar distinción sobre el diagnóstico de discapacidad mental (solo distingue entre retraso o retardo mental y problema mental).

k La encuesta SABE utiliza la Escala de Pfeiffer para evaluar el estado cognitivo.

l En la ENCaViAM se consulta sobre autopercepción de la memoria.

m En la ENFR se consulta si el entrevistado se encuentra ansioso o deprimido.

n En la SABE se pregunta si el entrevistado recibe tratamiento para la depresión.

ñ En la ENCaViAM se consulta autoinforme de depresión.

o Depende de la discapacidad para la que se quiere obtener el índice.

p Solo Buenos Aires y patologías estudiadas por la SABE.

q En los Censos de 2001 y 2010, se recogió información sobre la prevalencia de algunas dificultades, entre ellas, para ver, oír, caminar, tomar objetos, entender o aprender. En 2001, esas preguntas sirvieron de marco para la realización de la Encuesta Nacional de Discapacidad.

r La ECV incorpora una serie de preguntas para personas de 65 años y más: si necesita ayuda para desplazarse de la casa, vestirse y desvestirse, higiene personal, comer.

s La ENCaViAM no recoge información sobre algunas discapacidades, entre ellas, discapacidades mentales, parálisis o falta de alguna extremidad.

t Se refiere a hijos que no viven en el hogar, hermanas y hermanos.

u Se refiere a otros familiares y amigos.

v La ENCaViAM recoge información sobre la percepción de las personas mayores acerca del trato de la sociedad para con ellas.

w En la ECV, se indaga sobre la realización de una serie de actividades físicas en las últimas cuatro semanas y la frecuencia de dichas actividades por semana, en el Cuestionario Adultos.

x En la ECV se pregunta si fuma o fumó, y la cantidad de cigarrillos fumados por día en la actualidad.

y En la ENFR se consulta sobre algunas características de la dieta, como el consumo de sal y de frutas y verduras.

z Para los últimos cuatro meses.

aa Para las enfermedades crónicas consideradas por la ENFR.

ab Para las enfermedades crónicas consideradas por la SABE.

ac Solo en la ENFR de 2013.

ad Solo en cuanto a la gripe.

[1] El presente artículo es producto del proyecto de investigación “El derecho a la salud en los extremos de la vida. Un aporte desde la socio-demografía (Argentina, 2000-2010)”, proyecto PIP 2013-2015 del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), dirigido por María Marta Santillán Pizarro.

[2] Doctora en Demografía, Investigadora Adjunta del CONICET, Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS) (CONICET-Universidad Nacional de Córdoba (UNC)). Correo electrónico: mm_santillan@yahoo.com.ar.

[3] Doctor en Demografía, Investigador Adjunto del CONICET, Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS) (CONICET-UNC). Correo electrónico: brunoribo@yahoo.com.ar.

[4] Doctora en Demografía, Becaria posdoctoral del CONICET, Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS) (CONICET-UNC). Correo electrónico: laudeac@gmail.com.

[5] Las otras temáticas se refieren a la seguridad económica y a los entornos favorables.

[6] En la Guía operacional para la implementación y el seguimiento del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, que incorpora de manera transversal este enfoque, se sugiere que los indicadores deberían desagregarse “por sexo, edad, residencia urbana o rural y grupos étnicos y socioeconómicos cuando sea pertinente y de acuerdo a las características y especificidades de cada temática” (CEPAL, 2015, pág. 10).

[7] El tema de la comparabilidad de la información en el tiempo es clave: si dos mediciones no son totalmente comparables, no es posible medir la evolución, por lo que no se podrá probar si existe avance y no retrocesión.

[8] Cabe aclarar que no se incluyó la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas ya que no fue posible acceder al material (bases de datos, cuestionarios e informes metodológicos completos).

[9] A veces, la encuesta es representativa solo de las zonas urbanas del país, ya que el universo definido son los aglomerados de 500.000 habitantes y más.

[10] Una aproximación a los indicadores sobre enfermedades no transmisibles (enfermedad de Chagas y tuberculosis) se puede obtener del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS). Los datos sobre virus de inmunodeficiencia humana (VIH) se pueden obtener en la Dirección de SIDA y ETS.

[11] Líneas de acción que se mencionan en el análisis de la Medida prioritaria 26 del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, en CEPAL (2015, pág. 52).

Arreglos familiares de la población latinoamericana en España: ¿cambios en tiempos de crisis?

Xiana Bueno[1]

Helga de Valk [2]

Recibido: 19/11/2015

Aceptado: 23/01/2016

Resumen

La estructura de los hogares de la población migrante difiere a menudo de la de la población no migrante. El papel que han desempeñado las redes sociales al facilitar el proceso de asentamiento, así como los vínculos intergeneracionales potencialmente más estrechos en las familias migrantes se han señalado como factores explicativos. Sin embargo, los cambios en las condiciones económicas pueden influir en la composición de los hogares de los inmigrantes ya asentados. Utilizando datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del período comprendido entre 2005 y 2012 nos preguntamos cómo y en qué medida, en un contexto de recesión económica, aumenta la propensión de los migrantes latinoamericanos a vivir en hogares extensos o múltiples. Los resultados sugieren la existencia de una pauta de género diferenciada y destacan la importancia no solo de la coyuntura económica sino también de los eventos en el ciclo de vida a la hora de explicar la probabilidad de vivir en hogares complejos.

Palabras clave: inmigración internacional, arreglos familiares, América Latina, España, crisis económica.

Abstract

Household structure often differs between migrant and non-migrant populations. The role played by social networks in easing the settlement process and the potentially stronger intergenerational ties in migrant families have been identified as factors explaining this. However, changes in economic conditions can influence the composition of already-settled immigrants’ households. Using data from the Economically Active Population Survey (EAPS) between 2005 and 2012, we ask how and to what extent Latin American migrants’ propensity to live in extended or multigenerational households increases in an economic recession. The results suggest a trend differentiated by gender and highlight the importance not only of economic conditions but also of life events in explaining the probability of living in complex households.

Keywords: international immigration, family arrangements, Latin America, Spain, economic crisis.

Résumé

La structure des ménages de la population migrante diffère souvent de celle de la population non migrante. Le rôle joué par les réseaux sociaux en facilitant le processus d’installation, ainsi que les liens entre les générations, potentiellement plus étroits chez les familles de migrants, sont évoqués comme facteurs explicatifs. Cependant, les changements des situations économiques peuvent influencer la composition des ménages des migrants déjà installés. Sur la base des données de l’enquête sur la population active (EPA) pour la période comprise entre 2005 et 2012, la question est savoir comment et dans quelle mesure, dans un contexte de récession économique, s’accroit la propension des migrants d’Amérique du Sud à vivre dans des foyers plus nombreux et multiples. Les résultats indiquent qu’il existe un modèle des genres différencié et soulignent l’importance non seulement de la conjoncture économique, mais aussi des évènements de la vie qui expliqueraient la raison d’être de ces foyers complexes.

Mots-clés: immigration internationale, arrangements familiaux, Amérique latine, Espagne, crise économique.

Introducción

La feminización de los flujos latinoamericanos a España supone un rasgo característico que otorga un interés especial al análisis de los hogares, pues implica una estrategia migratoria habitualmente más orientada a la familia. En ella, los lazos intergeneracionales y el apoyo de la red familiar pueden ser relevantes, aún más en un contexto de recesión económica. La mujer latinoamericana como migrante pionera ha encabezado estrategias migratorias que se han relacionado con estrategias laborales y familiares específicas y han desembocado en estructuras de hogar más complejas en relación con las de otros orígenes (Domingo y Esteve, 2010). En el caso español, dicha feminización se ha relacionado con la demanda de mano de obra en nichos como el trabajo doméstico o el cuidado de personas, en un contexto de complementariedad laboral donde las parejas españolas eran cada vez más biactivas. Esta coyuntura de expansión económica favorable para la población inmigrada desde principios de siglo se vio truncada por el inicio de la recesión económica a mediados de 2008. En este trabajo exploraremos en qué medida, en un contexto de inflexión económica, se modifican las formas de convivencia del colectivo latinoamericano ya asentado en España, atendiendo también a sus diferencias por origen.

En la literatura sobre migraciones a menudo se ha destacado cómo los migrantes, por el hecho de no trasladarse habitualmente con todos sus familiares, recurren en un primer momento a formas de convivencia más variadas, con o sin relaciones de parentesco, que responden a necesidades específicas, a veces temporales (Glick, Bean y Van Hook, 1997). Las redes sociales constituyen un factor determinante a la hora de proveer de alojamiento a los inmigrantes recién llegados (Haug, 2008; Palloni y otros, 2001). Para el migrante, contar con un apoyo a su llegada reduce los costos de la migración, pues el hecho de instalarse en una vivienda compartida resulta económicamente ventajoso para todos los miembros del hogar. En la misma línea, estudios previos apuntaron a la forma en que la estructura de los hogares inmigrantes difiere considerablemente de la estructura de los hogares de los no migrantes, y la economía de escala es uno de los factores explicativos más destacados (Glick y Van Hook, 2002; Goldscheider y Goldscheider, 1989). El período de llegada al país de destino se ha asociado más a la corresidencia en hogares complejos horizontales (convivencia con hermanos, primos o no parientes) que verticales (convivencia intergeneracional entre abuelos, hijos y nietos). Establecerse en un hogar propio supone grandes costos que no siempre se pueden asumir, razón por la cual, en diferentes contextos europeos, se ha mostrado cómo los jóvenes de origen migrante permanecen en el hogar familiar más tiempo que la mayoría de sus compatriotas (De Valk y Billari, 2007; Zorlu y Mulder, 2011). En un contexto de recesión económica con mayor inseguridad laboral y niveles de desempleo más altos, el período de permanencia en el hogar familiar se alarga para los jóvenes (Gauthier, 2007) y la necesidad de apoyo social y familiar aumenta, en especial para la población inmigrada, ya que se ve más afectada en materia económica y laboral (Domingo y Vidal, 2010).

Menos conocidos, sin embargo, son los efectos que una rápida recesión económica puede tener sobre las formas de convivencia de los colectivos inmigrantes ya asentados[3]. Ante una situación de alto desempleo y privación material, aquellos que tras un tiempo de residencia han estabilizado su vida laboral y en algunos casos su vida familiar-residencial (adquisición de vivienda, unión conyugal, reagrupación de la familia) han podido verse obligados a modificar su entorno de convivencia. Desde el análisis cualitativo, se han destacado el retorno a modelos de convivencia multinuclear o el subalquiler de habitaciones en el propio domicilio como estrategias de subsistencia de los migrantes ante la crisis económica en España (Herrera, 2012). En este trabajo nos preguntamos en qué medida, en un contexto de recesión económica, aumenta la propensión de los migrantes latinoamericanos a vivir en hogares extensos y múltiples[4]. Esta propensión puede tener dos causas: a) el papel de apoyo que pueden ejercer las redes sociales y familiares cercanas a la hora de hacer frente a una situación económica adversa o b) los beneficios de compartir costos dentro de la lógica de una economía de escala. Dada la importancia de las redes sociales del migrante en el proceso de asentamiento, en combinación con el hecho de que sus redes familiares suelen ser estrechas, uno puede asumir que la crisis económica provocará una mayor dependencia de los allegados a la hora de proveerse de una vivienda. Nuestro principal objetivo es explorar en qué medida la evolución de la estructura de los hogares de los migrantes latinoamericanos se mueve hacia estructuras de convivencia complejas durante un período de recesión económica. Para ello consideramos dos objetivos específicos:

i)caracterizar los hogares de la población latinoamericana en España según el tipo de hogar, su evolución y sus pautas diferenciales por origen, y

ii)dilucidar qué características sociodemográficas individuales y del hogar juegan un papel determinante en la propensión de los latinoamericanos a convivir en hogares extensos y múltiples frente a otro tipo de estructura de hogar.

El período de tiempo analizado (2005 a 2012) nos permite obtener una perspectiva temporal. De esta forma, se observa la etapa final del auge de los flujos de inmigración internacional en España, que llegaron a su punto álgido en 2007, la gestación e inicio reconocido de la crisis económica en la segunda mitad de 2008 y su desarrollo y potencial impacto en la estructura de los hogares hasta 2012, cuando aún se encontraba en pleno auge. Mediante el empleo de datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), realizamos el análisis utilizando información detallada a nivel individual y de hogar, con el fin de alcanzar un mejor conocimiento de las formas de convivencia entre los latinoamericanos en España en el período previo y posterior al inicio de la crisis económica. Se atiende de forma específica a los principales países de origen y a las diferencias por sexo.

De este modo, el punto de partida que subyace a nuestra pregunta de investigación reside en que en un contexto inmigratorio donde prevalecen fuertes relaciones étnicas e intergeneracionales, y en donde las posibilidades económicas determinan en gran medida el acceso a la vivienda, el número de hogares extensos y múltiples se incrementaría, en función de tres supuestos. En primer lugar, porque, ante un aumento de los costos de vida y una mayor vulnerabilidad laboral, se recurriría más a formas de convivencia conjunta, con o sin relaciones de parentesco. En segundo término, por retrasar el momento de establecerse en un hogar propio, ya sea en términos de emancipación del hogar familiar en el caso de los jóvenes o en términos de progreso en el proceso de asentamiento tras la llegada a España. En tercer lugar, porque se potenciarían los vínculos intergeneracionales donde conviven padres, hijos y nietos, y donde los primeros desempeñarían una función en el trabajo doméstico y de cuidados ante la alta inserción laboral femenina entre las migrantes latinoamericanas.

A. Formas de convivencia, inmigración y crisis económica

La revisión de la literatura que se presenta a continuación pone el foco en el interés último de este trabajo: la relación entre inmigración, crisis económica y convivencia en estructuras de hogar complejas. En múltiples ocasiones, en la literatura de los Estados Unidos y el norte de Europa se ha abordado la relación entre la convivencia en hogares complejos, los factores socioeconómicos y el origen inmigrante de los grupos (Glick, Bean y Van Hook, 1997; Giuliano, 2006; Zorlu y Mulder, 2011). Se han señalado diversos factores explicativos en la interpretación de las formas de convivencia diferenciales, no solo entre la población nativa e inmigrante, sino también entre los migrantes según su origen (Gurak y Kritz, 1996; Blank y Torrecilha, 1998). Dos son las principales interpretaciones expuestas en la literatura: la primera se centra en las normas culturales marcadas por el origen del grupo y la segunda, de carácter estructural, está determinada por el contexto socioeconómico del lugar de destino. Además, otros autores han señalado la relevancia de una tercera interpretación apoyada en la influencia de los diferentes eventos del ciclo de vida sobre la estructura de los hogares.

Múltiples estudios han mostrado cómo las formas de convivencia varían de acuerdo con las preferencias culturales. Ello podría ser la explicación de las diferencias entre países europeos según la composición por origen, así como de las diferencias entre migrantes y autóctonos, tanto en Europa como en los Estados Unidos (Gurak y Kritz, 1996; Giuliano, 2006; Reher, 1998; Domingo y Esteve, 2010). Los fuertes lazos intergeneracionales en las familias migrantes y las normas culturales de cada colectivo se han presentado como los principales factores explicativos de la mayor proporción de hogares complejos. Las redes sociales y familiares juegan un papel importante en los procesos de adaptación y asentamiento de los migrantes a su llegada, no solo en hogares extensos, sino también entre las formas de convivencia no nucleares (Tienda, 1980; Chávez, 1990). Además, se ha mostrado cómo entre la población latinoamericana los factores culturales prevalecen en la preferencia por estructuras de hogar extensas (De Vos, 1995; Blank y Torrecilha, 1998), incluso tras haber controlado por características económicas (Tienda y Angel, 1982; Burr y Mutchler, 1993).

Otros autores abogan por una explicación estructural y argumentan que las diferencias entre grupos se explican por sus condiciones socioeconómicas y el acceso diferencial a los recursos (Tienda, 1980; Gurak y Kritz, 1996). Factores como el acceso al mercado laboral, la situación legal y el desconocimiento del idioma pueden dificultar la inserción socioeconómica y alargar el período de apoyo en la red social y familiar cercana. En estos casos se valora la economía de escala, ya que en un hogar compartido se reducen los costos de vida (Goldscheider y Goldscheider, 1989). La relación existente entre los recursos económicos y la estructura del hogar se evidencia ante la menor probabilidad de residir en un hogar extenso cuanto mayor es el nivel de ingresos, ya que ello permite poder establecerse en un hogar propio (Tienda, 1980; Burr y Mutchler, 1993).

Entre las principales explicaciones expuestas en la literatura encontramos, por último, la que pone en valor la relevancia explicativa del ciclo de vida y sus diferentes estadios (Glick, Bean y Van Hook, 1997; Blank y Torrecilha, 1998). En este sentido, la independencia económica, el matrimonio y el nacimiento del primer hijo pueden ser razones que expliquen la preferencia por el establecimiento de un hogar propio, mientras que la dependencia económica, la monoparentalidad, la separación conyugal, el envejecimiento o los problemas de salud pueden explicar la preferencia de convivir en hogares extensos o múltiples (Tienda y Glass, 1985; Burr y Mutchler, 1992).

No obstante, las tres interpretaciones no son excluyentes entre sí. En ocasiones, por ejemplo, las normas culturales son las que marcan la convivencia con los ancianos de la familia para unos grupos y no para otros, o un divorcio puede acarrear dificultades económicas que conducen a una opción de convivencia conjunta con otros allegados. Asimismo, estudios previos han mostrado cómo en los hogares extensos de latinoamericanos en los Estados Unidos, las abuelas, tías, hermanas o primas representan un apoyo esencial en el cuidado de los hijos y el hogar, ya que facilitan la mayor inserción de las mujeres en el mercado laboral (Tienda y Glass, 1985; Chávez, 1990). En estos casos, el hecho de tener hijos es el evento que desencadena la constitución de hogares complejos con el fin de facilitar el acceso a los recursos económicos.

Las interpretaciones anteriores —cultural, económica y de ciclo de vida— adquieren un cariz específico cuando el objeto de estudio es la población latinoamericana en España. La feminización de dichos flujos coloca a la mujer latinoamericana en una posición diferenciada respecto de la de otros colectivos, dada la singularidad de estar a la cabeza de estrategias migratorias marcadas por el género en el ámbito tanto familiar como laboral. La demanda de mano de obra femenina en determinados nichos laborales, como el sector doméstico y de cuidados personales, favoreció la transferencia internacional del trabajo reproductivo protagonizada por mujeres latinoamericanas jefas de hogar (Oso, 1998).

Diversos estudios basados en datos censales de 2001 han revelado, también para España, estructuras más complejas en los hogares de inmigrantes explicadas por la presencia de redes sociales tras la llegada (Bayona, 2007; Domingo y Bayona, 2010) y por las diferencias del contexto cultural y residencial de llegada cuando se compara con otros países (Arpino, Muttarak y Vitali, 2012; Domingo y Esteve, 2010). Se han interpretado las formas de convivencia como un indicador del momento en el que se encuentra el individuo dentro del proyecto migratorio (Domingo y Parnau, 2006), en ocasiones en relación con la distribución territorial y la demanda de vivienda (Bayona, 2008). Estudios más recientes, sobre la base de la Encuesta Nacional de Inmigrantes de 2007, han proporcionado una fotografía actualizada de dichos hogares por origen continental (INE, 2008) o se han centrado en ellos desde la perspectiva de las familias transnacionales (parientes ausentes) y su potencial de reagrupación familiar (Requena y Sánchez-Domínguez, 2010). Los hogares de migrantes latinoamericanos, en concreto, también han sido objeto de investigación de algunos estudios. Domingo y Martínez (2005) destacaron la paradoja existente entre la precariedad mostrada por los indicadores de actividad y vivienda de este colectivo y el importante capital social que supone compartir un mismo idioma, así como la discriminación positiva que se les otorga en el acceso a la nacionalidad. Desde una perspectiva de género, se ha apuntado cómo el caso de los flujos feminizados de ecuatorianas y dominicanas ha resultado en un mayor número de mujeres en hogares complejos y sin núcleo (Domingo y Esteve, 2010).

Estudios que de forma específica han analizado las consecuencias de la actual recesión económica en la formación de nuevos hogares en los Estados Unidos para la población en general han destacado que estos descienden, no solo a causa del retraso de la emancipación de los jóvenes, sino también por la combinación de hogares y su sobreocupación como consecuencia de la escasez de recursos económicos (Mykyta y Macartney, 2011). Asimismo, se ha verificado que no se recuperarán los anteriores niveles de creación de hogares hasta que no descienda el desempleo (Painter, 2010). Esto ha supuesto un retorno de los hogares familiares multigeneracionales, donde la migración de origen hispano tiene un peso importante (Taylor y otros, 2010).

B. Datos y metodología

Los datos analizados provienen de la Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de España. Esta encuesta contiene información trimestral detallada de 65.000 hogares y alrededor de 200.000 individuos residentes en el país. A pesar de ser una fuente estadística centrada en el mercado laboral, es la mejor fuente española para estudiar la composición de los hogares en años intercensales (Garrido, Requena y Toharia, 2000), lo que nos permite observar el período previo y posterior al inicio de la recesión económica.

La EPA renueva cada trimestre un sexto de su muestra, de forma que, cada seis trimestres, la muestra se renueva en su totalidad. Con el fin de no duplicar hogares, se han seleccionado para el análisis un trimestre cada seis entre el primer trimestre de 2005 y el tercer trimestre de 2012.

La EPA para el período seleccionado (2005-2012) cuenta con un total de 29.739 individuos nacidos en un país latinoamericano, que suponen el 44,8% de todos los nacidos en el extranjero durante el período. De ellos, seleccionaremos los diez países de origen con mayor número de efectivos declarados como persona de referencia en el hogar. Por orden de mayor número de efectivos, estos son: Ecuador, Colombia, Argentina, Venezuela (República Bolivariana de), Bolivia (Estado Plurinacional de), Perú, Cuba, República Dominicana, Brasil y Uruguay. Todos ellos representan el 91% del total de latinoamericanos y se reparten en 11.187 hogares. La identificación del migrante se realiza siempre a partir de su país de nacimiento, por lo que nos limitamos únicamente a migrantes de primera generación. Asimismo, en una primera fase del análisis, se compara con la población nacida en España y los hogares se identifican a través del país de nacimiento de la persona de referencia. Para el análisis se han seleccionado únicamente aquellos migrantes que ya residían en España en 2008, con el fin de evitar el efecto que puedan tener los flujos más recientes sobre la distribución de los hogares y obtener una imagen más nítida del impacto de la crisis sobre los que ya se encontraban asentados. Este filtro, por tanto, se realiza en las muestras de la EPA entre 2008 y 2012 para los individuos cuyo año de llegada a España es 2008 o posterior. Los años de residencia en España se han calculado respecto de 2008 con el fin de identificar en qué momento del proceso migratorio se encontraban los migrantes cuando estalló la recesión económica (de 1 a 2 años de residencia (migrante reciente), de 3 a 4 años de residencia o más de 5 años de residencia).

Los resultados se estructuran en una primera exploración de la evolución y características de los hogares, seguida de diversos modelos de regresión logística. En el primer apartado se observan diferentes características de los hogares entre 2005 y 2012, comparando hogares de individuos nacidos en España y nacidos en los principales países latinoamericanos en relación con la distribución según tipos de hogar y su evolución. Posteriormente, se construyen modelos de regresión logística tipo logit con el fin de determinar cuáles son los factores sociodemográficos con mayor valor explicativo en la probabilidad de vivir en un hogar extenso o múltiple frente a otro tipo de estructura de hogar[5]. Entre las variables de control incluidas en el análisis se encuentran: características individuales básicas (sexo, edad, educación, estado conyugal), características individuales de la experiencia migratoria (país de nacimiento, nacionalidad, años de residencia en España en 2008) y características del hogar (convivencia con hijos propios, convivencia con otros miembros del hogar en situación de desempleo). Dichas variables responden a dos de las principales corrientes teóricas —el contexto socioeconómico y el ciclo de vida—, mientras que la realización de modelos separados por país de origen da cuenta de las posibles diferencias culturales endógenas de cada colectivo. Los resultados presentan los modelos para el período de la crisis (2008-2012) separados primero para los cinco países con más efectivos y posteriormente por sexo, identificando a los hogares por el país de nacimiento del individuo registrado como persona de referencia[6].

Considerar el origen de la persona de referencia puede conllevar cierto grado de sesgo, pues cada hogar identifica entre sus miembros a dicha figura, sin responder a un criterio determinado. En seis de cada diez hogares donde vive un latinoamericano, también vive alguien nacido en España, lo que puede responder a la presencia de uniones mixtas por origen o de otros miembros del hogar (con o sin parentesco), pero sobre todo a hijos nacidos después de la migración. En un 38% de los hogares, todos sus miembros han nacido en América Latina y el 2% restante lo representan hogares donde conviven latinoamericanos con inmigrantes de un tercer país.

C. La crisis económica en la distribución y evolución de los tipos de hogar

En la literatura, tradicionalmente se ha destacado cómo las formas de convivencia de la población inmigrada difieren de las de la población autóctona. Sin embargo, existe una pauta común en la que la tipología de pareja con hijos es la preponderante, independientemente del origen (representa cerca de un 40% del total de hogares). Más allá de esa pauta compartida, encontramos que aquellas tipologías con mayor peso para los inmigrados son los hogares extensos y múltiples y los hogares sin núcleo, que resultan ser los menos representados en el caso de los autóctonos, entre quienes se destaca la composición de pareja sin hijos y hogares unipersonales[7].

Entendemos por hogares extensos aquellos formados por una pareja o núcleo monoparental cuando, además del núcleo familiar, residen en él otras personas, estén o no emparentadas; y por hogares múltiples aquellos donde conviven al menos dos núcleos familiares (sean conyugales o monoparentales) y donde también pueden residir otras personas, con o sin relación de parentesco. En este trabajo, y de acuerdo con el objetivo perseguido, los hemos considerado de forma conjunta.

La proporción de hogares extensos y múltiples y de hogares sin núcleo entre los latinoamericanos en su conjunto (un 21,6% y un 6,3%, respectivamente), triplica la de los nacidos en España (un 7% y un 2,2%, respectivamente). Esas diferencias se agudizan más, si cabe, cuando se observan países concretos. En el gráfico 1 se muestra la distribución de los hogares según el lugar de nacimiento de la persona de referencia para los principales países latinoamericanos y España. En los casos de Bolivia (Estado Plurinacional de), el Ecuador y la República Dominicana, por ejemplo, alrededor de un tercio de los hogares son extensos o múltiples, mientras que en la Argentina, aun siendo el país donde menos prevalecen (13%), estos hogares representan casi el doble que entre los nacidos en España (7%). El mayor peso de hogares extensos y múltiples entre los latinoamericanos evidencia su mayor complejidad residencial, ya sea por la existencia de una red social de apoyo en el acceso a la vivienda o por la mayor búsqueda de una economía de escala mediante la convivencia.

Gráfico 1

España: distribución de los hogares según su estructura y el país de nacimiento de la persona de referencia, 2005-2012

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Instituto Nacional de Estadística (INE) de España, Encuesta de Población Activa (EPA) 2005-2012.

La mayor proporción de hogares sin núcleo destaca especialmente para los nacidos en Bolivia (Estado Plurinacional de) (16%) producto, quizás, de un calendario migratorio muy reciente. Sin embargo, esta no debería interpretarse como la única explicación, sobre todo al comprobar que le siguen, con un 11% de hogares, el Perú y la República Dominicana, que no representan precisamente a los flujos latinoamericanos más recientes, sino más bien lo contrario.

La monoparentalidad se destaca en el Brasil, Colombia, el Perú y la República Dominicana, países donde estos hogares representan más de un 10% del total, por encima también del 9% que supone para los nacidos en España. En cuanto a los hogares unipersonales, destacan Cuba (14%) y la Argentina y el Brasil (11%), pero en este caso se sitúan por debajo de la población española, donde un 18% de los hogares son unipersonales. Esta diferencia corresponde, obviamente, a la estructura por edad de la población española, donde la población anciana está sobrerrepresentada respecto de la inmigrada.

Una vez examinada la distribución por tipo de hogar, queremos centrar el interés en cómo dicha distribución se ha visto modificada en el período de tiempo analizado y examinar en especial si ha sido sensible a la coyuntura económica que azota España desde mediados de 2008. De las evoluciones de los tipos de hogar para los cinco países latinoamericanos más numerosos y España, representadas en el gráfico 2, cabe subrayar tres aspectos. En primer lugar, en cuanto a la evolución de los hogares extensos y múltiples, observamos que constituyen el tipo de hogar en el que se han experimentado más cambios y donde existen mayores diferencias entre los países de origen comparados. Atendiendo a su evolución en el tiempo, se aprecia un punto de inflexión en la tendencia que asociamos al impacto que pueda estar teniendo la recesión económica. En un primer período entre 2005 y 2008-2009, el peso de estos hogares muestra un claro descenso en todos los países. Como se ha señalado, ello puede ser el resultado de una inmigración cada vez más asentada, que tiende a desnuclearizarse y a conformar hogares propios. Prueba de ello es que en ese período de expansión económica hubo un notable incremento en el acceso a créditos de hipoteca para la compra de viviendas, especialmente en colectivos como el ecuatoriano (Vono y Bayona, 2012; Herrera, 2012). ¿Qué ocurre con la llegada de la crisis económica? En algunos casos la crisis supone un freno y en otros una desaceleración de esa tendencia decreciente interpretada como signo de estabilidad económica y laboral. Dicho cambio se aprecia en 2008 para Venezuela (República Bolivariana de) y en 2009 para la Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de) y el Ecuador. En el caso de Colombia no se llega a alcanzar una inflexión, pero sí una estabilización dentro de la tendencia a la baja. De acuerdo con nuestra hipótesis de investigación, ante una coyuntura económica desfavorable, las redes de apoyo familiar juegan un papel clave en el acceso a la vivienda, especialmente en el contexto de la emigración, donde las redes sociales no son tan extensas, pero son más sólidas. Por otra parte, no descartamos que la reagrupación familiar también juegue un papel en la constitución de hogares complejos. Si bien no están disponibles los microdatos estadísticos oficiales sobre reagrupación en España, estudios previos realizados mediante datos administrativos para Cataluña revelaron un incremento relativo a partir de 2007 de la reagrupación de ascendientes para países como el Ecuador o el Perú, aunque a niveles muy bajos, que solo en el caso del Perú llegan a superar el 10% de las reagrupaciones anuales (Domingo, 2011). Entre los latinoamericanos, que conforman un colectivo feminizado en el que las mujeres están, en buena medida, insertas en el mercado laboral, la presencia en el hogar de otros parientes —por ejemplo, ascendientes— supone un factor de apoyo importante para el trabajo doméstico y de cuidado familiar. Sin embargo, la crisis y la legislación reciente han puesto un freno a los procesos de reagrupación.

Gráfico 2

España: evolución de los tipos de hogar, según país de nacimiento de la persona de referencia, 2005-2012

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Instituto Nacional de Estadística (INE) de España, Encuesta de Población Activa (EPA) 2005-2012.

Para algunos de los países —Bolivia (Estado Plurinacional de), el Ecuador y Venezuela (República Bolivariana de)—, la proporción de hogares extensos y múltiples se reduce en el último año observado. Este descenso, y también parte del descenso generalizado de este tipo de hogares, podría estar relacionado con el retorno o la reemigración (Martínez-Buján, 2015), factor que no debemos obviar a la hora de relacionar migración y crisis económica. Cierto es que las bajas padronales de extranjeros con destino al extranjero se mantienen por el momento en niveles bajos, pero los latinoamericanos representan el colectivo continental que más retorna en términos relativos. Según datos de la Estadística de Variaciones Residenciales (EVR), entre 2007 y 2011 se registraron alrededor de 100.000 bajas anuales con destino al extranjero protagonizadas por latinoamericanos, frente a las 17.000 de 2005. En otras palabras, dichas bajas suponían un 1,2% de la población latinoamericana residente en 2005 y se han elevado al 6,8% en 2011. Con todo, cabe mencionar que la migración neta de latinoamericanos únicamente ha sido negativa en 2010.

En segundo término, destaca el incremento de las parejas con hijos entre los latinoamericanos, explicado, previsiblemente, por un proceso de formación de la familia o reagrupación familiar por parte de los migrantes una vez superado el período de asentamiento y como parte del proceso de instalación. Ello se contrapone al decrecimiento de este tipo de hogares entre los nacidos en España a causa, principalmente, de la caída de la fecundidad. En tercer lugar, es remarcable el constante incremento relativo de los hogares monoparentales, aun cuando es una de las formas de convivencia menos comunes. Los países con mayor alza son Colombia, el Ecuador y Venezuela (República Bolivariana de). Dicha tendencia se podría relacionar con un aumento de separaciones y divorcios, y no tenemos capacidad de atribuirla a la crisis, al impacto que la propia migración supone en el proyecto familiar o a otra causa. Sin embargo, no se debe descartar la posibilidad de que, en un contexto de dificultades económicas, se trate de hogares donde la emigración o el retorno de uno de los cónyuges dé paso a un hogar monoparental. Teniendo en cuenta que la monoparentalidad es mayoritariamente femenina, esta hipótesis adquiriría peso en el caso de una población migrante feminizada como la que tratamos y en la que el desempleo afecta de forma más contundente a los hombres que a las mujeres. En este sentido, trabajos como el de Alcalde (2014) dan cuenta del fenómeno de la monoparentalidad femenina en España entre migrantes andinas y caribeñas, que se extiende también a hogares extensos monoparentales.

D. ¿Cómo son los miembros de los hogares extensos y múltiples? Perfil sociodemográfico y factores determinantes

En este apartado ahondaremos en las características sociodemográficas que resultan determinantes para quienes viven en un hogar extenso o múltiple frente a quienes habitan en algún otro tipo de hogar durante el período de la recesión económica. Tras la exploración de los datos en el apartado C, ahora los contrastamos mediante modelos de regresión logística con el fin de comprobar el efecto y valor explicativo de diferentes características, tanto individuales como del hogar.

Modelos exploratorios realizados de forma independiente para el período previo a la crisis (2005-2008) y posterior a la crisis (2009-2012) constataron una significativa mayor probabilidad de los bolivianos de vivir en hogares extensos y múltiples durante la recesión, en comparación con otros colectivos de la región. Los resultados que se muestran a continuación hacen referencia al período de la recesión 2008-2012 con el fin de centrar el interés en los hogares extensos y múltiples existentes en ese lapso. En el cuadro 1 se muestran modelos de regresión logística donde se han considerado todas las variables al mismo tiempo en su ejecución y, teniendo en cuenta la existencia de pautas diferenciadas por origen, se han construido modelos independientes para los cinco países con mayor número de efectivos: Ecuador, Colombia, Argentina, Venezuela (República Bolivariana de) y Bolivia (Estado Plurinacional de). Los individuos incluidos en el modelo son migrantes mayores de 16 años que ya residían en España antes de 2008, lo que evita la posible distorsión generada por los migrantes recién llegados. La distribución de la muestra es homogénea para la mayoría de los países y las variables consideradas. Sin embargo, antes de analizar los resultados cabe detenerse en algunas singularidades. Los colectivos más feminizados son Bolivia (Estado Plurinacional de) y Colombia con un 60% y un 61% de mujeres, respectivamente, seguidos de Venezuela (República Bolivariana de) (55%) y el Ecuador (54%), mientras que los argentinos se encuentran prácticamente equilibrados por sexo. Bolivia (Estado Plurinacional de) y el Ecuador cuentan con una estructura por edad similar y significativamente más joven, mientras que la muestra de la Argentina es la más envejecida. De forma general, más de la mitad de los individuos están en unión y, de ellos, la mayoría están unidos a un inmigrante. La excepción es la República Bolivariana de Venezuela, donde un 40% del total se unieron a un español. De forma equiparada para los diferentes orígenes, los no unidos representan entre un 20% y un 30% y los separados, divorciados o viudos representan entre el 10% y el 13%. En cuanto al nivel educativo, entre seis y siete de cada diez individuos tienen estudios medios. No obstante, un 30% de la muestra de ecuatorianos tienen un nivel de primaria o inferior, mientras que los más instruidos son los venezolanos y los argentinos. Excepto para los bolivianos, cuyos flujos son más recientes, entre el 60% y el 70% de los individuos del resto de los países ya llevaban 5 años o más residiendo en España en 2008, cuando se desató la crisis económica. Por la misma razón, los bolivianos son los que presentan una menor proporción de nacionalizados (8%).

Cuadro 1

España: probabilidad de un migrante adulto de vivir en un hogar extenso o múltiple en relación con otros tipos de hogar, según país de nacimiento, 2008-2012

Ecuador

Colombia

Argentina

Venezuela (República Bolivariana de)

Bolivia (Estado

Plurinacional de)

(en porcentajes)

exp(B)

(en porcentajes)

exp(B)

(en porcentajes)

exp(B)

(en porcentajes)

exp(B)

(en porcentajes)

exp(B)

Sexo

[Hombre]

46

referencia

39

referencia

49

referencia

45

referencia

40

referencia

Mujer

54

1,29

***

61

1,31

***

51

1,19

55

1,64

***

60

1,20

*

Edad

16-30 años

34

referencia

30

referencia

24

referencia

26

referencia

38

referencia

31-50 años

57

0,73

***

57

0,99

47

0,77

58

0,95

55

0,69

***

Más de 50 años

9

1,17

13

1,41

**

29

1,06

16

1,76

*

8

0,95

Año de observación

[2008 (Trim 1)]

26

referencia

24

referencia

25

referencia

20

referencia

25

referencia

2009 (Trim 3)

25

0,60

***

27

0,64

***

26

0,52

***

27

1,11

27

1,04

2011 (Trim 1)

24

0,84

**

26

0,68

***

23

0,52

***

26

1,10

24

1,41

**

2012 (Trim 3)

25

0,69

***

23

0,54

***

26

0,57

***

27

0,63

*

23

1,13

Estado de unión

[En unión con una persona española]

6

referencia

17

referencia

22

referencia

41

referencia

6

referencia

En unión con una persona inmigrante

56

3,01

***

40

1,53

***

44

0,93

21

1,15

50

2,40

***

Separado, divorciado o viudo

10

5,06

***

13

2,36

***

11

1,92

***

10

2,39

***

12

3,00

***

Soltero, no en unión

28

2,73

***

30

1,80

***

23

0,99

28

1,12

32

2,26

***

Hijos propios en el hogar

[No]

40

referencia

46

referencia

48

referencia

47

referencia

51

referencia

Sí

60

0,71

***

54

0,73

***

52

1,29

*

53

1,08

49

0,81

*

Nivel educativo

[Primaria o menos]

29

referencia

20

referencia

14

referencia

8

referencia

20

referencia

Secundaria

64

0,81

***

69

0,92

60

0,60

***

62

1,04

69

0,95

Universidad

7

0,95

11

0,59

***

26

0,49

***

30

1,12

11

1,04

Años de residencia en 2008

[Migrante reciente

(1 a 2 años)]

5

referencia

17

referencia

10

referencia

9

referencia

38

referencia

3 a 5 años

25

0,72

**

14

1,26

*

27

0,89

19

0,77

44

0,82

*

Más de 5 años

70

1,05

69

0,80

**

62

0,70

*

73

0,99

18

0,93

Nacionalidad

[Extranjera]

70

referencia

67

referencia

51

referencia

21

referencia

92

referencia

Española

30

0,91

33

1,17

*

49

1,20

79

0,86

8

0,70

Miembros del hogar desempleados

[Nadie]

55

referencia

56

referencia

70

referencia

69

referencia

60

referencia

Alguien

45

1,42

***

44

1,82

***

30

2,04

***

31

1,37

*

40

1,35

***

Constante

0,32

0,34

0,32

0,13

0,33

R^2

0,072

0,084

0,076

0,062

0,044

N

3890

2854

2115

1269

1371

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Instituto Nacional de Estadística (INE) de España, Encuesta de Población Activa (EPA) 2008-2012.

Nota: * p < 0,05; ** p< 0,01; *** p< 0,001.

El principal objeto de este trabajo es evidenciar la existencia, o no, de un posible incremento de hogares complejos en un contexto de recesión económica. Los resultados constatan de forma significativa la importancia del factor temporal para todos los orígenes. Una vez controlado el efecto de las diferentes variables, la razón de tasas (odds ratio) muestra una probabilidad menor para la Argentina, Colombia y el Ecuador de vivir en hogares complejos para todos los años en relación con 2008 (el año de referencia), lo que podría explicarse por el efecto de un retorno selectivo más que por la decisión de compartir hogares. Con todo, dicha probabilidad se incrementa para estos tres países respecto del año anterior en algún momento tras el inicio de la crisis económica: Ecuador y Colombia en 2011 y Argentina en 2012. No obstante, es cierto que se trata de incrementos coyunturales y no mantenidos en el tiempo, ya que para el último año observado, dicha probabilidad se ve nuevamente reducida. Por el contrario, en el caso de Bolivia (Estado Plurinacional de) y Venezuela (República Bolivariana de) encontramos una mayor probabilidad de vivir en hogares complejos a medida que se avanza en el tiempo, aunque los valores solo resultan significativos para el Estado Plurinacional de Bolivia en 2011. Ello sugiere que, excepto para la República Bolivariana de Venezuela, la coyuntura económica importa, pero no plenamente, en la línea en que el planteamiento de partida inicial de este trabajo lo auguraba. La complejidad del fenómeno debe analizarse en consonancia con otros elementos que agreguen valor explicativo.

Junto con el contexto temporal, la situación de pareja se presenta como una de las variables de control que más luz arroja sobre la probabilidad de residir en un hogar complejo. Tanto es así que para ecuatorianos, colombianos, venezolanos y bolivianos constituye la variable de mayor valor explicativo, mientras que para los argentinos esta variable es la educación. Para los tres países andinos (Bolivia (Estado Plurinacional de), Colombia y el Ecuador), el hecho de estar en unión —ya sea matrimonial o consensual— con un español representa una menor probabilidad de residir en hogares complejos frente a estar unido con otro migrante, estar separado, divorciado o viudo, o estar soltero. Dentro de estas situaciones, los que han finalizado una unión previa serían los más propensos a vivir en hogares extensos o múltiples, en especial entre ecuatorianos (5 veces más), bolivianos (3 veces más), colombianos y venezolanos (2,4 veces más) y argentinos (2 veces más). Sin embargo, los argentinos y venezolanos se desmarcan de la pauta andina, puesto que para ellos la probabilidad de residir en hogares complejos varía en menor medida en función de la unión, e incluso para los argentinos dicha probabilidad es mayor en el caso de estar unido a un español.

El ciclo de vida y las formas de convivencia son dos aspectos estrechamente relacionados. Los eventos que acontecen en la vida de un individuo —emanciparse del hogar familiar, formar pareja o no, tener hijos, una eventual separación o envejecer— marcan sus hábitos residenciales en cada momento. La edad es, por ello, uno de los factores determinantes más importantes que explican la propensión a vivir en hogares extensos o múltiples frente a otros tipos de convivencia. Si se excluye a los menores de edad, los jóvenes adultos de 16 a 30 años y los mayores de 50 años son comparativamente más propensos a vivir en estos hogares que el grupo de edad intermedio. El de la Argentina sería el único origen para el cual la edad no es un factor significativo.

Vinculado al contexto socioeconómico experimentado en España en los últimos años, resulta relevante que la cuarta variable con mayor peso explicativo sea el hecho de que el desempleo haya entrado en el hogar, es decir, que al menos uno de los miembros en edad activa del hogar se encuentre desempleado. La descripción de la muestra utilizada indica que, durante el período de crisis, esta situación de desempleo ocurre en alrededor del 40% al 45% de los hogares encabezados por alguien nacido en uno de los países andinos y en un 30% de los hogares encabezados por una persona nacida en la Argentina o Venezuela (República Bolivariana de). La probabilidad de vivir en hogares complejos se incrementa un 40% entre los oriundos de Bolivia (Estado Plurinacional de), el Ecuador y Venezuela (República Bolivariana de) en dicha tesitura y prácticamente se duplica en el caso de la Argentina y Colombia. Esta observación resulta coherente con la hipótesis según la cual en una situación de dificultades económicas existe una mayor solidaridad entre las redes sociales y familiares o, en ausencia de redes, se opta por modelos residenciales más económicos (compartir costos).

Es sabido que los hogares complejos tienden a desnuclearizarse tras el período inicial de llegada y asentamiento en el país de destino, donde a menudo constituyen la opción residencial más práctica. Excepto en el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, cuyos flujos son más recientes, entre seis y siete de cada diez individuos del resto de los países estudiados ya llevaban residiendo en España más de cinco años en 2008, momento en que comienza la crisis económica. Recordemos que la muestra se ha limitado a los migrantes que ya se encontraban en España en 2008, por lo que al hablar de “migrantes recientes” se hace referencia a aquellos llegados justo antes del inicio de la crisis económica. Mientras que para la República Bolivariana de Venezuela no se trata de un factor determinante, para el resto de los países, la probabilidad de residir en un hogar complejo disminuye conforme la estancia en el país aumenta.

En unos flujos de inmigración de por sí feminizados como son los procedentes de América Latina, no es de extrañar que sus efectivos estén en mayor medida relacionados con estructuras de hogar extensas y múltiples, pues la migración femenina a menudo tiene un carácter familiar más marcado. En general, las mujeres tienen más propensión a residir en este tipo de hogares que los hombres. El caso más destacado es el de los venezolanos, donde esa probabilidad es un 64% mayor, en oposición a los argentinos para quienes no se trata de un factor significativo. En este sentido, viene a colación destacar la importancia que tiene especialmente para Colombia y el Ecuador residir con hijos propios en el mismo hogar. En tal caso, la probabilidad de vivir en hogares complejos es hasta un 30% menor y, por tanto, se priorizan los hogares de tipo nuclear (parejas con hijos o monoparentales). Este factor también es relevante, aunque en menor medida, para los bolivianos. En oposición al resto de los países, los argentinos tienen una probabilidad de vivir en hogares complejos un 30% mayor si tienen hijos en el hogar.

El mayor nivel educativo está directamente relacionado con hogares más nucleares o, lo que es lo mismo, menos extensos. Los resultados sugieren que la educación solo adquiría especial relevancia en los casos de Colombia, el Ecuador y, especialmente, la Argentina. Más concretamente, el método de regresión paso a paso, solo sitúa la educación como un factor explicativo primordial en el caso de la Argentina, con lo que vuelve a desmarcarse de la pauta común en los países de su región. La correlación indirecta entre nivel educativo y tamaño del hogar permitiría interpretar la educación como un indicador indirecto de estatus social o mejor condición socioeconómica.

Los modelos han puesto de manifiesto cómo el hecho de tener nacionalidad española constituye el factor de menor interés a la hora de interpretar qué perfiles sociodemográficos presentan los que conviven en hogares complejos. Si bien es cierto que la proporción de individuos que cuentan con nacionalidad española varía enormemente entre los países seleccionados —de un 8% de la muestra de bolivianos (en consonancia con lo reciente de sus flujos) a un 79% de los venezolanos—, solo para los colombianos este factor es ligeramente significativo y aumenta la probabilidad de residir en hogares más complejos.

Hasta aquí hemos explorado qué características pesan para uno u otro origen en la probabilidad de vivir en un hogar extenso o múltiple frente a cualquier otra forma de convivencia. Dado el carácter feminizado de las migraciones latinoamericanas en España y la especificidad de sus trayectorias familiares y ocupacionales, nos preguntamos en qué medida los factores que afectan dicha probabilidad se comportan de manera similar para mujeres y hombres. Para ello, hemos elaborado modelos semejantes a los anteriores, independientes para cada sexo e incluyendo el país de nacimiento como variable de control. En el cuadro 2 se presentan únicamente los coeficientes de las variables donde se han encontrado pautas diferenciadas significativas en la probabilidad de residir en un hogar extenso o múltiple para el período 2008-2012. Como mencionamos al inicio de este trabajo, la migración latinoamericana en España está marcada por estrategias migratorias de género, sin duda vinculadas al ámbito familiar y laboral, que repercuten de alguna manera en las formas de convivencia. El hecho de que las mujeres mayores de 50 años tengan una probabilidad un 40% más elevada de vivir en hogares complejos que las más jóvenes lo podemos interpretar en el contexto de las redes familiares de apoyo, donde las abuelas se convierten en una pieza clave de ayuda doméstica y de cuidados familiares ante la mayor inserción laboral de la mujer latinoamericana. Los hombres mayores de 50 años no son, por el contrario, más proclives que los jóvenes a vivir en hogares complejos. En esta misma línea, y de forma muy evidente, observamos que si esas mujeres son separadas, divorciadas o viudas, la probabilidad casi se triplica con relación a las unidas con un español. Otra diferencia observada es que las mujeres no unidas tienen 2,2 veces más probabilidades que las unidas con un español de convivir en un hogar extenso o múltiple. De alguna forma, esto nos permite reafirmar la existencia de esa red de apoyo familiar, especialmente valiosa entre las mujeres latinoamericanas. De manera coherente con la interpretación previa, los hombres que conviven en el mismo hogar con sus hijos tienen la mitad de probabilidades de vivir en un hogar extenso que los que no conviven. Ello se debe a que esos hombres convivirían principalmente en hogares uninucleares (pareja con hijos), mientras que la falta de relevancia en el caso femenino estaría relacionada con la mayor probabilidad de ellas de vivir en hogares complejos, sumada a la conocida mayor monoparentalidad materna en corresidencia con otros parientes o no parientes. Por último, los años de residencia muestran, especialmente para los hombres, que cuantos más años llevaban residiendo en España en 2008, menor es la probabilidad de vivir en un hogar extenso o múltiple. Estas diferencias, en cambio, no se muestran entre las mujeres.

Cuadro 2

España: probabilidad de un migrante adulto de vivir en un hogar extenso o múltiple en relación con otros tipos de hogar, según sexo, 2008-2012

Mujeres

Hombres

(en porcentajes)

exp(B)

(en porcentajes)

exp(B)

Edad

16 a 30 años

29

referencia

33

referencia

31 a 50 años

56

0,81***

54

0,71***

Más de 50 años

15

1,39***

13

0,83*

Estado de unión

[En unión con una persona española]

19

referencia

12

referencia

En unión con una persona inmigrante

40

1,51***

51

1,84***

Separado, divorciado o viudo

14

2,86***

7

1,82***

Soltero, no en unión

27

2,17***

30

0,90

Hijos propios en el hogar

[No]

42

referencia

49

referencia

Sí

58

0,96

51

0,54***

Años de residencia en España en 2008

[Migrante reciente (1 a 2 años)]

13

referencia

13

referencia

3 a 5 años

25

0,87*

24

0,72***

Más de 5 años

62

1,00

63

0,75***

Constante

0,50

0,87

R^2

0,113

0,114

N

6.418

5 081,00

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Instituto Nacional de Estadística (INE) de España, Encuesta de Población Activa (EPA) 2008-2012.

Nota: Representación parcial de los modelos. Además de las variables de control mostradas, se han ocultado los coeficientes correspondientes al país de origen, año de observación, nivel educativo, nacionalidad y presencia en el hogar de algún miembro desempleado por no presentar diferencias destacadas en función del sexo. * p < 0,05; ** p<0 ,01; *** p< 0,001.

E. Conclusiones

Este trabajo tiene por objeto explorar en qué medida la estructura de los hogares de migrantes latinoamericanos ya asentados en España se ve modificada hacia un incremento de hogares extensos y múltiples durante el período de crisis económica. La hipótesis que sustenta dicho propósito es que en un contexto de recesión económica, altos niveles de desempleo y privación material, aumentaría la convivencia en estructuras complejas como respuesta a diversas estrategias de subsistencia, ya sea el apoyo familiar o de redes sociales próximas, o, en ausencia de vínculo, compartir los costos del hogar en virtud de una economía de escala.

En los últimos años, marcados por la crisis económica, la proporción de hogares extensos y múltiples se ha reducido para todos los orígenes, aunque a niveles diferentes. También se ha verificado que la corresidencia es una opción probable para determinados grupos más vulnerables, como las mujeres mayores, las personas no unidas o los migrantes recientes. El hecho de no observar un incremento en la proporción de hogares complejos podría estar relacionado con una migración de retorno selectiva a lo largo de la crisis, donde miembros de hogares extensos y múltiples, o incluso hogares enteros, puedan estar retornando a sus países de origen. Los resultados sugieren el protagonismo de la coyuntura económica, observada a través de la evolución temporal, pero también de la incidencia del desempleo en el hogar. Sin embargo, esta no es la única evidencia, puesto que otros factores explicativos relacionados con el curso de la vida y el proceso migratorio, como el estado de unión, operan en forma similar. Como hemos visto, la situación conyugal, abordada no solo desde el estado civil, sino también desde el punto de vista de una unión mixta con un español frente a una unión endógama, se configura como un aspecto de gran valor explicativo en la probabilidad de vivir en hogares complejos. Estos resultados darían soporte a nuestra hipótesis, en tanto la probabilidad de vivir en un hogar complejo ante un cambio de ciclo económico es mayor para quienes no se encuentran en unión y, por ende, conviven con otros núcleos familiares o individuos, es decir, recurren a redes sociales en el destino o a compartir la residencia para abaratar costos. Los modelos por origen muestran, además, pautas propias asociadas a normas culturales en torno a la familia y la convivencia, más común en su versión compleja para países andinos como Bolivia (Estado Plurinacional de), Colombia o el Ecuador, pero también en cuanto a sus calendarios migratorios y lo que a ellos está asociado (procesos de reagrupación familiar, inserción social y laboral). En definitiva, la imbricación de los diferentes factores considerados evidenciada en los resultados da cuenta de la multidimensionalidad que caracteriza a este fenómeno.

Tal y como presumíamos, la perspectiva de género, como rasgo definitorio de la inmigración latinoamericana en España, juega un papel específico en la composición de los hogares. Se ha identificado un perfil de mujer latinoamericana, de edad adulta y que no está en unión, especialmente proclive a residir en hogares extensos y múltiples. Resulta fácil identificar este perfil con el de un posible papel de apoyo familiar en las tareas reproductivas desempeñado por familiares cercanos en hogares intergeneracionales (abuelas) o de corresidencia con otros parentescos (tías, primas, hermanas), que permitiría a la jefa de hogar seguir desempeñando el trabajo productivo. La crisis económica no hace más que acentuar esta dinámica al haber afectado de forma más drástica a los sectores laborales ocupados por los hombres, a menudo dejando a las mujeres como único sostén económico del hogar.

Además, los resultados obtenidos sugieren que, incluso cuando los hogares extensos y múltiples suelen ser más comunes entre la población inmigrada, existen ciertas diferencias por origen que están relacionadas no tanto —o no solo— con posibles normas culturales o marcadas por la coyuntura económica, sino también con una cuestión meramente debida al calendario migratorio de cada colectivo. Como vimos, en el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, como ejemplo de país con flujos de llegada a España más recientes, la proporción de hogares extensos y múltiples es más importante como reflejo de un período de asentamiento aún palpable. Frente a los procedentes de otros países latinoamericanos con mayor experiencia migratoria en España, y para quienes la crisis puede suponer un punto y aparte en su proyecto migratorio y de vida que les lleve al retorno, podría pensarse que, por lo reciente de su llegada, los bolivianos recurrirían más a compartir sus hogares y recursos con otras familias o individuos. Por otra parte, los resultados indican una pauta diferencial de los argentinos especialmente, pero también de los venezolanos, con respecto al resto de los países analizados que comparten la característica territorial de ser países andinos, una vez controlado el efecto de diferentes características sociodemográficas. Argentinos y venezolanos, como los orígenes que menos conviven en hogares extensos y múltiples, tienen ciertos factores en común frente al resto: un mayor peso de individuos con estudios superiores, una mayor proporción de uniones mixtas con españoles y, en consonancia, los mayores porcentajes de individuos nacionalizados españoles. No debemos obviar tampoco la influencia de los lazos históricos existentes entre la emigración española y estos dos países latinoamericanos lo cual, en ocasiones, está relacionado con unas redes sociales en el país de destino que otros colectivos no tienen.

El estudio de la composición de los hogares adquiere un grado de complejidad superior cuando se trata de hogares en los que reside población inmigrada, dado que existen, a priori, diferentes factores que pueden actuar en sentidos opuestos. En un primer momento, se espera que tras un proceso inicial de asentamiento donde predominan los hogares complejos, la proporción de estos se reduzca debido a que los individuos tiendan, con el tiempo, a constituir sus propios hogares nucleares. Esta dinámica se ha observado de manera generalizada para los diferentes orígenes, a menudo en función de cuán antiguos son los flujos migratorios. En sentido opuesto, la reagrupación familiar, especialmente cuando aún corrían tiempos de bonanza económica (antes de 2008), y las dificultades económicas surgidas a raíz de la contracción de la economía (a partir de 2008) son dos factores que podrían explicar el incremento del número de hogares compartidos —extensos, múltiples y sin núcleo—, con o sin relaciones de parentesco. No obstante, el análisis realizado no nos permite afirmar que exista una relación causal estricta entre hogares complejos y crisis económica. El efecto de la crisis podría no ser unidireccional, en el sentido de que la migración de retorno (que, aunque a niveles bajos, es significativa sobre todo en España para los latinoamericanos), así como la reemigración, deben contemplarse como factores que actuarían a favor de la tendencia decreciente de este tipo de hogares en el tiempo. En este sentido, durante el período estudiado, los hogares extensos y múltiples no solo han experimentado los mayores cambios en comparación con los otros tipos de hogar, sino que también presentan las mayores diferencias entre orígenes.

Todavía existen particularidades que deben explorarse. En primer lugar, la forma idónea de observar los efectos de la recesión económica sería mediante un análisis de tipo longitudinal si las fuentes estadísticas lo permitieran. En segundo término, sería deseable entender los mecanismos de la dinámica de los hogares a través de la investigación cualitativa o la combinación de métodos mixtos. Por último, se podrían explorar las relaciones de parentesco existentes entre los miembros de los hogares extensos y múltiples desde su composición horizontal o vertical.

Nuestro análisis establece una primera aproximación a cómo evolucionan las formas de convivencia residencial de los migrantes latinoamericanos procedentes de diferentes orígenes e historias migratorias y cómo interactúan con un contexto de inestabilidad económica. Este es un punto de partida importante hacia un mejor entendimiento de las dinámicas de los hogares migrantes, pero es necesario continuar investigando con el fin de capturar todas las interacciones existentes que afectan de manera crucial a los individuos, las familias y la sociedad en su conjunto.

Bibliografía

Alcalde Campos, Rosalina (2014), “Mujeres latinoamericanas inmigrantes jefas de hogares monoparentales en España”, Migraciones Internacionales, vol. 7, Nº 3, enero-junio.

Arpino, B., R. Muttarak y A. Vitali (2012), “Living arrangements of children of mmigrants in Spain and the United States the role of cultural heritage and residential context”, documento presentado en la Reunión Anual de la Asociación Demográfica de los Estados Unidos de América.

Bayona, J. (2008), “Inmigración, estructura del hogar y demanda de vivienda”, Vivienda y sociedad: nuevas demandas, nuevos instrumentos, C. Bellet, J. Ganau y J. M. Llop (eds.), Lleida, Milenio.

____(2007), “La estructura del hogar como reflejo de una primera etapa del proceso migratorio: el caso de la ciudad de Barcelona”, Papeles de Geografía, vol. 45-46.

Blank, S. y R. Torrecilha (1998), “Understanding the living arrangement of Latino immigrants: a life course approach”, International Migration Review, vol. 32.

Burr, J. y J.E. Mutchler (2003), “English language skills, ethnic concentration, and household composition: older Mexican immigrants”, Journal of Gerontology, vol. 58.

____(1993), “Ethnic living arrangements: cultural convergence or cultural manifestation?, Social Forces, vol. 72.

____(1992), “The living arrangements of unmarried elderly Hispanic females”, Demography, vol. 2, Nº 9.

Chávez, L. (1990), “Coresidence and resistance: strategies for survival among undocumented Mexicans and Central Americans in the United States”, Urban Anthropology, vol. 19.

De Valk, H. y F.C. Billari (2007), “Living arrangements of migrant and Dutch young adults: the family influence disentangled”, Population Studies, vol. 61.

De Vos, S. M. (1995), Household Composition in Latin America, Nueva York, Plenum Press.

Domingo, A. (coord.) (2011), “Informe final del proyecto Anàlisi sociodemogràfica de la reagrupación familiar a Catalunya, 2004-2010”, Barcelona, Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR), inédito.

Domingo, A. y A. Esteve (2010), “Género, ocupación y estructura el hogar de la migración dominicana y ecuatoriana en España y Estados Unidos”, América Latina Hoy, vol. 55.

Domingo, A. y E. Vidal (2010), “La crisis del empleo y los trabajadores de nacionalidad extranjera”, Anuario de relaciones laborales en España, T. Ferrer Sais (coord.), Madrid, Unión General de Trabajadores de España (UGT).

Domingo, A. y J. Bayona (2010), “Los hogares de la población de nacionalidad extranjera en España en el año 2001”, Papers, vol. 95, Nº 3.

Domingo A. y M. Parnau (2006), “Familia y estructura del hogar de la población de nacionalidad extranjera en España, 2001”, Papers de Demografía, Nº 278.

Domingo A. y R. Martínez (2005), “La población latinoamericana censada en España en 2001: un retrato sociodemográfico”, Notas de Población, Nº 81 (LC/G.2300-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Garrido, L. M. Requena y L. Toharia (2000), “La encuesta de población activa desde la perspectiva de los hogares”, Revista de Estadística Española, vol. 42, Nº 146.

Gauthier, A. (2007), “Becoming a young adult: an international perspective on the transitions to adulthood”, European Journal of Population/Revue Europeenne de Demographie, vol. 23.

Giuliano, P. (2006), “Living arrangements in Western Europe: does cultural origin matter?”, IZA Discussion Paper, Nº 2042.

Glick, J.E., F.D. Bean y J. Van Hook (1997), “Immigration and changing patterns of extended family household structure in the United States: 1970-1990”, Journal of Marriage and the Family, vol. 59.

Glick, J.E. y J. Van Hook (2002), “Parent’s coresidence with adult children: can immigration explain racial and ethnic variation?”, Journal of Marriage and the Family, vol. 64.

Goldscheider, F.K. y C. Goldscheider (1989), Ethnicity and the New Family Economy: Living Arrangements and Intergenerational Financial Flows, Boulder, Westview Press.

Gurak, D.T. y M.M. Kritz (1996), “Social context, household composition and employment among migrant and nonmigrant Dominican women”, International Migration Review, vol. 30, Nº 2.

Haug, S. (2008), “Migration networks and migration decision-making”, Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 34.

Herrera, Gioconda (2012), “Starting over again? Crisis, gender, and social reproduction among Ecuadorian migrants in Spain”, Feminist Economics, vol. 18, Nº 2.

INE (Instituto Nacional de Estadística) (2008), “Características demográficas y familiares”, Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007, Documentos de Trabajo, Nº 2/08, Madrid.

Martínez Buján, Raquel (2015), “Gendered motivations for return migrations to Bolivia from Spain”, Journal of Immigrant & Refugee Studies, vol. 13, Nº 4.

Mykyta, L. y S. Macartney (2011), “The effects of recession on household composition: “Doubling Up” and economic well-being”, SEHSD Working Paper, Nº 2011-4, Oficina del Censo de los Estados Unidos.

Oso, L. (1998), La migración hacia España de mujeres jefas de hogar, Madrid, Instituto de la Mujer.

Painter, G. (2010), “What happens to household formation in a recession?”, Special Report, Research Institute for Housing America.

Palloni, A. y otros (2001), “Social capital and international migration: a test using information on family networks”, American Journal of Sociology, vol. 106.

Reher, D. S. (1998), “Family ties in Western Europe: Persistent Contrasts”, Population and Development Review.

Requena, M. y M. Sánchez-Domínguez (2010), “Las familias inmigrantes en España”. Revista Internacional de Sociología (RIS), Nº 1.

Taylor, P. y otros (2010), The Return of the Multi-Generational Family Household, Pew Research Center.

Tienda, M. (1980), “Familisim and structural assimilation of Mexican immigrants in the U.S.”, International Migration Review, vol.14, Nº 3.

Tienda, M. y R.J. Angel (1982), “Headship and household composition among blacks, hispanics, and other whites”, Social Forces, vol. 61.

Tienda, M. y J. Glass (1985), “Household structure and labor force participation of black, hispanic, and white mothers”, Demography, vol. 22.

Van Hook, J. y J.E. Glick (2007), “Immigration and living arrangements: moving beyond economic need versus acculturation”, Demography, vol. 44.

Vono, D. y J. Bayona (2012), “Transition towards home-ownership among foreign-born immigrants in Spain from a life-course approach”, Population, Space and Place, vol. 18, Nº 1.

Zorlu, A. y C. Mulder (2011), “Ethnic differences in leaving home: timing and pathways”, Demography, vol. 48, Nº 1.

[1] Doctora en Demografía, Universidad Autónoma de Barcelona, y Licenciada en Sociología, Universidad de La Coruña. Correo electrónico: xianabuenogarcia@fas.harvard.edu. Proyecto de investigación del que se deriva el artículo “From complementariety to exclusion? A sociodemographic analysis of the impact of the economic recession on immigrant population” (Ref. CSO2011/24501), financiado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Plan Nacional I+D+I, 2012–2014.

[2] Investigadora Senior, Instituto Demográfico Interdisciplinario de los Países Bajos, y profesora de la Universidad Libre de Bruselas. Correo electrónico: valk@nidi.nl. Proyecto de investigación del que se deriva el artículo “Families of Migrant origin: a Life course perspective” (FaMiLife), financiado por el European Research Council, Starting Grant project (number 26.38.29).

[3] En este trabajo se considera “migrante reciente” a aquel cuyo tiempo de residencia es menor a los dos años desde su última llegada a España.

[4] “Hogares complejos” y “hogares extensos y múltiples” serán términos utilizados indistintamente a lo largo del texto. Hablamos de “familias” en la medida en que los hogares extensos y múltiples que constituyen nuestro objeto final se componen, por definición, de uno o más núcleos familiares, entendidos como procedentes de un vínculo conyugal o de un vínculo paterno o materno filial, con independencia de que haya otros miembros en el hogar, con o sin relación de parentesco.

[5] Se construyeron modelos de regresión logística mediante los métodos de introducción progresiva de variables (método paso a paso), con el fin de comprobar la no variabilidad del resultado, y posteriormente mediante el método de introducción en bloque (representados en los resultados).

[6] En un análisis preliminar se realizaron modelos para diferentes períodos temporales: previo a la crisis (2005-2008) y posterior a la crisis (2009-2010). Dado que el interés de los resultados se concentraba en el período de crisis, estos son los modelos que finalmente se incluyen.

[7] En un análisis previo, las autoras de este trabajo constataron cómo, aun dentro de la población inmigrada, existen marcados comportamientos diferenciales en las formas de convivencia según origen continental. Los hogares extensos y múltiples predominan también entre los europeos del este, pero no tanto entre los africanos y aún menos entre los europeos occidentales. En relación con el resto de los orígenes, los africanos son quienes más viven en hogares sin núcleo.

Las consecuencias de quedarse y de volver en el empleo de los uruguayos que migraron a España

Victoria Prieto Rosas[1]

Recibido: 22/01/2016

Aceptado: 3/03/2016

Resumen

En este artículo se analiza el acceso al empleo de emigrados y retornados uruguayos. Se discute si la aparente ventaja del retorno, desde un contexto de alto desempleo como el español hacia otro con pleno empleo como el uruguayo, se distribuye de forma homogénea entre los retornados de este origen según sexo, instrucción y duración del asentamiento tras la migración.

Aprovechando la coincidencia en la fecha de realización de los censos de ambos países (2011), se estima la probabilidad de empleo incluyendo la condición migratoria (retornado o emigrado) como control y término de interacción con otras características individuales. Los resultados confirman una distribución heterogénea de las ganancias del retorno sobre el acceso al empleo y el sector de inserción, que favorece a los varones menos educados y perjudica a las mujeres y a los retornados más instruidos.

Palabras clave: migración, retorno, empleo, género, Uruguay, España.

Abstract

This article analyses the access to employment of Uruguayan emigrants and returnees. It discusses whether the apparent advantage of returning from a context of high unemployment, such as in Spain, to one of full employment, as in Uruguay, is evenly distributed among Uruguayan returnees by gender, education and the length of stay in the host country.

Taking advantage of the fact that both countries’ last censuses was conducted in the same year (2011), I estimated the probability of employment using migration status (returnee or emigrant) as a control variable and in interaction with other individual characteristics. The results point to an uneven distribution of the benefits of returning in terms of access to employment and sector of employment, with less skilled men gaining more benefits and more skilled returnees, and women in general, benefiting less.

Keywords: migration, return, job, gender, Uruguay, Spain

Résumé

Cet article analyse l’accès à l’emploi des immigrés et des rapatriés uruguayens. Il s’agit de déterminer si a priori l’avantage du retour au pays, dans un contexte de chômage élevé tel que celui de l’Espagne, pour réintégrer un contexte de plein emploi tel que celui de l’Uruguay, se distribue de façon homogène chez les rapatriés de ces pays selon leur sexe, leur éducation et la durée de leur installation après leur migration.

Profitant de la coïncidence de la date de réalisation des recensements de chacun des pays (2011), l’auteur estime la probabilité d’emploi incluant le statut migratoire (rapatrié ou émigré) comme un contrôle et une interaction avec d’autres caractéristiques individuelles. Les résultats confirment une distribution hétérogène des bénéfices du retour au pays, en matière d’accès à l’emploi et au secteur d’insertion, favorisant les hommes possédant moins d’instruction et grevant les femmes et les rapatriés les plus qualifiés.

Mots-clés: migration, retour au pays, emploi, genre, Uruguay, Espagne.

Introducción

El desempeño laboral de los retornados se ha analizado respecto del de los no migrantes y solo excepcionalmente se ha considerado a quienes permanecen en el exterior (Fangmeng y Zhongdong, 2006; Beauchemin y otros, 2014)[2]. La reciente coincidencia temporal en los últimos censos de España y el Uruguay permite analizar simultáneamente a retornados y emigrados.

De momento, el análisis de ambos migrantes se ha restringido a los estudios de selectividad educativa (Dumont y Spielvogel, 2008; Prieto, Pellegrino y Koolhaas, 2015). Aquí se adopta a la población emigrada como grupo de referencia y se evalúan las ventajas y desventajas de “volver” respecto del acceso al empleo.

En 2011, la tasa de desocupación de la población no migrante era del 6,4% en el Uruguay y superaba el 20% en España. Entre los retornados uruguayos procedentes de España, la tasa se situaba en un 13,8%, más del doble de la tasa de los no migrantes y muy por debajo de los valores del desempleo que sufrían entonces los uruguayos en España (35,2%). Podría darse por sentado que la búsqueda de empleo en el segundo contexto fuera más fácil. Aquí se argumenta lo contrario, pues tanto los uruguayos emigrados en España como los retornados enfrentaban mercados laborales segmentados en 2011. La hipótesis de trabajo refuta la idea de que el retorno de un país con altos niveles de desempleo a otro con menor desocupación suponga una ventaja evidente.

Si bien el desempleo en España entonces triplicaba al del Uruguay, ambos países tienen mercados laborales desiguales, estructurados en un sector cualificado, con empleos de calidad, y otro menos calificado, con empleos precarios. En ambos, los migrantes —extranjeros en España y extranjeros y retornados en el Uruguay— se insertan en los distintos nichos que deja la fractura del mercado de trabajo (Bernardi, Garrido y Miyar, 2011; Vidal y Miret, 2014; Koolhaas, 2015). Se espera encontrar que el retorno haya beneficiado a los varones menos educados, ya que estos se insertaron en el sector más vulnerable de la economía española, que fue el primero en caer tras la crisis (Aysa-Lastra y Cachón, 2012). Para las mujeres, en cambio, se espera que la reducción de los niveles de desempleo respecto de España sea menor, pues fueron las menos perjudicadas por la crisis de empleo en ese país (Vidal, Gil y Domingo, 2012) y han regresado en menor medida (Prieto, Pellegrino y Koolhaas, 2015).

Dada la segmentación de los mercados laborales español y uruguayo, se ha entendido la conveniencia de replicar este análisis para diferentes niveles de cualificación del empleo. Se propone, entonces, la hipótesis de que el desempeño de los retornados ocupados sea mejor en oficios de baja cualificación, al menos para los varones, si se asume una vinculación del retorno reciente con la caída del sector de la construcción en España.

La población analizada se compone de: i) los migrantes retornados desde España, entrevistados en el Uruguay en 2011, en oportunidad del censo de población, y ii) los migrantes que continuaban residiendo en España en ese mismo año, durante la realización del censo de población de este país. La estrategia adoptada consiste en la estimación de la probabilidad de estar empleado y la probabilidad de estar ocupado en empleos con distintos grados de cualificación, combinando las dos muestras poblacionales. Se utilizan modelos logísticos binomiales y multinomiales que incluyen interacciones del estatus migratorio (retornado respecto de emigrado) con el sexo, la educación y el tiempo transcurrido tras la última migración (emigración o retorno). De encontrarse que el efecto del sexo, la educación o la duración de la residencia varía entre retornados y emigrados, podríamos verificar que los beneficios del retorno desde España no se distribuyen homogéneamente.

El artículo se organiza en cinco secciones incluida esta introducción. En la sección A se introduce el marco analítico y se describen los mercados de trabajo de ambos países. En sección B se presentan los métodos y fuentes empleados, y se discuten posibles sesgos. En la sección C se introducen los resultados y, por último, en la sección D se detallan las implicancias de estos resultados.

A. Marco de análisis y antecedentes

Una vez superado el esquema de “perdedores-ganadores”, se ha consensuado que la reintegración de los retornados es inseparable de los motivos que promueven el retorno, que son múltiples y diversos (De Haas, Fokkema y Fihri, 2014; Durand, 2015). Cada tipo de retorno tiene distintas implicancias sobre la política migratoria de los países de retorno, y el contexto institucional de acogida es clave para aprovechar los activos adquiridos tras la migración (González-Ferrer, 2013). Además, la planificación del retorno determina las probabilidades de éxito económico, medibles en el acceso al empleo, la calidad y el salario de este. La selectividad positiva del retorno y su planificación ofrecen múltiples ejemplos de cómo la migración puede ser una inversión en capital humano que genera retornos económicos de regreso al origen, siempre y cuando los procesos de traducibilidad de credenciales y saberes sean fluidos. Incluso cuando el retorno ha sido negativamente seleccionado, la planificación institucional —política migratoria y de protección social— puede revertir la vulnerabilidad de quienes improvisaron su salida (Cassarino, 2014).

Koolhaas (2015) ha estimado el retorno de uruguayos entre 1986 y 2014 a partir de las encuestas de hogares y los censos de población del Uruguay. Entre 2009 y 2012, retornaron desde España hacia Uruguay entre 2.000 y 3.000 personas por año, cifras que diluyen la creencia de que se trata de una respuesta masiva (Jáuregui, Recaño y Ávila, 2015). A partir de 2013, se produce un descenso del retorno, atribuible al agotamiento del potencial migratorio de los recién llegados a España, que fueron los más afectados por la crisis (Koolhaas, 2015). Para explicar la mayor prevalencia del retorno procedente de España se puede argüir que la mayor proporción de migrantes en situación regular y las facilidades de acceso a la ciudadanía española facilitaron la estrategia de emigración temporal del suelo español para muchos latinoamericanos que optaron por esperar la recuperación económica en su país o emigrar hacia otro país europeo (Papademetriou, Sumtion y Terrazas, 2010).

Los antecedentes del caso uruguayo y de la región subrayan las dificultades de reintegración económica de los retornados y abonan una interpretación del retorno como respuesta al fracaso del proyecto migratorio. La comparación del perfil educativo de este grupo con el de los uruguayos que permanecen en España sugiere, además, una selectividad negativa, más pronunciada entre los varones (Prieto, Pellegrino y Koolhaas, 2015). Por otra parte, la mayoría de los retornados captados por el censo de 2011 llegaron a la región desde España, donde la caída del empleo fue muy superior a la registrada en los Estados Unidos (Aysa-Lastra y Cachón, 2012).

En síntesis, se trata aquí de un retorno seleccionado negativamente, según instrucción, procedente de un país donde la migración era nueva y donde el desempleo fue mayor entre los extranjeros (Aysa-Lastra y Cachón, 2012; Muñoz, 2013; Mejía y Castro, 2012). Es decir que se trata de retornados que, a priori, tendrían dificultades para insertarse exitosamente sin acompañamiento institucional.

1. Emigrados y retornados en mercados laborales segmentados

La inmigración latinoamericana recibida por España en la pasada década respondió al dinamismo de ciertos nichos del mercado de trabajo español. La mayoría de los latinoamericanos ocuparon puestos de baja cualificación, y la inmigración y la promoción laboral de la población española se amalgamaron (Bernardi y Garrido, 2008). Fue el dinamismo del empleo de baja cualificación, especialmente de la construcción y el servicio doméstico, el que aseguró una inserción rápida a los llegados antes de 2008 (Rodríguez Planas y Nollenberger, 2014). Antes de la crisis, los niveles de actividad y empleo de los de este origen eran similares a los de los nativos y superiores a los de otros grupos de extranjeros (Muñoz, 2013). Los uruguayos disfrutaron de estos altos niveles de ocupación y de una inserción marginal respecto de los provenientes de otros orígenes en sectores de baja cualificación, lo que los posicionó como un grupo privilegiado (Vono, 2010). Esta ventaja comparativa, no obstante, no se corroboró en el salario y tampoco en la calidad del empleo ni en las oportunidades de ascenso laboral de los latinoamericanos (Vidal y Miret, 2014; Del Río y Alonso-Villar, 2012). Con la llegada de la recesión, los emigrantes procedentes de América Latina sufrieron la caída del empleo sin excepciones, y los más educados fueron justamente los que más padecieron la depreciación de sus credenciales educativas (Cebolla, Miyar y Muñoz, 2014). También la crisis desplomó el poder de negociación de los trabajadores extranjeros, que aceptaron peores condiciones de empleo o se mostraron más flexibles ante la movilidad geográfica y sectorial dentro del mercado de trabajo (Vidal, Gil y Domingo, 2012; Quintero, 2015).

La segmentación del mercado de trabajo español también se explica por rasgos estructurales, tales como la segmentación por cualificación y etnicidad, que son anteriores a la llegada de los latinoamericanos. Son rasgos ineludibles para comprender la estructura de oportunidades de empleo que enfrentan quienes permanecen en España, en un mercado segmentado en trabajadores permanentes (bien remunerados y en empleos de calidad) y trabajadores precarizados (peor remunerados y expuestos a la rotación) (Muñoz, 2013; Mato, 2011). De todos modos, el escenario recesivo agudizó la segmentación laboral entre españoles y extranjeros, lo que afectó a los varones ocupados en sectores de baja cualificación como la construcción (Aysa Lastra y Cachón, 2012). Las mujeres extranjeras, en cambio, se vieron menos afectadas por la caída del empleo, al estar sobrerrepresentadas en sectores menos sensibles a esta crisis (Vidal, Gil y Domingo, 2012), aunque no por ello escaparon de la precarización o del incremento del trabajo no remunerado (Gálvez y Rodríguez, 2012; Ronda y otros, 2015).

La evolución del mercado laboral uruguayo fue más alentadora, pero no estuvo exenta de fracturas. Entre 2006 y 2011 creció el empleo, se redujo el subempleo y descendieron la informalidad y la desigualdad salarial, pero se ampliaron las brechas entre grupos de edad y sexo en el acceso a empleos de calidad (Espino, Machado y Alves, 2011; Gobierno del Uruguay, 2013; Amarante y Espino, 2009; Perazzo, 2011). A efectos de la complementariedad entre los factores de expulsión del mercado de trabajo español y los factores de atracción del mercado uruguayo, no puede olvidarse que las ocupaciones que más empleo generaron en el Uruguay en este período fueron la construcción y los servicios (comercio, restaurantes y hoteles, y servicios comunales, sociales y públicos); las mismas ocupaciones de baja cualificación cuya demanda había caído en España en esos años (Gobierno del Uruguay, 2013).

Sobre estos argumentos se sustenta la hipótesis de que el retorno fue una opción beneficiosa para los migrantes de baja cualificación, pues se trataría de personas con el tipo de cualificación demandado en su país de origen. Varones y mujeres extranjeros sufrieron de forma diferencial las consecuencias de la crisis en España, pero estas fueron más leves para la población femenina latinoamericana (Vidal, Gil y Domingo, 2012). Resta saber si este grupo también se benefició al regresar a un mercado donde las desigualdades de género se inclinan en su contra.

En el Uruguay, la brecha entre retornados y no migrantes disminuye a medida que se incrementa el nivel educativo, pero se mantiene vigente en todos los estratos. Las dificultades de acceso al empleo de los retornados uruguayos son más pronunciadas entre los jóvenes y los mayores de 40 años que en otros países de la región con retorno (Prieto y Koolhaas, 2014). Las desigualdades por estatus migratorio también se aprecian en la brecha salarial, en la mayor prevalencia de informalidad y en el subempleo, aunque desaparecen tras cierto tiempo de asentamiento (Koolhaas, 2015). El elevado nivel de autoempleo entre los retornados uruguayos puede tener dos lecturas: a) que los retornados se inclinan por el desarrollo de emprendimientos propios donde pueden poner en práctica la experiencia adquirida en el exterior o b) que se trata de una respuesta a la dificultad de acceder a empleos en relación de dependencia (Mezger y Flahaux, 2013). La segunda sería la interpretación más probable en el Uruguay, donde el empleo autónomo es de menor calidad, con independencia de la condición migratoria (Koolhaas, 2015).

En síntesis, los uruguayos que residían en la dinámica economía española de 2006, cinco años después se distribuían entre dos contextos de vulnerabilidad y segmentación laboral posibles: el del mercado de trabajo uruguayo, con pleno empleo, pero también con varios desafíos de acceso y calidad del empleo para mujeres, jóvenes y retornados, y un mercado de trabajo extranjero con alto desempleo, agudas desigualdades entre migrantes y nativos, y donde solo las mujeres y los más educados fueron capaces de resistir la recesión.

B. Aspectos metodológicos

En esta sección se presentan los datos utilizados y la estrategia de investigación. A continuación se describe la metodología y se discuten posibles sesgos de selección que convendrá tener en cuenta a la hora de interpretar los hallazgos.

1. Características de los datos

A pesar de la coincidencia en la fecha de realización de los dos censos, hay al menos tres diferencias sustantivas entre ambas operaciones estadísticas: a) el censo español fue el cuarto censo de derecho celebrado desde 1981, mientras que el Uruguay adoptaba por primera vez esta modalidad en 2011; b) en el Uruguay la cobertura fue universal, en tanto que el censo español de 2011 fue una encuesta realizada al 12% de la población en virtud de un marco precensal elaborado a partir del padrón, y c) el relevamiento del Uruguay fue cara a cara y el español adoptó la estrategia de encuesta autoadministrada por Internet.

En el cuadro 1 se presentan las cifras ponderadas y sin ponderar para la población uruguaya de 15 a 64 años, analizada por estatus migratorio. El análisis se ha restringido a este grupo de edades y a quienes llevaban menos de 20 años residiendo en ambos países tras su llegada. En el análisis multivariado se agrega a estas restricciones la condición de población activa y se excluye a los inactivos. Las restricciones detalladas permitieron reducir sesgos de la composición de ambos grupos, especialmente al excluir a los migrantes que protagonizaron la oleada migratoria hacia España de la década de 1970 y el retorno de los años ochenta. De todos modos, ambas poblaciones difieren principalmente en cuanto al tiempo de asentamiento. Por este motivo, se incluyen controles de edad y duración de la migración.

Cuadro 1

Grupos poblacionales analizados

Censo

Estatus migratorio

Varones

Mujeres

Total

España 2011

Uruguayos en España (ponderado)

40 645,1

37 042,0

77 687,1

Uruguayos en España (no ponderado)

1 886

1 962

3 848

Uruguay 2011

Retornados desde España

4 715

4 138

8 853

Recientes

3 617

3 086

6 703

Antiguos

1 098

1 052

2 150

Universo a

45 360,1

41 180,0

86 540,1

Casos

6 601

6 100

12 701

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los censos de población y vivienda de 2011 de España y el Uruguay.

a Solo se pondera la población de uruguayos en España dado que se trata de una muestra del censo de ese país.

Para asegurar la comparación entre ambos censos, se homologaron algunas variables, tales como educación y condición de actividad, replicando las prácticas de homologación de IPUMS International[3]. Para los tipos de ocupación se emplea la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones de 2007 (CIUO-08). Además, se utilizó la clasificación elaborada por Garrido (2008), y recuperada por Muñoz (2013), con algunas modificaciones que se explican a continuación.

2. Metodología del análisis bivariado y multivariado

En el análisis descriptivo se estimaron tasas de actividad, empleo y desempleo por sexo, máximo nivel de instrucción y tiempo transcurrido desde la última migración (retorno o inmigración a España). También se describieron las estructuras de ocupación por cualificación del empleo en cada país.

Para el análisis multivariado de los determinantes de la probabilidad de estar ocupado, en ambos países se estimaron varios modelos logísticos y se introdujo la condición de retornado o emigrado como variable independiente. Quedaron excluidos del análisis los nativos no migrantes de los dos países y los inmigrantes de otros orígenes.

En este artículo, la condición migratoria se trata como equivalente a un indicador del país de la muestra (España=Emigrados/Uruguay=Retornados). Para contrastar la hipótesis de la existencia de diferencias en el efecto de los atributos individuales según condición migratoria, se incorporaron las interacciones de la condición migratoria con sexo, educación y duración de la estancia. Esta última es una variable categórica: 0) menos de 2 años tras la migración, i) entre 2 y 4 años, y ii) 5 años o más. También se estimaron modelos específicos por sexo, donde se analiza la triple interacción entre este atributo, la educación y el estatus migratorio, y donde se incluyeron tres variables dicotómicas que captan el efecto de las responsabilidades familiares: i) la situación conyugal, ii) la presencia de dependientes menores de 5 años y iii) la presencia de dependientes mayores de 84 años. Cualquiera de ellas inhibe la actividad y la ocupación en la población femenina retornada y no migrante en el Uruguay (Prieto y Koolhaas, 2014).

Por último, se especificaron modelos multinomiales para analizar las diferencias en el perfil de quienes acceden a puestos de alta, media y baja cualificación. En este caso, se incorporó la condición migratoria como variable independiente y se repitieron las interacciones del primer grupo de modelos. Cabe precisar que en los modelos multinomiales solo se incluyó a la población uruguaya ocupada, de 15 a 64 años, y con menos de 20 años de asentamiento en el lugar de residencia.

Los modelos multinomiales permiten estimar la probabilidad de que una persona se encuentre en más de un estado y posible. La categoría de referencia considerada es la condición de ocupado en empleos de cualificación baja (0) y las categorías resultantes son: (1) ocupado en empleos de cualificación media y (2) ocupado en empleos de alta cualificación. Esta clasificación de la ocupación se realizó a partir de los grandes grupos de la CIUO-08, siguiendo el ordenamiento propuesto por Muñoz (2013) quien, sobre la base del trabajo de Garrido (2008), ordena las ocupaciones de la CIUO-08 en 16 categorías, según la media de años de escolaridad de cada una (véase el cuadro A1.1 del anexo). El tamaño de la población retornada y emigrada obligó a utilizar tres categorías de ocupación (baja, media y alta), en lugar de los cuatro grupos originales de la clasificación (alta, media alta, media baja y baja).

Los resultados de los modelos se presentan como riesgos relativos, pero en algunos casos se grafican los efectos marginales de determinadas variables sobre la dependiente para valores representativos de otros regresores.

3. Apuntes sobre posibles sesgos de selección

El análisis conjunto de estos censos celebrados en el mismo año, pero en fechas distintas y con diferentes características, introduce varios sesgos. Por ejemplo, los intercambios de población entre España y el Uruguay ocurridos en ese año pueden haber sido omitidos por cualquiera de los dos censos si se produjeron en el lapso transcurrido durante el trabajo de campo en ambos países y pese a que en ambos censos (de derecho) se indague sobre la residencia habitual[4].

Whaba (2015) ha descrito al menos cuatro sesgos propios del estudio del retorno, y en el presente artículo se incurre al menos en dos. El primero alude a la decisión de emigrar, que supone que los potenciales retornados sean, desde el inicio, un grupo seleccionado. El segundo sesgo se asocia a la decisión de retornar. Por último, los otros dos sesgos corresponden a la decisión de participar en la fuerza de trabajo y de buscar empleo tras el retorno. Esta doble selectividad, de la emigración y del retorno, sobreestimaría el impacto del retorno en el premium salarial o laboral que supone esta doble migración, según Whaba, pues los emigrantes están positivamente seleccionados respecto de los no migrantes y los retornados están negativamente seleccionados dentro de los primeros.

Siguiendo este razonamiento, es posible que en nuestro caso las estimaciones presentadas sobreestimen el impacto del retorno en el acceso al empleo y subestimen el impacto de la emigración en dicho acceso. Conviene entonces revisar los descriptivos de las variables de corte de la población seleccionada (véase el cuadro 2). La edad media de ambas poblaciones es similar, próxima a los 40 años en los emigrados y 2 años menor entre los retornados, pero la duración media de la estancia en el país de residencia (al momento del censo) y la composición por nivel educativo es diferente entre una población y otra.

La duración media de la estancia es superior para los emigrados en España que para los retornados, pese a que se excluyeron aquellos que migraron o retornaron antes de 1991. De todos modos, no hay gran dispersión, y esta diferencia es controlable incluyendo la duración de la estancia en el análisis multivariado.

Cuadro 2

Características de las poblaciones analizadas

Emigrados

Retornados

Razones

retornado/emigrado

Varones

Mujeres

Varones

Mujeres

Varones

Mujeres

Casos sin expandir

1 613

1 558

4 214

3 192

...

...

Casos expandidos

40 645,1

37 042,03

...

...

...

...

Sexo (en porcentajes)

50,9

49,1

56,9

43,1

...

...

Edad media

40,1

40,1

38,2

37,6

...

...

(Error estándar)

(0,3)

(0,3)

(0,2)

(0,2)

...

...

Duración media de la migración

13,6

13,5

4,8

5,3

...

...

(Error estándar)

(0,3)

(0,3)

(0,1)

(0,1)

...

...

Distribución por nivel educativo

Menos que primaria completa

1,02

0,57

0,1

0,0

...

...

Primaria completa

15,05

11,52

31,1

21,9

245,1

214,9

Secundaria completa

72,84

72,43

47,5

49,5

77,3

77,3

Terciaria completa

11,08

15,48

21,3

28,6

227,7

209,2

Total

103,7

86,2

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los censos de población y vivienda de 2011 de España y el Uruguay.

Respecto de la composición de ambas poblaciones por nivel educativo, más del 70% de los uruguayos emigrados en España completaron niveles medios de instrucción, pero la estructura educativa de los retornados es menos concentrada. El sesgo de selección de la población retornada uruguaya por educación es doble o polarizado (no solo negativo como espera Whaba (2015)): los retornados estarían seleccionados favorablemente en los niveles de enseñanza primaria y terciaria.

C. Resultados

Las evoluciones contrapuestas de ambos países en estudio dejaron en 2011 un escenario polarizado con visibles diferencias entre retornados y emigrados. Los uruguayos que permanecen en España ostentan niveles de actividad similares a los retornados desde este origen, pero difieren en los niveles de ocupación y desempleo (véase el cuadro 3). La tasa de desempleo de los uruguayos que permanecen en España triplica a la de quienes regresaron en los cinco años anteriores al censo (recientes) y es siete veces superior a la de los retornados que llevan más de cinco años en su país de origen (antiguos).

La sobrerrepresentación extranjera en el índice de desempleo español se confirma con el 36,7% de desempleo entre los uruguayos que residían en España en 2011: 9 puntos más que el de los españoles. A pesar de esta ventaja evidente de los retornados, la brecha que separa a los primeros de los no migrantes uruguayos (un 12,9% frente a un 6,4%) es incluso superior a la de uruguayos emigrados y nativos españoles (un 36,7% frente a un 27,8%). Por otra parte, el desempleo de los retornados desde España es superior al de los procedentes de la Argentina o los Estados Unidos, otros dos destinos de la migración uruguaya.

Cuadro 3

Tasas de actividad, ocupación y desempleo de los uruguayos, según estatus migratorio, 2011

(En porcentajes)

Condición migratoria

País de nacimiento

Tasa de actividad

Tasa de ocupación

Tasa de desempleo

No migrantes

Uruguay

74,1

69,4

6,4

Retornados recientes (menos de 5 años) en el Uruguay

Todos los orígenes

81,7

72,7

11,0

España

82,5

71,9

12,9

Estados Unidos

79,3

70,5

11,1

Argentina

83,2

74,7

10,3

Retornados antiguos (más de 5 años) en el Uruguay

Todos los orígenes

84,0

79,9

4,9

España

87,2

82,8

5,0

Estados Unidos

84,5

80,0

5,3

Argentina

83,5

79,3

5,0

Emigrados en España

Uruguayos

83,3

52,7

36,7

Otro latinos

80,0

49,1

38,6

España

77,7

56,1

27,8

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los censos de población y vivienda de 2011 de España y el Uruguay.

También es cierto que si se compara el desempleo de los llegados desde España en los últimos cuatro años con el de quienes regresaron hace más de cuatro años, se verifica que el tiempo transcurrido puede revertir esa aparente vulnerabilidad inicial de los retornados y posicionarlos incluso mejor que los no migrantes. Por último, se aprecia un descenso en los niveles de actividad tras el retorno que avalaría los argumentos a favor de que algunos retornados optan por esperar el momento o la oportunidad indicada para entrar a la fuerza de trabajo (Koolhaas, 2015; Cobo, Giorguli y Alba, 2010; Lindstrom, 2013).

Entre retornados y emigrados se aprecia una relación negativa entre educación y desempleo. La excepción son los retornados varones, entre quienes el mayor nivel de desempleo lo ostentan aquellos que completaron la educación intermedia (véase el gráfico 1). Entre las retornadas, el mayor riesgo de desempleo recae en aquellas con primaria completa (21,3%) y educación superior (12,3%).

En el gráfico 2 se presentan las brechas entre retornados y emigrados obtenidas a partir de la información del gráfico 1. Las ganancias en cuanto al desempleo de los retornados disminuyen a medida que aumenta el nivel de instrucción. De todas formas, no puede interpretarse que el retorno incremente o disminuya la actividad o el desempleo después de la emigración, sino que, en la evaluación relativa del desempeño de los dos grupos de migrantes uruguayos, los indicadores analizados (agregados) muestran un mejor o peor desempeño de los retornados frente a los emigrados. Se puede afirmar que los varones y los menos educados se favorecieron en mayor medida del retorno respecto de quienes permanecían en España en 2011. En cuanto a la actividad, los varones incrementan su participación como retornados mientras que entre las mujeres ocurre lo inverso: la actividad de las retornadas cae respecto de las emigradas, sobre todo en aquellas con menor capital humano.

Gráfico 1

Tasa de desempleo de emigrados y retornados recientes, por nivel de instrucción, según sexo, 2011

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los censos de población y vivienda de 2011 de España y el Uruguay.

Gráfico 2

Brecha entre retornados recientes y emigrados en la tasa de desempleo, por nivel de instrucción, 2011

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los censos de población y vivienda de 2011 de España y el Uruguay.

1. El sexo, la educación y la duración de la migración como predictores del empleo de retornados y emigrados

En el siguiente grupo de modelos se analiza el efecto aislado del estatus migratorio, la educación y el sexo, así como las interacciones entre la primera y las dos últimas variables sobre la probabilidad de estar ocupado (véase el cuadro 4). También se agrega un modelo para medir el efecto del tiempo transcurrido tras la última migración.

Cuadro 4

Primer grupo de resultados de modelos logísticos binomiales sobre la probabilidad de estar ocupado, retornados y emigrados, 2011

(1)

(2)

(3)

Retornado

5,512***

5,891***

6,632***

(Emigrado)

(0,444)

(0,761)

(1,326)

Mujer

0,765**

(Varón)

(0,0633)

Uruguay # Mujer

0,783*

(0,0880)

Secundaria completa

(Primaria completa)

1,384**

(0,165)

Universidad completa

(Primaria completa)

2,444***

(0,397)

Retornado # Secundaria completa

0,799

(0,118)

Retornado # Universidad completa

0,734

(0,145)

2-4 años

1,621*

(<2 años )

(0,372)

5+ años

1,922**

(<2 años )

(0,384)

Retornado # 2-4 años

1,216

(0,310)

Retornado# 5+ años

1,452

(0,332)

Constante

0,587***

0,100

-0,151

(0,0588)

(0,109)

(0,195)

Criterio de información de Akaike (CIA)

8 148,5

8 144,6

8 076,8

Criterio de información bayesiano (CIB)

8 177,1

8 187,5

8 119,7

Pseudocoeficiente de determinación

0,0968

0,0977

0,105

Número de casos

10 554

10 554

10 554

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los censos de población y vivienda de 2011 de España y el Uruguay.

Nota: Categoría de referencia y errores estándar entre paréntesis. * p < 0,05. ** p < 0,01. *** p < 0,001.

En cualquiera de las tres estimaciones del cuadro 4, la condición de retornado respecto de la de emigrado contribuye positivamente a la probabilidad de estar ocupado, en coincidencia con las diferencias observadas entre el desempleo de los emigrados en España y los retornados en el Uruguay.

La condición migratoria impacta sobre la forma en que el sexo incide en la búsqueda de empleo. En cualquiera de estos dos contextos, las probabilidades de empleo de las mujeres son inferiores a las de los varones, y se reducen aún más para las retornadas (modelo 1).

Ciertamente, la educación es un predictor positivo del empleo y su efecto aumenta a medida que se incrementa el capital humano, pero no se aprecian diferencias significativas entre retornados y emigrados (modelo 2). Más adelante se verá si estos hallazgos se mantienen cuando se consideran otros controles.

La interacción entre la condición migratoria y el tiempo transcurrido tras la migración permite analizar si en la búsqueda de empleo varía el impacto de la duración de la residencia entre retornados y emigrados, y a pesar de que son mayores las probabilidades de acceso al empleo de quienes llevan dos años o más como retornados o emigrados, este efecto no sugiere diferencias significativas en ambos grupos (modelo 3).

Ahora veremos si al incorporar los controles de sexo y edad, se verifican estos primeros resultados. En el primero de los modelos del cuadro 5 se mantiene el efecto positivo de la residencia en el Uruguay y del tiempo transcurrido tras el retorno. Superados los dos primeros años tras la llegada a España o el regreso al Uruguay, se duplican las oportunidades de empleo y se triplican entre quienes ya llevan cinco años en el mismo lugar. Al añadir la educación (modelo 2), se mantiene la magnitud de las razones de riesgos de la duración de la residencia y se ratifica el impacto protector de la educación en el acceso al empleo. Los efectos del retorno, la duración de la residencia y la educación se conservan al controlar por sexo y edad cuadrática (modelo 3). La significatividad de la edad y la edad cuadrática reflejan que las oportunidades de empleo se incrementan con la edad, pero se reducen en edades avanzadas.

Cuadro 5

Segundo grupo de modelos logísticos binomiales sobre la probabilidad de estar ocupado, retornados y emigrados, 2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Retornado

8,535***

8,127***

8,201***

10,33***

9,521***

6,636***

9,174***

(Emigrado)

(0,661)

(0,642)

(0,653)

(1,457)

(0,936)

(1,359)

(2,194)

2-4 años

1,992***

1,930***

1,998***

2,017***

2,005***

1,683*

1,684*

(<2 años )

(0,188)

(0,183)

(0,191)

(0,194)

(0,192)

(0,394)

(0,395)

5+ años

2,816***

2,619***

2,488***

2,537***

2,503***

2,013***

2,014***

(<2 años)

(0,235)

(0,222)

(0,214)

(0,219)

(0,215)

(0,409)

(0,410)

Secundaria completa

(Primaria completa)

1,166*

1,189*

1,376**

1,205**

1,185*

1,368**

(0,0792)

(0,0822)

(0,157)

(0,0836)

(0,0820)

(0,156)

Universidad completa

(Primaria completa)

2,000***

2,002***

2,757***

2,030***

1,985***

2,702***

(0,179)

(0,183)

(0,411)

(0,186)

(0,182)

(0,402)

Edad

1,158***

1,158***

1,157***

1,159***

1,158***

(0,0176)

(0,0177)

(0,0176)

(0,0176)

(0,0177)

Edad al cuadrado

0,998***

0,998***

0,998***

0,998***

0,998***

(0,0001)

(0,0001)

(0,0001)

(0,0001)

(0,0001)

Mujer

0,653***

0,655***

0,750***

0,653***

0,743***

(Varón)

(0,0354)

(0,0356)

(0,0569)

(0,0354)

(0,0566)

Retornado #

0,813

0,829

Secundaria completa

(0,117)

(0,120)

Retornado #

0,594**

0,616*

Universidad completa

(0,111)

(0,116)

Retornado # Mujer

0,754**

0,774*

(0,0815)

(0,0842)

Retornado #

2-4 años

1,175

1,183

(0,306)

(0,308)

Retornado #

5+ años

1,327

1,373

(0,303)

(0,315)

Constante

-0,391***

-0,542***

-3,304***

-3,473***

-3,375***

-3,110***

-3,309***

(0,0859)

(0,101)

(0,305)

(0,316)

(0,307)

(0,352)

(0,362)

Criterio de información de Akaike (CIA)

9 045,7

8 978,6

8 811,5

8 807,6

8 806,6

8 813,8

8 806,1

Criterio de información bayesiano (CIB)

9 074,8

9 022,2

8 876,8

8 887,5

8 879,3

8 893,7

8 907,8

Pseudocoeficiente de determinación

0,102

0,109

0,127

0,127

0,127

0,127

0,128

Número de casos

10 554

10 554

10 554

10 554

10 554

10 554

10 554

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los censos de población y vivienda de 2011 de España y el Uruguay.

Nota: Categoría de referencia y errores estándar entre paréntesis. * p < 0,05. ** p < 0,01. *** p < 0,001. Constante sin exponenciar.

En el cuadro 5 también se incluyen los modelos con términos de interacción entre condición migratoria y educación (4), sexo (5) y tiempo transcurrido tras la migración (6), respectivamente. También aquí, se descarta que la contribución positiva de la duración de la estancia sobre el empleo varíe de acuerdo con los estatus migratorios de interés y se ratifica el efecto significativo de las interacciones entre el sexo de retornados y emigrados.

Sin duda, el resultado más interesante es que, al controlar por estas características individuales, se encuentran diferencias sustantivas en la incidencia de la educación en el empleo por estatus migratorio para aquellos individuos que completaron el nivel terciario (modelo 4). Incluso en el modelo final, donde se incluyen interacciones del sexo y la duración de la estancia con la condición migratoria (modelo 7), se mantiene que los retornados uruguayos más educados tienen menos probabilidades de acceder al empleo en su país. Es decir, la educación superior tendría un sentido opuesto cuando se trata del empleo de retornados, lo que cuestiona el efecto protector de la educación en este caso. Es posible que la transferibilidad de las credenciales educativas y de la experiencia de los retornados tenga aquí un papel central, sobre el que se volverá en la sección D.

El tercer grupo de modelos del cuadro 6, sobre la probabilidad de empleo, fue estimado por separado por sexo, para poder analizar el efecto de la unión conyugal y las responsabilidades de cuidado[5]. En este grupo también se analiza si la variación del efecto de la educación por estatus migratorio se comprueba en ambos sexos.

La unión contribuye positivamente al empleo de los varones, pero no afecta a las mujeres. En tanto, mientras que la presencia de menores de 5 años en el hogar no es significativa, la presencia de dependientes mayores de 84 años incrementa notoriamente las probabilidades de empleo, sobre todo entre las mujeres. Puede concluirse que las responsabilidades familiares, al menos en la forma en que aquí se las ha operacionalizado, son insuficientes para explicar las desigualdades entre sexos en el acceso al empleo de retornados y emigrados.

Los modelos estimados por sexo revelan que la condición de retornado incrementa 14 veces las probabilidades de empleo para los varones y 8 veces para las mujeres. También la educación terciaria o superior contribuye positivamente con el empleo, pero entre las mujeres este efecto solo se comprueba para las que cuentan con educación terciaria completa.

Si bien en el grupo anterior veíamos que aquellos con educación secundaria o universitaria tenían menos probabilidades de acceso al empleo como retornados, cuando se replica este análisis por sexo (véase el cuadro 6), la interacción entre estatus migratorio y educación solo es significativa para los varones con secundaria completa. Para ellos son menores las probabilidades de ocupación que para los emigrados, pero para los demás niveles de instrucción y para las mujeres debe descartarse la hipótesis de retornos diferenciales de la educación según condición migratoria.

Cuadro 6

Tercer grupo de modelos logísticos binomiales sobre la probabilidad de estar ocupado, estimados específicamente por sexo, retornados y emigrados, 2011

(Varones)

(Mujeres)

Edad

1,185***

1

(0,0256)

(.)

Edad al cuadrado

0,998***

0,999***

(0,000267)

(0,000279)

2-4 años

2,161***

1,952***

(<2 años )

(0,310)

(0,255)

5+ años

2,306***

2,789***

(<2 años )

(0,287)

(0,333)

En unión

1,500***

1,135

(no unido)

(0,138)

(0,103)

Presencia de menores de 5 años en el hogar

(ausencia)

1,213

0,796

(0,197)

(0,118)

Presencia de mayores de 84 años en el hogar

(ausencia)

1,374

2,766*

(0,636)

(1,282)

Retornado

14,38***

8,289***

(España)

(2,851)

(1,735)

Secundaria completa

1,445*

1,319

(Primaria completa)

(0,228)

(0,218)

Universidad completa

2,641***

2,873***

(Primaria completa)

(0,579)

(0,595)

Retornado # Secundaria completa

0,671*

1,061

(0,133)

(0,223)

Retornado # Universidad completa

0,627

0,655

(0,177)

(0,169)

Constante

-4,263***

-3,081***

(0,437)

(0,455)

Criterio de información de Akaike (CIA)

4 372,8

4 410,3

Criterio de información bayesiano (CIB)

4 459,5

4 494,3

Pseudocoeficiente de determinación

0,136

0,118

Número de casos

5 811

4 743

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los censos de población y vivienda de 2011 de España y el Uruguay.

Nota: Categoría de referencia y errores estándar entre paréntesis. * p < 0,05. ** p < 0,01. *** p < 0,001. Constante sin exponenciar.

Las interacciones de variables categóricas se aprecian con claridad mediante los efectos marginales del gráfico 3. Para valores representativos de la distribución por edades, permiten observar la distribución curvilínea de las probabilidades de empleo en las distintas edades. Entre los varones es notorio que las dificultades de acceso al trabajo son comunes a los más jóvenes y a los mayores de 49 años, en cambio para las mujeres estas solo se limitan a las más jóvenes.

Gráfico 3

Efectos marginales de la educación sobre la probabilidad de estar ocupado, por país de residencia, edad y sexo

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los censos de población y vivienda de 2011 de España y el Uruguay.

Nota: Las probabilidades predichas corresponden a resultados de los modelos logísticos binomiales estimados para cada sexo por separado. Los resultados muestran el cambio marginal que produce la instrucción sobre la probabilidad de estar ocupado en cada país de residencia (0=España/Emigrados, 1=Uruguay/Retornados) y sexo (0=Varones, 1=Mujeres), para grupos de edad quinquenales de entre 15 y 64 años.

2. Variaciones en el efecto del sexo y la educación sobre la ocupación por tipo de cualificación

Como se señalara en la revisión de antecedentes, los dos mercados laborales de interés se organizan en un sector primario, con empleos de alta cualificación, mejores salarios y menor precariedad, y en un sector secundario caracterizado por empleos de baja cualificación, bajos salarios, mayor temporalidad e informalidad. El censo de población uruguayo no informa sobre la calidad del empleo, pero es posible analizar las ocupaciones en términos de cualificación sin eludir el hecho de que retornados y emigrados se concentran en un reducido número de ocupaciones.

La información del cuadro 7 revela la concentración de la población emigrada y retornada en determinados sectores de actividad. Retornados y emigrados tienen una amplia representación entre científicos y profesionales, administrativos, comerciantes y vendedores, obreros cualificados (industria, transporte, construcción) y personal de servicio doméstico. Los retornados de ambos sexos participan más que los emigrados como comerciantes y vendedores, en tanto que las retornadas participan más que los hombres pertenecientes a esta categoría como profesionales y los hombres tienen mayor presencia como peones de la industria, la construcción y el transporte.

Cuadro 7

Distribución de la población ocupada por ocupaciones, nivel de cualificación de la ocupación y sexo, emigrados y retornados, 2011

(En porcentajes)

Cualificación

de la ocupación

Ocupación

Emigrados en

España

Retornados desde España

Varones

Mujeres

Varones

Mujeres

Alta

Directores y gerentes

4,4

2,9

4,5

2,4

Técnicos, profesionales y científicos

21,3

22,3

18,7

28,9

Media

Administrativos

6,1

12,7

8,3

19,9

Trabajadores de hotelería y restauración

11,3

8,4

5,5

8,4

Comerciantes y vendedores

6,3

16,6

12,3

20,8

Trabajadores de servicios personales

6,8

9,3

0

0

Cualificados del sector agropecuario

2,3

1,1

1,3

0,4

Construcción e industria (cualificados)

33

5,1

33,6

3,7

Baja

Servicio doméstico

2

16,9

1,2

7,7

Peones de la industria, construcción,

agro y transporte

6,3

4,6

14,8

7,8

Total

100

100

100

100

Número de casos

1 075

952

3 818

2 763

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los censos de población y vivienda de 2011 de España y el Uruguay.

La sobrerrepresentación de las emigradas en los servicios personales contrasta con la nula participación de los retornados de ambos sexos en estas ocupaciones. También destaca la similitud de la participación masculina en la construcción en ambos contextos y su concentración en la hotelería y restauración como emigrados.

En el cuadro 7 se presentan los riesgos relativos de la probabilidad de encontrarse empleado en ocupaciones de cualificación media y alta, respecto de estar empleado en ocupaciones de baja cualificación. Recuérdese que en este ejercicio solo se incluyó a la población ocupada.

Haber regresado al Uruguay disminuye las probabilidades de empleo en ocupaciones de cualificación media y alta respecto de la ocupación de baja cualificación, cuando se analizan ambos sexos (modelo 1). Sin embargo, si se replica este análisis por sexo, se encuentra que la condición de retorno tiene efectos disímiles según se trate de varones o mujeres. Para los varones, el retorno reduce las probabilidades de encontrase en empleos de media y alta cualificación (modelo 2) respecto de los connacionales que residen en España. Por el contrario, el retorno incrementa un 75% las probabilidades de ocupación en niveles medios y las octuplica si se trata de ocupaciones de alta cualificación para las mujeres (modelo 3). Entonces, si bien el retorno reduce las probabilidades de empleo femenino (como se viera en modelos anteriores), entre las ocupadas, incrementa las chances de emplearse en niveles superiores de la estratificación ocupacional, al menos respecto de las emigradas en igual posición. Para los varones, en cambio, el retorno aumenta las probabilidades de estar empleado respecto de los emigrados, pero, dentro de los ocupados, este grupo encuentra mayores oportunidades en estratos inferiores de ocupación.

Cuadro 8

Cuarto grupo de modelos logísticos multinomiales sobre la probabilidad de los ocupados de encontrarse en empleos de baja, media y alta cualificación

(1) Ambos sexos

(2) Varones

(3) Mujeres

Cualificación media

(referencia baja cualificación)

Retornados

0,677*

0,413*

1,747*

(Emigrados)

(0,138)

(0,153)

(0,440)

Mujer

0,302***

(Varón)

(0,0426)

Secundaria completa

1,694**

0,723

2,423***

(Primaria completa)

(0,311)

(0,268)

(0,569)

Universidad completa

4,167***

1,309

6,378***

(Primaria completa)

(1,377)

(0,822)

(2,553)

2-4 años

0,998

1,103

0,891

(<2 años)

(0,0901)

(0,133)

(0,124)

5+ años

1,164

1,169

1,141

(<2 años)

(0,0959)

(0,130)

(0,144)

Edad # edad

0,9999

1,0002***

0,9997***

(0,0000371)

(0,0000534)

(0,0000542)

Retornado # Mujer

2,822***

(0,448)

Retornado # Secundaria

0,904

1,618

0,979

completa

(0,180)

(0,622)

(0,262)

Retornado # Universidad

0,311***

0,765

0,295**

completa

(0,108)

(0,493)

(0,127)

En unión

1,370***

0,945

(no unido)

(0,122)

(0,0978)

Presencia de menores de 5 años en el hogar (ausencia)

0,846

0,833

(0,246)

(0,204)

Presencia de mayores de 84 años en el hogar (ausencia)

0,282

3,911

(0,196)

(2,970)

Cualificación alta

(referencia baja cualificación)

Retornados

0,634

0,299*

8,089*

(Emigrados)

(0,218)

(0,141)

(8,432)

Mujer

0,279***

(Varón)

(0,0474)

Secundaria completa

4,242***

1,297

28,41**

(Primaria completa)

(1,353)

(0,595)

(28,98)

Universidad completa

91,87***

22,03***

627,5***

(Primaria completa)

(37,97)

(14,79)

(667,3)

2-4 años

1,287*

1,379*

1,175

(<2 años)

(0,143)

(0,209)

(0,196)

5+ años

1,782***

1,834***

1,686***

(<2 años)

(0,171)

(0,241)

(0,241)

Edad # edad

1,0002***

1,0003***

1,00008

(0,0000446)

(0,0000640)

(0,0000644)

Retornado # Mujer

3,629***

(0,690)

Retornado # Secundaria

1,404

3,068*

0,425

completa

(0,487)

(1,494)

(0,446)

Retornado # Universidad

0,286**

0,920

0,0699*

completa

(0,125)

(0,641)

(0,0765)

En unión

1,434**

0,936

(no unido)

(0,157)

(0,112)

Presencia de menores de 5 años en el hogar (ausencia)

0,700

1,076

(0,239)

(0,331)

Presencia de mayores de 84 años en el hogar (ausencia)

0,403

2,625

(0,787)

(0,848)

Constante

-1,602***

-0,986*

-4,395***

(0,337)

(0,474)

(1,034)

Criterio de información de Akaike (CIA)

14 485,8

7 936,0

6 479,6

Criterio de información bayesiano (CIB)

14 641,1

8 091,8

6 628,9

Pseudocoeficiente de determinación

0,121

0,119

0,131

Número de casos

8 608

8 608

8 608

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los censos de población y vivienda de 2011 de España y el Uruguay.

Nota: Categoría de referencia y errores estándar entre paréntesis. * p < 0,05. ** p < 0,01. *** p < 0,001. Constante sin exponenciar.

Al igual que en los modelos donde se estimaba la probabilidad de empleo, cuanto mayor es el nivel de instrucción, más se incrementan las oportunidades de los ocupados de situarse en ocupaciones de cualificación media y alta. Es destacable la magnitud del efecto de la educación terciaria en el acceso a empleos de alta cualificación por parte de las mujeres (627 veces más respecto de la ocupación en sectores de baja cualificación).

El tiempo transcurrido tras la última migración solo es significativo para predecir la probabilidad de ocupación en estratos altos para quienes llevan más de cuatro años tras el retorno o la emigración, y no tiene efecto en empleos de cualificación media.

Las interacciones entre educación y condición migratoria sugieren que ser retornadas y universitarias reduce la probabilidad de las mujeres de desempeñarse en ocupaciones de cualificación media y alta. Por el contrario, se encuentra que la probabilidad de los retornados varones con educación intermedia de emplearse en ocupaciones de alta cualificación triplica a la de los menos educados. Es decir, los varones retornados accederían a los puestos más altos, incluso si su formación es solo intermedia.

Por último, tampoco aquí se aprecia un efecto significativo de las responsabilidades familiares que permita explicar las diferencias entre sexos en el acceso a empleos de cualificación baja, media y alta.

En el gráfico 4 se representa con mayor claridad el efecto de la educación, el retorno y el sexo en el empleo en los tres niveles de cualificación. Las mujeres que residen en España tienen mayor probabilidad de encontrarse ocupadas en empleos de baja cualificación, a excepción de las más educadas. El crecimiento de la concentración de las mujeres en el servicio doméstico tras la crisis ya ha sido señalado por Vidal y Miret (2014), quienes subrayan que, si bien este es un sector vulnerable, la demanda de cuidados ha sido menos elástica y ha permitido que los hogares migrantes se refugien en este sector para subsistir. Es posible que un grupo seleccionado de las uruguayas que permanecían en España al momento de la realización del censo se encontrara en esta situación.

Gráfico 4

Efectos marginales de la educación sobre la probabilidad de estar ocupado en empleos de baja, media y alta cualificación, por país de residencia y sexo

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los censos de población y vivienda de 2011 de España y el Uruguay.

Nota: Los efectos marginales al 95% de confianza corresponden a los resultados del modelo multinomial estimado para ambos sexos.

Los varones que residen en España conforman el grupo con menores probabilidades de emplearse en puestos de baja cualificación, lo cual es esperable si se tiene en cuenta que la construcción está dentro de esta clase. Quienes pudieron resistir la crisis hasta 2011 fueron los que tenían más probabilidades de empleo en puestos de cualificación media. Por el contrario, los varones retornados tienen altas chances de insertarse en los empleos de baja y media cualificación que escaseaban en España durante la crisis. Esto puede explicarse por la creciente demanda de la construcción y el transporte en el Uruguay o por la generación de autoemprendimientos que permiten aprovechar la experiencia adquirida en este sector en el exterior.

En síntesis, el retorno favorece a: i) las retornadas insertas en ocupaciones de alta cualificación y ii) los varones retornados con baja cualificación, que logran insertarse en sectores de cualificación media (que incluyen a la construcción y al transporte) y baja.

D. Conclusiones

Hasta aquí se ha caracterizado la situación de actividad, ocupación y acceso al empleo de los uruguayos retornados desde España antes de 2011 y de quienes permanecían en este país en dicho año. La estrategia de combinar dos censos permitió analizar el desempeño de la población uruguaya retornada respecto de quienes permanecen en el extranjero. En otros artículos escritos anteriormente se ha discutido el desempeño de los retornados respecto de los no migrantes, identificando ventajas y desventajas de este estatus migratorio o “los retornos del retorno”. Este artículo contribuye a esa acumulación con otro grupo de referencia —los emigrados—, que comparte la experiencia de la migración, pero no la del retorno.

Los resultados bivariados confirman que las brechas en el desempleo de retornados y emigrados son favorables a los primeros, y los resultados multivariados permiten afirmar que el incremento en las probabilidades de acceso al empleo de los retornados respecto de los emigrados se mantiene, incluso controlando por una serie de características individuales[6]. Los hallazgos hasta aquí reseñados también sustentan el segundo enunciado de nuestra hipótesis, en cuanto a que la magnitud de esta ventaja del retorno no alcanza igualmente a todos y en algunos casos puede incluso revertirse. Este enunciado se ha verificado en los modelos multivariados que estiman la probabilidad de acceso al empleo y también en la estimación de las probabilidades de ocupación en empleos de baja, media y alta cualificación. Ahora bien, ¿quiénes son los beneficiados y quiénes los perjudicados en el retorno?

En lo que respecta al acceso al empleo de los activos, se encontró que, si bien los retornados tienen más oportunidades de estar ocupados que los uruguayos que permanecen en España, ello no anula el impacto negativo de ser mujer en el mercado de trabajo uruguayo. Las retornadas tienen menos oportunidades de empleo en todos los modelos estimados y constituirían uno de los grupos perjudicados. Otro grupo perjudicado es el de los retornados con educación superior. Si bien la educación y el retorno tienen un efecto positivo en las probabilidades de empleo, los retornados que completaron la formación terciaria tienen menos probabilidades de acceso al empleo en los modelos estimados para ambos sexos, aunque este efecto no se corroboró en los análisis específicos para cada sexo. Por lo tanto, este segundo grupo, a priori vulnerable, merece un estudio particular en el que se tengan en cuenta más elementos de los aquí considerados. Otro ejemplo similar, que aporta un tercer grupo de perjudicados, se observa cuando se tiene en cuenta no ya la probabilidad de acceso al empleo, sino la distribución por nivel de cualificación de los ya ocupados. En este caso, las mujeres retornadas con educación terciaria tienen menos probabilidades de emplearse en ocupaciones de alta cualificación, aunque las condiciones de retorno y educación superior individualmente tengan un efecto positivo.

Cuando el retorno inhibe el efecto protector de la educación reduciendo las oportunidades de acceso e inserción en puestos de alta cualificación, las respuestas pueden encontrarse en la transferibilidad de saberes y competencias de la población retornada. En el Uruguay hay iniciativas en este sentido, pero el desconocimiento entre la población retornada impide su aprovechamiento cabal (Diconca, 2012).

Estos hallazgos también deben interpretarse teniendo en cuenta la poca planificación de este retorno, que nos regresa a las interpretaciones de este como respuesta adaptativa a la crisis (González-Ferrer, 2013). Es posible que la preparación institucional que debe acompañar a este tipo de retorno no solo sea precisa en el terreno de la traducibilidad de experiencias y saberes, pues este problema aparece incluso entre los más educados, cuyas credenciales cabría esperar que fueran más fáciles de traducir. Hay entonces otros elementos, cuestiones estructurales, que distancian a ambos países. Por ejemplo, en condiciones de crisis o crecimiento económico, España tiene una economía más tecnificada y orientada a servicios, donde los más educados y las mujeres tendrían mejores oportunidades. No se trata de orientarse a alentar el retorno de los más calificados, pero sí de considerar que, ya que este ha ocurrido —aunque en menor medida que el menos calificado—, no debería desaprovecharse.

Los resultados muestran que en el retorno también hay ganadores. Los varones menos educados retornados desde España han incrementado hasta 14 veces sus chances de ocupación. Incluso aquellos con instrucción media muestran respetables probabilidades de acceso a empleos de alta cualificación. Si se trata de trayectorias positivas que reflejan “retornos” de la migración, o no, queda planteado como una de las preguntas que animan a indagar cualitativamente en las motivaciones y estrategias detrás de los perfiles identificados cuantitativamente.

Los antecedentes han mostrado que las mujeres emigradas resistieron mejor la crisis en España y que las retornadas, por el contrario, sufrieron una doble desventaja en la inserción en el mercado de trabajo: como mujeres y como retornadas. Los resultados aquí presentados confirman que esta doble desventaja posiciona a las mujeres retornadas en desventaja no solo respecto de las no migrantes (Prieto y Koolhaas, 2014), sino también respecto de las no retornadas. Este resultado coincide con la menor intensidad del retorno femenino procedente de España (Prieto, Pellegrino y Koolhaas, 2015) y contribuye a esbozar la hipótesis de que este retorno está seleccionado positivamente si se atiende al perfil menos educado y más concentrado en el servicio doméstico de quienes permanecían en España en 2011. En este trabajo se exploró si la particularidad de la situación femenina se vincula con las cargas de responsabilidad doméstica, pero los resultados obtenidos descartan esta hipótesis, al menos en la forma en que aquí se operacionalizó esta dimensión, y reafirman la necesidad de seguir buscando respuestas a la desigualdad entre varones y mujeres retornados. También queda pendiente comprender por qué las mujeres retornadas recientes participan menos de la actividad que las emigradas y analizar si ello responde a una estrategia de espera deseada o a una dificultad de acceso a la actividad.

Bibliografía

Amarante, V. y A. Espino (2009), “Informalidad y desprotección social en Uruguay”, Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía, vol. 40, Nº 158.

Aysa-Lastra, M. y L. Cachón (2012), “Latino immigrant employment during the great recession: A comparison of the United States and Spain”, Norteamérica, vol. 7, Nº 2.

Beauchemin, C. y otros (2014), “New patterns of migration between Senegal and Europe”, MAFE Working Paper Series, Nº 21.

Bernardi, F. y L. Garrido (2008), “Is there a new service proletariat? Post industrial employment growth and social inequality in Spain”, European Sociological Review, vol. 24, Nº 3.

Bernardi, F., L. Garrido y M. Miyar (2011), “The recent fast upsurge of immigrants in Spain and their employment patterns and occupational attainment”, International Migration, vol. 49, Nº 1.

Cassarino, J.P. (2014), “A case for return preparedness”, Global and Asian Perspectives on International Migration, G. Battistella (ed.), Global Migration Issues, vol. 4, Springer.

____(2004), “Theorising return migration: the conceptual approach to return migrants revisited”, International Journal on Multicultural Societies, vol. 6, Nº 2.

Cebolla, H., M. Miyar y J. Muñoz (2014), “Is the Spanish recession increasing inequality? Male migrant-native differences in educational returns against unemployment”, Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 41, Nº 5.

Cobo, S., S Giorguli y F. Alba (2010), “Occupational mobility among returned migrants in Latin America: A comparative analysis”, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 630.

De Haas, H., T. Fokkema y M.F. Fihri (2014), “Return migration as failure or success? The determinants of return migration intentions among Moroccan migrants in Europe”, International Migration and Integration, Nº 16.

Del Río, C. y O. Alonso-Villar (2012), “Occupational segregation of immigrant women in Spain”, Feminist Economics, vol. 18, Nº 2.

Diconca, B. (coord.) (2012), Caracterización de las nuevas corrientes migratorias en Uruguay Inmigrantes y retornados: acceso a derechos económicos, sociales y culturales, Montevideo, Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

Dumont, J. C. y G. Spielvogel (2008), “Return migration. A new perspective”, International Migration Outlook SOPEMI 2008 Edition, parte III, París, Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Durand, J. (2015), “Ensayo teórico sobre la migración de retorno. El principio del rendimiento decreciente”, Cuadernos Geográficos, Nº 2004-2.

Espino, A., A. Machado y G. Alves (2011), Estudio de las tendencias cuantitativas y cualitativas de la oferta y la demanda de trabajo en Uruguay: ¿hay un ajuste de la oferta de trabajo a la demanda?, serie Estudios sobre el Mercado Laboral en Uruguay, Montevideo, Instituto de Economía (IECON)/Banco Central del Uruguay (BCU).

Fangmeng, T. y M. Zhongdong (2006), “Explaining the socioeconomic well-being of immigrants and returned migrants: An econometric analysis of the Hong Kong and Canadian censuses of 2001”, Journal of International Migration and Integration, vol. 7, Nº 4.

Gálvez, L. y P. Rodríguez (2012), “La desigualdad de género en las crisis económicas”, Investigaciones Feministas, vol. 2.

Garrido, L. (2008), “Convivencia en pareja, trabajo e inmigración al comenzar el siglo XXI”, Economistas, Nº 117.

González-Ferrer, A. (2013), “Retorno y reintegración de los migrantes latinoamericanos en Europa”, Propuestas para vincular las políticas de migración y empleo, Madrid, Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).

Jáuregui, A., J. Recaño y M.J. Ávila (2015), “De las intenciones a los hechos, dimensión de la migración de retorno de los latinoamericanos residentes en España, 2007-2012”, Retorno en los procesos migratorios de América Latina. Conceptos, debates, evidencias, F. Lozano y J. Martínez (eds.), serie Investigaciones de ALAP, Nº 16, Montevideo, Asociación Latinoamericana de Población.

Koolhaas, M. (2015), “Migración internacional de retorno en Uruguay: magnitud, selectividad y reinserción laboral en tiempos de crisis económica internacional”, serie Tesis de la Maestría en Demografía y Estudios de Población, Nº 5, Montevideo, Universidad de la República.

Koolhaas, M. y M. Nathan (2013), Inmigrantes internacionales y retornados en Uruguay. Magnitud y características. Informe de resultados del censo de población 2011, Montevideo, Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Lindstrom, D. (2013), “The occupational mobility of return migrants: Lessons from North America”, The Demography of Europe, G. Neyer y otros (eds.), Springer-MPIDR.

López de Lera, D. (2012), “Emigración, inmigración y retorno: tres etapas de un mismo proceso”, Polígonos Revista de Geografía, Nº 20.

Martínez, J., M.V. Cano y M. Contrucci (2014), “Tendencias y patrones de la migración latinoamericana y caribeña hacia 2010 y desafíos para una agenda regional”, serie Población y Desarrollo, Nº 109 (LC/L.3914), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Mateos, P. (ed.) (2015), Ciudadanía múltiple y migración: perspectivas latinoamericanas, Ciudad de México, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)/Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

Mato, J. (2011), “Spain: fragmented unemployment protection in asegmented labour market”, Regulating Risk of Unemployment, J. Clasen y D. Clegg (eds.), Oxford University Press.

Mejía, W. y Y. Castro (2012), Retorno de migrantes a la Comunidad Andina, Bogotá, Fundación Esperanza.

Mezger, C. y M.L. Flahaux (2013), “Returning to Dakar: A mixed methods analysis of the role of migration experience for occupational status”, World Development, vol. 45.

Muñoz, J. (2013), “La salida del desempleo de los extranjeros y españoles. Efectos del contexto económico”, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Nº 142.

Papademetriou, D., M. Sumption y A. Terrazas (2010), Migration and Immigrants Two Years after the Financial Collapse: Where Do We Stand? Washington, D.C., Migration Policy Institute.

Perazzo, I. (2011), El mercado laboral uruguayo en la última década, serie Documentos de Trabajo del Instituto de Economía (IECON).

Prieto, V. y M. Koolhaas (2014), “Retorno reciente y empleo. Los casos de Ecuador, México y Uruguay”, Población y trabajo en América Latina: abordajes teórico-metodológicos y tendencias empíricas recientes, L. Gandini y M. Padrón (eds.), serie Investigaciones de ALAP, Nº 14, Montevideo, Asociación Latinoamericana de Población (ALAP).

Prieto, V., A. Pellegrino y M. Koolhaas (2015), “Intensidad y selectividad de la migración de retorno desde España y Estados Unidos hacia América Latina”, Retorno en los procesos migratorios de América Latina. Conceptos, debates, evidencias, F. Lozano y J. Martínez (eds.), serie Investigaciones de ALAP, Nº 16. Montevideo, Asociación Latinoamericana de Población (ALAP).

Quintero, D. (2015), “Las migraciones internas de latinoamericanos en España: evolución, determinantes e impacto territorial”, Tesis Doctoral, Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona.

Recaño, J. y A. Jáuregui (2014), “Emigración exterior y retorno de latinoamericanos desde España: una visión desde las dos orillas (2002-2012)”, Notas de Población, Nº 99 (LC/G.2628-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Rodríguez Planas, N. y N. Nollenberger (2014), Labor Market Integration of New Immigrants in Spain, IZA, diciembre.

Ronda, E. y otros (2015), “A qualitative exploration of the impact of the economic recession in Spain on working, living and health conditions: reflections based on immigrant workers’ experiences”, Health Expectations 2015.

Uruguay, Gobierno de (2013), Reporte Social 2013. Principales características del Uruguay social, Montevideo, Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Área de Gestión y Evaluación del Estado (AGEV), Ministerio de Desarrollo Social, Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo.

Vidal, E. y P. Miret (2014), “The labour trajectories of immigrant women in Spain: Are there signs of upward social mobility?”, Demographic Research, vol. 31.

Vidal, E., F. Gil y A. Domingo (2012), “La destrucción de empleo de migrantes y españoles (2007-2011): factores demográficos, sectoriales y territoriales”, Papers de Demografia, Nº 409, Universitat Autonoma de Barcelona.

Vono, D. (2010), “¿Preferidos o favorecidos? El proceso de asentamiento de la población latinoamericana en España”, Tesis Doctoral, Barcelona, Departamento de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona.

Whaba, J. (2015), “Selection, selection, selection: the impact of return migration”, CREAM Discussion Paper Series CPD 04/15, abril.

Williams, R. (2012), “Using the margins command to estimate and interpret adjusted predictions and marginal effects”, The Stata Journal, vol. 12, Nº 2.

Anexo A1

Cuadro A1.1

Estratificación de ocupaciones por nivel de cualificación

Clasificación de cualificación de la ocupación

Tomado de Muñoz (2013)

Ocupaciones más comunes en censos de España y el Uruguay, 2011

España

Uruguay

Total

Clasificación

final

Alta

16

Dirección en el sector público y privado

Directores y gerentes

95

255

350

Alta

15

Profesores de secundaria y universidad, médicos y profesionales

Técnicos, profesionales

549

1 657

2 206

14

Técnicos de ciencias, maestros y profesionales diplomados

Media alta

13

Gerencia de empresas con menos de diez asalariados

Administrativos

310

1 010

1,32

Media

12

Profesionales de apoyo a gestión administrativa

Trabajadores de hotel

361

538

899

11

Gerencia de autónomos, representantes y carteros

Comerciantes y vendedores

347

1 213

1 560

10

Auxiliares administrativos, jefes de equipo y policía

Trabajadores de servicios personales

235

0

235

9

Cajeros, peluqueros, recepcionistas, electricistas

8

Auxiliares de enfermería, cuidadores de personas, mecánicos, talleres y apoyo

a producción y transporte

Media baja

7

Dependientes, operadores, conserjes, seguridad

Cualificados

41

62

103

6

Camareros, oficios cualificados de la construcción, taxistas, conductores

Construcción e industria

666

1 520

2 186

Baja

5

Cocina, alimentación, carpinteros y peones industriales

Baja

4

Limpieza, operadores de la construcción, cuenta propia agraria, pintores

3

Servicio doméstico peones industriales y textiles

Servicio doméstico

274

305

579

2

Albañiles, asalariados cualificados agrarios

Peones de la industria

211

880

1 091

1

Trabajos al aire libre y peones rurales

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de J. Muñoz, “La salida del desempleo de los extranjeros y españoles. Efectos del contexto económico”, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Nº 142, 2013; y de los censos de población y vivienda de 2011 de España y el Uruguay.

Cuadro A1.2

Síntesis de resultados para las principales variables de interés

Grupos poblacionales/fenómeno de interés

Acceso al empleo

Ocupación de media y alta cualificación

Modelos Grupo 1

Modelos Grupo 2

Modelos

Grupo 3

Modelos

Grupo 4

(m1-3)

(m7)

Varones

Mujeres

Media

Alta

Varones

Mujeres

Varones

Mujeres

Retornados

+

+

+

+

-

+

-

+

Mujeres

-

-

Retornado mujer

-

-

Educación media

+

+

+

n/s

n/s

+

n/s

+

Educación superior

+

+

+

+

n/s

+

+

+

Retornados con educación media

n/s

n/s

-

n/s

n/s

n/s

+

n/s

Retornados con educación superior

n/s

-

n/s

n/s

n/s

-

n/s

-

Tiempo tras migración

+

+

+

+

n/s

n/s

+

+

Tiempo tras retorno

n/s

n/s

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los censos de población y vivienda de 2011 de España y el Uruguay.

Nota: n/s = no significativo; + = incrementa probabilidad de ocupación/ocupación en estrato i positivo; - = reduce probabilidad de ocupación/ocupación en estrato i; m1-3= modelos 1 a 3 en cuadro 4; m7= modelo 7 en cuadro 5.

[1] Investigadora del Programa de Población de la Universidad de la República del Uruguay. Doctora en Demografía por la Universidad Autónoma de Barcelona y Socióloga por la Universidad de la República del Uruguay. Este artículo es resultado del proyecto “De ida y vuelta: emigración y retorno de los uruguayos que migraron a España, 1998-2011”, financiado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) del Uruguay. Correo electrónico: victoria.prieto@cienciassociales.edu.uy.

[2] Fangmeng y Zhongdong (2006) también combinan censos de origen y destino (Canadá y Hong-Kong (Región Administrativa Especial de China)).

[3] Véase [en línea] https://international.ipums.org/international/news.shtml#tabulator_jan2013.

[4] El censo uruguayo se extendió hasta el 30 de diciembre de 2011 (Koolhaas y Nathan, 2013).

[5] Esta decisión se sostiene en los hallazgos de trabajos anteriores, donde ambas variables muestran un sentido opuesto en varones y mujeres, incluso entre los retornados uruguayos recientes (Koolhaas, 2015; Prieto y Koolhaas, 2014).

[6] En el cuadro A1.1 del anexo se presenta una síntesis de los principales efectos de las variables de interés y las interacciones estimadas en las cuatro familias de modelos ajustados.

La urbanización en el Brasil, un proceso consolidado y paradójicamente mutable

Clovis Ultramari [1]

Olga Lucia C. de Freitas Firkowski [2]

Fernanda Cantarim [3]

Recibido: 15/12/2015

Aprobado: 27/01/2016

Resumen

En el presente artículo, elaborado con el propósito de abrir un debate sobre la urbanización en el Brasil, se postula que esta se caracteriza por estar consolidada y ser, paradójicamente, mutable. Este supuesto se basa es la evidencia de una nueva cuestión urbana; de la cuasisustitución del crecimiento demográfico producto de la emigración del campo a la ciudad por una compleja relación socioespacial intraurbana; de su corroboración; del desarrollo y uso de indicadores cada vez más precisos en cuanto síntesis de los cambios que se dan en el espacio construido, y de señales de la sustitución de criterios cuantitativos por otros, de carácter cualitativo, para evaluar la oferta de servicios e infraestructura en las ciudades. El marco temporal de las referencias teóricas es el período 1970-2010. La argumentación está estructurada fundamentalmente a partir de una bibliografía seleccionada; el estudio de las variables utilizadas en los censos demográficos, su incremento y sus variaciones, y el examen de las políticas de saneamiento y vivienda social en el período considerado en la investigación.

Palabras clave: ciudades brasileñas; proceso de urbanización en el Brasil; gestión urbana; ciudad consolidada; crecimiento demográfico.

Abstract

This article is intended to open a discussion on urbanization in Brazil, a process that is argued to be consolidated —yet, paradoxically, ever-changing. This argument is based on evidence of a new urban phenomenon, whereby rural-urban migration has been replaced almost entirely as a driver of population growth by a complex intra-urban socio-spatial dynamic, on the corroboration of this phenomenon, on the development and use of increasingly specific indicators to show the changes occurring in built-up areas, and on signs that quantitative criteria are being replaced by qualitative concerns in the assessment of public services and urban infrastructure. The time frame of the study is 1970 to 2010, and the argument is based mainly on a selected bibliography, the observation of variables used in population censuses, including increases and changes, and the review of sanitation and social housing policies during the research period.

Keywords: Brazilian cities, urbanization in Brazil, urban management, consolidated city, population growth.

Résumé

Cet article est élaboré de façon à ouvrir le débat sur l’urbanisation au Brésil, et pose l’hypothèse selon laquelle cette dernière affiche à la fois une consolidation, mais aussi, paradoxalement, une capacité de mutation. Cette hypothèse se base sur l’observation d’un nouveau phénomène urbain  lié au quasi-remplacement de la croissance démographique, produit de l’émigration de l’émigration rurale vers la ville, par une relation sociospatiale interurbaine complexe; de sa corroboration, du développement et de l’usage d’indicateurs de plus en plus précis pour refléter de manière synthétique les changements qui s’opèrent dans l’espace déjà bâti ; et des signes de substitution des critères quantitatifs par des critères qualitatifs afin d’évaluer l’offre de services publics et d’infrastructures des villes. Le cadre temporel des références théoriques se situe dans la période 1970-2010. Le débat repose sur une bibliographie sélectionnée et sur l’étude des variables utilisées dans les recensements démographiques, leur croissance et leurs variations ; enfin sur la révision des politiques d’assainissement et de logements sociaux dans la période visée dans l’enquête.

Mots-clés: villes brésiliennes, processus d’urbanisation au Brésil, gestion urbaine, ville consolidée, croissance démographique.

Introducción

Siempre existe el riesgo de que la construcción de una imagen retrospectiva desde una perspectiva personal responda más a la propia ideología que a la realidad multifacética que se analiza. El presente artículo presenta esa limitación. Para reducirla a un mínimo, se recurrió a Bergson (citado en Deleuze, 1966), que valoriza el tiempo vivido, que es indivisible y cualitativo y no se mide en términos cuantitativos. Aunque en la elaboración de este artículo se recurrió a indicadores sintéticos, capaces de reflejar las transformaciones registradas en el período estudiado, se dio cabida a lo que Henri Bergson define como “puntos de vista” e “intuiciones analíticas”. Por lo tanto, la comprensión de los cambios estructurantes del desarrollo y la apropiación de las ciudades o el intento de entender los avances y retrocesos en la apropiación social de sus recursos, por ejemplo, siempre estarán sujetos a la experiencia del observador, como también advierte Bachelard (1996). Este autor también podría citarse como fuente de este artículo, por haber comprendido que nuestros conocimientos no pueden evaluarse o estructurarse por acumulación, sino por la identificación o la vivencia de rupturas, en un proceso dialéctico en el que se juzga, valoriza o rechaza el pasado. Conforme a esta premisa, se decidió estudiar el proceso de urbanización de las últimas cuatro décadas en el Brasil, es decir, el proceso de transformación de sus ciudades, mediante la identificación de cambios evidentes. Por consiguiente, y pese a que los autores reconocen que los fenómenos considerados son verdaderos procesos y, en consecuencia, a la certeza de que se da una superposición de condiciones que han dejado de observarse y de otras que, a nuestro juicio, no tienen precedentes, siempre se corre el riesgo de analizar el pasado en compartimentos estancos o escasamente interrelacionados.

Los cambios en el escenario urbano del Brasil pueden identificarse en función de fenómenos específicos y puntuales. Efectivamente, en nuestras ciudades surgen señales de transformación, que pueden observarse en un marco temporal específico, aunque sin lugar a dudas sus consecuencias adoptan la forma de procesos prolongados, inacabados y no lineales en cuanto a sus expresiones concretas. Paradójicamente, el cambio convive con lo estático en una relación mutuamente necesaria. Como sostiene Walter Benjamin (1987), siempre hay un estrecho vínculo entre el pasado, el presente y el futuro, que no permite formular pronósticos desvinculados de lo vivido. En el examen retrospectivo expuesto en este artículo, la evidente e incómoda perdurabilidad de “las cosas” se opone con frecuencia al reconocimiento de cambios positivos. Asimismo, se observa reiteradamente que los cambios suelen producirse mucho más en el plano teórico o en la imagen de la ciudad ideal, mientras que lo inmutable se manifiesta con más claridad en los indicadores de calidad de vida en las ciudades. No se ignoran los adelantos que se reflejan en muchos de los indicadores utilizados tradicionalmente para medir “el desempeño” de las ciudades; de hecho, actualmente hay un mayor porcentaje de personas con acceso a la infraestructura y los servicios básicos, así como una mayor preocupación por el medio ambiente, y la población tiene más oportunidades de expresar su voluntad. Más evidente aun es la concepción de una ciudad más justa, que se refleja en el espíritu de las leyes aprobadas, los estudios de las ciudades y los planes formales de gestión. Los principios consagrados en la Constitución de la República Federativa del Brasil (Gobierno del Brasil, 1988), el Estatuto de la ciudad (Gobierno del Brasil, 2001) y el Estatuto de la metrópolis (Gobierno del Brasil, 2015), entre otros, confirman la existencia de cambios positivos en lo que respecta al ideal de ciudad. En el análisis aislado de cada uno de estos textos, que podrían interpretarse como referencias de una política urbana nacional o como síntesis de la ciudad ideal, sobre todo a partir de los años ochenta, lo menos arriesgado sería concluir que los cambios han sido mínimos y que hay una clara diferencia entre la comprensión de la realidad y la forma de abordarla. Por otra parte, el examen de los indicadores seleccionados para el período posterior a la adopción de estos instrumentos legales pone de manifiesto una positiva reducción de la brecha entre la percepción de la ciudad y lo que significa vivir en ella. No se ha determinado aún si la situación real ha variado o no y en qué medida por la aplicación de esos instrumentos.

En el artículo se analiza el supuesto según el cual los cambios registrados en el escenario urbano del Brasil permiten concluir que se ha consolidado, aunque, paradójicamente, sigue modificándose. La evolución del conocimiento científico y las expectativas sobre la gestión urbana plantean varias exigencias. En primer lugar, las medidas cuantitativas (entre otras, de reducción del déficit habitacional) deberían complementarse con medidas cualitativas (distinción entre los distintos tipos de déficit habitacional que existen actualmente). En segundo término, habría que reconocer la real y comprobada heterogeneidad de los fenómenos urbanos, en lugar de seguir suponiendo que son homogéneos. Además, se debería entender que el binomio rural-urbano ha perdido vigencia, que las altas tasas de crecimiento demográfico se han reducido y que han surgido nuevas demandas en espacios urbanos complejos. En este sentido, el concepto de entorno urbano consolidado que se emplea en este artículo es bastante cercano al de entorno complejo, que se distingue en parte del que podría postular la existencia de bajas tasas de crecimiento demográfico y avances en los indicadores sobre las condiciones de vida en las ciudades.

En el plano intraurbano, la consolidación es un concepto que lleva aparejada la irreversibilidad de la urbanización, supuesto recurrente en la literatura y ya esbozado en la década de 1960 en los estudios de Santos (1965) sobre ciudades brasileñas y africanas. En el plano global, la irreversibilidad de la urbanización también es una idea recurrente. En estudios del Banco Mundial, se considera que supone un aumento de las economías de escala, mientras que a los ambientalistas les impone un pragmatismo consistente en la adopción de medidas prioritarias en un espacio ya construido. Entre otros, Glaeser (2011) se refiere al “triunfo” de la ciudad, sobre todo por su progreso económico. Desde la postura ambientalista, Kaika y Swungedouw (2014) también confirman la irreversibilidad, pero reconocen que ya no alude a una “naturaleza en la ciudad”, sino a una “urbanización de la naturaleza”.

Esta irreversibilidad conduce a la ampliación del concepto de consolidación, al que se incorporan la estabilización de los indicadores demográficos y su lógica relación con la infraestructura y los servicios. Lo anterior plantea nuevos interrogantes sobre la densidad y pone en alerta sobre los problemas de dos situaciones extremas: la subutilización de los bienes públicos y las deseconomías de escala debidas a la sobrepoblación. Estos fenómenos ya se manifestaban antes de los años ochenta y no estaban ausentes de los propósitos de la gestión urbana; de hecho, los procesos de periferización son concomitantes al proceso de urbanización en el Brasil. Sin embargo, a partir de entonces las prácticas y las políticas rurales y urbanas, entre otras, comienzan a ser objeto de crecientes críticas por la creación de áreas alejadas de las fuentes de empleo que tienen costos sociales, financieros y ambientales vinculados con el desplazamiento (véase Bolaffi, 1979, y su enunciación de este tema, que comenzaría a aparecer con frecuencia en la literatura).

Algunos autores optan por un análisis más amplio, que se suma a la consideración de los atributos implícitos de la consolidación. En las últimas décadas y en relación con este concepto, también se empieza a prestar atención a nociones tales como la pertenencia y la convivencia y, sobre la base de lo expuesto por Augé (1992), a la crítica de la generalización de los “no lugares”. Bishop y Syme (1995), Miranda, Crescente y Alvarez (2005) y Sklenicka (2006) sostienen que la consolidación urbana estaría más vinculada al costo financiero de la provisión de infraestructura y servicios que suponen distintos grados de densidad. Gray, Gleeson y Burke (2008) otorgan prioridad a las dimensiones ambientales en el desarrollo del concepto.

Por lo tanto, los principales componentes del concepto ampliado de consolidación serían la insostenibilidad social y ambiental, la fragilidad de los vínculos comunitarios, la excesiva carga que el acceso a los servicios y la infraestructura impone a los grupos más pobres en medios con escasa o elevada densidad, y la generalizada fragilización y exposición de los recursos naturales. Desde este punto de vista, en el caso del Brasil la urbanización puede revelar una persistente falta de consolidación. Sin embargo, la trayectoria histórica de algunos indicadores permite pensar que ocurre lo contrario, ya sea por avances parciales o por cambios en un área urbana preexistente, no solo en formación. Esta segunda posibilidad es lo que valida el supuesto de este artículo.

En este no solo se considera la aceptación generalizada de que el crecimiento de la población y la migración del campo a la ciudad se han desacelerado; también se examina la intensificación de la complejidad de los espacios a los que estos han dado lugar. La reconfiguración cuantitativa y cualitativa de las migraciones internas es uno de los procesos que exige una reconsideración de conceptos y de las políticas públicas y de gestión concebidas para las ciudades, que hoy en día son obligatoriamente más complejas. Rodríguez y Busso (2009) corroboran el cambio en el estudio de las migraciones en los países latinoamericanos. Los autores identifican en primer lugar una etapa en la que la emigración del campo a la ciudad más común hasta los años ochenta era indisociable del desarrollo y una segunda, ya en el contexto de una urbanización avanzada, en el que las corrientes migratorias se ven influenciadas, tanto en su modalidad como en su magnitud, por la evolución tecnológica, los estilos de vida, la descentralización y la globalización.

Quienes se proponen entender los cambios no los asimilan automática e inmediatamente. Rodríguez y Busso (2009) avanzan en esta línea de raciocinio, refiriéndose al atraso en la incorporación en los censos que se realizan en América Latina de variables que den cuenta de otros factores, fuera de la migración masiva del campo a la ciudad y del subsecuente crecimiento de las ciudades, que son causa y efecto de la perpetuación de nociones ya superadas por parte de los formadores de opinión pública y los gestores. Siempre en el contexto de América Latina en general y del Brasil, Cunha (2002) sostiene que el cambio comenzó a registrarse desde fines de los años ochenta y consiste en la sustitución de la modalidad de emigración que definía el proceso de urbanización por una que redefine los espacios urbanos a los que dio origen. Esta es una confirmación más del supuesto básico del presente artículo, referido a un fenómeno demográfico, espacial y territorial, y a la evidencia de cambios en su naturaleza.

Brito (2009) constata la existencia de una nueva realidad demográfica y urbana, y postula una posible complejidad que invalida las hipótesis, muy comunes en el pasado, no solo teóricas sino que también se expresaban en la formulación o la aplicación de políticas públicas. De hecho, las teorías que sirven de base al estudio de las migraciones internas en el Brasil corresponden a un contexto histórico específico y, como dice este autor, están distantes de la realidad en proceso de profunda transformación y deben ser reconsideradas.

La concomitancia entre las grandes migraciones internas y el proceso de urbanización en el Brasil es innegable. Sin embargo, aunque esa fue la situación más común hasta los años ochenta, en la década siguiente los dos fenómenos empiezan a distanciarse dado que, también a juicio de Brito (2009), la economía y la sociedad ya no requieren una transferencia interregional del excedente de población como la registrada entre los años cincuenta y mediados de los setenta del siglo pasado. En la década de 1990, el autor identifica un nuevo modelo de migración, que ahora se da en un contexto exclusivamente urbano y confirma nuestra percepción de evolución de un proceso paradójicamente consolidado. Por consiguiente, las grandes migraciones interregionales, sobre todo entre el campo y la ciudad, se van debilitando debido a las nuevas características de la economía nacional y, asimismo, a la imposibilidad de generación de excedentes en las regiones de origen. A la vez y como consecuencia de esto, lo que valida el supuesto básico del presente artículo, se observa un menor crecimiento de los polos metropolitanos y una reorientación de las migraciones hacia ciudades medianas desde las áreas metropolitanas.

La lectura de la bibliografía de esta sección en orden cronológico revela un desfase entre la comprensión teórica y los cambios concretos ya anunciados desde hace tiempo; en el estudio de Ultramari, Firmino y Silva (2011) se mencionan la notable distancia entre lo primero y lo segundo, así como la resistencia de los académicos y de las políticas públicas a modificar el enfoque analítico aplicado a los antiguos fenómenos. En general, los análisis consultados para este estudio confirman en forma categórica un fenómeno del pasado, aunque escasamente entendido en un sentido amplio.

El principal propósito de esta sección es esclarecer la comprensión del concepto de consolidación del proceso de urbanización. Si bien este agrupa múltiples variables y supone la existencia de una situación estática y siempre positiva, en este contexto se entiende también que admite la creciente complejidad de la vida en las ciudades. En el ámbito intraurbano, la consolidación parece estar más distante, aunque se reconozca la mejora de muchos de los indicadores usados más comúnmente en el estudio de las ciudades. Los autores consideran que a nivel del territorio nacional el desfase se ha reducido, dado que las grandes migraciones internas han disminuido, aunque la urbanización, que es un fenómeno irreversible, sigue registrando profundos cambios.

A. La nueva cuestión urbana

Cuando se analizan el proceso de urbanización en el Brasil y las modalidades de gestión de las que ha sido objeto en las últimas cuatro décadas, lo primero que se constata es que el foco de atención, que en los años setenta estaba puesto en sus dimensiones físicas y territoriales, ha ido trasladándose primero a las consideraciones ambientales y luego también al ámbito social. Como se observa en los textos en los que se describe la ciudad ideal, el cambio de enfoque —más o menos acelerado, más o menos coherente—, ha sido adoptado por los encargados de la gestión urbana. Silva (2011), entre otros, confirma lo anterior cuando reconoce los avances posibilitados por la Constitución de 1988, la legislación ambiental y el Estatuto de la ciudad, pero reconoce también que las leyes son, a la vez, instrumento y proceso, y que las conquistas que representan las nuevas normativas no son suficientes para asegurar que se apliquen cabalmente.

Como lo han demostrado diversos autores, entre otros Randolph (2013), los enunciados y las disposiciones de los planes maestros elaborados en la década de 1970, que se caracterizaban por el tecnicismo propio de la gestión urbana brasileña, y los elaborados conforme a los principios del Estatuto de la ciudad ya en la primera década del presente siglo, ejemplifican los cambios de prioridad en términos de diagnósticos y propuestas. Leme (1999) habla de la existencia de un plan sin mapas, ya en el período comprendido entre 1971 y 1992. Ferrari Junior (2004) y otros autores definen el primer conjunto de planes como intentos de dirigir la orientación al ambiente construido, sin enfrentar las cuestiones sociales.

Pese a que los planes maestros más recientes, ahora denominados “planes maestros participativos”, han sido objeto de duras críticas sobre los verdaderos adelantos que representan en términos de la función social del suelo urbano, difieren significativamente de los formulados cuarenta años antes. Si la identificación de los logros registrados en el período que se analiza fuera válida, se confirmaría una de las características del proceso de consolidación urbano descrito en este artículo: la evolución cualitativa de los indicadores, incluidos los relativos a las prácticas institucionales de gestión urbana.

Una vez más según Ferrari Junior (2004), a partir de la Constitución de 1988 la planificación urbana habría dejado de ser “tecnocrática y estatista” como en los años setenta y ochenta, por incluir elementos que van más allá de la mera organización del espacio construido o de la organización territorial de las ciudades.

Sin ignorar las diferencias entre lo expresado como intención y la práctica, es posible reconocer que la incorporación de la cuestión socioambiental, ya convertida en una auténtica cuestión urbana determinante de su gestión, no responde solamente al reconocimiento de la función social de la propiedad, sino también a la defensa de la participación de la comunidad y la prioridad dada a la atención de las necesidades de los grupos más desfavorecidos (Ultramari y Rezende, 2006).

Los cambios que se han producido en este ámbito en las últimas cuatro décadas han sido aparentemente acelerados; si se los considera en el contexto más amplio de la historia de las ciudades brasileñas, se constata que son producto de un largo proceso, no lineal, de reconsideración del modo en que se concibe el objeto y los conflictos entre múltiples intereses.

La prioridad otorgada a lo social en ese período revela una marcada diferencia entre el trato que se le dio en los medios académicos o en los movimientos sociales organizados, por una parte, y en las leyes y la gestión urbana concreta, por otra. Las organizaciones que defienden el derecho a la tierra y la reforma urbana, entre otras, comienzan a ser más mejor identificadas a partir de los años setenta, pese a lo cual el déficit habitacional recién empieza a disminuir en 2000, junto con el incremento de las tasas de ahorro y la inversión (IPEA, 2013).

Este nuevo contexto de reducción de las demandas sociales básicas, desconocido hasta entonces, confirmaría la prioridad dada a la cuestión social, demorada y parcialmente atendida, pero hasta entonces creciente. Desde entonces, el debate sobre lo urbano en el Brasil deja de limitarse simplemente a la provisión de infraestructura básica; la ciudad pasa a entenderse como un conjunto de distintos actores sociales, intereses opuestos y grupos más o menos favorecidos. Este nuevo enfoque, que en realidad ya no lo era para los numerosos partidarios de la “reforma urbana”, no se refleja solo a nivel del discurso sino que también se manifiesta en forma concreta en las prioridades de las políticas públicas. En su descripción histórica del proceso, Saule Junior y Uzzo (s/f) consideran que el giro empieza a darse a comienzos de los años sesenta, a partir de la propuesta del Instituto de Arquitectos del Brasil, y sostienen que desde los años 2000 se observan una serie de avances significativos: el Estatuto de la ciudad, de 2001; la movilización a favor de la creación del Fondo nacional de vivienda de interés social, respaldado por más de un millón de firmas y aprobado por unanimidad en todas las comisiones de la Cámara de Diputados entre 1997 y 2001; el inicio en 2003 de las conferencias nacionales sobre la ciudad; el establecimiento del Sistema nacional de vivienda de interés social y la aprobación del programa “Mi casa mi vida” en 2009. A esta lista podrían sumarse la creación del Ministerio de las Ciudades en 2003, con el propósito de articular intereses y prioridades en torno a la complejidad de las ciudades brasileñas, fácilmente comprobable.

Para que las prioridades acordadas por la sociedad se conviertan en realidad, deben superar la prueba que les imponen la susceptibilidad y las prioridades del gobierno, ser sometidas a procedimientos jurídicos y cumplir con una imbricada serie de requisitos legales. Su concreción define el comienzo definitivo de una nueva etapa, no solo en lo que se refiere a la forma de entender lo urbano, sino también de encararlo, que es lo más importante. Así se inició en el Brasil un nuevo período de gestión urbana. Aunque en los ejercicios de periodización siempre se cae en simplificaciones y síntesis arriesgadas de una realidad, en el caso de la gestión urbana en el Brasil no cabrían mayores dudas acerca de las etapas definidas en virtud de diferentes enfoques y opiniones sobre la manera de abordar los problemas de las ciudades.

Según Ultramari y Rezende (2006), en el corto período de cuatro décadas se identifica una gestión orientada al desarrollo en los años ochenta, que sustituye a la orientación “administrativa” de la década anterior. Dicha sustitución representa un avance con respecto a la época en la que el principal compromiso de las autoridades locales era la provisión de infraestructura y servicios urbanos. Ya en los años ochenta, las autoridades se propusieron asumir la responsabilidad por la gestión urbana, dejando así de desempeñar funciones meramente administrativas. Este cambio fue producto del perfeccionamiento de las prácticas aplicadas en el país, no solo las institucionales, sino también las políticas y democráticas. Sin embargo, cabe afirmar que también obedeció a la desilusión provocada por los intentos tecnicistas de “construir” ciudades para una población que crecía a un ritmo sin precedentes. Así es como la situación demográfica de los años ochenta pone de manifiesto el fracaso del modelo de gestión aplicado en la década anterior y exige enmiendas fundamentales de la legislación básica sobre las ciudades, la gestión local y las inversiones del gobierno federal.

De hecho, la década de 1980 parece ser la que más destaca en los estudios demográficos y urbanos, ya sea por las transformaciones que trajo aparejadas como por la magnitud de estas. En su análisis del censo de 1991, Martine (1994) sostiene que, con excepción de las menos conocidas, las transformaciones demográficas también contribuyeron a que esa década fuera una de las más determinantes del siglo XX. Además de constatar que en ese período se registraron altas tasas de crecimiento demográfico, confirma la aparición de nuevos patrones de urbanización, sobre todo de los derivados de una cierta atenuación de la metropolización. Martine atribuye este proceso a cinco factores: la desconcentración industrial; la contrametropolización; la asimilación y consecuente atomización de una red urbana más equilibrada; la reducción de las corrientes migratorias e incluso del éxodo rural, y la influencia del descenso de la fecundidad en el aumento potencial de los migrantes y el crecimiento vegetativo. Estos factores permiten entender la preponderancia de las adaptaciones, las readecuaciones y la “reespacialización” en núcleos habitados que ya pueden definirse como ciudades, a pesar de responder a distintos conceptos. En sus conclusiones se reitera la modificación de una situación preexistente, que revela una metropolización a partir de una evidente urbanización.

El inicio de un proceso de adaptación de la población dentro de las ciudades en la década de 1980 la distingue del período inmediatamente anterior, caracterizado por un desarrollo más intenso de esos espacios. En cambio, en los años noventa quedan claramente de manifiesto las demandas sociales insatisfechas y el impacto en el medio ambiente, que aún no se sabía bien cómo enfrentar. Sin embargo, la gestión urbana de esa época comienza a mostrar una orientación urbana y ambiental, que da cuenta de la creciente importancia de las consideraciones ambientales como componente habitual de esta. Entre otras cosas, esto coincide con la proliferación de secretarías municipales del medio ambiente en el país. Los sucesivos estudios sobre el perfil de los municipios, iniciados en 2002, confirman el uso de un número cada vez mayor de variables para el análisis del tema y, por lo tanto, la mayor consolidación institucional de las prefecturas brasileñas en ese sentido (IBGE, estudios seriados). Los datos correspondientes a 2014 indican que más del 90% de los municipios brasileños ya contaban con una dependencia que desempeñaba funciones específicas relacionadas con el medio ambiente. Este resultado es un ejemplo más de los cambios cuantitativos y positivos de la gestión local pero, lo que también es positivo, invitan a debates cualitativos sobre el verdadero valor de los adelantos.

Por último, ya en los años 2000 comienzan a ponerse en práctica algunos principios de la Constitución de 1988 y se registra un hecho de particular relevancia: la promulgación del Estatuto de la ciudad en 2001, que posibilitaría la gestión social. Sobre todo, cabe destacar que de un período y otro siempre se produce una ampliación formal de las funciones del Estado, especialmente de las autoridades locales, relacionadas con las ciudades. Asimismo, se observa un creciente esfuerzo por convertir los procesos participativos en mecanismo determinante de las políticas públicas y una coexistencia forzosa de las prioridades ambientales, las demandas sociales, las restricciones económicas y el fortalecimiento del sector privado. En el marco de esta nueva configuración y articulación de los actores sociales, la cuestión urbana, concebida de acuerdo a la perspectiva estructuralista de Castells (2006), que entiende la ciudad como el lugar en el que se dan la lucha de clases y la superación del capital y de los conflictos que conforman la historia, y en la que las organizaciones de barrio pasan a ocupar el lugar que ocupaba el proletariado, parece no interesar mayormente a actores menos homogéneos y cuyos propósitos son más efímeros. En una primera etapa, la reproducción de la fuerza de trabajo y su especialización en las ciudades conducía a una ocupación sui géneris, que daba origen a una periferia, expolio y autoconstrucción (Arantes, 2009); a continuación, y como sostiene Pedro Fiori Arantes en su estudio de la reflexión marxista sobre la ciudad de São Paulo, lo concebido en la esfera política puede ponerse a prueba en el ámbito de los partidos y del gobierno. Como dice el autor, no es casualidad que Ermínia Maricato, Nabil Bonduki y Raquel Rolnik crearan un núcleo de urbanistas en el Partido de los Trabajadores.

Por lo tanto, la consideración del fenómeno urbano —de la ciudad propiamente tal— impone un pluralismo sin precedentes que sigue expandiéndose hasta ahora. Este es el contexto complejo y de mayor competencia por distintas prioridades en el que las dimensiones “tradicionales” de la gestión urbana contemporánea en el Brasil se insertan, se valorizan y se confrontan sistemáticamente con otros muchos intereses también considerados legítimos. Junto con la persistencia de las demandas de satisfacción universal de las necesidades consideradas básicas, se asiste al surgimiento de un nuevo orden social en términos cualitativos y de equidad, todo lo cual nos lleva a aceptar el binomio que representan el carácter irreversible de la urbanización y la paradójica consolidación de las ciudades brasileñas.

Las crecientes complejidades nos atraen por sus aspectos positivos o nos preocupan por la suma o el aumento de nuevos problemas y temas aún no comprendidos. El estudio de Caldeira (2000), entre otros, revela una inquietud por la nueva fragmentación de las ciudades, ya no provocada por nuevos intentos modernistas de planificación, sino por la inseguridad y la valorización intencional de la desigualdad, mediante la institucionalización y la materialización de espacios segregados, que se manifiestan sobre todo en condominios (enclaves fortificados, según la autora). Esto es un ejemplo de la aparición de nuevas cuestiones que deben dilucidarse, concretamente de nuevas tipologías de ocupación, lo que no supone la desaparición de problemas persistentes y no resueltos, como la dicotomía entre la cercanía física y el distanciamiento social de los habitantes de las ciudades.

Para fundamentar lo argumentado en este artículo, cabe destacar otro enfoque adoptado por Caldeira (2000) en su análisis del medio urbano contemporáneo en el Brasil, según el cual la vida en las metrópolis, en las grandes ciudades, tiene que concebirse a partir de la relación entre lo urbano, lo político y la vida cotidiana de sus habitantes. Las peculiaridades sociales de la gestión urbana y de la participación democrática quedan así de manifiesto y surgen numerosas tipologías de “urbano” en todo el territorio brasileño y, sobre todo, dentro del propio concepto de “urbano”.

Junto con la valorización del concepto de peculiaridad, que reduce la hasta entonces hegemónica comprensión de un medio urbano en formación o único, a partir de los años ochenta se hace necesario repensar el concepto de región metropolitana y las políticas públicas urbanas. Así como antes se lo entendía fundamentalmente como una cuestión institucional referida a un “cuarto poder”, el espacio metropolitano que nunca existió, y a las carencias cada vez mayores, se ha confirmado que este espacio dejó de estar en proceso de formación para registrar una transformación. En su estudio de los espacios que aparecen como más destacados en la macrometrópolis de São Paulo en los censos de los años 2000 y 2010 (cuatro regiones metropolitanas y 173 municipios), Cunha y otros (2013) describen el nuevo carácter de las migraciones internas, que abarcan no solo corrientes intrametropolitanas sino también intermetropolitanas. Como señalan estos autores, no se trataba de una nueva realidad. Santos (2005) ya la había observado en los datos del censo de 1990, que demostraban la existencia de una nueva estructuración geográfica regional, caracterizada por la especialización productiva o, incluso, una división territorial del trabajo.

El cambio de foco de los análisis y de la respuesta al fenómeno no ya de urbanización sino de surgimiento de nuevas urbanizaciones, tiene repercusiones en distintas esferas. Entre otros, Faria (1991) afirma en su estudio retrospectivo del proceso de urbanización en el Brasil que en los años cincuenta y sesenta la falta de experiencia urbana de los migrantes influía en la organización política de las ciudades, pero posteriormente dejaría de hacerlo, dada la generalización de la experiencia migratoria y urbana.

Por consiguiente, se podría hablar de una nueva cuestión urbana en el Brasil, más evidente a partir de los años ochenta debido a la constitución de espacios intraurbanos cada vez más heterogéneos, como también a partir de los años 2000, período en el que surgen nuevos proyectos políticos y participativos. En su conjunto, estos cambios indican el término de un largo proceso de urbanización, caracterizado sobre todo por la ocupación de nuevos territorios y el comienzo de un nuevo proceso, en el que la transformación y la apropiación de espacios ya consolidados se convierten en el tema dominante en los debates sobre gestión urbana y su práctica.

En consonancia con este cambio de perspectiva de la gestión, se han reconocido las importantes transformaciones registradas en el ámbito de la realidad. Lencioni (2015) y otros autores consideran que se estaría ante una nueva etapa, denominada “metropolización del espacio”, es decir, ante un período cuyo rasgo principal sería la exacerbación de la concentración urbana, que obliga a un estudio más complejo de un fenómeno ya de carácter metropolitano, que influye directamente en la gestión urbana. La autora sostiene que se da una posurbanización o metropolización del espacio, una “segunda naturaleza” de la urbanización, que presenta una nueva esencia y una nueva sustancia (Lencioni, 2015).

Al interés por las tasas de crecimiento y la distribución en el territorio nacional se suma el que despiertan la distribución espacial dentro de las ciudades, sus características socioambientales o relativas a la deseada justicia ambiental, y las modalidades democráticas de gestión. En 2007, Martine, entre otros, alertó sobre la importancia de la variable espacio para comprender diversos procesos sociales, en particular el futuro ambiental. En una síntesis que revela un mayor interés por las características que adopta el crecimiento demográfico en el territorio y su reflejo en los distintos grupos sociales y el medio ambiente que por el crecimiento propiamente tal, Ojima y Martine (2012) sostienen que, a partir de la estabilización demográfica, ya se puede empezar a prestar atención a otros temas, es decir, ya es posible dejar de analizar cambios cuantitativos de grandes proporciones o la distribución espacial de la población para reflexionar sobre la riqueza ambiental del país, y la mitigación y reducción de la vulnerabilidad de su población.

En los estudios sobre la distribución espacial de la población en las ciudades queda cada vez más en evidencia la preocupación por los cambios con respecto al uso y la apropiación del suelo en las áreas de la periferia, ya bastante extensas, y en los últimos años, por el abandono del centro de las grandes ciudades. El estudio de las zonas periféricas viene despertando interés en los medios académicos desde hace tiempo. En un comienzo, este se centró en los núcleos poblados que se extendían fuera de los límites territoriales de un municipio que actuaba como polo, los modelos de gestión regional o la delimitación conceptual de la periferización, la metropolización y la conurbación. Más adelante, los estudios sobre las periferias urbanas comenzaron a centrarse en los rasgos de una realidad irreversible: la movilidad metropolitana. De hecho, como afirma Rosa (2011) los primeros estudios académicos sobre la periferia en el Brasil se enmarcaban en la “teoría de la marginalidad social” o el concepto de “cultura de la pobreza”, bajo la influencia de las teorías marxistas, y respondían a la preocupación por la desigualdad social. Esto condujo a la adopción de un enfoque dualista de la ciudad, según el cual esta se distingue de la favela y el centro se distingue de la periferia, en función de las ilegalidades e irregularidades (Valladares, 2005; Zaluar y Alvito, 2003; Torres y otros, 2003, y Silva, 2006, citado en Rosa, 2011). Posteriormente, estos enfoques se complementaron con otros por imposición de la propia realidad.

Cabría preguntarse si, por el hecho de establecer teóricamente límites demasiado rígidos entre las dos modalidades de constitución de las ciudades —la “formal”, legalizada y abierta a la sociedad y la “informal”, “ilegal” y, en la mayoría de los casos, periférica—, esos enfoques no habrían llevado a ignorar la complejidad de las relaciones que caracterizan en la práctica esos límites (Rosa, 2011).

En la Encuesta Nacional de Hogares (PNAD) (IBGE, 2012) se observa un aumento de las personas que dedican más de una hora por día a trasladarse de la casa al trabajo; de hecho, entre 2001 y 2008, se produjo un incremento casi generalizado de este indicador en las diez metrópolis más grandes del país. Desde el punto de vista demográfico, la constatación del progresivo vaciamiento de las áreas centrales, en las que se abandonan las unidades residenciales, y el avance de la ocupación de la periferia, lo que provoca inquietud es el costo de las medidas de gestión urbana necesarias para hacer frente a la irracionalidad de este binomio y sus dimensiones socioambientales (Campos, 2012, entre otros).

Junto con relativizar la prolongación en el tiempo de los binomios ciudad-ilegalidad y centro-periferia, se incorpora otro, que distingue entre un centro “vaciado” y una periferia cada vez más amplia, lo que influye nuevamente en las prioridades sociales y la aparición de preocupaciones ambientales, temas que aparecen reiteradamente en el discurso que acompaña a las políticas públicas nacionales y locales.

Aunque ese binomio podría ser una representación de lo urbano en un momento histórico en particular —el pasado reciente o el presente—, puede perder vigencia como factor determinante de un patrón nacional de ciudad. Por otra parte, más importante aun que su definición como tal es su transformación en marco del proceso de consolidación de la urbanización en el Brasil, ya no como antítesis de lo rural, sino como manifestación de importantes reestructuraciones socioespaciales internas.

Uno de los rasgos observados de esa consolidación en espacios urbanos cada vez más heterogéneos es la ocupación del territorio en nodos urbanos, que conforman la red de ciudades de creciente densidad descrita por Torres (2004). En una etapa posterior, este nuevo fenómeno abandonó su carácter exclusivamente jerárquico (Cantarim, 2014), conforme a un proceso descrito en los estudios sobre el sistema urbano nacional (IBGE, 1972, 1983, 1993, 2007; IPEA, 2002; IPARDES, 2007).

En un estudio del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) de 2015 se constata esta nueva realidad más compleja, en la que se dan relaciones interurbanas más horizontales, una combinación de escalas territoriales, una acentuación de las interrelaciones entre los centros urbanos en una nueva división del trabajo y una mayor dependencia de las dinámicas globales, que por todos estos motivos es difícil de captar analíticamente. Por lo tanto, se proponen nuevas categorías espaciales, denominadas “estructuras poblacionales” y “concentraciones urbanas”; estas permiten reconocer la nueva dimensión espacial urbana y, como se indica en el estudio, se configuran a partir de diferentes niveles del sistema urbano brasileño, con frecuencia derivados del desbordamiento de elementos estructurantes de las grandes concentraciones urbanas. Las estructuras poblacionales se definen como la agrupación de dos o más municipios, en la que existe una estrecha integración de la población debida al traslado desde el domicilio al lugar de trabajo o de estudio o a la contigüidad de los principales núcleos urbanizados.

En último término, es importante señalar que los temas descritos en esta sección del artículo no solo contribuyen a confirmar la existencia de nuevos fenómenos urbanos; también permiten suponer que los datos disponibles para análisis están siendo considerados desde nuevas perspectivas o que se está recopilando nueva información que permite comprender la compleja realidad actual. Es fundamental que se supere la polaridad rural-urbano como criterio de recopilación de datos de la mayoría de las instituciones brasileñas, dada su limitada capacidad de representación y porque todavía responde a supuestos conceptuales y operacionales de carácter más jurídico que espacial. Por lo tanto, consideramos que es más importante distinguir a la población de los conglomerados metropolitanos de los demás habitantes de una ciudad que hacer una distinción entre la población urbana y rural (Firkowski, 2009), y definir los compartimentos que conforman esas unidades de asentamiento. Ya sea por referirse al espacio intraurbano o por su interrelación, los datos pertinentes dejan en evidencia los claros indicios de una nueva cuestión urbana, desde la perspectiva de los espacios interurbano

y metropolitano.

En al ámbito de las políticas públicas o incluso de la gestión local, esta nueva cuestión obedecería a una imposición de tipo social, más o menos precisa pero siempre presente en el plano teórico, mientras que en el plano conceptual respondería a la identificación de un fenómeno mucho menos en proceso de constitución y mucho más en proceso de transformación. Este tema se analiza en la siguiente sección, a partir de investigaciones realizadas para este artículo.

B. La paradoja de la ciudad acabada y, a la vez, inacabada

El empleo de indicadores para entender las ciudades brasileñas en el período considerado en este estudio confirma dos hechos importantes. El primero de ellos se relaciona con la creciente diversidad y especificidad con que se desarrollan y aplican, así como el mayor acceso de los usuarios a esos indicadores y las mayores facilidades técnicas para producirlos. El segundo se vincula con los cambios positivos que facilitan su análisis.

Cuando el proceso de urbanización en el Brasil parecía manifestarse más ostensiblemente, debido a las altas tasas de crecimiento y la notable magnitud de la migración del campo a la ciudad, los indicadores más útiles para la gestión urbana cotidiana, e incluso para la reflexión científica sobre este fenómeno, eran predominantemente cuantitativos y estaban menos relacionados con las microcompartimentalizaciones del espacio urbano. En cambio, la tendencia actual del desarrollo y el empleo de indicadores obedece a una demanda que comenzó a surgir ya en los años ochenta; sin ignorar las dimensiones cuantitativas, estos se extienden ahora a fenómenos tales como la desigual apropiación regional de los posibles adelantos (Faria, 1991).

En un ensayo prospectivo sobre la situación actual, Faria también reitera la complejidad de un fenómeno urbano en proceso de transformación, que muestra indicios no solo de carencias sino también de deterioro de la infraestructura y los servicios públicos. Entre otros, este autor ya se había referido a la tendencia a la obsolescencia del parque industrial de la región de São Paulo, y su extensión al interior y a otras regiones del país. En términos conceptuales, la obsolescencia de la estructura industrial en ciertas áreas urbanas apunta al agotamiento de un fenómeno que había concluido y comenzaba a transformarse. Esto hace patentes los rasgos de lo que en este artículo se define como la “mutable” consolidación urbana, es decir, de la existencia de componentes de lo urbano que, una vez establecidos y con mayor intensidad que en el pasado, se modifican, gentrifican y son abandonados y sustituidos por sus usuarios y propietarios. Estos fenómenos no son una novedad en las ciudades brasileñas, pero ahora muestran una especial magnitud y rapidez, tanto en un sentido positivo como negativo.

Lo positivo es la existencia de indicadores que siempre se han utilizado para el estudio y la gestión de las ciudades brasileñas y que confirman la creciente atención de las demandas básicas, aunque las carencias de los años setenta, ochenta y noventa eran de tal magnitud que las mejoras de las últimas décadas son insuficientes para estabilizar una situación de bienestar. Por ejemplo, los indicadores relativos a las redes de alcantarillado y la recolección de residuos demuestran, directa o indirectamente, que los adelantos logrados son desiguales. El 70,6% de los hogares urbanos del Brasil cuentan actualmente con servicios adecuados de saneamiento, pero persisten las disparidades entre regiones: mientras en el sudeste la cobertura es del 91,1%, en el norte es de apenas un 21,2% (Ministerio de las Ciudades del Brasil, 2015). Estos indicadores son cada vez más altos, pero señalan que no se han superado las carencias y que es necesario considerar nuevas variables cualitativas, lo que confirma una vez más la consolidación del proceso de urbanización en el Brasil.

Tanto los planes maestros elaborados con criterios tecnicistas en los años setenta como los más recientes, desarrollados conforme a los lineamientos del Estatuto de la Ciudad, se ven afectados por una limitada capacidad de inversión de recursos públicos. En el ejercicio de identificación de sus rasgos distintivos, siempre con el propósito de confirmar el supuesto de este artículo, se determinó que presentan por lo menos dos de estos.

El primero se relaciona con la capacidad reflejada en los planes más reciente de, por lo menos, reflexionar sobre las carencias y las desigualdades y explicitarlas, así como de dar respaldo legal a las posibles demandas de la población. Estos planes no solo se justifican por ser instrumentos de planificación, sino también por la forma en que han sido elaborados, que ha dado lugar a medidas de gestión pública, de las comunidades locales y de académicos vinculados al gobierno. Como se afirma en el texto sobre los planes maestros participativos publicado por la Secretaría Nacional de Programas Urbanos en 2005, representan un esfuerzo colectivo que creó las bases de una ciudad más justa y democrática (Brasil, 2005).

El segundo rasgo distintivo de estos planes es la creación de un andamiaje legal. Los más recientes, que confirman la existencia de una realidad urbana compleja, alejada de la que se definía por oposición a lo rural, permiten desarrollar complejos mecanismos destinados, entre otras cosas, a reconocer la función social de la propiedad, dinamizar el mercado inmobiliario y ofrecer distintas posibilidades de asociación público-privada.

Como se sabe, los criterios empleados para la formulación de planes no siempre se reflejan en la práctica (Maricato, 2013, entre otros). Por consiguiente, las críticas más comunes a los planes más recientes no se relacionan con los avances que representan, sino con las acciones pendientes. En el pasado distante se los criticaba por su naturaleza, por su incapacidad intrínseca de cuestionar los males sociales y por la excesiva valoración de un orden territorial al servicio de los habitantes con mayor poder adquisitivo. Villaça (2005), que fue testigo de la ejecución de los planes anteriores al Estatuto de la ciudad y estudió minuciosamente el modelo más reciente, elaborado de acuerdo con las directrices de ese instrumento jurídico federal, se muestra incrédulo sobre su eficacia, específicamente sobre el proceso de participación popular que lo acompaña, y lo define como una ilusión que es síntesis de todas las demás.

Los rasgos distintivos de los planes maestros de los dos períodos considerados son importantes, porque podrían ser reflejo de una concepción de la ciudad como un fenómeno mutable, relacionado con distintos contextos, pero ya bien arraigado. Aunque los cambios no se detienen, paradójicamente la ciudad aparece como un producto terminado, cuyos componentes se modifican y que va desgastándose y renovándose a la vez. Esta situación es representativa de los dos momentos históricos analizados en este artículo. En el primero se observa un interés por “construir” la ciudad, dividirla en zonas y dotarla de infraestructura y servicios básicos. En el segundo, se plantea un debate sobre los derechos, la equidad, la función social de la propiedad y otras garantías de difícil consecución. En esta segunda etapa, el sentido de la ciudad se analiza mucho más en términos de la configuración de sus compartimentos intraurbanos que del contexto más amplio, lo que podría explicar la exagerada fe actual en su protagonismo (Castells y Jordi, 1996, y Sassen, 2002 y 2010, entre otros).

Desde el punto de vista de las metodologías empleadas para la realización de estudios y el desarrollo de planes, como también para contribuir a la formulación de políticas públicas y la gestión urbana, los cambios también revelan un mayor interés por las transformaciones intraurbanas. Se hizo un catastro de los indicadores utilizados generalmente para el estudio de las ciudades brasileñas, con el fin de confirmar las ideas que se exploran en este artículo y, asimismo, para demostrar que las variables de análisis ampliadas reflejan una ciudad cada vez más compleja y heterogénea en cuanto a sus actores y su utilización. Los indicadores examinados se refieren a la situación demográfica, de vivienda y de saneamiento en los últimos 50 años y están delimitados temporalmente a partir de la década de 1970. Los empleados por el IBGE, en particular, reiteran la creciente necesidad de prestar atención al espacio intraurbano. Por eso, el análisis se distancia de aquellos en los que solo se intenta determinar si la población dispone o no de servicios e infraestructura básica, y profundiza en sus aspectos cualitativos. Asimismo, demuestran un interés por entender la variedad de provisión de servicios y carencias en las ciudades, que evidencia un alto grado de consolidación de sus estructuras físicas y sociales. Todo esto deja en claro que es necesario distinguir la dimensión cuantitativa —el déficit que revela las necesidades mas postergadas, la ampliación de las redes de alcantarillado y la oferta de servicios públicos— de la dimensión cualitativa y los intentos por identificar la demanda de vivienda, la definición de la dotación actual, y la provisión de servicios e infraestructura por regiones, clase social y otros criterios para clasificar la población, incluidas las peculiaridades ambientales.

El reconocimiento del avance hacia la consolidación del proceso de urbanización en el Brasil viene obligatoriamente precedido por la evolución de las variables que lo definen conforme a distintos patrones. El fenómeno no solo ha supuesto una modificación del patrón de ocupación del territorio nacional, sino también un cambio significativo en la vida cotidiana de sus habitantes y sus valores; de hecho, actualmente hay más reglas de convivencia (D´Oliveira, 2001, entre otros), más variedad de opiniones y más conflictos (Abrahamsson, 2012, entre otros), en algunos casos no declarados sino solo latentes. Más que confirmar la urbanización, la observación de la complejidad de los espacios poblados y de las relaciones que se establecen en ellos ahora forma parte de la reflexión sobre la ciudad. Corroboran esta situación los crecientes estudios basados en la obra de autores que buscan entender la sociedad contemporánea como un fenómeno efímero, fragmentado y acelerado, que nunca deja de sorprender. Guattari (1990), Deleuze y Guattari (1997), Baudrillard (2008) y otros autores han contribuido a la comprensión del medio urbano que, pese a padecer en la periferia del capitalismo, curiosamente parece modernizarse.

Las ideas expuestas en este artículo no apuntan a la adopción de nuevas disciplinas, sino a que se reconozca la necesidad de aplicar métodos interdisciplinarios para hacer frente a la complejidad urbana en el Brasil actual y la organización de una amplia gama de enfoques. Los cambios registrados en el período analizado en la enseñanza y práctica de la planificación urbana ejemplifican el último raciocinio de esta sección del artículo. Así como en las décadas de 1970 y 1980 la enseñanza y la práctica de la gestión urbana en el Brasil se basaban en gran medida en la literatura especializada, cuya principal referencia era el texto sobre planificación municipal integrada (Curso de Planejamento Municipal Integrado) de Celson Ferrari (1979), en los años siguientes se incorporó a nuevos autores que tenían una perspectiva más amplia, lo que facilitaba la comprensión de las reivindicaciones sociales de carácter ambiental. Se dio, entonces, una transición de un aprendizaje de técnicas de edificación y normas sobre división en zonas, parcelación y ocupación del suelo urbano al creciente empleo de referencias literarias que alertan sobre la producción social del espacio y hacen más compleja la comprensión de reglas exclusivamente tecnicistas. Léfebvre (1991; primera edición, 1968), Castells (2006; primera edición, 1972), Harvey (1999, primera edición, 1989) y numerosos otros autores son exponentes de una literatura cuyo propósito es entender la ciudad, y demuestran la gran variedad de enfoques que pueden adoptarse para hacerlo. En el Brasil se replica lo observado por Betancur (2015) en los Estados Unidos y otros países de América Latina: la sustitución de la “planificación urbana” por “estudios urbanos”, unida a la necesaria articulación de estas dos perspectivas conceptuales y el ejercicio de la gestión urbana.

C. Consideraciones finales

El presente artículo fue concebido originalmente con el propósito de analizar los principales cambios que se han dado en el escenario urbano del Brasil en las últimas cuatro décadas. En su elaboración quedó claro que los rasgos que describen sintéticamente a la ciudad brasileña han ido evolucionando en forma positiva. Aunque los indicadores tradicionales confirman ese cambio positivo, se reconoce la existencia de una ciudad resistentemente desigual dentro de la ciudad, así como en áreas metropolitanas y en regiones. Como se indica en diversos estudios, parecería que más importante que esa constatación es la intensidad de los cambios en lo que respecta a las aspiraciones, la práctica de la gestión urbana y la comprensión conceptual, lo que revela la aparición de una nueva cuestión urbana en muchas zonas metropolitanas.

Esto llevó a plantear la hipótesis según la cual se habría llegado al fin de un largo proceso de urbanización, caracterizado sobre todo por la transformación de espacios rurales en espacios indudablemente urbanizados. Se consideró también la sustitución de este proceso por un fenómeno definido fundamentalmente por la transformación de espacios ya ocupados, que modifica en términos cualitativos un fenómeno que curiosamente se presenta como “finalizado”. En la revisión del artículo, y tanto por las evidencias disponibles como por la confirmación de autores anteriores, la hipótesis dejó de serlo para convertirse en un supuesto. ¿Confirmación absoluta de la hipótesis o constatación de que algo aparentemente sin precedentes resultaba ser algo conocido? Los autores creen que la respuesta se encuentra a medio camino entre estas dos posibilidades.

Las transformaciones que se han producido en la periferia de las grandes metrópolis son ejemplos contundentes del fenómeno de consolidación considerado en este artículo y tal vez sean el argumento más convincente que respalda su supuesto. Ratificando lo dicho en la sección anterior, cabe recordar otros análisis que refuerzan la idea de que existe una periferia nueva y heterogénea. Estos son los descritos por Saraiva (2008), en un examen conceptual; Ribeiro (2001), en su definición de las periferias consolidadas como lugares en los que se observa una relativa elitización, y Caldeira (2000), en su nueva observación de los terrenos que estudió dos décadas antes, en los que observa su inserción en el mercado inmobiliario formal e indicios de una cierta capitalización de las edificaciones sometidas a mejoras. Sin embargo, según el concepto de consolidación urbana utilizado por los autores de este artículo, hay matices que cuestionan toda posible completitud. De hecho, Saraiva (2008) sostiene que la periferia se consolida, pero no se estanca.

Como se ha visto, el aspecto más importante de este proceso de reconceptualización de las periferias urbanas —que representan la mayor parte del medio urbano del Brasil— es la heterogeneidad con que comienzan a ser calificadas a partir de los años ochenta. La periferia, antes entendida como la expresión social de “la gran mancha de aceite” de las ciudades grandes, debe ser repensada desde su heterogeneidad socioespacial. Mientras que en los años setenta y ochenta se las concebía como extensas áreas habitadas por trabajadores que vivían en terrenos ocupados clandestina o irregularmente (Moura y Ultramari, 1996, entre otros), ya en la época del censo de 1991 se encuentran más evidencias de sus distintas facetas. La nueva situación impone, por lo tanto, la necesidad de una reconsideración conceptual de la periferia y también de las políticas públicas destinadas a ellas. Como dicen Ritter y Firkowski (2009), en vista de la heterogeneidad y el acelerado ritmo de los fenómenos que se dan en ella, habría que dejar de usar el término “periferia” en singular y empezar a hablar de “periferias”.

Estos enfoques analíticos no obedecen solamente a una opción conceptual. Se reconoce que el estudio de las ciudades ha dejado un creciente aprendizaje, tanto en el Brasil como en el resto del mundo. En un estudio epistemológico sobre urbanismo, Kominami (2013) corrobora la evolución de las ciudades y de nuestra forma de percibirlas, pero reconoce que hay facetas epistemológicas del urbanismo que deben ser abordadas para que se pueda llegar a resolver su compleja problemática. Por su parte, Donnison (1975) señala que, por nuestra manera de interpretar el pasado, siempre tendemos a percibirlo en términos más simplificados que el presente. Ya en la década de 1970, este autor critica la ingenuidad de la gestión y la percepción de las ciudades norteamericanas. Como dice, estas ya habían perdido su inocencia y los investigadores debían describir cómo evolucionan los asentamientos humanos y por qué adoptan la forma que tienen.

Además de los enfoques históricos y de las cuestiones de carácter ideológico, los autores de este artículo estiman que sus argumentaciones sobre los cambios y la consolidación también podrían relativizarse en otro sentido, tomando en cuenta la menor información disponible y la mayor dificultad para conseguirla. En el pasado, se reconocía que la falta de información, de actualizaciones y de delimitaciones espaciales o por distintos estratos eran obstáculos que dificultaban la reflexión sobre las ciudades y su gestión. Jannuzzi y Gracioso (2002), por ejemplo, sostienen que la producción amplia y consolidada de datos estadísticos oficiales es reciente (40 años) en el Brasil, en tanto que las bases para la creación de un sistema estadístico nacional ya se habían establecido en los años treinta con la fundación del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.

Como parte del análisis de la paradójica consolidación de las ciudades brasileñas, en este artículo se alerta sobre la existencia de un fenómeno aún reciente y cuya solidez aún no se ha confirmado: el perfeccionamiento de los indicadores urbanos en todo el país. En su estudio sobre el volumen de inversiones realizadas en las áreas periféricas, Torres y Marques (2001) confirman el aumento de la calidad media de la infraestructura y la reducción de la diferencia entre las periferias y las regiones habitadas por los grupos más adinerados. Pero, lo que es aun más importante, estos autores reiteran que el escenario urbano o metropolitano que se impone exige una consideración más cualitativa que cuantitativa; lo mismo ocurre con la creciente complejidad que aquí se postula. Torres y Marques (2001) estiman que la segregación espacial actual no está tan determinada por la existencia o inexistencia de infraestructura y servicios como por las diferencias en términos de calidad, frecuencia y patrones de atención de las necesidades entre distintas regiones.

Como se demuestra en la sección anterior, en la búsqueda de un concepto de ciudad consolidada se podría repetir un raciocinio similar: menores tasas de crecimiento, mayor cobertura, mayor disponibilidad de infraestructura y servicios urbanos básicos, y necesidad de estudiarla con indicadores que permitan sintetizar sus complejas dimensiones intraurbanas. Con respecto a esto último, como lo demuestran Torres y otros (2003) y Marques (2015), entre otros autores, para entender la ciudad no se puede seguir empleando el enfoque dual, antes clásico, basado en la distinción entre centro y periferia o incluso entre rural y urbano; lo que se requiere ahora es comprender espacios cada vez más heterogéneos y extensos.

Pese a las dificultades que plantea el mayor entendimiento de un fenómeno que debería ser objeto de más debates y la aplicación de una serie de enfoques interdisciplinarios distintos, cabe recordar también que la urbanización brasileña se ha caracterizado por lo menos como desigual y ambientalmente insostenible, pero asimismo, en algunas oportunidades y debido a una perspectiva excesivamente utópica, de acuerdo con los principios de la modernidad y la extrema valoración de la planificación territorial. El escenario más común, a pesar del cambio que supone el fin de un proceso definido siempre como caótico y una consolidación paradójicamente mutable y efímera, presenta características distópicas y va acompañado de deshumanización, artificialidad, despersonalización, deterioro de las relaciones sociales e incluso del fracaso de los intentos de mayor participación democrática. Las ciudades brasileñas se consolidan entre el optimismo y el pesimismo.

Bibliografía

Abrahamsson, Hans (2012), “Cities as nodes for global governance or battlefields for social conflicts? The role of dialogue in social sustainability”, documento presentado en el 56º Congreso Mundial de la Federación Internacional de Vivienda y Urbanismo (IFHP), “Inclusive cities in a global world”, Gothenburg, [en línea] http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/cities_as_nodes_for_global_governance_or_battlefields_for_social_conflicts_the_role_of_dialogue_in_social_sustainability_mellanplats.pdf.

Alves, H. P. F. (2006), “Vulnerabilidade socioambiental na metrópole paulistana: uma análise sociodemográfica das situações de sobreposição espacial de problemas e riscos sociais e ambientais”, Revista Brasileira de Estudos Populacionais, vol. 23, Nº 1, enero-junio.

Alves, J. E. D. e IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística) (2004), “As Características dos Domicílios Brasileiros entre 1960 e 2000”, Textos para Discussão. Escola Nacional de Ciências Estatísticas, Nº 10, Río de Janeiro, Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Arantes, P. F. (2009), “Marxistas e a cidade de São Paulo nos anos de 1970”, Revista Novos Estudos, Nº 83, marzo.

Augé, Marc (1992), Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité, París, Seuil.

Bachelard, G. (1996), A formação do espírito científico: contribuição para uma psicanálise do conhecimento, Río de Janeiro, Contraponto.

Baudrillard, J. (2008), A sociedade de consumo, Lisboa, Edições 70.

Benjamin, Walter (1987), “Sobre o conceito da história”, Magia e técnica, arte e política, Ensaios sobre literatura e história da cultura. Obras escolhidas, vol. Ed. Brasiliense.

Berman, M. (2007), Tudo o que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade, São Paulo, Cia. das Letras.

Bishop, Brian J. y Geoffrey J. Syme (1995), “The social costs and benefits of urban consolidation: A time budget/contingent valuation approach”, Journal of Economic Psychology, vol. 16, Nº 2.

Betancur, J. (2015), “Discutir Estúdios Urbanos, para quê? Trayectoria histórica”, La ensenanza de los estúdios urbano regionales: um assunto que transcende saberes disciplinares, A. C. Sierra y otros, Bogotá, Universidad Piloto.

Bolaffi, Gabriel (1979), “Habitação e urbanismo: o problema e o falso problema”, A produção capitalista da casa (e da cidade) no Brasil Industrial, E. Maricato (org.), São Paulo, Ed. Alfa Ômega.

Brasil, Gobierno de (2005), “Plano Diretor Participativo”, Raquel Rolnik, Benny Schasberg y Otilie Macedo Pinheiro (coords.), Brasilia, Secretaría Nacional de Programas Urbanos, Ministerio de las Ciudades.

____(2001), “Estatuto da Cidade: Lei 10.257/2001 que estabelece diretrizes gerais da política urbana”, Brasilia, Cámara de Diputados.

____(1988), “Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília”, Brasilia, Senado Federal, Centro Gráfico.

Brito, F. (2009), “As migrações internas no brasil: um ensaio sobre os desafios teóricos recentes”, Texto para Discussão, Nº 366, Belo Horizonte, Centro de Desarrollo y Planificación Regional (CEDEPLAR).

Caldeira, T. (2000), Cidade de Muros: crime, segregação e cidadania em São Paulo, São Paulo, Editora 34/Edusp.

Campos, V. N. O. (2012), “Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais: uma contribuição para cidades mais sustentáveis? ”, Oculum Ensaios, Nº 16, Campinas.

Cantarim, F. (2014), “Redes urbanas brasileiras: uma leitura por grandes regiões do país”, Disertación de maestría, Porgrama de Posgrado en Gestión Urbana de la Pontifícia Universidad Católica de Paraná [en línea] http://www.pucpr.br/posgraduacao/gestaourbana/dissertacoes.php.

Castells, M. (2006), A questão urbana, Río de Janeiro, Paz e Terra.

Castells, M. y B. Jordi (1996), “As cidades como atores políticos”, Revista Novos Estudos, Nº 45, São Paulo.

Choay, F. (1965), O urbanismo, utopias e realidade, uma antologia, São Paulo, Perspectiva.

Costa, H. S. M. y R. Monte-Mór (2002), “Urbanization and environment: trends and patterns in contemporary Brazil”, Population and environment in Brazil: Rio + 10”, D. Hogan, E. Berquo y H. Costa (orgs.), Campinas, CNPD, Asociación Brasileña de Estudios Poblacionales (ABEP), Núcleo de Estudios de Población (NEPO).

Cunha, J.M.P (2002), “Urbanización, redistribución espacial de la población y transformaciones socioeconómicas en América Latina”, serie Población y Desarrollo, Nº 30 (LC/L.1782-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Cunha, J.M.P. y otros (2013), “A mobilidade pendular na macrometrópole paulista: diferenciação e complementariedade socioespacial”, Cadernos Metrópole, vol. 15, Nº 30, São Paulo, julio-diciembre.

D´Oliveira, Sônia A. le Cocq (2001), “Excesso de legislação, déficit de participação”, Anais do IX Encontro Nacional da ANPUR, Río de Janeiro [en línea] http://www.anpur.org.br/anaisAbrir/63/1/anais-do-ix-encontro.

Deleuze, G. (1966), Le bergsonisme, Collection “SUP-Le Philosophe”, París, PUF.

Deleuze, G. y F. Guattari (1997), Mil Platôs. Capitalismo e Esquizofrenia, Río de Janeiro, Editora 34.

Donnison, David (1975), “The age of innocence is past: Some ideas about urban research and planning”, Urban Studies, vol. 12, Nº 26.

DENATRAN (2015), “Dados estatísticos” [en línea] http://www.denatran.gov.br.

Faria, V. (1991), “Cinqüenta anos de urbanização no Brasil: tendências e perspectivas”, Novos Estudos CEBRAP, vol. 29.

Ferrari, C. (1979), Curso de Planejamento Municipal Integrado: Urbanismo, São Paulo, Livraria Pioneira Editora.

Ferrari Junior, J. C. (2004), “Limites e potencialidades do planejamento urbano: uma discussão sobre os pilares e aspectos recentes da organização espacial das cidades brasileiras”, Estudos Geográficos, vol. 2, Nº 1, Rio Claro.

Firkowski, O. L. C. F. (2009), “Urbanização e cidades: os vários desafios à investigação geográfica”, Espaço e Tempo. Complexidade e desafios do pensar e do fazer geográfico, F. Mendonça, C.L. Lowen-Sahr y M. Da Silva (orgs.), Curitiba, ADEMADAN.

Glaeser, Edward (2011), The Triumph of the City: How Our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier, and Happier, Nueva York, Penguin Press.

Gray, Rowan, Brendan Gleeson y Matthew Burke (2008), Urban consolidation and household greenhouse emissions: Towards a full consumption, impacts approach, Urban Research Program, Griffith University [en línea] https://www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_file/0006/105099/urp-rp20-gray-et-al-2008.pdf.

Guattari, F. (1990), As três ecologias, Campinas, Papirus.

Harvey, D. (1999), Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural, São Paulo, Loyola.

Hogan, D. J. (1999), “Mudança Ambiental e o Novo Regime Demográfico”, Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Políticas Públicas, C. Cavalcanti (org.), São Paulo, Cortez.

Holmes, A. (2007), City Fictions: Language, Body, and Spanish American Urban Space, Lewisburg, Bucknell University Press.

IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística) (2015), Arranjos Populacionais e Concentrações Urbanas do Brasil, Río de Janeiro.

____(2014), “Síntese dos Indicadores Sociais 2014”, Brasília [en línea] ftp://ftp.ibge.gov.br/Indicadores_Sociais/Sintese_de_Indicadores_Sociais_2014/SIS_2014.pdf.

____(2013a), “Metodologia do Censo Demográfico 2000”, Río de Janeiro [en línea] http://goo.gl/UvIwF.

____(2013b), “Metodologia do Censo Demográfico 2010”, Río de Janeiro [en línea] http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv81634.pdf.

____(2012), “Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 2012” [en línea] http://www.ibge.gov.br/home.

____(2011), “Censos Demográficos” [en línea] http://www.ibge.gov.br/home.

____(2010a), “Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008”, Río de Janeiro.

____(2010b), “Censo Demográfico de 2010. Informações Metodológicas”, Río de Janeiro.

____(2007), “Regiões de Influência das Cidades, 2007”, Río de Janeiro.

____(1993), “Regiões de Influência das Cidades, 1993”, Río de Janeiro.

____(1983), “Regiões de Influência das Cidades, 1983”, Río de Janeiro.

____(1972), “Divisão do Brasil em Regiões Funcionais, 1972”, Río de Janeiro (estúdios seriados), Perfil dos Municípios brasileiros 2002-2014 [en línea] http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/pesquisa_resultados.php?id_pesquisa=89.

IPARDES (Instituto Paranaense de Desarrollo Económico y Social) (2007), “Comentários sobre o REGIC, 2007”, Curitiba.

IPEA (Instituto de Investigación Económica Aplicada) (2013), Nota Técnica: Estimativas do Déficit Habitacional Brasileiro (PNAD 2007-2012), Brasilia.

____(2002), “Configuração atual e tendências da Rede Urbana do Brasil”, Brasilia.

Jacobs, J. (2000), Morte e vida de grandes cidades, São Paulo, Martins Fontes.

Jannuzzi, Paulo de Martino y Luciana de Souza Gracioso (2002), “Produção e disseminação da informação estatística: agências estaduais no Brasil”, São Paulo em Perspectiva, vol.16, Nº3, São Paulo [en línea] http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-88392002000300013&script=sci_arttext.

Kaika, M. y E. Swyngedouw (2014), “Radical urban political-ecological imaginaries. Planetary urbanization and politicizing nature”, Derive Journal, vol. 15, Verein für Stadtforschung.

Kominami, Takeshi (2015), “The Kind of Problem a City Will Always Be: A Study of the Epistemological State of Urbanism and the Kind of Problem a City is”, tesis de maestría, Escuela de Arquitectura, Universidad de Wellington [en línea] http://hdl.handle.net/10063/2700.

Léfebvre, H. (1991), O direito à cidade, São Paulo, Editora Moraes.

Leme, Maria Cristina da Silva (1999), “A formação do pensamento urbanístico no Brasil:

1895-1965”, Urbanismo no Brasil 1895-1965, M.C. da Silva Leme, A. Fernandes y Marco Aurelio Filgueiras Gomes (orgs.), São Paulo, Studio Nobel/Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo/Fundación para la Investigación en Arquitectura y Ambiente (FUPAM).

Lencioni, S. (2015), “Urbanização difusa e a constituição de megarregiões: o caso de São Paulo-Rio de Janeiro”, E-metropolis, Nº 22, año 6, septiembre.

Lynch, K. (1997), “A imagem da cidade”, São Paulo, Martins Fontes.

Magnabosco, A. L., Cunha, P. H. F. y Garcia, F. (2012), “Mensuração do déficit habitacional no Brasil”, Pesquisa & Debate, vol. 23, Nº 2(42), São Paulo.

Maricato, E. (2013), “Entrevista. Nossas cidades são bombas socioecológicas”, Teoria e Debate, vol. 15, Nº 1 [en línea] http://www.teoriaedebate.org.br/materias/nacional/nossas-cidades-sao-bombas-socioecologicas?page=full.

Marques, E. (org.) (2015), Metrópole de São Paulo no século XXI, Espaços, heterogeneidades e desigualdades, São Paulo, Universidad Estatal Paulista (UNESP).

Martine, G. (2007), “O lugar do espaço na equação população/ meio ambiente”, Revista Brasileira de Estudos de População, vol. 24, Nº 2, São Paulo, Asociación Brasileña de Estudios Poblacionales (ABEP).

____(1994), “A redistribuição espacial da população brasileira durante a década de 80”, Texto para Discussão, Nº 329, Brasilia, Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA).

Ministerio de las Ciudades del Brasil (2015), “Diagnóstico de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento”, Brasilia [en línea] http://www.snis.gov.br/PaginaCarrega.php?EWRErterterTERTer=106.

Miranda, David, Rafael Crescente y M. Flor Alvarez (2005), “Land consolidation in inland rural Galicia, N.W. Spain, since 1950: An example of the formulation and use of questions, criteria and indicators for evaluation of rural development policies”, Journal of Economic Psychology, vol. 16, Nº 2.

Moura, R. y C. Ultramari (1996), O que é periferia urbana, São Paulo,: Brasiliense.

Observatório das Metrópoles (2015), “As metrópoles no Censo 2010: novas tendências?” [en línea] http://www.observatoriodasmetropoles.net/download/texto_MetropolesDez2010.pdf.

Odum, E.P. (1988), Fundamentos da Ecologia, Río de Janeiro, Ed. Guanabara.

Ojima, R. y G. Martine (2012), “Resgates sobre população e ambiente: breve análise da dinâmica democrática e a urbanização nos biomas brasileiros”, Ideias, Nº 5, nova série, segundo semestre, Campinas [en línea] file:///C:/Users/professor/Downloads/1035-2746-1-SM.pdf.

Randolph, Rainer (2013), “Em busca de uma agenda para o Planejamento Urbano e Regional: uma homenagem a Ana Clara Torres Ribeiro”, Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, vol.15,

Nº 1, Asociación Nacional de Posgrado e Investigación en Planificación Urbana y Regional [en línea] http://www.anpur.org.br/publicacao/arquivos/20140404102034miolo_revista_ANPUR_v15_n1.pdf.

Reeds, K. (2011), “Urban Pessimism and the Optimism between the Lines: Literary Latin American Cities and Roberto Bolaño’s 2666”, Hipertexto 14 [en línea] http://portal.utpa.edu/utpa_main/daa_home/coah_home/modern_home/hipertexto_home/docs/Hiper14Reeds.pdf.

Ribeiro, L. (2001), “Segregação, desigualdade e habitação: a metrópole do Rio de Janeiro”, Encontro Nacional da ANPUR, Río de Janeiro, Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ)/Instituto de Investigación y Planificación Urbano y Regional (IPPUR).

Ritter, Carlos y Olga Lúcia C. de Firkowski (2009), “Novo Conceitual para as Periferias Urbanas”, Revista Eletrônica do Programa de Pós-graduação em Geografia (Geografar) [en línea] http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/geografar/article/viewFile/14334/9644.

Rodríguez, J. y G. Busso (2009), Migración interna y desarrollo en América Latina entre 1980 y 2005: un estudio comparativo con perspectiva regional basado en siete países, Libros de la CEPAL, Nº 102 (LC/G.2397-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Rosa, Thaís Troncon (2011), “A cidade nas ciências sociais: teoria, pesquisa e contexto Favelas, Periferias: uma reflexão sobre conceitos e dicotomias”, 33º Encontro da ANPOCS, Caxambu [en línea] http://www.anpocs.org/portal/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=213&Itemid=208.

Santos, M. A (2005), A urbanização brasileira, São Paulo, Hucitec.

____(1965), A cidade nos países subdesenvolvidos, Río de Janeiro, Ed. Civilização Brasileira.

Saule Junior., N. Y K. Uzzo (s/f), “A trajetória da reforma urbana no Brasil”, Ciudades para tod@s, Experiencias, Marco Legal, Recife [en línea] http://www.redbcm.com.br/arquivos/bibliografia%20trajectoria%20n%20saule%20k%20uzzo.pdf/a.

Saraiva, C. (2008), “A Periferia Consolidada como Categoria e Realidade em Construção”, disertación en el curso de maestría del Programa de posgrado en Planificación Urbana y Regional de la Universidad Federal de Río de Janeiro [en línea] http://www.ippur.ufrj.br/download/pub/CamilaPereiraSaraiva.pdf.

Sassen, Saskia (2010), Sociologia da Globalização, Porto Alegre, Artmed.

____(2002), Global Networks, Linked Cities, Nueva York, Routledge.

Scott, A. S. V. (2012), “População e família no Brasil contemporâneo: muitas mudanças e algumas reflexões”, Revista Brasileira de Estudos de População, vol. 29, Nº 1, São Paulo [en línea] http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-30982012000100001&lng=en&nrm=iso&tlng=pt.

Secretaría Nacional de Defensa Civil (2015), “Portarias de Reconhecimento de Situação de Emergência e Estados de Calamidade Pública” [en línea] www.defesacivil.gov.br.

Silva, S. R. M. (2011), “Transformações das abordagens urbanísticas na gestão territorial brasileira: confluências e divergências no direito de propriedade, nos instrumentos de gestão e no desenho institucional”, tesis presentada en el Programa de posgrado en ingeniería urbana de la Universidad Federal de São Carlos, São Carlos.

Sklenicka, Petr (2006), “Applying evaluation criteria for the land consolidation effect to three contrasting study areas in the Czech Republic”, Land Use Policy, vol. 23, Nº 4.

The Mori Memorial Foundation’s Institute for Durban Strategies (2009), “Global Power City Index”, octubre [en línea] http://www.mori-m-foundation.or.jp/pdf/GPCI2010_en.pdf.

Torres, H. G. (2004), “Fronteira Paulistana”, Anais do XIV Encontro Nacional de Estudos Populacionais, Caxambu, Asociación Brasileña de Estudios Poblacionales (ABEP).

Torres, H. y E. Marques (2001), “Reflexões sobre a hiperperiferia: novas e velhas faces da pobreza no entorno metropolitano”, Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, Nº 4.

Torres, H. G. y otros (2003), “Pobreza e espaço: padrões de segregação em São Paulo”, Estudos Avançados, vol.17, Nº 47, São Paulo [en línea] http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142003000100006.

Ultramari, C. (2009), “Dos significados do urbanismo”, Revista Pós, vol.16, Nº 25, São Paulo.

Ultramari, C. y D. Rezende (2006), “Mudanças e continuidades na gestão urbana brasileira”, Revista Paranaense de Desenvolvimento, Nº 111, Curitiba, julio-diciembre.

Ultramari, C., R. Firmino y S. F.P. Silva (2011), “Uma abordagem bibliométrica do estudo do Planejamento Urbano no Brasil nas décadas de 1990 e 2000”, XIV Encontro Nacional da ANPUR. Anais, Río de Janeiro, mayo.

Valladares, Licia do Prado (2005), A invenção da favela: do mito de origem à favela, Río de Janeiro, Editora FGV.

Villaça, F. (2005), As ilusões do Plano Diretor, São Paulo [en línea] http://www.planosdiretores.com.br/downloads/ilusaopd.pdf.

Zaluar, A. y M. Alvito (orgs.) (2003), Um século de favela, Río de Janeiro, FGV.

[1] Investigador del programa de posgrado en gestión urbana de la Pontifícia Universidad Católica de Paraná y del programa de posgrado en medio ambiente y desarrollo de la Universidad Federal de Paraná. Becario del programa de investigación CNPq. Correo electrónico: ultramari@yahoo.com.

[2] Investigadora del programa de posgrado en geografía y planificación urbana y regional de la Universidad Federal de Paraná. Becaria del programa de investigación CNPq. Correo electrónico: olgafirk@gmail.com.

[3] Candidata al doctorado del programa de posgrado en gestión urbana de la Pontifícia Universidad Católica de Paraná. Correo electrónico: fernandacantarim@hotmail.com.

Segregación socioespacial en ciudades mineras: el caso de Antofagasta, Chile[1]

Emilio Thodes Miranda[2]

Recibido: 22/01/2016

Aceptado: 17/02/2016

Resumen

La actividad minera ha impulsado la economía local en naciones desarrolladas y en vías de desarrollo, especialmente en el Cono Sur de América Latina, por atraer capital externo y nuevos actores a las zonas donde se concentra la extracción. Sin embargo, este proceso, particularmente en esta región, ha promovido modalidades de desarrollo desigual que afectan tanto a las zonas urbanas como a las rurales, producen transformaciones socioespaciales, y crean barreras físicas y sociales.

El presente artículo forma parte de una serie de estudios sobre desarrollo urbano en zonas mineras realizados en Australia y en Chile, en este último caso en la ciudad de Antofagasta, en el norte del país. Su propósito es ampliar el conocimiento sobre la segregación socioespacial, específicamente de diversas dimensiones del desarrollo urbano (espacial, institucional, socioeconómica), mediante la aplicación de enfoques teóricos y analíticos que permiten abordar el tema en forma integral.

Palabras clave: segregación socioespacial, desarrollo urbano desigual, minería, vivienda asequible, segregación residencial, planificación urbana.

Abstract

Mining has boosted the local economies of developed and developing countries, particularly in Latin America’s Southern Cone, by bringing foreign capital and new actors to areas where extraction activities are concentrated. However, particularly in this region, this process has also encouraged unequal development that affects both urban and rural areas, produced socio-spatial transformation and created physical and social barriers.

This article is part of a series of studies on urban development in mining areas, which were carried out in Australia and in Antofagasta in the north of Chile. It aims to increase awareness of socio-spatial segregation, specifically of various aspects of urban development (spatial, institutional, socioeconomic), with a theoretical and analytical approach that provides a comprehensive view of the topic.

Keywords: socio-spatial segregation, unequal urban development, mining, affordable housing, residential segregation, urban planning.

Résumé

L’activité minière a donné une impulsion à l’économie locale dans les pays développés et en développement, surtout dans le cône sud de l’Amérique latine, en attirant des capitaux externes et des nouveaux acteurs dans les régions où se concentrent les extractions. Cependant, ce processus a encouragé, en particulier dans cette région, des modalités de développement inégal qui touchent autant les régions urbaines que les régions rurales, produisent des transformations sociospatiales et créent des barrières physiques et sociales.

L’article en question fait partie d’une série d’études sur le développement urbain dans les régions minières, réalisées en Australie et au Chili dans la ville d’Antofagasta, dans le nord du pays. Il a pour but de perfectionner les connaissances sur la ségrégation sociospatiale, en particulier de plusieurs dimensions de développement urbain (spatiale, institutionnelle, socioéconomique), via la mise en place d’approches théoriques et analytiques permettant d’aborder le thème de manière globale.

Mots-clés: ségrégation sociospatiale, développement urbain inégal, activité minière, logement abordable, ségrégation résidentielle, planification urbaine.

Introducción

Pocos países han quedado al margen de los efectos del auge minero mundial. Mientras que las repercusiones directas de la gran minería se manifiestan con especial intensidad en las regiones donde se encuentran las minas, las indirectas se observan tanto en áreas urbanas como rurales. En las economías menos desarrolladas, la minería ha sido uno de los mayores motores del crecimiento económico y el desarrollo urbano, estimulados por la instalación de grandes empresas y la entrada de capital que estas aportan (Humphreys y Bebbington, 2012). Aunque el desarrollo socioeconómico de las regiones mineras es objeto de variadas opiniones, hay acuerdo en torno al impacto local del auge en las zonas urbanas (Haslam-McKenzie, 2013).

Las ciudades mineras suelen estar sometidas a una gran presión como consecuencia de la afluencia de población y de nuevas actividades económicas conexas. Este fenómeno ha acelerado el proceso de urbanización, especialmente en los países en vías de desarrollo, en la mayoría de los cuales la transformación física de las ciudades no ha sido bien planificada por las autoridades. Steel (2013), entre otros, analiza los cambios socioeconómicos producidos por la llegada de inmigrantes, así como la modificación física que fomentan. Sin embargo, las dimensiones espacial y urbana de estos fenómenos no se han analizado a fondo, ya que la literatura sobre la materia se centra en las disparidades económicas entre clases sociales.

Se reconoce ampliamente que la minería no solo provoca problemas medioambientales en las regiones receptoras, sino que también las exacerba y modifica en las áreas urbanas en las que circulan el dinero y se mueven los actores. Los cambios que se producen rara vez son exclusivamente socioeconómicos, puesto que también se dan en el entorno físico y el sistema político.

Por consiguiente, los gobiernos se ven presionados por demandas populares de modelos de desarrollo más equitativos y de redistribución de los ingresos mineros a nivel local (Haarstad, 2012). Los nuevos desafíos que plantean estas demandas responden a aspiraciones de equidad y sostenibilidad, que cuestionan el pensamiento dominante sobre el desarrollo de las ciudades mineras. Es necesario, entonces, aplicar un enfoque más holístico para estudiar la interacción entre la minería y los centros urbanos. No obstante, en la mayoría de los estudios sobre estos temas se presta escasa atención a la relación entre los beneficios y el impacto de los ingresos mineros, su relación con el desarrollo urbano y su distribución espacial (Slack, 2010; Buchardt y Dietz, 2014).

Uno de los objetivos del presente estudio es contribuir a la superación de los desafíos, a partir del análisis de la naturaleza y la distribución de los beneficios aportados por la minería y su relación con el desarrollo urbano desigual en la ciudad de Antofagasta. Por lo tanto, el estudio está focalizado en los efectos de las disparidades sociales y la distribución espacial de la riqueza en esta ciudad. Para entenderlos, se formularon las siguientes preguntas: “¿Influye el capital generado por la minería en el uso del espacio urbano en Antofagasta?” y “¿quién se beneficia de este proceso?”

Como se ha dicho, el objetivo de este estudio es ampliar el conocimiento sobre la segregación socioespacial en las zonas de influencia de la minería, en particular sobre la segregación residencial y el desarrollo urbano desigual en Antofagasta. Además, apunta a identificar posibilidades de estudios futuros que contribuyan a mejorar la situación actual de la ciudad.

Las conclusiones de la investigación ilustran los inesperados cambios provocados en la ciudad de Antofagasta por la actividad minera, en especial por la entrada de capital y los actores vinculados a esta industria. Asimismo, revelan la existencia de una relación entre desarrollo urbano desigual y minería, así como la falta de control gubernamental sobre la transformación de los paisajes urbanos y la distribución inequitativa de los beneficios entre los residentes, carencia que resulta particularmente preocupante.

El autor espera que la identificación de mecanismos inadecuados de distribución y justicia en Antofagasta contribuya al debate actual sobre el cambiante rol del gobierno en materia de equidad social, como también a la literatura sobre planificación urbana y su vínculo con la minería. Por otra parte, se reconoce que en los últimos años se han producido cambios importantes derivados de la adopción de nuevos sistemas de gobernanza y de planificación estratégica, que propician la participación ciudadana.

A. Antecedentes

Antofagasta ha estado vinculada desde hace muchos años a las industrias basadas en recursos naturales. En el siglo XIX, su crecimiento obedeció a la explotación de las minas de nitrato y las obras de infraestructura relacionadas con estas, como el puerto y el ferrocarril. Hasta 1879, esas minas fueron explotadas por empresas chilenas con autorización del Gobierno de Bolivia. En 1904, y debido a los conflictos entre Bolivia y Chile, la región de Antofagasta fue transferida a este último junto con todas las tierras vacantes de la región (Farcau, 2000). Por este motivo, la mayor parte del suelo urbanizable de Antofagasta pertenece al Estado y es administrada por el Ministerio de Bienes Nacionales. Esta situación ha provocado algunas perturbaciones, especialmente en términos de la disponibilidad de suelos y de su uso.

En Chile, la minería ha sido el mayor motor del crecimiento económico y es considerada la columna vertebral de la economía. El actual auge de este sector obedece en gran parte a dos factores: i) la sustitución del antiguo modelo económico y político en los años setenta del siglo XX por un modelo orientado a la exportación, que ha posibilitado la afluencia de capital externo o inversión extranjera directa (Singh, 2012; Aroca, 2001), y ii) el incremento de la demanda de minerales por parte de economías emergentes, sobre todo de China, hoy en proceso de desaceleración, debido a su rápida urbanización (Radetzki y otros, 2008). Chile aún depende considerablemente de la demanda internacional de minerales y de la explotación de recursos no renovables para sustentar su crecimiento, lo que limita el desarrollo sostenible del país (OCDE, 2013a).

La mayoría de las explotaciones mineras se encuentran en lugares remotos, incluidas las regiones desérticas cercanas a Antofagasta, en las que empresas público-privadas vienen operando desde los años noventa del siglo pasado. Estas empresas extraen alrededor del 35% del cobre producido en todo el mundo y son las principales promotoras de los cambios demográficos y socioeconómicos registrados en la zona (Arias, Atienza y Cardemartori, 2013). Las firmas internacionales contratan a un gran número de trabajadores y profesionales calificados venidos de otras regiones y que trabajan en un sistema de turnos, lo que se ha traducido en un aumento de los actores externos, acorde a la expansión de las operaciones mineras (Aroca y Atienza, 2011).

Estos nuevos actores exigen comodidades y servicios característicos de las áreas urbanas, lo que acelera el proceso de urbanización. Antofagasta, que tiene un promedio de 346.126 habitantes (OCDE, 2013b), satisface parte de esta demanda, gracias a lo cual retiene a algunos de esos actores externos y concentra el capital circulante de diversas maneras. De hecho, la ciudad ha experimentado un aumento de la población cercano al 20% en los últimos diez años (OCDE, 2013a). Esta transformación del medio urbano ha gatillado disparidades socioeconómicas no deseadas que acrecientan las tensiones entre clases sociales. Las disparidades se reflejan en la construcción de enclaves residenciales y comerciales en áreas privilegiadas, lo que provoca una fragmentación espacial y un desplazamiento de los residentes en situación de desventaja (Robert, 2010).

1. El auge minero y su impacto

El concepto de auge minero se ha desarrollado fundamentalmente como parte del análisis de sus dimensiones socioeconómicas. Se refiere a un período específico en el que la demanda de minerales crece en forma acelerada, dando origen a una expansión macroeconómica en los países con intensa actividad minera (Humphreys, 2010). Algunos autores explican que una combinación de factores, en especial la intensificación del uso de productos básicos en las economías emergentes, como China y la India, ha mantenido esta tendencia relativamente estable durante los últimos años (Radetzki y otros, 2008). Sin embargo, el aparente bienestar y la acumulación de capital nacional que esto trae aparejado se basa en una dependencia excesiva de la exportación de productos mineros (Garnaut, 2012).

A pesar de la controvertida relación entre costos y beneficios producidos por la minería, pocos estudios se centran en la distribución espacial del capital generado en las regiones mineras. Esto ha gatillado el debate sobre las disparidades socioeconómicas a nivel local y regional en aquellas zonas donde el impacto de la industria pareciera superar los beneficios que esta genera (Argent, 2013).

2. Efectos económicos de la minería

Los estudios sobre los temas mencionados suelen centrarse en la determinación de si los ingresos generados por las operaciones mineras son retenidos o no a nivel local, de cómo influyen en el desarrollo de la ciudad y de cómo realzan el bienestar de los residentes.

En los más recientes se sostiene que la difusión espacial de los beneficios responde esencialmente a dos factores: i) el hecho de que la mayoría de los profesionales que trabajan en la minería no son residentes de las localidades donde se realizan las actividades extractivas y ii) el predominio de empresas mineras que operan con capital internacional, lo que significa que los ingresos “vuelan de regreso” a otros países. Argent (2013) distingue los lugares que atraen y retienen capital de todo tipo, incluido el humano, de aquellos en los que no se da este fenómeno, y los define respectivamente como lugares “atractivos” (sticky places) y “no atractivos” (slippery places).

Storey (2001 y 2010) argumenta que, debido al sistema de turnos empleado en la industria minera, la mayoría de los beneficios que esta genera se acumula en las áreas metropolitanas (lugares “atractivos”), lo que provoca diversos problemas, sobre todo un desarrollo urbano y social desigual. Muchos autores describen la manifestación de este concepto en diferentes contextos, entre otros en Australia y Chile, cuyas áreas metropolitanas de Perth y Santiago concentran y retienen la mayor parte de los beneficios económicos de la minería (Arias, Atienza y Cademartori, 2013; Haslam- McKenzie, 2010). Además, Storey (2010) señala que, en algunos casos, la heterogénea distribución de los beneficios puede afectar la estabilidad económica de las regiones, dificultar el desarrollo sostenible y exacerbar las disparidades (Brueckner y otros, 2013).

Otros factores que contribuyen a la distribución espacial de los beneficios dentro de un país son la afluencia de inversión extranjera directa y el régimen tributario. Esta afirmación se basa en el supuesto de que la mayoría de las empresas que operan en las zonas mineras funcionan con capital privado y que este proviene principalmente de inversores que viven fuera de ellas. Además, los impuestos (royalties) pueden ser percibidos por el gobierno central, que luego los distribuye a todo el país conforme a los criterios de las autoridades. En consecuencia, la mayor parte de los ingresos se acumula en los lugares “atractivos” y no en las regiones mineras. En general, estas últimas se caracterizan por un insuficiente desarrollo urbano y social en comparación con las áreas metropolitanas, fenómeno atribuible a la centralización política y administrativa (Barton, Roman y Floysand, 2012).

3. Efectos sociales y urbanos

Aun cuando en general los efectos sociales y económicos suelen estar interconectados, es necesario distinguir los relacionados con el bienestar de la población local. De acuerdo con Tonts, Plummer y Lawrie (2012), en gran parte de la literatura sobre la materia se tienden a generalizar los patrones de la actividad minera, porque no se realizan estudios suficientemente detallados sobre las condiciones particulares de cada región. Estos autores argumentan que muchas de las publicaciones se enfocan en el vínculo entre la dependencia de un recurso natural y el bienestar socioeconómico, especialmente en pequeñas comunidades rurales. Por el contrario, solo unos pocos autores prestan particular atención a temas tales como la provisión de infraestructura pública, la vivienda y los cambios en la estructura social. Asimismo, hay escasos estudios sobre los efectos sociales de la minería en áreas urbanas, y sobre cambios sociales y físicos específicos (Steel, 2013; Petrova y Marinova, 2013; Haslam-McKenzie, 2013; Mackinnon, 2013).

Los especialistas en ciencias sociales han observado una serie de efectos asociados al crecimiento urbano, particularmente en economías mineras emergentes de África, América del Sur e incluso de Australia (Bury, 2007; Harrison y Zack, 2012; Garnett, 2012). Las consecuencias adversas de la minería en las ciudades han sido estudiadas en términos de las disparidades socioeconómicas entre los grupos vinculados a la minería y el resto de la población. Además, la mayoría de las investigaciones se basan en el análisis de datos cuantitativos y la relación entre indicadores de calidad de vida – ingreso de los hogares, nivel de educación, tasa de desempleo y otros-, que permiten consolidar los argumentos de los autores (Hajkowicz, Heyenga y Moffat, 2011). Por otra parte, hay pocos estudios en los que se aplique un enfoque empírico con fin de entender los conflictos sociales de carácter local. En lo que constituye una excepción, Haslam-McKenzie y Rowley (2013) emplean una metodología mixta, en la que se combinan métodos cualitativos y cuantitativos basados en conocimientos empíricos, observación y análisis de datos.

Algunos autores, entre otros Steel (2013) y Angotti (2013), se han centrado en los cambios registrados en las ciudades de América del Sur, especialmente en la transformación física de estas y sus consecuencias para el entorno social. Steel (2013) ha descrito la desarticulación del entorno urbano y de la cohesión social de sus habitantes debida al surgimiento de una elite minera en el Perú. El autor destaca la aparición de barreras físicas que separan a residentes de distintas clases sociales y provocan una fragmentación espacial de las comunidades. Angotti (2013) analiza más a fondo este fenómeno, para lo cual recurre al concepto de “urbanismo de enclaves”. Este alude a la formación de paisajes urbanos fragmentados provocada por el desarrollo de zonas residenciales, centros comerciales y áreas de servicios destinados a la elite y las empresas mineras, bajo el amparo de un sistema incapaz de atender las necesidades de todos los habitantes.

Aun cuando cada ciudad minera debe entenderse como un caso único, debido a sus peculiaridades (modelo de gobernabilidad, actores involucrados, ubicación y participación ciudadana, entre otras), hay ciertos patrones de desarrollo que pueden manifestarse en distintos contextos, como ocurre con el incremento sostenido del valor de la vivienda y de los bienes y servicios (Haslam-McKenzie y otros, 2009). Según Haslam-McKenzie y Rowley (2013), en Australia se observa una escasez de viviendas sociales y asequibles, que desplaza a la población local y perjudica a las empresas no mineras, incapaces de competir con las vinculadas a la minería, debido al alto costo de los alquileres en las mejores ubicaciones. Algo similar ocurre en Antofagasta, donde la falta de viviendas asequibles y la limitada provisión de viviendas sociales han incrementado tanto el precio de estas como el de los suelos urbanos (Aroca y Atienza, 2011). En otros estudios se demuestra que, en algunos casos, esto se debe a la oferta inelástica de viviendas, que también aporta ganancias inesperadas a los dueños de propiedades (Aragon y Rud, 2013).

En general, el debate reciente se ha focalizado en el análisis de macroindicadores cualitativos con el propósito de evaluar distintos escenarios, lo que lleva a descuidar las dimensiones socioespaciales, en especial el desarrollo desigual (Buchardt y Dietz, 2014; Horsley, 2013). Por consiguiente, algunos académicos proponen adoptar un enfoque más holístico que permita entender mejor los rasgos particulares de cada realidad local.

B. Metodología

En la presente investigación se aplica una metodología mixta, consistente en la combinación de datos cualitativos y cuantitativos, que ofrece una imagen matizada de la ciudad de Antofagasta y su configuración socioespacial (véase el diagrama 1). La primera etapa del estudio consistió en la recopilación de información mediante diversos métodos, seguida de su análisis y, finalmente, la agregación de los datos (Xerez y Fonseca, 2011). Se aplicó este enfoque por considerarse que la integración de métodos cualitativos y cuantitativos permite un mejor entendimiento de los problemas que la adopción de un solo criterio (Creswell, 2009). Baur y otros (2014) estiman que en las ciencias sociales, en particular en el estudio de ciudades, la representación del espacio obedece a una construcción social, por lo que se requiere una visión holística que facilite la comprensión de las interacciones socioespaciales en las áreas urbanas.

Diagrama 1

Estructura y diseño metodológicos

Fuente: Elaboración propia.

Se planificaron y propusieron dos etapas principales de la investigación. La primera de ellas apuntaba a una mayor comprensión de la situación mediante el estudio del tema y los conceptos más relevantes, a partir del examen de la literatura pertinente. La base que esto ofrece posibilita una mejor justificación del empleo de métodos mixtos, junto con aportar importante información que facilita el trabajo posterior. La segunda etapa consistió en un estudio de campo en la ciudad de Antofagasta, en el que se aplicaron diferentes métodos simultáneamente, lo que dio una imagen más detallada de la ciudad y su problemática, gracias a la retroalimentación recíproca de estos.

Los métodos utilizados en esta etapa fueron entrevistas semiestructuradas, análisis espacial, análisis del mercado inmobiliario y análisis de información recopilada en Chile.

Finalmente, se corroboró la información contenida en el estudio territorial de la OCDE sobre Antofagasta (OCDE, 2013), para evaluar la exactitud de los resultados del estudio de campo. Las conclusiones de esta parte de la investigación se triangularon con datos cuantitativos, a fin de detectar correlaciones. Este proceso tuvo un carácter circular, ya que se fue incorporando constantemente información adicional, proveniente de la aplicación de los demás métodos. Los cuantitativos se aplicaron principalmente con propósitos asociativos, en tanto que los cualitativos se emplearon para facilitar la interpretación de los resultados.

El estudio se basó en dos supuestos teóricos, provenientes de los campos de la economía y la geografía. Según el primero de ellos, la acumulación de capital siempre se articula en la dimensión territorial (Horsley, 2013). Según el segundo, esta acumulación fomenta formas de desarrollo desigual (Harvey, 2008). Dado que en la literatura sobre la materia se indica que la actividad minera contribuye a acentuar la inequidad y la segregación socioespacial en áreas urbanas, el trabajo de recopilación estuvo orientado a la identificación de tendencias y patrones relacionados con estos fenómenos. A continuación, se describen los principales métodos y técnicas de recopilación de datos empleados.

1. Entrevistas

Simultáneamente al análisis espacial, se realizaron en Antofagasta ocho entrevistas semiestructuradas, cara a cara y en español a profesionales y académicos (véase el cuadro 1). Para la selección de los participantes se empleó el método de referencias en cadena (snowballing), aportadas por contactos iniciales en la ciudad. Estos se eligieron en función de su conocimiento del área de estudio y de la evolución de la ciudad, particularmente en términos urbanos y socioeconómicos.

Cuadro 1

Lista de Entrevistados

Código

Especialidad e institución

U1

Doctorada en Urbanismo; Profesora Adjunta, Escuela de Arquitectura, Universidad Católica del Norte

E1

Doctorado en Economía Aplicada; Profesor Adjunto, Facultad de Economía y Administración, Universidad Católica del Norte

E2

Doctorado en Ciencias Económicas; Director del Instituto de Economía Aplicada Regional, Universidad Católica del Norte

MA1

Director del Departamento de Urbanismo, Concejo Municipal, Ilustre Municipalidad de Antofagasta

C2

Arquitecto y Planificador de Transporte, Plan “CREO Antofagasta”

MA2

Asesor Urbanista, Desarrollo Urbano

U2

Arquitecto Magíster en Proyección Urbanística (PEND); Profesor Adjunto, Escuela de Arquitectura, Universidad Católica del Norte

C1

Arquitecto Magíster en Diseño Urbano; Subdirector Ejecutivo, Plan CREO Antofagasta

Fuente: Elaboración propia.

Los códigos solo se utilizaron para categorizar la información y simplificar el análisis, y se mantuvo el anonimato de los participantes. Las entrevistas tuvieron una duración aproximada de una hora y se realizaron donde les conviniera a los entrevistados. Las preguntas planteadas tenían como propósito entender las desigualdades sociales existentes en la ciudad y las diversas modalidades de distribución de los beneficios aportados por la minería. Al final de las entrevistas, se pidió a algunos participantes hacer un “mapa cognitivo” que facilitara la comprensión de la ciudad, y permitiera validar y correlacionar las conclusiones con las derivadas de otros métodos (Fenster, 2009).

Para la interpretación de los resultados se utilizó la metodología de la teoría fundamentada (grounded theory) (Xerez y Fonseca, 2011). Luego de transcribir las entrevistas grabadas, se clasificaron los conceptos importantes de manera jerárquica para facilitar la interpretación de las respuestas y dar mayor validez a los datos.

2. Análisis espacial y observaciones en el terreno

El análisis espacial estuvo a cargo del investigador, que contó con la colaboración de residentes; este proceso se realizó durante el mes de diciembre de 2013, período durante el cual el autor vivió en Antofagasta. Su trabajo se inició con observaciones de la ciudad, basadas en el supuesto de que el espacio es siempre una construcción social de la mente humana (Baur y otros, 2014). Los métodos utilizados en esta etapa fueron el registro fotográfico; la observación de la estructura urbana, los flujos y los espacios públicos; la observación etnográfica; la elaboración informal de mapas y dibujos, y conversaciones informales con habitantes del lugar.

Los datos relevantes se organizaron y clasificaron, a fin de complementar otros resultados del estudio. La información recopilada se utilizó en primer lugar para entender las interacciones sociales que se dan en la ciudad y entre sus habitantes y, posteriormente, para representar gráficamente los resultados y proponer correlaciones.

3. Análisis del desarrollo inmobiliario

La literatura examinada permite deducir que las disparidades socioeconómicas en zonas mineras podrían responder a fallas en el mercado de vivienda (Haslam-McKenzie y Rowley, 2013; Aragon y Rud, 2013). A fin de comprender los patrones relacionados con este supuesto en Antofagasta, se analizaron las tendencias de este mercado, a partir de los permisos de construcción otorgados por la Municipalidad durante el año 2013 y el primer trimestre de 2014.

En ese período, el municipio aprobó 27 proyectos residenciales, de los que solo se analizaron tipologías de tipo residencial con más de 5 unidades por conjunto (20 edificios). En su mayor parte, se trataba de edificios en altura construidos por empresas inmobiliarias. En la siguiente etapa se elaboraron mapas de los proyectos seleccionados, con el fin de determinar su distribución en la ciudad y su relación con alguna de las tendencias del mercado inmobiliario registradas en los años anteriores. Para la verificación de los resultados, se utilizó información cuantitativa contenida en los informes de la Cámara Chilena de la Construcción correspondientes al período 2004-2013.

4. Limitaciones metodológicas

El alcance y la profundidad del estudio se vieron afectados por el tiempo disponible y los recursos limitados. Por otra parte, es posible que la selección de los datos pertinentes, sobre todo de los recopilados en las entrevistas, esté sesgada por la influencia de factores externos y los puntos de vista de los entrevistados (Creswell, 2009, pág. 95). Además, la selección de un único caso de estudio también puede considerarse un factor limitante, dado que la generalización formal es subestimada por algunos académicos. Por el contrario, Flyvbjerg (2006) sostiene que un único caso de estudio puede proporcionar información fiable si se la generaliza. Para lograr una mayor rigurosidad, se analizaron y compararon con la situación de Antofagasta otros estudios de caso, sobre todo los realizados en la región de Pilbara, en Australia occidental.

C. Factores relevantes

Los principales temas considerados en esta sección son la incorporación de nuevos actores a la ciudad de Antofagasta, la segregación socioespacial, la dotación de viviendas y el mercado inmobiliario. A ellos se suma el examen de los resultados obtenidos, sobre la base de la triangulación de los datos relevantes con el propósito de entender los principales factores que contribuyen a la fragmentación socioeconómica y su expresión física.

1. Nuevos actores

Los encuestados explicaron que hay una estrecha relación entre la minería y los cambios demográficos registrados en la región. Estos cambios no son recientes, dado que el desarrollo de la ciudad se ha visto influido históricamente por la actividad minera. Hoy en día se pueden distinguir claramente dos grupos mayoritarios de inmigrantes, identificados como tales por los entrevistados y definidos en función de su estatus, su raza y su ocupación. Se trata de los trabajadores del sector minero y los inmigrantes en general.

Todos los encuestados coincidieron en que el primer grupo está integrado por trabajadores vinculados a la minería, en forma directa o indirecta, y que perciben salarios altos. La OCDE (2013, pág. 65) estima que cerca del 15% de los residentes de Antofagasta son trabajadores de origen externo que se trasladan a la ciudad en avión y que representan alrededor de un 10% de la fuerza laboral de la zona, el porcentaje más alto registrado en todo el país (Aroca y Atienza, 2011, pág. 201). El segundo grupo está formado por inmigrantes de diferentes países, mayoritariamente sudamericanos, que suelen realizar tareas que no interesan a la población local. Muchos de los entrevistados catalogan a estos recién llegados como trabajadores no calificados, atraídos a la ciudad por la baja tasa de desempleo que presenta en comparación con otras ciudades chilenas (OCDE, 2013a).

En el estudio de campo se determinó que este grupo de trabajadores es objeto de un cierto grado de segregación social y que algunos de sus integrantes son estigmatizados por su origen, su raza, su género y su clase social. Esta información fue corroborada en las conversaciones con residentes y el análisis in situ. De acuerdo con la OCDE (2013a), la integración socioeconómica de este grupo es una de las principales preocupaciones de las autoridades locales, dado que representa una proporción importante de la base de la economía local.

La relación entre los distintos grupos dentro de la ciudad no es exclusivamente socioeconómica; también se da en el ámbito espacial. Las diferencias existentes entre estos obedecen especialmente a la enorme brecha de ingresos que separa a quienes trabajan en el sector minero y el resto de la población, y que se ha traducido en un desarrollo desigual. Sin embargo, es importante señalar que la comprensión de las disparidades socioeconómicas no ofrece una imagen completa de la situación que se observa en Antofagasta.

2. Segregación socioespacial

Si bien en Antofagasta es posible identificar patrones socioeconómicos de ubicación y de segregación socioespacial, la distribución física de la riqueza en las áreas que la integran es un tema que merece un análisis más amplio. A partir de la percepción de los participantes sobre la composición espacial de la ciudad, esta se dividió en cinco distritos: centro, sur, norte, oriente y poniente (véase el mapa 1).

Mapa 1

Antofagasta: divisiones espaciales

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las entrevistas y el estudio de campo realizados por el autor.

Los entrevistados definieron la ciudad como una estructura monocéntrica en cuyo núcleo se concentran los servicios financieros y otros. Esta situación es una de las principales causas de la segregación, ya que el vínculo espacial de los residentes con este núcleo determina sus oportunidades, especialmente en términos de trabajo, recreación, y acceso a bienes y servicios. Por lo tanto y en general, mientras más lejos se viva del centro de la ciudad mayor es la desventaja comparativa. Esto significa que hay una correlación lógica entre la clase social de pertenencia y la distancia entre el lugar de residencia y el centro de la ciudad.

El sur de Antofagasta es predominantemente residencial, y se caracteriza por una baja densidad de población y una alta calidad de las edificaciones en comparación con el resto de la ciudad. A pesar de que esta zona cuenta con adecuada infraestructura privada orientada a las elites, muestra una notoria falta de espacios públicos. En cambio, el norte de la ciudad presenta una situación diametralmente opuesta en materia de construcciones y composición social. Los entrevistados definieron esta área como una zona esencialmente pobre y con una evidente falta de servicios, aunque por otra parte se determinó que en realidad es bastante heterogénea desde el punto de vista social y muestra una acentuada fragmentación espacial, producto de nuevos proyectos residenciales orientados a la elite.

Sin embargo, la pobreza y la exclusión social no son una característica distintivas de la zona norte, dado que la población desfavorecida también ha sido desplazada hacia el oriente de la ciudad, en la que un 42% de los habitantes (alrededor de 145.000 personas) se concentra en 632 hectáreas, que representan el 29% del área urbana de Antofagasta (CREO, 2013). Esta situación se ve agravada por la línea del ferrocarril, que atraviesa la ciudad de norte a sur, separa el territorio en dos y dificulta el acceso de los residentes a la mayoría de los servicios.

Hay diversos factores que influyen en el uso del espacio y el desarrollo urbano de la ciudad, relacionados directa o indirectamente con la actividad minera y que suelen dar origen a patrones de segregación socioespacial. Como señaló uno de los entrevistados, Antofagasta presenta el más alto nivel de inflación del costo de la vivienda en todo Chile, situación que tiene un fuerte impacto en la calidad de vida. Es posible que los efectos del alto valor de la vivienda se vean intensificados por la interacción entre los diferentes actores en una economía orientada al mercado y con escasas regulaciones. El análisis de dichos efectos se basa en su mayor parte en las entrevistas conducidas, documentación relevante y las tendencias del desarrollo inmobiliario en el bienio 2013-2014 (IMA, 2014), que se describen en las siguientes secciones.

3. Dotación de viviendas y mercado inmobiliario

Debido a que las nuevas construcciones suelen dar origen a patrones específicos de residencia que responden mayoritariamente a la demanda de la elite minera, la riqueza se concentra en ciertas áreas de la ciudad, en las que incrementa el valor del suelo y las propiedades. Esta correlación se describe mediante conceptos de la teoría económica neoclásica, según la cual los precios están determinados por las particularidades de la oferta y la demanda (Smith, 1979, citado en Lees, Slater y Wyly, 2010). No obstante, este condicionante es solo una de las piezas de un rompecabezas gigante que explica la exacerbación de los contrastes entre los residentes locales y los actores ligados al sector minero, reflejados en las construcciones.

La segregación socioespacial en este ámbito responde en su mayor parte al alza del costo de vida, que a su vez se relaciona con el valor de la vivienda. En Antofagasta, este es alrededor de un 30% más alto que en otras 15 ciudades del país, situación que afecta directamente a un 75% de los habitantes que no están directamente empleados por la industria minera (OCDE, 2013a).

Para entender este fenómeno y sus consecuencias es necesario analizar las variables que podrían gatillar un aumento del valor de la vivienda. De acuerdo con los entrevistados y la literatura sobre el tema (OCDE, 2013a; Haslam-McKenzie y Rowley, 2013; Haslam-McKenzie y otros, 2009), este puede responder a diversos factores, entre otros la escasa oferta inmobiliaria, la disponibilidad de suelos y su valor, la especulación inmobiliaria, y la gobernabilidad y la regulación limitadas. En el caso que se analiza estos factores están estrechamente relacionados, lo que dificulta su análisis aislado.

Antofagasta tiene la dotación de vivienda más baja de todo Chile: 274 unidades por 1.000 habitantes (OCDE, 2013a, pág. 21). Esto genera una considerable presión de los compradores y arrendatarios (demanda) y, en especial, de los sectores en situación de mayor desventaja. Además, la oferta de viviendas asequibles y sociales es prácticamente nula, lo que acentúa la presión en los hogares más pobres (IMA, 2014).

En vista de la relación entre la baja dotación de viviendas y el incremento de la demanda sin discernimiento de una fuerza laboral muy bien remunerada, el alza especulativa de los precios es bastante comprensible. En este contexto, una demanda “sin discernimiento” debe entenderse como aquella que no distingue bien entre el valor de una vivienda y su precio. Quienes la generan están dispuestos a pagar una cantidad extra de dinero para adquirir o arrendar una propiedad. Este comportamiento de los consumidores fomenta la construcción de conjuntos habitacionales destinados a la elite minera. A juicio de Smith (2011), los patrones de consumo determinan patrones de producción; lo que guía las decisiones fundamentales sobre el uso del suelo en una ciudad no es la producción, sino el consumismo.

La tendencia actual del mercado inmobiliario fue corroborada mediante el análisis de este, basado en observaciones y datos estadísticos sobre los permisos de construcción aprobados por el municipio de Antofagasta durante el año 2013 y el primer trimestre de 2014 (IMA, 2014). Todos los proyectos considerados fueron ejecutados por empresas privadas y diseñados específicamente para una elite, por lo que presentan características similares. A partir de una triangulación de datos, se pudo determinar la distribución espacial actual de la tendencia de la oferta en toda la ciudad (véase el mapa 2).

Para simplificar el análisis, los 20 proyectos analizados se dividieron en dos áreas: norte y sur. Si se considera la tendencia del desarrollo inmobiliario, del total de 20 proyectos seleccionados (2.666 unidades), un 60% (1.617 unidades) correspondería al sur y un 40% (1.049) al norte. Aunque las empresas inmobiliarias siguen concentrando la oferta en el centro- sur , no es posible identificar un patrón bien definido de distribución de proyectos, sobre todo si se consideran los previstos para el extremo norte (área “A1”) donde en la actualidad se desarrollan proyectos habitacionales en altura y en extensión.

Mapa 2

Antofagasta: configuración del mercado inmobiliario, 2013-2014

Fuente: Elaboración propia sobre la base de un análisis cuantitativo (número de viviendas previstas) e Ilustre Municipalidad de Antofagasta (IMA), Antofagasta, 2014 [en línea] http://200.42.173.244/transparencia/.

En el mapa anterior se ilustra la relación entre la estructura geográfico-social y el tipo de desarrollo inmobiliario. Por lo tanto, se puede deducir que la tendencia observada no solo acentúa y promueve la concentración de la riqueza en la zona centro-sur, sino que también condiciona el uso futuro de este espacio urbano. Asimismo, acelera el proceso de renovación urbana, especialmente en las áreas cercanas al centro de la ciudad, y eleva el precio de las propiedades y de los suelos.

Sin embargo, se pudo determinar que los mayores cambios físicos y sociales se producen en el extremo norte de la ciudad, sobre todo debido a la escala de los proyectos habitacionales, que han modificado dramáticamente la composición socioeconómica de este sector a lo largo del tiempo. Por otra parte, en la actualidad el área norte es más heterogénea desde el punto de vista social, lo que se debe al incremento del número de viviendas, pero las unidades habitacionales que se prevé construir están destinadas sobre todo a la elite minera, lo que redundará en una concentración de la riqueza en ciertas áreas. Además, este proceso ha convertido parte de las áreas públicas en espacios con connotaciones privadas (enclaves).

4. Especulación inmobiliaria

Aun cuando el precio de los suelos es mucho más alto en Antofagasta que en el resto del país, la OCDE (2013a) concluye que la construcción es el único sector que ha registrado crecimiento en los últimos años. Este podría estar asociado a una burbuja inmobiliaria y traducirse en un excedente de viviendas que probablemente afectaría a la economía local. Este fenómeno podría atribuirse a una oferta excesiva de unidades habitacionales, en respuesta a una demanda potencial, o a la compra de bienes raíces con fines especulativos.

No obstante, los entrevistados indicaron que la demanda de viviendas no presenta las características de una burbuja, sino que es real. De hecho, está basada en la proyección de las tendencias demográficas y de las operaciones mineras en un futuro cercano. Se prevé que se requerirán alrededor de 50.000 nuevas viviendas para el año 2030, lo que equivale a unas 3.300 viviendas anuales (CREO, 2013).

La especulación y las burbujas inmobiliarias están vinculadas y no son mutuamente excluyentes. De hecho, el alto valor de la vivienda responde esencialmente a la especulación, tanto en materia de alquileres como de compras, debida en particular a la capacidad financiera de la elite minera y de los inversores externos, que pueden acumular propiedades que les reporten altos ingresos por concepto de arrendamiento.

5. Valor de los suelos y disponibilidad

En efecto, existe una correlación entre el precio de la vivienda y de los suelos en Antofagasta. Los entrevistados indicaron que el incremento del valor de estos últimos registrado en la ciudad en los últimos años está directamente relacionado con el auge de la minería y la falta de terrenos urbanizables. La escasez es más marcada en la zona sur que en la norte, cuya área se ha expandido para reducir la presión en la primera y facilitar la construcción de viviendas en la segunda. Asimismo, la OCDE (2013a) indica que el costo de la urbanización y el elevado valor de la construcción han elevado el precio de los suelos.

Por consiguiente, todas estas limitaciones afectan la capacidad del sector público de proporcionar viviendas adecuadas, especialmente viviendas sociales (OCDE, 2013a). A esto se suma el que hecho de que el gobierno, y en particular el Ministerio de Bienes Nacionales, ejerce una gran influencia en la provisión de viviendas mediante la “liberación” de suelos urbanizables. Los entrevistados indicaron que el gobierno vende la mayor parte de los suelos no urbanizados disponibles a precios de mercado. Algo similar sucede en Australia occidental, en especial en la región de Pilbara (Haslam-McKenzie y otros, 2009), donde el gobierno controla el proceso de planificación y se beneficia de la aprobación de proyectos, lo que provoca un conflicto de intereses.

6. Regulación del mercado

Curiosamente, los entrevistados señalaron que, si bien el precio del suelo es caro, el costo desproporcionado de la vivienda en Antofagasta se debe a la especulación inmobiliaria, fomentada por el gobierno aunque no intencionalmente. Por una parte, el gobierno contribuye al aumento del precio de las viviendas mediante la “liberación” de suelos urbanizables a precios de mercado. Por otra, contribuye a la especulación inmobiliaria, debido a su notable dependencia del sector privado para la provisión de viviendas. Por lo tanto, no puede actuar como un árbitro independiente en el mercado de vivienda, como tampoco le es posible favorecer formas más equitativas de desarrollo inmobiliario mediante la regulación del mercado o la implementación de políticas sobre la materia.

Como consecuencia, el sector privado adquiere la mayoría de las tierras disponibles, lo que imposibilita la provisión de viviendas asequibles o sociales, que “no es tan rentable” para los empresarios del rubro y los particulares acaudalados como las viviendas destinadas a las elites.

Según las principales conclusiones del estudio, la minería no es el único factor determinante de los patrones de desarrollo urbano en Antofagasta, dado que estos también dependen de la escasez de tierras y de su “liberación”, parcialmente controlada por el gobierno, al que le conviene vender los suelos que puedan destinarse a la construcción de viviendas. Lo anterior no solo beneficia al gobierno, que se ve favorecido por la existencia de residentes más acaudalados, sino que también aporta más ingresos a la ciudad. Dichos residentes pueden contribuir al fortalecimiento de la economía local, un importante interés del gobierno, ya sea directamente mediante la venta de suelos o indirectamente mediante el pago de impuestos u otros mecanismos que engrosen las arcas de la ciudad.

En cierto sentido, Antofagasta presenta el patrón clásico de desarrollo de una ciudad en auge (boom town), obviamente a su propio ritmo y bajo el evidente control de la Municipalidad. Sin embargo, muestra una evidente contradicción, por el hecho de ser un lugar poco grato para vivir y en el que hay mucha riqueza circulante y un gran volumen de inversiones, pero en el que también se observa un esfuerzo notorio de muchos actores interesados en corregir la falta de planificación urbana del pasado, que dejó a muchos de sus habitantes con servicios insuficientes. Al respecto, el autor reconoce que los cambios actuales de los mecanismos de gobernanza y participación, fomentados en su mayor parte por iniciativas público-privadas, posiblemente ayuden al surgimiento de mecanismos de redistribución y justicia adecuados que, a su vez, mejoren las condiciones actuales, en especial en términos de desarrollo urbano sustentable y resiliencia social.

D. Consideraciones

Para determinar si los ingresos generados por la minería contribuyen o no a un determinado tipo de desarrollo e influyen en el uso del espacio urbano, es necesario entender primero que los patrones de segregación socioespacial presentes en Antofagasta responden a variados procesos relacionados entre sí de distintas maneras en los ámbitos espacial e institucional. La minería fomenta por sí sola la afluencia de capital y la llegada de nuevos actores que intervienen en el proceso de urbanización por estimular profundos cambios en el estilo de vida y que, a la larga, transforman la ciudad en su conjunto y el entorno social por intermedio de la demanda. Harvey (2008) atribuye este proceso a la actual situación económica mundial, en la que el aumento del excedente de capital es absorbido por las ciudades, lo que provoca inequidades fundamentales, como ocurre en el caso de Antofagasta.

¿Se podría pensar, entonces, que el capital generado por la minería influye en el uso del espacio urbano en Antofagasta? De ser así, cabe preguntarse quién se beneficia de este proceso.

Antes de iniciar el trabajo de campo, se supuso que las desigualdades sociales y la transformación urbana de Antofagasta obedecían fundamentalmente a la actividad minera y sus efectos secundarios. No obstante, como ya se ha dicho, la ciudad se caracteriza por enormes disparidades, especialmente espaciales y económicas, entre sus habitantes. Estas pueden atribuirse en parte a la falta de regulación gubernamental, que también favorece y permite la libre operación de las empresas en el contexto de un sistema orientado al mercado.

Así es como el gobierno, en particular mediante el mecanismo de “liberación” de tierras y debido a su dependencia del mercado privado, ha intensificado las disparidades socioespaciales. La situación de clara desventaja de algunos residentes en comparación con los habitantes más acomodados ha sido descrita por Smith (2011) como “desarrollo desigual”, concepto que alude a las grandes diferencias entre los distintos sectores de la economía, que se manifiestan espacialmente en toda la ciudad.

Asimismo, la acumulación de capital se ha visto exacerbada por las normas que rigen el funcionamiento de las fuerzas del mercado y que han transformado el espacio urbano en una mercancía. Smith (2011) sostiene que la mercantilización del espacio no se limita a su dimensión física, sino que se extiende a “la producción del espacio”. Según este autor, el gobierno se enfrenta a la dicotomía que le plantea el hecho de ser un actor que participa en el mercado, pero a la vez desempeña funciones de regulación y provisión. Este dualismo crea un indudable conflicto de intereses, que se transmite en cierta medida al desarrollo de la ciudad.

Antofagasta se ha fragmentado en espacios valiosos y no valiosos ocupados por clases sociales polarizadas. Por lo tanto, con el fin de beneficiarse de los suelos, el gobierno ha “liberado” terrenos conforme a un mecanismo en el que la mayoría de los actores, incluida la Municipalidad, no pueden participar. Como consecuencia, quienes adquieren las tierras y construyen en ellas son inversores privados, que se rigen por las tendencias del mercado y tratan de maximizar la rentabilidad. Estas prácticas han conducido a la concentración de la riqueza en determinados lugares y desplazado a los habitantes de escasos ingresos a zonas menos atractivas.

Por otra parte, Harvey (2009) estima que los residentes de las zonas pobres están menos preparados para aprovechar las transformaciones urbanas, ya que no tienen acceso al capital financiero ni la capacidad de trasladarse a otras áreas (no son elásticos a los cambios), situación que el autor define como “un estado de desequilibrio urbano”, en la que los intereses de una minoría prevalecen sobre el interés común. Por consiguiente, estas transformaciones han dejado una huella indeleble en el tejido urbano; concretamente, han dado origen a barreras de clase, enclaves, barrios cerrados y fronteras sociales (Steel, 2013; Harvey, 2008).

Para que el acceso a la tierra sea más equitativo, habría que tomar en consideración los aspectos éticos y de justicia de la vida en la ciudad, sobre todo en términos de la democratización del entorno urbano. Las disparidades espaciales podrían concebirse como resultado y proceso, como patrones de distribución injustos en sí mismos (Fincher e Iverson, 2012). En la práctica, los proyectos residenciales se centran en una minoría. Como indica Harvey (2008), el “derecho a la ciudad” se limita en general a un número reducido de personas que están en condiciones de moldearla como deseen, para luego beneficiarse del aumento del valor de la propiedad y las oportunidades de negocio.

Según un hallazgo preocupante del estudio, lo que ocurre no es que la minería influya en el uso del espacio debido a la incorporación de trabajadores bien pagados a la ciudad, fenómeno que incrementa la especulación; lo que sucede es que ciertos procesos socioespaciales continuos pueden agravar la segregación a lo largo del tiempo y por lo tanto, la desigualdad de sus habitantes. Es probable que se produzca una apropiación del valor de la tierra, basada en el desplazamiento de parte de la población. Del mismo modo, la absorción del excedente de capital en virtud de la reurbanización (construcción de viviendas), proceso que Harvey (2003) describe como “acumulación por desposesión”, sin duda produce conflictos sociales y otras alteraciones a largo plazo, junto con una concentración de la riqueza en una minoría. Estas alteraciones de los patrones de localización se correlacionan con la mercantilización del espacio.

Debido a que la concentración de la riqueza es muy marcada en los extremos norte y sur de la ciudad, la acumulación de capital y su distribución espacial responden a fuerzas del mercado no desencadenadas directamente por la minería, sino estimuladas en el pasado por la falta de control de los mecanismos de planificación urbana por parte de las autoridades. Estos patrones de acumulación de riqueza y segregación específica revelan la existencia de enormes desigualdades sociales en Antofagasta, ilustradas en la comparación de un mapa cognitivo de la segregación socioespacial con las tendencias de la construcción de viviendas (véase el mapa 3).

Mapa 3

Antofagasta: segregación socioespacial y tendencias del desarrollo inmobiliario

Fuente: Elaboración propia.

En el mapa 3 se observa que la vía del ferrocarril (línea roja) actúa como una barrera física que acentúa un patrón de segregación socioespacial, es decir, de acumulación de riqueza al oeste de esta, que contribuye a la depreciación del capital social y de los barrios del este. El fenómeno tiene su origen en los patrones espaciales históricos de consumo, y en los desplazamientos que inciden en la configuración actual y determinan de diferentes maneras el atractivo de estas áreas.

La producción de espacio como una mercancía y la consecuente segregación se han traducido en una falla del mercado de vivienda —en términos de provisión, control y regulación—, debido a lo siguiente:

•La escasez de la oferta, es decir, de la provisión de viviendas sociales y asequibles adecuadas (localización y diversidad).

•El alza del precio de la tierra, causada por la escasa oferta de suelos. La disponibilidad adecuada de terrenos es un requisito esencial de la provisión equitativa de viviendas en lo que respecta a su valor y ubicación (Hazlam-McKenzie y Rowley, 2013).

•La limitación de la diversificación económica y del mercado laboral, debida a la escasez de viviendas asequibles (OCDE, 2013a).

Las dimensiones físicas del cambio de la morfología y la demanda urbanas deberían ser objeto de un análisis teórico (Buchardt y Dietz, 2014), por lo que Antofagasta es un buen caso para la aplicación de la teoría del desarrollo desigual. La depreciación del capital en algunas áreas, especialmente en el centro de la ciudad, permite a los especuladores y los actores acaudalados del proceso de urbanización realizar reinversiones rentables que desplazan a de los residentes desfavorecidos hacia el noreste (véase el mapa 4). Por este motivo, la gentrificación se convierte en un nodo central de la acumulación de capital en virtud del desplazamiento de esos residentes desfavorecidos (Smith, 1979, citado en Ley, 1994).

Mapa 4

Antofagasta: acumulación de capital y desplazamientos residenciales

Fuente: Elaboración propia.

Por lo tanto, el entendimiento del proceso de gentrificación permite entender mejor la situación. En este caso dicho proceso se da en la siguiente secuencia: i) depreciación del capital, ii) generación de nuevo capital (viviendas), iii) desplazamiento de la población de bajos ingresos y iv) intensificación de la segregación socioespacial. El proceso no solo implica cambios sociales, sino también, como se ha visto, variaciones de la dotación de viviendas, del mercado y del precio de los terrenos y las viviendas (Ley, 1994).

Quienes se ven más favorecidos por este proceso son los actores vinculados a la minería y los residentes más acomodados, que pueden vivir en zonas de primera calidad y gozan de mayores oportunidades, así como las empresas inmobiliarias que cuentan con un nuevo nicho de mercado gracias a la actividad minera. Por lo tanto, la oferta de viviendas no es reducida para la clase alta, ya que el sector privado ha respondido muy satisfactoriamente a su demanda. Lo que plantea problemas es la provisión de viviendas asequibles y sociales, y el acceso a oportunidades y servicios capaces de mejorar la calidad de vida de todos los residentes de la ciudad. Yates (2012) sostiene que esta situación se ve agravada por la forma en que opera el mercado y las consecuencias no intencionadas del control ejercido por el gobierno.

La principal conclusión que se puede derivar de lo anterior, que concuerda con lo indicado en la literatura sobre el tema y lo observado por el autor en el terreno, es que la minería ha aportado muchos beneficios a la ciudad, especialmente desarrollo urbano y cambios físicos y demográficos. Sin embargo, las conclusiones más preocupantes son las que se relacionan con la redistribución de los ingresos de la minería y su desigual distribución espacial.

En resumen, el desarrollo urbano actual en Antofagasta ha fomentado lo que Ruiz-Tagle (2013) llama “el círculo vicioso de la segregación”, caracterizado por la existencia de prejuicios, discriminación y estigmas; áreas cercadas; concentración espacial, y desarticulación social. Todos estos son efectos de un proceso intencionado de apropiación del espacio para ponerlo a disposición de la clase acomodada, que se da paralelamente al incipiente fomento, por parte del gobierno y de instituciones autónomas, de nuevas formas de gobernanza y participación, con el propósito de abordar los problemas de inequidad e injusticia urbanas.

E. Conclusiones

El estudio permite concluir que las elites mineras han transformado la trama urbana de Antofagasta, mediante la mayor demanda de unidades residenciales y servicios provistos por el sector privado en zonas apetecidas de la ciudad. Este proceso la ha dividido en áreas definidas como valiosas y no valiosas, y ha transformado el entorno urbano en una mercancía. La mercantilización del espacio altera los patrones de localización, en tanto que la acumulación conexa del excedente de capital, sobre todo de los ingresos salariales provenientes de la minería, ha exacerbado las desigualdades sociales entre los habitantes, en particular en lo que respecta a la distribución del espacio y el acceso a los servicios. Antofagasta constituye un claro ejemplo de reflejo del desarrollo desigual y las disparidades sociales en el plano geográfico.

La gran minería no es el único factor que explica el desarrollo urbano desigual, puesto que este se ve acentuado por la falta de control gubernamental del espacio. La ausencia de regulación estatal se traduce en un notable aumento de los precios de las viviendas, debido a la especulación inmobiliaria y la provisión inadecuada de terrenos. El gobierno ha tomado escasas medidas para fomentar la equidad social y, de hecho, estimula indirectamente la colonización del espacio en los extremos norte y sur de la ciudad. La “liberación” de terrenos ha privilegiado los intereses de una minoría, en desmedro del bien común de los antofagastinos. De esto se deduce que el desarrollo urbano desigual está mucho más relacionado con las características de la regulación gubernamental de las fuerzas del mercado que con la actividad minera incontrolada.

El gobierno no puede actuar como un árbitro independiente en Antofagasta, ya que no solo contribuye al alza de los precios de la vivienda mediante la “liberación” de suelos urbanizables a precios de mercado, sin tener en cuenta el verdadero propósito del desarrollo, sino que también respalda indirectamente la especulación inmobiliaria por depender considerablemente del sector privado para la provisión de viviendas. Esto ha dificultado el funcionamiento de un mercado de vivienda equitativo desde el punto de vista social, es decir, la provisión de viviendas asequibles y sociales, lo que, a su vez, podría limitar el acceso al mercado laboral y la diversificación económica. Las políticas de planificación del gobierno deberían facilitar la necesaria ampliación del acceso a la tierra y a viviendas asequibles en condiciones más igualitarias, con el fin de promover la integración social. Sin embargo, el autor reconoce el enorme esfuerzo que representa el desarrollo de nuevas formas de gobernanza destinadas a superar estos problemas.

En el estudio se identificó también un complejo conjunto de procesos socioespaciales relacionados con patrones laborales e influenciados por la actividad minera. Los efectos de la gentrificación probablemente acentúen aun más la segregación evidente en Antofagasta, dado que esta explica en parte la distribución de la riqueza en la ciudad, mediante el fomento de la reinversión, especialmente en las zonas centrales, y el desplazamiento de los residentes desfavorecidos. El patrón circular de reinversión y desplazamiento beneficia a los inversores y a los actores del sector minero, que compran en las áreas mejor ubicadas y con mayor acceso a los servicios y oportunidades.

En conclusión, es muy probable que el lugar de residencia en la ciudad continúe siendo un reflejo de la posición social y el acceso a oportunidades, junto con estigmatizar a la mayor parte de los habitantes de las zonas más pobres y arraigar la pobreza. En el caso de Antofagasta, la expresión inglesa “to live on the wrong side of the tracks” (“vivir en el lado equivocado de las vías”) es muy ilustrativa, no solo por sus connotaciones físicas, sino también porque invita a los planificadores urbanos y otros a luchar por una mayor integración y por la inclusión social mediante un mejor control del mercado de tierras.

Bibliografía

Angotti, T. (2013), “Violence, enclaves, and struggles for land”, Latin American Perspectives, vol. 40, Nº 2.

Aragon, F. y J. Rud (2013), “Natural resources and local communities: evidence from a Peruvian gold mine”, American Economic Journal: Economic Policy, vol. 5, Nº 2.

Argent, N. (2013), “Reinterpreting core and periphery in Australia’s mineral and energy resources boom: an Innisian perspective on the Pilbara”, Australian Geographer, vol. 44, Nº 3.

Arias, M., M. Atienza y J. Cademartori (2013), “Large mining enterprises and regional development in Chile: between the enclave and cluster”, Journal of Economic Geography, vol. 14, Nº 1.

Aroca, P. (2001), “Impacts and development in local economies based on mining: the case of the Chilean II region”, Resources Policy, vol. 27.

Aroca, P. y M. Atienza (2011), “Economic implications of long distance commuting in the Chilean mining industry”, Resources Policy, vol. 36, Nº 3.

Barton, J, A. Roman y A. Floysand (2012), “Resources extraction and local justice in Chile: conflicts over the commodification of spaces and the sustainable development of places”, New Political Spaces in Latin America Natural Resource Governance, Studies of the Americas, H. Haarstad (ed.), Nueva York.

Baur, N. y otros (2014), “Theory and methods in spatial analysis. Towards integrating qualitative, quantitative and cartographic approaches in the social sciences and humanities”, Historical Social Research, vol. 39, Nº 2.

Brueckner, M. y otros (2013), “The mining boom and Western Australia’s changing landscape: Towards sustainability or business as usual?”, Rural Society, vol. 22, No. 2.

Burchardt, H. y K. Dietz (2014), “(Neo-)extractivism a new challenge for development theory from Latin America”, Third World Quarterly, vol. 35, Nº 3.

Bury, J. (2007), “Mining migrants: transnational mining and migration patterns in the Peruvian Andes”, The Professional Geographer, vol. 59, Nº 3.

CREO Antofagasta (2013), “Plan Creo Antofagasta” [en línea] http://creoantofagasta.cl/iniciativas/.

Creswell, J. (2009), Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, SAGE publications.

Ejdemo, T. y P. Söderholm (2011), “Mining investment and regional development: A scenario-based assessment for Northern Sweden”, Resources Policy, vol. 36, Nº 1.

Farcau, B. (2000), The Tent Cents War: Chile, Peru and Bolivia in the War of The Pacific, Greenwood Publishing group Inc.

Fenster, T. (2009), “Cognitive temporal mapping: The three steps method in urban planning”, Planning Theory & Practice, vol. 10, Nº 4.

Flyvbjerg, B. (2006), “Five misunderstandings about case-study research”, Qualitative Inquiry, vol. 12, Nº 2.

Fincher, R. y K. Iverson (2012), “Justice and injustice in the city”, Geographical research, vol. 50, Nº 3.

Garnaut, R. (2012), “The contemporary China resources boom”, Agricultural and Resources Economics, Nº 56.

Garnett, A. (2012), “The effect of the resources boom on the population and labour market of Western Australia”, Economic Papers, vol. 31, Nº 1.

Haarstad, H. (2012), “Extracting justice? Critical themes and challenges in Latin America natural resource governance”, New Political Spaces in Latin America Natural Resource Governance, H. Haarstad (ed.), Studies of the Americas, Nueva York, Palgrave.

Hajkowicz, S., S. Heyenga y K. Moffat (2011), “The relationship between mining and socio-economic well being in Australia’s regions”, Resources Policy, vol. 36.

Harrison, P. y T. Zack (2012), “The power of mining: the fall of gold and rise of Johannesburg”, Journal of Contemporary African Studies, vol. 30, Nº 4.

Harvey, D. (2009), Social Justice and the City, University of Georgia Press.

____(2008), “The right to the city”, New Left Review, vol. 53.

____(2003), Towards a Theory of Uneven Development, Uneven Development: Nature, Capital, and the Production of Space, University of Georgia Press.

Haslam-McKenzie, F. (2013), “Delivering enduring benefits from a gas development: governance and planning challenges in remote Western Australia”, Australian Geographer, vol. 44, Nº 3.

____(2010), “Fly-in fly-out: the challenges of transient populations in rural landscapes”, Demographic Change in Australia’s Rural Landscapes, Landscape Series, vol.12.

Haslam-McKenzie, F. y S. Rowley (2013), “Housing market failure in a booming economy”, Housing Studies, vol. 28, Nº 3.

Haslam-McKenzie, F. y otros (2009), “Housing market dynamics in resource boom towns”, AHURI Final Report, Nº 135, AHURI Western Australia Research Centre.

Humphreys, D. (2010),“The great metals boom: a retrospective”, Resources Policy, vol. 35.

Humphreys, D. y A. Bebbington (2012), “Post-what? Extractive industries, narratives of development, and socio-environmental disputes across the (ostensibly changing) Andean region”, New Political Spaces in Latin America Natural Resource Governance, Studies of the Americas, H. Haarstad (ed.), Nueva York.

Horsley, J. (2013), “Conceptualising the State, governance and development in a semi-peripheral resource economy: the evolution of state agreements in Western Australia”, Australian Geographer, vol. 44, Nº 3.

IMA (Ilustre Municipalidad de Antofagasta) (2014), Antofagasta [en línea] http://200.42.173.244/transparencia/.

Lees, L., T. Slater y E. Wyly (eds.) (2010), The Gentrification Reader, Londres, Routledge.

Ley, D. (1994), “Gentrification and the politics of a new middle class”, The Gentrification Reader, L. Lees, T. Slater y E. Wyly (eds.), Londres, Routledge.

Mackinnon, D. (2013), “Strategic coupling and regional development in resource economies: the case of the Pilbara”, Australian Geographer, vol. 44, Nº 3.

OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos) (2013a), Estudios territoriales de la OCDE: Antofagasta, Chile 2013, OECD Publishing.

____(2013b), OECD Urban Policy Reviews, Chile 2013, OECD Publishing.

Petrova, S. y D. Marinova (2013), “Social impacts of mining: Changes within the local social landscape”, Rural Society, vol. 22, Nº 2.

Radetzki, M. y otros (2008), “The boom in mineral markets: How long might it last?”, Resources Policy, vol. 33.

Robert, B. (2010), “Moving on and moving back: rethinking inequality and migration in the Latin American city”, Journal of Latin American Studies, vol. 42.

Ruiz -Tagle, J. (2013), “A theory of socio-spatial integration: problems, policies and concepts from a US Perspective”, International Journal of Urban and Regional Research, vol. 37, Nº 2.

Singh, N. (2012), “Extraction as a space of social justice? Commodity production and labour rights in Brazil and Chile”, New Political Spaces in Latin America Natural Resource Governance, H. Haarstad (ed.), Studies of the Americas, Nueva York, Palgrave.

Slack, K. (2010), “The role of mining in the economies of developing countries: time for a new approach”, Mining, Society, and a Sustainable World, J. Richards (ed.), Berlín, Springer.

Smith, N. (2011), “Uneven development redux”, New Political Economy, vol.16, Nº 2.

Steel, G. (2013), “Mining and tourism: urban transformations in the intermediate cities of Cajamarca and Cusco, Peru”, Latin American Perspectives, vol. 40, Nº 2.

Storey, K. (2010) “Fly-in/fly-out: implications for community sustainability”, Sustainability, vol.2, Nº 5.

Storey, K. (2001), “Fly-in/fly-out and fly-over: mining and regional development in Western Australia”, Australian Geographer, vol. 32, Nº 2.

Tonts, M., P. Plummer y M. Lawrie (2012), “Socio-economic wellbeing in Australian mining towns: a comparative analysis”, Journal of Rural Studies, vol. 28.

Xerez, R. y J. Fonseca (2011), “Mixing methods in urban research: exploring city and community social capital” [en línea] http://www.rc21.org/conferences/amsterdam2011/edocs/Session%201/RT1-2-Xerez.pdf.

Yates, J. (2012), Australia’s Unintended Cities: The Impact of Housing on Urban Development, Collingwood, CSIRO Publishing.

[1] El presente artículo es un extracto de un estudio de mayor alcance realizado en la Universidad de Melbourne con el patrocinio del Departamento de Geografía y Gestión de Recursos. El estudio, titulado “Sociospatial segregation in  Antofagasta, northern Chile: the impacts of mining capital”, fue supervisado por Simon Batterbury, Profesor Adjunto de dicha universidad.

[2] Magíster en Planificación Urbana de la Universidad de Melbourne y Magíster en Dirección y Administración de Proyectos Inmobiliarios de la Universidad de Chile. Ha trabajado como líder de estudio en los programas de planificación y diseño urbano de la Universidad de Melbourne, y como profesor invitado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y en la Universidad del Desarrollo, sede Concepción. Actualmente también se desempeña como consultor en desarrollo urbano y territorial en Chile y el Ecuador. Correo electrónico: emiliothodes@gmail.com; emilio.thodes@unimelb.edu.au.

Cambios y continuidades en la movilidad laboral de la fuerza de trabajo femenina en México

Fiorella Mancini[1]

Recibido: 18/01/2016

Aceptado: 29/02/2016

Resumen

Este artículo tiene por objeto analizar diferentes transiciones laborales de mujeres mexicanas de tres generaciones, desde su primer empleo hasta los 30 años. La finalidad es doble: por una parte, observar procesos de informalización, descalificación, desalarización y tercerización del mercado de trabajo femenino en los últimos años, y, por la otra, analizar en qué medida estos procesos se manifiestan en la movilidad individual de las trayectorias laborales femeninas. En primer término, los hallazgos indicarían que los cambios generacionales asociados a las transiciones laborales en el sector de actividad, la posición en el empleo, el estatus ocupacional y la rama de la economía no son procesos intercambiables. En segundo lugar, reflejarían que las movilidades estructurales del mercado de trabajo no se corresponden, punto por punto, con las movilidades individuales de la fuerza de trabajo femenina. Los resultados también dan cuenta de que las condiciones de entrada al mercado laboral tienen gran incidencia en las posibilidades futuras de las trayectorias laborales de las mujeres.

Palabras clave: mercado laboral, movilidad individual, trayectorias laborales, fuerza de trabajo femenina, cambio social, primer empleo, México.

Abstract

This article analyses the different work transitions of three generations of Mexican women, from their first job until the age of 30. The objective is two-pronged: (i) to observe informalization, deskilling, de-waging, and tertiarization in the women’s labour market in the past few years and (ii) to analyse how these processes affect female work trajectories. First, the findings indicate that generational changes relating to sector of activity, employment position, occupational status and economic sector are not interchangeable. Second, they appear to reflect that structural mobility in the labour market does not match individual mobility in the female workforce. The results also show that the conditions in which women enter the labour market have a significant impact on their future career opportunities.

Keywords: labour market, individual mobility, careers, female workforce, social change, first job, Mexico.

Résumé

Cet article vise à décrire les différentes transitions professionnelles des femmes mexicaines sur trois générations, à partir de leur premier emploi jusqu’à l’âge de trente ans. L’étude poursuit deux objectifs : d’abord observer les processus d’informalisation, de déqualification, de désalarisation et de tertiarisation du marché du travail chez les femmes ces dernières années, et d’autre part, analyser dans quelle mesure ces processus se manifestent dans la mobilité individuelle des parcours professionnels féminins. En premier lieu, les conclusions démontreraient que les mutations générationnelles liées aux transitions professionnelles d’un secteur d’activité, de la position des femmes dans l’emploi, de leur statut et de la branche économique ne sont pas des processus interchangeables. En second lieu, elles traduiraient un manque de cohérence entre les mobilités structurelles du marché du travail et les mobilités individuelles de la main-d’œuvre féminine. Les résultats rendent compte du fait que les conditions d’entrée sur le marché du travail ont une incidence importante sur les possibilités futures des trajectoires professionnelles des femmes.

Mots-clés: marché du travail, mobilité individuelle, trajectoires professionnelles, main-d’œuvre féminine, changement social, premier emploi, Mexique.

Introducción

Varios son los estudios que en los últimos años han puesto el foco en la creciente participación de la mujer en los mercados laborales mexicanos, en su comportamiento diferenciado con respecto a los varones dentro del mundo del trabajo y, en general, en la ruptura del modelo de jefe proveedor (Rendón, 2003; Todaro y Yáñez, 2004; García y de Oliveira, 2006; OIT/PNUD, 2009; Chávez, 2010; Maldonado, 2010). Los hallazgos indicarían que estos procesos se articulan con transformaciones sociales de largo alcance que movilizarían aspectos no solo económicos sino también de orden cultural y demográfico (García y de Oliveira, 2001; de Oliveira, Ariza y Eternod, 2002). Al mismo tiempo, y pese a la larga tradición que tiene la investigación sociológica sobre movilidad social en México (Balán, Browning y Jelín, 1977; Muñoz, de Oliveira y Stern, 1977; Zenteno, 2003; Pacheco, 2004; Cortés, Escobar y Solís, 2007; Solís, 2007), son escasos los estudios que se ocupan de analizar, desde el enfoque de los mercados de trabajo, la movilidad individual de las mujeres a lo largo de su trayectoria laboral.

En este artículo se intenta contribuir a este análisis a partir de la revisión de diferentes transiciones laborales que pueden experimentar mujeres de tres generaciones, desde su primer empleo hasta los 30 años. Para ello se utiliza información proveniente de la Encuesta Demográfica Retrospectiva (EDER) de México (2011)[2]. Las tres generaciones observadas por la encuesta permiten dar cuenta de diferentes momentos históricos del desarrollo económico del país y, con ello, analizar posibilidades de explicación referidas al cambio social en la participación de la fuerza de trabajo femenina[3]. A su vez, la observación longitudinal posibilita identificar transiciones en la biografía individual de las mujeres dentro de los diferentes períodos históricos. Bajo esa premisa, el artículo tiene la doble finalidad de analizar hasta dónde es factible observar procesos de informalización, descalificación, desalarización y tercerización del mercado de trabajo femenino en los últimos años, y en qué medida estos procesos se manifiestan o reproducen en la movilidad individual de las trayectorias femeninas. Es decir, hasta qué punto, procesos relacionados con la precarización del trabajo se traducen (o no) en la precarización de una trayectoria determinada.

Para ello, el análisis se basa en el estudio del primer empleo con el fin de explorar las condiciones de entrada al mercado de trabajo y su relación con la movilidad individual de las trayectorias laborales (Blossfeld, 1992). La hipótesis es que las condiciones en las cuales un recién llegado ingresa al mercado laboral modulan profundamente las posibilidades futuras de su trayectoria (Castel, 2010). Este análisis está basado en tablas de movilidad entre el primer empleo y los 30 años con respecto a las transiciones ocurridas en el sector de actividad, en la posición en el trabajo, en el estatus ocupacional de las trabajadoras y en la rama de actividad[4]. En segundo lugar, se analiza el peso asociado a los condicionantes de la informalidad a los 30 años a partir de modelos de regresión multivariados que contemplan, especialmente, las características del primer empleo entre las mujeres. Con ambas técnicas se pretende someter a prueba una hipótesis de cambio social que dé cuenta de procesos estructurales de precarización de la fuerza laboral femenina a edades tempranas. Bajo esta hipótesis, se admitiría que el nuevo modelo de acumulación, sostenido en la globalización e internalización de la economía, habilita y exige no solo una profundización de la precariedad en la vida de las trabajadoras, sino también una mayor heterogeneidad en ciertas transiciones ocupacionales y un aumento en la diversidad de las trayectorias laborales juveniles y femeninas.

A. Transiciones laborales desde el primer empleo: la dificultad de ser una recién llegada al mercado de trabajo

El universo de estudio está conformado por las mujeres que trabajaron al menos durante un año a lo largo de su vida[5]. El período de observación va desde el primer empleo hasta los 31 años para mujeres de tres generaciones, nacidas en las décadas de 1950, 1960 y 1970, respectivamente[6]. Evidentemente, cada cohorte analizada da cuenta de ciertas características históricas, sociales y económicas de los mercados laborales en México que, precisamente, se pretenden comparar para poder ubicar y observar cambios sociales en el tiempo. En ese sentido, cada generación representa el comportamiento de las trabajadoras en períodos y contextos muy variados del desarrollo social y económico del país. La generación nacida en el período 1951-1953, llamada generación avanzada, vivió esta etapa de su trayectoria laboral (hasta los 30 años) durante el período de relativo desarrollo del modelo de sustitución de importaciones, donde se observaba cierto auge en términos tanto de estabilidad macroeconómica como del mercado laboral. En cambio, la generación nacida en el trienio 1966-1968, llamada generación intermedia, representa una etapa más reciente del desarrollo económico, marcada por la crisis de los años ochenta y principios de los años noventa, el deterioro del modelo productivo clásico y un fuerte impacto sobre los ingresos y la capacidad de consumo de las clases media y popular. Por último, la generación nacida entre 1978 y 1980 —la generación joven que tiene de 31 a 33 años al momento de la encuesta— representa el período reciente de implementación de un nuevo modelo económico basado en la globalización y la internalización de la economía[7].

En el cuadro 1, donde se indica el rango de edades en que se accede al primer trabajo en México, se verifica un retraso esperado en el ingreso al mercado laboral a medida que las cohortes son más jóvenes. No obstante, más de la mitad de los varones de la tercera generación ingresa al mercado de trabajo antes de los 18 años (51,3%). Este valor es bastante menor en el caso de las mujeres, que históricamente han ingresado más tarde y en una proporción mucho menor que los varones. En términos generales, este retraso en el ingreso al primer empleo se puede explicar por el aumento en el nivel educativo de los trabajadores en los últimos años y el consiguiente retraso en la salida de la escuela. Además de que los promedios y las medianas de edad al acceder al primer empleo siguen siendo sumamente bajos, es de notar que casi nadie ingresa al mercado laboral en México después de los 30 años. En ese sentido, el retraso en la edad de acceso al primer empleo pudiera estar más relacionado con factores seculares del desarrollo del país (urbanización, expansión educativa, modernización) que con las características de un determinado modelo económico.

Cuadro 1

México: edad de acceso al primer empleo, por generación y sexo, 2011

(En porcentajes)

Generación

1951-1953

Generación

1966-1968

Generación

1978-1980

Varones

Mujeres

Varones

Mujeres

Varones

Mujeres

Hasta 17 años

62,9

47,0

58,2

35,0

51,3

38,4

De 18 a 29 años

36,1

40,0

39,7

52,8

48,1

58,3

30 años o más

0,9

12,9

1,9

12,1

0,0

3,2

Media de edad al acceder al primer empleo

15,7

20,0

16,3

20,2

17,2

19,0

Mediana de edad al acceder al primer empleo

16,0

18,0

16,0

18,0

17,0

18,0

Fuente: Elaboración propia, sobre la base del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Demográfica Retrospectiva (EDER), 2011.

Los datos del gráfico 1 indican que varones y mujeres presentan patrones diferenciados de participación laboral. Por lo tanto, los determinantes de la inserción laboral pueden ser divergentes entre ambos sexos y ello implicaría considerar explicaciones teóricas alternativas para analizar las transiciones laborales en cada caso. Es por eso que se privilegió la observación de las mujeres de la muestra[8].

Gráfico 1

México: tasas específicas de participación laboral, por generación y sexo, 1951-1980

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Demográfica Retrospectiva (EDER), 2011.

B. Transiciones individuales femeninas según el sector de actividad

Para analizar cada sector de actividad y, a partir de allí, la posibilidad de observación de procesos de informalidad en el mercado de trabajo, se tomaron en cuenta los criterios de Coubés (2004): a) el empleo agrícola, que incluye cualquier ocupación en la agricultura, pesca o silvicultura; b) el empleo no agrícola en micro y pequeñas empresas (integradas por 5 personas o menos en el comercio y los servicios y por 15 personas o menos en la industria); c) el empleo no agrícola en medianas y grandes empresas (integradas por más de 5 personas en el sector terciario y por más de 15 personas en la industria), y d) el empleo público, que incluye a los trabajadores de los tres niveles de gobierno (administración pública, sector educativo y sector de la salud). Como bien lo indica Coubés (2004), esta categorización combina una diferenciación por sector económico (agrícola y no agrícola), una distinción por sectores institucionales (privado y público) y una variación por tamaño de empresa.

En el cuadro 2 se muestra que el ingreso de las mujeres al mercado de trabajo se da cada vez más en el sector formal de la economía, y cada vez menos en el sector informal, especialmente entre la primera y la segunda generación. En cuanto a la estructura ocupacional, el peso de la informalidad en el sector de actividad a los 30 años cae entre la primera generación y la última. En los últimos años, las mujeres jóvenes estarían atravesando un proceso de formalización del empleo relacionado con el aumento de la participación femenina en la fuerza de trabajo, con un incremento en los niveles educativos de quienes ingresan al mercado y con el retraso en el inicio de la trayectoria laboral. Al menos en parte, esta formalización del trabajo femenino observada en los inicios de las trayectorias laborales también estaría directamente condicionada por la propia selectividad que tiene este grupo poblacional: ingresan en menor proporción y más tarde que los varones, con más credenciales educativas y en mejores condiciones. Esta tendencia relativamente expansiva se viene observando en México desde la década de 1990 y es un producto generalizado de un doble efecto de la cohorte de pertenencia y el período histórico en el que ha ocurrido la mayor parte del proceso de feminización de la mano de obra y la expansión educativa en el país (Morelos, Aguirre y Pimienta, 1997; Pacheco, 2004; Coubés, 2004). No obstante esta tendencia general, las mujeres de las tres generaciones tienen enormes probabilidades de estar fuera del mercado de trabajo a los 30 años, pese a haber ingresado en algún momento previo.

Cuadro 2

México: tabla de movilidad por sector de actividad entre el primer empleo y los 30 años, mujeres, por generación, 1951-1980

(En porcentajes)

Primer empleo

30 años

Agricultura

Micro

y pequeña

empresa

Mediana

y gran empresa

Sector público

No trabaja

Total

Generación 1951-1953

Agricultura

6,7

40,2

4,3

0,0

48,9

5,2

Micro y pequeña empresa

1,5

45,9

13,3

0,4

39,0

50,6

Mediana y gran empresa

0,0

14,5

54,9

1,2

29,4

41,0

Sector público

0,0

3,1

28,4

22,1

46,5

3,2

Total

1,1

31,4

30,3

1,4

35,8

100,0

Generación 1966-1968

Agricultura

22,0

23,3

0,0

0,0

54,7

2,3

Micro y pequeña empresa

0,0

46,7

19,7

1,3

32,3

40,8

Mediana y gran empresa

0,0

15,0

51,3

2,8

30,9

49,4

Sector público

0,0

6,1

13,4

62,1

18,5

7,6

Total

0,5

27,5

34,4

6,6

31,1

100,0

Generación 1978-1980

Agricultura

21,3

0,0

21,3

0,0

57,4

1,1

Micro y pequeña empresa

0,0

40,3

23,1

2,1

34,5

41,0

Mediana y gran empresa

0,1

16,7

45,1

4,0

34,1

54,2

Sector público

0,0

4,0

27,7

44,1

24,2

3,7

Total

0,3

25,8

35,2

4,6

34,1

100,0

Fuente: Elaboración propia, sobre la base del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Demográfica Retrospectiva (EDER), 2011.

En las tres generaciones, el sector de actividad que menos retiene, o que más expulsa, mano de obra es el de la micro y pequeña empresa (y el sector público en la primera cohorte). Tras la salida del mercado, el sector formal es el que absorbe esta mano de obra a los 30 años. Ello indicaría, en principio, que el tránsito de la informalidad a la formalidad dentro de la trayectoria laboral femenina es un evento bastante probable entre el primer empleo y los 30 años, y que, además, es más probable entre las mujeres que entre los varones jóvenes de las mismas generaciones, ya que otros estudios realizados con los mismos datos demuestran que los procesos de informalización laboral aumentaron entre los hombres durante este mismo período (Mancini, 2015)[9].

Entre las mujeres, además, la transición hacia la informalidad se mantiene relativamente constante a lo largo del tiempo. Una vez que opera la selectividad de ingreso al mercado laboral, cuando la mujer tiene su primer empleo en el trabajo formal es poco probable que “descienda” hacia un trabajo en el sector informal a los 30 años. El peso histórico de las transformaciones y los deterioros ocurridos en los últimos años en el mercado de trabajo mexicano parecerían recaer menos sobre las trayectorias individuales de las mujeres jóvenes, en parte porque ellas hacen de la salida del mercado laboral una transición tan posible como las demás.

C. Transiciones ocupacionales femeninas

¿En qué tipo de ocupaciones se insertan las jóvenes por primera vez en México? En el cuadro 3 se muestra que la estructura del estatus ocupacional del primer trabajo en este país es relativamente estable para las mujeres.

Cuadro 3

México: tabla de movilidad por estatus ocupacional entre el primer empleo y los 30 años, mujeres, por generación, 1951-1980

(En porcentajes)

Primer empleo

30 años

NMA

NMB

C

MA

MB

NT

Total

Generación 1951-1953

NMA

91,5

8,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1,5

NMB

5,8

54,6

4,1

2,8

6,5

26,4

31,5

C

4,7

6,3

29,4

6,0

5,8

47,9

12,2

MA

0,0

2,7

14,3

35,2

20,5

27,3

10,5

MB

0,0

4,0

7,4

9,5

36,6

42,5

44,3

Total

3,8

20,1

9,6

9,5

21,1

35,8

100,0

Generación 1966-1968

NMA

69,3

14,8

0,0

0,0

0,0

15,9

3,2

NMB

5,2

52,4

8,3

2,0

7,7

24,5

41,5

C

0,0

25,9

24,7

4,4

5,3

39,8

16,7

MA

0,0

15,9

1,3

23,8

13,8

45,3

7,4

MB

1,9

9,1

6,4

6,9

42,4

33,3

31,3

Total

4,9

30,5

9,7

5,5

18,4

31,1

100,0

Generación 1978-1980

NMA

57,4

12,2

0,0

0,0

0,0

34,1

5,6

NMB

8,4

52,7

5,1

4,0

5,1

24,6

33,3

C

1,0

21,9

23,0

4,4

18,1

31,6

23,4

MA

0,0

7,9

6,6

30,8

12,0

42,8

10,6

MB

0,3

9,2

8,6

0,7

35,8

45,4

27,0

Total

6,4

26,7

10,1

5,8

16,9

34,1

100,0

Fuente: Elaboración propia, sobre la base del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Demográfica Retrospectiva (EDER), 2011.

Nota: Las siglas corresponden a las diversas categorías del estatus ocupacional de las trabajadoras. NMA: no manual de alta calificación; NMB: no manual de baja calificación; C: comerciante; MA: manual de alta calificación; MB: manual de baja calificación; NT: no trabaja en el año de observación. La clasificación de las ocupaciones se realizó sobre la base de los criterios de Solís (2007) que, a su vez, retoma el esquema clásico propuesto por Erikson, Goldthorpe y Portocarero (1979).

En México, la mayoría de las mujeres se desempeña en su primer empleo como trabajadora manual de baja calificación. A pesar de ello, entre la primera y la segunda generación aumenta la proporción de las que se insertan en ocupaciones no manuales y entre la primera y la tercera cohorte es notable el incremento en las ocupaciones de comercio.

En las tres generaciones, son principalmente las ocupaciones menos calificadas las que expulsan a las mujeres del mercado de trabajo a los 30 años: el comercio en la primera cohorte, el comercio y las actividades manuales de alta calificación en la segunda cohorte y todo tipo de actividad manual en la tercera cohorte. Desempeñarse en actividades de baja calificación en el primer empleo aumenta considerablemente las probabilidades de no estar trabajando a los 30 años. No obstante esta contundencia, la salida del mercado de trabajo no es exclusiva de estas actividades. Entre las trabajadoras más calificadas se observa una disminución de estas ocupaciones para retener a las mujeres en el mercado laboral a medida que las cohortes son más jóvenes. Mientras el 92% de las trabajadoras no manuales calificadas de la primera cohorte se mantenía en dicho estatus a los 30 años (en un contexto de menor participación, la selectividad de estas mujeres es aún mayor), ese valor desciende hasta el 57% para la tercera cohorte, donde la gran mayoría de las mujeres abandonaron el mercado. La salida del mercado de trabajo de las mujeres alrededor de los 30 años es una característica estructural de la participación femenina. De allí que no se observe un proceso de calificación laboral tan claro a lo largo de su trayectoria entre el primer empleo y los 30 años. Generalmente, las mujeres inician su trayectoria laboral en ocupaciones más calificadas que los varones, pero esa ventaja de origen se pierde con la salida del mercado al final del período de observación. Lo mismo sucede como tendencia a lo largo de los años. Si bien el peso de las ocupaciones menos calificadas disminuye a los 30 años y aumenta el de las ocupaciones de mayor calificación (especialmente en la segunda cohorte), en todos los casos este valor se encuentra por debajo de la proporción de las mujeres que no trabajan.

Se puede observar, además, una gran polarización interna de la fuerza de trabajo femenina: en el primer empleo, entre ocupaciones manuales de baja calificación y ocupaciones no manuales de alta calificación, y a los 30 años, entre estas últimas y la salida del mercado. Esto hace que la transición hacia un mejor estatus ocupacional sea bastante difusa. En las tres generaciones, las mujeres que ingresaron al mercado de trabajo tendrían dos grandes posibilidades a los 30 años: mantenerse en el mismo tipo de ocupación en la que ingresaron o retirarse del mercado. En esta dualidad, la principal excepción serían las mujeres que se desempeñan como comerciantes en su primer empleo, que muestran una mayor heterogeneidad hacia el final de la observación de la trayectoria.

Esta última observación exige una hipótesis alternativa a la luz de los resultados sobre el sector de actividad: la formalización observada entre las mujeres de las generaciones más recientes puede resultar relativamente independiente de la movilidad individual en términos de estatus ocupacional. Pese a las serias posibilidades que tienen estas jóvenes de transitar hacia un empleo formal a los 30 años, al mismo tiempo se puede encontrar cierta inmovilidad individual en términos de calificación laboral. Esta hipótesis aludiría al incremento en la heterogeneidad interna de las trayectorias laborales individuales y, en general, al proceso de individualización y desestandarización del curso de vida entre los trabajadores más jóvenes (Echarri y Pérez Amador, 2007; Mora y de Oliveira, 2009; Saraví, 2009; Mancini, 2011; Levy y Wydmer, 2013). En contextos más diferenciados socialmente y, por ende, con mayores niveles de diversificación ocupacional, el mercado de trabajo se vuelve menos rígido para admitir movilidades diferenciadas tanto en su estructura como en las trayectorias individuales. De allí se podría sugerir, al mismo tiempo, mayores posibilidades de desigualdad dentro de una misma categoría entre las trabajadoras en la actualidad.

D. Transiciones en la posición laboral de las mujeres

Si bien en las condiciones de heterogeneidad estructural que caracterizan al mercado de trabajo mexicano, el empleo asalariado no puede identificarse linealmente con mejores condiciones laborales que el trabajo por cuenta propia, el grado de salarización de un mercado (y de una sociedad) da cuenta de la estructura sobre la que se establecen las relaciones laborales, del peso de las instituciones del empleo y del grado de regulación de la relación entre capital y trabajo (Weller, 2008).

Con respecto a la posición laboral en el primer empleo en México, entre las mujeres se observa un relativo proceso de salarización en la última generación con respecto a las anteriores, tal como se indica en el cuadro 4.

Cuadro 4

México: tabla de movilidad por posición laboral entre el primer empleo y los 30 años, mujeres, por generación, 1951-1980

(En porcentajes)

Primer empleo

30 años

Patrón

Por su cuenta

Asalariado

Destajo

Sin pago

No trabaja

Total

Generación 1951-1953

Patrón

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Por su cuenta

3,8

76,3

4,8

3,5

11,7

5,9

Asalariado

1,6

8,0

48,6

1,5

2,8

37,6

80,9

Destajo

0,0

20,3

20,0

27,2

0,0

32,7

2,9

Sin pago

0,0

28,5

21,7

0,0

13,5

36,3

10,3

Total

1,5

14,5

42,4

2,2

3,6

35,8

100,0

Generación 1966-1968

Patrón

30,5

0,0

0,0

0,0

0,0

69,5

0,9

Por su cuenta

7,1

72,8

9,9

0,0

0,0

10,1

2,0

Asalariado

1,8

8,0

58,0

1,0

0,8

30,4

88,2

Destajo

0,0

17,1

0,0

34,5

0,0

48,5

2,7

Sin pago

9,2

3,2

40,7

0,0

12,9

34,1

6,3

Total

2,6

9,1

54,0

1,8

1,5

31,1

100,0

Generación 1978-1980

Patrón

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

Por su cuenta

0,0

67,7

22,5

0,0

0,0

9,8

3,5

Asalariado

1,2

7,1

53,2

0,1

2,7

35,6

89,4

Destajo

0,0

16,8

25,8

9,1

0,0

48,3

3,6

Sin pago

0,0

26,4

32,7

6,4

28,4

6,0

3,1

Total

1,5

10,1

50,3

0,6

3,3

34,1

100,0

Fuente: Elaboración propia, sobre la base del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Demográfica Retrospectiva (EDER), 2011.

El trabajo asalariado es una condición estructural de la participación femenina en el mercado de trabajo mexicano. Tanto ahora como en el pasado, la gran mayoría de las mujeres ingresan al mercado laboral como asalariadas, con un aumento a partir de la segunda generación. A los 30 años, el peso del trabajo asalariado es cada vez mayor, en detrimento, especialmente, del trabajo por cuenta propia. También son elevadas las proporciones de mujeres que participan en actividades asalariadas a los 30 años cuando su primer empleo fue en la misma posición. La capacidad de retención del trabajo asalariado entre el primer empleo y los 30 años aumenta a medida que las cohortes son más jóvenes. En la tercera cohorte, el 23% de las mujeres que ingresaron al mercado de trabajo como trabajadoras independientes se encontraban en un empleo asalariado a los 30 años. Ese valor era del 5% en la primera generación.

Finalmente, las mujeres que ingresan al primer empleo en las peores condiciones salariales (destajo, sin pago) son las que tienen más probabilidades de salir del mercado laboral a los 30 años. Este patrón es similar al observado en el estatus ocupacional con respecto a las trabajadoras manuales de baja calificación: a mayores niveles de precariedad en las condiciones del primer empleo, mayores serían las probabilidades de abandonar el mercado a los 30 años.

Como en el caso del sector de actividad, la movilidad en la posición laboral muestra un patrón diferenciado para varones y mujeres. Entre ellas se observa un claro proceso de salarización a lo largo del tiempo, que va de la mano con la formalización de la fuerza de trabajo femenina, algo que no es posible advertir entre los varones jóvenes (Mancini, 2015).

E. Transiciones femeninas en los diversos sectores de la economía

En el cuadro 5 solo se observa la rama económica en la que se insertan las trabajadoras (y no una combinación más compleja de sectores), con el objeto de analizar el proceso de tercerización de la fuerza de trabajo en los últimos años y el dinamismo de cada una de las ramas económicas para absorber mano de obra joven femenina.

En las tres generaciones, la mayoría de las mujeres inician su trayectoria laboral en el sector servicios. Sin embargo, cuando este sector se desglosa entre el comercio y el resto, se puede observar que el aumento en el proceso de tercerización ocurre principalmente en el primero. Es decir, cada vez más mujeres tienen su primer empleo en el sector terciario debido al gran incremento de la participación femenina en el comercio.

La tercerización de la fuerza laboral femenina, en realidad, es un proceso que ha acompañado históricamente al aumento de su participación laboral. El dato de que más de la mitad de las mujeres jóvenes se encuentre trabajando en ocupaciones terciarias a los 30 años es un efecto de “herencia social” de la primera generación de mujeres trabajadoras. De hecho, con excepción de alguna variación en la segunda cohorte, el peso de cada uno de los sectores no varía demasiado de una generación a otra. Lo que se observa, en cambio, es la mayor capacidad de los servicios para retener a las trabajadoras entre el primer empleo y los 30 años y, a su vez, para evitar la salida de las mujeres del mercado de trabajo, a pesar de la enorme heterogeneidad que se encuentra en esta población.

Cuadro 5

México: tabla de movilidad por rama económica entre el primer empleo y los 30 años, mujeres, por generación, 1951-1980

(En porcentajes)

Primer empleo

30 años

Agrícola

Industria y construcción

Comercio y transporte

Servicios

No trabaja

Total

Generación 1951-1953

Agrícola

6,7

11,2

7,6

25,6

48,9

5,2

Industria y construcción

0,0

36,4

17,8

20,6

25,2

18,4

Comercio y transporte

0,0

5,1

34,4

19,5

41,1

19,7

Servicios

1,3

6,7

8,6

47,2

36,3

56,7

Total

1,1

12,1

15,3

35,7

35,8

100,0

Generación 1966-1968

Agrícola

22,0

0,0

0,0

23,3

54,7

2,3

Industria y construcción

0,0

32,4

5,0

22,5

40,2

18,8

Comercio y transporte

0,0

8,4

27,8

29,1

34,8

22,7

Servicios

0,0

6,4

11,5

56,5

25,6

56,3

Total

0,5

11,6

13,7

43,1

31,1

100,0

Generación 1978-1980

Agrícola

21,3

0,0

0,0

21,3

57,4

1,1

Industria y construcción

0,0

31,0

11,8

18,3

39,0

22,4

Comercio y transporte

0

11,5

27,8

29,9

30,8

29,2

Servicios

0,2

2,6

8,7

55,2

33,4

47,4

Total

0,3

11,5

14,9

39,2

34,1

100,0

Fuente: Elaboración propia, sobre la base del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Demográfica Retrospectiva (EDER), 2011.

Estos últimos datos permiten hacer una valoración de conjuntos de las cuatro transiciones analizadas hasta el momento. En primer lugar, las mujeres mexicanas presentan patrones diferenciados de movilidad estructural e individual en función del tipo de transición laboral que se analice. Los datos muestran un aumento de la formalidad y del trabajo asalariado, así como una tercerización más marcada, entre las generaciones más jóvenes. En segundo término, parecería que los cambios sociales relacionados con las transformaciones en el patrón de acumulación fueron menos drásticos con la fuerza de trabajo femenina, aunque algunos se advierten a partir de la generación que ingresó al mercado laboral en la década de 1980. La propia selectividad de las mujeres que ingresan al mercado de trabajo las hace más “inmunes” a los vaivenes estructurales de la demanda laboral en los últimos años, donde se observa más continuidad que cambios en las trayectorias ocupacionales. Finalmente, cabe realizar dos escuetas consideraciones complementarias: a) las transiciones individuales hasta aquí analizadas presentan comportamientos relativamente independientes entre sí y b) las movilidades estructurales no se corresponden, punto por punto, con las movilidades individuales[10].

F. Transiciones laborales femeninas y cambio social en México

En esta sección se analizan los factores asociados a la movilidad de las trabajadoras entre el primer empleo y los 30 años, con énfasis en el estudio de la informalidad. Para ello se procede a estimar la probabilidad de pertenecer al sector informal a los 30 años dadas, fundamentalmente, las características del primer empleo y la cohorte de pertenencia. Este ejercicio se justifica porque se intenta conocer qué características del primer empleo pueden condicionar la situación laboral de las mujeres a los 30 años y, con ello, acercarse a la hipótesis de que las primeras condiciones de inserción al mercado laboral modulan el tipo de trayectoria en el futuro. En segundo lugar, porque se quiere conocer hasta qué punto estas probabilidades cambiaron en el tiempo o si, tal como se ha señalado en el análisis descriptivo, en realidad la fuerza laboral femenina estaría asistiendo a un paulatino proceso de formalización a lo largo de sus trayectorias.

Para ello, la población de estudio son todas las mujeres que se encontraban trabajando a los 30 años. Se excluyó del análisis a quienes, a esa edad, se desempeñaban en el sector agrícola. La variable dependiente se construyó a partir de la partición del sector de actividad en dos categorías: formal (trabajadoras en medianas y grandes empresas y empleo público) e informal (trabajadoras en micro y pequeños establecimientos).

En el cuadro 6 se muestran los resultados del modelo de regresión logística para evaluar la probabilidad, entre las mujeres de la muestra, de tener un empleo informal a los 30 años. Se presentan las razones de momios asociadas a cada una de las variables explicativas y en la última columna se muestran las probabilidades estimadas.

Entre las mujeres mexicanas, la cohorte de nacimiento no tiene efectos significativos sobre la probabilidad de pertenecer al sector informal a los 30 años. El peso de los condicionantes históricos es menos determinante para la fuerza laboral femenina y ello indicaría que los períodos históricos afectan de diferentes maneras a los individuos de una misma generación, dada la propia heterogeneidad de la cohorte (o el llamado “efecto composición”). Debido a la selectividad de esta población, las mujeres son menos sensibles a los cambios estructurales del mercado de trabajo en la medida en que, como hemos visto, tienen más a la mano la salida del mercado como una alternativa viable. Sin embargo, y a pesar de lo observado en las tablas de movilidad, la probabilidad de pertenecer al sector informal de la economía a los 30 años ha sido, y sigue siendo, relativamente alta para la totalidad de la fuerza de trabajo femenina. Ello indicaría que, si bien no se estaría asistiendo a un proceso de informalización individual de la fuerza de trabajo femenina a través de los años, tampoco se observa con contundencia el proceso contrario. En ese sentido, podría sugerirse que la informalidad de la fuerza de trabajo joven es un rasgo relativamente estructural del mercado de trabajo mexicano, que han debido soportar diferentes generaciones de mujeres en distintos momentos históricos.

Cuadro 6

México: modelos de regresión logística sobre el sector de actividad de las mujeres a los 30 años

Variables

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

Rm

Sig

Rm

Sig

Rm

Sig

Rm

Sig

P.E.

Cohorte

Generación 1951-1953

0,58

Generación 1966-1968

0,74

0,22

1,02

0,93

1,09

0,75

1,15

0,60

0,62

Generación 1978-1980

0,73

0,17

1,06

0,81

1,09

0,72

1,15

0,60

0,62

Origen social

0,99

0,00

0,99

0,36

0,99

0,27

Origen escolar

0,96

0,25

Edad al acceder al primer empleo

De 7 a 13 años

0,55

De 14 a 16 años

0,90

0,77

1,06

0,87

1,31

0,48

1,75

0,15

0,68

De 17 a 18 años

0,32

0,00

0,47

0,03

0,65

0,26

1,29

0,51

0,61

19 años o más

0,31

0,00

0,48

0,02

0,61

0,18

1,18

0,65

0,59

Escolaridad

Sin instrucción

0,95

Hasta primaria

0,08

0,02

0,08

0,01

0,10

0,02

0,65

Hasta secundaria

0,04

0,00

0,04

0,00

0,06

0,00

0,54

Hasta media superior

0,03

0,00

0,04

0,00

0,07

0,00

0,55

Universitaria o más

0,01

0,00

0,02

0,00

0,03

0,00

0,32

Características laborales

Número de empleos

1,01

0,91

1,00

0,96

Posición del primer empleo

Asalariado

0,58

No asalariado

3,01

0,00

1,76

0,07

0,71

Sector del primer empleo

Agrícola

0,76

Micro y pequeña empresa

0,78

0,78

0,71

Empresa mediana y grande

0,18

0,05

0,35

Sector público

0,05

0,00

0,12

N

789

789

789

789

Pseudo R2

0,09

0,15

0,16

0,24

Fuente: Elaboración propia, sobre la base del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Demográfica Retrospectiva (EDER), 2011.

Nota: Rm: razones de momios estimadas; Sig: nivel de significancia de las razones estimadas; PE: probabilidad estimada de ocurrencia del evento.

Por otra parte, cuando solo se contempla la cohorte y la edad de acceso al primer empleo, el origen social de las trabajadoras (como efecto directo) resulta significativo y tiene la dirección esperada: las jóvenes que provienen de hogares con mayores niveles de bienestar socioeconómico tienen menos probabilidades de insertarse en la informalidad a los 30 años (una especie de reproducción generacional de la formalidad). Sin embargo, al incorporar el nivel educativo de las trabajadoras, el origen socioeconómico deja de explicar las probabilidades de informalidad. Este estimador importa en la medida en que no se tiene en cuenta la escolaridad de las entrevistadas, pero posteriormente sus efectos se “esconden” detrás del nivel educativo de las mujeres (efecto indirecto). En ese sentido, los efectos estructurales que impone la clase social siguen teniendo una capacidad explicativa fundamental para conocer el devenir de las trayectorias laborales femeninas en este país.

Un comportamiento similar se observa en el caso de la edad de acceso al primer empleo. En principio, cuanto más temprana es la edad de inicio de la trayectoria laboral, más probable es la pertenencia al sector informal a los 30 años. Sin embargo, cuando se agregan otras características del primer empleo, la edad de entrada al mercado de trabajo deja de ser significativa. En otros términos, si el ingreso al mercado laboral se realizara bajo ciertas condiciones de protección y seguridad, no sería determinante en qué momento del curso de vida ocurre dicha transición. En general, los jóvenes representan la mayoría de los recién llegados al mercado de trabajo en México y, en consecuencia, la variable edad oculta una determinación más profunda que remite a las características del primer empleo: más que ser joven, el verdadero obstáculo para la formalidad es ser un recién llegado al mercado de trabajo. Parecería, entonces, que lo importante para disminuir las probabilidades de informalidad en el futuro es comenzar la trayectoria laboral con las mayores condiciones de seguridad posibles.

Ello se refuerza con el comportamiento de las dos variables restantes. Comenzar la trayectoria laboral como una trabajadora no asalariada casi duplica la probabilidad de pertenecer al sector informal a los 30 años. De la misma manera, cuando el primer trabajo se realiza en la micro o pequeña empresa, la probabilidad de ser una trabajadora informal a los 30 años es del 71% (frente al 35% de las trabajadoras formales en el primer empleo). En ese sentido, el capital laboral del primer trabajo deviene una especie de “herencia ocupacional” para determinar las condiciones futuras del empleo femenino.

Además, entre estas jóvenes es fundamental la fuerza, casi exclusiva, de la escolaridad y los niveles educativos. Aun considerando las condiciones del primer empleo y el origen social de estas trabajadoras, la educación es la variable que, por excelencia, determina la probabilidad de las mujeres mexicanas de estar trabajando en el sector informal a los 30 años[11]. De hecho, para quienes no tienen instrucción no hay salida, ya que su probabilidad de pertenecer al sector informal a los 30 años es del 95%. Esta probabilidad, en tanto, es tres veces inferior para las mujeres que tienen niveles educativos más altos, lo que confirma la polarización interna que se observa en este grupo de trabajadoras. Finalmente, los datos indican que las características del primer empleo importan no solo debido a la posición laboral inicial, sino también con respecto al sector de actividad: haber trabajado en una empresa formal o en el sector público durante el primer trabajo reduce enormemente la probabilidad de informalidad al final de la observación. Esto indicaría, nuevamente, que más allá del momento en que ocurre el primer empleo, son las condiciones de inicio de las trayectorias laborales de las mujeres las que determinan fuertemente sus posibilidades futuras de inserción laboral.

G. Conclusiones

En este artículo se analizaron transiciones individuales entre dos momentos importantes de la trayectoria laboral de las trabajadoras (el primer empleo y los 30 años) para identificar qué tanto han cambiado estas movilidades en el tiempo y con qué factores están asociadas estas transformaciones.

En conjunto, los datos dan cuenta de la heterogeneidad típica que presenta el mercado de trabajo femenino en México, con enormes intermitencias y menores niveles de participación que el de los varones, aunque en franco aumento desde los últimos años[12].

Bajo esa salvedad, lo primero que puede decirse es que los cambios generacionales asociados a las transiciones laborales en el sector de actividad, la posición en el empleo, el estatus ocupacional y la rama de la economía no son procesos intercambiables o que van, punto por punto, de la mano. Las transformaciones económicas y sociales de las últimas décadas, tomadas simultáneamente, esconden una enorme diversidad y heterogeneidad de resultados posibles en las trayectorias de estas mujeres, donde las distintas transiciones individuales presentan comportamientos relativamente independientes entre sí, evidenciando que las movilidades estructurales del mercado de trabajo no se corresponden, punto por punto, con las movilidades individuales de la fuerza de trabajo femenina.

Al tiempo que se observa una relativa formalización de esta fuerza de trabajo (y solo relativa en la medida en que las probabilidades asociadas a la informalidad a los 30 años no son significativas por cohorte de nacimiento), se verifica un intenso proceso de tercerización laboral en la tercera cohorte, sin que ello se manifieste en procesos de movilidad ocupacional ascendente. En efecto, no se observan cambios importantes a medida que las cohortes son más jóvenes en cuanto a la movilidad ocupacional, salvo por el leve aumento del trabajo en el comercio. La estructura ocupacional de las jóvenes de México en los últimos 50 años en general permanece prácticamente invariable.

La tercerización de la fuerza de trabajo observada ocurre casi con exclusividad en el sector del comercio, fundamentalmente por dos motivos: a) porque las mujeres nunca se insertaron en gran proporción en la industria manufacturera y b) porque el aumento de la participación femenina en la fuerza de trabajo en los últimos años ocurre precisa y directamente en estos sectores, sin transitar por otro tipo de actividades. Lo que se observa, en ese sentido, es que las transiciones laborales femeninas son relativamente estables en el tiempo (individual y social), en parte, por la propia selectividad de las mujeres: entran en menor medida al mercado de trabajo, por lo general más tarde y con más calificación que los hombres, permanecen casi con exclusividad en el empleo asalariado e ingresan prácticamente en forma directa al sector servicios o al comercio. En las tres cohortes, de hecho, el trabajo por cuenta propia tiene un peso muy bajo entre las jóvenes y las asalariadas en general permanecen en ese estatus laboral por mucho tiempo. Ello estaría relacionado con dos grandes características del mercado de trabajo mexicano. La primera es una especificación que refiere, en gran medida, a la segregación ocupacional por sexo. En general, la inserción ocupacional que más se relaciona con el trabajo por cuenta propia es la del pequeño comerciante o las actividades de oficio (como la construcción u otras actividades manuales relacionadas con el trabajo a domicilio), y los varones son los que más se insertan en este tipo de categorías ocupacionales. La segunda también es una característica estructural de la fuerza de trabajo femenina, que se ocupa históricamente como asalariada en la medida en que este tipo de inserción le permite cierto acceso a la seguridad social, tanto para ella como para sus familiares cercanos, especialmente los hijos.

De todas maneras, estas transformaciones —analizadas descriptivamente— en las diversas estructuras laborales tampoco ocurren en un mismo período: algunas se aprecian con mayor contundencia entre la primera y la segunda cohorte, otras son más nítidas entre la segunda y la tercera generación y, en ciertos casos, el cambio es paulatino entre la primera y la última generación.

Los resultados también muestran que los flujos de movilidad individual en las generaciones más jóvenes son cada vez más heterogéneos y diversos. Ello implicaría procesos de individualización y diversificación de las trayectorias laborales que darían cuenta de una mayor porosidad de las estructuras laborales para resistir las transformaciones del mercado de trabajo en los últimos años y cuyo nexo debería observarse con mayor profundidad. En ese sentido, estos hallazgos contribuirían a la discusión teórica en torno a la competencia entre desigualdades estructurales y desigualdades dinámicas en el mercado de trabajo juvenil como resultado de los nuevos procesos de individualización social (Evans, 2008) y confirmarían los resultados observados en otros trabajos previos de investigación cualitativa realizados en México que han llegado a conclusiones similares (Saraví, 2009; Mora y de Oliveira, 2009; Mancini, 2014).

Por último, los datos dan cuenta de la importancia del primer empleo. Un buen trabajo en el inicio puede determinar las posibilidades futuras de la trayectoria laboral, con relativa independencia de su momento de ocurrencia o de cuántas transiciones se experimenten durante el curso de vida de las mujeres. Ello indicaría, entre otras cosas, que es fundamental considerar la experiencia, la temporalidad y las herencias del primer empleo para analizar las desigualdades sociales en las condiciones del trabajo femenino en la actualidad.

Bibliografía

Abbott, A. (2001), Time Matters. On Theory and Method, Chicago, The University of Chicago Press.

Antoine, P. y E. Leliévre (2009), Fuzzy States and Complex Trajectories. Observation, Modelization and Interpretation of Life Histories, París, Instituto Nacional de Estudios Demográficos (INED).

Balán J., H. Browning y E. Jelín (1977), El hombre en una sociedad en desarrollo. Movilidad geográfica y social en Monterrey, México, Fondo de Cultura Económica.

Blossfeld, H.P. (1992), «Les trajectoires professionnelles en RFA: Étude des effets de cohorte, de période et de position dans le cycle de vie», Cheminements professionnels et mobilités sociales, L. Coutrot y C. Dubar (coords.), París, La Documentation Française.

Castel, R. (2010), El ascenso de las incertidumbres. Trabajo, protecciones, estatuto del individuo, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

Chávez, M. (2010), Trabajo femenino: las nuevas desigualdades, Ciudad de México, Instituto de Investigaciones Económicas (IIE), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Cerrruti, M. y R. Zenteno (2000), “Cambios en el papel económico de las mujeres entre las parejas mexicanas”, Estudios demográficos y urbanos, vol. 15, Nº 1.

Cortés, F., A. Escobar y P. Solís (2007), Cambio estructural y movilidad social en México, Ciudad de México, El Colegio de México.

Coubés, M.L. (2004), “Movilidad en la trayectoria laboral: transición entre sector formal-informal del empleo”, Cambio demográfico y social en el México del siglo XX. Una perspectiva de historias de vida, M.L. Coubés, M.E. Zavala y R. Zenteno (comps.), Ciudad de México, Porrúa/Cámara de Diputados/El Colegio de la Frontera Norte (COLEF)/Tecnológico de Monterrey (TEC).

Coubés, M.L., M.E. Zavala y R. Zenteno (comps.) (2004), Cambio demográfico y social en el México del siglo XX. Una perspectiva de historias de vida, Ciudad de México, Porrúa/Cámara de Diputados/El Colegio de la Frontera Norte (COLEF)/Tecnológico de Monterrey (TEC).

Echarri, C. y J. Pérez Amador (2007), “En tránsito hacia la adultez: eventos en el curso de vida de los jóvenes en México”, Estudios Demográficos y Urbanos, vol. 22, Nº 1.

Erikson, R., J. Goldthorpe y L. Portocarero (1979), “Intergenerational class mobility in three Western European societies: England, France and Sweden”, British Journal of Sociology, vol. 30, Nº 4.

Evans, K. (2008), “Concepts of bounded agency in education, work, and the personal lives of young adults”, International Journal of Psychology, vol. 20, Nº 2.

García, B. y O. de Oliveira (2006), Las familias en el México metropolitano: visiones femeninas y masculinas, Ciudad de México, El Colegio de México.

____(2001), “Transformaciones recientes en los mercados de trabajo metropolitanos de México: 1990- 1998”, Estudios Sociológicos, vol. 19, Nº 57.

Levy, R. y E. Widmer (eds.) (2013), Gendered Life Courses. Between Standarization and Individualization. A European Approach Applied to Switzerland, Zurich, LitVerlag.

Maldonado, B. (2010), “Un vínculo necesario: el género y los mercados de trabajo”, Tiempos de mujeres en el estudio de la economía, J. Cooper (coord.), Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Mancini, F. (2015), “Movilidad individual y cambio social: transiciones laborales en tres generaciones de varones”, Cambios intergeneracionales de los cursos de vida y desigualdad social en México, M.E. Zavala, M.L. Coubés y P. Solís (coords.), Ciudad de México, El Colegio de México, El Colegio de la Frontera Norte (COLEF).

____(2014), “El impacto de la incertidumbre laboral sobre el curso de vida durante la transición a la adultez”, Desafíos y paradojas: los jóvenes frente a las desigualdades sociales, M. Mora Salas y O. de Oliveira (coords.), Ciudad de México, El Colegio de México.

____(2011), “Narrativas de la contingencia: experiencias de riesgo laboral en la transición hacia la vida adulta”, Jóvenes, precariedad y trabajo en el siglo XXI, L. Jiménez, (comp.), Ciudad de México, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM)/Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Mora Salas, M. y O. de Oliveira (2009), “Los jóvenes en el inicio de la vida adulta: trayectorias, transiciones y subjetividades”, Estudios Sociológicos, vol. XXVII, Nº 79, enero- abril.

Morelos, J., A. Aguirre y R. Pimienta (1997), “Algunos nexos entre la escolaridad y el empleo en México, 1992”, Estudios Demográficos y Urbanos, vol. 12, Nº 3(36), El Colegio de México.

Muñoz, H., O. de Oliveira y C. Stern (1977), Migración y desigualdad social en la Ciudad de México, Ciudad de México, Instituto de Investigaciones Sociales/Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

OIT/PNUD (Organización Internacional del Trabajo/Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) (2009), Trabajo y familia: hacia nuevas formas de conciliación con corresponsabilidad social, Santiago.

Oliveira de, O., M. Ariza y M. Eternod (2002) “La fuerza de trabajo en México: un siglo de cambio”, La población de México: tendencias sociodemográficas y perspectivas hacia el siglo XXI, J. Gómez de León y C. Rabell (coords.), Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica.

Pacheco, E. (2004), “La movilidad ocupacional de los hijos frente a sus padres”, Cambio demográfico y social en el México del siglo XX. Una perspectiva de historias de vida, M.L. Coubés, M.E. Zavala y R. Zenteno (comps.), Ciudad de México, Porrúa/Cámara de Diputados/El Colegio de la Frontera Norte (COLEF)/Tecnológico de Monterrey (TEC).

Pacheco, E., E. de la Garza y L. Reygadas (coords.) (2011), Trabajos atípicos y precarización del empleo, Ciudad de México, El Colegio de México.

Parrado, E. y R. Zenteno (2004), “Medio siglo de incorporación de la mujer a la fuerza de trabajo: cambio social, reestructuración y crisis económica en México”, Cambio demográfico y social en el México del siglo XX. Una perspectiva de historias de vida, M.L. Coubés, M.E. Zavala y R. Zenteno (comps.), Ciudad de México, Porrúa/Cámara de Diputados/El Colegio de la Frontera Norte (COLEF)/Tecnológico de Monterrey (TEC).

Rendón, T. (2003), Trabajo de hombres y trabajo de mujeres en el México del siglo XX, Ciudad de México, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM)/Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Saraví, G. (2009), Transiciones vulnerables. Juventud, desigualdad y exclusión en México, Ciudad de México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS)/La Casa Chata.

Solís, P. (2007), Inequidad y movilidad social en Monterrey, Ciudad de México, El Colegio de México.

Todaro, R. y S. Yáñez (eds.) (2004), El trabajo se transforma. Relaciones de producción y relaciones de género, Santiago, Centro de Estudios de la Mujer.

Weller, J. (2008), Los mercados de trabajo, la protección de los trabajadores y el aprendizaje de por vida en una economía global: experiencias y perspectivas de América Latina y el Caribe (LC/L.2880), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Zenteno, R. (2003), “Polarización de la movilidad social en México”, Demos, Carta Demográfica sobre México, Nº 16, Ciudad de México.

[1] Doctora en Ciencia Social con especialidad en sociología por El Colegio de México. Investigadora Asociada “C” de Tiempo Completo en el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Correo electrónico: fiorella@unam.mx.

[2] La Encuesta Demográfica Retrospectiva (EDER) 2011 es una encuesta longitudinal, cuyo propósito general es recolectar información sobre la naturaleza temporal de los procesos sociodemográficos (migración, educación, ocupación, nupcialidad, fecundidad y mortalidad) que ha experimentado la población de México durante la segunda mitad del siglo XX y el inicio del siglo XXI, así como sobre las interrelaciones de los distintos fenómenos demográficos en las trayectorias de vida de los individuos. La razón para utilizarla en esta investigación es que permite analizar longitudinalmente las transiciones laborales de los individuos y, por ende, realizar comparaciones de procesos sociales a lo largo del tiempo. La encuesta se levantó en las 32 entidades federativas del país y es representativa a nivel nacional. Al levantarse únicamente en localidades urbanas, no permite desagregaciones por regiones ni distinciones a partir del tamaño de las localidades. Véase la base de datos de la EDER 2011, así como el cuestionario y la información metodológica correspondiente, [en línea] www.colef.mx.

[3] La población objetivo de la EDER 2011 está constituida por las cohortes nacidas en los años 1951-1953, 1966-1968 y 1978-1980. Por este motivo, en esta investigación solo se observan esas tres generaciones de estudio. Las cohortes de la EDER 2011 se ubicaban en los rangos de 58 a 60 años, 43 a 45 años y 31 a 33 años, respectivamente, al momento de la encuesta. Esta selección de las cohortes no ha sido arbitraria. En primer lugar, se optó por continuar con las cohortes entrevistadas en 1998 (primer levantamiento de la EDER) con el fin de profundizar el conocimiento que se tiene de ellas, añadiendo información sobre las edades más avanzadas de su curso de vida. En segundo término, se eligió una nueva cohorte más joven, pero que no fuera menor de 30 años, para tener un curso de vida que proporcionara suficiente información. Con la selección de estas tres cohortes, al tiempo que se logra considerar la diversidad de cohortes que representa el comportamiento de la población de México en contextos muy variados del desarrollo económico y social del país, también se logra considerar las experiencias de vida de la historia más reciente de México. De hecho, la separación de 15 años entre las cohortes de estudio permite entrevistar a grupos de personas que transitaron su vida adulta en entornos sociales, económicos y demográficos diferentes, que pudieron tener influencias particulares sobre las transiciones laborales que aquí se analizan.

[4] La razón para construir tablas de movilidad laboral entre el primer empleo y los 30 años obedece a cuestiones teóricas y metodológicas, simultáneamente. Desde el punto de vista teórico, y desde la perspectiva de curso de vida, los 30 años constituyen un momento en el que ya han tenido lugar la mayoría de las transiciones hacia la vida adulta: salida de la escuela, finalización de estudios, ingreso al mercado laboral, salida del hogar de origen, formación de uniones, nacimiento del primer hijo y otras. En consecuencia, se considera que es un punto de comparación lo suficientemente estable como para observar cambios en el tiempo a partir del primer empleo (Coubés, 2004). A su vez, desde el punto de vista metodológico, el empleo a los 30 años es un momento idóneo para el análisis de la movilidad laboral, ya que, dada la temprana edad de ingreso al mercado de trabajo en México (véase el gráfico 1), la medición se produce tras un promedio de 10 o 15 años de observación de la trayectoria individual. También es cierto que, en principio, los 30 años representan un punto de comparación individual más preciso para los varones que para las mujeres en lo que respecta a la estabilización laboral, ya que a esa edad, la mayoría de las mujeres (más que los varones) se encuentran en plena etapa de consolidación de trayectorias familiares (matrimonio, maternidad). No obstante, se ha mantenido este punto de observación no solo por sus especificidades teóricas y metodológicas, sino también por las posibilidades de comparación tanto con otros estudios (Coubés, 2004) como con la población masculina (Mancini, 2015) de la misma encuesta.

[5] La muestra total de la EDER 2011 incluye 2.932 personas y 132.763 años de vida. El tamaño de la base de las cohortes (1951-1953, 1966-1968 y 1978-1980) es de 2.840 personas y 128.507 años de vida. A su vez, para los fines de esta investigación, dado que solo se considera a las mujeres que alguna vez trabajaron, que tienen entre 30 años y 62 años en 2011 y que tuvieron su primer empleo antes de los 30 años, el tamaño de la muestra queda restringido a 1.284 casos.

[6] Se trata del primer empleo antes de los 30 años (de los 7 años a los 29 años). El análisis excluye a las mujeres que nunca han trabajado. No obstante, para algunos resultados se considera la situación de “no trabajó” que corresponde a aquellas mujeres que, habiendo trabajado alguna vez en la vida, no se encontraban trabajando en el año de observación.

[7] Es preciso tener presente que la mayor parte de la trayectoria laboral de la primera cohorte ocurre durante la década de 1970, la de la segunda cohorte se da en la década de 1980 y la de la tercera cohorte acontece en la década de 1990. Véase una descripción más detallada de estos períodos históricos en México en Solís (2007) o Coubés, Zavala y Zenteno (2004).

[8] Debido también a que el comportamiento de las mujeres en el mercado de trabajo en México es mucho más errático, intermitente y selectivo.

[9] Claro está que las tablas de movilidad analizan el estado de la trayectoria en un momento determinado y, por ende, no tienen en cuenta los empleos sucesivos. Así, después del primer empleo puede haber ocurrido uno o más cambios de sector, seguidos por uno o más retornos al sector del primer empleo antes de los 30 años, sin que ello sea observado en este tipo de información.

[10] Ello exigiría incorporar también, teórica y metodológicamente, las interacciones dinámicas entre biografía y contexto en el análisis de historias de eventos, es decir, el contexto de las transiciones individuales y, al mismo tiempo, las transiciones de los contextos individuales (Antoine y Lelièvre, 2009; Abbott, 2001).

[11] En estudios similares se ha encontrado que también es significativa la asistencia a la escuela en el momento de ocurrencia de la informalidad: trabajar y estudiar al mismo tiempo aumenta considerablemente las probabilidades de experimentar un episodio de informalidad en la trayectoria laboral (Mancini, 2015).

[12] Estos resultados han sido confirmados en investigaciones precedentes (véanse, especialmente, Cerruti y Zenteno (2000) y Parrado y Zenteno (2004)).

La nueva geografía de la explotación minero-energética y la acumulación por desposesión en Colombia entre 1997 y 2012[1]

Nubia Yaneth Ruiz Ruiz2

Luis Daniel Santana Rivas[3]

Recibido: 21/01/2016

Aceptado: 3/03/2016

Resumen

En este artículo se presentan algunos resultados de un trabajo de investigación más amplio, que tiene como objetivo analizar las relaciones existentes entre el desplazamiento forzado, la entrega de títulos mineros y permisos de explotación energética y la acumulación de tierras rurales productivas en Colombia entre los años 1997 y 2012. A partir de un ejercicio exploratorio de análisis espacial en el que se relacionan variables como el desplazamiento forzado, la concesión de títulos mineros y petroleros y el coeficiente de Gini de tierras rurales, se indagó sobre la existencia de una nueva geografía humana que configura regiones en las cuales la explotación minero-energética y las condiciones de violencia han consolidado la posición del país como exportador neto de materias primas, fortaleciendo la transnacionalización de la economía y, de esta manera, profundizando las condiciones de inequidad y pobreza que hacen de Colombia el segundo país más desigual de América Latina.

Palabras clave: Explotación minero-energética, acumulación por desposesión, migración forzada, violencia, minería, reprimarización.

Abstract

This article presents some of the results of a broader research work, which analyses the links between forced displacement, the concession of mining rights and permits for energy production, and the accumulation of productive rural lands in Colombia between 1997 and 2012. On the basis of an exploratory spatial analysis relating such variables as forced displacement, the concession of mining and drilling rights and the Gini coefficient in rural areas, we investigate the existence of a new human geography of regions in which mining and energy production and violent conditions have entrenched Colombia’s position as a net exporter of raw materials and strengthened the transnationalization of the economy, thus deepening the inequity and poverty that make Colombia the second most unequal country in Latin America.

Keywords: Mining and energy, accumulation by dispossession, forced migration, violence, mining, reprimarization.

Résumé

Cet article présente quelques résultats d’un travail de recherche qui a pour but d’analyser les relations existantes entre le déplacement forcé, la remise de titres miniers et de permis d’exploitation d’énergies et l’accumulation des terres rurales productives en Colombie entre les années 1997 et 2012. À partir d’un exercice d’exploration d’analyse de l’espace, dans lequel entrent en relation des variables telles que le déplacement forcé, la concession de titres miniers et pétroliers et le coefficient de Gini des terres rurales, l’auteur étudie comment l’émergence d’une nouvelle géographie humaine qui détermine l’existence de régions dans lesquelles l’exploitation minière et énergétique et les conditions de violence ont consolidé la position du pays comme exportateur net de matières premières, renforçant la transnationalisation de l’économie, et créant de cette façon des conditions d’inégalité et de pauvreté qui font de la Colombie le second pays le plus inégal d’Amérique latine.

Mots-clés: exploitation minière et énergétique, accumulation par dépossession, migration forcée, violence, exploitation minière, répression.

Llovía oro señorita, todos estábamos muy asustados por la balacera y la totiazón tan verrionda pero eso no importaba, llovía oro y los que podían se metían a coger un poquito, claro, sin que la guerrilla los viera porque los jodía, ellos habían entrado por eso, por el oro; desde siempre ese oro ha sido lo que ha traído a la gente, los ladrones, lo bueno y lo malo a este pueblo. No se le olvide señorita, llovía oro.

Testimonio de un campesino de 92 años en el municipio de Ataco Tolima sobre la primera toma guerrillera de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1999, en la cual hicieron explotar la bóveda de la caja agraria y el oro allí acumulado literalmente voló, por los aires y, como dicen los habitantes de este municipio perdido en las cordilleras de Colombia, “llovió oro”.

Introducción

El modelo neoliberal de desarrollo económico en Colombia se ha caracterizado por un proceso de reprimarización, cuyo elemento central es la concesión de la producción minero-energética a empresas transnacionales con el argumento de “la necesidad de inversión extranjera directa”. Circunstancias como la dedicación de grandes extensiones de territorio a la economía extractiva a partir de la expropiación violenta e ilegal de ocho millones de hectáreas de tierras productivas y la expulsión de más de siete millones de campesinos a las ciudades revelan la manera en que la acumulación por desposesión ha permitido ampliar las fronteras del capitalismo en el país. Esto ha producido paisajes rurales despoblados, en los que la vocación y los usos agrícolas tradicionales de la tierra han sido sustituidos por la agroindustria, los monocultivos para la producción de agrocombustibles o la minería.

Aunque en el estudio de la migración forzada en Colombia generalmente se indican los factores de la guerra como mecanismo causal de los desplazamientos, varias investigaciones recientes también apuntan a estrategias e intereses económicos. El debate sobre el fenómeno del desplazamiento ha pasado de un excesivo énfasis en las cifras de la migración forzada —contraste entre fuentes oficiales y extraoficiales— a la búsqueda de asociaciones entre dicho proceso y la acumulación de capital (Salcedo, 2006; Bello, 2006) y la interpretación de las geografías de la migración por desplazamiento armado (Ruiz, 2013; Ruiz, 2004; Fajardo, 2002).

Con el presente artículo se busca aportar a ese debate para esclarecer los vínculos que existen entre la asignación de títulos mineros y bloques petroleros y el desplazamiento forzado. Por lo tanto, el objetivo es evidenciar la manera en que la ejecución del modelo neoliberal de desarrollo colombiano promovido mediante el Plan Colombia[4] (aprobado en el mandato de Andrés Pastrana e implementado por el gobierno de Álvaro Uribe) y la Locomotora Minera[5] (promovida por el actual presidente Juan Manuel Santos) se ha expresado espacialmente mediante procesos violentos de desplazamiento forzado y la entrega de títulos mineros y de explotación energética en territorios que se han vaciado a sangre y fuego.

En la primera parte de esta investigación se analiza el discurso oficial sobre la reprimarización de la economía. Posteriormente, se realiza un análisis demográfico del proceso de expulsión poblacional que se relaciona en términos espaciales con la asignación de títulos mineros y petroleros y con las dinámicas de concentración de la propiedad rural entre 1997 y 2012. Por último, se reflexiona sobre las geografías recientes de la acumulación por desposesión en los campos colombianos.

A. El nuevo modelo de desarrollo neoliberal para Colombia

Después de más de 20 años de la implantación del modelo neoliberal en Colombia, sus consecuencias económicas se pueden resumir en tres grandes líneas: la destrucción del aparato productivo del país, el crecimiento desmesurado de la deuda externa nacional y la entrega de los recursos al capital extranjero (Robledo, 2007). La primera se evidencia en el desequilibrio de la balanza comercial, que pasó a ser negativa porque el país se ha transformado en importador neto de productos terminados, ha perdido capacidad en la producción nacional y carece de ventajas competitivas frente a la mayoría de los productos importados que han inundado el mercado interno. Esto ha causado un desastre nacional agropecuario e industrial. La segunda consecuencia se refleja en la evolución de la deuda, que pasó de 16.000 millones de dólares en 1990 a 90.164 millones de dólares en 2014 (Banco de la República, 2014). La tercera, y más contundente de las consecuencias, es la que se presenta de manera palpable en el incremento de la inversión extranjera directa (IED) (véase el gráfico 1).

Los capitales que han entrado al país (la IED) en los últimos 20 años presentan una evolución ascendente y, según el Banco de la República, alcanzaron los 15.650 millones de dólares en 2012. Esto representa un crecimiento exponencial del 1.082% con respecto a los niveles de 1994. En el gráfico 1 se observan dicha evolución y su intensificación a partir de 2003, cuando se comienza a implementar y consolidar el Plan Colombia.

Como se puede apreciar en el gráfico 2, la IED derivada de la implementación de las políticas del Plan Colombia y de la Locomotora Minera se ha concentrado en el sector extractivo (petrolero y minero), que ha recibido más del 50% de la inversión desde el año 2003 y ha registrado un crecimiento sostenido que alcanzó niveles superiores al 70% entre 2008 y 2010. Esto ha provocado menor inversión o incluso desinversión en sectores productivos como la agricultura y la caza, la silvicultura y la pesca, las manufacturas, la electricidad, el gas y el agua, la construcción, el comercio, los restaurantes y hoteles, los transportes, el almacenamiento y las comunicaciones, así como en los servicios financieros y empresariales.

Gráfico 1

Colombia: evolución de la inversión extranjera directa, 1994-2013

(En millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos del Boletín Banco de la República [en línea] http://www.banrep.gov.co/es/inversion-directa [fecha de consulta: 16 de marzo de 2014].

Gráfico 2

Colombia: evolución de las prioridades de la inversión extranjera, 1994-2012

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos del Boletín Banco de la República [en línea] http://www.banrep.gov.co/es/inversion-directa [fecha de consulta: 16 de marzo de 2014].

De esa manera, las políticas macroeconómicas del país se presentan como estrategias para fortalecer la explotación de materias primas que coadyuvan a desincentivar la producción industrial. Colombia asiste así a un proceso de desindustrialización, entendida como “la pérdida de participación del producto interno bruto (PIB) y el empleo industrial dentro del PIB y el empleo total” (Martínez y Ocampo, 2011, pág. 57). El país ha perdido de manera sostenida plantas industriales y capacidad productiva en dicho sector (véase el gráfico 3), que registró una media de crecimiento anual negativa del 0,55% entre 1970 y 2012 (Martínez y Ocampo, 2011). Ese proceso comenzó en la década de 1980 mediante la formulación de políticas macroeconómicas neoliberales que buscaban favorecer intereses transnacionales (véase el gráfico 3).

Gráfico 3

Colombia: participación de la industria en la producción total y participación del PIB industrial en el PIB total

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), series estadísticas, distintas bases.

A este oscuro panorama de la industria colombiana se suma la política de importación de alimentos en el marco de las determinaciones económicas de los tratados de libre comercio (TLC). En el gráfico 4 se muestra con claridad la tendencia creciente al desabastecimiento de alimentos vía la producción interna y la consecuente necesidad de importarlos. El país pasó de importar un total de 2 millones de toneladas métricas de alimentos en 2006 a cerca de 3,2 millones de toneladas métricas en 2013. Esto representa un crecimiento del 60% en la importación de alimentos.

La importación de alimentos, producto de la liberalización comercial y la firma de varios tratados de libre comercio, va de la mano de un acelerado proceso de desruralización, que se expresa no solo en la disminución del PIB de las actividades agrícolas (véase el gráfico 5), sino en la destrucción sistemática de las relaciones sociales y espaciales características de los espacios rurales colombianos. Aunque este fenómeno se observa desde la primera mitad del siglo XX, los últimos 20 años constituyen el período de mayor violencia política y económica, que se ha traducido en el despoblamiento de las zonas rurales del país, mediante la violencia directa sobre la población (desplazamiento y conflicto armado) y la violencia económica (que se cristaliza en el último período con la firma de los tratados de libre comercio). La implementación de esos tratados ha destruido lo poco que quedaba en el campo colombiano: se estima que la extensión de las tierras abandonadas como consecuencia del desplazamiento forzado y la violencia asciende a ocho millones de hectáreas[6] (González Posso, 2013, pág. 1).

Gráfico 4

Colombia: importación de alimentos, 2006-2013

(En toneladas métricas netas)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos del Boletín del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) [en línea] http://www.dane.gov.co/es/boletin [fecha de consulta: 16 de marzo de 2015].

Gráfico 5

Colombia: evolución de la participación porcentual de las actividades agrícolas en el PIB con respecto a la minería, 2000-2013

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Banco de la República [en línea] http://www.banrep.gov.co/es/pib [fecha de consulta: 27 de febrero de 2015].

Como política de Estado, la entrega de territorios a capitales transnacionales ha evolucionado desde los gobiernos de César Gaviria (1990-1994) y Ernesto Samper (1994-1998), durante los cuales se concedieron 1.700 títulos mineros, hasta los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), en los cuales se entregaron 7.800, sumando más de 15.000 títulos en los últimos años (véase el gráfico 6). El incremento en la exportación de minerales es evidente: mientras que las exportaciones de oro pasaron de 19 toneladas en 1998 a 47,8 toneladas en 2009, el volumen de carbón exportado aumentó de 38 kilotoneladas en 2000 a 72 kilotoneladas en 2009 (Toro, 2013). Ya durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos, el Plan Nacional de Desarrollo incluyó, dentro del esquema de inversiones 2010-2014, 15,50 billones de pesos para el sector agrícola y 102,75 billones de pesos para el sector de minas y energía, evidenciando la enorme brecha que se traza entre la producción de alimentos y la economía extractiva.

Gráfico 6

Colombia: evolución de la entrega de títulos mineros, 1990-2013

(En número de títulos)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de la Agencia Nacional de Minería (ANM).

Ahora bien, del total de títulos entregados entre 2002 y 2013, período en el que se concentró el mayor número de entregas y concesiones, el 65% corresponde a empresas extranjeras, el 23% a la industria nacional y el 12% restante a personas naturales o comunidades[7]. Esta estimación se basa en el número de títulos y su extensión. De esta manera se evidencia que las empresas extranjeras y las transnacionales han monopolizado las grandes explotaciones mineras en el país. La explotación minera a gran escala ha tomado el territorio nacional.

A diferencia de los títulos mineros (véase el gráfico 6), la concesión de bloques de explotación petrolífera cobró aún más impulso desde la implementación del Plan Colombia en 2001, alcanzó el auge en el año 2009 —cuando se otorgaron más de 7.000 concesiones— y luego disminuyó drásticamente junto con los precios internacionales del petróleo.

Las concesiones para la extracción de minerales y petróleo han ido a la par de la expulsión de más de siete millones de personas de sus tierras en los campos colombianos. El indicador de concentración de tierras en el período 1995-2010 llegó a ser el más alto del mundo: el coeficiente de Gini era 0,8479 (Rodríguez y Cepeda, 2011, pág. 40) para el conjunto del país, aunque en ciertas regiones superaba el 0,9, como en el caso de Córdoba y de algunas otras zonas de la costa del Caribe. Esto ocurrió porque el Estado y otros agentes sociales, tales como empresarios nacionales, terratenientes y capitalistas nacionales y extranjeros (algunos de ellos tradicionalmente excluidos de las dinámicas del capitalismo nacional[8]), obtuvieron el control territorial mediante estrategias de expropiación, desplazamiento forzado, constitución de ejércitos privados o grupos paramilitares, financiados con dinero del narcotráfico o de las mismas multinacionales que hoy enfrentan procesos por estos hechos (Drummond, BP, Oxi, entre otras). Esto prueba la aplicación en Colombia de lo que Harvey (2006) define como acumulación por desposesión: la captura de valores de uso que sin ser producto de las relaciones sociales capitalistas pueden ponerse a circular dentro del sistema mediante su mercantilización.

B. La acumulación de tierras en Colombia

Antes de establecer las relaciones espaciales entre el desplazamiento forzado y la concesión de bloques y títulos mineros, es necesario contextualizar el panorama de la propiedad de la tierra en Colombia. La estructura socioespacial de propiedad de la tierra en el país data de los tiempos de la colonia y las primeras décadas de vida republicana. Entre el siglo XIX y comienzos del XX, tiene lugar una lucha intensa entre las élites terratenientes ligadas al poder de la Iglesia y las élites urbanas menos retardatarias, que veían la dinámica económica de las excolonias inglesas como un ejemplo a seguir, con el propósito de incorporar a Colombia al comercio internacional como exportador de productos agrícolas, y cuestionaban el interés de las primeras en mantener la dinámica extractiva:

“Las luchas del siglo XIX en Colombia y en casi toda la América hispana fueron un reflejo de los intereses de los criollos que pretendían avanzar en dirección de la libertad económica y política, separar a la Iglesia del Estado y establecer el federalismo contra los que se empeñaban en defender el legado político y religioso hispánico y su tradición de centralismo político” (Kalmanovitz, 2008, pág. 227).

Colombia experimentó un incipiente proceso de inclusión en la economía internacional a finales del siglo XIX, conocido como “modelo de economía agroexportadora”. El primer gran producto agrícola de exportación internacional fue el tabaco, cuya producción llegó a su auge hacia 1860, junto a otros menos relevantes en ese período, tales como el añil, la quina y el café. Alrededor de 1890 comenzó el denominado ciclo del café, concentrado en esa época en la cordillera oriental, principalmente en los departamentos de Cundinamarca y Santander.

El desarrollo del modelo agroexportador generó dos condiciones que aún se observan en la dinámica rural en Colombia: la ampliación de la frontera agrícola y la acumulación de las mejores tierras por parte de los terratenientes y las élites políticas del momento. Este modelo, ligado fundamentalmente a la disposición y el uso de la tierra productiva, se configuró como uno de los puntos que dieron origen a los conflictos nunca resueltos sobre la propiedad de la tierra, contradicción que según algunos analistas está en la raíz de los conflictos contemporáneos en el país (Fajardo, 2002).

La tierra fue en esa época, y continúa siendo hasta hoy, un elemento de disputa y una herramienta para el ejercicio del poder. Desde siempre forma parte de los trofeos de quien gana la guerra, como indica esta cita sobre la guerra de independencia:

“Hubo además cambios importantes en la distribución de la propiedad agraria debido a la confiscación de las tierra de los realistas y, luego, al reparto de tierras entre las tropas de los ejércitos libertadores. Los soldados recibieron vales para ser cambiados por tierras, pero los caudillos y altos oficiales se los compraban por una fracción de su valor” (Kalmanovitz, 2008, pág. 215).

Es de esta manera que el proceso de concentración de la tierra en Colombia y su historia como elemento de propiedad simbolizan el poder y su ejercicio sobre un territorio, así como sobre los recursos y personas que allí se encuentran.

La actividad extractiva de la minería y la explotación de hidrocarburos está ligada directamente al uso de la tierra, a la posesión y el control de los territorios. Por esta razón era importante desde inicios de la década de 1990 continuar con la tarea de despoblar el campo: no solo había que sacar a los indígenas de las grandes extensiones de tierra con inmensas riquezas mineras que poseen en propiedad colectiva, sino también a los campesinos que poseían suelos ricos en recursos mineros.

Los datos aportados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) acerca del proceso de acumulación de tierras en Colombia ayudan a comprender la situación actual del país. La exhaustiva investigación del IGAC muestra el proceso gradual de acumulación y la desigualdad en la distribución como hechos evidentes desde mediados del siglo XX (IGAC/CORPOICA, 2002) (véase el cuadro 1).

Cuadro 1

Colombia: evolución de la propiedad de tierras rurales, 1960-2002

(En miles de hectáreas, miles de propietarios y porcentajes)

Volúmenes absolutos en miles de hectáreas y miles de propietarios

Año

1960

1970

1984

1997

2002

Tamaño

Hectáreas

Propietarios

Hectáreas

Propietarios

Hectáreas

Propietarios

Hectáreas

Propietarios

Hectáreas

Propietarios

Menos de 5

955,8

737,3

868,7

678,5

1 147,1

987,9

1 447,1

1 391,9

2 189,4

2 333,0

Entre 5 y 20

1 885,9

255,4

1 835,3

219,3

2 558,5

336,8

3 232,8

444,5

4 480,2

651,3

Entre 20 y 50

1 957,1

74,6

2 213,8

84,2

3 193,1

136,0

3 810,4

170,9

5 623,1

254,3

Entre 50 y 200

3 815,5

52,3

4 363,2

60,2

6 430,3

96,6

6 758,9

117,3

10 360,5

170,2

Entre 200 y 500

2 674,8

11,5

3 036,4

13,2

3 714,3

19,0

3 329,5

19,1

5 289,2

30,8

Más de 500

4 606,4

4,8

5 054,7

5,4

5 189,7

6,7

6 408,6

5,7

24 254,1

13,9

Total

15 895,5

1 135,9

17 372,1

1 060,8

22 233,0

1 583,0

24 987,3

2 149,4

52 196,5

3 453,5

Porcentajes

Menos de 5

6,0

64,9

5,0

64,0

5,2

62,4

5,8

64,8

4,2

67,6

Entre 5 y 20

11,9

22,5

10,6

20,7

11,5

21,3

12,9

20,7

8,6

18,9

Entre 20 y 50

12,3

6,6

12,7

7,9

14,4

8,6

15,2

8,0

10,8

7,4

Entre 50 y 200

24,0

4,6

25,1

5,7

28,9

6,1

27,0

5,5

19,8

4,9

Entre 200 y 500

16,8

1,0

17,5

1,2

16,7

1,2

13,3

0,9

10,1

0,9

Más de 500

29,0

0,4

29,1

0,5

23,3

0,4

25,6

0,3

46,5

0,4

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 2012.

Es muy interesante observar que los porcentajes se mantienen relativamente equilibrados durante los cinco años de corte. Aunque de 1960 a 1997 se registran solamente pequeñas variaciones, en 2002, los predios de más de 500.000 hectáreas pasaron de representar entre el 23% y el 29% del total de la tierra al 46,5%. Este aumento se dio a expensas de los demás tamaños, que, sin excepción alguna, perdieron representación entre 1997 y 2002. El porcentaje de propietarios de los predios más grandes no se modificó a lo largo del período estudiado. Esto es una evidencia contundente de la exacerbación del proceso de acumulación entre 1997 y 2002, un período caracterizado por la gran violencia y el desplazamiento de la población rural.

En el gráfico 7 se puede apreciar la extrema desigualdad en la distribución de la propiedad de la tierra, producto de los procesos geohistóricos ya mencionados: el 67,6% de los propietarios posee solamente el 4,2% de la tierra, es decir, 2.189.400 hectáreas en manos de 2.333.000 propietarios, mientras que el 0,4% posee el 46,5% de la tierra, que equivale a decir que 24.254.100 hectáreas están en manos de 13.900 propietarios. No se puede analizar el desplazamiento como una consecuencia o un efecto colateral de las acciones de los actores armados: no es un “efecto” del conflicto sino un arma de guerra y una estrategia de acumulación económica (Molano, 1996).

Gráfico 7

Colombia: distribución de la tierra rural entre 1960 y 2002

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 2012.

C. El desplazamiento forzado como estrategia para la acumulación por desposesión

Comprender la acumulación por desposesión como una forma de acrecentar la ganancia ampliando los espacios del capital (Lefevre, 1976; Harvey, 2012) permite entender el desplazamiento forzado de millones de campesinos colombianos, a los que se expropiaron las tierras hoy destinadas a grandes proyectos mineros o agrícolas de monocultivos, que aplastan la pequeña producción alimentaria del campesino y lo obligan a ser un obrero agrícola —lo proletarizan— o un desplazado en las grandes ciudades.

“El “ajuste” espacio-temporal, por otra parte, es una metáfora de las soluciones a las crisis capitalistas a través del aplazamiento temporal y la expansión geográfica. La producción del espacio, la organización de nuevas divisiones territoriales de trabajo, la apertura de nuevos y más baratos complejos de recursos, de nuevos espacios dinámicos de acumulación de capital y de penetración de relaciones sociales y arreglos institucionales capitalistas (reglas contractuales y esquemas de propiedad privada) en formaciones sociales preexistentes brindan diversos modos de absorber los excedentes de capital y trabajo existentes. Sin embargo, estas expansiones, reorganizaciones y reconstrucciones geográficas a menudo amenazan los valores fijados en un sitio que aún no han sido realizados” (Harvey, 2006, pág. 102).

Así, la presencia de las grandes empresas multinacionales explotadoras de materias primas son una de las estrategias de expansión geográfica en busca de nuevos recursos naturales, humanos y territoriales, que permitan solventar las crisis de sobreacumulación y obtener elementos necesarios para la producción industrial, principalmente minerales exóticos requeridos hoy por la industria tecnológica.

En el caso colombiano, las fuerzas violentas que empujan a la población a abandonar su territorio, a migrar de manera forzada, son aquellas ligadas a los intereses económicos. Es por ello que las zonas de mayor desplazamiento forzado son los territorios con mayores reservas de recursos naturales y energéticos. En ese sentido:

“el análisis cuantitativo y geográfico permitió reconocer las regiones de mayor expulsión; diez zonas se identificaron como tales: Urabá, Magdalena Medio, Zona Bananera, frontera con Ecuador, Los Montes de María, frontera con Venezuela, región Andina, piedemonte llanero, Pacífico central y Pacífico sur. Las mencionadas zonas expulsoras se caracterizan por tener en su territorio recursos naturales, ser regiones de explotación agroindustrial, encontrarse ubicadas en espacios estratégicos del territorio nacional, como son el centro del país, los golfos y las zonas de frontera. No son los territorios más pobres los de nivel de expulsión, sin embargo, sí es la población más vulnerable la que se ve obligada a salir” (Ruiz, 2013, pág. 331).

El desplazamiento durante las dos últimas décadas de más de seis millones de personas, en un 90% procedentes de zonas rurales, hace que los grupos víctimas de la acumulación por desposesión se caractericen por altos niveles de pobreza y vulnerabilidad social, debido al desarraigo y despojo de su tierra, así como a la pérdida de sus familiares. Por ello:

“El desplazamiento forzado como movimiento migratorio está determinado por las fuerzas de expulsión, es decir, las fuerzas que obligan a migrar están en el lugar de origen y no en los posibles atractivos que ofrecen los sitios de llegada. El carácter forzado de la movilidad poblacional le da una connotación particular frente a otro tipo de migración; es una migración no voluntaria, no determinada por la oferta de mejores condiciones laborales o sociales, es un desplazamiento forzado por las condiciones de violencia que se desarrollan en el territorio donde se habita permanentemente” (Ruiz, 2013, pág. 47).

De acuerdo con las cifras oficiales, en 2012 existían en Colombia 5.056.128[9] registros de personas que habían sido obligadas a salir de su territorio habitual de vivienda en los 1.114 municipios del país. Aunque es una cifra muy elevada, que hace de Colombia el segundo país de mayor desplazamiento interno en el mundo, no muestra en su totalidad la magnitud de la crisis humanitaria pues se trata de un dato aproximado. Nunca en la historia del país se logrará saber cuántas personas fueron en realidad víctimas de esta forma de violencia, cuyos objetivos son el despoblamiento de amplias zonas rurales, la apropiación de inmensos territorios productivos, el control de espacios geoestratégicos y la transformación de las relaciones de producción en una amplia zona de la geografía nacional.

Se presentan a continuación los mapas correspondientes a las tasas de desplazamiento forzado durante 15 años en Colombia, analizadas por cortes de cuatro años. En los planos se observa con claridad el avance el fenómeno y su extensión en el territorio nacional (véase el mapa 1).

Entre 1997 y 2012 el proceso de desplazamiento dejó un saldo de más de cinco millones de personas obligadas a abandonar su espacio de vida, su territorio, y refugiarse en las grandes y medianas ciudades del país para tratar de reconstruir su vida. Las tasas de expulsión ratifican la teoría de que el desplazamiento abarca la totalidad del país y que dicho fenómeno se concentra en territorios poseedores de grandes riquezas naturales, sitios geoestratégicos y territorios de frontera. Los mapas del desplazamiento muestran esta condición (véase el mapa 1), dejando entrever también la progresividad del fenómeno. El período estudiado se dividió en cuatrienios para poder observar con claridad la forma en que el desplazamiento afectó de manera reiterada territorios estratégicos.

Mapa 1

Colombia: evolución de las tasas de desplazamiento, por cuatrienios, 1997-2011

(En número de personas desplazadas por cada 1.000 habitantes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos del Registro Único de Población Desplazada (RUPD) de Colombia.

Al consolidar el proceso de desplazamiento y construir las tasas generales relativas al período estudiado, se obtiene un mapa del país que refleja la condición de despojo y destierro a que fue sometida la población durante 15 años, en particular la población rural. Se observa también que las áreas de mayor impacto configuran regiones y corredores estratégicos ligados a las zonas de mayor riqueza en recursos naturales, regiones fronterizas y territorios de gran importancia geopolítica en el interior del país, como la región del Magdalena Medio y el sur de Bolívar (véase el mapa 2).

Al correlacionar espacialmente los mapas con las tasas municipales de desplazamiento forzado en el periodo 1997-2011 con las superficies entregadas en concesión para la explotación de diferentes productos minerales e hidrocarburos (véanse los mapas 3, 4 y 5) se observa que las relaciones más directas se dan entre las zonas de mayor expulsión y las áreas otorgadas para la extracción de oro y otros minerales metálicos. Aunque la correlación no es tan ubicua con respecto al carbón y los hidrocarburos, sí existe en determinados enclaves del país: el Magdalena Medio, la costa atlántica y algunos municipios de la Orinoquía en el caso del petróleo, y la Guajira y el Cesar en el caso del carbón.

Mapa 2

Colombia: tasas consolidadas de desplazamiento, 1997-2011

(En número de personas desplazadas por cada 1.000 habitantes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos del Registro Único de Población Desplazada (RUPD) de Colombia.

Mapa 3

Colombia: ocupación del territorio con títulos y explotaciones de carbón y municipios de mayor expulsión por desplazamiento forzado, 1997-2011

(En hectáreas y número de personas desplazadas por cada 1.000 habitantes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Agencia Nacional Minera y el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) de Colombia.

Mapa 4

Colombia: ocupación del territorio con títulos y explotaciones de oro y municipios de mayor expulsión por desplazamiento forzado, 1997-2011

(En hectáreas y número de personas desplazadas por cada 1.000 habitantes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Agencia Nacional Minera y el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) de Colombia.

Mapa 5

Colombia: ocupación del territorio con títulos y explotaciones de minerales metálicos y municipios de mayor expulsión por desplazamiento forzado, 1997-2011

(En hectáreas y número de personas desplazadas por cada 1.000 habitantes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Agencia Nacional Minera y el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) de Colombia.

Al establecer la correlación entre el territorio destinado a la explotación carbonífera y las tasas de desplazamiento forzado en las regiones que se dibujan en el mapa 3, se observa una importante correlación entre estas dos variables en territorios del centro del país: la subregión de Arauca, Boyacá y Santander presenta una altísima correlación, seguida por Casanare, que es un territorio aledaño (véase el cuadro 2).

Cuadro 2

Colombia: correlaciones entre variables seleccionadas en las subregiones productoras de carbón

Subregión productora de carbón

Entre la tasa de desplazamiento forzado y el área del municipio dedicada a la explotación minero-energética

Entre la tasa de desplazamiento forzado y el coeficiente de Gini

Entre el coeficiente de Gini y el área del municipio dedicada a la explotación de carbón

Entre el coeficiente de Gini y el área del municipio despojada a sus propietarios

Entre la tasa de desplazamiento forzado y el área del municipio despojada a sus propietarios

Caribe

0,012

0,021

0,098

0,007

0,103

Frontera con Venezuela (República Bolivariana de)

0,120

0,231

0,129

0,186

0,409

Urabá

0,248

0,123

0,017

0,052

0,253

Sur Occidente

0,013

0,046

0,015

0,050

0,158

Casanare, Boyacá

0,743

0,197

0,317

0,385

0,001

Magdalena Medio

0,037

0,706

0,154

0,064

0,010

Cundinamarca, Meta

0,005

0,001

0,001

0,001

0,228

Antioquia, Risaralda, Chocó

0,140

0,326

0,464

0,061

0,610

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Agencia Nacional Minera y el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) de Colombia.

El análisis de las relaciones que se establecen entre la explotación de oro, entendida como el número de títulos vigentes, y la dimensión del desplazamiento forzado, definido por las tasas totales, revela la existencia de subregiones que concentran municipios y conforman territorios unificados a partir de la expropiación, el desplazamiento y la minería. En el cuadro 3 se presenta el coeficiente de correlación en cada una de las subregiones emergentes, entre las que se destacan el sur de Bolívar y el nordeste antioqueño.

Las correlaciones más altas entre la explotación de minerales metálicos (con excepción del oro) y no metálicos y el desplazamiento forzado se encuentran en las costas atlántica y pacífica, los territorios de la cordillera central. La correlación más significativa se encuentra en la zona de la Guajira y los territorios del Chocó y el nordeste antioqueño (véase el cuadro 4).

Si a las correlaciones espaciales entre el desplazamiento forzado y las superficies concedidas mediante títulos mineros y bloques petroleros se añade una tercera variable, el coeficiente de Gini de tierras, es posible obtener un mapa aún más detallado de la acumulación por desposesión en los espacios rurales de Colombia.

Cuadro 3

Colombia: correlaciones entre variables seleccionadas en las subregiones productoras de oro

Subregión productora de oro

Entre la tasa de desplazamiento forzado y el área del municipio dedicada a la explotación minero-energética

Entre la tasa de desplazamiento forzado y el coeficiente de Gini

Entre el coeficiente de Gini y el área del municipio dedicada a la explotación de oro

Entre el coeficiente de Gini y el área del municipio despojada a sus propietarios

Entre la tasa de desplazamiento forzado y el área del municipio despojada a sus propietarios

Guajira, Norte de Cesar

0,258

0,238

-0,068

0,888

0,028

Cesar

0,485

0,712

0,320

0,981

0,515

Nororiente, norte de Santander y Santander

0,043

0,145

0,089

0,005

0,000

Sur de Bolívar

0,280

0,458

0,227

0,000

0,000

Oriente antioqueño

0,005

0,000

0,121

0,007

0,245

Noroeste Chocó, oeste antioqueño y Risaralda

0,004

0,000

0,051

0,003

0,223

Norte del Tolima y Quindío

0,164

0,148

0,074

0,000

0,018

Huila y sur del Tolima

0,003

0,018

0,011

0,004

0,079

Cauca

0,521

0,515

0,351

0,762

0,084

Nariño

0,000

0,008

0,011

0,191

0,267

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Agencia Nacional Minera y el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) de Colombia.

Cuadro 4

Colombia: correlaciones entre variables seleccionadas en las subregiones productoras de metales

Subregión productora de metales (metálicos distintos al oro y no metálicos)

Entre la tasa de desplazamiento forzado y el área del municipio dedicada a la explotación minero-energética

Entre la tasa de desplazamiento forzado y el coeficiente de Gini

Entre el coeficiente de Gini y el área del municipio dedicada a la explotación de metales

Entre el coeficiente de Gini y el área del municipio despojada a sus propietarios

Entre la tasa de desplazamiento forzado y el área del municipio despojada a sus propietarios

Noroeste: Chocó, Antioquia, Risaralda

0,122

0,003

0,022

0,000

0,084

Oriente antioqueño

0,009

0,000

0,231

0,008

0,276

Sur de Bolívar

0,042

0,189

0,094

0,014

0,008

Litoral atlántico norte

0,171

0,005

0,019

0,066

0,011

Litoral atlántico centro

0,040

0,454

0,344

0,006

0,409

Sudoeste: Valle, Cauca, Nariño, Putumayo

0,003

0,029

0,038

0,089

0,079

Huila

0,066

0,024

0,000

0,010

0,056

Santander

0,074

0,114

0,073

0,353

0,141

Cordillera oriental

0,002

0,069

0,000

0,199

0,342

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Agencia Nacional Minera y el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) de Colombia.

En el mapa 6 se evidencia que este último indicador es sumamente elevado en casi todas las regiones que presentan altos niveles desplazamiento y concesiones para la explotación de carbón. Si bien es una de las mayores zonas del país dedicadas a la explotación del carbón, la región andina (Boyacá, Cundinamarca) no presenta un alto indicador de desplazamiento, algo que sin embargo ocurre en la zona del Caribe y el centro del país.

Mapa 6

Colombia: subregiones de explotación de carbón y altos niveles de desplazamiento forzado, 1997-2011

(Coeficiente de Gini, hectáreas y número de personas desplazadas por cada 1.000 habitantes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Agencia Nacional Minera y el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) de Colombia.

En el mapa 7 se identifican 10 subregiones productoras de metales distintos del oro, que se encuentran distribuidas en todo el territorio nacional. Se observan bloques de explotación intensiva en departamentos como Chocó, el centro del país, la costa del Caribe y el área sudoccidental, regiones que también presentan altas tasas de desplazamiento forzado.

Mapa 7

Colombia: subregiones de explotación de metales y altos niveles de desplazamiento forzado, 1997-2011

(Coeficiente de Gini, hectáreas y número de personas desplazadas por cada 1.000 habitantes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Agencia Nacional Minera y el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) de Colombia.

Las subregiones se constituyen mediante parámetros geográficos, sociales y económicos y se basan en las características y problemáticas similares que esas zonas comparten. En el mapa 7 se indican los índices de Gini de propiedad rural y la ubicación de las explotaciones mineras en territorios de alta concentración de la propiedad rural y se muestra el total de los títulos de explotación de metales en el país.

La explotación del oro es una de las actividades mineras que mayor correlación presenta con el desplazamiento forzado en la geografía nacional (véase el mapa 8). La región de la cordillera central y el centro del país concentra el mayor volumen de títulos mineros y es a su vez una de las regiones de mayor concentración de la propiedad de la tierra rural productiva.

Mapa 8

Colombia: subregiones de explotación de oro y altos niveles de desplazamiento forzado, 1997-2011

(Coeficiente de Gini, hectáreas y número de personas desplazadas por cada 1.000 habitantes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Agencia Nacional Minera y el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) de Colombia.

D. A modo de conclusión parcial

Para concluir el análisis se identificaron los municipios en los que se realiza simultáneamente la explotación de oro, carbón y otros metales y se registran altos niveles de desplazamiento forzado. Tanto el desplazamiento como la explotación minero-energética rompen las fronteras político-administrativas de los territorios y configuran conglomerados de municipios que a su vez deben considerarse como regiones particulares, que tienen elementos comunes desde el punto de vista de las condiciones económicas, sociales, territoriales y particularmente del ejercicio de la violencia y la acumulación de tierras en el país.

La regionalización que muestra el mapa 9 es el resultado de un ejercicio de análisis a nivel de municipios que, sobre la base del Sistema de Información Geográfica, permitió visibilizar los conglomerados de municipios que a su vez conforman regiones. Existen municipios en los cuales se realiza la explotación minero-energética de más de un mineral y, de hecho, los títulos mineros prevén la explotación de todos los minerales que allí se hallen. Junto a los yacimientos de oro casi siempre existen yacimientos de platino, cobre y otros minerales que forman parte de la composición geológica de los suelos, en particular los andinos. Teniendo en cuenta esta condición, se realizó el ejercicio de constituir regiones e identificar en ellas los territorios, las riquezas, las violencias, las empresas explotadoras y los conflictos que allí se generan alrededor de la explotación minero-energética.

Se identificaron 12 regiones distribuidas en todo el país y se determinaron los municipios que las conforman, los recursos que allí se explotan y las correlaciones que se establecen al cruzar las tres variables analizadas —expulsores de población, productores minero-energéticos y coeficiente de Gini de acumulación de tierras.

Es importante resaltar el carácter exploratorio del presente trabajo y los aportes que se hacen al proceso de análisis espacial de un problema eminentemente socioeconómico. La metodología utilizada permitió explorar nuevas y novedosas aproximaciones que integran de manera eficaz las lecturas interdisciplinares de un problema actual y poco analizado en Colombia como la investigación de las repercusiones territoriales y sociales que tiene para el país la implantación del modelo extractivista como fundamento económico.

Al visualizar en el mapa las regiones emergentes, se aprecia la relación entre la geografía colombiana y la dinámica de los fenómenos sociales y económicos en el país. Se puede observar que las cordilleras y los valles interandinos se convierten en barreras o corredores de conectividad que determinan que los municipios compartan dinámicas y procesos de violencia similares. Se distinguen claramente los espacios de frontera que han sido territorios en disputa y se identifican las subregiones del Magdalena Medio y el sur de Bolívar toda vez que son escenarios de guerra y conflicto, en los cuales se expone a la población a múltiples violencias.

Se configuran corredores de mutua influencia que atraviesan el país de sur a norte y de oriente a occidente. Es interesante señalar que la zona del altiplano cundiboyacense y algunos municipios de Santander quedan fuera del análisis pues no presentan en su territorio las tres variables a la vez.

Mapa 9

Colombia: grandes regiones emergentes, 1997-2001

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Agencia Nacional Minera y el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) de Colombia.

La aglomeración de los municipios que conforman las regiones se hizo teniendo en cuenta la proximidad geográfica y el grupo que se forma al aparecer entre cada región espacios en blanco o fronteras naturales (ríos, cordilleras, grandes sabanas). Esto muestra relaciones de mutua influencia en las que factores contextuales, como las condiciones económicas, sociales y políticas, configuran relaciones compartidas que unifican a estos municipios como regiones.

Los resultados presentados son el punto de partida para el análisis regional que da continuidad a esta investigación sobre la minería y el desplazamiento forzado en Colombia. En la etapa siguiente se analizan las particularidades sociales, económicas y políticas que acompañan la actividad de exploración y explotación minero-energética en las regiones identificadas como de mayor correlación respecto de cada uno de los elementos analizados. En general se trata de las regiones del país donde se registran altos niveles de desplazamiento forzado y una intensa actividad minera. Se cierra el foco de observación e indagación y, trabajando de manera detallada sobre las 12 regiones identificadas, se examinan y ponen en evidencia las relaciones entre el desplazamiento, la explotación minero-energética y la acumulación por desposesión en el país en los últimos 20 años. Este tema se desarrolla en profundidad en el texto completo del trabajo de investigación que se publicará próximamente.

Bibliografía

Banco de la República (2014), “Deuda externa en Colombia. Boletín trimestral”, Bogotá, Subgerencia de Estudios Económicos, Sección de Sector Externo, enero [en línea] http://www.banrep.org/informes-economicos/ine_bol_deuex.htm.

Bello, M. (2006), “El desplazamiento forzado en Colombia: acumulación de capital y exclusión social”, Colombia: migraciones, transnacionalismo y desplazamiento, G. Ardila (ed.), Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.

Fajardo, D. (2002), “Migraciones internas, desplazamientos forzados y estructuras regionales”, Revista Palimpsesto, Nº 2.

González Posso, C. (2013), “La verdad de la Tierra: más de ocho millones de hectáreas abandonadas”, Razón Pública [en línea] http://www.razonpublica.com/.

Harvey, D. (2012), El enigma del capital y las crisis del capitalismo, Madrid, Akal.

____(2011), O neoliberalismo, historia e implicacoes, São Paulo, Edicoes Loyola, segunda edición.

____(2006), Spaces of Global Capitalism. Towards a Theory of Uneven Development, Nueva York, Verso.

____(1992), Los límites del capitalismo y la teoría marxista, Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica.

IGAC/CORPOICA (Instituto Geográfico Agustín Codazzi/Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria) (2002), Zonificación de los conflictos de uso de las tierras en Colombia, Bogotá.

Kalmanovitz, S. (2008), “Consecuencias económicas de la independencia en Colombia”, Revista de Economía Institucional, vol. 10, Nº 19, Bogotá.

Lefebvre, H. (1976), The Survival of Capitalism: Reproduction of the Relations of Production, Nueva York, St Martin’s Press.

Martínez Ortiz A. y J. A. Ocampo (2011), Hacia una política industrial de nueva generación para Colombia, Bogotá, Coalición para la Promoción de la Industria Colombiana.

Marx, K. (1976) [1867], El capital, tomo I, Bogotá, Fondo de Cultura Económica.

Molano, A. (1996), “Desplazados y problema agrario”, ponencia presentada en el Octavo Foro Nacional Paz, Democracia, Justicia y Desarrollo, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Bogotá, 11 a 13 de julio.

Robledo, J. E. (2007), “La globalización neoliberal niega la democracia”, Filosofía y teorías políticas entre la crítica y la utopía, G. Hoyos Vásquez, Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

Rodríguez, D. y E. Cepeda (2011), “Concentración de la tierra en Colombia”, Comunicaciones en Estadística, vol. 4, Nº 1, Universidad Santo Tomás, junio.

Ruiz, N. (2013), El desplazamiento forzado en Colombia. Población, territorio y violencia, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.

____(2004), “Desplazamiento forzado en Colombia 2000-2004. Aportes teóricos, análisis demográfico y territorial”, Desplazamiento, movilidad y retorno en Colombia. Dinámicas migratorias recientes, N. Ruiz y otros (eds.), Bogotá, Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social (CIDS), Universidad Externado de Colombia.

Salcedo, A. (2006), “Políticas de la movilidad y la diferencia: migraciones y desplazamiento”, Colombia: migraciones, transnacionalismo y desplazamiento, G. Ardila (ed.), Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.

Smith, N. (2008), Uneven Development. Nature, Capital and the Production of Space, Athens, Georgia University Press, tercera edición.

Toro, C. y otros (coords.) (2013), Minería, territorio y conflicto en Colombia, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.

USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos), Foreign Agricultural Service [en línea] http://www.fas.usda.gov/gats/default.aspx.

[1] El presente artículo se basa en la investigación “La relación entre el desplazamiento forzado, la minería y las geografías de acumulación por desposesión en los últimos 20 años en Colombia”.

[2] Psicóloga, Doctora en Demografía, Maestra en Estudios de Población y en Psicología Comunitaria. Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en Geografía Humana. Profesora Asociada en dedicación exclusiva de la Universidad Nacional de Colombia. Correo electrónico: nyruizr@unal.edu.co.

[3] Geógrafo, Magíster en Geografía y candidato a doctor en Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Correo electrónico: ldsantana@uc.cl.

[4] Es una carta de navegación política de recuperación territorial y económica de los espacios periféricos dominados por la insurgencia.

[5] Es un plan que institucionalizó la minería como política nacional prioritaria de desarrollo económico.

[6] En el consolidado con corte al 20 de diciembre de 2010, el Programa de Protección de Tierras y Patrimonio (PPTP) informa que cuenta con registros detallados desde 2004 a 2010, que se conocen como Registro Único de Población Desplazada (RUPD) y Registro Único de Protección de Tierras Abandonadas (RUPTA), y formularios que permiten extraer información para el período 1995-2004. La depuración de los datos les permite afirmar que han identificado ya 270.680 predios que suman 6.556.978 hectáreas, a los cuales se pueden sumar otras 1,5 millones de hectáreas que se soportan en los formularios anteriores a 2004. Esas dos cifras llevan a un total de 8.056.978 hectáreas abandonadas por desplazamiento forzado, según los registros oficiales de los últimos 15 años. Son cerca de 280.000 predios que equivalen al 10% del total de predios que conforman la base catastral del país.

[7] Cifras obtenidas mediante el análisis de la base de datos de la Agencia Nacional de Minería (ANM) de Colombia [fecha de consulta: 16 de junio de 2014].

[8] Algunos de ellos controlados por las guerrillas. Incluso en algunas zonas de colonización agraria la guerrilla ha desempeñado el papel del Estado. El conflicto de las dos últimas décadas ha estado ligado a la recuperación de las regiones periféricas por parte del Estado: la costa del Pacífico, parte de la Amazonia, la Orinoquía y algunas áreas de la costa atlántica.

[9] Datos de desplazamiento forzado del Sistema de Información sobre Población Desplazada por la Violencia en Colombia (2012).

Envejecimiento demográfico y cambios en la transición a la vejez en el Brasil: pasado, presente y futuro

Carolina A. Guidotti Gonzalez[1]

Recibido: 21/01/2016

Aceptado: 05/03/2016

Resumen

En el contexto del envejecimiento de la población brasileña, el objetivo de este trabajo consiste en describir las características de la transición a la vejez de hombres y mujeres haciendo hincapié en tres áreas específicas: la esfera doméstica, las condiciones de salud y la condición de actividad económica. A partir de la perspectiva teórica del curso de vida, se concibe a la población de edad avanzada como un grupo heterogéneo y se sostiene la hipótesis de que el aumento de dicha heterogeneidad en las últimas décadas estaría diversificando la experiencia de envejecer. En el artículo se presenta una caracterización histórica de la trayectoria de la población de diferentes generaciones, nacidas desde el comienzo del siglo pasado (que son o serán adultos mayores en la próxima década) y se utiliza el análisis de entropía para medir la heterogeneidad de la población adulta y de edad avanzada, sobre la base de datos de la Encuesta Nacional de Hogares de 1998 y 2008. El análisis subraya la manera en que los cambios en el contexto demográfico, político, económico y sociocultural inciden en las formas de envejecer de la población y las modifican.

Palabras clave: Envejecimiento Poblacional, Transición a la Vejez, Curso de Vida, Generaciones, Análisis de Entropía.

Abstract

Against the backdrop of an ageing Brazilian population, this article describes the transition to old age for men and women, focusing on three specific areas: the home, health and economic activity. From a theoretical life-cycle perspective, we argue that the fact of having become a more heterogeneous group over the past few decades is changing the ageing experience for older persons. This article presents the historical population trajectory for different generations born since the early twentieth century (who are or will be older persons in the next decade) and we use an entropy analysis to measure heterogeneity in adults and older persons based on data from the National Household Surveys of 1998 and 2008. The analysis highlights the way in which demographic, political, economic and sociocultural changes influence and modify forms of ageing.

Keywords: population ageing, transition to old age, life cycle, generations, entropy analysis.

Résumé

Dans un contexte de vieillissement de la population brésilienne, l’objectif de ce travail consiste à décrire les caractéristiques des transitions vers la vieillesse des hommes et des femmes, en soulignant trois domaines en particulier: la sphère domestique, les conditions de santé et la situation de l’activité économique. Depuis la perspective théorique du parcours de vie, on conçoit la population d’un âge avancé comme un groupe hétérogène et l’hypothèse est que l’augmentation de cette hétérogénéité dans les dernières décennies créera des diversifications dans l’expérience du vieillissement. Cet article met en avant une caractéristique historique de la trajectoire de la population de différentes générations, nées depuis le début du siècle passé (qui sont ou seront des personnes âgées dans la prochaine décennie) et l’utilisation de la méthode d’entropie pour mesurer l’hétérogénéité de la population adulte et d’âge avancé, sur la base de données de l’Enquête nationale sur les ménages de 1998 et 2008. L’analyse souligne la manière dont les changements du contexte démographique, politique, économique et socioculturel agissent sur la vieillesse de la population et la modifient.

Mots-clés: vieillissement de la population, transition vers la vieillesse, cours de la vie, générations, analyse d’entropie.

Introducción

Cuando se habla de población adulta mayor, generalmente se hace referencia a las personas con 60 o 65 y más años de edad. Con el considerable aumento de la esperanza de vida que se ha producido en América Latina desde el siglo pasado, el número de personas que llega a edades avanzadas es cada vez mayor. Por una parte, la reducción de la mortalidad infantil permite que un mayor contingente de personas llegue a edades adultas y, por otra, las mejoras en la calidad de vida y los avances en la tecnología médica contribuyen a prolongar cada vez más la vida de esas personas.

En el Brasil, en el año 2010, la esperanza de vida al nacer era de 69,7 años para la población masculina y 77,3 años para la población femenina. A los 60 años, los hombres tenían una esperanza de vida media de 19,6 años más, mientras que en el caso de las mujeres de la misma edad esa cifra ascendía a 23 años[2]. Por consiguiente, la amplitud media del intervalo etario de la vejez en el país es de aproximadamente 20 años, y puede llegar a ser bastante mayor aún en el caso de las personas o los grupos sociales más longevos. Comparada con otras etapas de la vida, como la infancia, la adolescencia o la juventud, la vejez aparece como una etapa muy extensa que, en consecuencia, puede designar grupos bastante heterogéneos.

Debido a cambios en la estructura etaria, el país ha experimentado —y continuará experimentando en las próximas décadas— un rápido proceso de envejecimiento de la población. De acuerdo con el Censo Demográfico y las proyecciones, la población brasileña de 60 años o más era de aproximadamente 14 millones de habitantes (8%) en 2000 y de 20 millones (10%) en 2010[3]. Sobre la base de la inercia demográfica e hipótesis de mortalidad y fecundidad, se prevé que en 2050 este grupo superará los 65 millones de personas, que representarán cerca del 30% de la población total.

Debido a que la esperanza de vida es mayor para las mujeres que para los hombres, el número de mujeres de edad avanzada tiende a ser más elevado a medida que la población envejece. Según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), mientras que en 1970 había 95 hombres de 60 y más años cada 100 mujeres en ese grupo etario, esa relación cambió a 80 hombres cada 100 mujeres en 2010. A su vez, dentro del grupo considerado de edad avanzada, la mayor tasa de crecimiento anual corresponde a las personas mayores de 80 años.

Ambos procesos —el aumento de la proporción de personas de edad avanzada y la extensión del tiempo de vida— suponen transformaciones importantes que reconfiguran el mapa etario del Brasil y, a su vez, derivan en cambios sociales, culturales, económicos y políticos. Tanto las prácticas como el propio significado de “ser adulto mayor” se modifican en ese proceso. Del conjunto de cambios que afectaron a la población brasileña en las últimas décadas, cabe mencionar en primer lugar algunos cambios demográficos: la disminución de la fecundidad y de la mortalidad y el aumento de los años que se puede esperar vivir repercutieron socialmente en la modificación de las percepciones sobre los estilos de vida e influyeron en la estructuración del curso de vida. Esto se tradujo en la extensión de los años de la adolescencia y la juventud, y en nuevas formas de vivir los años de la madurez y la vejez. Por otra parte, los cambios en la fecundidad y en los patrones de nupcialidad fomentaron la creación de formas familiares diversas y la conformación de nuevos tipos de hogar. Junto a la familia, cambiaron también las estrategias de los individuos para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad y se modificó el equilibrio de la interacción entre la familia, el Estado y el mercado con respecto a la prestación de cuidados. La variación en el tamaño de las cohortes[4] que llegan a edades avanzadas —que aumentó con el correr de los años— puede influir también en las formas de vida y sociabilidad y alterar las percepciones y actitudes con respecto a la vejez.

En segundo lugar, es importante señalar el papel de la implementación de determinadas políticas públicas que permitieron el acceso masivo de la población al sistema educativo, a un sistema de salud con vocación universalista y a la seguridad social. Este conjunto de cambios —entre otros, como los del contexto económico, político y social— define experiencias y trayectorias diferenciadas para la población nacida en momentos históricos distintos, provocando efectos diferenciales en las condiciones de salud, bienestar y autonomía de la población de edad avanzada de distintas cohortes de nacimiento. Además de esas diferencias, persisten desigualdades —socioeconómicas, de género o de raza, por ejemplo— que se acumulan durante el curso de vida de las personas e imprimen características distintas a individuos de una misma cohorte o de cohortes diferentes, aumentando la heterogeneidad de la población de adultos mayores.

A. Categorías etarias y perspectiva del curso de vida

El criterio más utilizado en la medición de las etapas de la vida es la edad cronológica de los individuos. Sin embargo, el corte que define el ingreso a la vejez es siempre arbitrario y objeto de discusión. Por lo general, la vejez “burocrática” —aquella orientada a cuantificar el fenómeno— está delimitada por las edades de jubilación tradicionales (Filardo y Muñoz, 2002). La Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, convocada por las Naciones Unidas en Viena en 1982, definió la tercera edad a partir de los 60 años o más. La Organización Mundial de la Salud (OMS) hace una distinción entre países desarrollados y en desarrollo: en los primeros, se considera de edad avanzada a la población de 65 años o más, mientras que, en los últimos, ese criterio cambia a 60 años o más. En el Brasil se considera adultos mayores a todos los habitantes de 60 años o más, tal como se define en el marco legal de la política nacional del adulto mayor (Política Nacional do Idoso) y el estatuto del adulto mayor (Estatuto do Idoso).

No obstante, las categorías de edad que delimitan las principales etapas de la vida de los individuos (infancia, juventud, adultez, vejez) pueden verse, desde una perspectiva sociológica, como nociones dinámicas, relacionales y construidas en el tiempo y el espacio. De acuerdo con Filardo y Muñoz (2002), al abandonar las nociones sustancialistas, la variable sexo ha sufrido un mayor desarrollo teórico que la variable edad, a partir de la construcción del concepto de género. Esto permitió formular interpretaciones que no se basaran en la noción de sexo, sino en la construcción social de la identidad sexuada: en ese sentido, los análisis no se redujeron a la dimensión estructural de la variable sexo, sino que tuvieron en cuenta también la construcción social que deriva del contenido significativo y simbólico que se le atribuye culturalmente. Un enfoque similar puede adoptarse para analizar las clases de edad, dando sustancia y contenido a lo que significa, en un espacio-tiempo determinado, ser un adulto, un niño o un adulto mayor (Filardo y Muñoz, 2002). En la constitución de las categorías de edad intervienen varios factores, como la educación, los papeles sociales, las transformaciones en la vida familiar y en el mercado de trabajo o la intención de modificarlas. En la medida en que se trata de una construcción, de una imagen o un imaginario, la idea de vejez o de juventud puede modificarse mediante estrategias que redefinan lo que significa ser joven o viejo (Filardo y Muñoz, 2002).

Así, al tratarse de construcciones sociales e históricas, las edades asociadas a las diferentes etapas de la vida varían de acuerdo con el modo en que la sociedad se estructura y organiza. Sobre la base de los trabajos de diversos autores, Debert (1999, pág. 73) distingue tres etapas sucesivas en la historia de la civilización, en que la importancia atribuida a la edad cronológica sería radicalmente distinta:

(...) la premodernidad, en la que la edad cronológica sería menos relevante que la situación de la familia en la determinación del grado de madurez y del control de recursos de poder; la modernidad, que se correspondería con una visión cronológica de la vida; y la posmodernidad, en la que operaría una desconstrucción del curso de la vida en nombre de un estilo unietario.

La institucionalización del curso de vida es una de las dimensiones fundamentales del proceso de individualización propio de la modernidad: se definieron claramente distintas etapas delimitadas por la edad cronológica. Esa institucionalización comprendía las dimensiones del mundo familiar y del mundo del trabajo, y se manifestaba tanto en la organización del sistema productivo, como en las instituciones educativas, el mercado de consumo y las políticas públicas que, cada vez más, se dirigirían a grupos etarios específicos (Debert, 1999).

En la esquematización del curso de vida de la era industrial se distinguen tres etapas claramente definidas, infancia-adolescencia, vida adulta y vejez, cuyos ejes o elementos centrales son, respectivamente, la educación, el trabajo y la jubilación. Al tener el curso de vida estructurado de esa manera, las personas de diferentes edades viven necesariamente diferentes experiencias (Vieira y Miret, 2009). En la explicitación de los motivos que llevaron a la visión cronológica de la vida se puede hacer hincapié en diferentes procesos e instituciones. Por una parte, puede atribuirse a los cambios económicos, específicamente a la transición de una economía basada en la dimensión doméstica a otra basada en el mercado de trabajo. Por otra, puede relacionarse con el papel del Estado moderno, que —en virtud de la transformación de temas anteriormente circunscritos a la esfera privada en cuestiones de orden público— regula las etapas desde el inicio hasta el final de la vida, pasando por las fases de escolarización, ingreso al mercado de trabajo y jubilación (Debert, 1999).

A fines del siglo XX e inicios del siglo XXI, la economía capitalista industrial cedió el lugar a la economía globalizada. Se habla del surgimiento de sociedades posmodernas, que de cierta forma subvierten el orden intrínseco a la fase anterior. En estas se flexibilizan los límites que separaban la juventud, la vida adulta y la vejez, así como las normas que indicaban el comportamiento adecuado para cada grupo de edad. En este nuevo contexto, personas de diferentes edades pueden estar pasando por las mismas experiencias. Por una parte, se disocian las diversas funciones propias de una etapa de la vida, de manera que es posible ejercer algunas de ellas sin necesidad de ejercer otras también asociadas a esa fase, y por otra, se desvincula la habilitación para desempeñar una función de su efectivo ejercicio (Vieira y Miret, 2009).

Entre las causas de los cambios en el curso de vida señaladas anteriormente se incluyen las siguientes: el prolongamiento de la vida, la mejora de las condiciones de vida en general y, sobre todo, de la salud y la autonomía física y mental, la denominada revolución electrónica, las transformaciones en el mercado laboral y en los modelos de relaciones afectivas (tales como matrimonios, disoluciones, nuevos matrimonios y otros tipos de unión) y el aumento de la escolaridad (Camarano, Mello y Kanso, 2006). En ese contexto, el objetivo de este trabajo es contribuir al debate sobre la diversificación del curso de vida de la población brasileña de edad avanzada. En particular, se examinan las características de las personas de edad avanzada y se procura responder a la pregunta: ¿cuáles son las características que distinguen a la población adulta mayor en este nuevo contexto sociohistórico?

B. Heterogeneidad entre personas de distintas cohortes de nacimiento en el Brasil: un panorama histórico

Pensar en el envejecimiento y la vejez es pensar, simultáneamente, en el pasado y en el futuro. Para considerar la etapa de la vejez como parte del curso de vida y entender su configuración actual, es importante conocer los efectos de los acontecimientos que tuvieron lugar en las primeras etapas de la vida de las personas. Al mismo tiempo, el análisis de los efectos de los cambios en el pasado proporciona una visión crítica y aguda sobre las posibles características de la población que llegará a la edad avanzada en las próximas décadas.

Para analizar la heterogeneidad de la población adulta mayor es importante comenzar por resaltar las diferencias que caracterizan a las distintas cohortes de nacimiento o generaciones, es decir, las diferencias entre las personas que nacieron en diferentes momentos históricos y vivieron acontecimientos políticos, sociales y económicos con diferentes edades, asumiendo que esas vivencias diferentes imprimen características diferenciales en las formas de envejecer. En el siglo pasado, la población brasileña experimentó importantes cambios en los ámbitos social, político, económico y demográfico, que imprimieron características distintas a las diferentes cohortes de nacimiento. Para realizar una aproximación a esas diferencias, en la próxima sección se describen los rasgos generales de tres cohortes de nacimiento separadas entre sí por una década: las cohortes conformadas por hombres y mujeres nacidos entre 1911 y 1920, entre 1931 y 1940 y entre 1951 y 1960.

1. Trayectoria de la población nacida entre 1911 y 1920

La población de esta cohorte tenía entre 78 y 87 años en 1998 y entre 88 y 97 años en 2008. Esta cohorte vivió importantes transformaciones económicas en la fase de la juventud, entre ellas la transición del patrón agrario exportador —de carácter eminentemente rural— al patrón urbano industrial, que generó importantes movimientos migratorios del campo a la ciudad y afectó a muchas familias.

Si bien la implementación de leyes de protección al trabajador significó una mejora en las condiciones laborales, solo una pequeña parte de los trabajadores tenía derecho a la seguridad social. Esta generación tuvo un acceso limitado al sistema educativo, que se tradujo en un alto porcentaje de analfabetos: la tasa de analfabetismo entre la población de 15 años o más era del 65% en 1920 y del 56% en 1940 (INEP, 2003). El patrón de fecundidad era elevado (más de 6 hijos por mujer) y la esperanza de vida media de la población no llegaba a los 40 años (Ansiliero, 2011).

Los miembros de esta generación tenían como máximo 7 años en la época de la Primera Guerra Mundial y entre 20 y 35 años en el período de la Segunda Guerra Mundial. En 1980, los sobrevivientes tenían edades comprendidas entre 60 y 69 años y resultaron favorecidos por el inicio de la implementación de políticas de renta vitalicia para adultos mayores pobres que hubieran trabajado y de la jubilación para trabajadores rurales. A una edad bastante avanzada, esta generación asistió a la reorganización del sistema de previsión social y se benefició de los cambios aprobados en la Constitución de 1988, como el derecho a la protección social y la asistencia sanitaria universal, que se implementarían en el correr de la década siguiente. Con edades entre 74 y 83 años, los sobrevivientes vivieron el comienzo de las iniciativas de políticas públicas orientadas a la población de edad avanzada, como la política nacional del adulto mayor.

2. Trayectoria de la población nacida entre 1931 y 1940

Las personas de esta cohorte tenían entre 58 y 67 años en 1998 y entre 68 y 87 años en 2008. Esta cohorte tuvo mayor acceso al sistema educativo que aquellas que la precedieron. El sistema formal de enseñanza comenzó a expandirse a medida que se producía la transición a una economía industrial, durante el período de Vargas. Cuando tenían entre 30 y 39 años, los miembros de esta generación asistieron a la implementación legal de la educación para adultos, que proporcionó la posibilidad de avanzar o concluir la educación formal básica. Asimismo, cuando se encontraban en edades de trabajar, vivieron una importante fase de prosperidad económica.

Con edades comprendidas entre 24 y 34 años atravesaron el período de la dictadura militar. Los sobrevivientes de esta generación cumplieron 60 años entre 1990 y 2000. Es a partir de esos años que, tanto a nivel nacional como regional, crece el interés por el envejecimiento de la población y aumentan considerablemente las iniciativas públicas dirigidas a la población de edad avanzada, luego de la aprobación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento en 2002 y del estatuto del adulto mayor en el Brasil en 2003.

Con edades entre 55 y 65 años, los sobrevivientes de esta generación (que eran más de 5 millones en 2000) vivieron el comienzo de una notable expansión del sistema de seguridad social y se beneficiaron de la normativa aprobada en la década de 1990, incluidas la introducción de la jubilación por tiempo de servicio proporcional para la mujer, la ampliación de la población destinataria de beneficios de jubilación para trabajadores rurales y la implementación del Beneficio de Prestación Continuada.

3. Trayectoria de la población nacida entre 1951 y 1960

La cohorte más joven tenía entre 38 y 47 años en 1998 y entre 48 y 57 años en 2008. Sus integrantes vivieron una época de expansión del sistema educativo: cuando alcanzaron las edades de ingreso al sistema de educación primaria esta pasó a ser obligatoria y a partir de 1971 el carácter obligatorio se extendió a los primeros ocho años de educación. Esto aumentó significativamente el acceso, en particular para la población femenina. Sin embargo, fueron las generaciones siguientes las que vivieron la reforma educativa de 1971, cuando se produjo un ingreso masivo al sistema de educación básica. Los nacidos entre 1951 y 1960 vivieron los años del gobierno militar cuando tenían entre 4 y 34 años.

Cuando esta cohorte alcanzó edades reproductivas, la difusión de los métodos anticonceptivos modernos (entre ellos la píldora) formaba parte de las políticas internacionales dirigidas a reducir la tasa de crecimiento poblacional en los países en desarrollo. Algunos investigadores incluyen a esta cohorte en la “generación de la píldora”[5] (Pedro, 2003). El patrón de fecundidad total sufrió una reducción considerable, al pasar de cerca de 6 hijos por mujer en 1960, a 4,3 hijos por mujer en 1980 y a 2,9 hijos por mujer en 1991 (los integrantes de la cohorte tenían entre 20 y 29 años en 1981 y entre 31 y 40 años en 1991). La esperanza de vida al nacer había aumentado considerablemente con respecto a las generaciones anteriores, superando los 50 años. Además del marcado descenso de la fecundidad y el crecimiento de la escolarización femenina, al alcanzar la edad productiva esta cohorte experimentó (e impulsó) una notable expansión de la participación femenina en el mercado de trabajo, acompañada por la reducción de la informalidad hasta mediados de la década de 1980. Inmediatamente después, esta misma generación vivió el proceso de precarización del mercado de trabajo y bajas tasas de crecimiento económico hasta fines de la década de 1990 (con edades entre 30 y 49 años). Los integrantes de esta cohorte fueron testigos de la creación del Sistema Único de Salud (SUS) y, al llegar a edades adultas (entre 45 y 55 años), asistieron al proceso de fuerte ampliación de su cobertura.

Las personas de este grupo experimentaron la expansión de los beneficios de la seguridad social y comenzaron a alcanzar las edades de jubilación en un contexto de cobertura elevada. Los sobrevivientes llegaron a edades próximas a los 60 años en un escenario político y social que manifestaba mayor interés en la vejez y en el que las políticas públicas y las iniciativas privadas incorporaron algunas de las directrices del paradigma del envejecimiento activo. A partir de la década de 2000 comenzaron a registrarse cambios en las imágenes tradicionales de la vejez en los medios de comunicación y el fenómeno pasó a discutirse con mayor énfasis en la esfera de las políticas públicas y del mundo académico. Se implementaron y reforzaron políticas orientadas a mejorar tanto las condiciones de salud y la integración social de la población de edad avanzada como los cuidados ofrecidos.

C. La técnica del análisis de entropía

Entre los estudios que consideran el curso de vida de forma holística, contemplando e integrando diferentes eventos de las trayectorias de los individuos y grupos de individuos, se encuentran los estudios de la transición a la vida adulta. Estos se concentran en el pasaje del período de la infancia al estado adulto, teniendo en cuenta los diferentes marcos transicionales, la duración de la transición y sus significados. En general, los trabajos sobre transición a la vida adulta que adoptan este enfoque procesual contemplan los pasajes en el ámbito escolar y laboral, el surgimiento de nuevos estilos de vida, las variadas formas de ingreso en la vida adulta, la organización y la composición de las familias y los hogares (Vieira, 2009). Estos estudios se beneficiaron del desarrollo de innovaciones metodológicas que permiten una nueva mirada sobre el curso de la vida en su conjunto. Una de las técnicas que apoyan este tipo de estudios es el análisis de entropía.

La entropía es un concepto originario de la termodinámica, que posteriormente se utilizó en otras áreas del conocimiento como la economía y las ciencias de la información. En las formulaciones iniciales del concepto, la entropía se consideraba como una medida de transformación o una medida de desorden (Rocha, Rausch y Hein, 2012). En 1972, Theil amplió el campo de aplicación de esa técnica a las ciencias sociales, al mostrar que los resultados generados a partir de ella podrían contribuir a la explicación de procesos sociales. En el campo de la demografía el concepto de entropía se ha utilizado para medir la dispersión de la función de maternidad y la convexidad de las distribuciones de mortalidad y fecundidad (Demétrius, 1979). El índice de entropía de Theil se ha empleado en el análisis de la segregación residencial (Nieves-Ayala, 2012), así como en estudios de la transición a la vida adulta (Fussell, 2006 y Vieira, 2009).

El análisis de entropía es una técnica de descomposición. Dada una totalidad, se procura revelar los componentes del todo y la entropía constituye una medida de su segmentación, es decir, de su grado de división interna. En ese sentido, es también una medida de heterogeneidad. Cuanto mayor es la entropía, mayor es la complejidad de un fenómeno (Vieira, 2009). Tal como se utiliza en este trabajo, el análisis de entropía sirve principalmente para medir el nivel de fragmentación de un grupo en función de las experiencias a las que está expuesto o, en otras palabras, mide la diversificación o heterogeneidad de un grupo considerando diferentes combinaciones de estatus. Desde el punto de vista de su potencial explicativo, la técnica sirve para medir diferencias en el momento en que ocurren determinados eventos a lo largo de la vida —como la transición a la vida adulta o a la vejez—, mediante la comparación de cohortes sintéticas tomadas de censos o encuestas de hogares que describan momentos históricos distintos. Asimismo, permite la comparación de la experiencia de las transiciones entre diferentes subgrupos de una misma cohorte sintética, mediante el análisis de divisiones basadas en el sexo u otras variables que resulten de interés.

La entropía es una medida de información esperada (en este caso, cierta combinación de estatus) y tiene dos componentes: información observada y predicha. La fórmula para el cálculo del índice de entropía es la siguiente:

(1)

Donde, S indica una determinada combinación de estatus a una edad x y ps es la proporción de la población de esa edad en la combinación de estatus S. El cálculo de la entropía se obtiene por el producto de la proporción de la población de la edad x en la combinación de estatus considerada por el logaritmo natural de la probabilidad inversa de esa misma proporción. Cuanto menos común es una combinación particular de estatus, más informa esta sobre la heterogeneidad de la población observada. El sumatorio de esas medidas, que tiene en cuenta cada combinación de estatus posible para la población de cada edad específica, proporciona el índice de entropía general, que indica el grado de heterogeneidad de las combinaciones de estatus a cada edad (Fussell, 2006). La amplitud del índice de entropía general puede variar de 0, en caso de homogeneidad total (todos los individuos se concentran en una única combinación de estatus), a la entropía máxima (exactamente el mismo número de individuos en cada una de las combinaciones de estatus posibles). En consecuencia, el valor numérico de la entropía máxima depende del número de estatus que se están combinando. Así, para el cálculo de la entropía máxima es necesario conocer el número total de combinaciones de estatus posibles (Vieira, 2009), como se muestra en la ecuación 2, donde Cs indica el número de combinaciones de estatus utilizado:

(2)

Esto puede simplificarse en la siguiente expresión:

(3)

Para presentar esta magnitud de forma más intuitiva, Fussell (2006) sugiere su conversión en un porcentaje de la entropía máxima. Cuanto más se aproxime al 100%, mayor será la dispersión de los individuos en diferentes combinaciones de status. Por el contrario, cuanto más próxima a 0, mayor será la concentración de los individuos en pocas combinaciones de status y habrá, por consiguiente, una estructura menos diversa de situaciones asumidas por gran parte de las personas de esa edad (Vieira, 2009). La representación gráfica del índice de entropía como porcentaje de la entropía máxima, en un gráfico simple de líneas, permite identificar las edades en que aumenta o disminuye dicha diversidad.

Una segunda etapa del análisis presentado por Fussell (2006) consiste en la elaboración de una medida que permite conocer la distribución de cada uno de los estatus en la producción de heterogeneidad por edad, indicando los cambios de estatus más importantes en cada edad. Para ello se calcula nuevamente el índice eliminando un estatus cada vez. De ese modo se obtienen los índices reducidos de entropía (Er), con los cuales se calcula la heterogeneidad observada:

(4)

La heterogeneidad predicha ofrece un parámetro para evaluar los cambios en la heterogeneidad observada:

(5)

Cuando la heterogeneidad observada es mayor que la heterogeneidad predicha al eliminar uno de los estatus, se puede decir que la variable eliminada contribuye significativamente a incrementar la entropía. En otras palabras, el estatus eliminado representa una fuente importante de segmentación y heterogeneidad entre las personas de esa edad, en comparación con otros estatus (Vieira, 2009).

En la representación gráfica del índice se utilizaron medias móviles simples, con la finalidad de mitigar posibles fluctuaciones en edades específicas.

Los datos utilizados en el cálculo del análisis de entropía en este trabajo provienen de la Encuesta Nacional de Hogares[6] y el Suplemento sobre condiciones de salud, realizados en los años 1998, 2003 y 2008 por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE)

D. La medición de la transición a la vejez como proceso socialmente heterogéneo: el índice de entropía

Como reflejo de la interacción entre los cambios en el curso de la vida de los individuos y los cambios en el contexto histórico —que define experiencias distintas para las diferentes cohortes de nacimiento— se espera un aumento de la heterogeneidad en la vejez. Teniendo en cuenta las experiencias por las que atraviesan en la actualidad las personas de todos los grupos de edades, y no solamente las personas de edad avanzada, puede afirmarse que en las últimas décadas se han registrado cambios importantes.

La literatura sobre la transición a la vida adulta indica que ha habido un aumento de la heterogeneidad de la transición de la juventud a la adultez entre los años 1980 y 2000, así como un aplazamiento en el pasaje a la vida adulta, sobre todo entre los jóvenes pertenecientes a los estratos socioeconómicos más favorecidos. Eso incluye un incremento del tiempo que transcurre entre la salida de la casa de los padres y el matrimonio, el aumento de la superposición de los papeles sociales (como estudiar y trabajar) y de su reversibilidad e inestabilidad, así como la desarticulación de los diferentes papeles, que se vuelven difíciles de conciliar a lo largo de las trayectorias individuales en el curso de la vida (Vieira, 2009). Debido a que las condiciones sociales de las personas de diferentes edades están conectadas con las de personas de otros grupos de edad, los papeles y las posiciones de las personas adultas y mayores están relacionados con la condición social de niños, jóvenes y adultos, y por lo tanto, cambiando. En este trabajo se propone una forma de medir tales cambios.

El análisis que figura a continuación se concentra en mostrar una medida de la heterogeneidad (en función de un conjunto de características específicas) de la población de distintas edades en diferentes años. Esto permite determinar si en el correr de las últimas décadas hubo, para hombres y mujeres, cambios en la heterogeneidad de la población en diferentes edades, en función del grupo de características específicas examinadas.

El índice construido para este trabajo refleja diferencias entre personas de distintas cohortes de nacimiento, pero también diferencias socioeconómicas entre personas de la misma edad. Las variables aquí consideradas se refieren a cuatro dimensiones que pueden asociarse a condiciones de dependencia o autonomía:

•Tipo de configuración doméstica: distingue, por una parte, los hogares particulares de personas solas o con cónyuge y, por otra, los hogares particulares que incluyen hijos y otros familiares o no familiares.

•Proporción de los ingresos individuales en los ingresos del hogar: funciona como indicador de la capacidad económica con respecto a los demás miembros del hogar. Un valor superior al 50% significa que más de la mitad de los ingresos del hogar son percibidos por esa persona[7].

•Condición de actividad: separa la población económicamente activa en el año (ocupados y desocupados) de la población inactiva.

•Autodeclaración del estado de salud: distingue a las personas que declaran tener un estado de salud bueno o muy bueno de aquellas que declaran una salud regular, mala o muy mala[8].

A partir de las combinaciones de variables seleccionadas, la representación gráfica del índice de entropía muestra que entre 1998 y 2008 hubo una tendencia al aumento de la heterogeneidad de la población de más de 45 años. Dicho aumento fue más significativo en el caso de la población femenina. Esa mayor heterogeneidad es más evidente entre la población de hasta 70 años de edad (véase el gráfico 1).

Gráfico 1

Brasil: medias móviles del índice de entropía por sexo y edades simples, 1998 y 2008

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Encuesta Nacional de Hogares (PNAD), 1998 y 2008.

Entre los 45 y los 64 años de edad, los niveles de heterogeneidad de las mujeres eran mayores que los de los hombres. Sin embargo, esta situación se invertía al llegar a edades más avanzadas, sobre todo a partir del grupo de 64 años de edad. En otras palabras, a edades avanzadas, las mujeres tendieron a encuadrarse más que los hombres en determinados perfiles de acuerdo con la edad. No obstante, incluso en esas edades, el nivel de entropía todavía puede considerarse elevado, pues supera el 50% y muestra un considerable aumento entre 1998 y 2008.

En los grupos de ambos sexos, la entropía aumenta hasta las edades tradicionalmente consideradas como el inicio de la vejez (60 o 65 años) y disminuye a medida que avanza la edad. Entre 1998 y 2008, los valores máximos, es decir, las edades en que la heterogeneidad es más elevada, se modificaron en el caso de la población femenina, pasando de 63 a 59 años. No hubo cambios con respecto a los hombres en el período de estudio, pues la edad de máxima heterogeneidad se mantuvo en 66 años.

Cuando se analiza el peso aislado de cada uno de los estatus en la producción de heterogeneidad por grupo quinquenal de edad y sexo, se observa que la condición de salud autodeclarada es la principal fuente de diferenciación interna de la población, tanto femenina como masculina, en cualquier edad (véase el cuadro 1).

Cuadro 1

Brasil: variación en el índice de entropía debida a la exclusión de cada uno de los estatus por grupo de edad quinquenal, 1998 y 2008a

1998

45 a 49

50 a 54

55 a 59

60 a 64

65 a 69

70 a 74

75 a 79

80 y más

Hombres

Proporción de los ingresos de la persona en el hogar

34,1

30,3

26,5

23,9

21,3

20,5

20,1

20,8

Tipo de hogar

17,3

18,3

20,1

20,9

21,0

21,8

21,3

20,9

Condición de actividad

13,2

17,7

21,6

24,6

26,5

26,1

24,3

20,8

Autodeclaración del estado de salud

33,9

31,9

29,4

27,8

26,7

26,5

26,6

27,6

Mujeres

Proporción de los ingresos de la persona en el hogar

22,6

21,7

22,2

23,6

24,8

26,8

27,3

30,9

Tipo de hogar

14,0

16,9

20,3

22,6

23,6

24,8

25,0

26,1

Condición de actividad

29,4

29,5

27,7

24,9

21,7

18,5

15,7

14,2

Autodeclaración del estado de salud

31,6

30,4

28,4

27,2

27,4

27,3

27,8

33,2

2008

45 a 49

50 a 54

55 a 59

60 a 64

65 a 69

70 a 74

75 a 79

80 y más

Hombres

Proporción de los ingresos de la persona en el hogar

33,4

29,8

26,2

23,5

20,6

20,0

19,7

21,5

Tipo de hogar

21,6

22,2

22,2

22,5

22,2

21,9

22,3

22,4

Condición de actividad

10,8

15,2

20,7

24,2

26,4

25,3

24,2

19,2

Autodeclaración del estado de salud

31,7

30,2

28,3

26,9

26,5

26,7

26,7

30,2

Mujeres

Proporción de los ingresos de la persona en el hogar

23,9

22,8

23,4

23,9

25,6

26,4

26,4

27,8

Tipo de hogar

18,2

19,8

22,1

23,2

24,6

25,6

25,4

23,9

Condición de actividad

26,3

27,0

26,4

25,2

21,4

17,6

15,7

10,4

Autodeclaración del estado de salud

29,6

28,6

26,8

26,5

27,0

28,0

28,8

32,0

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Encuesta Nacional de Hogares (PNAD), 1998 y 2008.

a Los valores resaltados en negrita corresponden a los grupos de edades en que las variables funcionan como generadoras de heterogeneidad en el cálculo del índice de entropía.

En general, la autopercepción del estado de salud tiende a empeorar a medida que aumentan los años, principalmente para las mujeres. Esa diferencia se relaciona, en parte, con la mayor longevidad de la población femenina, que tiene más tiempo para experimentar dificultades en actividades funcionales o instrumentales de la vida diaria (Saad, 2003). Entre otros factores, esa longevidad se debe a que las mujeres utilizan los servicios de salud más que los hombres y desarrollan, en promedio, más hábitos preventivos que la población masculina. Sin embargo, entre 1998 y 2008 se registraron mejoras en la condición de salud autopercibida de la población de más de 45 años, que se reflejaron en el aumento de los encuestados que declaraban tener un estado de salud bueno o muy bueno. Entre otros factores, esto obedece a la ampliación de la cobertura del sistema de salud y a la implementación de programas dirigidos a la población de edad avanzada (véase el gráfico 2).

Gráfico 2

Brasil: distribución porcentual de hombres y mujeres que declaran tener un estado de salud bueno o muy bueno, por grupos de edad, 1998 y 2008

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Encuesta Nacional de Hogares (PNAD), 1998 y 2008.

En segundo lugar, la proporción de los ingresos individuales en los ingresos del hogar funciona como factor propulsor de la heterogeneidad entre las mujeres, a partir del grupo de 70 a 74 años en 1998 y a partir del grupo de 65 a 69 años en 2008 (véase el cuadro 1). En el caso de la población femenina, esta medida aumenta conforme las mujeres envejecen. En el período analizado hubo un importante crecimiento de la participación de las mujeres en los ingresos del hogar, que varió entre 5 y 10 puntos porcentuales dependiendo de la edad (véase el gráfico 3). Esto se debe en parte a la considerable ampliación de la cobertura del sistema de seguridad social a partir de mediados de la década de 1990 y al aumento de la participación de las mujeres de las generaciones nacidas después de 1930 en la actividad laboral. Ello extendió la posibilidad de acceso a jubilaciones, pensiones y prestaciones no contributivas, incrementando los ingresos de una parte de la población femenina.

A su vez, la diversificación de los tipos de convivencia —especialmente el crecimiento de los hogares unipersonales en la última década— destacó aún más el peso de los ingresos individuales con respecto a los ingresos del hogar (que en ese caso representan el 100%). Por otra parte, como señalan Camarano y Pasinato (2002), ese diferencial puede estar asociado a la formación de hogares extendidos en los sectores más vulnerables, en los que los ingresos de las mujeres de edad avanzada pueden estar funcionando como amortiguadores de situaciones de pobreza para la unidad doméstica.

En el caso de los hombres, la proporción de ingresos individuales en los ingresos del hogar se mantiene relativamente constante a medida que aumenta la edad, entre un 50% y un 70%, y alcanza niveles más elevados que las mujeres. Esta variable se configura como factor generador de diferenciación, aunque en edades más tempranas que para las mujeres: desde los 45 a los 59 años. A partir de la edad socialmente considerada como el inicio de la vejez, la participación de esta variable como creadora de heterogeneidad disminuye. El crecimiento del número de beneficios de la seguridad social (contributivos o no) y las altas tasas de participación de los hombres adultos mayores en el mercado de trabajo contribuyen a garantizar el acceso a ingresos (véase el gráfico 3).

Gráfico 3

Brasil: distribución porcentual de hombres y mujeres en que la proporción de los ingresos del individuo en los ingresos del hogar es mayor o igual al 50% según grupos de edad, 1998 y 2008

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Encuesta Nacional de Hogares (PNAD), 1998 y 2008.

Al mismo tiempo, la situación señalada anteriormente se debe a que la condición de actividad económica también funciona como factor creador de heterogeneidad en la población masculina de entre 65 y 74 años, tanto en 1998 como en 2008 (véase el cuadro 1). Si bien se asume que con la edad avanzada se produce una pérdida de la capacidad laboral, esa situación varía según los atributos de la población (sexo, nivel de instrucción y condiciones de salud, entre otros) y está directamente influenciada por el contexto de cambios en las políticas de previsión social y del mercado de trabajo, así como por el contexto económico, político y social en que se desarrollan las trayectorias de los individuos. Pese a que la legislación brasileña considera adultos mayores a las personas de 60 años o más, no todos los individuos de esas edades se encuentran incapacitados para el trabajo, ni dejan de participar en la actividad económica. En el Brasil, la proporción de personas de 60 años o más que se mantienen económicamente activas es relativamente elevada. En 2008, ese porcentaje correspondía al 46,9% de los hombres y al 22,4% de las mujeres (véase el gráfico 4).

Las familias y las configuraciones domésticas se modifican conforme la dinámica demográfica y factores económicos y socioculturales. Uno de los cambios más importantes que se registraron en los hogares brasileños en las últimas décadas es la tendencia a la disminución de su tamaño y al aumento de su diversificación. En este contexto, el número de hogares unipersonales ha aumentado, especialmente entre las mujeres de edad avanzada. En particular, las mejoras en la cobertura de salud, la previsión social y el acceso a la educación se tradujeron en la mejora de las condiciones económicas de la población de adultos mayores, que a su vez derivó en un aumento de los hogares de personas de edad avanzada que viven solas o con su cónyuge. Por lo tanto, no sorprende que el tipo de hogar sea un factor promotor de heterogeneidad para la población de 70 años o más (véase el cuadro 1).

Gráfico 4

Brasil: distribución porcentual de hombres y mujeres económicamente activos por grupos de edad, 1998 y 2008

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Encuesta Nacional de Hogares (PNAD), 1998 y 2008.

En el gráfico 5 se muestra la tendencia al aumento de los hogares unipersonales y nucleares sin hijos para la población de ambos sexos. La proporción de hombres y mujeres en este tipo de hogares aumenta a partir del grupo de los 45 a los 49 años de edad hasta el grupo de los 75 a los 79 años y disminuye entre las personas de más de 80 años.

Gráfico 5

Brasil: distribución porcentual de hombres y mujeres en hogares unipersonales o nucleares sin hijos, 1998 y 2008

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Encuesta Nacional de Hogares (PNAD), 1998 y 2008.

La relación entre mayores niveles de ingresos y la conformación de este tipo de hogares es corroborada por Paulo, Wajnman y Oliveira (2013), que analizan la manera en que la disminución de la edad de elegibilidad para la recepción del Beneficio de Prestación Continuada en 2003 incidió en el incremento de la proporción de adultos mayores que vivían solos en los años siguientes.

Los cambios registrados en la trayectoria vital de las generaciones jóvenes y adultas interactúan con las modificaciones que tienen lugar en las generaciones de edad avanzada. Un fenómeno cada vez más frecuente en el país es el retraso de la salida de los jóvenes y adultos de la casa de los padres, muchas veces explicado por la inestabilidad del mercado de trabajo y de las relaciones afectivas, así como por el continuo aumento del tiempo dedicado a la escolarización, sobre todo entre la población con mayor nivel socioeconómico. Esa fase de permanencia de los adultos jóvenes en la residencia de su familia de origen suele denominarse “nido lleno”, en contraposición con la etapa denominada “nido vacío” (Vieira y Rava, 2010). Además de la permanencia más prolongada en el hogar parental, los cambios en los patrones de nupcialidad hacen más frecuente el retorno de jóvenes adultos a la casa de sus padres después de una separación o divorcio[9]. Esos procesos subrayan la interdependencia de las distintas generaciones en cada momento histórico específico: el aumento de la heterogeneidad en el comportamiento de los jóvenes en la esfera doméstica, educativa y laboral repercute en la experiencia de la población de edades avanzadas.

E. Consideraciones finales

Los resultados del análisis de entropía revelan un aumento de la heterogeneidad de la población de edad avanzada al examinar los estatus asociados a la participación en el mercado de trabajo, la participación en los ingresos familiares, las configuraciones domésticas y el estado de salud. Sobre esta base, se puede decir que a partir de las edades próximas a los 50 años el curso de vida se ha vuelto más diversificado, pues la homogeneidad de las combinaciones de estatus disminuye. Como se vio al comienzo de este trabajo, esa heterogeneidad podría deberse, en parte, a los cambios socioeconómicos, políticos y culturales experimentados por las personas de diferentes generaciones con el paso del tiempo. Además de la heterogeneidad relacionada con las trayectorias vitales de cada generación, cabe destacar que las desigualdades socioeconómicas imprimen características distintas a grupos de personas de una misma generación, aumentando su heterogeneidad interna, pues inciden tanto en la participación en el mercado de trabajo como en las condiciones de salud y las modalidades de convivencia de la población[10].

En parte, el aumento de la heterogeneidad indica que no hay una asociación directa entre el ingreso a la vejez y situaciones de dependencia en las esferas económica, laboral, doméstica y en las condiciones de salud autopercibidas. Al alcanzar las edades que pueden considerarse de inicio de la vejez, entre los 60 y los 70 años, hombres y mujeres presentan mayor diversidad de combinaciones de estatus. Se puede considerar que de hecho se trata de una etapa de transición, en que la heterogeneidad alcanza niveles cercanos a la entropía máxima. La heterogeneidad disminuye con las edades más avanzadas, pero sin que ese grupo deje de ser heterogéneo. Los cambios en las políticas públicas implementadas en las últimas décadas —entre ellas la mejora en la cobertura de la seguridad social y en el sistema de salud— parecen configurarse como importantes elementos de cambio para ese segmento de la población, aumentando las posibilidades de autonomía en los ámbitos examinados.

Si se partiera de una imagen de la vejez caracterizada como una etapa de acumulación de dependencias, podría pensarse que el aumento de la heterogeneidad del grupo de personas que atraviesan tales edades correspondería a un proceso de “aplazamiento” de la vejez. A esa concepción de “aplazamiento” se asocian los conceptos de tercera y cuarta edad: la tercera edad representaría aproximadamente el período de la vejez entre los 60 y los 80 años de edad, caracterizado por el alejamiento de la persona de la actividad laboral, la disminución de las responsabilidades familiares y la posibilidad de emplear el tiempo libre en actividades recreativas. Mientras tanto, la cuarta edad representaría una etapa de fuerte dependencia y senilidad. Tanto la imagen de la vejez como una etapa de dependencia —idea preponderante cuando la preocupación por el envejecimiento demográfico de los países era relativamente incipiente— como los enfoques más recientes basados en un modelo de vejez en el que prevalece el estímulo a la actividad, el aprendizaje y la flexibilidad, parten de la falta de reconocimiento de la heterogeneidad de ese grupo. En forma análoga, la delimitación de las situaciones de bienestar y de dependencia en compartimientos etarios estancos —antes y después de las edades en torno a los 80 años, o en una etapa de bienestar y plenitud y otra de senilidad— obedece también a la homogeneización de la experiencia a través de esas edades, desconociendo las diferencias entre generaciones o dentro de ellas. Tales delimitaciones no quitan legitimidad a la posibilidad del recorte etario como instrumento analítico, siempre que se reconozcan los efectos de la acumulación de experiencias durante el curso de vida de las personas en contextos sociales diferenciados y en constante transformación. Por lo tanto, desde la perspectiva adoptada en este trabajo, se puede considerar que, en la experiencia de los diferentes grupos de la población, la vejez no está siendo aplazada, sino que se está modificando.

El estudio del incremento de la heterogeneidad de la población de edad avanzada, las diferencias entre cohortes de nacimiento y la relación entre los cambios experimentados por personas de diferentes generaciones permite realizar un análisis en el que no se sobredimensionan los efectos negativos del envejecimiento en la sociedad, pues hace posible observar la manera en que la propia experiencia de la vejez adquiere características diferentes en distintas generaciones. Esto implica reconocer que las características de las personas mayores de mañana serán diferentes de las características de los adultos mayores de hoy.

Debido a que los cambios en el contexto económico y en el mercado de trabajo formal y las políticas públicas implementadas desde el siglo pasado incidieron de forma diferente en las características de la población adulta mayor de distintas cohortes, cabe preguntarse cuáles serán las repercusiones de las políticas de transferencias de ingresos implementadas en la década de 2000 (como el programa Bolsa Família) y del reciente crecimiento económico del país en la configuración de la vejez de las próximas décadas. Con respecto a los posibles efectos de los recientes programas de combate a la pobreza, algunos autores presumen la existencia de dificultades para la inserción de los beneficiarios en el mercado de trabajo formal, que podrían incidir en la futura demanda de prestaciones no contributivas por parte de la población de edad avanzada (Vianna, 2005). Sin embargo, otros estudios indican que hubo mejoras en las condiciones de salud y educativas de la población beneficiaria, así como un aumento en los niveles de participación social y autonomía, e incluso una mayor participación en el mercado de trabajo, que tendió a una mayor formalización en la última década (Januzzi y Pinto, 2013; Costanzi y Ansiliero, 2013). Este enfoque permite plantear varias preguntas, que invitan a realizar estudios específicos utilizando el enfoque del curso de vida. Esta perspectiva es de utilidad para considerar los efectos de las políticas públicas y de las circunstancias socioeconómicas (actuales y pasadas) que afectan a la población joven y adulta en la actualidad, como forma de pensar y promover la vejez del futuro.

Bibliografía

Ansiliero, Graziela (2011), “Censo 2010: primeiros resultados e implicações para a previdência social”, Informe de Previdência Social, vol. 23, Nº 5, Brasilia.

Camarano, Ana Amélia y Maria Teresa Pasinato (2002), “Envelhecimento, condições de vida e política previdenciária. Como ficam as mulheres?”, Texto para Discussão, N° 883, Río de Janeiro, Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA).

Camarano, Ana Amélia, Juliana Leitão Mello y Solange Kanso (2006), “Do nascimento à morte: principais transições”, Transição para a vida adulta ou vida adulta em transição?, A. A. Camarano (org.), Río de Janeiro, Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA).

Costanzi, Rogério N. y Graziela Ansiliero (2013), “Evolução do emprego formal no período 2004-2012: um olhar a partir dos registros da GFIP”, Informe de Previdência Social, vol. 25, Nº 9.

Debert, Guita Grin (1999), “Velhice e o curso da vida pós-moderno”, Revista USP, vol. 42, Nº 2 São Paulo.

Demétrius, Lloyd (1979), “Relations between demographic parameters”, Demography, vol.16, Nº 2.

Fussell, Elizabeth (2006), “Structuring the Transition to Adulthood: An Entropy Analysis of the Early Life in the United States, 1880 to 2000” [en línea] http://paa2006.princeton.edu/papers/60160.

Filardo, Verónica y Carlos Muñoz (2002), “Vejez en el Uruguay ¿Hacia una sociología de las relaciones de edad?”, El Uruguay desde la sociología, E. Mazzei (comp.), Montevideo, Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República.

Guidotti, Carolina (2014), “Envelhecimento demográfico e mudanças na transição à velhice entre brasileiros de distintas gerações”. Tesis para optar al grado de doctorado en Demografía, Instituto de Filosofia y Ciencias Humanas, Universidad Estadual de Campinas.

INEP (Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educacionales) (2003), Mapa do analfabetismo no Brasil, Brasilia, Ministerio de Educación.

Jannuzzi, Paulo M. y Alexandre R. Pinto (2013), “Bolsa Família e seus impactos nas condições de vida da população brasileira: uma síntese dos principais achados da Pesquisa de Avaliação de Impacto do Bolsa Família II”, Programa Bolsa Família: uma década de inclusão e cidadania T. Campello y M.C. Neri (orgs.), Brasilia, Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA).

Nieves-Ayala, Loyda E. (2012), “Índice de entropía, disimilitud y centralización: un abordaje a la segregación residencial por nivel socioeconómico en las áreas metropolitanas de Puerto Rico: 2000”, CIDE Digital, vol. 3 Nº 1-2, abril-noviembre.

Paulo, Maira Andrade, Simone Wajnman y Ana María C. H. Oliveira (2013), “A relação entre renda e composição domiciliar dos idosos no Brasil: um estudo sobre o impacto do recebimento do Benefício de Prestação Continuada”, Revista Brasileira de Estudos de População, vol. 30, Río de Janeiro.

Pedro, Joana Maria (2003), “A experiência com contraceptivos no Brasil: uma questão de geração”, Revista Brasileira de História, São Paulo, vol. 23, Nº 45.

Rocha, Irani, Rita Buzzi Rausch y Nelson Hein (2012), “Scientific production of entropy and information theory in Brazilian journals”, Revista de Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação, vol. 9, No. 2, mayo/agosto.

Saad, P. (2003), “Transferencias informales de apoyo de los adultos mayores en América Latina y el Caribe: estudio comparativo de encuestas SABE”, Notas de Población, Nº 77 (LC/G.2213-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Vianna, Maria Lúcia T. W (2005), “Seguridade social e combate à pobreza no Brasil: o papel dos benefícios não contributivos”, Proteção Social, Dilemas e Desafios, A.L. Viana, P.E. Elias, N. Ibañez (org.), São Paulo, Hucitec.

Vieira, Ana Carolina S. y Paula G.S. Rava (2010), “Ninho cheio: uma nova etapa do ciclo vital familiar?”, Barbaroi, Santa Cruz do Sul, Nº 33, diciembre.

Vieira, Joice Melo (2009), “Transição para a vida adulta em São Paulo: cenários e tendências sócio-demográficas”, tesis para optar al grado de doctorado en Demografía, Instituto de Filosofia y Ciencias Humanas, Universidad Estadual de Campinas.

____(2008), “Transição para a vida adulta no Brasil: análise comparada ente 1970 e 2000”, Revista Brasileira de Estudos de População, vol. 25, Nº 1, São Paulo, enero/junio.

Vieira, Joice Melo y Pau Miret (2009), “Transição para a vida adulta e desigualdade: a duração da juventude na Espanha e no Brasil”, documento presentado en el XVIII Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), Río de Janeiro.

[1] Profesora e Investigadora del Núcleo Interdisciplinario de Estudios sobre Vejez y Envejecimiento (NIEVE), Facultad de Psicología, Universidad de la República del Uruguay (UdelaR) y del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento (CIEn) de la UdelaR. Licenciada en Sociología por la UdelaR; Doctora y Magíster en Demografía por la Universidad Estadual de Campinas (Brasil). Correo electrónico: cguidotti@psico.edu.uy.

[2] Datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística [en línea]: www. ibge.gov.br.

[3] Ídem.

[4] El concepto de cohorte, originario de la demografía, se refiere a un grupo de individuos que comparten un mismo evento en determinado momento temporal inicial, tal como los nacidos en el mismo año o período, y que, a medida que envejecen, experimentan las mismas transiciones y cambios sociales que las personas de edades cronológicas próximas. En este caso se hace referencia a las cohortes de nacimiento.

[5] Pedro (2003) incluye en la generación de la píldora a las cohortes nacidas entre 1940 y 1960.

[6] Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) en portugués. Cabe aclarar que los términos “vivienda”, “domicilio” y “hogar” no son sinónimos y que la palabra portuguesa “domicílio” no puede traducirse de forma literal como “hogar”. A los efectos de este artículo, se utilizan los términos “hogar” y “domicilio” como si fueran sinónimos. Sin embargo, conviene resaltar que, mientras que la definición de “hogar” se basa fundamentalmente en la economía doméstica, en la definición de “domicilio” la clave fundamental es la separación e independencia del espacio habitado, de modo que se aproxima al concepto de “vivienda”.

[7] Se calculó como el cociente de todas los ingresos percibidos por los individuos en los ingresos totales del hogar per cápita, multiplicado por 100, sin tener en cuenta los ingresos en el hogar de empleados domésticos, familiares de empleados domésticos y moradores que pagan un alquiler a la persona de referencia del hogar.

[8] Al recoger los datos sobre la declaración del estado de salud, la información es proporcionada por la persona que responde al cuestionario, que no es necesariamente la misma persona a la que se refiere la información. A pesar de eso, en algunos estudios se resalta la importancia de este indicador en la medición de las condiciones de salud.

[9] Camarano, Mello y Kanso (2006) señalan que, en la década de 2000, un alto porcentaje de los hombres separados (65%) en el Brasil vivía en la casa de los padres, ya sea porque se fueron al contraer matrimonio y volvieron o porque no se fueron cuando se casaron.

[10] Véase un análisis más detallado de la heterogeneidad entre cohortes de nacimiento y grupos socioeconómicos en el Brasil en Guidotti (2014).

La escolaridad, el estrato social y la formación de las primeras uniones en México: una visión de largo plazo

Marta Mier y Terán[1]

Recibido: 22/01/2016

Aceptado: 24/03/2016

Resumen

El objetivo de este trabajo es analizar el efecto de los crecientes niveles educativos en los patrones de formación de las primeras uniones en el siglo XX en México. Para ello se analizan la edad al momento de la unión, el tipo de unión (matrimonio o unión consensual) y la residencia de la pareja recién formada (hogar independiente o permanencia en el hogar familiar). Los ejes analíticos son el género, el estrato social y la cohorte. La fuente de datos es la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Familias (ENDIFAM) de 2005. Se estiman modelos de tiempo discreto: regresión logística y de riesgos en competencia. Se observa que la asistencia a la escuela y la escolaridad propician la postergación de la formación de la primera unión en general y de las uniones consensuales en particular, y reducen la probabilidad de que las parejas permanezcan en el hogar familiar. Sin embargo, esto ocurre por vías muy distintas en el caso de hombres y mujeres y varía según las cohortes de nacimiento y los estratos sociales de origen.

Palabras clave: primera unión, unión consensual, matrimonio, independencia residencial de la pareja, calendario, asistencia escolar, escolaridad.

Abstract

This article examines the effect of rising education levels on patterns of first union in Mexico in the twentieth century. To this end, we analyse age at first union, type of union (marriage or consensual union) and residence of the new couple (independent household or continuation within the family household). The analysis is conducted by gender, social stratum and cohort. The data source is the National Survey on family Dynamics (ENDIFAM) of 2005. We estimate discrete-time models with logistic and competing-risks regression and observe that school attendance and years of schooling promote delay of first union in general and of consensual union in particular, and reduce the probability of couples remaining within the family household. However, this takes place via very different routes for men and women and varies by birth cohort and social stratum of origin.

Keywords: first union, consensual union, marriage, residential independence of couples, calendar, school attendance, schooling.

Résumé

L’objectif de cet article est d’analyser l’effet des niveaux d’éducation croissants dans les modèles de formation des premières unions au XXe siècle au Mexique. Il s’agit d’analyser l’âge auquel est contractée l’union, le genre d’union (mariage ou union libre) et la résidence du couple récemment formé (foyer indépendant ou permanence au foyer familial). Les axes analytiques sont le genre, le statut social et la cohorte. La source de données est l’Enquête nationale sur la dynamique des familles (ENDIFAM) de 2005. Des modèles à des temps discrets sont définis: la régression logistique et les risques concurrents. On observe ainsi que la fréquentation scolaire et la scolarité favorisent le report de la formation de la première union en général et des unions libres en particulier, et réduisent la possibilité des couples à rester au foyer familial. Cependant, ce phénomène se produit de façon distincte dans le cas des hommes et des femmes, et varie selon les cohortes de naissances et les couches sociales d’origine.

Mots-clés: première union, union libre, mariage, indépendance résidentielle du couple, assistance scolaire, scolarité.

Introducción

Varios autores coinciden en señalar cambios modestos en el calendario de la formación de las primeras uniones conyugales en México en las últimas décadas, pues mujeres y hombres tienden a retrasar solo levemente el inicio de su primera unión. Sin embargo, la cohabitación como modalidad de la primera unión y la permanencia de la pareja recién formada en el hogar de los padres son cada vez más frecuentes (Quilodrán, 2001; Solís, Gayet y Juárez, 2008; Mier y Terán, 2009; Pérez y Esteve, 2012; Solís y Ferraris, 2014).

Entre las causas del retraso de las primeras nupcias y del aumento de las uniones consensuales en los estratos urbanos con mayores niveles educativos se han aducido los procesos de individualismo y secularización. En los demás estratos de la población, el aumento de la precariedad y la inestabilidad en los mercados laborales, que afecta principalmente a los estratos con menos recursos, propicia la formación de uniones más frágiles e impide con frecuencia su independencia residencial.

En las teorías sobre la nupcialidad se otorga un papel preponderante a la educación como factor explicativo. A través de diversos mecanismos, los niveles de instrucción elevados favorecen el establecimiento de la primera unión conyugal a edades más tardías. Se plantea asimismo que la educación, vinculada a valores menos tradicionales, puede promover la formación de uniones consensuales y la independencia residencial de las parejas recién formadas.

En este trabajo se procura analizar el efecto de los crecientes niveles educativos en los patrones de formación de las uniones conyugales en el siglo XX, en un contexto de modernización social, profundas desigualdades y niveles cada vez mayores de precariedad e inestabilidad en el mercado laboral. Para ello se analiza la formación de las primeras uniones conyugales mediante el estudio de los siguientes elementos: la edad al momento de la unión, el tipo de unión (matrimonio o unión consensual) y la residencia de la pareja recién formada (hogar independiente o permanencia en el hogar familiar). Los ejes analíticos son el género, el estrato social de origen y la cohorte de nacimiento.

Este trabajo constituye un aporte al conocimiento adquirido en tres aspectos. El primero se refiere a la forma en que la educación y el estrato ocupacional de origen se han vinculado y han condicionado los patrones de inicio de la primera unión en un período de expansión del sistema educativo y de profundos cambios sociales y económicos. Otro aspecto de interés es el análisis sistemático de tres rasgos relevantes de la primera unión conyugal, que reflejan pautas en las relaciones de pareja y su autonomía: el calendario, el tipo y la independencia residencial. A diferencia de muchos de los trabajos anteriores, se incorpora también la experiencia de los varones y se evalúan las diferencias de género.

Las profundas transformaciones culturales que tuvieron lugar durante el período analizado han tenido un notable impacto en los roles de género y los patrones de formación familiar. Sin embargo, son un factor difícil de medir y, con el enfoque metodológico y la fuente de datos empleados en este trabajo, no es posible distinguir sus efectos de los cambios estructurales. En la interpretación de los resultados se procurará tener presente el cambio en los valores.

El artículo está estructurado en cuatro partes, además de esta introducción. En la primera se presentan los antecedentes sobre la relación entre escolaridad y origen social y el proceso de formación de las uniones y se hace una breve referencia a los estudios sobre el calendario de constitución de las primeras uniones, el tipo de unión y la residencia de la pareja recién formada en el contexto mexicano. En la segunda parte se describen la fuente de datos y la metodología empleadas, mientras que en la tercera se expone el análisis de los resultados. El artículo termina con una sección de conclusiones.

A. Antecedentes

1. La educación y el proceso de formación de uniones

La educación de los jóvenes es la variable explicativa que más se emplea en el análisis de la nupcialidad. Esta puede afectar el inicio de la unión marital a través de tres mecanismos principales (Malhotra, 1997; Jejeebhoy, 1995). El primero es el efecto directo de la asistencia a la escuela, pues los años dedicados al estudio se consideran como una etapa esencial en la trayectoria de vida que antecede a la adopción de las responsabilidades de la vida adulta. En otras palabras, el rol social de estudiante es incompatible con el matrimonio y la procreación. En segundo lugar, la educación constituye una vía de acceso al conocimiento y la información, expone al estudiante a nuevas ideas, así como a cambios de actitudes y comportamientos con respecto a la autoridad tradicional, el fatalismo y la pasividad, propicia una visión más amplia del mundo y modifica las aspiraciones. Además del contenido de la enseñanza, la interacción con profesores y compañeros fuera del ámbito familiar tiene efectos en las perspectivas y los valores de niños y jóvenes. El tercer mecanismo consiste en que la educación favorece la eficiencia y aumenta las oportunidades laborales y de independencia económica a través de empleos mejor remunerados. Cuando el efecto de la educación corresponde a los primeros dos mecanismos, la mayor escolaridad propicia el retraso del matrimonio. Sin embargo, cuando el efecto es a través de las mayores oportunidades laborales, según el modelo de especialización, las consecuencias son distintas para hombres y mujeres. Mientras que para estas últimas el trabajo constituye una alternativa al matrimonio, para los varones significa una mayor seguridad financiera para desempeñarse como proveedor en su nuevo hogar, de manera que se favorece la postergación del matrimonio en el caso de las mujeres y su anticipación en el caso de los hombres.

En contextos más tradicionales, los varones están expuestos a nuevas ideas a través de su mayor contacto con el exterior, mientras que para las mujeres jóvenes la educación formal constituye el canal principal para adquirir conocimientos y nuevas ideas (Jejeebhoy, 1995). En su caso, la mayor escolaridad promueve la autonomía en la toma de decisiones, el cambio de lealtades de la familia extensa a la conyugal y la autosuficiencia económica.

La mayor instrucción de las mujeres y la incompatibilidad entre la asistencia a la escuela y los roles de esposa y madre son factores clave en la postergación de la primera unión. Una vez terminada la educación formal, las mujeres con mayor escolaridad permanecen solteras durante más tiempo (Parrado y Tienda, 1997). En los países latinoamericanos, las mujeres con mayores niveles educativos comúnmente buscan formar parejas basadas en el enamoramiento y la compatibilidad con compañeros más educados y con mejores oportunidades laborales, por lo que la búsqueda puede tomar tiempo y resultar en un retraso de su unión (Jejeebhoy, 1995). Las jóvenes más escolarizadas también tienen mejores oportunidades laborales y mayor control de los recursos, por lo que se encuentran menos motivadas a casarse en edades tempranas. Se observa que la participación en trabajos que requieren escasa calificación, asociados a niveles educativos bajos, tiende a acelerar la formación de uniones entre las mujeres, mientras que la participación en trabajos de mayor calificación no tiene un efecto claro en la edad al casarse (Parrado y Tienda, 1997).

2. El origen social y el proceso de formación de uniones

En diversos estudios se ha subrayado la importancia de los antecedentes familiares en las características de la primera unión conyugal (Landale y Forste, 1991; Malhotra, 1997; Oliveira, 1995; Malhotra y Ong Tsui, 1996; Bracher y Santow, 1998; Samuel, 2001; Saraví, 2007). Los recursos económicos y educativos de los padres ejercen una influencia decisiva en la trayectoria de vida de los hijos: los padres con mayores recursos proporcionan alternativas más atractivas al matrimonio temprano que los padres con recursos escasos. En los estratos de menores recursos económicos y educativos, los jóvenes tenderían a unirse en edades más tempranas, a formar uniones consensuales y a permanecer en pareja en el hogar familiar.

Si bien la influencia de los recursos familiares en los patrones de formación de la primera unión puede darse a través de diversos mecanismos, está mediada sobre todo por las actividades de los jóvenes (Landale y Forste, 1991). Los jóvenes de familias con mayores recursos permanecen más tiempo en la escuela mientras que los de familias con escasos recursos suelen dejar la escuela para empezar a trabajar, ya sea en labores domésticas o fuera del hogar. Al introducir en el análisis la actividad de los jóvenes, el efecto de los recursos de la familia de origen pierde relevancia, mientras que cobran fuerza las variables relacionadas con la escolaridad.

3. La escolaridad, el origen social y el proceso de formación de uniones en México

a) Calendario de la primera unión

En México, el calendario de la primera unión presenta cambios leves pero persistentes en los estratos urbanos: las mujeres de generaciones nacidas después de los años cuarenta empezaron a retrasar su primera unión. Por el contrario, hay un pequeño rejuvenecimiento entre los hombres que viven en las ciudades, de manera que se reducen las diferencias de edad entre los cónyuges (Samuel y Seville, 2005). La contribución femenina al ingreso de los hogares facilitó la formación de las parejas conyugales, aún con hombres más jóvenes y a pesar del deterioro en la economía. En las cohortes femeninas más recientes, la leve tendencia al retraso de la primera unión se acentúa: la edad media al momento de la primera unión es de 21,3 años en las cohortes nacidas entre 1955 y 1959, 21,8 años entre las nacidas en el período 1970-1974 y 23 años en las cohortes más jóvenes, nacidas entre 1985 y 1989 (Solís y Ferraris, 2014).

Una investigación sobre el inicio de la formación de las familias entre las mujeres mexicanas muestra que la relación entre la educación y el aplazamiento de la unión se da a través del trabajo: los niveles educativos más elevados están asociados a mayores probabilidades de tener un trabajo remunerado y, en consecuencia, un matrimonio más tardío (Lindstrom y Brambila, 2001).

b) Tipo de unión: matrimonio o cohabitación

En México, la unión libre ha coexistido con el matrimonio desde la época colonial y tradicionalmente se ha asociado a los pueblos indígenas y a condiciones sociales desfavorables (menores niveles educativos y ocupacionales) (Quilodrán, 2001; Esteve, Lesthaeghe y López-Gay, 2012). Si bien la institucionalización del matrimonio se ha incrementado a lo largo del siglo XX, en la última década se observa un proceso de secularización y un aumento de las uniones libres (Quilodrán, 2010).

Al igual que en otros países de América Latina, es posible distinguir entre dos tipos de uniones consensuales: las tradicionales, vinculadas con el origen rural y los bajos niveles educativos, y las más modernas, establecidas entre personas de los estratos urbanos con mayor educación, para quienes la cohabitación es el antecedente del matrimonio o una alternativa a la soltería (Parrado y Tienda, 1997; Castro, 2002). Algunos autores plantean que la causa principal de la creciente difusión de las uniones consensuales es la pobreza, pues el escaso poder de negociación con los hombres propicia que las mujeres poco instruidas y con un estatus socioeconómico bajo formen uniones consensuales (Charbrit, 1993, citado en Parrado y Tienda, 1997; Quilodrán, 2001; Solís y Puga, 2009).

Los autores de un estudio reciente sobre varios países latinoamericanos concluyen que, más que a cambios en la economía de los países, el aumento en la cohabitación obedece a un incremento de la autonomía individual y la tolerancia (Esteve, Lesthaeghe y López-Gay, 2012). En el caso de México, se observa que en la primera década del siglo actual, la tendencia al aumento de las uniones consensuales se acentúa notablemente, incluso en los sectores sociales más favorecidos (Pérez y Esteve, 2012). Se afirma que esa tendencia también puede asociarse a transformaciones más generalizadas, que podrían derivar de cambios culturales (Solís y Ferraris, 2014).

c) Residencia: independiente o en casa de los padres

En México, la permanencia de la pareja recién formada en la casa paterna es común: cerca de la mitad de las parejas permanecen por algún tiempo en el hogar de la familia de él o de ella (Mier y Terán, 2009)[2]. A diferencia de lo observado en estudios antropológicos sobre localidades rurales específicas, los datos relativos al conjunto del país muestran que, entre las generaciones más jóvenes, las parejas que no forman su hogar con residencia independiente son más comunes. El cambio más acentuado ocurre entre las generaciones nacidas antes y después de 1960, y podría estar relacionado con las dificultades crecientes de los jóvenes para independizarse durante períodos de estancamiento de la economía y precarización e inestabilidad de los empleos.

Los antecedentes familiares y la escolaridad de los jóvenes están estrechamente relacionados con las posibilidades de formar un hogar independiente. Los hijos y las hijas de los trabajadores no manuales de los estratos más altos permanecen con menor frecuencia en la casa de los padres que los hijos de los demás trabajadores, mientras que los hijos y las hijas de los trabajadores manuales no calificados permanecen con mayor frecuencia en el hogar paterno (Mier y Terán, 2009)[3].

En cuanto a la escolaridad, se observa que las mujeres con mayores niveles educativos deliberadamente mantienen un noviazgo más prolongado con el objetivo de trabajar y ahorrar para poder formar un hogar con residencia independiente al casarse (LeVine y otros, 1991, citado en Jejeebhoy, 1995).

Sobre la base de estos antecedentes y las hipótesis que se desprenden de los marcos conceptuales sobre el efecto de la educación en el establecimiento de la primera unión, se procede al análisis, según el sexo, de la temporalidad, el tipo de unión (matrimonio o unión consensual) y la residencia de la pareja recién formada (hogar independiente o permanencia en el hogar familiar) y su evolución a lo largo del siglo XX.

B. Fuente de datos y metodología

La fuente de datos es la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Familias (ENDIFAM) de 2005, que proporciona información sobre cerca de 20.000 individuos de 18 años de edad o más. Se analiza la población femenina y masculina de cuatro grupos de generaciones (1921-1939, 1940-1959, 1960-1969 y 1970-1974), cuyas primeras uniones ocurren entre la década de 1930 y el primer lustro del presente siglo.

En esta encuesta se indagó sobre distintos aspectos de la formación de las primeras uniones. Se cuenta con datos sobre la edad en la que el individuo inició su primera unión conyugal, el tipo de unión y la residencia de la pareja recién formada.

Se aplicaron técnicas de análisis de sobrevivencia y modelos estadísticos de tiempo discreto a las cohortes nacidas antes de 1975 y se estudió su experiencia hasta antes de cumplir los 30 años de edad, de manera que las observaciones de las distintas cohortes van de los 10 a los 29 años de edad. El calendario de la formación de las primeras uniones se obtiene mediante técnicas de análisis de sobrevivencia que permiten resolver el problema de truncamiento. Los datos sobre la soltería o el inicio de una primera unión y, en este último caso, la edad a la que el individuo establece dicha unión, son el insumo para obtener las curvas de sobrevivencia o proporciones de solteros a las distintas edades, así como los percentiles de las edades al momento de la primera unión.

Para analizar los condicionantes de los patrones de inicio de la primera unión conyugal se estiman modelos de tiempo discreto, en los que cada año de vida de los individuos conforma una observación, a partir de los 10 años de edad y hasta el inicio de la primera unión conyugal o el cumplimiento de 30 años, lo que ocurra primero. Estos modelos facilitan el análisis de covariables que cambian a lo largo de la vida del individuo y el número de observaciones aumenta de manera sustancial (Allison, 1991).

Se estiman tres tipos de modelos de tiempo discreto. En el estudio de los condicionantes de la formación de la primera unión, se estiman modelos logísticos binomiales para modelar la probabilidad de contraer primeras nupcias o establecer una unión consensual. Las variables explicativas son la edad, la ocupación del padre y la cohorte de nacimiento. Con respecto a la escolaridad, se analizan el número de años aprobados en la escuela, como indicador del máximo nivel de instrucción alcanzado, y la asistencia a la escuela en el año anterior, que refleja la incompatibilidad de los estudios con la formación de una unión. Además, como se espera que el efecto de la escolaridad difiera entre las cohortes, se introdujeron dos interacciones, una de la cohorte con el número de años aprobados en la escuela y otra de la cohorte con la asistencia a la escuela en el año anterior. Con el objeto de conocer la manera en que las variables explicativas se vinculan e influyen en la variable dependiente, estas se introdujeron en forma gradual, de manera que se estimaron cinco modelos para cada sexo.

Para estudiar los condicionantes del tipo de primera unión, se estimaron modelos de tiempo discreto de riesgos en competencia. Se analizó la probabilidad de contraer matrimonio o iniciar una unión consensual respecto de permanecer en soltería, de manera que esta última es la categoría de referencia. Al igual que en los modelos anteriores, se estimaron regresiones logísticas multinomiales en las que las variables explicativas son la edad, el estrato de origen y la cohorte de nacimiento. En este caso, en lugar del número de años aprobados en la escuela, se utilizó el nivel educativo máximo alcanzado, que es más elocuente y permite analizar relaciones con la variable dependiente que pueden ser no lineales. Otro cambio respecto de los modelos anteriores es que se introdujo la asistencia en la actualidad en lugar de en el año previo.

Las categorías de la variable dependiente en los modelos de tiempo discreto de riesgos en competencia estimados para analizar la residencia de la pareja recién formada son: permanecer soltero, formar una pareja en un hogar con residencia independiente y formar una pareja y permanecer en el hogar familiar. La categoría de referencia es permanecer soltero. Las variables explicativas son las mismas que en los modelos del tipo de primera unión.

Se estiman por separado modelos para hombres y mujeres con miras a conocer las diferencias de género en los condicionantes de los patrones de formación de las parejas y su evolución en el tiempo.

De la escolaridad de los jóvenes se analizan el nivel educativo alcanzado en el momento de la entrevista y el hecho de asistir a la escuela en las distintas edades del individuo. Debido a que en la ENDIFAM no se preguntó sobre la asistencia actual ni sobre la edad de salida de la escuela, hubo que deducir el dato sobre la asistencia a la escuela en cada edad del individuo a partir de la información sobre el último nivel y grado que aprobó. La edad normativa de inicio de la enseñanza primaria era de siete años en las cohortes más antiguas y seis en las más recientes, pero el inicio tardío, la repetición de grados y el abandono temporal han sido recurrentes, de manera que la asistencia en edades mayores a las normativas es común. Por ello, se dio un año de margen y se supuso que a los 10 años de edad asisten quienes declararon haber aprobado al menos 2 años, a los 11 años de edad quienes declararon haber aprobado al menos 3 años y así sucesivamente hasta los 29 años de edad, cuando se supone que asisten quienes declararon haber aprobado al menos 21 años y tener estudios de posgrado. Se introdujo en los modelos la variable de asistencia en el año anterior al del cálculo de la probabilidad porque la decisión de casarse puede estar relacionada con la de dejar los estudios. La introducción de la asistencia en el mismo año puede originar sesgos de endogeneidad en las estimaciones.

En la encuesta se indagó sobre la ocupación del padre cuando el individuo tenía 15 años de edad. Esta información permite un acercamiento al estrato social de origen en un momento crucial de la vida en cuanto a la posible permanencia en el sistema educativo y al inicio de las edades casaderas[4]. Se empleó una clasificación que agrupa las ocupaciones en siete categorías sobre la base de tres criterios: si es un trabajo manual o no manual, el sector de actividad y la calificación requerida. Las categorías son: profesionales y gerentes, empleados especializados, empleados de oficina, ventas, trabajadores manuales especializados, trabajadores manuales no especializados, trabajadores manuales en servicios de baja calificación y trabajadores agrícolas[5].

C. Análisis de los resultados

1. Características educativas y estrato social de origen

Los niveles educativos alcanzados por los entrevistados de las distintas cohortes muestran claramente la expansión del sistema educativo durante el siglo XX (véase el gráfico 1). Estos eran extremamente bajos en las cohortes de mayor edad, en particular entre las mujeres. Más de la tercera parte de ellas y la cuarta parte de los hombres no asistieron a la escuela o, si lo hicieron, no lograron aprobar grado alguno. Asimismo, más de un tercio de los hombres y de las mujeres aprobaron solo algunos grados y apenas el 25% de las mujeres y el 37% de los hombres lograron terminar los estudios de educación primaria. Los niveles educativos de estas cohortes nacidas en las décadas posrevolucionarias también se caracterizan por profundas desigualdades, en especial entre los hombres, pues solo el 5% de ellos completó sus estudios de licenciatura. Los cambios en el tiempo fueron paulatinos. En primer lugar, entre las cohortes nacidas en el período 1921-1939 y las nacidas en las dos décadas siguientes se reducen sobre todo los casos de personas que no aprueban ningún grado y aumenta el número de mujeres que completan la educación primaria y de hombres que terminan los ciclos de enseñanza primaria y secundaria. Más tarde, entre los nacidos en la década de 1960, se expande notablemente el número de personas que terminan la secundaria. En las cohortes nacidas entre 1970 y 1974, con niveles educativos más altos, persisten las desigualdades de género: el 60% de las mujeres y el 70% de los hombres terminan al menos la secundaria, mientras que el 10% de las mujeres y el 14% de los hombres terminan sus estudios profesionales. En estas cohortes más jóvenes, el nivel educativo más común es el de secundaria, tanto para hombres como para mujeres.

Gráfico 1

México: nivel educativo según la cohorte de nacimiento y el sexo

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos ponderados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Familias (ENDIFAM) de 2005.

Un índice que permite visualizar claramente esta evolución es el número medio de años aprobados (véase el cuadro 1). Mientras que las mujeres de las cohortes de más edad solo alcanzaban un promedio de 3,2 años, sus coetáneos completaban 4,5 años de instrucción. A pesar del considerable aumento de la escolaridad media entre las distintas cohortes y la paulatina reducción de las diferencias de género, como se observa en la razón entre el número de años aprobados por mujeres y hombres, la escolaridad permanece relativamente baja, incluso en la cohorte más joven: las mujeres alcanzan un promedio de solo 9 años y los hombres de 10, y las desigualdades de género persisten.

Cuadro 1

México: número medio de años aprobados en la escuela según la cohorte de nacimiento y el sexo

Mujeres

Hombres

Razón M/H

1970-1974

8,9

9,8

0,9

1960-1969

8,0

9,0

0,9

1940-1959

5,7

7,1

0,8

1921-1939

3,2

4,5

0,7

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos ponderados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Familias (ENDIFAM) de 2005.

Los datos sobre la ocupación del padre muestran la transformación económica del país a lo largo del siglo XX, de una economía predominantemente agrícola a otra en que los servicios en las ciudades y la manufactura constituyen las principales actividades (véase el gráfico 2)[6]. Casi dos de cada tres entrevistados nacidos en los años veinte y treinta eran hijos de trabajadores agrícolas, proporción que se reduce a la mitad en las cohortes nacidas entre 1970 y 1974. Por el contrario, el aumento más notable en el tiempo corresponde a los trabajadores manuales especializados, pues la proporción de hijos de trabajadores en esta categoría casi se duplica y constituye una tercera parte de los entrevistados de las cohortes más jóvenes.

Las desigualdades educativas entre los distintos estratos ocupacionales son profundas (véase el cuadro 2). El escalonamiento es perfecto en todas las cohortes, tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres: los hijos de profesionales y gerentes, que constituyen el estrato social más alto, tienen la escolaridad más elevada y los hijos de agricultores, que representan el estrato más bajo, completan el menor número de años de estudio. En las cohortes nacidas en las décadas de 1920 y 1930, los hijos de los agricultores constituían la mayoría y tenían menos de tres años aprobados en la escuela, mientras que los hijos de los escasos profesionales y gerentes en promedio terminaban la educación media superior. Con la expansión del sistema educativo, la escolaridad de los estratos bajos aumentó más rápidamente, por lo que las desigualdades tendieron a reducirse. No obstante, en la cohorte más joven, la escolaridad media de los hijos de los agricultores es de solo siete años (es decir, la primaria y un año de secundaria), menos de la mitad de la escolaridad de los hijos de los profesionales, quienes en promedio cursan varios años de universidad. También llama la atención la constante desigualdad de género en todos los estratos, que persiste hasta en las cohortes nacidas en años más recientes.

Gráfico 2

México: ocupación del padre cuando el entrevistado tenía 15 años de edad

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos ponderados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Familias (ENDIFAM) de 2005.

Cuadro 2

México: número medio de años aprobados en la escuela según el grupo ocupacional del padre cuando el entrevistado tenía 15 años de edad, la cohorte de nacimiento y el sexo

Ocupación del padre

Cohorte

1921-1939

1940-1959

1960-1969

1970-1974

Mujeres

Profesional, gerente

11,1

13,2

13,3

14,4

Empleado especializado

7,4

10,5

12,2

13,0

Empleado de oficina, ventas

5,3

8,2

10,1

11,1

Trabajador manual especializado

4,2

7,1

8,9

9,4

Trabajador manual en servicios de baja calificación

4,1

6,0

8,4

8,8

Trabajador manual no especializado

3,4

5,2

7,2

8,6

Trabajador agrícola

2,2

3,7

5,8

6,9

Hombres

Profesional, gerente

12,2

14,5

13,9

15,8

Empleado especializado

11,6

11,5

12,6

12,3

Empleado de oficina, ventas

8,6

10,6

11,1

11,7

Trabajador manual especializado

5,6

8,8

9,5

10,0

Trabajador manual en servicios de baja calificación

5,1

7,2

9,8

10,2

Trabajador manual no especializado

3,5

8,3

7,9

9,5

Trabajador agrícola

2,9

4,8

6,9

7,3

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos ponderados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Familias (ENDIFAM) de 2005.

2. Edad de inicio de la primera unión

Los datos de la ENDIFAM confirman, en general, lo observado con otras fuentes de datos sobre los leves cambios en el calendario de las primeras uniones de mujeres y hombres en México (Quilodrán, 2001; Samuel y Seville, 2005; Solís, Gayet y Juárez, 2008). La edad media continúa siendo de 20 años en las mujeres y 23 en los hombres, sin cambios en los tres primeros grupos de cohortes (véase el gráfico 3). Solo en las cohortes más jóvenes, nacidas en la década de 1970, las edades medias aumentan a 21 años en las mujeres y 25 años en los varones[7].

Gráfico 3

México: edad al momento de la primera unión según la cohorte de nacimiento y el sexo. Función de sobrevivencia: percentiles 25, 50 y 75

(En años)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos ponderados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Familias (ENDIFAM) de 2005.

No obstante, el primer cambio perceptible ocurre en los grupos que inician su vida en pareja en edades relativamente tardías y cuya experiencia se refleja en los valores del tercer cuartil: las mujeres nacidas en el período 1940-1959 y los varones nacidos en la década de 1960 retrasan un año su unión. En las cohortes más jóvenes, además del aumento de las edades medias, el cambio más importante se registra entre quienes establecen uniones en edades relativamente tardías, pues el tercer cuartil aumenta a 27 y 32 años en mujeres y hombres, respectivamente.

Los grupos de jóvenes que forman uniones matrimoniales o consensuales en edades muy tempranas (antes de los 17 años las mujeres y de 20 años los varones) muestran una gran resistencia al cambio. A lo largo de casi medio siglo, el primer cuartil pasa apenas de 17 a 18 años entre las cohortes de mujeres nacidas entre 1940 y 1959 y las cohortes siguientes, mientras que no hay cambio alguno entre los hombres, pues la cuarta parte ha iniciado su vida conyugal a los 20 años en todas las cohortes.

Una primera aproximación para determinar la manera en que los crecientes niveles educativos se asocian con estos patrones en las edades de formación de las primeras uniones conyugales se obtiene a partir de las edades medias al momento de la primera unión, según el nivel educativo en las distintas cohortes (véase el cuadro 3). Los resultados señalan que las diferencias son muy pronunciadas entre las mujeres (oscilan entre 6 y 10 años) y el escalonamiento es perfecto, las edades medias son 17 o 18 años entre las mujeres sin estudios y 24 o más años entre las que terminan los estudios profesionales. Los patrones de los hombres son distintos. No se aprecian diferencias en los tres niveles educativos más bajos: hasta los estudios completos de secundaria se observa un leve retraso de la unión, que se acentúa en los niveles siguientes. En consecuencia, la edad al momento de la unión es mucho menos heterogénea que entre las mujeres: las diferencias entre los grupos extremos oscilan entre 4 y 5 años.

Cuadro 3

México: edad media al momento de la primera unión según el nivel educativo, la cohorte y el sexo

(En años)

Nivel educativo

1921-1939

1940-1959

1960-1969

1970-1974

Mujeres

Ninguno

18

18

17

(18)

Primaria incompleta

19

18

18

19

Primaria completa

20

20

19

20

Secundaria completa

21

21

20

20

Preparatoria completa

(24)

23

22

23

Licenciatura incompleta

(27)

23

22

(24)

Licenciatura completa o más

(23)

24

26

29

Hombres

Ninguno

22

22

22

(24)

Primaria incompleta

22

22

22

22

Primaria completa

24

22

22

22

Secundaria completa

24

23

22

23

Preparatoria completa

(26)

24

25

25

Licenciatura incompleta

(25)

26

25

27

Licenciatura completa o más

(27)

26

26

28

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos ponderados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Familias (ENDIFAM) de 2005.

Nota: Las cifras entre paréntesis corresponden a menos de 50 observaciones.

Un rasgo común entre hombres y mujeres es que, en cada nivel educativo, la edad al momento de la primera unión casi no varía entre las distintas cohortes, a excepción de quienes tienen estudios profesionales, que tienden a casarse más tarde (especialmente los que terminan el ciclo).

Este análisis bivariado sugiere que los niveles educativos más altos en las cohortes más jóvenes habrían originado los cambios en el calendario de la primera unión. A continuación se analiza, mediante modelos multivariados, la manera en que la creciente escolaridad se vincula con el estrato social e influye en el calendario de inicio de la primera unión.

3. Escolaridad, estrato social y edad de inicio de la primera unión

Los resultados de la estimación de los modelos logísticos de tiempo discreto aplicados a la probabilidad de iniciar una unión conyugal se presentan en el cuadro 4.

En el caso de las mujeres, el estrato social de origen desempeña un papel importante en el calendario de formación de la primera unión. Las jóvenes del estrato más alto suelen posponer el establecimiento de una unión, mientras que las de los otros estratos lo hacen a edades cada vez más tempranas a medida que desciende su ubicación en la escala social (modelo M1). En el otro extremo, las probabilidades de que las hijas de trabajadores manuales no especializados y agrícolas formen una unión son más de un 100% superiores a las de las hijas de profesionales y gerentes. Cuando se introducen las variables de la cohorte de nacimiento, el efecto del estrato social se reduce, pero persisten diferencias significativas entre los dos estratos más altos y los demás. En estos últimos, la magnitud de las razones de probabilidades se caracteriza por un escalonamiento perfecto (modelo M2). Los valores de las razones de las variables de la cohorte muestran la tendencia al retraso en el calendario en las cohortes más jóvenes: los valores correspondientes a las mujeres de la cohorte 1921-1949 y de las cohortes 1940-1959 y 1960-1969 son casi un 50% y un 25% mayores, respectivamente, que los de las mujeres más jóvenes, nacidas en la década de 1970.

Al introducir la variable continua relativa al número de años aprobados en la escuela, las diferencias entre los estratos se anulan y se reducen sustancialmente las diferencias entre las cohortes (modelo M3). Esto indica que el efecto del estrato social en la nupcialidad se produce mediante la escolaridad. El efecto del número de años de estudio es considerable: cada año adicional de estudios reduce las razones de probabilidades de contraer primeras nupcias o formar una unión consensual en un 7%. Las jóvenes de los estratos sociales más altos, que suelen alcanzar mayores niveles educativos, tienden a retrasar su unión.

Los autores que aplican el enfoque del curso de vida hacen hincapié en el efecto de la escolaridad en las distintas transiciones que viven los jóvenes a través de la asistencia a la escuela, y la incompatibilidad del rol de estudiante con los de esposa y madre (por ejemplo, Landale y Forste, 1991; Blossfeld y Jaenichen, 1992). En el modelo M4 se incorpora la asistencia a la escuela en el año anterior al cálculo de la probabilidad y se observa una influencia decisiva: las jóvenes que asisten a la escuela retrasan el inicio de su unión y sus probabilidades de contraer nupcias o formar uniones consensuales son menos de la mitad con respecto a las jóvenes que abandonaron sus estudios. El efecto de la escolaridad máxima alcanzada se reduce pero sigue siendo significativo.

Cuadro 4

México: razones de probabilidades de formación de la primera unión. Modelos de regresión logística de tiempo discreto según el sexo

Mujeres

Hombres

Modelos

M1

M2

M3

M4

M5

H1

H2

H3

H4

H5

Edad móvil (variable de tiempo)

1,16***

1,16***

1,16***

1,13***

1,13***

1,20***

1,21***

1,21***

1,17***

1,17***

Ocupación del padre

Profesional, gerente (categoría de referencia)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Empleado especializado

1,36*

1,15

1,00

0,99

0,99

1,67*

1,65*

1,49*

1,49

1,50

Empleado de oficina, ventas

1,58***

1,35*

1,01

0,99

1,00

1,69**

1,66**

1,48*

1,44

1,45

Trabajador manual especializado

1,65***

1,40**

0,99

0,96

0,96

1,54*

1,53*

1,25

1,19

1,20

Trabajador manual no especializado

1,12***

1,62*

0,99

0,95

0,95

1,80*

1,77*

1,42

1,35

1,34

Trabajador manual en servicios de baja calificación

1,94***

1,67***

1,09

1,07

1,06

1,86**

1,84**

1,47

1,42

1,43

Trabajador agrícola

2,13***

1,74***

0,98

0,95

0,96

2,07***

1,98***

1,43*

1,40

1,40

Cohorte de nacimiento

1970-1974 (categoría de referencia)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1960-1969

1,26***

1,20**

1,20**

0,96

1,20*

1,20*

1,20*

1,25

1940-1959

1,26***

1,04

1,04

0,76**

1,37***

1,29***

1,31***

1,15

1921-1939

1,50***

1,05

1,05

0,85

1,26**

1,09

1,13

1,04

Años de escuela aprobados

0,93***

0,97***

0,94***

0,96***

1,00

0,99

Asistió a la escuela el año anterior

(variable de tiempo)

0,42***

0,55***

0,40***

0,46***

Cohorte* años de escuela aprobados

1960-1969* años de escuela aprobados

1,04*

1,00

1940-1959* años de escuela aprobados

1,05***

1,02

1921-1939* años de escuela aprobados

1,04*

1,01

Cohorte* asistió a la escuela el año anterior (variable de tiempo)

1960-1969* asistió a la escuela el año anterior

0,78

0,96

1940-1959* asistió a la escuela el año anterior

0,66**

0,80

1921-1939* asistió a la escuela el año anterior

0,30***

0,73

Pseudo R2

-25 824,63

-25 787,33

-25 315,32

-25 091,64

-25 061,99

-13 958,43

-13 937,19

-13 802,97

-13 692,71

-13 688,4

Número de años persona

108 317

75 043

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos ponderados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Familias (ENDIFAM) de 2005.

Nota: *** p < 0,001, ** p < 0,01, * p < 0,05.

En el modelo con las interacciones (M5), se observa que el efecto principal del número de años aprobados en la escuela es importante un 6% por cada año de estudios adicional. La interacción muestra que este efecto disuasivo es mayor en la cohorte más joven, en la que los niveles educativos son más altos. El efecto principal de la asistencia es muy grande, pues reduce un 45% las probabilidades de casarse o formar una unión consensual. Las interacciones son significativas y señalan que la asistencia tiene una influencia aún mayor en las dos cohortes nacidas antes de 1960, entre quienes, por su baja escolaridad, la asistencia se registraba sobre todo a edades tempranas.

En resumen, la educación desempeña un papel complejo en la edad de inicio de la vida en pareja de las jóvenes, que además cambia con el correr del tiempo. La asistencia y el número de años aprobados propician el retraso de la unión, de manera que la incompatibilidad de roles, el aprendizaje, el cambio de valores y las mejores oportunidades laborales favorecen uniones más tardías. El mayor efecto disuasivo de la escolaridad en la cohorte más joven probablemente está asociado a mejores oportunidades de inserción laboral para las jóvenes más escolarizadas con respecto a las demás jóvenes de la misma cohorte y a las que nacieron en años anteriores, que vivieron su juventud en la década de 1980, caracterizada por el estancamiento de la economía. Los cambios en los valores y los roles de género en las jóvenes con mayor escolaridad y de generaciones más recientes también son una posible explicación de estas tendencias. Por otra parte, el mayor efecto disuasivo de la asistencia escolar en las cohortes de más edad revela que las pocas jóvenes que permanecían en el sistema educativo en los años casaderos postergaban la formación de uniones. La incompatibilidad de roles tiende a reducirse en el tiempo, aunque su efecto es muy fuerte, aún en las cohortes más jóvenes.

La experiencia de los hombres difiere de la de las mujeres en varios aspectos. En el primer modelo (H1), el efecto del estrato social es considerable y significativo. La mayor diferencia se observa entre los hijos de profesionales y gerentes y los demás jóvenes, pero entre estos también hay diferencias graduadas, y son los hijos de los agricultores los que inician antes su vida en pareja, con razones de probabilidades de más del doble con respecto al estrato más alto. La magnitud del efecto del estrato permanece casi igual en el modelo que incluye las variables sobre la cohorte (H2), y estas señalan un retraso pero hasta la cohorte más joven.

La escolaridad máxima alcanzada tiene un efecto significativo pero algo menor que en el caso de las mujeres (H3). Al introducir esta variable, el efecto del estrato se reduce y solo los hijos de los empleados especializados, los empleados de oficina y ventas y los trabajadores agrícolas forman uniones a edades más tempranas que los demás. Al introducir la variable sobre la asistencia escolar (modelo H4), se observa que su efecto es muy fuerte: la influencia de la escolaridad cesa y los hijos de los trabajadores agrícolas dejan de distinguirse por su nupcialidad temprana.

En el último modelo (H5), las interacciones no son significativas. Al controlar el efecto de las variables relativas a la educación, las únicas dos categorías en que los jóvenes se casan o forman uniones consensuales en edades más tempranas son los hijos de trabajadores no manuales que son empleados especializados o empleados de oficina y ventas. Si bien estos jóvenes tienen menor escolaridad que los hijos de los profesionales, las diferencias educativas no explican sus uniones más precoces. En cambio, en las categorías de trabajadores manuales y agrícolas, la corta permanencia en el sistema educativo da cuenta de las edades más tempranas al momento de la primera unión.

Es evidente entonces que el efecto disuasivo de la educación en el inicio de la primera unión de los varones se da por la incompatibilidad del rol de estudiante con la función de proveedor del compañero o esposo, que se mantiene en el tiempo. La asistencia escolar tiene un efecto de retención y, una vez que los jóvenes dejan la escuela, sus probabilidades de iniciar su primera unión son altas. Es posible que, en virtud del contenido de los estudios, la mayor escolaridad también propicie cierto aplazamiento de la unión, que es contrarrestado por las mayores oportunidades laborales que favorecen el establecimiento de uniones.

4. Escolaridad, estrato social y tipo de primera unión

Una vez conocidos los principales mecanismos mediante los cuales la educación influye en el calendario de la primera unión de mujeres y hombres, se pasa a analizar su efecto en el tipo de unión.

Los resultados del cuadro 5 señalan que, en el caso de las mujeres, el estrato social no solo no influye directamente en el calendario de inicio de la primera unión, como se puede apreciar en la regresión logística del cuadro 4, sino que tampoco influye directamente en el tipo de primera unión. No obstante, los cambios registrados en el tipo de unión a lo largo del tiempo son reveladores. La tendencia a retrasar cada vez más el matrimonio es muy nítida y paulatina. En cambio, en el caso de las uniones consensuales, los riesgos relativos son significativamente mayores a partir de las cohortes nacidas en la década de 1960. Los resultados muestran así que en las cohortes más recientes, la propensión a uno y otro tipo de unión tienen tendencias contrarias: el matrimonio tiende a retrasarse mientras que la cohabitación es más común y ocurre en edades más tempranas entre mujeres nacidas a partir de los años sesenta. Esta propensión a la cohabitación de las cohortes más recientes puede obedecer a un cambio de valores asociado al deseo de las jóvenes de formar uniones no sancionadas formalmente. Otra posible explicación, que no excluye la anterior, es que estas cohortes pasan sus edades casaderas en años de crisis y estancamiento de la economía y de creciente precariedad e inestabilidad laboral.

Los resultados sobre las variables educativas son también interesantes. La asistencia a la escuela actúa como un fuerte inhibidor de la formación de la primera unión, ya sea matrimonio o unión consensual. Al controlar la asistencia a la escuela, las mujeres con niveles educativos medios (secundaria y preparatoria completas) se unen más en matrimonio que el resto de las mujeres. Esto se explica porque las jóvenes menos instruidas tienden en mayor medida a establecer uniones libres, mientras que aquellas con más años de estudio tienden a posponer ambos tipos de unión. Las uniones consensuales son sobre todo comunes entre las mujeres que no terminaron la primaria. Entre quienes concluyeron este nivel, los valores de las razones de riesgo relativo sugieren que este tipo de unión es menos frecuente a medida que aumenta el nivel educativo. La razón de riesgo relativo de las profesionales que concluyen sus estudios es más baja (0,26) con respecto a la de quienes no terminaron la primaria. No obstante, la relación no es siempre lineal: la razón de riesgos relativos de las jóvenes universitarias con estudios incompletos es ligeramente superior a la de las jóvenes que sí terminaron la preparatoria. Esto sería un posible indicio del deseo de algunas de estas jóvenes universitarias de formar uniones más libres en comparación con las que terminan los estudios de preparatoria.

Cuadro 5

México: modelos de tiempo discreto de competencia de riesgos. Razones de riesgo relativo de contraer matrimonio o iniciar una unión consensual respecto de permanecer soltero, por sexo

Mujeres

Hombres

Matrimonio

Unión consensual

Matrimonio

Unión consensual

Edad móvil (variable de tiempo)

1,12***

1,10***

0,17***

1,14***

Ocupación del padre

Profesional, gerente (categoría de referencia)

1,00

1,00

1,00

1,00

Empleado especializado

0,97

1,13

1,39

1,72

Empleado de oficina, ventas

0,91

1,25

1,28

1,85

Trabajador manual especializado

0,81

1,35

1,07

1,50

Trabajador manual no especializado

0,89

1,14

1,19

1,67

Trabajador manual en servicios de baja calificación

0,83

1,71

1,10

2,28*

Trabajador agrícola

0,80

1,41

1,07

2,24*

Cohorte

1970-1974 (categoría de referencia)

1,00

1,00

1,00

1,00

1960-1969

1,35***

1,00

1,41***

0,96

1940-1959

1,49***

0,60***

1,83***

0,80*

1921-1939

1,69***

0,53***

1,75***

0,58***

Nivel educativo

Ninguno (categoría de referencia)

1,00

1,00

1,00

1,00

Primaria incompleta

0,99

0,89

1,18

1,29

Primaria completa

1,13

0,75**

1,21

1,11

Secundaria completa

1,26**

0,59***

1,36*

0,99

Preparatoria completa

1,23*

0,33***

1,37*

0,79

Licenciatura incompleta

1,30

0,45***

1,45*

0,72

Licenciatura completa o más

1,04

0,26***

1,70***

0,49**

Asiste actualmente a la escuela (variable de tiempo)

0,27***

0,27***

0,30***

0,27***

Log pseudo-likelihood (pseudoprobabilidad)

-29 736,89

-16 167,44

Número de años persona

108 646

75 317

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos ponderados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Familias (ENDIFAM) de 2005.

Nota: *** p < 0,001, ** p < 0,01, * p < 0,05.

En el caso de los varones, el estrato social no produce efecto alguno en el inicio del matrimonio, mientras que sí lo hace en el inicio de las uniones consensuales. Los riesgos relativos de formar una unión consensual de los jóvenes de los estratos más bajos (hijos de trabajadores en servicios de baja calificación y trabajadores agrícolas) son mucho mayores que para el resto de los jóvenes. El efecto de la cohorte es muy nítido: los resultados señalan que el rejuvenecimiento observado en otros estudios en la cohorte 1940-1959 y el retraso entre los jóvenes nacidos en la década de 1970 están asociados a cambios en el matrimonio. Los valores más altos en los riesgos relativos de la unión libre señalan su creciente difusión en las cohortes nacidas a partir de 1960, al igual que entre las mujeres, aunque de manera más paulatina. Las posibles explicaciones serían las mismas que en el caso de las mujeres: la formación de uniones más libres, un cambio en los valores y dificultades para lograr una mayor autonomía económica.

De manera semejante a lo observado en relación con las mujeres, el nivel educativo tiene un efecto inverso en el matrimonio y en la unión consensual. Al controlar la asistencia escolar, a medida que aumenta el nivel educativo, crecen los valores de las razones de riesgos relativos del matrimonio, y las diferencias con respecto a los jóvenes sin estudios son estadísticamente significativas a partir de la secundaria completa. Por el contrario, en el caso de la unión consensual, solo los jóvenes con estudios de licenciatura completa tienen menores probabilidades de iniciar una unión consensual que de permanecer solteros.

La asistencia a la escuela propicia el retraso casi por igual del inicio del matrimonio y de la unión consensual. Tanto entre las mujeres como entre los varones, su efecto disuasivo de la formación de la primera unión es muy marcado. Este efecto tan fuerte y generalizado puede ser reflejo tanto de las normas sociales respecto del rol del estudiante y el rol familiar del adulto, como de la rigidez del sistema educativo, que está cerrado para quienes han iniciado a formar una familia.

5. Escolaridad, estrato social e independencia residencial

La permanencia de la pareja recién formada en el hogar de los padres se relaciona en gran medida con el estrato social de origen (véase el cuadro 6). Los resultados de los modelos revelan que las mujeres y los hombres del estrato más alto (profesionales y gerentes) permanecen en menor medida en el hogar familiar que quienes pertenecen a todos los demás estratos sociales. En estos últimos, la experiencia residencial no es homogénea ni escalonada, lo que sugiere que las diferencias entre estratos no son solamente económicas, sino que los valores y las tradiciones que se comparten en los distintos grupos están asociados a organizaciones familiares más o menos proclives a las familias extensas.

No obstante, el efecto del sector social es más pronunciado y consistente entre los varones que entre las mujeres, porque las posibilidades de independencia residencial dependen en mayor medida de ellos. En México, el sistema de organización familiar es patrilocal[8]. Además, es común que los hijos varones realicen actividades semejantes o complementarias a las de los padres, por lo que su estrato ocupacional de origen influye en su permanencia en el hogar familiar.

Cuadro 6

México: modelos de tiempo discreto de competencia de riesgos. Razones de riesgo relativo de formar una primera unión en hogar independiente o formar una primera unión y permanecer en el hogar familiar, respecto de permanecer soltero, por sexo

Mujeres

Hombres

Hogar independiente

Hogar

familiar

Hogar independiente

Hogar

familiar

Edad móvil (variable de tiempo)

1,14***

1,09***

1,18***

1,14***

Ocupación del padre

Profesional, gerente (categoría de referencia)

1,00

1,00

1,00

1,00

Empleado especializado

0,74

2,08*

1,17

3,06**

Empleado de oficina, ventas

0,81

1,72

1,09

3,11**

Trabajador manual especializado

0,69*

1,84*

0,82

2,89**

Trabajador manual no especializado

0,69

1,84

0,56

4,47**

Trabajador manual en servicios

de baja calificación

0,72

2,19**

0,91

3,61**

Trabajador agrícola

0,72

1,81*

0,95

3,38**

Cohorte

1970-1974 (categoría de referencia)

1,00

1,00

1,00

1,00

1960-1969

1,45

1,02

1,31**

1,11

1940-1959

1,53

0,74***

1,66***

1,04

1921-1939

1,74

0,67***

1,53***

0,84

Nivel educativo

Ninguno (categoría de referencia)

1,00

1,00

1,00

1,00

Primaria incompleta

0,87

1,01

1,04

1,45**

Primaria completa

1,07

0,87

1,09

1,28

Secundaria completa

1,06

0,82*

1,16

1,28

Preparatoria completa

1,09

0,53***

1,25

0,97

Licenciatura incompleta

1,33

0,51**

1,20

1,06

Licenciatura completa o más

1,03

0,33***

1,36*

0,98

Asiste actualmente a la escuela (variable de tiempo)

0,29***

0,25***

0,33***

0,24***

Log pseudo-likelihood (pseudoprobabilidad)

-29 930,46

-16 302,3

Número de años persona

108 622

75 307

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos ponderados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Familias (ENDIFAM) de 2005.

Nota: *** p < 0,001, ** p < 0,01, * p < 0,05.

Una vez controlada la escolaridad, se observa que los riesgos relativos de convivir como pareja en el hogar familiar de los hijos de trabajadores no manuales, pero que no son profesionales ni gerentes, son semejantes a los de los hijos de agricultores. Además, los valores más altos de las razones de riesgo relativo de permanecer en el hogar familiar se observan en los tres estratos más bajos. Entre ellos, los hijos de trabajadores manuales no calificados en la industria permanecen en mayor medida en el hogar familiar, más que los hijos de agricultores. Estos estratos no agrícolas con mayores riesgos relativos de permanecer en el hogar familiar, los empleados y los trabajadores manuales no especializados y de baja calificación, viven en su mayoría en centros urbanos, por lo que la escasez de vivienda en las ciudades podría explicar en parte esta tendencia.

Los cambios en el tiempo son significativos: las variables de la cohorte de nacimiento muestran diferencias. La propensión de las mujeres a residir en el hogar familiar cambió entre las cohortes nacidas antes y después de 1960. Para las cohortes más jóvenes, los riesgos de formar una pareja que permanece con los familiares son mayores, mientras que los de formar un hogar independiente son menores que en las cohortes anteriores. Es decir, para las jóvenes nacidas en la década de 1970 las probabilidades de permanecer en el hogar familiar son mayores, ya sea solteras o en pareja.

La mayor escolaridad de las mujeres tiene un claro efecto disuasivo de la formación de parejas con residencia en el hogar familiar. A partir de la secundaria completa, los riesgos son significativamente menores que entre las mujeres menos instruidas y los valores de las razones se reducen hasta alcanzar el valor mínimo, que se registra entre quienes terminan los estudios universitarios. La razón de riesgo relativo de estas jóvenes corresponde a un tercio de la de las jóvenes que como máximo terminan la primaria.

A diferencia de lo que ocurre con las mujeres, no se observan cambios graduales en el tiempo en el caso de los hombres y las diferencias entre los distintos niveles educativos son menos acentuadas. Solo quienes no han completado los estudios de primaria tienen mayores probabilidades de formar una unión y permanecer en el hogar familiar. Por el contrario, los jóvenes que terminan los estudios universitarios se distinguen porque se casan y forman un hogar con residencia independiente con mayor frecuencia.

La asistencia escolar tiene un fuerte efecto disuasivo de la formación de parejas, ya sea con residencia independiente o no, tanto para los hombres como para las mujeres. Sin embargo, este efecto es un poco mayor en el caso de las parejas que residen con los familiares, lo que sugiere que los jóvenes no establecen este tipo de arreglos mientras cursan sus estudios. Las probabilidades de formar este tipo de arreglos familiares no nucleares aumentan entre quienes han abandonado la escuela a edades tempranas.

D. Conclusiones

El objetivo de este trabajo era analizar el efecto de los crecientes niveles educativos y su interacción con los estratos sociales de origen en los patrones de formación de las uniones conyugales en el siglo XX. Se corrobora mucho de lo que ya se sabe sobre la leve tendencia al retraso de la unión y la creciente difusión de las uniones libres, en especial en los sectores sociales más bajos. Se avanza en otros aspectos, en especial en la forma en que la educación y el estrato ocupacional de origen se han vinculado y han condicionado el momento en que se establecen las primeras uniones y su modalidad. Otros hallazgos importantes se relacionan con la distinción de las dos dimensiones de la educación: la asistencia escolar y los logros educativos. Además, la incorporación de la experiencia de los varones enriqueció el análisis de manera sustancial, ya que las diferencias de género en la relación entre la educación y el estrato de origen, así como en las dos dimensiones de la educación, son marcadas.

Con respecto al calendario de la primera unión, la estructura de los condicionantes es muy distinta para mujeres y hombres. En ambos casos la asistencia escolar actúa como un importante factor de retención. La probabilidad de que los hombres formen una unión cuando dejan de estudiar es alta, independientemente de su nivel educativo y de la cohorte a la que pertenecen (se enmarcan en el rol de proveedor). En el caso de las mujeres, el estudio y la vida familiar constituyen ámbitos aún más contrapuestos: cuando ya no asisten a la escuela, el aplazamiento de su unión aumenta en la medida que sus logros educativos son mayores.

La cohorte revela modificaciones culturales, sociales y económicas. Se observa un leve pero persistente retraso en el establecimiento de la primera unión por las mujeres a partir de las cohortes nacidas en los años cuarenta y cincuenta. La situación de los hombres es distinta pues estas cohortes no solo no retrasan su primera unión sino que tienen una nupcialidad más temprana que las cohortes anteriores. La tendencia a diferir la primera unión se observa entre los nacidos a partir de la década de 1960.

El efecto de los sectores ocupacionales en las primeras uniones de las mujeres se produce a través de las variables educativas, mientras que el estrato ocupacional de origen mantiene su efecto directo entre los hombres: los hijos de trabajadores no manuales que no son profesionales ni gerentes forman uniones en edades más tempranas en comparación con los jóvenes de los demás grupos ocupacionales.

En el análisis del matrimonio y la unión libre como riesgos en competencia con respecto a permanecer soltero, se observa una tendencia contraria en el tiempo en ambos sexos: el retraso del matrimonio y la mayor difusión de las uniones consensuales tempranas en las cohortes nacidas a partir de la década de 1960.

Tanto hombres como mujeres tienden a retrasar el matrimonio o la formación de uniones libres mientras asisten a la escuela. No obstante, la escolaridad tiene un efecto de género nítido, ya que disuade a las mujeres de iniciar una unión consensual y posibilita a los hombres contraer matrimonio. La mayor escolaridad propicia la autonomía de las mujeres y, con ella, mayores oportunidades de desarrollo personal y profesional y menores costos de permanecer solteras, por lo que evitan la formación de una unión consensual temprana. En el caso de los varones, la mayor escolaridad favorecería el acceso a mejores oportunidades laborales y la posibilidad de contraer matrimonio y desempeñar su rol de proveedor. La mayor autonomía de los hombres parece no actuar en detrimento de su rol de proveedores.

El sector ocupacional de origen no tiene un efecto directo en el tipo de unión que se forma en el caso de las mujeres. Entre los varones, solo en el sector de los servicios de baja calificación y en el agrícola las uniones consensuales son más comunes. En el extremo opuesto, solo quienes completan los estudios profesionales tienden a evitar las uniones libres.

Las uniones consensuales representan un patrón cada vez más frecuente, sobre todo en las cohortes más jóvenes, cuyas edades casaderas corresponden a los años de crisis y estancamiento de la economía, y en especial en los estratos más bajos y con menores niveles educativos. Los jóvenes que concluyen sus estudios de licenciatura recurren en menor medida a este tipo de uniones. Esto sugiere que, al menos hasta las cohortes nacidas antes de 1975, en las uniones consensuales no predominan las nuevas formas de conyugalidad de los estratos “más modernos”.

Los patrones de corresidencia actúan como posibilitadores de uniones tempranas, una vía que facilita la formación familiar. Los sectores ocupacionales de origen tienen un efecto significativo en la residencia de la pareja recién formada. La categoría ocupacional de profesionales y gerentes es la única en la que no hay tradición de corresidencia familiar y en ella la edad de los jóvenes al momento de la unión es mayor.

En el caso de las mujeres, el sector ocupacional de origen tiene un efecto directo en la residencia de la pareja, cuando las variables relativas a la educación no alcanzan a absorber ese efecto, como sí sucede con respecto al momento en que se establece la primera unión y a su modalidad. Las mujeres más instruidas tienden a retrasar la unión y por ello no suelen permanecer con su pareja en el hogar familiar (en general el de sus suegros).

En el caso de los hombres, el sector ocupacional produce un marcado efecto en la formación de las parejas que residen en el hogar familiar, influencia que también ejercen los niveles educativos extremos: quienes tienen estudios universitarios tienden a formar hogares independientes, mientras que quienes no terminan la primaria permanecen en mayor medida en el hogar familiar. Es interesante observar que el estrato ocupacional no ejerce efecto alguno en la formación de uniones con independencia residencial.

En suma, la educación formal propicia la postergación de la formación de las uniones en general y de las uniones consensuales en particular, y reduce la probabilidad de que las parejas permanezcan en el hogar familiar. Sin embargo, esto ocurre por vías distintas en el caso de hombres y mujeres y varía según las cohortes de nacimiento y los estratos ocupacionales de origen.

La asistencia escolar tiene un efecto disuasivo generalizado: en hombres y en mujeres, en los dos tipos de unión y en las dos formas de residencia, independientemente del estrato y del nivel educativo. La escuela actúa como espacio de contención para todos. La permanencia en el sistema educativo requiere dedicación exclusiva. La salida de la escuela condiciona el inicio de la formación de la familia o la entrada al mercado laboral, sobre todo en el caso de los varones.

La escolaridad alcanzada, que reflejaría en mayor medida el contenido de los estudios, afecta solo a las mujeres. El cambio de valores y las alternativas a la vida familiar asociados a los mayores niveles de instrucción propician que las mujeres retrasen el establecimiento de una unión y eviten formar uniones consensuales y permanecer con sus parejas en el hogar familiar. La autonomía adquirida con la educación favorece la formación de uniones menos frágiles, en las que las mujeres tienen mayor poder de negociación y están menos sometidas a las familias de origen.

En futuras investigaciones habrá que tratar de responder a algunas de las preguntas que surgen de este estudio. La primera se refiere a los patrones de las generaciones más jóvenes. Con nuevas fuentes de datos, se ha podido observar que persiste el retraso de la edad al momento de la primera unión y que las uniones libres son cada vez más comunes, pero se desconoce la manera en que estos cambios recientes se vinculan con las dos dimensiones de la educación. En el caso de los varones, sería interesante establecer si la autonomía asociada a la mayor educación propicia —una vez que terminan sus estudios— un retraso de la unión en las cohortes recientes, o si se mantienen los patrones observados relativos a su rol de proveedores. En el caso de las mujeres, también es relevante conocer si aquellas con mayor educación optarán en mayor medida por la cohabitación o si continuarán retrasando el establecimiento de una unión.

También interesa conocer la manera en que los patrones de formación de la primera unión se vinculan con la reproducción. En la ENDIFAM no se indagó sobre la fecundidad de los individuos. Sin embargo, un tema que preocupa en el país es la incidencia del embarazo adolescente, que ha aumentado en los últimos años. Es muy probable que una parte de las parejas analizadas se haya formado de manera precipitada debido a un embarazo o un nacimiento previo, en especial las parejas de adolescentes de los estratos más bajos y con escasa instrucción, que forman uniones libres y permanecen en el hogar de los padres. Conocer las trayectorias educativas, laborales, maritales y reproductivas de los jóvenes permitiría una mejor comprensión de los procesos para la elaboración de políticas públicas eficientes dirigidas a ese sector de la población.

Bibliografía

Agresti, A. y B. Finlay (1999), Statistical Methods for the Social Sciences, New Jersey, Prentice Hall.

Allison, P. D. (1991), Event History Analysis. Regression for Longitudinal Event Data, Sage University Paper, Nº 46, Quantitative Applications in the Social Sciences, Sage Publications.

Baizán, P. y T. Martín-García (2006), “Joint determinants of educational enrolment and first birth timing in France and West Germany”, Genus, vol. LXII, Nº 2.

Blossfeld, H.P. y U. Jaenichen (1992), “Educational expansion and changes in women’s entry into marriage and motherhood in the Federal Republic of Germany”, Journal of Marriage and Family, vol. 54, Nº 2.

Bracher, M. y G. Santow (1998), “Economic independence and union formation in Sweden”, Population Studies, vol. 52, Nº 3.

Castro Martín, T. (2002), “Consensual unions in Latin America: Persistence of a dual nuptiality system”, Journal of Comparative Family Studies, vol. 33, Nº 1.

Dixon, R. (1971), “Explaining cross-cultural variations in age at marriage and proportions never marrying”, Population Studies, vol. 25, Nº 2.

Dominguez-Folgueras, M. y T. Castro-Martín (2008), “Women’s changing socioeconomic position and union formation in Spain and Portugal”, Demographic Research, vol. 19, Nº 1.

Echarri, C. (2000), “La casada casa quiere. Un análisis de los patrones de residencia posterior a la unión de las mujeres mexicanas”, documento presentado en la VI Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México, Ciudad de México, Sociedad Mexicana da Demografía.

Esteve, A., R. Lesthaeghe y A. López-Gay (2012), “The Latin American cohabitation boom, 1970-2007”, Population and Development Review, vol. 38, Nº 1.

Fussell, E. y A. Palloni (2004), “Persistent marriage regimes in changing times”, Journal of Marriage and the Family, vol. 66, Nº 5.

González Montes, S. (1994), “Intergenerational and gender relations in the transition from a peasant economy to a diversified economy”, Women of the Mexican Countryside, 1850-1990, H. Fowler-Salamini y M. K. Vaughan (eds.), Tucson, The University of Arizona Press.

Heaton, T. B., R. Forste y S. M. Otterstorm (2002), “Family transitions in Latin America: First intercourse, first union and first birth”, International Journal of Population Geography, Nº ٨.

Jejeebhoy, S.J. (1995), Women’s Education, Autonomy, and Reproductive Behaviour: Experience from Developing Countries, Oxford, Clarendon Press.

Landale, N. S. y R. Forste (1991), “Patterns of entry into cohabitation and marriage among mainland Puerto Rican women”, Demography, vol. 28, Nº 4.

Lichtner, D.T., Z. Qian y L. M. Mellott (2006), “Marriage or dissolution? Union transitions among poor cohabiting women”, Demography, vol. 43, Nº 2.

Lindstrom, D. y C. Brambila Paz (2001), “Alternative theories of the relationship of schooling and work to family formation: evidence from Mexico”, Social Biology, vol. 48, Nº 3-4.

Malhotra, A. (1997), “Gender and the timing of marriage: Rural urban differences in Java”, Journal of Marriage and the Family, vol. 59, Nº 2.

Malhotra, A. y A. Ong Tsui (1996), “Marriage timing in Sri Lanka: The role of modern norms and ideas”, Journal of Marriage and the Family, vol. 58, Nº 2.

Mier y Terán, M. (2009), “El proceso de formación de las parejas en México”, Tramas familiares en el México contemporáneo. Una perspectiva sociodemográfica, C. Rabell (coord.), Ciudad de México, Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), El Colegio de México.

Oliveira, O. de (1995), “Experiencias matrimoniales en el México urbano: la importancia de la familia de origen”, Estudios Sociológicos, vol. XIII, Nº 38.

Oppenheim-Mason, K. (1995), Gender and Demographic Change: What do we know?, Lieja, Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población.

Oppenheimer Kincade, V. (1988), “A theory of marriage timing”, American Journal of Sociology, vol. 94, Nº 3.

Parrado, E. y M. Tienda (1997), “Women’s roles and family formation in Venezuela: New forms of consensual unions?”, Social Biology, Nº ٤٤.

Parrado, E. y R. Zenteno (2005), “Entrada en unión de hombres y mujeres en México: perspectiva de los mercados matrimoniales”, Cambio demográfico y social en el México en el siglo XX. Una perspectiva de historias de vida, M.L. Coubes y otros (eds.), Ciudad de México, Cámara de Diputados, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, El Colegio de la Frontera Norte y Miguel Ángel Porrúa.

Pérez, J. y A. Esteve (2012), “Explosión y expansión de las uniones libres en México”, Coyuntura Demográfica. Revista sobre los Procesos Demográficos en México Hoy, Nº ٢.

Quilodrán, J. (2001), Un siglo de matrimonio en México, Ciudad de México, El Colegio de México.

____(2010), “Hacia un nuevo modelo de nupcialidad”, Los grandes problemas de México. Población, tomo 1, B. García y M. Ordorica (coords.), Ciudad de México, El Colegio de México.

Robichaux, D. (2002), “El sistema familiar mesoamericano y sus consecuencias demográficas”, Papeles de Población, vol. 2, Nº 32, Toluca.

Samuel, O. (2001), Marriage et famille en milieu rural mexicain, París, L’Harmattan, Collection Populations.

Samuel, O. y P. Seville (2005), “La nupcialidad en movimiento”, Cambio demográfico y social en el México en el siglo XX. Una perspectiva de historias de vida, M.L. Coubes y otros (coords.), Ciudad de México, Cámara de Diputados, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, El Colegio de la Frontera Norte y Miguel Ángel Porrúa.

Saraví, G. (2007), “Atmósfera familiar y transición a la adultez en México. Factores de riesgo asociados con transiciones tempranas”, Fortalezas y desafíos de las familias en dos contextos: Estados Unidos de América y México, R. Esteinou (ed.), Ciudad de México, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

Seville, P. (2005), “Primeras etapas de la vida familiar y trayectorias migratorias”, Cambio demográfico y social en el México en el siglo XX. Una perspectiva de historias de vida, M.L. Coubes y otros (coords.), Ciudad de México, Cámara de Diputados, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, El Colegio de la Frontera Norte y Miguel Ángel Porrúa.

Solis, P. y S. Ferraris (2014), “Nuevo siglo, ¿nuevas pautas de formación y disolución de uniones?”, Los mexicanos. Un balance del cambio demográfico, C. Rabell (coord.), Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica.

Solís, P. e I. Puga (2009), “Los nuevos senderos de la nupcialidad: cambios en los patrones de formación y disolución de las primeras uniones en México”, Tramas familiares en el México contemporáneo. Una perspectiva sociodemográfica, C. Rabell (coord.), Ciudad de México, Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), El Colegio de México.

Solís, P., C. Gayet y F. Juárez (2008), “Las transiciones a la vida sexual, a la unión y a la maternidad en México: cambios en el tiempo y estratificación social”, Salud reproductiva y condiciones de vida en México, S. Lerner e I. Szasz (coords.), Centro de Estudios Demográficos, Urbano y Ambientales, El Colegio de México, tomo 1.

Sunkel, G. (2006), “El papel de las familias en la protección social en América Latina”, serie Políticas Sociales, Nº 120 (LC/L.2530-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Therborn, G. (2004), Between Sex and Power. Family in the world, 1990-2000, Londres, Routledge.

Van de Kaa, D.J. (1987), “Europe’s Second Demographic Transition”, Population Bulletin, vol. 42, Nº 1, Population Reference Bureau.

[1] Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

[2] En las comunidades rurales de México, el matrimonio forma parte de un proceso gradual de adquisición de autonomía. Después de casados, es común que la joven pareja permanezca en el hogar familiar del marido durante un período más o menos largo. Esta residencia se define principalmente por rasgos culturales vinculados a las formas de transmisión de la propiedad, así como por los lazos laborales y las estrategias complementarias entre el padre y el hijo (Robichaux, 2002).

[3] En una comunidad rural del estado de México, González (1994) observa variaciones en el tiempo que las parejas permanecen en el hogar paterno según la organización económica del hogar: la permanencia se reduce significativamente en los hogares sin tierra mientras que aumenta en aquellos con una economía diversificada, y no cambia entre los que exclusivamente trabajan la tierra. La autora plantea que la residencia y la herencia están relacionadas por el trabajo, ya que los jóvenes viven donde esperan heredar, porque han adquirido derechos por haber vivido y trabajado. El hombre que vive en la casa paterna debe aceptar la autoridad del padre, trabajar su tierra o darle su ingreso para que lo administre. Las mujeres sirven a la familia de los suegros.

[4] En algunos casos en los que se desconocía la ocupación del padre (3.022 casos) y se conocía la ocupación de la madre, se hizo uso de esta (1.912 casos).

[5] Esta clasificación fue elaborada por el doctor Patricio Solís para la ENDIFAM de 2005. En ella, peones, ayudantes, obreros no especializados y trabajadores de la construcción se consideran trabajadores manuales no especializados, mientras que vendedores ambulantes, trabajadores en servicio doméstico y trabajadores en servicios de seguridad se incluyen en los servicios de baja calificación.

[6] Se debe advertir que esta no es exactamente la estructura ocupacional de las generaciones de los padres porque las personas de los estratos con niveles de fecundidad más altos, como sería el caso de los trabajadores agrícolas, estarán más representadas en la muestra de los hijos que las personas de los estratos con niveles de fecundidad más bajos.

[7] En los datos de la Encuesta Demográfica Retrospectiva (EDER) se observa un rejuvenecimiento en el calendario de inicio de la primera unión de los hombres de las generaciones 1936-1938 y 1951-1953 que viven en zonas urbanas (Samuel y Seville, 2005). Estos datos no lo corroboran porque se refieren a la población total del país, pero sí se podrá apreciar en los resultados de los modelos.

[8] Por ejemplo, según datos de la ENDIFAM de 2005, tres de cada cuatro parejas que no forman un hogar independiente permanecen con la familia del hombre (Mier y Terán, 2009).

Orientaciones para los autores de la revista Notas de Población

La revista Notas de Población es coordinada por su Comité Editorial, al que corresponde la responsabilidad de elaborar cada número en todas sus etapas, consignando todas las decisiones que permitan presentar contribuciones de calidad científica. Dicho Comité está conformado por profesionales del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL y cuenta con el apoyo del Consejo Editorial de la revista en los procesos de evaluación de artículos.

Consideraciones generales

En Notas de Población se publican artículos originales e inéditos sobre estudios de población, con un enfoque multidisciplinario que abarca, además del ámbito específico de la demografía, las relaciones entre la dinámica demográfica, los fenómenos económicos y sociales, el desarrollo, los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental. Los artículos se deberán orientar de preferencia a países de América Latina y el Caribe, si bien en ocasiones podrán incluirse contribuciones relativas a otras regiones del mundo. La revista se publica tanto en versión impresa como en formato electrónico en el portal de la CEPAL.

Los manuscritos deben estar escritos en español, aunque también podrán admitirse materiales en otros idiomas, que, de ser aceptados, serán traducidos al español por la CEPAL para su publicación. Excepcionalmente, según el interés de la revista y previo consentimiento del autor, se publicarán traducciones de artículos ya publicados en otras lenguas. La revista sigue un estilo libre y abierto; sin embargo, se podrán preparar números especiales a juicio del Comité Editorial.

Los autores de los trabajos pueden ser individuales o colectivos y son los responsables de su obra. Los derechos de autor de los artículos publicados por la revista pertenecen a las Naciones Unidas.

Los artículos deberán enviarse por correo electrónico a: celade-notasdepoblacion@cepal.org. Junto con el texto original, cada artículo debe incluir lo siguiente:

• Título.

• Datos del autor o los autores: deben figurar el nombre completo, títulos académicos, afiliación institucional, dirección electrónica y algún dato relevante del texto, como por ejemplo, el nombre del proyecto de investigación del que se deriva el artículo, si procede.

• Un mínimo de cinco palabras clave y un máximo de ocho.

• Un resumen de 160 palabras, como máximo, en el que se sinteticen sus propósitos y conclusiones principales.

• Bibliografía, de acuerdo con las normas editoriales de la revista.

• Un archivo de Excel que contenga todos los gráficos editables en el orden en que aparecen en el texto.

• Una declaración concisa y clara de que el artículo es original, no ha sido publicado anteriormente y no se encuentra en proceso de revisión en ninguna otra publicación, sea en formato impreso o electrónico.

Procedimiento de selección

Todos los artículos recibidos serán sometidos a una revisión inicial por parte del Comité Editorial, que verificará el cumplimiento de las normas editoriales básicas de la revista, la pertinencia temática y la adecuada estructuración del trabajo como artículo científico.

Los artículos que superen esta primera etapa serán sometidos al arbitraje de dos evaluadores externos mediante el sistema de doble ciego, que conserva el anonimato tanto de los autores como de los árbitros o dictaminadores. Los evaluadores que participan en el proceso de arbitraje de los artículos provienen en su mayoría del Consejo Editorial. En caso necesario, es posible que se invite a especialistas que no forman parte de este.

Los árbitros evaluarán la pertinencia, relevancia y novedad del tema de acuerdo con la orientación de la revista, junto con la originalidad y el aporte conceptual o metodológico del artículo con respecto a los estudios de población. Asimismo, analizarán si el trabajo se ha estructurado y ordenado adecuadamente, es decir, si se presentan con claridad los datos, la metodología, los objetivos y las hipótesis; si los cuadros, recuadros, gráficos, mapas y diagramas son ilustrativos y claros; si las referencias se encuentran actualizadas y correctamente citadas, y si existe coherencia entre los objetivos y los resultados del estudio.

Los evaluadores emitirán un dictamen que se concretará en una de las tres opciones siguientes: publicación con cambios menores, publicación con cambios mayores o rechazo del artículo. En caso de que el dictamen sea de publicación con cambios, los árbitros detallarán las modificaciones que consideren pertinentes para mejorar el artículo y estas serán comunicadas al autor, quien, previa aceptación, deberá enviar la versión definitiva dentro del plazo que el Comité Editorial establezca.

Si se produjeran divergencias en los dictámenes de los árbitros, el Comité Editorial de la revista procederá a una revisión adicional. Las decisiones sobre los artículos rechazados por los dictaminadores son inapelables y solo se comunicarán de manera general a los autores. No obstante, en caso de requerirse, se enviarán los comentarios a los autores.

De acuerdo con el procedimiento editorial establecido en la CEPAL, los artículos se someterán a evaluación a medida que se vayan recibiendo. Los trabajos entregados una vez finalizado el período de recepción de artículos pueden no ser incluidos en el número de la revista en curso. Podrán postularse nuevamente al número siguiente, siempre y cuando hayan sido aceptados por los dictaminadores. En este caso, los autores deberán seguir las instrucciones que les indique el Comité Editorial.

El Comité Editorial se reserva el derecho de efectuar modificaciones de estilo y forma al contenido del texto, al título, a los cuadros y recuadros y a los elementos gráficos, con el fin de satisfacer las exigencias editoriales de la revista.

Política editorial

Los autores se comprometerán a no presentar el material a ninguna otra revista durante los tres meses transcurridos desde la recepción del artículo, plazo dentro del cual recibirán respuesta confirmando o no la publicación del artículo.

En caso de aceptación con cambios del artículo, los autores se comprometen a cumplir los plazos de revisión e introducción de las modificaciones sugeridas a fin de no retrasar el calendario de edición y publicación de la revista.

Normas editoriales

Extensión: el texto de los artículos no debe exceder las 10.000 palabras (incluidos cuadros, recuadros, gráficos, mapas, diagramas, notas y bibliografía).

Formato: el texto debe enviarse en un archivo electrónico de Word. Dado que la impresión del documento se realiza en blanco y negro, debe evitarse toda mención a los colores empleados en cuadros, gráficos, mapas y diagramas, sin perjuicio de que en el formato dispuesto en la página web el archivo pueda contener dichos colores.

Cuadros: deben insertarse en el archivo Word, como contenido editable, en el lugar que corresponda dentro del texto.

Gráficos: deben insertarse en el archivo de Word, en forma de imagen, en el lugar que corresponda dentro del texto. Es indispensable adjuntar además un archivo de Excel que contenga todos los gráficos editables en el orden en que aparecen en el texto. En el archivo de Excel cada gráfico debe ocupar una hoja, en cuya pestaña se debe indicar el número del gráfico.

Diagramas: deben insertarse en el archivo de Word, como contenido editable, en el lugar que corresponda dentro del texto.

Mapas: deben insertarse en el archivo de Word, en forma de imagen, en el lugar que corresponda dentro del texto y, además, adjuntarse en un archivo editable con las extensiones eps, pdf o ai (Illustrator).

Referencias a cuadros, recuadros y elementos gráficos: en el texto debe haber al menos una referencia a cada cuadro, recuadro, gráfico, mapa o diagrama. Asimismo, todos estos elementos deben incluir el título, la fuente y la unidad de medida de los datos presentados, si procede.

Fórmulas matemáticas: se sugiere numerar las fórmulas matemáticas con cifras arábigas entre paréntesis y alineadas a la derecha.

Notas explicativas: todas las notas deben insertarse a pie de página y estar numeradas correlativamente.

Referencias bibliográficas: cada referencia bibliográfica mencionada en el texto debe incluir, entre paréntesis, el apellido del autor y el año de publicación.

Bibliografía: debe figurar al final del texto. Los registros bibliográficos se presentarán en orden alfabético por el apellido del autor, seguido del nombre de pila, el año de publicación entre paréntesis, el título completo, la ciudad de publicación y la editorial.

Ejemplos:

Libro con dos autores:

Auerbach, A. y L. Kotlikoff (1987), Dynamic Fiscal Policy, Cambridge, Cambridge University Press.

Artículo con tres autores:

Auerbach, A., J. Gokhale y L. Kotlikoff (1994), “Generational accounting: a meaningful way to evaluate fiscal policy”, Journal of Economic Perspectives, vol. 8, Nº 1.

Publicación electrónica con más de tres autores:

Mason, A. y otros (2009), “National Transfer Accounts Manual. Draft Version 1.0” [en línea]

http://www.ntaccounts.org/doc/repository/NTA%20Manual%20V1%20Draft.pdf.

Autor institucional:

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2009), Panorama Social de América Latina, 2008 (LC/G.2402-P/E), Santiago. Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: S.08.II.G.89.

Mismo autor, mismo año:

Lee, R. (1994a), “The formal demography of population aging, transfers, and the economic life cycle”, Demography of Aging, Linda G. Martin y Samuel H. Preston (eds.), Washington, D.C., National Academy Press.

(1994b), “Population age structure, intergenerational transfers, and wealth: a new approach, with applications to the U.S.”, Journal of Human Resources, vol. 29, Nº 4, número especial.

Guidelines for authors of Notas de Población

The journal Notas de Población is coordinated by its Editorial Committee, which is responsible for preparing each issue from start to finish, and ensuring that all contributions are up to scientific standard. This Committee comprises professionals from the Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE)-Population Division of ECLAC and receives support from the journal’s Editorial Board in reviewing articles.

Overview

The journal Notas de Población publishes original, unpublished articles on population studies, and has a multidisciplinary approach that covers not only the field of demography but also the links between demographic trends, economic and social phenomena, development, human rights and environmental sustainability. Articles should relate preferably to Latin America and the Caribbean, although contributions relating to other regions may on occasion be included. The journal is available in both print format and on the ECLAC website.

Manuscripts must be drafted in Spanish, although in certain cases material may be submitted in other languages. Articles accepted in other languages for publication are translated into Spanish by ECLAC. Exceptionally, translations into other languages of existing articles may be published with the author’s permission. The style of the journal is free and open, but special editions may be published subject to the Editorial Committee’s approval.

Authors may be individuals or groups and are responsible for their work. The copyright of the articles published in the journal is held by the United Nations.

Articles must be sent via e-mail to: celade-notasdepoblacion@cepal.org. Along with the original text, articles must contain the following:

• Title.

• Details of the author(s), including full name, academic qualifications, institutional affiliation, e-mail address and any relevant information about the text, such as the name of the research project with which the article is associated, if applicable.

• Between five and eight key words.

• An abstract of up to 160 words summarizing the main aims and conclusions.

• A bibliography, prepared in accordance with the editorial rules applicable to the journal.

• An Excel file containing editable versions of all the figures in the order in which they appear in the text.

• A concise and clear declaration stating that the article is original, has not been published before and is not currently being reviewed by any other print or electronic publication.

Selection process

All articles received are reviewed initially by the Editorial Committee, which looks at whether they comply with the journal’s basic editorial rules, the relevance of the subject matter, and whether the structure of the text is appropriate for a scientific article.

Articles that pass this initial stage are then reviewed by two external referees using a double-blind review system, in which both the author and the referees or reviewers remain anonymous. The referees are mainly members of the Editorial Board. If necessary, outside specialists may be invited to review articles.

The referees will first of all consider the pertinence, relevance and novelty of the subject matter, with reference to the journal’s editorial stance, as well as the article’s potential contribution to population studies in terms of its originality, concept and methodology. They will then assess whether the work has been properly structured and organized, that is, whether the data, methodology, objectives and hypotheses have been clearly set out; whether the tables, boxes, figures, maps and diagrams are illustrative and clear; whether the references are up to date and correctly cited; and whether the objectives are consistent with the results of the study.

The referees will make one of the following recommendations: publication with minor changes; publication with major changes; or rejection of the article. In the event that the referees decide the article should be published with changes, they will list the alterations they deem necessary to improve the article and notify the author accordingly. Should the author accept, the final version must be submitted by the deadline stipulated by the Editorial Committee.

If there are differences of opinion among the referees, the Editorial Committee will conduct a second review. Decisions on rejected articles are final and authors will be notified. Comments will not be sent to authors unless requested.

In line with the editorial procedure established by ECLAC, articles will be subject to review as and when they are received. Articles submitted after the deadline may not be included in the current issue. Authors may submit another application for their articles to be included in the following issue, provided that it is accepted by assessors. In this case, authors should follow the Editorial Committee’s instructions.

The Editorial Committee reserves the right to make non-substantive changes to the text, title, tables, boxes and figures in order to satisfy the journal’s editorial requirements.

Editorial policy

Authors must undertake not to submit their material to any other publication for a period of three months, during which time they will be notified of the outcome of the review process.

If an article is accepted with changes, authors must meet the revision deadlines stipulated in order to avoid delaying the editing and publication of the journal.

Editorial rules

Length: Articles must be no longer than 10,000 words (including tables, boxes, figures, maps, diagrams, notes and the bibliography).

Format: The text must be submitted in an electronic Word file. Given that the journal is printed in black and white, any mention of the colours used in tables, figures, maps and diagrams must be avoided; however, colours will be visible in the online version of the journal.

Tables: These must be in an editable format and inserted in the Word file in the appropriate place.

Figures: These must be in an image format and inserted in the Word file in the appropriate place. An Excel file must also be submitted containing editable versions of all the figures in the order in which they appear in the text. Each figure must appear on a separate sheet of the Excel file, and the number of the figure should be indicated on the tab.

Diagrams: These must be in an editable format and inserted in the Word file in the appropriate place.

Maps: These must be in an image format and inserted in the Word file in the appropriate place. An editable file must also be submitted containing the maps in .eps, .pdf or .ai (Illustrator) format.

References to tables, boxes and figures: There must be at least one reference to each table, box, figure, map and diagram within the body of the text. Each one must also have a title, source and unit of measurement, where appropriate.

Mathematical formulae: Mathematical formulae should be numbered using Arabic numerals in brackets and right aligned.

Explanatory notes: All notes must be inserted as footnotes and numbered sequentially.

Bibliographical references: Bibliographical references in the body of the text must contain the last name of the author and the year of publication in brackets.

Bibliography: This should appear at the end of the article. Bibliographical entries must be presented in alphabetical order by the author’s last name, followed by their first initial, year of publication in brackets, full title, city of publication and the publisher’s name.

Examples:

A book with two authors:

Auerbach, A. y L. Kotlikoff (1987), Dynamic Fiscal Policy, Cambridge, Cambridge University Press.

An article with three authors:

Auerbach, A., J. Gokhale y L. Kotlikoff (1994), “Generational accounting: a meaningful way to evaluate fiscal policy”, Journal of Economic Perspectives, vol. 8, Nº 1.

An e-publication with more than three authors:

Mason, A. y otros (2009), “National Transfer Accounts Manual. Draft Version 1.0” [en línea] http://www.ntaccounts.org/doc/repository/NTA%20Manual%20V1%20Draft.pdf.

An institutional author:

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2009), Panorama Social de América Latina, 2008 (LC/G.2402-P/E), Santiago. Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: S.08.II.G.89.

Same author, same year:

Lee, R. (1994a), “The formal demography of population aging, transfers, and the economic life cycle”, Demography of Aging, Linda G. Martin y Samuel H. Preston (eds.), Washington, D.C., National Academy Press.

(1994b), “Population age structure, intergenerational transfers, and wealth: a new approach, with applications to the U.S.”, Journal of Human Resources, vol. 29, Nº 4, número especial.

Table of Contents

Portadilla

Créditos

Índice

Presentación

Potencialidades de los censos de población y complementariedad con otras fuentes de información para la evaluación de resultados de políticas habitacionales

Tendencias y proyecciones de la población del área metropolitana del Valle de Aburrá en Colombia, 2010-2030

Diferenciales en la fecundidad brasileña según la naturaleza de la unión: algunas reflexiones sobre decisiones reproductivas y convivencia

Las posibilidades de las fuentes de información sociodemográficas para el monitoreo del derecho a la salud de las personas mayores en la Argentina, 1999-20131

Arreglos familiares de la población latinoamericana en España: ¿cambios en tiempos de crisis?

Las consecuencias de quedarse y de volver en el empleo de los uruguayos que migraron a España

La urbanización en el Brasil, un proceso consolidado y paradójicamente mutable

Segregación socioespacial en ciudades mineras: el caso de Antofagasta, Chile1

Cambios y continuidades en la movilidad laboral de la fuerza de trabajo femenina en México

La nueva geografía de la explotación minero-energética y la acumulación por desposesión en Colombia entre 1997 y 20121

Envejecimiento demográfico y cambios en la transición a la vejez en el Brasil: pasado, presente y futuro

La escolaridad, el estrato social y la formación de las primeras uniones en México: una visión de largo plazo