Portadilla

Créditos

Alicia Bárcena

Secretaria Ejecutiva

Mario Cimoli

Secretario Ejecutivo Adjunto

Raúl García-Buchaca

Secretario Ejecutivo Adjunto

para Administración y Análisis de Programas

Paulo Saad

Director del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía

(CELADE)-División de Población de la CEPAL

Ricardo Pérez

Director de la División de Publicaciones y Servicios Web

Comité Editorial

Editor: Jorge Martínez Pizarro (CELADE-División de Población de la CEPAL)

Miembros: Jorge Dehays Rocha (Universidad de Chile), Enrique Peláez (Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y

Técnicas (CONICET)/Universidad Nacional de Córdoba, Argentina), Fabiana del Popolo (CELADE-División de Población de la CEPAL), Leandro Reboiras Finardi (CELADE-División de Población de la CEPAL),

Zulma Sosa (CELADE-División de Población de la CEPAL)

Secretaria: María Ester Novoa (CELADE-División de Población de la CEPAL)

Redacción y administración: casilla 179-D, Santiago, Chile.

Correo electrónico: CELADE-NotasDePoblacion@cepal.org.

La revista Notas de Población es una publicación del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL, cuyo propósito principal es la difusión de investigaciones y estudios de población sobre América Latina y el Caribe, aun cuando recibe con particular interés artículos de especialistas de fuera de la región y, en algunos casos, contribuciones que se refieren a otras regiones del mundo. Se publica dos veces al año, con una orientación interdisciplinaria, por lo que acoge tanto artículos sobre demografía como otros que aborden las relaciones entre las tendencias demográficas y los fenómenos económicos, sociales, culturales, políticos y biológicos. Las opiniones expresadas en los artículos de esta revista son responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL.

La revista Notas de Población está indizada en Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (CLASE), en el Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (LATINDEX), en el Sistema de Búsqueda Avanzada de Documentos (DIALNET) y en el Hispanic American Periodicals Index (HAPI).

Consejo Editorial

Nombre

Afiliación institucional

País/organización

Antonio Aja Díaz

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Cuba

Juan Carlos Alfonso Fraga

Oficina Nacional de Estadística e Información

Cuba

José Luis Ávila Martínez

Universidad Nacional Autónoma de México

México

Guiomar Bay

CELADE-División de Población de la CEPAL

CEPAL

Wanda Cabella

Universidad de la República

Uruguay

Anna Cabré Pla

Universidad Autónoma de Barcelona

España

Francisco Cáceres

Oficina Nacional de Estadística

República Dominicana

Juan José Calvo

Universidad de la República

Uruguay

Alejandro I. Canales

Universidad de Guadalajara

México

Suzana Cavenaghi

Instituto Brasileño de Geografía y Estadística

Brasil

Dídimo Castillo

Universidad Autónoma del Estado de México

México

Dora E. Celton

Universidad Nacional de Córdoba

Argentina

Marcela Cerrutti

Centro de Estudios de Población

Argentina

Mirna Cunningham

Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Nicaragua

Mariachiara Di Cesare

Imperial College London

Reino Unido

Andreu Domingo Valls

Universidad Autónoma de Barcelona

España

Albert Esteve

Universidad Autónoma de Barcelona

España

Carmen Elisa Florez Nieto

Universidad del Rosario

Colombia

Anitza Freitez

Universidad Católica Andrés Bello

República Bolivariana de Venezuela

Silvia Elena Giorguli Saucedo

El Colegio de México

México

Daniela González

CELADE-División de Población de la CEPAL

CEPAL

Alejandro Guillén García

Universidad de Cuenca

Ecuador

Martín Hopenhayn

Consultor independiente

Chile

Fernando Lozano Ascencio

Universidad Nacional Autónoma de México

México

Cássio Maldonado Turra

Universidad Federal de Minas Gerais

Brasil

Ciro Martínez

Consultor independiente

Colombia

Robert McCaa

Universidad de Minnesota

Estados Unidos

Tim Miller

Consultor independiente

Estados Unidos

Verónica Montes de Oca

Universidad Nacional Autónoma de México

México

Abelardo Morales

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)

Costa Rica

Irene Palma Calderón

Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo

Guatemala

Héctor Pérez Brignoli

Universidad de Costa Rica

Costa Rica

José Marcos Pinto da Cunha

Universidad Estadual de Campinas

Brasil

Jorge Rodríguez Vignoli

CELADE-División de Población de la CEPAL

CEPAL

Laura Rodríguez Wong

Universidad Federal de Minas Gerais

Brasil

Luis Rosero-Bixby

Universidad de California en Berkeley

Estados Unidos

Magda Ruiz

Consultora independiente

Colombia

María Marta Santillán

CONICET/Universidad Nacional de Córdoba

Argentina

Susana Schkolnik

Consultora independiente

Chile

Alejandra Silva

CELADE-División de Población de la CEPAL

CEPAL

Carolina Stefoni

Universidad Alberto Hurtado

Chile

Andras Uthoff

Consultor independiente

Chile

Miguel Villa

Consultor independiente

Chile

Brenda Yépez Martínez

Universidad Central de Venezuela

República Bolivariana de Venezuela

María Eugenia Zavala de Cosío

El Colegio de México

México

Publicación de las Naciones Unidas

N° de venta: S.20.II.G.11

LC/PUB.2020/8-P

ISSN: 0303-1829 (versión impresa)

Distribución: G

Copyright © Naciones Unidas, 2020

Todos los derechos reservados

Impreso en Naciones Unidas, Santiago

S.20-00236

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Índice

Portadilla

Créditos

Consejo Editorial

Presentación

Artículo 1

Disparidad salarial en inmigrantes calificados de América Latina y el Caribe en los Estados Unidos

Artículo 2

Diferencias en la incorporación ocupacional de los mexicanos y descendientes de mexicanos altamente calificados en los Estados Unidos entre 2008 y 2018

Artículo 3

La fecundidad de las poblaciones mestiza e indígena del Ecuador: cambios y urgencias de interculturalidad

Artículo 4

Fuentes de información sobre población indígena en México: los problemas de la búsqueda de datos en el ámbito de la salud

Artículo 5

Panorama del déficit de fecundidad en América Latina a partir de dos indicadores

Artículo 6

Notas sobre la redistribución espacial de la población en el marco de las tendencias de metropolización en el Brasil a principios del siglo XXI1

Artículo 7

Dimensiones regional, local e individual de la migración venezolana: el caso de la frontera con Roraima (Brasil)

Artículo 8

Geografías de la desigualdad en el nuevo milenio: los mapas sociales de la Buenos Aires metropolitana

Presentación

Dando continuidad al impulso creador de Carmen Miró, quien sacó a la luz la primera edición de esta revista en abril de 1973, Notas de Población sigue contribuyendo a la difusión del conocimiento acerca de la evolución de la población en América Latina y el Caribe y sus implicancias en los procesos de desarrollo económico y social de la región. El número 110 de Notas de Población ofrece una nueva recopilación de artículos sobre las poblaciones latinoamericanas, cuyo contenido abarca desde la siempre vigente cuestión de la migración calificada hasta la renovada preocupación por la fecundidad en contextos interculturales, pasando por distintos temas, como la habitual atención que despierta la información sobre los pueblos indígenas, la emergente inquietud por la llamada fecundidad “no realizada”, la vigencia de la metropolización y sus fases demográficas, la reciente migración venezolana y las reproducciones y diversificaciones de las desigualdades urbanas.

Sin duda, se trata de una amplia variedad de temas tanto tradicionales como novedosos en el ámbito de la demografía regional. En varios artículos se indaga sobre asuntos abordados con frecuencia, como las fuentes de información que sirven de base para el análisis de las poblaciones y subpoblaciones, mientras que en otros se examinan nuevas conceptualizaciones y enfoques de cuestiones relacionadas con la fecundidad y la migración, y se estudian temas que resultan de interés en una suerte de escenario de “posurbanización” latinoamericana.

El primer trabajo de este número, “Disparidad salarial en inmigrantes calificados de América Latina y el Caribe en los Estados Unidos”, fue elaborado por la investigadora Maritza Caicedo, quien analiza las diferencias salariales entre los inmigrantes calificados y las personas blancas no hispanas nacidas en los Estados Unidos desde el punto de vista cuantitativo, atendiendo al lugar de origen, sexo y tipo de ocupación. Se trata de un tema clásico de los estudios de población, pues constata, una vez más, que los inmigrantes latinoamericanos, así como las poblaciones afroestadounidenses de alta calificación, perciben menores salarios anuales que los nativos blancos no hispanos calificados. Asimismo, se destaca que los salarios de las inmigrantes calificadas son inferiores a los de sus pares hombres. La autora concluye que es posible que las diferencias entre los grupos se deban al trato desigual que reciben muchos de los inmigrantes latinoamericanos altamente calificados y las mujeres a la hora de acceder a las ocupaciones de mayor valor y prestigio social del mercado laboral estadounidense.

Juan Gabino González nos presenta un segundo artículo emparentado con el anterior, “Diferencias en la incorporación ocupacional de los mexicanos y descendientes de mexicanos altamente calificados en los Estados Unidos entre 2008 y 2018”. El objetivo del autor es determinar el peso de las variables que inciden en la incorporación ocupacional de mexicanos (primera generación) o descendientes de mexicanos (segunda y tercera generación) de ambos sexos residentes en los Estados Unidos entre 2008 y 2018. Con datos de la Encuesta Continua de Población (Current Population Survey (CPS)), se examina la inserción ocupacional de migrantes mexicanos calificados de primera generación y se estiman sus probabilidades de incorporación en empleos acordes con su nivel educativo, a partir de modelos de regresión logística para cada una de las tres generaciones. Los modelos permiten llevar a cabo un análisis de diversas variables que se consideran factores asociados a la incorporación laboral y que definen el éxito o fracaso de las trayectorias laborales de los inmigrantes, relacionadas con el capital humano, las características demográficas, las estructuras económica y geográfica, el acceso a la ciudadanía estadounidense y el acceso a los servicios de salud. Los resultados confirman que los inmigrantes mexicanos de primera generación con un elevado nivel de educación enfrentan mayores desventajas en el mercado laboral estadounidense y que estas desventajas se mantienen durante todo el período analizado.

El tercer trabajo, elaborado por Victoria Salinas Castro y Laura Rodríguez Wong, “La fecundidad de las poblaciones mestiza e indígena del Ecuador: cambios y urgencias de interculturalidad”, analiza la fecundidad de las poblaciones mestiza e indígena y sus diferencias por zonas geográficas, haciendo especial hincapié en los pueblos indígenas. Las autoras utilizan los métodos de historias de nacimientos, reconstruidas a partir del censo de 2010 del Ecuador, y de P/F de Brass para estimar los niveles y tendencias históricas de la fecundidad en el período 1996-2010. La población mestiza habría iniciado la transición de la fecundidad antes que los pueblos indígenas, que se encontrarían en proceso transicional. Se utilizó un modelo específico de transición y se encontraron diferencias significativas entre los pueblos indígenas de la sierra, que habrían comenzado este proceso más tempranamente que los pueblos indígenas de la Amazonía, lo que se refleja en mayores tasas de fecundidad de estos últimos en el período más reciente. Esto motiva una reflexión sobre la multicausalidad cultural asociada a los cambios de la fecundidad de los pueblos indígenas.

El problema de los datos se analiza en “Fuentes de información sobre población indígena en México: los problemas de la búsqueda de datos en el ámbito de la salud”, de José Alberto Muños Hernández, Paola María Sesia, Lina Berrio Palomo y Pedro Yáñez Moreno. Los autores realizan una búsqueda de información referente a la salud de la población indígena de México, con el fin de evaluar la información oficial existente y las principales dificultades que se plantean para obtener datos desagregados por municipio, afección, sexo y grupo de edad. Se revisan las principales fuentes de información disponibles en el país para confeccionar una base de datos que permita analizar las causas de morbilidad y mortalidad más importantes entre la población indígena a lo largo de diversos períodos. Los autores observan que, en las diferentes fuentes revisadas, la pregunta más utilizada para identificar a la población indígena en México es si la persona habla alguna lengua indígena, aun cuando el uso de esta variable puede resultar problemática.

El siguiente artículo de este número es “Panorama del déficit de fecundidad en América Latina a partir de dos indicadores”, de Angelita Alves de Carvalho, Gabriela Marise de Oliveira Bonifácio e Ingrid Gomes Dias da Costa. Las autoras estiman el déficit de fecundidad en América Latina, utilizando datos de las Encuestas Demográficas y de Salud (EDS), las Encuestas de Salud Reproductiva (ESR) y otras encuestas específicas a nivel nacional de 14 países latinoamericanos. El déficit de fecundidad se estima mediante dos criterios: el número ideal de hijos menos el número de hijos sobrevivientes (indicador 1) y la intención de tener hijos en el futuro (indicador 2). Los resultados evidencian la difusión del fenómeno en América Latina: el porcentaje de mujeres con déficit de fecundidad a partir del indicador 1 varía entre el 20% y el 40%, mientras que, en el caso del indicador 2, se sitúa en alrededor del 12%. También se constata que el déficit de fecundidad es mayor en los países donde la fecundidad es más baja (indicador 1) y en aquellos donde las desigualdades de género son mayores.

“Notas sobre la redistribución espacial de la población en el marco de las tendencias de metropolización en el Brasil a principios del siglo XXI” es el sexto de los trabajos de esta compilación, elaborado por José Marcos Pinto da Cunha, Késia Anastácio Alves da Silva, Luiz Antônio Chaves de Farias, Guilherme Margarido Antônio y Dafne Firmino Sponchiado. Los autores afirman que se han producido cambios en la forma, las funciones y el contenido de muchos ambientes urbanos, principalmente los de carácter metropolitano. En el artículo, se examina el caso del estado de São Paulo, en el Brasil. Para ello, se desarrollan los siguientes elementos teórico-analíticos: complementariedades socioespaciales, contigüidades socioespaciales y potencial de crecimiento endógeno. Las reflexiones realizadas se basan en observaciones empíricas y datos elaborados a partir de los censos demográficos brasileños (los datos relativos al ingreso promedio de los jefes de hogar, el lugar de trabajo y la residencia, entre otros indicadores), que se utilizan para caracterizar las transformaciones y dilucidar los elementos teórico-analíticos.

En el penúltimo artículo de este número, “Dimensiones regional, local e individual de la migración venezolana: el caso de la frontera con Roraima (Brasil)”, Juliana Mota de Siqueira sostiene que la migración de ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela al Brasil es una de las expresiones de la creciente complejidad de la movilidad Sur-Sur contemporánea. La mayor concentración de migrantes se observa en Boa Vista, capital del estado de Roraima, situada a unos 200 km de la frontera internacional. En este contexto, el objetivo de este trabajo consiste en examinar la emigración venezolana a partir de la construcción de puentes en el tiempo, en el espacio y entre los individuos. En el tiempo, porque se hace el ejercicio de situar el actual flujo migratorio de la República Bolivariana de Venezuela en su contexto histórico. En el espacio, porque se procura dar un contenido político, histórico y territorial a la dimensión regional y local de la frontera entre el Brasil y la República Bolivariana de Venezuela. Entre los individuos, porque es a partir de entrevistas en profundidad y observación participante que se evidencian y analizan las investigaciones cuantitativas, las políticas, la legislación, las acciones y las prácticas, igualmente distribuidas en diferentes niveles.

Finalmente, este número 110 cierra con el trabajo titulado “Geografías de la desigualdad en el nuevo milenio: los mapas sociales de la Buenos Aires metropolitana”, elaborado por María Eugenia Goicoechea y Artemio Pedro Abba. Los autores sostienen que, en el contexto latinoamericano actual, se evidencian profundos cambios en las formas de producción de la desigualdad urbana, que alimentan transformaciones en la estructura socioespacial de las ciudades. A diversa escala geográfica, se advierten tendencias de nuevos patrones de expansión urbana excluyente: urbanizaciones cerradas, nodos de renovación urbana en áreas centrales históricamente degradadas, nuevas centralidades que compiten con las tradicionales y nuevas barreras que gestionan las diferencias sociales en creciente proximidad. Aun cuando los índices de medición de la desigualdad registran mejoras en la distribución del ingreso, la dinámica urbana parece seguir otras lógicas. El análisis se centra en la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), y se reflexiona en torno a las transformaciones socioterritoriales que se han producido durante las últimas tres décadas.

El Comité Editorial de la revista agradece el interés de las autoras y los autores en divulgar el conocimiento demográfico a través de este medio de alcance regional. Asimismo, extiende este reconocimiento a las dictaminadoras y los dictaminadores que hicieron posible la elaboración del presente número.

Comité Editorial de Notas de Población

]+Artículo 1

Disparidad salarial en inmigrantes calificados de América Latina y el Caribe en los Estados Unidos

Maritza Caicedo[1]

Recibido: 23/01/2020

Aceptado: 14/04/2020

Resumen

En este artículo se analizan las diferencias salariales entre los inmigrantes calificados y los nativos blancos no hispanos en los Estados Unidos, por lugar de origen, sexo y tipo de ocupación. La metodología se centra en el análisis cuantitativo. En general, los inmigrantes latinoamericanos y los afroestadounidenses calificados perciben menores salarios anuales que los nativos blancos no hispanos calificados, y los salarios de las inmigrantes calificadas son inferiores a los de sus pares hombres. Es posible que las diferencias entre los grupos se deban al trato desigual que ejerce el mercado hacia muchos de los inmigrantes latinoamericanos altamente calificados y hacia las mujeres en las ocupaciones de mayor valor y prestigio social.

Palabras clave: inmigrantes latinoamericanos, migración calificada, desigualdad, salarios, ocupaciones.

Abstract

This paper analyses wage differences between skilled immigrants and non-Hispanic white natural-born citizens in the United States, by place of origin, sex, and type of occupation, using a methodology that focuses on quantitative analysis. Overall, skilled Latin American immigrants and African Americans earn lower wages annually than skilled non-Hispanic white natural-born citizens, and the wages of skilled female immigrants are lower than those of their male counterparts. The differences between the groups may be a result of unequal market treatment of many highly skilled Latin American immigrants and of women in the most valuable and socially prestigious occupations.

Keywords: Latin American immigrants, skilled migration, inequality, wages, occupations.

Résumé

Cet article analyse les différences salariales entre les immigrants qualifiés et les natifs blancs non hispaniques aux États-Unis, en fonction du lieu d'origine, du sexe et du type de profession. La méthodologie est axée sur l'analyse quantitative. Dans l'ensemble, les immigrants latino-américains et les Afro-Américains qualifiés gagnent un salaire annuel inférieur à celui des natifs blancs non hispaniques qualifiés, et les rémunérations des immigrantes qualifiées sont inférieures à celles de leurs homologues masculins. Les disparités entre les groupes peuvent résulter de l'inégalité de traitement sur le marché pour un grand nombre d'immigrants latino-américains hautement qualifiés et pour les femmes exerçant les professions les plus utiles et les plus prestigieuses sur le plan social.

Mots clés: immigrants latino-américains, migration qualifiée, inégalité, salaires, professions.

Introducción

El mercado laboral es el espacio donde mejor se expresan las desigualdades de género, raza, etnia y clase. Estas son construcciones simbólicas que estratifican el mercado de trabajo dando lugar a la segregación ocupacional y la discriminación salarial hacia determinados colectivos. Para Santana (2012) el estudio del mercado de trabajo permite entender la forma en que se distribuyen la riqueza y el poder en la sociedad, así como la manera en que se integra o se excluye a los individuos.

Aunque en los Estados Unidos la segregación ocupacional por sexo ha disminuido a través del tiempo, siguen predominando las ocupaciones “masculinas” y las “femeninas”, especialmente en los niveles de mayor calificación (Duncan y Duncan, 1955; Padavic y Reskin, 2002; England, 2005). Las diferencias salariales entre hombres y mujeres y entre blancos y negros también han disminuido, pero siguen siendo notorias. Por ejemplo, en 1939 la razón entre el salario anual de las mujeres y el de los hombres fue del 58%, en 1950 del 64%, a mediados de 1960 del 58% y en 1982 del 62% (O´Neill, 1985). De acuerdo con datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (American Community Survey (ACS)), en 2010 las mujeres percibieron el equivalente a un 80% del salario por hora que percibieron los hombres (véase Ruggles, S. y otros, 2019). En 1975, los afroestadounidenses ganaron el 75% de lo que ganaron los blancos por hora de trabajo, los cubanos el 89%, los centroamericanos el 83% y los mexicanos el 72% (Reimers, 1983, pág. 571). En 2010 dicha razón entre nativos blancos no hispanos y afroestadounidenses fue del 80,1%; entre los primeros y los cubanos fue del 84%; respecto de los centroamericanos, del 64,4% y de los mexicanos fue del 58% (Caicedo, 2015). Los datos revelan el aumento de las diferencias en los salarios entre nativos e inmigrantes. Existe amplio consenso en que parte de las diferencias en los salarios de los trabajadores se explica por el trato desigual en el mercado (Becker, 1971; Arrow, 1971; Phelps, 1972; Reskin, 1988; Tilly, 2000; Padavic y Reskin, 2002; Caicedo, 2010).yyyyyy

En este artículo nos centraremos en el análisis de las diferencias salariales entre inmigrantes calificados y nativos blancos no hispanos en los Estados Unidos. Se analizan las diferencias en el salario según el lugar de origen, el sexo y el tipo de ocupación. Se parte de la hipótesis de que estas diferencias entre nativos blancos no hispanos e inmigrantes calificados obedecen a las distintas dotaciones de capital humano, en particular, al nivel de inglés y tiempo de permanencia de los inmigrantes en el país, así como al lugar de origen de los trabajadores, al sexo y a la desproporcionada concentración en ocupaciones calificadas de menor remuneración. Para examinar esta hipótesis se aplicó una estrategia metodológica centrada en el análisis cuantitativo y se realizaron análisis descriptivos y econométricos.

El artículo, además de la introducción y las conclusiones, tiene cuatro apartados: en el primero, se define la migración calificada y su medición; en el segundo, se presenta una sucinta discusión en torno a la desigualdad salarial en los Estados Unidos, breves antecedentes de la situación laboral de inmigrantes latinoamericanos calificados y explicaciones teóricas; en el tercero, se describe el perfil socioeconómico y laboral de los inmigrantes y las características de su inserción laboral, y en el cuarto, se realiza un análisis de la inserción ocupacional y los salarios.

A. La migración calificada y su medición

En las últimas décadas ha habido un renacer de las investigaciones en torno a la movilidad de los recursos humanos calificados. Parte de ese debate se ha centrado en el estudio de los efectos directos de la migración calificada, mientras que otra parte ha hecho hincapié en las oportunidades que genera (Pellegrino y Martínez Pizarro, 2001; Lowell y Findlay, 2001; Pellegrino, 2001; Chiswick, 2005; Auriol y Sexton, 2001; Tremblay, 2001). Se ha discutido sobre los efectos de la migración calificada y ha existido cierto consenso en que esta migración puede estimular el crecimiento económico, pero también se ha constatado que uno de los principales efectos es la reducción de trabajadores calificados en la fuerza laboral (“fuga de cerebros”), cuya participación beneficiaría la productividad y el crecimiento económico de los países en desarrollo (Lowell y Findlay, 2001). A la vez, los autores hacen hincapié en que los migrantes que regresan al país de origen son portadores de conocimientos y experiencia laboral que contribuyen al aumento de la productividad, mientras que los que permanecen en el extranjero pueden contribuir con el envío de remesas. De acuerdo con Lowell y Findlay (2001), los modelos neoclásicos y de “nuevo crecimiento” coinciden al señalar las consecuencias desfavorables de esta migración para los países. Los primeros sostienen que un alto nivel de migración calificada frena el crecimiento económico y los segundos encuentran una mayor reducción del crecimiento económico y un aumento de la pobreza.

De acuerdo con Auriol y Sexton (2001), el término “calificado” (skilled) hace referencia al nivel de capital humano de los individuos en el mercado de trabajo y al conjunto de habilidades necesarias para realizar ciertas tareas. Las habilidades pueden ser físicas, cognitivas o interpersonales, entre otras. Distintas investigaciones han empleado aproximaciones basadas en la educación y la ocupación para identificar a la población calificada. La educación suele medirse en años de escolaridad o por el último grado de estudios obtenido (Auriol y Sexton, 2001). De acuerdo con Pellegrino y Martínez Pizarro (2001), las mediciones que se realizan con base en la educación podrían ser adecuadas para hacer comparaciones a nivel internacional, pero cuando se cuenta al personal calificado a partir de este criterio, generalmente se excluye a las personas que sin tener el nivel terciario de educación han alcanzado un nivel alto de calificación producto del aprendizaje en el trabajo. Además, los autores agregan que al utilizar el criterio de educación para identificar a la población calificada se incluiría a personas que no participan de la fuerza de trabajo.

Cuando se cuenta a la población calificada a partir de las ocupaciones, se constata que es posible obtener más información acerca de la calificación de los trabajadores, pero dado que los criterios de medición varían de un país a otro, es difícil establecer la cuantía real del personal calificado a nivel internacional (Auriol y Sexton, 2001). Algunos investigadores (Pellegrino y Martínez Pizarro, 2001) recomiendan utilizar las ocupaciones para identificar a la población migrante calificada, dado que este criterio permite captar a toda población ocupada en empleos ejecutivos, profesionales y afines. Además, de acuerdo con los autores, esta categorización es empleada en casi todas las operaciones censales que siguen los criterios de clasificación internacional de las ocupaciones de las personas que declaran estar económicamente activas en el país que realiza el censo. Para ellos, la gran ventaja de utilizar las ocupaciones como criterio de clasificación es que se estaría captando a la población que forma parte de la fuerza laboral y la limitación que presenta sería que en la categoría de técnicos se podría incluir a un grupo diverso de trabajadores.

En OCDE/Eurostat (1995, pág. 16) se definen los recursos humanos en ciencia y tecnología como aquellas personas que tienen alguna de las siguientes características:

• Han completado exitosamente el nivel terciario de estudios en el campo de la ciencia y la tecnología.

• Pueden no tener estudios de tercer nivel y estar empleados en ocupaciones de ciencia y tecnología para las que cuentan con las habilidades normalmente requeridas.

El nivel terciario de educación se refiere al nivel de estudios de licenciatura, su equivalente o más en los campos de ciencias naturales, ingeniería y tecnología, ciencias médicas, ciencias de la agricultura, ciencias sociales y humanidades entre otras. De acuerdo con Pellegrino y Martínez Pizarro (2001), la ventaja de emplear ambos criterios para identificar a la población calificada radica en que permite ubicar a los recursos calificados en términos de educación formal y ocupación. Según los autores, en los Estados Unidos la Fundación Nacional de las Ciencias (NSF) también ha definido a la población calificada a partir de criterios relacionados con la ocupación o la educación y el tipo de título obtenido o ambos.

Para los autores, la ausencia de criterios unificados para la medición de la migración calificada ha traído como consecuencia una importante carencia de información confiable en torno al tema. La información que se ha generado es agregada y los trabajos, principalmente cualitativos, tienen la limitación de observar a un reducido número de migrantes calificados. Además, según Pellegrino (2001), las estadísticas disponibles no permiten perfilar un cuadro general y confiable de la migración calificada en el mundo. Usualmente se emplea información de los censos y encuestas continuas de hogares a través de las cuales solo es posible tener una noción de los inmigrantes calificados en acervos (stocks). La información sobre los flujos de migración es bastante escasa. De acuerdo con Pellegrino (2001), en Estados los Unidos, el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) anualmente proporciona información detallada sobre el número de visas otorgadas a trabajadores calificados por año, pero ello no implica una cuantificación exacta de los ingresos de inmigrantes calificados cada año, ya que entre estos también existen personas que ingresan sin autorización al país.

Solimano (2006) clasifica a los talentos humanos de acuerdo con sus características ocupacionales y relación con el trabajo. Para el autor, los distintos talentos contribuyen al desarrollo, algunos directamente en la creación de riqueza, otros al avance tecnológico, mientras que otros aportan a la creación cultural. Estos talentos pueden clasificarse en: i) técnicos, es decir expertos en tecnologías de la información, telecomunicaciones y ciencias de la computación que generalmente cuentan con estudios universitarios o formación técnica avanzada en áreas como las matemáticas, ingenierías y ciencias de la computación; ii) científicos y académicos, con amplia formación en ciencias físicas, matemáticas, química o ciencias sociales y con una gran movilidad internacional favorecida por las redes académicas y el ofrecimiento de becas para la realización de estudios de posgrado; iii) profesionales de la salud, que dejan sus lugares de origen en busca de mejores condiciones de trabajo; iv) empresarios y directivos, que muchas veces movilizan recursos económicos y tienen capacidad de invertir e innovar, pertenecen a corporaciones, empresas multinacionales y mantienen una alta movilidad, v) profesionales que trabajan en organizaciones internacionales, y vi) talentos culturales, como cantantes, escritores y pintores, entre otros.

B. La desigualdad salarial en los Estados Unidos

1. Antecedentes de la inserción laboral de inmigrantes latinoamericanos calificados

Hay dos aspectos destacables en la inserción laboral actual en los Estados Unidos de los latinoamericanos calificados. El primero es la subutilización de la fuerza de trabajo. Sobre este tema, particularmente en México, se han desarrollado varias investigaciones que constatan el subempleo de ciertos grupos de latinoamericanos en los Estados Unidos (Arvizu Monje, 2012; Lozano y Gandini, 2010; Fiori y Koolhaas, 2012; Özden, 2005; González Becerril, 2005). De acuerdo con Martínez Pizarro (2005), en 2000 el 49% de los inmigrantes calificados intrarregionales y los que se encontraban en los Estados Unidos no ocupaba cargos de nivel ejecutivo o profesional. Aunque se aprecian diferencias por país de origen, la subutilización de las habilidades de los inmigrantes calificados generalmente es mayor entre los mexicanos (Arvizu Monje, 2012). El segundo aspecto, quizás consecuencia del primero y de la segregación ocupacional: son las exiguas remuneraciones que reciben ciertos trabajadores calificados de la región en comparación con los nativos e inmigrantes calificados de otros orígenes (Khadria, 2001; Arvizu Monje, 2012). Los inmigrantes de la región y, en particular las mujeres, tienden a concentrarse en un reducido número de ocupaciones generalmente mal pagadas (Caicedo, 2010).

De acuerdo con Tuirán y Ávila (2013), en el caso de los inmigrantes mexicanos, entre 2000 y 2012 se observó un aumento considerable de inmigrantes con estudios terciarios en los Estados Unidos, pues pasaron de 411.000 a más de un millón de personas. Aunque en términos relativos no representan una cantidad importante, en términos absolutos ubican a México como el país de origen con mayor volumen de inmigrantes calificados (Caicedo, 2010).

Respecto de la inserción laboral en los Estados Unidos de los inmigrantes mexicanos calificados, Martuscelli y Martínez Leyva (2007) señalan que de los 475.000 inmigrantes que residían en ese país en 2000, solamente 141.000, es decir el 30,0% se insertaba en ocupaciones acordes con su perfil educativo. Estudios recientes, como los realizados por Lozano, Gandini y Ramírez-García (2015), en los que observan las retribuciones del mercado a los inmigrantes mexicanos calificados, confirman la tendencia creciente de la migración calificada en los Estados Unidos y, en cierta medida, un mayor reconocimiento de las dotaciones de capital humano en comparación con trabajadores de características similares en México. En el caso concreto de las mujeres de origen mexicano, Ramírez-García y Gandini (2016) no solo destacan los altos niveles de participación económica sino la subocupación y las menores retribuciones del mercado, respecto de otras inmigrantes y nativas calificadas.

Chiswick y Taengnoi (2007) analizaron el impacto del dominio del idioma inglés en la inserción ocupacional de inmigrantes calificados en los Estados Unidos y encontraron que los inmigrantes que contaban con un dominio limitado del idioma o que poseían una lengua materna distinta del inglés tenían mayores probabilidades de insertarse en ocupaciones en las cuales las habilidades comunicativas no eran centrales en el desempeño, como las informáticas y las ingenierías, aunque destacan que en algunos casos este tipo de inmigrantes logran insertarse en ocupaciones relacionadas con los servicios sociales donde la comunicación oral es fundamental. Esto último lo atribuyen a que posiblemente prestan servicios a personas de su mismo origen lingüístico. Es decir, es probable que se empleen en enclaves étnicos en donde por lo general la media de los salarios se ubica por debajo de la media nacional, lo que en cierta medida podría explicar las diferencias salariales observadas entre trabajadores latinoamericanos y los nativos en los Estados Unidos.

2. Algunas explicaciones teóricas

Las sistemáticas diferencias salariales entre distintos colectivos en el mercado de trabajo, muchas veces se han atribuido a la discriminación que ejerce el mercado hacia ciertos trabajadores. Se dice que hay discriminación salarial cuando los criterios para establecer los salarios de los trabajadores no se basan en sus niveles de productividad, sino en sus características visibles, como el sexo, la edad, la raza y la nacionalidad. Desde la economía se ha establecido que las diferencias salariales entre individuos se deben a las diferentes inversiones en capital humano, pero que también son producto de la discriminación existente en el mercado de trabajo (Becker, 1971).

Las teorías más conocidas que han explicado estas diferencias son la hipótesis de las preferencias y la de discriminación estadística. La primera, desarrollada por Becker (1971), se fundamenta en la idea de que en el mercado existe discriminación, dado que prevalece un gusto o prejuicio personal hacia determinado grupo de personas. De acuerdo con el autor, la desigualdad salarial entre hombres y mujeres se explica por la discriminación hacia estas en los empleos tradicionalmente “masculinos”, lo que genera una sobreoferta de fuerza de trabajo femenina en ocupaciones “femeninas” que hace reducir los salarios.

La teoría de la discriminación estadística (Arrow, 1971; Phelps, 1972; Aigner y Cain, 1977) señala que los empleadores discriminan porque les es difícil establecer los niveles de productividad de los potenciales trabajadores, por tanto, con base en experiencias previas de contratación, generan ciertas expectativas acerca del desempeño de un determinado colectivo de trabajadores que hacen que el riesgo de invertir en la contratación de un individuo se traduzca en un menor salario (Caicedo, 2009).

Al igual que algunos economistas (Piore, 1983) cuestionaron el individualismo metodológico utilizado por la economía neoclásica, Tilly (2000) rechaza la aplicación de estos principios para explicar aspectos como la desigualdad y la discriminación en el mercado de trabajo, puesto que la discriminación no es solo un acto voluntario del empleador o de los trabajadores sino un proceso que se construye colectivamente y trasciende las distintas dimensiones de la vida social. Para el autor, la economía ha prestado poca atención a la segregación ocupacional que, en buena medida, ayuda a determinar la situación de los individuos en el mercado.

Observar el mercado de trabajo estadounidense más allá de los análisis economicistas, y desde un enfoque de género implica, por un lado, abordar el problema de la desigualdad laboral entre distintos colectivos de trabajadores —el desempleo, la segregación en las ocupaciones y la discriminación salarial—; por otro, remite a observar la raíz de dichas desigualdades (Torns Martín, 1995; Pacheco y Blanco, 1998; García, Blanco y Pacheco, 1999; Caicedo, 2010)[2].

La división sexual del trabajo es uno de los aspectos que contribuye a encontrar la respuesta a las desigualdades laborales observadas entre hombres y mujeres (Pacheco y Blanco, 1998). Esta división conlleva la jerarquización y especialización de las actividades que desarrollan los individuos en el mercado de trabajo. La segregación ocupacional es un reflejo de la forma en que socialmente se ha separado el trabajo de los hombres y el trabajo de las mujeres. El desarrollo de la investigación sobre desigualdad salarial entre hombres y mujeres en los Estados Unidos, así como en otros países del mundo, ha permitido constatar que en la mayoría de los casos las mujeres logran acumular menor experiencia laboral que los hombres (Mincer y Polachek, 1978) y ocupar en menor medida cargos de dirección y mando (Higginbotham y Weber, 1999). Parte de esa situación se explica por la inequitativa distribución entre hombres y mujeres de las responsabilidades domésticas (England, 2005).

De acuerdo con Anker (1997), la teoría “sociosexual” hace hincapié en cómo las ocupaciones “femeninas” plasman en el mercado de trabajo los estereotipos comunes y dominantes en la sociedad sobre las mujeres y sus “presuntas aptitudes”. Las ideas construidas en torno al rol y las habilidades de las mujeres para el trabajo determinan su inserción ocupacional. El enfoque de género en el estudio del mercado de trabajo nos ha ayudado a entender que la segregación en las ocupaciones es resultado de la construcción social de lo que implica ser hombre o ser mujer en la sociedad y las desigualdades en la participación, inserción y remuneraciones entre hombres y mujeres (Caicedo y Meza, 2019). Además, señalan Benería y Roldán (1992), el sistema de género se construye simultáneamente con otra gran variedad de relaciones como la clase, la raza y la etnia, estratificadores del mercado que aumentan la vulnerabilidad de ciertos individuos.

C. Perfil socioeconómico y laboral de los inmigrantes latinoamericanos y caribeños calificados en los Estados Unidos

En este apartado se ofrece información socioeconómica de los latinoamericanos calificados en los Estados Unidos. Para este fin se emplean datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2016, que recaba información demográfica y socioeconómica de los hogares. Es representativa a nivel nacional, regional, estatal y de otras subdivisiones geográficas del país. La encuesta se aplica a tres millones de viviendas seleccionadas en estos territorios, a partir de un marco muestral de direcciones. Cada año, se encuesta a una muestra aleatoria de cerca de 3,5 millones de hogares y se generan estadísticas que abarcan períodos de 1 y 5 años para áreas geográficas en los Estados Unidos y Puerto Rico (Oficina del Censo de los Estados Unidos, 2017). Gracias a que incluyen preguntas como lugar de nacimiento de la población, lugar de residencia el año anterior, origen hispano, ciudadanía y año de llegada a los Estados Unidos, es posible estudiar aspectos específicos de la migración. No se realizan preguntas sobre residencia regular o irregular en el país, información fundamental para establecer las condiciones de trabajo de los inmigrantes.

En el cuadro 1 se presentan algunas características sociodemográficas y económicas de los nativos blancos no hispanos, afroestadounidenses e inmigrantes procedentes de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Cuba, la República Dominicana, Haití, Jamaica, Colombia, el Ecuador y el Perú. Se seleccionaron estos orígenes por ser la inmigración latinoamericana que más ha crecido en las últimas cinco décadas en los Estados Unidos. La población seleccionada tiene entre 25 y 65 años de edad y cuenta con nivel terciario de educación.

En todos los grupos —excepto en el de los guatemaltecos— hay mayor presencia de mujeres calificadas y es particularmente notorio entre los afroestadounidenses, dominicanos, colombianos y hondureños, donde el 62,1%, el 61,2%, el 59,3% y el 58,2%, respectivamente, son mujeres. La mayoría de las personas calificadas se concentran entre los 25 y 44 años de edad. Aunque entre los inmigrantes se aprecian algunas diferencias, los cubanos por lo general constituyen uno de los grupos de inmigrantes más envejecidos, ya que se ubican mayoritariamente (60,6%) en el rango de 45 a 65 años de edad, seguidos de los haitianos (51,9%) y los jamaiquinos (50,7%).

Se presenta información sobre el estado civil en tres categorías: unidos —personas casadas o que viven en unión libre—; alguna vez unidos —incluye a las personas divorciadas, separadas o viudas—, y personas que nunca han vivido bajo alguna forma de unión conyugal. Excluyendo a los afroestadounidenses que, en general, tienden a tener bajas tasas de unión (Caicedo, 2010), la gran mayoría vive bajo alguna forma de conyugalidad. Los niveles más altos de unión se ubican entre los nativos blancos no hispanos (66,8%), los colombianos (66,1%), los mexicanos (64,4%), los ecuatorianos (63,6%) y los nicaragüenses (63,5%). Los afroestadounidenses presentan los porcentajes más altos de personas nunca unidas (38,2%) y los colombianos y dominicanos las más bajas (17,4% y 18,4%, respectivamente).

Respecto del estatus migratorio, se construyó la variable “ciudadanía” con la categoría “ciudadano”, que incluye a las personas naturalizadas y los hijos de estadounidenses nacidos fuera del país o territorios estadounidenses. Lo que permite comprobar que, comparados con la población general de inmigrantes, los calificados cuentan con niveles de ciudadanía más elevados, casi siempre por encima del 50,0% —excepto entre los guatemaltecos y los hondureños—. Es conocido que la población mexicana en general, comparada con otra población latinoamericana presenta las tasas más bajas de ciudadanía. De acuerdo con datos de la encuesta, en 2014 el porcentaje de mexicanos naturalizados o hijos de estadounidenses nacidos fuera del territorio fue del 28,6%, en comparación con el 54,4% de los dominicanos y el 59,3% de los colombianos. Entre los grupos observados en este análisis, los jamaiquinos y haitianos presentan los porcentajes más altos de ciudadanía (79,5% y 78,3%, respectivamente). Asimismo, estos grupos, en promedio, han vivido más años en los Estados Unidos (24,9 y 24,0, respectivamente), mientras que los hondureños, guatemaltecos y los sudamericanos son los que han vivido menos años en el país, por lo general 19 o 20 años en promedio.

En el cuadro 1 también se observa la escolaridad específica de la población calificada. Se construyó una variable con tres categorías: personas que cuentan solo con estudios de licenciatura (bachelor´s degree), maestría, carreras profesionales que equivalen a estudios superiores a nivel de licenciatura y estudios de doctorado. La gran mayoría de la población se concentra en la primera categoría de estudios. Los hondureños, guatemaltecos y mexicanos representan los porcentajes más altos (77,0%, 74,6% y 73,4%, respectivamente), mientras que en la segunda categoría sobresalen los jamaiquinos (30,8%), los afroestadounidenses (28,3%) y los nativos blancos no hispanos (26,0%). En todos los casos, los porcentajes de personas con estudios de doctorado son notablemente bajos. Los valores más altos se ubican entre nicaragüenses (3,5%), jamaiquinos (3,3%), cubanos (3,3%), nativos blancos no hispanos (3,3%) y guatemaltecos (3,2%). Los grupos con mayores porcentajes de personas con carreras profesionales se ubican entre los cubanos (11,7%) y los peruanos (10,9%).

También el manejo del idioma sienta una diferencia importante entre los calificados y la población migrante en general. Se presenta la variable en tres categorías: “no habla inglés”, “habla inglés, pero no lo habla bien” y “habla inglés bien, muy bien o solo habla inglés”. En todos los casos, la gran mayoría de los calificados se ubica en la tercera categoría, siendo los haitianos (93,6%) y los peruanos los que presentan los porcentajes más elevados (90,2%), mientras que los salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y cubanos cuentan con los valores más bajos.

Las tasas de participación económica de todos los grupos son significativamente altas y las de desempleo considerablemente bajas, en comparación con las que se observan en la población en general (Caicedo, 2010). Los jamaiquinos y haitianos son quienes más participan en el mercado de trabajo con tasas del 90,9% y el 90,4%, respectivamente. Los ecuatorianos, mexicanos y dominicanos son quienes tienen los niveles de participación más bajos (81,5%, 82,6% y 83,0%, respectivamente). Respecto del desempleo, los haitianos (4,6%), ecuatorianos (4,6%) y jamaiquinos (4,1%) presentan las tasas más elevadas.

En el cuadro 1 se presentan la media y la mediana del salario anual de los calificados que se encontraban empleados durante la semana de referencia, es decir, una semana antes de la aplicación de la encuesta[3]. De acuerdo con la media, los trabajadores mejor pagados son los nativos blancos no hispanos con un ingreso promedio de 85.621 dólares, mientras que los afroestadounidenses y los haitianos obtienen los ingresos más bajos 64.958 y 64.918 dólares, respectivamente. Respecto de la mediana, el valor más alto lo registran los jamaiquinos (68.000 dólares) seguidos de los nativos blancos no hispanos (65.000 dólares), los valores más bajos se observan en los nicaragüenses (50.000), hondureños (51.000), cubanos (52.000) y peruanos (52.000).

Para observar el perfil ocupacional de la población calificada, y siguiendo la clasificación de ocupaciones del censo de los Estados Unidos, se crearon siete categorías de ocupaciones a través de las cuales se puede dar cuenta de la inserción ocupacional de los latinoamericanos y la población nativa que durante la semana de referencia se encontraba empleada. Las ocupaciones son la siguientes: “ejecutivos, directivos y administradores”; “arquitectos, ingenieros en distintas áreas del conocimiento y matemáticos y científicos de la computación”; “ciencias naturales y de la salud”; “profesores, bibliotecólogos, ciencias sociales, trabajo social, religiosos y recreación”; “abogados y jueces”; “artistas, escritores y deportistas”; y “técnicos y tecnólogos en distintas áreas del conocimiento”.

Todos los grupos tienen mayor participación en la primera categoría ocupacional, es decir, como ejecutivos, directivos y administradores, siendo los nicaragüenses y guatemaltecos quienes más se insertan en este tipo de ocupaciones (49,3% y 44,0%, respectivamente), mientras que los haitianos (28,1%), los cubanos (28,2%), los jamaiquinos (32,4%) y los peruanos (33,3%) son quienes menos se emplean en estas ocupaciones. Los jamaiquinos (27,7%), haitianos (27,3%) y cubanos (24,4%) destacan por su elevada participación en ocupaciones relacionadas con ciencias naturales y de la salud, incluso muy superior a la de la población nativa. Otra categoría ocupacional que revela diferencias importantes entre los grupos es la de “profesores, bibliotecólogos, ciencias sociales, trabajo social, religiosos y recreación”, pues los afroestadounidenses, dominicanos, salvadoreños y mexicanos tienen una participación significativamente superior a la de los demás trabajadores (30,8%, 29,9%, 28,3% y 27,8%, respectivamente). Los peruanos, haitianos, ecuatorianos, colombianos, dominicanos y mexicanos tienen una participación destacada en la segunda categoría de ocupaciones, significativamente superior a la de la población nativa.

La inserción en ocupaciones como jueces y abogados es mínima en todos los casos, pero los nativos blancos no hispanos tienen una ligera ventaja respecto de los demás grupos. En la categoría de “artistas, escritores, y deportistas”, aunque con porcentajes bajos destacan los ecuatorianos, colombianos y cubanos (6,6%, 6,5% y 6,3, respectivamente). Finalmente, la mayoría de los inmigrantes se insertan más como técnicos en distintas áreas del conocimiento que los nativos blancos no hispanos y los afroestadounidenses: los mayores porcentajes se observan entre los cubanos (10,2%), ecuatorianos (8,5%), peruanos (7,4%), haitianos (7,4%) y guatemaltecos (7,0%).

Cuadro 1

Estados Unidos: características seleccionadas de población calificada, según país de origen, 2016

(En millones de personas, porcentajes y dólares estadounidenses)

Características

Nativos blancos no hispanos

Afroestadounidenses

México

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Cuba

República Dominicana

Haití

Jamaica

Colombia

Ecuador

Perú

Población

37 071 054

3 760 279

632 551

74 793

5 5641

41 903

35 496

206 807

133 077

95 587

143 095

181 310

71 353

991 84

Tamaños de muestra

391 902

29 755

5 409

616

455

332

308

1 717

1 007

737

1 180

1 625

569

851

Sexo

Hombres

46,9

37,9

47,5

48,6

52,6

41,8

44,8

48,9

38,8

49,3

37,8

40,7

47,1

45,5

Mujeres

53,1

62,1

52,5

51,4

47,4

58,2

55,2

51,1

61,2

50,7

62,2

59,3

52,9

54,5

Edad

25 a 34 años

26,6

27,7

28,7

20,3

29,0

28,5

25,0

16,2

30,4

18,2

16,0

23,7

30,1

24,2

35 a 44 años

25,4

30,1

32,7

41,7

34,9

28,2

43,7

23,2

28,9

29,9

33,3

29,7

32,9

33,7

45 a 54 años

25,8

24,8

26,1

25,8

23,4

31,9

17,0

29,8

24,3

33,6

31,6

30,5

22,6

26,3

55 a 65 años

22,2

17,4

12,5

12,2

12,7

11,4

14,3

30,8

16,4

18,3

19,1

16,1

14,4

15,8

Total

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Estado civil

Unidos

66,8

42,9

64,4

59,7

61,0

56,9

63,5

56,5

60,4

57,9

53,9

66,1

63,6

61,8

Alguna vez unidos

11,8

18,9

13,7

12,3

12,6

12,1

6,5

22,5

21,2

17,4

17,4

16,5

15,4

16,7

Nunca unidos

21,4

38,2

21,9

28,0

26,4

31,0

30,0

21,0

18,4

24,8

28,7

17,4

21,0

21,5

Total

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Ciudadanía

Es ciudadano naturalizado

-

-

50,5

56,5

47,3

49,7

67,4

62,0

68,7

78,3

79,5

69,4

62,3

69,1

No es ciudadano

-

-

49,5

43,5

52,7

50,3

32,6

38,0

31,3

21,7

20,5

30,6

37,7

30,9

Total

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Promedio de años de vida en los Estados Unidos

-

-

21,6

21,9

20,2

19,6

23,4

21,3

20,5

24,0

24,9

19,2

19,7

19,5

Escolaridad

Licenciatura

64,4

65,0

73,4

72,1

74,6

77,0

72,1

66,4

70,3

71,7

61,1

63,7

68,5

65,4

Maestría

26,0

28,3

18,8

19,9

15,0

16,4

14,9

18,6

20,5

22,0

30,8

25,6

20,8

21,2

profesional (superior a licenciatura)

6,3

4,1

6,0

6,5

7,2

5,9

9,5

11,7

6,8

4,1

4,8

8,1

8,4

10,9

Doctorado

3,3

2,6

1,8

1,5

3,2

0,7

3,5

3,3

2,4

2,2

3,3

2,6

2,3

2,5

Total

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Idioma

No habla o no habla bien el inglés

-

-

4,6

3,0

11,5

3,0

3,0

9,8

6,7

0,8

0,0

2,3

3,0

1,3

Habla inglés, pero no bien

-

-

12,9

17,3

16,9

18,2

11,9

17,3

13,0

5,5

0,0

9,9

16,3

8,5

Habla inglés bien, muy bien o solo habla inglés

-

-

82,5

79,7

71,6

78,8

85,1

72,9

80,3

93,6

100

87,8

80,7

90,2

Total

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Tasa de participación

86,0

87,2

82,6

87,3

85,4

84,9

84,9

84,3

83,0

90,4

90,9

83,6

81,5

85,1

Tasa de desempleo

2,3

3,8

2,8

3,2

3,4

3,6

3,6

3,6

3,8

4,7

4,1

3,3

4,6

2,4

Salario anual

(en dólares estadounidenses)

Media

85 621

64 958

67 557

71 618

78 458

69 618

70 657

69 678

71 781

64 918

76 610

76 341

73 235

70 686

Mediana

65 000

55 000

54 000

62 000

56 000

51 000

50 000

52 000

57 000

56 000

680 00

60 000

60 000

52 000

Ocupaciones

Ejecutivos, directivos y administradores

37,1

36,8

37,5

36,2

44,0

43,3

49,3

28,2

34,4

28,1

32,4

38,1

40,4

33,3

Arquitectos, ingenieros en distintas áreas del conocimiento y matemáticos y científicos de la computación

8,6

7,8

10,2

7,3

4,6

7,2

7,6

7,0

10,5

11,2

5,0

10,6

10,8

14,7

Ciencias naturales y de la salud

17,1

14,1

11,8

16,2

16,6

11,1

15,3

24,4

11,5

27,3

27,7

16,3

15,6

19,0

Profesores, bibliotecólogos, ciencias sociales, trabajo social, religiosos y recreación

23,1

30,8

27,8

28,3

21,0

26,1

17,6

21,4

29,9

23,0

25,6

20,7

17,8

21,7

Abogados y jueces

3,4

2,1

1,1

1,6

1,0

0,9

1,4

2,5

1,8

1,0

1,3

1,3

0,3

1,5

Artistas, escritores y deportistas

4,7

3,3

5,7

4,0

5,8

6,1

5,6

6,3

5,3

2,0

1,2

6,5

6,6

2,4

Técnicos y tecnólogos en distintas áreas del conocimiento

6,0

5,1

5,9

6,4

7,0

5,3

3,2

10,2

6,6

7,4

6,8

6,5

8,5

7,4

Total

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de S. Ruggles y otros, “IPUMS USA: version 9.0”, Minneapolis, Universidad de Minnesota, 2019 [base de datos en línea] https://ipums.org/projects/ipums-usa/d010.v9.0.

D. Inserción ocupacional y salarios

Como se observó en el cuadro 1, en general los inmigrantes y afroestadounidenses perciben menores ingresos anuales por salarios que los nativos blancos no hispanos, y los ingresos de las mujeres son inferiores a los de sus pares hombres. En el cuadro 2 se presentan la media y la mediana del salario anual de la población empleada del país (entre 25 y 65 años de edad) y, a partir de la media, se calcula la razón del salario de afroestadounidenses e inmigrantes, respecto de los nativos blancos no hispanos. Se puede observar que los haitianos, los afroestadounidenses y los mexicanos constituyen los grupos de trabajadores calificados con el menor porcentaje de salario respecto de salario anual de los nativos blancos no hispanos (75,8%, 75,9% y 78,9%, respectivamente). El caso de los afroestadounidenses es particularmente llamativo, pues se esperaría que, siendo nativos, sus ingresos fueran equiparables a los de los blancos no hispanos.

Los guatemaltecos, los jamaiquinos y los colombianos son los inmigrantes mejor remunerados. Los primeros perciben el 91,6% del salario anual que reciben los nativos blancos no hispanos, los segundos el 89,5% y los terceros el 89,2%[4].

Cuadro 2

Estados Unidos: salario anual de nativos blancos no hispanos, afroestadounidenses, inmigrantes calificados, y porcentaje del salario respecto de la media, 2016

(En dólares estadounidenses)

Origen

Media

Mediana

Porcentaje del salario

respecto de la media

Nativos blancos no hispanos

85 621

65 000

-

Afroestadounidenses

64 958

55 000

75,9

Mexicanos

67 557

54 000

78,9

Salvadoreños

71 618

62 000

83,6

Guatemaltecos

78 458

56 000

91,6

Hondureños

69 618

51 000

81,3

Nicaragüenses

70 657

50 000

82,5

Cubanos

69 678

52 000

81,4

Dominicanos

71 781

57 000

83,8

Haitianos

64 918

56 000

75,8

Jamaiquinos

76 610

68 000

89,5

Colombianos

76 341

60 000

89,2

Ecuatorianos

73 235

60 000

85,5

Peruanos

70 686

52 000

82,6

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de S. Ruggles y otros, “IPUMS USA: versión 9.0”, Minneapolis, Universidad de Minnesota, 2019 [base de datos en línea] https://ipums.org/projects/ipums-usa/d010.v9.0.

En el cuadro 3 se presentan la media, la mediana y la razón del ingreso anual de mujeres empleadas calificadas (entre 25 y 65 años de edad), respecto de los hombres calificados de su mismo origen. Los datos confirman la situación observada en la población total de los Estados Unidos: las mujeres calificadas, al igual que quienes no cuentan con estudios superiores, perciben salarios anuales ostensiblemente inferiores a los de los hombres en las mismas condiciones (Caicedo, 2010). Las hondureñas y las peruanas son las mujeres peor remuneradas: ganan al año solamente el 52,2% y 54,9%, respectivamente, del salario anual que perciben los hombres de esos orígenes. Llama la atención que las nativas blancas no hispanas se encuentren en las mujeres peor pagadas respecto de los hombres del mismo origen, pues reciben solamente el 60,6% del salario anual que perciben sus pares. Le siguen las colombianas con el 62,2% del salario anual que reciben los hombres de su grupo. Las jamaiquinas, las haitianas y las afroestadounidenses son las mujeres mejor pagadas: respecto de sus pares hombres, ya que ganan el 83,6, el 82,4% y el 80,8% del salario anual de los hombres.

Cuadro 3

Estados Unidos: razón del salario anual de mujeres calificadas respecto de los hombres calificados del mismo origen, 2016

Origen

Media

Mediana

Porcentaje del salario

respecto de la media

Nativos blancos no hispanos

65 422

54 000

60,6

Afroestadounidenses

60 008

52 000

80,8

Mexicanos

55 185

49 000

69,1

Salvadoreños

58 976

60 000

68,7

Guatemaltecos

59 517

50 000

63,4

Hondureños

51 697

40 000

52,2

Nicaragüenses

60 777

50 000

73,1

Cubanos

54 934

45 000

64,1

Dominicanos

58 702

50 000

63,6

Haitianos

59 472

57 000

82,4

Jamaiquinos

72 145

65 000

83,6

Colombianos

59 642

51 000

62,2

Ecuatorianos

60 461

50 000

71,2

Peruanos

51 313

45 000

54,9

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de S. Ruggles y otros, “IPUMS USA: version 9.0”, Minneapolis, Universidad de Minnesota, 2019 [base de datos en línea] https://ipums.org/projects/ipums-usa/d010.v9.0.

Con el propósito de observar las diferencias salariales entre nativos e inmigrantes y entre hombres y mujeres en cada ocupación, en los cuadros 4 y 5, con base en la media, se presenta la razón del salario de afroestadounidenses e inmigrantes respecto de nativos blancos no hispanos y de mujeres respecto de hombres, respectivamente. En el cuadro 4 se puede observar que las categorías ocupacionales en las que se encuentran mayores diferencias salariares entre los afroestadounidenses, los inmigrantes y los nativos blancos no hispanos corresponden a las categorías “abogados y jueces” y “ejecutivos, directivos y administradores”. Estas ocupaciones, además, son las mejor remuneradas en el mercado. Por ejemplo, el salario anual promedio de un nativo blanco no hispano en la primera categoría es 139.398 dólares, en la segunda categoría ocupacional es de 105.399 dólares, mientras un afroestadounidense en la categoría “abogados y jueces” gana en promedio 100.772 dólares y en la categoría “ejecutivos, directivos y administradores” gana en promedio 74.849 dólares al año. Lo que se traduce en un 72,3% y un 71,0% de lo que gana un nativo blanco no hispano en cada ocupación, respectivamente.

Los salvadoreños, jamaiquinos y peruanos que se insertan como “abogados y jueces” ganan solamente el 47,6%, el 51,8% y el 57,2%, respectivamente, de lo que percibe un nativo blanco no hispano al año en la misma ocupación. Únicamente los colombianos y los ecuatorianos perciben salarios superiores a los que recibe el grupo de referencia en esta categoría ocupacional (125,9% y 125,5%, respectivamente).

En lo que respecta a las ocupaciones “ejecutivos, directivos y administradores” los trabajadores peor pagados son los nicaragüenses, haitianos y guatemaltecos, que perciben solamente el 57,5%, el 62,4% y el 65,3% de lo que percibe un nativo blanco no hispano al año. Las ocupaciones peor remuneradas para un nativo blanco no hispano son la categoría “profesores, bibliotecólogos, ciencias sociales, trabajo social, religiosos y recreación”, así como la categoría “artistas, escritores y deportistas”. Un nativo blanco no hispano en la primera categoría recibe en promedio 48.341 dólares al año y alguien inserto en la segunda categoría ocupacional gana en promedio 50.336 dólares anuales. Al parecer, las diferencias tienden a disminuir en las ocupaciones de menor remuneración, pues en relación con la primera de estas categorías, los salarios de afroestadounidenses y nativos blancos no hispanos son muy similares, incluso algunos inmigrantes tienen salarios superiores a estos —jamaiquinos, nicaragüenses, ecuatorianos y dominicanos— (véase el cuadro 4).

Las diferencias salariales entre hombres y mujeres en cada ocupación son mayores (véase el cuadro 5). La razón del salario anual —según la media— de las hondureñas, respecto de hombres en ocupaciones “ejecutivos, directivos y administradores” es del 48,9% y en esta categoría son las mujeres las que ganan menos respecto de los hombres. Le siguen las peruanas, las nativas blancas no hispanas y las guatemaltecas que perciben anualmente solo el 57,2%, el 66,1% y el 68,7%, respectivamente, de lo que ganan sus contrapartes masculinas. Las mujeres que se insertan en ocupaciones relacionadas con las ciencias naturales y de la salud perciben ingresos considerablemente inferiores a los de los hombres en las mismas ocupaciones. La mayoría ganan poco más del 50,0% del salario anual de un hombre, algunas ni siquiera alcanzan este porcentaje (las colombianas, las ecuatorianas y las peruanas).

Solamente las haitianas reciben salarios promedio similares a los de los hombres. Una situación similar se observa en las remuneraciones de las mujeres que trabajan como técnicas en distintas áreas del conocimiento. En esta categoría, las salvadoreñas perciben solo el 25,8% del salario anual promedio de los hombres de su grupo; las guatemaltecas y las mexicanas ganan solamente el 49,1% y el 49,4%, respectivamente, del salario promedio de un hombre de su grupo, mientras que las hondureñas son las únicas trabajadoras que reciben salarios por encima los hombres en su categoría de ocupación. En las categorías ocupacionales “artistas, escritores y deportistas”, las salvadoreñas, haitianas y peruanas reciben salarios superiores a los de los hombres de su origen, las mujeres de los demás orígenes cuentan con remuneraciones considerablemente bajas. La misma situación se observa en la categoría “abogados y jueces”, donde solo tres grupos de trabajadoras obtienen remuneraciones superiores a las de los hombres de su grupo: jamaiquinas, haitianas y salvadoreñas.

Cuadro 4

Estados Unidos: razón del salario anual de los inmigrantes respecto de nativos blancos no hispanos, según ocupación, 2016

Ocupaciones

Afroestadounidenses

México

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Cuba

República Dominicana

Haití

Jamaica

Colombia

Ecuador

Perú

Ejecutivos, directivos y administradores

71,0

72,1

77,4

65,3

83,0

57,5

76,2

79,3

62,4

80,3

76,8

80,6

75,3

Arquitectos, ingenieros en distintas áreas del conocimiento y matemáticos y científicos de la computación

81,4

89,2

91,7

108,4

95,3

96,1

81,0

88,2

83,3

76,0

87,7

86,2

79,3

Ciencias naturales y de la salud

85,7

85,9

96,2

176,8

88,3

125,0

98,0

92,2

82,8

101,1

115,9

85,2

111,3

Profesores, bibliotecólogos, ciencias sociales, trabajo social, religiosos y recreación

92,6

98,0

93,1

98,1

83,8

110,6

88,5

110,4

97,5

114,5

90,2

108,5

79,6

Abogados y jueces

72,3

68,0

47,6

0,0

83,9

16,9

65,0

86,5

72,8

51,8

125,9

125,5

57,2

Artistas, escritores y deportistas

93,2

76,9

87,1

148,0

58,5

172,2

62,8

79,8

84,9

98,1

95,1

100,5

61,6

Técnicos y tecnólogos en distintas áreas del conocimiento

77,2

106,5

119,3

48,5

74,1

85,7

81,4

85,7

78,1

83,9

102,9

74,5

69,1

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de S. Ruggles y otros, “IPUMS USA: versión 9.0”, Minneapolis, Universidad de Minnesota, 2019 [base de datos en línea] https://ipums.org/projects/ipums-usa/d010.v9.0.

Cuadro 5

Estados Unidos: razón del salario anual de las mujeres inmigrantes calificadas respecto del de sus pares hombres, según ocupación, 2016

Ocupaciones

Nativos blancos no hispanos

Afroestadounidenses

México

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Cuba

República Dominicana

Haití

Jamaica

Colombia

Ecuador

Perú

Ejecutivos, directivos y administradores

66,1

80,5

74,2

88,7

68,7

48,9

84,4

84,9

72,8

68,3

93,0

70,0

86,2

57,2

Arquitectos, ingenieros en distintas áreas del conocimiento y matemáticos y científicos de la computación

77,2

85,5

74,3

69,8

69,8

253,8

92,4

121,7

59,8

61,4

121,2

87,4

81,6

105,3

Ciencias naturales y de la salud

56,2

73,5

60,5

52,9

55,2

52,5

52,5

54,4

50,6

100,0

61,7

46,0

48,4

48,0

Profesores, bibliotecólogos, ciencias sociales, trabajo social, religiosos y recreación

80,6

96,5

100,1

78,4

93,0

91,3

63,5

101,0

47,9

103,9

106,1

88,2

69,2

78,9

Abogados y jueces

76,0

83,5

95,0

105,4

-

-

-

86,8

-

140,7

249,7

58,1

-

51,0

Artistas, escritores y deportistas

68,7

84,4

66,8

161,0

22,8

-

46,6

30,3

78,1

145,2

23,3

80,4

52,3

103,5

Técnicos y tecnólogos en distintas áreas del conocimiento

60,5

74,6

49,4

25,8

49,1

120,0

67,3

59,2

57,4

53,0

63,0

62,9

75,6

65,0

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de S. Ruggles y otros, “IPUMS USA: version 9.0”, Minneapolis, Universidad de Minnesota, 2019 [base de datos en línea] https://ipums.org/projects/ipums-usa/d010.v9.0.

Nota: En algunos casos fue imposible hacer los cálculos respectivos debido a lo reducido del tamaño de la muestra.

Como se mencionó, algunas de las explicaciones sobre las diferencias salariales entre hombres y mujeres enfatizan que se deben principalmente a las diferentes inversiones en capital humano entre ambos. Autores como Mincer y Polachek (1978) argumentan que las expectativas de hombres y mujeres respecto del trabajo son diferentes, por ello sus inversiones en capital humano son distintas, así como su inserción laboral y los salarios. Una de las explicaciones más conocidas en torno a este tema es la segregación por sexo en las ocupaciones: las mujeres tienden a concentrarse principalmente en ocupaciones con “etiquetas de género” que, por lo general, son poco valoradas en el mercado. Es claro que en este análisis no se controló la cantidad de horas que cada individuo dedica al trabajo, pero como se mencionó, en análisis previos se ha constatado sistemáticamente que cuando se analiza el salario por hora, las diferencias entre hombres y mujeres tienden a profundizarse (Caicedo, 2010).

Varios aspectos favorecen las diferencias laborales observadas entre hombres y mujeres y nativos e inmigrantes. Primero, los estereotipos que la sociedad ha creado respecto a los hombres y las mujeres inmigrantes de determinados orígenes muchas veces los ubican como ciudadanos de segunda categoría, obstaculizándose así las posibilidades de alcanzar mejores condiciones de vida. Segundo, la discriminación que se ejerce en las ocupaciones confina la población que a veces cuenta con una alta calificación a ocupaciones que requieren del menor capital humano, negando a los individuos la posibilidad de tener un empleo en mayores condiciones de productividad. Las diferencias salariales entre hombres y mujeres —muchas veces producidas por la segregación en las ocupaciones— ubican a las mujeres y a sus familias en una situación de mayor desventaja económica, más aún cuando estas son jefas de hogar.

1. Algunos determinantes de la insuficiencia salarial de los inmigrantes calificados

De acuerdo con Ghai (2003), en países desarrollados como los Estados Unidos se emplean dos índices para establecer la insuficiencia en las remuneraciones, uno de ellos hace referencia a la pobreza absoluta o a la población que vive con menos de 14,4 dólares estadounidenses al día, y un índice relativo, que es el porcentaje de trabajadores cuya remuneración es inferior a la mitad del salario mediano nacional. En nuestro caso, por tratarse de población calificada, es imposible utilizar estos indicadores tal y como están planteados, puesto que las remuneraciones de la población calificada suelen ser claramente superiores al salario medio de la población en general. Por tanto, en este análisis emplearemos como indicador de salarios bajos la cantidad de trabajadores que se encuentren por debajo de la mitad de la mediana del salario anual de los trabajadores calificados a nivel nacional. En 2016 la mediana del salario de los trabajadores calificados en los Estados Unidos fue 58.000 dólares anuales, por lo que consideraremos a todos los trabajadores que ganen al año menos de 29.000 dólares como insuficientemente remunerados o trabajadores de ingresos bajos.

Ajustamos un modelo de probabilidad que permite establecer la propensión de los trabajadores a obtener salarios anuales bajos. Utilizamos la variable dependiente “ingresos bajos” en dos categorías: los que ganan igual o más de 29.000 dólares al año y los que ganan menos de esta cantidad. Todas las variables independientes se introdujeron como variables ficticias (dummies), excepto la edad, que se empleó de manera continua, como un indicador próximo de la experiencia laboral, aunque en estricto sentido no da cuenta de la experiencia laboral. Debido a las limitaciones que nos impone la fuente de datos, no es posible construir una variable más precisa de la experiencia laboral. Se introdujo el sexo —en las categorías hombre y mujer—, el estado civil en tres categorías: unido —casado o en unión libre con esposo ausente o esposo presente—; alguna vez unido —viudo, separado o divorciado—, y nunca unido —personas que nunca han vivido en unión conyugal—. Esta variable se incluyó con el supuesto de que las personas casadas generalmente tienen responsabilidades familiares que las obliga a insertarse en empleos de mejores ingresos. La variable de personas que cuentan solo con estudios de licenciatura (bachelor´s degree), maestría, carreras profesionales que equivalen a estudios superiores al nivel de licenciatura y estudios de doctorado se incorporó con la idea de que las personas con mayores niveles de educación tienden a ganar mayores salarios. Se agregó la ocupación con siete categorías: “ejecutivos, directivos y administradores”; “arquitectos, ingenieros en distintas áreas del conocimiento y matemáticos y científicos de la computación”; “ciencias naturales y de la salud”; “profesores, bibliotecólogos, ciencias sociales, trabajo social, religiosos y recreación”; “abogados y jueces”; “artistas, escritores y deportistas”, y “técnicos y tecnólogos en distintas áreas del conocimiento” Se incluyó también como variable explicativa el lugar de origen de los trabajadores calificados. En todas las variables descritas la primera categoría se usó como referencia.

En el cuadro 6 se pueden observar los efectos marginales del modelo. En él se puede constatar que para una mujer con las características promedio de la muestra, la propensión a obtener ingresos insuficientes aumenta 5,1 puntos porcentuales en relación con un hombre con características similares. Respecto del estado civil, se puede observar que para las personas solteras o que nunca han estado unidas, la propensión a obtener ingresos insuficientes aumenta 3,0 puntos porcentuales en comparación con las personas unidas.

Los coeficientes asociados al lugar de origen revelan que para un peruano con características promedio de la muestra la propensión a ser un trabajador de ingresos bajos o insuficientes aumenta 9,3 puntos porcentuales en relación con un nativo blanco no hispano con características similares. Además de estos, los inmigrantes con mayor propensión a recibir ingresos bajos —una vez que asumen las características promedio de la muestra— son los colombianos, los mexicanos, los hondureños y los cubanos. Para estos trabajadores la propensión a recibir salarios insuficientes se incrementa 7,4, 6,4, 6,3 y 6,1 puntos porcentuales, respectivamente, en relación con un nativo blanco no hispano de características similares.

Cuadro 6

Estados Unidos: efectos marginales del modelo probit de ingresos, población calificada, 2016

Variable dependiente: ingresos bajos

Coeficientes

Variables explicativas

Edad

-0,0179*

Edad2

0,0002*

Mujer

0,0516*

Alguna vez unidos

0,0018

Nunca unidos

0,0298*

Maestría

-0,0421*

Profesional (superior a la licenciatura)

-0,0442*

Doctorado

-0,0463*

Habla muy bien, bien inglés o solo habla inglés

-0,0991*

Arquitectos, ingenieros en distintas áreas del conocimiento y matemáticos y científicos de la computación

-0,0288*

Ciencias naturales y de la salud

0,0554*

Profesores, bibliotecólogos, ciencias sociales, trabajo social, religiosos y recreación

0,1309*

Abogados y jueces

0,0215*

Artistas, escritores y deportistas

0,1842*

Técnicos y tecnólogos en distintas áreas del conocimiento

0,0265*

Afroestadounidenses

0,0133*

Mexicanos

0,0641*

Salvadoreños

0,0473*

Guatemaltecos

0,0424

Hondureños

0,0631*

Nicaragüenses

0,0384*

Cubanos

0,0609*

Dominicanos

0,0295*

Haitianos

0,0151

Jamaiquinos

-0,0099

Colombianos

0,0741*

Ecuatorianos

0,0027

Peruanos

0,0928*

Número de observaciones

254 802

*P<0,05

LR chi2(28)

15 191,43

Prob > chi2

0,0000

Pseudo R2

0,0817

Log likelihood -18 369,75

-85 421,772

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de S. Ruggles y otros, “IPUMS USA: version 9.0”, Minneapolis, Universidad de Minnesota, 2019 [base de datos en línea] https://ipums.org/projects/ipums-usa/d010.v9.0.

Los efectos marginales del modelo también muestran que quienes se insertan en el mercado como artistas, escritores y deportistas tienen mayor propensión a percibir ingresos insuficientes, así como quienes se insertan en ocupaciones relacionadas con los servicios sociales —“profesores, bibliotecólogos, ciencias sociales, trabajo social, religiosos y recreación”—. En el primer caso, la propensión se incrementa 18,4 puntos porcentuales en comparación con la primera categoría ocupacional —ejecutivos, directivos y administradores—, y en el segundo, el incremento porcentual en la relación con la categoría de referencia es 13,1 puntos porcentuales. Insertarse en ocupaciones de las ciencias naturales y de la salud implica un incremento de 5,5 puntos porcentuales en la probabilidad de obtener ingresos anuales insuficientes.

Como cabe esperar, una mayor escolaridad y un mayor dominio del idioma inglés reducen la probabilidad de obtener ingresos bajos. En otras palabras, para un trabajador con las características promedio de la muestra, que habla bien, muy bien o solo habla inglés, la probabilidad de obtener ingresos insuficientes se reduce 9,9 puntos porcentuales en comparación con alguien que no habla inglés o lo habla pero no bien. Estos resultados se condicen con lo que se ha encontrado en investigaciones previas, en donde en muchos casos se ha comprobado que entre los trabajadores calificados el dominio del idioma inglés es un determinante fundamental de la inserción en ocupaciones calificadas (Vázquez Maggio y Domínguez Villalobos, 2018).

Para observar más de cerca el efecto de variables como el tiempo de permanencia en el país y el dominio del idioma inglés entre inmigrantes, se ajustó un modelo probit solo con esta población. De acuerdo con Orrenius y Zavodny (2009, pág.15), hay una constatación sistemática de la brecha salarial entre nativos e inmigrantes aun controlando las diferencias en las dos poblaciones, como la edad, la educación, el dominio del inglés y los años de experiencia laboral. Los autores señalan que, aunque los inmigrantes a su arribo al país ganan menos que los nativos con edades, niveles de educación y nivel de inglés similares, los ingresos promedio de los inmigrantes convergen con los de nativos similares después de 15 a 20 años de residencia en los Estados Unidos.

El mayor nivel de inglés, como se observó en el modelo de ingresos (véase el cuadro 6) y como lo han constado otros autores (Vázquez Maggio y Domínguez Villalobos, 2018), favorece la mejor inserción y las condiciones de trabajo de los inmigrantes calificados. Incluso, estas autoras constataron que, en los Estados Unidos, el dominio del inglés aumenta las posibilidades de insertarse en una ocupación calificada, aun sin considerar el grado académico del individuo. En el cuadro 7 se presentan efectos marginales del modelo probit, y se da cuenta de la relación entre ingresos, años de permanencia en los Estados Unidos y dominio del inglés, entre otros aspectos. Se emplea la misma variable dependiente “ingresos bajos” en dos categorías: los que ganan igual o más de 29.000 dólares al año y los que ganan menos de esta cantidad. Las variables independientes —dummies, excepto la edad—, descritas arriba, se incluyen bajo los mismos supuestos. Se excluye la variable lugar de origen y se agrega la variable años de permanencia en los Estados Unidos, que se estructuró en dos categorías: 0 a 20 años y 21 años y más de permanencia, con la idea de que la mayor permanencia en el país puede favorecer la mayor experiencia laboral.

Cuadro 7

Estados Unidos: efectos marginales del modelo probit de ingresos, inmigrantes calificados, 2016

Variable dependiente: ingresos bajos

Coeficientes

Variables explicativas

Edad2

0,0003*

Mujer

0,0491*

Alguna vez unidos

0,0045

Nunca unidos

0,0524*

Maestría

-0,0557*

Profesionales (superior a licenciatura)

-0,0425*

Doctorado

-0,0697*

Habla muy bien, bien inglés o solo habla inglés

-0,1509*

Años de permanencia en los Estados Unidos

-0,0901*

Arquitectos, ingenieros en distintas áreas del conocimiento y matemáticos y científicos de la computación

0,0691*

Ciencias naturales y de la salud

0,0268

Profesores, bibliotecólogos, ciencias sociales, trabajo social, religiosos y recreación

0,1226*

Abogados y jueces

0,0022

Artistas, escritores y deportistas

0,1851*

Técnicos y tecnólogos en distintas áreas del conocimiento

0,0227

Número de observaciones

6 879

*P<0,05

LR chi2(28)

555,53

Prob > chi2

0,0000

Pseudo R2

0,0879

Log likelihood -

-2 882,8416

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de S. Ruggles y otros, “IPUMS USA: version 9.0”, Minneapolis, Universidad de Minnesota, 2019 [base de datos en línea] https://ipums.org/projects/ipums-usa/d010.v9.0.

Se puede observar que la propensión a obtener ingresos insuficientes aumenta 4,9 puntos porcentuales para una mujer —con las características medias de la muestra— en relación con un hombre. En lo que toca a la condición conyugal es posible establecer que las personas solteras son más propensas a obtener ingresos insuficientes —5,2 puntos porcentuales más en comparación con las personas unidas—. La mayor escolaridad, en concreto, estudios superiores a nivel de licenciatura, reducen la propensión a percibir ingresos bajos o insuficientes. En lo que tiene que ver con las ocupaciones, solamente para quienes se insertan como arquitectos, ingenieros en distintas áreas del conocimiento y matemáticos y científicos de la computación, se reduce la propensión a obtener ingresos bajos, en comparación con la categoría de referencia —ejecutivos, directivos y administradores—; en el resto de las ocupaciones la tendencia es obtener ingresos insuficientes. En algunos casos los coeficientes no son estadísticamente significativos (véase el cuadro 7).

Finalmente, en lo que respecta a los años de permanencia en los Estados Unidos, se puede observar que para una persona, con las características promedio de la muestra, que ha vivido 21 años y más en el país, la probabilidad de obtener ingresos por salarios anuales insuficientes se reduce 9,0 puntos porcentuales en relación con quien ha vivido 20 años o menos en los Estados Unidos. Respecto del dominio del idioma inglés, se puede constatar que para un inmigrante calificado con las características medias de la muestra, que habla bien o muy bien el inglés o solo habla inglés, la propensión a percibir ingresos anuales insuficientes se reduce significativamente 15,0 puntos porcentuales en comparación con quien no habla o no habla bien el idioma inglés. El modelo confirma la relevancia del dominio del inglés y el tiempo de permanencia en el país en el nivel de salarios de los trabajadores calificados.

E. Conclusiones

De este artículo surge que, en general, los inmigrantes latinoamericanos y los afroestadounidenses calificados perciben menores ingresos salariales anuales que los nativos blancos no hispanos calificados; también se constata que los ingresos de las mujeres calificadas son inferiores a los de sus pares hombres. El análisis econométrico permite constatar, además, que en el mercado de trabajo estadounidense una parte del salario de los inmigrantes calificados es determinada por el nivel de dominio del idioma inglés y por los años de residencia en el país, lo que está claramente asociado al capital humano (véase una análisis amplio al respecto en Caicedo (2010)). Sin embargo, la desproporcionada concentración de inmigrantes calificados en las ocupaciones calificadas de menor prestigio y en consecuencia, peor remuneradas, constituye un factor que, sin duda, influye en la disparidad observada. Una medición más fina de las ocupaciones podría ayudar a establecer en qué medida la segregación ocupacional explica las disparidades salariales. En el caso de las diferencias por sexo es mucho más claro: la mayor participación de las mujeres en ocupaciones de predominio femenino o con tipificaciones de género es el factor que mejor explica las diferencias salariales entre hombres y mujeres.

Por lo pronto, dejaremos planteado como hipótesis que parte de las diferencias salariales entre los colectivos mencionados se puede explicar por los estereotipos que la sociedad ha creado en torno al lugar que deben ocupar los hombres y las mujeres inmigrantes de determinados orígenes que, muchas veces, los ubican como ciudadanos de segunda categoría obstaculizando las posibilidades de alcanzar mejores posiciones en el mercado de trabajo. En términos concretos, la posible discriminación que se ejerce hacia muchos de los inmigrantes latinoamericanos altamente calificados en las ocupaciones de mayor valor y prestigio social los limita a ocupaciones que requieren menor capital humano u ocupaciones profesionales menos valoradas, limitando las posibilidades de desarrollar trabajos de mayor productividad. Esto nos remite a comprobar empíricamente cuánto de la disparidad salarial observada entre población nativa e inmigrantes calificados podría explicarse por la discriminación que el mercado ejerce hacia estos últimos.

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[1] Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Correo electrónico: caicedor@unam.mx.

[2] Para Lamas (2003, pág. 332), el género “alude al orden simbólico con que una cultura dada elabora la diferencia sexual”. Esto permite comprender que las sociedades construyen representaciones simbólicas en torno a las diferencias sexuales y estas determinan la participación laboral y las remuneraciones de hombres y mujeres (Comas, 1995; Torns Martín, 1995).

[3] Es probable que exista un sesgo potencial en los salarios debido a que seleccionamos a la población empleada. Por lo general, cuando se incluye a toda la población en edad de trabajar, la media y mediana del ingreso suelen reducirse (véase una discusión más amplia en torno a este aspecto en Caicedo, 2010).

[4] Es importante tener presente que el salario anual no nos permite establecer con precisión las diferencias entre los grupos por la imposibilidad de controlar las horas que cada trabajador dedicó al empleo remunerado. En otros estudios se ha comprobado que la disparidad es mayor cuando se observa el salario por hora (Caicedo, 2010).

Artículo 2

Diferencias en la incorporación ocupacional de los mexicanos y descendientes de mexicanos altamente calificados en los Estados Unidos entre 2008 y 2018[1]

Juan Gabino González Becerril[2]

Recibido: 04/11/2019

Aceptado: 15/04/2020

Resumen

El objetivo de este ensayo es determinar el peso de las variables que inciden en la incorporación ocupacional de mexicanos (primera generación) o descendientes de mexicanos (segunda y tercera generación) de ambos sexos residentes en los Estados  Unidos entre 2008 y 2018. Con datos de la Encuesta Continua de Población (Current Population Survey (CPS)) se analiza la inserción ocupacional de migrantes mexicanos calificados de primera generación y se estiman las probabilidades de incorporación en empleos acordes o no con el nivel educativo a partir de modelos de regresión logísticos para cada una de las tres generaciones. Los resultados de las regresiones logísticas confirman la mayor desventaja que enfrentan los inmigrantes mexicanos de primera generación altamente educados en el mercado laboral estadounidense; además, indican que esta desventaja se sostiene durante y después de la crisis económica de 2008 y a lo largo del período analizado.

Palabras clave: incorporación ocupacional, migración calificada, migración mexicana, análisis intergeneracional.

Abstract

The purpose of this study is to determine the impact of the variables that affected the labour market entry of Mexicans (first-generation) or descendants of Mexicans (second- and third-generation) of both sexes residing in the United States between 2008 and 2018. The labour market position of first-generation skilled Mexican migrants is analysed using data from the Continuous Population Survey (CPS), and the probabilities of entering appropriate employment are estimated for different educational levels based on logistic regression models for each of the three aforementioned generations. The results of the logistical regressions confirm the severe disadvantage that highly educated first-generation Mexican immigrants face in the United States labour market; furthermore, they indicate that this disadvantage existed during and after the economic crisis of 2008 and throughout the period analysed.

Keywords: labour market incorporation, skilled migration, Mexican migration, intergenerational analysis.

Résumé

Cette étude a pour objectif de déterminer la pondération des variables qui conditionnent l'insertion professionnelle des Mexicains (première génération) ou des descendants de Mexicains (deuxième et troisième génération) des deux sexes résidant aux États-Unis entre 2008 et 2018. À partir des données issues de l'enquête continue sur la population (Current Population Survey (CPS)), il est procédé à une analyse de l'insertion professionnelle des migrants mexicains qualifiés de la première génération et à une estimation des probabilités d'insertion professionnelle en fonction du niveau de scolarité ou non, sur la base de modèles de régression logistique pour chacune des trois générations. Les résultats des régressions logistiques confirment que les immigrants mexicains de première génération très instruits sont plus désavantagés sur le marché du travail américain; ils indiquent également que ce désavantage reste invariable pendant et après la crise économique de 2008 et pendant toute la période analysée.

Mots clés: incorporation professionnelle, migration qualifiée, migration mexicaine, analyse intergénérationnelle.

Introducción

Desde la Gran Recesión de la economía estadounidense en 2008 y hasta 2018 —el período que cubre esta investigación—, se observaron diversos cambios sociales y recurrentes episodios de incertidumbre o crisis económica. De hecho, para algunos especialistas en 2019 el mundo enfrentaba un nuevo contexto de crisis económica derivado de la guerra comercial en curso entre los Estados Unidos y China, pero actualmente enfrentamos otra crisis aún mayor por la pandemia del coronavirus. Adicionalmente, se observa de manera simultánea la consolidación de una economía digital y un ajuste en las reglas del juego del multilateralismo y el orden mundial.

En paralelo con los cambios en el orden económico, existe un cuestionamiento a los principios de la democracia y una crisis en el ámbito político que toca por igual a los Estados Unidos y a varios países de América Latina. En este campo, el escenario es contradictorio y se expresa en la coexistencia de la difusión digital de noticias falsas (fake news), una crisis de confianza en las instituciones y la normalización del conflicto (e incluso de algunas formas de violencia).

En medio de este contexto surge una voluntad de construir muros en las fronteras; véase, por ejemplo, el caso emblemático de la frontera entre los Estados Unidos y México y, de manera más reciente, el muro simbólico que se erige en México, dado su papel como tercer país de recepción. A estos muros físicos y simbólicos se suman otras barreras intangibles como el racismo, la xenofobia y la aporofobia. Simultáneamente, se suceden otros cambios en el orden mundial, como la salida efectiva del Reino Unido de la Unión Europea (brexit), acompañada de la renuncia de Theresa May y el nombramiento de Boris Johnson después de ganar la votación parlamentaria con una histórica mayoría absoluta[3], la fractura del orden institucional en el Brasil, el resurgimiento de las tensiones diplomáticas entre Irán y los Estados Unidos y un histórico reposicionamiento de la izquierda en América Latina[4] (como lo expresan los triunfos de López Obrador en México y de Alberto Fernández en la Argentina).

En este contexto de grandes cambios sociales, se argumenta que uno de ellos será el cambio demográfico, cuyo carácter definen específicamente las masivas migraciones del Sur al Norte Global o “desglobal”[5]. En el ámbito de la migración internacional, estos recientes cambios sociales conllevan la construcción de una nueva narrativa que responda a la complejización de los procesos de movilidad humana, que supere el enfoque de origen-destino y que considere el lugar de tránsito (que tiene actualmente una expresión visible y masiva) y la silenciosa emigración de personal altamente calificado.

La migración calificada es precisamente el tema de este artículo, y puede definirse de dos formas:

En primera instancia, para definir la calificación de dicha población uno de los principales criterios es el nivel alcanzado en la educación formal. De manera general se puede afirmar que se consideran migrantes calificados a quienes cuentan con diplomas de tercer nivel que equivalen al grado de licenciatura (Pellegrino, 2001; Özden, 2007; Khadria, 2007). Otro criterio, es la posición ocupacional que tiene la mano de obra calificada migrante en la estructura del empleo en origen y destino, la misma que se asocia al nivel de formación (Bermúdez, 2010). Se aprecia, por tanto, que por un lado se pone énfasis en criterios de orden académico, y por otro, en aspectos que dan cuenta de la inserción laboral. (OIM, 2016, pág. 49).

La definición empleada en este trabajo cubre los dos criterios mencionados: se considera a los migrantes como altamente calificados a partir del tipo de ocupación y el nivel educativo (Keeley, 2012; Valdivia López y Pedrero Nieto, 2011). Para este propósito, se utiliza la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) y la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE). Tanto la estructura ocupacional como el nivel educativo influyen en el desempeño profesional en los lugares de destino (Barozet, 2007) bajo la lógica de operación de un sistema capitalista segmentado (De Haas, Castles y Miller, 1993). En cuanto a la población analizada, la investigación se concentra en aquellos que tenían 25 años cumplidos o más y que estaban ocupados en el momento en que se hizo la encuesta. A partir del análisis de la incorporación de los inmigrantes (o descendientes de inmigrantes) altamente calificados en los lugares de destino y de las comparaciones de diferentes cohortes en el tiempo, este trabajo pretende aportar a la discusión teórica, metodológica y empírica sobre el tema.

En particular, este artículo está centrado en revisar los determinantes de la incorporación ocupacional (que se ha ido transformando, influenciada por el contexto del lugar de destino) de tres generaciones de mexicanos altamente educados residentes en los Estados Unidos entre 2008 y 2018. La exposición se organiza de la siguiente manera: inicialmente se presentan algunos elementos teóricos básicos de la incorporación ocupacional de los inmigrantes que tienen un alto nivel educativo; acto seguido se expone la metodología y las fuentes de información utilizadas; posteriormente se hace un análisis descriptivo de la incorporación ocupacional de tres generaciones de mexicanos altamente calificados residentes en los Estados Unidos entre 2008 y 2018, así como un análisis multivariado de la incorporación ocupacional de la población en estudio, y, por último, se recogen algunas conclusiones sobre la situación de los mexicanos calificados en el mercado de trabajo estadounidense.

A. Aspectos teóricos para el estudio de la incorporación ocupacional de los inmigrantes altamente educados

Una de las propuestas analíticas de esta investigación es la comparación de la ocupación a lo largo de varias generaciones como herramienta para entender el patrón de inserción ocupacional de los migrantes calificados al mercado de trabajo en el lugar de destino. En este caso, el lugar de recepción se caracteriza por su carácter segmentado. La exposición de este apartado teórico se organizó en tres subsecciones: i) el uso de la generación como categoría analítica; ii) la ocupación como aproximación teórica a la incorporación laboral, y iii) los determinantes de la incorporación ocupacional.

1. El uso de la generación como categoría analítica

En las ciencias sociales, el estudio de las generaciones ha estado presente como metáfora de la construcción social en el tiempo; en ese sentido, ha sido una de las categorías más influyentes en términos del debate teórico y empírico. También ha estado presente en discusiones de carácter ideológico y político en otras regiones del mundo. Ya en la obra de Compte (1842) y Mannheim (1993)[6] se encuentran referencias a las generaciones; por su parte, Marías (1949) hizo una compilación y un análisis crítico brillantes de las generaciones. Ortega y Gasset (1933, citado en Marías, 1949) y Gramsci (1949, citado en Muñoz González, 2011) destacan que el concepto de generación ha sido un tema relevante en las ciencias sociales y las humanidades. El debate se ha centrado en la inserción, integración, asimilación e incorporación social a través de las generaciones. Trasladado al contexto actual, surgen dos tipos de modalidades de acceso al ámbito social y al contenido de este: una se fundamenta en los desplazamientos sociales y la otra se basa en los momentos vitales (cambio generacional). La sociología y la sociodemografía coinciden en este punto.

En lo que respecta, sobre todo, al ámbito del cambio social, incluye la temporalidad. Para Dilthey, además, la vida humana es temporalidad porque la conexión entre el tiempo humano y el tiempo histórico surge principalmente de la capacidad del primero de unificar el tiempo personal e interpretarlo como un todo con significado (véase Fernández Labastida, 2009). Dilthey sostenía que, en el contexto de cambio social, la migración —desplazamiento— se produce una adhesión cualitativa y se vincula con dicho cambio en el tiempo como destino colectivo en la incorporación ocupacional. El destino colectivo no es una conjunción de destinos individuales, como tampoco se puede concebir el ser uno (los residentes o nativos de Estados Unidos) con otro (presencia social del migrante en otro país) como resultado de la convivencia de varios sujetos en un mismo espacio. Los destinos individuales están ya trazados individualmente en el ser uno con otro en el mismo espacio y en la misma situación de clausura ante determinadas posibilidades de incorporación ocupacional de residentes e inmigrantes. En los estudios de población y demografía las generaciones se estudian a partir del curso de vida (en su totalidad), lo que permite hacer la acumulación de una tabla de vida de una cohorte o de una generación (cuyo análisis se basa en las probabilidades de llegar a una determinada edad) y estudiar la población total, en algunos casos desagregada según lugar de nacimiento (Hauser y Duncan, 1975).

Los análisis históricos y sociodemográficos y la sociología económica han analizado la movilidad socioeconómica de las familias de inmigrantes en los Estados Unidos a lo largo de varias generaciones, teniendo en cuenta factores como los orígenes nacionales específicos de los antepasados inmigrantes de un individuo, si se muestran los mismos orígenes nacionales en el lado paterno y en el materno —y con ello el árbol genealógico— y cuán lejos de la generación actual están los antepasados inmigrantes. Además del lugar de nacimiento se agregan o se emplean como variable continua los intervalos de edad, dado que la posición generacional (Generationslagerung) se fundamenta en la existencia del ritmo biológico de la edad (curso vital). Un individuo se encuentra en una posición parecida a la de otros en la corriente histórica del acontecer social debido a que pertenecen a una generación específica (con la que comparte un mismo año de nacimiento), que tiene ciertas características sociodemográficas y étnicas (Neidert y Farley, 1985; Borjas, 1994; Perlmann, 2005).

En cuanto a las valoraciones de la integración de las comunidades inmigrantes a largo plazo, autores como Farley y Alba (2002), Card (2005) y Smith (2005) sostienen que es importante analizar las diferencias no solo entre los nacidos en el extranjero y los nacidos en los Estados Unidos, sino también entre las generaciones de los nacidos en los Estados Unidos. El conjunto de datos ideal para tal análisis debería incluir información sobre el árbol genealógico de cada individuo, a fin de identificar qué individuos tienen antepasados que emigraron a los Estados Unidos desde un país en particular y cuántas generaciones han transcurrido desde que se produjo esa inmigración. Este tipo de información también permitiría caracterizar la complejidad de las raíces inmigrantes de cada individuo con cierto detalle, teniendo en cuenta factores como los orígenes nacionales específicos de los antepasados tanto en el lado paterno como en el materno. Un ejercicio de este tipo sería ideal para entender en toda su magnitud y con una perspectiva temporal el proceso de inserción laboral de las poblaciones migrantes; sin embargo, por lo general no se cuenta con una gran cantidad de datos representativos que incluyan información con este nivel de detalle.

2. La ocupación como aproximación teórica a la incorporación laboral

La ocupación y el trabajo calificado han sido temas de interés de los grandes pensadores de la economía como Marshall (1954), Pigou (1968)[7], Keynes (1998) en su obra La teoría general del empleo, el interés y el dinero[8] y Simpson (1989). Estos autores reconocieron el trabajo, la remuneración, los diferentes propietarios de los factores de producción, el monto de los recursos disponibles, que son escasos, y los problemas en su asignación frente a las necesidades ilimitadas, los límites de la riqueza natural y el equipo de producción acumulado, entre otros temas económicos; en la misma línea, Max Weber (1969) concibió al trabajo como una enorme institución formal con una estructura de autoridad piramidal y una compleja división ocupacional con tareas sumamente especializadas. Las obras de Bendix (1956) y Gouldner (1954) se orientan en el mismo sentido. Por su parte, Marx (1999) reconoció que las fuerzas de trabajo utilizadas en el proceso productivo tienen diferentes niveles de calificación. La calificación tiene que ver con la educación formal recibida por la fuerza de trabajo, con el aprendizaje o capacitación obtenidos en el proceso productivo y con la experiencia adquirida en este. Marx denominó “trabajo complejo” al trabajo de mayor calificación y “trabajo simple” al menos calificado; además, señalaba que para determinar el valor de una mercancía no basta con sumar las horas de trabajo simple y las de trabajo complejo; el valor de una mercancía depende de la cantidad de trabajo necesario para su producción, es decir, el trabajo se expresa en valor. Asimismo, señaló que era imprescindible manejar magnitudes homogéneas.

Las figuras fundadoras de la sociología, como Weber (1969), también consideraron los procesos económicos como elementos fundamentales en la estructura de la sociedad y la especialización del trabajo (donde se definen las jerarquías para las funciones profesionales y técnicas según su liderazgo y subordinación). Se encuentran referencias similares en otros grandes pensadores de la sociología como Simmel (2013), en su libro Filosofía del dinero, y Durkheim (1987), en su obra La división del trabajo social. También contribuyeron de manera importante a la sociología económica y del trabajo autores normalmente considerados economistas, como Veblen (1974).

Polanyi (1992), en su libro La gran transformación: los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo, argumentaba que teóricamente se debe utilizar la noción del arraigo (nociones de incrustación y desincrustación y polaridad y subordinación del trabajador, concepto que retomó posteriormente Granovetter (2003), aunque en un sentido diferente. Polanyi afirmaba que la economía se arraiga —está incrustada— en las instituciones sociales y que es vital para el mercado no destruir otros aspectos de la vida humana (expresión que usa Polany para referirse a la relación del hombre y su entorno). En este contexto se desarrolló la teoría de la segmentación del mercado de trabajo, la cual adquiere mayor importancia en la globalización y en la era de la información y de la desglobalización. Dicha aproximación tiene, además, implicaciones para entender los entornos en que se construye la dualidad entre la ocupación no calificada y la calificada. Tradicionalmente, las teorías de la segmentación reconocen la existencia de diferentes segmentos en el mercado de trabajo y a la vez engloban un conjunto de enfoques de la sociología económica, lo que ilustra la diversidad en cuanto a sus orígenes y contenidos.

Esta aproximación teórica comenzó a surgir a finales de los años sesenta, impulsada por el descontento hacia la explicación neoclásica sobre el funcionamiento del mercado de trabajo. De hecho, desde la óptica del equilibrio de la perspectiva económica ortodoxa era difícil explicar fenómenos como la persistencia del desempleo en sus distintas expresiones, la exclusión, la segregación y la discriminación y, sobre todo, las desigualdades ocupacionales y salariales entre individuos semejantes, incluidos aquellos con idénticos niveles de calificación. Según la teoría del capital humano, las diferencias salariales deberían reflejar diferencias en la productividad y, en último término, en las cualificaciones. A corto plazo podría haber desigualdades transitorias o fenómenos como el desempleo involuntario, pero a largo plazo la búsqueda de la maximización del beneficio y de la utilidad, en la era de la información y la movilidad perfectas, debería conducir al vaciado del mercado y a la desaparición de las desigualdades. La sociología económica actual se centra, en particular, en las consecuencias de la segmentación del mercado laboral, en los significados de los cambios y contextos sociales vinculados a esta y en las interacciones sociales que facilitan o bloquean una incorporación acorde al nivel de calificación en un mercado laboral segmentado.

En términos operativos, la incorporación laboral se puede expresar en la categorización de las ocupaciones como no calificadas o calificadas. Las ocupaciones calificadas incluyen categorías analíticas como las de profesionales, técnicos y afines, ciencia y tecnología, o tecnología de la información, entre otras. En esta investigación se adopta la definición que agrupa como calificadas a las categorías de profesionales, técnicos y afines; el resto de las ocupaciones se consideran no calificadas[9]. La definición empleada en este trabajo es coherente con la de otros estudiosos de la migración, como Pellegrino (2001b), Villa y Martínez Pizarro (2001), Stalker (2000), Lozano Ascencio y Gandini (2012), Tuirán y Ávila (2013) y Calva (2014). La información recopilada a través de censos nacionales o encuestas[10] y algunas investigaciones sobre el tema en América Latina les ha permitido clasificar a la población económicamente activa en dos grandes grupos de ocupaciones calificadas y no calificadas. Estas categorías se han establecido en función de la ocupación, si bien la tendencia común es el aumento relativo de la ocupación informacional o de élite, es decir, profesionales altamente calificados, ejecutivos, técnicos y estudiantes extranjeros que tienen facilidades para ingresar al mercado de trabajo a través de las redes institucionales o informacionales de las élites y que son el núcleo de la nueva estructura ocupacional y social (Kritz, Lim y Zlotnik, 1992; Castells, 1999). Esto coincide con la categoría ocupacional citada anteriormente y con lo señalado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE):

Los trabajadores calificados o altamente calificados usualmente son definidos como personas que han concluido el grado universitario o con una extensa experiencia en ciertos campos. Las categorías no son muy bien definidas y varían de un país a otro. Los altamente calificados incluyen a especialistas, ejecutivos independientes, ejecutivos, técnicos o comerciantes, inversionistas, físicos, personas de negocios, trabajadores claves y trabajadores subcontratados, etcétera. (OCDE, 1997, citado en Iredale, 1999, págs. 89-123).

Este breve recorrido histórico-socioeconómico es insuficiente para exponer con profundidad los argumentos que hacen de la ocupación una herramienta analítica para el estudio de la incorporación laboral de los inmigrantes altamente educados. Sin embargo, lo aquí expuesto deja claro que la ocupación es una categoría heurística para entender el mercado de trabajo (González Becerril, 2009).

3. Los determinantes de la incorporación ocupacional

Según Powers y Seltzer (1998), existen tres perspectivas teóricas para el estudio empírico de la incorporación ocupacional de los inmigrantes en los Estados Unidos[11]: i) la teoría del capital humano, cuyas categorías son retomadas de la teoría neoclásica (que considera homogéneo el mercado de trabajo y se sustenta en los supuestos de la elección racional); ii) la teoría de corte económico-estructuralista, que sostiene que el mercado de trabajo no es homogéneo y destaca la estabilidad y el cambio social para entender la incorporación laboral segmentada o polarizada de los inmigrantes en los lugares de destino, y iii) la teoría asimilacionista, que recupera un enfoque culturalista y pluriculturalista (Portes, 2009; González Becerril y otros, 2017). Estos enfoques han sido el fundamento para el estudio de la integración o inserción laboral de los inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos y recuperan una perspectiva comparativa (Powers y Seltzer, 1998). Los resultados de las investigaciones previas coinciden en señalar la concentración de los trabajadores migrantes mexicanos en ocupaciones de baja calificación. A partir de un análisis de los cambios entre generaciones en los trabajadores hispanos y, en particular, los mexicanos, otros estudios han observado que, en comparación con la primera y segunda generación, la tercera logra una inserción ocupacional más favorable y mayores niveles de ingresos (Farley y Alba, 2002).

Para fines de la presente investigación, se revisaron diversas aproximaciones empíricas al estudio de la incorporación ocupacional de diferentes generaciones de inmigrantes en los lugares de destino. De esta revisión, se han recuperado diversas variables que se consideran factores asociados a la incorporación laboral y que definen el éxito o fracaso de las trayectorias laborales de los inmigrantes. Estas variables incluyen aspectos contextuales e individuales que se mencionan a continuación: i) la estructuración de la demanda laboral (expresada en la ocupación); ii) el capital humano (nivel educativo y dominio del idioma inglés)[12], iii) las características demográficas (la edad, el sexo —como expresión de las relaciones de género— y el estado civil); iv) el contexto (región de residencia y estructura económica o de oportunidades, tal como lo mencionan Portes y Rumbaut (2001)), y v) la ciudadanía (que se relaciona con la posible intervención estatal en la inmigración por medio de políticas que favorecen la llegada de unos u otros inmigrantes y que permiten o inhiben el acceso a ciertas oportunidades laborales, según Portes y Fernández-Kelly (2007)).

Los estudios en la línea de la sociología económica sostienen que el modo de incorporación al que se enfrentan los mexicanos expresa las diferencias en el capital humano de los inmigrantes; a su vez, dicha incorporación se ve reflejada en los ingresos económicos y en el estatus laboral. En los Estados Unidos, los empleos profesionales son poco comunes entre los mexicanos en general en comparación con otros inmigrantes (Portes y Fernández-Kelly, 2007). Dicho argumento parece replicar los hallazgos de las últimas décadas: los trabajos en esta línea de investigación sostienen que no solo cuenta el grado académico, sino también el área de especialización, con preferencia por las de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM). Son justamente las ocupaciones CTIM las que tienen mayor éxito en el contexto del cambio social y el aumento de la demanda de profesionales con este perfil en la sociedad del conocimiento. Sin duda, los altos grados académicos son esenciales para la transformación de la estructura ocupacional de altas capacidades, y la escasez relativa de ciertas áreas de especialización puede favorecer que los migrantes ocupen puestos de trabajo en estas categorías. De acuerdo con la línea argumentativa de Portes y Fernández-Kelly (2007), quienes participan en ocupaciones CTIM tienen una incorporación positiva: mayor que 1 en términos de los momios (si la variable dependiente se define como acceso a una ocupación calificada o no); cuando el momio es menor que 1, la incorporación es negativa.

En el contexto particular de la incorporación en ocupaciones calificadas, el dominio del idioma desempeña un papel crucial. Los empleadores examinan la forma de expresarse, las habilidades de comunicación, la confianza, el aspecto, el acento y las habilidades de sociabilidad del candidato inmigrante para determinar su capacidad de adaptación a la cultura de trabajo de la organización. Una parte del aspecto de los inmigrantes es el fenotipo y la pigmentación de la piel; diversos estudios muestran que estos factores influyen en las oportunidades laborales de los migrantes (Pager y Shepherd, 2008; Ho y Alcorso, 2004). Sin embargo, el fenotipo y el color de piel son aspectos que tradicionalmente no se incluyen en el análisis que hace la lectura economicista de la relación entre la inserción ocupacional y el perfil de los inmigrantes.

Otra variable importante para la incorporación de los inmigrantes calificados en los lugares de destino es el tiempo de residencia. Recién llegadas, las personas tienen un menor conocimiento de su entorno en el país de destino. Esto puede tener un efecto negativo en su incorporación, al limitar su habilidad para encontrar un trabajo adecuado a sus capacidades y necesidades. De hecho, el tiempo de residencia se usa como indicador del capital humano, dado que los inmigrantes requieren cierto tiempo de ambientación para lograr una incorporación ocupacional exitosa (González Becerril, 2009). En el mismo sentido, Portes y Fernández-Kelly (2007) sugieren que existen diferencias en el proceso de adaptación al mercado laboral estadounidense entre una generación y la siguiente.

En la dimensión sociodemográfica, una de las variables centrales que inciden en la incorporación ocupacional de inmigrantes calificados es la de género. Por lo general, las desventajas que sufren las mujeres en el mercado de trabajo se producen también en el ámbito de las ocupaciones calificadas. Diversos estudios identifican procesos y normas formales e informales (incluida la cultura) que determinan que en ciertos sectores de la economía y en determinadas modalidades de trabajo se produzca una segregación por género. Esta segregación se expresa también de forma vertical y en los rangos jerárquicos (Elson, 1999; Benería y Roldán, 1992). La investigación en torno a este tema hace hincapié en el impacto que está teniendo la transición a la sociedad del conocimiento en la situación laboral de las mujeres. En la medida en que las políticas de bienestar se modifican (de apoyarse en la asistencia —welfare— se pasa a promover el conocimiento —knowfare—), se favorece una alta segregación en los trabajos de alta tecnología y se observa una sobreconcentración de las mujeres en ocupaciones que tienen una menor complejidad y autonomía. Por su parte, Kofman (2007) ha señalado que existe una dimensión de género en la preferencia por ciertas habilidades dentro de la economía del conocimiento, y que dicha preferencia tiene un efecto diferenciado en la incorporación ocupacional de los migrantes.

Un elemento adicional que cabe considerar desde la perspectiva sociodemográfica es la etapa del curso de vida. Vista a través de la edad, la etapa del curso de vida está relacionada con ventajas y obstáculos en la incorporación laboral. Por ejemplo, un individuo joven[13] tiene menos experiencia y menores posibilidades de acceder a trabajos bien remunerados pero, a su vez, tiene mayor flexibilidad para tomar decisiones y riesgos (como el de emigrar) dado que tiene menos compromisos familiares. Se puede decir lo opuesto en la etapa de madurez. En ese sentido, los teóricos del curso de vida argumentan que conforme aumenta la edad mejoran las opciones laborales, hasta un cierto umbral, después del cual estas tienden a declinar (Modigliani, 1986)[14].

Expuesto de manera dicotómica, el mercado de trabajo para los inmigrantes está segmentado entre aquellos con una alta preparación en sectores y servicios económicos avanzados (como, por ejemplo, ingeniería, informática, medicina y otras especialidades de gran demanda; muchos de ellos son empresarios globales y gestores multinacionales) y aquellos en ocupaciones de baja calificación (trabajos de baja remuneración en la agricultura, la construcción, los servicios personales y otros sectores) (Castells, 2006; Portes y Fernández-Kelly, 2007). En este escenario, habrá un grupo de inmigrantes con alta escolaridad en ocupaciones de baja calificación. En el caso de la migración mexicana a lo largo de diversas generaciones, la investigación ha documentado su concentración en actividades del sector de la trasformación, de construcción y fabriles y en servicios de baja calificación, incluidas actividades de mantenimiento, limpieza y producción de alimentos (Giorguli Saucedo y Gaspar Olvera, 2008; Giorguli Saucedo y Leite, 2010).

La segmentación del mercado de trabajo calificado se produce dentro de una dinámica de flujos en la que se puede desagregar la escala global y la interacción con lo local (Castells, 2006). Al mismo tiempo que se fragmentan las funciones y los mercados laborales, el trabajo se organiza a través de redes que se enlazan en todo el mundo, siempre subordinadas a múltiples lugares que se encuentran, en mayor o menor medida, segregados o conectados entre sí. Es en esta conformación particular del espacio que aparece la escala regional, dentro de la cual los grupos de trabajadores altamente educados se subordinan a la acción social del mercado de trabajo (Castells, 2007). En cuanto al modo de incorporación laboral de los migrantes, en la intervención del factor institucional destaca que:

Una acogida receptiva o al menos neutral por parte de las autoridades gubernamentales, un recibimiento cordial o por lo menos no hostil por parte de la población nativa, y la existencia de relaciones con compatriotas ya asentados, allanan el camino para poner en práctica las aptitudes que se han traído del extranjero. En cambio, un recibimiento hostil por parte de las autoridades y de los ciudadanos o la inexistencia de una comunidad de compatriotas o su debilidad hacen difícil a los inmigrantes traducir su capital humano en ocupaciones acordes a sus capacidades, así como el adquirir nuevas aptitudes. (Portes y Fernández-Kelly, 2007, pág. 49).

Esto significa que las condiciones institucionales y migratorias del país de destino (como la disponibilidad de mecanismos para obtener la residencia permanente, la ciudadanía o permisos de trabajo durante períodos suficientemente largos) otorgan claras ventajas o generan barreras en la incorporación laboral. Por ejemplo, si existen canales para la naturalización en los lugares de llegada la inserción laboral puede ser más exitosa, según las características económicas de la región. Asimismo, las redes sociales de los inmigrantes con alta escolaridad podrían amortiguar el efecto de las condiciones institucionales, en la medida en que modifican la forma en que se da el período de ajuste y adaptación al nuevo contexto social (González Becerril, 2009). Tanto el contexto institucional definido por las políticas migratorias como el efecto de las redes son variables que no se han explorado suficientemente en el estudio de la incorporación ocupacional de los inmigrantes mexicanos calificados residentes en los Estados Unidos.

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta aquí, en las siguientes secciones se analiza, por medio de estadísticas descriptivas y multivariadas, la incorporación de los inmigrantes mexicanos altamente educados a un mercado laboral segmentado como el de los Estados Unidos. En el contexto general, esta incorporación sucede en paralelo a los procesos de globalización y flexibilización laboral. Dentro de los factores que explican el tipo de inserción ocupacional, la investigación sobre este tema se ha concentrado en el peso de la educación formal y la dinámica propia de un mercado de trabajo segmentado, como lo describe Piore (1983). Según este autor, los migrantes altamente educados se insertan en el segmento correspondiente al sector primario, mientras que los de menor educación se incorporan al secundario. Esta perspectiva analítica de los mercados de trabajo segmentados servirá como hilo conductor para la interpretación de los resultados obtenidos.

B. Mexicanos de primera, segunda y tercera generación x residentes en los Estados Unidos

La población de origen mexicano residente en los Estados Unidos es hoy una de las minorías demográficas con mayor peso y dinamismo en dicho país. En 2017, el 27% de los nacidos en el extranjero que residían en los Estados Unidos provenían de México; en contraste, en 1910 los mexicanos representaban menos del 2% de los extranjeros residentes en ese país (BBC, 2018). Si se cuenta a los hombres y mujeres de la primera, segunda y tercera generación, la población mexicana o de ascendencia mexicana suma alrededor de 38 millones de personas, y las proyecciones indican que esta cifra seguirá aumentando en los próximos años. En términos relativos, para 2065 se espera una estrepitosa disminución de la población blanca y un aumento de los hispanos, que pasarán de representar el 18% de la población total a constituir el 24% (Cohn, 2015). Una característica particular de la población mexicana de los Estados Unidos es que casi el 70% de ellos nacieron en dicho país, es decir, está conformada mayoritariamente por mexicanos de la segunda y tercera generación. Los 12 millones restantes son mexicanos de primera generación, es decir, inmigrantes que cambiaron su lugar de residencia habitual de México al vecino del norte. En 2019, los mexicanos de segunda y tercera generación sumaban 25,9 millones de personas. Si se toma de manera conjunta a los mexicanos de las diversas generaciones que residen en los Estados Unidos, estos representan más del 30% de la población de México (véase Fundación BBVA Bancomer/CONAPO, 2018). Se trata de un grupo poblacional que se ha mantenido en crecimiento, a pesar de la reciente caída de la emigración. Entre 1994 y 2019 se sumaron 5,6 millones de personas a la primera generación, 7,7 millones a la segunda y 6,8 millones a la tercera.

En parte del período analizado en este trabajo (2008-2018) se observa un descenso de la emigración mexicana a los Estados Unidos, incluso desde antes de 2008 (Massey, Prend y Durand, 2009; Calva y Coubès, 2016). La tendencia descendente se mantuvo hasta 2014, año a partir del cual se observan ligeros incrementos. En contraste, las generaciones sucesivas (segunda y tercera) mantuvieron un crecimiento dinámico durante el período estudiado. El comportamiento poblacional de estas tres generaciones no está aislado de los grandes cambios que se producen en los Estados Unidos (económicos, políticos, regulatorios, sociales y culturales) (Expansión, 2011). Las divergencias entre generaciones reflejan también el efecto diferenciado de dichos procesos en la dimensión demográfica y —se podría anticipar— en la integración económica. Evidentemente, los mayores efectos negativos de la crisis económica que tuvo lugar durante el período estudiado recaen en la primera generación, que en algunos años específicos se redujo en términos absolutos (véase el gráfico 1). Esta disminución del monto absoluto de mexicanos de primera generación es producto del freno a la emigración y el aumento de la migración de retorno. Entre 2005 y 2010 se observó uno de los mayores retornos en la historia de la migración en México: se estima que regresaron 824.436 personas (Centro de Estudios Migratorios, 2017). La disminución de la emigración indocumentada se intensificó a raíz del fortalecimiento e incremento de las medidas restrictivas orientadas a frenarla (Cruz Piñeiro y González Becerril, 2018). Asimismo, la preocupación por el control migratorio desde el ataque a las torres gemelas en septiembre de 2001, la crisis económica de 2008 y la crisis derivada de la caída de los precios de las materias primas operaron también como desincentivos a la migración (Canales, 2013). Adicionalmente, pese a la estabilidad y el crecimiento económicos previos a la emergencia sanitaria provocada por la enfermedad por coronavirus (COVID-19), el Presidente Trump mantenía su intención de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas deportara a los millones de extranjeros indocumentados “que encontraron de manera ilícita su camino hacia los Estados Unidos” (El País, 2019). A día de hoy, en la retórica del Presidente Trump se siguen repitiendo los mismos argumentos antiinmigración que utilizó durante la campaña presidencial, argumentos que ha retomado en el marco de las próximas elecciones presidenciales en ese país.

Gráfico 1

Estados Unidos: mexicanos de primera, segunda y tercera generación residentes, 1994-2019

(En millones de personas)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Fundación BBVA Bancomer/Consejo Nacional de Población (CONAPO), Anuario de migración y remesas: México 2018, Ciudad de México, 2018, y Minnesota Population Center, “Current Population Survey data for social, economic and health research” [en línea] https://cps.ipums.org/cps/.

Esta investigación, sin embargo, no atañe a toda la población mexicana de la primera, segunda y tercera generación, sino que se centra en los mexicanos ocupados altamente calificados que residían en los Estados Unidos entre 2008 y 2018. En términos generales, se esperarían variaciones en el total de ocupados mexicanos de alta calificación pertenecientes a la primera generación durante este período, especialmente después de la crisis económica de 2008, así como un menor ritmo de crecimiento de las otras generaciones, tanto por la crisis de 2008 como por la de 2012 y como consecuencia de la desaceleración económica hasta 2018, período que incluye la transición entre el gobierno de Barack Obama y el de Donald Trump (véase el gráfico 2).

Gráfico 2

Estados Unidos: mexicanos ocupados y altamente calificados de primera, segunda y tercera generación residentes, 2008-2018

(En miles de personas)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Minnesota Population Center, “Current Population Survey data for social, economic and health research” [en línea] https://cps.ipums.org/cps/.

Nota Datos ponderados.

C. Metodología y fuente de información

Como en toda investigación, se reconoce que el fenómeno estudiado es cambiante, dinámico y evolutivo. Durante la última década se consolidó la transformación de una migración individual a otra familiar y de carácter masivo, que se relaciona con los cambios económicos, sociales, tecnológicos y políticos que se produjeron tanto en México como en los Estados Unidos. La migración silenciosa de mexicanos altamente educados al vecino del norte se produce en este contexto y, por tanto, es en este contexto en el que se dan los procesos de incorporación laboral diferenciada de los inmigrantes de las tres generaciones aquí estudiadas. Para esta investigación, se puso especial atención en la adscripción a una de las categorías ocupacionales y el procesamiento de la información relativa a las características del individuo. El modelo estadístico utilizado busca entender el peso de las diversas dimensiones (biológicas, sociales, económicas, políticas e incluso filosóficas) vinculadas a la incorporación ocupacional (Vieira Pinto, 1973).

Se empleó una metodología comparativa, descriptiva y causal para sostener el argumento de la incorporación diferenciada —y más exitosa en términos de la congruencia entre nivel educativo y ocupación— de los mexicanos de la segunda y tercera generación con respecto a los de la primera[15]. Para el análisis se utilizaron datos agregados de la Encuesta Continua de Población de 2008 a 2018. Se eligió este enfoque metodológico porque permite combinar el efecto del tiempo, del cambio social en los Estados Unidos y de la dinámica vinculada a la creciente migración calificada. La información se organizó clasificando a la población mexicana de alta calificación por generaciones (primera, segunda y tercera). La variable “lugar de nacimiento” permitió identificar a los inmigrantes altamente educados de la primera generación, que representaban 3.594 individuos entre 2008 y 2018. Se obtuvo también información de 2.213 individuos pertenecientes a la segunda generación (nacidos en los Estados Unidos y cuyo padre, madre o ambos nacieron en México) y 5.770 individuos de la tercera generación (personas nacidas en los Estados Unidos de padres estadounidenses y que se reconocían en la encuesta como mexicanos) (véase el cuadro 1). La Encuesta Continua de Población incluye diversos reactivos que permiten operacionalizar las variables migratorias (en este caso, las generaciones) e incluye otras variables que caracterizan a la población inmigrante, constituida en su mayoría por mexicanos, lo que permite ganar profundidad respecto a las variables del hogar y de la ocupación; no obstante, tiene ciertas desventajas frente a la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (American Community Survey), como la falta de variables de capital humano como el dominio del inglés y el año de llegada. Dadas las diferencias entre ambas fuentes, no es posible combinarlas en el mismo análisis.

Cuadro 1

Estados Unidos: mexicanos calificados residentes, por generaciones, 2008-2018

(En cientos de personas)

Años

Primera generación

Segunda generación

Tercera generación

Total

2008

284

141

447

872

2009

271

167

461

899

2010

341

175

492

1 008

2011

290

161

452

903

2012

300

178

450

928

2013

333

185

515

1 033

2014

321

198

579

1 098

2015

365

243

566

1 174

2016

337

270

579

1 186

2017

346

247

597

1 190

2018

406

248

632

1 286

Total

3 594

2 213

5 770

11 577

Fuente: Minnesota Population Center, “Current Population Survey data for social, economic and health research” [en línea] https://cps.ipums.org/cps/.

Nota: Datos no ponderados.

La investigación se centra en la población ocupada altamente calificada, por lo que se incluyó a personas de entre 25 y 69 años de edad, que contaran con una licenciatura, una maestría o un doctorado y que estuvieran trabajando en el período en que se realizó la encuesta. Las generaciones se definieron de esta forma:

•Primera generación: aquellos individuos que declararon haber nacido en México y que se encontraban en los Estados Unidos al realizarse la encuesta.

•Segunda generación: población que declaró haber nacido en los Estados Unidos cuyo padre, madre o ambos nacieron en México.

•Tercera generación: población nacida y de padres nacidos en los Estados Unidos, que al indicar el origen étnico, dentro de la variable “hispano”, respondió ser de origen mexicano.

Para probar el argumento de mayor desventaja para los mexicanos de la primera generación, se aplicó el modelo de regresión logística general que incluye a las tres generaciones de mexicanos calificados residentes en los Estados Unidos (con datos no ponderados). Posteriormente, se estimaron por separado modelos de regresión logística para cada generación, con el objetivo de comparar las diferencias de peso de las variables explicativas de su incorporación en el mercado de trabajo segmentado estadounidense. La variable dependiente aproxima de alguna manera el éxito en la trayectoria laboral; en concreto, capta si los migrantes altamente calificados desempeñan ocupaciones acordes con su nivel de estudios. La variable dependiente se expresa de la siguiente manera: 0 si el individuo se incorporó a una ocupación calificada y 1 si se incorporó en ocupaciones consideradas no calificadas. Todos los modelos se construyeron de la siguiente manera:

P= 1/1+e-(β_0+ β 1X_1+ β_2X_2+ β_3X_3+ β_4X_4 + β_5X_5 + β_6X_6+ β_7X_7 + β_8X8 + β_9X_9)

Las dimensiones y variables se codificaron como sigue:

Dimensión: capital humano

X_1 = Educación (doctorado, maestría y licenciatura)

Dimensión: temporal

X_2= Año de realización de la encuesta

Dimensión: características sociodemográficas

X_3 = Sexo (hombre o mujer)

X_4 = Edad (de 25 a 39 años, de 40 a 49 años y de 50 años o más)

X_5 = Estado civil (casado u otro)

Dimensión: contexto, ciudadanía y acceso a la salud

X_6 = Lugar de residencia (región de los Estados Unidos)

X_7 = Rama de actividad (extracción, transformación, servicios de distribución, servicios de producción, servicios sociales y servicios personales)

X_8 = Ciudadanía (naturalizado o no naturalizado: esta variable se incluye solo para la primera generación)

X_9 = acceso a servicios de salud (sí =0 y no =1)

El uso de un modelo de regresión logística se explica principalmente por el carácter dicotómico de la variable dependiente. Una ventaja adicional del modelo de regresión logística al traducir las variables cuantitativas y cualitativas es que reduce la posibilidad de heterocedasticidad y colinealidad, los cuales son muy comunes en la regresión lineal. A la vez, este modelo permite clasificar los modos de incorporación según la generación, tal como lo expresan Portes y Fernández-Kelly (2007, pág. 51) y según se expone en el cuadro 2. Con base en los resultados de los modelos, se sostiene que los inmigrantes mexicanos de primera generación altamente educados residentes en los Estados Unidos sufren una desventaja en su incorporación laboral con relación a los de la segunda y tercera generación.

Cuadro 2

Estados Unidos: interpretación de las variables asociadas a la incorporación ocupacional de las generaciones de mexicanos altamente educados en el mercado de trabajo segmentado

Dimensiones

Primera generación

Segunda generación

Tercera generación

Capital humano

Menor que 1= negativo en la incorporación ocupacional no calificada (integración plena)

Mayor que 1= mayor probabilidad en la incorporación ocupacional no calificada (integración descendente)

Igual a 1= neutral, porque presenta la misma probabilidad que el grupo de referencia

Demográfico

Sector de actividad

Región

Institucional

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de A. Portes y P. Fernández-Kelly, “Sin margen de error: determinantes del éxito entre hijos de inmigrantes crecidos en circunstancias adversas”, Migraciones, N° 22, 2007.

D. Análisis descriptivo de la incorporación ocupacional de tres generaciones de mexicanos altamente educados en los Estados Unidos entre 2008 y 2018

Los datos acerca de la migración mexicana calificada a los Estados Unidos indican que ha aumentado con el tiempo. Sin que se pretenda realizar un análisis exhaustivo sobre este argumento, pues no es el objetivo de esta investigación, los casos incluidos en la muestra de la Encuesta Continua de Población sí expresan que la migración calificada ha aumentado, pero con cambios abruptos en el período comprendido entre 2008 y 2018 (véanse el cuadro 1 y el gráfico 3). Grosso modo, en el gráfico 3 se aprecian coincidencias en cuanto al acceso diferenciado al mercado de trabajo segmentado según nivel de calificación y entre las generaciones. El comportamiento variable en el tiempo corrobora lo observado en el cuadro 1 para las tres generaciones, con los datos ponderados. Eliminando los datos de 2014, en los que se observa una variación muy marcada en todas las generaciones que probablemente se deba a los ponderadores, se observa una tendencia similar y un aumento de volumen en todas las generaciones y categorías respecto del primer dato de la serie (2008). Destaca, sin embargo, una mayor estabilidad en la tendencia de los mexicanos en ocupaciones calificadas comparadas con aquellos en ocupaciones no calificadas. De hecho, sobresale la caída del total de mexicanos de segunda generación no calificados al final del período.

Gráfico 3

Estados Unidos: trabajadores calificados y no calificados mexicanos residentes, según generación, 2008-2018

(En miles de personas)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Minnesota Population Center, “Current Population Survey data for social, economic and health research” [en línea] https://cps.ipums.org/cps/.

Nota: Datos ponderados.

Si se analiza el porcentaje de migrantes calificados en ocupaciones no calificadas por nivel educativo y por generación, se obtiene una aproximación adicional antes de presentar los resultados de los modelos multivariados. Según los datos del cuadro 3, entre aquellos con doctorado, los mexicanos de la primera generación tienen la mayor desventaja: alrededor del 51% trabajan en ocupaciones no calificadas, frente al 33,5% de los de la segunda generación y el 30,7% de los de la tercera generación. El mismo patrón diferencial de la incorporación al mercado de trabajo segmentado estadounidense que afecta a la primera generación se repite en el caso de los que completaron una licenciatura o una maestría: el porcentaje de aquellos en ocupaciones no calificadas es mayor que el de la segunda y tercera generación (véase el cuadro 3).

Cuadro 3

Estados Unidos: ocupación de los mexicanos calificados residentes, según nivel educativo y generación, 2008-2018

(En porcentajes)

Ocupación

Total

Calificada

No calificada

Primera generación

Doctorado

48,60

51,40

100

Maestría

70,40

29,60

100

Licenciatura

76,30

23,70

100

Total

53,50

46,50

100

Segunda generación

Doctorado

66,50

33,50

100

Maestría

85,00

15,00

100

Licenciatura

93,80

6,30

100

Total

71,80

28,20

100

Tercera generación

Doctorado

69,30

30,70

100

Maestría

86,50

13,50

100

Licenciatura

96,30

3,70

100

Total

73,40

26,60

100

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Minnesota Population Center, “Current Population Survey data for social, economic and health research” [en línea] https://cps.ipums.org/cps/.

En cuanto a la dimensión sociodemográfica y la incorporación ocupacional de los mexicanos altamente calificados residentes en los Estados Unidos entre 2008 y 2018, se obtiene lo siguiente: los hombres se incorporaron en mayores proporciones en ocupaciones no calificadas (un 49,2% en el caso de la primera generación, un 30% en la segunda y un 27,9% en la tercera). En lo que se refiere a la edad, cuanto más mayores son los inmigrantes de primera generación altamente calificados, aumenta su porcentaje en ocupaciones no calificadas (50,1% en el grupo de 50 a 69 años); en el caso de los mexicanos de la segunda y tercera generación ocurre lo contrario: los más jóvenes son los más presentes en ocupaciones no calificadas (30,4% y 28,2%, respectivamente, en el grupo de 25 a 39 años). En lo referente al estado civil, aquellas personas que están en una condición distinta a la de casadas tienen un mayor porcentaje de incorporación en ocupaciones no calificadas (un 50,7% en la primera generación, un 32,7% en la segunda y un 27,5% en la tercera generación). Los porcentajes de la dimensión sociodemográfica expresan el diferencial a favor de la segunda y tercera generación de los mexicanos calificados residentes en los Estados Unidos en el período de análisis 2008-2018 (véase el cuadro 4). La distribución porcentual marca la tendencia de las probabilidades que se analizarán más adelante.

Cuadro 4

Estados Unidos: ocupación de los mexicanos calificados residentes, según sexo, edad, estado civil y generación, 2008-2018

(En porcentajes)

Generación

Sexo

Ocupación

Total

Calificada

No Calificada

Primera generación

Hombre

50,80

49,20

100

Mujer

56,80

43,20

100

Total

53,50

46,50

100

Segunda generación

Hombre

70

30

100

Mujer

73,30

26,70

100

Total

71,80

28,20

100

Tercera generación

Hombre

72,10

27,90

100

Mujer

74,60

25,40

100

Total

73,40

26,60

100

Edad

Ocupación

Total

Calificada

No Calificada

Primera generación

50 a 69 años

49,90

50,10

100

40 a 49 años

53,30

46,70

100

25 a 39 años

55,70

44,30

100

Total

53,60

46,50

100

Segunda generación

50 a 69 años

73,30

26,70

100

40 a 49 años

77,30

22,70

100

25 a 39 años

69,60

30,40

100

Total

71,80

28,20

100

Tercera generación

50 a 69 años

75,20

24,80

100

40 a 49 años

75,30

24,70

100

25 a 39 años

71,80

28,20

100

Total

73,40

26,60

100

Estado civil

Ocupación

Total

Calificada

No Calificada

Primera generación

Casado

55,50

44,50

100

Otro

49,30

50,70

100

Total

53,60

46,40

100

Segunda generación

Casado

75,80

24,20

100

Otro

67,30

32,70

100

Total

71,80

28,20

100

Tercera generación

Casado

74,10

25,90

100

Otro

72,50

27,50

100

Total

73,40

26,60

100

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Minnesota Population Center, “Current Population Survey data for social, economic and health research” [en línea] https://cps.ipums.org/cps/.

En cuanto a las dimensiones del contexto, es interesante observar los porcentajes de quienes se incorporaron a ocupaciones no calificadas por sector de actividad: entre la primera generación, los principales sectores fueron la extracción (80,1%), los servicios personales (71%) y los servicios de distribución (62,7%); para los de la segunda generación, fueron la extracción (61,4%), los servicios de distribución (50,8%) y los servicios personales (45,9%), y para la tercera generación, la extracción (57,9%), los servicios personales (50%) y los servicios de distribución (47,6%). En esta dimensión se expresa la desventaja de la primera generación con relación a las otras dos en la incorporación laboral entre 2008 y 2018, lo que se asocia con mejores oportunidades salariales para los mexicanos de segunda y tercera generación residentes en los Estados Unidos (véase el cuadro 5).

Cuadro 5

Estados Unidos: ocupación de los mexicanos calificados residentes, según sector de actividad y generación, 2008-2018

(En porcentajes)

Generación

Sector de actividad

Ocupación

Total

Calificada

No calificada

Primera generación

Extracción

19,90

80,10

100

Transformación

38,10

61,90

100

Servicios de distribución

37,30

62,70

100

Servicios de producción

66,40

33,60

100

Servicios sociales

75,90

24,10

100

Servicios personales

28,20

71,80

100

Total

53,50

46,50

100

Segunda generación

Extracción

38,60

61,40

100

Transformación

64,10

35,90

100

Servicios de distribución

49,20

50,80

100

Servicios de producción

76,20

23,80

100

Servicios sociales

79,60

20,40

100

Servicios personales

54,10

45,90

100

Total

71,80

28,20

100

Tercera generación

Extracción

42,10

57,90

100

Transformación

62,20

37,80

100

Servicios de distribución

52,40

47,60

100

Servicios de producción

76,50

23,50

100

Servicios sociales

81,90

18,10

100

Servicios personales

50,00

50,00

100

Total

73,40

26,60

100

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Minnesota Population Center, “Current Population Survey data for social, economic and health research” [en línea] https://cps.ipums.org/cps/.

En el cuadro 6 se destacan las diferencias entre las regiones de residencia en los Estados Unidos, lo que se ha dado en llamar la “nueva geografía” de los trabajadores mexicanos. Entre la primera generación, aquellos que estaban sujetos a una mayor subutilización de sus capacidades o incorporación en ocupaciones no calificadas fueron los que residían en las regiones Oeste (48,2%) y Sur (46,2%) de los Estados Unidos. Para los de la segunda generación, aquellos que más se incorporaron en ocupaciones no calificadas residían en las regiones Este (36,5%) y Oeste (28%), y en el caso de la tercera generación, se trataba de las regiones Este (30,7%) y Oeste (27,5%). En términos simples, las tres generaciones presentaron diferencias regionales en la inserción ocupacional de los mexicanos calificados residentes en los Estados Unidos entre 2008 y 2018, con una marcada desventaja para los de la primera generación (véase el cuadro 6).

Cuadro 6

Estados Unidos: ocupación de los mexicanos calificados residentes, según región de residencia y generación, 2008-2018

(En porcentajes)

Generación

Región

Ocupación

Total

Calificada

No calificada

Primera generación

Noreste

57,90

42,10

100

Este

57,60

42,40

100

Sur

53,80

46,20

100

Oeste

51,80

48,20

100

Total

53,50

46,50

100

Segunda generación

Noreste

77,10

22,90

100

Este

63,50

36,50

100

Sur

73,90

26,10

100

Oeste

72,00

28,00

100

Total

71,80

28,20

100

Tercera generación

Noreste

82,30

17,70

100

Este

69,30

30,70

100

Sur

75,40

24,60

100

Oeste

72,50

27,50

100

Total

73,40

26,60

100

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Minnesota Population Center, “Current Population Survey data for social, economic and health research” [en línea] https://cps.ipums.org/cps/.

En cuanto a la dimensión institucional, es decir, el acceso entre los mexicanos a prestaciones de servicios médicos brindadas por el Estado, no se encuentran grandes variaciones en la presencia en ocupaciones calificadas y no calificadas según la cobertura médica (véase el cuadro 7). Se observan, sin embargo, matices entre generaciones. Por ejemplo, entre los de la primera generación beneficiarios del programa Medicare[16], el 46,5% se desempeñaban en ocupaciones no calificadas. Este dato contrasta con los de la segunda y tercera generación, cuyas cifras se ubicaron en el 29% y el 26%, respectivamente.

En el cuadro 7 también se presentan las diferencias en la incorporación de la primera generación según contaran o no con la ciudadanía. El porcentaje de ocupaciones no calificadas es notablemente menor entre los naturalizados (37,3%) que entre los no naturalizados (56,9%).

Cuadro 7

Estados Unidos: ocupación de los mexicanos calificados residentes, según naturalización, cobertura de Medicare y generación, 2008-2018

(En porcentajes)

Generación

Naturalización

Ocupación

Total

Calificada

No calificada

Primera generación

Sí

62,70

37,30

100

No

43,20

56,80

100

Total

52,90

47,10

100

Cobertura de Medicare

Ocupación

Total

Calificada

No calificada

Primera generación

Sí

52,60

47,40

100

No

53,60

46,40

100

Total

53,60

46,40

100

Segunda generación

Sí

88,90

11,10

100

No

70,80

29,20

100

Total

71,00

29,00

100

Tercera generación

Sí

83,60

16,40

100

No

73,90

26,10

100

Total

74,00

26,00

100

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Minnesota Population Center, “Current Population Survey data for social, economic and health research” [en línea] https://cps.ipums.org/cps/.

Como se mencionó previamente, en este análisis se interpretan las posibles variaciones en el tiempo como una forma de captar los grandes cambios, en particular en el mercado laboral segmentado estadounidense. Al respecto, los intervalos de los años en que se realizó la Encuesta Continua de Población muestran un mayor porcentaje de ocupaciones no calificadas en el caso de los inmigrantes mexicanos de primera generación: concretamente, entre 2008 y 2011 —los años de crisis económica— presentaron un 47%, en tanto que para los mexicanos de segunda y tercera generación esta cifra fue del 28,4% y el 26%, respectivamente (véase el cuadro 8). Esto expresa una desventaja de la primera generación con relación a las otras en un contexto de crisis económica. Por otro lado, destaca también la estabilidad en el tiempo de cada una de las generaciones.

Cuadro 8

Estados Unidos: ocupación de los mexicanos calificados residentes, según generación y año de la Encuesta Continua de Población, 2008-2018

(En porcentajes)

Generación

Años de la muestra

Ocupación

Total

Calificada

No calificada

Primera generación

2008-2011

53,0

47,0

100

2012-2015

54,1

45,9

100

2016-2018

53,7

46,3

100

Total

53,6

46,4

100

Segunda generación

2008-2011

71,6

28,4

100

2012-2015

70,5

29,5

100

2016-2018

71,0

29,0

100

Total

71,0

29,0

100

Tercera generación

2008-2011

74,0

26,0

100

2012-2015

72,9

27,1

100

2016-2018

75,4

24,6

100

Total

74,0

26,0

100

Total

2008-2011

66,8

33,2

100

2012-2015

66,6

33,4

100

2016-2018

68,0

32,0

100

Total

67,1

32,9

100

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Minnesota Population Center, “Current Population Survey data for social, economic and health research” [en línea] https://cps.ipums.org/cps/.

E. Análisis multivariado de la incorporación de tres generaciones de mexicanos altamente calificados residentes en los Estados Unidos entre 2008 y 2018

En el cuadro 9 se resumen los resultados de los modelos logísticos binomiales para estimar las probabilidades de incorporación laboral no calificada según generación entre mexicanos altamente educados residentes en los Estados Unidos entre 2008 y 2018. Se presenta la razón de momios o razón de probabilidades (odds ratio) del modelo conjunto y por generación. En primer lugar, los resultados derivados del modelo general permiten argumentar que la segunda y tercera generación tienen probabilidades negativas de incorporarse a ocupaciones no calificadas con relación a los de la primera generación (es decir, los nacidos en México). Este dato corrobora la teoría de un proceso de integración segmentado y gradual y refleja las desventajas que enfrenta la primera generación en cuanto a la mayor probabilidad de desempeñar ocupaciones no acordes con el nivel de calificación de aquellos con licenciatura o más.

Como ya se mencionó, uno de los determinantes principales de la integración en ocupaciones calificadas tiene que ver con el capital humano, una variable que permite una aproximación al capital cultural y al repertorio de habilidades de los individuos (Portes, 2009). Los resultados relacionados con el nivel educativo coinciden en las tres generaciones: en los tres grupos, los titulares de una maestría o licenciatura presentan probabilidades negativas de incorporación en ocupaciones no calificadas con relación a los doctores de su mismo grupo (esta información llama la atención de los recién egresados en su incorporación al mercado laboral porque sucede con desventaja en relación con los doctores). Sin embargo, vale la pena destacar que, según el modelo general, entre los titulares de una licenciatura de la segunda y tercera generación, las probabilidades son significativamente inferiores a las de la primera generación. Esto significa que, en términos estadísticos, el capital humano tiene un mayor peso para la integración de los tres grupos al mercado laboral en los Estados Unidos, pero su peso va descendiendo con las sucesivas generaciones, lo cual resultará más evidente al revisar otras variables más adelante (Portes y Fernández, 2007) (véase el cuadro 9).

Cuadro 9

Modelos logísticos binomiales de la probabilidad de incorporación laboral en ocupaciones no calificadas de los mexicanos altamente calificados residentes en los Estados Unidos, según generación, 2008-2018

(Razones de momios)

Dimensiones

Variables

Modelos

General

Primera generación

Segunda generación

Tercera generación

Generación

Generaciones

Momios

Momios

Momios

Momios

Primera generación (referencia)

Segunda generación

0 ,736*

Tercera generación

0 ,668

Capital humano

Nivel educativo

Doctorado (referencia)

Maestría

0 ,440*

0 ,467*

0 ,434*

0 ,417*

Licenciatura

0 ,245*

0 ,454*

0 ,146*

0 ,110*

Sexo

Hombre (referencia)

Mujer

1 ,127*

1 ,277*

1 ,052

1 ,080

Edad

De 50 a 69 años (referencia)

De 40 a 49 años

0 ,881*

0 ,770*

0 ,882

0 ,993*

De 25 a 39 años

0 ,934

0 ,589*

1 ,322*

1 ,175

Estado civil

Casado (referencia)

Otro

1 ,284*

1 ,379*

1 ,581*

1 ,109

Sociodemográfica

Sector de actividad

Extracción (referencia)

Transformación

0 ,348*

0 ,304*

0 ,199*

0 ,438*

Servicios de distribución

0 ,509*

0 ,366*

0 ,417*

0 ,716

Servicios de producción

0 ,167*

0 ,096*

0 ,162*

0 ,249*

Servicios sociales

0 ,119*

0 ,06*

0 ,107*

0 ,192*

Servicios personales

0 ,523*

0 ,472*

0 ,313*

0 ,688*

Contexto

Región

Noreste (referencia)

Este

0 ,751

1 ,047

0 ,563

0 ,531

Sur

0 ,914

0 ,971

0 ,418

0 ,413

Oeste

0 ,738

1 ,258

0 ,44

0 ,465

Salud

Acceso a la salud

Con Medicare (referencia)

Sin Medicare

1 ,11

0 ,797

1 ,911

1 ,233

Naturalización

Naturalización

Naturalizado (referencia)

No naturalizado

1 ,809*

1 ,775

No corresponde

No corresponde

Años de la Encuesta Continua de Población

Años

2008-2011 (referencia)

2012-2015

1 ,011

0 ,963

0 ,991

1 ,029

2016-2018

0 ,987

1 ,011

1 ,025

0 ,929

Constante

3 ,19

5 ,686

2 ,312

2 ,24

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Minnesota Population Center, “Current Population Survey data for social, economic and health research” [en línea] https://cps.ipums.org/cps/.

Nota: El intervalo de confianza fue del 95% para la razón de probabilidades (*= p<0,05). Modelo general: variables introducidas en el paso 1: generación, educación, sexo, edad, estado civil, sector, región de Estados Unidos, Medicare, naturalización, año. Modelo primera generación: variables introducidas en el paso 1: educación, sexo, edad, estado civil, sector, región de Estados Unidos, Medicare, naturalización, año. Modelo segunda generación: variables introducidas en el paso 1: educación, sexo, edad, estado civil, sector, región de Estados Unidos, Medicare, año. Modelo tercera generación: variables introducidas en el paso 1: educación, sexo, edad, estado civil, sector, región de Estados Unidos, Medicare, año.

En cuanto a las variables sociodemográficas, se obtiene que los momios son desfavorables para las mujeres inmigrantes de primera generación en comparación con los hombres de su misma generación: las mujeres altamente calificadas participan con mayor frecuencia en ocupaciones no calificadas (por lo que presentan una integración descendente con relación al hombre, la referencia en este caso). No obstante, este diferencial también se observa en la incorporación laboral de las mexicanas de la segunda y tercera generación. La razón de momios sugiere que, en comparación con los hombres de su generación, la probabilidad de desempeñar ocupaciones no calificadas es un 28% mayor para las mujeres de la primera generación; para las de la segunda es un 5,2% mayor y para las de la tercera, un 8%. De acuerdo con estos datos, la desventaja de ser mujer es significativa para la primera generación, lo cual se expresa en una mayor exclusión en el mercado de trabajo segmentado estadounidense. En el caso de las otras dos generaciones, el valor de la razón de momios es cercano a 1 y no significativo, lo que lleva a pensar que el valor del sexo en la incorporación es neutro.

En el caso de la edad, el efecto opera en sentido contrario dependiendo de la generación. Entre los más jóvenes (de 25 a 39 años) altamente calificados de la segunda y tercera generación, las probabilidades de incorporarse en ocupaciones no calificadas son mayores que las de aquellos entre los 50 y 69 años. Se da el efecto opuesto entre los inmigrantes de la primera generación. Esto expresa una aparente contradicción. Sin embargo, de acuerdo con los argumentos de Portes y Fernández-Kelly (2007), podría ser que, en ocasiones, los jóvenes mexicanos de la tercera generación residentes en los Estados Unidos presenten un estancamiento en trabajo subordinado y de baja categoría, una asimilación descendente o etnicidad reactiva a causa de su juventud con relación a los de 50 años o más de cada grupo. En cambio, en el caso de la primera generación, la hipótesis (dada la estimación del momio en un contexto de prolongada crisis económica y de política restrictiva) afecta a la migración de retorno[17]. Los de la segunda y tercera generación, al no tener donde ir, son sujetos de exclusión en ocupaciones de menor calificación.

La última variable sociodemográfica se refiere al estado civil. El momio referido a las personas en otra situación distinta a la de casadas presenta un comportamiento estadísticamente positivo, lo que expresa su exclusión o integración descendente con respecto a las personas casadas de cada grupo de comparación. El diferencial es del 38% para los de la primera generación, del 58,1% para los de la segunda y del 10,9% para los de la tercera. Cabe apuntar que la probabilidad expresada por este indicador en el caso de las personas de la primera y segunda generación no unidas es la que mayor desventaja representa en la incorporación al mercado laboral segmentado estadounidense en el contexto de crisis económica prolongada de dicho país.

En términos sectoriales (como variable de contexto en la incorporación laboral), se observa que la probabilidad de desempeñar ocupaciones no calificadas es menor en todos los sectores con respecto al de la extracción, la categoría de referencia). Al aplicar el inverso de las probabilidades se obtiene que, para las tres generaciones, los sectores de mayor exclusión después del de la extracción son los servicios de producción y los servicios sociales. Evidentemente, la primera generación tiene una presencia más alta en ocupaciones no calificadas (10,6 veces en el sector de la producción y 16,7 veces en los servicios sociales); las probabilidades inversas de la segunda y tercera generación se situaron entre 1 y 9 veces en ocupaciones no calificadas en todos los sectores. Estos resultados parecen ser coherentes con la hipótesis del proceso de exclusión diferenciada en la estructura económica facilitada por las tecnologías de la información, que configuran los procesos dominantes de la morfología del mercado de trabajo segmentado estadounidense (Castells, 2006).

En cuanto a la región de residencia, los inmigrantes altamente educados de la primera generación que viven en las regiones Este y Oeste tienen una mayor probabilidad de trabajar en una ocupación no calificada que quienes residen en la región Noreste. En el caso de los mexicanos de segunda y tercera generación, sus momios son menores que 1 en todas las regiones de residencia. Esto podría indicar que la falta de redes sociales de apoyo de los inmigrantes de primera generación supuso una desventaja para su incorporación laboral, lo que no sucede en el caso de la segunda y tercera generación. A su vez, esto se relaciona con las diferencias según la región de residencia en la concentración de los inmigrantes mexicanos, que se asocia con la indocumentación (Portes y Fernández-Kelly, 2007). En esta línea, Portes y Fernández-Kelly (2007) y Portes (2009) sostienen que los modos de incorporación podrían derivarse de las relaciones adecuadas (sumadas o no a las habilidades), pero a la vez basadas en un conjunto de recursos que incluyen los vínculos con personas de su misma nacionalidad u origen —el capital social— y el conocimiento y talante para ocupar posiciones de alto estatus social —el capital cultural—. Otro argumento derivado de Castells (2006) que apoyaría los resultados obtenidos en esta investigación es que las diferencias entre regiones en cuanto a la incorporación laboral son una expresión de la interdependencia, la diversificación económica de cada región, su asimetría, su selectividad y su segmentación excluyente en forma diferenciada según origen y calificación de los inmigrantes calificados en el mercado laboral segmentado estadounidense.

El acceso a la salud pública también es un indicador o factor institucional que permite observar la incorporación al mercado laboral como diferenciador entre las diferentes generaciones de mexicanos. Aquí el momio expresa un sentido opuesto entre la primera generación y las sucesivas. En la primera generación, la probabilidad de estar en ocupaciones no calificadas disminuye si no tiene acceso a servicios médicos o no se depende del programa público de cobertura de salud Medicare. En contraste, entre los mexicanos calificados de segunda y tercera generación que no son beneficiarios del programa Medicare, la probabilidad de desempeñar ocupaciones no calificadas es altamente positiva (un 91,1% y un 23,3%, respectivamente). Es de esperar que estas generaciones, con mayores ingresos (véase el cuadro 10), accedan a servicios privados de salud. Sin embargo, llama la atención el gran acceso a la salud privada que parecería tener la segunda generación. A la vez, al igual que en el caso de la edad, podría haber un efecto diferenciado en la primera generación a causa del retorno, que modifica el sentido de la probabilidad. Todas estas diferencias expresan los factores de la incorporación ocupacional que dirigen a los migrantes a ocupaciones coherentes o no con su nivel educativo; su efecto se mantiene en las generaciones sucesivas y depende también del dominio de aspectos como la lengua y el comportamiento cultural de la sociedad receptora. En esto consiste el proceso de asimilación segmentada (De Vicente Núñez, 2019).

Cuadro 10

Estados Unidos: ingreso promedio de los mexicanos calificados residentes, según generación, 2008-2018

(En dólares acumulados)

Generación

Media

N

Desvío típico

Primera generación

57 810

3 594

68 597,385

Segunda generación

62 594

2 213

63 590,447

Tercera generación

66 938

5 770

64 916,391

Total

63 274

11 577

65 950,29

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Minnesota Population Center, “Current Population Survey data for social, economic and health research” [en línea] https://cps.ipums.org/cps/.

En el caso de la primera generación, la variable de naturalización refleja el proceso de exclusión; la elevada probabilidad de incorporación a la ocupación no calificada entre los no naturalizados (77,5%) expresa la frecuente exclusión que lleva a los migrantes con educación superior a trabajos precarios y de alta vulnerabilidad (véase el cuadro 9). En este indicador es explícito el concepto normativo utilizado como elemento excluyente (represivo) a través de constituciones o estatutos y leyes, pero esto también puede suceder de forma implícita e informal en el mercado laboral segmentado por el patrón (Portes, 2009).

El tiempo, como variable explicativa, muestra su efecto diferencial según la generación. Tiene una importancia estructural, y se expresa en el potencial de cambio de la incorporación ocupacional de los inmigrantes altamente educados (Portes, 2009). En comparación con el período de referencia (2008-2011), se observa una mayor probabilidad de incorporase a ocupaciones no calificadas entre las personas de la primera y segunda generación en el período 2016-2018, y en el caso de la tercera generación, en el intervalo de tiempo 2012-2015 (véase el cuadro 9).

Conclusión

En términos teóricos, el enfoque del mercado de trabajo segmentado coincide con los argumentos que asocian la incorporación ocupacional de los inmigrantes (en general) con el capital humano, factores sociodemográficos, la teoría de la asimilación e incluso el enfoque institucionalista. Lo que cambia son las categorías teóricas que se emplean. Las ciencias sociales, la sociodemografía y la sociología económica aportan la dimensión temporal y social (e incluso la dimensión biológica) al estudio de la incorporación ocupacional, tal como lo afirman Bacci (1993) o los teóricos concentrados en el estudio de las generaciones.

En términos metodológicos, el enfoque que toma este trabajo concuerda con los argumentos de la teoría del mercado de trabajo segmentado, citados por Cortés (1987) en su texto “La insoportable levedad del dato” —que alude a los hallazgos de Kuhn y Ochsen (2009)—, donde sostiene que “la estadística entregará respuestas empíricas sin significado teórico si no se cuida la relación necesaria entre [la] estructura y el conjunto de relaciones teóricas”. Es decir, los modelos de regresión logística aquí presentados son coherentes con la teoría del mercado de trabajo segmentado, lo que ofrece ventajas y desventajas; estas últimas podrían ser subsanadas por medio de un diagrama de árbol u otra técnica, pero este no es el objeto del presente trabajo.

La fuente de información contiene múltiples variables para la investigación de la diferente incorporación ocupacional entre la población mayoritaria de los Estados Unidos, de ascendencia europea, y los inmigrantes del resto del mundo y sus descendientes. Esta investigación se acota al uso de nueve variables disponibles en los cuestionarios de la Encuesta Continua de Población para estudiar a las generaciones mexicanas; sin duda, en trabajos futuros es posible complementarla con otras fuentes de información.

Los resultados derivados de la parte descriptiva y causal tienen afinidad con los supuestos de la teoría del mercado de trabajo segmentado en el contexto de la era de la información y los grandes cambios sociales de 2008 a 2018, específicamente en los Estados Unidos. En un contexto de cambio social (Portes, 2009) que incluye la crisis prologada de la economía estadounidense, los resultados muestran un efecto diferencial en la incorporación ocupacional de los mexicanos residentes en los Estados Unidos según la generación. Las personas de la primera generación (los nacidos en México) cuyo nivel educativo es de licenciatura, maestría y doctorado sufren una desventaja en la inserción ocupacional en comparación con los de la segunda y tercera generación de mexicanos residentes en los Estados Unidos con el mismo nivel educativo. Dicha desventaja se puede ver expresada tanto en el análisis descriptivo como en el análisis multivariado (momios). En el cuadro 11 se sintetizan los resultados, que son coherentes con los planteamientos teóricos del mercado de trabajo segmentado y su proceso de exclusión en un contexto de grandes cambios sociales (Kuhn y Ochsen, 2009; Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina, 2015).

En términos simples, el contexto de grandes cambios sociales en los Estados Unidos (que han tenido consecuencias en los ámbitos económico, político, social e incluso sociodemográfico para los inmigrantes) ha afectado la inserción laboral diferencial y precaria de los migrantes calificados mexicanos en general y, específicamente, la de los inmigrantes altamente educados de la primera generación, en un país que se reconoce como una de las economías del Norte Global (Ramírez García y Lozano Ascencio, 2017). En cuanto al capital humano, los resultados señalan que los altos niveles educativos de los inmigrantes conducen a una menor tasa de subocupación o desempleo. Para las tres generaciones, el alto nivel educativo es determinante de la posibilidad de incorporarse en ocupaciones no calificadas, al ser el momio menor que 1 para quienes contaban con licenciatura y maestría en relación a quienes contaban con el grado de doctorado entre 2008 y 2018. Al estimar el inverso de dichos momios, se obtiene que el peso de la licenciatura en la segunda y tercera generación es mayor que para los de la primera generación. Al igual que en algunos argumentos anteriores, la primera generación podría estar influenciada por la selectividad, en términos del retorno de los migrantes calificados a México, población que no se observa en este estudio.

En términos demográficos, la hipótesis de una mayor desventaja en la incorporación ocupacional de las mujeres mexicanas es coherente con la argumentación teórica de una mayor promoción de las mujeres estadounidenses de ascendencia europea o inmigrantes de mayor tiempo de estancia a la vez que los resultados expresan las enormes diferencias demográficas y regionales de las tres generaciones (Kuhn y Ochsen, 2009; Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina, 2015). En cambio, en la edad aparece una contraargumentación a la teoría: si bien la teoría indica que esta debería ser positiva, para la primera generación de inmigrantes altamente calificados es negativa. La hipótesis es que el retorno provocado por la crisis económica prolongada y por la política restrictiva afectó este momio. En el caso de la segunda generación sucedió lo contrario: su probabilidad es positiva, por lo que el resultado es coherente con la hipótesis teórica (u obedece a las diferencias en la estructura de edad, que da como resultado una diferencia de la productividad, según los hallazgos de Kuhn y Ochsen (2009) y Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina (2015)). En cuanto al estado civil, también parece ser congruente con el signo del momio: las personas que estaban en una condición distinta a la de casadas tenían mayor probabilidad de ver sus capacidades subutilizadas al incorporarse a ocupaciones no calificadas.

En términos de las dimensiones de contexto, expresadas en el sector de actividad y la región de residencia, en la mayoría de los casos los momios son menores que 1, lo que refleja menores probabilidades respecto de la variable de referencia. Esto significa una menor probabilidad de estar en ocupaciones no calificadas. Las mayores probabilidades de exclusión, medidas por el momio inverso, son para los mexicanos de la primera generación que trabajan en servicios de producción y servicios sociales. En términos de Kuhn y Ochsen (2009) y las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina (2015), los distintos sectores requieren al trabajador inmigrante como complementario, y no como sustituto del trabajador nativo, para realizar actividades precarias. Esto podría estar relacionado con la región de residencia, en tal grado que los momios de la primera generación son mayores que 1 en las regiones Este y Oeste. El dato de la región de residencia expresa también el tejido de la red social, que sesga la incorporación ocupacional con los de menor calificación y refleja, a la vez, la selectividad de la migración de retorno. Al respecto, se puede agregar que es una expresión de las diferencias de la demanda regional, de la concentración de inmigrantes de un mismo origen o de la distribución regional poblacional, lo que implica una segregación (Kuhn y Ochsen, 2009; Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina, 2015).

Para los inmigrantes altamente educados de la primera generación, se corrobora el argumento de que no estar naturalizado aumenta su probabilidad de incorporarse en ocupaciones no calificadas. Tanto la naturalización como las diferencias en el acceso a los servicios de salud están condicionadas por la variación del contexto institucional derivada de la transición política estadounidense de los últimos años.

Por último, el tiempo, como variable que refleja los recientes cambios en los Estados Unidos —la crisis económica, los cambios políticos y los cambios sociales—, afecta la incorporación laboral de los mexicanos de manera diferenciada según la generación. Las tres generaciones estudiadas ven afectada su incorporación ocupacional en el período 2008-2018 y, sin embargo, contribuyen a satisfacer las necesidades de un mercado de trabajo segmentado, a la vez que aportan al crecimiento económico del país en el que residen. Los argumentos de este trabajo son obtenidos en el contexto de los cambios sociales y la cercanía de México con los Estados Unidos; sin embargo, es posible que algunas de las conclusiones puedan considerarse falsas o refutables, tal como lo plantea Karl Popper (citado en García, 2003).

Cuadro 11

Estados Unidos: probabilidad de los mexicanos altamente calificados de incorporarse en ocupaciones no calificadas en el mercado de trabajo segmentado, según generación, 2008-2018

Dimensiones

Primera generación

Segunda generación

Tercera generación

Capital humano

(nivel educativo: maestría y licenciatura)

Negativa en relación a doctores

Negativa en relación a doctores

Negativa en relación a doctores

Demográfico

Edad (25-39 años)

Sexo (mujer)

Estado civil: otro

Negativa en relación a los de 50 a 69 años edad

Positiva en relación al hombre

Positiva en relación al casado

Positiva en relación a los de 50 a 69 años edad

Positiva en relación al hombre

Positiva en relación al casado

Positiva en relación a los de 50 a 69 años edad

Positiva (cercana a neutral) en relación al hombre

Positiva en relación al casado

Sector de actividad

Extracción (referencia)

Transformación

Servicios de distribución

Servicios de producción

Servicios sociales

Servicios personales

Todos en relación al sector de extracción

Negativa

Negativa

Negativa

Negativa

Negativa

Todos en relación al sector de extracción

Negativa

Negativa

Negativa

Negativa

Negativa

Todos en relación al sector de extracción

Negativa

Negativa

Negativa

Negativa

Negativa

Región

Noreste (referencia)

Este

Sur

Oeste

Positiva en relación al noreste

Negativa en relación al noreste

Positiva en relación al noreste

Negativa en relación al noreste

Negativa en relación al noreste

Negativa en relación al noreste

Negativa en relación al noreste

Negativa en relación al noreste

Negativa en relación al noreste

Institucional

Con Medicare (referencia)

Sin Medicare

Negativa en relación con Medicare

Positiva en relación con Medicare

Positiva En relación con Medicare

Naturalizado (referencia)

No naturalizado

Positiva en relación a naturalizados

No corresponde

No corresponde

Años de la Encuesta Continua de Población

2008-2011 (referencia)

2012-2015

2016-2018

En relación a 2008-2009

Negativa

Positiva

En relación a 2008-2009

Negativa

Positiva

En relación a 2008-2009

Positiva

Negativa

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Minnesota Population Center, “Current Population Survey data for social, economic and health research” [en línea] https://cps.ipums.org/cps/.

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[1] Este texto representa una continuación del proyecto de investigación “Determinantes de la inserción laboral de los migrantes calificados de origen mexicano en Estados Unidos, 2000-2011”, con clave 3766/2014/CID, Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados (SIEA) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y en colaboración académica con El Colegio de México. El autor agradece a los árbitros y en especial a la Dra. Silvia E. Giorguli Saucedo por su revisión y sugerencias a este documento.

[2] Máster en Estudios de Población por El Colegio de la Frontera Norte de México (COLEF), Profesor de Tiempo Completo en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población (CIEAP) de la UAEM y Director de la revista Papeles de Población del CIEAP. Correo electrónico: gabino.gonzalez62@gmail.com.

[3] Véanse Excelsior (2019) y BBC (2020).

[4] Véase Soler i Lecha (2018).

[5] Véanse Carney (2017) y Berrocal-Rangel y Gardes (2001).

[6] Obra publicada originalmente en alemán en 1928.

[7] Obras publicadas originalmente en inglés en 1920 y 1937, respectivamente.

[8] Publicada originalmente en inglés en 1936.

[9] Esta clasificación es coherente con Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO). Véase [en línea] https://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/isco/index.htm.

[10] La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Véase [en línea] http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/enoe/.

[11] La incorporación o integración se define en primer lugar como un proceso. En este proceso participan dos actores: el individuo que busca integrarse y la sociedad que ayuda a lograr ese objetivo o lo obstaculiza. En segundo lugar, la incorporación es el resultado final, usualmente considerado como exitoso, aunque también puede darse el resultado opuesto (Böhning y Zegers de Beijl, 1995).

[12] El capital humano está ligado a la formación académica y las habilidades ocupacionales, lo que se traduce en la competitividad en el mercado laboral y en el potencial para obtener una buena posición en las jerarquías del estatus social y de la riqueza (Portes y Fernández-Kelly, 2007).

[13] Desde esta perspectiva de curso de vida, los primeros 25 años de vida se consideran de formación. Al alcanzar esa edad, se estima que los individuos empiezan su etapa de mayor productividad, la cual se extiende hasta la edad de retiro, es decir, después de los 60 años.

[14] La CEPAL (2017) sostiene que la edad es uno de los ejes estructurantes de la matriz de la desigualdad social.

[15] La metodología comparativa tiene la ventaja de estudiar las similitudes y diferencias entre las tres generaciones de inmigrantes altamente educados residentes en los Estados Unidos. Permite la comprensión de los factores, procesos, contextos y tiempos que definen la incorporación al mercado de trabajo segmentado no de manera homogénea, sino a través de la contrastación de experiencias diversas (Aguilera, 2013).

[16] Incluye al total de personas que tienen cobertura Medicare y no a quienes tienen bajos ingresos.

[17] Véanse Ruiz (2002) y The New York Times (2017).

Artículo 3

La fecundidad de las poblaciones mestiza e indígena del Ecuador: cambios y urgencias de interculturalidad[1]

Victoria Salinas Castro[2]

Laura Rodríguez Wong[3]

Recibido: 17/11/2019

Aceptado: 24/12/2019

Resumen

Siendo el Ecuador un Estado intercultural y plurinacional, este estudio busca reconocer la situación histórica de la fecundidad de las poblaciones mestiza e indígena y sus diferencias por zonas geográficas, con especial referencia a los pueblos indígenas. Se utilizan los métodos de historias de nacimientos, reconstruidas a partir del censo de 2010, y P/F de Brass para estimar los niveles y tendencias históricas de la fecundidad en el período 1996-2010. La población mestiza habría iniciado la transición de la fecundidad con alguna precedencia respecto de los pueblos indígenas, que se encontrarían en proceso transicional. Se utilizó un modelo específico de transición y se encontraron importantes diferencias entre los pueblos indígenas de la sierra, que habrían comenzado más tempranamente que los pueblos indígenas de la Amazonía, lo que se refleja en mayores tasas de fecundidad de estos últimos en el período más reciente. Esto motiva una reflexión sobre la multicausalidad cultural asociada a los cambios de la fecundidad de los pueblos indígenas.

Palabras clave: transición de la fecundidad, pueblos indígenas, interculturalidad, políticas públicas, Ecuador.

Abstract

Since Ecuador is an intercultural and plurinational State, this study seeks to determine the historical fertility situation of the mestizo and indigenous populations and their differences by geographical areas, with special reference to the indigenous peoples. The reconstructed fertility history method is employed, using the 2010 census, along with Brass’s parity/fertility (P/F) ratio, to estimate historical fertility levels and trends in the period from 1996 to 2010. The mestizo population appears to have begun the fertility transition somewhat earlier than the indigenous peoples, who seem to be in the transition process. A specific transition model was used and significant differences were found among the indigenous peoples of the mountainous region, who seemingly started the transition earlier than the indigenous peoples of the Amazon region, as reflected in higher fertility rates among the latter in the most recent period. The findings should stimulate reflection on the multiplicity of cultural causes of changes in the fertility of indigenous peoples.

Keywords: fertility transition, indigenous peoples, interculturalism, public policies, Ecuador.

Résumé

Dans le cadre d'un État interculturel et plurinational comme l'Équateur, cette étude vise à reconnaître la situation historique de la fécondité des populations métisses et autochtones et leurs différences selon les zones géographiques, en particulier en ce qui concerne les peuples autochtones. L'historique des naissances, reconstitué à partir du recensement de 2010, et le rapport P/F de Brass permettent d'estimer les niveaux et tendances historiques de la fécondité sur la période 1996-2010. Pour la population métisse, la transition en matière de fécondité aurait été amorcée avec une certaine antériorité par rapport aux peuples autochtones, qui se trouveraient dans un processus de transition. Un modèle de transition spécifique a été utilisé, et des différences significatives ont été constatées entre les peuples autochtones de la sierra, qui auraient commencé plus tôt que les peuples autochtones de l'Amazonie, ce qui explique les taux de fécondité plus élevés de ces derniers au cours de la période la plus récente. Cela suscite une réflexion sur la multi causalité culturelle associée aux variations de la fécondité chez les populations autochtones.

Mots clés: transition de la fécondité, peuples autochtones, interculturalité, politiques publiques, Équateur.

Introducción

El Ecuador avanzó de forma importante y por primera vez en su historia en materia de derechos y garantías a través de la Constitución de 1998, en la que fue declarado país pluricultural y multiétnico. Dicha Constitución incluye un amplio capítulo sobre los pueblos indígenas y afroecuatorianos, a los que reconoce su derecho sobre las tierras ancestrales, sus formas tradicionales de convivencia y organización social, de generación y ejercicio de la autoridad, su patrimonio histórico, sus conocimientos y su derecho a contar con una educación intercultural bilingüe. La actual Constitución, promulgada en 2008, define al Ecuador como un Estado intercultural y plurinacional, reconoce que los pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano y el pueblo montubio forman parte del Estado ecuatoriano y amplía los derechos colectivos de estas poblaciones.

A pesar del reconocimiento de estas poblaciones, el estudio de la situación demográfica y específicamente de la fecundidad ha tendido a realizarse a nivel nacional, de forma general, sin desagregación por tipo de poblaciones (Edwards, 1993; Ishida, Stupp y Sotomayor, 2009; Lanchimba y Medina, 2011; Freire y otros, 2015; Lanchimba y Díaz-Sánchez, 2017). Los estudios sobre fecundidad indígena en el Ecuador son mínimos (Cabrero, 2010). Así, el Anuario de estadísticas vitales - nacimientos y defunciones de 2014, que recoge los datos sobre los nacimientos de 1990 a 2014, solo para este último año registra la autoidentificación de la madre (INEC, 2014). La mayoría de los estudios sobre fecundidad indígena del Ecuador han sido realizados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (Guerrero, 2005) y muchos de estos se refieren a la región en su conjunto (Del Popolo y Oyarce, 2006; CEPAL, 2013, 2014a y 2014b). En cuanto a estudios más específicos, se citan dos sobre la población amazónica indígena del norte del Ecuador (Bremner y otros, 2009; Davis, Bilsborrow y Gray, 2015). Frente a esta situación, se justifica la realización de estudios que permitan entender la realidad de la fecundidad indígena en el Ecuador, considerando el vacío no solo actual, sino también histórico en esta materia.

Con este marco de referencia, el objetivo de este estudio es analizar el perfil de la fecundidad de los pueblos indígenas del Ecuador, haciendo un paralelo con el de la población mestiza. Atendiendo a este propósito, se presenta en primer lugar, como información de contexto, una breve referencia a:

•la evolución de la definición operacional del concepto de población indígena en el Ecuador y

•la composición de la población ecuatoriana según principales adscripciones étnicas y su caracterización social desventajosa.

Con esta contextualización, se busca también: i) analizar la fecundidad de las diferentes poblaciones del Ecuador, por desagregación étnica y regional, y ii) comparar las tendencias de fecundidad de estas poblaciones, en el período comprendido entre 1999 y 2010. Se utilizan como instrumental analítico los métodos denominados historia de nacimientos (Miranda-Ribeiro, 2007) y P/F de Brass (Brass y Coale, 1968).

Se presenta, además, una reflexión sobre el desencadenamiento de las diferentes transiciones de fecundidad de las diversas poblaciones del Ecuador y en especial de los pueblos indígenas serranos y amazónicos, y sobre la necesidad de contar con un marco conceptual que explique la combinación de causas que determina los impulsos suficientes para la disminución (o no) de la fecundidad.

A. Las fuentes de información para identificar la situación de los pueblos indígenas

Hacer un reconocimiento de la situación demográfica de los pueblos indígenas ecuatorianos es un reto, a pesar de las diversas fuentes de información con las que se cuenta, que ya incluyen la variable autoidentificación. Una de las principales fuentes de información, como es el censo, ha tenido variadas limitantes para poder identificar a los pueblos indígenas. A continuación, se presenta un breve recuento de esta situación.

El primer Censo Nacional de Población realizado en el Ecuador (1950) introdujo el criterio lingüístico y logró de esta manera registrar a la población de acuerdo con la lengua materna y una segunda lengua, indicando un doble bilingüismo kichwa-español y español-kichwa. El censo informa que la población indígena total del Ecuador (sierra y costa solamente[4]) era de 3,1 millones de personas, de las cuales el 14% eran hablantes de kichwa, cayapas, jíbaros o záparos, denominaciones incluidas en este censo (Chisaguano, 2006). La sierra, donde se concentraba el mayor número de pueblos indígenas, tenía una población de hablantes de kichwa del 24%. Gregory Knapp (1991), basándose en los datos del censo de 1950, reconoce la coherencia de este, al definir que la población hablante de kichwa era de alrededor de 440.000 personas; su proyección para 1987 estimaba en 836.507 el número de personas pertenecientes a pueblos indígenas, que representarían el 9,2% de la población ecuatoriana.

El indicador lingüístico fue utilizado hasta el Censo de Población de 1990. Sin embargo, como indica Sánchez Parga (1996), este indicador solo se refiere a los que hablan un idioma nativo, y no necesariamente a los indígenas ni, menos aún, a la población indígena que no habla un idioma nativo.

El censo de 2001 —con una base constitucional y con una mayor participación indígena— incluyó dos nuevas preguntas: ¿Cómo se identifica según su cultura y costumbre? y ¿Cuál es la Nacionalidad o Pueblo indígena al que pertenece? La población indígena, en su proceso de búsqueda del reconocimiento de su situación, a través de las estadísticas para 2007, logró que se creara la Comisión Nacional de Estadísticas de los Pueblos Indígenas, Afroecuatoriano y Montubio (CONEPIA). Una de sus propuestas más sobresalientes fue la diferenciación de los conceptos básicos de “raza” y “etnia”, en la que se reconocía que raza es un concepto discriminatorio que contempla las diferencias fenotípicas entre los seres humanos, diferencias biológicas, morfológicas y fisiológicas, y la división de los seres humanos de acuerdo con características físicas notorias. Sustituyeron el término “raza” por “etnia”, para hacer referencia a procesos de un pueblo o comunidad, conformado por un grupo humano, con una cultura, una historia y costumbres, pero, sobre todo, cuyos miembros están unidos por una conciencia de autoidentidad.

La autoidentificación y la interculturalidad, reconocida a nivel constitucional, se concretan específicamente en las preguntas del censo de 2010 y sus objetivos: i) idioma hablado por el entrevistado y sus padres; ii) autoidentificación étnica, y iii) nacionalidad o pueblo indígena al que pertenece.

Estas preguntas generan información importante, a la que se suman los datos disponibles en las encuestas demográficas y de condiciones de vida realizadas en el país. Algunas ya incluyen preguntas sobre la adscripción étnica desde 2001[5], aunque no todos los documentos de información nacional cuentan con estas, entre ellos el registro de defunciones (Galarza, 2010). El registro de nacimientos cuenta con información de fecundidad con autoidentificación de la madre solo a partir de 2009.

B. Una breve referencia a la situación desventajosa de los pueblos indígenas ecuatorianos

La inclusión de la variable de adscripción étnica en fuentes de recolección de información hace posible identificar la situación socioeconómica desventajosa de los pueblos indígenas, como se muestra brevemente en esta sección.

En el gráfico 1 se presenta, primeramente, la composición étnica del Ecuador en dos momentos censales.

Las proporciones se modifican ligeramente entre 2001 y 2010, en parte porque la categoría “montubio” es considerada en el último período. Los pueblos indígenas mantienen su representación de alrededor del 7%, mientras que la población mestiza representa siempre una gran mayoría, superior al 70%.

De acuerdo con la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (OPS, 2012), la proporción de población en situación de pobreza según ingresos varía dependiendo de la condición étnica, y es mayor entre los indígenas. Existe una significativa diferencia, por ejemplo, entre el ingreso de las mujeres indígenas y las blancas. Mientras que estas últimas reciben en promedio un ingreso mensual de 339 dólares, el promedio entre las mujeres indígenas es de 165 dólares. El 19% de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas y 13% de las pertenecientes a la población montubia son analfabetas. En cuanto al acceso a servicios públicos como el agua por red pública, en las poblaciones blanca y mestiza llega al 81% y el 75%, respectivamente, mientras que en las poblaciones montubias e indígenas la proporción es solo del 41% y el 49%, respectivamente.

Gráfico 1

Ecuador: distribución relativa de la población según adscripción étnica, 2001 y 2010

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), censos de 2001 y 2010.

En cuanto a condiciones de salud y específicamente salud materna y reproductiva, en 2010 solo el 30,1% de los partos en el caso de mujeres indígenas ocurrían en hospitales o centros de salud, mientras que el promedio nacional era del 90%. Más del 40% de las mujeres de las provincias de Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi y Esmeraldas dieron a luz en su casa, siendo estas provincias las que cuentan con más población indígena, a excepción de Esmeraldas, donde existe mayor representación de la población afroecuatoriana. En el caso de la región amazónica, el 30% de las mujeres dieron a luz en su vivienda. A escala nacional, se encuentra que el 95% de las madres han recibido al menos un control prenatal durante el embarazo (considerando los nacidos vivos en el período de julio de 2007 a junio de 2012) y el 79% en el primer trimestre de embarazo, en tanto que un reducido 5% no tuvo control prenatal; al desagregar los datos, se encuentra que entre las mujeres indígenas apenas un 54,8% tuvo control prenatal en el primer trimestre; el 18,6% lo tuvo en el segundo trimestre, y el 23,4% no tuvo ningún control. En cuanto a la proporción de madres que no tuvieron control prenatal, la sierra rural y la Amazonía rural presentan las cifras más altas (11,8% y 10,1%, respectivamente) con relación al porcentaje nacional (5%) (Freire y otros, 2014).

La información presentada muestra la situación de desventaja social, específicamente en lo concerniente a la salud reproductiva, de los pueblos indígenas y la población mestiza, lo que justifica el estudio de dicha situación; en el primer caso, por tratarse de una minoría étnica que reclama su pertenencia y un reconocimiento digno y en el segundo porque, aun siendo la mayoría de la población ecuatoriana, necesita el reconocimiento de su situación y sus tendencias, de modo que en función de ellos sea posible diseñar e implementar políticas que respondan adecuadamente a su realidad.

C. Fuentes y métodos

Con estos antecedentes, en el presente estudio se analiza retrospectivamente la fecundidad de dos poblaciones ecuatorianas, indígena y mestiza, con datos censales de 2000 y 2010. Además de analizar el diferencial de fecundidad, se hace una reflexión sobre los posibles factores determinantes de tales diferencias.

El tipo de datos censales permite aplicar diversos métodos indirectos para el estudio de la fecundidad. En primer lugar, se utilizó el método de historia de nacimientos (HN) (Miranda-Ribeiro, 2007; Miranda-Ribeiro, Rios-Neto y Carvalho, 2009), ya aplicado a datos del Ecuador (Olalla, 2018). El procedimiento utiliza las relaciones de parentesco dentro del domicilio para establecer la relación entre madre e hijo y, a partir de la información sobre la edad de los hijos, localiza en el tiempo los nacimientos en el caso de cada mujer enumerada en el censo. Si hijo y madre no residen en el mismo domicilio, se realiza un proceso de vinculación (linkage) para imputar la edad de los hijos faltantes. Las historias de nacimientos permiten obtener los datos necesarios para la construcción de la serie histórica de la fecundidad correspondiente al período de los 15 años anteriores a cada censo utilizado, el de 2010 en este caso.

Dada la existencia en un censo de un patrón de omisiones y errores en la declaración de edades, en que típicamente se produce omisión de niños, con frecuencia más acentuada entre los menores de 1 o 2 años, se utilizó también el método P/F de Brass (Brass y Coale, 1968) para validar las estimativas producidas mediante el método de HN. Este método compara la fecundidad reciente (recolectada mediante la pregunta sobre hijos nacidos vivos el año anterior al censo o encuesta) con la fecundidad acumulada (paridez o número medio de hijos por mujer). Esta última información corregiría el nivel de la fecundidad, cuya estructura por edades sería captada a través de la información sobre fecundidad reciente. Para este método se utilizan los datos censales de 2001 y 2010.

A fin de validar la información generada por el método de HN para los años anteriores a la aplicación de los censos, se evaluó la distribución por sexo y edad de la población de los pueblos indígenas. Se observa omisión de menores de 10 años —y muy específicamente de menores de 5 años— si se consideran los tradicionales regímenes de fecundidad relativamente alta (véase el gráfico 2). Se nota que, a pesar de una mejor calidad de la declaración por edad en 2010, pues la atracción por determinados dígitos disminuye notablemente, se repite el patrón de omisión en las primeras edades. Por tanto, el método de HN no conseguiría registrar el verdadero nivel de la fecundidad para estos años y tenderá a subestimar la tasa global de fecundidad (TGF) para estos períodos.

Gráfico 2

Ecuador: distribución de las poblaciones indígenas, por sexo y edad, 2001 y 2010

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), censos de 2001 y 2010.

Con relación al método de HN, debido a la subenumeración que frecuentemente afecta a un censo y que suele ser más acentuada en la medida en que la edad del niño es menor, las estimaciones obtenidas para los años inmediatamente anteriores al censo son menos confiables. Igualmente, estimaciones más alejadas de la fecha del censo (correspondientes a diez años después, por ejemplo) están sujetas a omisiones, pues existen mayores posibilidades de omitir el número de hijos mayores o de que estos hayan abandonado la casa. Por esta razón, es común subestimar las medidas de fecundidad sobre la base de la información de HN reconstruidas, con lo que estimaciones anteriores a 2000 tendrían también algún grado de subestimación. Se trata de un perfil de error bastante generalizado, reconocido incluso por autores precursores del método de HN, como Cho, Retherford y Choe (1986). Dadas estas condiciones, el período para el cual las estimaciones son más confiables correspondería al período 2000-2008. De cualquier forma, la mayor destreza del método de historia de nacimientos es trazar las tendencias históricas de fecundidad.

Dados los postulados anteriores, se consideró necesario utilizar el método P/F de Brass definiendo como factor de ajuste del nivel de fecundidad la razón P/F del grupo de edades de 20 a 24 años (P2/F2). Por haber utilizado este grupo de edades y por existir información que evidencia una disminución de la fecundidad, se debe considerar que la estimación de la TGF se refiere a un período anterior a la realización del censo, que en este caso correspondería al punto medio del quinquenio anterior al censo; es decir, aproximadamente a 1999 si se trata del censo de 2001 y a 2008 si se trata del censo de 2010.

Se asume que el método de Brass corrige bastante bien los puntos extremos del período estudiado, que son aquellos en que el método de HN presenta más fragilidades, ya que para los años intermediarios este último presenta estimaciones más confiables[6].

D. La fecundidad de la población indígena y mestiza ecuatoriana

El Ecuador cuenta principalmente con cuatro grandes agrupaciones de población, según autoidentificación: mestizos, indígenas, montubios y afroecuatorianos. En esta sección se presenta una aproximación a la situación de la fecundidad de dos de estas poblaciones, los mestizos y los indígenas; en el caso de los indígenas, existen en el Ecuador 15 diferentes etnias reconocidas como nacionalidades. En esta sección se analiza en general la población indígena sin desagregación, ya sea étnica o por ubicación regional. El análisis con desagregación por ubicación regional se realiza en el apartado 5.

1. La paridez, o número medio de hijos nacidos vivos, por edad de la mujer

El gráfico 3 muestra los cambios que se han presentado en la paridez de la población indígena, mestiza, blanca y total del Ecuador, por edad, entre 2001 y 2010. Se incluye en el gráfico la paridez final, es decir, el número de hijos nacidos vivos al final del período reproductivo de los indígenas y mestizos; en la leyenda se incluye el valor medio representativo del período reproductivo.

En 2001, los pueblos indígenas presentan la mayor paridez final —6,2 hijos—, mientras que en la población mestiza este indicador es bastante menor —de casi 2 hijos menos y muy semejante al promedio nacional. La población blanca presenta la menor paridez media (1,75).

En 2010, aunque en general los valores son menores, a la vez que se mantiene el perfil diferenciado, la brecha se amplía y es superior a 2 hijos en el caso de los pueblos indígenas. Más aún, la población mestiza presenta una paridez ligeramente menor que la correspondiente al promedio nacional. Estos datos revelan la marcada diferencia y la evolución igualmente diferenciada que existe entre estas dos poblaciones. Es una situación que demanda un mayor detalle sobre el camino recorrido por la fecundidad a lo largo de este período a fin de identificar los diversos escenarios y realidades en los que cada una de estas poblaciones se encuentra respecto a su fecundidad.

Gráfico 3

Ecuador: número medio de hijos por mujer (paridez) de la población indígena, mestiza, blanca y total, por edad, y paridez media total, 2001 y 2010

(En número medio de hijos nacidos vivos por mujer)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), censos de 2001 y 2010.

Nota: En la leyenda se incluye, entre paréntesis, el valor medio representativo del período reproductivo.

En las siguientes secciones se analiza la evolución de la fecundidad en estas dos poblaciones, cubriendo el período comprendido entre 1996 y 2010. Se incluye una desagregación por ubicación geográfica.

2. La tasa global de fecundidad: diferenciada y en disminución

Como se mencionó, los resultados fueron obtenidos mediante la reconstrucción de la historia de nacimientos (HN) y el método P/F de Brass. El gráfico 4 muestra la tasa global de fecundidad (TGF) para las poblaciones mestiza e indígena.

La acentuada disminución de la TGF derivada del método de HN en los años 2009 y 2010 que se registra para las dos poblaciones estudiadas (destacada en el gráfico con líneas entrecortadas) está asociada a la tendencia que suele prevalecer en los censos de omitir a los niños de menor edad.

Con estas consideraciones, es posible afirmar que, cualquiera sea el método utilizado, ellos describen, en primer lugar, niveles bastante más altos de fecundidad para los pueblos indígenas que para la población mestiza. A inicios de la década de 2000, los pueblos indígenas tendrían una TGF que variaría entre 4,5 y poco más de 5,5 hijos por mujer. Dada la naturaleza de los datos sobre HN, según la cual, a medida que la información se refiere a tiempos pasados de mayor amplitud la omisión tiende a ser mayor, es posible que el verdadero valor de la TGF de los pueblos indígenas al comenzar la década de 2000 esté más próximo del estimado por el método de Brass, es decir, alrededor de 5,5 hijos por mujer.

Gráfico 4

Ecuador: tasa global de fecundidad (TGF) de la población indígena y mestiza según el método de historia de nacimientos (HN) y el método de Brass (P/F), 1997-2010

(En número de hijos por mujer)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), censos de 2001 y 2010.

Simultáneamente, la población mestiza presentaría niveles inferiores a 3,5 hijos por mujer a inicios de la década de 2000. La brecha entre ambas poblaciones, aunque a niveles más bajos, parece mantenerse al finalizar la década: los pueblos indígenas tendrían en 2008 una TGF próxima a 4,0 hijos por mujer, mientras que la población mestiza presentaría una TGF inferior a 3,0 hijos por mujer.

En segundo lugar, el gráfico 4 muestra una clara tendencia a la disminución de la fecundidad en ambas poblaciones, independientemente del método utilizado. Dejando de lado las estimaciones para los dos años más recientes (2009 y 2010) que, debido a problemas de omisión censal, son menos confiables, puede afirmarse que entre los pueblos indígenas se registra una tendencia definida de disminución que podrá continuar en el corto plazo, en coincidencia con lo señalado en estudios como los de la CEPAL (2013 y 2014a). Entre la población mestiza, la tendencia delineada muestra ya una relativa estabilidad: después de haber presentado un nivel próximo a 3,0 hijos por mujer a inicios de la década de 2000, en la segunda mitad del quinquenio la tasa parece estabilizarse en un nivel de alrededor de 2,5 hijos por mujer. El cuadro 1, que muestra los valores de la TGF y algunas medidas de síntesis de la estructura por edad de la población, permite entender mejor esta evolución.

3. La estructura por edad de la fecundidad de la población mestiza e indígena

La evolución de la estructura por edad de la fecundidad de una población está asociada frecuentemente a la evolución de los niveles que esta tiene. Niveles altos de reproducción suelen tener una distribución de la fecundidad por edad bastante dispersa a lo largo del período reproductivo que tiende a concentrarse alrededor de un valor modal a medida que disminuye el número de hijos que las mujeres tienen, como ya se ha comprobado en estudios de fecundidad natural y modelaje de la función de fecundidad por edad (Henri, 1961; Coale y Trussel, 1978). Esta evolución se nota en el cuadro 1, donde se presentan, para las poblaciones mestiza e indígena, las estimativas de los períodos en que estas serían más confiables, distinguiendo un período inicial (1999-2002), uno intermedio (2003-2005) y uno reciente (2008-2010).

Cuadro 1

Ecuador: tasa global de fecundidad de las poblaciones mestiza e indígena e indicadores de síntesis de la estructura por edad de la fecundidad, 1999-2002 a 2008-2010

Indicadores

Períodosa

1999-2002

2003-2005

2008-2010

Pueblos indígenas

Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)

5,5

4,1

3,8

Edad media de la fecundidad (años)

29,4

29,2

28,9

Desviación estándar (años)

8,0

8,0

7,9

Contribución relativa al total de la fecundidad de las mujeres de hasta 25 años (porcentaje)

34,6

36,6

37,5

Población mestiza

Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)

3,2

2,5

2,7

Edad media de la fecundidad (años)

27,9

27,6

27,4

Desviación estándar (años)

7,4

7,3

7,2

Contribución relativa al total de la fecundidad de las mujeres de hasta 25 años (porcentaje)

40,0

42,6

42,6

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), censos de 2001 y 2010.

a Para los períodos inicial y final se adoptan las estimaciones derivadas del método de Brass y para el período intermedio las del método de HN; en este caso, se utiliza el promedio de las tasas anuales de los años considerados.

Efectivamente, puede observarse que, a medida que la TGF disminuye, más acentuada es la concentración de la función de la fecundidad, pues la desviación estándar es menor. Un indicador adicional de que la estructura por edad de la fecundidad está cambiando más acentuadamente entre los pueblos indígenas es la disminución más marcada de la edad media en comparación con la que presenta la población mestiza, porque, a lo largo del período estudiado, la contribución a la fecundidad total de las mujeres de más edad disminuye.

El gráfico 5 muestra la distribución relativa de las tasas específicas de fecundidad (TEF) por edad de la población indígena y mestiza en los tres períodos. Se presentan únicamente las derivadas de la aplicación del método de HN, toda vez que existe una alta coincidencia con aquellas derivadas del método de Brass[7], lo que adicionalmente respalda la coherencia y robustez de las estimaciones aquí utilizadas en lo que se refiere a la composición por edad de la fecundidad.

Gráfico 5

Ecuador: tasa específica de fecundidad (TEF) por edad de las poblaciones mestiza e indígena, períodos seleccionadosa

(Distribución relativa)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), censo de 2010.

a Tasas específicas de fecundidad por edad derivadas del método de historia de nacimientos (HN). Para evitar oscilaciones debido a errores en la declaración de la edad de las mujeres y de los niños, se calcularon promedios móviles trianuales.

En el caso de la población mestiza, toda vez que los cambios en la TGF fueron de menor intensidad, se registra poca variación en la estructura por edad. En todo caso, debe resaltarse la mayor concentración de la distribución de la fecundidad si se la compara con la de los pueblos indígenas. Esto se nota en el perfil de las mujeres más jóvenes: la contribución relativa de las mujeres de hasta 25 años al total de la fecundidad es superior al 40%, por lo menos en los tres períodos analizados; en el caso de los pueblos indígenas, esta proporción es siempre inferior, como se muestra en el cuadro 1.

Claramente existen dos tipos de curvas. La población mestiza presenta una mayor concentración, en concordancia con los menores niveles de la TGF. Entre los pueblos indígenas, la dispersión más acentuada es una confirmación de los indicadores presentados en el cuadro 1.

De cualquier manera, habría entre los pueblos indígenas una leve tendencia a la concentración, acorde a la disminución de la TGF comentada en los párrafos anteriores; esto ocurre porque las mujeres en edades más avanzadas presentaron, proporcionalmente, una disminución ligeramente más acentuada con relación a las mujeres más jóvenes. Nótese que, en el período más reciente (2006 a 2008), las mujeres del grupo de edad de 20 a 24 años contribuyen con un 25% del total de la fecundidad.

Una deducción adicional que permite la comparación de las estructuras por edad de las poblaciones indígena y mestiza es la existencia de un control de la fecundidad más acentuado en esta última (CEPAL, 2007; Oyarce, Pedrero y Ribotta, 2010; CEPAL, 2013 y 2014a). En efecto, el perfil observado en el caso de los pueblos indígenas después de la edad 30 no está presente en el caso de la población mestiza, lo que es un indicativo de la presencia de prácticas contraceptivas en esta última (Ishida, Stupp y Sotomayor, 2009; Cavenaghi y Alves, 2009; INEC, 2014).

Se puede deducir de la forma que adquiere la estructura de la fecundidad por edad de los pueblos indígenas que la práctica anticonceptiva es mucho menos prevalente si se la compara con la de la población mestiza.

4. Diferenciación de la fecundidad entre la población mestiza e indígena del Ecuador

Los elementos anteriores sugieren que la fecundidad de los pueblos indígenas y de la población mestiza del Ecuador en 1996, al mismo tiempo que se encuentra en descenso, lo hace asincrónicamente, estando ambas poblaciones en diferentes momentos de la transición. La población mestiza estaría en este proceso desde hace décadas (desde la década de 1960) (Ishida, Stupp y Sotomayor, 2009; INEC, 2011), porque su TGF, que ya es baja, presenta una reducción, pero no tan significativa como la de la población indígena, cuya TGF, de acuerdo con el cuadro 1, habría pasado a lo largo de la década de 2000, grosso modo, de 5,5 a 3,8 hijos por mujer, mientras que en la población mestiza estos valores pasaron de 3,2 a 2,7 hijos por mujer. Es decir, se trata de diferentes momentos de transición de la fecundidad (CEPAL, 2013 y 2014a).

Por último, sobre las TEF del grupo de edad de 15 a 19 años, los datos confirman la alta fecundidad en la adolescencia que presentan el Ecuador y otros países latinoamericanos (Chackiel, 2004; Cesare y Rodríguez, 2006; Rodríguez, 2014; CEPAL, 2014a; Álvarez, 2015; De Rosa y otros, 2016; Rodríguez, 2017).

Como se indicó, los pueblos indígenas presentan la fecundidad más alta y su distribución relativa (véase el gráfico 5) permite ver de forma más clara cómo la curva correspondiente se “expande”; es decir, la paridez es alta porque esta población continúa teniendo hijos en edades más avanzadas. En el caso de la población mestiza, que tiene la TGF más baja, se puede ver la “inhibición” de las curvas después de los 25 a 30 años.

Otro elemento interesante que muestran el gráfico 5 y el cuadro 1 es que en ambos casos —poblaciones mestiza e indígena—, la edad media de la fecundidad disminuye y, del mismo modo, en ambos casos ello ocurre porque la fecundidad en la adolescencia se mantiene relativamente alta, pero se resalta que esto es más notorio en la población mestiza, donde la TEF del grupo de edad de 15 a 19 años en el período 2006-2008 tiene mayor peso (más del 15%) en el total de la TGF.

Analizada la fecundidad de los pueblos indígenas en su conjunto y de la población mestiza, a continuación se considera la diferencia entre los diversos pueblos indígenas por región.

5. Diferenciación de la fecundidad entre los pueblos indígenas del Ecuador por ubicación geográfica

El Ecuador consta de cuatro regiones, costa, sierra, Amazonía y región insular. Los pueblos indígenas se encuentran en las tres primeras regiones y se concentran en su mayor parte en la sierra ecuatoriana, seguida por la Amazonía y en último lugar la costa. En este artículo se diferencian las regiones sierra y amazónica porque los pueblos que allí residen han tenido procesos históricos diferentes de contacto y colonización[8]. Los pueblos indígenas de la sierra tuvieron contacto continuo, desde el inicio de la colonización, con los españoles y con sus modos de producción y de vida, por lo que sus relaciones han sido constantes desde hace ya varios siglos. Los pueblos indígenas de la Amazonía responden a un proceso histórico caracterizado por contactos más limitados.

De todos los pueblos amazónicos, los kichwa son los que en cierta medida han tenido más contacto, porque corresponden a la población que logró huir de la colonización en la sierra y encontró en la Amazonía un lugar casi inaccesible para los colonizadores. El contacto de estos últimos con las otras etnias amazónicas, a excepción de la mencionada, fue relativamente más limitado en comparación con los pueblos de la sierra.

Un contacto más continuo en la Amazonía se presentó a través de los asentamientos nucleados y encomiendas explotadoras creados por las misiones religiosas a fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Un segundo período de contacto se produjo por el auge del caucho a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que afectó sobre todo a la etnia shuar (Santos, 1996; Fontaine, 2006). Los principales acontecimientos que generaron un contacto más directo e invasivo con casi todas las etnias amazónicas fueron:

•El desarrollo de actividades extractivas, específicamente de petróleo, que permitió el ingreso a zonas donde casi no había existido exploración anterior. La actividad petrolera como actividad económica fue desarrollada en el Ecuador desde 1967, cuando comenzó la creación de carreteras hasta la costa ecuatoriana, zona de exportación del petróleo, lo que facilitó la expansión de la frontera agrícola amazónica.

•Las leyes de reforma agraria y colonización promulgadas en 1964 y 1973; la última hizo de la región amazónica una zona de inmigración masiva de la población mestiza de la sierra.

Ciertamente, se trata de una referencia limitada que, no obstante, revela las diferentes situaciones enfrentadas por los pueblos indígenas ecuatorianos. Es útil para mostrar la repercusión que la asociación de procesos históricos diferentes de contacto tiene en la fecundidad de cada uno de estos pueblos. El cuadro 2 y el gráfico 6 muestran estas diferencias. Los pueblos indígenas amazónicos presentan una mayor fecundidad que los de la sierra en los períodos analizados. En el cuadro 2 se presentan los diferentes niveles en los que ellos se encuentran. La población amazónica mantiene una TGF estable en el primer y el segundo período, y tiende a una disminución pequeña en el tercero. Entre los pueblos serranos, la TGF tiende a disminuir levemente en todos los períodos establecidos. En cuanto a la edad media de la fecundidad, ambos presentan tendencias parecidas (29 años), si bien el valor es levemente mayor en los pueblos amazónicos. La contribución relativa al total de la fecundidad de las mujeres de hasta 25 años presenta una diferencia, pues se concentra de forma importante, y en mayor medida para los pueblos indígenas de la sierra, en el período 2006-2008.

Cuadro 2

Ecuador: tasa global de fecundidad de los pueblos indígenas de la Amazonía y de la sierra e indicadores de síntesis de la estructura por edad de la fecundidad, 1999-2002 a 2006-2008

Indicadores

Períodosa

1999-2002

2003-2005

2006-2008

Población indígena de la Amazonía

Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)

5,3

5,2

4,9

Edad media de la fecundidad (años)

29,4

29,2

29,0

Desviación estándar (años)

8,1

8,1

8,0

Contribución relativa al total de la fecundidad de las mujeres de hasta 25 años (porcentaje)

35,0

36,5

36,6

Población indígena de la sierra

Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)

3,9

3,7

3,4

Edad media de la fecundidad (años)

29,4

29,0

28,9

Desviación estándar (años)

7,9

7,9

7,9

Contribución relativa al total de la fecundidad de las mujeres de hasta 25 años (porcentaje)

34,6

36,9

37,3

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), censo de 2010.

a Para los períodos inicial y final se adoptan las estimaciones derivadas del método de Brass y para el período intermedio las del método de HN; en este caso, se utiliza el promedio de las tasas anuales de los años considerados.

El gráfico 6 muestra las diferencias de la TGF a lo largo de los años entre estas dos zonas geográficas. La TGF de los pueblos indígenas serranos tiende a una disminución sobre todo a partir de 2003, mientras que la de los pueblos indígenas amazónicos se mantiene estable a lo largo de casi todo el período estudiado. Los datos generados por el método P/F de Brass indican una subestimación más fuerte para 1999, en el caso de ambas poblaciones, pero sobre todo en el caso de los pueblos amazónicos. Para 2008, los valores tienden a ser más coherentes, sobre todo en el caso de los pueblos indígenas serranos.

Gráfico 6

Ecuador: tasa global de fecundidad (TGF) de los pueblos indígenas de la Amazonía y de la sierra según el método de historia de nacimientos (HN) y el método de Brass (P/F), 1997-2010

(En número de hijos por mujer)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), censos de 2001 y 2010.

Las TEF de estas dos zonas geográficas, Amazonía y sierra, se presentan en el gráfico 7A y corresponden, en este caso, a las estimaciones derivadas del método de Brass, toda vez que se consideran los valores de los años calendarios extremos relativamente más confiables, como ya se dijo. La comparación revela realidades diferentes para cada una de esas zonas, puesto que los pueblos indígenas serranos tienen una fecundidad menor que la de los pueblos amazónicos. Las tasas de los pueblos indígenas de la sierra, si bien en el primer período son altas hasta la edad de 30 a 34 años, tienden a disminuir en los siguientes dos períodos, cuando muestran una mayor concentración en el grupo de edad de 20 a 24 años. Los pueblos indígenas amazónicos, de igual forma, presentan en los dos primeros períodos altas tasas hasta la edad de 35 a 39 años. Sin embargo, en el último período la tasa disminuye en las edades mayores. En síntesis, habría un descompás de ambas zonas geográficas.

Gráfico 7

Ecuador: tasa específica de fecundidad (TEF) de los pueblos indígenas de la Amazonía y de la sierra y su correspondiente distribución relativa, 1999 y 2009

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), censos de 2001 y 2010.

Nota: Tasas específicas de fecundidad derivadas del método P/F de Brass.

Con relación a la fecundidad por edad, en los pueblos indígenas de la Amazonía entre las edades de 30 a 34 años y de 35 a 39 años se concentra el 36% de la fecundidad en el primer período; la variación de esa proporción para el siguiente año considerado es de apenas dos puntos porcentuales (34%), pero esas son las mismas edades en que se presenta la leve disminución de la fecundidad, aunque la convexidad de la figura se sigue manteniendo. La distribución relativa en la población serrana presenta en 1999 una curva convexa, que se modifica de forma importante en 2009, porque la concentración de la fecundidad tiende a disminuir en las edades adultas, trasladándose hacia las edades más jóvenes; es decir, el porcentaje de hijos que tenían las mujeres de estas edades (30 a 34 años) fue traspasado a las más jóvenes (20 a 24 años).

Las diferencias son manifiestas y, como se observó, esto podría deberse a que la población de la sierra tiene mayor acceso a servicios e información de salud sexual y reproductiva, lo que es facilitado por una mayor existencia de carreteras y, por tanto, un mayor acceso a los programas de salud y una mayor presencia del Estado en estas zonas. Otro elemento importante es el dominio del idioma español entre los pueblos indígenas de la sierra (un 70% hablan o comprenden el español), lo que facilitaría el acceso a los servicios mencionados. Ese dominio está prácticamente ausente entre las mujeres indígenas amazónicas (Lu, Bilsborrow y Oña, 2011; Salinas, Bilsborrow y Gray, 2020).

Si bien se han encontrado diferencias importantes entre la fecundidad de los pueblos indígenas de la sierra y de la Amazonía, en el gráfico 8 se muestra una visión más completa de la evolución de la fecundidad en las diversas poblaciones ecuatorianas en los últimos años, así como por su ubicación geográfica.

Gráfico 8

Ecuador: tasa global de fecundidad (TGF) de la población total y de las poblaciones mestiza, indígena, indígena amazónica, indígena de la costa e indígena de la sierra, 2000-2010

(En número de hijos por mujer)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), censos de 2001 y 2010.

Los pueblos indígenas amazónicos tienen la TGF más alta y estable. La fecundidad media del total de los pueblos indígenas presenta una disminución que se acentúa a inicios del siglo XXI; esto vale también para los pueblos indígenas de la sierra. La población mestiza tiene la menor fecundidad y, por su peso relativo, su comportamiento se refleja en el comportamiento medio de la población ecuatoriana. Este gráfico hace referencia a uno de los objetivos de este estudio, al evidenciar dos tendencias con diferencias significativas en cuanto al nivel y al proceso de reducción de la fecundidad. La TGF de los pueblos indígenas de la sierra disminuyó de 3,90 hijos por mujer en 2000 a 2,85 hijos por mujer en 2009; se trata de una disminución media anual, a lo largo de una década, de casi un 3%. La TGF de los pueblos indígenas amazónicos, al mismo tiempo, se mantuvo prácticamente constante y presentó una variación de 5,3 a 4,8 hijos por mujer entre 2000 y 2009.

En cuanto a la media ecuatoriana, la TGF presenta disminuciones mínimas en el período en estudio. Hay que anotar que la TGF del Ecuador en la década de 1960 era de 7,0 hijos por mujer y que disminuyó acentuadamente a lo largo de las décadas de 1970 y 1980, hasta alcanzar un valor de 3,8 hijos por mujer en 1989, y posteriormente se estabilizó después de iniciado el siglo XXI (INEC, 2011; Villacís y Carrillo, 2012; INEC/MSP, 2014).

En el gráfico 8 se presenta la TGF de los pueblos indígenas de la costa ecuatoriana, awá, chachi, épera y tsáchila. Esta última etnia ha tenido un contacto más continuo con la población mestiza, debido a que, geográficamente, se encuentra en una provincia con más carreteras y por tanto mayores relaciones, lo que no necesariamente implica más acceso a servicios públicos. Los awá, chachi y épera, en cambio, se encuentran ubicados en zonas anteriormente limitadas en cuanto a la relación con las poblaciones mestizas y también con menor acceso a servicios públicos, por la mínima existencia de carreteras; solamente en la última década tuvo lugar la construcción y mejora de vías de acceso por parte del Estado, lo que permite ampliar el contacto con la población mestiza (MCP/UNICEF, 2007; CONAIE, 2014). La TGF de los pueblos indígenas de la costa disminuye a lo largo de los años.

El gráfico 9 muestra la TEF de los pueblos indígenas costeños. En el primer período se observa una fecundidad alta para las mujeres de mayor edad (35 a 39 años). Esta tendencia tiende a disminuir con los años, y en el último período se presenta una figura en que la fecundidad se concentra hasta la edad de 25 a 29 años. La TGF para el período inicial (1999-2002) fue de 4,31 y bajó de forma importante hasta 3,14 en el segundo período (2003-2005) y 2,97 en el tercer período (2006-2008). Las TEF del período 2006-2008 son coherentes con lo que se espera en una situación de alta fecundidad: altas tasas para el grupo de edad de 20 a 24 años y una disminución paulatina en los siguientes grupos. De forma general, las etnias de esta región ecuatoriana también se encuentran en un declive de la fecundidad.

Gráfico 9

Ecuador: tasa específica de fecundidad (TEF) de los pueblos indígenas de la costa, 1999-2002 a 2006-2008

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), censo de 2010.

Nota: La ondulación de las curvas se presenta por el reducido número poblacional de algunos grupos de edad.

En suma, los pueblos indígenas se encuentran en un proceso de transición de la fecundidad (CEPAL, 2014a; Davis, Bilsborrow y Gray, 2015), pero se presentan varios niveles que responden a la conjunción de diversos factores, como: ubicación geográfica de estos pueblos, área urbana o rural de residencia, educación de la madre, niveles y formas de acceso a la atención de salud, sistemas de vida y formas de organización social y cultural, entre otros, por lo que resulta urgente reconocer esta realidad (CEPAL, 2007; Oyarce, Pedrero y Ribotta, 2010; CEPAL, 2013).

Los ajustes realizados usando el método P/F de Brass evidencian la subestimación del registro de los hijos tenidos en todas las poblaciones analizadas, que es más acentuada entre los pueblos indígenas de la Amazonía. Este resultado pone de relieve la urgencia de desarrollar mejores formas de registro de los nacimientos, sobre todo para estos pueblos. La utilización del método de historia de nacimientos permitió observar la situación de los últimos diez años de la fecundidad de los pueblos indígenas en comparación con la que presenta la población mestiza, así como la de los pueblos indígenas según su ubicación geográfica, para de esta forma hacer un reconocimiento de las distintas realidades en las que se encuentran las diversas poblaciones ecuatorianas.

Estos resultados muestran de forma clara dos fenómenos importantes: i) las diferencias entre la fecundidad de la población mestiza y la de los pueblos indígenas, incluidas las diferencias que muestra esta última población según se localice en la sierra o en la Amazonía, y ii) los procesos diferentes de transición de la fecundidad en que cada etnia se encuentra.

E. Discusión

Parece claro que los pueblos indígenas del Ecuador habrían entrado al proceso de transición de la fecundidad teniendo aún una alta fecundidad (CEPAL, 2004 y 2014a; Davis, Bilsborrow y Gray, 2015). Es lo que se constata con robustez si se consideran los resultados de la aplicación del método P/F de Brass.

La utilización del método de historia de nacimientos permitió comprobar que la fecundidad de los pueblos indígenas de forma general se encuentra en un proceso de declive en estos últimos años, lo que se expresa en una reducción de más del 21% en un período de ocho años (2000-2008), si se considera que los niveles de los años anteriores a 2000 estarían subestimados, así como los niveles a partir de 2009. No obstante, se constató que los pueblos indígenas amazónicos todavía presentan una alta fecundidad, que está en un proceso de disminución lento, de un 7% para este mismo período. Más que una situación propia de los pueblos indígenas amazónicos, la alta fecundidad es un fenómeno típico de toda la región amazónica (Pan y López-Carr, 2016).

La población mestiza, como se vio, entró en un proceso temprano de transición de la fecundidad y los resultados mostrarían que está camino de las fases finales. Aunque las estimaciones sufran ajustes, la TGF de la población mestiza muestra, a lo largo de los años estudiados (1996-2010), una reducción, aunque menos acentuada que la que presenta la población indígena en general. Por tanto, el recorrido que hoy hace la fecundidad de los pueblos indígenas ya lo habría hecho la población mestiza en décadas pasadas.

Para analizar la trayectoria de los pueblos indígenas, es mejor evitar raciocinar con una sola teoría que explique la transición de la fecundidad. Así, en función de lo desarrollado por Mason (1997), se toma como supuesto la presencia de diferentes causas para las diferencias en la fecundidad de estas poblaciones. Analizamos el fenómeno más importante que se encontró, la diferencia de la fecundidad entre los pueblos indígenas de la Amazonía y de la sierra ecuatoriana, y las diferencias que se presentan entre estas poblaciones en su conjunto y la población mestiza.

Para entender el desencadenamiento de las diferentes transiciones de fecundidad de los pueblos indígenas serranos y amazónicos es necesaria una combinación de causas que proporcionen impulsos suficientes para la disminución (o no) de la fecundidad (Freedman, 1979; Quesnel, 2006).

Sugerimos, a continuación, algunos de los factores que, en combinación, habrían influido (o no) en las transiciones de la fecundidad (véase el diagrama 1). No presentamos información concluyente directa para establecer este enlace a fin de que su interpretación estimule la investigación adicional, incluidos nuevos esfuerzos de modelado y recopilación de datos para entender lo que sucede con poblaciones diversas como la ecuatoriana.

Diagrama 1

Modelo para explicar la transición de la fecundidad de las diversas poblaciones del Ecuador

Fuente: Elaboración propia.

El modelo tiene dos vías. La primera, en caso de que el proceso esté en fases adelantadas, lo que se aplicaría a las poblaciones mestizas (siendo su paralelo las poblaciones indígenas de la sierra). La segunda vía es útil en los casos en que se estaría iniciando la transición de la fecundidad y, por tanto, el proceso puede ser todavía largo; es el caso de los pueblos indígenas del Ecuador (y su paralelo, los pueblos indígenas amazónicos). Este paralelismo responde a las dos situaciones presentadas: i) a las diferencias entre la población mestiza y los pueblos indígenas del Ecuador, y ii) a las diferencias entre los pueblos indígenas de la Amazonía y de la sierra.

El modelo establece determinantes para la transición de la fecundidad, elementos con características únicas, pero que al relacionarse conforman una integralidad que definiría la fecundidad de una población. Este modelo también considera que estos determinantes no son independientes, sino que se establecen como resultado de otros factores, como la interacción de manera formal e informal entre los patrones sociales, culturales y económicos de otras poblaciones y las condiciones preexistentes de la población estudiada. La influencia social es una categoría importante (Bongaarts y Watkins, 1996), porque cuando interactúa con las condiciones preexistentes (es decir, con las situaciones sociales, económicas y culturales de un tipo de población) permite su validación para transformar estas condiciones, que tendrán incidencia en los determinantes para su presencia o modificación, hasta que generen cambios en la fecundidad.

Tal vez los pueblos indígenas amazónicos responden de diferentes maneras a las nuevas situaciones en las que se encuentran, de modo que para ellos el control de la fecundidad con métodos modernos todavía no sea realmente la mejor alternativa (Del Popolo y Oyarce, 2006), debido a las construcciones sociales y culturales respecto del sistema de anticonceptivos modernos (Davis, Bilsborrow y Gray, 2015; Salinas y Wong, 2020). Así también, los pueblos amazónicos poseen formas de tenencia de tierras comunales, a las cuales sus descendientes pueden acceder, sin que ello implique pagos (es decir, transacciones monetarias modernas), sino solo derechos de acceso (Pimentel y otros, 1997; Byron y Arnold, 1999; Gray y otros, 2008). Los pueblos indígenas que no cuentan con esta forma de tenencia de tierras, dado que se trata de zonas con poca densidad poblacional, tienen formas mejores y más fáciles de acceder a tierra mediante la compra en condiciones de bajos precios o la ocupación; a esto se suma que son poblaciones mayormente agricultoras, que tienen una vinculación prácticamente solo estacional con el mercado laboral (Gray y otros, 2008; Suárez y otros, 2009; Salinas, Bilsborrow y Gray, 2020). Por tanto, el escaso control de la fecundidad por métodos modernos de estas poblaciones respondería a otros elementos; es lo que Davis (1963) denominaría una respuesta multifásica (Bilsborrow, 1987).

Se incluyó también la dimensión cultural, que no puede minimizarse, dado que la fecundidad está bajo presión social en casi todas las sociedades (Watkins, 1991; Bachrach, 2014), y de mayor forma en los pueblos indígenas. Los datos indican que los pueblos indígenas de la sierra ingresaron en un proceso de reinterpretación y renegociación de la fecundidad en décadas pasadas y que se habría activado de muchas maneras como la disminución de la mortalidad infantil, el acceso de los hijos a la educación, el acceso a servicios de salud por parte de las mujeres, la migración a zonas urbanas por parte de los esposos o de ellas mismas y un mayor contacto con la población mestiza, entre otras (Ishida, Stupp y Sotomayor, 2009), elementos que fueron tardíos, o por lo menos se han presentado solo en estos últimos años, en los pueblos indígenas de la Amazonía. De cualquier forma, lo más relevante para entender la cultura de estas poblaciones es que las poblaciones transicionales sí planifican sus familias (Caldwell, 1976 y 2004; Mason, 1997) y lo hacen en función de sus contextos sociales, culturales, ambientales y políticos; tener un número relativamente alto de hijos está sobre la base de estos contextos (Del Popolo y Oyarce, 2006; Salinas y Wong, 2020).

Mason (1997) incorpora la importancia de la región geográfico-cultural para desarrollar un mejor modelo de transición. Los datos obtenidos en este estudio sustentan la existencia de una fuerte asociación entre la fecundidad y la ubicación geográfica para explicar el proceso transicional diferente de cada zona. Los pueblos indígenas de la sierra se encuentran en una zona geográfica completamente diferente en relación con los de la Amazonía (lo que es válido también para los mestizos y los indígenas de la sierra, residiendo estos últimos en su mayoría en la zona rural). El solo hecho de que los pueblos indígenas serranos tengan mayor contacto con los mestizos y sus formas y patrones de vida, es decir, el proceso de difusión en el que se encuentran, ya es un elemento relevante para que su fecundidad se altere (Ishida, Stupp y Sotomayor, 2009). En la Amazonía, la llegada de las influencias ha sido muy diferente, porque el acceso a través de carreteras o caminos se inició apenas en los últimos 15 años de forma relevante, y antes la región era casi inaccesible (Gray y Bilsborrow, 2016; Salinas y Wong, 2020).

Los pueblos indígenas amazónicos, aunque pueden tener acceso a servicios de salud reproductiva, podrían no ver sus necesidades atendidas, dada la poca presencia de programas de salud sexual y reproductiva con enfoque intercultural, en su propio idioma y con equidad de género (Del Popolo y Oyarce, 2006; CEPAL, 2013 y 2014a). Los pueblos indígenas de la sierra, en contraste, por su mayor contacto, pueden acceder de mejor forma a controles prenatales y, por tanto, a una mayor comprensión de nuevos paradigmas sociales.

F. Conclusiones

Reconociendo que la población mestiza experimenta aún el declive de su fecundidad, este podría darse de forma efectiva (de acuerdo con los deseos de la población) si se contara, por ejemplo, con un acceso mayor y más funcional a servicios de salud sexual y reproductiva, más información, mayor educación y más empoderamiento de las mujeres (Casterline y Mendoza, 2009). Es importante enfatizar que estos elementos no se encuentran a disposición de los pueblos indígenas o, por lo menos, no en los niveles a los que pueden acceder las poblaciones mestizas. Por esta razón, el proceso de transición de la fecundidad entre los pueblos indígenas puede demorar, ya que estos servicios, en función de derechos, se encuentran limitados para ellos (CEPAL, 2013 y 2014a). A eso se suma la necesidad de un enfoque fundamental, que es el de prestar los servicios de forma intercultural y con respeto a los derechos de autodeterminación y a los derechos sexuales y reproductivos de estas poblaciones (Del Popolo y Oyarce, 2006).

Otro punto que es necesario resaltar es la alta diversidad de la realidad ecuatoriana, no solo por la presencia de varios grupos de poblaciones, sino también por las implicaciones que tiene ser miembro de cada uno de ellos. Como se evidenció, los indígenas de la sierra, de la Amazonía y de la costa tienen especificidades significativas en lo que se refiere a la fecundidad. Con certeza, la situación de los pueblos indígenas amazónicos y costeños presenta serias desventajas, que no solo se encuentran vinculadas al acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, sino también a otros elementos que se relacionan directamente con ellos. Específicamente en el caso de la población indígena femenina, existe la necesidad de un mayor acceso a través de información en su idioma y de forma permanente, revalorización de sus prácticas culturales médicas, mayor educación intercultural, ejercicio de sus derechos como mujeres y mayor igualdad social, entre otros aspectos.

Con este estudio, antes que conocer, únicamente, la situación de la fecundidad de los pueblos indígenas, se buscó el reconocimiento de las diversas realidades en torno a este componente demográfico. Para entender mejor esta situación, es necesario y urgente reconocer las variables y los factores determinantes de estos niveles de reproducción; es decir, investigar para entender cómo opera la fecundidad de estas poblaciones y sobre esa base generar enfoques de política que respondan a esos factores y determinantes, sobre todo de políticas y programas idóneos que garanticen que se satisfagan sus necesidades y demandas, que deben ser de carácter multisectorial y contar con mecanismos sólidos de ejecución en función de los derechos de estos pueblos, sobre todo del derecho a la diversidad.

Por último, se debe reconocer que para la identificación de la situación de los componentes demográficos, entre ellos la fecundidad, se requiere de más y mejores datos que reflejen las realidades de forma cierta (Peyser y Chackiel, 1993; CEPAL, 2014a); hay necesidad, también, de una mayor utilización en profundidad de técnicas de análisis. El presente estudio y su instrumental analítico apenas sugieren resultados e indican que el Ecuador todavía presenta falencias en este aspecto, más específicamente en el caso de los pueblos indígenas. Es, por tanto, necesario desplegar un mayor esfuerzo analítico que permita reconocer la situación de la fecundidad con mayores certezas.

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[1] Agradecemos a los siguientes organismos brasileños de fomento a la investigación por el apoyo prestado para el desarrollo de este trabajo: Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior (CAPES); Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq) y Fundación de Fomento a la Investigación del Estado de Minas Gerais (FAPEMIG). Agradecemos también a Adriana Miranda-Ribeiro por sus valiosas contribuciones a las versiones anteriores de este artículo. Una versión preliminar fue presentada en el Octavo Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP), Puebla (México), 23 a 26 de octubre de 2018.

[2] Doctora en Demografía del Centro de Desarrollo y Planificación Regional (CEDEPLAR) de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte (Brasil) y Coordinadora de la Casa de la Mujer, Quito. Correo electrónico: victoriasalinas@yahoo.com; victoriasalinascastro@gmail.com.

[3] Doctora en Demografía y Profesora Investigadora del Centro de Desarrollo y Planificación Regional (CEDEPLAR) de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte (Brasil). Correo electrónico: lwong@cedeplar.ufmg.br.

[4] No se incluyó la región amazónica debido, entre otras razones, a la falta de vías de acceso.

[5] Encuestas que incluyen la variable de adscripción étnica: Encuesta Nacional de Hogares, desde 2001; Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil, desde 2004, y Encuesta de Condiciones de Vida, desde 2006.

[6] Los aspectos metodológicos de la confiabilidad de las estimaciones en períodos específicos para cada uno de los métodos se pueden encontrar consultar, por ejemplo, en Moultrie y otros (2013).

[7] Datos no mostrados.

[8] Según el censo de 2010 del Ecuador, las etnias así consideradas son: Amazonía del Ecuador: achuar, cofán, shuar, siona, secoya, shiwiar, waorani, zapara, andoa y kichwa de la Amazonía; Región de la sierra: pueblos que se ubican dentro la etnia kichwa de la sierra (pastos, saraguro, kañari, puruhá, waranka, chibuleo, salasaca, panzaleo, kitu-kara, kayambi, karanki, natabuelo, otavalo, kisapincha, warankas y paltas).

Artículo 4

Fuentes de información sobre población indígena en México: los problemas de la búsqueda de datos en el ámbito de la salud

José Alberto Muños Hernández[1]

Paola María Sesia[2]

Lina Rosa Berrio Palomo[3]

Pedro Yáñez Moreno[4]

Recibido: 27/09/2019

Aceptado: 30/03/2020

Resumen

Este trabajo se centra en la búsqueda de información referente a la salud de la población indígena de México, con la finalidad de investigar qué información oficial existe y cuáles son algunas de las principales dificultades que se plantean para obtener datos desagregados por municipio, afección, sexo y grupo de edad. Se revisaron las principales fuentes de información disponibles en el país, para así confeccionar una base de datos que permita analizar las principales causas de morbilidad y mortalidad entre la población indígena a lo largo de diversos períodos. El núcleo central de este artículo está conformado por el análisis de las fuentes de información encontradas y de los problemas que suponen los datos faltantes. Se observa que, en las diferentes fuentes revisadas, la pregunta más utilizada para identificar a la población indígena en México es si la persona habla alguna lengua indígena, aun cuando el uso de esta variable puede resultar problemática.

Palabras clave: salud, indígenas, demografía, morbilidad, mortalidad, sistemas de información en salud.

Abstract

This paper focuses on the search for information on the health of Mexico’s indigenous population, with the aim of determining what official information exists and what key difficulties are faced when attempting to obtain data disaggregated by municipality, medical condition, sex and age group. The main sources of information available in the country were reviewed to create a database to analyse the main causes of morbidity and mortality among the indigenous population over various periods. The article centres on analysis of the sources of information found and the problems posed by missing data. It is found that, in the reviewed sources, the most commonly used question to identify members of the indigenous population in Mexico is whether they speak an indigenous language, even though the use of this variable can be problematic.

Keywords: health, indigenous people, demography, morbidity, mortality, health information systems.

Résumé

Cet article se concentre sur la recherche d'informations relatives à la santé de la population autochtone du Mexique, dans le but de découvrir quelles sont les informations officielles existantes et quelles sont les principales difficultés pour obtenir des données ventilées par municipalité, condition, sexe et groupe d'âge. Une révision des principales sources d'information disponibles dans le pays a été effectuée afin de créer une base de données qui permette d'analyser les principales causes de morbidité et de mortalité au sein de la population autochtone sur différentes périodes. Cet article est essentiellement consacré à l'analyse des sources d'information trouvées et des problèmes posés par les données manquantes. On peut constater que, dans les différentes sources examinées, la question la plus couramment utilisée pour identifier la population autochtone au Mexique est de savoir si la personne parle une langue autochtone, variable dont l’utilisation est parfois problématique.

Mots clés: santé, autochtones, démographie, morbidité, mortalité, systèmes d'information en matière de santé.

Introducción

En el presente trabajo se describe la búsqueda de información sobre las condiciones de salud de la población indígena en México y se analizan las dificultades encontradas para obtener información desagregada referente a esta población por municipio, afección, sexo y grupo de edad. Con este objetivo, y por las razones que se explicarán más adelante, se sigue la definición tradicionalmente utilizada en la principal fuente de información sobre este tema existente en México, el Censo de Población y Vivienda, en que la población indígena está constituida por las personas mayores de tres años hablantes de alguna lengua indígena.

Es importante recordar que la información sobre la población de un país y sus características específicas es crucial para la toma de decisiones, así como para el diseño, la implementación y la evaluación de una política pública que pretenda disminuir las desigualdades y las inequidades sociales en el ámbito de la salud. La disponibilidad de información permite incrementar las posibilidades de elaborar políticas que mejoren las condiciones de salud y de bienestar o disminuyan las desventajas sociales que afectan a la población objetivo a lo largo del territorio en el que esta habita. La información necesaria es de tipo cuantitativo, pero complementada con abundante información cualitativa, con variables sociodemográficas, socioeconómicas y de salud.

Por ese motivo, en este trabajo se analiza la problemática de los datos faltantes y las características de las fuentes de información encontradas en lo que concierne a la salud de los pueblos indígenas. Los resultados indican que la pregunta más utilizada en las diferentes fuentes revisadas para identificar a la población indígena en México es si la persona “habla alguna lengua indígena”, aun con los problemas que conlleva el uso de esta variable. Este trabajo se enmarca en un proyecto más amplio, que aborda el análisis de las principales causas de mortalidad y morbilidad de la población indígena en México en un período de tiempo superior a diez años. A continuación, se describen los retos que plantea la búsqueda de datos en este ámbito y el análisis que se ha llevado a cabo de las fuentes de información primarias o secundarias encontradas, que conforma el núcleo central de este artículo.

A. La situación en América Latina

Existen fuentes de información a las que se puede acceder de manera remota, que permiten conocer las actividades de diferentes organismos internacionales, como el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización Mundial de la Salud (OMS) o el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otros. Estos organismos se dedican a recopilar y procesar información, y ponen a disposición del público general o especializado los datos que obtienen de los diferentes países y que resultan de interés para la elaboración de políticas intersectoriales y comparaciones espaciotemporales diversas.

En América Latina, la mayor parte de los Gobiernos de los países que conforman la región —Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú y Uruguay, entre otros— han ido poniendo también a disposición del público, a partir de la aprobación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (CEPAL, 2013, pág. 29), cada vez más estadísticas y bases de datos sobre sus poblaciones indígenas.

En esta región, destacan los trabajos realizados por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL, que tratan sobre la elaboración de indicadores específicos para poblaciones indígenas y afrodescendientes (Del Popolo, 2008); aquellos en los que se analizan los indicadores disponibles de las condiciones de vida de dichas poblaciones, llevando a cabo balances regionales y emitiendo recomendaciones periódicas (Del Popolo y Ávila, 2005; Hopenyan, Bello y Miranda, 2006; Del Popolo, 2008; Oyarce, Ribotta y Pedrero, 2010; CEPAL, 2017), y los documentos de tipo metodológico y guías de acción para la elaboración participativa de dichos indicadores, que se centran en el marco normativo que garantiza los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes (CEPAL/UNICEF/UNFPA, 2011). Los documentos mencionados son relevantes para nuestra discusión, porque en ellos se subraya la necesidad de incorporar la autoadscripción[5] en las diversas fuentes de información, así como la importancia de considerar en su diseño e implementación ejercicios participativos que cuenten con la presencia de los propios pueblos, además de los responsables gubernamentales de la producción de datos.

Especial relevancia para el tema que aquí se trata reviste el documento “Lineamientos para incluir la identificación de pueblos indígenas y afrodescendientes en los registros de salud” (CEPAL/OPS/UNFPA, 2013), en el que se analiza de manera específica la manera de avanzar en la incorporación de variables de identificación de pueblos indígenas y afrodescendientes en los registros administrativos de salud y las estadísticas vitales. La visibilización de estas poblaciones en los datos, mediante la inclusión del enfoque étnico-racial en los sistemas de salud, se señala en este documento como parte de las recomendaciones elaboradas por la CEPAL, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) a los Gobiernos de la región, y se describe con detalle la propuesta metodológica para hacerlo, el marco normativo que lo sustenta y las discusiones conceptuales que ello entraña. En el documento se analizan, además, las experiencias de diez países de la región que han incluido ya alguna variable de identificación étnico-racial en sus registros —Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Perú, Paraguay y Venezuela (República Bolivariana de)—, así como un análisis de los desafíos pendientes y las recomendaciones para avanzar en la materia.

Otros documentos regionales firmados por los Gobiernos —entre ellos, el de México— también proponen avanzar en la incorporación de variables de autoidentificación en las estadísticas nacionales. Así lo señala, por ejemplo, el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, en su medida número 90 (CEPAL, 2013, pág. 29). Autores como Zolla (2016) ya apuntaban desde hace varios años a la necesidad de incorporar indicadores específicos para la población indígena en México, y de incluir variables étnico-raciales en los indicadores generales existentes en el ámbito de la información sobre salud.

México es el país que cuenta con el número absoluto de población indígena más elevado del continente. Sin embargo, si bien se ha incluido la variable “hablante de lengua indígena” en algunos de los registros de salud, no se ha hecho en todos los casos. Además, falta progresar en la inclusión del criterio de autoadscripción en los registros administrativos del ámbito de la salud. Este criterio ha sido recomendado por organismos multilaterales de la región como la CEPAL y está incluido en el Consenso de Montevideo (CEPAL, 2013, pág. 29), que México ha suscrito. Por ello, a la luz de las recomendaciones emitidas por la CEPAL y la OPS, resulta de particular relevancia analizar las fuentes disponibles en materia de salud en el país.

México cuenta con diferentes organismos e instituciones que se encargan de proporcionar información sociodemográfica, socioeconómica y de salud de consulta abierta: la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México (CDI) —ahora, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)—, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), entre otros.

Sin embargo, cuando se trata de información específica —como es el caso de la referida a la población indígena—, la dificultad para encontrar datos sociodemográficos o variables referentes a ubicación o residencia, composición poblacional y condiciones de salud se incrementa conforme aumenta el nivel de especificidad de la información.

En la búsqueda de datos sobre la salud de la población indígena, nos enfrentamos a múltiples retos. El primero tiene que ver con la definición misma de “indígena” proporcionada en la información oficial que se produce en México en los ámbitos sociodemográfico, socioeconómico y de salud, y que se retoma en el siguiente apartado, en el que se discuten el criterio de autoadscripción y el indicador “hablante de lengua indígena”, como las formas en que el Estado mexicano ha definido y ha medido históricamente y define y mide en la actualidad a la población indígena en el país.

Un segundo reto lo constituye la revisión de las principales fuentes de información disponibles sobre población y salud en México. Dicha revisión condujo finalmente a la selección del indicador “hablante de lengua indígena”, a pesar de que, del marco normativo internacional, el enfoque de derechos humanos y las demandas de las organizaciones indígenas, se desprende la preeminencia del indicador de autoadscripción. Se trata de una decisión inevitable, puesto que este indicador restrictivo es el que se utiliza, de manera exclusiva, en la limitada información oficial disponible en este país en el rubro de la salud en lo que respecta a los pueblos indígenas.

El tercer y último reto ha sido elaborar una base de datos con información específica sobre la población hablante de lenguas indígenas, para poder realizar un análisis de las principales causas de morbilidad y mortalidad en la población, como un primer paso hacia la identificación de las condiciones de salud de la población indígena en México.

B. El contexto mexicano: la discusión sobre a qué se denomina población indígena

Antes de comenzar a analizar cada una de las fuentes de información halladas, vale la pena revisar el contexto en el cual se enmarca la búsqueda, así como repasar brevemente la manera en que se ha abordado “lo indígena” en algunos de los trabajos que se discuten.

En primer lugar, se considera que la identidad étnico-racial se manifiesta como un complejo campo de definiciones y ambigüedades surgidas de sistemas y órdenes raciales construidos a lo largo de la historia. Esto hace que el investigador, al elaborar los indicadores y obtener la información, necesite abordar cuestiones como la ocupación y el uso del territorio, la organización social, la identidad autoadscrita o asignada por otros —incluido el reconocimiento por parte de otros grupos o autoridades—, y también la ampliación de las posibilidades de los registros actuales y la necesidad de mejoras relacionadas con el tema de la pertenencia étnica.

Sin embargo, el concepto de identidad étnica o etnicidad carece de una definición permanente (Rubio, 2014; Torres y otros, 2003). Las numerosas definiciones existentes expresan las ambigüedades del término, ya que es posible encontrar diferentes formas de categorización y medición del concepto en los distintos instrumentos de recolección de información sociodemográfica que se han utilizado en este trabajo. Por ejemplo, la CEPAL ha estimado que la forma más efectiva de identificar o medir a esta población es utilizando preguntas de autodefinición (Del Popolo, 2008), mientras que, en diferentes censos de población, los principales criterios utilizados han sido el idioma, que incluye ser hablante de alguna lengua indígena o compartir el hogar con un hablante de lengua indígena; la ubicación geográfica o el territorio; la autopercepción, en la que podríamos incluir la autodefinición, la autoidentificación y la autoadscripción; la vestimenta o los rasgos físicos; la raza; la religión; la organización social, y la cultura (Peyser y Chackiel (1994), Schkolink y del Popolo (2005), Rubio (2014), Paixão (2013)).

La manera de medir la población indígena en México ha sufrido cambios desde que comenzó a ponerse en práctica dicha medición, pero siempre ha partido de la consideración de características diferenciales con respecto al resto de la población considerada “normativa”, de manera referencial[6]. En este país, la discusión de lo indígena parece originarse durante el porfiriato, como mencionan los trabajos de Rubio (2014) y Sepúlveda (1993). Resulta entonces evidente que las mediciones no son neutrales, ni parten de categorías definitorias objetivas, sino que están cargadas de significados, simbolismos e ideologías, que a su vez se han transformado debido a factores sociales e históricos, según los distintos proyectos hegemónicos de Estado nación o disputas políticas, incluyendo las luchas sociales por el reconocimiento de la diferencia. De esta manera, a lo largo del tiempo se han utilizado criterios como la vestimenta, el hogar[7], la lengua materna y los rasgos físicos (de 1753 a 1790) o la “raza” (en 1921) (Rubio, 2014).

La caracterización de la población indígena a partir del criterio lingüístico (ser hablante de lengua indígena) ha sido la de mayor continuidad a lo largo del tiempo, pues, según datos del INEGI, esta variable se utilizó en el primer censo de 1895 y se ha seguido utilizando en los censos hasta la actualidad. En la Encuesta Intercensal 2015 se mantuvo dicho criterio y también se incluirá de esta manera en el formulario del censo de 2020.

Ahora bien, las luchas de los pueblos indígenas por ampliar los criterios de clasificación, sin restringirlos al dominio de una lengua, han propiciado la inclusión de variables de autoadscripción en la mayoría de los censos recientes de América Latina. En México, desde el año 2000, el censo incluye la variable identitaria de autoadscripción. Sin embargo, la manera de formular esta pregunta ha variado. En 2000, se preguntó a las personas: “¿es náhuatl, maya, zapoteco, mixteco o de otro grupo indígena?”, mientras que, en el censo de 2010, se preguntó: “¿se considera o no se considera indígena?”, lo cual dio como resultado un aumento sustancial de respuestas positivas con respecto al censo de 2000. Es a partir de 2015 cuando, además, se incluye la cuestión de la afrodescendencia en la Encuesta Intercensal, que se incluirá como pregunta específica en el censo por primera vez en 2020.

Por otro lado, la identificación de la población hablante de lengua indígena en los censos ha sido constante desde 1895 hasta 2010, si bien se constatan variaciones importantes en la manera en que se ha planteado la pregunta en los diferentes censos. En los primeros censos (1895, 1900 y 1910), en la instrucción de llenado se explicaba que debía indicarse si se utilizaba preferentemente el castellano o el español como lengua hablada, en caso de que la persona hablara, además, una lengua indígena, pero no se indagaba acerca de la lengua indígena que se hablaba. Esto cambió en 1921, al incluirse en el cuestionario la distinción de la lengua indígena hablada, además de la indicación de si se hablaba español.

Uno de los problemas de utilizar estas aproximaciones para conocer la cantidad de población indígena y sus principales características sociodemográficas es que preguntar si el individuo habla alguna lengua indígena genera una subestimación de la población, pues actualmente alrededor del 25% de los jóvenes indígenas ya no hablan la lengua familiar de su comunidad o de su hogar de procedencia (UNICEF, 2012). Los motivos pueden ser diversos, desde la escolarización hasta la estigmatización asociada con ser indígena en una sociedad hegemónica.

En particular, el problema de la estigmatización de lo indígena genera consecuencias negativas que provocan que los individuos se nieguen o se resistan a hablar o a reconocer que hablan su lengua materna o que pertenecen a alguna etnia. Este problema se da principalmente —pero no solo y, por supuesto, no siempre— entre aquellas personas que han debido desplazarse desde su comunidad hacia zonas urbanas, ya sea dentro de la misma entidad territorial o porque han migrado a una distinta. Finalmente, otra dificultad puede plantearse en relación con la persona encargada de preguntar y registrar las respuestas, pues, en el caso de datos específicos sobre salud[8], el porcentaje de la respuesta “no especificado” para la variable “hablante de lengua indígena” en algunos casos supera el 5%, como en el caso de los certificados de nacimiento en Chiapas (Freyermuth, Ochoa y Muños, 2017).

Sin embargo, aun teniendo en cuenta las dificultades metodológicas y las limitaciones epistémicas mencionadas, en la actualidad, la variable “hablante de lengua indígena” no solo se encuentra presente de manera constante en los censos que proporcionan información poblacional indispensable, sino que es la única disponible para identificar a la población indígena en las diferentes bases de datos sobre salud. Cabe entonces aclarar que, a pesar de sus limitaciones epistémicas y políticas, y a sabiendas de que tiende a subestimar la población indígena, esta variable sigue resultando útil para permitir un acercamiento al análisis de las condiciones de salud de la población indígena de México.

C. Metodología

La búsqueda de los datos se realizó de dos maneras. En primer lugar, se buscaron artículos referentes a la población indígena en México mediante combinaciones de las siguientes palabras clave: “datos”, “población indígena”, “salud” y “México”, en el período comprendido entre 2010 y 2018, en el buscador de la página web de recursos de la biblioteca del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y del Colegio de México (COLMEX). Esta búsqueda arrojó 691 resultados, de los cuales se seleccionaron aquellas publicaciones en las que se mencionaba alguna fuente de información secundaria sobre la salud de los pueblos indígenas de México.

La segunda manera fue ingresar a las páginas web de las instituciones conocidas en México por proporcionar información sobre cuestiones relacionadas con la población, ya sea mediante bases de datos de registros administrativos, censos de población o encuestas. Si los datos estaban disponibles al público, se procedía a su descarga para conformar una base de datos general[9].

Finalmente, una vez identificadas las posibles fuentes de información, que en nuestro caso fueron la plataforma “Cubos dinámicos” de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) y la información censal del INEGI, se procedió a verificar la disponibilidad de los datos sobre población indígena y su accesibilidad, ya sea para la descarga o para la utilización remota (como en el caso de los cubos dinámicos). Finalmente, se conformaron las bases de datos con la información disponible para analizar la información referente a la variable “hablante de lengua indígena”.

D. Revisión de las principales fuentes de información sociodemográfica y de salud sobre la población indígena

La búsqueda se centró principalmente en la presencia de la variable “hablante de lengua indígena” en los datos disponibles sobre población, mortalidad y egresos hospitalarios o morbilidad. La desagregación que se consideraba necesario encontrar era por sexo, edad (por grupos quinquenales o desagregada) y municipio de residencia habitual. A continuación, se resumen las fuentes de información revisadas y los datos disponibles sobre el evento o la característica requerida.

1. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

El INEGI presenta en su página web información valiosa respecto a la población hablante de lengua indígena de México. Por un lado, la información es de fácil acceso, pues se divide por temas, entre los cuales se encuentra el de población. Dentro de este apartado, se localizan diferentes proyectos estadísticos de encuestas, los censos y conteos y los registros administrativos.

En lo que a las encuestas de población o salud se refiere, se hallaron cuatro que captan información actual sobre la población hablante de lengua indígena: la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) de 2014 y de 2018 (la más reciente); el Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) 2015, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 y la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017. En la ENADID de 2014 y 2018 se preguntó a los individuos de 3 o más años de edad si eran hablantes de lengua indígena y se consideraban indígenas. Esta encuesta presenta datos a nivel nacional, por tamaño de localidad, por área de residencia rural o urbana y por estado. En el MCS también se incluyeron preguntas para identificar a los hablantes de lengua indígena y averiguar si la persona encuestada se consideraba indígena, pero, además, se preguntó si la persona hablaba español y si entendía alguna lengua indígena. Este módulo y su encuesta matriz utilizaron una muestra que presenta datos a nivel nacional, por área rural o urbana y por entidad federativa. La ENDIREH, por su parte, proporciona información sobre los hablantes de lengua indígena, los hablantes de español y las personas que se consideran indígenas de 3 o más años, y es representativa a nivel nacional y estatal. Finalmente, la ENADIS, aparte de preguntar si el individuo es hablante de lengua indígena y, además, hablante de español, incluye una pregunta para averiguar si se considera negro o afromexicano (afrodescendiente). A diferencia de las anteriores, estas preguntas se realizan a la población de 6 o más años de edad.

Con respecto a los censos y conteos de población y vivienda, estos incluyen la información más completa y actual en lo que respecta a la población indígena de México. El último censo data de 2010, y la Encuesta Intercensal, de 2015[10]. Por un lado, el censo de 2010 incluyó la pregunta sobre lengua indígena dirigida a la población de 3 o más años de edad, y las variables adicionales referidas a la condición de hablante de lengua indígena (“habla o no habla lengua indígena”) y autoadscripción indígena (“se considera o no se considera indígena”) (INEGI, 2011). La importancia del censo es que esta información se puede desagregar hasta el nivel de localidad y por edades individuales.

Por otro lado, la Encuesta Intercensal 2015 es la fuente de información más actual a nivel municipal e incluye estimadores de la población de 3 o más años de edad y su distribución porcentual según si se es o no hablante de lengua indígena y si se es o no hablante de lengua española —lo que resulta particularmente interesante en este trabajo—, por municipio, edad y sexo (INEGI, 2016). También se considera la autoadscripción indígena de la población por municipio y grandes grupos de edad y se pregunta por la población afrodescendiente.

2. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)

En la página web del CONEVAL, se localizaron documentos que podrían considerarse fuentes de información para validar los datos de otras fuentes y, por tanto, son relevantes para este trabajo. Por ejemplo, se encontró una serie de diagnósticos de programas y acciones, así como el documento de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) titulado Diagnóstico del Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena, 2014 (CDI, 2014), cuya relevancia radica en que considera al jefe de familia, cónyuge o ascendiente para la estimación de la población indígena, lo cual constituye una aproximación semejante a la del CONAPO.

Otro documento importante se refiere a la pobreza. Se trata del informe La pobreza en la población indígena de México, 2012 (CONEVAL, 2014), en el cual se utiliza una definición de población indígena basada en diferentes grupos de población. Un primer grupo se refiere a la condición de hablante de lengua indígena de 3 o más años de edad; otro grupo distingue a los integrantes de hogares indígenas, donde se ubica a los miembros fundacionales, como pueden ser el jefe o la jefa del hogar, el cónyuge o alguno de los ascendientes que hablan una lengua indígena, y, finalmente, un tercer grupo se refiere a la población indígena autoadscrita, sobre la base de los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) y el censo de 2010.

3. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)/Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)[11] e Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI)

Tanto la CDI/INPI como el INALI incluyen, en la información que ponen a disposición de los usuarios en sus respectivas páginas, datos de los censos y los conteos de población y vivienda del INEGI. En ninguno de los dos casos es sencillo encontrar una definición clara de a quiénes se considera población indígena. En Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, 2015 (CDI, 2017), se específica que “la metodología empleada por la CDI tiene como base la identificación del hogar indígena y la cuantificación de la población a partir del total de sus integrantes”. Asimismo, se aclara que “el concepto de hogar indígena se ha definido como aquel donde el jefe(a), su cónyuge o alguno de los ascendientes (madre o padre, madrastra o padrastro, abuelo(a), bisabuelo(a), tatarabuelo(a), suegro(a)) declararon hablar alguna lengua indígena”.

La CDI/INPI presenta los datos sobre población indígena mediante sus Fichas de información básica de la población indígena 2015, elaboradas a partir de la Encuesta Intercensal 2015 (INPI, 2016). También dispone de cédulas de información básica en formato PDF sobre la población total y la población indígena a nivel municipal con respecto a los años 2010, 2005 y 2000 a nivel municipal. Por otra parte, ofrecen el “Catálogo de Localidades Indígenas 2010” (INPI, 2010), que muestra información actualizada con datos derivados del Censo de Población y Vivienda 2010.

La definición de lo que esta institución del gobierno federal denomina “localidades y municipios indígenas” se construye mediante registros por localidad o municipio, clasificados según la concentración de población indígena. En el caso de los municipios así definidos, se muestran las condiciones de vida de los pueblos indígenas mediante datos sobre los grupos de edad, el sexo, la educación, la condición lingüística, la salud, la actividad económica y los servicios en la vivienda. Se incluye un listado de los pueblos indígenas por entidad federativa, con los cálculos de valores y porcentajes de cada pueblo y las viviendas indígenas en localidades, según el grado de marginación calculado en 2010 por el CONAPO.

4. Bases de datos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS)

La Secretaría de Salud es la máxima institución de salud en México. En su organigrama de trabajo, incluye diferentes subsecretarías, entre las cuales se ubica la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, que, a su vez, alberga la Dirección General de Información en Salud (DGIS), encargada de generar información en materia de salud mediante sistemas de información electrónicos, para su difusión a través de medios digitales. Para cumplir con sus obligaciones, la DGIS dispone de sistemas de información en diferentes ámbitos relacionados con la salud de la población. Se exponen aquí algunos de ellos, que contienen información importante para el cometido de este trabajo acerca de las condiciones de salud y mortalidad de la población indígena: los cubos dinámicos y las bases de datos en formato estándar.

Por un lado, la plataforma “Cubos dinámicos” se basa en la tecnología de procesamiento analítico multidimensional en línea (Multidimensional Online Analytical Processing (MOLAP)). La DGIS indica lo siguiente: “este producto le permite explotar la información por medio de una visión multidimensional, con diferentes enfoques, en forma de cuadros y gráficas con un perfil ejecutivo orientado a la toma de decisiones. Los sistemas MOLAP evitan la necesidad de desarrollar interfaces de consulta, y ofrecen un entorno único válido para el análisis de cualquier información histórica”.

Los cubos contienen información referente a los egresos hospitalarios, las defunciones, las lesiones, los nacimientos, la población, los recursos, los servicios otorgados y las urgencias. Cada uno de estos temas se desglosa en diferentes niveles del sector de la salud y, en el caso de la población, incluye las proyecciones por condición de derechohabiencia de la población en México. Los temas en los que fue posible hallar información desagregada por población indígena son la mortalidad, los egresos hospitalarios y los nacimientos, cada uno de los cuales se detalla a continuación.

El cubo de defunciones contiene información desagregada por mortalidad general, muertes maternas y muertes fetales. La información sobre mortalidad general, en el momento en que se realizó la consulta para elaborar este análisis, incluía las variables “Referente indígena de residencia”, referida a la clasificación de las localidades según el grado de concentración de población hablante de lengua indígena (abreviada como “HLI”) (las categorías disponibles eran: “40% a 69% de población HLI, “70% o más de población HLI”, “Con 5 mil HLI o más”, “Con población HLI dispersa o lenguas minoritarias”[12], “Con población HLI dispersa” y “Sin población HLI”); “Clasificación de las localidades según el grado de concentración de población HLI” (por ejemplo, de 40% a 69% de población indígena), y “Comisión para el Desarrollo de Pueblos Indígenas”, que desagregaba las entidades por municipios indígenas y los demás municipios. Sin embargo, en la última revisión de esta fuente, llevada a cabo en mayo de 2020, estas variables habían sido eliminadas y solo se encontró la variable “Referente de población indígena residente”. Los cubos de muertes maternas y fetales no contienen variables con información sobre la población indígena.

El cubo de egresos hospitalarios contiene información, por un lado, de la Secretaría de Salud, y, por otro, del resto del sector de la salud, donde se incluyen las demás instituciones prestadoras de servicios, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), entre otros. La información de la Secretaría de Salud es la más completa en términos de contenido, pues, además de variables sociodemográficas, cuenta con la variable “Habla lengua indígena”, que registra si la persona egresada habla (o hablaba) alguna lengua indígena. Otras variables de este cubo que solo cuentan con información de la Secretaría de Salud y se refieren a la población indígena son: “Pertenece a un grupo indígena”, “Municipios indígenas” y “Pueblos indígenas”, cuyos datos se basan en las definiciones de la Comisión para el Desarrollo de Pueblos Indígenas.

El cubo de nacimientos contiene información referente a los certificados de nacimiento emitidos por año. Esta información incluye, en las características de la madre, las variables “Habla lengua indígena” y “Se considera indígena”, además de las características sociodemográficas de ella y del recién nacido a partir de 2008. Desde ese año, el proceso de implementación de los certificados de nacimiento ha sido paulatino a nivel estatal y, a pesar de que desde 2011 fue propuesto como insumo para estimar la razón de mortalidad materna en México, a la fecha se precisan algunas correcciones para tener en cuenta el subregistro en estados como Chiapas, Chihuahua y Oaxaca —entidades con una mayor proporción de población indígena—, derivado en parte de la diferencia entre los nacimientos estimados por el CONAPO y los ocurridos. Esto puede deberse, entre otras razones, a los usos y costumbres de las comunidades y pueblos indígenas (Freyermuth, Ochoa y Muños, 2017).

Por otro lado, la DGIS también pone a disposición del público información que puede descargarse para el análisis en un archivo comprimido, en un apartado denominado “Datos abiertos”, que contiene bases de datos en formato estándar con información sobre mortalidad, egresos hospitalarios, nacidos vivos, muertes fetales y recursos en materia de salud.

La importancia de estas bases para el objetivo de este artículo es que la de mortalidad contiene, a partir de 2012, la variable “Lengua”, que se refiere a la condición de hablante de lengua indígena del fallecido, mientras que las bases de egresos contienen la variable “hablante de lengua indígena” a partir de 2010.

Estas últimas bases se utilizaron para obtener información sobre la mortalidad y los egresos hospitalarios de la población hablante de lengua indígena. Al explorar la de mortalidad, el problema más importante fue que encontramos un elevado porcentaje de la respuesta “No especificado” para la variable de lengua indígena (véase el gráfico 1), que va disminuyendo conforme se avanza en el tiempo, de 2012 a 2015. Es decir, que estos casos no especificados constituyen el 25% de la información disponible en 2012, y esta cifra disminuye en 2015 aproximadamente a un 17%. En todos los casos, se trata de porcentajes superiores a los de los casos de mortalidad registrados entre la población hablante de lengua indígena.

Este porcentaje elevado de información no especificada implica que se debe trabajar en mejorar la captación de la información, pues, en caso de que se trate en su mayoría de personas que hablaban alguna lengua indígena (dado que en el gráfico 1 se observa que, a medida que se reduce el porcentaje de no especificados, se incrementa el porcentaje de hablantes de lengua indígena), los resultados en lo que a dicha población se refiere subestimarían el nivel de mortalidad y, por tanto, el análisis resultante puede no solo ser erróneo, sino subestimar sistemáticamente la tasa de mortalidad de este grupo poblacional.

Gráfico 1

México: cantidad anual de casos no especificados respecto de la variable “Hablante de lengua indígena” en los datos sobre mortalidad, 2012-2015

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia sobre la de base de Dirección General de Información en Salud (DGIS), bases de datos estándar de mortalidad, 2012-2015.

Los estados más afectados en el último año (2015) por la cantidad de casos no especificados con respecto a la variable “Hablante de lengua indígena” son Sinaloa (47%), Chihuahua (37%), Coahuila (35,4%), Tamaulipas (28%) y Baja California (27%). Llaman la atención los estados que sabemos por los censos que albergan una gran cantidad de población hablante de lengua indígena, como es el caso de Guerrero, que presenta un 23,5% de casos no especificados, así como Chiapas (18%) y Oaxaca (13%) —entidad donde se concentra la mayor parte de la población hablante de lengua indígena del país—. La entidad con el menor porcentaje de casos no especificados fue Querétaro, con un 6% aproximadamente, estado que ha mantenido siempre bajo el nivel de estos casos (véase el gráfico 2).

En el caso de los egresos hospitalarios, se dispone de información completa únicamente sobre los casos atendidos en hospitales a cargo de la Secretaría de Salud; es decir, la base de datos no recoge información sobre los egresos en el IMSS, el ISSSTE y demás instituciones de seguridad social. La base de datos con información completa de las instituciones del sector de la salud únicamente registra los egresos por entidad de atención, edad, sexo del paciente y agrupación de los días de estancia; sin embargo, no contiene información diferenciada sobre los casos de población hablante de lengua indígena.

Gráfico 2

México: casos no especificados con respecto a la condición de hablante de lengua indígena en los datos sobre mortalidad, por entidades, 2012-2015

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia sobre la de base de Dirección General de Información en Salud (DGIS), bases de datos estándar de mortalidad, 2012-2015.

Con relación a los egresos hospitalarios, al utilizar la base de datos con información de la Secretaría de Salud, el porcentaje de respuesta de los casos no especificados[13] es mucho menor que el observado con respecto a los datos de mortalidad. En este caso, se cuenta con datos de la población hablante de lengua indígena a partir de 2010, cuando se observa un porcentaje total de casos no especificados del 6% aproximadamente, hasta llegar a 2015, con casi el 4% del total de egresados que no especificaron si hablaban alguna lengua indígena. La tendencia nuevamente es hacia la disminución de los porcentajes de no especificados, lo cual parece indicar que se produce una mejora en el llenado de los registros administrativos en lo que respecta a reflejar la condición de hablante de lengua indígena.

Sin embargo, aunque el porcentaje de casos no especificados es relativamente bajo en 2010 y también en 2015, en ambos casos fue superior al porcentaje de casos en los que se afirmó que la persona era hablante de lengua indígena, pues, en 2010, el porcentaje de hablantes de lengua indígena en la base de egresos fue del 2,27% y, en 2015, del 2,55% (véase el gráfico 3). Los porcentajes de hablantes de lengua indígena registrados son, en general, mucho más bajos que los porcentajes de dicha población en el país, lo cual nos hace dudar de la confiabilidad de esta información en lo que respecta a esta variable, tanto por parte de quien pregunta y registra como de quien responde, sobre todo si se tiene en cuenta que el nivel de pobreza de la gran mayoría de la población hablante de lengua indígena en México es más elevado que el de las personas no hablantes de lengua indígena, que su nivel de derechohabiencia en el ámbito de la salud es menor y que presentan mayores niveles de afiliación al Seguro Popular, por lo que es de esperar que acudan sobre todo a los hospitales públicos de la Secretaría de Salud.

Gráfico 3

México: cantidad anual de casos no especificados respecto de la variable “Hablante de lengua indígena” en los datos sobre egresos hospitalarios de la Secretaría de Salud, 2010-2015

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia sobre la de base de Dirección General de Información en Salud (DGIS), bases de datos estándar de mortalidad, 2012-2015.

5. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT)

La ENSANUT es una encuesta que comparten el INSP y la Secretaría de Salud para conocer el estado de salud y nutrición de la población mexicana. Esta encuesta, en su versión de 2016, constituye otra fuente de información sobre la población hablante de lengua indígena. Incluye preguntas referidas a la lengua indígena y la autoadscripción étnica, además de consultar si la persona encuestada habla español. Estas preguntas se realizaron a las personas de 3 o más años de edad. En 2016, se obtuvo una tasa de respuesta para el cuestionario de hogar del 77,9% y, en lo que respecta al cuestionario de individuos, la tasa de respuesta fue del 91,9%. Respecto a la variable de interés en este trabajo (hablantes de lengua indígena), en la fuente se observa un 5% de casos no especificados o información faltante.

La información es de tipo transversal y representativa a nivel nacional y por entidad federativa. También está diseñada para realizar inferencias sobre las localidades urbanas y rurales de cuatro regiones geográficas —Ciudad de México (y municipios conurbados del estado de México), Norte (estados de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas), Centro (Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Morelos y el resto del estado de México) y Sur (Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán)—; es decir, no cuenta con representatividad por municipio o localidad.

6. Consejo Nacional de Población y Vivienda (CONAPO)

El CONAPO es la institución encargada de la planificación demográfica en México. Ello implica que, entre sus funciones, se encuentran el análisis y la sistematización de la información sobre la población mexicana. Su quehacer demográfico también incluye las proyecciones de población, que permiten obtener una estimación de la población en años en los cuales no se cuenta con datos censales, dado que los censos solo se realizan cada diez años y los conteos de población, cada cinco.

Sin embargo, al revisar la información puesta a disposición del público por la institución, no se encontraron datos actualizados acerca de la población indígena en México. Solo se pudo localizar un documento con proyecciones de la población indígena de México y las entidades federativas, que data de 2005 e incluye proyecciones para 2010 (CONAPO, 2005). Resulta interesante la forma en que se estima la población indígena a partir del censo de 2000, pues se considera a la población indígena como:

1. Todos los integrantes de un hogar donde alguno de sus miembros habla alguna lengua indígena o se adscribe como perteneciente a algún grupo étnico.

2. Si todos los hablantes o adscritos en el hogar pertenecen al servicio doméstico, solo se clasifica a ellos como población indígena y al resto de los miembros del hogar se les considera como población no indígena.

3. Se incluyen dentro de la población indígena a los residentes en viviendas colectivas que hablan alguna lengua aborigen. (CONAPO, 2005, pág. 16).

Con respecto a las entidades, se consideraron estos dos criterios: “un porcentaje significativo de la población de la entidad debe ser indígena” y “un porcentaje significativo de la población indígena nacional debe residir en la entidad” (CONAPO, 2005, pág. 17).

Hasta la fecha, solo se han encontrado proyecciones de los hogares indígenas de México y las entidades federativas para el período 2010-2020, considerando la información sobre los individuos hablantes de lengua indígena que se encuentran en los hogares. Pero esta no constituye una población desagregada ni mucho menos, como se necesitaría en el caso de querer calcular las tasas de mortalidad de la población indígena del país.

7. Bases de datos para el análisis social (BDSocial Mx)

Finalmente, se presenta un recurso electrónico de creación reciente elaborado gracias a un proyecto conjunto entre el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), la sede de México de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y Alianza Cívica, A. C. Se trata de un acervo digital que integra bases de datos generadas en el país, que es posible descargar desde su página de Internet. Estas incluyen datos generados con recursos públicos, que hemos revisado directamente en las instituciones encargadas de su elaboración, como en el caso del INEGI, el CONAPO, el INSP y otras instituciones.

El acervo contiene las bases de datos, los cuestionarios, la ficha técnica y documentos adicionales en caso de que los hubiera. El principal problema es la falta de actualización del sitio con respecto a las últimas versiones de las encuestas (en el caso de la ENSANUT, cuando se consultó, el acervo ofrecía información hasta la versión de 2012[14]). Los enlaces del recurso redirigen a las páginas oficiales cuando corresponde. Se trata de una iniciativa interesante, pues su propósito es recopilar toda la información disponible tanto en las fuentes de información analizadas en este trabajo como en otras.

E. Conclusiones

A modo de conclusión, cabe mencionar que la pregunta más utilizada para captar a la población indígena en las diferentes fuentes de información revisadas es si el individuo habla alguna lengua indígena, aun cuando el uso de esta variable conlleva determinados problemas que se han descrito en este trabajo. Sobre esta base pueden realizarse estimaciones de la población de diferentes formas, que dependen de la información disponible en la fuente primaria.

En este sentido, se observa un porcentaje muy elevado de registros no especificados en las bases de datos sobre mortalidad y egresos, con la consecuente subestimación de la magnitud de estas tasas entre las poblaciones indígenas, las cuales ya de por sí se identifican de manera limitada como hablantes de lengua indígena. Este problema tiene que ver tanto con quien recopila la información como con quien la proporciona. En el primer caso, sería posible emitir una recomendación, a fin de sensibilizar y capacitar a todo el personal del ámbito de la salud que lleva a cabo estos registros, acerca de la importancia de incluir la variable siempre y de obtener la información de manera confiable. En el segundo caso, es muy posible que la situación de discriminación estructural a la que han sido sometidos los pueblos indígenas y sus lenguas en el país haya provocado una reacción defensiva que lleva a estas personas a negar que hablan una lengua indígena, lo que constituye un obstáculo muy importante para la obtención de información confiable en este ámbito.

Así mismo, la ausencia de información del IMSS y, en particular, del programa IMSS Bienestar en la base de egresos hospitalarios implica una subestimación importante de la morbilidad entre las poblaciones indígenas, ya que este programa atiende por mandato justamente a las poblaciones rurales y marginadas, donde más habitan los pueblos indígenas. No disponer de información confiable y completa a un nivel más desagregado impide contar con una panorámica completa de las condiciones de salud de los pueblos indígenas en el país, por lo que se estima que existe una subestimación de la magnitud de la mortalidad y la morbilidad entre la población indígena. Sería recomendable tener esto en cuenta al diseñar e implementar intervenciones de políticas de salud dirigidas a dicha población.

Entre las lagunas de información, cabe mencionar que, si bien existen proyecciones de la población indígena a nivel nacional o por entidad federativa, no se encontraron a nivel municipal ni de localidad. En el caso de este trabajo, contar con esas proyecciones permitiría llevar a cabo un análisis en profundidad de las localidades más afectadas en estados prioritarios, en los cuales se concentran los mayores niveles de desigualdad social de México (entre otras, las entidades federativas de Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Guerrero y Veracruz).

Aunque recientemente el INEGI ha incorporado algunas variables de identificación étnico-racial, debería también hacerse el esfuerzo de incluirlas en todos los registros administrativos. Al mismo tiempo, es necesario determinar cuál es la mejor forma de contar a la población indígena y aplicar este método, para dar visibilidad a dicha población y a sus principales problemas de salud. Por ello es crucial mejorar el registro y la incorporación de los datos que permitan a los investigadores avanzar en la comprensión de las desigualdades en materia de salud, mediante una combinación de indicadores que incluyan características económicas y de acceso a vivienda, salud o educación. Ello redundará en la elaboración de insumos que ayudarán a los encargados de la toma de decisiones, los asesores y las entidades gubernamentales a diseñar programas, políticas, acciones y presupuestos dirigidos a reducir las desigualdades que afectan a la población indígena de México.

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Vázquez Sandrin, G. y M. F. Quezada (2015), “Los indígenas autoadscritos de México en el censo 2010: ¿revitalización étnica o sobreestimación censal?”, Papeles de Población, vol. 21, N° 86.

Zolla, C. (2016), “Sistema real de atención a la salud en México”, Antropología médica e interculturalidad, R. Campos (coord.), Ciudad de México.

[1] Matemático, Máster en Demografía y Doctor en Ciencias en Sistemas de Salud, Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana, Xalapa (México). Correo electrónico: jmunos@colmex.mx.

[2] Licenciada en Historia, Máster en Salud Pública y Doctora en Antropología Sociocultural con enfoque hacia Antropología Médica, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-Unidad Pacífico Sur), Oaxaca (México). Correo electrónico: sesia@ciesas.edu.mx.

[3] Licenciada en Comunicación Social, Máster en Estudios Latinoamericanos y Doctora en Ciencias Antropológicas, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-Unidad Pacífico Sur), Oaxaca (México). Correo electrónico: linaberrio@gmail.com.

[4] Antropólogo Físico, Máster en Ciencias Sociales, Doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social y Catedrático del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), adscrito al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-Unidad Pacífico Sur), Oaxaca (México). Correo electrónico: pyamo@yahoo.com.mx.

[5] En este artículo, se utilizan los términos “autoadscripción”, “autoidentificación” y “autodefinición” como sinónimos.

[6] Además de compactar, uniformar o disfrazar las diferencias internas que pueden existir en la población así identificada.

[7] La categoría de “hogar” cuenta con diferentes variantes de conceptualización. Algunas de ellas se comentan en el texto de Rubio (2014): “Héctor Díaz Polanco alguna vez propuso añadir un criterio colectivo a los generalmente utilizados, como preguntar “¿cuáles son los idiomas que se hablan en este hogar?”, para así involucrar al “grupo doméstico” o “unidad hogareña” (Díaz, 2009: 9). Tanto la CDI como el INEGI y el CONAPO han incluido en sus censos a los familiares que comparten el hogar con un hablante de lengua indígena. Solo el CONAPO, sin embargo, considera indígenas a los familiares que viven con un indígena por autoadscripción”.

[8] Como se analizará más adelante, en el caso de los datos de mortalidad, los “no especificados” presentan porcentajes muy elevados.

[9] Además de recurrir a estas dos vías, se consultó a colegas del ámbito académico para obtener recomendaciones acerca de alguna fuente conocida de información.

[10] La Encuesta Intercensal sustituyó en 2015 el Conteo de Población que anteriormente se realizaba a mitad del período entre censos, al cumplirse cinco años del censo anterior. No obstante los límites que presentan las encuestas con respecto a un censo generalizado, en esta Encuesta Intercensal se trabajó con un marco muestral robusto, por lo que se considera que ofrece la estimación más fiable y actualizada con la que se cuenta en México en la actualidad, hasta que estén disponibles los resultados del censo de 2020.

[11] A finales de 2018, la CDI cambió su nombre a Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

[12] En los casos de esta categoría y de la variable “Comisión para el Desarrollo de Pueblos Indígenas”, no se encontró información sobre la manera en la que fueron generadas.

[13] En este caso, la base de datos muestra dos posibles respuestas: “No responde” y “No sabe”. Estas dos opciones se unificaron para conformar la categoría “No especificado”. Los porcentajes diferenciados en 2010 son de un 4,5% para “No responde” y de un 1,7% para “No sabe”, mientras que en 2015 son de un 3,7% para “No responde” y de un 1,1% para “No sabe”.

[14] La consulta fue realizada el 26 de septiembre de 2019.

Artículo 5

Panorama del déficit de fecundidad en América Latina a partir de dos indicadores

Angelita Alves de Carvalho[1]

Gabriela Marise de Oliveira Bonifácio[2]

Ingrid Gomes Dias da Costa[3]

Recibido: 04/11/2019

Aceptado: 03/02/2020

Resumen

El objetivo de este trabajo es estimar el déficit de fecundidad en América Latina. Para ello se utilizaron datos de las Encuestas Demográficas y de Salud, las Encuestas de Salud Reproductiva y otras encuestas específicas a nivel nacional para 14 países latinoamericanos. El déficit de fecundidad se estimó mediante dos criterios: el número ideal de hijos menos el número de hijos sobrevivientes (indicador 1) y la intención de tener hijos en el futuro (indicador 2). Los resultados evidencian la difusión del fenómeno en América Latina: el porcentaje de mujeres con déficit de fecunddad a partir del indicador 1 varió entre el 20% y el 40%, mientras en el caso del indicador 2 se situó en alrededor del 12%. También se constató que el déficit de fecundidad es mayor en los países donde la fecundidad es más baja (indicador 1) y en aquellos donde las desigualdades de género son mayores.

Palabras clave: preferencias de fecundidad, déficit de fecundidad, desigualdad de género, América Latina.

Abstract

The objective of this paper is to estimate the level of below-replacement fertility in Latin America, using data from demographic and health surveys, reproductive health surveys and other specific national surveys for 14 Latin American countries. The level of below-replacement fertility was estimated using two criteria: the ideal number of children minus the number of surviving children (indicator 1) and the intention to have children in the future (indicator 2). The results show the spread of this phenomenon in Latin America: the percentage of women with below-replacement fertility as measured by indicator 1 ranged from 20% to 40%, while in the case of indicator 2 it was around 12%. It was also found that fertility is further below replacement levels in countries where fertility is lower (indicator 1) and where gender inequalities are greater.

Keywords: fertility preferences, below-replacement fertility, gender inequality, Latin America.

Résumé

Cet article a pour but d'estimer le déficit de fertilité en Amérique latine. Pour ce faire, nous avons utilisé des données issues d'enquêtes démographiques et sanitaires, d'enquêtes sur la santé reproductive et d'autres enquêtes nationales spécifiques pour 14 pays d'Amérique latine. Le déficit de fécondité a été estimé sur la base de deux critères: le nombre idéal d'enfants moins le nombre d'enfants survivants (indicateur 1) et l'intention d'avoir des enfants à l'avenir (indicateur 2). Les résultats mettent en évidence la propagation du phénomène en Amérique latine: le pourcentage de femmes présentant un déficit de fécondité selon l'indicateur 1 varie entre 20 et 40 %, tandis qu'il est d'environ 12 % pour l'indicateur 2. Un autre constat est que le déficit de fécondité est plus important dans les pays où la fécondité est plus faible (indicateur 1) et là où les inégalités entre les sexes sont plus marquées.

Mots clés: préférences en matière de fertilité, déficit de fertilité, inégalité entre les sexes, Amérique latine.

Introducción

América Latina está pasando por diversas transformaciones en el campo de la reproducción. Según estimaciones de las Naciones Unidas (2019), en el quinquenio 2015-2020 el nivel de fecundidad de algunos países —como el Brasil, Costa Rica, Chile, Colombia y el Uruguay— fue inferior a la tasa de reemplazo de la población. Asimismo, ha aumentado el uso de la anticoncepción moderna y ha disminuido la progresión hacia la maternidad, de manera que la proporción de mujeres que se convierten en madres en la región se ha reducido (Rosero-Bixby, Castro-Martín y Martín-García, 2009; Bonifácio, 2016). Así, se observa que gran parte de los países latinoamericanos avanza hacia una descendencia cada vez más reducida, como ya ocurre en los países desarrollados. Este nuevo contexto da lugar a situaciones que, hasta ahora, no eran frecuentes en la sociedad latinoamericana. Es el caso, por ejemplo, de las personas —o parejas— que tienen menos hijos de los que querrían, generando lo que se denomina déficit de fecundidad, que expresa la brecha entre el número de hijos que se desean y los que efectivamente se tienen, como una posible demanda reprimida de estos (Esping-Andersen, 2013).

Si bien el déficit de fecundidad se investiga desde hace algún tiempo en los países desarrollados, especialmente en Europa, la incidencia del fenómeno en América Latina ha sido poco explorada. Esto se debe a que el déficit de fecundidad es la tendencia opuesta a la que ha prevalecido en el contexto reproductivo de la realidad latinoamericana, que es la alta fecundidad adolescente (Rodríguez Vignoli, 2017). Esta se traduce en un exceso de fecundidad (Casterline y Mendoza, 2009), situación en que las mujeres tienen más hijos de los que desean (fecundidad discrepante positiva). Además, el fenómeno está asociado con la reducción de la fecundidad, en particular cuando esta se encuentra cerca del nivel de reemplazo o por debajo de este. El déficit de fecundidad también se relaciona con un estilo de vida que tiene como antecedentes la postergación del inicio de la reproducción (Rosero-Bixby, Castro-Martín y Martín-García, 2009; Castanheira y Kohler, 2016) y el aumento de la competencia entre las opciones individuales (Coutinho y Golgher, 2018). De este modo, el déficit de fecundidad en América Latina fue objeto de algunos estudios específicos (Hakkert, 2004; Chackiel, 2004; Peri y Pardo, 2008; Wong, 2009; González, 2015; Carvalho, Wong y Miranda-Ribeiro, 2016) recién en las últimas décadas, cuando algunos países de la región comenzaron a presentar dichas características. En este sentido, la realidad de América Latina es cada vez más compleja, pues los problemas de alta fecundidad adolescente y demanda insatisfecha de anticoncepción—que generan un exceso de hijos con respecto al número deseado— ahora coexisten con el problema del déficit de fecundidad.

Es importante destacar que las dos discrepancias citadas se refieren a la incapacidad de las personas para poner en práctica sus preferencias reproductivas. Tanto el exceso como el déficit de fecundidad están influidos por circunstancias políticas o sociales que interfieren con la planificación de la fecundidad y terminan por impedir la realización de las preferencias reproductivas de las personas o las parejas. Así, es imprescindible que se elaboren políticas públicas para mitigar ambos fenómenos. Al ser menos común en la región e implicar un conjunto más amplio de acciones, el déficit de fecundidad requiere políticas que incidan en todos los factores que conducen a que la fecundidad real sea inferior a la ideal y no solo se concentren en los obstáculos económicos (Bongaarts, 2008). Se considera que los estudios que permitan un conocimiento y una comprensión más profundos del déficit de fecundidad en la región cobrarán cada vez más importancia, pues este nuevo fenómeno continuará avanzando en los países en las próximas décadas. En este escenario, las preguntas que guiaron este estudio fueron: ¿cuál es la proporción de exceso de fecundidad y déficit de fecundidad en cada uno de los países analizados?, ¿cuál es el déficit de fecundidad en los países de América Latina a partir de cada indicador?, ¿están estos indicadores relacionados entre sí en los países analizados?, ¿qué países presentan el mayor y el menor déficit de fecundidad?, ¿existe una relación entre el déficit de fecundidad y el nivel de fecundidad de los países de la región?, ¿están las relaciones de género vinculadas con el déficit de fecundidad en ambos indicadores? Vista la complejidad del tema estudiado, se podrían hacer muchas otras preguntas para entender mejor los factores que conducen a la existencia del déficit de fecundidad en los diferentes países analizados.

Para responder a las preguntas que guían este estudio, el objetivo general de este artículo es analizar las preferencias reproductivas en América Latina desde la perspectiva del déficit de fecundidad, que se tratará mediante dos indicadores diferentes. Estos se basan en los siguientes criterios: la comparación entre el número ideal de hijos que la mujer querría tener y el número de hijos que efectivamente tiene (indicador 1) y la intención de tener hijos en el futuro (indicador 2). Como se describe en la sección metodológica, estos indicadores se basan en datos sobre preferencias reproductivas bastante distintas, lo que incide directamente en los resultados de su estimación y determina la relevancia de su comparación.

Asimismo, se procura:

•Analizar las discrepancias en materia de fecundidad, a partir de la estimación del exceso y el déficit de fecundidad de cada país analizado.

•Estimar y comparar el déficit de fecundidad a partir de cada uno de los indicadores sugeridos, realizando inferencias sobre la correlación entre ellos.

•Analizar la relación de ambos indicadores de déficit de fecundidad con el nivel de fecundidad de los países.

•Verificar la existencia de correlación entre las relaciones de género y el déficit de fecundidad conforme ambos indicadores en los países analizados.

•Determinar las particularidades y las similitudes de las preferencias reproductivas, especialmente del déficit de fecundidad, entre los países latinoamericanos y en comparación con estudios ya realizados en países desarrollados.

A. Déficit de fecundidad: una breve reseña

El concepto de discrepancias en materia de fecundidad está presente en los debates sobre fecundidad desde la década de 1960, cuando se realizaron las primeras encuestas de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) (Knowledge, Attitudes and Practices (KAP)) relativas a la anticoncepción. Esas encuestas mostraron una brecha entre las intenciones reproductivas y el comportamiento anticonceptivo, en ese caso porque muchas mujeres tenían más hijos con respecto al número ideal declarado (Casterline y Sinding, 2000; Bradley y Casterline, 2014). Este hecho, popularizado por la expresión “brecha CAP” (KAP-GAP), fue objeto de numerosos estudios, sobre todo después de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994, cuando quedó en evidencia la importancia de elaborar políticas públicas orientadas a la planificación familiar para ayudar a las parejas y a las personas a realizar sus preferencias reproductivas, lo que en ese momento significaba evitar los embarazos no deseados (Westoff, 1978 y 1988; Westoff y Bankole, 1996, Casterline y Sinding, 2000).

En la actualidad, esta temática sigue siendo objeto de investigación de muchos estudios (Cleland y otros, 2006; Bongaarts y otros, 2012; Darroch y Singh, 2013; Cleland y Shah, 2013; Peterson, Darmstadt y Bongaarts, 2013), debido a la creciente importancia atribuida a la realización de las preferencias reproductivas en el bienestar de las personas. Asimismo, constituye un punto importante de la agenda política internacional, pues integra los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y, más recientemente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (Naciones Unidas, 2015).

Sin embargo, en los estudios actuales se ha tratado de medir el déficit de fecundidad porque, en diferentes países desarrollados, la reducción de la fecundidad a niveles inferiores a los de reemplazo no estuvo acompañada por una correspondiente reducción en las intenciones de fecundidad (Bongaarts, 2001 y 2002). Algunos estudios relativos al contexto europeo muestran que, a pesar de la disminución de la fecundidad a niveles inferiores a 2,1 hijos por mujer, las personas continúan respondiendo que querrían tener, por lo menos, dos o más hijos. En otras palabras, en los países desarrollados todavía existe un patrón normativo de preferencia por un promedio de dos hijos (Goldstein, Lutz y Testa, 2003; Hagewen y Morgan,2005; Adsera, 2006; Sobotka y Beaujouan, 2014).

Es precisamente esta divergencia entre el número de hijos que se desea y el número de hijos que se tiene realmente la que genera el déficit de fecundidad, que se define mediante la observación de que la fecundidad real es menor que el número ideal de hijos o el número de hijos que las personas desearían tener a lo largo de su vida (Philipov y otros, 2009). A menudo, esta discrepancia se ha conceptualizado como “necesidad insatisfecha de hijos”. Se asume, por lo tanto, que la idea de déficit de fecundidad se parece a la de fecundidad no planificada pero en sentido contrario: mientras la fecundidad no planificada mide el excedente de hijos cuando el número ideal es menor que el número de hijos que efectivamente se tiene, el déficit de fecundidad determina la falta, es decir, cuando el número ideal es mayor que el número de hijos que realmente se tiene.

Casterline y Han (2017) denominan este fenómeno “déficit de fecundidad”, es decir, los casos en que las personas no alcanzan sus metas e intenciones reproductivas. Según los autores, esto revela una incapacidad para lograr las preferencias de fecundidad. En este estudio se utiliza “déficit de fecundidad” y, para los casos en que habría un exceso de hijos, se adopta la expresión “exceso de fecundidad”.

El fenómeno del déficit de fecundidad se ha investigado ampliamente en los países europeos (Adsera, 2006; Philipov, 2009; Esping-Andersen, 2013; Harknett y Hartnett, 2014), los Estados Unidos (Morgan y Rackin, 2010; Beaujouan y Berghammer, 2017) y en algunos países asiáticos (Chen y Yip, 2017; Casterline y Han, 2017), en los que estas tendencias se registran ya desde hace algunas décadas. En esos estudios no solo se procuró medir sino también entender los factores que conducen a la no realización de la fecundidad deseada, que supone la comprensión de la existencia de diversos obstáculos (Bongaarts, 2008).

Los primeros serían los obstáculos económicos relacionados con los altos costos (directos e indirectos) de los niños y la (in)estabilidad y otras características del empleo que pueden facilitar o dificultar la conciliación con la vida familiar. También se menciona el elemento de conciliación (trade-off) entre la profesión y la familia que experimentan muchas mujeres y que se traduce en la disminución, o no realización, del tamaño ideal de familia (Fiori y otros, 2013; Kreyenfeld y Andersson, 2014). Luego estarían los obstáculos sociales, relacionados con el creciente individualismo, los deseos individuales de cada uno de los cónyuges y su poder de negociación y los papeles de género culturalmente definidos, que se reflejan en la dificultad para conciliar el trabajo con el cuidado de los hijos (Mills y otros, 2008; Rijken y Liefbroer, 2009; Iacovou y Tavares 2011).

Específicamente, es importante subrayar que la relación entre los papeles de género y las preferencias reproductivas ha cobrado importancia debido a su gran influencia en la fecundidad. Mills y otros (2008), por ejemplo, señalan que si bien las mujeres han alcanzado altos niveles de educación y participación en el mercado de trabajo en muchos países occidentales, sobre todo en Europa, su papel y la división del trabajo doméstico dentro de las familias se han mantenido constantes. Esto reduce cada vez más las intenciones reproductivas, que se traducen en el bajo nivel de fecundidad de esos países. Los autores comparan la situación de dos países muy diferentes a este respecto: Italia y los Países Bajos. Mientras en el primero prevalecen una elevada desigualdad de género y baja fecundidad, en el segundo la realidad es más equitativa y el nivel de fecundidad más alto. La conclusión es que los contextos con bajos niveles de igualdad de género, tanto dentro como fuera del ámbito familiar, favorecen la disminución de las intenciones reproductivas de las mujeres e incluso la renuncia a la maternidad. Estos dos factores, a su vez, determinan la disminución de la fecundidad, como en el caso de Italia.

Arpino, Esping-Andersen y Pessin (2015) también examinan la desigualdad de género y sus repercusiones en la fecundidad. Según los autores, la transición de los papeles de género tradicionales a relaciones más equitativas se divide en tres fases. La primera fase se caracteriza por el predominio de los papeles de género tradicionales y la aceptación de una división desigual del trabajo por parte de la mayoría de la población. En esta fase, la fecundidad tiende a ser elevada y las uniones más estables. La fase intermedia se caracteriza por un cambio en el comportamiento de las mujeres, en particular, que abandonan la identidad de “amas de casa”, mientras en la sociedad todavía se mantienen los valores tradicionales. Es por este motivo que en esta fase las actitudes más equitativas en las relaciones de género tienen un impacto negativo en la reproducción y culminan en el nivel más bajo de fecundidad. La última fase prevé la plena participación de toda la sociedad en una perspectiva más equitativa de los papeles de género. Así, con mayor igualdad de oportunidades dentro de la sociedad, los niveles de fecundidad vuelven a aumentar y a presentar valores más altos. No obstante, como indican los autores, la velocidad y el ritmo de esta transición dependerán de las condiciones más o menos favorables dentro de cada país.

En la actual fase intermedia de muchos países, la mujer experimenta el dilema de las aspiraciones competitivas, en el que, por una parte, están las aspiraciones de realización en el mercado de trabajo y, por otra, las aspiraciones familiares y de sus parejas. Según McDonald (2013), si bien es necesario cierto nivel de compromiso para hacer frente a este dilema, en los contextos en que este es elevado las mujeres suelen optar por sacrificar las aspiraciones familiares. Esto las conduce a establecer relaciones poco duraderas y a tener menos hijos de los que querrían o incluso renunciar a la maternidad. De ahí que en muchos países se registren bajos niveles de fecundidad, porque cuando las mujeres deben elegir entre la familia y el trabajo, la familia suele ser la más sacrificada y esto afecta directamente la formación de la descendencia. Es por ello que, según Myrskylä, Kohler y Billari (2011), el desarrollo socioeconómico por sí solo no es capaz de invertir el curso de la disminución de la fecundidad, sino que depende de la igualdad de género. En otras palabras, se prevé que los países que avanzan rápidamente en otras dimensiones del desarrollo socioeconómico pero no en la igualdad de género, que permitiría a las mujeres conciliar el trabajo con la familia, sufrirán una disminución constante del nivel de fecundidad.

En general, independientemente de la realidad socioeconómica, los países de América Latina siguen siendo más tradicionales en relación con las actitudes de género que los países europeos de baja fecundidad (Chioda, 2016). Esto obedece a que, si bien desde el comienzo de la transición de la fecundidad se han producido importantes avances en los niveles de escolarización y participación de la mujer en el mercado de trabajo, los papeles de género tradicionales—que están bien definidos en la región— siempre han sido grandes obstáculos para el disfrute de la conquista femenina del mercado laboral (Chant, 2002). Aunque por una parte fue una conquista, por otra acarreó el aumento de la carga de trabajo de la mujer, que pasó a tener dobles y triples jornadas. Chant (2002) presenta algunos ejemplos de la realidad de las mujeres con doble jornada en diferentes países latinoamericanos. Este contexto fue un factor importante en el aumento de los divorcios entre finales del siglo XX y principios del siglo XXI y la disminución de la fecundidad.

También con respecto a los factores sociales que influyen en la brecha entre la fecundidad deseada y la fecundidad real, en algunos estudios se menciona el efecto del aumento de la educación femenina y, como consecuencia, la dificultad para encontrar una pareja adecuada, así como las rupturas matrimoniales y la inestabilidad y calidad de las relaciones (Rijken y Thomson, 2011; Creighton y otros, 2013), que dificultan la realización de las preferencias reproductivas. Por último, Bongaarts (2008) destaca la incapacidad biológica para concebir o llevar un embarazo a término, sobre todo entre las mujeres menos jóvenes, pues se sabe que la infertilidad y los embarazos de riesgo aumentan con la edad. Según Iacovou y Tavares (2011), también es importante destacar que, debido a que las preferencias reproductivas no son estáticas a lo largo del ciclo de vida, la postergación de la maternidad a edades más avanzadas y la mayor competencia con otras actividades en la sociedad moderna, en que las parejas tienen preferencias y prioridades simultáneas (algunas de ellas mutuamente excluyentes), hacen que la mujer termine su período reproductivo con menos hijos de los que inicialmente constituían el tamaño ideal de su descendencia.

Específicamente, en lo que respecta a la estimación y el análisis del déficit de fecundidad en los diferentes países a partir de la comparación de datos de cohortes, en algunos estudios se muestra que las brechas entre el número ideal y el número real de hijos en el Reino Unido y los Estados Unidos varían de 0,2 a 0,3 hijos por mujer. En otras palabras, si las mujeres tuvieran los hijos que realmente desean, la fecundidad en esos países aumentaría entre 0,2 y 0,3 hijos por mujer (Morgan y Rackin, 2010; Smallwood y Jefferies, 2003). En la comparación a nivel europeo, esas diferencias son relativamente moderadas. Según la región, las brechas de fecundidad pueden ser mucho mayores: por ejemplo, en los países del sur de Europa estas son casi el doble de las registradas en los países nórdicos. Teniendo en cuenta el número deseado de hijos y la tasa global de fecundidad (TGF), las brechas fueron de alrededor de 0,3 y 0,4 hijos por mujer, cifras que se consideran como promedio europeo (Sobotka y Lutz, 2010).

En el caso de América Latina, algunos estudios para países específicos evidenciaron un porcentaje significativo de mujeres que, al final de su vida reproductiva, tenían menos hijos sobrevivientes con respecto a su tamaño ideal de familia. Por ejemplo, Chackiel (2004) identificó ese perfil en México, donde la TGF en 1997 era de 2,8 hijos por mujer, mientras el número ideal era 3,2. En el caso del Uruguay, Peri y Pardo (2008) verificaron que, en 2004, 1 de cada 3 mujeres terminaba su período reproductivo con menos hijos de los deseados. Según Hakkert (2004), el porcentaje de mujeres de 45 a 49 años de edad que tenían menos hijos de los deseados ascendía al 41,1% en la República Dominicana (en 1996) y al 40% en Guatemala (en 1998). En ambos casos ese porcentaje era superior al de las mujeres que tenían más hijos de los deseados, que era del orden del 34,9% y el 33,7%, respectivamente. Les siguen Haití, con un porcentaje de mujeres con déficit de fecundidad del 35,3% en 1995; Colombia, donde ese porcentaje era del 31,8% ese mismo año; el Estado Plurinacional de Bolivia, con un 25,3% en 1998, y Nicaragua, con un 24,2% de las mujeres de 45 a 49 años de edad, también en 1998. A pesar de ser elevados, estos porcentajes no superan los de las mujeres de 45 a 49 años de edad que tienen más hijos con respecto al tamaño familiar ideal declarado, que ha sido la tendencia predominante en la región. Hakkert (2004) también destaca que la incidencia del déficit de fecundidad es mayor entre las mujeres que viven en áreas urbanas, tienen altos niveles educativos y pertenecen a los estratos económicos más altos. Wong (2009) encontró resultados similares para la República Dominicana (muestra correspondiente a 2007), que indicaban que las mujeres de diferentes clases sociales —excepto las de menor nivel educativo— tienen menos hijos de los deseados. La autora muestra, además, que en los casos de Colombia (muestra de 2005) y el Perú (2000) esto ocurre solo en el grupo de mujeres con altos niveles educativos.

En particular en el caso del Brasil, algunos estudios muestran una inversión del fenómeno de la discrepancia de fecundidad entre 1996 y 2006(González, 2015; Carvalho, Wong y Miranda-Ribeiro, 2016). Carvalho, Wong y Miranda-Ribeiro (2016) muestran que, en 1996, el 37% de las mujeres de 35 a 49 años de edad casadas y en unión tenía más hijos de los que querría, mientras solo el 24% presentaba déficit de fecundidad. Diez años más tarde, el 32% tenía menos hijos de los que querría y el 25% presentaba exceso de fecundidad. En otras palabras, el porcentaje de brasileñas con déficit de fecundidad superó el de aquellas que tenían más hijos de los que querrían. El estudio también muestra que, a pesar de observarse en todos los sectores, el déficit de fecundidad es relativamente mayor entre las mujeres que viven en áreas urbanas, de las regiones Sur y Sudeste, alcanzaron altos niveles educativos y no tienen hijos o tienen solo uno. Con respecto a la media nacional, si bien las autoras evidenciaron la existencia de un patrón de deseo de dos hijos, la fecundidad real se encuentra por debajo de ese número, lo que demuestra el predominio del déficit de fecundidad para el país en su conjunto.

En este contexto, se subraya la importancia de estimar los indicadores del déficit de fecundidad en los países latinoamericanos, que representan realidades tan distintas, con miras a garantizar los derechos reproductivos y el mejoramiento de la agenda de políticas públicas directamente orientadas a la realización satisfactoria de la fecundidad deseada de las personas, en particular las mujeres. A partir de un conocimiento efectivo del problema y de su alcance, es posible elaborar estrategias más eficaces para reducir la brecha entre la fecundidad real y la fecundidad deseada. Esto también es necesario porque —según la experiencia de diversos países con la fecundidad más baja posible (lowest low fertility)[4], en particular los de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)—las políticas para aumentar la fecundidad no han sido tan eficaces como se esperaba (Héran, 2013; Thévenon y Luci-Greulich, 2013)[5].

B. Metodología

1. Público objetivo

Se analizaron los datos de las mujeres de 44 a 48 años de edad en el momento de la encuesta. Se verificó que una proporción muy pequeña de mujeres en los países latinoamericanos tiene hijos nacidos vivos después de esta edad. Al igual que en el estudio de Casterline y Han (2017), se excluyó al grupo de 49 años pues, de acuerdo con los autores, habría una tendencia a que estas mujeres declaren erróneamente que tienen 50 años. A pesar de que esto probablemente también ocurre entre aquellas de 48 y 47 años, los autores consideran que ocurriría en una proporción menor.

Asimismo, se optó por utilizar solo los datos de las mujeres casadas o en unión, a fin de garantizar la comparabilidad entre todos los países. Esto se debe a que las preguntas sobre las preferencias de fecundidad de las encuestas no siempre se plantean a todas las mujeres de la muestra, sino que se concentran especialmente en aquellas casadas o en unión. Además, se considera que las mujeres casadas o en unión son más precisas en sus respuestas sobre el deseo y las intenciones de tener hijos que las mujeres en los demás estados civiles, pues gran parte de la planificación y los nacimientos de los hijos tienen lugar en el marco de una pareja.

2. Indicadores de preferencias de fecundidad

En primer lugar, se optó por presentar un análisis general del número de hijos deseados y el número de hijos sobrevivientes para cada país analizado. Posteriormente, se estimaron las discrepancias en materia de fecundidad, tanto positivas como negativas. Si bien la estimación del exceso de fecundidad no es el objeto de este trabajo, contribuyó al análisis de las preferencias de fecundidad en la región. Esta se realizó mediante el cálculo de la diferencia entre el número ideal de hijos y el número de hijos sobrevivientes; si este último era superior, la mujer se clasificaba en el grupo con exceso de fecundidad.

En segundo lugar, como objetivo de este artículo, se analizaron los indicadores de déficit de fecundidad. En la literatura se encontraron dos indicadores principales para estimarlo:

i) Indicador 1:deriva de la medida del número ideal de hijos que la mujer querría tener, calculado mediante dos preguntas específicas presentes en las bases de datos utilizadas. La primera se dirigió a las mujeres que ya tenían hijos y la segunda a las mujeres que aún no tenían hijos nacidos vivos en la fecha de la encuesta: “Si pudiera volver al momento en que no tenía hijos y pudiera elegir exactamente el número de hijos que tendría en toda su vida, ¿cuántos serían?”; y “Si pudiera elegir exactamente el número de hijos que tendría en toda su vida, ¿cuántos serían?”.

Si al comparar las respuestas a esas dos preguntas con el número de hijos sobrevivientes de la mujer esta tenía menos hijos con respecto al número declarado ideal, se la clasificaba en el grupo con déficit de fecundidad.

En algunos contextos, por razones culturales, las mujeres no dan una respuesta numérica a las preguntas sobre el número ideal de hijos y pueden responder, por ejemplo, “mi deseo es tener tantos hijos como Dios quiera”. Entre los países analizados, este tipo de respuesta no numérica fue poco frecuente, menos del 4%. Siguiendo las recomendaciones de Casterline y Han (2017), se optó por excluir esas observaciones del análisis.

ii) Indicador 2: otra forma de analizar las preferencias futuras o intenciones se basa en las preguntas sobre las intenciones prospectivas en materia de hijos, incluso porque, lamentablemente, en algunos países no hay una pregunta directa sobre el número ideal de hijos en las bases de datos disponibles. El segundo indicador de déficit de fecundidad sería una alternativa para determinarlo, pues se basa en la pregunta sobre las preferencias futuras de hijos: “¿Le gustaría tener un(otro) hijo o preferiría no tener (más) hijos?”. Si la mujer responde que desea tener otro hijo, se la clasifica en el grupo con déficit de fecundidad, pues se considera que probablemente no tendrá ese hijo en el futuro debido a su edad.

Como recomiendan Casterline y Han (2017), a fin de minimizar algunos de los principales problemas que esta pregunta puede provocar en la estimación del déficit de fecundidad, se excluyó del análisis a las mujeres con las siguientes características: no respondieron a esta pregunta o marcaron alguna de las posibilidades de respuesta disponibles (estériles, esterilizadas, que nunca tuvieron relaciones sexuales e indecisas). En particular, si bien sería interesante analizar este último grupo, se considera que su inclusión causaría un sesgo. Debido a que hasta el momento esas mujeres no saben o no han definido su futuro deseo de tener hijos, ambas clasificaciones (con o sin déficit de fecundidad) serían erróneas.

Después de definir estos indicadores, es importante hacer una breve reflexión sobre las diferencias metodológicas que presentan y su influencia en la estimación del déficit de fecundidad. En el caso del indicador 1, existe consenso en la literatura acerca de que el número ideal de hijos se refiere a ideales colectivos y cuestiones normativas y, por lo tanto, no refleja adecuadamente el deseo individual de hijos, pues el número de hijos deseados suele estar sobrestimado (Livi-Bacci, 2001; De Santis yLivi-Bacci, 2001; Philipov y Bernardi, 2012; Basten y Gu, 2013; Carvalho, Wong y Miranda-Ribeiro, 2016). De esta manera, como señalan Casterline y Han (2017), es posible que el déficit de fecundidad también esté sobrestimado. No obstante, como destacan los autores, esta medida proporcionaría una indicación directa y válida de la magnitud del déficit de fecundidad.

En el caso del indicador 2, los autores señalan que, en general, la pregunta sobre la intención de tener hijos en el futuro tiende a subestimar el déficit de fecundidad. Esto se debe a que las mujeres que aún no alcanzaron el número deseado de hijos pero llegaron a la conclusión de que ya no tienen la capacidad fisiológica para tener otro hijo podrían decir que no lo desean, respuesta que refleja resignación y no deseos reales. Además, las mujeres también pueden tener circunstancias materiales y de pareja que hacen que el futro embarazo sea inviable o inalcanzable, a pesar de su preferencia por tener otro hijo.

En síntesis, ambos indicadores presentan limitaciones para la estimación del déficit de fecundidad: mientras el indicador 1 proporciona estimaciones más elevadas, el indicador 2 señalaría una menor incidencia del fenómeno. No obstante, se considera que el uso de estos dos indicadores enriquece el análisis sobre la fecundidad contemporánea. Como han demostrado otros autores (Bongaarts, 1990; Bradley y otros, 2012; Casterline y Han, 2017), estos dos indicadores de actitud se utilizan ampliamente en las encuestas sobre fecundidad, que han confirmado su validez y utilidad.

Una vez estimados, se midió el grado de correlación entre los dos indicadores. Por último, estos indicadores también se analizaron en comparación con otras medidas: la TGF, proporcionada por las Naciones Unidas (2017), y el índice mundial de disparidad entre los géneros, proporcionado por el Foro Económico Mundial (Foro Económico Mundial, 2016)[6]. La elección de la TGF se debe a que, como se ha demostrado, el déficit de fecundidad tiende a ser mayor en los países de menor fecundidad. A partir de las diferencias significativas en los niveles de fecundidad de los países analizados, es posible distinguir tres grupos diferentes: países con una TGF inferior a 2,1 hijos por mujer, aquellos con una fecundidad comprendida entre 2,2 y 3 hijos por mujer (la mayoría de los países analizados) y países con una TGF superior a 3 hijos por mujer.

Con respecto al índice mundial de disparidad entre los géneros (Global Gender Gap Index), varios estudios indican que las personas en contextos de menor desigualdad de género (tanto en el macro como en el microambiente) tenderían a presentar una mayor realización de las preferencias reproductivas y, en consecuencia, un menor déficit de fecundidad (Mills y otros, 2008; Rijken y Liefbroer, 2009; Iacovou y Tavares, 2011; Fiori y otros, 2013; Kreyenfeld y Andersson, 2014). Este índice no estaba disponible para Guyana y Haití.

3. Base de datos

En primer lugar, se analizaron los datos de las Encuestas Demográficas y de Salud (EDS), las Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS), las Encuestas de Salud Reproductiva (ESR) y encuestas específicas de cada país realizadas por institutos de investigación locales, que tenían información sobre las preferencias de fecundidad. Se utilizaron los datos de las ediciones y encuestas más recientes disponibles para todos los países de América Latina, que incluyen datos de 2006 a 2015. Lamentablemente, al no haber una estandarización de los años de realización de estas encuestas, la comparación entre los países no siempre fue sólida, debido a la diferencia temporal en el cálculo de los indicadores. Aun así, y debido a la no disponibilidad de datos más recientes, se considera que este factor no comprometió los análisis hasta el punto de impedir la realización de este estudio.

En el cuadro 1 se detallan los países, el tipo de encuesta disponible, el año en que esta fue realizada, los indicadores que es posible medir y el público objetivo. Si bien el objetivo inicial era estudiar todos los países de América Latina, no se encontró información para Chile (no se dispone de datos específicos sobre el tema) ni para la República Bolivariana de Venezuela (si bien hay Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados disponibles, la sección sobre las preferencias reproductivas no se divulgó en los microdatos). Después de verificar las preguntas sobre las preferencias de fecundidad disponibles en las bases de datos, se observó que en el caso de la Argentina, Belice, Costa Rica, El Salvador y Panamá solamente sería posible el cálculo del indicador 2, ya que la encuesta (MICS) no incluye las preguntas necesarias para el cálculo del indicador 1 (número de hijos deseados). En consecuencia, para garantizar la calidad de la comparación entre los países, se decidió excluir al grupo mencionado del análisis, ya sea porque no hay datos disponibles o porque las encuestas no proporcionan los instrumentos para el cálculo de ambos indicadores, condiciones imprescindibles para este estudio.

Cuadro 1

Países analizados, fuentes de datos, año de las encuestas, indicadores disponibles y tamaño muestral del público objetivo

Número de países analizados

País

Tipo de encuesta

Año de la encuesta

Indicadores de déficit de fecundidad

Mujeres de 44 a 48 años de edad casadas y en unión

1

Brasil

Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS2006)

2006

Indicadores 1 y 2

1 369

Argentina

Encuesta Nacional sobre Salud Sexual y Reproductiva (ENSSyR)

2013

Indicador 2

703

Belice

Multiple Indicator Cluster Survey 2011 (MICS4)

2011

Indicador 2

279

2

Bolivia (Estado Plurinacional de)

Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA) 2008

2008

Indicadores 1 y 2

1 283

Chile

Sin datos

3

Colombia

Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS)

2015

Indicadores 1 y 2

3 980

Costa Rica

Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 2011 (MICS4)

2011

Indicador 2

392

Cuba

Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 2014 (MICS5)

2014

Indicador 2

763

El Salvador

Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 2014 (MICS5)

2014

Indicador 2

740

4

Ecuador

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT-ECU 2012)

2012

Indicadores 1 y 2

994

5

Guatemala

VI Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI) 2014-2015

2014-2015

Indicadores 1 y 2

1 646

6

Guyana

Guyana Demographic Health Survey (GDHS) 2009

2009

Indicadores 1 y 2

448

7

Haití

Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services (EMMUS-V) 2012

2012

Indicadores 1 y 2

935

8

Honduras

Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA) 2011-2012

2011-2012

Indicadores 1 y 2

1 307

9

México

Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014

2014

Indicadores 1 y 2

7 940

10

Nicaragua

Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud (ENDESA) 2006-2007

2006-2007

Indicadores 1 y 2

1 235

Panamá

Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 2013 (MICS5)

2013

Indicador 2

726

11

Paraguay

Encuesta Nacional de Demografía y Salud Sexual y Reproductiva (ENDSSR) 2008

2008

Indicadores 1 y 2

465a

12

Perú

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2012

2012

Indicadores 1 y 2

2 069

13

República Dominicana

Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA) 2013

2013

Indicadores 1 y 2

673

Suriname

Multiple Indicator Cluster Survey 2010 (MICS4)

2010

Indicador 2

499

14

Uruguay

Encuesta de Comportamientos Reproductivos (ENCoR)

2015

Indicadores 1 y 2

1 201b

Venezuela (República Bolivariana de)

Encuesta de Múltiples Indicadores por Conglomerados 2000 (MICS2)

2000

Sin datos

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de microdatos de las respectivas encuestas.

a Mujeres de 40 a 44 años de edad, pues no se entrevistó a mujeres de más de 44 años.

b Mujeres de 40 a 45 años, pues no se entrevistó a mujeres de más de 45 años.

Así, este artículo cubre el análisis de los 14 países indicados en el cuadro 1, a saber: Brasil, Bolivia (Estado Plurinacional de), Colombia, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

C. Resultados y análisis

Entre los países analizados, fue posible distinguir tres grupos (véase el cuadro 2). El primer grupo estaba formado solamente por tres países, cuya fecundidad estaba por debajo del nivel de reemplazo en las fechas de las encuestas: Brasil, Colombia y Uruguay. En conjunto, presentaban una TGF media de 1,9 hijos por mujer. Sin embargo, los datos de la cohorte de mujeres de 44 a 48 años de edad indicaban un promedio de 3 hijos deseados y 3 hijos sobrevivientes. El segundo grupo, en el que se concentró el mayor número de países, estaba formado por: Ecuador, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana. Este grupo presentaba una TGF media de 2,6 hijos por mujer. En la cohorte de mujeres de 44 a 48 años de edad, el número medio de hijos deseados era de alrededor de 3,5, mientras el de sobrevivientes era de 3,8 hijos por mujer. El tercer y último grupo, integrado por el Estado Plurinacional de Bolivia, Guatemala y Haití, tenía una TGF media de 3,2 hijos por mujer. En la cohorte de mujeres de 44 a 48 años de edad, el número medio de hijos deseados era 3,7, mientras el de sobrevivientes ascendía a 4,8 hijos por mujer. Esto indica que, en el grupo con la TGF más elevada, el tamaño real de la descendencia era muy superior al tamaño deseado, es decir, el problema en esos países era el exceso de fecundidad y no el déficit.

Cuadro 2

América Latina (14 países): tasa global de fecundidad media, promedio de hijos deseados por las mujeres de 15 a 49 años de edad y promedio de hijos deseados e hijos sobrevivientes de la cohorte de mujeres de 44 a 48 años de edad

(En número de hijos por mujer)

Tasa global de fecundidad (TGF)

País

TGF media

Promedio de hijos deseados de las mujeres de 15 a 49 años de edad

Promedio de hijos deseados de las mujeres de 44 a 48 años de edad, casadas o en unión

Promedio de hijos sobrevivientes de las mujeres de 44 a 48 años de edad, casadas o en unión

Inferior a 2,1

Brasil, Colombia, Uruguay

1,94

2,23

3,01

3,01

Entre 2,2 y 3

Ecuador, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana

2,56

2,68

3,53

3,78

Superior a 3

Bolivia (Estado Plurinacional de), Guatemala, Haití

3,24

2,83

3,65

4,77

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de microdatos de las encuestas de demografía y salud, y de salud reproductiva de los respectivos países.

Además de las importantes diferencias regionales que deben considerarse al analizar el déficit de fecundidad en la región, es importante destacar la naturaleza de los datos (período o cohorte), que puede llevar a resultados de discrepancias bastante distintos. De los datos del cuadro 2 también surge que, al comparar la TGF con el número de hijos deseados de todas las mujeres de 15 a 49 años de edad (ambas medidas de período), habría un déficit de fecundidad importante, sobre todo en los dos primeros grupos de países en los que, en promedio, la TGF observada sería inferior al número de hijos deseados. No obstante, al analizar solamente los datos de la cohorte de mujeres de 44 a 48 años de edad, se observa una gran aproximación entre el número de hijos deseados y sobrevivientes, lo que sugiere que no habría déficit de fecundidad en ese grupo etario.

A partir del gráfico 1, que representa el número medio de hijos deseados e hijos sobrevivientes en los 14 países analizados, es posible profundizar el análisis de las diferencias entre los países. Se observa que, a pesar de las pequeñas diferencias en los niveles de la TGF (véase el cuadro 2), el Brasil, el Uruguay, México, la República Dominicana, Colombia, Guyana y el Paraguay están más cerca de la realización de las preferencias reproductivas, pues la diferencia entre el número de hijos deseados y sobrevivientes es pequeña. Se destaca que, en el Brasil, México, la República Dominicana y Guyana, el número de hijos deseados es superior al número de hijos sobrevivientes e indica, en promedio, la predominancia del déficit de fecundidad. En el caso del Paraguay y Colombia el número de hijos deseados es en general muy cercano al número de hijos sobrevivientes, lo que sugiere un alcance más eficiente de las preferencias reproductivas en esos dos países.

Gráfico 1

América Latina (14 países): distribución del número de hijos deseados y el número de hijos sobrevivientes

(En número de hijos por mujer)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de microdatos de las encuestas de demografía y salud, de salud reproductiva y encuestas nacionales de 2006 a 2015 de los respectivos países.

En el gráfico 1 también es posible verificar que el Estado Plurinacional de Bolivia, Haití, Honduras, Nicaragua y Guatemala, que presentan TGF elevadas, podrían clasificarse como más atrasados en la realización de las preferencias reproductivas, pues el número medio de hijos sobrevivientes para la cohorte de mujeres al final del período reproductivo es de alrededor de 4,2 hijos por mujer, muy superior al número medio de hijos deseados, que era cercano a 3,2. En otras palabras, en los países con un promedio mayor de hijos sobrevivientes se destaca el exceso de fecundidad. La situación en el Perú y el Ecuador es ligeramente distinta, pues a pesar de presentar un promedio de hijos sobrevivientes inferior al de ese grupo de países, el número medio de hijos deseados es cercano al del Brasil y el Uruguay, lo que termina por dar lugar a un exceso de fecundidad, como se observa en el grupo de países mencionado.

Los análisis realizados hasta ahora se refieren al nivel agregado de cada país. Sin embargo, como es sabido, el promedio del país no es la medida más adecuada para evaluar las preferencias reproductivas a nivel individual. Así, en el gráfico 2 se presenta un análisis, por país, del porcentaje de mujeres según su situación de fecundidad. Se observa que, en 6 de los 14 países analizados, el porcentaje de mujeres que tenía menos hijos con respecto al número declarado como deseado superaba el porcentaje de mujeres cuyo número real de hijos excedía el número declarado como ideal. Al igual que en el gráfico 1, el exceso de fecundidad es mayor en ocho países, de manera que las mujeres terminan el período reproductivo con más hijos de los deseados. El Estado Plurinacional de Bolivia, Haití y el Perú son los países con los porcentajes más altos de mujeres con exceso de fecundidad, con valores muy superiores a los de los otros países. Por otra parte, México, el Brasil y la República Dominicana son aquellos donde el porcentaje de mujeres con déficit de fecundidad es mayor, pues llega casi al 40% de la cohorte de mujeres analizada. Una vez más, se observan contextos bastante distintos para el conjunto de países de la región que, a pesar de tener diferentes tasas globales de fecundidad, como en el caso de estos últimos países, presentan porcentajes de déficit de fecundidad similares.

Gráfico 2

América Latina (14 países): mujeres de 44 a 48 años de edad, casadas o en unión, según el tipo de discrepancia de fecundidad

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de microdatos de las encuestas de demografía y salud, de salud reproductiva y encuestas nacionales de 2006 a 2015 de los respectivos países .

En el gráfico 3 se muestra el déficit de fecundidad a partir de los dos indicadores construidos. El histograma representa la distribución porcentual de los países en relación con cada indicador. Se observa que el indicador 1 parece captar un porcentaje mucho mayor del déficit de fecundidad que el indicador 2, visto que el porcentaje varió entre el 20% y el 40% para la mayoría de los países para el indicador 1, mientras que esta variación fue solamente de entre el 5% y el 10% para gran parte de los países para el indicador 2. De este modo, según el análisis de estos dos indicadores, es posible tener diferentes percepciones del déficit de fecundidad en América Latina: al considerar el indicador 1 se verifica que, en casi un tercio de los países, en promedio, las mujeres de 44 a 48 años de edad tenían menos hijos de los que querrían, mientras que al considerar únicamente el indicador 2, esa realidad sería menos dramática, con un promedio de apenas el 6% de los países con déficit de fecundidad. Estos promedios se acercan bastante a los encontrados por Casterline y Han (2017) para América Latina y el Caribe (el 29,8% y el 6,5%, respectivamente). Es decir, según el indicador, el porcentaje del déficit de fecundidad puede ser bastante distinto.

Gráfico 3

América Latina (14 países)a: distribución de los dos indicadores de déficit de fecundidad

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de microdatos de las encuestas de demografía y salud, de salud reproductiva y encuestas nacionales de 2006 a 2015 de los respectivos países.

a Brasil, Bolivia (Estado Plurinacional de), Colombia, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

En el gráfico 4 se muestra la correlación entre los dos indicadores estimados, que es muy baja y ligeramente negativa. Sin embargo, si se hace la misma correlación solo para los países que presentan una predominancia del déficit de fecundidad, la relación se hace más fuerte y sigue siendo bastante negativa. Este resultado es contrario al encontrado por Casterline y Han (2017), quienes hallaron una relación positiva entre los indicadores. Esta divergencia entre los resultados puede obedecer a diversos factores, entre ellos la mayor diversidad del conjunto de países analizados en el estudio de Casterline y Han (2017), pues incluye países de otros continentes, el mayor número de encuestas analizadas por los autores y el período de tiempo mucho más amplio. El resultado aquí encontrado indica que, para este conjunto de países en este período de tiempo más reciente, no parece haber una asociación entre los indicadores. En otras palabras, las mujeres clasificadas en el grupo con déficit de fecundidad según el indicador 1 no son necesariamente las mismas que presentan déficit de fecundidad según el indicador 2. Este resultado merece una investigación más profunda, pues se esperaba que estas dos medidas de discrepancia estuvieran relacionadas y que dicha relación fuera positiva.

Gráfico 4

América Latina (14 países)a: relación lineal entre los dos indicadores

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de microdatos de las encuestas de demografía y salud, de salud reproductiva y encuestas nacionales de 2006 a 2015 de los respectivos países.

a Brasil, Bolivia (Estado Plurinacional de), Colombia, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Con respecto al indicador 1 y a la situación en que el número ideal de hijos es mayor que el número de hijos sobrevivientes, en el gráfico 5 se puede observar que la República Dominicana registra el mayor porcentaje de déficit de fecundidad (39%), seguida por el Paraguay, Guyana y el Brasil (con aproximadamente el 37%). Se trata de un dato relevante, pues indica un porcentaje bastante elevado de mujeres que, al final de su vida reproductiva, tenía menos hijos con respecto al número ideal declarado. El último lugar de esta clasificación conforme el indicador 1 corresponde al Estado Plurinacional de Bolivia, cuyo déficit de fecundidad está cerca del 25%, un porcentaje menor con respecto a los otros países, pero aun así un porcentaje elevado. Según este indicador, la brecha entre la fecundidad deseada y la fecundidad real es bastante alta y puede compararse con la encontrada en varios países, como demostraron Harknett y Hartnett (2014) para Grecia, España, Portugal, Austria y Suiza, donde el déficit de fecundidad variaba entre el 32% y el 44% de las mujeres. En esos países, la preocupación por este problema se manifiesta desde hace algunos años, debido a las reducidas tasas de fecundidad.

Gráfico 5

América Latina (14 países): distribución del déficit de fecundidad según los indicadores 1 y 2

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de microdatos de las encuestas de demografía y salud, de salud reproductiva y encuestas nacionales de 2006 a 2015 de los respectivos países.

En relación con el indicador 2, el Paraguay fue el país con el mayor porcentaje de mujeres de 44 a 48 años de edad, casadas y en unión, que todavía querrían tener hijos (casi el 12%), seguido por el Perú y Haití, ambos con aproximadamente el 8% de las mujeres de esa cohorte. Los porcentajes más bajos, cercanos al 3%, se registraron en México y la República Dominicana (véase el gráfico 5). En otras palabras, según este indicador, el déficit de fecundidad sería mucho menor en comparación con el indicador 1, de manera que los datos sobre el déficit de fecundidad en América Latina se alejan de los encontrados para los países desarrollados. Considerando este indicador, Harknett y Hartnett (2014) encontraron un promedio de déficit de fecundidad de alrededor del 39% para 22 países europeos de baja fecundidad. Sin embargo, los autores muestran que existe una gran heterogeneidad en las intenciones de fecundidad futuras entre los países analizados. En la mayoría de los casos, los autores encontraron un déficit de fecundidad que variaba entre el 30% y el 50%, para un grupo de países del norte, Europa Occidental y Oriental. Por otra parte, los tres países del sur de Europa (Grecia, España y Portugal), junto con Austria y Suiza, registraron las mayores tasas de déficit de fecundidad, que variaban entre el 56% y el 68%.

En el gráfico 6 se muestra la relación entre estos dos indicadores y la TGF. Se observa que esta es negativa para el indicador 1, es decir, que este tiende a presentar mayores valores donde la TGF es menor, como en el caso de los países desarrollados de baja fecundidad. Este resultado sugiere que, en los contextos de baja fecundidad de América Latina, existe también una tendencia —aunque débil—al aumento del porcentaje de déficit de fecundidad, pues la transición de la TGF por debajo del nivel de reemplazo no estaría acompañada por la disminución del número de hijos deseados, que es más lenta (Philipov, 2009; Liefbroer, 2009).

Gráfico 6

América Latina (14 países): relación entre la tasa global de fecundidad y los indicadores 1 y 2

(En número medio de hijos por mujer y porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de microdatos de las encuestas de demografía y salud, de salud reproductiva y encuestas nacionales de 2006 a 2015 de los respectivos países.

Por otra parte, también conforme el gráfico 6, a pesar de que el indicador 2 muestra una tendencia levemente positiva, casi no presenta relación con la tasa global de fecundidad para los países seleccionados. Este curioso resultado contribuye a señalar que los indicadores captan preferencias de fecundidad distintas. En consecuencia, es necesario un estudio más profundo de estos indicadores a fin de determinar el más adecuado para el estudio de las discrepancias de fecundidad en América Latina.

Por último, en el gráfico 7 se muestra la relación entre los dos indicadores de déficit de fecundidad y la disparidad de género en los países latinoamericanos. Como es sabido, las relaciones de género se han señalado como uno de los determinantes importantes de los niveles de fecundidad, especialmente en los países con la fecundidad más baja posible (McDonald, 2000; Mills y otros, 2008; Rijken y Liefbroer, 2009). Según la información del gráfico, existe una relación negativa entre los indicadores y la disparidad de género. Esto significa que los países que presentan grandes disparidades (más cerca de 0) son también aquellos que registran los mayores porcentajes de déficit de fecundidad para ambos indicadores. En el caso del indicador 1, esta relación es aún más fuerte. Estos resultados son coherentes con la literatura sobre el tema, pues diversos estudios muestran la influencia positiva de las relaciones de género más equitativas en la realización de las preferencias reproductivas en diversos países, desarrollados y en desarrollo (Puur y otros, 2008; Golmakani y otros, 2015). Asimismo indican que, además de tener importantes disparidades de género, gran parte de los países latinoamericanos parece encontrarse en la fase intermedia de la transición de las relaciones de género planteada por Arpino, Esping-Andersen y Pessin (2015). Es por eso que en muchos países tanto la desigualdad de género como el déficit de fecundidad son elevados. Como argumenta McDonald (2013), las mujeres latinoamericanas sacrifican sus aspiraciones familiares, incluido el tamaño de la descendencia, y eso puede obedecer al contexto desfavorable en el que viven para conciliar el trabajo con la familia. Dados la constante disminución de la fecundidad y el mantenimiento de las relaciones desiguales de género en los países de la región, cabe esperar que el futuro próximo se parezca más a la situación de Italia que a la de los Países Bajos, siguiendo el ejemplo dado por Mills y otros (2008).

Gráfico 7

América Latina (14 países): relación entre el índice de disparidad entre los géneros y los indicadores 1 y 2

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de microdatos de las encuestas de demografía y salud, de salud reproductiva y encuestas nacionales de 2006 a 2015 de los respectivos países, y Foro Económico Mundial, “The Global Gender Gap Report 2016”, 2016 [en línea] https://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/.

Sin embargo, es importante señalar que algunos países no parecen seguir esa tendencia, entre ellos Nicaragua y el Estado Plurinacional de Bolivia. Esos países tienen un contexto distinto, caracterizado por el alto nivel de fecundidad y el exceso de fecundidad. Allí, tanto la transición de la fecundidad como la transición de género son todavía incipientes, por lo que parecería que la disparidad de género y el déficit de fecundidad son pequeños. En realidad, esto ocurre porque esos países están en la fase inicial de las transiciones y, por lo tanto, presentan las características de la primera fase definida por Arpino, Esping-Andersen y Pessin (2015).

D. Consideraciones finales

Este estudio demostró la gran complejidad que supone el análisis de las preferencias reproductivas en el contexto latinoamericano, en particular la estimación de las discrepancias de fecundidad. Los datos revelaron que, con un déficit de fecundidad alto, coexiste un porcentaje significativo de exceso de fecundidad, es decir, embarazos y nacimientos no deseados, especialmente entre las adolescentes (Rodríguez Vignoli, 2017). Este es el caso, por ejemplo, del grupo de países cuya TGF varía entre 2,2 y 3 hijos por mujer, en particular el Perú, el Ecuador y Honduras. Si bien estos resultados parecen contradictorios, se observó una tendencia similar en el estudio de Bongaarts y Casterline (2018), que reveló que a medida que avanza la transición y la fecundidad en los países en desarrollo disminuye, el riesgo de fecundidad no intencional aumenta considerablemente. Esta información indica que el alcance de la fecundidad ideal no reflejaría el alcance de las preferencias reproductivas de los individuos en estos países. En el caso de América Latina, esta varía tanto en forma positiva como negativa. Específicamente, en lo que respecta a la relación entre el déficit de fecundidad y los niveles de fecundidad, en que la existencia de la discrepancia negativa en países con menor TGF se ha señalado como una característica importante de los países desarrollados, esto solo se observó para el déficit de fecundidad estimado por el indicador 1, que arrojó valores elevados en los países donde la fecundidad era más baja. Esto no se constató para el indicador 2, de manera que el contexto de América Latina tiene particularidades interesantes.

Con respecto a la estimación del déficit de fecundidad por los indicadores, se puede concluir que este es siempre mayor para el indicador 1, en comparación con el indicador 2. Los resultados muestran que estos indicadores representan el fenómeno de déficit de fecundidad de manera bastante distinta, pues el indicador 1 capta un porcentaje mucho mayor de déficit de fecundidad que el indicador 2. El déficit de fecundidad estimado mediante el indicador 1 alcanzó un promedio del 31,3% de las mujeres, variando entre el 20% y el 40% en los países analizados. El valor más alto correspondió a la República Dominicana. Los porcentajes estimados mediante el indicador 2 se situaron entre el 2,5% y el 11,9% de las mujeres en los países seleccionados, de manera que el promedio fue del 5,9%. El porcentaje más alto se registró en el Paraguay. Como se mencionó, esto se debe a que, más que los deseos individuales, la pregunta sobre el número de hijos deseados puede reflejar las tendencias sociales en la región. En este caso, entonces, indican una cultura que promueve un número ideal de hijos todavía elevado en la región. Por otra parte, el indicador 2 está subestimado, debido a los problemas de racionalización y resignación que suponen las respuestas sobre las intenciones futuras de fecundidad. Son precisamente estas diferencias de concepto sobre el número ideal de hijos y las preferencias futuras que condujeron, para el conjunto de datos analizados, a la falta de correlación entre los dos indicadores. Estas limitaciones hacen difícil, si no imposible, obtener una estimación más realista del déficit de fecundidad por medio de los indicadores analizados. Se trata de una limitación del estudio que debe destacarse, aunque no lo descalifica para el análisis del fenómeno del déficit de fecundidad en la región.

Además, este trabajo realiza importantes contribuciones, como los resultados relativos a la disparidad de género, que mostraron que, en el contexto latinoamericano, dicha desigualdad influye en los niveles de déficit de fecundidad. Así, cuanto mayor sea la disparidad de género, mayor será el porcentaje de mujeres con déficit de fecundidad.

Sin embargo, es importante aclarar que el contexto latinoamericano es diferente del de los países desarrollados, para los cuales se elaboraron las teorías sobre las relaciones de género. De ahí que las conclusiones sobre el efecto de las disparidades de género en el déficit de fecundidad deban formularse teniendo en cuenta la realidad de los países de América Latina. Esto se debe a que, como se muestra en el estudio de Chioda (2016), en América Latina los contextos de mayor desigualdad de género, en los que las mujeres tienen menores niveles de educación y participación en el mercado de trabajo, tienden a ser aquellos en los que hay una mayor fecundidad. Por el contrario, en los contextos de mayor empoderamiento femenino, donde los niveles de escolarización y participación de las mujeres en el mercado de trabajo son más altos y las relaciones de género más igualitarias a nivel agregado, la fecundidad tiende a ser más baja (Chioda, 2016). Aunque puede parecer contradictorio con lo que se encuentra en los debates sobre relaciones de género, fecundidad y reproducción, esto se debe a que la relación entre fecundidad y relaciones de género presenta forma de U. Debido, además, a las grandes desigualdades socioeconómicas de la región, es posible que coexistan dos realidades distintas: una en la que se insertan las mujeres con los niveles más bajos de ingresos y educación, en la que su poder de negociación en materia de hijos es escaso y prevalecen, todavía, las características de la primera fase distinguida por Arpino, Esping-Andersen y Pessin (2015), y otra en la que las mujeres tienen niveles de ingresos y educación más altos y mayor poder de negociación, en la que predominan las características de la fase intermedia (Covre-Sussai y otros, 2013). Así, en el análisis general, y considerando las grandes desigualdades socioeconómicas en la región, se puede concluir que las disparidades de género dificultan la realización de las preferencias reproductivas.

Este estudio fue un primer ejercicio para la comprensión del déficit de fecundidad en América Latina en su conjunto. Si bien el análisis del conjunto resultó beneficioso, esta característica es también una de sus mayores limitaciones, vista la gran heterogeneidad entre los países analizados y sus desigualdades inter e intrarregionales. Además, debido a que los datos utilizados son transversales, no se conoce la evolución de las metas de reproducción a lo largo de la vida de las mujeres estudiadas. Al recurrir al uso de información de períodos determinados, los análisis cuantitativos no permiten saber cómo se sienten realmente las mujeres clasificadas en el grupo con déficit de fecundidad, sea con uno u otro de los dos indicadores. ¿Estarían algunas más satisfechas y serían más felices si tuvieran el número de hijos deseados? ¿Se sentirían frustradas aquellas cuyo ideal dista de la realidad? De esta forma, se requieren investigaciones más profundas sobre el significado real del déficit de fecundidad, especialmente por medio de enfoques cualitativos y longitudinales que analicen las preferencias reproductivas a largo plazo y permitan entender los cambios que tienen lugar en ese proceso. Solo así será posible vislumbrar los motivos del incumplimiento de la fecundidad deseada y la medida en que este déficit de fecundidad realmente refleja un déficit respecto de la implementación de las preferencias reproductivas. Por último, se reconoce además que, como mostraron Quesnel-Vallée y Morgan (2003) y Harknett y Hartnett (2014), la presentación de los datos a nivel agregado puede llevar a la falta de correspondencia entre las intenciones de fecundidad y los hijos que se tienen realmente en el contexto del país a nivel individual. Estas limitaciones pueden subestimar el déficit de fecundidad.

Este artículo muestra, por lo tanto, el gran vacío de información que existe sobre esta temática en la región, especialmente debido a la falta de bases de datos centradas en los procesos de toma de decisiones en materia de reproducción.

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[1] Investigadora de la Escuela Nacional de Ciencias Estadísticas (ENCE) del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Doctora en Demografía del Centro de Desarrollo y Planificación Regional (CEDEPLAR) de la Universidad Federal de Minas Gerais, Magíster en Estudios Poblacionales y Encuestas Sociales de la ENCE, Licenciada en Economía Doméstica de la Universidad Federal de Viçosa. Correo electrónico: litaacarvalho@yahoo.com.br.

[2] Titular de una beca del Programa Nacional de Posdoctorado (PNPD) en Demografía del Programa de Posgrado en Demografía (PPGDem) de la Universidad Federal de Rio Grande do Norte, Magíster y Doctora en Demografía del Centro de Desarrollo y Planificación Regional (CEDEPLAR) de la Universidad Federal de Minas Gerais, Licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Federal de Minas Gerais. Correo electrónico: gabriela.o.bonifacio@gmail.com.

[3] Posdoctorado en Economía Doméstica en la Universidad Federal de Viçosa, Doctora en Demografía del Centro de Desarrollo y Planificación Regional (CEDEPLAR) de la Universidad Federal de Minas Gerais, Licenciada y Magíster en Economía Doméstica de la Universidad Federal de Viçosa. Correo electrónico: ingridgdias@yahoo.com.br.

[4] Países que presentan una tasa global de fecundidad inferior a 1,5 hijos por mujer.

[5] La OCDE es una organización internacional de 34 países que aceptan los principios de la democracia representativa y de la economía de libre mercado, que procura ofrecer una plataforma para comparar políticas económicas, solucionar problemas comunes y coordinar políticas nacionales e internacionales. Véase [en línea] http://www.oecd.org/.

[6] Este indicador es un marco para captar la magnitud de las disparidades basadas en género. El índice ofrece una variación de la paridad de género en una escala de 0 (disparidad) a 1 (paridad) a partir de cuatro dimensiones temáticas: participación y oportunidades económicas, nivel de educación, capacidad de acción política y salud y supervivencia. Véase [en línea]https://es.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2018.

Artículo 6

Notas sobre la redistribución espacial de la población en el marco de las tendencias de metropolización en el Brasil a principios del siglo XXI[1]

José Marcos Pinto da Cunha2

Késia Anastácio Alves da Silva3

Luiz Antônio Chaves de Farias[4]

Guilherme Margarido Antônio[5]

Dafne Firmino Sponchiado[6]

Recibido: 13/12/2019

Aceptado: 23/03/2020

Resumen

A finales del siglo XX, las dinámicas de urbanización se modificaron concomitantemente con los cambios en el sistema capitalista. Es decir, junto con las transformaciones socioeconómicas, se produjeron cambios en la forma, las funciones y el contenido de muchos ambientes urbanos, principalmente los de carácter metropolitano. Estas transformaciones se han evidenciado en varias ciudades y áreas metropolitanas de todo el mundo. En este artículo se examina el caso del estado de São Paulo, en el Brasil. Es necesario pensar en nuevos elementos teóricos que puedan dilucidar los cambios en los ambientes urbanos. El objetivo de este artículo es reflexionar sobre esas transformaciones mediante una lectura demográfica. Para ello se desarrollarán los siguientes elementos teórico-analíticos: complementariedades socioespaciales, contigüidades socioespaciales y potencial de crecimiento endógeno. Las reflexiones realizadas se basan en observaciones empíricas y datos elaborados a partir de los censos demográficos brasileños (los datos relativos al ingreso promedio de los jefes de hogar, el lugar de trabajo y la residencia, entre otros indicadores, no solo se utilizarán para caracterizar las transformaciones, sino también para dilucidar los elementos teórico-analíticos).

Palabras clave: migración, desplazamientos entre el hogar y el trabajo, región metropolitana, dinámica de la población.

Abstract

At the end of the twentieth century, the dynamics of urbanization altered in parallel with changes in the capitalist system. Socioeconomic transformations were accompanied by changes in the form, functions and content of many urban environments, but primarily of metropolitan areas. These transformations have been clear in many cities and metropolitan areas around the world. This article examines the case of the State of São Paulo in Brazil. New theoretical elements must be considered that can shed light on the changes in urban environments. The aim of this article is to reflect on these transformations by examining them from a demographic perspective. To this end, the following theoretical and analytical areas are expounded: sociospatial complementarity, sociospatial contiguity and endogenous growth potential. The resulting reflections are based on empirical observations and data from Brazilian demographic censuses, including indicators such as the average income of heads of household, workplaces and places of residence. These data are used not only to characterize the transformations but also to gain further insight into the theoretical and analytical elements.

Keywords: migration, home-workplace movements, metropolitan region, population dynamics.

Résumé

À la fin du XXe siècle, des modifications sont intervenues dans la dynamique de l'urbanisation en parallèle avec les changements du système capitaliste. En d'autres termes, les transformations socio-économiques sont allées de pair avec des changements dans la forme, les fonctions et le contenu de nombreux environnements urbains, principalement de nature métropolitaine. Ces transformations sont manifestes dans plusieurs villes et zones métropolitaines à travers le monde. Cet article se penche sur le cas de l'État de São Paulo au Brésil. Il convient de réfléchir à de nouveaux éléments théoriques susceptibles d'élucider les changements dans les environnements urbains. Le présent article a pour but d’analyser ces transformations à la lumière des données démographiques. À cette fin, nous développerons les éléments théoriques et analytiques suivants: complémentarités socio-spatiales, contiguïtés socio-spatiales et potentiel de croissance endogène. Les réflexions menées reposent sur des observations empiriques et des données issues des recensements démographiques brésiliens (les données relatives au revenu moyen des chefs de famille, au lieu de travail et à la résidence, entre autres indicateurs, seront utilisées non seulement pour caractériser les transformations, mais aussi pour élucider les éléments théoriques et analytiques).

Mots clés: migration, déplacements domicile-travail, région métropolitaine, dynamique de la population.

Introducción

Como se muestra en muchos estudios (entre ellos los de Faria, 1991; Santos, 2005; Martine, 1994; Cunha, 2015b; Ribeiro y Ribeiro, 2018), la segunda mitad del siglo XX se caracterizó por la expansión del fenómeno urbano y la formación de grandes aglomeraciones urbanas. Algunos de esos trabajos evidencian que, en algunos casos, la explosión de lo urbano en el Brasil ocurrió en concomitancia con el crecimiento de la economía industrial (como en el caso de São Paulo), mientras en otros la urbanización se produjo debido a la expropiación del campo. Se destaca que, desde el punto de vista espacial y social, el proceso de urbanización brasileño —al igual que el proceso de desarrollo de la economía industrial— se caracterizó por desequilibrios regionales y sociales, incluso entre la ciudad y el campo.

La distribución de la población en el territorio brasileño también se caracteriza por desequilibrios, pues gran parte de la población se concentra en los grandes centros urbanos. De acuerdo con Brito y Pinho (2012), existe una asimetría entre la distribución espacial de las actividades económicas, que impulsaban el capitalismo tardío, y la redistribución espacial de la población. Los autores también señalan que la formación desigual del territorio brasileño impulsó los grandes movimientos de población, tanto entre los estados como entre la ciudad y el campo. Muchos estados brasileños, algunos de ellos situados en el nordeste del país, constituían verdaderos reservorios de mano de obra (Martine, 1994; Brito, 2000), lo que provocó un gran movimiento migratorio hacia las regiones en las que se concentraban las actividades económicas. Como es sabido, el período de estructuración de lo urbano y de las grandes aglomeraciones urbanas en el Brasil estuvo relacionado con los grandes flujos migratorios de larga distancia (Cunha, 2015a; Cunha y Baeninger, 2005), de modo que la mayor parte de las contribuciones teóricas, aunque diferenciada en cuanto a la forma de explicar el fenómeno, estuvo de alguna manera guiada por el proceso de desarrollo industrial y económico (de Hass, 2010).

Por consiguiente, no cabe duda de que los grandes flujos migratorios, en especial los de origen rural que se dirigieron a los grandes centros urbanos, fueron responsables de la tendencia a la concentración que ya había comenzado en la década de 1940. Sin embargo, a partir de 1980 se produjeron cambios significativos en el proceso de desarrollo económico y social del país, que tuvieron repercusiones en el proceso de redistribución espacial de la población. En consecuencia, también se observaron repercusiones en las principales zonas de atracción (en particular las regiones metropolitanas del Sudeste), aunque, como se argumentará en este trabajo, no se debe considerar la hipótesis de un proceso de desconcentración metropolitana (Cunha, 2015b; Lobo, Matos y Garcia, 2012), afirmación que, según Rodríguez (2017 y 2019), también sería válida para América Latina.

De hecho, mientras en 1970 poco más del 39% de la población brasileña vivía en grandes regiones metropolitanas, ese porcentaje aumentó ligeramente al 41,6% en 2010[7]. Cabe recordar que, para algunos autores (entre ellos Santos, 1993; Santos y Silveira, 2001, pág. 286), debido a la reducción de las tasas de crecimiento demográfico en las regiones metropolitanas a finales de la década de 1990[8], este período se caracterizó por el fenómeno de “desmetropolización”[9].

A pesar de estas consideraciones, es importante señalar que —en consonancia con lo que se argumenta en este texto— para muchos autores la intensidad de la concentración demográfica en las metrópolis se redujo debido a la disminución generalizada del crecimiento demográfico en el país y de los flujos migratorios entre los estados (Panizzi, 1990; Cunha, 2015; Silva, Cunha y Ortega, 2017). También se observaron cambios en la forma, las funciones y el contenido de muchas áreas metropolitanas (Davidovich, 2004; Lencioni, 2011; Sassen, 2001; Moura, 2009), transformaciones que tal vez son incluso más importantes que los aspectos relacionados con la dinámica de la población.

De hecho, como se verá en este trabajo la reestructuración en el ámbito productivo y de la acumulación capitalista a finales del siglo XX, el avance del neoliberalismo y la globalización determinaron profundos cambios en las estructuras urbano-regionales de algunas áreas del mundo. Estos cambios llevaron a diversos autores a crear una nueva nomenclatura para la morfología urbana que estaba emergiendo, que incluye voces como ciudad-región (Scott, 2001), ciudad global (Sassen, 2001), exópolis (Soja, 1996), ciudad difusa (Indovina, 1991), edge city (Garreau, 1991) y metápolis (Ascher, 1998), entre otras.

Muchos de los temas y las discusiones sobre las metamorfosis que tuvieron lugar en el proceso de urbanización-metropolización ya se han analizado y detallado en diversos trabajos (Sobrino, 2007; Cunha, 2011; Silva, Cunha y Ortega, 2017; Lencioni, 2006; entre otros)[10]. Sin embargo, con miras a dilucidar mejor estos cambios, se considera importante presentar, de forma sistematizada, nuevas nociones que surgieron a partir de los problemas planteados por los estudios mencionados anteriormente. Así, el principal objetivo de este artículo es presentar algunas reflexiones que puedan contribuir a la comprensión de los procesos observados en las grandes aglomeraciones urbanas en la actualidad, en particular su expansión demográfico-territorial. Las nociones de “contigüidades socioespaciales”, “potencial de crecimiento endógeno” y “complementariedades socioespaciales” permiten comprender parte de los cambios experimentados por las regiones metropolitanas. Los elementos teórico-analíticos desarrollados en este trabajo se plantean, por lo tanto, como un conjunto de instrumentos para comprender las dinámicas de muchas áreas metropolitanas en el período contemporáneo. A pesar de la clara preocupación de orden teórico, las reflexiones realizadas en este trabajo se basarán en análisis y observaciones empíricas ya elaboradas en otros artículos, tesis y disertaciones. Se subraya que estas observaciones empíricas se elaboraron sobre la base de los censos demográficos brasileños de 1991, 2000 y 2010. Así, las variables como el ingreso promedio de los jefes de hogar, el lugar de trabajo y la residencia, entre otros indicadores, no solo se utilizaron para caracterizar las transformaciones, sino también para dilucidar los elementos teórico-analíticos construidos a lo largo de este trabajo. De hecho, todas las nociones aquí desarrolladas surgieron en el ámbito de estudios empíricos que reiteradamente resultaron interesantes como herramienta analítica para dilucidar los procesos urbanos y metropolitanos actualmente en curso en las metrópolis brasileñas. En las consideraciones que se han de realizar también se trata, en la medida de lo posible, de establecer algunos paralelismos con las tendencias observadas en otras metrópolis del mundo.

Este esfuerzo se considera válido en la medida en que, a lo largo del siglo pasado y en la actualidad, algunos fenómenos urbanos registrados en las grandes ciudades de los países centrales del capitalismo se verificaron también en las ciudades de los países periféricos (aunque a ritmos, escalas e intensidades diferentes e incluso con características socioespaciales distintas, inherentes a cada formación socioespacial). Por ese motivo, en el presente artículo, los ejemplos brasileños se complementarán con análisis relativos a otros países y regiones, una tarea facilitada por la obra Metrópolis en movimiento: una comparación internacional (Dureau y otros, 2002). En ese libro, que se concentra en los procesos de los años noventa, no solo se evidencia la actualidad de los procesos aquí tratados, sino también la consonancia con los estudios de especialistas de otros países y la necesidad de detallar dichos procesos y definir mejor sus conceptos, a fin de que puedan incorporarse en el ámbito de los estudios brasileños sobre temas urbanos y de población.

Dadas la diversidad y la complejidad del fenómeno metropolitano brasileño, los elementos desarrollados en este estudio no pueden abordar todos los aspectos o responder a muchas de las preguntas que contribuyen a comprender el proceso de crecimiento y expansión de estas áreas. Sin embargo, se considera que, a partir de una perspectiva sociodemográfica, las nociones aquí desarrolladas pueden contribuir a dilucidar varios de los factores involucrados en este proceso.

A. La formación de las grandes aglomeraciones urbanas en el Brasil: una lectura mediante indicadores socioeconómicos y demográficos

1. La expansión metropolitana y sus particularidades: las contigüidades socioespaciales

El rápido proceso de urbanización observado en el país en los últimos 50 años estuvo acompañado por la evolución de la metropolización del espacio. Para algunos autores (IPEA, 2010; Firkowski, 2012; Costa y Tsukumo, 2013), la metropolización consiste en la integración del territorio de una ciudad central con las ciudades adyacentes mediante el reparto de funciones e infraestructura de interés común, configurando un único sistema urbano. Este sistema se caracterizaría por una continua urbanización que supera los límites administrativos de los municipios. Sin embargo, para Ascher (1998), la metropolización no solo se relaciona con la formación de grandes aglomeraciones, sino que también se vincula con la concentración de actividades en las zonas que rodean el área metropolitana. Sería un proceso que genera y modifica el funcionamiento de los grandes núcleos urbanos, las ciudades medianas y los pequeños centros localizados alrededor de las grandes áreas metropolitanas.

Se debe considerar que, por lo menos hasta la década de 1980, el proceso de metropolización se caracterizó por un modelo de crecimiento urbano extensivo y con una marcada contigüidad espacial, similar a una “mancha de aceite”. Sus consecuencias, principalmente en el caso brasileño, fueron la constitución de una evidente dicotomía entre las áreas centrales (mejor equipadas y más ricas) y las periféricas (más pobres y desatendidas) y la expansión de carácter tentacular generalmente orientada por los ejes viales (Lacerda, Mendes Zancheti y Diniz, 2000).

En este contexto, por lo menos hasta principios de la década de 1990, el modelo de urbanización y metropolización brasileño (un modelo de urbanización centro-periferia) presentó un rasgo indiscutible, muy bien ilustrado en el mapa 1, que revela un fenómeno caracterizado por lo que se propone denominar contigüidad socioespacial. En esta forma de expansión demográfica y espacial, característica de las primeras fases de la metropolización en el Brasil (Ascher, 1998; Dupont y Pumain, 2002; Sobrino, 2007), no solo se observan la existencia de una contigüidad espacial (es decir, una especie de conurbación que se expresa como una “mancha de aceite”) y la constitución de vectores de expansión urbana, sino también una significativa contigüidad de las características sociodemográficas de la población a lo largo de esos mismos ejes de expansión que suelen superar los límites municipales.

En otras palabras, en el proceso de expansión del tejido urbano-metropolitano se observa, en el continuo de ocupación, la constitución de una especie de gradiente de condiciones sociales y demográficas establecidas por algunos vectores de expansión. En el mapa 1, que presenta el índice de Moran local relativo a la variable “ingreso promedio de los jefes de hogar” en tres regiones metropolitanas seleccionadas, no deja lugar a dudas, por una parte, de la existencia de ese continuo urbano (intra e intermunicipal) y, por otra, de los vectores establecidos de localización de los diferentes grupos sociales[11].

Mapa 1

Brasil: categorización del ingreso promedio de los jefes de hogar según el indicador de autocorrelación espacial local de Moran, por sectores censales, en las regiones metropolitanas de São Paulo, Curitiba y Recife, 2010

(En reales)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Censo Demográfico de 2010.

Incluso al tener en cuenta que el patrón de expansión metropolitana ha sufrido importantes cambios a partir de la década de 1990, como se verá más adelante, en el mapa 1 se aprecia que, aún en 2010, todavía podía identificarse —al menos en parte— el patrón espacial centro-periferia. El mantenimiento de este patrón llama especialmente la atención si se considera la forma en que esa dicotomía era caracterizada en la década de 1980, en trabajos como los de Bonduki y Rolnik (1979) o incluso de Caldeira (2000), en los cuales se apuntaba a la localización de la población de menores ingresos en áreas más distantes y sin infraestructura.

Sin embargo, el mismo mapa evidencia una característica propia del proceso de metropolización contemporáneo: la “periferización” (ahora en sentido geográfico) de una parte importante de la población más rica, especialmente con el surgimiento y la difusión de nuevas formas de habitar, como las urbanizaciones y los barrios cerrados. Por ejemplo, se observa una gran concentración de jefes de hogar con ingreso medio-alto en la parte occidental de la metrópoli de São Paulo (categoría “alta-alta” en el mapa), donde se encuentran los municipios de Santana do Parnaíba y Barueri, conocidos por su gran concentración de barrios cerrados de alto nivel[12].

Desde un punto de vista eminentemente demográfico, esta contigüidad socioespacial también puede observarse en la evolución de las tasas de crecimiento anual de la población de los municipios metropolitanos (véanse los mapas 2, 3 y 4). Utilizando nuevamente los ejemplos de São Paulo, Curitiba y Recife, se observa que, por lo menos en las décadas de 1980 y 1990, los municipios que más crecieron fueron precisamente aquellos “cercanos” a los centros regionales, representados por las capitales de los respectivos estados. Estos mapas muestran claramente los vectores de expansión de esas regiones metropolitanas y la nueva tendencia a la expansión territorial de la población en el espacio metropolitano.

Sin embargo, de las tasas de crecimiento de la población por municipio se desprende claramente que las tendencias expresadas por los datos municipales tienden a ocultar los movimientos de redistribución espacial de la población que, de hecho, tienen su origen dentro de los municipios, en particular los más grandes[13]. En los tres ejemplos presentados se observa que los vectores de expansión sugeridos por la escala municipal en realidad ya se delinean dentro de las sedes regionales, como evidencian los datos sobre el crecimiento demográfico de los sectores censales representados en los mapas por sector censal[14]. Esto también resulta evidente en estudios como el de Rodriguez (2019), que analiza datos más desagregados sobre diversos países de América Latina.

Mapa 2

Brasil: tasas geométricas anuales de crecimiento de la población por municipio y sectores censales en la Región Metropolitana de São Paulo, 1991-2000 y 2000-2010

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Censo Demográfico de 1991, 2000 y 2010.

a Media de las tasas de crecimiento de los municipios de la Región Metropolitana de São Paulo.

b Media de la región metropolitana.

Mapa 3

Brasil: tasas geométricas anuales de crecimiento de la población por municipio y sectores censales en la Región Metropolitana de Curitiba, 1991-2000 y 2000-2010

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Censo Demográfico de 1991, 2000 y 2010.

a Media de las tasas de crecimiento de los municipios de la Región Metropolitana de Curitiba.

b Media de la región metropolitana.

Mapa 4

Brasil: tasas geométricas anuales de crecimiento de la población por municipio y sectores censales en la Región Metropolitana de Recife, 1991-2000 y 2000-2010

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Censo Demográfico de 1991, 2000 y 2010.

a Media de las tasas de crecimiento de los municipios de la Región Metropolitana de Recife.

b Media de la región metropolitana.

Es importante destacar que, como describe Dureau (2002), se verifica una situación similar en otras áreas metropolitanas del mundo, como las de Bogotá, Nueva Delhi y Bangkok, entre otras. En estos casos, el crecimiento del área metropolitana hacia los límites de la periferia geográfica respondió, en un primer momento, al establecimiento de residencia de la población con menor acceso a ingresos y peores condiciones habitacionales, en gran parte mediante la autoconstrucción de viviendas. Más recientemente, la expansión más allá del centro habría ocurrido en función de la movilidad residencial de la población más rica.

2. Incremento demográfico, ocupación y expansión del territorio metropolitano: el potencial de crecimiento endógeno

Como se observó en la sección anterior, en varias partes del mundo, en particular en los países menos desarrollados y, por supuesto, en el Brasil, el proceso de periferización se produjo a partir de la ocupación de las áreas geográficamente adyacentes y, en general, más cercanas a los centros regionales, y a menudo involucró unidades administrativas de menor peso económico, cuyas tierras eran más accesibles, especialmente para la población de menores ingresos. Se puede decir que, en un primer momento, ese “movimiento” estuvo casi siempre asociado a la precariedad social de la urbanización de dichas áreas, aunque más recientemente se aprecian cambios en ese patrón, en la medida en que la “periferia” (no necesariamente cercana en términos de distancia[15]) también está siendo gradualmente ocupada por grupos sociales con mayores ingresos, dando lugar a lo que Costa (2006) llamó “nuevas periferias”.

Esta dinámica, que combina características de procesos pasados con nuevas formas de ocupación del espacio, puede constatarse en los mapas 2, 3 y 4 y a partir de los datos del cuadro 1, que presenta la distribución relativa de la población en nueve regiones metropolitanas brasileñas, según categorías de municipios.

Estos datos muestran que, con el paso del tiempo, el porcentaje de participación de las periferias en la población metropolitana aumentó gradualmente. Por ejemplo, mientras en 1970 solo el 6% de la población se concentraba en la periferia tradicional de la Región Metropolitana de Belo Horizonte, esa cifra aumentó al 19,4% en 2010. En ese mismo período, la participación relativa del polo regional (el municipio de Belo Horizonte) disminuyó del 71% al 48% de la población de la región. Este proceso también se observó en todas las regiones aquí mencionadas.

Cuadro 1

Brasil: participación relativa en la población regional y estatal por grupos de municipios en regiones metropolitanas seleccionadas, 1970, 1980, 1991, 2000 y 2010a

(En porcentajes y número de personas)

Regiones metropolitanas

Año

Grupos de municipios

Población total de las regiones metropolitanas

Peso de

las regiones metropolitanas en las unidades de

la federación

(en porcentajes)

Población total

de las unidades

de la federación

Polo

Subpolo

Periferias elitizadas

Periferia tradicional próxima

Periferia tradicional distante

(en porcentajes)

Belém

1970

92,4

3,3

-

2,0

2,3

685 616

31,6

2 166 998

1980

89,3

6,3

-

2,1

2,3

1 045 517

30,7

3 403 498

1991

86,8

6,1

-

4,8

2,3

1 434 634

29,0

4 950 060

2000

69,6

21,4

-

6,6

2,4

1 838 763

29,7

6 195 965

2010

66,3

22,5

-

8,4

2,8

2 101 883

27,7

7 581 051

Fortaleza

1970

75,9

6,7

-

5,7

11,7

1 130 145

25,9

4 361 603

1980

76,9

7,0

-

5,1

10,9

1 699 421

32,1

5 288 429

1991

71,9

15,1

-

4,3

8,7

2 460 827

38,7

6 366 647

2000

70,1

16,3

-

4,6

9,1

3 056 769

41,1

7 431 597

2010

67,8

17,3

-

5,0

9,9

3 615 767

42,8

8 452 381

Recife

1970

58,1

21,7

-

14,8

5,4

1 827 173

35,4

5 160 625

1980

50,4

25,7

-

18,8

5,1

2 386 453

38,9

6 142 229

1991

44,5

28,4

-

21,9

5,2

2 919 979

41,0

7 127 855

2000

42,6

28,4

-

23,1

5,8

3 337 565

42,1

7 929 154

2010

41,7

27,7

-

24,0

6,7

3 690 547

42,0

8 796 448

Salvador

1970

83,1

3,6

-

8,0

5,3

1 211 950

16,2

7 493 437

1980

81,3

6,7

-

7,6

4,4

1 847 809

19,5

9 455 392

1991

80,2

7,1

-

9,2

3,5

2 586 366

21,8

11 867 991

2000

78,3

8,8

-

9,7

3,2

3 120 303

23,8

13 085 769

2010

74,9

11,4

-

10,5

3,2

3 573 973

25,5

14 016 906

Belo Horizonte

1970

71,6

8,6

3,8

6,5

9,4

1 724 820

15,0

11 485 663

1980

66,4

13,6

2,9

9,6

7,5

2 681 778

20,0

13 380 105

1991

57,3

17,6

2,9

14,7

7,4

3 522 908

22,4

15 743 152

2000

51,4

19,4

3,0

18,3

8,0

4 357 942

24,3

17 905 134

2010

48,6

20,1

3,4

19,4

8,4

4 883 970

24,9

19 597 330

Río de Janeiro

1970

61,8

27,8

-

8,7

1,7

6 879 183

76,5

8 994 802

1980

58,1

30,6

-

9,2

2,0

8 758 436

77,6

11 291 631

1991

55,9

32,5

-

9,1

2,5

9 796 649

76,5

12 807 706

2000

53,9

28,0

-

13,3

4,8

10 869 255

75,5

14 392 106

2010

53,4

26,5

-

14,6

5,5

11 835 708

74,0

15 989 929

São Paulo

1970

72,8

15,9

2,2

7,5

1,7

8 139 705

45,8

17 770 975

1980

67,5

17,1

2,2

11,1

2,2

12 588 745

50,3

25 042 074

1991

62,5

17,4

2,7

14,1

3,3

15 444 941

48,9

31 588 925

2000

58,4

18,0

3,1

16,2

4,3

17 878 703

48,3

37 035 456

2010

57,2

17,7

3,5

17,0

4,6

19 683 975

47,7

41 262 199

Curitiba

1970

67,1

11,6

0,4

11,4

9,5

907 391

13,1

6 929 821

1980

66,9

14,6

0,4

12,2

6,0

1 532 383

20,1

7 629 849

1991

62,6

18,1

0,5

14,1

4,8

2 101 681

24,9

8 448 713

2000

57,3

20,8

4,3

13,6

4,0

2 768 394

28,9

9 564 643

2010

55,2

22,3

4,3

14,4

3,8

3 174 201

30,4

10 444 526

Porto Alegre

1970

50,5

22,9

4,6

10,4

11,5

1 751 889

26,3

6 664 841

1980

45,6

25,9

4,0

13,9

10,5

2 468 028

31,7

7 773 849

1991

39,1

29,1

3,7

16,8

11,3

3 230 732

35,4

9 138 670

2000

36,6

29,5

3,6

18,9

11,4

3 718 778

36,5

10 187 842

2010

35,6

29,7

3,5

19,0

12,1

3 958 985

37,0

10 693 929

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Censo Demográfico de 1991, 2000 y 2010.

a La tipología utilizada tenía el objetivo de agrupar los municipios para reflexionar sobre su papel en la estructura metropolitana y se elaboró sobre la base del tamaño de la población, el valor agregado generado y la composición de la población según la escolaridad. De este modo, se establecieron cinco clases diferentes de municipios metropolitanos: polo, subpolo, periferia elitizada, periferia tradicional próxima y periferia tradicional distante. Véanse más detalles sobre la construcción de la tipología de los municipios en los anexos metodológicos de Cunha y otros (2018).

En el cuadro 1 también se observa que, como destaca Cunha (2015a), a pesar de la significativa reducción de su crecimiento demográfico, las regiones metropolitanas no perdieron su gran importancia con respecto a la población nacional y el contexto urbano brasileño. De hecho, las regiones metropolitanas continúan albergando a gran parte de la población, tanto en sus respectivos estados como a nivel nacional. Incluso en los casos de São Paulo, Río de Janeiro y Belém, las pérdidas porcentuales registradas fueron ínfimas en comparación con el peso relativo de su población en los estados (del 48%, el 74% y el 28%, respectivamente, en 2010). En todas las demás regiones metropolitanas examinadas se registró un aumento de su participación relativa a lo largo del período analizado.

Así, se observa que las regiones metropolitanas aquí consideradas (y ciertamente muchas otras) presentaban, sin excepción, un enorme potencial redistributivo de la población dentro de sus territorios[16]. Es decir que, a pesar de crecer cada vez menos (en una tendencia probablemente irreversible), muchos de sus municipios continúan teniendo un significativo impulso de crecimiento demográfico. Es precisamente a esa gran holgura existente en estas áreas que se denomina potencial de crecimiento endógeno o, según el uso de Rodriguez (2019) más recientemente, “potencial de redistribución interna” de la población[17]. Ese potencial, fomentado en gran medida por la migración de origen intrametropolitano (Cunha y otros, 2018), no solo muestra que los desafíos metropolitanos no se agotan ni se mitigan con un menor crecimiento demográfico en la región, sino que se transforman, cada vez más, en la clave para comprender el proceso de expansión demográfico-territorial de las metrópolis y, por lo tanto, para orientar las medidas y políticas para abordar las causas y las consecuencias de ese fenómeno[18].

En consecuencia, se puede decir que —debido a su volumen demográfico e incluso creciendo cada vez menos— la “gran ciudad” continúa (y continuará por mucho tiempo) produciendo un excedente demográfico que —en función de una distribución y apropiación desigual del espacio urbano— necesitará movilizarse en busca de lugares para asentarse que, en general, están situados en las áreas periféricas de las regiones metropolitanas.

Como ya se adelantó, no hay que olvidar que a raíz de los procesos más recientes de reestructuración urbana, nuevos grupos sociales comenzaron a ocupar las zonas geográficas periféricas de las ciudades[19]. Esto supone la resignificación del concepto de periferia y el reconocimiento del surgimiento de una “nueva periferia metropolitana” (Costa, 2006).

Como no podía ser de otra manera, estas tendencias han determinado una modificación del perfil socioespacial de esas regiones metropolitanas, haciéndolas progresivamente más heterogéneas, sobre todo en las áreas más periféricas. Este proceso en curso en las regiones metropolitanas brasileñas se ha observado en otros lugares del mundo, como se muestra claramente en el libro editado por Dureau y otros (2002). A modo de ejemplo, en la región metropolitana de El Cairo, el auge del petróleo de finales de la década de 1970 llevó a la acumulación de capital por las clases más ricas y permitió el ascenso social de muchas personas. Esto se reflejó en la estructura urbana de la ciudad, con la despoblación del centro y la consiguiente ocupación de la periferia (El Kadi, 2002, pág. 53). En forma análoga, Rodríguez (2019) muestra que este proceso también se observa en el Gran Santiago, pues los segmentos de mayores ingresos de la población ocupan áreas cada vez más distantes en el norte de Santiago, que ya no se limitan al “cono de la riqueza” (también situado en el norte), integrado por comunas emergentes más cercanas a la zona central.

Los datos correspondientes al Brasil muestran que, como se evidencia en el mapa 5, el movimiento de población hacia las áreas periféricas, en particular fomentado por la movilidad residencial (o intrametropolitana), es claramente de tipo centrífugo, a partir del núcleo metropolitano. Así, aunque los volúmenes de esa modalidad de migración tienden a disminuir, esta sigue siendo uno de los principales factores responsables del mayor ritmo de crecimiento demográfico en los municipios periféricos[20].

El potencial de crecimiento endógeno no puede ni debe desestimarse cuando se piensa en el futuro de las metrópolis, tanto en términos de su expansión territorial como de las condiciones de vida de sus habitantes. Si bien no es el tema de este artículo, los factores condicionantes de esta intensa movilidad residencial (que reflejan el acceso desigual a la tierra por parte de la población) son esenciales para la comprensión de ese potencial y el alcance de su impacto en términos del proceso de ocupación regional.

Como sugiere Sobrino (2007), teniendo en cuenta la expansión metropolitana y, sobre todo, sus condicionantes más inmediatos, se puede pensar que el término “movilidad residencial” sería más adecuado para reflejar con mayor objetividad la migración que tiene lugar tanto dentro de estas zonas tan integradas y con límites administrativos tan tenues como entre ellas. Según el autor, este término sería más apropiado porque aludiría a un movimiento más claramente motivado por el tema de la vivienda. Si bien no siempre es así, pues como se sabe también hay movimientos intrametropolitanos motivados por cuestiones económicas y de mercado de trabajo (Cunha, 2015d), la verdad es que los movimientos no suelen conllevar un cambio de espacio de vida[21].

Mapa 5

Brasil: flujos migratorios intrametropolitanos en regiones metropolitanas seleccionadas, 2005-2010

(En miles de personas)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Censo Demográfico de 1991, 2000 y 2010.

B. Entre la cohesión y la dispersión: características de la expansión del proceso de metropolización del espacio desde una perspectiva demográfica

Como se vio anteriormente, la formación de algunas aglomeraciones brasileñas ocurrió, en cierta medida, en forma paralela a la expansión del proceso de industrialización. En este sentido, Carlos (2013) señala que los lugares de la metrópoli fordista se calificaron como los espacios de la infraestructura inherentes al desarrollo de diversas actividades y propiciaron la realización de beneficios en el capitalismo industrial.

Sin embargo, la metrópoli moderna, formada durante el período de constitución y consolidación del capitalismo industrial, comenzó a presentarse como un obstáculo para el desarrollo del capitalismo a finales del siglo XX (Harvey, 2013; De Mattos, 2004; Carlos, 2013). En ese período, se observaron importantes cambios estructurales en todo el mundo, relacionados con el ascenso de la globalización, la difusión de las tecnologías de la información, la crisis de los Estados-nación y el régimen de acumulación fordista.

Se observa que, mientras en un primer momento el crecimiento de la gran ciudad y la difusión del proceso de urbanización condujeron a la implosión-explosión (Lefebvre,1999) de lo urbano y el ascenso de la metrópolis moderna, en un segundo momento se asiste al surgimiento de nuevas formas urbanas, que presentan dimensiones multiescalares y son fruto principalmente de la expansión del proceso de metropolización del espacio[22]. Es decir, no se trata solo de la extensión del tejido metropolitano, sino de la constitución de nuevas espacialidades para la reproducción del capital. El surgimiento de estas nuevas formas urbanas supone también el proceso de urbanización extensiva (Monte-Mór, 2005) que transforma principalmente lo rural del entorno metropolitano, que ahora también se plantea como parte constituyente de los procesos metropolitanos[23].

Las transformaciones de la metrópoli en el contexto de la reestructuración productiva no solo afectaron la redistribución espacial del sector productivo, sino que también redefinieron, en muchos sentidos, las lógicas de producción del espacio urbano. En ese proceso tuvo lugar una profunda revalorización del ambiente metropolitano. Según De Mattos (2004, pág. 169), el suelo metropolitano cobró mayor importancia como medio privilegiado para la valorización de sus capitales y, así, las inversiones inmobiliarias en ese ámbito crecieron de manera significativa y continua.

De hecho, desde la década de 1990, se observa el surgimiento de una configuración urbana más compleja, que se distingue de la gran ciudad constituida en el pasado. Moura (2009) subraya que estas nuevas configuraciones espaciales trascienden la noción de ciudad como área construida y punto de determinadas funciones en el ámbito de la red urbana. Para la autora, lo que ocurre es una conjugación de lo urbano y lo regional, que deriva en una configuración híbrida, compleja y multiescalar (Moura, 2009, pág. 28). Se considera que, en el caso del Brasil, la morfología urbana más compleja que surge de estos grandes cambios estructurales es la que se ha denominado “macrometrópolis paulista” (Silva, 2018), una formación ya anunciada por lo menos dos décadas antes por Souza (1978).

La metrópoli contemporánea, cuyos rasgos más evidentes en el Brasil parecen surgir en el estado de São Paulo, se caracteriza por una imagen extendida con límites territoriales imprecisos, atributo que, de acuerdo con Reis Filho (2006), estaría presente en las regiones metropolitanas que componen la macrometrópolis paulista. Para Lencioni (2015), la combinación de dispersión y concentración configuraría el nuevo espacio metropolitano, pues, al mismo tiempo que el tejido metropolitano asume una forma dispersa, es también esencialmente aglomerante, es decir, no encubre la existencia de una aglomeración.

De acuerdo con Reis Filho (2006), el fenómeno de dispersión urbana en el estado de São Paulo está vinculado con el proceso de desconcentración industrial y difusión del proceso de urbanización, que se extiende en un amplio territorio y alcanza diversos núcleos urbanos con espacios intersticiales pero con profundos vínculos entre sí, lo que caracteriza la formación de un único sistema urbano. En consecuencia, la morfología urbana dispersa se caracterizaría por espacios urbanos discontinuos, áreas rurales y núcleos urbanos de diversos tamaños y con distintas funciones. Desde el punto de vista demográfico, la población residente en esa forma urbana dispersa (tanto en los grandes centros urbanos como en los núcleos pequeños o las áreas rurales) comenzaría a adoptar nuevos estilos de vida y se caracterizaría por una mayor movilidad que, no obstante, también estaría acompañada por una mayor diversidad socioeconómica y selectividad de quienes realizan esos movimientos.

Aunque no se puede dejar de reconocer estos nuevos procesos, es fundamental considerar que, por lo menos en el Brasil, la expansión del tejido periurbano sigue estando asociada, en gran medida, con la dinámica metropolitana observada en las décadas pasadas y a ello contribuiría la migración intrametropolitana (Sobrino, 2007; Silva, 2013; Cunha, 2018).

Sin embargo, cabe destacar que aunque la movilidad residencial tiene un carácter típicamente metropolitano, es también un factor estructurante en el proceso de dispersión urbana más allá de los límites de las áreas metropolitanas, y se observa además en el ámbito de la macrometrópolis.

Así, es innegable que, en el contexto de estas nuevas formas urbanas, hay una ampliación del espacio de asentamiento y circulación del ciudadano metropolitano, que determina la necesidad de considerar nuevas escalas espaciales de análisis. En otras palabras, si bien no se debe (y no se puede) negar el mantenimiento de una dinámica típica y tradicionalmente metropolitana, la expansión del proceso de metropolización exige una perspectiva de análisis más amplia.

Para Lencioni (2015), estas nuevas formas urbanas se constituyen a partir de un espectro multiescalar y deben examinarse mediante dos tipos de lógica, a saber: topográfica y topológica. Mientras la primera se referiría a la superficie del terreno, donde se puede ver la densidad de los lugares, tanto en términos de edificaciones como de actividades urbanas, compitiendo para distinguir la concentración de la dispersión, a partir de la segunda se captaría la densidad virtual de los lugares, medida en términos de los flujos inmateriales entre dos puntos, que se refieren a los flujos de información y comunicación (Lencioni, 2008, págs. 17 y 18).

Esta forma de ver la estructuración del espacio urbano-metropolitano abre una perspectiva importante para el enfoque demográfico del fenómeno, en la medida en que la movilidad de la población puede considerarse como uno de los elementos que revelarían la cohesión (o dispersión) socioespacial de determinado territorio, en función de sus condicionantes, incentivos y limitaciones. Así, al concentrarse especialmente en el análisis del fenómeno de concentración-desconcentración poblacional, la noción de “flujos topográficos” resulta esencial para comprender el papel de los flujos de población en el proceso de estructuración de las nuevas formas urbanas.

De esta manera, no solo se podría definir elementos objetivos y concretos que revelarían la estructuración (o no) de formaciones espaciales diferenciadas, sino también considerar el alcance y los límites espaciales del fenómeno. Esto se debe a que, por su naturaleza concreta y material, el movimiento de las personas en el espacio sugeriría tanto las relaciones e interacciones como los límites o restricciones del alcance del fenómeno en términos espaciales. Evidentemente, esto no significa que las personas no se desplacen a grandes distancias, motivadas —por ejemplo— por temas relacionados con la vivienda, pero no se pode creer que lo hagan imaginando mantener los respectivos espacios de vida (Courgeau, 1975).

Se puede considerar que la formación (y percepción) de la macrometrópolis paulista se realiza por dispersión y cohesión, en una dimensión multiescalar transcrita por flujos topográficos y topológicos. Existe una integración cada vez mayor entre diferentes núcleos urbanos y distintos grupos de municipios a través de un espacio de flujos. Debido a la ampliación de este espacio de flujos, se observa que, gradualmente y para un segmento cada vez mayor de la población, el espacio de vida cotidiano también se desarrolla a una escala macrometropolitana, como ocurre para los habitantes de las regiones metropolitanas de São Paulo, Campinas, Baixada Santista y Vale do Paraíba, que se desplazan diariamente entre esas regiones.

Por consiguiente, en el contexto de la formación de nuevas morfologías urbanas, hay también cambios en las dinámicas demográficas y, en particular, en la movilidad espacial de la población, pues —con la expansión del proceso de metropolización y la dilatación del tejido urbano— el espacio de vida cotidiano se desarrolla a escalas espaciales más amplias y, así, el vivir tiene lugar sobre nuevas bases territoriales. En consecuencia, si los movimientos de la población en el ámbito intrametropolitano revelan la continua dispersión del tejido urbano, los flujos entre las aglomeraciones urbanas pueden expresar una lógica de cohesión entre los diversos aglomerados que componen las nuevas unidades territoriales en un marco urbano-regional.

En el caso de la llamada “macrometrópolis paulista”, o “ciudad-región paulista” (Lencioni, 2003; Silva, Cunha y Ortega, 2017; Silva, 2018), la unidad de esta área se revela tanto por la movilidad residencial (motivada principalmente por la ampliación del espacio de vivienda y de trabajo), como por los desplazamientos pendulares realizados diariamente entre las regiones, posibles gracias a la integración y reducción de la “fricción” impuesta por la distancia en ese contexto regional. Esos flujos revelan la repartición del mercado de tierras, la infraestructura y el mercado de trabajo entre las regiones y expresan la forma en que se organiza la división territorial del trabajo en esa unidad regional.

En el mapa 6 se presentan los flujos pendulares entre las aglomeraciones urbanas que componen la macrometrópolis paulista entre 2000 y 2010. En los mapas presentados se observa el aumento de la movilidad pendular en el período analizado. Según un estudio realizado por Cunha (2013), la movilidad pendular en la macrometrópolis paulista aumentó más del 76% en ese período, al pasar de 1,5 millones de personas en 2000 a casi 3 millones de personas, según el Censo de 2010. Este aumento de los movimientos pendulares, incluso en una época de bajo crecimiento demográfico y reducción de los grandes flujos migratorios, revela la creciente integración funcional, tanto del mercado de trabajo e infraestructura, como de la vivienda, el tiempo libre y el estudio entre los territorios que componen la macrometrópolis. Se puede decir que este progresivo aumento de la movilidad pendular reflejaría los movimientos de reorganización y cohesión de este sistema urbano disperso.

Mapa 6

Brasil: flujos pendulares intrarregionales en la macrometrópolis paulistaa, 2000 y 2010

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Censo Demográfico de 2000 y 2010.

a La macrometrópolis paulista está constituida por las siguientes unidades regionales: Unidad Regional de Bragantina; Región Metropolitana de la Baixada Santista; Región Metropolitana de Campinas; Aglomeración Urbana de Jundiaí; Región Metropolitana de Vale do Paraíba e Litoral Norte; Aglomeración Urbana de Piracicaba; Región Metropolitana de Sorocaba y Región Metropolitana de São Paulo.

Así, se considera que los flujos migratorios y pendulares (parte de la dimensión topográfica) contribuyen a revelar la existencia de complementariedades socioespaciales en el contexto más amplio de esta nueva formación espacial, porque revelan la creciente ampliación, en términos espaciales, de dos de las dimensiones fundamentales para la inserción de las familias o los individuos en el medio urbano: el mercado de tierras y el mercado de trabajo. Como se verá más adelante, los estudios realizados indican que, mientras las dinámicas intrametropolitanas no se anulan e incluso se amplían, comienzan a surgir y delinear dinámicas que extrapolan los límites de las regiones metropolitanas tradicionales, motivadas, en gran medida, por las dos dimensiones anteriormente mencionadas (Silva, 2018).

Se subraya que la movilidad espacial a escala extrametropolitana impone a las personas importantes costos financieros, que suelen ser mucho mayores en el caso de los desplazamientos interregionales. Esta integración, por lo menos en este momento del proceso y con la infraestructura de transporte existente, se limita a grupos de población específicos, lo que supone una importante selectividad de los grupos sociales involucrados en esta nueva forma de metropolización del espacio. Así, en la actualidad, el proceso de urbanización y metropolización del espacio no se caracteriza tanto por la continuidad de sus manchas urbanas, como en las metrópolis fordistas, sino principalmente por las complementariedades socioespaciales establecidas entre los diferentes lugares alcanzados por el proceso de metropolización. Esa complementariedad se explicita en gran medida en el cuadro 2, en el que los datos relativos a la condición migratoria de los individuos se combinan con sus condiciones en términos de desplazamientos entre el hogar y el trabajo, sobre la base del Censo de 2010. De los datos se desprende que los cambios de residencia a nivel intrametropolitano sugieren la predominancia de la motivación habitacional para el cambio de residencia, al presentar una proporción mucho mayor de desplazamientos hacia el lugar de origen (municipio en 2005).

A los efectos del argumento sobre la “ampliación” del proceso de metropolización que involucra a distintas regiones, en el cuadro 2 se destaca sobre todo el comportamiento de la migración entre las regiones de la macrometrópolis. De hecho, aunque todavía con una intensidad reducida, se observa que la proporción de personas que migraron a estas áreas pero trabajaban en un municipio distinto fuera de la región metropolitana fue muy significativa. Esto es especialmente cierto en el caso de Campinas y Baixada Santista (áreas que se sabe están más “integradas” a la Región Metropolitana de São Paulo), donde este porcentaje alcanzó casi el 35% y el 21%, respectivamente, en 2010[24]. La complementariedad entre las dos regiones a partir de la lectura aquí propuesta, también en términos del mercado de tierras, puede observarse en los más de 100 autobuses fletados que salen diariamente del municipio de Campinas rumbo a São Paulo y constituyen solo una muestra de este fenómeno.

Cuadro 2

Brasil: migrantes de fecha fija según la modalidad y el origen de grupo de municipios de trabajo, por regiones metropolitanas del estado de São Paulo, macrometrópolis paulista, 2010

(En porcentajes y número de personas)

Modalidad migratoria

Municipio de trabajo

Región en 2010

Total

São Paulo

Campinas

Baixada Santista

Vale do Paraíba e Litoral Norte

Intrametropolitana

Propio municipio

42,0

40,0

40,8

69,2

43,9

Municipio en 2005

34,6

30,6

33,7

18,3

32,8

Otro municipio de la región metropolitana

20,5

3,7

18,1

8,0

17,5

Otro municipio

2,9

25,7

7,4

4,5

5,8

Subtotal

127 776

18 422

12 274

13 850

172 321

Dentro de la macrometrópolis paulista

Propio municipio

78,4

53,5

66,6

79,8

67,8

Municipio en 2005

2,7

6,0

14,7

5,8

7,0

Municipio de la región metropolitana

15,2

11,9

12,4

8,4

12,4

Otro municipio

3,6

28,7

6,3

6,0

12,9

Subtotal

18 243

21 106

14 225

10 195

63 769

Otros municipios del estado de São Paulo

Propio municipio

80,1

66,3

72,6

83,7

75,4

Municipio en 2005

1,1

1,5

2,7

1,4

1,4

Municipio de la región metropolitana

15,0

12,7

16,9

7,4

13,9

Otro municipio

3,8

19,5

7,8

7,5

9,3

Subtotal

14 244

8 540

2 367

1 836

26 988

Entre estadosa

Propio municipio

83,2

66,1

72,3

87,4

80,5

Municipio en 2005

0,4

1,0

0,7

0,7

0,5

Municipio de la región metropolitana

14,0

15,2

21,6

6,7

14,0

Otro municipio

2,4

17,7

5,3

5,2

4,9

Subtotal

124 497

24 295

8 928

13 071

170 792

Total

284 760

72 363

37 795

38 951

433 869

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Censo Demográfico de 1991, 2000 y 2010.

a Incluye a los migrantes extranjeros.

Con un incremento significativo entre 2000 y 2010, los movimientos pendulares entre las aglomeraciones que componen la ciudad-región paulista representan alrededor del 10% de todos los desplazamientos entre el domicilio y el lugar de trabajo registrados entre municipios localizados en la ciudad-región paulista e involucran, cada vez más, a un grupo selecto de personas que viven su vida diaria en una escala superior a la metropolitana (Silva, 2018). Así, para dilucidar la selectividad entre los individuos que realizan un movimiento pendular, en el cuadro 3 se presenta la distribución relativa de los jefes de hogar según su ocupación y la necesidad de desplazarse entre el hogar y el trabajo periódicamente.

Cuadro 3

Brasil: distribución de los jefes de hogar en las regiones metropolitanas y las aglomeraciones urbanas de la ciudad-región paulista, según su ocupación y la necesidad de desplazarse entre el hogar y el trabajo periódicamente, 2000 y 2010

(En porcentajes y número de personas)

Necesidad de desplazarse entre el hogar y el trabajo periódicamente

Ocupación

Región Metropolitana

de São Paulo

Región Metropolitana

de Campinas

Región Metropolitana de la Baixada Santista

Región Metropolitana de Vale do Paraíba e Litoral Norte

Región Metropolitana

de Sorocaba

Aglomeraciones Urbanas

Ciudad-región paulista

2000

2010

2000

2010

2000

2010

2000

2010

2000

2010

2000

2010

2000

2010

No se desplaza

Directores y gerentes

8,0

7,2

7,7

6,2

6,7

5,8

6,4

4,5

5,9

5,5

6,6

6,6

7,5

7,5

Intelectuales

9,1

15,1

8,0

12,1

6,5

9,7

6,6

10,3

4,9

9,0

5,6

5,6

8,1

8,1

Nivel técnico

9,1

8,4

8,9

8,3

8,7

7,1

8,1

7,0

5,9

7,0

6,5

6,5

8,6

8,6

Empleados administrativos

7,2

6,8

5,4

5,7

5,9

5,5

4,8

4,8

4,1

4,2

4,3

4,3

6,4

6,4

Otros

66,7

62,5

70,0

67,6

72,2

71,8

74,1

73,5

79,2

74,3

77,0

77,0

69,4

69,4

Total

2 872 623

2 974 869

380 145

425 101

208 073

216 958

325 645

370 938

261 043

292 412

357 838

357 838

4 405 368

4 405 368

Desplazamiento intrametropolitano

Directores y gerentes

7,6

7,2

9,1

9,0

7,3

5,4

7,1

6,3

8,4

7,3

9,8

7,3

7,9

7,3

Intelectuales

6,5

13,7

8,1

15,1

8,4

14,0

9,7

17,1

8,1

15,1

9,2

15,1

7,2

14,2

Nivel técnico

10,3

10,2

10,8

12,2

14,3

12,0

14,4

13,6

10,9

12,7

10,2

12,7

10,9

11,0

Empleados administrativos

8,1

7,3

5,8

5,6

6,6

6,9

7,1

4,8

5,8

5,0

5,5

5,0

7,5

6,7

Otros

67,6

61,5

66,2

58,1

63,3

61,7

61,7

58,2

66,8

59,9

65,3

59,9

66,7

60,8

Total

562 489

777 643

85 170

132 703

62 088

81 016

39 043

60 963

30 072

54 856

47 374

54 856

826 235

1 162 036

Desplazamiento dentro de la ciudad-región paulista

Directores y gerentes

7,4

7,3

6,4

7,2

5,5

4,0

6,1

5,7

5,9

5,7

5,9

6,3

7,0

6,9

Intelectuales

6,4

13,4

5,6

11,5

6,3

10,8

8,4

15,0

5,5

12,5

4,6

10,3

6,3

13,0

Nivel técnico

10,4

10,4

9,7

11,4

13,5

10,9

14,3

12,9

10,1

12,6

8,2

11,0

10,6

10,8

Empleados administrativos

8,3

8,0

6,3

6,5

6,7

7,8

7,3

5,6

6,0

5,6

5,1

6,7

7,8

7,6

Otros

67,5

60,9

72,0

63,5

67,9

66,5

63,9

60,8

72,5

63,5

76,2

65,7

68,2

61,8

Total

521 805

647 044

66 765

90 289

50 074

61 627

30 091

41 293

19 990

30 905

26 291

40 204

715 014

911 362

Desplazamiento externo

Directores y gerentes

14,3

10,1

19,7

17,9

17,1

13,3

12,5

9,9

14,9

11,3

15,5

13,8

16,0

13,0

Intelectuales

9,6

19,1

18,7

26,3

19,4

28,1

17,0

24,6

16,1

21,4

16,4

26,9

15,8

24,1

Nivel técnico

11,0

13,2

15,5

15,6

18,4

16,1

15,7

14,3

13,0

12,7

14,0

14,8

14,3

14,4

Empleados administrativos

5,6

5,6

4,5

4,8

6,5

5,5

6,9

4,2

5,2

4,7

6,6

3,1

5,8

4,6

Otros

59,4

52,0

41,6

35,4

38,6

36,9

47,9

47,0

50,8

50,0

47,5

41,4

48,1

43,9

Total

15 965

23 999

14 709

18 640

9 785

11 567

6 353

7 651

7 917

12 517

17 344

23 366

72 073

97 740

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Censo Demográfico de 1991, 2000 y 2010.

Nota: La variable ocupación se organizó en cinco categorías para 2000 y 2010. Para obtener la comparabilidad, se buscó compatibilizar las ocupaciones de acuerdo con las grandes clases disponibles en la Clasificación Brasileña de Ocupaciones (CBO) y se utilizaron las siguientes categorías: directores y gerentes, intelectuales, profesionales de nivel técnico, empleados administrativos y otros. Si bien la categoría “otros” comprende un grupo caracterizado por la heterogeneidad de las ocupaciones, se señala que, en su mayoría, está formada por profesionales que ejercen ocupaciones de tipo manual y baja calificación. Por último, se destaca que en el censo de 1991 no se caracterizó a los migrantes y “no migrantes” según la ocupación ejercida, debido a las grandes diferencias entre la clasificación nacional de ocupaciones utilizada en este censo y aquella empleada en los otros, que podrían perjudicar la compatibilidad a lo largo de los años.

La primera observación que se desprende del cuadro 3 es que, en 2010, la proporción de personas en la categoría “otros” era mayor entre quienes no se desplazaban (69%) que entre aquellos que se desplazaban diariamente para realizar sus actividades laborales (60%). Esto sugiere que estos últimos tenían mejores posiciones en el mercado de trabajo con respecto a sus pares que no se desplazaban para trabajar o estudiar.

Al examinar otras categorías ocupacionales, se observa que el porcentaje de personas que se desempeñaban como gerentes y directores o intelectuales era mayor entre los que realizaban desplazamientos pendulares (21%) que entre aquellos que no lo hacían (15%). Dado que estos puestos suelen estar ocupados por personas con mayor poder adquisitivo, los datos sugieren que las personas mejor situadas en el mercado de trabajo serían aquellas con mejores condiciones para realizar movimientos más largos entre el lugar de residencia y el de trabajo, recordando siempre que uno de los elementos restrictivos para ese desplazamiento sería el costo del transporte.

Al continuar con el análisis de la distribución de los jefes de hogar que realizan desplazamientos pendulares por ocupación, se observan diferencias significativas según la escala espacial del movimiento. Desde esta perspectiva, las mayores diferencias se concentran nuevamente en las categorías de ocupación “otros” e “intelectuales”. Así, se aprecia que el porcentaje de personas que realizan desplazamientos externos (43%) ocupadas en la categoría “otros” en 2010 era menor que el de aquellos que se desplazaban en el espacio intrametropolitano (61%). Por otra parte, se constata que el porcentaje de trabajadores que realizaban desplazamientos intrarregionales (24%) que se desempeñaban como “intelectuales” era superior al de aquellos que realizaban desplazamientos pendulares internos (13%) de cada región metropolitana.

Entre los trabajadores que realizaban desplazamientos externos, llama la atención que el porcentaje de aquellos que residían en las regiones metropolitanas de Campinas y Vale do Paraíba y desempeñaban funciones de mayor calificación (como directores y gerentes o “intelectuales”) era superior al de aquellos que se desplazaban entre aglomeraciones y residían en la región metropolitana de São Paulo.

Por lo tanto, de estos datos sobre la movilidad espacial de la población de la macrometrópolis paulista, se desprende una complementariedad funcional entre las regiones, como destaca Lencioni (2011) al afirmar que los movimientos pendulares cotidianos entre el hogar y el trabajo en ciudades distintas representan una de sus principales características (Lencioni, 2011, pág. 139). Sin embargo, cabe destacar que —como se reiteró— los sentidos de los flujos migratorios y pendulares en el espacio de la macrometrópolis se relacionan con las distintas lógicas de producción del espacio y contribuyen a reforzar la formación de una nueva morfología urbana que, si bien no elimina las viejas formas, ciertamente constituye una fuerte tendencia actual y para el futuro.

Por último, cabe mencionar que, incluso considerando el fenómeno de la expansión metropolitana como un hecho innegable, no se debe imaginar ingenuamente que esta ha alcanzado su máxima expresión. Como preanunciaba Souza (1978) hace muchas décadas, todavía se está lejos de la consolidación de este fenómeno y, sobre todo, de la que será su forma consolidada. De todas maneras, las respuestas demográficas ya son visibles y elocuentes.

C. Consideraciones finales

El objetivo de este artículo era sistematizar, a partir de una lectura sociodemográfica, los elementos teórico-conceptuales que surgieron de diversos análisis realizados sobre las regiones metropolitanas brasileñas y, en especial, las de São Paulo. Se parte de la premisa de que, en función de las grandes transformaciones que han sufrido las ciudades y aglomeraciones urbanas en las últimas décadas, es necesario revisar y reevaluar constantemente los análisis del fenómeno urbano para contribuir a una mejor comprensión de este y de los procesos sociodemográficos asociados.

Sobre la base de las tendencias observadas y, sobre todo, de la recurrencia de los fenómenos en distintos contextos, se presentaron tres nociones: “contigüidad socioespacial”, “potencial de crecimiento endógeno” y, por último, “complementariedad socioespacial”. En la visión propuesta en este estudio, estas nociones son fundamentales para comprender mejor las nuevas facetas demográficas asumidas por la metrópolis en la contemporaneidad, especialmente en un momento de bajo crecimiento demográfico, fragmentación del tejido metropolitano y expansión geográfica del fenómeno de la metropolización del espacio.

Buscando siempre corroborar estas nociones con análisis y datos empíricos, se sostiene que la idea de contigüidad socioespacial es la que todavía caracteriza gran parte del proceso metropolitano brasileño que, aunque más disperso y difuso, presenta nuevas tendencias de dispersión del grupo más favorecido, aunque este todavía conserve en su configuración muchos elementos de los procesos de ocupación antiguos y tradicionalmente estudiados, que se caracterizaban por una marcada segregación socioespacial y, por lo tanto, por la delimitación de vectores muy claros de expansión de grupos sociales bien definidos.

A partir de la noción de “potencial de crecimiento endógeno” fue posible comprender el crecimiento demográfico observado en determinadas partes de la estructura metropolitana a pesar de la tendencia a la disminución de los flujos migratorios de larga distancia y del bajo crecimiento vegetativo que, históricamente, fueron decisivos para el crecimiento demográfico de estas áreas y de los municipios que las componen.

Con esta visión del fenómeno, y teniendo en cuenta el mantenimiento de la gran importancia relativa de la población metropolitana en el sistema urbano nacional, se puede sostener que todo intento de descalificar o disminuir la importancia de la cuestión metropolitana y su relevancia en la agenda prioritaria de los temas sociales y económicos solo por la constatación de la progresiva reducción del crecimiento demográfico de estas áreas es una falacia. Lo que se buscó señalar es que las metrópolis y sus territorios continúan en movimiento incluso con un crecimiento demográfico cada vez menor, simplemente porque su potencial redistributivo es todavía enorme y se amplía aún más por las grandes desigualdades sociales y la enorme dificultad de acceso a la tierra.

Por último, pensar en las complementariedades socioespaciales existentes tanto en el ámbito metropolitano como, sobre todo, a una nueva escala (la macrometropolitana), parece ser una forma interesante, por lo menos desde el punto de vista del recorte demográfico, de considerar las nuevas tendencias de dispersión, no solo del espacio construido, sino también del mercado de trabajo a una escala espacial más amplia. Desde una perspectiva centrada en la lógica topográfica de esos procesos (Lencioni, 2015), los movimientos de población (tal vez los más perceptibles), especialmente aquellos que suponen movilidad residencial o pendular, permiten observar claramente el surgimiento de nuevas opciones de localización tanto para la residencia como para la inserción productiva de los residentes en esas regiones, sin que estos cambien (y, por el contrario, amplíen) sus espacios de vida.

Sin embargo, aun al tener claras repercusiones en la selectividad de las personas involucradas en esos desplazamientos, lo que se percibe es la revelación de una nueva faceta del proceso de urbanización y expansión territorial de las grandes aglomeraciones urbanas, en particular en el estado de São Paulo. La constitución de lo que Silva (2018) llamó “ciudad-región paulista” es, por lo tanto, una muestra indiscutible de la existencia de complementariedades socioespaciales entre las diversas aglomeraciones urbanas, cuyos habitantes descubren en espacios más amplios las posibilidades de vivir, o incluso insertarse en el mercado de trabajo, sin desvincularse de sus áreas originales de circulación y desarrollo de lo cotidiano.

Por último, con este artículo se procura destacar dos elementos: el primero se refiere al reconocimiento de la aparición de nuevas formas urbanas que, aunque no necesariamente eliminan o sustituyen a las anteriores, indican el surgimiento de procesos y estructuras socioespaciales más complejos; mientras el segundo corresponde a la mirada y la comprensión de ese proceso a partir de la lente demográfica, elemento que sin duda le da el carácter de originalidad y justifica su contribución al debate y la acumulación de conocimientos sobre la urbanización brasileña.

Aunque es necesario reconocer que la constitución de la macrometrópolis paulista está todavía en sus inicios (es decir, todavía lejos de su etapa de madurez) y es un proceso en curso, los datos y las cuestiones teóricas aquí planteadas no dejan lugar a dudas de que se está frente a una nueva y progresiva forma de expansión socioterritorial, de la cual la demografía y, sobre todo, los desplazamientos de la población, son partes constitutivas y, por lo tanto, esenciales para su comprensión cabal.

En suma, es necesario resaltar la importancia de pensar la escala metropolitana y las transformaciones en estos ambientes en el ámbito de las políticas públicas y la gobernanza. Como se plantea en el artículo titulado “¿Dónde empiezan y acaban las ciudades?”, publicado en el diario El País (da Cruz y de la Varga Mas), la creciente expansión y dispersión del tejido metropolitano ha contribuido a la aparición de nuevos espacios urbanos descentralizados, discontinuos, pero profundamente interconectados, generando nuevos espacios metropolitanos donde, desde la perspectiva de la ciudadanía, es difícil entender dónde empieza y acaba una ciudad. En este contexto, no solo es imperativo comprender estos fenómenos de metamorfosis de los ambientes urbanos metropolitanos, sino también adoptar una gobernanza metropolitana que tenga en cuenta las bases materiales sobre las que se desarrolla la vida diaria de la población para la implementación de políticas públicas.

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[1] Este trabajo contó con el financiamiento del Centro de Estudios de las Metrópolis (CEPID), proceso núm. 2013/07616-7; la Fundación de Apoyo a la Investigación del estado de São Paulo (FAPESP), y el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq-Brasil). Las opiniones, hipótesis y conclusiones o recomendaciones expresas son responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la visión de estos organismos.

[2] Demógrafo, Profesor titular del Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Estatal de Campinas, Investigador del Centro de Estudios de Población “Elza Berquó”. Correo electrónico: zemarcos@unicamp.br.

[3] Geógrafa y Demógrafa, estudiante de posdoctorado en el Grupo de Investigación de Producción del Espacio y Redefiniciones Regionales (GAsPERR) de la Facultad de Ciencias y Tecnología-Universidad Estatal Paulista (UNESP). Correo electrónico: kesia.anastacio@hotmail.com.

[4] Geógrafo y Demógrafo, Doctor en demografía por el Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Estatal de Campinas. Correo electrónico: fariasax@uol.com.br.

[5] Sociólogo y Demógrafo, Doctor en demografía por el Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Estatal de Campinas. Correo electrónico: guilherme.ortega@uol.com.br.

[6] Doctoranda en demografía por el Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Estatal de Campinas. Correo electrónico: dafne.sponchiado@gmail.com.

[7] Estas regiones metropolitanas se refieren a las creadas mediante una ley federal en la década de 1970, a saber: Región Metropolitana de Belém, Región Metropolitana de Fortaleza, Región Metropolitana de Recife, Región Metropolitana de Salvador, Región Metropolitana de Belo Horizonte, Región Metropolitana de Río de Janeiro, Región Metropolitana de São Paulo, Región Metropolitana de Curitiba y Región Metropolitana de Porto Alegre.

[8] En gran parte debido a la disminución del número medio de hijos por mujer y la reducción de los flujos migratorios de larga distancia.

[9] Según Santos (1993), la “desmetropolización” se caracteriza por la reducción relativa del tamaño de la población de las metrópolis. Souza (2001) afirma que la “desmetropolización” no implica, como bien destacó Santos (1993), postular una disminución general de la metropolización en el Brasil, ni sugerir que haya pérdidas de población absolutas en las metrópolis consideradas individualmente. En realidad, lo que ocurre es que la metropolización comienza a asociarse cada vez más con el surgimiento de nuevas metrópolis y ya no con el crecimiento de las antiguas (sobre todo de las metrópolis nacionales).

[10] El término metamorfosis utilizado en este texto se refiere a los cambios registrados en los ambientes metropolitanos conforme a la descripción de Lencioni (2011).

[11] El índice de Moran local, como indicador local de asociación espacial (Local Indicator of Spatial Association (LISA)), constituye una importante herramienta estadística para determinar fuertes patrones de autocorrelación espacial local con respecto a la distribución de variables socioespaciales a lo largo del espacio urbano (Anselin, 1995). Esto se debe a que cada observación proporciona una indicación de la extensión de una agrupación espacial significativa de valores similares para el indicador con respecto a su entorno. Así, se pueden determinar agrupaciones locales espaciales, formadas a partir de valores significativos contiguos del LISA. En el caso específico del índice de Moran local, al aplicar el índice a la variable que se ha de utilizar es posible determinar cuatro tipos de agrupaciones: alto-alto (valor alto con valores altos en el entorno), bajo-alto (valor bajo con valores altos en el entorno), alto-bajo (valor alto con valores bajos en el entorno) y bajo-bajo (valor bajo con valores bajos en el entorno). Las observaciones restantes en las que el índice no resulta significativo (se verifica heterogeneidad en la distribución de los valores de la variable analizada entre las observaciones) se clasifican como no significativas.

[12] Para Bonduki y Rolnik (1979), en su sentido “tradicional y sociológico”, las periferias serían aquellas zonas “de bajo diferencial de ingreso de la tierra”, donde sería más accesible vivir y, por lo tanto, el típico lugar de asentamiento de la población de bajos ingresos. Generalmente coincide con el sentido geográfico asociado a la palabra, que corresponde a las áreas inmediatamente alrededor de un centro urbano. Sin embargo, en los últimos años se ha observado una tendencia al aumento de la complejidad del patrón centro-periferia de estructuración urbano-metropolitana, que se manifiesta a partir de la heterogeneización social de las periferias “tradicionales” y el surgimiento de nuevas periferias “elitizadas”.

[13] En este trabajo, los municipios más grandes desde el punto de vista de la población serían aquellos con más de 500.000 habitantes, conforme a la clasificación de Andrade y Serra (2001).

[14] Este mapa puede realizarse a partir de la compatibilización de los sectores censales (menor área de recolección de los datos del Censo Demográfico) de 2000 y 2010.

[15] Vale la pena mencionar que la distancia no siempre es un factor fundamental en el proceso de localización de los asentamientos, sobre todo en el caso de los segmentos más ricos de la población, pues la “fricción” impuesta por la distancia tiende a reducirse mediante buenas vías de transporte. Villaça (2001) deja muy claro este tema al considerar que, por regla general, los grupos sociales más privilegiados suelen establecerse en los espacios donde se encuentran las mejores condiciones de infraestructura, incluida la movilidad urbana.

[16] De acuerdo con el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), en la actualidad el Brasil tiene oficialmente 74 regiones metropolitanas.

[17] Rodriguez (2019) también utiliza este último término en su análisis de varias regiones metropolitanas de América Latina.

[18] No hay que olvidar que, a largo plazo, el crecimiento vegetativo diferencial entre las diferentes zonas de la región también puede interferir de manera significativa en este proceso. Así, a corto plazo, no cabe duda de que son la movilidad residencial o la migración las que, de hecho, inciden en esta redistribución.

[19] Fenómeno estudiado por Caldeira (2000).

[20] Si bien es cierto que el crecimiento de las áreas periféricas también está dado por la migración de origen externo y por el crecimiento vegetativo, mientras en el primer caso los datos muestran que el peso de este componente es, en general, mucho menor en el caso de los municipios periféricos, pues la gran puerta de entrada de esos migrantes suele ser el municipio central (Cunha, 2018), el crecimiento vegetativo es cada vez más homogéneo, teniendo en cuenta la disminución generalizada de la fecundidad.

[21] De acuerdo con Courgeau (1975), el espacio de vida sería aquel donde el individuo realiza las actividades relativas a su reproducción social y económica (trabajo, tiempo libre, compras, estudio, entre otras).

[22] Al citar el término implosión-explosión de la ciudad, Lefebvre (1999) se refiere a la difusión de lo urbano en el surgimiento de la sociedad industrial, es decir, está relacionado con el inexorable proceso de concentración de personas, riquezas, bienes y objetos de trabajo que impregnan la realidad urbana y metropolitana. Al mismo tiempo, el término alude a la fragmentación de la ciudad con la difusión de lo urbano, es decir, el crecimiento de los suburbios y las periferias.

[23] El concepto propuesto por Monte-Mór (2005) describe el proceso de extensión de las condiciones generales de la producción urbano-industrial más allá de las ciudades, alcanzando espacios cercanos y remotos, donde las relaciones socioespaciales urbano-industriales se imponen como dominantes, independientemente de la variada densidad urbanística (Monte-Mór, 2005, pág. 435). Cabe destacar la aplicación de este concepto al caso de São Paulo en un estudio sobre el proceso de interiorización del estado. Véanse más detalles en Betarelli Junior, Monte-Mór y Simões (2013).

[24] Estos valores pueden obtenerse sumando las líneas referentes a “municipio en 2005” y “otros municipios” pues al tratarse de migrantes que se desplazaron entre regiones de la macrometrópolis, estas dos categorías contemplan precisamente a los que no trabajan en la región de destino.

Artículo 7

Dimensiones regional, local e individual de la migración venezolana: el caso de la frontera con Roraima (Brasil)

Juliana Mota de Siqueira[1]

A esperança

Nunca é a forma burguesa, sentada e tranqüila da espera.

Nunca é figura de mulher

Do quadro antigo.

Sentada, dando milho aos pombos.[2]

Recibido: 17/12/2019

Aceptado: 23/03/2020

Resumen

Entre los escenarios que reflejan la complejidad de la movilidad Sur-Sur contemporánea cabe destacar la migración de ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela al Brasil. La mayor concentración de migrantes se observa en Boa Vista, capital del estado de Roraima, situada a unos 200 km de la frontera internacional. En este contexto, el objetivo de este trabajo consiste en pensar la emigración venezolana a partir de la construcción de puentes en el tiempo, en el espacio y entre los individuos. En el tiempo, porque se hace el ejercicio de situar el actual flujo migratorio de la República Bolivariana de Venezuela en su contexto histórico. En el espacio, porque se procura dar un contenido político, histórico y territorial a la dimensión regional y local de la frontera entre el Brasil y la República Bolivariana de Venezuela. Entre los individuos, que son al mismo tiempo fin y medio, porque será a partir de entrevistas en profundidad y observación participante que se evidenciarán y analizarán las investigaciones cuantitativas, las políticas, la legislación, las acciones y las prácticas, igualmente distribuidas en diferentes niveles.

Palabras clave: migración, movilidad, Venezuela, frontera, Brasil, Roraima, Boa Vista, Amazonia.

Abstract

One of the situations that reflect the complexity of contemporary South-South mobility is the migration of citizens of the Bolivarian Republic of Venezuela to Brazil. The largest concentration of migrants is in Boa Vista, the capital of the State of Roraima, around 200 kilometres from the international border. The aim of this study is to consider Venezuelan emigration by building bridges in time, space and between individuals. The bridges are built in time by placing the current migratory outflow from the Bolivarian Republic of Venezuela in its historical context. The spatial aspect is addressed by describing the political, historical and territorial content of the regional and local aspects of the border between Brazil and the Bolivarian Republic of Venezuela. The bridges between individuals —who are both the end and the means— are built through in-depth interviews and participant observation, to test and analyse quantitative research, policies, legislation, actions and practices, distributed at different levels.

Keywords: migration, mobility, Venezuela, border, Brazil, Roraima, Boa Vista, Amazon region.

Résumé

La migration des ressortissants de la République bolivarienne du Venezuela vers le Brésil se distingue parmi les scénarios qui reflètent la complexité de l'actuelle mobilité Sud-Sud. La plus forte concentration de migrants est enregistrée à Boa Vista, capitale de l'État de Roraima, située à environ 200 km de la frontière internationale. Dans ce contexte, cette étude propose une réflexion sur l'émigration vénézuélienne en jetant des passerelles dans le temps, l'espace et entre les individus. Dans le temps, car l'exercice consiste à replacer le flux migratoire actuel de la République bolivarienne du Venezuela dans son contexte historique. Dans l'espace, parce que le but est de donner un contenu politique, historique et territorial à la dimension régionale et locale de la frontière entre le Brésil et la République bolivarienne du Venezuela. Entre individus, qui sont à la fois fin et moyen, dans la mesure où les entretiens en profondeur et l'observation participative permettront de mettre en évidence et d'analyser les recherches quantitatives, les politiques, la législation, les actions et les pratiques, réparties de manière égale à différents niveaux.

Mots clés: migration, mobilité, Venezuela, frontière, Brésil, Roraima, Boa Vista, Amazonie.

Introducción

Entre los escenarios que reflejan la complejidad de la movilidad Sur-Sur contemporánea cabe destacar la migración de ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela al Brasil. Sobre todo a partir de 2014, motivos como la escasez de recursos y servicios, la violencia y las tensiones políticas llevaron a casi 5 millones de personas a dejar el país (R4V, 2020). De acuerdo con datos recientes, aproximadamente 254.000 venezolanos optaron por el Brasil como destino final o ruta de tránsito hacia otros países (R4V, 2020). La principal puerta de entrada de esos migrantes es la Amazonia, específicamente el municipio de Pacaraima, en el estado de Roraima. La mayor concentración de migrantes se observa en Boa Vista, la capital del estado, situada a unos 200 km de la frontera internacional.

Este flujo migratorio sin precedentes de origen venezolano, que se dirige sobre todo a los países de América Latina y el Caribe, obliga a los países y a diferentes instituciones a elaborar e integrar estrategias a nivel local, nacional e internacional, a fin de tener en cuenta las singularidades de los procesos individuales y colectivos. En este contexto, en 2018 se crea en el Brasil la Operación Acogida, que —bajo la coordinación de las Fuerzas Armadas— integra las acciones de al menos 108 instituciones nacionales e internacionales de diferentes sectores de la sociedad. Además, en el país se crea y adopta una serie de instrumentos legislativos con miras a facilitar la acogida de la población migrante en situación de emergencia. Estas estrategias y acciones cambian constantemente, tanto en función de las visiones políticas como de la propia coyuntura migratoria.

En este contexto, el objetivo de este trabajo consiste en pensar la emigración venezolana a partir de la construcción de puentes en el tiempo, en el espacio y entre los individuos. En el tiempo, porque se hace el ejercicio de situar el actual flujo migratorio de la República Bolivariana de Venezuela en su contexto histórico. En el espacio, porque se procura dar un contenido político, histórico y territorial a la dimensión regional y local de la frontera entre el Brasil y la República Bolivariana de Venezuela. Entre los individuos, que son al mismo tiempo fin y medio, porque será a partir de entrevistas en profundidad y observación participante que se evidenciarán y analizarán las investigaciones cuantitativas, las políticas, la legislación, las acciones y las prácticas, igualmente distribuidas en diferentes niveles.

Para ello se llevó a cabo una investigación bibliográfica cuantitativa y cualitativa y, entre enero y marzo de 2019, se realizaron 78 entrevistas en la ciudad de Boa Vista. Los diálogos, cuyo anonimato se garantizó mediante una declaración de consentimiento debidamente firmada por los participantes, se desarrollaron sobre todo con los venezolanos instalados en las calles de Boa Vista y en uno de los refugios de la ciudad.

Cabe subrayar que este trabajo es limitado, pues no pretende describir la situación de todos los venezolanos residentes en Boa Vista y mucho menos en el Brasil o América Latina. Como es sabido, muchos no necesitan acudir a los refugios o vivir en las calles. Asimismo, se señala que algunos grupos específicos, como las poblaciones indígenas de origen venezolano, no están contemplados en estas reflexiones.

A. De la inmigración a la emigración en la República Bolivariana de Venezuela después de 1945

Durante muchos años, Venezuela[3] fue un país eminentemente receptor de inmigrantes. En el siglo XX, este proceso se produjo en dos etapas principales. La primera ola migratoria, de origen predominantemente europeo, alcanzó su apogeo entre 1950 y 1960. La segunda, de carácter Sur-Sur, se registró sobre todo entre 1960 y principios de la década de 1990 (Picouet, Pellegrino y Papail, 1986; Álvarez, 2006; Páez, 2015; Ribas, 2018).

En la primera etapa, medidas como la creación de la Dirección de Identificación y Extranjería (DIEX) durante el gobierno democrático de Isaías Medina Angarita (1941-1945) señalan una nueva intención detrás de los principios migratorios del país. Esta disposición se intensifica en la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez (1950-1958), cuando los requisitos de ingreso se reducen al mínimo mediante una política de “puertas abiertas”. En consecuencia, Venezuela se convierte en uno de los principales destinos de América del Sur para los migrantes europeos procedentes en su mayoría de Italia, España y Portugal. Esta estrategia gubernamental, que de forma inédita abogará por los obreros, los artesanos y los técnicos, funcionará como combustible para el desarrollo del sector industrial del país y acentuará el proceso de urbanización (Picouet, Pellegrino y Papail, 1986; Álvarez, 2006).

Con la apertura democrática se cierra el ciclo de incentivos a los nuevos ingresos en el país. Este cambio en la postura política reducirá sustancialmente la inmigración de origen europeo, a la vez que la reanudación del crecimiento económico y la estabilidad en Europa incentivarán el retorno de parte de la población. La convergencia de esos dos factores se refleja en el saldo migratorio negativo registrado en 1963 (Picouet, Pellegrino y Papail, 1986; Álvarez, 2006).

Posteriormente, los cambios en la coyuntura nacional e internacional favorecerán una nueva etapa de la inmigración. Entre 1960 e inicios de la década de 1990 aumenta el número de sudamericanos y caribeños, esta vez de forma menos dependiente de las políticas de incentivo del Estado. En este contexto, el grupo nacional más representativo es el de origen colombiano, atraído por factores como la expansión de la economía del petróleo y la proximidad geográfica, histórica y cultural entre los dos países. Los conflictos armados en curso en Colombia y la desaceleración económica ligada a la reducción del precio del café motivaron la partida de muchos colombianos, a tal punto que en 1980 representaban el primer grupo de extranjeros en Venezuela (Álvarez, 2004).

En la década de 1970, el aumento progresivo del precio del petróleo, acompañado del desarrollo industrial y de infraestructura, incrementó la demanda de mano de obra en diferentes sectores de la economía venezolana. Este factor, sumado a las dictaduras militares instauradas en países como la Argentina, Bolivia, Chile y el Uruguay, atraerá fuerza de trabajo cualificada a Venezuela.

De acuerdo con Álvarez (2006), este período de florecimiento durará aproximadamente hasta 1983, cuando la disminución del precio del petróleo y la reducción del volumen de las exportaciones desestructurarán el plan económico en curso en el país. Estas nuevas circunstancias, que tendrán consecuencias como desempleo, elevada inflación y reducción de los salarios, no solo disminuirán significativamente el flujo de inmigrantes, sino que darán lugar a un inédito y significativo movimiento de retorno de los no europeos.

Este punto de inflexión definirá una nueva tendencia migratoria en Venezuela, de manera que los propios venezolanos, que antes partían para cualificarse y después regresaban al país, comienzan a emigrar. Ribas (2018) señala que el primer grupo en dejar el país, sobre todo entre 1999 y 2013, está compuesto principalmente por profesionales, técnicos y jóvenes cualificados. Según la autora, este período coincide con la elección de Hugo Chávez (1998), que puso en marcha una política de cuestionamientos de las clases alta, media, profesional e intelectual de la República Bolivariana de Venezuela. Estos factores, sumados a la creciente inseguridad (personal y de garantía de la propiedad) y la falta de oportunidades y perspectivas de trabajo, llevan a las personas a emigrar a destinos como los Estados Unidos, España, Italia y, en menor medida, a países del subcontinente como Colombia, el Perú, Panamá y el Ecuador[4].

A partir de 2014, este patrón se vuelve menos específico y la emigración se intensifica y se extiende a todos los grupos sociales y de cualificación. La muerte del presidente Hugo Chávez en 2013, la inestabilidad generada por la elección del presidente Nicolás Maduro por un estrecho margen (50,5%), la persecución política de los opositores y el control social de las manifestaciones públicas (que provoca un número creciente de muertos, heridos y presos) generarán un complejo escenario de incertidumbre política que se reflejará tanto a nivel nacional como internacional. Estas tensiones, sumadas a las condiciones estructurales que comenzaron en la década de 1990, incrementan aún más el deterioro del nivel de vida de la población, lo que limita drásticamente su capacidad de permanecer en el país. En estas circunstancias en que la emigración crece y los destinos se multiplican, el Brasil se sitúa por primera vez como punto destacado en las rutas migratorias de los venezolanos.

B. Los venezolanos: entre la decisión y la emigración al Brasil a partir de 2014

1. La situación actual en la República Bolivariana de Venezuela

La creciente emigración venezolana, que se intensifica sobre todo a partir de 2014, confirma la propuesta de Sassen (2016) de que las migraciones tienen lugar dentro de sistemas internos y externos. Según la autora, esta característica explica el inicio de los flujos de personas en un período determinado, aunque sus familias y comunidades hayan estado en situación de vulnerabilidad durante mucho tiempo. Con ello destaca que, al ser indicadores de una historia en construcción, las migraciones impregnan las decisiones individuales y familiares, pero están igualmente entrelazadas con las estructuras de decisión a nivel local, regional, nacional e internacional.

En la coyuntura venezolana, este proceso obedece en parte a la degradación del nivel de vida de la población del país, que expone a sus ciudadanos a elevados niveles de pobreza, violencia y carencia de insumos y servicios. José (nombre ficticio), un migrante de San Félix que actualmente vive en uno de los refugios de Boa Vista, define al país “como un autobús que dobló tan bruscamente que caen venezolanos por todos lados”. Según datos de la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela, a marzo de 2020 aproximadamente el 15% de la población venezolana había dejado el país, y cerca de 4,1 millones de esos migrantes se encontraban en países de América Latina y el Caribe (R4V, 2020)[5].

De acuerdo con la encuesta de la primera Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), realizada entre enero y marzo de 2018, el 67% de las personas entrevistadas declaró que dejaba el país por razones económicas y laborales, el 22% por falta de acceso a alimentos y servicios médicos, el 7% por inseguridad y violencia, el 2% por razones familiares, el 1% por otros motivos y el 1% por persecución[6]. Cuando se les preguntó qué pasaría si regresaran a su país, el 42% respondió que pasaría hambre, el 32% que estaría desempleado, el 19% que no tendría ningún problema y el 1% que sufriría persecuciones y amenazas (OIM, 2018a)[7].

En las entrevistas realizadas para este trabajo se constató en primer lugar la dificultad de desglosar estos motivos individuales, puesto que factores como el hambre, la inseguridad, el desempleo y la falta de servicios están estrechamente relacionados. Algunas personas declararon que se vieron obligadas a robar para alimentarse a sí mismas y a sus familias. En este ciclo de miseria, muchos sufrieron robos en sus casas y fueron víctimas o testigos de violencia, como en el caso de Juana (nombre ficticio), que relata: “Donde vivíamos se volvió tan complicado que en el último diciembre que estuvimos allá, desaparecieron cinco muchachas y cuando aparecieron, aparecieron picadas en pedacitos y tiradas frente a donde nosotros vivíamos”.

En el Informe anual de violencia de 2018, elaborado por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), se clasifica a la República Bolivariana de Venezuela como el país más violento del continente americano, con 81,4 homicidios cada 100.000 habitantes (OVV, 2018). En el informe se constata que la delincuencia, que antes se concentraba en algunos municipios, se extiende ahora a casi todo el país. También es una novedad el objetivo de los delitos, que ya no es dinero, sino sobre todo bienes y alimentos, por lo que aumentan los delitos en las zonas rurales. El abuso de poder, la violencia y la corrupción de las fuerzas del Estado (policiales y militares) también se verifican en la investigación del OVV y se mencionan repetidamente en las entrevistas como uno de los motivos indirectos para abandonar el país. A esta coyuntura se suman problemas estructurales como el tráfico de drogas. La motivación de Skarly (nombre ficticio), que en la República Bolivariana de Venezuela vivía en Macaray (estado de Aragua), para dejar el país ilustra esta situación:

“Mi tío pertenece a una organización que tiene contactos a nivel nacional e internacional. Se conoce como el Tren de Aragua. Mi tío estaba trabajando con el narcotráfico y alguien le robó una mercancía. Y por esta mercancía me culparon a mí. Yo llegué al límite de que me estaban golpeando. Me amenazaron con arma de fuego. Llegó el momento que me traquearon una pistola en la boca, fue que ellos entendieron que yo no sabía nada de lo que estaba pasando. Me dejaron ir. Con la condición de que me fuera y que no volviera más”.

Sin embargo, el denominador común de la red de situaciones que hicieron que gran parte de las personas entrevistadas para este trabajo abandonara la República Bolivariana de Venezuela es seguramente el hambre. Esta, que es el marco de innumerables situaciones, disfrazada con el eufemismo de “inseguridad alimentaria”, revela el extremo dolor humano de no tener nada que comer o, lo que parece ser peor, no poder garantizar el sustento de la propia familia.

Según datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) de 2017 (UCAB/UCV/USB, 2017), desarrollada bajo la coordinación del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Simón Bolívar (USB), la canasta de alimentos presenta un retroceso, tanto desde el punto de vista de la diversidad de los artículos, como de la proporción de cada artículo adquirido. La encuesta indica que la reducción de la oferta de alimentos, la creciente inflación y al aumento de la pobreza en el país hacen que el 89,4% de la población declare que sus ingresos son insuficientes para comprar alimentos. La calidad de la alimentación también se ha deteriorado. Cerca del 50% de la canasta se concentra en arroz y derivados (10,9%), harina de maíz (10,2%), pan y pastas (10,2%), tubérculos (9,3%) y grasas (6,9%). El consumo de frutas, verduras, leche, carne y huevos disminuyó drásticamente, así como el peso medio de las personas, que en el año anterior a la encuesta se redujo 11 kg para el 60% de la población. Cinco años después de la emigración de toda su familia, Daliana (nombre ficticio), que en la República Bolivariana de Venezuela vivía en la ciudad de Valencia, describe el contexto de privación que en última instancia la llevó a dejar el país:

“¿Quién va a querer dejar su casa, sus amigos, tu mascota, tu mate cambur, tus flores? Nadie. Tú dices siempre ‘esto va a pasar, esto va a pasar’. Pero nunca pasa. A veces me acuerdo, pensando ‘si yo estuviera en mi casa, estaría echada en la grama...’ Pero los niños estaban con los zapatos rotos, ‘mamá, ¿qué vamos a comer?’. Tú tienes que hacer una cola grande para que te den una bolsa de comida, para que tu niño recupere peso. Para mí esto es una ofensa. Yo lloré muchas veces. Yo duré dos meses sin comer bien. Siete días sin comer para que ella [su hija] y mi hijo pudieran comer crema de guayaba de mi cosecha, berenjena de mi cosecha. Nuestros cinco perros se murieron frente a nuestros ojos porque no teníamos qué darles que comer. Agua salobre, porque no tenía agua dulce. Hay que pagar para que te den un vaso de agua. Algo feo. El agua no se niega a nadie. La electricidad se iba un día sí, un día no. Y cuando se iba, se iba por tres, cuatro o cinco horas. ¿Para qué? Para que se apague internet, las antenas. Y no tengamos información. ¿Cuántas personas se murieron en Venezuela por falta de medicamentos? Entonces, pero qué bonita es Venezuela, pero no queremos estar allá”.

Como menciona Daliana, el hambre en la República Bolivariana de Venezuela se materializa en largas filas, tanto para conseguir recursos generales como para comprar alimentos. La primera dificultad es que, en función del aumento de la especulación monetaria, el dinero se convirtió en una mercancía. Este proceso se conoce como “bachaquerismo” y, entre otras prácticas, facilita el intercambio de dinero por transferencia entre cuentas bancarias a un valor mucho mayor. Esta práctica se alimenta por la existencia de un límite diario de retiros bancarios, que obliga a muchas personas a dormir varias noches consecutivas en las filas de las sucursales para conseguir lo suficiente para unos pocos artículos diarios, como sardinas y mandioca. Las personas entrevistadas también contaron que en algunos lugares el Gobierno distribuye bolsas de alimentos, que además de ser insuficientes, se reparten preferentemente en las regiones y entre las familias que apoyan al Estado.

Los cortes de energía y los problemas de distribución de agua mencionados por Daliana se confirman en la ENCOVI de 2015. Las interrupciones del suministro de energía eléctrica afectan al 86,4% de los hogares, el 12,5% de los cuales sufre interrupciones diarias. Además, el 38,4% de los hogares carece de un servicio de agua continuo.

Como señala Daliana, la escasez de medicamentos y los problemas del sistema de salud del país también se citan en forma recurrente como motivos para dejar la República Bolivariana de Venezuela. De acuerdo con los datos de la ENCOVI de 2016, 1 de cada 5 personas que requieren tratamiento para enfermedades como diabetes, hipertensión e hipercolesterolemia no pueden tratarse. Además, 1 de cada 3 personas con diagnóstico de trastornos psicológicos y mentales como depresión, trastornos de angustia y epilepsia no tiene acceso a recursos terapéuticos (Freites, 2017).

Las deficiencias del sistema educativo y el incremento de las cuotas mensuales de las instituciones también se citaron repetidamente como factores para dejar la República Bolivariana de Venezuela. Daniela (nombre ficticio), una joven venezolana de Puerto Ordaz, afirmó que en un mes el costo de la guardería de su hija pasó de 20.000 a 140.000 bolívares. En la ENCOVI de 2017 se constata que el 12% de los niños y adolescentes de 3 a 17 años no está inscrito en instituciones de enseñanza. Entre aquellos que están inscritos, el 39% falta a clases por motivos como cortes en el suministro de agua (19%), falta de alimentos en el hogar (12%), cortes en el suministro de energía eléctrica (11%), dificultad en el transporte (9%) y huelgas (6%). En las entrevistas se constató además que muchos dejan de asistir a las instituciones de enseñanza (o de alentar a sus hijos a hacerlo) porque no creen en los beneficios futuros de la educación en un país en crisis.

2. La decisión de partir al Brasil ante los cambios en la legislación y las políticas brasileñas

Frente a estas y otras dificultades, muchas personas y familias deciden abandonar el país. A la hora de emigrar, el Brasil constituye uno de sus destinos principales. Los migrantes ingresan al país y se instalan sobre todo en los municipios de Pacaraima y Boa Vista, en el estado de Roraima. El incremento de los flujos hacia el Brasil se produce principalmente a partir de 2015, cuando estos asumen la forma de movimientos pendulares y circulares para la adquisición de productos o recursos financieros para llevar a la República Bolivariana de Venezuela. A partir de 2016 aumenta el número de venezolanos que se instalan en el Brasil, de manera que su presencia en el estado de Roraima comienza a ser más visible y provoca diversas reacciones entre la población y el poder público (Silva y Sampaio, 2018).

El motivo más citado por las personas entrevistadas para la elección del país es la proximidad con respecto a su región de residencia anterior. Esta respuesta se confirma en la encuesta de la tercera Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos, realizada en octubre de 2018, en la que Anzoátegui (30%), Bolívar (23%) y Monagas (17%) constituyen los principales estados de origen de los venezolanos con destino al Brasil (OIM, 2019)[8].

La posibilidad de acceso por vía terrestre y el bajo costo del viaje en relación con otros destinos más lejanos limitan las opciones de muchos emigrantes, para quienes el traslado a Pacaraima o directamente a Boa Vista (para los que disponen de más recursos financieros o redes personales) constituye la única alternativa en la que aplicar los pocos medios que les quedan. Muchos no tienen dinero para comprar pasajes y por eso hacen autostop desde el origen. La elección del Brasil sobre la base de la distancia también se debe a la evaluación de la facilidad de retorno a la República Bolivariana de Venezuela, tanto para ayudar a sus familiares, como en caso de que fracasen sus proyectos migratorios.

Otro motivo para ir al Brasil es la impresión de agotamiento de otros destinos como Colombia, el Ecuador y el Perú. Pedro (nombre ficticio), un joven estudiante de diseño gráfico de la ciudad venezolana de Valencia, cuenta que estuvo en Barranquilla (Colombia) antes de ir al Brasil, pero regresó a su país porque consideró que allí había muchos venezolanos. En la República Bolivariana de Venezuela también buscó trabajo en ciudades como Maracaibo y Caracas. En el momento de la entrevista en Boa Vista dudaba entre quedarse en Roraima o irse al Perú o a otra ciudad del Brasil. Pedro trazó su camino en un mapa que lleva siempre consigo, tal vez para no olvidar nunca de dónde vino y quién es en la todavía árida ciudad de Boa Vista (véase la imagen 1).

Imagen 1

Registro de un migrante venezolano de los lugares por donde pasó hasta llegar a Boa Vista (Brasil)

Fuente: Juliana Siqueira.

Con la consolidación de los flujos migratorios se fortalecen las redes entre familiares y amigos, de manera que muchas personas declaran haber emigrado al Brasil porque conocen a alguien o por orientación de otra persona. Elisabeth (nombre ficticio), del estado de Sucre, explica su decisión de migrar al Brasil con su novia:

“Yo consideré ir a Ecuador, pero el dinero no nos alcanzó. Y allá no conocíamos a nadie. Y aquí tenemos un amigo que tenía unos cinco meses aquí. Entonces decidimos venir para acá. Él no nos dijo que era fácil. Él nos dijo que esto era la guerra. Que tendríamos que venir preparadas”.

Por último, otro motivo frecuente para dirigirse al Brasil, incluso entre quienes viven en regiones más distantes, se basa en la facilidad para ingresar al país sin documentos específicos y la posibilidad de regularizar la situación migratoria. Este es un factor determinante en muchos casos, pues las instituciones venezolanas encargadas de expedir documentos como certificados de nacimiento, cédulas de identidad y pasaportes también resultaron afectadas por la desestructuración registrada en el país. Para los venezolanos que carecen de estos documentos o no están en posesión de ellos es muy difícil obtenerlos antes de emigrar. Según muchos entrevistados, en la República Bolivariana de Venezuela estos documentos solo se emiten mediante soborno y corrupción y, como la mayoría de las personas no tiene recursos, no le queda otra opción que emigrar con los registros de identidad ya adquiridos.

En la mayoría de los países de América Latina sigue siendo posible entrar sin pasaporte o visado[9]. Sin embargo, con el argumento de promover una “migración segura, ordenada y regular”, países como el Perú, el Ecuador y Chile amenazaron en 2019 con pedir visado a los venezolanos[10]. Esta medida no solo reduciría la lista de destinos preferentes de estos nacionales, sino que promovería la reestructuración de las rutas migratorias que pasan por esos países.

En el Brasil, la nueva Ley de Migración (núm. 13.445/2017) (Gobierno del Brasil, 2017b) sustituye al Estatuto del Extranjero (Ley núm. 6.815/1980). Con este cambio se reemplaza el enfoque de seguridad nacional del período de la dictadura militar por la garantía de los derechos humanos ya reconocida por la Constitución Federal de 1988. Entre estos dos marcos legales se establece, por medio de la Ley núm. 9.474/1997, el Estatuto del Refugiado, en cuyo primer artículo se confiere el estatus de refugiado a todo individuo que debido a fundados temores de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, grupo social u opiniones políticas se encuentre fuera de su país de nacionalidad y no pueda o no quiera acogerse a la protección de dicho país (Gobierno del Brasil, 1997).

En el caso venezolano, la multiplicidad de marcos jurídicos no siempre convergentes crea una laguna legislativa para las personas que, a pesar de haberse visto obligadas a migrar, no son consideradas como refugiados. Para tratar de llenar este vacío jurídico y acompañar, aunque con retraso, las dinámicas migratorias, se crea la Resolución Normativa núm. 126, del 2 de marzo de 2017, en cuyo primer artículo se establece que podrá concederse residencia temporal, por un período de hasta 2 años, al extranjero que haya ingresado en el territorio brasileño por vía terrestre y sea nacional de un país fronterizo para el cual todavía no esté en vigor el Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile (Gobierno del Brasil, 2017a) (Souza y Silveira, 2018; Abrahão, 2019)[11].

En este nuevo marco legislativo, en marzo de 2018 se publicaron las Medidas Provisorias 820/2018 (Gobierno del Brasil, 2018a), 823/2108 (Gobierno del Brasil, 2018b), el Decreto 9.286/2018 (Gobierno del Brasil, 2018c) y el Decreto 9.970/2019 (Gobierno del Brasil, 2019a), que abordan específicamente la gestión del flujo venezolano, con miras a orientar a las localidades de destino para que tomen medidas centradas en una acogida digna y (re)formular la acción del Comité Federal de Asistencia de Emergencia. La creación de este comité prevé, entre otras competencias, la acción integrada del Gobierno federal, los estados y los municipios, así como de las organizaciones internacionales, las entidades privadas y la sociedad civil en la acogida de migrantes.

En agosto de 2018 se publicó también la Ordenanza Interministerial núm. 15 del Ministerio de Justicia (Gobierno del Brasil, 2018e), que simplifica la lista de documentos necesarios para la solicitud de residencia temporal. Esta medida tiene el objetivo de reducir la burocracia y, a su vez, la necesidad de solicitar refugio en el Brasil, que hasta entonces era la única alternativa para los inmigrantes desprovistos de cédula de identidad o pasaporte. En forma paralela, el Comité Nacional para los Refugiados (CONARE) implementa la Resolución Normativa núm. 31 de noviembre de 2019 (Gobierno del Brasil, 2019b), que cancela automáticamente la solicitud de refugio de las personas a las que se había reconocido la residencia temporal. Con esta iniciativa se procura reducir el número de solicitudes duplicadas para optimizar la capacidad de trabajo del CONARE. No obstante, algunos analistas consideran que esta resolución trata el refugio como una alternativa migratoria, lo que debilita su carácter de protección.

Antes de enfrentarse a la legislación, entre la decisión y la llegada al Brasil hay un largo camino que se traza con incertidumbres y dolores, pero también alegrías. Siguiendo aún el hilo con el que se intentan tapar los agujeros de la experiencia migratoria, se describe a continuación la historia de Daliana, que aclara la idea misma de la nación, sus fronteras y sus signos.

3. Sobre partir, llegar y el poder de la palabra

Hobsbawm (1990, pág. 17) sostiene que todo lo que se necesita para ser, crear o recrear una nación es la voluntad de ser dicha nación. En esta medida, el fortalecimiento de las ideas de nación, así como de los ideales nacionalistas y patrióticos, es ante todo el fruto de una realidad imaginada e idealizada por los Estados y las instituciones.

Anderson (1996, págs. 3-4) refuerza estas ideas, al sostener que las naciones deben entenderse como una comunidad política imaginada, limitada y soberana: imaginada, porque hasta los miembros de las naciones más pequeñas nunca llegaron a conocerse mutuamente, ni escucharon hablar unos de otros, pero en sus mentes está la imagen de la comunión; limitada, porque hasta la más grande de ellas tiene fronteras que la separan de otras naciones, y soberana, porque el concepto surgió bajo los efectos de la Revolución Francesa que, fundada en ideales iluministas, proclamaba el fin de las jerarquías dinásticas por medio del modelo de nación libre que solo se alcanzaría con su supremacía.

Para consolidarse, estas imágenes se reforzaban constantemente mediante numerosos símbolos (muchos sacralizados), como la lengua, la etnicidad, una tela de colores (las banderas), los himnos y las fronteras. Con la difusión del modelo de sociedad urbanizada y el advenimiento de nuevas tecnologías, estos fueron reforzados por los medios de comunicación masiva (como la prensa, la radio y el cine) y por el deporte como símbolo nacional.

Esta campaña nacionalista reforzaba, por lo tanto, la idea de que, si el país es de algún modo “mío”, es necesariamente superior a los demás y sus fracasos y debilidades son culpa de los enemigos externos y de los traidores internos. Para ello, era necesario promover la homogeneidad identitaria, de manera que solo para “nosotros” sea obvio que los miembros de nuestra “nacionalidad” tienen un amplio espectro de tamaños, formas y apariencias, mientras que para “ellos” es necesario que seamos todos parecidos (Hobsbawm, 1990, págs. 81, 109, 172).

Desde esta perspectiva, al cruzar la frontera entre la República Bolivariana de Venezuela y el Brasil, Daliana (nombre ficticio) no solo se adentra en un territorio, sino en todos los signos que lo comportan. El primero que encuentra a su llegada es la bandera brasileña. El himno de este símbolo nacional, que en su penúltimo verso dice “Flamea siempre, sagrada bandera”, no deja olvidar el carácter mágico-religioso presente en las fronteras, las puertas y los portales (Gennep, 2008). Antes de partir al Brasil, Daliana sueña con camiones que pasan de un lado a otro, sin darse cuenta de su presencia. Aún en estado onírico, ve la bandera del Brasil, cuya inscripción “Orden y Progreso” le da la esperanza de vivir en un país ordenado. A los pocos días de contarle el sueño al marido, este reúne el dinero necesario para la travesía y la pareja parte con los dos hijos de Daliana. Después de un largo viaje, todos están cansados, sucios y hambrientos. Al darse cuenta de que está cerca, Daliana corre hacia la bandera soñada y se sienta en la línea que marca la frontera en el suelo como quien descansa sobre su identidad. En este momento la esperanza fluye de la desesperación, se enreda en los sueños y encuentra una pupila para reflejarla. A su lado hay un militar que, como guardián del poder y la autoridad en este territorio en el que Daliana acaba de entrar, le anuncia que está en el Brasil. Antes de llegar, reconociendo la lengua como instrumento de comunicación pero también de comunión, Daliana se informa sobre la traducción de la palabra que considera más importante: HAMBRE. Con esta llave puede oír y decir lo que más la consume, que es la falta de alimento. Poco a poco las grandes palabras como Orden, Progreso y, la más grande de ellas, Hambre, van disminuyendo y se van diluyendo en lo cotidiano de los días que pasó en Pacaraima. Aprende palabras como cuchara, tenedor, basura, pañal y pollo y se divierte con la diferencia entre los dos países. Cuando se le pregunta qué hizo y qué sintió cuando llegó al Brasil, Daliana describe:

“Lloré. Corrí con la maleta cuando vi la bandera de Brasil. Cuatro días antes soñé que estaba en un lugar donde había muchas gandolas. Gandolas grandes, muy altas, que pasaban de un lado a otro. Pero las gandolas no venían hacia mí, sino que pasaban por un lado. Y yo lo miraba así, distraída en el sueño, y veía la bandera de Brasil, que decía ‘Orden y Progreso’. Entonces en mis pensamientos yo decía: ‘Dios mío, llévame a un país de Orden’. Lo comenté a mi esposo, y mi esposo en menos de 48 horas consiguió el dinero. Yo venía a la una de la tarde en el carrito de una señora de Santa Helena con estas maletas. Veníamos cansados, sin bañarnos, con hambre. Conté este sueño a un amigo, que ahora está en la calle, y él preguntó ‘¿cuándo tuviste este sueño?’. Yo dije ‘hace cuatro noches’. Él dijo ‘ya luego vas a ver, caminas para la línea’. Yo pregunto ‘¿qué es la línea?’. Después veo las gandolas y la bandera de Brasil. Sí, es igual. Yo corrí con las maletas. Llego a la línea, me siento. Un militar me dice ‘Tudo bom?’. Yo digo ‘Sí, tudo bom’. Yo pregunto ‘¿ya estoy en Brasil?’ Él me dice ‘sí’. Y yo empiezo a llorar. Dejo mi maleta tirada y empiezo a correr. Y me acordé de mi amigo. ¿Qué es lo primero que tengo que decir en Brasil? ‘EU TENHO MUITO FOME’. Por lo que vienes por primera vez aquí. Escucho música, paso la fila. Escucho así ‘Venezuelano, venga, pega, pega fome.’ Yo corro... fome, ¿dónde? ‘Vem, pega, pega fome’. Y todos haciendo la fila con un vasito. Mujer... esto nos cayó. Bendito sea Dios con esto fome. Gracias…pega fome. Me quedé feliz por haber llegado. Me dijeron ‘ahí tienes que dormir, en carpa’. Yo dije ‘ni que sea en cartón. No importa. Yo me quedo aquí. Yo no me voy de aquí’.

Yo caminaba por Pacaraima y decía ‘mira, como en la novela Como agua para chocolate’. ¿Sabe?, la novela brasilera. Nosotros ‘mira cómo son las pocetas’. Nos reíamos. Cómo dicen al cepillo, vassoura (y esto era una risa); al tenedor, garfo; cucharillo, colher, fome... ja,ja. Fome, colher, garfo, lixo, basura. Pañal…fralda. ¿Es fralde? No, fralda. Pollo es frango. O sea, todo lo que era relacionado con el día a día. Pollo, jabón, carne, arroz, café. Nos preguntábamos ‘¿cómo vamos a desayunar si nosotros comemos arepas? ¿cómo los brasileros nos van a dar esto?’ Ahí es un pan con café y un turrón dulce. Y pega o otro fome para la repetición. Alguien grita ‘¡la repetición!’. Y todos hacen la colita como si estuviesen en un campamento militar”.

Después de llegar a Pacaraima, muchos venezolanos no tienen recursos financieros para viajar a Boa Vista y continúan la travesía a pie. La historia de Anitza (nombre ficticio), en la próxima sección, ayuda a percibir el ritmo lento de esa experiencia. Su relato también conduce a reflexiones sobre la acogida de los migrantes por la población local, la violencia a la que están expuestos y algunas particularidades de género y maternidad en la experiencia migratoria.

4. La travesía hasta Boa Vista

El binomio indisoluble de la espera es la travesía, a tal punto que ambas se encuentran en un mínimo de tiempo. Se espera para atravesar y durante el camino, se espera para seguir y para llegar. Con la madeja de la vida entre las manos, se tira de la punta de la partida. Este momento es vasto y sus confines pueden ser abismales, sobre todo cuando no se sabe cuándo y en qué condiciones se podrá regresar. Los procesos capitales como este, que excavan miedos e incertidumbres, son muy difíciles de comprender en una sociedad en que el ir y venir asume perfiles imperativos de velocidad. Una pareja de la ciudad de San Félix (estado de Bolívar), entrevistada en uno de los refugios de Boa Vista, cuenta lo que él dijo en el momento de la partida de la esposa (que ambos eligieron como estrategia de supervivencia): “El país más cercano para morir es Brasil. Yo hablé con mi mujer: ‘tienes que irte’. Ella preguntaba ‘¿a dónde voy a llegar?’ Yo decía ‘no, allá nadie te espera. Ahí lo que te espera son las calles. Lo que te espera es el destino’ ”. Esta historia muestra que ante un porvenir en la oscuridad, muchos deben aferrarse al hilo de la vida y partir (desprenderse), incluso conscientes de que deberán pasar por una puerta estrecha.

La ironía de la movilidad venezolana radica en que, como un pájaro con las alas cortadas, en uno de los países con mayores reservas de petróleo del mundo, muchas personas migran a pie. La mayoría de ellas nunca ha salido de su ciudad natal y, para minimizar los riesgos, deben viajar solas[12]. El camino se enreda entre los pies y lo insoportable se vuelve soportable. Entre el pasado de los recuerdos y el futuro impredecible, queda el inmenso presente, que se percibe y se siente a cada instante. A muchos migrantes les roban los pocos bienes que tienen durante la travesía y les quedan solo sus cuerpos y el proyecto nublado de llegar. Pero ¿cómo? ¿dónde? ¿por qué? En ese tenso pasaje de los cuerpos, los movimientos, los flujos y las corrientes de los que tanto se habla en forma abstracta y superficial en los estudios migratorios se vuelven concretos y visibles. Por ser visibles, generan reacciones y sentimientos contradictorios en quienes ven. Si bien hay personas que en un primer momento se sienten amenazadas ante el Otro y tratan de defender su forma de ser mediante la negación de la coexistencia, también hay muchas que, en la potencia de este acto, expresan una actitud de acogida, que certifica y garantiza la vida de los que pasan.

Con respecto a la evidencia de la continuidad entre origen(es) y destino(s) que se dibuja en la travesía colmada de experiencias, se destaca la historia de Anitza (nombre ficticio), que nació y vivió toda su vida en la ciudad de Barcelona, capital del estado venezolano de Anzóategui. El primer encuentro con ella fue cerca de la terminal de autobuses de Boa Vista, en el marco de un trabajo voluntario de atención de la población en situación de calle realizado con algunos profesionales de la salud venezolanos. En esta ocasión se habló brevemente con Anitza y su familia, que estaban instalados en algunas hamacas frente a una serie de talleres mecánicos, donde muchos migrantes pasan la noche. A los 27 años, Anitza ha dejado por primera vez su ciudad natal con el objetivo de buscar alimento para llevar a sus tres hijas, entre ellas una de 11 meses a la que todavía amamanta. Su madre ya había estado en Boa Vista, pero regresó a la República Bolivariana de Venezuela porque su hijo (el hermano de Anitza) fue asesinado a puñaladas en el mismo lugar donde hoy duermen. Incluso ante un dolor tan extremo, no les quedó otra alternativa que regresar al Brasil, dado que en su país carecen de las condiciones para sobrevivir. Todos los miembros de la familia viven claramente muy asustados y duermen un sueño superficial porque temen que el asesino del hermano vuelva y les haga algo. El padre de la hija mayor de Anitza está en el Perú, pero no tienen contacto con él. El padre de las dos hijas menores está preso en la República Bolivariana de Venezuela y a veces realiza algunas ventas desde la prisión para ayudarla. Él no quería que ella se fuera al Brasil porque teme que conozca a un brasileño, que a su juicio es la intención de muchas venezolanas. En una segunda visita al lugar donde están instalados Anitza y su familia, sentada en el borde de la calle y en medio del ruido de los automóviles y la inquietud de la boca de la noche, cuenta su historia y su travesía (de sí misma):

Imagen 2

Migrantes instalados frente a los talleres mecánicos, cerca de la terminal de autobuses de Boa Vista (Brasil)

Fuente: Juliana Siqueira.

“Bueno, ¿de cuando vine para acá? Bueno, yo vine solamente porque mi mamá estaba aquí, tiene ya cuatro meses. Pero mi mamá se había ido por el problema de mi hermano que tuvo aquí, que dieron unas puñaladas a mi hermano ahí. Pero como la situación se quedó tan mala por ahí, tuvo que regresar otra vez con mi hermano, y mi padrastro ya tenía un saco de comida para llevarse a Venezuela. Yo vine a buscar esta comida para llevármela. Este día, cuando nos vinimos, vinimos seis personas. Esto fue hace tres semanas. De Barcelona en Venezuela pagamos un autobús de allá hacia Santa Helena y de Santa Helena nos vinimos caminando. Y después agarramos una cola hasta la aduana (donde están los guardias) y de ahí nos fuimos caminando hasta la línea. Y ahí pedimos el permiso, nos dieron el permiso. Y nos alcanzaba solamente para tres pasajes allá de la línea hasta Boa Vista y los otros tres no teníamos. Entre estos tres vino mi mamá y mis dos hermanos. Y los dos muchachos que son vecinos por mi casa y yo nos vinimos caminando. [Hace hincapié] CAMINANDO. De la línea hasta donde están unos indios así, venden carne. Hasta ahí. Un señor nos dio la cola hasta su casa y dos dieron comida, bebida, fruta y seguimos caminando, caminando, caminando. Y llegamos hasta que no sé cómo se llama esto. Preguntamos cuánto faltaba para llegar hasta aquí. La gente decía ‘No… seis días, siete días caminando’. Y yo iba a llorar. Era como esta hora ya [cerca de las 19.00 horas]. Y yo pidiendo a Dios que nos mande un carro o algo así. Entonces Dios nos escuchó y mandó un camión que llegaba hasta aquí. Pero el señor dijo que era una sola persona, que no daba todo el mundo. Y mis amigos dijeron: ‘Anda, vete tú’. Y así fue. Me vine. Y yo pidiendo a Dios ‘que sea lo que usted quiera’. Que este señor no me hiciera daño ni nada. Primera vez que yo pido una cola así y de lejos. Y vinimos por esta vía por cuatro horas. Yo no me imaginé que eran cuatro horas. Y pensé… ‘¿será que íbamos a caminar todo esto?, Dios mío’. El señor me trajo, pero me dejó hasta el terminal que queda por allá. Y aquí estoy con ellos en la calle. Pero primeramente Dios yo me voy esta semana. Sí, porque yo tengo tres niñas, tengo una de 10 años, una de 4 y una de 11 meses a la que amamanto. Entonces la dejé chiquitita allá, entonces esta niña es muy pegada a mí. No la puedo dejar”.

Al llegar a Boa Vista, la interacción de estos migrantes con el poder público, la población local y sus propios connacionales se desarrolla en lo cotidiano, que oscila entre los cambios de gobierno, las políticas y las prácticas de recepción y rechazo.

C. La reacción del poder público y la población local: entre el estigma y la acogida

Como se mencionó, la presencia de los venezolanos en Boa Vista se hace más visible sobre todo a partir de 2016 y se intensifica en 2017. En esos años, crece la población que vive en las calles de la ciudad, a la que se atribuirá la responsabilidad de los conflictos sociales, de seguridad pública y sanitaria existentes en el estado y en la ciudad.

Este período coincide con el proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff, que provoca una gran confusión en el escenario político nacional y disminuye la velocidad de respuesta del poder central. En esta fase, las principales instituciones involucradas en la gestión de los migrantes estaban formadas por representantes de la sociedad civil, que dependían en gran medida de donaciones.

Al asumir el gobierno, después de ser duramente criticado por su acción tardía, el entonces presidente Michel Temer visita Boa Vista en febrero de 2018. A partir de ese momento se pone en marcha la organización de la Operación Acogida. Se trata de una acción conjunta interinstitucional y de naturaleza humanitaria, en la que participan las Fuerzas Armadas y varios organismos de la esfera federal, estatal y municipal, además de agencias internacionales y organizaciones no gubernamentales (Kanaan y Tassio, 2018, pág. 68). En este contexto, las Fuerzas Armadas delegan al Ejército brasileño el establecimiento del grupo de trabajo logístico humanitario para la asistencia de emergencia de los inmigrantes vulnerables.

La actuación se basa en tres ejes: organización de la frontera, refugio y reubicación de los migrantes. Para organizar el ingreso de los migrantes, se establecieron en Pacaraima (único punto de acceso establecido por vía terrestre) estructuras como puestos de recepción e identificación (control migratorio), un puesto de triaje, un hospital de campaña, un alojamiento de paso para inmigrantes con capacidad para 5oo personas y un área de apoyo para el grupo de trabajo y diversas agencias. Además, se está mejorando y ampliando el refugio para indígenas janokoida (Kanaan y Tassio, 2018, pág. 69). En Boa Vista se creó un segundo puesto de triaje, que cuenta con servicios como documentación (protocolo de refugio y residencia temporal, permiso de trabajo y certificado de persona física), vacunación, espacio de juegos para niños, llamada telefónica a la República Bolivariana de Venezuela, servicio de protección a la mujer y registro para la reubicación y el refugio.

La operación promueve además el refugio temporal de los venezolanos en situación de vulnerabilidad. Además de los dos refugios citados en la ciudad de Pacaraima, cuenta con otros 11 en Boa Vista. Por último, la reubicación consiste en el traslado voluntario de inmigrantes a diferentes municipios del Brasil. Este traslado tiene lugar tras un acuerdo con las regiones de destino, que deben indicar el perfil de trabajo que necesitan. A pesar de la idoneidad de la estrategia utilizada, instituciones como el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH, 2018a) ven con preocupación la militarización de la respuesta humanitaria. El Consejo considera que esta estrategia va contra la Nueva Ley de Migración (Ley núm. 13.445/17), que establece la sustitución del paradigma de la seguridad nacional por fundamentos de derechos humanos. El Consejo también recomienda que la gestión de los refugios de responsabilidad directa del Ejército se transfiera inmediatamente a los organismos civiles responsables. Por último, la institución recomienda que el Ministerio de Defensa dé cuentas detalladas sobre la asignación de los 190 millones de reales que le fueron destinados para la Operación Acogida en 2018.

A nivel local, frente a la respuesta tardía del Gobierno federal y la agudización de las tensiones sociales por el uso del espacio y los servicios públicos, el 13 de abril de 2018 el gobierno de Roraima presentó una Acción Civil Originaria 3121 (ACO 3121), solicitando que el Gobierno asumiera efectivamente el control policial, de salud y de vigilancia sanitaria; la transferencia de recursos adicionales del Gobierno para cubrir los gastos del estado en la población venezolana; y el cierre temporal de la frontera (Milesi, Coury y Rovery, 2018; Vedovato, 2018).

En la ACO 3121 el gobierno del estado de Roraima alega que la omisión en el control de las fronteras nacionales provocó una carga indebida a los entes federativos (STF, 2018, pág. 2) y que la entrada sin control de venezolanos por la frontera entre el Brasil y la República Bolivariana de Venezuela había causado enormes perjuicios a la población del estado más pequeño de la Federación (STF, 2018, pág. 11). Milesi, Coury y Rovery (2018) subrayan que en el discurso construido hay una clara intención de responsabilizar exclusivamente a los migrantes por los problemas estructurales de Roraima. En la Acción se acusa además a los migrantes de propagar enfermedades erradicadas en el país, como el sarampión, y de promover el aumento de la incidencia de otras, como la malaria. En ambos casos, en lugar de concentrarse en la prevención y el tratamiento, se sugirió la creación de una barrera sanitaria que impediría la circulación de ciudadanos venezolanos en el estado. En el caso específico de la malaria, Milesi, Coury y Rovery (2018) evidencian a partir de datos de la Secretaría Nacional de Vigilancia en Salud que en 2017 la enfermedad volvió a aumentar en el Brasil probablemente como resultado de la reducción de las inversiones en medidas de lucha contra la enfermedad.

Otro argumento falaz se utiliza para asociar de forma simplista el aumento del número de homicidios y la delincuencia en el estado con la llegada de los venezolanos. Este discurso se refuta fácilmente mediante el Atlas da Violência 2017 (IPEA/FBSP, 2017), que aclara que el número de homicidios en Roraima está creciendo desde hace más de una década por causas anteriores y más complejas que la migración internacional.

Estos discursos se reforzaron en el corazón de la campaña electoral de 2018, que intensificó la narrativa de rechazo de los migrantes y el discurso de crisis y emergencia en el estado. La migración también acusa la fuerte polarización política de las elecciones estatales y nacionales de 2018, que al exacerbar las divisiones entre la derecha y la izquierda, proyecta en los venezolanos la invasión de supuestas ideas y prácticas de extrema izquierda (Sarmento y Rodrigues, 2018). Esta posición fortalece los discursos populistas y radicales, que eximen a los gestores públicos de la responsabilidad de los problemas del estado y, al mismo tiempo, refuerzan las propuestas de soluciones distorsionadas.

Esta narrativa estigmatizadora y de emergencia se ve reforzada por los medios de comunicación y las redes sociales, que ponen de relieve casos aislados de violencia o enfermedad que involucran a venezolanos, con el fin de identificarlos como el motor de los problemas del estado.

Estas perspectivas terminan por potenciar las percepciones y las acciones negativas contra los venezolanos por parte de la población del estado. La tensión entre los habitantes locales y los migrantes se refleja, por ejemplo, en el ataque a algunos venezolanos en el centro de Pacaraima el 18 de agosto de 2018. Tras un robo a un comercio local que supuestamente habría sido cometido por ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela, un grupo de personas destruyó un campamento de migrantes e incendió sus pertenencias. Este acto llevó a la partida de una parte considerable de los migrantes que estaban instalados en las calles de la ciudad, que se marcharon por temor a nuevos agravios.

Esta violencia también se perpetúa en las micropolíticas cotidianas, de manera que —al igual que en la comunidad de Winston Parva analizada y descrita por Elias y Scotson (2000)— los recién llegados son vistos por las personas establecidas como poseedores de menos valores humanos, indignos de confianza, indisciplinados y alborotadores. Un conductor de Uber dijo que era fácil reconocer los robos cometidos por venezolanos, porque estos defecaban en la cama de los propietarios. Otro comentó que al salir seleccionaba lugares donde no hubiera venezolanos, aunque para eso era más fácil ir a la República Bolivariana de Venezuela. Sobre los diferentes tipos de violencia que sufre diariamente, Saritza (nombre ficticio) dice:

“Aquí nos han golpeado. Psicológicamente, físicamente, mentalmente. Con los abusos, los agravios, la falta de cortesía, la falta de educación. ‘Vete, vai de aquí. Vete pa’ tu país’. Esto es fuerte para nosotros. Nosotros no estamos acostumbrados a pedir nada a nadie. Nosotros aquí aprendemos a pedir. Por la situación que nos encontramos aquí. Somos unos inmigrantes. Esta es la palabra, emigrante. Emigrante es una persona que sale de su país huyendo de la situación y viene a pedir una ayuda y un apoyo a otro país”.

Esta estigmatización es tan eficaz que los propios migrantes comienzan a observarse a través de la lente construida para categorizarlos. Esta percepción de que están siendo observados y reconocidos genera miedos reales y ficticios, como en el caso de Daliana (nombre ficticio), que dice: “Yo te voy a decir una cosa. No te vayas a ofender. Yo cuando ando en la calle, a mí me da miedo. Porque a veces creo que por ser venezolana me pueden hacer algo. No es por los brasileros. Es el estado mental”. Otros consideran que el comportamiento xenófobo o incluso violento de los brasileños es culpa de los propios venezolanos. Es casi unánime la proyección social de un primer grupo de venezolanos que llegaron y se comportaron mal en el Brasil. Estas personas habrían llevado a cabo robos, homicidios y dañado la ciudad, hasta que los brasileños tuvieron que reaccionar ante ese comportamiento desviado. Sobre la conducta de los brasileños, María (nombre ficticio) declara: “La principal actitud que tienen los brasileros con nosotros no es culpa de ellos. Es culpa de nosotros mismos. Porque nosotros somos venezolanos. Hay muchos que han venido aquí a hacer desastres”.

Es imperativo subrayar la actitud de acogida individual y colectiva de muchos habitantes locales. En las entrevistas a los migrantes eran muy frecuentes las menciones de ayuda prestada por totales desconocidos, como la donación de alimentos y ropa, el transporte gratuito en el camino a Boa Vista, la recepción en sus casas. La posición vulnerable de los migrantes también fue divulgada por los medios de comunicación local y nacionales, que pusieron de relieve la condición humana de estos migrantes, así como sus historias de dificultad y resistencia.

En la concreción del espacio vivido, a pesar de que los nacionales de la República Bolivariana de Venezuela no necesariamente se (re)conocen entre sí, son llevados a unificarse bajo constructos sociales como “venezolanos”, “migrantes” o “refugiados”.

D. Consideraciones finales

En este trabajo se realizó el ejercicio de cuestionar la pureza de las categorías, desarmar las estructuras y mostrar las diferencias que a menudo las teorías migratorias tratan erróneamente de armonizar. Anclada en un espacio común, que en este caso es la ciudad de Boa Vista, la estrategia adoptada considera a los venezolanos como “autores” de sus historias, es decir, más que “actores” o “sujetos” y mucho más que “objetos”. La elección del método también conlleva la valoración de la importancia de conciliar diferentes tipos y niveles de información, para favorecer el abordaje de la complejidad y el dinamismo de temas como la emigración venezolana.

Estas lentes múltiples permitieron observar el aspecto diacrónico (como se demuestra a lo largo del texto, no se trata de un proceso aislado, sino que se enmarca en la transición política, social y económica en curso en el país, que se intensifica bajo el gobierno del Presidente Nicolás Maduro) y el sincrónico (el tiempo presente se dilata en constantes cambios que dejan a los migrantes y a los gestores desorientados y constantemente atrasados en sus percepciones, prácticas y políticas) de la migración venezolana.

Se pudo observar que la migración venezolana hacia el Brasil no está aislada en el espacio y el tiempo. La República Bolivariana de Venezuela, que durante años fue un país receptor de inmigrantes, se convirtió recientemente en un país de emigrantes. Este proceso se debe a motivos tan complejos como diversos, entre los cuales cabe destacar la escasez de recursos como alimentos y medicamentos, el aumento de la violencia en el país, los cortes en el suministro de energía eléctrica y agua, las fallas estructurales en los servicios de salud y educación y las persecuciones políticas.

Las entrevistas y la bibliografía analizada permitieron establecer que la decisión de emigrar al Brasil se basa en motivos como la proximidad con respecto a las regiones de origen en la República Bolivariana de Venezuela, el fortalecimiento de las redes de contacto entre personas residentes en los dos países, la no exigencia de documentos específicos para el ingreso al Brasil y la impresión de saturación de otros destinos como Colombia, el Perú y el Ecuador. Asimismo, mediante relatos de experiencias individuales, en este trabajo se hilvanó una continuidad entre la decisión de partir y la llegada al destino. Las dos experiencias destacadas impusieron el ritmo lento que caracteriza a gran parte de las migraciones, que en el caso de la frontera entre el Brasil y la República Bolivariana de Venezuela muchas veces se hace a pie.

Por último, en este texto se recogen las políticas, las prácticas y la legislación a nivel nacional e internacional, que en el caso del Brasil convergen en la Operación Acogida. A nivel local, se destacó el hecho de que el Gobierno declarara públicamente que consideraba la migración venezolana como un problema para el estado de Roraima y para la ciudad de Boa Vista. Esta postura se reflejó en la reacción de una parte de la población de estas localidades, que rechazó la presencia venezolana actuando en algunos casos de forma violenta. No obstante, a lo largo del texto se destacaron casos cotidianos de solidaridad entre brasileños y venezolanos, que por su menor divulgación en los medios de comunicación son seguramente menos visibles.

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[1] Magíster en Demografía por el Centro de Desarrollo y Planificación Regional (CEDEPLAR), Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y Licenciada en Estadística por la Universidad de Brasilia (UnB). Magíster en Ciencias Sociales, Territorio y Desarrollo por la École des Hautes Études de Sciences Sociales de París. Este trabajo forma parte de las reflexiones de la disertación de maestría, que se titula: À l’ombre de Boa Vista: les immigrants vénézuéliens et les territoires de l’attente dans la capitale de l´Etat de Roraima, Brésil. Correo electrónico: motasiqueira.juliana@gmail.br.

[2] R. Cassiano, Um dia depois do outro, Companhia Editora Nacional, 1947.

[3] La denominación oficial “República Bolivariana de Venezuela” se adoptó en 1999. En las secciones del texto referidas a fechas anteriores a 1999, se empleará la denominación “Venezuela”.

[4] En el Ecuador se implementó el Proyecto Prometeo, que incentiva el traslado al país de profesores e investigadores de institutos y universidades venezolanas.

[5] Entre los países que recibieron a más venezolanos se encuentran Colombia (1,77 millones), el Perú (861.000), Chile (371.000), el Ecuador (366.000) y, por último, el Brasil (253.000). Estas cifras representan la suma de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos informados por los gobiernos de los países receptores (R4V, 2020).

[6] En el marco de la encuesta de la primera Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos se realizaron 3.516 entrevistas, 2.420 de ellas en Boa Vista y 1.096 en Pacaraima. La muestra, que incluyó tanto personas residentes en casas como en tránsito por el punto de control de la frontera, se diseñó según el criterio de aleatoriedad.

[7] En líneas generales, estas mismas razones para la emigración se constataron en la investigación Perfil sociodemográfico e laboral da imigração venezuelana no Brasil (Simões y otros, 2017), en la que se indicaron la crisis política (25%), la crisis económica (51%) y la búsqueda de empleo (12%), respectivamente, como principales motivos para la emigración.

[8] En el marco de la encuesta de la tercera Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos, realizada en 13 municipios del estado de Roraima en octubre de 2018, se llevaron a cabo 4.124 entrevistas a personas en situación de calle, edificios abandonados y casas.

[9] La lista de países que no solicitan visado a los venezolanos incluye: Argentina, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guayana Francesa, México, Paraguay, Perú y Uruguay (BBC, 2019).

[10] Los principios de migración segura, ordenada y regular orientaron el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, celebrado en la ciudad de Marrakech en julio de 2018. La amenaza de utilizar ese discurso contra el propósito original del pacto en el caso venezolano demuestra la complejidad de la gestión de la migración internacional.

[11] Abrahão (2019) advierte que algunas limitaciones de la resolución sobre la residencia temporal son: i) la discordancia entre el carácter de emergencia de la ley y el ritmo de los trámites administrativos; ii) la necesidad de ingreso por vía terrestre, visto que el medio de transporte no está necesariamente ligado a la condición de vulnerabilidad del migrante; iii) la necesidad de documentos como cédula de identidad o pasaporte, que como se mencionó anteriormente, puede impedir la solicitud de residencia; iv) la exigencia, en un primer momento, del pago de una tasa por el migrante, que posteriormente fue suspendida por el Ministerio Público Federal (MPF) y la Defensoría Pública de la Unión (DPU) por medio de una Acción Civil Pública.

[12] De acuerdo con la tercera Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos, el 44% de los entrevistados viajó solo.

Artículo 8

Geografías de la desigualdad en el nuevo milenio: los mapas sociales de la Buenos Aires metropolitana

María Eugenia Goicoechea[1]

Artemio Pedro Abba[2]

Recibido: 11/02/2020

Aceptado: 11/05/2020

Resumen

En el contexto latinoamericano actual, se evidencian profundos cambios en las formas de producción de la desigualdad urbana, que alimentan transformaciones en la estructura socioespacial de las ciudades. A diversa escala geográfica, se advierten tendencias de nuevos patrones de expansión urbana excluyente: urbanizaciones cerradas, nodos de renovación urbana en áreas centrales históricamente degradadas, nuevas centralidades que compiten con las tradicionales y nuevas barreras que gestionan las diferencias sociales en creciente proximidad. Aun cuando los índices de medición de la desigualdad registran mejoras en la distribución del ingreso, la dinámica urbana parece seguir otras lógicas. En este artículo, el análisis se centra en la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), y se reflexiona en torno a las transformaciones socioterritoriales que se han producido durante las últimas tres décadas. La propuesta metodológica supone un análisis geográfico y diacrónico basado en estadísticas oficiales sobre población, hogar y vivienda.

Palabras clave: estructura urbana, desigualdad socioterritorial, indicadores urbanos, mapas sociales, segregación, ciudades latinoamericanas.

Abstract

In contemporary Latin America, profound changes are taking place in the way urban inequality manifests, driving transformations in the sociospatial structure of cities. At different geographical levels, there are trends towards new patterns of exclusionary urban expansion: gated communities, urban renewal hotspots in historically rundown central areas, new centres competing with traditional ones, and new barriers that determine social differences in increasing proximity. Although inequality indices show improvements in income distribution, urban dynamics seem to follow a different pattern. This article focuses on the Metropolitan Region of Buenos Aires, and examines the socioterritorial transformations that have taken place over the last three decades. The proposed methodology employs geographical and diachronic analysis, based on official statistics on population, households and housing.

Keywords: urban structure, spatial inequality, urban indicators, social maps, segregation, Latin American cities.

Résumé

On observe, dans le contexte latino-américain actuel, de profonds changements dans les formes de production de l'inégalité urbaine, qui alimentent à leur tour des transformations dans la structure socio-spatiale des villes. Des tendances se dessinent, à une échelle géographique diversifiée, en faveur de nouveaux modèles d'expansion urbaine exclusifs: des urbanisations fermées, des nœuds de rénovation urbaine dans des zones centrales historiquement dégradées, de nouvelles centralités rivalisant avec les centres traditionnels et de nouvelles barrières qui gèrent les différences sociales dans une proximité croissante. Même si les indices mesurant l'inégalité font apparaître des améliorations dans la répartition des revenus, la dynamique urbaine semble suivre d'autres logiques. Dans cet article, l'analyse se concentre sur la région métropolitaine de Buenos Aires (RMBA), et se penche sur les transformations socio-territoriales qui se sont déroulées au cours des trois dernières décennies. La proposition méthodologique implique une analyse géographique et diachronique fondée sur les statistiques officielles de la population, des ménages et du logement.

Mots clés: structure urbaine, inégalité socio-territoriale, indicateurs urbains, cartes sociales, ségrégation, villes latino-américaines.

Introducción

En las últimas décadas, el problema de la pobreza y la desigualdad ha ido cobrando cada vez mayor relevancia en los debates de la comunidad internacional, y se ha erigido en un eje rector de la agenda de temas prioritarios, como los propuestos en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. En América Latina y el Caribe, esta cuestión no solo constituye una deuda pendiente en el ámbito de la política pública, sino que, además, se ha ido complejizando con el paso de las décadas. Si bien esta región no es la más pobre del mundo, sí es la que presenta los mayores índices de desigualdad e injusticia, apartándose de lo establecido en los ODS (CEPAL, 2019, pág. 15). En estas latitudes, las brechas que se enfrentan son estructurales: escasa productividad e infraestructura deficiente; segregación y rezagos en la calidad de los servicios de educación y salud; persistentes brechas de género y en lo que respecta a las minorías; marcadas desigualdades territoriales, y un impacto desproporcionado de la degradación ambiental en los eslabones más pobres de la sociedad (Naciones Unidas, 2018).

Según registros oficiales difundidos en distintos informes de la CEPAL (2019), desde 2002 y hasta 2014, la mayoría de los Estados latinoamericanos lograron sostener un proceso de reducción de la pobreza y la pobreza extrema de ingresos, que pasaron de un 45,4% a un 27,8% y de un 12,2% a un 7,8%, respectivamente (véase el cuadro 1). Incidieron sobre ello un contexto económico mundial más favorable y los lineamientos políticos establecidos por la mayor parte de las administraciones nacionales, que centraron su atención en estas cuestiones. Durante este período, se fortalecieron la intervención del Estado en el plano social y las políticas de redistribución de los ingresos, y se implementaron programas de asistencia universal no contributiva, transferencias condicionadas de ingresos e inclusión laboral, además de instancias de organización cooperativa para promover el desarrollo económico local.

A partir de 2015, esta tendencia comienza a desacelerarse e, incluso, hacia 2018, a revertirse. Se reducen las exportaciones de materias primas y cambian los enfoques ideológicos en muchos países de la región, que se reorientan hacia políticas de ajuste del déficit fiscal y desarticulación del entramado público de asistencia social. En este nuevo contexto, aumenta el desempleo y se frena la tendencia hacia una mayor formalización del empleo. A raíz de esta evolución, el coeficiente de Gini, un indicador comúnmente utilizado para medir la desigualdad de ingresos, registró un comportamiento similar a los indicadores de pobreza, pasando de una variación media del 1,0% anual entre 2002 y 2014 a una del 0,6% entre 2014 y 2018 (CEPAL, 2019, pág. 21).

Cuadro 1

América Latina (países seleccionados) y Argentina: evolución de los indicadores de pobreza, pobreza extrema y desigualdad, 2002-2018

(En porcentajes del total de habitantes)

2002

2014

2018

América Latina

Argentina

América Latina

Argentina

América Latina

Argentina

Pobrezaa

45,4

62,4

27,8

24,9

30,1

24,4

Pobreza extremaa

12,2

21,1

7,8

3,3

10,5

3,6

Desigualdad (coeficiente de Gini)b

0,538

0,498

0,477

0,391

0,465

0,396

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de América Latina, 2019 (LC/PUB.2019/22-P/Rev.1), Santiago, 2019.

a El cálculo para América Latina se efectúa sobre la base de datos de 18 países: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).

El enfoque utilizado por la CEPAL para estimar la pobreza consiste en clasificar a una persona como “pobre” cuando el ingreso por habitante de su hogar es inferior al valor de la línea de pobreza. Las líneas de pobreza representan el nivel de ingreso que permite a cada hogar satisfacer las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias de todos sus miembros, tomando en consideración su nivel de actividad física, los hábitos de consumo, la disponibilidad efectiva de alimentos y los precios en cada país y zona geográfica. Pobreza extrema se identifica en aquellos hogares cuyos ingresos son insuficientes para acceder a la canasta básica de alimentación, denominada “línea de pobreza extrema”. El valor de las líneas de pobreza y de pobreza extrema se actualiza anualmente según la variación acumulada del índice de precios al consumidor (IPC).

b El cálculo para América Latina se efectúa sobre la base de datos de 15 países: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

La Argentina mostró un comportamiento similar al de América Latina, aunque más acentuado. En 2002, con niveles de pobreza monetaria y de pobreza extrema que ascendían al 62,4% y el 21,1%, respectivamente, se evidenciaron de manera más virulenta las consecuencias sociales de la crisis económica, política e institucional que estallara en diciembre de 2001[3]. Del mismo modo, la recuperación argentina que se produjo hacia 2014 denotó cierto dinamismo que permitió al país alcanzar mejores resultados que el promedio latinoamericano. La pobreza descendió al 24,9%, mientras que, en América Latina, llegó al 27,8%. El coeficiente de Gini entre 2002 y 2014 también se redujo 0,107 puntos en la Argentina, mientras que disminuyó 0,061 puntos en América Latina. Estas cifras ponen de manifiesto el carácter coyuntural de las problemáticas sociales (la Argentina es un país menos desigual que el resto) y también la inestabilidad como rasgo característico de la economía local. Asimismo, en 2018 se desaceleró el proceso de recuperación socioeconómica e, incluso, en el caso de la pobreza extrema, se observó un alza de 0,3 puntos porcentuales respecto de 2014.

Estos casi 20 años de mejora de los indicadores de pobreza y desigualdad tanto en la Argentina como en la región, sin embargo, no han logrado tener efectos verdaderamente significativos en el bienestar de la población. Son varias las hipótesis que podrían explicar este fenómeno, considerando el carácter multidimensional de la pobreza y la desigualdad. Una de ellas, que es la que se propone analizar en el presente artículo, alude a la dimensión geográfica de la desigualdad y a la cuestión del hábitat.

Según sostienen otras investigaciones (Segura, 2014; Kessler, 2014), aún durante los años de mayor reducción de la desigualdad en términos de ingresos (en períodos en los que gobernaron coaliciones progresistas que impulsaron políticas de redistribución y ampliación de derechos para los grupos más vulnerables), los patrones de urbanización desigual han persistido y han guiado las pautas de crecimiento y expansión de las ciudades (Vidal-Koppmann, 2015; Hidalgo y Borsdorf, 2011; Rufino y Pereira, 2011). En el caso argentino, el período intercensal 2001-2010 puso en evidencia tendencias contrapuestas, dado que la misma reactivación económica catalizó o reforzó los problemas de acceso a la vivienda. El mercado inmobiliario y de la construcción presentaron un dinamismo particular, lo que se sumó al alza de los precios del suelo en las áreas mejor dotadas de infraestructura urbana. Como consecuencia, los hogares económicamente más desfavorecidos no lograron resolver sus limitaciones de acceso a la vivienda a pesar del aumento de sus ingresos (Kessler, 2014, pág. 173).

También compartimos las apreciaciones de Segura (2014), quien propone analizar el lugar del espacio urbano en la (re)producción de la desigualdad. Según sostiene el autor, el nuevo milenio estaría caracterizado por un desacople entre la distribución de ingresos y los patrones de urbanización. El patrón de urbanización actual no solo incrementa la desigualdad en el acceso a la ciudad y a sus bienes, servicios y oportunidades, sino que también consolida —en articulación con la segmentación del sistema educativo y el mercado de trabajo— redes y circuitos sociales segregados, que reducen las posibilidades de movilidad social ascendente (Segura, 2014, pág. 2). En 2015, el modelo económico se reconfiguró debido al ascenso al gobierno de coaliciones liberales, tanto en la órbita nacional como en la provincia de Buenos Aires. Esto último plantea otros interrogantes, que harían necesaria la actualización de los resultados de este trabajo.

En función de lo señalado, y tomando como punto de partida la tesis del desacople o de las tendencias contrapuestas, el presente artículo constituye un aporte al análisis de la desigualdad urbana, que incorpora la cuestión de la estructura socioespacial de las ciudades como una dimensión de relevancia para las condiciones de vida de la población, lo que contribuye a complejizar su estudio. El objetivo general es analizar las expresiones de la desigualdad urbana de la Buenos Aires metropolitana, tomando en consideración las transformaciones de la estructura socioespacial observadas a partir de los principales indicadores habitacionales y sus variaciones en las últimas décadas. Se busca averiguar qué cambios recientes presentan los patrones clásicos de distribución socioeconómica de la población en el territorio, y qué rupturas y continuidades se observan en la estructura socioespacial de la ciudad, tomando en cuenta ese diálogo entre los diferentes contextos macroeconómicos que definieron el problema de la desigualdad socioeconómica en la actualidad y las dinámicas de urbanización excluyentes que permanecen inalteradas desde la década de 1970.

Para ello, se presenta un análisis socioespacial de la Buenos Aires metropolitana como caso de estudio, pero con aspiraciones reflexivas que suponen la existencia de un paralelismo con procesos estructurales de mayor escala geográfica, como es el latinoamericano. Se procura discutir estos procesos de profunda reestructuración urbana desde una perspectiva sincrónica, atendiendo a la organización de esta urbe sobre la base de los anillos y sectores que tradicionalmente caracterizaron su proceso de crecimiento y expansión. Este análisis se articula, al mismo tiempo, con una perspectiva diacrónica centrada en datos de 2010, pero tomando referencias temporales anteriores (datos censales de 1970, 1991 o 2001) y posteriores (otras estadísticas oficiales), por medio de estrategias comparativas. Las variaciones temporales trabajadas responden a la disponibilidad de datos provenientes de las fuentes secundarias, pero, fundamentalmente, tienen el propósito de cuestionar de manera complementaria procesos tanto estructurales (vinculados a la reestructuración neoliberal) como coyunturales (asociados a las definiciones de política macroeconómica establecidas por las coaliciones de poder).

El artículo comienza brindando un esbozo inicial de las coordenadas conceptuales y teóricas necesarias para comprender y abordar la problemática de la desigualdad social y su relación con el espacio urbano. En esta línea, se introduce el concepto de segregación como forma de estudio de los patrones de distribución de los diferentes grupos poblacionales. Posteriormente, se desarrollan algunos de los elementos claves de la diferenciación socioespacial que suponen puntos de articulación con la desigualdad urbana: en la lógica de crecimiento y expansión de la Buenos Aires metropolitana, en las pautas de localización de los diferentes grupos sociales en el territorio y en las formas de tenencia de la vivienda. Esta propuesta de trabajo se enmarca en una línea general de investigación desarrollada en el Observatorio Urbano Local-Buenos Aires Metropolitana (OUL-BAM), programa perteneciente al Centro de Investigación de Hábitat y Municipio (CIHaM), dependiente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

A. Claves teóricas para abordar la desigualdad urbana y la estructura socioespacial en las ciudades latinoamericanas

A continuación, se ofrecen reflexiones en torno al diálogo que establecen entre sí las condiciones socioeconómicas y habitacionales y la desigualdad urbana. Se introduce para ello el enfoque de la segregación sociorresidencial, que permite analizar ese punto de encuentro entre “lo social” y “lo espacial” inherente a lo urbano. Si bien existe cierto consenso en que es posible distinguir dos grandes acepciones del término —una predominantemente geográfica, que alude a la distribución de los grupos sociales en un espacio físico, y otra de tipo sociológica, concerniente al nivel de interacción o contacto entre los diversos grupos sociales dentro del espacio físico (White, 1983)—, la segregación sociorresidencial se entiende en este trabajo como la resultante del despliegue de dinámicas urbanas que, en su desarrollo, operando bajo lógicas de segmentación y coerción propias de la ciudad capitalista, producen determinados patrones de distribución de la población (Goicoechea, 2018).

De acuerdo con este planteamiento, se observa que la distribución de los diferentes grupos sociales en el territorio —entendida a partir de los patrones socioeconómicos de segregación— ha tenido cierto correlato en la estructura urbana de las ciudades. La ubicación de los diferentes grupos sociales en un territorio natural y socialmente construido (que no es homogéneo, ni mucho menos) tiene el efecto de condicionar o favorecer la espiral de oportunidades y activos necesarios para el bienestar. Del mismo modo, dicha distribución ha representado un elemento de distinción y jerarquización social que históricamente ha caracterizado el proceso de crecimiento y consolidación en las ciudades. Por su parte, la dinámica de la desigualdad urbana condiciona una particular estructura socioespacial presente en las ciudades y, al mismo tiempo, es condicionada por esta. No obstante, no puede estudiarse como una relación lineal y esquemática entre diferencias sociales y segregación residencial, sino como una relación más compleja entre procesos de diferenciación social y segregación residencial (Sabatini y Brain, 2008)[4]. Más allá de su íntima relación, la segregación sociorresidencial y la desigualdad urbana no son conceptos semejantes. Para acercarnos al problema de la desigualdad urbana a partir de mapas sociales e instrumentos de diagnóstico geográficos, es necesario tener en cuenta estas reservas.

Dicho esto, la estructura socioespacial de las ciudades, como forma de división social del espacio definida a partir de la relación entre distancia social y distancia espacial (desplegada en un medio físico que cuenta, asimismo, con características particulares y que también dialoga en esta relación), más allá de sus elementos persistentes, es dinámica y cambiante, en conformidad con los procesos históricos. En las ciudades de América Latina, la matriz socioespacial se ha caracterizado históricamente por surgir de un proceso de urbanización dependiente y se ha ido configurando con fuertes desequilibrios territoriales. Los países de la región presentan estructuras urbanas macrocefálicas construidas en torno a una gran área metropolitana, una red urbana desarticulada y diferencias regionales muy marcadas. En su interior han prosperado procesos de urbanización espontánea sin planificación y grandes extensiones de ciudad mal servidas, una segregación socioespacial excepcionalmente marcada y una baja provisión de valores de uso colectivo (Jaramillo, 1990, pág. 39).

Varios de estos rasgos construidos a lo largo de la historia se mantienen en la estructura sociourbana de las ciudades de América Latina en la actualidad y, a la vez, se producen modificaciones que actualizan las dinámicas urbanas de la desigualdad. Asimismo, a finales del siglo XX, en las ciudades latinoamericanas se observaba la persistencia de la matriz del desarrollo urbano neoliberal iniciado a mediados de los setenta, y una exacerbación de las dinámicas del desarrollo geográfico desigual, con la coexistencia de diferentes lógicas de producción y consumo de la ciudad, como las mercantiles y las sociales (Herzer y Pírez, 1994). En las primeras dos décadas del nuevo milenio, sin embargo, se han puesto de manifiesto situaciones aún más críticas. Las tendencias de mercantilización o remercantilización de los bienes urbanos tornan la estructura socioespacial todavía más dependiente de la condición socioeconómica de la población. La distribución de los grupos sociales en la ciudad (básicamente, a partir del acceso al suelo y la vivienda) depende, cada vez más, de su posición en la estructura social o su solvencia económica. Frente a la imposibilidad de satisfacer sus necesidades vitales, el ejercicio del derecho a la ciudad por parte de los grupos más vulnerables inevitablemente debe realizarse mediante estrategias de producción social del hábitat (Pírez, 2016). Estos procesos reafirman las estructuras metropolitanas fragmentadas, con circuitos urbanos, educativos y sociales segregados que repercuten en la reproducción de desigualdades sociales y urbanas.

El análisis de estos procesos desde el enfoque de los patrones de segregación ha contribuido a caracterizar esquemáticamente los modelos urbanos de las metrópolis latinoamericanas (Bähr y Mertins, 1983; Borsdorf, Bähr y Janoschka, 2002). Estas ciudades no han cumplido estrictamente con los parámetros de la urbanización compacta europea (donde los grupos privilegiados ocuparon las partes centrales, mientras que los grupos populares se asentaron hacia la periferia), y tampoco con el modelo de urbanización difusa de la ciudad anglosajona (cuya expansión urbana fue protagonizada por los estratos de ingresos medios y altos). Las metrópolis de América Latina podrían caracterizarse a partir de una marcada concentración espacial de los grupos de ingresos altos en el extremo de una sola zona de la ciudad, con su vértice en el centro histórico, que se expande hacia la periferia, y amplias áreas de alojamiento de los grupos pobres, mayoritariamente en la periferia lejana y mal servida, pero también en sectores deteriorados cercanos al centro (Sabatini, 2003, pág. 3-4).

Sin embargo, de acuerdo con investigaciones recientes, este patrón tradicional estaría viéndose alterado debido a la reestructuración política y económica neoliberal, que asume también una determinada forma urbana. Sabatini, Cáceres y Cerdá (2001) indican que se han producido cambios en los patrones de segregación de la ciudad de Santiago, y Ward (2012) sostiene lo mismo en el caso de Ciudad de México, señalando que existen niveles bajos de segregación sociorresidencial a escala macro (de la ciudad), pero que estos son elevados a escala micro (de barrios). Janoschka (2002, pág. 83) extiende esas reflexiones a las ciudades latinoamericanas en general: “a gran escala se puede destacar un proceso de mezcla social, mientras a nivel micro se refuerza el patrón segregatorio”. Podría tratarse de una resignificación de la relación entre proximidad y accesibilidad (Kozac, 2012), o bien, de un nuevo tipo de separación impuesta por la contundencia de los límites, el despliegue de dispositivos de seguridad y distintas formas de fragmentación urbana (Burgess, 2009, págs. 117-118).

Se trataría, consecuentemente, de una nueva forma de producción de la desigualdad urbana que ameritaría el desarrollo de nuevos acercamientos teóricos y empíricos, que indaguen también acerca de posibles modificaciones en la estructura socioespacial de las ciudades. Reconocemos estas tendencias de complejización de los patrones tradicionales de segregación de la población como incipientes procesos de microsegregación. Recuperando los planteamientos de Pedro Abramo (2012), podría tratarse de una configuración de ciudad “com-fusa”, que conciliaría las formas compacta y difusa del uso del suelo. Siguiendo al autor, la lógica de funcionamiento del mercado residencial de vivienda tanto formal como informal, así como la ocupación de tierras y viviendas de hecho, alimentan tendencias de dispersión y concentración. Conforme al modelo actual de “ciudad neoliberal”, la relevancia del mercado en la coordinación de las decisiones de uso del suelo ha venido potenciando esta estructura que es simultáneamente compacta y difusa (Abramo, 2012, págs. 37-38).

No se trata, por lo tanto, de encontrar puntos de convergencia entre los procesos de reestructuración neoliberal y el aumento de la segregación —como hicieron los enfoques críticos sobre la globalización iniciados en la década de 1980 (Castells, 1995; Sassen, 2001; Prévôt Schapira, 2000)—, sino de caracterizar ciertos aspectos del espacio urbano que suponen un diálogo con las estructuras de oportunidades para definir el derecho a la ciudad.

Por último, surgen interrogantes alternativos al vincular estas reflexiones del orden ecológico y macroestructural con los arreglos institucionales y las políticas económicas del orden coyuntural que se implementan en el territorio. Ello plantea el desafío de investigar cómo dialogan la estructura socioespacial y las dinámicas de producción de la ciudad con los cambios socioeconómicos que experimentan los diferentes grupos sociales y exige identificar las huellas de la política macroeconómica en el territorio y las transformaciones socioterritoriales en torno a cada contexto histórico.

B. Metodología de trabajo

El área de estudio de lo que genéricamente denominamos la Buenos Aires metropolitana comprende el sistema urbano integrado física o funcionalmente, con cabecera en la ciudad de Buenos Aires, que se extiende de manera radioconcéntrica hacia la periferia. Más allá de los límites operativos precisos, se corresponde con una categoría dinámica que puede tener alcances diferentes. Una de las delimitaciones adoptadas es la de Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), que abarca la ciudad de Buenos Aires y 40 municipios de la provincia de Buenos Aires[5]. Se ha considerado el total de los territorios de las jurisdicciones componentes, con algunas excepciones[6], que abarcan el territorio delimitado aproximadamente por la ruta 6.

Para avanzar en el estudio de la estructura socioterritorial de la RMBA, se seleccionó una división del área en anillos y sectores que se alinea con la tradición ecológica y también recoge la habitual denominación de coronas utilizada tradicionalmente en el caso de la Buenos Aires metropolitana (Schteingart y Torres, 1973). Se distinguen tres categorías urbanas diferenciables: i) el urbio, ciudad compacta, núcleo central de la metrópolis; ii) el suburbio, extensión posterior al urbio, con características de tejido similares a este pero de menor densidad poblacional y del soporte físico, y iii) el periurbio, extensión aparecida en las últimas décadas, de tipo funcional, caracterizada por la presencia de urbanizaciones cerradas que no constituyen un tejido urbano continuo (Abba, 2010).

Adicionalmente, mediante estrategias de análisis georreferenciado de datos y salidas cartográficas, se procede al análisis de las categorías espaciales definidas. De esta manera, se pretende detectar posibles procesos de intensificación, complejización o disminución de las diferencias socioterritoriales dentro de cada sector o corona. Para ello, se estableció el recorte geográfico de la Buenos Aires metropolitana definido por la delimitación física (Vapñarsky, 1994), denominado Aglomerado Gran Buenos Aires (AGBA) (véase el mapa 1).

El diseño metodológico para indagar sobre las transformaciones de las pautas de producción de la desigualdad urbana incluye la caracterización de ciertos cambios verificables en las formas residenciales —tipologías de vivienda y lógicas de producción del hábitat— y en las características socioeconómicas, identificadas a partir de la información censal disponible y con un nivel de desagregación geográfica que alcanza el radio censal. Este propósito exige una consideración inicial de las perspectivas macroeconómicas y su expresión en el territorio, mediante el procesamiento de datos de encuadre socioestadísticos y el análisis multivariado y georreferenciado. A su vez, se consideran los elementos de análisis sociohistóricos que permiten completar el estudio con las perspectivas diacrónicas que también inciden sobre la estructura socioespacial. Se retoma la propuesta de análisis desarrollada por el arquitecto Horacio Torres (1932-2001), a partir de la elaboración de “mapas sociales” (Torres, 1978, 1993 y 2001).

Mapa 1

Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA)a y Aglomerado Gran Buenos Aires (AGBA): definición del área de estudio y de las unidades de análisis espacial

Coronas

Sectores

Norte

Oeste

Sur

Área central metropolitana

Comuna 1

Corona pericentral 1

Comunas 2 y 14

Comunas 3 y 5

Comuna 4

Corona pericentral 2

Comunas 12, 13 y 15

Comunas 6, 7, 9, 10 y 11

Comuna 8

Corona 1

Vicente López, San Isidro, San Martín y Tres de Febrero

La Matanza Ab, Morón, Ituzaingó y Hurlingham

Avellaneda, Lanús, Quilmes y Lomas de Zamora

Corona 2

San Fernando, Tigre, San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas

La Matanza Bc, La Matanza Cd, Merlo y Moreno

Berazategui, Florencio Varela, Almirante Brown, Esteban Echeverría Ezeiza

Corona 3

Escobar, Pilar y Exaltación de la Cruz

General Rodríguez, Luján, Marcos Paz y General

Las Heras

Presidente Perón, San Vicente, Cañuelas y Brandsen

Gran La Plata

La Plata, Berisso y Ensenada

Zárate-Campana

Zárate, Campana

Fuente: Elaboración propia.

a Según coronas y sectores.

b Fracciones 1 a 39, 45 y 46 (según el censo de 2001).

c Fracciones 40 a 44 y 47 a 74.

d Fracciones 75 a 97.

C. Análisis y resultados

En esta sección, se analizará la producción de la desigualdad urbana en la Buenos Aires metropolitana del nuevo milenio teniendo en cuenta la relación que esta establece con la particular estructura socioespacial de la ciudad, conformada a lo largo de la historia y en continua modificación (aquellos patrones de segregación de los grupos sociales en el territorio); las dinámicas del desarrollo urbano (que, desde mediados de los setenta, parecen seguir lógicas excluyentes con criterios de membresía fijados por el mercado), y en consonancia con los contextos de política macroeconómica que se han ido alternando en las últimas décadas, junto con algunas intervenciones particulares. En este diálogo, se considerarán las permanencias y transformaciones experimentadas por indicadores habitacionales y socioeconómicos de relevancia, en lo que respecta tanto a su nivel como a su distribución en el territorio.

1. Una aproximación a la estructura socioterritorial de la Buenos Aires metropolitana desde sus lógicas de crecimiento y expansión

Una característica específica de la Buenos Aires metropolitana es su marcada estructura radioconcéntrica, conformada en un proceso de metropolización temprana (Abba, 2013). A diferencia de otras ciudades comparables de América Latina (como Ciudad de México y São Paulo), esta metropolización tuvo lugar entre finales del siglo XIX y principios del XX, y fue acompañada de un largo proceso de suburbanización que alcanzó su maduración en los años setenta. Esto originó una estructura urbana muy consolidada y de fuerte centralidad, distribuida por cordones y corredores urbanos y asociada a las condiciones de accesibilidad basadas en los modos públicos y masivos de movilidad. Los movimientos migratorios más intensos (de 1880 a 1930 y de 1940 a 1960) también contribuyeron a consolidar esa particular matriz, en la que los estratos altos y medios-altos se posicionaron espacialmente, diferenciándose en lo que respecta a las condiciones de accesibilidad.

Durante la etapa posterior a 1970, en las ciudades de América Latina tuvieron lugar algunos cambios, alimentados por la incorporación del modo automotor individual intensivo y por la expansión de los mercados de los países desarrollados. Estas ciudades comenzaron a crecer, a la vez que se extendían las redes viales (en una suerte de periurbanización de los grupos acomodados, que eran los que accedían a estos bienes) y surgían nuevas centralidades selectivas. La otra cara de la expansión en los bordes urbanos fue el deterioro de los centros urbanos tradicionales, que, si bien mantenían las instalaciones gubernamentales principales, habían dejado de ser el espacio residencial de las clases representativas del poder económico.

En la Buenos Aires metropolitana, este modelo se refuerza a partir de la década de 1990, en la que coexisten el proceso de periurbanización tardía con algunos de los rasgos propios del deterioro central. Entre 1970 y 2010, la tasa de crecimiento media anual registró un aumento generalizado en concordancia con el incremento de la distancia al área central metropolitana. Esta área ha presentado tasas medias de crecimiento negativas durante los últimos 40 años (-8,13‰). Hacia la periferia, la tasa de crecimiento media anual va en aumento en los cordones pericentrales, en el interior de la ciudad y en los cordones suburbanos y el periurbano. No obstante, deben destacarse algunos puntos de inflexión de la curva. Por una parte, mientras que, en el área central metropolitana y la corona pericentral 1, la tasa es negativa, entre la primera corona y la segunda corona suburbanas, se produce un cambio muy marcado, ya que, de una tasa de alrededor del 6‰, se llega a casi un 30‰; y finalmente, se observa un aumento más moderado entre esta última corona y la corona 3, periurbana, que alcanza el 32,7‰ (véase el gráfico 1).

Gráfico 1

Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA): tasa de crecimiento media anual de la población, según zonas del urbio, suburbio y periurbio, 1970-2010

(Por cada mil habitantes)

Fuente: Observatorio Urbano Local-Buenos Aires Metropolitana (OUL-BAM), 2014.

Como consecuencia de ese comportamiento demográfico, el área central metropolitana registró una disminución de población de alrededor de 80.000 habitantes entre 1970 y 2010, mientras que la ciudad de Buenos Aires permaneció casi estable. El mayor crecimiento de la región se dio en la segunda corona, cuya población aumentó en más de 3,6 millones de habitantes, triplicando en 2010 la población que registraba en 1970.

Otro rasgo tradicional de la estructura socioterritorial de la Buenos Aires metropolitana, aparte de su organización radioconcéntrica, ha sido la marcada segregación socioeconómica de los grupos, conforme a un patrón sectorial (los niveles socioeconómicos altos predominan en el corredor norte, pero este predominio disminuye hacia el corredor sur). Esta diferenciación, que fue consolidándose durante las dos primeras fases de metropolización ya mencionadas, comenzó también a verse alterada con las nuevas lógicas de periurbanización tardía. El desplazamiento de los estratos más adinerados hacia la periferia trajo como consecuencia la consolidación de nuevos paisajes urbanos caracterizados por la fragmentación y la microsegregación.

El período posterior a la crisis de 2001 se caracterizó por una situación socioeconómica notablemente mejor que la de los años noventa, con un modelo de acumulación que algunos definieron como neodesarrollista (Féliz y López, 2012). Sin embargo, esta mejora sustantiva no implicó necesariamente un cambio de patrón del desarrollo urbano, sino más bien la continuidad de las lógicas de privatización y mercantilización del suelo urbano (Segura, 2014; Ciccolella y Baer, 2011; Vecslir, 2011). Se profundizaron las tendencias a la fragmentación que Torres (2001) señalaba en referencia al mapa social de 1991, ante el advenimiento de las urbanizaciones cerradas y las formas urbanísticas privadas y excluyentes (como centros comerciales, hipermercados o centros de entretenimiento). Precisamente, el mayor crecimiento de las urbanizaciones privadas coincidió con la traza del corredor norte y noroeste, acompañando el desplazamiento poblacional hacia dicho eje. Según datos de 2011, a lo largo del Acceso Norte de la Autopista Panamericana, se halla el 74% de estos emprendimientos, frente al 10,6% y el 15,4% de las localizaciones en los corredores oeste, sur y sudoeste (Vidal-Koppmann, 2014). Nordelta, una ciudad privada de más de 1.600 hectáreas, ubicada en el partido de Tigre, constituye el máximo exponente de este fenómeno. No obstante, si bien el corredor norte continúa predominando sobre el resto del aglomerado, este tipo de artefactos urbanos ha proliferado también en el eje sur. Las nuevas acciones de mercantilización del espacio señaladas llevan a que, más allá de la lógica anular o sectorial de metropolización tradicional, se intensifiquen estos procesos de fragmentación y microsegregación socioespacial.

2. Variables escogidas para la caracterización de la estructura socioterritorial de la Buenos Aires metropolitana

La revisión de algunas variables sociohabitacionales, como las de tipo y tenencia de vivienda o nivel educativo, confirma la presencia de los patrones anulares y sectoriales descritos en el apartado anterior. No obstante, también pone en evidencia cómo esta lógica se torna menos clara conforme se avanza desde el centro hacia la periferia. Haciendo uso de diferentes modalidades de análisis espacial (esquemas y mapas sociales), se revisa su comportamiento en el territorio en 2010.

Entre los modos de tenencia de la vivienda que se registran en los hogares de la Buenos Aires metropolitana, se pueden diferenciar dos grandes grupos según su comportamiento espacial. Mientras que los considerados como regímenes regulares (propietarios de la vivienda y el terreno e inquilinos) muestran un fuerte gradiente anular, el grupo de regímenes irregulares presenta una mayor diferenciación sectorial. En el primer grupo, la mayor presencia de inquilinos en las áreas centrales se explica por determinadas características de los hogares que tienen que ver con la composición familiar, la antigüedad de la residencia o el nivel cultural, entre otros, más que por el nivel socioeconómico. Por el contrario, los tipos irregulares de tenencia parecen asociarse predominantemente a cuestiones relacionadas con las condiciones socioeconómicas de los hogares. En este caso, la distribución de hogares con estos regímenes de tenencia, si bien no configura un patrón espacial claro, asume rasgos que lo acercan a una lógica sectorial. Por ejemplo, el mapa 2 permite visualizar una presencia mayor, entre los regímenes irregulares, de hogares propietarios solo de la vivienda en las áreas intersticiales de los suburbios al oeste y al sur. En la zona norte, por otra parte, se observa una complejización de situaciones diversas en su expansión hacia la periferia.

Mapa 2

Aglomerado Gran Buenos Aires (AGBA): hogares que son solo propietarios de la vivienda, por radio censal, 2010

(En porcentajes)

Fuente: Observatorio Urbano Local-Buenos Aires Metropolitana (OUL-BAM), 2014.

Algo similar ocurre con la lógica de distribución de las viviendas según su tipo. Esta se encuentra fuertemente condicionada por el nivel socioeconómico, que responde a un patrón sectorial, en función de los niveles de precariedad. Sin embargo, también presenta un patrón de distribución anular cuando se observan los tipos de vivienda que componen el denominado parque supraestándar (casas tipo A[7] y departamentos), fuertemente condicionado por la centralidad del suelo en donde estas se localizan. El peso de las unidades de vivienda en propiedad horizontal es mucho mayor en las coronas pericentrales del interior de la ciudad de Buenos Aires y disminuye en el suburbio y periurbio. Las casas tipo A, por el contrario, aumentan en las coronas externas a la ciudad central.

En el caso del segmento de viviendas subestándar (ranchos, casillas o casas tipo B), el patrón sectorial es más marcado y se reduce la influencia de la centralidad como determinante de su localización. Dentro de la ciudad, se acrecienta la parte deficitaria de los hogares en el área central metropolitana, con un 17,4%. Su peso desciende a menos del 10% en las coronas intermedias (coronas pericentrales 1 y 2 y corona 1) y asciende a alrededor de la cuarta parte del parque en las coronas externas (coronas 2 y 3) (véase el gráfico 2). En cuanto a su distribución sectorial (véase el gráfico 3), en las coronas intermedias (coronas pericentrales 1 y 2 y corona 1), esta variable presenta valores cercanos a la media regional en el sector oeste, por debajo de la media en el sector norte, y por encima en el sector sur. Llegando al periurbio, se altera la composición del parque de viviendas subestándar según sectores, dado que se produce un cambio en el entramado urbano (por el predominio de las urbanizaciones cerradas yuxtapuestas a asentamientos irregulares). En la corona 2, el sector oeste presenta casi un 30% del total de viviendas subestándar, el máximo valor regional. En la corona 3, estos niveles descienden incluso por debajo de los niveles del sector norte, mientras que el sector sur vuelve a presentar el nivel máximo de viviendas subestándar.

Por último, el comportamiento espacial de las variables que representan los niveles educativos de la población (véanse los mapas 3 y 4) refleja dos problemáticas con patrones diferenciales: el acceso a la educación según condición socioeconómica o según accesibilidad física. La condición socioeconómica responde, en general, a pautas de tipo sectorial; por el contrario, la accesibilidad física responde a pautas de tipo anular (si bien también presenta un gradiente de tipo sectorial, dado que el equipamiento escolar no se distribuye equitativamente entre los sectores). Estos dos componentes interactúan en el comportamiento de la variable, que presenta gradientes tanto en el sentido de las coronas como en el sentido de los sectores urbanos.

Gráfico 2

Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA): tipo de vivienda según corona, 2010

Fuente: Observatorio Urbano Local-Buenos Aires Metropolitana (OUL-BAM), 2014.

Gráfico 3

Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA): proporción de viviendas subestándar según corona y sector, 2010

Fuente: Observatorio Urbano Local-Buenos Aires Metropolitana (OUL-BAM), 2014.

Mapa 3

Aglomerado Gran Buenos Aires (AGBA): población de 25 años y más que nunca asistió a un establecimiento educativo, según radio censal, 2010

(En porcentajes)

Fuente: Observatorio Urbano Local-Buenos Aires Metropolitana (OUL-BAM), 2014.

Mapa 4

Aglomerado Gran Buenos Aires (AGBA): población de 12 a 17 años que no asiste a ningún establecimiento educativo, según radio censal, 2010

(En porcentajes)

Fuente: Observatorio Urbano Local-Buenos Aires Metropolitana (OUL-BAM), 2014.

Respecto de las personas mayores de 25 años que nunca asistieron a establecimientos educativos, la proporción es muy exigua, y varía entre un 0,72% en la corona pericentral 1 y algo más de un 2% en la corona pericentral 2. Más significativo resulta el peso del segmento de las personas de 12 a 17 años que no asisten a ningún establecimiento educacional. En 2010, varió entre el 5,5% de la población adolescente en la corona pericentral 1 y el 11% en la corona 3, la corona más alejada. En el área central metropolitana alcanzó el 8%, cifra superior al resto (Abba y otros, 2014).

La consideración de dos grupos etarios diferentes (adultos de 25 años y más y adolescentes de entre 12 y 17 años), a partir de los cuales se visibiliza una distribución socioterritorial en la urbe, pone de manifiesto la persistencia intergeneracional del problema educativo. Son las áreas que concentran a la población con menor nivel educativo las que, a su vez, ofrecen contextos desalentadores para la educación de los adolescentes.

3. Persistencias y cambios en los patrones sociohabitacionales

Entre los indicadores urbanos sobre condición sociohabitacional, el promedio de personas por cuarto constituye una variable de gran capacidad explicativa para las áreas urbanas (Goldemberg, Torres y Fisherman, 1967; Torres, 1983; Abba y otros, 2015) y, al mismo tiempo, tiene la virtud de encontrarse accesible en la mayoría de las fuentes de datos, posibilitando las comparaciones a lo largo del tiempo y entre ciudades[8]. El análisis territorial sincrónico de esta variable permite describir las desigualdades socioterritoriales del área metropolitana, sintetizando algunas de las dimensiones educativas y habitacionales anteriormente señaladas. Los hogares con mayores valores de hacinamiento (expresados por el promedio de personas por cuarto) se asocian a los niveles socioeconómicos bajos, situación que mejora cuando disminuye el promedio de personas por cuarto.

En 2010, la situación sociohabitacional de la Buenos Aires metropolitana, de acuerdo con el promedio de personas por cuarto, evidenciaba los dos patrones ya señalados que caracterizan su estructura socioterritorial (véase el gráfico 4). Por una parte, la variación según la relación centro-periferia (con la excepción del área central metropolitana) y, por otra parte, la fuerte diferenciación socioterritorial entre los sectores norte, oeste y sur (especialmente en las coronas pericentrales).

Gráfico 4

Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA): promedio de personas por cuarto según corona y estrato, 2010

Fuente: Observatorio Urbano Local-Buenos Aires Metropolitana (OUL-BAM), 2014.

En todas las coronas, excepto en el periurbio, las condiciones sociohabitacionales son mucho más favorables a lo largo del corredor norte. El sector sur, por su parte, presenta los peores valores sociohabitacionales en casi todas las áreas anulares de la Buenos Aires metropolitana, salvo en la corona 2, en la que el sector oeste (integrado por la parte de menor consolidación del partido de La Matanza y los partidos de Moreno y Merlo) es el que presenta los valores más desfavorables de la corona y de la región (con un promedio de personas por cuarto de 1,63).

Al adoptar una perspectiva diacrónica en el análisis del comportamiento de esta variable a través del tiempo, tomando como referencia la estructura socioterritorial de la urbe, se evidencian los procesos de deterioro o mejora que se han dado en las distintas zonas. El análisis del promedio de personas por cuarto a escala de radio censal a partir de mapas sociales para 1991 y 2010 (véase el mapa 5), permite detectar una mejora generalizada de las condiciones sociohabitacionales. En particular, se observan dos situaciones en que disminuye el hacinamiento por cuarto respecto de 1991: en la prolongación de los corredores principales de la movilidad metropolitana y en la expansión del periurbio. Sin embargo, mientras que, en el urbio, la diferenciación sociohabitacional se acrecienta en sentido norte-sur, sobre los corredores de movilidad metropolitana, esta diferenciación se da en sentido transversal. En las áreas intersticiales, se enfatiza el gradiente, transversal a los corredores, que muestra el deterioro de las condiciones sociohabitacionales al alejarnos del eje de cada uno de los alineamientos urbanos.

La complejización del mapa social no es un fenómeno exclusivo de la periferia, sino que, mediante procesos de microsegregación (Goicoechea, 2016 y 2018), se hace presente también en la ciudad de Buenos Aires (área central metropolitana y coronas pericentrales). Los proyectos de renovación urbana que se vienen dando en la zona de Barracas y La Boca (Herzer y otros, 2008) y, más recientemente, en Parque Patricios (Goicoechea, 2017), constituyen ejemplos de ello. Los edificios en torres con lugares de recreo o servicios y seguridad representan el modelo de urbanización cerrada de las ciudades. Paralelamente, mientras que la población de la ciudad de Buenos Aires permanece casi constante en el período, la que vive en condiciones extremas de precariedad habitacional se multiplica casi por cinco. Un rasgo visible de esta tendencia es el crecimiento demográfico en villas y asentamientos precarios, que aumenta del 1,2% en 1960 al 5,7% en 2010, período en que la única alteración de la trayectoria estuvo marcada por la erradicación forzada de las villas durante la dictadura militar que tuvo lugar entre 1976 y 1983 (véase el gráfico 5). Según estudios recientes (Rodríguez, Rodríguez y Zapata, 2018), en varios de los asentamientos porteños construidos sobre tierras de propiedad pública (villas 31 y 31 bis, 20, 3, 21 a 24 y Rodrigo Bueno), se constata un creciente despliegue de lógicas informales de mercantilización del acceso al suelo y la vivienda, que consolidan por la vía de las prácticas un proceso de apropiación privatizadora del suelo y profundización de la desigualdad intraterritorial.

Mapa 5

Aglomerado Gran Buenos Aires (AGBA): promedio de personas por cuarto de los hogares, por radio censal, 1991 y 2010

Fuente: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires/Consejo del Plan Urbano Ambiental (COPAU)/Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), Diagnóstico socio-territorial de la ciudad de Buenos Aires: Buenos Aires y su contexto metropolitano, Buenos Aires, 1999; Observatorio Urbano Local-Buenos Aires Metropolitana (OUL-BAM), 2014.

Nota: La elaboración de los intervalos de clase en ambos mapas se realizó considerando los desvíos respecto a la media del promedio de personas por cuarto.

Gráfico 5

Ciudad de Buenos Aires: población total y residente en villas, 1960-2010

(En número de personas)

Fuente: Observatorio Urbano Local-Buenos Aires Metropolitana (OUL-BAM), 2014.

4. La dinámica de la desigualdad urbana en la Buenos Aires metropolitana del nuevo mileno: asincronías entre las condiciones de pobreza y las deficiencias del hábitat metropolitano

En este último apartado, se propone un análisis de la evolución de la desigualdad social en la RMBA, en sintonía con la distribución territorial de la pobreza, diferenciando las privaciones estructurales de las coyunturales. Por un lado, se consideran las variaciones en el coeficiente de Gini entre 1995 y 2015, procurando reflexionar sobre los contextos políticos y económicos que acompañaron las principales variaciones. Por otro lado, se consideran de manera paralela los cambios en las condiciones de pobreza estructural y coyuntural, a partir del indicador de necesidades básicas insatisfechas (NBI) (diferenciando el comportamiento de sus componentes) y su distribución en el territorio. Con todo ello, se espera brindar una lectura compleja de las condiciones sociohabitacionales de la población y su relación con el contexto macroeconómico y la estructura socioterritorial, a fin de aportar nuevos conocimientos a la tesis que sostienen Segura (2014) y Kessler (2014) con relación a la evolución compleja y controvertida de la desigualdad social en las últimas décadas.

En lo referente al comportamiento del coeficiente de Gini para el Gran Buenos Aires (véase el cuadro 2), se observa que las variaciones se corresponden con las presentadas al inicio del artículo para el total del país, y los cambios se dan en consonancia con los lineamientos políticos fijados por las diversas fuerzas políticas en el gobierno. Asimismo, esta evolución varía inversamente con respecto del estado general de la economía local, que, en el nuevo milenio, registró la mayor caída del producto geográfico bruto (PBG) de la provincia de Buenos Aires (de en torno al -12% en 2002) (Dirección Provincial de Estadística, 2016).

Cuadro 2

Ciudad de Buenos Aires y partidos del Gran Buenos Airesa: coeficiente de Gini, 1995-2015

Años seleccionados

Coeficiente de Gini

1995

0,445505

2000

0,48781

2003b

0,509835

2003c

0,513467

2005

0,471629

2010

0,413819

2015

0,403725

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Instituto Nacional de Estadística y Cencos (INDEC), “Encuesta Permanente de Hogares (EPH)” [en línea] https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-BasesDeDatos.

Nota: Los coeficientes calculados para 1995, 2000 y 2003 toman como fuente la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) puntual (onda de mayo), mientras que los de 2003, 2005, 2010 y 2015 se calculan sobre la base de la EPH continua para el segundo trimestre (con excepción de 2003, que corresponde al tercer trimestre). Los datos correspondientes a 2003 (momento en que se cambia la metodología de panel) alteran la frecuencia quinquenal de la serie presentada.

a Por limitaciones en lo que respecta a la disponibilidad de datos, en este caso, el área de estudio corresponde a la ciudad de Buenos Aires y los 24 partidos que componen el Gran Buenos Aires (INDEC, 2003). Si bien se admite que esta decisión metodológica puede dificultar la lectura y oscurecer la comparación en la medición de los fenómenos socioterritoriales presentados, entendemos que la decisión contraria quitaría riqueza a los resultados y limitaría el marco de análisis.

b Cálculo realizado sobre la base de datos de la EPH puntual.

c Cálculo realizado sobre la base de datos de la EPH continua. Su incorporación tiene el objetivo de aportar datos que acompañen dicho cambio metodológico. Más allá de este propósito, también deben considerarse los efectos distorsivos sobre el ingreso disponible en los hogares (por ejemplo, aguinaldos, ingresos profesionales independientes o ingresos por actividades del sector agropecuario), que operan en distintos períodos del año.

Así, tomando como punto de partida los valores relativamente bajos del coeficiente de Gini para 1995, se pone de manifiesto el efecto de la crisis de 2001. En el año 2000, este indicador ya alcanzaba el 0,4878 y, en 2003, llegaba al 0,50 (calculado para ambas metodologías de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)). A partir de 2005, el coeficiente comienza a disminuir, y mejoran las condiciones de la desigualdad, y, en 2015, su nivel fue el más bajo de todo el período estudiado, en ambas áreas geográficas, dado que alcanzó el 0,4037 en 2015 en la RMBA y el 0,391 en 2014 en la Argentina).

Teniendo en cuenta los posibles errores muestrales vinculados al tratamiento de la no respuesta[9], la sensibilidad de las variables referidas a percepción de ingresos y la complejidad propia de las encuestas representativas, el cálculo del coeficiente de Gini para un área geográfica tan pequeña (que, de todos modos, concentra a casi el 30% de la población nacional) debe interpretarse con cautela. No obstante, su inclusión permite fijar el punto de partida del siguiente análisis socioespacial para la Buenos Aires metropolitana. De la evolución de este coeficiente, por lo tanto, puede extraerse la idea de que los contextos en los cuales se realizaron los censos nacionales de población, hogar y vivienda de 2001 y 2010 fueron significativamente diferentes en lo referido a las tendencias de la desigualdad urbana. El primer censo se llevó a cabo en un contexto de plena crisis, al que sucederían años también críticos para la economía local. El segundo, por su parte, se realizó en un contexto de recuperación (con un cambio de tendencia en relación con 2005). En dicho lapso temporal, por lo tanto, quedaron retratadas las condiciones de vida de la población, que se vieron influidas por el contexto socioeconómico inmediato en el que fueron registradas, y también las trayectorias históricas particulares.

A la luz de este planteamiento, analizamos la evolución de la pobreza en la RMBA a partir de 1980, y centramos la atención en el período 2001-2010, reconociendo su multidimensionalidad. Al estudiar por separado los componentes con que se elabora el indicador de NBI según tipo de privación (vivienda deficitaria[10], hacinamiento crítico[11], condiciones sanitarias deficientes[12], privación educativa[13] y capacidad de subsistencia[14]), se observan comportamientos diferentes según se trate del soporte material vinculado a las condiciones de la vivienda —que denominaremos “estructural”— o de las condiciones sociales —que denominaremos “coyunturales”—. Al descomponer el indicador y reagrupar sus componentes atendiendo a esta particularidad (véanse los gráficos 6 y 7), se observa que, en el período 1980-2010, el peso de los componentes vinculados a la vivienda (condiciones sanitarias, hacinamiento y vivienda) en la composición del NBI aumenta, mientras que el de los componentes de nivel de escolaridad y capacidad de subsistencia disminuye. Esto indicaría que las condiciones del hábitat no constituyen un mero reflejo de las condiciones socioeconómicas de los hogares, sino que presentan cierto grado de autonomía y que, a su vez, condicionan el desarrollo humano en el territorio.

Gráfico 6

Ciudad de Buenos Aires y partidos del Gran Buenos Aires (GBA): evolución intercensal de los componentes estructurales del indicador de necesidades básicas insatisfechas, 1980-2010

(En porcentajes del total de hogares con necesidades básicas insatisfechas)

Fuente: Observatorio Urbano Local-Buenos Aires Metropolitana (OUL-BAM), 2014.

Gráfico 7

Ciudad de Buenos Aires y partidos del Gran Buenos Aires (GBA): evolución intercensal de los componentes coyunturales del indicador de necesidades básicas, 1980-2010

(En porcentajes del total de hogares con necesidades básicas insatisfechas)

Fuente: Observatorio Urbano Local-Buenos Aires Metropolitana (OUL-BAM), 2014.

En consonancia con las tesis sobre el desacople entre la distribución de ingresos y los patrones de urbanización (Segura, 2014), se observa que, si bien las políticas de inclusión llevadas a cabo por el gobierno nacional durante el período 2003-2010 tuvieron como resultado cierto incremento del nivel de escolaridad y la capacidad de subsistencia de los hogares, esto no se ha visto reflejado en una mejora de las condiciones del hábitat en la ciudad. Los problemas relacionados con los tipos de vivienda, el hacinamiento por cuarto y las condiciones sanitarias presentan una inercia que no responde a los cambios de nivel social generados por la ejecución de planes sociales o de creación de empleo, entre otros. Asimismo, esto señala el aumento progresivo de la influencia que ejercen las dinámicas urbanas propias de la ciudad sobre la población (como las variaciones en la renta urbana, los proyectos inmobiliarios, las mejoras de la infraestructura urbana en forma diferencial y las dinámicas de segregación socioterritorial).

D. Conclusiones

Los objetivos de investigación que se plantearon al principio de este artículo se consideran cumplidos. En primer lugar, fue posible caracterizar la estructura socioespacial de la RMBA, organizada en torno a anillos y sectores, dado que, en varias de las dinámicas urbanas analizadas en esta clave (demográfica, residencial y educativa), se observaron diferencias significativas entre cada una de estas áreas geográficas y, en general, lógicas de segregación anulares o sectoriales. A partir de esta comprensión de la urbe, pueden extraerse algunas conclusiones, que enunciamos a continuación.

En el urbio, se observa una expansión del hábitat popular, que crece debido a un proceso de densificación de las tradicionales villas miseria o al surgimiento de nuevos asentamientos irregulares, concentrados en áreas residuales de suelo público central o pericentral subutilizado. El suburbio (corona 1 y parte de la 2), que en el período 1970-2010 concentró más del 80% del total del crecimiento poblacional regional, experimentó procesos diferentes y combinados. En él puede reconocerse una manifestación territorial diferente del modelo de ciudad “com-fusa” (Abramo, 2012), en la que las situaciones de concentración, tanto formal como informal, y los patrones difusos, tanto formales como informales, se ordenan de acuerdo con ejes transversales a los principales corredores de movilidad, y coinciden especialmente con las subcentralidades principales del territorio suburbano. Por un lado, el sector oeste crece significativamente y recibe una gran proporción de hogares de bajos recursos asentados en zonas sumamente precarias, lo que altera el histórico gradiente norte-sur metropolitano. Por otro lado, se originan también prototipos residenciales cerrados dirigidos a familias pertenecientes a los estratos sociales altos y medios-altos, de densidades intermedias.

Por último, el periurbio, que cuenta con las tasas de crecimiento más elevadas, es el ámbito de expansión por excelencia del prototipo residencial cerrado (countries, barrios cerrados o condominios), que ocupa, alternativamente, valioso suelo productivo rural o humedales (cuyas funciones reguladoras del sistema hídrico resultan fundamentales), buscando altas rentabilidades inmobiliarias. La nueva accesibilidad, lograda mediante la expansión de la red de autopistas urbanas y el crecimiento del parque automotor, habilita la expansión territorial, que se caracteriza por nuevas centralidades cerradas y selectivas. Por otra parte, esta expansión se solapa con antiguos asentamientos irregulares o potencia nuevas ocupaciones, como áreas de servicio para abastecer a las nuevas urbanizaciones.

La matriz metropolitana de Buenos Aires que emerge en la actualidad comienza a hacerse visible en los noventa, de manera tardía, si se compara con otras metrópolis latinoamericanas. Se fortalece un patrón de crecimiento que continúa reproduciendo la desigualdad urbana basada en la privatización del suelo, mediante incentivos al transporte automotor individual, privilegiando la inversión en autopistas, el desarrollo de productos residenciales dirigidos a segmentos poblacionales de altos ingresos, en forma de urbanizaciones cerradas, y nuevas centralidades semipúblicas y selectivas que compiten con la oferta de los centros tradicionales de acceso universal y la empobrecen. Esta brusca transformación de la estructura sociomodal del transporte metropolitano origina, a partir de mediados de los setenta, un nuevo proceso de metropolización caracterizado por cambios en los mercados de empleo, vivienda y servicios metropolitanos. Se amplía la movilidad espacial de los estratos altos de la escala socioeconómica y se reduce fuertemente la de los estratos populares. Paralelamente, las áreas centrales también presentan nuevas dinámicas urbanas que profundizan la desigualdad.

Finalmente, el último apartado se orientó al análisis de la dinámica de la desigualdad social en la RMBA, considerando, para un período de aproximadamente tres décadas, la evolución del coeficiente de Gini —en sintonía con los contextos políticos y económicos que acompañaron sus principales variaciones—, los cambios en las condiciones de pobreza estructural y coyuntural a partir del indicador de NBI y su distribución en el territorio. Con ello, se procuró ofrecer una compleja lectura de la relación entre la estructura socioespacial, las condiciones socioeconómicas y los contextos políticos y económicos. A partir de dicha lectura, fue posible realizar un aporte a las afirmaciones de Segura (2014) y Kessler (2014) sobre la compleja y controvertida evolución de la desigualdad social en las últimas décadas. Las disminuciones del coeficiente de Gini (es decir, las reducciones de la desigualdad) evidenciaron un comportamiento concordante con la evolución de la actividad económica local (representada por el PBG y el PIB) y con el horizonte político planteado por los gobiernos nacionales para cada período. Asimismo, la evolución del NBI, dispar en lo que respecta a sus componentes estructurales y coyunturales, evidenció entre 2001 y 2010 una mejora general en lo que se refiere a las privaciones sociales asociadas a la insuficiencia de ingresos (como la capacidad de subsistencia y el nivel de escolaridad), al tiempo que los componentes asociados a las condiciones de vivienda y habitacionales registraron magros progresos (en particular, en el caso de los hogares de la ciudad de Buenos Aires, zona urbana más consolidada y con mayor presión inmobiliaria).

La Buenos Aires metropolitana del nuevo milenio, con algunas diferencias y rupturas, continúa la tendencia de crecimiento y expansión de finales de los setenta, marcada por las políticas neoliberales. Su estructura socioespacial se aproxima al modelo de ciudad “com-fusa” propuesto por Abramo (2012) para los procesos de urbanización en América Latina, aunque con ciertas especificidades debidas a su particular configuración histórica y su dinámica interna. La consecuencia de ello es que, si bien en la escala de análisis metropolitano, la estructura socioespacial no parece verse modificada, los cambios comienzan a registrarse en las escalas micro, a nivel de la localidad o, incluso, del barrio.

Los mapas temáticos presentados a nivel de radio censal permiten observar, sobre todo en los procesos de expansión de la periferia norte y oeste, una conjunción de las condiciones habitacionales más favorables y desfavorables (que coexisten en estrecha proximidad, a veces separadas por barreras físicas o simbólicas conforme a las dinámicas de fragmentación ya explicadas). El gran patrón de segregación tradicional de la RMBA (que permanece prácticamente inalterado, según datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010) ahora parece verse complementado o completado (dentro de cada una de las áreas geográficas analizadas) por situaciones o fenómenos de microsegregación que podrían estar introduciendo cambios en las dinámicas urbanas y sociales de los barrios. La actualización de estos estudios sobre la base de los datos censales de 2020 contribuirá a confirmar la validez de estas primeras impresiones.

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[1] Socióloga y Dra. en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Docente Investigadora en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la UBA, especializada en estudios urbanos y planificación territorial. Becaria Posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas (IMHICIHU). Coordinadora de Indicadores Urbanos en el Observatorio Urbano Local-Buenos Aires Metropolitana (OUL-BAM), dependiente del Centro de Investigación Hábitat y Municipio (CIHaM) de la FADU. Correo electrónico: megoicoechea@yahoo.com.ar.

[2] Arquitecto por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y Planificador Urbano y Regional por la UBA. Consultor especializado en ordenamiento territorial y planificación urbana. Responsable del desarrollo desde 2007 del Observatorio de la Institucionalidad Metropolitana de Buenos Aires (OIMBA). Director del OUL-BAM, dependiente del CIHaM de la FADU. Correo electrónico: arabba5@gmail.com.

[3] En diciembre de 2001, la economía argentina llega a un punto crítico después de cuatro años de recesión, cuando el Gobierno disuelve su régimen de paridad cambiaria —denominado “convertibilidad”—, devalúa fuertemente la moneda local e impone restricciones al retiro de dinero en efectivo de los bancos. Estas medidas, sumadas al clima de crisis social e inestabilidad política, conducen a un escenario de estallido social y represión policial. Durante diez días, cuatro presidentes toman el cargo y renuncian sucesivamente al gobierno nacional, hasta que, el 2 de enero de 2002, Eduardo Duhalde asume la función de manera interina y convoca a elecciones presidenciales.

[4] Los autores clásicos de la geografía crítica han examinado estos temas con profundidad. Autores como Lefebvre (2013), Santos (1996) y Soja (2000) han reflexionado en torno a los límites y desafíos de las estructuras disciplinarias clásicas (sociología, geografía o psicología), entendiendo que el espacio no es ni una cosa ni un sistema de cosas, sino una realidad relacional: cosas y relaciones juntas. Existe una “dialéctica de la triplicidad” que sostiene a los hechos y al ser: la historicidad, la socialidad y la espacialidad. Los hechos, por tanto, deben estudiarse simultáneamente como históricos, sociales y espaciales o geográficos. En su libro Urbanismo y desigualdad social, publicado por primera vez en 1977, Harvey también sentenciaba que los procesos urbanos no pueden ser conceptualizados desde las estructuras disciplinarias actuales, que solo toman el espacio como escenario donde comprobar sus hipótesis, circunscriptas a sus mundos conceptuales. Una teoría que se proponga abordar el estudio de la ciudad debe relacionar de algún modo los procesos sociales en la ciudad con la forma espacial que esta asume (Harvey, 2007, pág. 16).

[5] Esta delimitación cuenta con un amplio consenso en los instrumentos del urbanismo local actual. Véase, por ejemplo, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (2007).

[6] En el caso de La Matanza, por la extensión del partido y su ubicación, puesto que atraviesa dos coronas del área suburbana, se lo ha dividido en tres áreas que permiten llevar a cabo un análisis diferenciado, y, en el caso de los partidos ribereños con territorios en islas, se ha separado la superficie y la población que se encuentran fuera del continente a los efectos del cálculo de la densidad.

[7] Las casas tipo B son aquellas que cumplen al menos una de las siguientes condiciones: tienen piso de tierra, no cuentan con provisión de agua por cañería dentro de la vivienda o no disponen de baño con descarga de agua. Las casas tipo A son todas las unidades que no pueden clasificarse como casa tipo B.

[8] Estudios precedentes sobre la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana han permitido corroborar la fuerte correspondencia entre el promedio de personas por cuarto y el nivel socioeconómico que habitualmente resulta como factor 1 en las metodologías de análisis factorial. Esto se confirmó sobre la base de datos censales de 1960, 1980 y 1991. En relación con el primer censo, la Organización del Plan Regulador realizó en 1965 una encuesta sobre una muestra de 50 manzanas de la ciudad, que muestra una alta correlación entre hacinamiento, estatus ocupacional y calidad y estado de la vivienda (Goldemberg, Torres y Fisherman, 1967). En relación con el segundo censo, la Comisión Municipal de la Vivienda llevó a cabo una encuesta en 1982 sobre la “situación habitacional” a partir de una muestra de aproximadamente 850 viviendas (Torres, 1983). En lo que respecta al censo de 1991, en el Diagnóstico socio-territorial de la ciudad de Buenos Aires: Buenos Aires y su contexto metropolitano (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires/COPAU/FADU, 1999), elaborado en el marco del Plan Urbano Ambiental para la ciudad, también se identifican las correlaciones entre el factor socioeconómico resultante del análisis de componentes principales y el índice de hacinamiento a partir de la variable de promedio de personas por cuarto. Con ello, es posible afirmar que, a los fines del presente artículo, la dimensión del hacinamiento permite un acercamiento rápido y simple a la estructura sociohabitacional de la población.

[9] Para el cálculo del coeficiente de Gini, la información se obtiene de la Encuesta Permanente de Hogares, que, en el caso de la serie histórica presentada, incluye las realizadas en modalidad permanente y, posteriormente, continua. La delimitación de los deciles corresponde a la propia de cada aglomerado incluido en el estudio: ciudad de Buenos Aires (32) y partidos del Gran Buenos Aires (33). Los datos correspondientes a los ingresos se encuentran ponderados (corregidos por no respuesta mediante el método de imputación de ingresos hot-deck aleatorio). Véase más información sobre este criterio metodológico en el sitio web del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) [en línea] https://www.indec.gob.ar/ y en INDEC (2009).

[10] Se refiere a viviendas no destinadas a fines habitacionales, viviendas precarias y otros tipos de vivienda, como inquilinatos, hoteles o pensiones.

[11] Se da cuando en el hogar hay más de tres personas por cuarto.

[12] Se refiere a los hogares que no cuentan con retrete.

[13] Se refiere a los hogares con al menos un niño que no asiste a la escuela.

[14] Se refiere a la presencia de un miembro del hogar ocupado con nivel de escolaridad básico por cada cuatro o cinco miembros sin ingresos.

Orientaciones para los autores de la revista Notas de Población

La revista Notas de Población es coordinada por su Comité Editorial, al que corresponde la responsabilidad de elaborar cada número en todas sus etapas, consignando todas las decisiones que permitan presentar contribuciones de calidad científica. Dicho Comité está conformado por profesionales del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL y cuenta con el apoyo del Consejo Editorial de la revista en los procesos de evaluación de artículos.

Consideraciones generales

En Notas de Población se publican artículos originales e inéditos sobre estudios de población, con un enfoque multidisciplinario que abarca, además del ámbito específico de la demografía, las relaciones entre la dinámica demográfica, los fenómenos económicos y sociales, el desarrollo, los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental. Los artículos se deberán orientar de preferencia a países de América Latina y el Caribe, si bien en ocasiones podrán incluirse contribuciones relativas a otras regiones del mundo. La revista se publica tanto en versión impresa como en formato electrónico en el portal de la CEPAL.

Los manuscritos deben estar escritos en español, aunque también podrán admitirse materiales en otros idiomas, que, de ser aceptados, serán traducidos al español por la CEPAL para su publicación. Excepcionalmente, según el interés de la revista y previo consentimiento del autor, se publicarán traducciones de artículos ya publicados en otras lenguas. La revista sigue un estilo libre y abierto; sin embargo, se podrán preparar números especiales a juicio del Comité Editorial.

Los autores de los trabajos pueden ser individuales o colectivos y son los responsables de su obra. Los derechos de autor de los artículos publicados por la revista pertenecen a las Naciones Unidas.

Los artículos deberán enviarse por correo electrónico a: celade-notasdepoblacion@cepal.org. Junto con el texto original, cada artículo debe incluir lo siguiente:

• Título.

• Datos del autor o los autores: deben figurar el nombre completo, títulos académicos, afiliación institucional, dirección electrónica y algún dato relevante del texto, como por ejemplo, el nombre del proyecto de investigación del que se deriva el artículo, si procede.

• Un mínimo de cinco palabras clave y un máximo de ocho.

• Un resumen de 160 palabras, como máximo, en el que se sinteticen sus propósitos y conclusiones principales.

• Bibliografía, de acuerdo con las normas editoriales de la revista.

• Un archivo de Excel que contenga todos los gráficos editables en el orden en que aparecen en el texto.

• Una declaración concisa y clara de que el artículo es original, no ha sido publicado anteriormente y no se encuentra en proceso de revisión en ninguna otra publicación, sea en formato impreso o electrónico.

Procedimiento de selección

Todos los artículos recibidos serán sometidos a una revisión inicial por parte del Comité Editorial, que verificará el cumplimiento de las normas editoriales básicas de la revista, la pertinencia temática y la adecuada estructuración del trabajo como artículo científico.

Los artículos que superen esta primera etapa serán sometidos al arbitraje de dos evaluadores externos mediante el sistema de doble ciego, que conserva el anonimato tanto de los autores como de los árbitros o dictaminadores. Los evaluadores que participan en el proceso de arbitraje de los artículos provienen en su mayoría del Consejo Editorial. En caso necesario, es posible que se invite a especialistas que no forman parte de este.

Los árbitros evaluarán la pertinencia, relevancia y novedad del tema de acuerdo con la orientación de la revista, junto con la originalidad y el aporte conceptual o metodológico del artículo con respecto a los estudios de población. Asimismo, analizarán si el trabajo se ha estructurado y ordenado adecuadamente, es decir, si se presentan con claridad los datos, la metodología, los objetivos y las hipótesis; si los cuadros, recuadros, gráficos, mapas y diagramas son ilustrativos y claros; si las referencias se encuentran actualizadas y correctamente citadas, y si existe coherencia entre los objetivos y los resultados del estudio.

Los evaluadores emitirán un dictamen que se concretará en una de las tres opciones siguientes: publicación con cambios menores, publicación con cambios mayores o rechazo del artículo. En caso de que el dictamen sea de publicación con cambios, los árbitros detallarán las modificaciones que consideren pertinentes para mejorar el artículo y estas serán comunicadas al autor, quien, previa aceptación, deberá enviar la versión definitiva dentro del plazo que el Comité Editorial establezca.

Si se produjeran divergencias en los dictámenes de los árbitros, el Comité Editorial de la revista procederá a una revisión adicional. Las decisiones sobre los artículos rechazados por los dictaminadores son inapelables y solo se comunicarán de manera general a los autores. No obstante, en caso de requerirse, se enviarán los comentarios a los autores.

De acuerdo con el procedimiento editorial establecido en la CEPAL, los artículos se someterán a evaluación a medida que se vayan recibiendo. Los trabajos entregados una vez finalizado el período de recepción de artículos pueden no ser incluidos en el número de la revista en curso. Podrán postularse nuevamente al número siguiente, siempre y cuando hayan sido aceptados por los dictaminadores. En este caso, los autores deberán seguir las instrucciones que les indique el Comité Editorial.

El Comité Editorial se reserva el derecho de efectuar modificaciones de estilo y forma al contenido del texto, al título, a los cuadros y recuadros y a los elementos gráficos, con el fin de satisfacer las exigencias editoriales de la revista.

Política editorial

Los autores se comprometerán a no presentar el material a ninguna otra revista durante los tres meses transcurridos desde la recepción del artículo, plazo dentro del cual recibirán respuesta confirmando o no la publicación del artículo.

En caso de aceptación con cambios del artículo, los autores se comprometen a cumplir los plazos de revisión e introducción de las modificaciones sugeridas a fin de no retrasar el calendario de edición y publicación de la revista.

Normas editoriales

Extensión: el texto de los artículos no debe exceder las 10.000 palabras (incluidos cuadros, recuadros, gráficos, mapas, diagramas, notas y bibliografía).

Formato: el texto debe enviarse en un archivo electrónico de Word. Dado que la impresión del documento se realiza en blanco y negro, debe evitarse toda mención a los colores empleados en cuadros, gráficos, mapas y diagramas, sin perjuicio de que en el formato dispuesto en la página web el archivo pueda contener dichos colores.

Cuadros: deben insertarse en el archivo Word, como contenido editable, en el lugar que corresponda dentro del texto.

Gráficos: deben insertarse en el archivo de Word, en forma de imagen, en el lugar que corresponda dentro del texto. Es indispensable adjuntar además un archivo de Excel que contenga todos los gráficos editables en el orden en que aparecen en el texto. En el archivo de Excel cada gráfico debe ocupar una hoja, en cuya pestaña se debe indicar el número del gráfico.

Diagramas: deben insertarse en el archivo de Word, como contenido editable, en el lugar que corresponda dentro del texto.

Mapas: deben insertarse en el archivo de Word, en forma de imagen, en el lugar que corresponda dentro del texto y, además, adjuntarse en un archivo editable con las extensiones eps, pdf o ai (Illustrator).

Referencias a cuadros, recuadros y elementos gráficos: en el texto debe haber al menos una referencia a cada cuadro, recuadro, gráfico, mapa o diagrama. Asimismo, todos estos elementos deben incluir el título, la fuente y la unidad de medida de los datos presentados, si procede.

Fórmulas matemáticas: se sugiere numerar las fórmulas matemáticas con cifras arábigas entre paréntesis y alineadas a la derecha.

Notas explicativas: todas las notas deben insertarse a pie de página y estar numeradas correlativamente.

Referencias bibliográficas: cada referencia bibliográfica mencionada en el texto debe incluir, entre paréntesis, el apellido del autor y el año de publicación.

Bibliografía: debe figurar al final del texto. Los registros bibliográficos se presentarán en orden alfabético por el apellido del autor, seguido del nombre de pila, el año de publicación entre paréntesis, el título completo, la ciudad de publicación y la editorial.

Ejemplos:

Libro con dos autores:

Auerbach, A. y L. Kotlikoff (1987), Dynamic Fiscal Policy, Cambridge, Cambridge University Press.

Artículo con tres autores:

Auerbach, A., J. Gokhale y L. Kotlikoff (1994), “Generational accounting: a meaningful way to evaluate fiscal policy”, Journal of Economic Perspectives, vol. 8, Nº 1.

Publicación electrónica con más de tres autores:

Mason, A. y otros (2009), “National Transfer Accounts Manual. Draft Version 1.0” [en línea] http://www.ntaccounts.org/doc/repository/NTA%20Manual%20V1%20Draft.pdf.

Autor institucional:

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2009), Panorama Social de América Latina, 2008 (LC/G.2402-P/E), Santiago. Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: S.08.II.G.89.

Mismo autor, mismo año:

Lee, R. (1994a), “The formal demography of population aging, transfers, and the economic life cycle”, Demography of Aging, Linda G. Martin y Samuel H. Preston (eds.), Washington, D.C., National Academy Press.

(1994b), “Population age structure, intergenerational transfers, and wealth: a new approach, with applications to the U.S.”, Journal of Human Resources, vol. 29, Nº 4, número especial.

Guidelines for authors of Notas de Población

The journal Notas de Población is coordinated by its Editorial Committee, which is responsible for preparing each issue from start to finish, and ensuring that all contributions are up to scientific standard. This Committee comprises professionals from the Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE)-Population Division of ECLAC and receives support from the journal’s Editorial Board in reviewing articles.

Overview

The journal Notas de Población publishes original, unpublished articles on population studies, and has a multidisciplinary approach that covers not only the field of demography but also the links between demographic trends, economic and social phenomena, development, human rights and environmental sustainability. Articles should relate preferably to Latin America and the Caribbean, although contributions relating to other regions may on occasion be included. The journal is available in both print format and on the ECLAC website.

Manuscripts must be drafted in Spanish, although in certain cases material may be submitted in other languages. Articles accepted in other languages for publication are translated into Spanish by ECLAC. Exceptionally, translations into other languages of existing articles may be published with the author’s permission. The style of the journal is free and open, but special editions may be published subject to the Editorial Committee’s approval.

Authors may be individuals or groups and are responsible for their work. The copyright of the articles published in the journal is held by the United Nations.

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• Title.

• Details of the author(s), including full name, academic qualifications, institutional affiliation, e-mail address and any relevant information about the text, such as the name of the research project with which the article is associated, if applicable.

• Between five and eight key words.

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• A bibliography, prepared in accordance with the editorial rules applicable to the journal.

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• A concise and clear declaration stating that the article is original, has not been published before and is not currently being reviewed by any other print or electronic publication.

Selection process

All articles received are reviewed initially by the Editorial Committee, which looks at whether they comply with the journal’s basic editorial rules, the relevance of the subject matter, and whether the structure of the text is appropriate for a scientific article.

Articles that pass this initial stage are then reviewed by two external referees using a double-blind review system, in which both the author and the referees or reviewers remain anonymous. The referees are mainly members of the Editorial Board. If necessary, outside specialists may be invited to review articles.

The referees will first of all consider the pertinence, relevance and novelty of the subject matter, with reference to the journal’s editorial stance, as well as the article’s potential contribution to population studies in terms of its originality, concept and methodology. They will then assess whether the work has been properly structured and organized, that is, whether the data, methodology, objectives and hypotheses have been clearly set out; whether the tables, boxes, figures, maps and diagrams are illustrative and clear; whether the references are up to date and correctly cited; and whether the objectives are consistent with the results of the study.

The referees will make one of the following recommendations: publication with minor changes; publication with major changes; or rejection of the article. In the event that the referees decide the article should be published with changes, they will list the alterations they deem necessary to improve the article and notify the author accordingly. Should the author accept, the final version must be submitted by the deadline stipulated by the Editorial Committee.

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Mathematical formulae: Mathematical formulae should be numbered using Arabic numerals in brackets and right aligned.

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Examples:

A book with two authors:

Auerbach, A. y L. Kotlikoff (1987), Dynamic Fiscal Policy, Cambridge, Cambridge University Press.

An article with three authors:

Auerbach, A., J. Gokhale y L. Kotlikoff (1994), “Generational accounting: a meaningful way to evaluate fiscal policy”, Journal of Economic Perspectives, vol. 8, Nº 1.

An e-publication with more than three authors:

Mason, A. y otros (2009), “National Transfer Accounts Manual. Draft Version 1.0” [en línea] http://www.ntaccounts.org/doc/repository/NTA%20Manual%20V1%20Draft.pdf.

An institutional author:

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2009), Panorama Social de América Latina, 2008 (LC/G.2402-P/E), Santiago. Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: S.08.II.G.89.

Same author, same year:

Lee, R. (1994a), “The formal demography of population aging, transfers, and the economic life cycle”, Demography of Aging, Linda G. Martin y Samuel H. Preston (eds.), Washington, D.C., National Academy Press.

(1994b), “Population age structure, intergenerational transfers, and wealth: a new approach, with applications to the U.S.”, Journal of Human Resources, vol. 29, Nº 4, número especial.

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Presentación

Artículo 1

Disparidad salarial en inmigrantes calificados de América Latina y el Caribe en los Estados Unidos

Artículo 2

Diferencias en la incorporación ocupacional de los mexicanos y descendientes de mexicanos altamente calificados en los Estados Unidos entre 2008 y 20181

Artículo 3

La fecundidad de las poblaciones mestiza e indígena del Ecuador: cambios y urgencias de interculturalidad1

Artículo 4

Fuentes de información sobre población indígena en México: los problemas de la búsqueda de datos en el ámbito de la salud

Artículo 5

Panorama del déficit de fecundidad en América Latina a partir de dos indicadores

Artículo 6

Notas sobre la redistribución espacial de la población en el marco de las tendencias de metropolización en el Brasil a principios del siglo XXI1

Artículo 7

Dimensiones regional, local e individual de la migración venezolana: el caso de la frontera con Roraima (Brasil)

Artículo 8

Geografías de la desigualdad en el nuevo milenio: los mapas sociales de la Buenos Aires metropolitana