Portadilla

Créditos

Alicia Bárcena

Secretaria Ejecutiva

Mario Cimoli

Secretario Ejecutivo Adjunto

Raúl García-Buchaca

Secretario Ejecutivo Adjunto

para Administración y Análisis de Programas

Paulo Saad

Director del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía

(CELADE)-División de Población de la CEPAL

Ricardo Pérez

Director de la División de Publicaciones y Servicios Web

Comité Editorial

Editor: Jorge Martínez Pizarro (CELADE-División de Población de la CEPAL)

Miembros: Jorge Dehays Rocha (Universidad de Chile), Enrique Peláez (Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)/Universidad Nacional de Córdoba, Argentina), Fabiana del Popolo (CELADE-División de Población de la CEPAL), Leandro Reboiras Finardi (CELADE-División de Población de la CEPAL),

Zulma Sosa (CELADE-División de Población de la CEPAL)

Secretaria: María Ester Novoa (CELADE-División de Población de la CEPAL)

Redacción y administración: casilla 179-D, Santiago, Chile.

Correo electrónico: CELADE-NotasDePoblacion@cepal.org.

La revista Notas de Población es una publicación del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL, cuyo propósito principal es la difusión de investigaciones y estudios de población sobre América Latina y el Caribe, aun cuando recibe con particular interés artículos de especialistas de fuera de la región y, en algunos casos, contribuciones que se refieren a otras regiones del mundo. Se publica dos veces al año, con una orientación interdisciplinaria, por lo que acoge tanto artículos sobre demografía como otros que aborden las relaciones entre las tendencias demográficas y los fenómenos económicos, sociales, culturales, políticos y biológicos. Las opiniones expresadas en los artículos de esta revista son responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL.

La revista Notas de Población está indizada en Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (CLASE), en el Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (LATINDEX), en el Sistema de Búsqueda Avanzada de Documentos (DIALNET) y en el Hispanic American Periodicals Index (HAPI).

Consejo Editorial

Nombre

Afiliación institucional

País/organización

Antonio Aja Díaz

Universidad de La Habana

Cuba

Juan Carlos Alfonso Fraga

Oficina Nacional de Estadística e Información

Cuba

José Luis Ávila Martínez

Universidad Nacional Autónoma de México

México

Guiomar Bay

CELADE-División de Población de la CEPAL

CEPAL

Wanda Cabella

Universidad de la República

Uruguay

Anna Cabré Pla

Universidad Autónoma de Barcelona

España

Francisco Cáceres

Oficina Nacional de Estadística

República Dominicana

Juan José Calvo

Universidad de la República

Uruguay

Alejandro I. Canales

Universidad de Guadalajara

México

Suzana Cavenaghi

Instituto Brasileño de Geografía y Estadística

Brasil

Dídimo Castillo

Universidad Autónoma del Estado de México

México

Dora E. Celton

Universidad Nacional de Córdoba

Argentina

Marcela Cerrutti

Centro de Estudios de Población

Argentina

Mirna Cunningham

Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Nicaragua

Fabiana del Popolo

CELADE-División de Población de la CEPAL

CEPAL

Mariachiara Di Cesare

Imperial College London

Reino Unido

Andreu Domingo Valls

Universidad Autónoma de Barcelona

España

Albert Esteve

Universidad Autónoma de Barcelona

España

Carmen Elisa Florez Nieto

Universidad del Rosario

Colombia

Anitza Freitez

Universidad Católica Andrés Bello

República Bolivariana de Venezuela

Silvia Elena Giorguli Saucedo

El Colegio de México

México

Daniela González

CELADE-División de Población de la CEPAL

CEPAL

Alejandro Guillén García

Universidad de Cuenca

Ecuador

Martín Hopenhayn

Consultor independiente

Chile

Sandra Huenchuan

CELADE-División de Población de la CEPAL

CEPAL

Fernando Lozano Ascencio

Universidad Nacional Autónoma de México

México

Cássio Maldonado Turra

Universidad Federal de Minas Gerais

Brasil

Ciro Martínez

Consultor independiente

Colombia

Robert McCaa

Universidad de Minnesota

Estados Unidos

Tim Miller

Consultor independiente

Estados Unidos

Verónica Montes de Oca

Universidad Nacional Autónoma de México

México

Abelardo Morales

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)

Costa Rica

Irene Palma Calderón

Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo

Guatemala

Héctor Pérez Brignoli

Universidad de Costa Rica

Costa Rica

José Marcos Pinto da Cunha

Universidad Estadual de Campinas

Brasil

Jorge Rodríguez Vignoli

CELADE-División de Población de la CEPAL

CEPAL

Laura Rodríguez Wong

Universidad Federal de Minas Gerais

Brasil

Luis Rosero-Bixby

Universidad de California en Berkeley

Estados Unidos

Magda Ruiz

Consultora independiente

Colombia

María Marta Santillán

CONICET/Universidad Nacional de Córdoba

Argentina

Susana Schkolnik

Consultora independiente

Chile

Alejandra Silva

CELADE-División de Población de la CEPAL

CEPAL

Zulma Sosa Portillo

Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra

Paraguay

Carolina Stefoni

Universidad Alberto Hurtado

Chile

Andras Uthoff

Consultor independiente

Chile

Miguel Villa

Consultor independiente

Chile

Brenda Yépez Martínez

Universidad Central de Venezuela

República Bolivariana de Venezuela

María Eugenia Zavala de Cosío

El Colegio de México

México

Página legal

Publicación de las Naciones Unidas

N° de venta: S.19.II.G.12

LC/PUB.2019/10-P

ISSN: 0303-1829 (versión impresa)

Distribución: G

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Todos los derechos reservados

Impreso en Naciones Unidas, Santiago

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Esta publicación debe citarse como: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Notas de Población, N° 108 (LC/PUB.2019/10-P), Santiago, 2019.

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Índice

Portadilla

Créditos

Consejo Editorial

Página legal

Presentación

Artículo 1

Amores imposibles: la brecha entre universitarios y el resto de grupos educativos en los mercados matrimoniales de América Latina, 1970-2010

Artículo 2

La estructura de los hogares y el ahorro en México: un enfoque de clases latentes

Artículo 3

Transferencias intergeneracionales por género y efectos económicos del envejecimiento demográfico en México

Artículo 4

Inmigración e inclusión laboral y protección social según el origen y el tiempo de residencia de los migrantes en países seleccionados de América Latina

Artículo 5

Epicentros de emigración: un análisis comparativo de la evolución de sus dinámicas socioeconómicas y demográficas en Colombia y el Brasil

Artículo 6

Construcciones y alcances del derecho a la salud en el Primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (Argentina, 2017-2020): prioridades de agenda y lineamientos de política pública desde un enfoque de derechos humanos

Artículo 7

Una estimación de la mortalidad en la ciudad de Buenos Aires hacia 1827

Artículo 8

La diversidad sexual y de género en censos y encuestas de América Latina: entre la invisibilidad y la lógica heteronormativa

Artículo 9

Compresión de la mortalidad en el Uruguay: niveles y diferencias regionales en el período 1996-2014

Artículo 10

Factores asociados al trabajo infantil en la República Bolivariana de Venezuela

Presentación

El número 108 de Notas de Población está integrado por diez artículos que reflejan la enorme riqueza y complejidad de los estudios contemporáneos de las poblaciones, pues contiene una gran variedad temática, comprendiendo trabajos sobre nupcialidad, familia, envejecimiento, migración internacional, derechos humanos, mortalidad, censos y población y trabajo infantil.

Esta edición inicia con el interesante trabajo de Victoria San Juan Bernuy y Albert Esteve sobre la homogamia educativa en 12 países de América Latina y el Caribe. A partir de la pregunta “¿quién se casa con quién?” los autores analizan el mercado matrimonial y la homogamia educativa en parejas jóvenes de estos países para exponer los niveles de estratificación educativa. Partiendo de la idea de la homogamia, entendida como el emparejamiento en función de características adquiridas por el individuo —entre las que la educación es la más analizada—, se ha podido documentar que la principal barrera para el ingreso a los mercados matrimoniales es la educación universitaria. Este tipo de estudios se han llevado a cabo principalmente en los Estados Unidos y Europa y son todavía escasos en América Latina y el Caribe, por lo que este trabajo contribuye a un mayor conocimiento sobre el tema en la región. Se plantean diversos objetivos claramente definidos: documentar el aumento significativo de los niveles de educación, examinar los niveles de homogamia educativa en América Latina, investigar la brecha entre la población universitaria y el resto de los grupos educativos en el mercado matrimonial mediante el uso de modelos loglineales, comprobar si hay diferencias por tipo de unión y examinar las diferencias internas en el grado de estratificación por países. Los resultados muestran un elevado grado de estratificación educativa en las parejas jóvenes heterosexuales que residen en los países estudiados y en las que la mujer declara tener entre 25 y 34 años; esta condición se acentúa aún más entre las parejas casadas. Finalmente, los autores destacan que, en términos de homogamia educativa entre la población universitaria y el resto de los grupos, la brecha ha aumentado en las últimas cuatro décadas.

En el siguiente trabajo, Curtis Huffman, Paloma Villagómez-Ornelas y Delfino Vargas Chanes abordan uno de los temas de interés en el marco de los vínculos entre la población y el desarrollo: el análisis de la organización doméstica asociada al ingreso, el ahorro y el consumo. A diferencia de los estudios tradicionales, que se centran en la edad del jefe o la jefa de hogar, los autores utilizan el análisis de clases latentes para estimar las estructuras típicas de los hogares mexicanos contenidas en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2014, lo que revela las relaciones de dependencia que existen en el interior de los hogares. Los autores destacan la utilidad del análisis de clases latentes, que permite que la investigación basada en encuestas produzca un análisis de heterogeneidad de los hogares más eficiente, al desglosar los resultados promedio en subpoblaciones más informativas de acuerdo con sus atributos demográficos de agrupación. Los autores muestran que la inclusión explícita de la estructura de los hogares en un marco de ciclo de vida e ingreso permanente proporciona conocimientos útiles sobre la heterogeneidad que subyace a los promedios nacionales habituales. Finalmente, destacan la importancia del conocimiento socioantropológico en los análisis econométricos, ya que proporciona una nueva perspectiva a la hora de descomponer los resultados promedio macroeconómicos de la investigación econométrica.

En el siguiente artículo, de Iván Mejía-Guevara, Estela Rivero e Isalia Nava, se analizan las oportunidades y consecuencias del envejecimiento que está experimentando México, en el marco de un acelerado proceso de transición demográfica que producirá transformaciones socioeconómicas en los patrones de ingreso y gasto en consumo, particularmente en los rubros de salud y cuidados. Los autores se proponen evaluar la contribución real de mujeres y hombres a los ingresos laborales y el consumo agregado por grupos de edad y a partir de la incorporación de la producción y el consumo de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, así como visualizar el potencial efecto del cambio demográfico en la dependencia económica de mujeres y hombres ante el inminente proceso de envejecimiento demográfico. Para dicho propósito, utilizan la metodología del sistema de cuentas nacionales de transferencias y las cuentas nacionales de transferencias de tiempo. El marco teórico conceptual utilizado es la economía generacional, que posibilita entender los mecanismos que intervienen en el intercambio de recursos económicos entre generaciones o grupos etarios, donde toman importancia los rasgos particulares del ciclo de vida. Si bien las actividades de trabajo doméstico y de cuidados no son contabilizadas, estas tienen un valor económico intrínseco y un papel relevante en los sistemas de apoyo entre grupos etarios y se caracterizan generalmente por las transferencias de tiempo. Los resultados revelan diferencias significativas en los patrones de ingreso laboral promedio por edad de mujeres y hombres y una participación significativamente menor entre las mujeres que entre los hombres. El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado se encuentra subvalorado y poco reconocido en el mercado.

Ignacio Carrasco y José Ignacio Suárez son los autores del trabajo sobre inclusión de las personas migrantes, un tema de marcado interés en estos tiempos. Se proponen establecer el papel que desempeñan el origen (intrarregional o extrarregional) y el tiempo de residencia (de inmigración reciente o antigua) de estas personas en las brechas de inclusión existentes entre la población inmigrante y la local. Para ello, utilizan microdatos de encuestas de hogares de siete países de destino en América Latina en los que se dispone de información actualizada. La ventaja de este tipo de datos es la riqueza de información que contienen, pero presentan algunas limitaciones, como el hecho de que las encuestas no hayan sido diseñadas para representar a la población migrante. La investigación arrojó dos hallazgos principales: i) existen brechas en el acceso de la población migrante intrarregional y reciente a ocupaciones de mayor calificación, que podrían relacionarse con los déficits de inclusión en los ámbitos de salud, pensiones y vivienda, y ii) hay una mayor concentración de trabajadores migrantes en ocupaciones históricamente asociadas con condiciones laborales deficientes y susceptibles de discriminación.

El artículo de Gisela Zapata es un análisis de la dinámica migratoria que toma como objeto de estudio los lugares de origen de los migrantes y sus contextos en dos microrregiones situadas en Colombia y el Brasil. En concreto, la autora realiza un análisis comparativo de la evolución de las dinámicas socioeconómica y demográfica de la migración internacional en el Eje Cafetero (Colombia) y en la microrregión de Governador Valadares (Brasil), principales epicentros de emigración de estos dos países. El análisis se centra en comparar y contrastar los flujos y patrones migratorios y las características socioeconómicas y demográficas de los hogares de migrantes y no migrantes en estas zonas. Entre otros hallazgos, descubre que en el Eje Cafetero y la microrregión de Governador Valadares la proporción de mujeres es mayor en los hogares con migrantes que en los hogares sin migrantes. Además, en ambas microrregiones los hogares de los migrantes presentan una relación de dependencia de personas mayores bastante más elevada y una relación de dependencia infantil considerablemente más baja.

A continuación, Laura Gottero, en su trabajo sobre el derecho a la salud, examina cómo se construye este derecho en el Primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (2017-2020) de la República Argentina, incorporando de manera efectiva un enfoque de derechos más allá de la dimensión enunciativa, para lo que se requieren transformaciones conceptuales y metodológicas. A partir del estudio de la inclusión del derecho a la salud en dicha política pública, se entrecruzan dimensiones de análisis con elementos centrales del enfoque de derechos aplicado a la formulación de políticas públicas. Además, la autora reflexiona sobre las distancias entre el derecho a la salud cuando se presenta como un derecho social, reconocido por la Constitución nacional, y cuando se aborda como un derecho humano y social en un sentido amplio. Esta brecha supone desafíos y consecuencias para la materialización del acceso a la salud en relación con la representación de la población destinataria y las obligaciones de protección y garantía del Estado. Entre las principales conclusiones, la autora destaca la ausencia de una articulación concreta y metodológica entre el Plan y los modelos de evaluación de políticas públicas que se guían por el enfoque de derechos humanos. También observa problemas de implementación derivados del proceso de formulación, como la falta de articulación con los organismos del Estado que regulan la situación de las poblaciones a las que hace referencia el Plan (los migrantes, los pueblos originarios y las personas mayores, entre otros).

Continuando la secuencia, el trabajo sobre demografía histórica elaborado por Luis Pablo Dmitruk y Tomás Guzmán supone un aporte metodológico y empírico con relación al estudio de la mortalidad de la ciudad de Buenos Aires en el período 1826-1828. Los autores utilizan datos censales y archivos parroquiales mediante los cuales logran establecer las diferentes funciones de la tabla de mortalidad, incluidos los datos de la esperanza de vida al nacer. Tomando en cuenta que en la etapa histórica estudiada la calidad de los datos es deficiente al presentar errores de omisión, cabe destacar el procedimiento metodológico utilizado, que incluyó la utilización de tablas modelo y la aplicación de nuevas técnicas para la corrección de los datos tanto de la población como de las defunciones. El resultado es una tabla de mortalidad acorde a una sociedad del antiguo régimen demográfico, es decir, con una alta mortalidad general y una alta mortalidad infantil en particular, que coinciden además con el comportamiento de la mortalidad hacia 1855 y son similares a las observadas en otras ciudades cercanas a Buenos Aires.

La diversidad sexual y la posibilidad de medirla a través de fuentes tradicionales como censos y encuestas es la temática del siguiente trabajo, de Fernanda Stang. La autora presenta un panorama de la medición de la diversidad sexual y de género en censos y encuestas probabilísticas de alcance nacional de países de América Latina. Explora además casos internacionales en los que se ha implementado la captación de estas dimensiones, a la luz de discusiones conceptuales sobre la sexualidad y el género planteadas desde la teoría feminista y los estudios de género. Para ello, tras una revisión contextual de algunas de las problemáticas principales que afectan a la población LGBTIQ+ y la forma en que se han considerado sus derechos en la normativa internacional, se presentan las nociones y discusiones que sirvieron de base para analizar los resultados del relevamiento. El principal hallazgo de la revisión realizada por Stang apunta a la persistencia de un enfoque binario en los casos analizados, a pesar de que las experiencias internacionales muestran la intención de superar esta lógica binaria que subyace a la matriz heteronormativa (hombre/mujer). De ahí la necesidad de advertir las consecuencias de la invisibilidad estadística de esta parte de la población latinoamericana.

Mariana Paredes y Mariana Tenenbaum abordan el tema de la compresión de la mortalidad en el Uruguay en décadas recientes. Las autoras destacan que este tipo de investigaciones son aún incipientes en la región; los primeros estudios acerca de este tema se han realizado en Chile y el Brasil. En países desarrollados de Europa y otras zonas geográficas son más abundantes y de más larga data, pues se trata de países con bajos niveles de mortalidad en cuyo caso la discusión se ha orientado a la extensión de la longevidad y a la mortalidad en edades avanzadas. La compresión de la mortalidad refleja el proceso que se produce al rectangularizarse la curva de sobrevivencia y, consecuentemente, producirse un desplazamiento y una concentración de las defunciones en las edades avanzadas, en concomitancia con el proceso de envejecimiento de las poblaciones. Concretamente, las autoras examinan este proceso de compresión en el Uruguay entre 1996 y 2014. Realizan un análisis por sexo y por regiones del país, con el objeto de averiguar si el aumento promedio de los años de vida se produce en toda la población e identificar diferencias territoriales. Los hallazgos muestran un proceso de compresión de la mortalidad en el país que se produce con mayor intensidad en el caso de la población masculina, que presenta niveles más bajos de esperanza de vida y experimenta más avances en el descenso de la mortalidad. Asimismo, los resultados permiten visualizar la evolución del desplazamiento hacia la derecha de la edad modal, la disminución del intervalo de edad de ocurrencia de la muerte y la concentración de las defunciones en las edades avanzadas.

Finalmente, Malinda Coa y Ernesto Ponsot presentan una investigación descriptiva e inferencial sobre algunos factores sociodemográficos y económicos que explican por qué las familias venezolanas recurren al trabajo infantil de algunos de sus miembros. Los autores utilizan cifras oficiales que provienen de la Encuesta de Hogares por Muestreo de 2013 realizada por el Instituto Nacional de Estadística venezolano. Después de ajustar un modelo de regresión logística, efectúan un análisis de posibilidades y probabilidades. Concluyen que las probabilidades de que los niños de entre 10 y 14 años trabajen se elevan cuando ocurren los siguientes eventos: i) aumenta la edad; ii) el niño es de sexo masculino; iii) no estudia; iv) vive en un hogar en situación de pobreza o pobreza extrema, y

v) el jefe de hogar tiene bajo nivel educativo. Entre todos estos factores, el más influyente es la escolaridad; si un niño no está escolarizado, aumentan considerablemente las posibilidades de que sea sometido a trabajo infantil. Se confirma entonces que la educación es un medio para mantener a los niños alejados del trabajo temprano. No obstante, las necesidades básicas insatisfechas dentro del hogar también tienen un peso significativo.

Comité Editorial de Notas de Población

Artículo 1

Amores imposibles: la brecha entre universitarios y el resto de grupos educativos en los mercados matrimoniales de América Latina, 1970-2010[1]

Victoria San Juan Bernuy[2]

Albert Esteve[3]

Recibido: 14/01/19

Aceptado: 26/03/19

Resumen

Este estudio analiza el mercado matrimonial y la homogamia educativa en parejas jóvenes procedentes de 12 países de América Latina, a fin de proporcionar información sobre sus niveles de estratificación educativa. En concreto, se investiga la brecha que separa a la población universitaria del resto de categorías educativas en el mercado matrimonial, a partir de las características de las parejas que se han formado en esos mercados. Para ello, utilizamos datos de los censos de población de las rondas de 1970 a 2010, además de modelos loglineales para estimar la distancia entre grupos educativos, controlando por tamaño y tipo de unión. En un contexto de marcada expansión educativa, los resultados muestran un grado elevado de estratificación educativa en las parejas de América Latina, ligeramente superior entre parejas casadas que entre cohabitantes. La brecha entre la población universitaria y el resto de grupos ha aumentado en las últimas cuatro décadas.

Palabras clave: demografía de la familia, mercado matrimonial, homogamia educativa, barreras matrimoniales, estratificación, modelos loglineales, expansión educativa.

Abstract

This study analyses the marriage market and educational homogamy in young couples from 12 Latin American countries, in order to provide information on their levels of educational stratification. Specifically, it investigates the gap that separates the university population from the rest of the educational categories in the marriage market, based on the characteristics of the couples that have formed in said markets. To do this, the study uses data from the censuses from the 1970–2010 period, as well as log-linear models to estimate the distance between educational groups, controlling by their size and by type of union. In a context of marked educational expansion, the results show a high degree of educational stratification among Latin American couples, slightly higher among married couples than among cohabiting partners. The gap between the university population and other groups has increased in the last four decades.

Keywords: family demographics, marriage market, educational homogamy, marriage barriers, stratification, log-linear models, educational expansion.

Résumé

Cette étude analyse le marché du mariage et l’homogamie éducative chez les jeunes couples de 12 pays d’Amérique latine, afin de fournir des informations sur leur niveau de stratification scolaire. Il s’agit plus précisément d’examiner l’écart qui sépare la population universitaire des autres catégories éducatives sur le marché du mariage, en fonction des caractéristiques des couples qui se sont formés sur ces marchés. Pour ce faire, nous nous appuyons sur les données des séries de recensements de la population de 1970 à 2010, ainsi que sur des modèles loglinéaires pour estimer les écarts entre groupes éducatifs, par taille et par type d’union. Dans un contexte de forte expansion de l’éducation, les résultats montrent un degré élevé de stratification éducative chez les couples latino-américains, légèrement plus élevé chez les couples mariés que chez les cohabitants. L’écart entre la population universitaire et les autres groupes s’est creusé au cours des quatre dernières décennies.

Mots-clés: démographie familiale, marché du mariage, homogamie éducative, obstacles au mariage, stratification, modèles log-linéaires, expansion de l›éducation.

Introducción

Entre las variables no adscritas al individuo desde su nacimiento, la educación es la más importante para entender el funcionamiento de los mercados matrimoniales o de la pareja en general. La educación determina la intensidad y la edad de entrada en estos mercados y condiciona el proceso de búsqueda de pareja, alterando la composición de los mercados, estratificando los lugares de encuentro y modelando las preferencias individuales. La evidencia muestra que las personas tienden a unirse dentro de un mismo nivel de instrucción, especialmente en los extremos de la jerarquía educativa y, aún más, entre la población universitaria. Esta tendencia varía en el tiempo y entre países, tal como lo demuestran los trabajos realizados en los Estados Unidos y en Europa (Schwartz y Mare, 2005; Qian, 1998; Rose, 2004). Sin embargo, la evidencia para América Latina es menos abundante (Rodríguez,2011; Esteve y McCaa, 2007; Esteve, McCaa y López, 2013; López, Esteve y A. Cabré, 2009; Torche, 2010). En este artículo se pretende llenar este vacío y se analizan los niveles de homogamia educativa en 12 países de América Latina, centrándonos en calcular la distancia que separa a la población universitaria del resto de los grupos educativos en sus respectivos mercados matrimoniales. En este estudio se adopta una perspectiva temporal de cuatro décadas. El período objeto de estudio se caracteriza por una marcada expansión de la educación, acompañada de una pronunciada y persistente desigualdad social. El trabajo se centra en cuatro aspectos: i) analizar la evolución de la homogamia educativa por nivel educativo y por tipo de unión; ii) medir la distancia entre grupos educativos tomando como referencia la población universitaria y su evolución en el tiempo; iii) diferenciar la distancia entre universitarios y el resto de categorías por tipo de unión y iv) examinar las diferencias internas en el grado de estratificación por países y compararlas con las de los Estados Unidos.

Los datos utilizados en esta investigación proceden de las muestras de microdatos de las rondas censales de 1970 a 2010 disponibles en el proyecto Integrated Public Use of Microdata Series, International (IPUMS-I) (Minnesota Population Center, 2018). De estas muestras se han seleccionado parejas heterosexuales jóvenes, en las que la edad de la mujer estaba comprendida entre los 25 y 34 años. Los países incluidos en este estudio son el Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, el Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, el Paraguay, la República Dominicana, el Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de). A efectos comparativos, hemos incluido a los Estados Unidos. Para examinar el grado de interacción entre grupos educativos recurrimos a los modelos loglineales, que se controlan por tipo de unión. El artículo se estructura en cuatro apartados: antecedentes; datos y métodos; resultados, y conclusiones.

A. Antecedentes

1. Homogamia educativa

La pregunta “¿quién se casa con quién?” ha despertado el interés de varias disciplinas, entre ellas la economía, la sociología y la demografía. La formación de parejas tiene implicaciones directas sobre la estructura y la estratificación social. El mercado matrimonial es un concepto ampliamente utilizado por estas disciplinas para estudiar las pautas de emparejamiento. Este se define como el espacio físico y simbólico donde las personas buscan pareja y optimizan esa búsqueda (Becker, 1973; Oppenheimer, 1988). La búsqueda de la pareja está determinada por tres grandes factores (Kalmijn, 1991b). En primer lugar, las preferencias individuales para elegir cónyuges con unas características determinadas, ya sean adscritas (etnia, antecedentes familiares o religión) o socialmente adquiridas (condición social y educación). En segundo lugar, la influencia de las terceras partes, es decir, la presión social ejercida por un determinado grupo social o familia sobre las decisiones individuales. En las sociedades modernas, se considera que la presión es cada vez menor. En tercer lugar están los factores estructurales, directamente relacionados con el tamaño y composición de los grupos. Estos factores condicionan las oportunidades de formar pareja entre grupos. Lógicamente, en sociedades estructuralmente homogéneas desde un punto de vista étnico y educativo, por ejemplo, las posibilidades materiales de mezclarse son menores que en sociedades heterogéneas.

La evidencia empírica muestra que los individuos tienden a emparejarse entre iguales en función de un elevado número de características: entre las más importantes están el origen étnico, la raza, la religión, la posición social o el nivel educativo (Pagnini y Morgan, 1990; Kalmijn, 1991b; López, Esteve y Cabré, 2009; Rosenfeld, 2008; Salinas, 2018; Costa, 2009; Gullickson y Torche, 2014). Cuando el emparejamiento entre iguales se da en función de características adscritas al individuo, se utiliza el concepto de “endogamia”. Cuando el emparejamiento se da sobre la base de características adquiridas por el individuo, se habla de “homogamia”. De todas las características adquiridas, la variable educativa es la más analizada.

El mercado matrimonial está fuertemente estructurado por el nivel educativo de sus integrantes. La educación condiciona la edad de entrada a estos mercados, el tipo de pareja, los lugares de encuentro, las preferencias culturales y la posición socioeconómica. A su vez, la homogamia educativa incide directamente en la transmisión intergeneracional de la posición social y la desigualdad (Mare, 1991; Kalmijn, 1991a; Blossfeld y Timm, 2003; Blossfeld, 2009; Schwartz, 2013). Todos estos factores explican los elevados niveles de homogamia educativa observados en múltiples contextos (Esteve, 2005). La propia estructura del mercado matrimonial también propicia la homogamia. Las escuelas, y especialmente las universidades, son mercados matrimoniales muy eficientes, ya que reúnen a un número parecido de hombres y mujeres con afinidades y edades similares (Mare, 1991; Bourdieu y Passeron, 1977).

La mayoría de los trabajos sobre homogamia educativa se han realizado en los Estados Unidos y en Europa. Estos estudios han analizado la evolución de los niveles globales de homogamia y los niveles específicos por nivel educativo (Mare, 1991; Blossfeld y Timm, 2003; Schwart y Mare, 2005; Qian, 1998; Rose, 2004; Smits, Ultee y Lammers, 1998; Rosenfeld, 2008). En lo que respecta a las tendencias globales, no hay congruencia en los resultados. Hay trabajos en los que no se aprecian cambios significativos en los niveles globales de homogamia (Blossfeld y Timm, 2003; Blossfeld, 2009) mientras que otros, más recientes, ponen de manifiesto una ligera disminución (De Hauw, Grow y Van Bavel, 2017). En los Estados Unidos también hay discrepancia entre los que destacan un aumento de la homogamia (Schwartz y Mare, 2005) y los que ven una tendencia estable (Rosenfeld, 2008). En cambio, por nivel educativo, los resultados de las diversas investigaciones aquí citadas son coherentes entre sí. Existe un aumento de la homogamia entre las personas con niveles más altos de instrucción (Mare, 1991; Blossfeld y Timm, 2003; Blossfeld, 2009). La educación universitaria se erige como la principal barrera educativa en los mercados matrimoniales. Los niveles de homogamia entre los más instruidos son superiores a los de cualquier otro grupo educativo. Este aumento se debe, entre otros factores, al crecimiento de la población con estudios universitarios y al papel de las universidades como mercados matrimoniales eficientes, así como también a la mayor simetría entre hombres y mujeres en los criterios de búsqueda en el mercado matrimonial.

La literatura sobre homogamia está centrada mayormente en Europa y en los Estados Unidos. Los estudios sobre homogamia educativa en América Latina son comparativamente escasos pero no inexistentes. Hay trabajos que han abordado la interacción entre raza y educación en el mercado matrimonial (López, Esteve y Cabré, 2015) o las diferencias por tipo de unión (López, Esteve y Cabré, 2009). La mayoría de ellos se han centrado en un solo país (Pullum y Peri, 1999; Torrado, 2003; Esteve, 2005; Mazzeo, 2011; Guillikson y Torche, 2014; Quilodrán y Sosa, 2004) y en un espacio temporal relativamente breve (Esteve y McCaa, 2007; Torche, 2010). De estas investigaciones se desprende que los niveles generales de homogamia han aumentado en el tiempo y que también ha crecido la homogamia entre las personas más instruidas (Quilodrán y Sosa, 2004; Esteve y McCaa, 2007). Sin embargo, no hay estudios que examinen la homogamia educativa de forma comparada respecto a un amplio número de países y para un período de análisis de cuatro décadas centrándose en las barreras o la brecha entre la población universitaria y el resto de los grupos educativos. Tampoco se han comparado estos niveles con los de un país occidental. En este caso, se utiliza el caso de los Estados Unidos para situar los niveles de América Latina en relación con ese país.

2. Expansión educativa en América Latina

En las últimas cuatro décadas la población de América Latina ha experimentado importantes avances en materia educativa. En ese período, el porcentaje de la población sin estudios primarios se ha reducido significativamente, a la vez que ha aumentado el número de personas con estudios primarios, secundarios y universitarios. Entre la población de 25 a 34 años, en la mayoría de los países el número de personas con estudios universitarios se ha multiplicado por cuatro, alcanzando niveles cercanos al 10%. Sin embargo, uno de los aspectos más destacados en América Latina es el elevado nivel de desigualdad y de estratificación social asociado con las diferencias educativas y económicas entre los diferentes grupos sociales (Zenteno y Solís, 2006). El acceso a la educación no ha contribuido a mitigar las diferencias sociales; por el contrario, ha reproducido las desigualdades sociales (Solís, 2013). La expansión de la educación se ha producido de forma desigual entre las diferentes categorías educativas. Si bien las matriculaciones han aumentado considerablemente en los niveles de primaria y secundaria, no ha sido así en el caso de la educación terciaria. El acceso a la educación terciaria se ha convertido en un escollo para las clases más desfavorecidas y, dentro de estas existe una gran heterogeneidad (Chiroleu, 2013; Dubet, 2011; Marteleto y otros, 2012). La desigualdad no se ha reducido, sino que simplemente se ha traspasado de los niveles primario y secundario al nivel terciario (Solís, 2013). La calidad de la educación secundaria superior y terciaria sigue siendo deficiente y muy desigual (Lucas, 2001).

A tenor de esos cambios, en este estudio se examina cómo ha evolucionado la estratificación educativa en las parejas de América Latina y si han aumentado o disminuido las diferencias en relación con la población universitaria. En coherencia con estudios anteriores, esperaríamos encontrar una pronunciada estratificación de las parejas en función de su nivel educativo, pero también un aumento de la distancia de los universitarios con el resto de los grupos educativos. Este último resultado sería coherente con la idea de que la frontera entre la educación secundaria y la educación universitaria no es solo una frontera educativa sino también social. Para ilustrar este punto, compararemos la brecha entre universitarios y el resto de grupos en América Latina con la de los Estados Unidos, donde el acceso a la educación universitaria está más generalizado.

En este contexto, esta investigación se plantea cuatro objetivos. El primero, documentar el aumento significativo de los niveles de educación y examinar los niveles de homogamia educativa en América Latina. En segundo lugar, investigar la brecha entre la población universitaria y el resto de los grupos educativos en el mercado matrimonial mediante el uso de modelos loglineales, y así medir la distancia entre grupos más allá de la influencia que pueda ejercer su tamaño. Examinaremos la evolución de los parámetros de los modelos en el tiempo para verificar si, según nuestras hipótesis, ha aumentado la frontera entre la educación secundaria y la universitaria. En tercer lugar, y dada la importancia de la unión libre en América Latina (Esteve, Lesthaeghe y López-Gay, 2012; Quilodrán, 2003), comprobaremos si hay diferencias por tipo de unión. A ese respecto, esperaríamos encontrar que la homogamia educativa fuese mayor entre las parejas casadas que en las uniones libres pero que las diferencias entre ambas disminuyesen con el correr del tiempo. La unión libre ha dejado de ser exclusivamente reflejo del mestizaje colonial y de las personas con menos recursos económicos para convertirse en una forma de unión habitual en todas las clases sociales, incluso entre las personas con niveles más altos de educación (Rodríguez, 2005; López, Esteve y Cabré, 2009). Por último, examinaremos las diferencias internas en el grado de estratificación por países y las compararemos con las de los Estados Unidos.

B. Datos y métodos

1. Adecuación de la muestra y selección de variables

Este estudio utiliza microdatos censales armonizados procedentes del proyecto IPUMS-I, con sede en el Minnesota Population Center (Minnesota Population Center, 2018). Específicamente utilizamos 55 censos correspondientes a las rondas de 1970, 1980, 1990, 2000 y 2010 para los siguientes países: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Republica Dominicana, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de). La densidad de estas muestras se sitúa entre el 5% y el 10% de la población.

Los microdatos censales brindan información sociodemográfica de todos los individuos que conforman un hogar (por ejemplo, edad, sexo, estado matrimonial y lugar de nacimiento). Esto permite identificar las relaciones de parentesco entre los miembros del hogar y, especialmente, respecto al jefe del hogar o persona de referencia. Con esta información es posible conocer quién está emparejado con quién y comparar las características de los cónyuges recogidas en el censo.

Siguiendo una práctica habitual en este tipo de estudios, hemos seleccionado de cada censo las parejas heterosexuales en las que la mujer tiene entre 25 y 34 años de edad. Fijamos este rango de edad para disponer de un porcentaje elevado de mujeres en pareja que han tenido tiempo de completar los estudios universitarios, así como para minimizar el efecto de la disolución de las uniones debido a la separación, divorcio o viudedad (Esteve y McCaa, 2007). Para cada país y año, las parejas seleccionadas se clasifican en función del nivel educativo de los cónyuges y del tipo de unión (matrimonio o unión consensual o libre).

Respecto al nivel de educación, el nivel de referencia es aquel que se declara en el censo. IPUMS-I ofrece dos tipos de variables para medir el nivel educativo: nivel máximo de educación obtenido (variable EDATTAIN) y años de escolaridad (variable YRSCHOOL). La primera es una variable armonizada según la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) en cuatro categorías: educación inferior a primaria, educación primaria completa, educación secundaria completa y educación terciaria completa, lo que nos permite hacer una comparación entre países. Sin embargo, en algunos casos como el Brasil, Colombia, Costa Rica, la República Dominicana o Venezuela (República Bolivariana de) esta clasificación no corresponde al sistema educativo del país, lo que da lugar a tendencias erráticas en el tiempo. En estos casos, hemos utilizado los años de escolaridad para reconstruir las categorías educativas de acuerdo con el sistema educativo específico del país y hacer posible la comparación con el resto de los países.

Por último, para distinguir los matrimonios de las uniones libres, hemos utilizado la variable CONSENS de IPUMS-I disponible en todos los países de América Latina.

2. Métodos

El análisis de los datos se divide en dos partes. La primera es de índole descriptiva y recoge la siguiente información: i) porcentaje de individuos por sexo y nivel educativo; ii) distribución de mujeres en unión (casadas o que cohabitan) por nivel educativo y proporción de mujeres en unión consensual; y iii) porcentaje de parejas homógamas, teniendo en cuenta el nivel educativo de cada uno de los integrantes de la pareja y tomando como referencia el nivel educativo de la mujer.

En la segunda parte recurrimos a los modelos loglineales, ampliamente utilizados en estudios de homogamia (Schwartz y Mare, 2005; Mare, 1991; Esteve, 2005). Los modelos loglineales presentan dos características que los hacen especialmente idóneos para este tipo de análisis: i) no asumen ninguna relación causal entre la variable dependiente y la independiente (por ejemplo, el nivel educativo de los cónyuges); ii) tienen en cuenta todas las interacciones posibles dentro del mercado matrimonial y descomponen cada uno de los efectos, ofreciendo parámetros específicos de pertenecer a un grupo A, el efecto de pertenecer a un grupo B y el efecto de pertenecer a A y a B simultáneamente.

En términos matemáticos, una versión simplificada del modelo loglineal es el modelo saturado (ecuación 1), en el que ln (Fij ) es el logaritmo de la frecuencia de las celdas esperadas de los casos ij y donde, i, j se refieren a las categorías dentro de las variables M (educación del hombre), F (educación de la mujer). μijM F expresa la interacción entre el efecto de la educación del hombre y de la mujer.

ln (Fijk ) = μ + μiM + μjF + μijMF (ecuación 1)

Este modelo es general y no clasifica por tipo de unión; por otra parte, incluye todos los posibles efectos de interacciones unidireccionales y bidireccionales en un cuadro de contingencia de doble entrada. Además, este modelo no asume ninguna restricción en la asociación entre la educación del hombre y la mujer; lo que sí asume es que el patrón de emparejamiento para personas casadas y que cohabitan es idéntico.

De la misma manera, cuando queremos diferenciar por tipo de unión utilizamos un modelo loglineal más sofisticado que el anterior (ecuación 2). Este modelo queda formulado de la siguiente manera:

ln (Fijk ) = μ + μiM + μjF + μkU + μikMU+ μjkFU + μijMF + μijkUMF (ecuación 2)

Donde ln(Fijk ) es el logaritmo de la frecuencia de las celdas esperadas de los casos ijk, y donde i, j y k se refieren a las categorías dentro de las variables M (educación del hombre), F (educación de la mujer) y U (tipo de unión) respectivamente. μ hace referencia a la media global del logaritmo natural de las frecuencias esperadas, μiM es el efecto que la educación del hombre i tiene en las frecuencias de la celda. μjF es el efecto que la educación de la mujer j tiene en las frecuencias de la celda y μkU es el efecto que el tipo de unión k tiene en las frecuencias de la celda. μikMU y μjkFU se definen como el efecto de interacción entre la educación del hombre y el tipo de unión (MU) y la educación de la mujer y el tipo de unión (FU). μijkUMF expresa la interacción entre el efecto de la educación del hombre y la mujer diferenciando por el tipo de unión μijMF al igual que en el caso de la ecuación anterior, expresa la interacción entre el efecto de la educación del hombre y de la mujer. Para medir la distancia entre grupos educativos en el mercado matrimonial a lo largo del tiempo utilizamos el parámetro μijkUMF de la ecuación 2. Con este parámetro obtenemos los resultados diferenciados por tipo de unión. Cuando buscamos un resultado global para ambos tipos de unión utilizamos el parámetro μijMF de la ecuación 1. Aplicando el antilogaritmo, obtenemos razones de tasas, a cuya interpretación se hará referencia en el apartado de resultados.

C. Resultados

1. Resultados descriptivos

En el cuadro 1 presentamos el porcentaje de población en el rango de edad de 25 a 34 años por nivel educativo, sexo, país y ronda censal. En primer lugar, los datos muestran que el porcentaje de personas con un nivel educativo inferior al primario se ha reducido en las últimas cuatro décadas, mientras que ha aumentado el porcentaje de personas en las categorías de primaria completa, secundaria completa y universidad completa. En segundo lugar, el porcentaje de mujeres en las categorías de secundaria y universidad ha crecido y en la actualidad sobrepasa al porcentaje de hombres en esas categorías. Tercero, en cuanto a las diferencias entre regiones y países, a pesar de la expansión educativa que se ha producido en América Latina, el peso de la población en los niveles de educación secundaria y terciaria sigue siendo inferior al de los Estados Unidos. Por países, el Brasil y la República Dominicana presentan los niveles más altos de personas con estudios inferiores a primaria en la ronda de censos de 2010. En el lado opuesto, Costa Rica y Panamá presentan un mayor número de personas en el nivel terciario para ese mismo período.

En el cuadro 2 se muestra la distribución de mujeres en unión por nivel educativo, nacionalidad y ronda censal. El porcentaje de mujeres en unión en las edades de 25 a 34 años se sitúa por encima del 60% en todos los países y apenas ha experimentado variación alguna a lo largo del tiempo. La razón es que, pese a la expansión educativa y al incremento del porcentaje de mujeres en las categorías educativas más altas, la edad para formar una pareja estable ha permanecido constante en América Latina (Castro, 2002; Esteve, López y Spijker, 2013).

Cuadro 1

Proporción de personas por nivel educativo, sexo, país y ronda censal, (25-34 años)

(En porcentajes)

Primaria incompleta

Primaria completa

Secundaria incompleta

Secundaria completa

1970

1980

1990

2000

2010

1970

1980

1990

2000

2010

1970

1980

1990

2000

2010

1970

1980

1990

2000

2010

Hombres

Brasil

85,0

69,5

55,3

48,6

28,9

8,0

15,2

23,4

27,0

30,8

4,7

10,6

16,4

20,0

31,9

2,2

4,8

4,9

4,4

8,5

Chile

39,1

21,9

13,5

7,8

-

46,5

51,3

50,5

40,6

-

11,3

22,2

31,4

43,8

-

3,0

4,6

4,7

7,8

-

Colombia

72,1

51,6

44,0

47,9

-

11,2

15,1

18,4

11,8

-

9,5

20,6

23,4

26,3

-

6,6

12,2

14,3

13,7

-

Costa Rica

52,7

23,2

-

17,3

12,8

32,5

48,3

-

54,0

46,6

10,4

20,8

18,4

18,9

4,4

7,7

-

10,4

21,7

Ecuador

55,1

34,7

20,6

20,7

11,9

34,7

44,4

46,6

44,8

41,0

7,4

14,9

23,9

26,2

36,5

2,8

6,0

8,8

8,3

10,7

Estados Unidos

2,7

1,7

1,5

1,7

1,6

25,4

13,9

12,0

12,3

10,1

53,0

58,2

64,8

61,8

59,1

18,9

26,3

21,7

24,2

29,1

México

69,1

-

27,0

19,2

18,6

25,1

-

47,2

55,4

55,3

2,4

-

14,6

15,6

17,1

3,4

-

11,2

9,8

9,1

Nicaragua

78,4

-

49,4

44,8

-

14,2

-

34,3

32,2

-

4,7

-

11,6

15,9

-

2,7

-

4,7

7,1

-

Panamá

45,7

28,2

14,1

12,1

9,1

40,3

48,6

51,4

48,5

42,1

10,3

16,0

26,3

29,8

34,5

3,8

7,1

8,2

9,6

14,3

Paraguay

65,3

49,9

34,6

25,2

-

26,7

43,6

44,9

48,5

-

5,6

3,3

16,2

20,6

2,4

3,2

4,3

5,7

-

República Dominicana

-

56,3

-

31,2

26,0

-

28,9

-

43,9

36,7

-

11,9

-

15,6

17,7

-

2,9

-

5,3

7,2

Uruguay

32,2

16,5

11,5

-

5,9

46,6

50,4

74,0

61,6

19,2

29,5

8,8

-

26,3

1,9

3,6

5,6

5,9

Venezuela (República Bolivariana de)

50,9

25,0

34,8

17,4

-

31,1

37,8

33,1

30,5

11,6

17,5

20,1

33,2

-

6,3

12,4

12,0

18,8

-

Mujeres

Brasil

87,0

69,6

53,1

42,5

22,9

6,6

13,9

22,3

26,8

28,4

5,5

12,3

18,8

24,5

35,7

1,0

4,2

5,8

6,1

13,0

Chile

42,3

24,1

12,3

7,3

-

45,8

49,1

48,0

38,7

-

10,4

23,9

36,1

47,3

-

1,5

2,9

3,6

6,8

-

Colombia

77,1

51,4

41,3

41,5

-

10,5

15,8

18,9

11,8

-

9,4

22,5

25,4

29,3

-

2,3

9,9

14,4

17,3

-

Costa Rica

53,5

25,7

-

15,4

11,6

33,4

46,2

-

53,5

42,5

8,4

21,4

-

20,8

19,7

4,7

6,6

-

10,3

26,2

Ecuador

64,6

42,9

26,2

20,9

12,0

27,9

38,7

42,1

41,9

39,1

6,9

15,3

24,1

19,0

36,0

0,8

3,1

7,6

8,2

12,9

Estados Unidos

2,4

1,4

1,2

1,2

1,2

26,1

14,5

10,3

9,6

7,1

59,5

63,7

67,1

61,3

53,7

11,9

20,4

21,4

27,8

38,0

México

72,8

-

33,1

21,8

20,7

24,9

-

40,5

53,4

53,6

1,5

-

13,5

16,2

16,8

0,8

-

6,9

8,7

8,9

Nicaragua

81,4

-

47,9

40,1

-

14,7

-

32,9

32,7

-

3,4

-

14,5

18,8

-

0,6

-

4,6

8,4

-

Panamá

46,2

29,0

15,4

11,7

9,2

40,9

45,4

44,2

41,8

32,6

10,3

19,1

29,8

32,4

34,7

2,6

6,5

10,7

14,2

23,4

Paraguay

69,2

54,2

37,8

27,3

-

22,7

37,8

41,7

44,1

-

6,8

5,4

16,4

21,5

-

1,3

2,6

4,1

7,0

-

República Dominicana

-

60,5

-

25,7

18,3

-

24,9

-

41,4

31,2

-

12,6

-

20,5

19,1

-

2,0

-

6,1

8,4

Uruguay

30,1

13,7

9,4

-

3,8

50,2

54,1

68,9

-

53,9

18,0

28,3

14,0

-

33,4

1,7

3,9

7,7

-

9,0

Venezuela (República Bolivariana de)

56,1

30,6

30,8

12,7

-

28,4

36,2

31,9

26,3

-

12,5

18,5

22,6

34,5

-

2,9

10,8

14,7

26,3

-

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Minnesota Population Center, Integrated Public Use Microdata Series, International: version 7.1 [dataset], Minneapolis, 2018 [en línea] https://doi.org/10.18128/D020.V7.1.

Cuadro 2

Mujeres en unión (casadas o en cohabitación) por nivel educativo, país y ronda censal (25-34 años)

(En porcentajes)

Primaria incompleta

Primaria completa

Secundaria incompleta

Secundaria completa

1970

1980

1990

2000

2010

1970

1980

1990

2000

2010

1970

1980

1990

2000

2010

1970

1980

1990

2000

2010

Brasil

77,5

79,3

77,4

76,5

71,9

66,7

68,8

71,7

72,0

70,7

59,8

61,8

62,2

59,9

62,8

53,0

59,9

57,9

52,8

52,9

Chile

72,5

73,7

72,0

66,9

-

71,1

73,0

75,0

71,3

-

65,9

64,3

65,3

60,6

-

61,1

60,8

60,7

48,9

-

Colombia

72,0

73,6

73,2

74,8

-

68,7

71,1

71,1

73,4

-

64,4

63,8

65,2

64,1

-

55,3

50,3

50,4

50,4

-

Costa Rica

77,8

77,1

74,6

72,0

69,6

74,2

-

76,7

69,3

66,9

66,3

-

64,8

58,0

74,5

63,6

-

55,5

49,2

Ecuador

80,4

82,1

81,3

77,0

73,8

71,7

76,2

78,1

76,7

75,6

61,5

66,1

66,6

67,5

65,5

56,9

56,8

57,3

55,6

53,4

México

83,5

-

84,2

80,5

75,1

72,5

-

79,3

77,8

76,1

71,1

-

67,2

67,8

63,7

62,5

-

58,8

54,8

49,7

Nicaragua

78,6

-

77,2

76,1

-

73,5

-

71,8

73,3

-

72,6

-

63,6

63,5

-

60,6

-

56,4

51,9

-

Panamá

80,8

80,6

81,7

79,9

77,6

72,8

73,8

73,8

76,4

76,3

67,0

66,9

63,5

64,4

67,3

65,2

58,0

55,4

51,0

57,5

Paraguay

73,3

76,1

81,3

79,1

-

69,5

71,0

77,1

77,2

-

65,9

64,7

67,8

64,3

-

52,2

56,7

55,4

54,3

-

República Dominicana

-

76,6

-

75,7

72,6

-

67,2

-

72,6

69,7

-

57,3

-

61,9

61,4

-

50,9

-

58,6

55,6

Uruguay

77,6

79,5

76,8

-

50,9

75,7

76,8

75,5

-

70,8

67,1

68,0

63,9

-

58,9

66,0

63,8

59,3

-

60,8

Venezuela (República Bolivariana de)

73,4

76,2

75,6

72,1

-

72,7

72,3

71,9

73,1

-

69,0

66,6

64,8

68,3

-

60,2

57,3

54,9

53,3

-

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Minnesota Population Center, Integrated Public Use Microdata Series, International: version 7.1 [dataset], Minneapolis, 2018 [en línea] https://doi.org/10.18128/D020.V7.1.

Como hemos visto, los porcentajes de mujeres unidas de 25 a 34 años superan el 60% y se mantienen constantes en el tiempo. Sin embargo, de acuerdo con el cuadro 3, que muestra el número de mujeres en unión consensual sobre el total de mujeres en unión, se produjeron cambios notables en las últimas cuatro décadas. En primer lugar, el porcentaje de mujeres que cohabitan no se distribuye de manera similar entre los diferentes grupos educativos. De hecho, los porcentajes de cohabitación disminuyen a medida que se incrementa el nivel educativo de la mujer en todos los países. En segundo lugar, las diferencias por nivel educativo se han reducido en las últimas décadas. Mientras que en 1970 la cohabitación apenas tenía presencia en el nivel de educación terciaria, a partir de 1990 se produjo un cambio de tendencia y aumentó su importancia. Un ejemplo es el caso de Panamá, donde la cohabitación en educación terciaria pasó del 0,6% en 1970 al 42% en 2010. Por último, si observamos las diferencias entre países, se comprueba una tendencia al alza de la cohabitación a lo largo del tiempo. Esta tendencia se da tanto a nivel general como dentro de cada nivel educativo.

En el gráfico 1 se muestra el porcentaje de parejas homógamas por nivel educativo, tipo de unión y país a lo largo del tiempo. En ambos tipos de unión el porcentaje de parejas homógamas es relativamente alto, aunque en la categoría de estudios inferiores a primaria estos porcentajes han disminuido a lo largo del tiempo. A diferencia de la categoría educativa inferior a primaria, en el caso del nivel de educación terciaria el porcentaje de parejas homógamas se ha incrementado. En la década de 1970, los porcentajes más altos de homogamia educativa se observan en los extremos de la jerarquía educativa: primaria incompleta y universidad. Por tipo de unión, los matrimonios son más homógamos que las uniones libres pero la brecha por tipo de unión se ha reducido en el tiempo.

Por último, si nos centramos en las diferencias existentes entre la región de América Latina y los Estados Unidos, los porcentajes de homogamia entre personas casadas en la categoría educación inferior a primaria en los Estados Unidos fueron mínimos comparados con los países de América Latina. Sin embargo, esta diferencia se ha ido reduciendo. Como resultado de ello, en 2010 los Estados Unidos muestran porcentajes similares o incluso mayores (34,8%) que otros países como Costa Rica (31,3%) y el Ecuador (31,6%) en esta misma categoría educativa. En el caso de la educación terciaria, los Estados Unidos presentan porcentajes más altos de parejas homógamas casadas (71,1%) que el resto de países, y esta tendencia se ha mantenido estable a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en 2010 México era el país con mayor porcentaje de parejas casadas homógamas en el nivel terciario de América Latina (59,2%). Sin embargo, esta cifra es mucho más baja que la registrada en los Estados Unidos en ese mismo año (64%).

Cuadro 3

Proporción de mujeres en unión consensual sobre el total de mujeres por nivel educativo, país y ronda censal, 25-34 años

(En porcentajes)

Primaria incompleta

Primaria completa

Secundaria completa

Universidad completa

1970

1980

1990

2000

2010

1970

1980

1990

2000

2010

1970

1980

1990

2000

2010

1970

1980

1990

2000

2010

Brasil

7,9

14,0

24,6

42,4

60,0

3,6

10,6

19,9

36,5

54,5

1,7

5,5

12,2

24,2

40,8

2,0

5,1

9,1

15,9

25,3

Chile

7,5

1,1

20,2

32,3

-

2,9

6,5

12,6

24,5

-

0,5

2,5

6,2

16,7

-

0,4

0,9

4,7

14,9

-

Colombia

22,4

39,2

56,0

68,8

-

6,9

28,4

48,0

69,8

-

2,7

17,0

35,4

59,6

-

1,5

6,7

19,7

40,8

-

Costa Rica

23,2

31,1

-

53,5

65,6

10,1

17,8

29,1

46,5

1,9

6,9

-

17,2

39,0

2,3

2,7

-

10,2

25,2

Ecuador

31,4

34,9

38,8

46,2

56,0

18,1

27,5

31,7

39,6

50,0

3,1

8,3

14,3

22,9

38,2

6,7

5,9

9,4

14,3

21,6

México

18,0

-

20,2

29,5

45,2

5,1

-

11,9

21,6

34,7

4,7

-

6,6

12,4

26,2

4,4

-

4,4

8,0

19,1

Nicaragua

45,9

-

60,2

60,8

-

13,6

-

52,3

54,6

-

1,8

-

32,3

39,6

-

2,5

-

17,2

21,1

-

Panamá

74,5

76,5

77,9

82,4

87,4

47,6

51,9

59,0

67,6

79,6

11,4

18,6

30,8

46,1

65,8

0,6

9,4

16,8

22,0

42,0

Paraguay

32,5

30,4

32,7

43,4

-

14,4

18,4

25,6

37,9

-

1,3

2,7

9,6

20,9

-

0,5

1,4

6,3

9,8

-

República Dominicana

-

72,4

-

82,5

90,2

-

46,4

-

70,3

85,3

-

10,5

-

43,1

69,1

-

2,2

-

24,0

40,3

Uruguay

15,5

27,9

34,8

-

22,8

6,6

13,6

21,4

-

33,8

2,6

6,9

11,4

-

41,9

1,4

3,5

12,1

-

52,8

Venezuela (República

Bolivariana de)

45,0

52,1

56,9

70,1

-

15,8

29,8

42,2

61,3

-

3,3

14,6

24,9

45,4

-

1,3

7,7

10,1

21,3

-

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Minnesota Population Center, Integrated Public Use Microdata Series, International: version 7.1 [dataset], Minneapolis, 2018 [en línea] https://doi.org/10.18128/D020.V7.1.

Gráfico 1

Proporción de parejas homógamas por nivel educativo y tipo de unión, 1970-2010

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Minnesota Population Center, Integrated Public Use Microdata Series, International: version 7.1 [dataset], Minneapolis, 2018 [en línea] https://doi.org/10.18128/D020.V7.1.

2. Modelos loglineales

En lo referente a los resultados obtenidos a través de los modelos loglineales, para medir la brecha entre universitarios y el resto de grupos educativos se ha utilizado la razón de tasas de los parámetros descritos en la metodología. Utilizamos el parámetro μijMF de la ecuación 1 cuando no diferenciamos por tipo de unión y el parámetro μijkUMF procedente del modelo 2 para distinguir por tipo de unión. Estos parámetros equivalen a los logaritmos de las razones de tasas. Por lo tanto, basta con deshacer el logaritmo para extraer las razones de tasas correspondientes. Tomando como referencia a la población universitaria, las razones de tasas que presentamos ponen en relación cada grupo educativo respecto al grupo con estudios universitarios completos y compara la probabilidad de que una pareja esté formada por dos universitarios respecto a la probabilidad de una pareja mixta entre universitario y el grupo educativo que se esté comparando. Los valores superiores a 1 indican una mayor propensión a la homogamia que a la heterogamia entre esos dos grupos. Los valores inferiores a 1 ponen de manifiesto la situación contraria. Y los valores iguales a 1 señalan ausencia de diferencias entre homogamia y heterogamia. En términos de distancia o brecha entre grupos, cuanto más elevada sea la razón de tasa, mayor será la brecha educativa entre esos dos grupos y, por lo tanto, menos frecuente es que se formen parejas mixtas.

Estos parámetros indican por nivel educativo cuántas parejas homógamas hay por una heterógama, teniendo en cuenta el tamaño de su población y los valores marginales. En este caso, la pareja heterógama hace referencia a la unión de un individuo de la categoría educativa analizada con uno de educación terciaria. Por ejemplo, una razón de tasas (o brecha) entre universidad y secundaria completa igual a 20 significa que, controlando por el tamaño de los grupos, una unión homógama entre universitarios es 20 veces más frecuente que una unión mixta entre universitarios y secundaria completa.

En el gráfico 2 se muestran los niveles y la tendencia en la brecha educativa entre universitarios y el resto de grupos educativos sin diferenciar por tipo de unión para los 12 países de América Latina más los Estados Unidos. El gráfico incluye una línea resumen de tendencia para el conjunto de los países de América Latina. En concreto, se indica la distancia entre primaria incompleta y universidad, primaria completa y universidad, y secundaria completa y universidad. Los resultados muestran que hay una importante estratificación por nivel educativo en todos los países. Más allá de los efectos del tamaño de los grupos, los modelos loglineales confirman que el mercado matrimonial está considerablemente estratificado por nivel educativo y que la brecha entre universitarios y el resto de grupos es mayor conforme comparamos grupos más alejados. Así, la distancia entre secundaria completa y universidad se sitúa generalmente entre 3 y 10, lo que indica que la propensión a la homogamia es entre 3 y 10 veces más elevada que la propensión a la heterogamia. Sin embargo, si comparamos universidad con primaria completa, un peldaño menos que secundaria completa, la brecha aumenta sustancialmente. Los valores observados se sitúan entre 15 (México 1970) y 880 (Chile 2000). Aún más significativa es la distancia entre universidad y primaria incompleta, que alcanza valores entre 403 (Nicaragua 1970) y varias decenas de millar (por ejemplo, México, Nicaragua y Chile).

Gráfico 2

Evolución de las barreras en el mercado matrimonial (parámetro μijMF de la ecuación 1), 1970-2010

(Razón de tasas)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Minnesota Population Center, Integrated Public Use Microdata Series, International: version 7.1 [dataset], Minneapolis, 2018 [en línea] https://doi.org/10.18128/D020.V7.1.

La evolución de los parámetros en el tiempo muestra un aumento de la brecha educativa entre universitarios por un lado, y personas con educación secundaria y primaria completa por otro. Cabe tener presente que estos dos grupos son los que representan a la mayoría de la población. La población con primaria incompleta es prácticamente residual en los censos más recientes.

Por países, destacamos los casos de Chile y Venezuela (República Bolivariana de) por ser los que presentan un incremento más notorio de sus barreras matrimoniales. En el caso de Chile, la brecha entre universidad y primaria completa se incrementa de 112 en la ronda de 1970 a 880 en 2000, un aumento que multiplica por 2 la diferencia entre ambos años. En Venezuela (República Bolivariana de), la brecha entre universidad y secundaria completa creció de 4 en 1970 a 23 en 2000. Es decir, la dificultad de unión entre los niveles de secundaria y universidad se ha multiplicado por cinco.

En los Estados Unidos, la brecha entre universitarios y el resto de grupos es mayor que en América Latina, a excepción de primaria incompleta, categoría muy residual en ese país. Sin embargo, las tendencias en el tiempo difieren. En los Estados Unidos se reduce la brecha entre universidad y secundaria completa y aumenta respecto a la primaria completa.

En el gráfico 3 se muestra la evolución de los parámetros de homogamia por tipo de unión. En relación con las pautas y tendencias, las conclusiones son similares a las del gráfico 2, con el añadido de que constatamos que la homogamia entre las parejas casadas es sistemáticamente mayor a la observada entre las parejas en unión libre. Sin embargo, la diferencia entre matrimonios y uniones libres varía en función del nivel educativo, siendo mayores en los niveles educativos inferiores. En promedio, las barreras entre universitarios y primaria incompleta es un 44% mayor en los matrimonios que en las uniones libres. Esta cifra disminuye hasta el 37% para el caso de primaria completa aunque sigue siendo superior en los matrimonios. Para la categoría de educación secundaria las diferencias son mínimas, siendo un 2% superior en el caso de los matrimonios.

C. Conclusiones

En este estudio hemos examinado el mercado matrimonial y su sistema de estratificación educativa en parejas jóvenes de 12 países de América Latina y en los Estados Unidos. El objetivo principal era medir la brecha educativa entre la población universitaria y el resto de grupos educativos de forma comparada y en el tiempo. Los resultados muestran el elevado grado de estratificación educativa de los mercados matrimoniales en América Latina que, por lo general, generan un número de parejas homógamas muy por encima de lo que esperaríamos en condiciones de aleatoriedad. Se trata de un resultado que ha sido corroborado en estudios previos relativos no solo a América Latina sino a un gran número de países. La novedad de este estudio ha consistido en abordar la homogamia desde el punto de vista de la brecha que separa a universitarios y el resto de grupos educativos, entendiendo, como muestran numerosos estudios previos, que la educación universitaria se ha convertido en la barrera más relevante de las sociedades contemporáneas. En América Latina no se trata solo de una barrera educativa sino de una barrera social, en tanto que el acceso a los estudios universitarios —especialmente a las universidades de élite— está supeditado en gran medida a la condición social.

Gráfico 3

Evolución de las barreras del matrimonio y la unión consensual en el mercado matrimonial (parámetro μijkUMF de la ecuación 2), 1970-2010

(Razón de tasas)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Minnesota Population Center, Integrated Public Use Microdata Series, International: version 7.1 [dataset], Minneapolis, 2018 [en línea] https://doi.org/10.18128/D020.V7.1.

En este contexto, nuestros resultados constatan la brecha que existe en el mercado matrimonial entre universitarios y el resto de los grupos. Es una brecha que aumenta conforme descendemos en la jerarquía educativa. En promedio, en América Latina la distancia respecto a los universitarios se multiplica por 5 en el caso de secundaria completa y por 109 en media en la categoría de primaria completa. Esta cifra aumenta en mayor proporción, alcanzando niveles de hasta 1 306 en media para primaria incompleta. En otras palabras, la población con primaria completa está cientos de veces más alejada de la población universitaria que la población con secundaria completa. Las tendencias en el tiempo muestran claramente una consolidación y ampliación de esas distancias, coherente con la idea de que la expansión educativa ha desplazado la frontera social hacia niveles educativos más elevados. Los resultados dan a entender que la frontera entre primaria incompleta y primaria completa que pudo existir en el pasado se ha desplazado a uno o incluso dos niveles superiores. Esto explicaría el motivo por el cual la brecha entre primaria incompleta y universidad ha disminuido en el tiempo mientras que la que separa primaria completa y universidad ha aumentado. Esta tendencia aparentemente contradictoria estaría indicando que, a efectos de mercado matrimonial, la frontera entre la primaria completa y la incompleta en años recientes sería más permeable que en la década de 1970.

En referencia al tipo de unión, América Latina continúa presentando diferencias entre matrimonios y uniones consensuales en el porcentaje de parejas homógamas a lo largo del tiempo, sobre todo en los niveles más instruidos de la sociedad.

Por países, las tendencias observadas no presentan grandes diferencias, aunque los niveles de homogamia varían sustancialmente. Chile y Venezuela (República Bolivariana de) son los países con unos mayores niveles de desigualdad y distancia social entre grupos educativos mientras que, por la parte baja, destacan Costa Rica y la República Dominicana. En cualquier caso, los niveles de homogamia en América Latina son sistemáticamente inferiores a los de Estados Unidos, con muy pocas excepciones. La brecha entre universidad y secundaria completa en Estados Unidos es un 8% mayor a la de la media de América Latina en todos los años. Sin embargo, las tendencias son opuestas. Estados Unidos muestra una reducción de las distancias entre 1970 y 2010, mientras que en América Latina ocurre lo contrario.

El carácter descriptivo y exploratorio de este trabajo abre la puerta a futuras líneas de investigación con carácter más analítico y explicativo. La interacción entre clase social y educación obliga a una honda reflexión y probablemente explique parte de la dinámica observada con estos datos. Los niveles observados de homogamia educativa y las diferencias educativas deberían ser corroborados por otros estudios que incorporen variables adicionales que también desempeñan un papel importante en la formación de parejas: etnia, clase social y religión, entre otras. Resultaría también muy interesante diferenciar dentro de cada nivel educativo, en función del carácter más o menos elitista de la institución educativa o de otros criterios, como tipo de estudios. El estudio de la homogamia educativa en América Latina presenta un interés comparativo en relación con la evolución observada en otros países y, a su vez, puede ser un buen termómetro de la persistente desigualdad social que caracteriza a la región.

Bibliografía

Becker, G. (1973), “A theory of marriage: part I”, Journal of Political Economy, vol. 81, Nº 4, julio-agosto.

Blossfeld, H. (2009), “Educational assortative marriage in comparative perspective”, Annual Review of Sociology, vol. 35.

Blossfeld, H. y A. Timm (eds.) (2003), “Who Marries Whom?: Educational Systems as Marriage Markets in Modern Societies, Londres, Kluwer Academic Publishers.

Bourdieu, P. y J. Passeron (1977), Reproduction in Education, Society and Culture, Beverly Hills, Sage.

Castro, T. (2002), “Consensual unions in Latin America: persistence of a dual nuptiality system”, Journal of Comparative Family Studies, vol. 33, Nº 1.

____(2001), “Matrimonios sin papeles en Centroamérica: persistencia de un sistema dual de nupcialidad”, Población del Istmo 2000: familia, migración, violencia y medio ambiente, L. Rosero Bixby (ed.), San José, Centro Centroamericano de Población (CCP), Universidad de Costa Rica.

Chiroleu, A. (2013), “Políticas públicas de educación superior en América Latina: ¿democratización o expansión de las oportunidades en el nivel superior?”, Espacio Abierto, vol. 22, Nº 2.

Costa, C. (2009), Desigualdade de Oportunidades no Brasil, Belo Horizonte, Argvmentvm.

De Hauw, Y., A. Grow y J. van Bavel (2017), “The reversed gender gap in education and assortative mating in Europe”, European Journal of Population, vol. 33, Nº 4.

Dubet, F. (2011), Repensar la justicia social: contra el mito de la igualdad de oportunidades, Buenos Aires, Siglo XXI.

Esteve, A. (2005), “Tendencias en homogamia educacional en México: 1970-2000”, Estudios Demográficos y Urbanos, vol. 20, Nº 2.

Esteve, A. y C. Cortina (2006), “Changes in educational assortative mating in contemporary Spain”, Demographic Research, vol. 14.

Esteve, A. y R. McCaa (2007), “Homogamia educativa en México y Brasil, 1970-2000: pautas y tendencias”, Latin American Research Review, vol. 42, Nº 2.

Esteve, A., J. García-Román e I. Permanyer (2012), “The gender-gap reversal in education and its effect on union formation: the end of hypergamy?”, Population and Development Review, vol. 38, Nº 3.

Esteve, A., R. Lesthaeghe y A. López-Gay (2012), “The Latin American cohabitation boom, 1970–2007”, Population and Development Review, vol. 38, Nº 1.

Esteve, A., L. López y J. Spijker (2013), “Disentangling how educational expansion did not increase women’s age at union formation in Latin America from 1970 to 2000”, Demographic Research,vol. 28.

Esteve, A., R. McCaa y L. López (2013), “The educational homogamy gap between married and cohabiting couples in Latin America”, Population Research and Policy Review, vol. 32, Nº 1.

Gullickson, A. y F. Torche (2014), “Patterns of racial and educational assortative mating in Brazil”, Demography, vol. 51, Nº 3.

Kalmijn, M. (1994), “Assortative mating by cultural and economic occupational status”, American Journal of Sociology, vol. 100, Nº 2.

____(1991a), “Shifting boundaries: trends in religious and educational homogamy”, American Sociological Review, vol. 56, Nº 6.

____(1991b), “Status homogamy in the United States”, American Journal of Sociology, vol. 97, Nº 2.

López, L., A. Esteve y A. Cabré (2015), “Distancia social y uniones conyugales en América Latina”, Revista Latinoamericana de Población, vol. 2, Nº 2.

____(2009), “Uniones consensuales y matrimonios en América Latina: ¿dos patrones de homogamia educativa?”, Papeles de Población, vol. 15, Nº 60.

Lucas, S. (2001), “Effectively maintained inequality: education transitions, track mobility, and social background effects”, American Journal of Sociology, vol. 106, Nº 6.

Mare, R. (1991), “Five decades of educational assortative mating”, American Sociological Review, vol. 56, Nº 1.

Marteleto, L. y otros (2012), “Educational inequalities among Latin American adolescents: continuities and changes over the 1980s, 1990s and 2000s” Research in Social Stratification and Mobility, vol. 30, Nº 3.

Mazzeo, V. (2011), “¿Existe homogamia educativa en la elección del cónyuge?”, Población de Buenos Aires, año 8, Nº 14.

Minnesota Population Center (2018), Integrated Public Use Microdata Series, International: version 7.1 [dataset], Minneapolis [en línea] https://doi.org/10.18128/D020.V7.1.

Oppenheimer, V. (1988), “A theory of marriage timing”, American Journal of Sociology, vol. 94, Nº 3.

Pagnini, D. y S. Morgan (1990), “Intermarriage and social distance among U.S. immigrants at the turn of the century”, American Sociological Review, vol. 96, Nº 2.

Pullum, T. y A. Peri (1999), “A multivariate analysis of homogamy in Montevideo, Uruguay”, Population Studies, vol. 53, Nº 3.

Qian, Z. (1998), “Changes in assortative mating: the impact of age and education, 1970–1990”, Demography, vol. 35, Nº 3.

Quilodrán, J. (2003), “La familia, referentes en transición”, Papeles de Población, vol. 9, N° 37.

____(2001), “L’union libre latinoaméricaine a t-elle changée de nature?”, ponencia presentada en la XXIV Conferencia General de la Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población (IUSSP), Salvador de Bahía.

Quilodrán, J. y V. Sosa (2004), “El emparejamiento conyugal: una dimensión poco estudiada de la formación de las parejas”, Imágenes de la familia en el cambio de siglo, M. Ariza y O. de Oliveira (coords.), Ciudad de México, Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Rodríguez Vignoli, J. (2005), “Unión y cohabitación en América Latina: ¿modernidad, exclusión, diversidad?”, serie Población y Desarrollo, Nº 57 (LC/L.2234-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Rodríguez, S. (2011), “Pautas matrimoniales en Argentina a principios del s.XXI: un análisis de homogamia/heterogamia educacional”, Praxis Sociológica, Nº 15.

Rose, E. (2004), “Education and hypergamy in marriage markets”, Working Paper, Nº 2004-01, Center for Research on Families, Universidad de Washington.

Rosenfeld, M. (2008), “Racial, educational, and religious endogamy in the United States: a comparative historical perspective”, Social Forces, vol. 87, Nº 1.

Salinas, V. (2018), “Hacia la medición del riesgo de disolución del matrimonio en Chile”, Estudios Demográficos y Urbanos, vol. 33, Nº 3.

Schwartz, C. (2013), “Trends and variation in assortative mating: causes and consequences”, Annual Review of Sociology, vol. 39.

Schwartz, C. y R. Mare (2005), “Trends in educational assortative marriage from 1940 to 2003”, Demography, vol. 42, Nº 4.

Smits, J. (2003), “Social closure among the higher educated: trends in educational homogamy in 55 countries”, Social Science Research, vol. 32, Nº 2.

Smits, J., W. Ultee y J. Lammers (1998), “Educational homogamy in 65 countries: an explanation of differences in openness using country-level explanatory variables”, American Sociological Review, vol. 63, Nº 2.

Solís, P. (2013), “Desigualdad vertical y horizontal en las transiciones educativas en México”, Estudios Sociológicos, vol. 31.

Torche, F. (2010), “Educational assortative mating and economic inequality: a comparative analysis of three Latin American countries”, Demography, vol. 47, Nº 2.

Torrado, S. (2003), “La pareja (nupcialidad)”, Historia de la familia en la Argentina moderna (1870-2000), S. Torrado, Buenos Aires, Ediciones de la Flor.

Zenteno, R. y P. Solís (2006), “Continuidades y discontinuidades en la movilidad ocupacional en México”, Estudios Demográficos y Urbanos, vol. 21, Nº 3.

Anexo A1

Cuadro A1.1

Porcentaje de parejas homógamas por nivel educativo y tipo de unión

Primaria incompleta

Primaria completa

Secundaria completa

Universidad completa

1970

1980

1990

2000

2010

1970

1980

1990

2000

2010

1970

1980

1990

2000

2010

1970

1980

1990

2000

2010

Casadas

Brasil

93,2

89,3

82,5

74,5

69,8

34,3

34,8

39,6

42,1

49,5

30,6

36,5

43,7

46,0

57,3

60,2

57,5

53,2

48,9

53,8

Chile

61,7

51,5

36,4

30,0

-

60,1

58,2

58,0

54,8

-

41,2

43,9

48,9

55,3

-

44,3

45,1

44,3

54,2

-

Colombia

82,1

77,2

71,3

67,9

-

45,9

52,4

58,5

61,3

-

32,0

43,5

47,9

48,5

-

40,0

46,3

48,3

52,0

-

Costa Rica

76,2

56,9

-

38,2

31,3

47,8

56,6

-

67,5

62,0

43,3

44,1

-

40,9

28,5

32,9

53,5

-

54,4

57,7

Ecuador

74,1

63,7

52,4

46,4

31,6

58,0

60,5

59,0

56,1

57,8

35,2

41,0

43,2

44,9

50,0

43,9

48,8

47,4

44,4

44,2

Estados Unidos

41,6

42,2

45,1

34,7

34,8

53,9

45,7

41,3

44,7

45,4

60,8

67,6

74,4

74,2

71,8

71,1

70,8

63,8

62,5

64,0

México

80,8

-

60,7

45,7

40,9

54,5

-

57,3

62,1

66,3

19,7

-

31,9

36,7

40,3

47,0

-

60,8

59,2

59,2

Nicaragua

75,0

-

74,0

71,0

-

39,6

-

44,9

45,8

-

29,6

-

33,0

34,0

-

53,8

-

47,7

46,7

-

Panamá

72,6

55,6

50,3

38,1

35,6

54,7

57,8

55,2

57,5

54,3

39,0

38,0

43,7

48,2

48,0

46,3

53,4

38,4

45,5

48,4

Paraguay

80,6

73,2

65,6

55,1

-

47,2

60,1

58,2

60,2

-

32,4

17,8

46,5

48,5

-

55,3

49,1

52,6

47,3

-

República Dominicana

-

65,4

-

42,8

42,1

-

41,1

-

46,4

43,0

-

36,3

-

33,6

36,6

-

46,2

-

39,6

44,4

Uruguay

56,1

45,4

39,2

25,5

52,4

55,8

77,0

80,3

32,0

40,9

22,9

-

42,5

32,7

40,8

36,6

-

49,4

Venezuela (República Bolivariana de)

79,8

67,8

62,5

59,5

-

56,9

59,7

62,4

64,9

-

36,7

42,5

44,8

49,5

-

39,8

42,5

46,8

51,5

-

En unión

Brasil

94,0

88,6

82,6

75,5

69,7

27,0

33,4

35,4

39,7

49,3

27,5

34,3

36,6

38,5

50,1

38,4

51,9

44,4

38,1

41,6

Chile

64,6

52,3

39,9

33,1

-

51,3

59,1

58,7

55,6

-

21,1

32,2

36,9

50,7

-

0,0

21,4

35,8

44,1

-

Colombia

80,7

77,5

53,2

48,8

-

42,4

45,7

53,6

56,8

-

21,4

31,5

33,4

36,5

-

23,1

28,5

32,1

36,5

45,8

Costa Rica

75,3

62,0

-

50,8

42,6

41,7

54,2

-

62,0

59,7

25,0

32,8

-

30,0

28,4

44,4

40,9

34,9

42,7

Ecuador

74,0

65,8

59,4

53,3

40,0

47,7

57,2

56,2

55,1

58,0

21,3

29,0

30,4

34,1

45,8

33,2

29,6

32,9

27,7

27,5

México

80,3

-

59,8

46,0

43,9

44,6

-

51,1

60,2

65,1

0,0

-

22,1

28,5

35,6

0,0

-

36,6

37,1

45,5

Nicaragua

72,5

-

70,1

68,1

-

31,7

-

46,1

43,8

-

0,0

-

26,0

28,0

-

0,0

-

26,3

31,5

-

Panamá

70,6

59,9

53,3

42,8

38,8

49,9

59,0

58,2

60,1

58,6

23,7

28,9

31,0

36,8

42,9

0,0

24,0

20,6

18,6

24,9

Paraguay

77,1

70,8

62,4

50,2

-

40,5

56,9

56,7

60,2

-

12,5

21,1

39,0

40,2

-

0,0

25,0

38,1

33,2

-

República Dominicana

-

71,4

-

53,6

55,3

-

39,0

-

48,3

48,0

-

18,2

-

22,2

31,7

-

31,5

-

12,9

20,5

Uruguay

64,0

49,4

42,5

-

30,9

46,6

51,6

72,2

-

79,7

16,9

25,5

19,9

-

41,7

0,0

22,2

35,3

-

31,5

Venezuela (República Bolivariana de)

89,2

82,5

80,2

78,5

-

42,8

53,2

59,9

62,5

60,5

23,8

31,7

35,1

39,7

-

10,2

23,4

32,1

37,2

-

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Minnesota Population Center, Integrated Public Use Microdata Series, International: version 7.1 [dataset], Minneapolis, 2018 [en línea] https://doi.org/10.18128/D020.V7.1.

Cuadro A1.2

Evolución del valor de los parámetros de las barreras en el mercado matrimonial (parámetro μijMF de la ecuación 1), 1970-2010

Primaria incompleta/Universidad completa

Primaria completa/Universidad completa

Secundaria completa/Universidad completa

1970

1980

1990

2000

2010

1970

1980

1990

2000

2010

1970

1980

1990

2000

2010

Brasil

4 359

2 644

2 465

1 737

1 287

19

38

72

94

110

3

3

4

7

8

Chile

80 822

7115

7 708

16 647

-

112

171

265

880

-

4

5

7

12

-

Colombia

12 333

32 533

2 951

7 406

-

86

143

161

233

-

5

6

7

8

-

Costa Rica

2 515

2 115

-

1 703

765

13

55

-

37

25

2

4

-

5

5

Ecuador

51 021

24 343

4 817

837

2 392

74

81

74

88

171

4

3

4

5

5

Estados Unidos

3 752

2 836

9 414

6 701

4 146

602

829

1 002

992

1 339

13

-

10

10

10

México

508

-

5 324

7 785

10 829

15

-

36

63

113

3

-

5

4

6

Nicaragua

403

-

3 361

4 105

-

26

-

47

54

-

4

-

4

4

Panamá

2 540

34 544

8 103

4 105

6 503

70

82

51

75

91

4

5

3

5

4

Paraguay

96 761

28 283

11 130

6 503

-

50

33

281

279

-

6

4

6

5

-

República Dominicana

-

1 380

-

120

198

-

24

-

16

39

-

4

-

3

5

Uruguay

8 778

71 682

5 115

-

126

47

98

41

-

211

5

6

3

-

5

Venezuela (República Bolivariana de)

9 605

15 835

14 045

11 849

-

74

81

164

-

-

4

5

8

23

-

Promedio América Latina

24 513

22 047

6 502

5 709

3 157

53

81

119

182

109

4

5

5

7

5

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Minnesota Population Center, Integrated Public Use Microdata Series, International: version 7.1 [dataset], Minneapolis, 2018 [en línea] https://doi.org/10.18128/D020.V7.1

Cuadro A1.3

Evolución del valor de los parámetros de las barreras al matrimonio y unión consensual (parámetro μijkUMF de la ecuación 2), 1970-2010

Primaria incompleta /Universidad completa

Primaria completa /Universidad completa

Secundaria completa/Universidad completa

1970

1980

1990

2000

2010

1970

1980

1990

2000

2010

1970

1980

1990

2000

2010

Casadas

Brasil

4 675

2 807

2 836

2 322

1 176

19

39

77

104

103

4

3

5

6

8

Chile

74 608

6 374

6 374

26 370

-

111

169

265

1 097

-

4

5

8

13

-

Colombia

10 721

45 707

5 710

15 678

-

82

133

189

334

-

5

6

12

8

-

Costa Rica

2 618

416

-

561

428

38

19

-

25

20

5

4

-

5

5

Ecuador

77 653

19 536

6 374

880

2 186

70

69

77

96

202

4

3

4

5

5

México

602

-

5 884

9 701

14 618

15

-

36

65

119

3

-

5

5

6

Nicaragua

321

-

4 722

5 825

-

22

-

42

59

-

4

-

4

4

-

Panamá

665

18 398

2 922

3 533

26 903

45

57

33

75

100

4

4

4

5

4

Paraguay

99 708

28 283

6 438

7 187

-

45

29

340

273

-

6

4

6

5

-

República Dominicana

-

721

-

79

98

-

15

-

12

16

-

4

-

3

4

Uruguay

9 136

50 011

4 273

-

26

47

97

40

226

5

6

3

-

5

Venezuela (República Bolivariana de)

5 825

10 199

8 691

18 583

-

67

66

151

1 236

-

4

5

8

20

-

Promedio América Latina

26 048

18 245

5 422

8 247

6 491

51

69

125

307

112

4

4

6

7

5

En unión consensual

Brasil

728

1 422

1 097

679

1 054

5

27

44

58

92

4

3

4

6

7

Chile

889

299

2 922

4 629

-

111

169

265

365

-

4

5

8

13

-

Colombia

10 721

3 641

788

3 041

-

82

26

78

123

-

5

6

12

8

-

Costa Rica

2 618

1 882

-

2 592

1 939

38

3

1

3

5

4

-

5

5

Ecuador

77 653

19 536

1 064

351

2 186

70

69

34

40

80

4

3

4

5

4

México

602

-

1 153

1 882

5 378

41

-

30

36

74

3

-

5

5

5

Nicaragua

321

-

953

1 480

-

22

-

42

29

4

-

4

4

Panamá

665

18 398

6 374

3 533

2 122

76

57

33

25

48

4

4

4

5

4

Paraguay

99 708

28 283

3 715

7 187

-

45

29

69

273

-

6

4

6

5

-

República Dominicana

-

196

-

42

129

-

15

-

3

-

-

4

-

3

4

Uruguay

9 136

10 454

4 273

-

183

253

97

40

-

321

5

6

3

-

5

Venezuela (República Bolivariana de)

5 825

10 199

8 691

18 583

-

67

66

72

200

-

4

5

8

20

-

Promedio América Latina

18 988

9 431

3 103

4 000

1 856

74

56

71

105

103

4

4

6

7

5

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Minnesota Population Center, Integrated Public Use Microdata Series, International: version 7.1 [dataset], Minneapolis, 2018 [en línea] https://doi.org/10.18128/D020.V7.1.

[1] Esta investigación ha sido posible gracias al financiamiento por la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) de la Generalidad de Cataluña y de los proyectos EQUALIZE (ERC-2014-STG-637768) y GLOBFAM (RTI2018-096730-B-I00).

[2] Doctoranda en demografía por el Centro de Estudios Demográficos (CED) de la Universidad Autónoma de Barcelona (España). Correo electrónico: vsanjuan@ced.uab.cat.

[3] Doctor en demografía, Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona (España). Correo electrónico: aesteve@ced.uab.es.

Artículo 2

La estructura de los hogares y el ahorro en México: un enfoque de clases latentes

Curtis Huffman[1]

Paloma Villagómez-Ornelas[2]

Delfino Vargas Chanes[3]

Recibido: 14/12/2018

Aceptado: 11/03/2019

Resumen

Aun cuando es bien sabido que el tamaño de los hogares y las características de sus integrantes determinan los recursos financieros de los que estos disponen, los economistas han abordado el análisis empírico del ingreso y el consumo en México enfocándose casi exclusivamente en la edad del individuo, pasando por alto la importancia de la heterogeneidad estructural de los hogares mexicanos. Para incorporar este elemento al estudio econométrico de sus perfiles de ahorro, en lugar de partir de tipologías de hogares definidas a priori, en este artículo estimamos, por medio del análisis de clases latentes, las estructuras típicas de los hogares mexicanos contenidas en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2014. A partir de esta estimación, mostramos de qué manera tomar en cuenta las relaciones socioeconómicas de dependencia de los hogares puede contribuir a mejorar la política pública.

Palabras clave: estructura de los hogares, perfiles de ahorro, ciclo de vida, ingreso permanente, análisis de clases latentes, México.

Abstract

Although it is well known that the size of households and the characteristics of their members determine their available financial resources, economists have approached the empirical analysis of income and consumption in Mexico by focusing almost exclusively on the age of the individual, overlooking the importance of the structural heterogeneity of Mexican households. In order to incorporate this element into the econometric study of households’ savings profiles, instead of beginning with typologies of households defined a priori, this article estimates, through latent class analysis, the typical structures of Mexican households contained in the 2014 National Survey of Household Expenditure and Income (ENIGH). Based on this estimate, this paper shows how taking into account households’ socioeconomic dependency relationships can contribute to improving public policy.

Keywords: household structure, savings profiles, life cycle, permanent income, latent class analysis, Mexico.

Résumé

Bien que sachant que la taille des ménages et les caractéristiques de leurs membres déterminent les ressources financières dont ils disposent, les économistes se sont penchés sur l’analyse empirique du revenu et de la consommation au Mexique en mettant presque exclusivement l’accent sur l’âge des individus, sans tenir compte du degré d’hétérogénéité de la structure des ménages mexicains. Afin de prendre en compte cet élément dans l’étude économétrique de leur profil d’épargne, plutôt que de partir de typologies de ménages définies a priori, nous estimons ici les structures types des ménages mexicains contenues dans l’ENIGH 2014 (Enquête nationale sur les revenus et les dépenses des ménages) par le biais de l’analyse des classes latentes. À partir de cette estimation, nous montrons comment la prise en compte des relations socioéconomiques de dépendance des ménages peut contribuer à une amélioration des politiques publiques.

Mots-clés: structure des ménages, profils d’épargne, cycle de vie, revenu permanent, analyse des classes latentes, Mexique.

Introducción

La importancia de describir el comportamiento microeconómico es inestimable. El análisis de las asignaciones presupuestarias de los hogares es fundamental para el diseño de políticas de desarrollo, empezando por la obtención de información fiable acerca de los ingresos y el consumo para evaluar las condiciones de vida y medir la pobreza. Este tipo de información ha influido en gran medida en el diseño de los programas de transferencias condicionadas en todo el mundo (Fiszbein y Schady, 2009). Por ejemplo, el conocimiento del papel asimétrico de las mujeres en la maximización del bienestar de los hogares ha contribuido específicamente a dar forma al mecanismo de transferencia en efectivo de prácticamente todos los programas de transferencias condicionadas, incluido el programa de México originalmente denominado Progresa; después, Oportunidades, y, actualmente, Prospera (Banegas, 2010 y 2017)[4].

Desde un punto de vista empírico, los economistas suelen abordar la elaboración de perfiles de consumo y gasto sobre la base de las contribuciones fundamentales de Modigliani y Brumberg (1954) y Friedman (1957) a los modelos de ciclo de vida e ingreso permanente. Dentro de este marco conceptual, el consumo intertemporal y las opciones de ahorro se sitúan como parte de un problema de optimización coherente, en que los individuos maximizan la utilidad a lo largo del tiempo dado un conjunto de oportunidades comerciales intertemporales (Attanasio y Weber, 2010).

Este caballo de batalla estándar de la microeconomía ha determinado el enfoque empírico del análisis del comportamiento microeconómico básico, mientras los investigadores intentan probar las implicaciones empíricas de este marco teórico. Intuitivamente, los modelos de ciclo de vida e ingreso permanente implican que las innovaciones relacionadas con el ingreso permanente deben incorporarse plenamente al consumo, mientras que no sucede lo mismo con las innovaciones relacionadas con el ingreso transitorio.

Desde el punto de vista empírico, la incorporación de los modelos de ciclo de vida e ingreso permanente a los datos de las encuestas (de hogares) suele reducirse al examen de los perfiles etarios del ingreso y el consumo; es decir, la atención se centra exclusivamente en la edad del jefe o la jefa de hogar. Incluso cuando se tiene en cuenta la estructura familiar en ese marco (Attanasio y Browning, 1995), esto suele significar poco más que realizar también un perfil del ingreso y el consumo per cápita, o ajustes según el tamaño del hogar con medidas por adulto equivalente[5].

A pesar de que, en los estudios socioantropológicos, se ha argumentado contundentemente que el número y las características de los integrantes del hogar afectan de manera determinante los tipos de relaciones de dependencia económica y la reserva de recursos económicos disponible dentro del hogar (Chant, 2007; Fontaine y Schlumbohm, 2000; Goldscheider, 1992; González de la Rocha, 1994; Selby, Murphy y Lorenzen, 1990; Singh, 2002; Wong y Levine, 1992), lamentablemente, esta visión no se ha extendido a la investigación empírica en economía.

La literatura económica sobre ingresos y consumo en México no ha escapado a este enfoque profesional (Attanasio y Székely, 1999; Campos y Meléndez, 2013; Mejía, 2008; Ponce, 2003; Velandia y Van Gameren, 2016) que ha marcado la investigación empírica basada en la econometría. Nuestro argumento es que, al pasar por alto el poder explicativo de las relaciones de dependencia económica, se ha perdido la oportunidad de utilizar la investigación cualitativa para mejorar nuestra comprensión de fenómenos económicos básicos.

Sin embargo, encontrar la manera de poder tener en cuenta las modalidades de convivencia familiar al evaluar el efecto de las relaciones de dependencia económica en la asignación presupuestaria de los hogares (ingresos y consumo) no es tarea fácil. En este trabajo, el objetivo es ampliar nuestros conocimientos sobre el comportamiento económico básico mediante la incorporación de la estructura familiar como una dimensión relevante en el análisis de estos fenómenos[6].

Las investigaciones anteriores basadas en encuestas en América Latina normalmente han abordado el análisis de las distintas modalidades de convivencia familiar a través de tres tipologías superpuestas: según el parentesco (nuclear, extendida, compuesta, no familiar, monoparental, biparental, con y sin hijos), de cohorte (generacional, multigeneracional, con y sin personas de edad, sin generación intermedia o con salto generacional) y de etapa del ciclo de vida (inicial, de expansión, de consolidación), desglosadas también por sexo del jefe del hogar y, a veces, por cuantiles de distribución de ingresos (Ullmann, Maldonado y Rico, 2014). Las tres tipologías han resultado provechosas para analizar y contrastar las encuestas de hogares en la región, tanto entre países como a lo largo del tiempo.

Sin embargo, la superposición de todas estas formas diferentes de diseccionar las encuestas de hogares, como método de fuerza bruta para examinar la distribución de los hogares de acuerdo con las distintas modalidades de convivencia familiar, deriva en una tabulación cruzada de aproximadamente mil celdas. Si bien nadie procede de manera tan despreocupada, incluso revisar estas celdas haciendo conjeturas fundadas en una tabla de contingencia de alta dimensionalidad, buscando contrastes significativos y considerables, puede constituir una tarea inabarcable que solo por pura casualidad permitiría sacar el máximo provecho de la varianza entre grupos, algo que el análisis de clases latentes resuelve como parte de su modus operandi.

En cierto sentido, en este trabajo proponemos pasar de una noción del contenido empírico ascendente a una descendente en los trabajos sobre estructuras familiares basados en encuestas. En lugar de partir de categorías teóricas de estructuras familiares para operacionalizar una partición de los datos (clases codivisionales exhaustivas, mutuamente excluyentes), a través del análisis de clases latentes buscamos estructuras de hogar estadísticamente significativas en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2014, usando los mismos marcadores demográficos brutos que se utilizan en los diferentes enfoques ascendentes. Una forma de pensar sobre este cambio es en términos de ingeniería e ingeniería inversa. Hasta ahora, en los estudios sobre modalidades de convivencia familiar basadas en encuestas en la región, se han diseñado particiones de los datos a partir de clasificaciones teóricas mediante marcadores demográficos. En el análisis de clases latentes, se realiza un proceso de ingeniería inversa con dichas particiones a partir de los mismos marcadores demográficos.

El análisis de clases latentes permite a la investigación basada en encuestas realizar un análisis de heterogeneidad sobre la base de todos esos marcadores demográficos de manera más eficiente, desglosando los resultados promedio en subpoblaciones más informativas de acuerdo con sus atributos demográficos de agrupación, con la ventaja añadida de que se obtiene un modelo de probabilidad que encaja perfectamente con la inferencia causal (Morgan y Winship, 2014) y el análisis de descomposición (Fortin, Lemieux y Firpo, 2011), de forma muy similar a los puntajes de propensión (Guo y Fraser, 2014).

Específicamente, contribuimos al análisis de la estructura familiar y del ingreso y el consumo en México de dos maneras fundamentales. En primer lugar, contribuimos a la investigación sobre la estructura familiar (modalidades de convivencia) en México mediante la identificación estadística de las principales estructuras de hogar que figuran en los datos de la ENIGH de 2014. En segundo lugar, al desglosar el perfil de ahorro de los hogares mexicanos de acuerdo con estas estructuras estimadas, ampliamos los estudios existentes sobre el ingreso y el consumo de los hogares mexicanos, mostrando el potencial de un enfoque interdisciplinario en el que es posible aplicar el conocimiento socioantropológico a este tema. En resumen, aplicamos el análisis de clases latentes para aprovechar al máximo el apoyo empírico que proporcionan las encuestas a la interacción entre diversas variables demográficas y decisiones económicas básicas, cuya importancia para las dinámicas familiares y la producción y reproducción sociales ha sido subrayada por la antropología social.

Sin embargo, vale la pena señalar que no es el objetivo de este estudio poner a prueba teorías socioantropológicas relacionadas con la manera en que las distintas modalidades de convivencia familiar se interrelacionan con los resultados económicos. Es decir, no nos servimos del análisis de clases latentes para probar empíricamente —corroborar o refutar— estudios cualitativos, sino que lo utilizamos en aplicaciones empíricas basadas en la econometría. Desde nuestro punto de vista, la pregunta relevante no es si la investigación cualitativa está a la altura de la encuesta, sino si el análisis empírico basado en la econometría puede complementar la investigación cualitativa, a través del análisis de clases latentes, para ampliar nuestra comprensión del comportamiento económico básico.

El artículo está estructurado como se detalla a continuación. En primer lugar, hacemos explícito nuestro marco teórico y discutimos brevemente el hecho de que la estructura familiar puede ser vista como causa y también como efecto del entorno económico. A continuación, describimos de forma concisa nuestro enfoque de este tema, basado en el análisis de clases latentes. Posteriormente, presentamos los resultados de su aplicación a los datos de la ENIGH de 2014, discutimos los resultados de la estimación y analizamos la relación entre las estructuras de hogar y las asignaciones presupuestarias (perfiles de consumo). También contrastamos nuestros resultados con el enfoque tradicional basado en el ciclo de vida. El artículo concluye con una breve discusión de nuestros hallazgos y algunas líneas de investigación futura.

A. Modalidades de convivencia de los hogares y decisiones económicas

1. Modalidades de convivencia y estructuras de hogar

De acuerdo con la definición típica (estadística), en este trabajo consideramos el hogar como un grupo de personas que comparten tanto el lugar de residencia (ocupando una vivienda o parte de ella) como el costo de las comidas (compartiendo recursos para proporcionar alimentos a sus integrantes), en lugar de basarnos en el criterio de parentesco. Con esta definición, excluimos del análisis otras unidades económicas potencialmente relevantes que podríamos denominar hogares multilocales (Caces y otros, 1985), constituidos por grupos de personas que, a pesar de mantener vínculos emocionales y económicos, por razones de trabajo, escolarización de los niños o solidaridad familiar, viven en hogares separados (de hecho, a veces incluso en países diferentes). Sin embargo, es posible tener en cuenta estos intercambios entre hogares —los flujos de apoyo económico provenientes de otros hogares y las remesas de los migrantes— y estimar su importancia.

Al utilizar el término “estructuras de hogar”, incluimos dimensiones de las distintas modalidades de convivencia como, por ejemplo, la complejidad (nuclear frente a extendido) y la dependencia (consumidores en relación con productores), pero no hacemos referencia al locus de responsabilidad y autoridad más allá del jefe de hogar autodeclarado, debido a la falta de información, a pesar de las evidentes conexiones entre la dinámica que subyace a la toma de decisiones en un hogar y su estructura (Villagómez y Zamudio, 2000)[7].

2. Estructuras de hogar y comportamiento económico básico

En estudios anteriores sobre antropología económica de América Latina, se ha demostrado que el enfoque del hogar como unidad organizativa básica de la lucha por la supervivencia es tanto factible como fructífero (Chant, 1991; Goldscheider, 1992; González de la Rocha, 2001; Selby, Murphy y Lorenzen, 1990). Existen numerosos trabajos —que no revisaremos aquí (véanse más detalles en Singh (2002))— sobre la manera en que los acontecimientos económicos pueden actuar como fuerzas centrífugas y centrípetas en la conformación de las estructuras de los hogares. Desde que, en la década de 1920, se publicó la obra fundamental del economista ruso Chayanov (1966) sobre la relación entre el tamaño y la estructura de los hogares campesinos y su desempeño económico, se ha reconocido que las decisiones económicas están vinculadas de manera crucial con la formación y la desintegración de los hogares, así como con los cambios en su composición (Cortés y Cuéllar, 1990).

Podemos decir con seguridad que, en general, las distintas modalidades de convivencia proporcionan diferentes tipos de acceso a los recursos e influyen en su diversidad (Sigle-Rushton y McLanahan, 2002). Dependiendo de lo que otros individuos corresidentes estén dispuestos a —o puedan— ofrecer, la proximidad puede facilitar mayores niveles de apoyo tanto económico como emocional. En primer lugar, cabe esperar que determinadas modalidades de convivencia den lugar a economías de escala que alivien la carga financiera y temporal de mantener un hogar. La solidaridad filial o familiar puede llevar a las personas, por ejemplo, a proporcionar alojamiento gratuito o a bajo costo. La vivienda constituye una carga económica sustancial para el presupuesto de los hogares mexicanos (se estima que el 15% de los ingresos corrientes de los hogares en 2014 se destinaba a alojamiento).

Además, es muy probable que en los hogares conformados por varios adultos se ideen estrategias para obtener beneficios de la especialización o asegurarse contra las incertidumbres del mercado laboral. Estas estrategias pueden ser consideradas valiosas especialmente por los progenitores solos, quienes deben hacer frente al desafío de asumir el doble papel de cuidadores y proveedores (Lloyd, 1999).

Naturalmente, los beneficios de cualquier tipo de convivencia deben sopesarse teniendo en cuenta los costos añadidos del espacio compartido, la pérdida de privacidad e incluso, a veces, de autonomía. El riesgo de perder autoridad y autonomía como resultado de la elección de cohabitar presenta grandes diferencias por género (especialmente en el caso de las mujeres en las sociedades tradicionales). Por supuesto, cada beneficio y cada costo están modulados por el tipo de relaciones que vinculan a los individuos corresidentes.

No es una novedad que las consideraciones económicas pesan en las decisiones de formar un grupo doméstico, dejarlo o unirse a él. Lo cierto es que las personas no tienen mucha opción en lo que respecta a la elección de su familia, pero cuentan con bastante libertad a la hora de elegir sus hogares. De hecho, existen limitaciones a la manera en que los hogares se forman, expanden, reducen y disuelven, pero estas varían con el ciclo económico más de lo que habitualmente podría suponerse (González de la Rocha, 1988).

Como se ha señalado anteriormente, hay razones de peso para afirmar que los distintos tipos de estructura de hogar pueden ayudar a mitigar o superar situaciones de indigencia o pobreza, pero lo contrario también es cierto, puesto que los acontecimientos demográficos pueden afectar las decisiones económicas. Acontecimientos como tener hijos a una edad muy temprana o a intervalos demasiado cortos, quedar huérfano o viudo, perder a un familiar que proporcionaba un apoyo fundamental o experimentar problemas de salud pueden tener un efecto perjudicial en las perspectivas económicas del hogar y sumirlo en la pobreza, algo de lo que los sociólogos son muy conscientes (González de la Rocha, 1986).

Sobre la base de este esquema teórico, la estructura de los hogares puede ser tanto una respuesta a las limitaciones y oportunidades económicas y demográficas como un factor explicativo. El propósito de este documento es llegar a comprender de manera más profunda la naturaleza de esta relación. El panorama es, por supuesto, complejo, pero los investigadores que deseen estudiar las decisiones económicas básicas que subyacen tras los ingresos y los gastos (o ahorros) necesitan entender cómo las diversas modalidades de convivencia pueden funcionar como causas y consecuencias de la pobreza y la indigencia.

Si el objetivo es obtener una imagen precisa del perfil de ingresos, gastos o ahorro de las personas a lo largo de su vida, los economistas deben comenzar a prestar atención a las modalidades de convivencia o composición de los hogares. En tanto sigan centrándose exclusivamente en la edad del jefe o la jefa del hogar y en medidas de adultos equivalentes, esto puede representar un reto para ellos.

3. Incorporación de las modalidades de convivencia

Una manera natural de incorporar las modalidades de convivencia en la investigación econométrica es desglosar los datos como se ha hecho hasta ahora en los trabajos sobre la estructura familiar en América Latina (Child Trends, 2015; Jacobsen, Mather y Dupuis, 2012; Nava, 2013; Ullmann, Maldonado y Rico, 2014). Para mantenerse dentro de límites razonables, el alcance de estos trabajos se limita a unos pocos marcadores demográficos que normalmente se encuentran en las encuestas de hogares —relaciones de parentesco, cohabitación, procreación y edad de los integrantes del hogar, con dos o tres niveles cada uno—, con los que se elaboran varios análisis de subgrupo que reflejan tipos de estructura familiar teóricos establecidos a priori (por ejemplo, nuclear, extendida, compuesta, monoparental, biparental, generacional, multigeneracional o de etapa de ciclo de vida).

Aunque proponer tipos de estructura familiar específicos sea parte esencial de una estrategia cuya finalidad es realizar comparaciones internacionales superando diferencias culturales significativas (Ullmann, Maldonado y Rico, 2014), el precio que se paga es no poder considerar conjuntos más ricos de variables demográficas ni estimar estadísticamente la importancia de determinadas estructuras familiares de acuerdo con su distribución particular en un lugar y momento dados.

A diferencia de lo que ocurre en los trabajos sobre estructuras familiares en la región, en lugar de operacionalizar tipologías teóricas, en este estudio se estima la mejor partición demográfica (en términos de discriminación entre agrupaciones) de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2014 —que es la principal fuente de información sobre el ingreso y el consumo a nivel microeconómico en México—, a través del análisis de clases latentes. Esto tiende a crear clases en las que las observaciones son similares entre sí pero diferentes de las de otras clases en lo que se refiere a las variables incluidas en el modelo.

En términos generales, estimamos una partición de la encuesta como las celdas estadísticamente significativas de una tabla de contingencia n-dimensional, compuesta por los n marcadores demográficos incluidos en el modelo. El resultado es un conjunto de clases codivisionales exhaustivas (mutuamente excluyentes) que, de hecho, no reflejan una sola tipología teórica a priori, como lo haría una clasificación de hogares encabezados por hombres en contraposición a hogares encabezados por mujeres, sino atributos demográficos de los hogares cuyas distribuciones de frecuencias multivariantes (la interrelación de las variables del modelo) se agrupan en la encuesta.

La tipología elaborada mediante el análisis de clases latentes permite centrarse solo en aquellas combinaciones que realmente ocurren con significación estadística, en lugar de examinar todas las combinaciones de las n variables demográficas constitutivas que pueden darse, las cuales fácilmente pueden ascender a un número inabarcable. Es a través de la elaboración de esta tipología de estructuras de hogar como pretendemos construir un puente entre la investigación empírica basada en la econometría y décadas de descripciones abundantes, ricas y complejas —del ámbito social, demográfico, etnográfico y antropológico— de la interacción entre las modalidades de convivencia familiar y las decisiones económicas fundamentales.

B. Enfoque empírico

1. Datos

Nuestro objetivo es utilizar las características demográficas de los hogares mexicanos para identificar las estructuras de hogar más significativas en la ENIGH de 2014. En la base de datos de la ENIGH, al igual que sucede en el caso de muchas otras encuestas de hogares de la región, una persona de cada hogar se autoidentifica como jefa o cabeza de familia, y la relación de parentesco de todos los demás integrantes del hogar se define en relación con esta persona. Para este análisis utilizamos las siguientes variables:

•Sexo del jefe de hogar (cabeza de familia)

•Edad del jefe de hogar

•Presencia en el hogar de hijos menores de 6 años

•Presencia en el hogar de hijos de entre 6 y 11 años

•Presencia en el hogar de hijos de entre 12 y 17 años

•Presencia en el hogar de hijos de 18 años o mayores

•Presencia en el hogar de hijos de 18 años o mayores que trabajan

•Presencia en el hogar de la pareja del jefe de hogar

•Presencia en el hogar de integrantes sin relación de parentesco (no familiares)

•Presencia en el hogar de familiares distintos de la pareja y los hijos del jefe de hogar

•Presencia en el hogar de ascendientes del jefe de hogar (o de su pareja)

•Presencia en el hogar de las parejas de los hijos

•Presencia en el hogar de otros descendientes (nietos y bisnietos)

•Presencia en el hogar de mujeres menores de 41 años como jefas de hogar o como pareja del jefe de hogar

En el cuadro 1 se presentan los resultados estadísticos descriptivos de estas variables en nuestra base de datos de 21.054 observaciones, que representan a 34.021.241 hogares mexicanos en 2014.

Cuadro 1

México: perfil demográfico de los hogares, 2014

Variables

Media

Desviación estándar

Mínima

Máxima

Sexo del jefe de hogar (1 = hombre; 0 = mujer)

0,75

0,435

0

1

Edad del jefe de hogar (en años)

49

15,535

14

97

Presencia en el hogar de: (1 = sí; 0 = no)

Hijos menores de 6 años

0,21

0,408

0

1

Hijos de entre 6 y 11 años

0,27

0,444

0

1

Hijos de entre 12 y 17 años

0,28

0,448

0

1

Hijos de 18 años o mayores

0,38

0,486

0

1

Hijos de 18 años o mayores que trabajan

0,27

0,444

0

1

Pareja del jefe de hogar

0,69

0,461

0

1

Integrantes sin relación de parentesco

0,01

0,097

0

1

Otros familiares

0,24

0,429

0

1

Ascendientes

0,04

0,197

0

1

Parejas de los hijos

0,07

0,257

0

1

Otros descendientes

0,15

0,358

0

1

Mujeres menores de 41 años

0,37

0,4830

0

1

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2014.

Utilizamos principalmente variables categóricas por razones relacionadas con el procesamiento de datos. En los últimos años, el análisis de clases latentes se ha ampliado para incluir variables observables de escala mixta (nominales, ordinales, continuas y de conteo) y covariantes, así como para tratar con datos dispersos, soluciones de frontera y otras áreas problemáticas, pero el uso de datos categóricos tiene la ventaja de que no conlleva suposiciones sobre la distribución de los indicadores, más allá de la de la independencia local. En otras palabras, al utilizar datos categóricos, en lugar de suponer que las variables siguen una distribución particular dentro de las clases, como se hace únicamente con la edad del jefe de hogar, el análisis de clases latentes permite que las variables sigan cualquier distribución, siempre y cuando no estén relacionadas entre sí (sean independientes) dentro de las clases (Oberski, 2016), lo que reduce la carga computacional sobre los modelos y facilita su convergencia.

Todas las variables seleccionadas se utilizan normalmente en los trabajos sobre estructura familiar, solo que nunca al mismo tiempo. Centrarse en las mujeres de menos de 41 años puede parecer injustificado, dado que los estudios demográficos consideran que las mujeres de 49 años aún se encuentran dentro del rango de edad fértil. Sin embargo, la tasa de fecundidad de las mujeres mayores de 40 años es muy baja en la región[8]. En consecuencia, consideramos un umbral reproductivo más bajo (40 años) para centrarnos en los escenarios más comunes.

2. Metodología del análisis de clases latentes

Como se mencionó anteriormente, nuestra elección del análisis de clases latentes se basa en el hecho de que nos brinda la oportunidad de encontrar en nuestros datos estructuras de hogar homogéneas (clases) basadas en un amplio conjunto de características demográficas —que habitualmente se utilizan por separado para examinar una constelación de estructuras familiares teóricas—, y aprovechar al máximo la ENIGH de 2014 para evaluar la relación entre la estructura familiar y las asignaciones presupuestarias de los hogares.

A diferencia del análisis de conglomerados, en el que no existen índices ni pruebas estadísticas que permitan valorar el número de conglomerados, el análisis de clases latentes agrupa los casos en función de sus respuestas a un conjunto de variables categóricas observadas[9]. Mediante el enfoque de agrupación basado en el modelo de análisis de clases latentes, se identifican los conglomerados sobre la base de probabilidades de pertenencia a posteriori, lo que permite utilizar procedimientos estadísticos formales para evaluar el número más adecuado de conglomerados (Cortés y Vargas, 2016). Pueden consultarse más detalles sobre la estimación y su implementación en el programa Mplus (Muthén y Muthén, 2015) en Wang y Wang (2012) y Hagenaars y McCutcheon (2002). En el anexo A1 se proporciona el código de Mplus utilizado en nuestras estimaciones y una descripción de cada comando.

a) Parámetros estimados

Los puntos de partida para la clasificación son los patrones demográficos de los hogares observados en un conjunto de variables. En un análisis de clases latentes, las relaciones entre los perfiles demográficos se explican por la presencia de subpoblaciones a priori desconocidas (las clases latentes). En otras palabras, las diferencias individuales entre las variables demográficas de los hogares observadas se explican por la pertenencia a clases latentes diferentes, dado que cada clase presenta un perfil de respuesta distintivo y específico (Geiser, 2012).

Puesto que nuestro objetivo al utilizar este tipo de análisis es estimar el número y el tamaño de las clases latentes que componen la población en cuestión, es importante señalar que el número de clases necesario para que sea posible explicar adecuadamente los patrones de respuesta observados no es un parámetro del modelo que deba estimarse. En el análisis de clases latentes, por el contrario, el número de clases se determina generalmente por medio de ciertas comparaciones de modelos y criterios de ajuste. Distintos modelos con diferentes números de clases se ajustan al mismo conjunto de datos. Utilizando índices estadísticos, se compara el ajuste de cada uno de ellos y se selecciona el modelo con el mejor ajuste, si esta solución es también apropiada y fácilmente interpretable en términos de los parámetros estimados (Heck y Thomas, 2015).

El modelo matemático para el análisis de clases latentes mediante el cual estimamos las probabilidades de respuesta para la característica demográfica de cada hogar dada la clase latente y asignamos la pertenencia de los hogares de la población a una clase latente determinada puede expresarse de la siguiente manera.

Si p(Xvi = 1) denota la probabilidad incondicional de que un hogar v seleccionado al azar haya obtenido una puntuación de X = 1 en la característica demográfica del hogar i, i = 1,...,I (por ejemplo, hay al menos un niño menor de seis años en el hogar), entonces, esta probabilidad es:

En esta ecuación, el parámetro del tamaño de la clase πg indica la probabilidad incondicional de pertenecer a la clase latente (g = 1,...,G). El modelo estima la pertenencia a una clase para cada observación. Por lo tanto, la suma de todos los parámetros de tamaño de la clase es igual a 1:

El parámetro πig indica la probabilidad condicional de obtener una puntuación de 1 en el elemento i dada la pertenencia a la clase g:

πig = p(Xvi = 1|G = g)

Esta probabilidad a menudo se denomina probabilidad de respuesta condicional o de solución condicional. Por lo tanto, el modelo de análisis de clases latentes establece que la probabilidad de respuesta de un individuo para el elemento i depende tanto de las prevalencias de la clase latente como de las probabilidades de respuesta específica para la clase de la variable (Geiser, 2012). La probabilidad de observar un determinado vector de características se obtiene multiplicando todos los términos desde i = 1 hasta l. Los grados de libertad se calculan como el número de posibles patrones de características demográficas del hogar menos el número de parámetros estimados libremente menos uno. La estimación de parámetros se realiza normalmente utilizando un algoritmo de maximización de la esperanza (EM). En Collins y Lanza (2013) y Hagenaars y McCutcheon (2002), se pueden consultar descripciones más detalladas del modelo de análisis de clases latentes.

b) Determinación del número óptimo de clases latentes

Dado que el número de clases latentes en un modelo de análisis de clases latentes no es observable, no puede estimarse directamente a partir de un conjunto de datos determinado. Por lo tanto, el primer paso en nuestro análisis es determinar el número óptimo de clases que se han de analizar. Para determinar el número óptimo de estructuras familiares latentes, siguiendo una práctica común, hemos ajustado una serie de modelos de análisis de clases latentes, con un número cada vez mayor de clases latentes, comparando el modelo de clase k con el modelo de clase (k -1) de forma iterativa.

Siguiendo a Lo, Mendell y Rubin (2001) y a Cortés y Vargas (2016, págs. 62-63), hemos utilizado varios índices y estadísticos de ajuste del modelo para determinar el número de estructuras de hogar: logaritmo de verosimilitudes, criterio de información bayesiano (Schwarz, 1978) y cociente de verosimilitudes de Lo-Mendell-Rubin. Además, hemos examinado la calidad de las clasificaciones de pertenencia a clases latentes en cada uno de los siete modelos, teniendo en cuenta un criterio de entropía relativa (Wedel y Kamakura, 2000), que es una versión reescalada del de Celeux y Soromenho (1996); el tamaño relativo de la clase o el porcentaje de individuos en cada clase, y el rango de probabilidades de asignación a una de las clases latentes específicas de las exhibidas por los hogares. Además, para realizar nuestra elección, tomamos en cuenta también el significado teórico y la interpretabilidad de las clases estimadas en cada modelo a la luz del conocimiento socioantropológico acumulado sobre la demografía del país.

Hemos especificado hasta siete clases latentes[10]. En el cuadro 2 se presentan los índices y valores estadísticos de ajuste del modelo —de los que se desprende que el modelo con cinco clases es el mejor, dado que los valores más bajos de los índices de criterio de información (criterio de información bayesiano) indican un mejor ajuste del modelo—, así como la significación estadística de la prueba del cociente de verosimilitudes de Lo-Mendell-Rubin. Un valor de p significativo en dicha prueba (por ejemplo, p < 0,05) indica una mejora significativa del ajuste del modelo en el modelo de clase k, en comparación con el modelo de clase k-1.

Cuadro 2

Criterios para la selección del modelo con un número óptimo de clases latentes

Clase

-2xlog-L

Criterio de información bayesiano

Entropía

Tamaño relativo de la clase

(en porcentajes)

Rango de probabilidades

Cociente de verosimilitudes de Lo-Mendell-Rubin

1

405 456,99

405 557,48

-

-

-

-

2

364 779,87

364 980,85

0,875

44-56

0,96-0,97

p < 0,01

3

349 745,53

350 047,00

0,927

17-43

0,97-0,98

p < 0,01

4

341 930,67

342 332,62

0,943

16-39

0,95-0,99

p < 0,01

5

337 573,60

338 076,03

0,944

8-34

0,92-0,99

p < 0,01

6

333 366,83

333 969,75

0,907

10-28

0,89-0,98

p < 0,01

7

331 001,83

331 705,24

0,915

5-28

0,86-0,99

p < 0,01

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2014.

Nota: En el cuadro se muestran varios índices y valores estadísticos de ajuste para modelos con diferente número de clases latentes: el logaritmo de verosimilitudes y el criterio de información bayesiano en las columnas segunda y tercera, un criterio de entropía relativa en la cuarta columna, los rangos de los tamaños relativos de las clases y de las probabilidades de asignación a una clase latente específica en las columnas quinta y sexta, y el valor de p de la prueba del cociente de verosimilitudes de Lo-Mendell-Rubin en la última columna.

Además, dado que presenta el valor de entropía más alto (0,944) —los valores más cercanos a 1,0 indican una mejor clasificación, y un valor de entropía de 0,80 o más se considera adecuadamente elevado (Clark, 2010)— y su tasa de clasificación es aceptable —la regla general para determinar la aceptabilidad de la clasificación en una clase es que la probabilidad de una correcta asignación de pertenencia de clase sea de 0,70 o más (Nagin, 2005)—, así como el tamaño de sus clases latentes —para que la clasificación en una clase sea significativa, el tamaño relativo de cada clase latente no debe ser demasiado pequeño—, todo indica que el modelo de cinco clases es el que presenta un mejor ajuste. Igualmente importante en la selección del número de clases es su significado teórico a la luz de investigaciones cualitativas anteriores sobre modalidades de convivencia familiar, una interacción a la que nos referiremos en la siguiente sección.

C. Resultados

Las clases obtenidas a través del análisis de clases latentes ofrecen una suerte de mapa de familias de México, en el que se relacionan simultáneamente un gran conjunto de marcadores sociodemográficos que habitualmente se toman por separado para aportar contenido empírico basado en encuestas a las estructuras familiares teóricas. A diferencia de los trabajos anteriores sobre estructuras familiares en América Latina, aquí permitimos que las estructuras de hogar surjan de la correlación entre variables teóricamente relevantes para evaluar la diferencia en sus asignaciones presupuestarias, aprovechando así al máximo la varianza de la encuesta para analizar esta interacción en particular.

En el cuadro 3 se presentan los valores estadísticos descriptivos de las principales características demográficas (predictores de clase) por clase estimada de estructura de hogar.

Cuadro 3

México: perfil demográfico de las clases latentes de estructura de hogar, 2014

Clases

Variables

C1

C2

C3

C4

C5

(medias)

Tamaño de la clase en relación con la muestra completa (en porcentajes)

8

21

16

34

21

Jefe de hogar (cabeza de familia)

Sexo (1 = hombre; 0 = mujer)

0,31

0,69

0,63

0,96

0,72

Edad (en años)

33

64

58

36

54

Presencia en el hogar de (1 = sí; 0 = no)

Hijos menores de 6 años

0,19

0,00

0,02

0,52

0,04

Hijos de entre 6 y 11 años

0,35

0,01

0,07

0,57

0,15

Hijos de entre 12 y 17 años

0,30

0,08

0,20

0,38

0,35

Hijos de 18 años o mayores

0,04

0,04

1,00

0,04

1,00

Hijos de 18 años o mayores que trabajan

0,00

0,00

0,79

0,00

0,71

Pareja del jefe de hogar

0,01

0,51

0,62

1,00

0,71

Integrantes sin relación de parentesco

0,04

0,01

0,01

0,00

0,01

Otros familiares

0,21

0,18

1,00

0,09

0,00

Ascendientes (abuelos)

0,07

0,03

0,08

0,05

0,00

Parejas de los hijos

0,01

0,00

0,45

0,00

0,00

Otros descendientes (nietos)

0,00

0,09

0,84

0,00

0,00

Mujeres menores de 41 años

0,51

0,00

0,06

0,86

0,09

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2014.

En primer lugar, nuestros resultados indican que la edad del jefe de familia está efectivamente correlacionada con las modalidades de convivencia observadas en nuestros datos (ENIGH 2014). Este hecho empírico apoya los argumentos subyacentes en la mayor parte de los estudios económicos que se centran en la edad del individuo como indicador de los cambios que se dan en las modalidades y expectativas de convivencia a lo largo del curso de la vida de las personas. Esta correlación es razonable, por supuesto, ya que, a determinadas edades, es bastante improbable, y en algunos casos biológicamente imposible, que una persona viva con sus nietos. Sin embargo, la cuestión es más compleja, ya que el análisis empírico que asume implícitamente que la mayoría de los individuos atraviesan aproximadamente las mismas etapas en un curso de vida típico a aproximadamente las mismas edades ignora el hecho de que las personas de la misma edad pueden vivir en hogares bastante diferentes, como sugiere el desglose de las cinco categorías de modalidades de convivencia descritas en el cuadro 3 y la superposición en la distribución de la edad del jefe de hogar en cada clase (véase el gráfico 1).

Gráfico 1

México: distribución de los hogares por edad del jefe de hogar según clase, 2014

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2014.

La primera columna del cuadro 3, correspondiente a la clase 1 (C1), muestra la clase más pequeña estimada, que abarca aproximadamente el 8% de nuestra muestra (y representa 2,7 millones de hogares). En esta clase se incluyen hogares con un jefe de familia solo, de los cuales la mitad son madres solas (dos tercios de los hogares de la clase son encabezados por mujeres). Esta clase cuenta con los jefes de hogar más jóvenes en promedio, que no viven con prácticamente ningún niño mayor de 18 años, la mayoría de edad en México. En particular, más de una quinta parte de los jefes de hogar de esta clase vivían con algún otro pariente adulto (hogares extendidos). Esto concuerda con una conclusión general extraída de décadas de investigación sociodemográfica que indica que existe una mayor probabilidad de extensión en el caso de los hogares encabezados por mujeres que en el de los encabezados por hombres; es decir que, cuando la jefatura es femenina (mujeres sin pareja, con o sin hijos), en el hogar suelen vivir otros parientes (Chant, 1997 y 2007; Esteve, García-Román y Lesthaeghe, 2012; González de la Rocha, 1988).

La siguiente clase en lo que se refiere a la edad media del jefe de hogar es la 4 (C4), que es la clase más grande y abarca el 34% de los datos (10,8 millones de hogares). Esta es la clase de los hogares nucleares (tradicionales) encabezados por hombres, formados por una pareja con hijos a su cargo. Nueve de cada diez hogares de esta clase tienen hijos menores de edad y todavía están dentro del rango de edad fértil (el jefe de hogar o su pareja tienen menos de 40 años). Esta clase cuenta con la mayor proporción de niños menores de seis años (un 52%, comparado con el 19% de la primera clase). Estos son los hogares relativamente menos complejos en términos de su estructura, pues solo el 5% de ellos se extiende verticalmente para incluir a la generación ascendente (los padres del jefe de hogar o de su pareja).

A continuación, en la quinta columna del cuadro 3, se encuentra la clase 5 (C5), que abarca el 21% de los datos (y representa 6,6 millones de hogares). Esta es también la siguiente clase en lo que respecta a la edad media del jefe de hogar, y está constituida, en su mayoría, por hogares nucleares encabezados por hombres (en siete de cada diez casos). En todos estos hogares encontramos hijos mayores de 18 años, de los cuales siete de cada diez tienen trabajo. Sin embargo, a diferencia de los hogares de la clase 3, los de la clase 5 no se extienden verticalmente para incluir a más descendientes (nietos).

Por el contrario, este es precisamente el rasgo característico de la clase 3, que abarca el 16% de los datos de nuestra muestra (y representa a 5 millones de hogares). Al igual que en los hogares de la clase 5, en todos los hogares de la clase 3 podemos encontrar hijos del jefe de hogar mayores de 18 años, de los cuales aproximadamente ocho de cada diez trabajan. No obstante, en clara contraposición con aquellos, en el 84% de los hogares de la clase 3 también viven los nietos del jefe de hogar. Se trata de hogares relativamente más complejos que se han extendido verticalmente hacia abajo. Es importante señalar que solo alrededor de la mitad de los hogares con nietos incluyen también a la pareja de alguno de los hijos, lo que sugiere que la mitad de los nietos de estos hogares están siendo criados por un progenitor solo (sin pareja).

Por último, en la segunda columna del cuadro 3 se encuentra la clase 2. Esta clase incluye a los jefes de hogar de edad más avanzada en promedio, con los cuales no vive casi ninguno de sus hijos (uno de cada diez, en su mayoría menores de edad). Esta segunda clase abarca el 21% de la muestra (y representa 6,7 millones de hogares). Se trata de hogares que ya no están en absoluto en edad fértil, y solo en uno de cada diez de ellos encontramos nietos. Si sumamos el número de hijos y de nietos, casi dos de cada diez de estos hogares cuentan con un integrante menor de edad.

Estos resultados aportan más detalles sobre lo que se sabe que está sucediendo en la región. Al observar la evolución de las estructuras familiares en América Latina, Ullmann, Maldonado y Rico (2014) mostraron la importancia relativa que han adquirido desde 1990 las familias extendidas en México (donde constituyen más del 20% de todos los hogares) y el porcentaje cada vez mayor de hogares monoparentales (que representaban aproximadamente el 10% del total en 2010). Como se ha señalado anteriormente, nuestro enfoque nos permite ahora examinar la interacción de estos mismos marcadores en las modalidades de convivencia más prominentes —la presencia en el hogar de la pareja del jefe de hogar y de otros parientes— y otros indicadores de la estructura de los hogares. Si observamos las filas correspondientes en el cuadro 3, podemos añadir que estas tendencias reflejan el descenso del porcentaje de hogares nucleares biparentales, y que la mayoría de estos hogares extendidos (tres de cada cuatro) pertenecen a la clase 3, es decir, hogares extendidos verticalmente con una generación intermedia trabajadora. De esta manera, podemos ver (aproximadamente) el mismo porcentaje de hogares extendidos que informan Ullman, Maldonado y Rico, pero distribuidos entre las clases 1, 2 y 3, añadiendo la descripción anterior de estas clases al conocimiento empírico de esta estructura en particular.

Es importante señalar que, dado que la ENIGH no es una encuesta longitudinal, no podemos clasificar a los hogares de acuerdo con la evolución real que han experimentado a lo largo del tiempo, es decir, del curso de vida del jefe de hogar. En otras palabras, no podemos estudiar las asignaciones presupuestarias comparando clases de historias familiares o transiciones de la estructura familiar a lo largo del tiempo. Por lo tanto, aunque en investigaciones anteriores (Campos y Meléndez, 2013) se pudo abordar este análisis longitudinal mediante un panel sintético basado en las fechas de nacimiento de los jefes de hogar, para perfilar los ingresos y el consumo a lo largo de la vida de los individuos no podemos seguir su ejemplo, ya que, en nuestro enfoque, las clases están formadas por hogares, no por cohortes de edad de los jefes de hogar.

Sin embargo, podemos comenzar a analizar la relación entre las modalidades de convivencia y las asignaciones presupuestarias de manera transversal, observando los perfiles etarios de ahorro de los hogares mexicanos desglosados por estructura de hogar en el gráfico 3. Allí vemos casos bastante diferentes, imposibles de evaluar teniendo en cuenta únicamente la edad del jefe de hogar (véase el gráfico 2), incluso haciendo uso de medidas por adulto equivalente para tratar de capturar el efecto del tamaño del hogar al que pertenece el jefe de hogar —un perfil notablemente similar se puede encontrar en Attanasio y Székely (1999)—.

Gráfico 2

México: perfiles de ahorro monetario equivalente, 2014

(En miles de pesos mexicanos corrientes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2014.

Gráfico 3

México: perfiles de ahorro monetario equivalente por estructura de hogar latente, 2014

(En miles de pesos mexicanos corrientes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2014.

D. Discusión

La información contenida en los cuadros 4, 5 y 6 permite explorar en mayor profundidad los atributos de las clases para contar con una idea más precisa de las modalidades de convivencia familiar, al tiempo que muestra las variables que parecen críticas para el bienestar de hogares con distintas estructuras, ya que limitan y facilitan diversos conjuntos de estrategias de generación de ingresos entre sus miembros.

Cuadro 4

México: características socioeconómicas por estructura de hogar latente, 2014

Características

Clases

Nacional

C1

C2

C3

C4

C5

Tamaño del hogar (en número de personas)

2,6

2,0

5,9

4,2

3,8

3,8

Tasa de dependenciaa

2,6

0,6

3,9

4,4

1,6

1,8

Nivel de educación del jefe de hogar (en porcentajes)

Inferior a enseñanza secundaria

25,4

62,8

66,9

30,7

45,8

45,8

Primer ciclo de enseñanza secundaria

26,7

14,8

19,9

30,1

24,4

23,8

Segundo ciclo de enseñanza secundaria

47,9

22,3

13,4

39,2

29,8

30,4

Indígenab

7,1

7,5

9,6

8,3

6,6

7,9

Tamaño de la localidad (en porcentajes)

100 000 habitantes o más

55,2

47,8

49,6

46,6

54,9

49,8

De 15 000 a 99 999 habitantes

16,3

14,1

15,4

15,4

13,1

14,8

De 2 500 a 14 999 habitantes

10,9

14,1

15,9

12,9

12,9

13,5

2 500 habitantes o menos

17,6

23,9

19,0

25,1

19,0

22,0

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2014.

a Razón entre edad y población de las personas que normalmente no forman parte de la fuerza laboral (la parte dependiente de entre 0 y 14 años y más de 65 años de edad) y de aquellas que sí forman parte de la fuerza laboral (la parte productiva de entre 15 y 64 años de edad).

b Población hablante de alguna lengua indígena.

Cuadro 5

México: características del empleo por estructura de hogar latente, 2014

Características

Clases

Nacional

C1

C2

C3

C4

C5

Integrantes del hogar (en número de personas)

Ocupados

1,1

0,9

2,5

1,6

2,1

1,6

Receptores de ingresos

1,8

1,6

3,6

2,3

2,6

2,4

Jefe de hogar (en porcentajes)

Ocupación

No manual cualificada

25,3

17,7

11,3

20,9

21,5

19,6

No manual no cualificada

23,1

15,6

15,4

13,5

14,8

15,2

Manual cualificada

18,7

13,4

17,4

21,7

19,3

19,0

Manual no cualificada

32,8

52,7

55,6

43,1

44,0

45,6

Trabajo con contrato

52,6

41,4

42,1

50,6

51,3

48,8

Seguridad social

36,4

15,9

19,3

42,1

28,1

29,6

Pareja del jefe de hogar (en porcentajes)

Ocupado

-

35,4

40,0

48,6

45,9

44,8

Ocupación

No manual cualificada

-

16,7

9,2

21,1

17,5

18,3

No manual no cualificada

-

28,1

26,5

26,5

28,4

27,1

Manual cualificada

-

10,3

13,1

14,9

12,3

13,5

Manual no cualificada

-

44,8

50,8

37,1

41,3

40,7

Trabajo por contrata

-

48,6

40,3

54,4

47,4

50,9

Razón de la inactividad económica

Búsqueda de empleo

-

1,0

0,5

1,6

1,6

1,3

Jubilación

-

7,9

3,9

0,1

5,1

3,1

Labores domésticas

-

85,5

90,2

96,5

90,7

92,4

Estudios

-

0,6

0,6

1,0

0,5

0,8

Discapacidad

-

2,6

2,9

0,1

1,6

1,3

Otras razones

-

2,4

1,9

0,7

0,6

1,2

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2014.

Cuadro 6

México: ingreso corriente trimestral por estructura de hogar latente, 2014

(En pesos mexicanos y porcentajes)

Componentes

Clases

Nacional

C1

C2

C3

C4

C5

Ingreso y ahorro (en pesos mexicanos)

Ingreso corriente

32 469

31 988

43 785

37 729

50 781

39 742

Ingreso corriente equivalente

22 851

24 140

18 553

19 388

26 750

22 070

Ahorro en efectivo

5 764

10 817

13 730

7 203

15 440

10 582

Ahorro en efectivo equivalente

4 210

8 144

5 777

3 772

8 233

5 969

Distribución de los ingresos corrientes equivalentes por deciles (en porcentajes)

I

11,3

11,6

6,8

12,4

6,3

10,0

II

8,8

11,5

8,4

12,0

7,0

10,0

III

9,8

9,6

9,9

11,8

7,7

10,0

IV

9,9

9,1

11,0

11,0

8,5

10,0

V

8,9

8,9

11,9

10,8

8,8

10,0

VI

9,7

8,5

12,2

9,5

10,8

10,0

VII

9,1

9,0

12,4

8,5

12,0

10,0

VIII

7,6

9,8

12,1

8,2

12,5

10,0

IX

12,0

9,9

10,0

7,9

12,7

10,0

X

12,8

12,3

5,4

7,8

13,6

10,0

Transferencias (en pesos mexicanos)

8 402

9 571

7 158

2 570

6 547

6 081

Hogares con transferencias (en porcentajes)

73,3

80,8

78,6

61,8

65,9

70,3

Pensiones de jubilación

8,8

25,7

20,6

1,8

14,9

13,1

Becas

5,0

1,0

4,6

4,2

6,4

4,1

Regalos

31,9

28,7

23,9

10,7

14,3

19,1

Remesas

7,4

6,2

4,4

2,1

3,6

4,1

Gubernamentales

17,2

38,4

40,0

23,1

26,2

29,1

En especie (entre hogares)

43,2

44,0

26,1

30,5

26,3

32,9

En especie (de instituciones)

17,0

23,5

28,5

23,8

19,2

22,9

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2014.

Lo primero que cabe mencionar es que los hogares más jóvenes se concentran en los deciles de ingresos y gastos más bajos —las clases 1 y 4—. En estos casos, está claro que la acumulación de recursos es bastante difícil para los hogares recién formados, dado que la fase expansiva[11] por la que atraviesan estas familias, caracterizada por la participación de los niños en la etapa obligatoria del sistema escolar, resulta particularmente exigente para estas familias (González de la Rocha, 1994; Villagómez, 2006). Es lógico que los hogares con más niños menores de 6 años tengan más dificultades para acumular ahorros. Ambas clases presentan la tasa de dependencia más elevada[12].

Sin embargo, incluso en el caso de estas clases más jóvenes, el perfil de ahorro difiere considerablemente: la clase 1 (hogares con un único jefe) presenta una tasa de ahorro más elevada y un perfil más estable. En este caso, existen diferencias importantes entre ambas clases en lo que respecta al sexo del jefe de hogar: la clase 4 representa un tipo de familia que puede considerarse “tradicional” en la región (aunque solo representa un tercio de los hogares de la muestra): jefatura masculina, biparental, nuclear y de tamaño apenas superior a la media. La clase 1, por otra parte, se compone principalmente de hogares pequeños, monoparentales y encabezados por mujeres jóvenes que, en uno de cada cinco casos, albergan estructuras familiares extendidas —se trata del porcentaje más alto de todas las clases, el doble que los de la clase 4—. Como se ha señalado anteriormente, la ausencia de la pareja del jefe de hogar constituye la diferencia sustantiva entre estas clases. Esto demuestra que el desempeño económico de los hogares con jefatura femenina no es necesariamente peor que el de los hogares encabezados por hombres; su menor tamaño y la presencia de otros parientes son factores que probablemente actúan a su favor. Sin embargo, destaca el hecho de que solo el 15% de las madres solas de la clase 1 vive en hogares extendidos, lo que sugiere que es muy posible que la jefatura femenina dependa de los ingresos y su prevalencia aumente con el nivel de vida. Sin negar que la pobreza es un fenómeno complejo que presenta un sesgo de género, nuestros resultados apuntan a la existencia de una diversidad entre las mujeres que merece atención (véase Chant, 2007).

También vemos marcadas diferencias en lo que respecta al perfil de ahorro de las clases 2, 3 y 5. De este modo, los hogares situados en los deciles de ingresos y gastos más elevados —las clases 2 y 5— tienen en común el hecho de encontrarse en una etapa avanzada del ciclo doméstico, lo que favorece la presencia de una mayor fuerza de trabajo —en la clase 5— o, al menos, tiende a reducir la presencia de dependientes en edad escolar —es el caso de la clase 2—. Se trata, por lo general, de hogares nucleares, con un tamaño igual o inferior a la media nacional (cuatro miembros), cuya estructura les permite mantener tasas de dependencia relajadas. Es importante señalar, sin embargo, que es la clase 5 la que exhibe, con creces, la mayor capacidad para generar ahorros. La casi total ausencia de niños menores de 6 años, unida a la presencia de un hijo adulto del jefe de hogar como asalariado adicional, supone una diferencia abismal en términos de ahorro.

Entre las clases 3 y 5, en lo que se refiere a la capacidad de generar ahorros, se encuentra la clase 2, la clase de edad más avanzada en promedio, cuyos hogares son los más pequeños y no cuentan con prácticamente ningún niño. Más de un tercio de estos hogares son unipersonales, y una quinta parte vive en un hogar de extensión horizontal; es decir, con otro adulto que no es su pareja. También en una fase consolidada del ciclo doméstico se encuentra la clase 3, pero, a diferencia de las clases 2 y 5, está conformada por hogares extendidos más grandes en los que la familia procreada por los hijos del núcleo conyugal original se añade a la unidad familiar. En esta clase, el aumento de la fuerza laboral viene acompañado de una nueva generación más joven de consumidores (en contraposición a los productores), lo que añade más restricciones a las asignaciones presupuestarias de los hogares.

A diferencia de la clase 5, aunque la clase 3 tiene básicamente la misma prevalencia de hijos adultos que de asalariados adicionales, la presencia de nietos del jefe de hogar hace que presente las tasas y el perfil de ahorro más bajos de las clases con jefes de hogar de mediana edad. Se trata de un tipo diferente de progenitores solos: padres más jóvenes sin pareja que terminan viviendo con sus respectivos padres en lugar de formar sus propios hogares. Este podría ser el caso de hogares (o subfamilias) incrustados (escondidos, disfrazados, sumergidos u ocultos) que la encuesta no identifica adecuadamente como tales. También es importante señalar que en estas tres clases —la 2, la 3 y la 5— predomina la jefatura masculina, aunque, en alrededor de un tercio de los casos, la jefa de hogar es mujer. En cualquier caso, al ser similar en los tres escenarios, esta variable no parece marcar una clara diferencia.

Como se ha señalado anteriormente, existe, en efecto, una estrecha vinculación entre la edad del jefe de hogar y las modalidades de convivencia, que también están relacionadas con la capacidad de las familias para generar ingresos y ahorros. Sin embargo, los resultados muestran que este enfoque es insuficiente para comprender el rendimiento económico de algunas modalidades de convivencia familiar, principalmente de las familias monoparentales o extendidas, en las cuales se combinan características de diferentes fases del ciclo doméstico que afectan a la relación entre proveedores y consumidores.

Estos resultados también concuerdan con investigaciones anteriores. Combinando el análisis de tres tipologías diferentes según la estructura familiar (siete categorías), la etapa del ciclo de vida (seis categorías) y la composición generacional (cinco categorías), con minuciosas intersecciones sistemáticas según jefatura femenina y vulnerabilidad, Ullman, Maldonado y Rico (2014) concluyen, sobre la base de un profundo conocimiento experto, que, en torno a 2010, los hogares mexicanos con hijos menores de edad exhibían mayor vulnerabilidad. Al automatizar esta búsqueda exhaustiva, en este artículo hemos mostrado estas mismas regularidades de la encuesta que, de otra manera, serían difíciles de encontrar, como la composición generacional y las etapas del ciclo de vida principales de las familias extendidas que obtenemos al observar las diferencias entre las clases 1, 2 y 3. También Landy Sánchez y Ana Scoto (2017), sobre la base de las relaciones de parentesco, señalaron la particular vulnerabilidad de los hogares multigeneracionales —nuestra clase 3 con diferencia—. Aquí podemos añadir a su correcta descripción la composición de edad más probable de estos hogares en la encuesta y, como se discutió anteriormente, la manera en que esta se relaciona con su vulnerabilidad, en contraste con otras modalidades de convivencia significativas en México.

La caracterización posterior de las clases proporciona aún más elementos para comprender cómo las características sociodemográficas de los hogares interactúan con otros aspectos relevantes para su bienestar. Un hallazgo importante de este análisis tiene que ver con la participación en la fuerza laboral del jefe de hogar. El mercado laboral mexicano es predominantemente precario y se concentra en ocupaciones de baja cualificación y remuneración, alta informalidad e inestabilidad laboral, lo que se refleja en los bajos porcentajes de población con acceso a contratos laborales y prestaciones laborales como servicios de salud y seguridad social. Los jefes de los hogares de edad más avanzada tienden a concentrarse en estas actividades, si bien los jefes de hogares más jóvenes y con mayor nivel educativo, a pesar de contar con mayor presencia en ocupaciones de mayor cualificación y reconocimiento social —el predominio de jefas de hogar jóvenes en la clase 1 llama la atención—, también trabajan en actividades manuales en proporciones importantes. La ocupación de las parejas de los jefes de hogar, que son predominantemente mujeres, sugiere que la distribución del trabajo remunerado es similar, aunque considerablemente mayor en las actividades relacionadas con los servicios personales, las ventas o la asistencia en tareas administrativas, sectores especialmente feminizados (véase el cuadro 5).

Este entorno económico sugiere que, si bien existen algunas diferencias entre las clases, el beneficio que los hogares obtienen de su participación en el mercado laboral depende del número de integrantes del hogar que participan plenamente, y no tanto de la calidad del empleo per se. Como ya se ha señalado, el ciclo doméstico desempeña un papel fundamental en este proceso, ya que la capacidad de los hogares para proporcionar mano de obra depende en gran medida de la fase en la que se encuentran, así como de otros aspectos de su estructura y composición.

Otro elemento que contribuye significativamente al rendimiento económico de los hogares es la recepción de transferencias, ya sean públicas o privadas, monetarias o en especie. En México, siete de cada diez hogares reciben algún tipo de transferencia que, en promedio, representa casi un tercio de sus ingresos corrientes (véase el cuadro 6). Las clases estimadas confirman la importancia de las transferencias para ciertos tipos de estructura familiar. Es el caso de las clases con jefes de hogar de edad más avanzada —las clases 2 y 3— y de la clase que concentra a los hogares encabezados por mujeres —la clase 1—, en las cuales las transferencias representan alrededor del 40% de los ingresos familiares. Sin embargo, el análisis de la composición de este tipo de ingresos muestra que, en el caso de las clases 2 y 3, la mayor parte de las transferencias proceden de pensiones de jubilación, lo que concuerda con la edad de los jefes de hogar.

Mientras tanto, las principales transferencias en los hogares encabezados por mujeres jóvenes son regalos recibidos de otros hogares y donaciones monetarias, ya sean de otros hogares o de instituciones privadas[13]. Este hecho muestra la importancia de las redes sociales de intercambio, familiares o no familiares, para estos hogares. Es interesante señalar que la clase 1 es la que presenta el porcentaje más bajo de hogares afiliados a programas sociales (17%). Esto puede deberse a la dificultad que experimentan algunos jefes de hogar para participar en determinados programas que exigen tiempo y participación como parte de las corresponsabilidades que deben cumplir los beneficiarios (véase López y Salles, 2006). Por el contrario, la clase 3, que se distingue por incluir hogares con familias más numerosas —de incluso hasta tres generaciones—, presenta el porcentaje más elevado de percepción de transferencias de programas sociales e instituciones públicas, las cuales representan el 10% de sus ingresos trimestrales (véase el cuadro 6).

Esta regularidad es relevante para la política social mexicana. En la literatura científica, se ha señalado repetidamente que los hogares encabezados por mujeres, en particular por madres solas, pueden representar una parte importante de la población que necesita asistencia social (Ullmann, Maldonado y Rico, 2014) y, sin embargo, parece que les resulta difícil acceder a los programas sociales. Comprender las estructuras de los hogares y cómo estas condicionan la capacidad de ceñirse a la política social es crucial para el diseño de políticas, sobre todo porque el hogar suele ser la unidad de intervención de la política social. Aquí también nuestros resultados se suman a un ya amplio conjunto de pruebas empíricas sobre la necesidad de cambiar la estructura de hogar monolítica (tradicional) que dan por sentada la mayor parte de las políticas públicas (Arriagada, 2007; Arriagada y Aranda, 2004; Lerner y Melgar, 2010).

Como vemos, el bienestar de las familias depende tanto de sus propias características como de las oportunidades ofrecidas por el entorno. Determinadas estructuras familiares —no tan jóvenes, con más proveedores que consumidores— brindan a los hogares más flexibilidad y capacidad de adaptación a las condiciones económicas, pero gran parte de ello depende de la viabilidad de las diferentes estrategias de generación de ingresos en un contexto socioeconómico específico (González de la Rocha, 2001). Una vez más, podemos ver que los enfoques empíricos que se centran exclusivamente en la edad del jefe de hogar, como aproximación a las diferentes modalidades de convivencia y expectativas a lo largo del curso de la vida de una persona pueden, de hecho, proporcionar una idea de la capacidad del individuo de obtener los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades, pero pierden la oportunidad de utilizar un conjunto de variables que son importantes para la organización de la subsistencia de las familias, ya que afectan directamente a su estructura y composición.

Es preciso recordar que los perfiles mostrados en el gráfico 3 no corresponden a los mismos hogares analizados a lo largo del tiempo; ni siquiera al mismo jefe de hogar promedio, como ocurre en pseudopaneles como los utilizados en Campos y Meléndez (2013), Ceballos (2018) y Villeda y Nava (2019). Nuestro análisis es transversal en su conjunto y, en este sentido, no identificamos clases de ciclos de vida de los hogares. Para ello necesitaríamos una fuente de datos diferente. Dicho esto, ¿qué podemos inferir en este contexto de las diferentes pendientes de las curvas del gráfico 3?

Por muy relevante que resulte la estructura de los hogares para explicar los diferentes perfiles de ahorro, en el gráfico 3 se observa que no todas las diferencias entre hogares se derivan de las distintas etapas del ciclo doméstico. Es sin duda interesante que la clase más acomodada en términos de ahorro sea la que presenta el patrón que esperan los economistas que defienden la hipótesis del ingreso permanente a lo largo del ciclo de vida: individuos que acumulan cuando ganan y desahorran cuando se jubilan, a fin de poder mantener un estilo de vida estable. Por otro lado, lo que los hogares de la clase 3 podrían estar exhibiendo es el mismo comportamiento individual en generaciones superpuestas, mientras que en la clase 2 podríamos estar observando un tipo de ahorro preventivo, como respuesta natural a la incertidumbre sobre los ingresos futuros en un contexto en el que una parte significativa de los ingresos de la persona proviene de transferencias gubernamentales (Velandia y Van Gameren, 2016).

Sin duda, es necesario realizar más estudios con datos longitudinales si queremos corroborar lo que en este momento son poco más que conjeturas sobre el marco de ciclo de vida e ingreso permanente. No obstante, creemos que hemos conseguido demostrar que la misma cantidad de dinero (ingreso, gasto o ahorro) bien puede indicar niveles de bienestar muy distintos entre hogares con jefes de la misma edad, o incluso del mismo tamaño, una vez que se tienen en cuenta las diferentes relaciones de dependencia económica que existen entre sus integrantes. Cuanto antes tome nota de este simple hecho la investigación empírica sobre el comportamiento económico básico, mejor será nuestra comprensión de estas importantes cuestiones.

E. Conclusiones

Nuestro argumento es sencillo: la integración de conocimientos antropológicos y sociológicos de larga data en el estudio del comportamiento económico básico puede reportar grandes beneficios tanto en términos de investigación académica empírica como de conocimientos útiles para un mejor diseño de las políticas públicas. Para respaldar nuestra afirmación, hemos mostrado que la inclusión explícita de la estructura de los hogares al elaborar los perfiles de asignación presupuestaria de los hogares en un marco de ciclo de vida e ingreso permanente proporciona conocimientos útiles sobre la heterogeneidad que subyace a los promedios nacionales habituales.

Este tipo de análisis de heterogeneidad que surge del conocimiento socioantropológico tiene más capacidad para servir de base a las políticas públicas en lo que respecta a su efecto sobre la demanda de servicios de apoyo económico y social de grupos específicos de población. Como hemos demostrado, es muy probable que las decisiones económicas básicas dependan en gran medida de la dinámica de las modalidades de convivencia familiares y domésticas. Como estas median entre los individuos y el mercado, representan una oportunidad de intervención para las políticas públicas (Arriagada, 2007; Arriagada y Aranda, 2004; González de la Rocha, 2001; Lerner y Melgar, 2010) que busquen afectar los márgenes extensivo e intensivo de la oferta de mano de obra a lo largo del tiempo (Chant, 1991).

También hemos mostrado cómo el análisis de clases latentes —las técnicas avanzadas de modelado de ecuaciones estructurales en general— puede ayudar a los investigadores a incorporar el conocimiento socioantropológico en sus análisis econométricos. En concreto, lo vemos como una forma fructífera de comenzar a realizar no solo análisis de heterogeneidad, sino también inferencias causales, el elemento principal de la evaluación de programas.

En resumen, una moraleja sencilla para los especialistas sería que acercarse a la investigación cualitativa a través del análisis de clases latentes proporciona un nuevo prisma para descomponer los resultados promedio macroeconómicos en la investigación empírica econométrica. Además, existe la posibilidad de que se produzca un intercambio de ideas fructífero entre las disciplinas económicas y las socioantropológicas, que podría retroalimentar sus esfuerzos de conceptualización. Mediante el análisis de clases latentes, los datos de las encuestas también pueden contribuir a la investigación cualitativa empírica. Poder distinguir relaciones potencialmente generalizables entre las variables de las encuestas puede servir para diseñar de manera heurística estudios de caso o estimular la imaginación a fin de anticipar problemas generales y posibles soluciones teóricas, e incluso llegar a elaborar constructos teóricos preliminares que integren plenamente técnicas de análisis cualitativas y cuantitativas. Nótese que, con el análisis de clases latentes, la agrupación y la estimación de los efectos de las covariantes en la pertenencia a una clase pueden llevarse a cabo simultáneamente, lo que permite realizar clasificaciones de manera menos pasiva, buscando deliberadamente configuraciones relevantes para resultados específicos[14].

Alguien podría argumentar que este enfoque puede hacer retroceder el progreso teórico logrado gracias a años de investigación cualitativa, mezclando lo que llevó tanto tiempo desentrañar e introduciendo ruido en la destilación de ideas y conceptos conseguida con tanto esfuerzo. No estamos de acuerdo con esa opinión.

En primer lugar, no afirmamos poder brindar una imagen más objetiva de las familias de la sociedad mexicana que la que ofrecen otros estudios empíricos o de otro tipo. Es decir, no es nuestra intención decir que, mediante el análisis de clases latentes, hemos limpiado de toda mancha teórica nuestras observaciones empíricas. De ninguna manera proponemos abrogar años de valiosa investigación empírica basada en encuestas sobre las modalidades de convivencia en México. Más bien, nos valemos de estudios cualitativos anteriores en gran medida para dar forma a nuestros modelos estadísticos e interpretar nuestros resultados.

Proponemos el análisis de clases latentes como una metodología productiva que puede incluirse en la caja de herramientas de los estudiosos que se dediquen a buscar relaciones estadísticas basadas en la econometría e informadas por estudios cualitativos; una herramienta que resultará aún más útil a medida que avancemos hacia la investigación empírica basada en macrodatos y computadores cada vez más rápidos. Reconocemos, sin embargo, que la investigación estadística plantea sus propios problemas, confundiendo a veces la significación estadística con la relevancia teórica, lo que puede llevar a la investigación empírica por el mal camino. Creemos que en este estudio hemos logrado evitar esta zona de peligro, pero dejemos que la comunidad científica lo juzgue.

Con respecto a nuestro aporte a los estudios sobre el ciclo de vida en México, admitimos que nuestro enfoque en este documento se basa en una instantánea de una muestra representativa de hogares mexicanos en un momento dado y, por lo tanto, no puede contribuir al contenido empírico de las hipótesis de ciclo de vida e ingreso permanente. Desde este punto de vista, solo podemos hacer conjeturas sobre la manera en que los hogares se mueven realmente de una etapa de la vida a otra. Sin embargo, un ejercicio diferente podría ayudarnos a predecir etapas futuras a partir de las etapas actuales, mediante la estimación de las probabilidades de transición con datos longitudinales como los de Du y Kamakura (2006), que se valen del estudio de panel de la dinámica del ingreso —Panel Study of Income Dynamics (PSID)— de los Estados Unidos. Queda pendiente explorar esta posibilidad.

Consideramos este enfoque de clases latentes para el análisis de la heterogeneidad como una solución empírica capaz de evaluar los efectos de la estructura familiar sobre las decisiones económicas fundamentales, especialmente porque no parece haber una manera fácil de que el modelado de ciclo de vida incorpore las dinámicas del ciclo doméstico (Browning, Chiappori y Weiss, 2014). Además, este enfoque se puede combinar fácilmente con el análisis de descomposición (Fortin, Lemieux y Firpo, 2011) para abordar cuestiones de inferencia causal.

Sin duda, no es esta la única forma en que la investigación empírica basada en la econometría puede beneficiarse del conocimiento socioantropológico, pero ciertamente se trata de una oportunidad desperdiciada en los trabajos empíricos sobre el ciclo de vida y el ingreso permanente.

Bibliografía

Arriagada, I. (coord.) (2007), Familias y políticas públicas en América Latina: una historia de desencuentros, Libros de la CEPAL, Nº 96 (LC/G.2345-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Arriagada, I. y V. Aranda (comps.) (2004), “Cambio de las familias en el marco de las transformaciones globales: necesidad de políticas públicas eficaces”, serie Seminarios y Conferencias, Nº 42 (LC/L.2230-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Attanasio, O. y M. Browning (1995), “Consumption over the Life Cycle and over the Business Cycle”, The American Economic Review, vol. 85, Nº 5, diciembre.

Attanasio, O. y M. Székely (1999), “Ahorro de los hogares y distribución del ingreso en México”, Economía Mexicana, vol. 8, Nº 2.

Attanasio, O. y G. Weber (2010), “Consumption and saving: models of intertemporal allocation and their implications for public policy”, Journal of Economic Literature, vol. 48, Nº 3, septiembre.

Banegas, I. (2018), “Lo fugitivo permanece y dura: reexaminar los conceptos de racionalidad tecnocrática y racionalidad política, a propósito del programa Progresa/Oportunidades”, Temas de política social de México de América Latina, F. Cortés (coord.), Ciudad de México, El Colegio de México.

____(2010), “La ilusión tecnocrática en la política social: Progresa-Oportunidades”, tesis de doctorado, Ciudad de México, El Colegio de México.

Browning, M., P. Chiappori e Y. Weiss (2014), Economics of the Family, Cambridge, Cambridge University Press.

Caces, M. y otros (1985), “Shadow households and competing auspices: migration behavior in the Philippines”, Journal of Development Economics, vol. 17, Nº 1-2, febrero.

Campos, R. y Á. Meléndez (2013), “Una estimación semiparamétrica de las pautas de consumo e ingreso a lo largo del ciclo de vida para México”, El Trimestre Económico, vol. 80, Nº 320, diciembre.

Ceballos, O. (2018), “Perfiles de ahorro y pago de deuda en el ciclo de vida de los hogares mexicanos”, El Trimestre Económico, vol. 85, Nº 338, junio.

Celeux, G. y G. Soromenho (1996), “An entropy criterion for assessing the number of clusters in a mixture model”, Journal of Classification, vol. 13, Nº 2, septiembre.

Chant, S. (ed.) (2011), The International Handbook of Gender and Poverty: Concepts, Research, Policy, Cheltenham/Northampton, Edward Elgar Publishing.

____(2007), Gender, Generation and Poverty: Exploring the 'Feminisation of Poverty' in Africa, Asia and Latin America, Cheltenham/Northampton, Edward Elgar Publishing.

____(1997), Women-Headed Households: Diversity and Dynamics in the Developing World, Basingstoke, McMillan Press LTD.

____(1991), Women and Survival in Mexican Cities: Perspectives on Gender, Labour Markets and Low-Income Households, Manchester, Manchester University Press.

Chayanov, A. (1966), “Peasant farm organization”, The Theory of Peasant Economy, D. Thorner, B. Kerblay y R. Smith (eds.), Illinois, Richard D. Irwing, Inc.

Child Trends (2015), World Family Map 2015: Mapping Family Change and Child Well-being Outcomes [en línea] https://www.childtrends.org/wp-content/uploads/2015/09/2015-39WorldFamilyMap2015.pdf.

Clark, S. (2010), “Mixture modeling with behavioral data”, ProQuest Dissertations & Theses Global, Nº 230964800, Los Ángeles, Universidad de California.

Collins, L. y S. Lanza (2013), Latent Class and Latent Transition Analysis: With Applications in the Social, Behavioral, and Health Sciences, Hoboken, John Wiley & Sons.

Cortés, F. y O. Cuéllar (coords.) (1990), Crisis y reproducción social: los comerciantes del sector informal, Ciudad de México, Miguel Ángel Porrúa/Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Cortés, F. y D. Vargas (2016), Dos décadas de marginación en México: un enfoque longitudinal, Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Du, R. y W. Kamakura (2006), “Household life cycles and lifestyles in the United States”, Journal of Marketing Research, vol. 43, Nº 1, febrero.

Esteve, A., J. García-Román y R. Lesthaeghe (2012), “The family context of cohabitation and single motherhood in Latin America”, Population and Development Review, vol. 38, Nº 4, diciembre.

Fiszbein, A. y N. Schady (2009), Conditional cash transfers: reducing present and future poverty, Washington, D.C., Banco Mundial.

Fontaine, L. y J. Schlumbohm (eds.) (2000), Household strategies for survival 1600-2000: fission, faction and cooperation, Cambridge, Cambridge University Press.

Fortin, N., T. Lemieux y S. Firpo (2011), “Decomposition methods in economics”, Handbook of Labor Economics, vol. 4, parte A, Amsterdam, Elsevier.

Friedman, M. (1957), A Theory of the Consumption Function, Princeton, Princeton University Press.

Geiser, C. (2012), Data Analysis with Mplus, Nueva York, Guilford Press.

Goldscheider, C. (1992), Fertility Transitions, Family Structure, and Population Policy, Boulder, Westview Press.

González de la Rocha, M. (2001), “From the resources of poverty to the poverty of resources?: the erosion of a survival model”, Latin American Perspectives, vol. 28, Nº 4, julio.

____(1994), The Resources of Poverty: Women and Survival in a Mexican City, Oxford/Cambridge, Blackwell.

____(1988), “Economic crisis, domestic reorganisation and women’s work in Guadalajara, Mexico”, Bulletin of Latin American Research, vol. 7, Nº 2.

____(1986), Los recursos de la pobreza: familias de bajos ingresos de Guadalajara, Colección Estudios Sociales, vol. 3, Guadalajara, El Colegio de Jalisco/Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

Guo, S. y M. Fraser (2014), Propensity Score Analysis: Statistical Methods and Applications, Advanced Quantitative Techniques in the Social Sciences, vol. 11, Thousand Oaks, SAGE Publishing.

Hagenaars, J. y A. McCutcheon (eds.) (2002), Applied Latent Class Analysis, Cambridge, Cambridge University Press.

Heck, R. y S. Thomas (2015), An Introduction to Multilevel Modeling Techniques: MLM and SEM Approaches Using Mplus, Abingdon, Routledge.

Jacobsen, L., M. Mather y G. Dupuis (2012), “Household change in the United States”, Population Bulletin, vol. 67, Nº 1, septiembre.

Lerner, S. y L. Melgar (coords.) (2010), Familias en el siglo XXI: realidades diversas y políticas públicas, Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)/El Colegio de México.

Lo, Y., N. Mendell y D. Rubin (2001), “Testing the number of components in a normal mixture”, Biometrika, vol. 88, Nº 3, octubre.

Lloyd, C. (1999), “Household structure and poverty: what are the connections?”, Population and Poverty in Developing Countries, M. Livi-Bacci y G. De Santis (eds.), Wotton-under-Edge, Clarendon Press.

López, M. y V. Salles (coords.) (2006), El Programa Oportunidades examinado desde el género, Ciudad de México, Editorial Sestante.

Mejía, I. (2008), “Ciclo de vida económico en México”, La Situación Demográfica de México 2008, Ciudad de México, Consejo Nacional de Población (CONAPO).

Modigliani, F. y R. Brumberg (1954), “Utility analysis and the consumption function: an interpretation of cross-section data”, Post Keynesian Economics, K. Kurihara (ed.), New Brunswick, Rutgers University Press.

Morgan, S. y C. Winship (2014), Counterfactuals and Causal Inference: Methods and Principles for Social Research, Cambridge, Cambridge University Press.

Muthén, L. y B. Muthén (2015), Mplus: Statistical Analysis with Latent Variables. User’s Guide, séptima edición, Los Ángeles, Muthén & Muthén.

Nagin, D. (2005), Group-Based Modeling of Development, Cambridge, Harvard University Press.

Nava, I. (2013), “Actividades de cuidado, mercado de trabajo remunerado y ciclo de vida familiar en las mujeres urbanas de México”, Los cuidados y el trabajo en México: un análisis a partir de la Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social (ELCOS) 2012, Cuadernos de Trabajo, Nº 40, E. Pacheco (coord.), Ciudad de México, Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).

Oberski, D. (2016), “Mixture models: latent profile and latent class analysis”, Modern Statistical Methods for HCI, J. Robertson y M. Kaptein (eds.), Nueva York, Springer.

OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos) (s/f), “What are equivalence scales?” [en línea] http://www.oecd.org/eco/growth/OECD-Note-EquivalenceScales.pdf.

Ponce, R. (2003), “Restricciones de liquidez, canal de crédito y consumo en México”, Economía Mexicana. Nueva Época, vol. 12, Nº 1.

Sánchez, L. y A. Escoto (2017), “Arreglos residenciales multigeneracionales y pobreza en México”, Coyuntura Demográfica, Nº 12.

Schwarz, G. (1978), “Estimating the dimension of a model”, The Annals of Statistics, vol. 6, Nº 2, marzo.

Selby, H., A. Murphy y S. Lorenzen (1990), The Mexican Urban Household: Organizing for Self-Defense, Austin, University of Texas Press.

Sigle-Rushton, W. y S. McLanahan (2002), “The living arrangements of new unmarried mothers”, Demography, vol. 39, Nº 3, agosto.

Singh, N. (2002), Population and Poverty, Nueva Delhi, Mittal Publications.

Ullmann, H., C. Maldonado y M. Rico (2014), “La evolución de las estructuras familiares en América Latina, 1990-2010: los retos de la pobreza, la vulnerabilidad y el cuidado”, serie Políticas Sociales, Nº 193 (LC/L.3819), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Velandia, D. y E. van Gameren (2016), “Precautionary savings in Mexico: evidence from the Mexican Health and Aging Study”, The Review of Income and Wealth, vol. 62, Nº 2, junio.

Villagómez, F. y A. Zamudio (2000), “A dynamic analysis of household decision-making: the Mexican case”, Research Network Working Paper, Nº R-415, Nueva York, Red de Centros de Investigación de América Latina y el Caribe, Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Villagómez, P. (2006), “Punto de partida: vulnerabilidad y potencialidades de los hogares en expansión”, Procesos domésticos y vulnerabilidad: perspectivas antropológicas de los hogares con Oportunidades, M. González de la Rocha, Ciudad de México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS)/Publicaciones de la Casa Chata.

Villeda, M. e I. Nava (2019), “Hipótesis del ciclo de vida en México: un análisis del ingreso por género”, Problemas del Desarrollo, vol. 50, Nº 197, junio.

Wang, J. y X. Wang (2012), Structural Equation Modeling: Applications Using Mplus, Hoboken, John Wiley & Sons.

Wedel, M. y W. Kamakura (2000), Market Segmentation: Conceptual and Methodological Foundations, Boston, Kluwer Academic Publishers.

Wong, R. y R. Levine (1992), “Estructura del hogar como respuesta a los ajustes económicos: evidencia del México urbano de los ochenta”, Estudios Demograficos y Urbanos, vol. 7, Nº 2.

Anexo A1

En la imagen A1.1 se presenta el archivo de entrada de datos de Mplus para el análisis de clases latentes llevado a cabo. La sentencia “CLASSES” precisa el número de latentes variables. La opción “TYPE = MIXTURE” del comando “ANALYSIS” especifica el modelo de mezcla finita con variables categóricas latentes que representan las subpoblaciones, cuya pertenencia a las clases no es conocida, sino que se deduce de los datos. La opción “NOMINAL” se utiliza para precisar qué variables dependientes se consideran variables categóricas binarias o no ordenadas en el modelo y su estimación[15].

Imagen A1.1

Sintaxis de Mplus para el modelo de clases latentes

Title: this is an example of a LCA with binary and continuous latent class indicators

List of variables shown below

factor_hog : Factor de expansión del hogar

agehh : Edad del jefe del hogar

sexhh : Sexo del jh

chl6p : Presencia de hijos <6 en el hogar

ch6t12p : Presencia de hijos de 6 a 12 en el hogar

ch12t18p : Presencia de hijos de 12 a 18 en el hogar

ch18tp : Presencia de hijos mayores de 18 en el hogar

ch18tjp : Presencia de hijos mayores de 18 trabajando

chpartp : Presencia de parejas de hijos en el hogar

hhsp : Presencia de la pareja del jh

hnoparp : Hogares con no parientes

hparp : Hogares con parientes

hugp : Presencia de ascendientes del núcleo en el hogar

hlgp : Presencia de otros descendientes del núcleo en el hogar

ywhhvsp : Presencia de Mujeres en el núcleo menores de 40

Data:

FILE IS living_arrangements.dat;

Variable:

Names are

factor_hog agehh sexhh chp chl6p ch6t12p ch12t18p ch18tp ch18tjp

chpartp hhsp hnoparp hparp hugp hlgp ywhhvsp;

Missing are all (-9999);

USEVARIABLES = factor_hog sexhh agehh chl6p ch6t12p ch12t18p ch18tp

ch18tjp hhsp hnoparp hparp hugp chpartp hlgp ywhhvsp;

WEIGHT IS factor_hog;

CLASSES = c (5);

NOMINAL = sexhh chl6p ch6t12p ch12t18p ch18tp ch18tjp hhsp hnoparp

hparp hugp chpartp hlgp ywhhvsp;

ANALYSIS:

TYPE = MIXTURE;

[1] Doctor en Economía por El Colegio de México e Investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (Coordinación de Humanidades) de la Universidad Nacional Autónoma de México. Correo electrónico: curtis.espinosa@gmail.com.

[2] Candidata a Doctora en Ciencia Social con especialidad en Sociología por El Colegio de México. Correo electrónico: pvillagomez@colmex.mx.

[3] Doctor en Sociología por la Universidad Estatal de Iowa e Investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (Coordinación de Humanidades) de la Universidad Nacional Autónoma de México. Correo electrónico: dvchanes@unam.mx.

[4] Del mismo modo, el conocimiento socioantropológico también permite reflexionar sobre la forma en que las iniciativas contra la pobreza han dependido en gran medida de las mujeres como vehículo de las políticas, lo que puede incrementar las ya muy feminizadas cargas de trabajo, tiempo y gastos asociadas a la pobreza (Chant, 2011). Este tema es fundamental para el diseño de políticas públicas, que no puede ser dictado por un criterio de eficiencia instrumentalista sin tener en cuenta aspectos de justicia social.

[5] Debido a las economías de escala de los hogares grandes y a las diferencias en las necesidades de consumo de niños y adultos, normalmente se realizan ajustes para convertir el número de integrantes del hogar en un número estimado de adultos equivalentes (véase OCDE, s/f).

[6] Para simplificar, en este artículo usamos indistintamente estructuras familiares, estructuras de hogar y modalidades de convivencia familiar, toda vez que la base de la mayor parte de los hogares mexicanos es la familia.

[7] Sin duda, tanto hogar como jefatura son conceptos problemáticos que no entraremos a debatir aquí. En la mayoría de las encuestas de hogares de la región, los integrantes del hogar son libres de nombrar a quien ejerce la jefatura sin ceñirse a los requisitos de definiciones específicas. Aparte del hecho de compartir la vivienda, la designación del jefe o la jefa de hogar no posee un contenido inherente, sino que está sujeta a diversas interpretaciones impuestas externamente. En la ENIGH, la jefatura se define a partir de la autodeclaración o de la declaración realizada por terceros, y lo más probable es que la designación de una determinada persona como tal tenga que ver con el hecho de percibir los mayores ingresos o ejercer la mayor influencia en las decisiones sobre asuntos que afectan al hogar en su conjunto. Claro está que las tradiciones patriarcales pueden llevar a declarar como jefes a los hombres, independientemente de sus ingresos (o de su papel en la toma de decisiones).

[8] Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) de 2014, las tasas de fecundidad disminuyen de 38,1 nacimientos por cada 1.000 mujeres en el grupo de edad de 35 a 39 años, a 10 por cada 1.000 en el de 40 a 44 años, y a hasta 0,6 cada 1.000 en el de 45 a 49 años.

[9] Al contrario que los enfoques estadísticos no paramétricos de agrupamiento, como el análisis de conglomerados, el análisis de clases latentes es fundamentalmente paramétrico, y la clasificación viene dada por el ajuste a un modelo de probabilidad.

[10] Debido a la falta de convergencia en lo que respecta al máximo global de la verosimilitud, no mostramos resultados para más de siete clases latentes.

[11] Décadas de investigación sociodemográfica sobre la interacción de las modalidades de convivencia con las decisiones económicas fundamentales en México sugieren que el ciclo de vida de un hogar o el ciclo doméstico es un marco analítico fructífero. Se propone como una secuencia de tres fases bien definidas: la primera fase (la fase de expansión, caracterizada por el crecimiento debido al nacimiento de nuevos miembros y una razón entre consumidores y trabajadores más elevada; es decir, con más bocas que alimentar que trabajadores generadores de ingresos) se refiere al período inicial de cohabitación de una pareja, cuando la mujer todavía es capaz de reproducirse, los hijos son jóvenes y solo hay dos personas con ingresos. La segunda fase (de consolidación, más equilibrada económicamente que la fase de expansión, en gran medida porque los hijos tienen edad suficiente para trabajar y contribuir a los ingresos del hogar y a las tareas reproductivas) abarca el período en el que los hijos que viven con sus padres han crecido lo suficiente para contribuir a los ingresos del hogar. La última fase (de dispersión, cuando los miembros del hogar original se separan para formar sus propios hogares) corresponde al período en que los hijos mayores se mudan y establecen sus propios hogares.

[12] Razón entre edad y población de las personas que normalmente no forman parte de la fuerza laboral (la parte dependiente de entre 0 y 14 años y más de 65 años de edad) y de aquellas que sí forman parte de la fuerza laboral (la parte productiva de entre 15 y 64 años de edad).

[13] Por supuesto, el vínculo entre la situación económica del hogar en el que reside una persona y su nivel de consumo se debilitará en la medida en que dicha persona esté económicamente vinculada a integrantes de la familia que residan en otros hogares y tenga otros derechos o responsabilidades económicas fuera del hogar.

[14] Esta estrategia no se ha seguido en el presente trabajo, dado nuestro interés en estimar la estructura del hogar "pasivamente" como línea de base o calibración que brindara un contraste más claro con investigaciones anteriores.

[15] Véase una explicación detallada en L. Muthén y B. Muthén, Mplus: Statistical Analysis with Latent Variables. User’s Guide, séptima edición, Los Ángeles, Muthén & Muthén, 2015.

Artículo 3

Transferencias intergeneracionales por género y efectos económicos del envejecimiento demográfico en México[1]

Iván Mejía-Guevara[2]

Estela Rivero[3]

Isalia Nava[4]

Recibido: 11/01/19

Aceptado: 14/03/19

Resumen

México está experimentando un acelerado proceso de transición demográfica y se espera una dinámica de envejecimiento permanente, que producirá transformaciones socioeconómicas en los patrones de ingreso y gasto en consumo, particularmente en los rubros de salud y cuidados. Por tanto, es relevante analizar las oportunidades de desarrollo del país, en un contexto de envejecimiento poblacional. Los propósitos de este artículo son analizar la contribución real de mujeres y hombres a los ingresos laborales y el consumo agregado por grupos de edad y a partir de la incorporación de la producción y el consumo de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, así como visualizar el potencial efecto del cambio demográfico en la dependencia económica de mujeres y hombres ante el inminente proceso de envejecimiento demográfico. El análisis se basa en la metodología del sistema de cuentas nacionales de transferencias y las cuentas nacionales de transferencias de tiempo. Además, se estiman indicadores demográficos y socioeconómicos que describen el proceso de envejecimiento desde una perspectiva de género.

Palabras clave: estructura por edad de la población, ciclo de vida económico, cuentas nacionales de transferencias, cuentas nacionales de transferencias de tiempo, dependencia económica, envejecimiento, género.

Abstract

Mexico is undergoing an accelerated demographic transition and is expected to experience permanent ageing, which will bring about socioeconomic transformations in patterns of income and consumer spending, particularly in the areas of health and care. It is therefore important to analyse the country’s development opportunities in a context of population ageing. This article aims to analyse the real contribution of women and men to labour income and aggregate consumption by age groups, by incorporating production and consumption of unpaid domestic work and care. It also offers an overview of the potential impact of demographic change on the economic dependence of women and men, in view of the impending process of demographic ageing. The analysis is based on the methodology of the system of National Transfer Accounts and on National Time Transfer Accounts. In addition, demographic and socioeconomic indicators are estimated that describe the ageing process from a gender perspective.

Keywords: population age structure, economic life cycle, National Transfer Accounts, National Time Transfer Accounts, economic dependency, ageing, gender.

Résumé

Le Mexique connaît actuellement un processus accéléré de transition démographique qui devrait entraîner un vieillissement permanent, ce qui va engendrer des transformations socioéconomiques dans la structure des revenus et des dépenses de consommation, en particulier dans le domaine de la santé et des soins. Il est dès lors important d’analyser les opportunités de développement du pays dans un contexte de vieillissement démographique. Le présent article a pour objet d’analyser la contribution réelle des femmes et des hommes aux revenus du travail et à la consommation globale par groupe d’âge et du fait de l’incorporation de la production et de la consommation des travaux domestiques et des soins non rémunérés, ainsi que de visualiser les effets potentiels du changement démographique sur la dépendance économique des hommes et des femmes face au processus imminent du vieillissement démographique. L’analyse repose sur la méthodologie du système de comptabilité nationale des transferts et de la comptabilité nationale des transferts temporels. L’étude estime en outre des indicateurs démographiques et socioéconomiques qui décrivent le processus de vieillissement sous l’angle de la problématique hommes-femmes.

Mots clés: structure par âge de la population, cycle de vie économique, comptabilité nationale des transferts, comptabilité nationale des transferts temporels, dépendance économique, vieillissement, sexe.

Introducción

México, al igual que otros países de América Latina, ha experimentado un acelerado proceso de transición demográfica, que se caracteriza por el paso de altas tasas de mortalidad y fecundidad a tasas bajas y controladas[5]. Las reducciones de la fecundidad y la mortalidad modifican la estructura por edades de la población (Gómez de León y Partida, 2001; Mier y Terán y Partida, 2001) y, a medida que transcurre el tiempo, la participación de la población de menores de 15 años disminuye y el segmento de población adulta y de personas mayores aumenta. Estas modificaciones son las que configuran el proceso de envejecimiento demográfico (Miró, 2003). A diferencia de lo que ocurre en otras sociedades más avanzadas, en México este fenómeno será mucho más acelerado (Ham, 2003) y, en consecuencia, se reduce significativamente el período de tiempo disponible para lograr el desarrollo económico y social antes de que el proceso se agudice. A esta circunstancia demográfica se agregan las desigualdades entre mujeres y hombres. El proceso de envejecimiento se caracteriza por una mayor participación de la población femenina, como resultado de la mayor esperanza de vida de las mujeres en comparación con los varones. En la actualidad, la esperanza de vida al nacer de las mujeres es de 77,9 años, mientras que en el caso de los varones es de 72,2 años (CONAPO, 2018). Sin embargo, esta ventaja en términos de menores tasas de mortalidad se convierte en desventaja debido a las desigualdades acumuladas a lo largo del ciclo de vida, que se intensifican en las edades avanzadas.

Durante el proceso de envejecimiento poblacional, es pertinente considerar que las modificaciones de la estructura por edades afectan las variables macroeconómicas en la medida en que el comportamiento económico de las personas varía en forma sistemática a lo largo de la vida, en función de factores biológicos, culturales y socioeconómicos. En las primeras edades, los niños requieren de cuidados y atención especial para su crecimiento, en algunos casos comienzan a participar en el mercado laboral desde muy temprana edad, mientras que en otros lo hacen en las edades jóvenes y adultas después de varios años de preparación. Por su parte, en el último tramo de la vida, las personas mayores se retiran o continúan en la actividad económica, dependiendo de sus preferencias o de las opciones económicas a su alcance para el financiamiento de sus necesidades de consumo. En general, lo que prevalece es que los niños y las personas mayores consumen más de lo que producen (Lee y Mason, 2011). Al aumentar el porcentaje de personas mayores, cambia el balance entre producción y consumo de la población en general.

El objetivo de esta investigación es medir el cambio potencial en el nivel de dependencia económica a través del tiempo y por género, expresada como la diferencia entre las trayectorias por edad del ingreso laboral y el consumo, en un contexto de inminente envejecimiento poblacional. Este análisis del impacto económico también incorpora el efecto de la producción y el consumo de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado del hogar. Para ello se realiza un ejercicio de prospectiva desde una óptica de estática comparativa, que consiste en estimar los indicadores de dependencia económica a través del tiempo para el período 1970-2050, utilizando las proyecciones de población del Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2018) y los perfiles promedio por edad y sexo de los ingresos laborales y el consumo de 2014. Los perfiles económicos por edad se cuantifican empleando la metodología de las cuentas nacionales de transferencias. Para cuantificar la contribución económica de la producción y el consumo de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado de hombres y mujeres a lo largo del ciclo de vida, se emplea la metodología de las cuentas nacionales de transferencias de tiempo (Donehower, 2014).

Este artículo está organizado en cinco secciones. En la sección A se presentan indicadores de cambio demográfico, participación laboral y división sexual del trabajo en México. En la sección B se exponen algunos conceptos generales referentes a las transferencias intergeneracionales, económicas y de uso del tiempo, que sirven como marco teórico conceptual de este estudio. En la sección C se describen aspectos relevantes de las metodologías de las cuentas nacionales de transferencias y las cuentas nacionales de transferencias de tiempo, así como nuestra propuesta de indicadores de dependencia económica. En la sección D se muestran los resultados principales del estudio. Finalmente, en la última sección se presentan una discusión de los resultados y algunas implicaciones para futuros análisis.

A. Cambio demográfico y división sexual del trabajo en México

1. Hacia el envejecimiento demográfico

La estructura por edades de la población mexicana sigue un patrón de cambio demográfico tradicional y característico de sociedades en fase plena de la transición demográfica (Partida, 2005, pág. 1). Como se observa en el gráfico 1, se pueden distinguir varias etapas: i) en 1970, la estructura poblacional se asemeja a una pirámide con una base amplia, representada por un alto número de nacimientos y una alta proporción de niñas y niños, pero con una cúspide estrecha que refleja una baja supervivencia a edades muy avanzadas; ii) con el aumento de la supervivencia infantil y el paulatino declive de las tasas de fecundidad, la base de la pirámide comienza a estrecharse y se observa una mayor acumulación de personas en edades jóvenes y adultas, aunque con desequilibrios evidentes por sexo, reflejo de una alta migración de hombres en edades de trabajar, como se observa en la estructura de 2018, y iii) finalmente, la estructura muestra, hacia 2050, un patrón clásico de envejecimiento poblacional, como resultado del paulatino declive de las tasas de fecundidad y el aumento de la esperanza de vida al nacer, que se caracteriza por una base cada vez más angosta y un engrosamiento del segmento correspondiente a la población adulta y envejecida (Partida, 2005).

Gráfico 1

México: estructura poblacional por sexo y edades, 1970, 2018 y 2050

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Consejo Nacional de Población (CONAPO), “Proyecciones de Población 2010-2050”, Ciudad de México, 2018.

En el gráfico 2 se presenta la participación porcentual de la población por grandes grupos de edades. En él se observa que en 1960 el grupo de los más jóvenes (de 0 a 24 años) representaba el 63,9% de la población total, en 2010 su participación disminuyó al 48,3% y se espera que en 2050 se reduzca al 30,8%. Por su parte, la participación porcentual del grupo de adultos (de 25 a 64 años) registró descensos hasta 1970, cuando llegó al 30,7% del total, como resultado de la mayor participación de los jóvenes; en las siguientes décadas presenta un incremento permanente y se proyecta que en 2050 ese grupo concentrará al 52,4% de la población. En estas transformaciones por grandes grupos de edad adquiere relevancia el grupo de personas mayores (de 65 años y más), cuya participación a lo largo del tiempo presenta incrementos: mientras que en 1960 era el 3,2% del total, en 2010 aumentó al 6,1% y se proyecta que en 2050 será el 16,8% (en términos absolutos serán 24,9 millones de personas). Estas cifras evidencian una dinámica de envejecimiento demográfico, en un proceso que se considera cierto e inevitable (Ham, 2003). Los retos que plantea el proceso de envejecimiento pueden entenderse a partir del análisis de las transferencias entre diferentes grupos de edad.

Gráfico 2

México: distribución de la población por grandes grupos de edad, 1950-2050

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Consejo Nacional de Población (CONAPO), “Proyecciones de Población 2010-2050”, Ciudad de México, 2018.

2. División sexual del trabajo

En este apartado se muestran indicadores que permiten visualizar la problemática presente en la división sexual del trabajo en México y su relación con el consumo y la producción remunerada y no remunerada, elementos centrales para nuestro análisis posterior del cambio demográfico.

A pesar del incremento de la participación laboral de las mujeres, aún se observan marcadas brechas de género: según datos de los censos de población y vivienda, en 1970 la tasa de participación económica de la población femenina fue del 16,4% y en 2010 había aumentado al 33,3%, mientras que la de los varones pasó del 71,7% al 73,4% en el mismo período. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), se estima que en el tercer trimestre de 2018 solo el 43,6% de la población femenina de 15 años y más era económicamente activa y la tasa de informalidad laboral de las mujeres era del 57,0%. Entre los factores que explican las menores tasas de participación económica y las condiciones de participación económica femeninas se encuentra la carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que mayoritariamente realizan las mujeres (Sánchez, Herrera y Perrotini, 2015; Sánchez y otros, 2016).

En el gráfico 3 se pueden observar las desigualdades entre las tasas de participación de mujeres y hombres en distintas actividades productivas. Es notoria la baja participación de la población femenina en el trabajo para el mercado. Por el contrario, las mujeres presentan una mayor participación en el trabajo doméstico no remunerado realizado para el propio hogar: en actividades como preparación y servicio de alimentos para el hogar, limpieza de la vivienda, y limpieza y cuidado de ropa y calzado del hogar, la participación de las mujeres es superior al 90,0%. Algo similar ocurre en las actividades de cuidado no remunerado, sobre todo a integrantes del hogar de 0 a 5 años y de 0 a 14 años. En el gráfico 4 se presenta el promedio de horas semanales dedicadas a actividades laborales y de cuidados —incluidas actividades remuneradas y no remuneradas—, por sexo. Nuevamente es notorio el mayor tiempo que las mujeres dedican al trabajo no remunerado, especialmente al trabajo doméstico y de cuidado a integrantes del propio hogar. Por ejemplo, las mujeres dedican en promedio cerca de 14,4 horas semanales a la preparación y servicio de alimentos, 26,2 horas al cuidado de menores de 15 años y 17,9 horas al cuidado de personas de 60 años y más de edad. En contraste, en el caso de los hombres destaca el mayor tiempo dedicado al trabajo de mercado, en promedio de 48,7 horas semanales.

Gráfico 3

México: tasas de participación laboral en actividades remuneradas y no remuneradas, por sexo, 2014

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT), Ciudad de México, 2014.

Gráfico 4

México: tiempo promedio dedicado a actividades remuneradas y no remuneradas, por sexo, 2014

(En horas semanales)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT), Ciudad de México, 2014.

Una marcada división sexual del trabajo, como la que se observa en México, contribuye a la desigualdad entre mujeres y hombres a través de, al menos, los siguientes mecanismos: i) la menor participación de las mujeres en actividades remuneradas y la desigualdad salarial; ii) el menor acceso directo a recursos monetarios, aun entre las mujeres que participan en el mercado laboral; iii) dado que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado por lo general no es percibido como un trabajo productivo y que estas actividades son realizadas principalmente por las mujeres, la contribución de estas al hogar es comúnmente subestimada tanto en estimaciones económicas como en la percepción social, y iv) la falta de recursos monetarios y la percepción de una limitada contribución al hogar limitan el poder de negociación de las mujeres en el núcleo doméstico.

En estudios recientes que abordan la división sexual del trabajo en México se ha intentado documentar la variación de los patrones de uso del tiempo, la forma como se reflejan las desigualdades y los factores que pueden explicar que algunos hogares e individuos presenten una distribución más igualitaria del trabajo doméstico y de cuidados (Santoyo y Pacheco, 2014). En otros estudios también se han explorado la diferencia entre los patrones de uso del tiempo de la población mexicana y las desigualdades en la división sexual del trabajo (Rivero y Hernández, 2014; Pedrero, 2004). Asimismo, en estudios recientes se analizan los factores que contribuyen al involucramiento de los varones en las actividades domésticas y de cuidados no remuneradas (Rojas y Martínez, 2014). Finalmente, Rivero (2018) aplica el enfoque de las cuentas nacionales de transferencias de tiempo para analizar la distribución etaria del tiempo que mujeres y hombres dedican al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y su valoración económica.

Este artículo se enfoca en la desagregación de patrones de ingreso laboral y consumo por edad y sexo, incorporando la producción y el consumo de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado del hogar para la medición del impacto económico del envejecimiento demográfico. Este ejercicio ofrece una imagen más completa de la actividad económica en el país, que es particularmente importante en las actuales condiciones de cambio demográfico. El aumento de la proporción de la población de personas mayores en las próximas décadas puede incrementar las brechas económicas entre hombres y mujeres, así como representar una mayor demanda de tiempos de cuidados a la cual se requiere anticiparse.

B. Marco teórico conceptual: transferencias económicas y de tiempo por grupos etarios

1. Las transferencias económicas entre grupos etarios

La economía generacional constituye el marco teórico conceptual de este estudio sobre impacto económico. Ella permite entender los mecanismos que intervienen en el intercambio de recursos económicos entre generaciones o grupos etarios, a fin de garantizar una vida plena y el disfrute de una calidad de vida acorde a sus necesidades. Además, brinda herramientas para el análisis de los potenciales retos económicos que surgirán como resultado del proceso de envejecimiento demográfico. En particular, el análisis de las cuentas nacionales de transferencias permite estimar y analizar los flujos de recursos económicos entre diferentes grupos de edad (Lee y Mason, 2011). Este tipo de análisis adquiere relevancia porque el comportamiento del consumo y del ingreso derivado del trabajo se modifica a lo largo del ciclo de vida. En los inicios de la vida, en las etapas de niñez y juventud, se requiere del apoyo de los recursos que producen las personas en edades potencialmente productivas. Asimismo, en el último tramo de la vida, las personas mayores dependen de los recursos acumulados en las edades productivas o bien requieren de transferencias y apoyos. En consecuencia, el cambio en la estructura por edades de la población modifica el volumen y la proporción de personas que tienen la posibilidad de trabajar, consumir, compartir y ahorrar (Mason y Lee, 2010).

En un escenario de envejecimiento poblacional, es importante garantizar que las personas mayores dispongan de los recursos económicos suficientes para envejecer con seguridad y dignidad. Las experiencias de sociedades envejecidas visibilizan el viraje de los flujos de transferencias intergeneracionales hacia las edades avanzadas (Leiva, 2010). En primer lugar, habrá que considerar el papel de la seguridad social, específicamente las características de los sistemas de pensiones contributivos y las recientes reformas de pensiones. En segundo lugar, habrá que tomar en cuenta la reasignación de los flujos de transferencias dirigidas a las personas mayores, caracterizada por una mayor participación del gobierno, a medida que se reducen los apoyos familiares (Mason y Lee, 2010). Un motivo de preocupación es que los programas de transferencias públicas son una fuente de desigualdad intergeneracional, en la medida en que favorecen a las personas mayores por encima de las más jóvenes y a la población actual por encima de las generaciones futuras (Mason, Lee y Lee, 2010).

Además de las transferencias públicas y privadas, la demanda de riqueza en las edades avanzadas puede financiarse a través de la acumulación de ahorros y activos (Lee y Donehower, 2011). Cabe mencionar que un incremento de activos se traduce en un aumento de los ingresos y con ello en la posibilidad de elevar la productividad y los salarios. Los incrementos de las transferencias, por su parte, no modifican los ingresos. Las sociedades con edades laborales más altas y con etapas de retiro más amplias estarán más estimuladas a acumular activos, frente a la incertidumbre sobre la posibilidad de contar con algún apoyo por parte del gobierno o la familia. De acuerdo con Mason y Lee (2004), esta circunstancia ofrece la oportunidad de formación de un segundo dividendo demográfico.

2. Evolución del ingreso laboral, el consumo y el déficit del ciclo de vida económico en México en el período 1992-2010

A partir del enfoque de cuentas nacionales de transferencias los flujos de recursos económicos entre diferentes grupos de edad adquieren relevancia al tomar en cuenta las características particulares del ciclo de vida. En el caso de México, el gráfico 5 muestra el perfil por edades del consumo, el ingreso laboral y el déficit del ciclo de vida económico, este último obtenido como la diferencia entre las dos variables anteriores (Lee, 1994; Mejía-Guevara, 2008). En general, se observan variaciones importantes entre los patrones de consumo de los diferentes grupos de edad a través del tiempo. Se advierten ligeros incrementos del consumo de los jóvenes —que alrededor de los 20 años supera el 80% del ingreso laboral promedio del grupo de edad de 30 a 49 años, hacia finales del período—, atribuibles básicamente a un mayor gasto en educación, al mismo tiempo que se observa una distribución casi plana del consumo en las edades intermedias (que pasa del 80% al 90% del ingreso laboral promedio) y una reducción paulatina en los grupos de edades avanzadas, con fluctuaciones en el tiempo entre el 60% y el 80% del ingreso laboral promedio.

Gráfico 5

México: ciclo de vida económico, 1992-2010

(En proporción del ingreso laboral promedio)

Fuente: I. Mejía-Guevara, “Ciclo de vida económico: 1992-2010”, Los mexicanos: un balance del cambio demográfico, C. Rabell (ed.), Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 2014.

Nota: Las curvas de consumo, ingreso laboral y déficit del ciclo de vida económico están normalizadas sobre la base del ingreso laboral promedio del grupo de edad de 30 a 49 años.

Por su parte, los ingresos laborales comienzan alrededor de los 13 años de edad y se aceleran a partir de los 16 años, a la par que se observa un ligero desplazamiento de la curva en el tiempo hacia edades más adultas, que se traduce en un incremento de la edad en que dichos ingresos alcanzan su tope, de los 35 años en 1992 a los 39 años en 2004 y los 47 años en 2010. A partir de esa edad en que llegan al tope, los ingresos laborales declinan de manera acelerada en un rango de edad aproximado de 20 años, y luego continúan con un ritmo de declive menos acelerado hasta extinguirse en edades muy avanzadas, aunque con fluctuaciones importantes en el tiempo y valores que no superan el 20% del ingreso laboral promedio más allá de los 70 o 75 años. En síntesis, resaltan el corto período de tiempo en que el ingreso laboral es mayor que el consumo, es decir, en que se produce un superávit, que alcanza una duración de entre 16 y 29 años; la paulatina reducción del ingreso laboral en las edades avanzadas, como consecuencia de la escasa protección que brindan los sistemas de pensiones de retiro; la distribución casi plana del consumo en las edades intermedias y su disminución en los grupos de edades avanzadas, y las diferencias de perfiles que se observan entre años, como consecuencia de factores económicos y sociodemográficos que modifican la transferencia de riqueza (Mejía-Guevara, 2014).

El ciclo de vida económico ofrece una mirada de la actividad económica en el país por grupos de edad y, en consecuencia, un panorama más preciso frente a un escenario de envejecimiento demográfico. En estudios anteriores sobre México basados en el enfoque de cuentas nacionales de transferencias se incluyen análisis del cuadro completo de ingresos laborales, consumo y reasignaciones por edad (Mejía-Guevara, 2008 y 2011), su desagregación por nivel educativo (Mejía-Guevara, 2015) y la evolución del ciclo de vida económico en el tiempo (Mejía-Guevara, 2014). Esta investigación contribuye a determinar cómo se modificarán las brechas económicas entre hombres y mujeres en un escenario de envejecimiento demográfico.

3. Las transferencias de tiempo

Las transferencias económicas, de acuerdo con la metodología de las cuentas nacionales de transferencias, incluyen las actividades remuneradas y contabilizadas formalmente en el Sistema de Cuentas Nacionales de México (INEGI, 2008). Sin embargo, esta contabilidad excluye las actividades de trabajo doméstico y de cuidados, aun cuando tienen un valor económico intrínseco. Estas actividades representan un elemento relevante de los sistemas de apoyo entre grupos etarios y se caracterizan generalmente por las transferencias de tiempo. Las mujeres, en particular, proporcionan servicios valiosos a través del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, que tiene lugar en la esfera privada o doméstica. La estimación de las cuentas nacionales de transferencias de tiempo proporciona una visión más integral de los costos de brindar cuidados directos e indirectos a los integrantes del hogar. Además, visibiliza la contribución económica de este trabajo, realizado en su mayor parte por las mujeres. En este sentido, el envejecimiento demográfico representará una mayor demanda de tiempos de cuidados, que en el futuro acentuaría las diferencias de sexo en detrimento de las mujeres, si ellas continúan siendo las principales proveedoras de este tipo de servicios.

Las actividades que se desarrollan en los hogares son indispensables para la sostenibilidad de la vida humana y la reproducción de la fuerza de trabajo. El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, que históricamente ha sido asignado a las mujeres, aumenta el nivel de vida de las personas al garantizar la transformación de los bienes y servicios que se adquieren en el mercado (Picchio, 2001). El trabajo efectuado en los hogares proporciona servicios, materiales y psicológicos, que permiten que la población trabajadora pueda desentenderse de las tareas que se requieren para su reproducción y mantenimiento, y estar en condiciones adecuadas para participar en el mercado laboral y generar una mayor productividad (Goldsmith, 2005). Se trata de un trabajo indispensable para el bienestar de las personas, que incluye componentes objetivos (necesidades biológicas) y subjetivos (afectos y relaciones), y que implica tareas complejas, repetitivas y permanentes, necesarias para el funcionamiento diario y el bienestar del hogar. Se lo puede concebir como una “mano invisible” que regula la vida cotidiana (Carrasco, 2001).

C. Metodología y fuentes de información

1. Cuentas nacionales de transferencias

Este trabajo sobre el impacto económico del envejecimiento por género está sustentado en la metodología de las cuentas nacionales de transferencias, desarrollada para la desagregación por edad de flujos económicos agregados. Este enfoque permite analizar la forma en que las familias, el gobierno y el sector empresarial interactúan en la distribución de estos flujos, pero desde una óptica generacional (Lee y Mason, 2011).

En este estudio se emplean los perfiles promedio totales del ingreso laboral y el consumo, siguiendo la metodología de estimación estándar propuesta en el manual de cuentas nacionales de transferencias (Naciones Unidas, 2013) para la construcción de sus componentes (Mejía-Guevara, 2008), con información de 2014 de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (INEGI, 2014c), del “Sistema de Cuentas Nacionales de México. Sectores Institucionales” (Gobierno de México, 2018) y fuentes de información alternativas provenientes de registros administrativos (OCDE, 2018; Gobierno de México, 2017; SHCP, 2014).

A partir del ciclo de vida económico es posible estudiar la dependencia económica de las personas. Sus dos principales componentes son los perfiles de consumo y de ingreso laboral a lo largo del horizonte de vida. A su vez, el consumo incluye dos componentes, uno de carácter privado (educación, salud y otros bienes durables y no durables) y otro público (educación, salud y otros). El ingreso laboral incluye los sueldos y salarios, las contribuciones sociales de los empleadores y los ingresos propios. Como ya se mencionó, la diferencia entre el consumo y el ingreso constituye el déficit del ciclo de vida económico (Lee, 1994; Mejía-Guevara, 2008).

Este enfoque provee información valiosa sobre los flujos económicos de un individuo promedio. Sin embargo, la metodología estándar no permite identificar el efecto que mujeres y hombres tienen en la distribución promedio nacional por edad. Para superar esta limitación, en este estudio se efectúa una estratificación por sexo del ingreso laboral, pero no del consumo, ya que al realizar el ejercicio de desagregación no se apreció una diferencia significativa en la distribución por edad entre hombres y mujeres en este último caso.

2. Cuentas nacionales de transferencias de tiempo

Para la desagregación por edad y sexo de la producción y el consumo de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, se siguió la metodología propuesta en el proyecto de cuentas nacionales de transferencias de tiempo (Donehower, 2014)[6], que toma como punto de partida esfuerzos previos para la medición y valoración económica del tiempo dedicado a actividades no remuneradas en el marco del enfoque de cuentas nacionales de transferencias (Phananiramai, 2011; Donehower y Mejía-Guevara, 2012).

En el caso específico de México, la metodología de las cuentas nacionales de transferencias de tiempo parte de la estimación del tiempo promedio dedicado a la producción y el consumo de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado de tres grandes grupos de interés: niñas y niños, personas mayores (de 65 años y más) y personas con discapacidad o con necesidades asociadas a problemas de salud. La fuente de información principal para este cálculo es la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) (INEGI, 2014b). Para la valoración de la totalidad del trabajo productivo de mujeres y hombres se asignó un valor monetario al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, utilizando información de salarios en el mercado de las actividades que las personas realizan en este ámbito, sobre la base de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de 2014 y la clasificación de actividades del Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (SINCO) de 2011. Como en el caso de los perfiles de las cuentas nacionales de transferencias, se desagregaron por sexo los perfiles de producción, pero no el consumo de servicios no remunerados, por no haberse encontrado variaciones significativas en tal desagregación. Los detalles de la construcción de las cuentas nacionales de transferencias de tiempo de México se describen en Rivero (2018).

3. Indicadores de envejecimiento poblacional y desigualdad intergeneracional

Este estudio incorpora un análisis descriptivo de los perfiles promedio por edad y sexo del ingreso laboral y el consumo nacional de 2014. Se efectúan comparaciones de los perfiles promedio por edad de cada estrato, antes y después de considerar la valoración de la producción y el consumo de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Para medir las diferencias relativas entre el consumo y el ingreso laboral, se estimó el superávit del ciclo de vida económico de los grupos en edades productivas (de 25 a 64 años) y el déficit del ciclo de vida de las personas mayores (65 años y más), utilizando los perfiles promedio de ingresos laborales y consumo. Se emplearon los siguientes indicadores en este análisis:

i) Consumo en edades avanzadas (65 años y más): C65+ / YL0-90 ;

ii) Superávit en edades productivas (de 25 a 64 años): (YL25-64 – C25-64 ) / YL0-90 , y

iii) Déficit en edades avanzadas (65 años y más): (C65+ - YL65+ ) / YL0-90.

En los tres indicadores propuestos se consideran valores agregados para el ingreso laboral (YLx) y el consumo (Cx) en el grupo de edad x, obtenidos al ponderar los perfiles de edad promedio correspondientes a cada sexo por la distribución por edad de la población respectiva del grupo de edad x. Cabe mencionar que todos los indicadores se expresan en relación con el ingreso laboral agregado total (YL0-90)[7], lo que facilita la interpretación al comparar patrones entre diferentes estratos, por sexo y grandes grupos de edad.

4. Análisis de prospectiva

En el ejercicio de prospectiva se reproducen los indicadores anteriores en el tiempo para el período 1970-2050, sobre la base de las proyecciones de población del CONAPO (2018), manteniendo constantes los perfiles promedio por edad y sexo del año base (2014). Con este ejercicio se mide el cambio potencial del nivel de dependencia económica de cada grupo etario en el tiempo, en un contexto de inminente envejecimiento poblacional, que además incorpora el efecto de una menor o subóptima contribución de las mujeres en la producción nacional.

D. Resultados

1. Consumo y producción remunerada de mercado: distribución por edad y sexo

La distribución por edad del ciclo de vida económico se muestra en el gráfico 6A (curvas para ambos sexos). El ingreso laboral crece de manera uniforme a partir de los 15 años, pero se desacelera a partir de los 25 años, hasta alcanzar su tope alrededor de los 49 años, cuando comienza a declinar de forma acelerada hasta edades muy avanzadas. El ritmo de cambio de los ingresos totales se explica por las diferencias en los patrones de los ingresos por sueldos y salarios, así como de aquellos derivados de fuentes propias. Por un lado, los ingresos por sueldos y salarios muestran un patrón tradicional en forma de U invertida, con niveles significativos entre los 20 y los 70 años; por otro lado, los ingresos por fuentes propias son substancialmente menores que los primeros en edades jóvenes, pero crecen de forma sostenida hasta los 50 años, cuando comienzan a declinar, si bien de forma menos acelerada, hasta extinguirse a edades muy avanzadas (entre los 80 y los 90 años). Los efectos del subempleo, la precariedad salarial y la informalidad prevalente en edades jóvenes —y permanente en edades avanzadas— parecen reflejarse en este último perfil, en el que los ingresos por fuentes propias actúan como mecanismo alternativo para el financiamiento del consumo en edades maduras y avanzadas. El perfil etario del consumo crece de forma paulatina en edades tempranas, cuando las erogaciones en salud en los menores de 5 años y los gastos educativos de niños y jóvenes son los factores predominantes del crecimiento. Los niveles de consumo promedio se estabilizan en las edades entre los 20 y los 35 años, pero crecen de forma moderada y permanente hasta la edad de retiro, a partir de la cual decaen persistentemente. El período de superávit (edades en que el ingreso laboral excede al consumo promedio) se ubica entre los 39 y los 52 años. En comparación con otros países de América Latina para los que existe información disponible de las cuentas nacionales de transferencias, el período y la magnitud del superávit en México se cuentan entre los más reducidos (CEPAL, 2011) (véase el gráfico 6B). Esto puede obedecer a varios factores, incluidos cambios importantes en los patrones de consumo durante las últimas dos décadas (Mejía-Guevara, 2014), así como en la relación observada entre el ingreso por sueldos y salarios y el producto nacional, en la que México registra la menor proporción entre todos los países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), como reflejo de niveles substancialmente bajos de productividad, asociados con los altos niveles de informalidad observados en el mercado laboral del país (Samaniego, 2014).

La desagregación por sexo del ciclo de vida económico permite apreciar de forma más nítida el verdadero aporte de mujeres y hombres, en función de sus patrones de consumo y producción remunerada y no remunerada. En el gráfico 6A se observa claramente que el aporte de las mujeres a la producción de mercado es significativamente menor que la de los hombres (equivale al 52% de ella) y representa alrededor del 34% del ingreso laboral nacional. El consumo promedio de ambos sexos excede significativamente el ingreso laboral de las mujeres en todas las edades y no se aprecia superávit en ninguna edad. En contraste, al ser el ingreso laboral promedio de los hombres substancialmente mayor que el nacional, se observa un período de superávit a lo largo de prácticamente todas las edades productivas, entre los 28 y los 59 años, cuya magnitud es seis veces superior al superávit agregado de ambos sexos (véase el gráfico 6B).

Gráfico 6

México: distribución promedio del ingreso laboral, el consumo y el déficit del ciclo de vida económico, de la producción y el consumo de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y el déficit correspondiente, por edad y sexo, 2014

(En pesos)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de E. Rivero, “Intergenerational time transfers and their contribution to Mexico’s economy in 2014”, CWW Working Paper WP2: Counting Women’s Work Mexico, 2018 [en línea] http://www.cww-dpru.uct.ac.za/workingpapers.

Nota: Las estimaciones de mercado son las correspondientes a las cuentas nacionales de transferencias, mientras que los perfiles de la producción y el consumo domésticos son los que corresponden a las cuentas nacionales de transferencias de tiempo.

2. Consumo y producción no remunerada de los hogares: distribución por edad y sexo

Una desagregación por edad similar a la que se presenta para la producción y el consumo de mercado muestra que el valor monetario del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado es mayor en el caso de las mujeres que en el de los hombres: las primeras producen el 70% y los segundos el 30% (véase el gráfico 6C). Además, esta diferencia se mantiene en todas las edades. El valor del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado de las mujeres varía, a lo largo del ciclo de vida, entre un 20% y un 60% del máximo ingreso laboral[8] y entre los 20 y los 70 años es siempre superior al 40% del máximo ingreso laboral. En cambio, en el caso de los hombres el máximo de esta producción se encuentra entre los 30 y los 80 años y equivale cuando mucho al 20% del máximo ingreso laboral. Por otra parte, el mayor consumo de cuidados y trabajo doméstico tiene lugar durante la infancia, dado que el cuidado de los menores requiere bastante tiempo. Después de los 12 años, tanto el consumo de los hombres como el de las mujeres disminuyen y corresponden principalmente a consumo de trabajo doméstico. Luego crecen a partir de los 40 años, cuando comienzan a aparecer distintas enfermedades crónico-degenerativas. Con la excepción de los años de la niñez, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado de las mujeres es mayor que su consumo. En el caso de los hombres, por el contrario, el trabajo doméstico es mayor que su consumo durante solo un pequeño período de tiempo, entre los 30 y los 40 años.

Al extender el concepto de déficit del ciclo de vida a la producción y el consumo de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado se muestra cuánto del consumo excede a la producción. La línea gris del gráfico 6D muestra estos valores para los hombres, mientras que la línea negra corresponde a las mujeres. Los valores mayores que cero indican que el consumo es mayor que la producción, en tanto que los valores menores que cero muestran que la producción es mayor que el consumo. En el caso de los hombres, el déficit del ciclo de vida, en la mayoría de las edades, resulta positivo o cercano a cero. Las mujeres solo presentan un déficit antes de los 12 años y en las edades más avanzadas (después de los 85 años). Esto muestra que, en el caso de México, el trabajo doméstico y de cuidados sigue estando muy especializado por género y queda a cargo, en su mayor parte, de las mujeres.

Al imputar un valor monetario al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado realizado por hombres y mujeres en 2014, se encuentra que estas actividades tienen un valor equivalente al 22,0% del producto interno bruto (PIB) del país de ese año (Rivero, 2018). Es decir, si estos servicios se adquirieran en el mercado, por cada 100 pesos generados en la economía se generarían adicionalmente otros 22 pesos, lo que pone de manifiesto la relevancia de este trabajo.

3. Consumo y producción totales (de mercado y de los hogares): distribución por edad y sexo

En el gráfico 7A se integran las estimaciones promedio por edad del valor del ingreso y el consumo de mercado y los correspondientes perfiles de la producción y el consumo domésticos. Los perfiles resultantes representan una aproximación del valor real de la producción y el consumo agregados por edad, ya que el aporte de la producción y el consumo domésticos no es considerado en la contabilidad nacional. El ingreso laboral no solo se incrementa de manera substancial en todas las edades —en relación con la producción laboral de mercado antes discutida—, sino que crece más que proporcionalmente en los grupos de edades productivas. Por su parte, la distribución del consumo no sufre cambios relevantes, pero su magnitud aumenta de manera considerable —y proporcional— en todas las edades. En términos agregados, la producción y el consumo aumentan un 53,0% y un 30,0%, respectivamente, cuando se considera el trabajo productivo no remunerado de los hogares. El período de superávit también aumenta considerablemente, en términos de duración, al extenderse entre los 29 y los 54 años, así como de magnitud, al pasar del 2,1% al 11,2% del ingreso laboral total de mercado.

Gráfico 7

México: distribución promedio del ingreso laboral y el consumo total (suma de las cuentas nacionales de transferencias y las cuentas nacionales de transferencias de tiempo), por edad y sexo, 2014

(En pesos)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de E. Rivero, “Intergenerational time transfers and their contribution to Mexico’s economy in 2014”, CWW Working Paper WP2: Counting Women’s Work Mexico, 2018 [en línea] http://www.cww-dpru.uct.ac.za/workingpapers.

Nota: Las estimaciones de mercado son las correspondientes a las cuentas nacionales de transferencias, mientras que los perfiles del ingreso laboral y el consumo de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado son los que corresponden a las cuentas nacionales de transferencias de tiempo.

¿Cuál es entonces el verdadero aporte de mujeres y hombres al ingreso por trabajo y el consumo agregados? El modelo presentado brinda una aproximación, al incorporar el aporte de la producción y el consumo de trabajo no remunerado de los hogares. Después de este ajuste, el ingreso laboral de las mujeres se incrementa más que proporcionalmente en las edades productivas, superando ligeramente el ingreso laboral promedio de mercado —pasando del 34% al 72% de este último en términos agregados—, mientras que el de los hombres también crece, pero en menor medida —del 66% al 81% del ingreso laboral total de mercado. Por su parte, el consumo de ambos sexos aumenta de forma proporcional en todas las edades después de incorporar la producción y el consumo de trabajo no remunerado de los hogares. Como consecuencia, se observa por primera vez un ligero superávit generado por las mujeres entre los 31 y los 47 años, al mismo tiempo que un incremento significativo de su ingreso en edades avanzadas, de tal magnitud que este iguala o supera el ingreso laboral promedio nacional y el de los hombres en edades avanzadas, a partir de los 74 años aproximadamente (véase el gráfico 7B).

4. Inequidades en la producción y el consumo por sexo en el tiempo

En esta sección se presentan algunos potenciales efectos económicos del cambio en la estructura poblacional, que consideran las diferencias etarias en los perfiles ya comentados en las secciones anteriores. En el gráfico 8 se muestran las trayectorias del consumo total por sexo desde 1950 hasta 2050, construidas a partir de los perfiles por edad del ingreso laboral y el consumo, tomando como supuesto que estos permanecen constantes en el tiempo, pero considerando el cambio en el tamaño y la distribución por edad de la población a lo largo del período. Esta simulación muestra el efecto puramente demográfico del cambio en la composición por edad y sexo de la población durante este período de transición, lo que generaría como resultado niveles de consumo ligeramente superiores para las mujeres durante todo el período, pero con una brecha que se incrementaría según el avance del envejecimiento demográfico. Esto significa que la brecha en el consumo entre mujeres y hombres aumentaría del 1% del ingreso laboral total en 2014 (un 7% en el caso de las mujeres, frente a un 6% en el de los hombres) al 4% en 2050 (un 17% en el caso de las mujeres, frente a un 13% en el de los hombres). La carga del consumo aumenta para ambos sexos cuando se considera el consumo doméstico, y el incremento es mayor en el caso de las mujeres, ya que se espera que exista una mayor proporción de mujeres supervivientes en edades avanzadas asociada a la más elevada expectativa de vida de estas con relación a la observada en el caso de los hombres.

Gráfico 8

México: trayectorias de consumo en edades avanzadas (65 años y más), excluidos e incluidos la producción y el consumo de trabajo no remunerado de los hogares, 1950-2050

(En porcentajes del ingreso laboral total)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de E. Rivero, “Intergenerational time transfers and their contribution to Mexico’s economy in 2014”, CWW Working Paper WP2: Counting Women’s Work Mexico, 2018 [en línea] http://www.cww-dpru.uct.ac.za/workingpapers.

Nota: Se usan los perfiles etarios de las cuentas nacionales de transferencias y las cuentas nacionales de transferencias de tiempo por sexo. Las trayectorias en que se excluyen la producción y el consumo de trabajo no remunerado de los hogares corresponden a las cuentas nacionales de transferencias (estimaciones de mercado); las trayectorias en que se incluyen la producción y el consumo de trabajo no remunerado de los hogares corresponden a la suma de las cuentas nacionales de transferencias y las cuentas nacionales de transferencias de tiempo.

En este ejercicio no se contemplan posibles diferencias por sexo en la demanda de cuidados en edades avanzadas, ni su valoración económica. En el gráfico 9A puede observarse que las mujeres reciben más cuidados que los hombres y además presentan un mayor incremento entre las personas mayores de 65 años, lo que implica una demanda de tiempo agregada mayor y brechas generacionales más acentuadas entre las mujeres (véase el gráfico 9B). La valoración económica de estas diferencias y su proyección en el tiempo se encuentran fuera del alcance de este artículo, pero representa una línea de futura investigación.

El análisis anterior muestra las trayectorias esperadas del consumo en el futuro, por sexo, como resultado de un ejercicio de estática comparada, pero sin considerar el efecto en la distribución del ingreso y el consumo. Para la medición del efecto neto, se siguió una estrategia de análisis similar, empleando los indicadores de superávit del ciclo de vida económico agregado en edades productivas (de 25 a 64 años) y el déficit agregado en edades avanzadas (65 años y más), como se describió anteriormente. El horizonte de análisis se enfoca ahora en dos períodos específicos: 2014, año base de nuestros perfiles económicos, y 2050, último año para el que existen proyecciones de población oficiales y de marcado envejecimiento.

Gráfico 9

México: tiempo de cuidados no remunerados recibidos y requeridos por las personas mayores de 60 años, según sexo y edad

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de E. Rivero, “Intergenerational time transfers and their contribution to Mexico’s economy in 2014”, CWW Working Paper WP2: Counting Women’s Work Mexico, 2018 [en línea] http://www.cww-dpru.uct.ac.za/workingpapers.

Nota: Se usa la metodología de las cuentas nacionales de transferencias de tiempo por sexo.

En el gráfico 10A se muestra el superávit (ingreso laboral menos consumo) de los adultos (de 25 a 64 años), en relación con el ingreso laboral total del año de referencia (2014 o 2050). También se reproduce este estimador después de incorporar el valor del consumo y la producción de trabajo no remunerado de los hogares (combinando los perfiles de los gráficos 6 y 7). Los resultados revelan diferencias poco significativas a través del tiempo en los patrones de superávit de hombres, mujeres y nacionales. El superávit de las mujeres es negativo y fluctúa alrededor del 20% del ingreso total cuando se excluyen el consumo y la producción domésticos, mientras que los hombres muestran valores superavitarios de alrededor del 10%; en consecuencia, el superávit nacional se ubica en valores negativos cercanos al 10% después de combinar el efecto de ambos. Sin embargo, cuando se incorpora el valor del consumo y la producción domésticos, se observa que el superávit de las mujeres —aunque sigue siendo negativo— disminuye considerablemente y se ubica en alrededor del 5% del ingreso total, el superávit de los hombres se mantiene inalterado por el efecto combinado del aumento del ingreso y el consumo y, como resultado, el superávit combinado de ambos sexos se torna positivo: pasa del -9% al 6% del ingreso total en 2014, y del -10% al 3% en 2050. El hecho de que el cambio en la composición por edad de la población tenga poco efecto en el superávit en edades productivas por sexo puede deberse a la escasa variación en los perfiles promedio del ingreso laboral y el consumo por sexo, debido al supuesto de que se mantienen constantes en el tiempo, lo que implica que el aumento en el consumo supera solo ligeramente el incremento en el ingreso laboral en esos grupos de edad.

Gráfico 10

México: superávit del ciclo de vida económico de los adultos (25 a 64 años) y déficit del ciclo de vida económico de las personas mayores (65 años y más), excluidos e incluidos la producción y el consumo de trabajo no remunerado de los hogares, por sexo, 2014 y 2050

(En porcentajes del ingreso laboral total)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de E. Rivero, “Intergenerational time transfers and their contribution to Mexico’s economy in 2014”, CWW Working Paper WP2: Counting Women’s Work Mexico, 2018 [en línea] http://www.cww-dpru.uct.ac.za/workingpapers.

Nota: Se usan los perfiles etarios de las cuentas nacionales de transferencias y las cuentas nacionales de transferencias de tiempo por sexo. Las estimaciones de mercado son las correspondientes a las cuentas nacionales de transferencias, mientras que las de la producción y el consumo de trabajo doméstico no remunerado son las que corresponden a las cuentas nacionales de transferencias de tiempo.

NTA: Cuentas nacionales de transferencias; NTTA: Cuentas nacionales de transferencias de tiempo.

En el gráfico 10B se puede observar el déficit (consumo menos ingreso laboral) de las personas mayores (de 65 años y más) en 2014 y 2050. En 2014, el déficit de las mujeres se ubica alrededor del 6% del ingreso laboral total, mientras que el de los hombres se ubica en el 4%. El consumo y la producción domésticos tienen poco efecto en la reducción del déficit que generan mujeres y hombres en 2014, ya que el incremento inducido en el ingreso laboral agregado se contrarresta con un aumento similar en el consumo. En cambio, se observa que el efecto acelerado del envejecimiento poblacional queda claramente reflejado en el déficit de los grupos etarios en estudio. El déficit de las mujeres aumentaría del 6% del ingreso laboral total en 2014 al 15% en 2050, el déficit de los hombres se duplicaría al pasar del 4% al 8% y el efecto combinado correspondiente pasaría del 10% al 23% en el período mencionado. Al igual que en 2014, la incorporación del consumo y la producción domésticos tendrían un efecto prácticamente nulo en la reducción de los déficits de las personas mayores, lo que puede deberse a que no se incorpora el potencial aumento en la demanda de trabajo doméstico, particularmente del trabajo de cuidados, que se espera se acelere con el proceso de envejecimiento demográfico.

E. Discusión

Este artículo aborda un tema de gran relevancia, la evaluación de la contribución real de mujeres y hombres en los ingresos laborales y el consumo agregado, considerando diferencias por grupos de edad. Se mide la contribución de la producción y el consumo de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, ignorado en la metodología vigente de las cuentas nacionales y, por ende, no contabilizado en la producción nacional. Finalmente, se plantea un escenario de prospectiva para visualizar el potencial efecto del cambio demográfico en el consumo y la dependencia económica de mujeres y hombres ante el inminente proceso de envejecimiento de la población. El análisis se basa en las estimaciones de ingreso laboral y consumo más recientes, sobre la base de la metodología de las cuentas nacionales de transferencias, complementadas con estimaciones sobre la valoración por edad y sexo de la producción y el consumo domésticos, que se obtienen usando las cifras más recientes de las cuentas nacionales de transferencias de tiempo.

Los resultados revelan diferencias significativas en los patrones de ingreso laboral promedio por edad de mujeres y hombres. La participación de las mujeres es significativamente menor que la de los hombres, equivalente al 52% de la contribución total de estos últimos, lo que se traduce en un aporte de únicamente el 34% del total nacional. Por otra parte, no se observaron diferencias en la desagregación por sexo del consumo promedio por edad, lo que se traduce en un menor déficit del ciclo de vida económico de las mujeres en todos los rangos de edad y en un aumento considerable del superávit generado por los hombres. Esto significa que los hombres en edades productivas son capaces de financiar su propio consumo, pero deben contribuir al financiamiento del consumo de las mujeres, ya que ellas se ubican en una situación de dependencia económica en todas las edades.

Cuando se incorpora la valoración de la producción y el consumo de trabajo no remunerado de los hogares, la posición de ambos —hombres y mujeres— mejora considerablemente, en particular en el caso de las mujeres, ya que su ingreso aumenta más que proporcionalmente en relación con su consumo y eso las vuelve autosuficientes en las edades productivas. Esto se logra gracias al superávit que generan en la producción doméstica en prácticamente todas las edades adultas. Otro aspecto relevante en el caso de las mujeres es que el valor de su producción también aumenta en edades avanzadas, en tal magnitud que iguala al valor promedio generado por los hombres en esos grupos de edad —y por ende al promedio nacional—, lo que es reflejo de su posición como principales productoras de cuidados.

Si bien es cierto que existe un valor económico intrínseco en la producción doméstica, que permite financiar no solamente la demanda de cuidados de hombres y mujeres, sino que también sustituye al mercado en la producción de tales actividades, el estudio de prospectiva revela no solo que las diferencias por sexo se mantienen, sino que aumentarían con el envejecimiento demográfico. La razón de este aumento se atribuye principalmente a un mayor incremento esperado en el consumo de las mujeres en relación con el de los hombres, no solo por su más alta probabilidad de supervivencia, sino también por el potencial efecto de una mayor carga de cuidados en edades avanzadas. Es por esto último que el incorporar la producción y el consumo de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado brinda un panorama más claro de los potenciales efectos por género del envejecimiento demográfico. Así, aunque se observa que la valoración del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado permite amortiguar la baja participación de las mujeres en los mercados de trabajo, asignando a los hombres el rol de generar excedentes de ingreso para el financiamiento del consumo de ambos, no se observan efectos significativos de esta contribución en el largo plazo. Más aún, su efecto es prácticamente nulo en términos de la carga que representará el consumo de las personas mayores en pleno envejecimiento demográfico; esto es, se esperan incrementos significativos en el consumo en edades avanzadas hacia mediados de siglo, cercanos al 22% del ingreso laboral total, que tendrán que ser financiados con otras fuentes monetarias.

Este artículo enfatiza la importancia del valor económico de los cuidados y las labores domésticas en la economía mexicana, sobre todo porque son las mujeres las principales proveedoras de estos servicios. En particular, provee elementos de análisis en términos de generación de ingreso sostenible y decente, enfocándose en la dimensión de género, pero más específicamente en la valoración y el rol del trabajo no remunerado, considerando diferencias por grupos de edad. Nuestro estudio reconoce y valora la importancia de los servicios de cuidado y trabajo doméstico, pero las diferencias por género que observamos, con una mayor carga de trabajo de las mujeres en todos los grupos etarios, estarían generando inequidades que restringen el tiempo que estas podrían dedicar a su formación académica o sus oportunidades de participación en actividades remuneradas y de mayor productividad, con efectos potencialmente adversos en el largo plazo.

El análisis aquí presentado y el tipo de modelaje empleado es limitado y no permite obtener conclusiones más amplias en torno a los verdaderos efectos económicos del envejecimiento; por ejemplo, no considera el cambio en el tiempo de la productividad nacional o de los mercados laborales, los efectos de la informalidad o el incremento esperado en la demanda de cuidados asociado al proceso de envejecimiento. Sin embargo, brinda información valiosa al considerar un escenario actual y sus posibles implicaciones en un contexto de pleno envejecimiento poblacional.

Con estos elementos, es pertinente considerar, a manera de síntesis, algunas implicaciones relevantes. Primero, el statu quo no parece una opción eficiente para enfrentar los efectos del envejecimiento demográfico. El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado se encuentra subvalorado y poco reconocido en el mercado, lo que debe explicar parte de su nulo efecto en el largo plazo. Segundo, la ampliación de mercados formales —públicos o privados— de cuidados y trabajo doméstico podría ser una opción que permita incrementar la productividad y contribuir a solventar la demanda de este tipo de servicios, de manera consecuente con una división del trabajo más equitativa en términos de género. Tercero, el trabajo doméstico y de cuidados debe igualarse entre hombres y mujeres, pero deben buscarse mecanismos que compensen la posible caída de la productividad de los hombres, si esto los induce a dedicar un menor tiempo al trabajo de mercado, al mismo tiempo que debe lograrse que las mujeres no interrumpan su formación educativa y puedan insertarse en el mercado laboral en posiciones de mayor valor agregado. Finalmente, en futuras líneas de investigación habrán de considerarse a fondo los efectos de la informalidad y la escasez de empleo formal. Este punto es muy importante, porque la escasez de opciones formales es un factor limitante para una mayor participación laboral, sin distinción de género, y por consideraciones obvias en términos de baja productividad.

Bibliografía

Carrasco, C. (2001), “La sostenibilidad de la vida humana: ¿Un asunto de mujeres?”, Mientras tanto, Nº 82.

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2011), “Economía generacional, sistemas de transferencias y desigualdad en América Latina”, Panorama Social de América Latina, 2010 (LC/G.2481-P), Santiago.

CONAPO (Consejo Nacional de Población) (2018), “Proyecciones de la población 2010-2050”, Ciudad de México.

Donehower, G. (2014), “Incorporating gender and time use into NTA: national time transfer accounts methodology” [en línea] http://www.ntaccounts.org/web/nta/show/.

Donehower, G. e I. Mejía-Guevara (2012), “Everybody works: gender, age and economic activity”, documento presentado en la Reunión Anual de 2012 de la Population Association of America, San Francisco.

Gobierno de México (2018), “Sistema de Cuentas Nacionales de México. Sectores institucionales” [en línea] https://datos.gob.mx/busca/dataset/sistema-de-cuentas-nacionales-de-mexico-sectores-institucionales.

____(2017), Quinto Informe de Gobierno 2016-2017: anexo estadístico, Ciudad de México.

Goldsmith, M. (2005), “Análisis histórico y contemporáneo del trabajo doméstico”, El debate sobre el trabajo doméstico, D. Rodríguez y J. Cooper (eds.), Ciudad de México, Instituto de Investigaciones Económica (IIE)/Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Gómez de León, J. y V. Partida (2001), “Niveles, tendencias y diferenciales de la mortalidad”, La población de México. Tendencias y perspectivas sociodemográficas hacia el siglo XXI, J. Gómez de León y C. Rabell (eds.), Ciudad de México, Consejo Nacional de Población (CONAPO)/Fondo de Cultura Económica.

Ham, R. (2003), El envejecimiento en México: el siguiente reto de la transición demográfica, Ciudad de México, Colegio de la Frontera Norte.

INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) (2018), “Sistema de Cuentas Nacionales de México por Sectores Institucionales”, Ciudad de México.

____(2014a), “Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)”, Ciudad de México.

____(2014b), “Encuesta Nacional sobre Uso de Tiempo (ENUT)”, Ciudad de México.

____(2014c), “Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2014 (ENIGH)”, Ciudad de México.

____(2011), “Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones 2011”, Ciudad de México.

____(2008), Sistema de Cuentas Nacionales de México: cuentas por sectores institucionales 2003-2014, Ciudad de México.

Lee, R. (1994), “The formal demography of population aging, transfers, and the economic life cycle”, The Demography of Aging, L. G. Martin y S. H. Preston (eds.), Washington, D.C., National Academy Press.

Lee, R. y A. Mason (2011), “Theoretical aspects of national transfer accounts”, Population Aging and the Generational Economy: A Global Perspective, R. Lee y A. Mason (eds.), Edward Elgar Publishing Limited.

Lee, R. y G. Donehower (2011), “Private transfers in comparative perspective”, Population Aging and the Generational Economy: A Global Perspective, R. Lee y A. Mason (eds.), Edward Elgar Publishing Limited [en línea] https://www.idrc.ca/en/book/population-aging-and-generational-economy-global-perspective.

Leiva, A. (2010), “Reflexiones, debates y consensos en torno al envejecimiento, las transferencias y la protección social”, Notas de Población, Nº 90 (LC/G.2469-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Mason, A. y R. Lee (2010), “Nuevos enfoques sobre las cuentas nacionales de transferencias para la política fiscal, los programas sociales y las transferencias familiares de los países”, Notas de Población, Nº 90 (LC/G.2469-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

____(2004), “Reform and support systems for the elderly in developing countries: capturing the second demographic dividend”, GENUS, vol. 62, mayo.

Mason, A., R. Lee y S.-H. Lee (2010), “Population dynamics: Social security, markets, and families”, International Social Security Review, vol. 63, Nº 3-4.

Mejía-Guevara, I. (2015), “Economic inequality and intergenerational transfers: evidence from Mexico”, The Journal of the Economics of Ageing, vol. 5, Nº C.

____(2014), “Ciclo de vida económico: 1992-2010”, Los mexicanos: un balance del cambio demográfico, C. Rabell (ed.), Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica.

____(2011), “The economic lifecycle and intergenerational redistribution in Mexico”, Population Aging and the Generational Economy: A Global Perspective, R. Lee y A. Mason (eds.), Edward Elgar Publishing Limited [en línea] https://www.idrc.ca/en/book/population-aging-and-generational-economy-global-perspective.

____(2008), “Ciclo de vida económico en México”, La situación demográfica de México, F. Vélez (ed.), Ciudad de México, Consejo Nacional de Población (CONAPO).

Mier y Terán, M. y V. Partida (2001), “Niveles, tendencias y diferenciales de la fecundidad en México, 1930-1997”, La población de México: tendencias y perspectivas sociodemográficas hacia el siglo XXI, J.Gómez de León y C. Rabell (eds.), Ciudad de México, Consejo Nacional de Población (CONAPO)/Fondo de Cultura Económica.

Miró, C. (2003), “Transición demográfica y envejecimiento demográfico”, Papeles de Población, vol. 9, Nº 35.

Naciones Unidas (2013), Measuring and Analysing the Generational Economy: National Transfer Accounts Manual, Nueva York.

OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos) (2018), “Health expenditures and financing” [en línea] http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SHA#.

Partida, V. (2005), “La transición demográfica y el proceso de envejecimiento en México”, Papeles de Población, vol. 11, Nº 45.

Phananiramai, M. (2011), “Incorporating time into national transfer accounts: the case of Thailand”, Population Aging and the Generational Economy: A Global Perspective, R. Lee y A. Mason (eds.), Edward Elgar Publishing Limited.

Pedrero, M. (2004), “Género, trabajo doméstico y extradoméstico en México. Una estimación del valor económico del trabajo doméstico”, Estudios demográficos y urbanos, vol. 19, Nº 2 [en línea] https://doi.org/10.24201/edu.v19i2.1191.

Picchio, A. (2001), “Un enfoque macroeconómico ampliado de las condiciones de vida”, Tiempos, trabajos y género, C. Carrasco (ed.), Barcelona, Universidad de Barcelona.

Rivero, E. (2018), “Intergenerational time transfers and their contribution to Mexico’s economy in 2014”, CWW Working Paper WP2: Counting Women’s Work Mexico [en línea] http://www.cww-dpru.uct.ac.za/workingpapers.

Rivero, E. y A. Hernández (2014), “No todo el tiempo es igual: variaciones en los patrones de uso del tiempo en México”, Uso del tiempo y trabajo no remunerado en México, B. García y E. Pacheco (eds.), Ciudad de México, El Colegio de México.

Rojas, O. y M. Martínez (2014), “Uso del tiempo en el ámbito doméstico entre los padres mexicanos”, Uso del tiempo y trabajo no remunerado en México, B. García y E. Pacheco (eds.), Ciudad de México, El Colegio de México.

Samaniego, N. (2014), “La participación del trabajo en el ingreso nacional: el regreso a un tema olvidado”, serie Estudios y Perspectivas - Sede Subregional de la CEPAL en México, Nº 157 (LC/L.3920), Ciudad de México, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), noviembre.

Sánchez, A., A. Herrera e I. Perrotini (2015), “La participación laboral femenina y el uso del tiempo en el cuidado del hogar en México”, Contaduría y Administración, vol. 60, Nº 3.

Sánchez, A. y otros (2016), “Determinantes de las horas de trabajo de las mujeres en México: un enfoque de pseudopanel (2005-2010)”, Revista CEPAL, Nº 120 (LC/G.2694-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Santoyo, L. y E. Pacheco (2014), “El uso del tiempo de las personas en México según tipo de hogar: una expresión de las desigualdades de género”, Uso del tiempo y trabajo no remunerado en México, B. García y E. Pacheco (eds.), Ciudad de México, El Colegio de México.

SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) (2014), Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014, Ciudad de México.

[1] Este estudio forma parte del proyecto “Transición demográfica: oportunidades y retos en el logro de los ODS en América Latina y el Caribe” (décimo tramo de la Cuenta de las Naciones Unidas para el Desarrollo), financiado por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Los autores agradecen de forma especial a Paulo Saad por el diseño del proyecto y el impulso brindado, y a Zulma Sosa y Marta Duda-Nyczak por su labor de coordinación y sus comentarios a este estudio. Asimismo agradecen al Consejo Nacional de Población (CONAPO) de México, institución responsable del proyecto de Cuentas Nacionales de Transferencias en ese país, y en particular a Patricia Chemor, Abraham Rojas Joyner y Jesús Zimbrón Guadarrama.

[2] Investigador Sénior del Departamento de Biología y del Centro de Ciencias de la Salud de la Población de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford. Correo electrónico: imejia@stanford.edu.

[3] Investigadora Asociada de la Iniciativa para el Desarrollo Global de la Universidad de Notre Dame. Correo electrónico: mrivero2@nd.edu.

[4] Investigadora Titular del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Correo electrónico: isalia@unam.mx.

[5] Por ejemplo, mientras que en 1921 la esperanza de vida al nacer era de 32,1 años para los hombres y de 33,8 años para mujeres, en la actualidad es de 72,2 años y 77,9 años, respectivamente (CONAPO, 2018). Por otro lado, mientras que en 1962 la tasa global de fecundidad era de 7,3 hijos por mujer, hoy se ha alcanzado el nivel reemplazo, de 2,1 hijos por mujer (CONAPO, 2018).

[6] El proyecto de cuentas nacionales de transferencias de tiempo se denomina formalmente Counting Women’s Work y se inserta dentro del proyecto de cuentas nacionales de transferencias. Véase [en línea] https://www.countingwomenswork.org/.

[7] Para contar con una medida relativa comparable de los indicadores propuestos por edad y sexo a través del tiempo y al considerar la producción y el consumo de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, el valor del ingreso laboral total agregado corresponde a los valores de mercado (valores de las cuentas nacionales de transferencias) en todos los casos.

[8] Corresponde al mayor valor observado en el perfil de ingreso laboral de mercado.

Artículo 4

Inmigración e inclusión laboral y protección social según el origen y el tiempo de residencia de los migrantes en países seleccionados de América Latina[1]

Ignacio Carrasco[2]

José Ignacio Suárez[3]

Recibido: 14/12/18

Aceptado: 28/03/19

Resumen

En este artículo se exploran los perfiles sociodemográficos y las brechas de inclusión de las personas migrantes según su origen y tiempo de residencia en siete países de destino: la Argentina, el Brasil, Chile, Costa Rica, México, la República Dominicana y el Uruguay. Uno de los aspectos más novedosos del presente trabajo es el uso de las encuestas de hogares como fuente de información principal, sistematizando sus ventajas comparativas con respecto a otras fuentes de información. Los resultados indican que si bien existen diferencias en los perfiles sociodemográficos de las personas migrantes en estos países, se observa un patrón común de migración laboral confirmado por la composición etaria y los altos niveles de actividad económica, ocupación y empleo de este grupo de población. Se encontraron brechas en el acceso de la población migrante intrarregional y reciente a ocupaciones de mayor calificación, que podrían relacionarse con los déficits de inclusión en los ámbitos de salud, pensiones y vivienda.

Palabras clave: inmigración, origen, tiempo de residencia, informalidad, inclusión.

Abstract

This article explores the sociodemographic profiles and inclusion gaps of migrants by origin and length of residence in seven destination countries: Argentina, Brazil, Chile, Costa Rica, the Dominican Republic, Mexico and Uruguay. One of the most innovative aspects of this work is the use of household surveys as the main source of information, systematizing their comparative advantages over other sources of information. The results indicate that while there are differences in the sociodemographic profiles of migrants in these countries, there is a common pattern of labour migration, confirmed by the population group’s age structure and its high levels of economic activity, work and employment. Gaps were found in entry into higher skilled professions by the intraregional and recent migrant populations, potentially related to a lack of inclusion in the areas of health, pensions and housing.

Keywords: immigration, origin, length of residence, informality, inclusion.

Résumé

Cet article explore les profils sociodémographiques et les lacunes dans l’inclusion des migrants selon l’origine et la durée de résidence dans sept pays de destination: Argentine, Brésil, Chili, Costa Rica, Mexique, République dominicaine et Uruguay. L’un des aspects les plus originaux de ce travail est l’utilisation des enquêtes sur les ménages comme source principale d’information, systématisant leurs avantages comparatifs par rapport aux autres sources d’information. Les résultats indiquent que, malgré les différences dans les profils sociodémographiques des migrants dans ces pays, il existe un modèle commun de migration de main-d’œuvre confirmé par la composition par âge et les niveaux élevés d’activité économique, de profession et d’emploi dans ce groupe de population. Des écarts ont été décelés dans l’accès de la population migrante intrarégionale et récente à des emplois plus qualifiés, ce qui pourrait être lié à des déficits d’inclusion dans les domaines de la santé, des pensions et du logement,

Mots-clés: immigration, origine, durée de résidence, informalité, inclusion.

Introducción

En informes recientes sobre la situación de la migración laboral en América Latina y el Caribe (CEPAL/OIT, 2017; OCDE, 2017; OCDE/OIT, 2018; CEPAL/OIT, 2017) se documenta la existencia de brechas significativas en el acceso al mercado laboral formal y a la protección social entre las personas migrantes y la población local en los países de destino. Muchos trabajadores migrantes se desempeñan en condiciones laborales precarias e inseguras, con salarios bajos y ausencia de seguridad social. Esta situación de desigualdad en términos de inclusión y acceso a la protección social de las personas migrantes se presenta en un contexto de marcada migración intrarregional, generación de nuevos corredores migratorios y cambios en la institucionalidad social de los países. En el presente artículo se estudia el papel del origen y el tiempo de residencia de la inmigración en aquellos países sobre los que se dispone de información actualizada. Con los resultados obtenidos se espera contribuir a una mayor comprensión de los factores vinculados a la generación de estas brechas entre las personas migrantes y la población local, en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo en cuanto al resguardo de los derechos de los trabajadores migrantes (ODS 8.8) y la implementación de políticas migratorias bien gestionadas (ODS 10.7) (CEPAL, 2013 y 2015; OIM/COSUDE, 2018).

Uno de los aspectos novedosos del presente artículo es el uso de las encuestas de hogares de los países de destino para estudiar las brechas de inclusión entre las personas migrantes y la población local. En función de la disponibilidad de encuestas de hogares con información migratoria, en el presente documento se analizan siete países seleccionados de América Latina: la Argentina, el Brasil, Chile, Costa Rica, México, la República Dominicana y el Uruguay. Es clave mencionar que el análisis se realiza a partir de procesamientos especiales de encuestas de hogares de los países, en particular de la última ronda disponible (alrededor de 2015). Al igual que en otros contextos con presencia migratoria, y por diversas razones que se describen más adelante, las encuestas de hogares pueden utilizarse como fuente de información complementaria a los censos (OIT, 2016b). No obstante, dado el carácter innovador del uso de esta fuente de información, se necesita cautela en la interpretación de los resultados, pues las encuestas de hogares utilizadas no fueron diseñadas para la caracterización de las personas migrantes y sus marcos muestrales pueden presentar problemas para representar a este grupo de población.

El documento se divide en cinco secciones, además de esta introducción. En la primera sección se describen brevemente los patrones migratorios y la inserción laboral de los trabajadores migrantes en la región. En la segunda sección se presenta un breve marco analítico con respecto a la importancia de considerar el origen y el tiempo de residencia al estudiar la inclusión de los migrantes. La tercera sección se refiere a la metodología empleada. En ella se describen la pertinencia del uso de encuestas de hogares para el análisis de la migración en destino y las precauciones que se han de tener en cuenta. En esta sección también se detallan los indicadores utilizados y los análisis realizados. En la cuarta sección se presentan los resultados obtenidos, tanto a nivel descriptivo como de las regresiones realizadas. Por último, en la quinta sección se realizan algunos comentarios finales.

A. Contexto

1. Patrones migratorios en América Latina

Si bien las tendencias migratorias a nivel regional se caracterizan por el mantenimiento de la importancia de la emigración con respecto a la inmigración, como puede apreciarse en el cuadro 1, se observan cambios muy significativos en la dinámica de esta última que constituyen desafíos para un desarrollo social inclusivo (Martínez y Rodríguez, 2017; CEPAL/OIT, 2017). Uno de los cambios más relevantes en la dinámica migratoria regional se refiere a la distribución de la migración, que pasó a ser mayoritariamente intrarregional. De hecho, entre 1970 y 2010, la migración intrarregional pasó del 24% a más del 60% de la migración total. En este contexto, cabe destacar la intensificación de los flujos de bolivianos, paraguayos, peruanos y ecuatorianos hacia la Argentina, de centroamericanos hacia Belice, de haitianos, paraguayos y venezolanos hacia el Brasil, de peruanos, colombianos y venezolanos hacia Chile, de nicaragüenses hacia Costa Rica, de centroamericanos hacia Panamá, de haitianos hacia la República Dominicana y de caribeños hacia Trinidad y Tabago y Bahamas (INE, 2018; CEPAL/OIT, 2017).

Cuadro 1

América Latina y el Caribe: inmigrantes y emigrantes con respecto a la población total, por países de residencia y de nacimiento, alrededor de 2010

(Estimaciones mínimas en miles de personas y en porcentajes)

País

Población total

Inmigrantes

Emigrantes

Número

Porcentaje de la población del país

Número

Porcentaje de la población del país

Total América Latina y el Caribe

703 437

7 564

1,1

28 467

4

América del Sur

509 865

4 756

0,9

8 398

1,6

Argentina

40 117

1 806

4,5

710

1,8

Bolivia (Estado Plurinacional de)

10 027

128

1,3

686

6,8

Brasil

190 756

592

0,3

874

0,5

Chile

17 135

320

1,9

429

2,5

Colombia

41 468

110

0,3

1 976

4,8

Ecuador

14 483

182

1,3

995

6,9

Guayana Francesa

231

108

46,5

1

0,4

Guyana

761

12

1,5

374

49,2

Paraguay

6 460

161

2,5

688

10,6

Perú

27 412

64

0,2

981

3,6

Suriname

524

39

7,5

4

0,7

Uruguay

3 286

77

2,3

242

7,4

Venezuela (República Bolivariana de)

27 228

1 157

4,2

439

1,6

Centroamérica

152 812

1 672

1,1

15 550

10,2

Belice

313

47

15

6

1,9

Costa Rica

4 302

386

9

111

2,6

El Salvador

5 744

37

0,7

1 316

22,9

Guatemala

14 377

59

0,4

919

6,4

Honduras

7 616

24

0,3

611

8

México

111 960

968

0,9

11 863

10,6

Nicaragua

5 119

33

0,6

597

11,7

Panamá

3 381

117

3,5

126

3,7

El Caribea

40 760

1 135

2,8

4 519

11,1

Antillas Neerlandesas

201

53

26,4

2

0,9

Bahamas

346

33

9,7

1

0,4

Barbados

257

28

10,9

18

7

Cuba

11 204

15

0,1

1 297

11,6

Guadalupe

467

105

22,5

0

0,1

Haití

10 188

35

0,3

994

9,8

Jamaica

2 730

30

1,1

803

29,4

Martinica

406

71

17,6

1

0,2

Puerto Rico

3 998

324

8,1

10

0,2

República Dominicana

9 445

396

4,2

1 070

11,3

Santa Lucía

174

10

5,9

22

12,4

Trinidad y Tabago

1 344

34

2,6

301

22,4

Fuente: J. Martínez Pizarro y E. Rodríguez, “Panorama y desafíos de las tendencias y patrones de la migración latinoamericana y caribeña”, 2017, inédito.

Nota: En los casos de la Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Colombia, Costa Rica, el Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, el Perú, la República Dominicana, el Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de), los datos de la ronda de censos de 2010 se obtuvieron a partir de la base de datos del programa de Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA). En el resto de los casos las cifras provienen de la División de Población de las Naciones Unidas. Las estimaciones de emigrantes son mínimas, pues corresponden a un número limitado de países de Europa y Oceanía.

a Se excluyen Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, las Bermudas, Dominica, Granada, las Islas Caimán, las Islas Turcas y Caicos, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Montserrat, Saint Kitts y Nevis y San Vicente y las Granadinas.

El stock migratorio ha cambiado considerablemente en algunos países desde 2010. Por ejemplo, en 2017 se registró en Chile una proporción del 4,35% (INE, 2018). No obstante, la ronda de censos de 2010 evidencia la heterogeneidad existente en la región con respecto a la cantidad relativa y absoluta de migrantes (véase el cuadro 1).

2. Inserción laboral de trabajadores migrantes en América Latina

En CEPAL/OIT (2017) se describe un panorama de la inserción laboral de las personas migrantes en América Latina y el Caribe basado en la ronda de censos de 2010 y en encuestas de hogares de 2013 en el caso de Chile y el Paraguay. Los hallazgos sobre los niveles de empleo detallados en este documento muestran que, en general, el desempleo es más bajo entre los trabajadores migrantes en comparación con la población local. El análisis de las brechas de género revela que las tasas de desempleo son más elevadas entre las mujeres migrantes que entre los hombres migrantes. Se destaca que, mientras la tasa de desempleo de las mujeres inmigrantes es más elevada que la de las mujeres locales, no ocurre lo mismo entre los hombres migrantes y locales, que no presentan grandes diferencias en materia de desempleo.

Con respecto al análisis del empleo por rama de actividad, en CEPAL/OIT (2017) se indica que la inserción de las personas migrantes con menor nivel de educación formal se concentra en rubros con ocupaciones menos calificadas. De este modo, se distinguen tres perfiles diferenciados de inserción en 2010. El primero corresponde a la inserción en ocupaciones de menor calificación, con los ejemplos de la Argentina, Costa Rica y la República Dominicana, donde los inmigrantes se ocuparían en mayor proporción en el servicio doméstico, la construcción y el sector agrario. El segundo perfil corresponde a México, donde habría una presencia importante de inmigrantes en ramas en las que se requiere un mayor nivel educativo. En Chile, por otra parte, se observa un escenario más diversificado en distintas ramas de actividad, que también se ha constado en estudios anteriores (Bellolio y Serra, 2017; Solimano y Tokman, 2006).

En el documento de CEPAL/OIT (2017) se destacan cinco regularidades en la migración laboral intra e interregional, a saber: i) la feminización de la migración laboral, ii) el predominio de los trabajadores migrantes en situación irregular, iii) la concentración de trabajadores en la economía informal, iv) la existencia de condiciones laborales precarias y v) la falta de acceso a la seguridad social.

A nivel nacional, la serie de estudios publicados en el marco del proyecto “Interacciones entre políticas públicas, migración y desarrollo” y otros estudios para el caso de Costa Rica (Reboiras, 2015) y la República Dominicana (OCDE, 2017) son de suma relevancia, pues los resultados sobre la inserción laboral se basan en encuestas de hogares diseñadas especialmente para investigar a la población inmigrante. En todos los estudios citados se constatan brechas importantes entre los trabajadores migrantes y locales en términos de inserción económica, inclusión y protección social.

Si bien no se aborda de manera directa en el presente artículo, es necesario considerar que la institucionalidad social presente en cada país —entendida como el desarrollo normativo-jurídico, organizacional, técnico-operativo y fiscal— es también fundamental para comprender la inclusión de las personas migrantes. En algunos países de la región se han modificado o actualizado las normas migratorias y se realizan gestiones importantes con miras a desarrollar las distintas dimensiones de la institucionalidad social relativa a la inmigración (Maldonado, Martínez y Martínez, 2018).

B. Marco analítico

1. Inclusión según origen y tiempo de residencia de las personas migrantes

Sobre la base de múltiples conceptualizaciones (CEPAL, 2009, 2010; Naciones Unidas, 2016; Levitas y otros, 2007), en el documento Brechas, ejes y desafíos en el vínculo entre lo social y lo productivo (CEPAL, 2017), la inclusión se define como “...la realización de los derechos, la participación en la vida social, el acceso a educación, salud y cuidado, así como a los servicios básicos de infraestructura, y la disponibilidad de recursos materiales como ingresos y vivienda. Remite a un proceso de mejoramiento de las condiciones económicas, sociales, culturales y políticas para la plena participación de las personas en la sociedad, que tiene tanto dimensiones objetivas como de percepciones”. En este sentido, la inclusión posee un carácter multidimensional que abarca distintos aspectos del bienestar y el reconocimiento dentro de la sociedad, como el acceso a una vivienda digna, la salud, el empleo y la no discriminación (Levitas y otros, 2007). Así, la inclusión social puede entenderse como un continuo o un vector con un conjunto de dimensiones, una situación en que los individuos son miembros plenos de la sociedad y están en condiciones de participar, desarrollarse y beneficiarse de ella.

Por otra parte, el concepto de inclusión laboral se encuentra estrechamente vinculado con la inclusión social y con el trabajo decente, pues el trabajo se presenta como la llave maestra para conseguir igualdad, desarrollo personal y crecimiento económico en la región (CEPAL, 2017 y 2012). En estos documentos se plantea que el trabajo es central para la integración y constituye un mecanismo fundamental para la autonomía, la dignidad de las personas y la ampliación de la ciudadanía.

En un contexto en que los flujos migratorios tienen una importante motivación laboral, el análisis de la inclusión de los migrantes en América Latina desde la óptica del trabajo decente es especialmente relevante (CEPAL/OIT, 2017). En particular, la meta 8.8 de los ODS refiere a la importancia de resguardar los derechos de los trabajadores migrantes, aludiendo a que el trabajo debe ir acompañado de un reconocimiento de derechos y de condiciones laborales adecuadas: “proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios”.

El origen de las personas migrantes es un aspecto clave que se ha de considerar, especialmente en el contexto de países de América Latina y el Caribe. Para ello se distingue entre migración intrarregional y extrarregional. Si bien se han establecido acuerdos de movilidad y residencia a distintos niveles (regional, subregional y nacional), como los de integración económica de la Comunidad Andina (CAN) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el avance en términos de libre circulación y residencia y del derecho a trabajar en igualdad de trato y oportunidades es menor con respecto a otras regiones (Acosta, 2016; OIT, 2016a; OIM, 2014b). Como se señala en la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes (2016), la coordinación internacional en esta materia tiene un importante papel para asegurar el resguardo de los derechos de las personas migrantes.

De acuerdo con la hipótesis de la asimilación, desarrollada a partir del estudio de la incorporación de los trabajadores migrantes en países desarrollados, el tiempo de residencia en el país de destino tendría un efecto positivo en su movilidad social. En múltiples estudios en distintos contextos se observó un patrón con forma de “u” en la inserción laboral de los trabajadores migrantes, caracterizada por el acceso a ocupaciones de menor calificación con respecto al país de origen durante los primeros años, para luego ascender en las ocupaciones alcanzadas (Bauer y Zimmermann, 1999; Chiswick, Lee, y Miller, 2005; Obućina, 2013; Redstone, 2006). La hipótesis se apoya en la idea de que un mayor tiempo en el lugar de destino se asocia con un fortalecimiento del capital social, debido —entre otras cosas— a la posibilidad de homologar los estudios o realizar otros nuevos.

Sin embargo, algunos autores han planteado que, en mercados con altos niveles de informalidad económica, el mayor tiempo de residencia no necesariamente asegura una mayor inclusión (Blossfeld, Mills y Bernardi, 2006). Esto es relevante, pues la informalidad económica tendría un efecto perjudicial en términos de inclusión, que afectaría sobre todo a la población más vulnerable, como los trabajadores de menores ingresos, las mujeres, las minorías étnicas y los trabajadores migrantes, que son los grupos que tenderían a ocuparse en el sector informal (Amarante y Arim, 2015; CEPAL, 2012 y 2017).

C. Metodología

1. Datos

Los datos utilizados provienen de la ronda 2015 de las encuestas de hogares de los siete países seleccionados, considerando que para la caracterización continua de la inclusión y el acceso a la protección social de los inmigrantes internacionales en la región —sobre todo en los períodos intercensales— pueden presentar ventajas comparativas con respecto a otras fuentes de información, como los censos y los registros administrativos. No obstante, se requiere mucha cautela en la interpretación de los resultados en términos de representatividad estadística de los migrantes, debido a las limitaciones de estas encuestas en cuanto al diseño y el tamaño de las muestras.

Para determinar las ventajas comparativas y las limitaciones del uso de las encuestas de hogares en el presente artículo, se toma como punto de partida el trabajo realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Estadísticas de migración laboral: mapeo y análisis en 5 países de América Latina y el Caribe (OIT, 2016b). En dicho documento se examinan los censos de población, las encuestas de hogares, los registros administrativos y los sistemas internacionales de estadísticas que sistematizan la información en materia de migración internacional, entre ellos la base de datos del programa IMILA (censos); Minnesota Population Center, Integrated Public Use Microdata Series, International (IPUMS-I) (censos) y el Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional en las Américas (SICREMI) (registros administrativos y censos). Sobre la base de la sistematización de las fuentes de información realizada por la OIT en 2016, en el cuadro 2 se comparan los censos de población, las encuestas de hogares y los registros administrativos, en función de criterios como universalidad y representatividad, frecuencia, armonización entre distintas rondas y países y posibilidad de caracterizar stocks y flujos migratorios en términos de inclusión y protección social.

Cuadro 2

Comparación de fuentes de información para el estudio de la inmigración internacional y la protección social

Criterios

Censos

Encuestas de hogares

Registros

Universalidad

Sí

No

Sí

Frecuencia

10 años

Anual o continua

Continua

Armonización entre países

Sí

Sí

No

Oficinas nacionales de estadística

Sí

Sí

No

Información de stocks

Sí

Sí, pero con limitaciones para desagregar por tamaño n muestral

No suelen proveer información de stocks

Información de migración reciente (flujos)

Sí

Sí, pero con limitaciones para desagregar por tamaño n muestral. Además, se requiere armonización de preguntas

Sí

Caracterización sociodemográfica

Sí

Sí

Sí

Caracterización de la inclusión social

Sí, pero menor cantidad de indicadores en comparación con encuestas de hogares

Sí

Sí

Caracterización del acceso a protección social

Sí, pero menor cantidad de indicadores en comparación con encuestas de hogares

Sí

Sí

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Organización Internacional del Trabajo (OIT), Estadísticas de migración laboral: mapeo y análisis en 5 países de América Latina y el Caribe, Brasilia, 2016.

El uso de encuestas de hogares para el análisis migratorio presenta limitaciones que deben atenderse. Dado que las encuestas de hogares no son un instrumento diseñado para caracterizar a las personas migrantes en los países de destino, estos resultados no son necesariamente representativos de su situación de inclusión y por lo tanto deberían tomarse como un complemento al resto de la información proporcionada por otras publicaciones y fuentes. Del mismo modo, estas encuestas pueden presentar problemas relacionados con la desactualización de sus marcos muestrales, debido a los recientes cambios en los flujos migratorios, o con la implementación de los censos, como en el caso del censo de Chile de 2012. Cabe mencionar también que todas las estimaciones realizadas en este artículo se calcularon haciendo uso de los factores de expansión de hogar y persona, según corresponda, y de acuerdo con el diseño muestral de cada encuesta. Asimismo, hay que considerar que desde 2015 hasta la fecha los flujos migratorios intrarregionales se han modificado debido a las circunstancias en Centroamérica y la República Bolivariana de Venezuela. Por lo tanto, los análisis presentados no serán representativos de la situación actual.

Con el objetivo de comparar las estimaciones del stock migratorio basadas en encuestas de hogares con la información obtenida mediante censos de población, en el gráfico 1 se presenta la proporción de población inmigrante en los siete países seleccionados. Con excepción de Chile y la República Dominicana, se llegó al valor descrito utilizando los censos de población de la ronda de 2010 (Martínez y Orrego, 2016).

La posibilidad que brindan las encuestas de hogares de distinguir el origen de las personas migrantes constituye una oportunidad para profundizar en las brechas de inclusión social y laboral entre la población local y las personas migrantes extrarregionales e intrarregionales. El gráfico 2 confirma el patrón migratorio internacional descrito en Martínez y Orrego (2016), en el que predomina la migración intrarregional. Esto es especialmente relevante en un contexto donde esta mayor representación de la migración intrarregional ha aumentado en los últimos años. La migración intrarregional supera el 80% en casi todos los países analizados. Debido a que en el Brasil y México no puede realizarse esta distinción mediante las encuestas de hogares disponibles, el análisis de la migración según el origen se acotará a los otros cinco países.

En el gráfico 3 es posible apreciar la importancia relativa de la migración reciente dentro del stock migratorio. Se destacan los casos del Uruguay, Chile y la República Dominicana, donde la proporción de migrantes residentes desde hace menos de cinco años supera el 25% y llega a un máximo del 46,5% en el caso del Uruguay. Por otra parte, en el Brasil, la Argentina y Costa Rica, la proporción de migración reciente es mucho menor. En la encuesta utilizada en México el total de personas migrantes corresponde a migrantes recientes, de manera que no se incluye dicho país en el gráfico. En el presente documento se hablará indistintamente de migración histórica o antigua para referirse a las personas migrantes que lleven más de cinco años en el país de destino.

Gráfico 1

América Latina (7 países): stock migratorio

(Como porcentaje de la población total)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG) y estimaciones de (CEPAL/OIT, 2017).

Gráfico 2

América Latina (5 países): población inmigrante según el origen de la migración, alrededor de 2015

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

Gráfico 3

América Latina (6 países): migración reciente e histórica con respecto al stock, alrededor de 2015

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

2. Países e indicadores seleccionados

La selección de siete países de la región para realizar el presente análisis se justifica, en primer lugar, por la relevancia relativa de la población inmigrante, pero también por la disponibilidad de indicadores para estudiarla mediante encuestas de hogares[4]. En primer lugar, es necesario contar con indicadores que permitan identificar adecuadamente a la población migrante e información sobre su origen y tiempo de permanencia en el país. Por otra parte, se debe tener acceso a indicadores de inclusión que permitan comparar a la población local con los conjuntos de migrantes en sus distintas dimensiones. En consecuencia, se armonizaron las encuestas de hogares de la ronda de 2014-2015 para los casos de la Argentina, el Brasil, Chile, Costa Rica, México, la República Dominicana y el Uruguay, en relación con el conjunto de variables e indicadores que se describen en el cuadro 3.

Cuadro 3

Indicadores de migración e inclusión social utilizados

Dimensión migración

Condición migratoria

Inmigrante; local

País de nacimiento

Origen

Intrarregional; extrarregional

País de nacimiento

Tiempo de residencia

Inmigrante histórico; inmigrante reciente

Años desde inmigración

Dimensión inclusión

Educación

Asiste; no asiste

Asistencia a la escuela de niños y jóvenes de 6 a 18 años

Trabajo: Desempleo

Empleado; desempleado

Ocupados como porcentaje de la población económicamente activa

Trabajo: Inserción laboral

Ocupado; no ocupado en sectores de baja productividad

Ocupados en sectores de baja productividad (área urbana)

Protección social: Salud

Afiliado; no afiliado a sistemas de salud

Afiliación al sistema de salud (ocupados)

Protección social: Pensiones

Afiliado; no afiliado a sistemas de pensiones

Afiliación al sistema de pensiones (ocupados)

Vivienda: Hacinamiento

Hacinamiento

Número de personas en el hogar (hogar)

Vivienda: Acceso a servicios básicos

Acceso a servicios básicos

Acceso a agua potable

Acceso a saneamiento

Fuente: I. Carrasco y J. I. Suárez, “Migración internacional e inclusión en América Latina”, serie Políticas Sociales, Nº 231 (LC/TS.2018/57), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2018.

El cuadro 3 contiene los indicadores utilizados, organizados según dos grandes dimensiones: migración e inclusión. La condición migratoria se mide a partir de la pregunta sobre el país de nacimiento. Si bien la pregunta sobre nacionalidad podría haberse utilizado de manera complementaria, no se encuentra disponible en todos los países seleccionados. Para agrupar a los migrantes según su origen intra o extrarregional, se utiliza también el indicador sobre país de nacimiento. Para la medición de la inmigración reciente se cuenta con información sobre la cantidad de años en el país de destino y se utiliza un criterio de cinco años como punto de corte porque en la mayoría de las encuestas se encuentra predefinida esta cantidad de tiempo[5].

Los indicadores de inclusión seleccionados hacen referencia a las principales dimensiones de este concepto desde un punto de vista material. No se abordan los aspectos vinculados con la participación política, social y el reconocimiento, pues van más allá de los objetivos del presente artículo.

La medición de la informalidad laboral se realiza mediante el indicador de “ocupados en sectores de baja productividad” en el área urbana. Se entiende como ocupada en el sector de baja productividad (informal) aquella persona que es empleador o asalariado (no profesional ni técnico) que trabaja en empresas con hasta cinco empleados (microempresas), en el empleo doméstico o es trabajador independiente no calificado (por cuenta propia y familiares no remunerados sin calificación profesional o técnica) (CEPALSTAT). Cabe notar que los trabajadores en ocupaciones de carácter profesional y técnico no son considerados parte de los sectores de baja productividad. Si bien este indicador tiene muchas limitaciones, pues deja de lado la informalidad laboral en los sectores rurales y considera al empleo doméstico en el sector de baja productividad, permite un primer acercamiento a la inserción laboral de los trabajadores migrantes[6].

3. Análisis

El análisis realizado se divide en tres ámbitos. En primer lugar, se analizan las características sociodemográficas y la inserción laboral de las personas migrantes, distinguiendo según tiempo de residencia y origen. En lo concerniente a la inserción laboral, se exploran los factores asociados con las barreras de acceso a las ocupaciones de media y alta calificación, aplicando una regresión logística con la ocupación en sectores de baja productividad como variable dependiente. Por último, se presenta un análisis a nivel descriptivo sobre las brechas de inclusión entre las personas migrantes y la población local de los países de destino, las cuales pueden entenderse como un resultado de las brechas encontradas en el mercado laboral.

Es fundamental enfatizar que los análisis realizados se orientan a observar diferencias en términos de distribución y no de valores absolutos.

D. Resultados

1. Caracterización sociodemográfica de las personas migrantes

En el cuadro 4 se detalla la composición de los inmigrantes según el sexo[7]. Para ello se hace uso del índice de feminidad, que es el cociente entre el total de mujeres con respecto al total de hombres, descrito en términos porcentuales. El patrón de migración femenina se aprecia de manera más nítida al distinguir el origen. En particular, el porcentaje de mujeres sería mayor en el caso de la migración intrarregional que en el de la extrarregional, cuya distribución según el sexo es relativamente equitativa. La República Dominicana constituye una excepción, pues la migración intrarregional se caracteriza por el predominio de los hombres y sigue un patrón por sexo opuesto al del resto de los países, que también se ha constatado en publicaciones basadas en datos censales (Martínez, Cano y Soffia, 2014). Con respecto a la migración histórica, la proporción de mujeres sería levemente mayor en la Argentina, Costa Rica y el Uruguay, mientras en el Brasil, la República Dominicana y México se observa la situación opuesta, con una elevada proporción de migrantes hombres. La inmigración reciente también es principalmente masculina en esos últimos tres países.

Cuadro 4

América Latina (7 países): índice de feminidad según origen y tiempo de residencia de la migración, población de 15 años y más, alrededor de 2015

Origen

Tiempo de residencia

Intrarregional

Extrarregional

Antigua

Reciente

Argentina

123,66

108,16

122,92

95,31

Brasil

...

...

81,26

75,59

Chile

117,72

90,88

121,53

104,12

Costa Rica

117,25

86,85

113,40

88,57

México

...

...

...

48,02

República Dominicana

67,73

94,21

72,62

65,86

Uruguay

124,77

104,42

118,53

112,09

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

En los gráficos 4 y 5 se presenta la distribución de la población migrante por grandes grupos de edad, según origen y tiempo de residencia. Se observa que la proporción de personas en edad de trabajar es sistemáticamente mayor entre los migrantes intrarregionales que en la población local, resultado que evidencia un perfil de migración laboral para este grupo, como se ha planteado en publicaciones anteriores (CEPAL/OIT, 2017). En el caso de Chile, la migración intrarregional corresponde casi enteramente a personas migrantes en edad de trabajar (85%). Por otra parte, el perfil etario de la migración extrarregional revela que en Chile y Costa Rica habría una mayor proporción de personas migrantes de 15 a 64 años, en comparación con la población local. Al observar los promedios de edad, se aprecia que las diferencias de edad son mucho más pronunciadas entre los migrantes extrarregionales y la población local.

Gráfico 4

América Latina (5 países): estructura de edades según condición y origen migratorio, alrededor de 2015

(En porcentajes y años de edad)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

Gráfico 5

América Latina (7 países): estructura de edades según condición y tiempo de residencia de la migración, alrededor de 2015

(En porcentajes y años de edad)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

Al observar los grupos de edad según el tiempo de residencia, se aprecia que la proporción de personas en edad de trabajar es relativamente mayor para la migración reciente que para la población local y que la diferencia entre ambos grupos varía de 8 a 18 puntos porcentuales. Este patrón se mantiene en el caso de la migración histórica, salvo en la Argentina, el Brasil y el Uruguay, donde la edad promedio de los migrantes antiguos ronda en torno a los 50 años. Cabe subrayar que la proporción de niños de 0 a 14 años en la población local es mayor que en la población migrante en todos los países de destino examinados.

La caracterización de los perfiles educativos de los migrantes y su comparación con los de la población local constituyen un primer paso para comprender los tipos de inserción laboral. El panorama en términos educativos es bastante heterogéneo y existen diferencias notorias entre la población local y los migrantes extrarregionales, pues este último grupo tiene en promedio una escolaridad más alta en casi todos los países analizados (véase el cuadro 5). Con respecto a la migración intrarregional, mientras en Chile y el Uruguay las personas migrantes tienen un mayor nivel educativo, en Costa Rica y la República Dominicana se presenta la situación inversa. En la República Dominicana, los migrantes intrarregionales tienen en promedio cuatro años menos de escolaridad.

Al revisar la distinción según tiempo de residencia, se observa que mientras en la Argentina, el Brasil, Chile y el Uruguay habría una migración más calificada, en la República Dominicana se observa la situación opuesta, sobre todo en el caso de la migración reciente.

Cuadro 5

América Latina (7 países): niveles educativos (ciclos completos) según origen y tiempo de residencia de la migración, población de 18 años y más, alrededor de 2015

(En porcentajes y media de años de escolaridad)

País

Origen y tiempo de residencia

Nivel educativo

Primaria

Secundaria

Terciaria

Media

Argentina

Población local

37,10

37,94

24,96

9,49

Migración intrarregional

41,48

59,75

34,21

7,50

Migración extrarregional

526,23

25,59

21,84

7,28

Migración antigua

44,88

37,36

17,76

8,43

Migración reciente

27,52

27,27

45,21

11,36

Brasil

Población local

27,12

54,03

18,85

8,25

Migración antigua

18,03

45,46

36,51

10,11

Migración reciente

7,25

54,70

38,05

11,44

Chile

Población local

17,00

51,15

31,84

11,11

Migración intrarregional

6,04

59,75

34,21

12,31

Migración extrarregional

2,86

25,71

71,42

14,63

Migración antigua

6,19

56,40

37,30

12,44

Migración reciente

4,92

5,55

39,60

12,74

Costa Rica

Población local

40,98

33,92

25,10

8,82

Migración intrarregional

53,21

37,54

9,25

6,78

Migración extrarregional

4,03

27,54

68,43

13,52

Migración antigua

46,15

35,93

17,92

7,76

Migración reciente

42,64

39,19

18,18

8,06

México

Población local

34,50

46,54

18,96

8,98

Migración reciente

29,34

50,47

20,14

9,77

República Dominicana

Población local

28,92

49,25

21,84

9,21

Migración intrarregional

64,53

27,38

8,08

5,05

Migración extrarregional

32,15

16,84

51,01

12,03

Migración antigua

58,60

27,82

13,58

6,22

Migración reciente

65,07

20,82

14,11

5,38

Uruguay

Población local

30,45

50,97

18,58

9,44

Migración intrarregional

21,81

47,49

30,70

10,77

Migración extrarregional

42,86

32,11

25,03

9,32

Migración antigua

32,56

42,59

24,85

9,79

Migración reciente

7,75

40,49

51,76

13,13

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

2. Inserción laboral

A continuación, se presenta un análisis de la inserción laboral de las personas. Para esto, se analizan los principales indicadores de participación laboral y ocupación, así como los sectores de actividad en los cuales se ocupan los migrantes.

Un primer análisis consiste en observar la población en edad de trabajar y la población económicamente activa de los tres grupos de población estudiados (véase el cuadro 6). Es interesante destacar que la población económicamente activa es sistemáticamente igual o mayor entre los migrantes en comparación con los locales, resultado que evidencia la preponderancia de la migración laboral. La población en edad de trabajar presenta un patrón similar, con excepción del Brasil y el Uruguay, donde la población migrante histórica, y por lo tanto más envejecida, se encuentra en menor proporción en edades productivas. Cabe destacar que, si bien esta tendencia se mantiene al distinguir por sexo, se presentan casos en que la proporción de mujeres migrantes económicamente activas es menor con respecto a la de la población local.

Las tasas de ocupación son muy similares o mayores entre la población migrante, tanto histórica como reciente, y proporcionan mayor evidencia sobre los altos niveles de ocupación de los trabajadores migrantes. Esto último no solo refleja que la proporción de ocupados es mayor entre las personas migrantes, sino que la proporción de población económicamente activa es también mayor.

Las tasas de desempleo de los migrantes antiguos son recurrentemente menores en comparación con las de la población local, conforme lo descrito en publicaciones en relación con el stock migratorio (CEPAL/OIT, 2017). Sin embargo, se observa la situación opuesta con respecto a la migración reciente, excepto en Chile y la República Dominicana. Dada la baja cantidad de casos, no es posible distinguir según el sexo en relación con el indicador de desempleo.

Cuadro 6

América Latina (7 países): población económicamente activa, población en edad de trabajar, tasa de ocupación y tasa de desempleo, según sexo, alrededor de 2015

(En porcentajes)

País

Población

Población en edad de trabajar

Población económicamente activa

Ocupados

Desempleados

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Argentina

Locales

64,9

64,9

64,9

60,1

72,5

48,9

56,0

68,2

45,0

7,0

Migrantes antiguos

71,0

70,3

71,5

54,0

68,7

42,0

51,3

64,8

40,3

5,2

Migrantes recientes

87,0

96,5

78,7

73,7

73,5

74,0

65,2

61,68a

68,87a

12,3

Brasil

Locales

69,2

69,0

69,3

64,8

76,2

54,4

58,6

70,2

48,0

9,6

Migrantes antiguos

55,8

59,5

51,3

54,8

67,8

38,8

52,6

65,5

36,8

4,1

Migrantes recientes

77,4

78,4

76,1

80,2

91,6

65,1

67,7

84,2

45,83ª

15,6

Chile

Locales

72,1

72,8

71,5

59,8

73,8

48,2

55,6

69,2

44,3

7,1

Migrantes antiguos

82,8

79,1

86,2

73,6

83,6

65,3

69,6

79,6

61,4

5,4

Migrantes recientes

84,1

83,8

84,4

82,4

93,1

72,2

76,7

87,8

66,2

6,9

Costa Rica

Locales

67,3

67,0

67,7

59,1

73,6

45,6

54,1

68,3

40,9

8,5

Migrantes antiguos

85,7

86,1

85,4

69,3

85,6

54,9

63,8

80,5

49,1

8,0

Migrantes recientes

83,2

86,7

79,5

68,2

80,0

54,8

57,4

69,5

43,75a

15,4

México

Locales

64,9

64,0

65,8

61,4

79,8

44,7

58,3

75,0

43,1

5,3

Migrantes recientes

79,7

84,2

71,7

76,3

91,8

43,8

70,5

84,0

42,1

8,0

República Dominicana

Locales

65,4

64,2

66,5

59,6

74,0

46,3

55,9

71,1

41,8

6,3

Migrantes antiguos

86,9

82,0

93,6

77,5

92,0

57,5

74,2

91,2

50,8

4,2

Migrantes recientes

78,7

77,0

81,5

70,5

87,6

44,6

70,5

87,6

44,6a

0,0a

Uruguay

Locales

65,3

66,5

64,2

65,1

74,5

56,5

60,2

69,8

51,5

7,5

Migrantes antiguos

57,2

60,0

54,7

55,9

67,2

46,5

52,1

62,7

43,1

6,9

Migrantes recientes

74,4

71,9

76,7

80,0

87,6

73,1

70,0

77,4

63,5

12,4

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

a Número de casos inferior a 40.

3. Brechas de acceso al mercado laboral

Como se mencionó anteriormente, la proporción de trabajadores ocupados en sectores de baja productividad es relevante, pues este tipo de empleo presenta mayor precariedad desde el punto de vista de los salarios, la duración en el tiempo y la seguridad social y, por lo tanto, puede utilizarse como variable sustitutiva de la informalidad laboral (CEPAL, 2012; Portes y Haller, 2002).

En el gráfico 6 se observa una mayor proporción de trabajadores en este tipo de ocupaciones entre los inmigrantes intrarregionales, en comparación con la población local y los inmigrantes extrarregionales. Cabe destacar que las mayores brechas en este indicador se encuentran en la República Dominicana, con 30 puntos porcentuales de diferencia entre migrantes intrarregionales y trabajadores locales, seguida por Costa Rica y la Argentina, con una diferencia de 25 y 18 puntos, respectivamente.

Gráfico 6

América Latina (5 países): trabajadores ocupados en sectores de baja productividad según condición y origen migratorio, alrededor de 2015

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

En el gráfico 7 se presentan las diferencias según tiempo de residencia de la migración. Al revisar el complemento del indicador, se aprecia que al igual que la población local, los trabajadores migrantes están ocupados mayoritariamente en sectores de media y alta productividad. Ahora bien, también es importante señalar que, con excepción del Brasil, México y el Uruguay, los inmigrantes suelen tener una mayor representación en el sector de baja productividad, en comparación con las respectivas poblaciones locales. Por otra parte, la mayor brecha se registra en la República Dominicana, con casi 35 puntos porcentuales de diferencia entre trabajadores locales y migrantes recientes.

Gráfico 7

América Latina (7 países): trabajadores ocupados en sectores de baja productividad, según condición y tiempo de residencia de la migración, alrededor de 2015

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

En relación con las ramas de actividad en las que se emplean los migrantes, en el cuadro 7 se detalla el porcentaje de ocupados para el stock migratorio y la población local. Los resultados muestran una concentración de los trabajadores migrantes en la construcción y el servicio doméstico en la Argentina, Chile, Costa Rica y la República Dominicana, así como en la agricultura en el caso de la República Dominicana y México. Esto concuerda con el trabajo de Tijoux (2016), quien plantea que la concentración histórica de los migrantes en ciertos sectores —específicamente el servicio doméstico y la construcción— está asociada a condiciones laborales precarias, prácticas discriminatorias y situaciones de racismo. En el caso chileno, la discriminación asociada al trabajo del migrante recae también en sus hijos, quienes se ven expuestos a mecanismos de exclusión social que contribuyen a la reproducción de las desigualdades sociales (Tijoux, 2013). Lamentablemente, el número de casos no es suficiente para realizar desagregaciones por tiempo de residencia y origen, que ayudarían a evidenciar posibles diferencias entre subgrupos.

A continuación se profundiza en la pregunta sobre la posibilidad de que la condición de trabajador migrante esté asociada con posibles barreras de acceso y discriminación en el mercado laboral de los países de destino analizados. Para ello se presenta una serie de modelos de regresión logística con el indicador sobre ocupación en sectores de baja productividad como variable dependiente y la condición migratoria, el sexo, la edad, el nivel educativo y el país como variables de control. En el cuadro 8 se presentan de forma sintética los resultados del análisis de regresión, en que los coeficientes del modelo corresponden a razones de tasas de estar ocupado en sectores de baja productividad. Los resultados indican que, en concordancia con los análisis descriptivos, tanto los migrantes antiguos como los recientes tienen una mayor probabilidad que los trabajadores locales de estar ocupados en sectores de baja productividad, aislando los factores sociodemográficos intervinientes como la edad, el nivel educativo, el sexo y el país de destino.

Cuadro 7

América Latina (7 países): trabajadores ocupados según rama de actividad, por país y condición migratoria, alrededor de 2015a

(En porcentajes)

Actividades agrícolas

Minería e industria

Construcción y suministros básicos (hombres)

Hotelería y restaurantes (mujeres)

Servicio doméstico (mujeres)

Argentina

Población local

-

13,5%

16,9%

3,8%

15,4%

Migrantes

-

17,3%

27,1%

4,19%b

37,6%

Brasil

Población local

14,2%

12,5%

15,1%

6,4%

14,2%

Migrantes

5,6%

21,4%

12,6%

6.39%b

6,9%

Chile

Población local

6,1%

12,2%

15,7%

5,7%

13,1%

Migrantes

2,4%

10,4%

21,0%

12,8%

25,3%

Costa Rica

Población local

11,1%

10,8%

10,7%

8,9%

15,0%

Migrantes

13,1%

9,9%

20,7%

13,6%

33,2%

México

Población local

14,2%

16,2%

12,2%

11,2%

-

Migrantes

22,3%

13,4%

13,5%

16,97%b

-

República Dominicana

Población local

8,8%

10,8%

11,7%

9,3%

13,5%

Migrantes

28,9%

1,1%b

28,1%

14,72%b

19,23%b

Uruguay

Población local

8,9%

11,2%

15,5%

4,2%

13,7%

Migrantes

4,0%

11,1%

12,3%

6,6%

14,9%

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

a No es posible estimar el porcentaje de ocupados en actividades agrícolas en la Argentina debido a que su muestra solo tiene cobertura urbana, mientras que en México tampoco es posible identificar a los ocupados en servicio doméstico debido a la ausencia del ítem.

b n <= 40.

Cuadro 8

Principales coeficientes del modelo de regresión logística para sectores de baja productividad

Coeficientes

Migrante antiguo

1,474***

(-0,0333)

Migrante reciente

1,431***

(-0,0578)

Sexo

1,553***

(-0,0091)

Edad^2

1,001***

(-0,0011)

Educación superior

0,195***

(-0,0016)

N

351 610

Fuente: I. Carrasco y J. I. Suárez, “Migración internacional e inclusión en América Latina”, serie Políticas Sociales, Nº 231 (LC/TS.2018/57), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2018.

Nota: Coeficientes de razón de tasas, desviación estándar entre paréntesis. * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.

Es clave destacar que para los mismos niveles educativos, los trabajadores migrantes tienden a estar más ocupados en sectores de baja productividad en comparación con los locales. En este sentido, la mayor presencia relativa de trabajadores migrantes en sectores de baja productividad no se debería necesariamente a una menor calificación, sino que podría obedecer a otros problemas, como las características de la institucionalidad orientada a facilitar el acceso a los diferentes sectores del mercado laboral. Estos hallazgos concuerdan con lo planteado por diversos autores (Ramírez y Lozano, 2017; Pellegrino, 2013; Lozano y Gandini, 2011) que detallan los problemas enfrentados por los migrantes —sobre todo los más calificados— para acceder a empleos acordes con su nivel educativo. Esto se traduce en una “subutilización de cerebros”, en el sentido de un desaprovechamiento de sus capacidades, en este caso en los países de destino.

4. Inclusión según origen y tiempo de residencia de la migración

En esta sección se analiza la condición de inclusión en cada país comparando la población local con la población migrante, según las distinciones por origen y tiempo de residencia. Para ello se seleccionaron seis indicadores de inclusión, a saber: tasa de desempleo (representada gráficamente a partir de su complemento), afiliación al sistema de salud, afiliación al sistema de pensiones, asistencia escolar de jóvenes y niños en edad escolar, hacinamiento y servicios básicos. La unidad de análisis de los dos últimos indicadores es el hogar, mientras en el resto de los casos corresponde a las personas, con sus respectivos filtros de edad y condición de actividad. La selección de los indicadores se realizó considerando los aspectos de inclusión propuestos en el análisis de la doble inclusión —social y laboral— de la CEPAL (2017), y otros elementos propuestos por Levitas y otros (2007), como la tasa de desempleo.

Para mostrar las diferencias entre los tres grupos de población seleccionados se utilizan gráficos radiales y se sitúan los distintos indicadores como parte del área total de un polígono. Cada vértice representa el máximo valor de cada indicador (100%), que corresponde a ausencia de desempleo, ausencia de hacinamiento, cobertura de servicios básicos, acceso a la educación, afiliación al sistema de salud y afiliación al sistema de pensiones y, por lo tanto, a mayor inclusión. De ese modo, un bajo porcentaje en un determinado indicador estará representado gráficamente como un punto cercano al centro de la figura, mientras un alto porcentaje se situará hacia el borde de ella[8]. Las diferencias de área que comprenden las uniones de valores de cada indicador en cada población reflejan las brechas de inclusión a partir de los indicadores seleccionados.

Al analizar los distintos países se observa que la población local está más incluida en comparación con los grupos de inmigrantes. No obstante, la intensidad de las brechas entre grupos para los distintos países es muy heterogénea, tanto por origen como por tiempo de residencia. Por una parte, el Brasil y el Uruguay presentan un escenario de bastante paridad, con brechas menores entre la población local y el grupo de inmigrantes. La situación es muy diferente en países como la República Dominicana y Costa Rica, donde se encuentran grandes diferencias entre los grupos de migrantes y entre estos y la población local.

A nivel de indicadores, la afiliación al sistema de salud, el acceso a la educación y el hacinamiento son los aspectos en los que se observan mayores brechas en los países, mientras en el caso del empleo y los servicios básicos (con excepción de la República Dominicana) las diferencias son menores. Como se ha destacado en las secciones anteriores, no existirían grandes diferencias entre migrantes y locales en términos de ocupación, lo cual permite apoyar la hipótesis de migración laboral para la región (CEPAL/OIT, 2017). Sin embargo, esta relativa invarianza en las tasas de ocupación viene acompañada de un trasfondo desigual en la calidad del empleo y el acceso a ocupaciones de mayor calificación.

En la Argentina, los migrantes intrarregionales, principalmente provenientes de países limítrofes, concentran brechas con la población local en los indicadores de hacinamiento y previsión social, por lo que requerirían una especial atención. Por otra parte, los migrantes extrarregionales se posicionan como los más incluidos, especialmente tomando en cuenta los indicadores de hacinamiento y afiliación al sistema de salud, superando a los migrantes intrarregionales y la población local (véase el gráfico 8).

Gráfico 8

Argentina: indicadores de inclusión según condición y origen migratorio, alrededor de 2015

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

Con respecto a la distinción según tiempo de residencia en la Argentina (véase el gráfico 9), se aprecia una situación de inclusión relativamente pareja entre los distintos grupos de población examinados en la mayoría de los indicadores. Las mayores diferencias se registran en la afiliación al sistema de salud y la afiliación al sistema de pensiones, donde la inclusión de la población local es 11 puntos porcentuales mayor que la de los migrantes antiguos y 25 puntos porcentuales mayor que la de los migrantes recientes.

Gráfico 9

Argentina: indicadores de inclusión según condición y tiempo de residencia de la migración, alrededor de 2015

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

El Brasil constituye un caso interesante de bajas brechas entre los grupos de población estudiados (véase el gráfico 10). Las diferencias de inclusión en este país se concentran en la tasa de empleo: los inmigrantes históricos son los más empleados, seguidos por la población local y por el conjunto de inmigrantes recientes. Es posible que la mayor empleabilidad de los migrantes históricos se deba a su mayor nivel educativo en comparación con los trabajadores locales, que les permite ser más competitivos a la hora de buscar empleo. Por otra parte, el Brasil es uno de los países seleccionados con menores brechas en el porcentaje de ocupados en sectores de baja productividad, por lo que es de suponer que habría un buen nivel de incorporación laboral de los migrantes de acuerdo con su nivel educativo, que podría potenciar su tasa de empleo. Si bien la encuesta de hogares del Brasil incluye un módulo sobre migración, es importante ser cauteloso en relación con estos datos, pues debido al carácter reciente de los flujos o su distribución geográfica, es posible que la encuesta no capte población inmigrante importante en ciudades como Manaos, Caixas do Sul, Porto Velho y Roraima, entre otras, donde estudios basados en registros administrativos y encuestas revelan una cantidad importante de inmigrantes, sobre todo haitianos y venezolanos (OIM, 2014a; Simões, 2017).

Chile presenta brechas entre la población local y los migrantes intrarregionales en materia educativa, de salud y hacinamiento, alcanzando en este último indicador una diferencia de 20 puntos porcentuales. Se destaca que los migrantes intrarregionales tienen la misma tasa de empleo que los locales y poseen un mayor nivel educativo (véase el gráfico 11).

Gráfico 10

Brasil: indicadores de inclusión según condición y tiempo de residencia de la migración, alrededor de 2015

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

Gráfico 11

Chile: indicadores de inclusión según condición y origen migratorio, alrededor de 2015

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

Con respecto al tiempo de residencia, en Chile las mayores brechas de inclusión entre la población local y las personas migrantes se presentan principalmente en tres indicadores: hacinamiento, afiliación al sistema de salud y asistencia escolar, siendo los inmigrantes recientes los más afectados (véase el gráfico 12). Esto llama la atención, puesto que, en promedio, el nivel educativo del conjunto de migrantes es mayor que el de la población local. En ese sentido, es probable que la brecha esté relacionada con aspectos de formalidad y calidad del trabajo que, como se planteó anteriormente, podrían mejorar a medida que transcurren los años de residencia en el país.

Gráfico 12

Chile: indicadores de inclusión según condición y tiempo de residencia de la migración, alrededor de 2015

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

En Costa Rica, los migrantes intrarregionales y recientes se posicionan como los más desfavorecidos (véanse los gráficos 13 y 14). Este conjunto, compuesto principalmente por nicaragüenses y otros centroamericanos, presenta diferencias de inclusión con respecto a la población local en los indicadores de hacinamiento, afiliación al sistema de pensiones, educación y afiliación al sistema de salud. Los migrantes extrarregionales, en cambio, resultan más incluidos que la población local, sobre todo debido a su alta inclusión en materia de salud, nivel del empleo y asistencia escolar.

La República Dominicana se caracteriza por diferencias de inclusión importantes, tanto según el origen como el tiempo de residencia[9]. Esas diferencias son significativas en todos los indicadores excepto el empleo (véanse los gráficos 15 y 16). Los migrantes intrarregionales, en su mayoría hombres haitianos de bajo nivel educativo, presentan a su vez una situación precaria en los indicadores de vivienda, hacinamiento y servicios básicos.

Gráfico 13

Costa Rica: indicadores de inclusión según condición y origen migratorio, alrededor de 2015

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

Gráfico 14

Costa Rica: indicadores de inclusión según condición y tiempo de residencia de la migración, alrededor de 2015

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

Gráfico 15

República Dominicana: indicadores de inclusión según condición y origen migratorio, alrededor de 2015

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

Gráfico 16

República Dominicana: indicadores de inclusión según condición y tiempo de residencia de la migración, alrededor de 2015

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

En el caso de México, las fuentes de datos utilizadas solo permiten identificar a los migrantes recientes, el 86% de los cuales proviene de los Estados Unidos. Esto lo convierte en un caso muy especial, pues gran parte de sus migrantes son personas que retornan del país vecino. Este componente de migración de retorno de la inmigración en México también se ha constatado en la publicación de CEPAL/OIT (2017), en la que se plantea que “…aparentemente, este hecho es resultado de una migración de retorno de personas nacidas en los Estados Unidos en el seno de familias de origen mexicano que posteriormente han regresado a su país de origen” (pág. 20). Con una preponderancia masculina, los migrantes mexicanos se encuentran en condiciones similares respecto de los indicadores de empleo y vivienda, pero manifiestan diferencias relevantes con la población local en los indicadores de protección social, especialmente en la afiliación al sistema de salud y pensiones (véase el gráfico 17).

Gráfico 17

México: indicadores de inclusión según condición y tiempo de residencia de la migración, alrededor de 2015

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

Por último, con la situación de mayor igualdad entre los grupos de población estudiados se encuentra el Uruguay, que solo presenta leves diferencias en los indicadores de afiliación al sistema de pensiones y hacinamiento. El mayor grado de inclusión corresponde a los migrantes extrarregionales. En efecto, el principal desafío se encuentra en la afiliación al sistema de pensiones, donde se aprecia una diferencia de 4 puntos porcentuales entre los migrantes intrarregionales y la población local (véanse los gráficos 18 y 19).

Gráfico 18

Uruguay: indicadores de inclusión según condición y origen migratorio, alrededor de 2015

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

Gráfico 19

Uruguay: indicadores de inclusión según condición y tiempo de residencia de la migración, alrededor de 2015

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

E. Comentarios finales

El presente artículo se orientó a explorar el papel del origen y el tiempo de residencia en la inclusión de las personas migrantes en siete países de América Latina. Si bien existen diferencias importantes en los perfiles sociodemográficos de las personas migrantes en estos países, se aprecia un patrón común de migración laboral confirmado por la composición etaria y los altos niveles de actividad económica, ocupación y empleo de este grupo de población.

A nivel descriptivo, se encontraron brechas importantes en el acceso a ocupaciones de mayor calificación para la población migrante intrarregional y reciente, que podrían relacionarse a su vez con los déficits de inclusión en los ámbitos de salud, pensiones y vivienda. Al mismo tiempo, se evidencia una mayor concentración de trabajadores migrantes en ocupaciones históricamente asociadas con condiciones laborales deficientes y susceptibles de discriminación.

Las principales brechas de inclusión en los distintos países suelen observarse en materia de salud, pensiones, hacinamiento y acceso a la educación. En términos descriptivos, los migrantes extrarregionales y los migrantes antiguos presentan una situación de mayor inclusión que sus pares intrarregionales y recientes. Con respecto al empleo (o la falta de este), no existen diferencias significativas en comparación con la población local, resultado que refuerza la importancia de la migración laboral en la región. No obstante, los resultados del análisis de regresión realizado indican una inserción laboral segmentada, en que los trabajadores migrantes tendrían menos posibilidades de acceder a las ocupaciones de mayor calificación, que a su vez se asocian con mejores condiciones laborales y con la afiliación a los sistemas de protección social. Esta barrera de acceso se mantiene luego de controlar estadísticamente según sexo, edad y nivel educativo de los migrantes antiguos y recientes.

Las brechas de inclusión exploradas en este artículo plantean diferentes desafíos de política pública que deberán afrontarse en los distintos países. La dinámica migratoria de la región latinoamericana se ha vuelto más compleja, por lo que se necesita una institucionalidad social acorde (Maldonado, Martínez y Martínez, 2018). Además, en sintonía con el ODS 17, y específicamente con las metas 17.18 y 17.19, es necesario fortalecer la capacidad estadística de la institucionalidad social vinculada a la migración, de manera que sea posible analizar la inclusión social y laboral de los migrantes.

En relación con los aspectos metodológicos, es fundamental subrayar que los hallazgos realizados pueden ser útiles para orientar estudios especializados que permitan verificarlos o rechazarlos, pero no deben considerarse definitivos. Como ya se ha mencionado, los diseños muestrales de las encuestas de hogares no han sido elaborados para representar a las personas migrantes en los países de destino. Se trata entonces de continuar con la investigación sobre migración, inclusión, protección social y desarrollo en la región, mediante el uso de la mayor cantidad de fuentes de información disponibles.

Bibliografía

Acosta, D. (2016), Regional Report on Citizenship: The South American and Mexican Cases, European University Institute.

Amarante, V. y R. A. Arim (2015), Desigualdad e informalidad: un análisis de cinco experiencias latinoamericanas, Libros de la CEPAL, Nº 133 (LC/G.2637-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Bauer, T. y K. Zimmermann (1999), “Occupational mobility of ethnic migrants”, IZA Discussion Papers, Nº 58.

Bellolio, A. y F. Serra (2017), “Migraciones en Chile: integración laboral y movilidad social”, Santiago, inédito.

Blossfeld, H.-P., M. Mills y F. Bernardi (2006), Globalization, Uncertainty, and Men’s Careers: an International Comparison, Edward Elgar.

Carrasco, I. y J. I. Suárez (2018), “Migración internacional e inclusión en América Latina”, serie Políticas Sociales, Nº 231 (LC/TS.2018/57), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2017), Brechas, ejes y desafíos en el vínculo entre lo social y lo productivo (LC/CDS.2/3), Santiago, octubre.

____(2015), Guía operacional para la implementación y el seguimiento del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (LC/L.4061(CRPD.2/3)/Rev.1), Santiago.

____(2013), Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (LC/L.3697) [en línea] http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/21835/4/S20131037_es.pdf.

____(2012), Eslabones de la desigualdad: heterogeneidad estructural, empleo y protección social (LC/G.2539), Santiago.

____(2010), Panorama Social de América Latina, 2009 (LC/G.2423-P), Santiago.

___(2009), Panorama Social de América Latina, 2008 (LC/G.2402-P), Santiago.

CEPAL/OIT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe/Organización Internacional del Trabajo) (2017), “La inmigración laboral en América Latina y el Caribe”, Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, N° 16 (LC/TS.2017/30), Santiago.

Chiswick, B. R. y L. Lee y P. W. Miller (2005), “A longitudinal analysis of immigrant occupational mobility: A test of the immigrant assimilation hypothesis”, International Migration Review, vol. 39, Nº 2.

INE (Instituto Nacional de Estadística) (2018), Síntesis de Resultados: Censo 2017, Santiago, junio.

Levitas, R. y otros (2007), The multi-dimensional analysis of social exclusion, Bristol, Universidad de Bristol [en línea] http://www.bris.ac.uk/poverty/downloads/socialexclusion/multidimensional.pdf.

Lozano, F. y L. Gandini (2011), Migrantes calificados de América Latina y el Caribe: ¿capacidades desaprovechadas?, Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Maldonado, C. J. Martínez y R. Martínez (2018), “Protección social y migración: una mirada desde las vulnerabilidades a lo largo del ciclo de la migración y de la vida de las personas”, inédito.

Martínez, J. y C. Orrego (2016), “Nuevas tendencias y dinámicas migratorias en América Latina y el Caribe”, serie Población y Desarrollo, N° 114 (LC/L.4164), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Martínez, J., V. Cano y M. Soffia (2014), “Tendencias y patrones de la migración latinoamericana y caribeña hacia 2010 y desafíos para una agenda regional”, serie Población y Desarrollo, N° 109 (LC/L.3914), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Martínez, J. y E. Rodríguez (2017), “Panorama y desafíos de las tendencias y patrones de la migración latinoamericana y caribeña”, inédito.

Naciones Unidas (2016), Report on the World Social Situation, 2016. Leaving no one behind: the imperative of inclusive development (ST/ESA/362), Nueva York, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales.

Obućina, O. (2013), “Occupational trajectories and occupational cost among Senegalese immigrants in Europe”, Demographic Research, vol. 28, marzo.

OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos) (2017), “Interacciones entre políticas públicas, migración y desarrollo en República Dominicana”, Caminos de Desarrollo, París.

OCDE/OIT (Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos/Organización Internacional del Trabajo) (2018), How Immigrants Contribute to Developing Countries’ Economies, París.

OIM (Organización Internacional para las Migraciones) (2014a), “La migración haitiana hacia Brasil: características, oportunidades y desafíos”, Cuadernos Migratorios, Nº 6.

____(2014b), “Estudios sobre experiencias en la implementación del Acuerdo de Residencias del MERCOSUR y Asociados. Documento de Referencia”, documento presentado en la XIV Conferencia Suramericana sobre Migraciones, Lima, 16 y 17 de octubre.

OIM/COSUDE (Organización Internacional para las Migraciones/Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación) (2018), Migration and the 2030 Agenda, Ginebra.

OIT (Organización Internacional del Trabajo) (2016a), Derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes: lagunas y desafíos en materia de protección en 5 países de América Latina y el Caribe, Brasilia.

____(2016b), Estadísticas de migración laboral: mapeo y análisis en 5 países de América Latina y el Caribe, Brasilia.

Pellegrino, A. (coord.) (2013), La migración calificada desde américa latina: tendencias y consecuencias, Montevideo, Programa de Población, Unidad Multidisciplinaria, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República.

Portes, A. y W. Haller (2004), “La economía informal”, serie Políticas Sociales, Nº 100 (LC/L.2218-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Ramírez, T. y F. Lozano (2017), “Selectividad y precariedad laboral en la migración calificada de América Latina y el Caribe, 2000-2010”, REMHU. Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, vol. 25, Nº 49, Brasilia.

Reboiras, L. (2015), “Migración internacional y envejecimiento demográfico en un contexto de migración Sur-Sur: el caso de Costa Rica y Nicaragua”, serie Población y Desarrollo, N° 110 (LC/L.4092), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Redstone, I. (2006), “Occupational mobility among legal immigrants to the United States”, International Migration Review, vol. 40, Nº 4.

Simões, G. (org.) (2017), Perfil sociodemográfico e laboral da imigraçao venezuelana no Brasil, Curitiva, Editora CRV.

Solimano, A. y V. Tokman (2006), “Migraciones internacionales en un contexto de crecimiento económico. El caso de Chile”, serie Macroeconomía del Desarrollo, Nº 54 (LC/L.2608-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Tijoux, M. (2016), Racismo en Chile: la piel como marca de la inmigración, Santiago, Editorial Universitaria.

____(2013), “Las escuelas de la inmigración en la ciudad de Santiago: elementos para una educación contra el racismo”, Polis, Revista Latinoamericana, vol. 12, N° 35.

[1] Este documento se basa en la publicación “Migración internacional e inclusión en América Latina” (Carrasco y Suárez, 2018), elaborado en el marco del proyecto “Apoyo a la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe”, ejecutado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en conjunto con la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania.

[2] Doctorando en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Pompeu Fabra (UPF). Sociólogo (Universidad de Chile), Máster en Gestión de la Inmigración (UPF) y Máster en Demografía (Universidad de Estocolmo). Correo electrónico: ignaciocarrasco@gmail.com; joseignacio.carrasco@upf.edu.

[3] Consultor de la CEPAL. Sociólogo (Pontificia Universidad Católica de Chile). Correo electrónico: jose.ign.suarez@gmail.com; jgsuarez@uc.cl.

[4] Si bien Panamá tiene un porcentaje importante de inmigrantes, no fue posible incluir este país en el estudio porque su encuesta de hogares no cuenta con indicadores que permitan identificar adecuadamente a la población migrante.

[5] En el caso de Costa Rica, la pregunta sobre inmigración hace referencia a dos años.

[6] Véanse una discusión completa y diferentes ejemplos de operacionalización de la informalidad laboral en CEPAL (2012), Portes y Haller (2004) y Amarante y Arim (2015).

[7] Véase la versión gráfica de esta información en Carrasco y Suárez (2018).

[8] Cada indicador está ordenado en un sentido positivo, de forma que represente el porcentaje de personas que no presenta ausencia de inclusión en cada materia. Es decir, un alto porcentaje en “desempleo” o en “hacinamiento”, representa un alto porcentaje de personas empleadas y que habitan en un hogar sin situación de hacinamiento, respectivamente.

[9] En la República Dominicana no es posible analizar la situación de inclusión de los migrantes extrarregionales debido al escaso número de casos disponibles.

Artículo 5

Epicentros de emigración: un análisis comparativo de la evolución de sus dinámicas socioeconómicas y demográficas en Colombia y el Brasil

Gisela P. Zapata[1]

Recibido: 21/12/2018

Aceptado: 08/02/2019

Resumen

América Latina y el Caribe es una región de origen, destino y tránsito de gran dinamismo para la migración internacional. Según la última ronda censal, el patrón migratorio de la región presenta algunas continuidades, así como cambios en el volumen y la dirección de los flujos, y en la composición y características de la población migrante, sobre la cual poco sabemos. Este artículo presenta un análisis comparativo de la evolución de las dinámicas socioeconómica y demográfica de la migración internacional en el Eje Cafetero (Colombia) y la microrregión de Governador Valadares (Brasil), los principales centros de emigración de estos países. Se emplea un enfoque cuantitativo que incluye el análisis de los datos censales de emigración internacional de ambos países, que han sido poco explorados en la literatura, y, además, se cualifica la complejidad de los procesos migratorios a escala nacional y regional. Los resultados indican que los flujos han variado en sintonía con las dinámicas sociales, económicas y políticas regionales, nacionales e internacionales.

Palabras clave: emigración internacional, características sociodemográficas, censo, Colombia, Brasil.

Abstract

Latin America and the Caribbean is a region of origin, destination and transit for substantial international migration. According to the most recent round of censuses, although some aspects of migratory patterns in the region remain unchanged, there have also been changes in the volume and direction of flows, and in the composition and characteristics of the migrant population, about which little is known. This article offers a comparative analysis of the socioeconomic and demographic trends in international migration in the coffee belt region in Colombia and the microregion of Governador Valadares in Brazil, the main centres of emigration from these two countries. A quantitative approach is employed, including analysis of census data on international emigration from these two countries —information that literature has not explored in detail— and an account of the complexities of migration processes at the national and regional levels. The results indicate that flows have varied according to regional, national and international social, economic and political developments.

Keywords: international migration, sociodemographic characteristics, censuses, Colombia, Brazil.

Résumé

L’Amérique latine et les Caraïbes constituent une région dynamique pour les migrations internationales en termes d’origine, de destination et de transit. Selon le dernier recensement, le schéma migratoire de la région présente certains éléments de continuité, ainsi que des changements au niveau du volume et de la direction des flux, de la composition et des caractéristiques de la population migrante, dont nous savons peu de choses. Cet article présente une analyse comparative de l’évolution de la dynamique socio-économique et démographique des migrations internationales dans l’Axe du café (Colombie) et la microrégion dite du Governador Valadares (Brésil), qui sont les principaux foyers d’émigration des pays en question. Nous avons eu recours à une approche quantitative qui comprend l’analyse des données de recensement sur l’émigration internationale des deux pays, qui ont été peu explorées dans la littérature, et qui qualifie également la complexité des processus migratoires sur le plan national et régional. Les résultats indiquent que les flux ont varié en fonction des dynamiques sociales, économiques et politiques aux échelons régional, national et international.

Mots-clés: émigration internationale, caractéristiques sociodémographiques, recensement, Colombie, Brésil.

Introducción

América Latina y el Caribe es una región de origen, destino y tránsito de gran dinamismo para la migración internacional. Según los datos de la última ronda de censos, el patrón migratorio de la región se caracteriza por presentar algunas continuidades a largo plazo, así como cambios en el volumen y la dirección de los flujos, y en la composición y características de la población migrante. En 2016, el 18% de todos los migrantes internacionales —33 millones de personas; es decir, en torno al 5% de la población de América Latina y el Caribe— procedía de esta región, que ese mismo año recibió alrededor del 16% de los flujos mundiales de remesas —73.100 millones de dólares (IFAD, 2017)—. Asimismo, los estudios indican que los rápidos cambios demográficos que se están produciendo en América Latina —especialmente, el proceso de envejecimiento de la población que tendrá lugar en las próximas décadas— repercutirán en múltiples ámbitos, como en las tasas de dependencia económica, los sistemas de educación, salud y seguridad social, y la distribución espacial y movilidad de la población. Sin embargo, aún queda mucho por entender acerca de las cambiantes características sociodemográficas de los migrantes, sus prácticas transnacionales y las repercusiones más generales que podrían tener en el desarrollo socioeconómico a nivel micro, meso y macro en la región (Martínez y Orrego, 2016). Además, escasean los estudios interdisciplinarios y comparativos (entre países o grupos de migrantes, entre otros) de estos efectos en las sociedades de origen y destino de los migrantes (Brettell y Hollifield, 2000; Castles, 2010; de Haas, 2012).

El objetivo de este artículo es contribuir a subsanar esa carencia, a través de la elaboración de un análisis comparativo de la evolución de las dinámicas socioeconómica y demográfica de la migración internacional en el Eje Cafetero de Colombia y en Governador Valadares, en el Brasil, los principales centros de emigración internacional en estos dos países. El análisis se centra en comparar y contrastar los flujos y patrones migratorios, y las características socioeconómicas y demográficas de los hogares de migrantes y no migrantes en estos lugares clave. También se desarrolla una caracterización histórica de los contextos de origen en Colombia y en el Brasil, así como de los principales países de destino, reconstruyendo sus condiciones socioeconómicas, políticas y demográficas en distintas escalas (meso o regional y macro o nacional). Este análisis, llevado a cabo desde una perspectiva analítica transnacional, nos permitirá explicitar las condiciones en las que tiene lugar la migración, las conexiones entre los países de origen y de destino y su relación con procesos más amplios de movilidad laboral internacional.

Desde el punto de vista metodológico, se emplea un enfoque cuantitativo que incluye el análisis de los datos del Censo General 2005 de Colombia y del Censo Demográfico 2010 del Brasil —en los que, por primera vez, se agregaron preguntas específicas sobre emigración internacional—, que apenas han sido explorados en trabajos anteriores. El estudio se basa también en otros datos secundarios cuantitativos y cualitativos —principalmente, otros estudios científicos sobre el tema y datos censales y administrativos de organizaciones internacionales y países seleccionados—, a fin de calificar la complejidad de los procesos migratorios a nivel regional y nacional. Se trata del primer intento sistemático de comparar este conjunto de datos en esos centros de emigración.

La comparación de estas dos regiones de migración es relevante, ya que existen paralelismos en la evolución histórica de los procesos socioeconómicos y los patrones de migración de Colombia y el Brasil. En concreto: i) históricamente, Colombia y el Brasil han sido dos de los países con peor distribución de ingresos de América Latina (PNUD, 2010), en los que las estratificaciones sociales rígidas pueden llevar a grandes segmentos de la población a considerar la movilidad espacial (migración) como elemento clave para lograr la movilidad social (Brito, 2002); ii) existen paralelismos en la evolución histórica de los patrones migratorios de ambos países; iii) Colombia y el Brasil atravesaron crisis y reestructuraciones socioeconómicas en las décadas de 1980 y 1990 y, posteriormente, experimentaron un aumento y diversificación significativos de los flujos de emigración; iv) en ambos países, los flujos migratorios se caracterizan por ser principalmente urbanos y concentrarse en regiones específicas: el Eje Cafetero (Colombia) y la microrregión de Governador Valadares (Brasil) son los principales epicentros de emigración internacional (Campos y Macedo, 2014; Khoudour-Castéras, 2007a); v) en estas regiones clave, la migración internacional y las remesas han tenido repercusiones significativas en las esferas social, económica, política y cultural (Garay y Rodríguez, 2005b; Gómez, Bougher y Robertson, 2005; Khoudour-Castéras, 2007b; Martes y Soares, 2006; Mejía, 2012; Sales, 1999; Siqueira, 2006; Soares, 2002); vi) hay indicios de que las redes sociales desempeñan un papel importante en lo que se refiere a la dirección de los flujos migratorios y de que los vínculos transnacionales que los migrantes mantienen con sus países de origen son de carácter personal, más que institucional (Martes, 2000; Zapata, 2013); vii) los Estados Unidos constituyen la principal fuente de remesas a Colombia, y de Europa y el Japón proviene la mayor parte de las remesas destinadas al Brasil (Banco de la República, 2015a; Martes y Soares, 2006), y viii) la comparación de estos dos centros de emigración puede proporcionarnos información sobre la diversidad de los elementos constitutivos de los procesos migratorios en lugares con características económicas similares pero dinámicas socioespaciales diferentes, especialmente en el contexto actual de grandes transformaciones sociopolíticas y económicas tanto en el “Norte” como en el “Sur”.

El documento se estructura de la siguiente manera: en la primera sección, se hace un breve repaso de los estudios sobre transnacionalismo, que se utilizará para enmarcar la dinámica del fenómeno que se analiza. En la segunda sección, se ofrece una caracterización histórica multiescalar de los contextos socioeconómicos y políticos de origen en Colombia y el Brasil, con el objetivo de explicitar las condiciones en las que ocurre la migración y su relación con procesos más amplios de movilidad laboral internacional. También se proporciona una breve reseña de la evolución de los flujos migratorios internacionales en ambos países. En la tercera sección, se examinan las dinámicas del volumen de la población migrante (stock) y los patrones migratorios, así como las características socioeconómicas y demográficas de los hogares de migrantes y no migrantes a nivel nacional (Colombia y Brasil) y regional (Eje Cafetero y microrregión de Governador Valadares). El documento concluye con una reflexión sobre las similitudes y diferencias de los procesos y sistemas migratorios y sus posibles consecuencias socioeconómicas y políticas en los niveles macro, meso y micro de estas regiones.

A. Fuentes de datos y metodología

En este trabajo se emplea un enfoque cuantitativo centrado en el análisis de los datos del Censo General 2005 de Colombia y del Censo Demográfico 2010 del Brasil, en los que, por primera vez, se añadieron preguntas específicas sobre emigración internacional. Con la excepción de algunas publicaciones colombianas (véase Khoudour-Castéras, 2007a) y brasileñas (véanse Campos, 2014; Oliveira, 2013), estos datos apenas se han explorado en trabajos anteriores. En concreto, se elabora un análisis comparativo de los factores económicos y sociodemográficos de los sistemas migratorios antiguos y recientes del Eje Cafetero en Colombia y de la microrregión de Governador Valadares en el Brasil, los principales centros de emigración internacional en estos países. El análisis se centra en comparar y contrastar los flujos y patrones migratorios, y las características socioeconómicas y demográficas de los hogares de migrantes y no migrantes en estos lugares. También se desarrolla una caracterización histórica de los contextos de origen en Colombia y en el Brasil, así como de los principales países de destino, reconstruyendo sus condiciones socioeconómicas, políticas y demográficas en diferentes escalas (meso o regional y macro o nacional).

A pesar de los recientes avances en materia de recopilación de datos y medición de la migración internacional, los censos de población siguen siendo la principal fuente de datos sobre el tema (Willekens y otros, 2016). Las preguntas sobre emigración introducidas en el censo colombiano de 2005 y el censo brasileño de 2010 diferían de las utilizadas en otros países de América Latina, en los que se empleaban los planteamientos propuestos por Somoza (1977) y Hill (1979)[2]. En los censos de los países analizados en este trabajo no se incluyó una pregunta sobre la relación entre el jefe de hogar o informante y el emigrante, por lo que su utilidad para medir directamente el número total de emigrantes internacionales es bastante limitada[3]. Esto plantea un problema particular, ya que puede dar lugar a la doble contabilización de migrantes, si el hogar se divide o se desintegra, o a un cómputo incompleto de migrantes, si todos los miembros del hogar emigran y no queda nadie que pueda proporcionar la información (Bilsborrow y otros, 1997). Además, los datos recogidos en los censos son limitados en cuanto a su representatividad, ya que los hogares de emigrantes registrados no constituyen una muestra aleatoria. Es decir, existe una especie de sesgo de selección, ya que la información presentada corresponde al subconjunto de hogares de emigrantes en los que no todos los miembros emigraron, el hogar no se disolvió completamente y al menos un miembro sobrevivió hasta la fecha del censo y estuvo dispuesto a proporcionar información sobre el evento. Todos estos sesgos pueden estar relacionados con las características socioeconómicas del hogar y pueden afectar las distribuciones obtenidas en lo referido, por ejemplo, al país de destino, el momento de la partida y las características sociodemográficas de los migrantes. Otra limitación importante de los datos se relaciona con el hecho de que la migración del período más reciente (es decir, de 2001 a 2005 en el caso de Colombia y de 2006 a 2010 en el caso del Brasil) pueda estar sobrerrepresentada en el volumen de población migrante registrada por los censos. Como se ha señalado en Campos (2014) y Carvalho y Campos (2006), las preguntas de emigración planteadas por el censo parecen ser más adecuadas para captar los flujos migratorios recientes, dados los potenciales problemas de memoria asociados a los eventos antiguos o la falta de claridad en relación con el lugar de residencia anterior del migrante.

Sin embargo, el potencial de las preguntas introducidas en los censos de Colombia y el Brasil no radica tanto en su capacidad para proporcionar una estimación exacta del número total de migrantes internacionales, sino más bien en su contribución a la calificación del proceso migratorio, ya que brindan información sobre las características sociodemográficas y económicas de los hogares a los que estos pertenecían antes de la migración. Esto es especialmente relevante si consideramos que nuestro conocimiento sobre la escala y la naturaleza de la migración internacional está limitado, entre otras cosas, por las deficiencias existentes en términos de disponibilidad y calidad de datos relativos a características esenciales de los migrantes (OIM, 2017).

B. El paradigma transnacional: un breve repaso

La migración ha sido reconocida como una de las principales estrategias empleadas por los hogares para la producción y reproducción de sus medios de subsistencia (King, 2011; Kothari, 2003; McDowell y de Haan, 1997; Sørensen y Olwig, 2002). Como nos recuerdan Sørensen y Olwig (2002, pág. 1), las personas no emigran necesariamente para comenzar una nueva vida en otro lugar, sino más bien para buscar nuevas oportunidades que les permitan mejorar y diversificar los medios de subsistencia que se practican y se valoran en su país de origen.

Desarrollado inicialmente por antropólogos a principios de la década de 1990 (véanse Glick Schiller, Basch y Blanc-Szanton, 1992; Grasmuck y Pessar, 1991), el uso de este concepto teórico para comprender los procesos migratorios contemporáneos está muy extendido en la actualidad en el ámbito de las ciencias sociales (Portes, 2011; Sørensen, 2005; Vertovec, 2009). En términos generales, el transnacionalismo se refiere a los múltiples vínculos e interconexiones que unen a las personas o a las instituciones a través de las fronteras nacionales (véanse Foner, 1997; Glick Schiller, Basch y Blanc-Szanton, 1992; Guarnizo y Smith, 1998; Portes, Guarnizo y Landolt, 1999). Por lo tanto, este concepto permite comprender una amplia gama de procesos —políticos, económicos, sociales y culturales— que se extienden más allá de las fronteras.

En este sentido, el uso del transnacionalismo como perspectiva teórica para estudiar la migración internacional permite situar la agencia de los individuos en el marco de estructuras socioeconómicas e institucionales que abarcan dimensiones temporales y espaciales más amplias (Kofman, 2004; Levitt, DeWind y Vertovec, 2003). Además, ayuda a contextualizar las conexiones entre lugares distantes, a la vez que destaca el papel que sigue desempeñando el Estado-nación en la formulación de los términos en los que se desarrollan los procesos de migración internacional (Castles, de Haas y Miller, 2014; Jackson, Crang y Dwyer, 2004).

Como han señalado varios estudiosos de la migración, el transnacionalismo no es un fenómeno nuevo. Lo que ha sucedido, más bien, es que se han intensificado la velocidad y el alcance de las conexiones transnacionales, debido a los avances en el transporte y las tecnologías de la información y las comunicaciones, que en la actualidad permiten viajar y comunicarse de manera (casi) instantánea. Aunque las primeras oleadas de migrantes participaron en algunas prácticas económicas y políticas transnacionales, estas carecían de la regularidad y la masa crítica características de los flujos migratorios contemporáneos (Guarnizo y Smith, 1998; Portes, 2003; Portes y DeWind, 2004; Vertovec, 2009). Sin embargo, cada vez hay más datos que indican que no todos los migrantes contemporáneos llevan una vida transnacional (Portes, 2003).

En este contexto, varios autores han señalado la importancia de centrarse en las familias u hogares de los migrantes como unidad de análisis para comprender los procesos migratorios (Bryceson y Vuorela, 2002; Herrera Lima, 2001). Las familias transnacionales pueden definirse, de acuerdo con Bryceson y Vuorela (2002, pág. 3), como familias cuyos miembros viven parte o la mayor parte del tiempo separados, pero que se mantienen unidas y crean algo que puede considerarse como un sentimiento de bienestar colectivo y unidad —es decir, de familyhood, como lo denominan las autoras—, e incluso supera las fronteras nacionales. Otros autores prefieren el uso del término “hogar” para definir dicha formación como un grupo de personas que, a pesar de haber sido separadas por la migración, están vinculadas por lazos económicos directos, como los asociados con el flujo de remesas (Zlotnik, 2000, pág. 254). En este trabajo, un hogar transnacional incluye a aquellos miembros de la unidad (nuclear y extendida) que se han quedado atrás y permanecen conectados con el migrante a través de lazos de parentesco, económicos o sociales; es decir, los hogares que afirmaron contar con un migrante internacional como parte del hogar en el momento del censo.

El paradigma transnacional es, por lo tanto, bastante útil, puesto que pone de relieve el hecho de que los migrantes ya no viven únicamente dentro de los límites de sus sociedades de acogida. También subraya el contexto dual en el que se desarrolla la vida cotidiana de los migrantes y la importancia de los miembros de la familia que se quedan atrás para la comprensión de los procesos migratorios internacionales contemporáneos. Esto es importante porque, aunque el flujo de personas y recursos (materiales y de otro tipo) se extienda a través de una o más fronteras, las personas finalmente se asientan en un lugar y sus prácticas se materializan en localidades específicas. Además, en los últimos años, se ha hecho evidente que los vínculos que los migrantes mantienen con sus países de origen abarcan todos los aspectos de la vida social. Estos vínculos han tenido importantes efectos macroinstitucionales, económicos, sociales y culturales en comunidades, regiones y naciones de todo el mundo (Guarnizo, 2003; Levitt y Lamba-Nieves, 2011; Portes, 2011).

Este breve repaso indica que la migración, así como el mantenimiento de vínculos con el país de origen, están inevitablemente condicionados por las diferentes oportunidades y limitaciones con las que se encuentran los migrantes, tanto en su lugar de origen como en el de destino. Estas oportunidades y limitaciones están, a su vez, integradas en procesos macroestructurales mundiales. En las siguientes secciones se examinan estas dinámicas.

C. Contexto socioeconómico y político en Colombia y el Eje Cafetero: caracterización histórica

Desde el punto de vista geográfico, la mayor zona o ecorregión cafetera de Colombia—en adelante, el Eje Cafetero—, está ubicada en la región centro-occidental del país y está compuesta por los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, la región norte del departamento de Valle del Cauca y la parte noroeste de Tolima[4]. Esta región tiene una población de 6.562.000 habitantes (alrededor del 15% de la población total del país) y un índice de masculinidad de 95,03 (DANE, 2005). Desde el comienzo del nuevo siglo, la tasa de desempleo en el Eje Cafetero se ha mantenido más elevada que el promedio nacional (un 14% frente a un 11%, respectivamente) (DANE, 2017). Asimismo, la esperanza media de vida en esta región era de 70,3 años, un año menos que el promedio nacional. Sin embargo, la tasa de pobreza de la región se ha mantenido siempre por debajo del promedio nacional y su índice de desarrollo humano es elevado (0,801) (PNUD, 2000 y 2010). Como se detalla a continuación, históricamente el café ha desempeñado un papel central en la economía de la región y ha proporcionado los fondos necesarios para la inversión en proyectos de infraestructura básica en salud, educación o vivienda, entre otros ámbitos, lo que ha permitido a la región contar con uno de los niveles más elevados de desarrollo económico y humano de Colombia.

Después de la crisis de la deuda ocurrida en la década de 1980 en América Latina, el Gobierno de Colombia implementó una serie de políticas económicas neoliberales que buscaban integrar al país en el sistema capitalista mundial. La Revolución Pacífica de César Gaviria (1990-1994) liberalizó el comercio, eliminó todas las restricciones a la inversión extranjera directa, reformó y flexibilizó el código laboral y el sistema de seguridad social, y privatizó la salud, la educación, el transporte y otros servicios básicos (Guarnizo, 2006). Como resultado de estos cambios, la capacidad de la economía para generar empleo se debilitó, especialmente en los sectores que habían sido expuestos de manera rápida y directa a la competencia extranjera, como los de la agricultura y la manufactura[5]. La caída de las tasas de empleo en estos sectores no se tradujo en aumentos en otros sectores de la economía, lo que condujo a un fuerte deterioro del índice de distribución del ingreso del país (Gómez Ramírez, González Gómez y Hurtado Cardona, 2006).

Aunque otros países latinoamericanos también implementaron reformas neoliberales de ajuste estructural durante la década de 1990, las condiciones sociopolíticas particulares de Colombia, especialmente tras la muerte de Pablo Escobar en 1993, hicieron que los efectos adversos de estas reformas fueran mucho más graves. Los factores externos también desempeñaron un papel importante en el deterioro de la situación general del país. La disolución del Convenio Internacional del Café en 1989 produjo una serie de cambios económicos e institucionales que tuvieron un profundo impacto en la vida de miles de productores de café en Colombia y provocaron una de las peores crisis económicas de la historia del país (Montenegro, 1993)[6]. Esos cambios tendrían graves consecuencias socioeconómicas para el país en los años siguientes. El café constituyó la columna vertebral de la economía colombiana desde principios del siglo XIX y desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de la infraestructura del país y del mercado de consumo interno a lo largo del siglo XX (Nieto Arteta, 1992). Así, durante muchas décadas, el auge de la producción de café y los altos precios en el mercado internacional permitieron que el Eje Cafetero, donde se produce alrededor del 50% del grano, disfrutara de los niveles de desarrollo económico y humano más elevados del país. El repentino desplome de la economía cafetera y el terremoto que azotó la región en 1999 expusieron muchos de los problemas socioeconómicos que se habían venido gestando bajo la superficie durante los años de auge: el deterioro del nivel de vida de algunos sectores de la población, los altos niveles de violencia y delincuencia (principalmente vinculados al narcotráfico, la guerrilla y los grupos paramilitares) y el desplazamiento y la migración de personas desde la región y hacia ella (desplazados internos) (Toro Zuluaga, 2005)[7]. Además, en 1999, en medio de una profunda crisis económica, Colombia negoció con los Estados Unidos un conjunto de medidas de ayuda: el Plan Colombia[8]. El plan financiaba misiones para la lucha contra las drogas y una estrategia de desarrollo que hacía hincapié en las soluciones de mercado a los problemas de la pobreza y la desigualdad en Colombia (Avilés, 2008). Sin embargo, en la práctica, la implementación del Plan Colombia ha estado vinculada a los desplazamientos internos e internacionales. Por un lado, megaproyectos de desarrollo como la rápida expansión del cultivo de palma africana provocaron el desplazamiento de comunidades indígenas y afrodescendientes enteras en la costa del Pacífico del país (Escobar, 2003). Por otra parte, la agresiva campaña militar financiada por los Estados Unidos para erradicar la producción y el tráfico de drogas ha empujado el conflicto cada vez más lejos, a zonas remotas del país. Esta situación ha obligado a millones de agricultores y residentes locales, que a menudo quedan atrapados en el fuego cruzado, a emigrar.

En resumen, la dura realidad económica y el deterioro de la situación sociopolítica del país en los años noventa obligaron a millones de colombianos de todos los estratos socioeconómicos a buscar refugio social, político y económico en el exterior. El colapso de la economía cafetera significó que los efectos adversos de estas múltiples crisis se sintieron más intensamente en el Eje Cafetero. En esta región, como en gran parte del territorio nacional, el conflicto armado, los altos niveles de pobreza, la marginalización y la exclusión social y económica están entrelazados de tal manera que resulta particularmente difícil enmarcar a los migrantes en la clásica dicotomía entre “voluntario” o “forzado”. Esto no es sorprendente, si se tiene en cuenta que la mayoría de los movimientos de población contemporáneos ocurren en algún punto de un continuo que va desde la migración totalmente “voluntaria” hasta la migración totalmente “forzada” (Hugo, 1996). Esto es particularmente cierto en el contexto de Colombia, donde se estima que alrededor de 7 millones de personas —cerca del 15% de la población total— se han desplazado internamente como consecuencia de los más de 50 años de conflicto interno del país (IDMC, 2016). A pesar de las elevadas tasas de violencia inducida por el conflicto, los colombianos no ocupan un lugar destacado en las estadísticas internacionales de refugiados: a finales de 2017, solo había 191.611 colombianos reconocidos como refugiados y 32.461 colombianos solicitantes de asilo en todo el mundo (ACNUR, 2017)[9].

D. Migración internacional y remesas en Colombia: una breve reseña

A diferencia de muchos países latinoamericanos, Colombia no se ha consolidado históricamente como un país atractivo para la inmigración, sino que, por el contrario, ha registrado sistemáticamente un saldo migratorio negativo (DANE, 2007; Guarnizo, 2008). Las estadísticas oficiales indican que entre 2 y 2,3 millones de colombianos —entre un 4% y un 5% de la población del país— vivían y trabajaban en el extranjero en 2005 (DANE, 2008; Martínez Pizarro, Cano Christiny y Contrucci, 2014)[10]. Otras estimaciones varían según la fuente: los datos del Banco Mundial (2011) sugieren que la población de colombianos en el exterior es de 2,1 millones y las Naciones Unidas estiman que esta cifra está en torno a los 2,5 millones (DESA, 2015), mientras que Mejía (2012), basándose en los datos de la ronda de censos de 2010 y considerando niveles de subregistro de alrededor del 15%, la sitúa en 2,7 millones. Los colombianos comenzaron a emigrar en cantidades significativas en la década de 1960, en el contexto del fin de La Violencia[11], la inestabilidad sociopolítica que siguió —y que ha prevalecido durante más de 50 años de conflicto interno— y el desempeño relativamente deficiente del modelo de industrialización mediante sustitución de importaciones que se había implementado en el período de la posguerra. En las décadas de 1960 y 1970, los colombianos —sobre todo de clase media profesional— emigraron a los Estados Unidos, mientras que Venezuela atrajo a trabajadores de todo tipo y de todos los estratos socioeconómicos. En los años ochenta, los efectos adversos de la década perdida de América Latina (deuda pública elevadísima, inflación e inestabilidad política) desalentaron la migración intrarregional, pero provocaron una importante migración hacia los Estados Unidos (Guarnizo, 2006; Pellegrino, 2004).

Estos “pioneros” sentarían las bases para las oleadas de migración transnacional sin precedentes que tuvieron lugar a partir de los años noventa, cuando los colombianos no solo comenzaron a buscar nuevos destinos, sino que también se volvieron más heterogéneos en términos de su composición social y regiones de origen[12]. Esta evolución se ha asociado con circunstancias generales (macro) que repercutieron en los niveles micro y meso; en concreto, los efectos adversos de la implementación de las reformas estructurales neoliberales en los noventa —alto desempleo y bajos salarios—, las pocas vías para la movilidad social —como consecuencia de la distribución históricamente desigual de la riqueza[13]— y la intensificación y el avance del conflicto sociopolítico en todo el país (Garay y Rodríguez, 2005a; Khoudour-Castéras, 2007a; Mejía, 2012). Si bien las razones para emigrar mencionadas por los hogares colombianos con miembros residentes en el exterior son fundamentalmente de naturaleza económica (Mejía, 2012), es evidente que existe una delgada línea entre la migración forzada y la voluntaria en Colombia, debido a las múltiples repercusiones sociales, económicas y políticas que ha tenido el conflicto interno en los niveles micro, meso y macro.

Según los datos censales, el 46% de todos los emigrantes abandonaron el país en el período 2001-2005, mientras que el 26% lo hizo en el período 1996-2000 y cerca del 28% emigró antes de 1996. Los principales países de destino para los colombianos son los Estados Unidos, España y la República Bolivariana de Venezuela, que acogen al 35%, el 23% y el 20% de la población total de emigrantes, respectivamente. Antes de 1996, la mayoría de los migrantes se trasladaban a los Estados Unidos y a la República Bolivariana de Venezuela[14]. Desde entonces, estos destinos tradicionales han ido perdiendo terreno frente a países como el Ecuador, el Canadá, Panamá, Costa Rica y “otros países”, a los que se trasladó el 11,1% del total de migrantes en el período 2001-2005 (DANE, 2005). Aunque el censo colombiano no fue capaz de reflejar estos nuevos destinos, los datos censales y administrativos de los países europeos sugieren que la presencia colombiana en Europa —este continente albergaba aproximadamente al 22% de todos los emigrantes colombianos en 2010— se ha incrementado rápidamente en los últimos años (Mejía, 2012; OCDE, 2019).

Los datos oficiales indican también que los lugares con mayor proporción de emigrantes internacionales son Bogotá (16%), el departamento de Antioquia (13%), el departamento caribeño del Atlántico (6,4%) y el Eje Cafetero, con el 36% del total de emigrantes[15]. La mayor parte de los flujos migratorios originados en esta región se produjeron a partir de mediados de los años noventa: alrededor del 30% del total, en el período 1996-2000 y cerca del 50%, en el período 2001-2005 (DANE, 2005). Aunque en el censo no se registró la composición de género de la población emigrante, de los datos de otras fuentes se desprende que las mujeres representan, en promedio, el 54% de todos los emigrantes: el 57% de los colombianos que residen en Europa y de los que residen en los Estados Unidos, y el 52% de los emigrantes que viven en América del Sur (ACS, 2010; DESA, 2015; OCDE, 2019).

Como consecuencia del aumento de la migración, las remesas a Colombia han aumentado a un ritmo sostenido desde los años noventa. El monto oficial de remesas enviadas a Colombia se incrementó de 106 millones de dólares en 1980 a 495 millones de dólares en 1990, creció de manera exponencial en la década de los noventa, alcanzando los 1.300 millones de dólares en 1999, y llegó a un nivel máximo de 4.800 millones de dólares en 2008 (Banco de la República, 2015; Banco Mundial, 2017). En 2006, las remesas constituyeron la segunda fuente más importante de divisas de la economía colombiana (después de las exportaciones de petróleo), y casi triplicaron los ingresos provenientes de las exportaciones de café (Khoudour-Castéras, 2007). A pesar de la considerable cuantía de estos recursos, siempre han representado alrededor del 3% —o ligeramente menos— del PIB de Colombia[16] (MIF/BID, 2015; MPI, 2017). En la actualidad, las principales fuentes de remesas hacia Colombia son, en orden de importancia: los Estados Unidos, España, Panamá, Chile, el Reino Unido e Italia (Banco de la República, 2015). Desde principios de este siglo, el promedio mensual de la remesa enviada a Colombia alcanzó los 350 dólares (Banco de la República, 2015b). Dado que este monto es mayor que el salario mínimo mensual nacional (248 dólares), este dinero se ha convertido en el sustento de unos 380.000 hogares, el 3,4% de todos los hogares del país (Medina y Cardona, 2010)[17]. Además, el 76% de las personas que reciben remesas son mujeres, quienes, en su mayoría, reciben estos recursos de sus familiares cercanos que viven en el extranjero (hermanos, hijos, padres o cónyuge). Una gran proporción de las remesas (62%) se utiliza para cubrir los gastos básicos de subsistencia, como alimentos, ropa y servicios básicos; mientras que el 33% se destina a educación y el 18%, a pagar la vivienda (hipotecas o alquileres) (Garay y Rodríguez, 2005a). La distribución geográfica de las remesas refleja la concentración regional de los flujos migratorios, puesto que el Eje Cafetero recibe alrededor del 45% de los flujos totales (Banco de la República, 2015b).

E. Contexto socioeconómico y político en el Brasil y la microrregión de Governador Valadares: caracterización histórica

La microrregión de Governador Valadares, del estado de Minas Gerais, está compuesta por 25 municipios[18]. En 2010, esta región tenía una población de 415.696 habitantes —alrededor del 0,22% de la población total— y un índice de masculinidad de 92,97 (PNUD, 2013). En los últimos 40 años, la microrregión ha registrado sistemáticamente tasas de pobreza sustancialmente mayores que el promedio nacional (24% y 15% en 2010, respectivamente) y bajas tasas de generación de empleo (en 2010, la tasa de desempleo se ubicó en un 9,21%, mientras que el promedio nacional fue del 6,53%). El índice de desarrollo humano municipal (IDHM) de esta microrregión también se ha mantenido siempre por debajo del promedio del país: 0,367 frente a 0,493 en 1991 y 0,633 frente a 0,727 en 2010 (PNUD, 2013).

Al igual que el resto de América Latina, el Brasil experimentó una grave crisis económica en la década de 1980, que tuvo profundas consecuencias sociales y económicas. Tras abandonar el modelo de industrialización mediante sustitución de importaciones que se había implementado en el contexto de la Gran Depresión y que había producido avances significativos en la modernización de algunos sectores económicos (Fonseca, 2009), el Brasil adoptó una serie de reformas de ajuste estructural que buscaban abrir y desregular la economía. El fracaso de estas medidas de ajuste condujo, en los años noventa, a la formulación de políticas aún más ortodoxas de disciplina fiscal y liberalización comercial y financiera, como se establece en el Consenso de Washington (Furtado, 2007; Guillén, 2008). El resultado fue un deterioro de los salarios reales y de las condiciones laborales, un marcado aumento del desempleo (del 3,62% en 1991 al 13,4% en 2000), un incremento de la pobreza y el empeoramiento del índice de distribución del ingreso del país (IBGE, 1991, 2010; PNUD, 2013).

En el contexto de un proceso de reestructuración económica local y mundial, y tras décadas de ser un importador neto de población, el Brasil experimentó una inversión de los flujos migratorios y se unió a la arquitectura mundial de la migración internacional en los años ochenta (Martes, 2000). Desde entonces, la migración internacional se ha convertido en una característica estructural de la sociedad brasileña, un proceso en el que las recurrentes crisis financieras, el lento desarrollo socioeconómico, el creciente excedente de mano de obra a medida que el país avanza en la transición demográfica, y la ausencia de perspectivas de movilidad social, entre otras causas, han sido señaladas como la raíz de estos nuevos movimientos de población (Brito, 1995 y 2002; Patarra, 2005; Sales, 1999). En la microrregión de Governador Valadares, estas dinámicas se vieron acentuadas por el escaso nivel de desarrollo industrial y tecnológico de la región, los bajos ingresos, las pocas oportunidades de empleo y la escasez de capital, lo que se tradujo en bajas tasas de atracción y retención de migrantes y altas tasas de pérdida de población (Espindola, 1995; Espindola y Oosterbeek, 2008; Martes y Soares, 2006).

F. Migración internacional y remesas en el Brasil: una breve reseña

A diferencia de la historia de Colombia, la del Brasil está marcada por la migración internacional. A partir de la llegada de los portugueses en el siglo XVI, el país se convirtió en importador neto de personas, principalmente de origen europeo, hasta la década de 1930. Estos flujos migratorios fueron atraídos por la gran demanda de mano de obra en la agricultura y la industria tras la abolición de la esclavitud a finales del siglo XIX, así como por una combinación de políticas para incentivar la migración de los europeos, en un intento de “blanquear la raza nacional”, y de subsidios para la ocupación (y defensa) de grandes extensiones de territorio nacional. En el período que siguió a la Gran Depresión, el Brasil experimentó una disminución progresiva de las corrientes de migración internacional y la cuestión perdió importancia en la agenda demográfica, social y política del país. En el contexto de una dictadura militar y una profunda crisis económica[19], se produjo una inversión de los flujos migratorios y, en la década de 1980, un número significativo de brasileños comenzó a emigrar, principalmente a los Estados Unidos (Patarra, 2005 y 2012). Según la primera estimación (indirecta) de este fenómeno, hubo una pérdida neta de migración de alrededor de 1,8 millones de personas[20] en los ochenta (Carvalho, 1996) y de 550.000 personas en los noventa (Carvalho y Campos, 2006). Posteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores registró estimaciones del número total de brasileños residentes en el exterior: en torno a 1,4 millones en 1996, 2 millones en 2002, 1,8 millones en 2003 y 3 millones en 2008 (OIM, 2010; Patarra, 2005). Los datos del censo de 2010 indican que alrededor del 60% de los emigrantes brasileños abandonaron el país en el período 2006-2010, casi el 24% lo hizo en el período 2001-2005, cerca del 9% emigró entre 1996 y 2000 y solo un 6% abandonó el país antes de 1996 (IBGE, 2010)[21]. Estas pérdidas de población se produjeron de manera simultánea al resurgimiento del Brasil como un destino atractivo para los migrantes de países vecinos como la Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Colombia, el Paraguay y el Perú, así como de lugares distantes como Haití y el Senegal (OIT, 2016). De esta forma, el tema de la migración internacional ha cobrado tanta fuerza en la agenda política nacional que los esfuerzos bipartidistas por reemplazar el Estatuto del Extranjero de la época de la dictadura culminaron recientemente con la sanción de una política migratoria integrada en 2017.

Como en el caso de la migración colombiana, si bien, antes de 1996, la mayoría de los brasileños se establecieron en los Estados Unidos, en los últimos 20 años, se ha producido una diversificación de los países de destino[22]. A mediados de la década de 2000, los principales países de destino de los brasileños eran, por orden de importancia, los Estados Unidos, el Paraguay, el Japón, el Reino Unido, Portugal, Italia y España, que, en conjunto, acogían al 85% de todos los emigrantes (OIM, 2010). Los flujos hacia Europa se vieron impulsados por los malos resultados económicos del país y por una combinación de una gran demanda de mano de obra y conexiones socioculturales históricas con el viejo continente, mientras que la emigración al Japón fue determinada por el programa gubernamental de contratación de trabajadores brasileños temporales de ascendencia japonesa —los dekasseguis— para cubrir la escasez de mano de obra en determinadas ocupaciones. Los estados (unidades da federação) con mayor proporción de emigrantes internacionales son São Paulo, con 106.099 emigrantes (21,6% del total), Minas Gerais, con 82.749 (16,8%), Paraná, con 45.863 (9,3%), Goiás, con 35.572 (7,2%), y Río de Janeiro, con 34.902 (7,1%) (IBGE, 2010). Al igual que en el caso de Colombia, existen indicios de que las redes sociales influyen de manera significativa en la dirección de los flujos migratorios y de que los vínculos transnacionales que los migrantes mantienen con sus países de origen son de carácter personal, más que institucional (Martes, 2000). Además, a pesar del surgimiento de diversas asociaciones civiles brasileñas en todo el mundo y de la reciente intensificación de los flujos transnacionales de recursos e información, no se puede hablar de comunidades transnacionales brasileñas consolidadas (OIM, 2010).

La migración brasileña a los Estados Unidos ha sido ampliamente documentada (véanse Fusco, 2005; Margolis, 1994 y 2003; Sales, 1999; Siqueira, 2006; Soares, 2002). La mayoría de los migrantes brasileños procedían del sudeste del país y se establecieron principalmente en Nueva Jersey, Massachusetts, el sur de Florida, Texas, Arizona y California, así como en sus alrededores. En la actualidad, los brasileños que residen en los Estados Unidos provienen de todos los rincones del país y de todos los estratos socioeconómicos (OIM, 2010).

Las conexiones entre la microrregión de Governador Valadares y los Estados Unidos se remontan a la Segunda Guerra Mundial. La economía de la microrregión fue impulsada por la producción y comercialización de mica, un potente mineral utilizado en la industria pesada, y por la construcción de ferrocarriles y del Servicio Especial de Salud Pública, que conllevó la instalación de empresas estadounidenses en la región (Soares, 2002). La migración de Governador Valadares a los Estados Unidos comenzó en la década de 1970, cuando algunos jóvenes estudiantes de clase media empezaron a participar en programas de intercambio facilitados por una academia de inglés que acababa de establecerse en la región (Siqueira, 2003). La crisis económica de los años ochenta y las redes sociales creadas en años anteriores, especialmente entre la región metropolitana de Boston, Queens (Nueva York) y la microrregión de Valadares, provocaron un auge de los flujos de migración laboral en estos corredores. Posteriormente, surgió en la región una industria de migración ilegal, compuesta por agencias especializadas en la obtención de visados de turista, así como por personas que facilitaban los cruces irregulares a través de México (Assis, 1999; Fazito y Soares, 2014; Soares, 2002). Estas redes sociales han resistido el paso del tiempo y parecen ser uno de los determinantes clave de los patrones de migración de la microrregión. De hecho, se ha demostrado que, incluso durante la década de 2000, cuando las condiciones en los Estados Unidos eran adversas (endurecimiento de las políticas migratorias, militarización de la frontera con México y recesión económica) y en el país de origen el contexto era favorable (una economía brasileña boyante), la migración siguió produciéndose con considerable intensidad en esta zona (Sousa y Fazito, 2016). Además, varios estudiosos han señalado que, en esta microrregión, se ha forjado una “cultura de la migración” generalizada —considerada un “rito de iniciación” para las cohortes más jóvenes, que determina los patrones migratorios y configura los sistemas de migración, independientemente de las condiciones socioeconómicas en el país y en el extranjero (Fazito y Soares, 2014; Margolis, 1994; Soares, 2002).

El aumento de las corrientes de emigración se ha traducido en un ascenso significativo del flujo de remesas hacia el Brasil en los últimos años. Las remesas se incrementaron de 111 millones de dólares en 1980 a 573 millones de dólares en 1990, crecieron de manera notable a lo largo de la década de 1990, alcanzando un máximo de 3.300 millones de dólares en 1995, y se situaron en 3.000 millones de dólares en 2010 (Banco Mundial, 2017). A pesar de su extraordinaria magnitud, estos recursos han representado sistemáticamente menos del 0,5% del PIB del Brasil (MPI, 2017). Sin embargo, en 2004, equivalieron al 175% del total de los ingresos por turismo y el 68% de los ingresos por exportación de soja, uno de los principales productos agrícolas del Brasil en los mercados internacionales (OIM, 2010). Aunque el banco central del Brasil no publica datos sobre la distribución geográfica de las remesas, en un estudio realizado en 2004, se llegó a la conclusión de que dos ciudades de la microrregión de Governador Valadares (Governador Valadares y Pescador) figuran entre las principales receptoras de remesas del país (véase OIM, 2010).

G. Análisis de los datos censales: la dinámica de la migración internacional en el Eje Cafetero (Colombia) y la microrregión de Governador Valadares (Brasil)

En 2005, el número de colombianos residentes en el exterior se estimó en 462.697, el 1,12% de la población del país (alrededor de 42 millones), mientras que el volumen de emigrantes brasileños en 2010 fue de 491.645 personas, es decir, el 0,26% de la población total (unos 191 millones). Estos migrantes pertenecían a 296.063 hogares colombianos (el 2,8% de todos los hogares del país) y a 467.000 hogares brasileños (el 0,81% de todos los hogares del país) (DANE, 2005; IBGE, 2010)[23].

En Colombia, el 36% de la población migrante provenía del Eje Cafetero (165.913 personas), lo que representa el 2,62% de la población de la región. Estos migrantes pertenecían a 107.325 hogares, de manera que el 6,34% de todos los hogares de la región contaban con uno o más miembros de la familia que residían en el extranjero (DANE, 2005)[24]. En el Brasil, el 2,79% de los emigrantes internacionales procedían de la microrregión de Governador Valadares (12.324 personas), lo que representa casi el 3% de la población de la microrregión. En 2010, la proporción de hogares de la microrregión con uno o más miembros de la familia en el extranjero era del 8,02% (IBGE, 2010)[25]. Como se muestra en los gráficos 1 y 2, la migración desde el Eje Cafetero sigue la tendencia nacional en lo que se refiere a la distribución temporal de los flujos, puesto que un 47% de todos los emigrantes dejó la región en el período 2001-2005, un 30% lo hizo en el período 1996-2000 y un 22% la abandonó antes de 1996 (DANE, 2005). Por el contrario, la migración desde la microrregión de Governador Valadares se aparta de la tendencia nacional: solo el 35% de los migrantes abandonó la microrregión en el período 2006-2010 (frente al 60% que lo hizo desde el resto del país), alrededor del 45% la dejó en el período 2001-2005 (casi el doble de emigrantes que salieron de otras zonas del país), cerca del 10% lo hizo entre 1996 y 2000, y alrededor del 9% abandonó la región antes de 1996 (IBGE, 2010). De ello se desprende que puede haber tenido lugar un proceso de difusión espacial, desde Governador Valadares —una región cuyos vínculos con los Estados Unidos se remontan a hace más de medio siglo— hacia el resto del país.

Gráfico 1

Brasil y Colombia: año de salida de los emigrantes internacionales, antes de 1996 a 2010

(En porcentajes)

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), “Censo General 2005”, 2005 [en línea] http://systema59.dane.gov.co/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CG2005BASICO&MAIN=WebServerMain.inl para Colombia e Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), “Censo Demográfico 2010”, Río de Janeiro, 2010, para el Brasil.

Gráfico 2

Microrregión de Governador Valadares (Brasil) y Eje Cafetero (Colombia): año de salida de los emigrantes internacionales, antes de 1996 a 2010

(En porcentajes)

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), “Censo General 2005”, 2005 [en línea] http://systema59.dane.gov.co/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CG2005BASICO&MAIN=WebServerMain.inl para Colombia e Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), “Censo Demográfico 2010”, Río de Janeiro, 2010, para el Brasil.

Al igual que en el caso de la emigración desde Colombia, el Eje Cafetero también experimentó un proceso de diversificación de destinos a principios del nuevo milenio. En un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias en los Estados Unidos[26] y de militarización de la frontera entre México y los Estados Unidos, España superó a este último como principal país de destino de los habitantes de la región, absorbiendo casi el 24% de los flujos totales en el período 2001-2005 (frente al 11% de los Estados Unidos y cerca del 2% de la República Bolivariana de Venezuela). Durante este período, otros países como el Ecuador, Panamá, el Canadá, Costa Rica y “otros” no especificados también ganaron terreno, recibiendo en conjunto casi el 10% de los flujos en ese período (DANE, 2005). Se observaron patrones similares en la microrregión de Governador Valadares. Aunque los Estados Unidos continúan siendo el país de destino preferido por los habitantes de la región, en los últimos años, este ha perdido importancia frente a otros destinos, principalmente en Europa. Si bien la mayor salida hacia los Estados Unidos, algo más de un tercio, se produjo en el período 2001-2005, el grueso del flujo hacia Portugal tuvo lugar en el quinquenio siguiente. Esto ocurrió al mismo tiempo que otros países, como el Reino Unido, Italia y Francia, comenzaron a ganar terreno (IBGE, 2010)[27].

El censo brasileño también captó la composición por edad y género de la población migrante[28]: el 86% de los emigrantes tenían entre 20 y 49 años de edad, el 54% eran mujeres y el 46% eran hombres[29]. En el caso de la microrregión de Valadares, mientras que en los cinco años comprendidos entre 2006 y 2010, cuando tuvo lugar el 35% de los flujos, la proporción de mujeres era solo 3 puntos porcentuales inferior a la de hombres (un 16% frente a un 19%, respectivamente), las mujeres estuvieron muy infrarrepresentadas (unos 10 puntos porcentuales) en los flujos que se produjeron durante el período 2001-2005 (45% del total). Además, si bien hay un mayor equilibrio de género en los flujos del Brasil a los Estados Unidos, los de la microrregión de Valadares a los Estados Unidos son predominantemente masculinos, mientras que la migración a Portugal es más equilibrada en términos de género a nivel regional y nacional (IBGE, 2010).

En cuanto a la composición por género, los datos censales indican que la proporción de mujeres en los hogares de migrantes es mayor que en los hogares donde no hay migrantes, tanto en el Eje Cafetero como en la microrregión de Valadares (alrededor del 55% en ambos lugares). Como puede observarse en los gráficos 3 y 4, la edad media de los hogares de los migrantes tiende a ser superior a la de la población general. La proporción de personas mayores de 50 años es significativamente mayor en los hogares de los migrantes que en los hogares sin migrantes tanto en el Eje Cafetero (un 31,3% frente a un 18,1%, respectivamente) como en la microrregión de Governador Valadares (un 37,5% frente a un 21,1%, respectivamente)[30].

Gráfico 3

Eje Cafetero (Colombia): distribución por edad y sexo de los miembros de los hogares con y sin migrantes, 2005

(En porcentajes)

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), “Censo General 2005”, 2005 [en línea] http://systema59.dane.gov.co/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CG2005BASICO&MAIN=WebServerMain.inl.

Gráfico 4

Microrregión de Governador Valadares (Brasil): distribución por edad y sexo de los miembros de los hogares con y sin migrantes, 2010

(En porcentajes)

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), “Censo Demográfico 2010”, Río de Janeiro, 2010.

Además, como se muestra en el gráfico 5, la relación de dependencia de las personas mayores en los hogares con migrantes era casi el doble que en los hogares sin migrantes, tanto en el Eje Cafetero (20,75 frente a 10,84, respectivamente) como en la microrregión de Valadares (23,76 frente a 12,62, respectivamente). Al mismo tiempo, la relación de dependencia infantil era menor en los hogares con migrantes que en los hogares sin migrantes tanto en el Eje Cafetero (33,09 frente a 44,26, respectivamente) como en la microrregión de Valadares (27,45 frente a 37,23, respectivamente) (DANE, 2005; IBGE, 2010). Esta composición familiar indica que la emigración desde el Eje Cafetero y la microrregión de Valadares se produce sobre todo en los principales años de la vida laboral. Puede ser que, al emigrar, las personas dejen atrás a sus padres ancianos y que tengan hijos una vez que llegan al país de destino o que emigren con ellos (con o sin cónyuge). También puede ocurrir que la ausencia de un gran número de niños en el hogar influya positivamente en la decisión de emigrar.

Gráfico 5

Microrregión de Governador Valadares (Brasil) y Eje Cafetero (Colombia): relación de dependencia de las personas mayores e infantil, 2005 y 2010

(En porcentajes)

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), “Censo General 2005”, 2005 [en línea] http://systema59.dane.gov.co/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CG2005BASICO&MAIN=WebServerMain.inl para Colombia e Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), “Censo Demográfico 2010”, Río de Janeiro, 2010, para el Brasil.

En cuanto a la educación, los hogares de los migrantes tienden a presentar un nivel educativo ligeramente superior al de los hogares sin migrantes en Colombia, mientras que en el Brasil parece ocurrir lo contrario. Mientras que el 39,2% de las personas que residen en hogares sin migrantes en el Eje Cafetero de Colombia no había recibido educación formal o no había terminado la escuela primaria, esta proporción se reduce al 33,59% en el caso de las personas que residían en hogares con migrantes. En la microrregión de Valadares, el 58,14% de las personas que residían en hogares con migrantes no había recibido educación formal o no había terminado la escuela primaria, mientras que esta proporción se reduce al 55,81% en el caso de las personas que residían en hogares sin migrantes. En el Eje Cafetero, la proporción de personas con título universitario en hogares con migrantes era aproximadamente 4 puntos porcentuales mayor que en los hogares sin migrantes. Por el contrario, en la microrregión de Valadares, la proporción de personas con título universitario en los hogares sin migrantes es ligeramente superior (véase el gráfico 6)[31].

Gráfico 6

Eje Cafetero (Colombia) y microrregión de Governador Valadares (Brasil): nivel de escolaridad de las personas mayores de 10 años

(En porcentajes)

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), “Censo General 2005”, 2005 [en línea] http://systema59.dane.gov.co/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CG2005BASICO&MAIN=WebServerMain.inl para Colombia e Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), “Censo Demográfico 2010”, Río de Janeiro, 2010, para el Brasil.

En lo que respecta a los arreglos de convivencia, casi el 50% de los hogares con migrantes del Eje Cafetero estaban compuestos por personas solteras, mientras que alrededor de un tercio estaban conformados por personas casadas o en unión civil. En la microrregión de Valadares, la proporción de parejas con hijos es casi el doble entre los hogares sin migrantes, mientras que la proporción de mujeres con hijos sin marido o pareja es casi el doble entre los hogares con migrantes (DANE, 2005; IBGE, 2010).

Si se compara la situación laboral de las personas mayores de 14 años que viven en hogares con y sin migrantes, tanto en el Eje Cafetero como en la microrregión de Valadares, la proporción de personas que declararon estar empleadas fue, en promedio, alrededor de 9 puntos porcentuales inferior en los hogares con migrantes (un 42,71% y un 45,49%, respectivamente). Los datos sugieren también que la participación en el empleo de los jefes de los hogares con migrantes tiende a ser significativamente menor que la de los jefes de hogares sin migrantes[32] (DANE, 2005; IBGE, 2010).

Por último, el censo brasileño también recoge información sobre los ingresos de los hogares. Como se muestra en el gráfico 7, los hogares de migrantes tienden a contar con una mejor situación económica que los hogares sin migrantes tanto en la microrregión de Governador Valadares como en el resto del país, aunque la mayor parte de las familias de los migrantes se encuentra todavía en el nivel más bajo de la escala socioeconómica. Mientras que, en el Brasil, alrededor de la mitad de todos los hogares sin migrantes subsiste con un ingreso per cápita inferior a un salario mínimo, esto solo ocurre en un tercio de los hogares con migrantes[33]. Asimismo, la proporción de hogares de migrantes que viven con un ingreso per cápita de entre dos y cuatro salarios mínimos es mayor que la de los hogares sin migrantes (un 19,02% frente a un 12,59%, respectivamente). Por otra parte, los hogares de migrantes están sobrerrepresentados —unos 10 puntos porcentuales— en la franja de ingresos superiores a los seis salarios mínimos. En la microrregión de Valadares, se observa una dinámica bastante parecida entre los hogares con y sin migrantes, aunque la distancia entre estos dos grupos es mucho menor. Además, los hogares de migrantes están sobrerrepresentados en la franja de ingresos de entre uno y dos salarios mínimos (IBGE, 2010).

Debido a que el censo colombiano no indaga directamente sobre los ingresos, utilizamos la “capacidad de cubrir los gastos básicos” declarada por los propios participantes como indicador indirecto. Los resultados también sugieren (véase el gráfico 8) que los hogares con migrantes tienden a disfrutar de una mejor situación económica que los hogares sin migrantes tanto en el Eje Cafetero como en el resto del país, aunque, entre los primeros, más de la mitad declaran no tener suficientes ingresos para cubrir sus gastos básicos de subsistencia. A nivel nacional, la proporción de hogares de migrantes que declaran tener ingresos suficientes para cubrir sus gastos básicos es aproximadamente 13 puntos porcentuales más alta que la proporción de hogares sin migrantes que lo hacen, aunque la distancia entre estos dos grupos se reduce a aproximadamente 9 puntos porcentuales en el Eje Cafetero (DANE, 2005)[34].

Gráfico 7

Brasil: ingreso per cápita de los hogares con y sin migrantes en el país y en la microrregión de Governador Valadares, 2010

(En porcentajes)

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), “Censo Demográfico 2010”, Río de Janeiro, 2010.

Gráfico 8

Colombia: capacidad de cubrir gastos básicos de los hogares con y sin migrantes en el país y en el Eje Cafetero, 2005

(En porcentajes)

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), “Censo General 2005”, 2005 [en línea] http://systema59.dane.gov.co/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CG2005BASICO&MAIN=WebServerMain.inl.

H. Observaciones finales

La migración, como fenómeno de movilidad de la población humana a través de diferentes espacios y fronteras y como estrategia para la satisfacción de diversas necesidades económicas, sociales, políticas y culturales conlleva varios procesos de cambio y produce efectos tanto en los lugares de origen como en los de destino de los migrantes.

En este sentido, la migración ha sido reconocida como una de las principales estrategias que emplean los hogares para la producción y reproducción de sus medios de subsistencia (King, 2011; Kothari, 2003; McDowell y de Haan, 1997; Sørensen y Olwig, 2002). Como nos recuerdan Sørensen y Olwig (2002, pág. 1), las personas no emigran necesariamente para comenzar una nueva vida en otro lugar, sino más bien para buscar nuevas oportunidades que les permitan mejorar y diversificar los medios de subsistencia que se practican y se valoran en su país de origen. De esta manera, la migración en el Brasil y Colombia en los últimos años ha evolucionado en gran medida en función de las fluctuaciones (macro) económicas y sociopolíticas y de las tendencias de las políticas en el país de origen y en el extranjero, que ejercen un impacto directo en la condición socioeconómica de las personas y los hogares.

El Brasil y Colombia comparten una historia similar en lo que se refiere a los procesos relacionados con las condiciones macroestructurales que han venido impulsando, con mayor fuerza desde los años noventa, la emigración de sus ciudadanos a los Estados Unidos y a Europa. En particular, la adopción de programas neoliberales de ajuste estructural condujo a un deterioro de los salarios reales y de las condiciones laborales, a un fuerte aumento del desempleo y de la pobreza, a crisis recurrentes y al empeoramiento de unos índices de distribución de la riqueza históricamente desiguales. En Colombia, esta dura realidad económica, el deterioro de la situación sociopolítica del país en los noventa y el colapso de la economía cafetera hicieron que los efectos adversos de estas múltiples crisis se sintieran más intensamente en el Eje Cafetero del país. En el Brasil, el deficiente desempeño económico en el país y la combinación de (fuertes) redes sociales preestablecidas y el surgimiento de una industria de inmigración ilegal —así como otros mecanismos de causalidad acumulativa— impulsaron el cambio de dirección de los flujos migratorios del país, especialmente desde la microrregión de Governador Valadares. Además, la liberalización económica —reestructuración del mercado laboral, segmentación y flexibilización—, así como la elevada demanda de mano de obra en los países del Norte, contribuyeron a la aceleración y diversificación de los flujos migratorios. Si bien es difícil establecer una causalidad en términos de composición demográfica y socioeconómica de los hogares de migrantes, los datos apuntan a que los efectos perjudiciales de las reformas de ajuste estructural implementadas en América Latina se sintieron en todos los segmentos de la población. Como afirman Portes y Hoffman (2003, pág. 41), la contracción del empleo en el sector público y el estancamiento de la demanda de mano de obra en el sector formal en la mayoría de los países de América Latina han conllevado la adopción de una serie de soluciones adaptativas por parte de las clases medias y bajas, entre las que se incluyen el aumento del trabajo por cuenta propia en el sector informal y del microempresariado, el incremento de los delitos violentos en las ciudades y la migración al extranjero por parte de una segmento cada vez más diversificado de la población.

Estas dinámicas tuvieron lugar en el marco de la transnacionalización de la migración a escala mundial (Portes, 2003), puesto que cada vez está más claro que, para comprender los procesos migratorios contemporáneos, las limitaciones estructurales a las decisiones individuales, como las políticas estatales en los países de origen y de acogida y los contextos regionales y supranacionales, entre ellos los políticos, económicos y migratorios, son tan importantes como la agencia de los individuos y de las familias.

Teniendo esto en cuenta, los datos indican que los flujos han estado variando en paralelo con las dinámicas sociales, económicas y políticas regionales, nacionales e internacionales. Como nos recuerda Hugo (1996, pág. 105), la migración permanente o temporal ha sido siempre una de las estrategias de supervivencia más importantes adoptadas por las personas para hacer frente a los desastres naturales o provocados por el hombre. Antes de 1996, la mayoría de los colombianos y los brasileños se asentaron en los Estados Unidos. Sin embargo, a principios del nuevo milenio, comenzaron a buscar nuevos destinos, dadas las políticas migratorias más estrictas en los Estados Unidos, los crecientes obstáculos para obtener visados de turista y la militarización de la frontera entre este país y México. Los colombianos comenzaron a trasladarse en cantidades significativas a España, el Ecuador, Panamá, el Canadá, Chile, Costa Rica, el Reino Unido e Italia, mientras que los brasileños fueron al Paraguay, el Japón, el Reino Unido, Portugal, Italia y España. En ambos países, las mujeres constituían el 54% de la población migrante. Estos resultados son coherentes con la tendencia de feminización de la migración observada a nivel regional y mundial: en 2010, había 96 hombres por cada 100 mujeres migrantes desde y en la región de América Latina y el Caribe (Martínez Pizarro, Cano Christiny y Contrucci, 2014), mientras que las mujeres representaban más del 50% de los migrantes en cuatro de las seis principales regiones del mundo (DESA, 2015). En este sentido, se ha producido un cambio cuantitativo y cualitativo en el papel de las mujeres en los flujos migratorios contemporáneos: el primero se refiere a la presencia cada vez mayor de trabajadoras migrantes independientes en todo el mundo y el segundo, a la desigual incorporación de la mujer, sobre todo a la cadena mundial de cuidados (Sassen, 2000). En suma, existe un consenso cada vez mayor de que la migración es un fenómeno con un sesgo de género sustancial (Donato y otros, 2006).

Los datos indican que la proporción de mujeres en los hogares con migrantes es mayor que en los hogares sin migrantes en el Eje Cafetero y en la microrregión de Governador Valadares. Además, en ambas regiones, los hogares de los migrantes presentan una relación de dependencia de las personas mayores bastante más elevada y una relación de dependencia infantil considerablemente más baja. De acuerdo con esta composición de los hogares, la emigración desde el Eje Cafetero y la microrregión de Valadares se produce sobre todo en los principales años de la vida laboral. Asimismo, la mayoría de los hogares de los migrantes en el Eje Cafetero están formados por personas solteras o personas casadas o en unión civil, mientras que en la microrregión de Valadares predominan las mujeres con hijos sin marido o pareja en el hogar. El censo brasileño también refleja la composición por género de la población migrante: las mujeres de la microrregión de Valadares estaban muy infrarrepresentadas en la población emigrante que abandonó el país antes de que comenzara el nuevo siglo, pero han ganado bastante terreno en los últimos años. Además, si bien hay un mayor equilibrio de género en los flujos del Brasil a los Estados Unidos, los flujos de la microrregión de Valadares a los Estados Unidos son predominantemente masculinos, mientras que la migración a Portugal es más equilibrada en términos de género.

Los hogares de los migrantes tienden a poseer un nivel educativo ligeramente superior al de los hogares sin migrantes en Colombia, mientras que en el Brasil parece ocurrir lo contrario. Además, en ambos epicentros de emigración, los hogares de los migrantes tienden a encontrarse en una mejor situación económica que los hogares sin migrantes, aunque la mayor parte de las familias de los migrantes se sitúa todavía en el nivel más bajo de la escala socioeconómica de cada país. Como han señalado algunos autores, estos movimientos de población pueden tener su origen, más que en una situación de pobreza absoluta, en un nivel mínimo de desarrollo social y económico, acompañado por sentimientos de privación relativa (de Haas, 2010; Stark y Taylor, 1989). Esto no resulta sorprendente, dado que el rígido sistema de estratificación social del Brasil y Colombia y la ausencia de perspectivas de movilidad social para amplios sectores de la población han sido señalados como factores propicios para la migración. Asimismo, en la era de la globalización, la migración sigue siendo un proceso muy selectivo. Como bien ha señalado Bauman (2001), la libertad de movimiento está resultando ser uno de los factores de estratificación principales —si no el principal— de nuestra época. No obstante, a pesar de la reciente crisis económica mundial, los factores económicos, sociales y demográficos a largo plazo indican que la migración internacional continuará siendo una de las cuestiones más relevantes del siglo XXI. Como recientemente ha argumentado Castles (2011, pág. 312), la movilización internacional de trabajadores y su estratificación para ajustarlos a distintos tipos de trabajo son aspectos cruciales del orden económico mundial.

Bibliografía

ACNUR (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) (2017), “UNHCR Statistics: The World in Numbers” [en línea] http://popstats.unhcr.org/en/overview.

ACS (American Community Survey) (2010), “2010 American Community Survey” [en línea] https://factfinder.census.gov [fecha de consulta: 4 de febrero de 2019].

____(2005), “2005 American Community Survey” [en línea] https://factfinder.census.gov [fecha de consulta: 4 de febrero de 2019].

Ahumada, C. y C. Andrews (1998), “The impact of globalization on Latin American States: the case of Brazil and Colombia”, Administrative Theory and Praxis, vol. 20, Nº 4.

Assis, G. (1999), “Estar aqui, estar lá: uma cartografia da emigração valadarense para os EUA”, Cenas do Brasil Migrante, R. R. Reis y T. Sales (eds.), São Paulo, Boitempo.

Avilés, W. (2008), “US Intervention in Colombia: the role of transnational relations”, Bulletin of Latin American Research, vol. 27, Nº 3.

Banco de la República (2015a), “Ingresos de remesas de trabajadores en Colombia” [en línea] http://www.banrep.gov.co/es/remesas.

____(2015b), “Encuesta Trimestral de Remesas”, Bogotá [en línea], http://www.banrep.gov.co/es/remesas.

Banco Mundial (2017), “Annual Remittances Data”, Washington, D.C. [en línea] http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data.

____(2011), Migration and Remittances Factbook 2011, Washington, D.C.

Bauman, Z. (2001), La globalización: consecuencias humanas, Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica.

Bilsborrow, R. E. y otros (1997), International Migration Statistics: Guidelines for Improving Data Collection Systems, Ginebra, Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Brettell, C. B. y J. F. Hollifield (2000), Migration Theory: Talking Across Disciplines, Nueva York, Routledge.

Brito, F. (2002), “As migrações e transição para o trabalho assalariado no Brasil”, documento presentado en el XXIII Encuentro de la Asociación Brasileña de Estudios Poblacionales (ABEP), Ouro Preto.

____(1995), “Ensaios sobre as migrações internacionais no desenvolvimento do capitalismo”, Revista Brasileira de Estudos de População, vol. 12, Nº 1/2.

Bryceson, D., y U. Vuorela (2002), “Transnational families in the Twenty-first Century”, The Transnational Family, D. Bryceson y U. Vuorela (eds.), Oxford, Berg.

Campos, M. B. (2014), “Medidas de emigración internacional basadas en la información proporcionada por personas que convivieron con los emigrantes: la experiencia brasileña con el Censo Demográfico de 2010”, Notas de Población, Nº 98 (LC/G.2612-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Campos, M. B. y D. R. d. Macedo (2014), “Agrupamentos de emigração internacional no Brasil: o papel das redes sociais na formação dos espaços de emigração”, Geografia, vol. 39, Nº 2.

Carvalho, J. A. M. (1996), “O saldo dos fluxos migratórios internacionais no Brasil na década de 80: uma tentativa de estimação”, Revista Brasileira de Estudos de População, vol. 13, Nº 1.

Carvalho, J. A. M. y M. B. Campos (2006), “A variação do saldo migratório internacional do Brasil”, Estudos Avançados, vol. 20, Nº 57.

Castles, S. (2011), “Migration, crisis, and the global labour market”, Globalizations, vol. 8, Nº 3.

____(2010), “Understanding global migration: a social transformation perspective”, Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 36, Nº 10.

Castles, S., H. de Haas y M. J. Miller (2014), The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World, Nueva York, Guilford Press.

DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) (2017), “Gran Encuesta Integrada de Hogares - Serie histórica” [en línea] https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo/geih-historicos.

____(2016), “Cuentas nacionales” [en línea] https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales.

____(2008), Estudios postcensales: estimación de la migración 1973-2005.

____(2007), “Conciliación Censal 1985 – 2005” [en línea] http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/conciliacenso/1Conciliacion_censal.pdf.

____(2005), “Censo General 2005” [en línea]http://systema59.dane.gov.co/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CG2005BASICO&MAIN=WebServerMain.inl.

De Haas, H. (2012), “The migration and development pendulum: a critical view on research and policy”, International Migration, vol. 50, Nº 3.

____(2010), “Migration and development: a theoretical perspective”, International Migration Review, vol. 44, Nº 1.

DESA (División de Población de las Naciones Unidas) (2015), Trends in International Migrant Stock:, “International Migrant Stock 2015” [base de datos en línea] http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml.

Donato, K. M. y otros (2006), “A glass half full? Gender in migration studies”, International Migration Review, vol. 40, Nº 1.

Escobar, A. (2003), “Displacement, development, and modernity in the Colombian Pacific”, International Social Science Journal, vol. 55, Nº 175.

Espindola, H. (1995), “Perfil sumário da macrorregião VIII do Rio Doce”, inédito.

Espindola, H. y L. Oosterbeek (2008), “Os desafios da gestão integrada do território”, Area Domeniu, vol. 3.

Fazito, D. y W. Soares (2014), “The industry of illegal migration: social network analysis of the Brazil-US migration system”, International Migration, vol. 53, Nº 6.

Foner, N. (1997), “What’s new about transnationalism? Nueva York immigrants today and at the turn of the century”, Diaspora, Nº 6.

Fonseca, P. C. D. (2009), O processo de substituição de importações, São Paulo, LCTE Editora.

Furtado, C. (2007), Formação economica do Brasil, São Paulo, Companhia das Letras.

Fusco, W. (2005), “Capital cordial: a reciprocidade entre os imigrantes brasileiros nos Estados Unidos”, tesis para optar al grado de doctor, Campinas, Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP).

Garay, L. J. y A. Rodríguez (2005a), La migración internacional: una síntesis de aproximaciones teóricas alternativas, Bogotá, Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia/Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

____(2005b), La emigración internacional en el Área Metropolitana Centro Occidente Colombia: caracterización socioeconómica de la población emigrante y evaluación del impacto de las remesas internacionales, Bogotá, Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia/Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Glick Schiller, N., L. Basch y C. Blanc-Szanton (1992), “Transnationalism: A new analytical framework for understanding migration”, Towards a Transnational Perspective on Migration, N. Glick Schiller, L. Basch y C. Blanc-Szanton (eds.),. Nueva York, New York Academy of Sciences.

Gomez, M., L. Bougher e I. Robertson (2005), “Making remittances work for development: leveraging remittances to the housing market”, Nueva York, inédito.

Gómez Ramírez, A., P. González Gómez y A. Hurtado Cardona (2006), “Comportamiento del empleo industrial en Colombia, Eje Cafetero y los departamentos de Bolívar, Santander y Tolima en el período 1985 – 2003”, Ensayos sobre Economía Regional, vol. 42.

Grasmuck, S. y P.R. Pessar (1991), Between Two Islands: Dominican International Migration, Berkeley, University of California Press.

Guarnizo, L. E. (2008), Londres latina: la presencia colombiana en la capital británica, Ciudad de México, Miguel Ángel Porrúa.

____(2006), “El Estado y la migración global colombiana”, Migración y Desarrollo, Nº 006.

____(2003), “The economics of transnational living”, International Migration Review, vol. 37, Nº 3.

Guarnizo, L. E. y M. P. Smith (1998), “The locations of transnationalism”, Transnationalism from Below, M. P. Smith y L. E. Guarnizo (eds.), New Brunswick, Transaction Publishers.

Guillén, A. R. (2008), Modelos de desarrollo y estrategias alternativas en América Latina, Madrid Editorial Akal.

Herrera Lima, F. (2001), “Transnational families: institutions of transnational social space”, New Transnational Social Spaces, L. Pries (eds.). Londres, Routledge.

Hill, K. (1979), “Estimación de la emigración por edades a partir de la información sobre residencia de hermanos”, Notas de Población, Nº 21, Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Hugo, G. (1996), “Environmental concerns and international migration”, International Migration Review, vol. 30, Nº 1.

IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística) (2010), “Censo Demográfico 2010”, Río de Janeiro.

____(1991), “Censo demográfico 1991: resultados do universo relativos as características da população e dos domicílios”, Rio de Janeiro.

IDMC (Centro de Vigilancia de los Desplazamientos Internos) (2016), “Colombia: country information” [en línea] http://www.internal-displacement.org/countries/colombia/.

IFAD (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola) (2017), Sending Money Home: Contributing to the SDGs, one family at a time, Roma.

INE (Instituto Nacional de Estadística) (2019), “Estadística del Padrón Continuo” [en línea] https://www.ine.es/.

Jackson, P., Crang, P., y C. Dwyer, (2004), “Introduction: the spaces of transnationality”, Transnational Spaces, P. Jackson, P. Crang y C. Dwyer (eds.), Londres, Routledge.

Khoudour-Castéras, D. (2007a), “¿Porque emigran los colombianos? Un análisis departamental basado en el censo de 2005”, Revista de Economía Institucional, vol. 9, Nº 16.

____(2007b), “Migraciones internacionales y desarrollo: el impacto socioeconómico de las remesas en Colombia”, Revista CEPAL, Nº 92 (LC/G.2339-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

King, B. (2011), “Spatialising livelihoods: resource access and livelihood spaces in South Africa”, Transactions of the Institute of British Geographers, vol. 36, Nº 2.

Kofman, E. (2004), “Gendered global migrations”, International Feminist Journal of Politics, vol. 6, Nº 4.

Kothari, U. (2003), “Introduction: migration, staying put and livelihoods”, Journal of International Development, vol. 15, Nº 5.

Levitt, P. y D. Lamba-Nieves (2011), “Social remittances revisited”, Journal of Ethnic and Migration Studies, 37, Nº 1.

Levitt, P., J. DeWind y S. Vertovec (2003), “International perspectives on transnational migration: an introduction”, International Migration Review, vol. 37, Nº 3.

Margolis, M. (2003), “Na virada do Milênio: a emigração brasileira para os Estados Unidos”, Fronteiras cruzadas: etnicidade, gênero e redes sociais, A. C. B. Martes y S. Fleischer (eds.),. São Paulo, Paz e Terra.

___(1994), Little Brazil: imigrantes brasileiros em Nova York, Campinas, Papirus.

Martes, A. C. B. (2000), Brasileiros nos Estados Unidos: um estudo sobre imigrantes em Massachusetts, São Paulo, Paz e Terra.

Martes, A. C. B. y W. Soares (2006), “Remessas de recursos dos imigrantes”, Estudos Avançados, vol. 20, Nº 57.

Martínez, J. y C. Orrego (2016), “Nuevas tendencias y dinámicas migratorias en América Latina y el Caribe”, serie Población y Desarrollo, N° 114 (LC/L.4164), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Martínez, J., V. Cano y M. S. Contrucci (2014), “Tendencias y patrones de la migración latinoamericana y caribeña hacia 2010 y desafíos para una agenda regional”, serie Población y Desarrollo, Nº 109 (LC/L.3914), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

McDowell, C. y A. de Haan (1997), “Migration and sustainable livelihoods: a critical review of the literature”, IDS working papers, Nº 65.

Medina, C. y L. Cardona (2010), “The effects of remittances on household consumption, education attendance and living standards: the case of Colombia”, Lecturas de Economía, vol. 72, enero-junio.

Mejía, W. (2012), “Colombia y las migraciones internacionales: evolución reciente y panorama actual a partir de las cifras”, Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana (REMHU), vol. 20, Nº 39.

MIF/BID (Fondo Multilateral de Inversiones/Banco Interamericano de Desarrollo) (2015), “Remittances to Latin America and the Caribbean Set a New Record High in 2014”, Washington, D. C.

Montenegro, A. (1993), Café, dinero y macroeconomía en Colombia: ensayos, Bogotá, Fundación Friedrich Ebert de Colombia (FESCOL) .

MPI (Instituto de Política Migratoria) (2017), “Remittance Trends over Time” [en línea] https://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/charts/remittance-trends-over-time.

Nieto Arteta, L. E. (1992), El café en la sociedad colombiana, Bogotá, El Ancora Editores.

OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos) (2019), “OECD International Migration Database and labour market outcomes of immigrants” [en línea] http://www.oecd.org/els/mig/keystat.htm.

OIM (Organización Internacional para las Migraciones) (2017), World Migration Report 2018, Ginebra.

____(2010), Perfil migratório do Brasil 2009 [en línea] https://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/pbn/docs/Perfil-Migratorio-de-Colombia-2012.pdf.

OIT (Organización Internacional del Trabajo) (2016), Estadísticas de migración laboral: mapeo y análisis en 5 países de América Latina y el Caribe, Brasilia.

Oliveira, A. T. (2013), “Um panorama da migração internacional a partir do censo demográfico de 2010”, Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana (REMHU), vol. 21, Nº 40.

Patarra, N. L. (2005), “Migrações Internacionais de e para o Brasil contemporâneo: volumes, fluxos, significados e políticas”, São Paulo em Perspectiva, vol.19, Nº 3.

Patarra, N. L. (2012), “O Brasil: país de imigração?”, Revista Eletrônica de Estudos Urbanos e Regionais, vol. 3, Nº 9.

Pellegrino, A. (2004), “Migration from Latin America to Europe: trends and policy challenges”, IOM Migration Research Series, vol. 16, Ginebra.

PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) (2013), “Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil” [en línea] http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/home/.

____(2010), Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2010, Nueva York.

____(2009), Human Development Report 2009. Overcoming barriers: Human Mobility and Development, Nueva York.

____(2000), Informe de Desarrollo Humano para Colombia 2000, Bogotá [en línea] http://hdr.undp.org/sites/default/files/colombia_2000_sp.pdf.

Portes, A. (2011), “Discussion: transnationalism, migration and development”, International Development Planning Review, vol. 33, Nº 4.

____(2003), “Theoretical convergencies and empirical evidence in the study of immigrant transnationalism”, International Migration Review, vol. 37, Nº 3.

Portes, A., y J. DeWind (2004), “A cross-atlantic dialogue: the progress of research and theory in the study of international migration”, International Migration Review, vol. 38, Nº 3.

Portes, A., L. E. Guarnizo y P. Landolt (1999), “The study of transnationalism: pitfalls and promise of an emergent research field”, Ethnic and Racial Studies, vol. 22, Nº 2.

Portes, A. y K. Hoffman (2003), “Latin American class structures: their composition and change during the Neoliberal Era”, Latin American Research Review, vol. 38, Nº 1.

Sales, T. (1999), Brasileiros longe de casa, São Paulo, Cortez.

Sassen, S. (2000), “Women’s burden: counter-geographies of globalization and the feminization of survival”, Journal of International Affairs, vol. 53, Nº 2.

Siqueira, S. (2006), “Migrantes e empreendimentos na microrregião de Governador Valadares: sonhos e frustrações no retorno”, tesis para optar al grado de doctor en sociologia y política, Belo Horizonte, Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG).

____(2003), “O fenômeno da migração internacional em Governador Valadares”, Caderno do Neder, vol. 1, Nº 1.

Soares, W. (2002), “Da metáfora à substância: redes sociais, redes migratórias e migração nacional e internacional em Valadares e Ipatinga”, tesis para optar al grado de doctor en demografía, Belo Horizonte, Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG).

Somoza, J. (1977), “Una idea para estimar la población emigrante por sexo y edad en el censo de un país”, Estudios e Investigaciones, Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE).

Sørensen, N. N. (2005), “Transnational family life across the Atlantic”, documento presentado en la Conferencia Internacional sobre Migración y Trabajo Doméstico en una Perspectiva Global, Wassenar, 26-29 de mayo.

Sørensen, N. N. y K. F. Olwig (2002), “Mobile livelihoods: making a living in the world”, Work and Migration: Life and Livelihoods in a Globalizing World, N. N. Sørensen y K. F. Olwig (eds.), Londres, Routledge.

Sousa, L. y D. Fazito (2016), “Um estudo sobre os aspectos da dinâmica migratória internacional entre a microrregião de Governador Valadares e os Estados Unidos, 2000-2010”, Revista Brasileira de Estudos de População, vol. 33, Nº 3.

Stark, O., y J. E. Taylor (1989), “Relative deprivation and international migration”, Demography, vol. 26, Nº 1.

Toro Zuluaga, G. (2005), “Eje cafetero colombiano: compleja historia de caficultura, violencia y desplazamiento”, Revista de Ciencias Humanas, vol. 11, Nº 35.

Vertovec, S. (2009), Transnationalism, Abingdon, Routledge.

Willekens, F. y otros (2016), “International migration under the microscope: fragmented research and limited data must be addressed”, Science, vol. 352, Nº 6288.

Zapata, G. P. (2013), “The migration-development nexus: rendering migrants as transnational financial subjects through housing”, Geoforum, vol. 47.

Zlotnik, H. (2000), “Migration and the family: the female perspective”, Gender and Migration, K. Willis y B. Yeoh (eds.), Edward Elgar.

Anexo A1

Imagen A1.1

Colombia: módulo sobre emigración internacional del Censo General 2005

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Censo General 2005: nivel nacional, Bogotá, 2008.

Imagen A1.2

Brasil: módulo sobre emigración internacional del Censo Demográfico 2010

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), “Censo Demográfico 2010” [en línea] https://censo2010.ibge.gov.br/images/pdf/censo2010/questionarios/questionario_basico_cd2010.pdf.

[1] Gisela P. Zapata es Doctora en Geografía Humana y Profesora del Departamento de Demografia de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y del Centro de Desarrollo y Planificación Regional (CEDEPLAR) de la UFMG. Correo electrónico: gpzapata@gmail.com.

[2] Estos son los dos enfoques más utilizados para estimar el número de personas que residen en el extranjero —emigrantes internacionales— en una comunidad o un país determinado. El método propuesto por Somoza (1977) se basa en preguntar a las madres sobre el lugar de residencia de sus hijos, mientras que el método propuesto por Hill (1979) se basa en preguntar a los individuos sobre el lugar de residencia de sus hermanos.

[3] Las preguntas sobre emigración internacional introducidas en los censos de Colombia de 2005 y del Brasil de 2010 pueden consultarse en el anexo A1.

[4] Con el fin de facilitar el análisis de los datos presentados en este documento, el Eje Cafetero incluye todo el departamento del Valle del Cauca y excluye el departamento de Tolima.

[5] Por ejemplo, la contribución de la industria manufacturera al PIB del país cayó de un promedio del 21,2% antes de 1990 a cerca del 13% al final de esa década (Gómez Ramírez, González Gómez y Hurtado Cardona, 2006).

[6] La producción de café en Colombia está en manos de pequeños productores: alrededor del 62% del área cultivada es propiedad de agricultores que poseen menos de una hectárea de tierra (Toro Zuluaga, 2005).

[7] A modo de ejemplo, la participación del sector de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca cayó del 21,44% del PIB de la región en 1999 al 8,02% en 2000 (DANE, 2016).

[8] Además de la crisis internacional del café y los efectos adversos de las reformas neoliberales implementadas a principios de la década, otros factores también contribuyeron a esta situación: una crisis hipotecaria nacional que se extendió a los mercados financieros y de la vivienda, la caída de los precios mundiales de los productos básicos y las repercusiones de las crisis financieras rusa (1998) y brasileña (1999). A mediados de 1998, la tasa de desempleo se situaba en torno al 16% (Ahumada y Andrews, 1998), y el PIB real cayó hasta el 4,2% en 1999 (Medina y Cardona, 2010).

[9] Esto podría indicar que la mayor parte de los colombianos que huyen del país pueden estar utilizando otras rutas y estrategias migratorias para comenzar una nueva vida en el extranjero.

[10] Los datos de la ronda de censos de 2010 sugieren que la población emigrante de Colombia como porcentaje del total se acerca al promedio regional de América Latina y el Caribe (4%), pero se sitúa significativamente por debajo de las cifras de países como Guyana (49,2%), Jamaica (casi un 30%), El Salvador (alrededor del 23%) y México (10,6%) (Martínez Pizarro, Cano Christiny y Contrucci, 2014).

[11] La Violencia fue un período de diez años de conflicto civil bipartidista que terminó en 1958 con un acuerdo de reparto de poder entre los partidos Liberal y Conservador, una coalición denominada Frente Nacional.

[12] La emigración de un segmento más amplio de la población colombiana hacia nuevos y más lejanos destinos desde la década de 1990 se asocia a dos factores principales. Por un lado, aunque la proporción de migrantes colombianos relacionados con el negocio ilícito es bastante pequeña, la expansión del negocio mundial de las drogas brindó la oportunidad de emigrar a un segmento de la población que, de otro modo, no habría podido salir del país debido a sus condiciones socioeconómicas marginales. Por otro lado, la migración se vio reforzada por las redes sociales familiares y comunitarias que se habían establecido en el pasado, de las que los migrantes potenciales suelen valerse para obtener información, recursos e inserción en el tejido económico del país de destino (Guarnizo, 2006).

[13] La sociedad colombiana es la cuarta más desigual de América Latina. Solo la superan el Estado Plurinacional de Bolivia, Haití y el Brasil (PNUD, 2010).

[14] En el censo venezolano de 2001, se registraron 609.196 colombianos residentes en el país (CELADE, 2018), lo que representaría el 26% de la población total de migrantes colombianos, si se consideran las estimaciones oficiales de emigrantes internacionales. Como se explicó anteriormente, la tendencia del censo a captar mejor la migración más reciente puede explicar la infrarrepresentación de migrantes colombianos en la República Bolivariana de Venezuela.

[15] Si bien Bogotá y Antioquia albergan proporciones similares de la población del país (16% y 13%, respectivamente) y el Atlántico supera ligeramente su participación (5%), el Eje Cafetero, que alberga alrededor del 15% de la población de Colombia, está muy sobrerrepresentado en los flujos migratorios del país (DANE, 2005).

[16] En comparación, en 2005, las remesas representaron una proporción similar del PIB en Colombia (2,3%) y México (2,6%), pero significativamente mayor (alrededor del 18% del PIB) en países centroamericanos más pequeños, como Honduras y El Salvador (MPI, 2017).

[17] Sobre la base de datos de la encuesta de medición del nivel de vida de 2003, Medina y Cardona (2010) hallaron que el ingreso per cápita de los hogares receptores de remesas aumentó alrededor de un 23% con los recursos enviados por sus familiares en el exterior.

[18] Alpercata, Campanário, Capitão Andrade, Coroaci, Divino das Laranjeiras, Engenheiro Caldas, Fernandes Tourinho, Frei Inocêncio, Galileia, Governador Valadares, Itambacuri, Itanhomi, Jampruca, Marilac, Mathias Lobato, Nacip Raydan, Nova Módica, Pescador, São Geraldo da Piedade, São Geraldo do Baixio, São José da Safira, São José do Divino, Sobrália, Tumiritinga, Virgolândia.

[19] La profundización de la crisis de la deuda marcó la década de 1980 en el Brasil. A finales de 1989, la recesión se había profundizado y la inflación había alcanzado la cifra récord de un 1.861%. El Brasil adoptó las recetas de ajuste estructural prescritas por el FMI a lo largo de la década de 1990, durante los gobiernos de Fernando Collor y Fernando Henrique Cardoso (Ahumada y Andrews, 1998).

[20] Esto correspondía a 1.050.000 hombres y 750.000 mujeres, un índice de masculinidad de 1,4, y representaba el 1,6% del total de la población brasileña de 10 o más años de edad que residía en el país (Carvalho y Campos, 2006).

[21] Como ya se ha mencionado, Campos (2014) señala que la pregunta planteada por el censo parece ser más adecuada para captar los flujos migratorios recientes, dados los potenciales problemas de memoria asociados con eventos antiguos o la falta de definición en lo que respecta al lugar de residencia anterior del migrante.

[22] Los flujos migratorios hacia “otros países” (excepto España, los Estados Unidos y Portugal) representaron el 36% del total en el período comprendido entre 2006 y 2010 (IBGE, 2010).

[23] Como se explica en la sección de metodología, el número de emigrantes internacionales en ambos países fue muy subestimado por los censos, ya que es posible que todas las personas de un mismo hogar hayan emigrado o que los familiares que permanecieron en el país hayan fallecido u optado por no revelar información. En concreto, los datos censales y administrativos de los países receptores indican que, en 2005, el número de migrantes colombianos ascendía a entre 2 y 2,3 millones de personas. Por ejemplo, en 2005, en la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense, se registraron 556.407 colombianos residentes en los Estados Unidos (ACS, 2005), mientras que, según el padrón municipal de España, había 288.190 colombianos en el país (INE, 2019). Asimismo, en 2005, 123.019 colombianos residían en otros países europeos —excluyendo España— y 859.414, en otros países de América Latina y el Caribe (DESA, 2015). Además, los datos del censo ecuatoriano indican que, en 2001, había 51.556 colombianos viviendo en el país (CELADE, 2018). Del mismo modo, en 2010, el número de brasileños residentes en el extranjero se estimó en 1,5 millones de personas (DESA, 2015). Por ejemplo, 339.613 brasileños vivían en los Estados Unidos (ACS, 2010) y 146.941 brasileños figuraban en el padrón municipal español ese año (INE, 2019). Portugal registró 118.415 brasileños en 2010, mientras que el Japón informó la cifra de 230.552 y el Reino Unido, de 49.898 (DESA, 2015). Por otra parte, el censo paraguayo de 2002 registró 80.156 brasileños residentes en el país (CELADE, 2018).

[24] Esta cifra equivale a casi 2,5 veces la proporción de hogares colombianos con familiares residentes en el exterior (DANE, 2005).

[25] Esta cifra representa casi 10 veces la proporción de hogares migrantes en el Brasil. El estado de Minas Gerais, donde se encuentra la microrregión de Governador Valadares, está sobrerrepresentado en términos de población migrante: en este estado reside solo el 10,3% de los brasileños, pero casi el 17% del total de la población emigrante proviene de allí (IBGE, 2010).

[26] A partir de la década de 1990, se hizo cada vez más difícil para los colombianos obtener visados de turista para entrar a los Estados Unidos, debido a la intensificación de la guerra contra las drogas. Esto supuso la restricción de acceso al país para todos los nacionales de Colombia, excepto un pequeño grupo de individuos privilegiados.

[27] Se realizó una prueba de chi cuadrado y se observó una asociación entre el año de salida del migrante y el país de destino en los casos del Brasil y de Colombia (p < 0,05).

[28] El censo colombiano de 2005 no incluyó una pregunta sobre la edad y el género del emigrante.

[29] En torno al 84% de las personas tenían entre 20 y 49 años en el momento de la emigración. Sin embargo, en 2010, las mujeres constituían el 51% de la población brasileña (IBGE, 2010).

[30] No es sorprendente, dada la composición de la población migrante brasileña: en 2010, el 86% de los emigrantes tenían entre 20 y 49 años de edad (IBGE, 2010).

[31] Se realizó una prueba de chi cuadrado para comprobar la relación entre el nivel de educación y el tipo de hogar (con migrantes o sin migrantes). En el Eje Cafetero, las probabilidades de formar parte de un hogar con migrantes aumentan con el nivel educativo (p<0.05), mientras que, en la microrregión de Governador Valadares, no se encontró ninguna asociación entre estas variables.

[32] Como se ha señalado anteriormente, los censos no recogen información sobre la relación entre el emigrante y el jefe del hogar.

[33] El salario mínimo en 2010 era de 510.000 reales, aproximadamente 320 dólares.

[34] Los resultados de las pruebas de chi cuadrado sugieren una asociación entre el nivel de ingresos y el tipo de hogar (con o sin migrantes) en la microrregión de Governador Valadares y en el Eje Cafetero (p < 0,05).

Artículo 6

Construcciones y alcances del derecho a la salud en el Primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (Argentina, 2017-2020): prioridades de agenda y lineamientos de política pública desde un enfoque de derechos humanos[1]

Laura Gottero[2]

Recibido: 08/01/2019

Aceptado: 11/02/2019

Resumen

En este artículo se examina cómo se presenta el derecho a la salud en el Primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (2017-2020), incorporando de manera efectiva un enfoque de derechos más allá de la dimensión enunciativa, para lo que la planificación requiere transformaciones conceptuales y metodológicas. A partir del estudio de la inclusión del derecho a la salud en dicha política pública, se entrecruzan dimensiones de análisis con elementos centrales del enfoque de derechos aplicado a la formulación de políticas públicas. Además, se reflexiona sobre las distancias entre el derecho a la salud cuando se presenta como un derecho social reconocido por la Constitución nacional y cuando se aborda como un derecho humano y social. Esta brecha supone desafíos y consecuencias para la materialización del acceso a la salud respecto a la representación de la población destinataria y las obligaciones de protección y garantía del Estado.

Palabras clave: acceso a derechos, derecho a la salud, políticas de derechos humanos, Plan Nacional de Acción de Acción en Derechos Humanos (PNADH), políticas públicas, Argentina.

Abstract

This article examines how the right to health is presented in the first National Human Rights Action Plan (2017–2020), incorporating a genuine rights approach that goes beyond the enunciation of principles and leads to conceptual and methodological transformations in planning. Based on a study of the inclusion of the right to health in this public policy, aspects of analysis are intersected with core elements of the rights approach, as applied to policymaking of public policies. In addition, reflections are offered on the gaps between the right to health when recognized as a constitutional social right and its treatment as a human right in the social domain. These gaps entail challenges and consequences for realization of access to health, with respect to representation of the target population and the State’s obligations to protect and guarantee.

Keywords: access to rights, right to health, human rights policies, National Human Rights Action Plan (PNADH), public policies, Argentina.

Résumé

Le présent article examine la façon dont le droit à la santé est abordé dans le Premier Plan d’action national pour les droits de l’homme (2017-2020), en y incorporant effectivement une approche qui va bien au-delà du droit énoncé, dont la planification appelle des transformations conceptuelles et méthodologiques. Partant de l’étude de l’inclusion du droit à la santé dans cette politique publique, les dimensions d’analyse se conjuguent avec les éléments centraux de l’approche des droits appliquée à la formulation des politiques publiques. Cette approche analyse en outre sur le décalage existant entre le droit à la santé lorsqu’il est présenté comme un droit social reconnu par la Constitution nationale et ce même droit abordé comme un droit humain et social. Cet écart pose des défis et a des répercussions en termes de réalisation de l’accès à la santé sur le plan de la représentation de la population cible et des obligations de l’État en matière de protection et de garantie.

Mots-clés: accès aux droits, droit à la santé, politiques des droits de l’homme, plan d’action national pour les droits de l’homme (PNADH), politiques publiques, Argentine.

Introducción

En el campo transdisciplinario de los derechos humanos, el derecho a la salud se configura como un paradigma fructífero para analizar el modo en que se presentan los elementos centrales de un derecho humano, así como los principales desafíos que estos plantean en cada contexto nacional. Los derechos humanos constituyen las protecciones de que gozan las personas y representan una limitación al poder de los Estados. Alcanzan a todos aquellos que se encuentran en el territorio nacional, ya sea que se consideren ciudadanos/as o no. Se trata de las garantías esenciales para desarrollar la vida de manera digna y conforman un compromiso estatal asumido ante la comunidad internacional a partir de la aprobación y ratificación de instrumentos internacionales de derechos humanos (Serrano y Vázquez, 2013; Kawabata, 2003; Nikken, 1999; Bobbio, 1998). Los Estados se comprometen a incorporar progresivamente la perspectiva de derechos humanos en la formulación de las políticas públicas; ello implica que las planificaciones que regulen la garantía y el acceso a los derechos fundamentales para la vida deben efectuar transformaciones a lo largo de todo su ciclo, tomando en cuenta los lineamientos propios del enfoque de derechos humanos.

En este artículo se examina la planificación en torno al derecho a la salud contemplado en el Primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (2017-2020), elaborado por el Estado argentino. A partir del análisis de la estructura de la planificación y de los objetivos de salud planteados, se investiga cómo se construye la agenda de salud pública con arreglo a un enfoque de derechos humanos, a fin de abordar el diseño de esta política desde una mirada crítica. Además, se examinan la selección de objetivos y las líneas de acción. El estudio parte de la premisa de que existen distancias entre las políticas que gestionan y regulan los derechos sociales —dándoles el sentido y el alcance de derechos humanos— y las que emplean una retórica de derechos humanos para referirse a los derechos sociales, sin reconstruir ni revisar su contenido y sus modalidades de implementación. Estas brechas tienen implicancias concretas y se producen porque la perspectiva de derechos no constituye una declaración de buenas intenciones por parte de los Estados sino una metodología y un esquema conceptual preciso que puede y debe ser aplicado en el diseño de políticas.

Aquí se presentan los resultados del estudio con respecto a la inclusión y planificación del derecho a la salud en el PNADH, que dan cuenta del modo en que surgen estas discrepancias y ponen en evidencia los retos que plantean los derechos humanos a la hora de elaborar políticas públicas en la región. El PNADH es el primer plan oficial implementado como tal en la Argentina, aunque tiene antecedentes que le sirvieron de base: uno de los más importantes es el documento Acciones para un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos 2010-2015, elaborado por la entonces Secretaría de Derechos Humanos durante el gobierno de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner[3]. El Plan 2017-2020 fue presentado en diciembre de 2017, durante el segundo año de gobierno del Presidente Mauricio Macri, y paradójicamente su vigencia se inscribe en una etapa de retrocesos, contradicciones y desafíos claros en materia de derechos humanos en el país (CELS, 2017 y 2016; FUNDEPS/ANDHES, 2018; CIDH, 2017, entre otros trabajos). Sin embargo, los Estados que se comprometen a cumplir las normativas internacionales de derechos humanos mantienen su responsabilidad más allá de las gestiones puntuales de los gobiernos; de allí que resulte relevante articular las metas de salud y derechos humanos enunciadas en el PNADH con los compromisos estatales de incorporar un enfoque de derechos humanos en todo el ciclo de las políticas públicas, entendidas como responsabilidades de Estado independientes de las gestiones específicas de gobierno.

A. Perspectiva de derechos y estudio de políticas públicas: planteamiento articulado

Las políticas públicas pueden entenderse como una planificación fundamentada del Estado sobre cuestiones que se incorporaron a la agenda pública, por lo que se tratan como problemáticas relevantes que el aparato estatal decide abordar con arreglo a sus capacidades institucionales, su configuración ideológica y sus objetivos de gobierno. Ello tiene lugar en un contexto dinámico de actores que interactúan para obtener y acrecentar el poder en la toma de decisiones que se asocia con dicha cuestión problemática desde el punto de vista político (Parsons, 2007; Vilas, 2007; Aguilar Villanueva, 1996; Kelman, 1992; Oszlak, 1985, entre otros trabajos). Tanto la formulación como la implementación de políticas públicas se tornan etapas continuas y complementarias, y llevan aparejadas interacciones entre Estado y sociedad cuyas formas particulares definen modos concretos de acceso a un derecho (Matus, 2014; Procacci, 1999; Bobbio, 1998; Subirats, 1993; y Gellner, 1983, entre otros trabajos).

En el período reciente se han intensificado las preocupaciones y las demandas por parte de diversos sectores respecto de la consolidación del acceso a los derechos y la protección de estos como parte de los compromisos estatales en materia de derechos humanos; de allí provienen también las iniciativas para monitorear y evaluar políticas públicas de acuerdo con este enfoque (OEA/GTPSS, 2015; ACNUDH, 2006; Abramovich y Pautassi, 2010; Rossi y Moro, 2014, entre otros trabajos).

Desde esta visión general de políticas, en el artículo se plantea un problema de investigación a partir de una perspectiva transdepartamental y transdisciplinaria, para lo que resulta preciso articular saberes interdisciplinarios y de distintos campos temáticos en función de los objetivos propuestos para afrontar la problemática planteada. Es así que la metodología empleada se vincula directamente con los requerimientos del problema de investigación en contexto y se adapta a dichos requerimientos (Arnoux, 2009; De Oto, 2017). Por esta razón, se combinan dos estrategias de análisis:

i) Marco metodológico del enfoque en derechos humanos

Este enfoque teórico-metodológico brinda marcos conceptuales para el análisis y las herramientas de recolección, estudio y evaluación de datos de políticas en concordancia con los lineamientos provistos por los instrumentos internacionales de derechos humanos a los que los Estados se han obligado tras ratificarlos (OEA/GTPSS, 2015; Gerlero, 2010; y Pautassi, 2010a y 2010b, entre otros trabajos). En un apartado posterior se profundizará sobre este esquema metodológico.

ii) Estudio de planificación estratégica de políticas públicas

Estas estrategias y metodologías de investigación presentan herramientas de análisis de políticas públicas que resultan adecuadas para examinar las características de formulación, implementación e impacto o evaluación de una política seleccionada. En este marco, se trabajó con elementos de la Planificación Estratégica Situacional (PES), concebida específicamente para los escenarios latinoamericanos y que incorpora una visión integral y dinámica entre escenarios, instituciones, actores privados y públicos, así como variables contextuales (Matus, 2014 y 2008).

B. Alcances y contenido del derecho a la salud como derecho humano

Como se ha indicado anteriormente, la planificación del derecho a la salud como derecho social constitucional y la planificación como derecho (social) humano entrañan efectos diferentes. El primer modo constituye un compromiso estatal a nivel nacional, de acuerdo con las delimitaciones que surgen de la normativa y de las representaciones que cada Estado construye respecto de los sujetos de derecho; el segundo representa un conjunto de obligaciones estatales asumidas ante la comunidad internacional que protege a todas las personas dentro del territorio del Estado que aprobó dichos acuerdos.

Según la Declaración y Programa de Acción de Viena (Naciones Unidas, 1993), los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes y están relacionados entre sí, por lo que el incumplimiento o las falencias de un derecho humano afecta de manera inexorable a otros (Piovesan y Gotti, 2013). Su fortalecimiento o, de lo contrario, las acciones negativas que tienden a su debilitamiento o vulneración corresponden a los Estados, que son los que asumen un compromiso a nivel internacional mediante la firma de instrumentos normativos de derechos humanos. De allí que para Bobbio (1998) el desafío contemporáneo no radique en la enunciación y el reconocimiento formal de derechos —para lo cual existe un vasto catálogo de normas—, sino en su cumplimiento efectivo en tanto que obligaciones del Estado.

El derecho a la salud se reconoce en varios instrumentos del Sistema Universal de Derechos Humanos; uno de los más importantes es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Naciones Unidas, 1966), en el que el artículo 12 reconoce el derecho de toda persona al más alto nivel posible de salud física y mental. El órgano de supervisión del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a saber, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, elaboró asimismo una serie de Observaciones Generales que otorgan contenido concreto al derecho a la salud como derecho humano, y uno de sus resultados principales es la Observación General N° 14 (Naciones Unidas, 2000) sobre el derecho al más alto nivel posible de salud, por ser fundamental para el acceso a otros derechos, y porque estos son necesarios para concretar el acceso a la salud (parágrafo 3). Su garantía se puede establecer mediante la formulación de políticas públicas y normativa específica, y también por medio de la adopción de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La Observación General N° 14 establece que el mejor estado de salud posible depende de un amplio espectro de factores socioeconómicos, que definen las posibilidades de una vida sana: “hace ese derecho extensivo a los factores determinantes básicos de la salud, como la alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso a agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas y un medio ambiente sano” (Naciones Unidas, 2000, pág. 2). Por dicha interrelación, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales interpreta que el derecho a la salud requiere atención sanitaria oportuna y adecuada e incluye:

el acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente, y acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud… (Naciones Unidas, 2000, pág. 3).

A partir de esta afirmación, Arballo (2013) indica que una de las características del derecho a la salud es que su cumplimiento requiere la adopción de medidas no sanitaristas; por ello, la demanda de políticas públicas para garantizar su acceso es mucho mayor de lo que comúnmente se supone, lo que acentúa la necesidad de adoptar un enfoque de derechos en este tipo de planificaciones. Siguiendo a Piovesan y Gotti (2013), gran parte de estas medidas se vinculan con obligaciones inderogables para los Estados, que incluyen desde garantizar el acceso a la salud sin discriminación y visibilizar la protección de derechos de los que la salud depende (alimentación, vivienda, medio ambiente, entre otros), hasta formular estrategias participativas de salud pública que impliquen mecanismos de evaluación y revisión.

La Observación General N° 14 indica que los Estados deben respetar el derecho a la salud, en especial mediante la eliminación de las trabas de acceso a la salud impuestas a ciertos grupos vulnerables:

los presos o detenidos, los representantes de las minorías, los solicitantes de asilo o los inmigrantes ilegales, a los servicios de salud preventivos, curativos y paliativos; abstenerse de imponer prácticas discriminatorias como política de Estado; y abstenerse de imponer prácticas discriminatorias en relación con el estado de salud y las necesidades de la mujer. (Naciones Unidas, 2000, págs. 9 y 10).

La referencia específica a las medidas no relativas a la salud y a los factores no sanitarios que inciden en el acceso efectivo al derecho a la salud conecta esta discusión con el concepto de determinantes sociales, que resulta imprescindible para la transformación conceptual que supone entender la salud como derecho humano. La interrelación entre factores sanitarios y socioeconómicos se materializó a través de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud (OMS, 2009a), que recientemente reconoció la antigüedad de las perspectivas de salud que desde hacía más de un siglo destacaban la incidencia de las desigualdades en el estado de salud de la población. La función de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud (CDSS) es “reunir y analizar pruebas científicas de los mecanismos sociales que condicionan la salud y las desigualdades en materia de salud; formular recomendaciones de política para fortalecer el sistema de salud y promover la equidad en este ámbito mediante la adopción de medidas relacionadas con los factores sociales; y fomentar la aplicación de las recomendaciones en los países.” (Naciones Unidas, 2005, pág. 5).

En 2009 la CDSS publicó un documento en el que, como aspiración internacional, proponía aceptar la reducción de las desigualdades sanitarias en el período de una generación (30 años), y afirmaba que la “mala salud de los pobres” se debía a “una distribución desigual, a nivel mundial y nacional, del poder, los ingresos, los bienes y los servicios, y por las consiguientes injusticias que afectan a las condiciones de vida de la población de forma inmediata y visible…” (OMS, 2009b, pág. 1). En lo que respecta a la labor de la CDSS, en 2011 se firmó en Río de Janeiro la Declaración política de Río sobre determinantes sociales de la salud, en el marco de la Conferencia Mundial sobre Determinantes Sociales de la Salud (OMS, 2011). En esa ocasión se destacó que la inequidad sanitaria representaba un desafío tanto al interior de los países como en el plano mundial, puesto que los sectores de gobierno, los actores sociales y también la comunidad internacional se habían comprometido a mitigar la desigualdad sanitaria. Asimismo, la Declaración expone las principales áreas de intervención e incidencia sobre la inequidad sanitaria y señala que se debe: i) adoptar una gobernanza más eficiente para la salud y el desarrollo; ii) fomentar la participación en el diseño e implementación de políticas; iii) reorientar el sector salud para la reducción de la inequidad sanitaria; iv) fortalecer la gobernanza y la cooperación internacional; v) hacer un seguimiento de los progresos y la rendición de cuentas (OMS, 2011). Este instrumento de compromiso internacional destaca el rol de las políticas públicas a la hora de afrontar las desigualdades en términos de salud, aunque en sus líneas de acción no incluye de manera específica la disminución de las injusticias distributivas multidimensionales que inciden en la situación de salud y conforman los determinantes sociales. Por otra parte, la Declaración reconstruye el panorama de los actores involucrados, lo que vuelve más compleja la presencia del Estado a raíz del acompañamiento de otros agentes, públicos y privados, quienes tendrán responsabilidades y atribuciones en lo referente al acceso a la salud.

Volviendo a dirigir nuestra atención al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, este formuló otras Observaciones Generales relevantes para el acceso a la salud como derecho humano. Por razones de especificidad y extensión del artículo, aquí solo se señalarán dos:

Primero, la Observación General N° 3 (1990) sobre el alcance y el modo en que los Estados deben cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, a saber: i) destinar “el máximo de los recursos de que disponga” al cumplimiento de las obligaciones, esfuerzo que debe estar acreditado o probado; ii) “adoptar medidas” que no se encuentren supeditadas a eventualidades y que deben implementarse en un plazo “razonablemente breve tras la entrada en vigor del Pacto para los Estados interesados” (Naciones Unidas, 1990), y iii) respetar el criterio de progresividad: si bien el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce que las transformaciones que lleven a un cumplimiento integral de los derechos no podrán producirse en un período breve de tiempo, existe una obligación inmediata de respetar y proteger el contenido mínimo del derecho.

Segundo, en la Observación General N° 20 sobre la igualdad y la no discriminación se indica que estas son “componentes fundamentales de las normas internacionales de derechos humanos y son esenciales a los efectos del goce y el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales.” (Naciones Unidas, 2009, pág. 1). Además, se aclara que la obligación de los Estados ante situaciones de discriminación es inmediata, y se define a estas situaciones como cualquier distinción, exclusión, restricción, preferencia o trato diferente cuyo resultado sea afectar el reconocimiento, acceso o goce en condiciones de igualdad de los derechos enunciados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Naciones Unidas, 2009).

La erradicación de la discriminación incide en el acceso a la salud y fortalece el entramado de derechos necesarios para una vida digna desde una premisa de igualdad, es decir que “asegurar que todas las personas tengan igual acceso a una vivienda adecuada y a agua y saneamiento ayudará a superar la discriminación de que son objeto las mujeres, las niñas y las personas que viven en asentamientos informales y zonas rurales.” (Naciones Unidas, 2009, pág. 4).

La acción discriminatoria es el común denominador de muchas prácticas irregulares u obstaculizadoras del acceso a la salud y afecta sobre todo a los grupos vulnerables. En 2003, el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física informó que “La no discriminación y la igualdad de trato son dos de los elementos más importantes del derecho a la salud. Por consiguiente, las normas internacionales de los derechos humanos proscriben toda discriminación en lo referente al acceso a la atención de salud y a los factores determinantes básicos de la salud...” (Hunt, 2003, pág. 9). De conformidad con lo expuesto, Pautassi y Ramírez (2013) indican que la no discriminación relacionada con el derecho a la salud se puede estudiar en función de al menos dos dimensiones: la oferta de atención a la salud por parte del Estado, que no debe ser selectiva con respecto a la condición del sujeto que la demanda, y el reconocimiento de la diversidad en el seno de las prácticas terapéuticas, respetando así concepciones distintas de la salud y de la medicina.

En el continente americano, los parámetros del Sistema Universal de Derechos Humanos se articulan con los estándares provistos por el Sistema Interamericano. La Convención Americana de Derechos Humanos (o Pacto de San José de Costa Rica, 1969) de la Organización de los Estados Americanos establece de manera explícita el carácter progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales en el artículo 26, capítulo III, mientras que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador”) (1988) constituye un instrumento de protección de los derechos económicos, sociales y culturales, que también destaca la obligación de adoptar medidas progresivas como elemento central de dicha garantía, hasta el máximo de los recursos disponibles, que permita la plena efectividad de los derechos en cada escenario nacional (art. 1); asimismo, el Protocolo dispone que los derechos se deben ejercer en articulación con el principio de no discriminación (art. 3). Con respecto a la salud, el artículo 10 señala que se trata de un bien público; para garantizar el derecho a la salud, deberá haber acceso a la atención primaria, extensión de los servicios a todas las personas dentro del territorio y en especial la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos con mayor riesgo y en situación de pobreza, entre otros aspectos (OEA, 1988).

Para Pautassi (2010a), el Protocolo de San Salvador forma parte del conjunto de instrumentos de derechos humanos que permite definir de manera más precisa el contenido del derecho, así como suministrar herramientas y parámetros para el análisis de las políticas públicas[4]. En la sección siguiente se ahondará en esta idea.

C. Metodologías para incorporar el enfoque de derechos en las políticas públicas

Tal como señalan Rossi y Moro (2014), en la actualidad existen dos modelos preponderantes para el diseño de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos: la propuesta esbozada por las Naciones Unidas (ACNUDH, 2006), y la guía metodológica y conceptual elaborada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) entre 2008 y 2015.

Con respecto a esta última, su elaboración surge del contenido del Protocolo de San Salvador, que representó el punto de partida para el diseño de la metodología específica del enfoque de derechos humanos en cuanto a la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas. A este respecto, en el documento Indicadores de progreso para medición de derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador (OEA/GTPSS, 2015) se explica el modo en que se identifican y evalúan las obligaciones del Estado incluidas en la formulación de políticas. Esta propuesta, de carácter vinculante para los Estados que aprobaron el Protocolo, comprende indicadores cuantitativos y cualitativos: los primeros expresan un resultado esperado con magnitudes (“cantidad de personas que acceden a una consulta en un centro de atención primaria de la salud”), y los segundos analizan ese resultado esperado a través de dimensiones no mensurables (“inclusión y tipo de preguntas sobre determinantes sociales de la salud realizadas por el/la efector/a de salud en el cuestionario inicial de anamnesis durante la consulta en un centro de atención primaria de la salud”[5]).

De manera complementaria —y esto constituye uno de los elementos diferenciales de esta propuesta—, se propone incorporar señales de progreso que permitan indagar en la experiencia que las personas consideran tener respecto al acceso a sus derechos. Continuando con el tema de los ejemplos anteriores, una señal de progreso podría ser el “grado y características de información significativa sobre su cuadro de salud que la persona cree haber adquirido a partir de la consulta médica realizada”[6].

Dichos indicadores y señales se examinan desde tres perspectivas: i) recepción del derecho, es decir la forma en que un derecho del Protocolo se incorpora en la normativa nacional y las políticas públicas; ii) contexto financiero y presupuestario, que se refiere a la disponibilidad efectiva de recursos para la ejecución de políticas públicas, y iii) capacidades estatales e institucionales, es decir de qué manera el Estado establece y sostiene organismos específicos para la implementación de políticas públicas en los que confluyan la recepción del derecho y el presupuesto necesario para la provisión de los recursos humanos y materiales necesarios para salvaguardar el derecho en cuestión. De manera simultánea, el análisis se realiza a partir de dimensiones transversales, que son la igualdad y la no discriminación, el acceso a la información y la participación, y el acceso a la justicia[7].

Si bien el modelo propuesto por las Naciones Unidas no comprende un esquema con dimensiones y variables metodológicas, este provee elementos para rastrear la incorporación del enfoque de derechos humanos en la acción del Estado y en estrecha relación con las estrategias gubernamentales orientadas al desarrollo. El planteo general no tiene por objetivo principal visibilizar las obligaciones de los Estados, sino proponer la adopción del enfoque de derechos humanos en diferentes contextos nacionales, presentando diversos argumentos relacionados con la gestión pública. Se identifica a los titulares de derechos y a los titulares de deberes como elemento característico —sin centrarse en la responsabilidad estatal como vértice del compromiso con los derechos humanos—, y se establece la realización de los derechos humanos como objetivo del enfoque de derechos humanos en todas las políticas (ACNUDH, 2006).

La propuesta de las Naciones Unidas no tematiza la dimensión de obligatoriedad sino que resalta la conveniencia del uso del enfoque de derechos humanos, al que le asigna beneficios de orden práctico: i) clarificar derechos de “los más pobres entre los pobres”; ii) abordar los derechos humanos desde una perspectiva holística que fundamente las políticas, mediante la referencia a los instrumentos internacionales de derechos humanos; iii) contar con la posibilidad de generar procesos participativos; iv) desarrollar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas; v) concretar la vigilancia de los compromisos del Estado; vi) exhibir resultados positivos sostenidos que hagan más efectivas las inversiones (ACNUDH, 2006). Para la propuesta, estas finalidades constituyen las fortalezas de incorporar una perspectiva de derechos en las políticas públicas de los Estados, pero la dimensión de obligación estatal se subordina a la estrategia persuasiva pensada para efectivizar la adopción de estos fundamentos. Por último, la vinculación de la perspectiva de derechos humanos con los enfoques sobre el desarrollo le otorga un carácter instrumental a la primera, configurándola como una herramienta favorable de gobierno, y no como una meta en sí misma[8].

Tal como se observará en la instancia de análisis del derecho a la salud según el PNADH, la elección de una u otra opción para incorporar el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas conlleva consecuencias significativas en el contenido y el alcance de la salud como derecho humano planificado.

D. El PNADH de la Argentina: un recorrido por su planificación general

El PNADH se elaboró para el período 2017-2020 y se planteó como una respuesta desde las políticas públicas a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos contraídas por el Estado argentino, principalmente a partir de la ratificación de la Declaración y Programa de Acción de Viena (Naciones Unidas, 1993). Ello se vinculó con el cumplimiento de los compromisos asumidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible[9]. En tanto acción que atiende a dicha demanda, esta política se define como un instrumento de gestión estructurado sobre la base de un ciclo clásico de planificación, conformado por etapas sucesivas y continuas que vuelven a empezar: diagnóstico y análisis, diseño y elaboración, implementación y ejecución, monitoreo, evaluación, y así sucesivamente. Se considera que la prefiguración de esta serie de etapas es clásica porque no incorpora las visiones estratégicas que señalan la simultaneidad de dos o más fases de este ciclo, puesto que muchas veces la implementación de una política genera nuevas necesidades de formulación, o bien la evaluación parcial de los resultados surge mientras se ejecuta el plan, sin haber finalizado. A su vez, ello da lugar a nuevos esfuerzos para reformular metas y acciones.

La forma de planificación se relaciona con el documento internacional de referencia para la elaboración del PNADH, del que se extrajo la metodología empleada en su formulación. Dicho documento se denomina Handbook on National Human Rights Plans of Action (ACNUDH, 2002) y se trata de un manual sobre planes nacionales de acción en derechos humanos elaborado a partir de las recomendaciones formuladas en la Declaración y Programa de Acción de Viena (Naciones Unidas, 1993), entre las cuales se incluyó el llamado a los Estados para que diseñen planes nacionales de derechos humanos. El manual establece los aspectos que se deben observar en un plan nacional de derechos humanos para evaluar su eficiencia: el nivel de las políticas que sustentan la planificación, que debe ser transparente y participativa; la integración amplia de los lineamientos de derechos humanos en el plan; el establecimiento de prioridades viables o realistas y la acción orientada a la consecución de los objetivos; criterios claros y mecanismos de participación sólidos para el monitoreo y la evaluación, e insumos y recursos adecuados[10]. Así, la incorporación del enfoque de derechos humanos se enmarca en una visión más amplia de la gestión estatal orientada hacia la consecución de objetivos, y en este caso, estos propósitos son los compromisos internacionales que los Estados han contraído tras ratificar los instrumentos que se encuentran en el sistema de las Naciones Unidas; de allí que esta guía incluya referencias explícitas a los beneficios derivados del cumplimiento de sus instrucciones.

El PNADH adopta el lenguaje del manual y de la propuesta general elaborada por las Naciones Unidas (ACNUDH, 2006), lo que se observa cuando se destacan los beneficios de contar con un PNADH, en términos de estimular “una comprensiva evaluación de las necesidades del país en materia de derechos humanos” (Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 2017, pág. 19). Este posicionamiento se distancia del registro del enfoque de derechos humanos vinculado con las obligaciones del Estado, y se centra en el convencimiento de que se debe fortalecer la estrategia planteada.

En paralelo con la conformación de este discurso, se observa que se han incorporado elementos provenientes de diferentes líneas de argumentación y legitimación, que se evidencian cuando se fundamenta la importancia del enfoque de derechos en la gestión pública. En este sentido, el PNADH plantea que el Estado asume un nuevo rol al incluir a los derechos humanos en la agenda pública, y expresa que, de ese modo, se propicia la construcción de un “régimen general de valores” sobre derechos civiles y políticos, así como también sobre derechos económicos, sociales y culturales.

E. Un Plan con varios planes

El PNADH constituye una política nacional central con una serie de planificaciones complementarias a las que el documento se refiere brevemente: por un lado, se encuentran los Planes Operativos Anuales, que tendrían la finalidad de hacer que el PNADH sea operativo —lo que supondría una “planificación de la planificación”— y, por el otro, los Planes Federales, que de hecho son provinciales y tienen por cometido la implementación de esta política en escenarios subnacionales (Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 2017).

En su fase de formulación el PNADH se puso en contacto con diversos organismos del Estado, del Poder Judicial y también de los gobiernos provinciales. Ello permitió configurar un organigrama institucional bastante extenso, en busca de recomendaciones e insumos:

Se enviaron los documentos a: veinte (20) Ministerios, a la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Senadores; al Ministerio Público Fiscal, Dirección General de Derechos Humanos; al Ministerio Público de la Defensa, Defensora General de la Nación; a la Corte Suprema (Oficina de Violencia Doméstica, Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes, Oficina de la Mujer). Por otro lado, se consultó a las veinticuatro (24) jurisdicciones provinciales, a ocho (8) organizaciones de la sociedad civil, a siete (7) expertos y expertas de Universidades Nacionales y al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). (Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 2017, pág. 25).

Resulta llamativo que en el conjunto de comunicaciones no se hayan incluido organismos estatales con competencia directa en la situación de grupos identificados de manera específica en el Plan, como la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) o el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), puesto que existen ítems de la planificación que se concentran en estos grupos. Por otra parte, la atención específica a grupos vulnerables de acuerdo con dimensiones transversales (igualdad, participación, acceso a información y a la justicia) constituye un elemento central de la formulación de políticas desde un enfoque de derechos.

Además de las consultas al interior del Estado, la elaboración del PNADH contempló la dimensión de participación social o comunitaria a través de una consulta virtual realizada en la plataforma del Programa Justicia 2020[11], que se definió como “un foro donde se instaló una consulta ciudadana abierta que posibilitó el acceso de miles de personas que pudieron aportar sus ideas, comentarios y opiniones sobre políticas públicas en materia de planificación en derechos humanos” (Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 2017, pág. 26). Si bien considerar una instancia participativa en la elaboración del Plan es un elemento preliminar de una buena práctica potencial, pueden señalarse diversas limitaciones de esta forma de concretar la participación.

En principio, el pedido de opinión o de insumos no constituye de por sí un mecanismo de participación, pues la demanda no está puesta en quien facilita el acto de participar, sino en quien desea expresarse o ser parte en el proceso.

En segundo lugar, el recurso de consulta virtual a través de una plataforma web necesariamente supone un proceso selectivo del público destinatario, en el sentido de que solo pueden participar en esta iniciativa quienes cuentan con disponibilidad de conexión a internet y tecnología adecuada para hacerlo (como celulares o computadoras), tienen conocimiento de la existencia de esta consulta o del programa que la organiza, y poseen ideas exploratorias o concretas respecto del tema consultado. Además, solo es posible participar mediante el registro personal del usuario, lo que puede ocasionar dificultades adicionales (de orden personal o técnico) en cuanto a la participación.

En lo relativo a la participación de las ocho organizaciones de la sociedad civil y los/las siete expertos/as universitarios/as —si se considera la capacidad institucional de ampliar el muestreo—, desde una perspectiva metodológica esta indagación resultaría insuficiente como relevamiento muestral en campo, dadas las dimensiones y el alcance de la política, así como las posibilidades que tiene el Estado de transferir mecanismos de consulta y recomendaciones a los niveles subnacionales. Además, no se explican las condiciones bajo las cuales se recurrió a esa muestra ni se especifica cómo fue el pedido de información solicitada.

Finalmente, en su desarrollo el PNADH se propone elaborar un sistema de indicadores de monitoreo y evaluación (Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 2017). Esta intención es promisoria respecto de los compromisos internacionales asumidos por el Estado en materia de adecuación de sus políticas públicas a un enfoque de derechos humanos que genere elementos concretos de evaluación desde esa perspectiva. No obstante, puesto que existían modelos previos que podrían haber servido de materia prima para la elaboración del PNADH, habría sido deseable que la confección de tal sistema hubiera estado precedida por la aplicación de metodología disponible para evaluar políticas mediante indicadores de derechos humanos (OEA/GTPSS, 2015), que esta tomara como base el contenido del Protocolo de San Salvador (OEA, 1988), y que no excluyera la incorporación de premisas del enfoque de las Naciones Unidas.

F. Planificación del derecho humano a la salud en el PNADH

El análisis de la construcción del derecho a la salud como derecho humano incluido en el PNADH se realizó mediante una investigación en tres dimensiones: i) estructura formal de la planificación (del Plan y del eje de derecho a la salud); ii) representaciones y definiciones del derecho a la salud vertidas en la planificación, y iii) selección y articulación de los objetivos que componen la planificación del derecho humano a la salud en la política pública objeto de estudio.

Cuadro 1

Estructura de la planificación y adaptación del derecho a la salud al contexto local

Dimensión de estudio

Primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (2017-2020)

Estructura formal de la planificación y adaptación del derecho a la salud al contexto local

Se trata de una política nacional central y cuenta con planificaciones complementarias, como los Planes Operativos Anuales y los Planes Federales, destinados a implementar la política nacional en las provincias.

Insumos para la formulación obtenidos a partir de la consulta a Ministerios, otros organismos del Estado, Poder Judicial, gobiernos provinciales, y espacio virtual de consulta pública en la página web del Programa Justicia 2020.

Socios necesarios: provincias, obras sociales (subsistema de salud), la SENNAF y el INDEC (estas siglas se explican en el cuerpo del texto).

El derecho a la salud se incluye en el eje “Acceso universal a derechos” y se estructura en acciones de gestión, responsables, socios necesarios, meta, e indicador.

Las metas y los indicadores son cuantitativos o de resultado (“realizado”/“no realizado”).

No se incluyen señales de progreso de acuerdo con la metodología del enfoque de derechos humanos.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la sistematización del análisis.

El derecho a la salud figura en el eje temático N° 4, “Acceso universal a derechos”, y cada una de las acciones se estructura en contenido, responsables, socios necesarios, meta e indicador. En términos metodológicos, es importante señalar que las metas y los indicadores están definidos de manera cuantitativa y que se establecen porcentajes esperados de resultado para cada propósito, lo que constituye una visión parcial desde un enfoque de derechos, que debería complementarse con indicadores cualitativos y con señales de progreso que surjan de la experiencia de la población. Asimismo, no se observa una periodización de las metas o un cronograma de realización, por lo que se entiende que esto les correspondería a los Planes Operativos Anuales o a los Planes Federales, que deberían estar en proceso de elaboración desde 2018.

Los Planes Federales se relacionan con el proceso de adhesión de las provincias al PNADH, que se encargarían de formular dichas planificaciones, mientras que las acciones anuales pueden observarse en la sección sobre el seguimiento de los avances, publicada en el micrositio del PNADH[12].

En lo que respecta a la distribución de responsables y de socios, allí también se pueden discutir premisas relativas al carácter integral y transversal del derecho a la salud, componente necesario para lograr el acceso desde un enfoque de derechos. Entre los responsables, el PNADH distingue al Ministerio de Salud[13] en su totalidad, aunque a veces hace referencia al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR) y al Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia (PNSIA) (Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 2017). La identificación específica de estos organismos encargados de la salud y la posterior referencia al Ministerio de Salud motivan una primera observación sobre cómo se orientan las acciones en el ámbito de la salud que, en el período reciente, han registrado los mayores avances respecto del lenguaje y la metodología de derechos humanos aplicada a la gestión. Esto les quita preeminencia a los desafíos persistentes en espacios de la agenda de salud pública donde la perspectiva de derechos es una asignatura pendiente, como es el caso de la epidemiología. En ese ámbito, una interpelación desde el PNADH contribuiría a que sus espacios de gestión pudieran transformar la forma en que realizan su trabajo. Así, se podría comenzar por una gestión sanitaria de las poblaciones en territorio y luego tomar una perspectiva integral de las problemáticas de salud pública en la que se incluyan consideraciones relativas a las desigualdades estructurales y representaciones actualizadas sobre las movilidades de personas, enmarcando las acciones previstas de acuerdo con indicadores de derechos humanos planteados para las políticas públicas, puesto que esta articulación es factible, necesaria y capaz de mejorar los resultados previstos para una acción sanitaria epidemiológica (Gottero, 2015a, 2015b y 2014; Breilh, 2013, 2010 y 2009; Menéndez, 2009; Krieger, 2001; Ortiz, 2005; Ortiz e Insúa, 2003; Buck y otros, 1998, entre otros trabajos).

Entre los socios necesarios, el PNADH identifica a los gobiernos provinciales, las obras sociales, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) (Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 2017). Al elegirse a estos socios, la planificación en materia de salud y derechos humanos asume una direccionalidad clara y se focaliza en ciertos grupos de la población, a la vez que contempla a esos mismos grupos desde una visión esquemática de la gestión que impide el entrecruzamiento de dimensiones de acción por parte del Estado. Por ejemplo, el hecho de centrarse en la SENNAF como único organismo estatal vinculado con la gestión de una población que requiere especial atención revela cierta preselección de destinatarios al planificar la atención a la salud, a la vez que deja de lado otras posibilidades de articulación. De hecho, aquellos niños, niñas y adolescentes pueden ser migrantes, pertenecer a pueblos originarios, afrontar una condición de discapacidad, vivir experiencias relativas a su condición sexual o de género, participar (o no) del sistema educativo, así como llevar a cabo otras prácticas propias de su desarrollo familiar y social que inciden en su situación de salud y que pueden regularse por el Estado e incluirse en líneas de acción desde un enfoque de derechos humanos.

Esta crítica a la falta de una mirada transversal cobra fuerza al observar la planificación específica del PNADH para el grupo de niños, niñas y adolescentes en el eje No. 1, “Inclusión, no discriminación e igualdad”, dentro del cual el punto 1.4 establece la protección de los grupos que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad, como niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, y personas en situación de discapacidad. No obstante ello, en la planificación específica del derecho a la salud no se hallan medidas que atiendan las problemáticas específicas de las personas mayores y de quienes afrontan una o más discapacidades, por lo que se observan incoherencias en la construcción de poblaciones prioritarias desde el planteamiento sanitario con perspectiva de derechos humanos[14].

Cuadro 2

Representaciones y prioridades del derecho a la salud

Dimensión de estudio

Primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (2017-2020)

Representaciones del derecho a la salud de acuerdo con prioridades establecidas

El derecho a la salud se planifica mediante siete acciones, que se distribuyen de la siguiente manera:

-Tres acciones orientadas a la salud sexual y reproductiva, entre las que se encuentran la provisión de insumos e información sobre anticonceptivos, la reducción de embarazos adolescentes no intencionales y la realización de la segunda edición en el 2019 de la Encuesta Nacional en Salud Sexual y Reproductiva, para poder compararla con el primer relevamiento de 2013.

-Dos acciones relacionadas con la salud materno infantil, que son la promoción de la lactancia y la reducción de la morbimortalidad a través de estrategias de prevención y atención perinatales.

-Una acción destinada a la accesibilidad del sistema de salud en poblaciones vulnerables, que se vincula con la mejora del porcentaje de diagnósticos oportunos mediante estrategias amigables en el sistema. Sin embargo, el indicador de resultado se centra en los diagnósticos de VIH y se refiere exclusivamente a esta población afectada.

-Una acción programática para reducir la morbimortalidad por la enfermedad de Chagas, a través del control vectorial, el diagnóstico oportuno en niños, niñas y adolescentes, y la recertificación en algunas provincias para verificar que la enfermedad no se propague nuevamente.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la sistematización del análisis.

Como puede observarse en el cuadro, los objetivos del acceso a la salud en el PNADH se reparten en cuatro áreas: de manera predominante, salud sexual y procreación responsable, así como salud materno infantil. Entre las áreas con menor atención, se encuentran la accesibilidad al sistema (con foco en el VIH) y la reducción del riesgo epidemiológico que conlleva la enfermedad de Chagas.

Una de las primeras observaciones que surge del análisis es que ninguna acción constituye una línea de acción nueva o específica del PNADH, sino que este retoma iniciativas o propósitos de organismos de la órbita del ex-Ministerio de Salud, que luego incluye en la planificación, aunque no incorpora una revisión conceptual y metodológica desde la perspectiva de derechos humanos. Esta observación se sustenta en una serie de ejemplos provenientes del análisis de políticas realizado, de los que se incluirán dos por razones de espacio:

i) La realización de la II Encuesta Nacional sobre Salud Sexual y Reproductiva parte de una línea de acción ya desarrollada por el ex-Ministerio de Salud de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en 2013[15]. La inclusión de la II Encuesta en el PNADH responde a la meta de “evaluar sus resultados, para generar información relacionada con la salud sexual y la salud reproductiva de la población que oriente la elaboración de estrategias para mejorar la implementación de la política pública y permita la comparación con los datos obtenidos en la Encuesta de 2013.” (Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, pág. 69)[16]. No obstante, parte de estas tareas ya se están realizando por el organismo que se conoce actualmente como Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, que posee un banco de recursos y campañas destinados a la población y a los equipos de salud[17].

Pese a que convendría hacer una segunda edición de la Encuesta, en esta acción del PNADH no se observan elementos coincidentes con un enfoque de derechos que permitan evaluar, en principio, cómo sus resultados conducen a conclusiones sobre avances y cuestiones pendientes en materia de cumplimiento de obligaciones internacionales sobre los temas que abarca el PNADH. Asimismo, se debería confeccionar un instrumento de recolección de datos para luego revisarlo a la luz de los parámetros del enfoque de derechos humanos, con el fin de acercar la información obtenida a la materia prima necesaria para evaluar estos resultados con aquel paradigma, y mantenerlo en las instancias de sistematización de datos, difusión de resultados y definición de líneas de trabajo subsiguientes. Estas reformulaciones deberían surgir del PNADH y le brindarían una gran oportunidad de transformar las políticas desde una mirada transversal e integral.

ii) La promoción y la protección de la salud materno infantil a partir de dos objetivos, a saber la promoción de la lactancia y la reducción de la morbimortalidad mediante estrategias de prevención y atención perinatales. Nuevamente, estas acciones ya tienen lugar en otras planificaciones de la agenda de salud pública[18] de la gestión presente y de gestiones anteriores. A pesar de que se construyan como un derecho universal para las madres y sus niños/as y de que resulte auspiciosa su referencia en el PNADH, esto no necesariamente implica que su contenido se configure desde el enfoque de derechos humanos, ya que la inclusión de este enfoque hace necesario el cumplimiento de requisitos específicos, como la progresividad, la interdependencia, y la consideración de los elementos concretos de este tipo de planificación, entre otras cosas.

Por otra parte, las líneas de trabajo relativas a la promoción y la prevención de la salud, si bien abordan la accesibilidad a este derecho en términos concretos, no alcanzan para definir su orientación por criterios de la perspectiva de derechos humanos dirigida a las políticas públicas, y es posible que sufran una evaluación insatisfactoria si se siguen estos parámetros. Al respecto, la acción de facilitar la llegada y la atención en el sistema de salud se encuentra en un solo objetivo del Plan:

Asegurar el acceso al diagnóstico de la población, realizado oportunamente, con especial foco en poblaciones claves, mediante estrategias tendientes a reducir las barreras de acceso como la creación de consultorios amigables, la provisión de reactivos para tamizaje, acceso universal sin orden médica al test rápido de VIH en el primer nivel de atención (centros de salud y unidades sanitarias móviles) y organizaciones de la sociedad civil. (Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 2017, pág. 67)[19].

En la redacción de este objetivo se hace hincapié en la promoción, la prevención y el control del VIH, por lo que se circunscribe el alcance del concepto de accesibilidad[20]. Aunque en primera instancia este objetivo se relacione con el acceso a un diagnóstico oportuno, resultaría preciso que el PNADH fundamentara la predominancia de la atención para el diagnóstico y el tratamiento de VIH, no por ir en desmedro de esta iniciativa de detección, sino para evaluar cómo se consideran otros tipos de diagnósticos relacionados con problemáticas de la salud pública que también forman parte de la agenda sanitaria. Asimismo, la referencia a poblaciones claves, sin indicar de cuáles se trata, también pone de manifiesto incoherencias y ambigüedades en esta parte de la planificación.

Como se ha anticipado, el planteo de acciones tendientes a la integralidad, que indican un trayecto promisorio desde la salud y los derechos humanos, se contradice con indicadores de resultado que no representan la multidimensionalidad. Por ejemplo, en lo que respecta al acceso a métodos anticonceptivos, se prevé lo siguiente:

Mejorar la oferta y el acceso a métodos anticonceptivos (MAC), priorizando los métodos de larga duración a través de la compra y distribución de MAC a todo el país, el trabajo intersectorial con Educación Sexual Integral de Ministerio de Educación, la promoción de consejerías en salud sexual y salud reproductiva en el primer nivel de atención, capacitaciones a profesionales para mejorar el acceso a información y anticoncepción, y formación de promotores en salud. (Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 2017, pág. 68)[21].

Para llevar a cabo esta acción multidimensional se plantea la meta de lograr que un 85% de las mujeres empleen un método anticonceptivo y que un 15% de ellas elijan un método de larga duración, mientras que el resultado será el porcentaje de mujeres que usan un método anticonceptivo. En consecuencia, la prevención en materia de salud sexual queda focalizada en los usos y prácticas de las mujeres, sin que los varones participen en este tipo de acciones; por su parte, tampoco se observan acciones o metas que lleven aparejadas prácticas de salud sexual y procreación responsable orientadas a la población masculina, por lo que la responsabilidad de la planificación familiar recae únicamente en las mujeres, mientras que los hombres terminan escindidos como sujetos de derecho en esta rama de la salud pública. Además, el indicador cuantitativo que se expresa como resultado esperado requiere indicadores cualitativos y señales de progreso que den cuenta de los avances en esta acción programática de acuerdo con el enfoque de derechos humanos. Se corrobora así la observación de que el PNADH establece acciones, metas e indicadores de resultado clásicos para las teorías de formulación de políticas públicas, pero no genera los resultados esperados que incorporen en la evaluación las transformaciones propias de los modelos sobre la base de los derechos humanos. Se trata de un elemento fundamental de las incoherencias relativas a las formas de implementación y de evaluación.

Por último, el objetivo del Plan referente al aspecto epidemiológico se centra en la prevención de la enfermedad de Chagas:

Reducir la morbilidad y mortalidad por enfermedad de Chagas en la República Argentina, a través de la interrupción de la transmisión vertical y el control o interrupción de las formas no vectoriales de trasmisión del Trypanosoma Cruzi y el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de la infección aguda y/o crónica reciente (menores de 19 años). (Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 2017, pág. 69)[22].

La exclusiva elección del Chagas como enfermedad de transmisión por vectores se contradice con la persistencia de otras enfermedades de este tipo en la agenda sanitaria, que también presentan altos niveles de incidencia, prevalencia y morbilidad, como es el caso del dengue. Esta selección por parte del PNADH tampoco ofrece explicaciones o fundamentos que permitan entender su predominancia. A la vez, los resultados esperados se corresponden con una evaluación del impacto orientada por la epidemiología del riesgo, como la certificación de que se ha interrumpido la transmisión en las provincias afectadas y la recertificación en aquellas provincias que habían logrado detener la propagación de la enfermedad. Estos objetivos de carácter técnico no incluyen elementos o métodos propios del enfoque de derechos humanos —que está mucho más emparentado con las perspectivas epidemiológicas críticas—, y se enfocan en la dimensión del riesgo, lo que da como resultado acciones y metas descontextualizadas de las condiciones de prevalencia de la enfermedad. Dichas condiciones se asientan en las desigualdades estructurales, que necesariamente deben reconocerse y analizarse a fin de diseñar acciones programáticas de derechos humanos, como el derecho a la salud.

G. Algunas conclusiones derivadas del análisis

Finalizado el primer año de implementación del PNADH, corresponde contextualizar los resultados de este estudio en el marco de una mirada procesual que entiende que los tiempos previstos en la planificación suelen no corresponderse con la concreción efectiva al implementar el plan. No obstante ello, cabe señalar algunas cuestiones para el análisis que no dependen de estos despliegues temporales entre las fases de formulación y ejecución, ni de las dificultades que conlleva la puesta en práctica de una política pública de estas características.

En principio, se debe destacar la gran oportunidad que representa la existencia del PNADH en términos de una construcción de políticas relativas a los derechos humanos. Como se ha mencionado, esta planificación se implementa en un contexto de retroceso de los derechos, producto de las reformas institucionales y económicas, así como de una actualización de discursos que no fortalecen de manera equilibrada la noción de derechos humanos en sus diversos ámbitos[23]. Sin embargo, la voluntad y la decisión de impulsar este tipo de política revela que, detrás de los mandos decisorios o de los principales responsables políticos de la cartera de derechos humanos —que en la escena pública manifiestan contradicciones e incoherencias en su labor como funcionarios/as—, existen equipos de trabajo que procuran introducir cambios en sus espacios de gestión. En este sentido, la posibilidad de hallar planificadores y técnicos que realmente estén convencidos de la importancia de implementar el PNADH constituye una oportunidad promisoria para efectuar transformaciones en el campo interdisciplinario de los derechos humanos.

No obstante lo anterior, y a efectos de contar con más insumos que permitan revisar y profundizar la construcción de esta perspectiva en todo el ciclo de políticas públicas, cabe debatir algunas cuestiones que surgen del análisis realizado.

En principio, el Plan carece de una articulación concreta y metodológica con modelos de evaluación de políticas públicas que se guíen por el enfoque de derechos humanos. Si bien existen referencias importantes como el manual del ACNUDH y el documento del Estado argentino sobre lineamientos de acción en derechos humanos 2010-2015, no existe ningún trabajo que siga el método específico diseñado por la OEA para los países que integran el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este modelo establece una serie de pasos y dimensiones que deben estudiarse y evaluarse de manera cualitativa y cuantitativa en todas las fases de las políticas públicas, de modo que estas políticas se puedan adecuar a la perspectiva de derechos que constituye un compromiso de los Estados.

Esta ausencia de articulación está en la base de las tensiones y contradicciones entre el propósito general del PNADH como política de derechos humanos, los objetivos y las acciones del eje de salud, y los resultados e indicadores que medirán los avances respecto de las metas estipuladas. Todos estos elementos se han confeccionado en diferentes registros y representaciones sobre lo que significan los derechos humanos, el derecho a la salud, las problemáticas sanitarias desde una perspectiva de derechos y, finalmente, el tipo de información o dato que resulta relevante para evaluar progresos o discontinuidades en el acceso y la garantía del derecho humano a la salud.

La falta de diálogo entre el Plan y esas metodologías específicas genera asimismo una disociación respecto de las dimensiones transversales de análisis en la evaluación de políticas desde el enfoque de derechos, como la igualdad y la no discriminación, el acceso a la información y la participación, y los mecanismos de acceso a la justicia. La incorporación de esos ejes en la perspectiva de la planificación habría transformado los objetivos previstos aportando rasgos concretos del lenguaje e inquietudes relativas a los derechos humanos.

Por otra parte, desde las metodologías de planificación y desde el diseño metodológico de un abordaje en territorio, se observan problemas de implementación derivados del proceso de formulación. Entre dichos obstáculos pueden señalarse la falta de justificación para seleccionar ciertas opciones en los objetivos, la ausencia de articulación con agencias del Estado que regulan la situación de las poblaciones a las que el Plan hace referencia (migrantes, pueblos originarios, personas mayores, etcétera), y la existencia de mecanismos de participación social elaborados sobre la base de una muestra débil, tanto en términos de convocatoria por parte del Estado como de accesibilidad espontánea por parte de la población en general. Los organismos como la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) se incluyen en otros ejes del PNADH, pero su omisión en el campo de planificación de la salud dificulta el fortalecimiento de la mirada integral, transversal e interdependiente sobre este derecho social y humano.

También se aprecia la necesidad de construir y visibilizar los avances del Plan de manera que resulte comprensible no solo para los técnicos y las técnicas que trabajan en su implementación, sino también para el resto de la sociedad y los grupos que tengan un interés especial (organizaciones de la sociedad civil, el sector académico, los medios de comunicación, entre otros). Esto implica realizar un esfuerzo de sistematización y comunicación que permita dar una idea tanto general como detallada acerca de los avances realizados, sobre todo para los sectores sociales interesados, para que no solo se trate de un objeto de investigación académica.

El derecho a la salud en la Argentina evoluciona en un campo de acción heterogéneo y complejo, con desafíos particulares e históricos que obedecen a una multiplicidad de factores, como la estructura del sistema de salud, caracterizado por la superposición y la fragmentación, las trayectorias del período reciente respecto de la provisión de recursos y presupuestos, y la diversidad multidimensional de la población residente en la Argentina. Por ello, el PNADH brinda una gran oportunidad de transformación y de constitución de buenas prácticas, aunque es posible que la desarticulación entre dicho Plan, los lineamientos metodológicos del enfoque de derechos humanos y los compromisos internacionales asumidos por el Estado esté generando obstáculos a la hora de construir y visibilizar innovaciones y buenas prácticas en la accesibilidad igualitaria a la salud, y para fortalecerlo en tanto derecho humano.

Bibliografía

Abramovich, V. (2006), “Una aproximación al enfoque de derechos en las estrategias y políticas de desarrollo”, Revista de la CEPAL, N° 88 (LC/G.2289-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), abril.

Abramovich, V. y L. Pautassi (comps.) (2010), La medición de derechos en las políticas sociales, Buenos Aires, Editores del Puerto.

ACNUDH (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) (2006), Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación para el desarrollo (HR/PUB/06/8), Ginebra.

____(2002), Handbook on National Human Rights Plans of Action, Ginebra.

Aguilar Villanueva, L. (1996), La hechura de las políticas, Ciudad de México, Grupo Porrúa Editor.

Arballo, G. (2013), “Localizando el derecho a la salud”, Tratado de derecho a la salud, L. Clérico, L. Ronconi y M. Aldao (coords.), Buenos Aires, Abeledo-Perrot.

Arnoux, E. (2009), Análisis del discurso: modos de abordar materiales de archivo, Buenos Aires, Santiago Arcos Editor.

Bobbio, N. (1998), Estado, gobierno y sociedad, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

Breilh J. (2013), “La determinación social de la salud como herramienta de transformación hacia una nueva salud pública (salud colectiva)”, Revista Facultad Nacional de Salud Pública, vol. 31, N° 1.

____(2010) “La epidemiología crítica: una nueva manera de mirar la salud en el espacio urbano”, Salud Colectiva, vol. 6, Nº 1.

____(2009), Epidemiología crítica; ciencia emancipadora e interculturalidad, Buenos Aires, Lugar Editorial.

Buck C. y otros (1998), “Servicios de salud y políticas de salud (discusión)”, El desafío de la epidemiología: problemas y lecturas seleccionadas, Washington, D.C., Organización Panamericana de la Salud (OPS).

CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) (2017), Informe Anual 2017, Buenos Aires, Siglo XXI Editores.

____(2016), Informe Anual 2016, Buenos Aires, Siglo XXI Editores.

Comes, Y. y otros (2006), “El concepto de accesibilidad: la perspectiva relacional entre población y servicios”, Anuario de Investigaciones de la Facultad de Psicología (UBA), vol. XIV.

CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) (2018), Resolución 1/18: Corrupción y derechos humanos, Washington, D. C.

____(2017), “CIDH expresa preocupación por la actuación de la fuerza policial en protestas y agresiones a periodistas en Argentina” (214/17) [en línea] http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/214.asp.

De Oto, A. (2017) “Notas metodológicas en contextos poscoloniales de investigación”, Metodologías en contexto: intervenciones en perspectiva feminista/poscolonial/latinoamericana, M. Alvarado y A. De Oto (eds.), Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

FUNDEPS/ANDHES (Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables/Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales) (2018) Informe sobre la situación de derechos humanos en Argentina [en línea] http://www.fundeps.org/wp-content/uploads/2018/12/Informe-2018-FUNDEPS-ANDHES.pdf.

Gellner, E. (1983), Naciones y nacionalismo, Madrid, Alianza Editorial.

Gerlero, M. (2010), “Inclusión social y perspectiva de derecho: el aporte de la Sociología Jurídica”, Perspectiva de derechos, políticas públicas e inclusión social: debates actuales en la Argentina, L. Pautassi (org.), Buenos Aires, Biblos.

Gottero, L. (2015a), “Indicadores de derechos humanos en políticas públicas contra el dengue en Argentina: un desafío pendiente”, Población y Salud en Mesoamérica, vol. 13, N° 2, enero-julio.

____(2015b), “Dengue en la agenda pública argentina: relatos institucionales sobre los brotes en la frontera noroeste (2009-2013)”, Punto Cero, vol. 20, N° 31, Cochabamba.

____(2014), “Migraciones limítrofes, derecho a la salud y participación social en políticas sobre dengue: análisis de los discursos sobre el diagnóstico estatal y las soluciones propuestas (Argentina, 2009-2013)”, tesis de doctorado, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires.

Hunt, P. (2003), “El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental: informe del Relator Especial, Sr. Paul Hunt, presentado de conformidad con la resolución 2003/31” (E/CN.4/2003/58), Comisión de Derechos Humanos, 13 de febrero.

INDEC/MSAL (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos/Ministerio de Salud de la Nación) (2014), Encuesta Nacional sobre Salud Sexual y Reproductiva 2013. ENSSyR 2013. Presentación de resultados, Buenos Aires, Kawabata, J. A. (2003), Los derechos humanos, Buenos Aires, inédito.

Kelman, S. (1992), La política pública en el Estado moderno, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano.

Krieger N. (2001), “Teorías para la epidemiología social en el siglo XXI: una perspectiva ecosocial”, International Journal of Epidemiology, vol. 30, N° 4, agosto.

Matus, C. (2014), Planificar para gobernar: el método PES, Buenos Aires, Fundación CIGOB.

____(2008), Teoría del juego social, Lanús, Ediciones de la UNLa.

Menéndez, E. (2009), De sujetos, saberes y estructuras: introducción al enfoque relacional en el estudio de la salud colectiva, Buenos Aires, Lugar Editorial.

MSAL (Ministerio de Salud de la Nación) (2016), “Boletín de la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud: recomendaciones para la lactancia materna” [en línea] http://www.msal.gob.ar/plan-reduccion-mortalidad/boletin/2016-08_b02/noti0.php.

____(2013), Análisis de la mortalidad materno infantil: República Argentina, 2003-2012 [en línea] http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000616cnt-analisis_mortalidad_materno_infantil_argentina-2003-2012.pdf.

____(2011), Políticas de salud sexual y salud reproductiva: avances y desafíos. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable: balance 2003-2011 [en línea] http://www.unfpa.org.ar/sitio/images/stories/pdf/2015-06_original-balances-syr.pdf.

____(2010a), Plan para la reducción de la mortalidad materno infantil, de las mujeres y de las adolescentes [en línea] http://www.msal.gob.ar/plan-reduccion-mortalidad/pdfs/plan_operativo_reimpresion_junio2010_WEB.pdf.

____(2010b), “Enfermedad de Chagas: normativa y tutorial para la vigilancia a través del sistema nacional de vigilancia laboratorial SIVILA-SNVS” [en línea] http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001314cnt-chagas-tutorial-notificacion-traves-sivila-2010.pdf.

MSAL (Ministerio de Salud de la Nación) y otros (2013), Lactancia, promoción y apoyo en un hospital amigo de la madre y del niño, módulo 3: maternidad segura y centrada en la familia [en línea] http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001254cnt-lactancia-promocion-apoyo-hamyn.pdf.

Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación (2004), Morbi-mortalidad materna y mortalidad infantil en la República Argentina: estrategias para mejorar el desempeño de los servicios de salud materno infantil [en línea] http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000246cnt-g17.tapa-morbi-mortalidad-materna-argentina.pdf.

____(1993), “Declaración y Programa de Acción de Viena. Nota de la Secretaría” (A/CONF.157/23), Viena, 12 de julio.

____(1990), Observación General N° 3. La índole de las obligaciones de los Estados Partes (E/1991/23), Ginebra, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

____(1966), “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” (A/RES/2200(XXI)), Nueva York, 16 de diciembre.

Nikken, P. (1997), “Sobre el concepto de derechos humanos”, Revista del Seminario de Derechos Humanos, San José, Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH).

OEA (Organización de los Estados Americanos) (1988), Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador”) [en línea] http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html.

OEA/GTPSS (Organización de los Estados Americanos/Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador) (2015), Indicadores de progreso para medición de derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador (OEA/Ser.D/XXVI.11), Washington, D.C.

OMS (Organización Mundial de la Salud) (2011), Determinantes sociales de la salud: resultados de la Conferencia Mundial sobre los Determinantes Sociales de la Salud (Río de Janeiro, Brasil, octubre de 2011). Informe de la Secretaría (EB130/15), Ginebra.

____(2009a), Comisión de Determinantes Sociales de la Salud: informe de la Secretaría (A62/9), 62ª Asamblea Mundial de la Salud, Ginebra.

____(2009b), Subsanar las desigualdades en una generación: alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los determinantes sociales de la salud, Buenos Aires, Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud.

Ortiz, Z. (2005), “Las enfermedades de la pobreza desde la Epidemiología”, Médicos Hoy, marzo.

Ortiz, Z. e I. Insúa (2003), “Los meridianos de la pobreza y la enfermedad. El rol de la epidemiología en la medición de la vulnerabilidad social”, Boletín de la Asociación Nacional de Medicina, vol. 81, N° 2E.

Oszlak, O. (1985), La formación del Estado argentino: orden, progreso y organización nacional, Buenos Aires, Editorial de Belgrano.

Parsons, W. (2007), Políticas públicas. Una introducción a la teoría y la práctica del análisis de políticas públicas, Ciudad de México, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Pautassi, L. (2010a), “Indicadores en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Más allá de la medición”, La medición de Derechos en las Políticas Sociales, V. Abramovich y L. Pautassi (comps.), Buenos Aires, Editores del Puerto.

____(2010b), “El enfoque de derechos y la inclusión social. Una oportunidad para las políticas públicas”, Perspectiva de derechos, políticas públicas e inclusión social: debates actuales en la Argentina, L. Pautassi, (org.), Buenos Aires, Biblos.

Pautassi, L. y S. Ramírez (2013), “Derecho a la salud en contextos de discriminación: el caso de los pueblos originarios”, Tratado de Derecho a la Salud, L. Clérico, L. Ronconi y M. Aldao (coords.), Buenos Aires, Abeledo-Perrot.

Peters, A. (2015), Corrupción y derechos humanos, Basilea, Instituto de Gobernanza de Basilea.

Piovesan, F. y A. Gotti (2013), “Protección del derecho a la salud en el sistema de protección universal de los derechos humanos”, Tratado de Derecho a la Salud, L. Clérico, L. Ronconi y M. Aldao (coords.), Buenos Aires, Abeledo-Perrot.

Procacci, G. (1999), “Ciudadanos pobres, la ciudadanía social y la crisis de los estados de bienestar”, Ciudadanía: justicia social, identidad y participación, S. García y S. Lukes (comps.), Madrid, Siglo XXI Editores.

Rojas, E. (2017), “El derecho a la salud sexual y reproductiva en la Argentina: un análisis a partir de la variación de la mortalidad por enfermedades de transmisión sexual entre los quinquenios 1997-2001 y 2009-2013”, Notas de Población, N° 104 (LC/PUB.2017/13-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Rojas, E., S. Moyano y E. Peláez (2017), “Progresos y desafíos en el ejercicio del derecho a la salud sexual y reproductiva en la Argentina de los últimos 40 años. Una aproximación a partir de información relativa a “la primera vez”, Sexualidad, Salud y Sociedad, N° 25.

Rossi, J. y J. Moro (2014), Ganar derechos: lineamientos para implementar políticas públicas basadas en derechos, Buenos Aires, Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH).

Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural (2017), Primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (2017-2020), Buenos Aires, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Serrano, S. y D. Vázquez (2013), Los derechos en acción: obligaciones y principios de derechos humanos, Ciudad de México, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Subirats, J. (1993), “Análisis de políticas y gestión pública: promesas y riesgos de una vida en común”, Ekonomiaz, vol. 26.

Vilas, C. M. (2007), Pensar el Estado, Lanús, Ediciones de la UNLa.

[1] Artículo elaborado a partir de avances de investigación en el marco del Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica Orientados (PICTO)-UNLa “Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (2017- 2020): relevamiento sobre el estado de implementación en el Conurbano Sur de la Provincia de Buenos Aires”, Instituto de Justicia y Derechos Humanos, Universidad Nacional de Lanús (UNLa).

[2] Profesora de nivel medio y superior en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y Doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Instituto de Justicia y Derechos Humanos, UNLa. Correo electrónico: lauritagottero@gmail.com.

[3] Este documento se menciona y se explica brevemente en los fundamentos del Primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (2017-2020) y figura en un anexo normativo; véase [en línea] http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304591/dec1024.pdf.

[4] Junto a estos instrumentos de derechos humanos de referencia significativa en la región, cabe señalar la Resolución 1/18: “Corrupción y derechos humanos” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dice: “La corrupción en la gestión de los recursos públicos compromete la capacidad de los gobiernos para cumplir con sus obligaciones de derechos sociales, incluidos salud, educación, agua, transporte o saneamiento, que resultan esenciales para la realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y en particular de las poblaciones y grupos en condición de más vulnerabilidad”. El hecho de que se vincule el acceso a derechos económicos, sociales y culturales con la protección de las personas frente a la corrupción institucional indica una configuración renovada de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. Se trata de un tema que también se aborda en la bibliografía reciente de este campo interdisciplinario. Véase mayor información en Peters (2015).

[5] El documento de la OEA sugiere indicadores y señales y establece una distinción por tipo de derecho. Los ejemplos que se presentan aquí son ejercicios derivados del estudio de dicho modelo, y fueron elaborados específicamente para este artículo, con finalidad explicativa.

[6] Ejemplos formulados específicamente para este artículo, con finalidad explicativa.

[7] Esta síntesis proviene de un planteamiento profundo expuesto en publicaciones anteriores, que no se detalla aquí por razones de extensión de texto. Para mayor información, véase Gottero (2015a).

[8] Abramovich (2006) hizo una crítica pormenorizada de la adopción del enfoque de derechos humanos en las políticas y estrategias de desarrollo.

[9] La salud constituye el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3: “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades” (Naciones Unidas, 2018). Si bien en la planificación del PNADH sobre el derecho a la salud no se hace referencia a dicho ODS, este sí se encuentra en la agenda pública del Estado argentino vinculado casi en su totalidad con el objetivo de gobierno de desarrollo humano sustentable, y en parte con la idea de un acuerdo productivo nacional. A su vez, este forma parte de un proceso de reestructuración institucional de la administración pública iniciado en 2015. Véase [en línea] http://www.odsargentina.gob.ar/VinculacionODS.

[10] Por otra parte, el seguimiento persigue los siguientes objetivos: la ratificación de instrumentos internacionales de derechos humanos; una sólida administración de justicia; relaciones entre derechos humanos y desarrollo; el reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales y su implementación, con especial atención a los grupos más vulnerables.

[11] Véase [en línea] https://www.justicia2020.gob.ar/.

[12] El seguimiento actualizado de los objetivos puede observarse [en línea] en https://trello.com/b/ID3DwvD9/eje-4-acceso-universal-a-derechos. También puede consultarse la publicación reciente del cumplimiento de compromisos que corresponde al año 2018; véase [en línea] https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/compromisos-cumplidos-2018.

[13] Si bien en las referencias del PNADH se mantiene la denominación de “Ministerio”, es importante señalar que en septiembre de 2018, a través del Decreto 802/2018, se reestructuró el organigrama de la administración pública nacional del Estado argentino, a raíz de lo cual varios Ministerios se transformaron en “Secretarías de gobierno”. Es así como el entonces Ministerio de Salud se convirtió en la “Secretaría de Gobierno de Salud”; no obstante, en este artículo se mantendrá la denominación original que es la que figura en el Plan.

[14] Cabe resaltar que todas las poblaciones a las que se hace referencia en este artículo y en el PNADH (migrantes; personas mayores; niños, niñas y adolescentes; personas en situación de discapacidad, entre otras) fueron objeto de convenciones de derechos humanos específicas que regulan el modo y el alcance de la protección que los Estados debían brindarles en razón de su situación particular de vulnerabilidad. Estos instrumentos fueron ratificados por la Argentina.

[15] Sus resultados pueden consultarse en INDEC/MSAL (2014) .

[16] Los resultados de dicha encuesta fueron objeto de análisis académicos, entre los que pueden señalarse el artículo de Rojas, Moyano y Peláez (2017), y el de Rojas (2017).

[17] Véase [en línea] https://www.argentina.gob.ar/salud/saludsexual, aunque la misma existencia de la Dirección expresa un solapamiento entre sus iniciativas y la planificación del PNADH.

[18] Las actividades de promoción de la lactancia pueden encontrarse en este documento MSAL y otros (2013), que se relaciona con la promulgación en aquel año de la Ley 26.873 de Promoción y Concientización Pública de la Lactancia Materna. También se puede consultar este boletín informativo, que es más reciente: MSAL (2016). En cuanto a la reducción de la morbimortalidad, puede citarse el Plan del año 2010 del entonces Ministerio de Salud de la Nación (MSAL, 2010a) y, con anterioridad, este documento estratégico: MSAL (2004). De manera complementaria, puede citarse un documento del año 2013: MSAL (2013). Por último, un balance del período 2003-2011 que recorre estas acciones y metas se encuentra en el documento MSAL (2011).

[19] En línea con las argumentaciones anteriores, cabe señalar que ya se están formulando metas como esta en la Dirección de Sida y ETS a través de su página web. Un ejemplo de ello es la información sobre lugares cercanos para realizarse el test de diagnóstico; véase [en línea] https://www.argentina.gob.ar/salud/vih-sida/donde.

[20] Cabe recordar que la noción de accesibilidad surgió en la década de 1960 para caracterizar el modo en que los servicios de atención interactuaban con la población o se acercaban a ella. Desde este punto de vista, analizar la accesibilidad en términos de derecho a la salud implica observar las barreras existentes que puedan impedir una atención adecuada, las que se clasifican principalmente en geográficas, administrativas y culturales. Otros factores que han sido valorados en el análisis de accesibilidad a servicios de calidad son la continuidad y la integralidad en la atención (Comes y otros, 2006; Naciones Unidas, 2000).

[21] La Dirección de Salud Sexual y Reproductiva ya contempla estas iniciativas y se refiere a ellas de forma literal, aunque en sus materiales informativos e institucionales no se menciona al PNADH. A modo de ejemplo, véase [en línea] https://www.argentina.gob.ar/salud/saludsexual/enfoque-genero y https://www.argentina.gob.ar/salud/saludsexual/metodos-anticonceptivos.

[22] El documento tutorial para la detección y el manejo de casos sospechosos o confirmados de Chagas data de 2010; véase MSAL (2010b). En 2018 se publicó una tercera edición del documento sobre detección y atención del Chagas para equipos de salud, que había sido publicado por primera vez en 2010, véase [en línea] http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000622cnt-03-guia-para-la-atencion-al-paciente-con-chagas.pdf. Todos estos materiales figuran en la web de la actualmente denominada Secretaría de Gobierno de Salud.

[23] Este contexto histórico se ha analizado en informes citados previamente en este artículo. En el mismo mes del lanzamiento del PNADH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado respecto de la represión policial ejercida contra manifestantes durante el debate por la reforma previsional en el Congreso de la Nación, en el que afirmó que “en democracia, los Estados deben actuar sobre la base de la licitud de las protestas o manifestaciones públicas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público. A fin de contribuir a la no repetición de estos hechos, la CIDH rechaza cualquier forma de violencia y promueve la búsqueda de soluciones con absoluto apego a los derechos humanos.” (CIDH, 2017). En tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en su informe anual correspondiente a 2017, expresó lo siguiente: “Una cantidad de decisiones, medidas y hechos afectan negativamente cuestiones críticas de la agenda y los mecanismos de protección de derechos en la Argentina. No se trata de hacer una caracterización global del proyecto que lleva adelante la alianza Cambiemos, sino de señalar una preocupante convergencia de acciones y decisiones políticas y judiciales que erosionan aspectos nodales del sistema de derechos humanos en el país.” (CELS, 2017).

Artículo 7

Una estimación de la mortalidad en la ciudad de Buenos Aires hacia 1827 [1]

Luis Pablo Dmitruk2

Tomás Guzmán[3]

Recibido: 09/01/2019

Aceptado: 13/03/2019

Resumen

El objetivo de este trabajo es realizar avances metodológicos y empíricos relacionados con el estudio de la mortalidad en la ciudad de Buenos Aires durante el período 1826-1828. Sobre la base de los datos censales y de archivos parroquiales, logramos establecer las diferentes funciones de la tabla de mortalidad, incluido el dato de la esperanza de vida al nacer. La perspectiva metodológica de este trabajo nos lleva a detallar los pasos seguidos para lograr resultados confiables realizando ajustes a la información bruta, pues se analiza una etapa histórica en que la calidad de los datos es dudosa y pueden generarse importantes errores de omisión. Obtenemos una tabla de mortalidad acorde a una sociedad del antiguo régimen demográfico, es decir, con una alta mortalidad general y, sobre todo, una elevada mortalidad infantil. Además, los niveles concuerdan con los que se conocen de la ciudad hacia 1855 y son similares a los observados en otras ciudades cercanas.

Palabras clave: mortalidad, Buenos Aires, siglo XIX, antiguo régimen demográfico.

Abstract

The aim of this paper is to progress both methodologically and empirically in the study of mortality in the city of Buenos Aires in the period of 1826–1828. Based on census data and parish records, it was possible to establish the different functions of the life table, including life expectancy at birth. The methodological approach of this work necessitates a description of the steps followed to achieve reliable results by adjusting raw information, since the quality of the data from the historical period under analysis is questionable and significant errors of omission can arise. A life table is obtained that is consistent with a society in the old demographic regime, that is to say, with high mortality in general and high child mortality in particular. In addition, the figures are congruent with the known levels for the city from around 1855 and are similar to those observed in nearby cities.

Keywords: mortality, Buenos Aires, nineteenth century, old demographic regime.

Résumé

Ce travail a pour but de faire des progrès méthodologiques et empiriques dans l’étude de la mortalité dans la ville de Buenos Aires pendant la période 1826-1828. À partir des données de recensement et des archives paroissiales, il a été possible d’établir les différentes fonctions de la table de mortalité, dont l’espérance de vie à la naissance. Dans la perspective méthodologique de ce travail, nous détaillons les étapes suivies pour obtenir des résultats fiables en ajustant l’information brute, dans la mesure où l’étape historique analysée est caractérisée par une qualité des données douteuse et par la possibilité de générer de graves erreurs par omission. On obtient une table de mortalité conforme à une société de l’ancien régime démographique, c’est-à-dire avec une forte mortalité générale et, surtout, une mortalité infantile élevée. Par ailleurs, les niveaux correspondent à ceux observés dans la ville vers 1855 et sont similaires à ceux des villes voisines.

Mots clés: mortalité, Buenos Aires, dix-neuvième siècle, ancien régime démographique.

Introducción

Los estudios sobre la mortalidad en la ciudad de Buenos Aires en la primera mitad del siglo XIX se enfrentan a problemas relacionados con la cantidad y la calidad de las fuentes documentales, que presentan importantes errores de omisión. En este trabajo, tratamos de salvar estas dificultades y, a través de los datos censales y de la información parroquial de los años cercanos a 1827, buscamos establecer las diferentes funciones de la tabla de mortalidad para confeccionar el indicador de la esperanza de vida en aquel momento. Este ejercicio constituye un aporte empírico y metodológico a una problemática escasamente atendida por la demografía histórica con respecto a este tiempo y espacio en particular.

En primer lugar, se reseñan los antecedentes disponibles sobre este contexto histórico, que justifican la pertinencia de nuestro objetivo. Posteriormente, se establecen las cantidades y proporciones de población por sexo y edad en 1827, a partir de las estimaciones derivadas del padrón de la ciudad de Buenos Aires confeccionado aquel año. También se enumera la cantidad de entierros ocurridos en el trienio 1826-1828, según sexo y edad, utilizando los datos parroquiales recopilados. Como es de prever, se señalan los ajustes necesarios para analizar críticamente estas cifras. Gracias a estos insumos, se calculan las funciones pertinentes de la tabla de mortalidad para cada rango etario: tasa central de mortalidad, probabilidad de morir, probabilidad de supervivencia, sobrevivientes, fallecimientos, años-persona vividos y esperanza de vida (a la edad x). Finalmente, los resultados se comparan con la información disponible sobre la mortalidad en la ciudad de Buenos Aires y otros núcleos urbanos cercanos en el siglo XIX, a fin de verificar su plausibilidad y ofrecer una interpretación preliminar de los niveles registrados.

A. Antecedentes

Al comenzar el siglo XIX, la ciudad de Buenos Aires era la próspera capital del Virreinato del Río de la Plata, jurisdicción colonial del imperio hispánico en América. Sin embargo, la crisis de la monarquía motivó pronto el establecimiento de un gobierno autónomo con sede en la ciudad (1810), y se desataron diez años de revolución y guerra (1810-1820). Las décadas siguientes estuvieron marcadas por la compleja construcción de un nuevo Estado y de un orden social, tras la tormenta revolucionaria, proceso que fue jalonado por frecuentes guerras e inestabilidad política (Goldman, 1998).

Durante este período, se produjeron cambios en la dinámica de la población de la ciudad de Buenos Aires. Primero, tuvo lugar una desaceleración del crecimiento demográfico respecto de las últimas décadas coloniales. Mientras que, en el período 1778-1799, la población crecía a una tasa media anual del 21‰, de 1800 a 1819 y de 1820 a 1839, se registraron tasas del 15‰ y el 12‰, respectivamente. Posteriormente, hubo una aceleración notable: de 1840 a 1859 y de 1860 a 1869, las tasas medias anuales fueron del 32‰ y el 49‰, respectivamente (Massé, 2012). Las migraciones netas explicarían, en buena medida, estos cambios. Los flujos inmigratorios se vieron afectados por la revolución y, si bien se restablecieron en parte durante la década de 1820, no experimentaron un aumento sostenido hasta la década de 1840 (Massé, 2006).

Estas tendencias fueron un reflejo del proceso de reajuste de la economía urbana. La ciudad había prosperado como puerto articulador del comercio entre el Atlántico y las regiones interiores de América del Sur, en especial como salida de la plata de Potosí. La crisis revolucionaria obligó a reorientar las funciones económicas. La apertura mercantil permitió la valorización de los cueros y otros derivados pecuarios, provenientes de las zonas rurales cercanas. Esta expansión exportadora dio nuevos bríos a la ciudad, pero el reajuste distó de ser lineal. Destacaron las coyunturas asociadas con crisis comerciales, fiscales y monetarias, que se manifestaron en episodios de alta inflación, como los que se produjeron entre 1826 y 1829 o 1838 y 1840 (Hora, 2010).

En este contexto, una problemática central es la evolución de las condiciones materiales de vida de la población urbana bonaerense. Se han analizado varias dimensiones, como los salarios reales (Gelman y Santilli, 2018), la antropometría (Salvatore, 1998), la distribución de la riqueza (Guzmán, 2011) o las políticas de asistencia social (Moreno, 2000). Se trata de un campo abierto al debate y a nuevas investigaciones.

Los indicadores asociados a la mortalidad —en especial, la esperanza de vida y la mortalidad infantil— podrían constituir un aporte relevante. Las estimaciones históricas de estos indicadores no solo son útiles para analizar la dinámica de crecimiento de una población, sino que también permiten evaluar las condiciones de vida en el tiempo y el espacio, puesto que dicha dinámica se vincula con la nutrición, los ingresos, la vivienda o el acceso a los servicios públicos, entre otros aspectos (Van Zanden y otros, 2014, cap. 6).

Sin embargo, cuando nos centramos en la historia de la mortalidad en Buenos Aires en el período pretransicional, observamos que el tema ha concitado poca atención[4].Una de las razones de este escaso examen radica en la visión de estos fenómenos que tenían los contemporáneos, que no los consideraban excesivamente problemáticos. Hasta el ciclo de grandes epidemias de las décadas de 1860 y 1870, cuando la enfermedad y la muerte se convirtieron en partes decisivas de la “cuestión social”, los viajeros y los observadores de la primera mitad del siglo XIX suscribían la imagen de una ciudad “sana”. Un visitante sueco afirmaba, haciéndose eco de las ideas imperantes: “en general, la salud de la población de Buenos Aires es buena y las enfermedades epidémicas son casi desconocidas” (Skogman, 1942, pág. 93).

Los enfoques modernos de la demografía histórica se acercaron a la cuestión a través del cálculo de la tasa bruta de mortalidad, es decir, de la cantidad de decesos por año con relación a la población total. Este cálculo ha servido para inspeccionar uno de los componentes de la ecuación poblacional, con el objetivo de corregir las cifras totales de población obtenidas de los padrones y censos.

La información básica sobre la cantidad de muertes proviene de los registros de las parroquias de la ciudad. Martínez (1889) recopiló de aquellos libros los datos anuales de los eventos vitales ocurridos entre 1601 y 1887 (bautismos, matrimonios y defunciones), discriminados por sexo. Inauguró la crítica de las cifras de población al utilizar estos datos para determinar si los totales de población de los censos arrojaban tasas razonables o no.

La serie de Martínez ha tenido una larga vida. Fue utilizada por Besio Moreno (1939) para su estimación pionera de la población de la ciudad entre 1536 y 1936. Este autor realizó, además, la recopilación más completa de datos sobre episodios de alta mortalidad, causados principalmente por epidemias. Más adelante, Johnson (1979) utilizó la serie de Martínez para corregir los cálculos de población de la época colonial de tres años para los cuales existen padrones: 1744, 1778 y 1810. Recientemente, Lattes, Andrada y Caviezel (2010) corrigieron las cifras brutas aportadas por Martínez y las usaron para confeccionar una serie de crecimiento de la población de la ciudad desde 1810.

Goldberg (1976) avanzó en la cuestión de las tasas de mortalidad, ya que analizó nueva documentación. El tema que interesaba a esta historiadora era la sostenibilidad demográfica de la población afroporteña. Además de recuperar las cantidades de población a partir de los padrones, exploró los datos de bautismos y decesos disponibles en las ediciones del Registro Estadístico de la Provincia de Buenos Aires publicadas entre 1822 y 1824 (Ministerio de Gobierno, 1822, 1823 y 1824). Asimismo, incorporó información inédita proveniente del Archivo General de la Nación. Esta información estaba compuesta por resúmenes de las estadísticas vitales que los párrocos enviaban al Gobierno o que provenían de los hospitales y del cementerio[5]. Esta nueva indagación permitía construir series de los hechos vitales, discriminadas por edad, por grupo étnico (lo que interesaba a Goldberg) o por mes. De hecho, Goldberg estableció una serie de bautismos y defunciones que comprende los años 1822 a 1831, aunque, lamentablemente, no publicó sus datos, sino algunas estadísticas sintéticas. Su investigación mostraba el diferencial de mortalidad entre los afroporteños, libres y esclavos, y el resto de la población, que fue uno de los datos utilizados para caracterizar las deplorables condiciones de vida de este grupo. Goldberg realizó progresos en lo referente a la comprensión de las conexiones entre la mortalidad y los niveles de vida, el punto de contacto entre la demografía y la historia social, en especial de los grupos subalternos. Sin embargo, esta perspectiva no volvió a utilizarse en estudios posteriores sobre el mundo urbano de Buenos Aires[6].

A partir del comienzo del período estadístico[7], que en Buenos Aires arranca con el censo urbano de 1855 y los datos continuos del Registro Estadístico desde 1854, se produce una mayor cantidad de trabajos sobre la mortalidad de la ciudad, en los que se utilizan los indicadores estándar (tasas brutas y refinadas de mortalidad, y esperanza de vida) y se descompone el fenómeno por edad, sexo, origen y causas, respecto de la segunda mitad del siglo XIX y el siglo XX (Recchini de Lattes, 1971; Somoza, 1973; Müller, 1974; Mazzeo, 1993 y 2007; Grushka, 2010). Lo que estos trabajos se propusieron fue medir y explicar el proceso de descenso sistemático de la mortalidad como parte de la “transición demográfica”.

Los antecedentes mencionados deben conectarse con otros estudios sobre ciudades del Río de la Plata y América Latina. Nos referimos a investigaciones de la demografía histórica que apelaron a la reconstrucción cuantitativa, el manejo de fuentes documentales y una diversidad de técnicas de análisis (proyección retrospectiva o cruce de datos censales y de defunciones, entre otros), con respecto a períodos extensos o momentos puntuales. Podemos señalar los estudios de ciudades como Córdoba (Celton, 1992 y 1993), Corrientes (Foschiatti y Somoza, 1985), Montevideo (Pollero, 2013) o México (Velasco, 1992)[8]. Estos autores no solo llevaron a cabo los análisis más frecuentes (dadas las fuentes) de las cantidades de defunciones, las tasas brutas y la mortalidad de crisis, sino que también construyeron estimaciones de la esperanza de vida o tablas de mortalidad abreviadas. Este es el avance que nos interesa aquí, a fin de establecer un diálogo sobre metodologías y resultados.

De acuerdo con los antecedentes reseñados acerca de la ciudad de Buenos Aires durante la primera mitad del siglo XIX, es posible conjeturar que los niveles de mortalidad eran elevados, con amplias oscilaciones, como corresponde a una sociedad pretransicional. Estos elementos pueden verse representados en el gráfico 1, que incluye la cantidad anual de defunciones ocurridas entre 1800 y 1870, y en el gráfico 2, que muestra la evolución de las tasas brutas de mortalidad desde 1810 por quinquenio, lo que reduce el impacto de los cambios anuales.

Los picos de mayor mortalidad estarían asociados a brotes de enfermedades epidémicas como la viruela (por ejemplo, el pico registrado en 1829). A su vez, pueden observarse tendencias de mediano plazo, como la menor mortalidad en las décadas de 1830 y 1840 con respecto a las de 1810 y 1820, posiblemente por la menor frecuencia de episodios de mortalidad elevada.

Gráfico 1

Buenos Aires: decesos anuales, 1800-1870

(En número de decesos)

Fuente: A. Martínez, Estudio topográfico é historia demográfica de la ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Compañía Sud-Americana de Billetes de Banco, 1889.

Gráfico 2

Buenos Aires: tasas brutas de mortalidad por quinquenio, 1810-1869

(Tasas por mil)

Fuente: A. Lattes, G. Andrada y P. Caviezel, “Dinámica demográfica”, Dinámica de una ciudad: Buenos Aires, 1810-2010, A. Lattes, J. Donati y N. Zuloaga (eds.), Buenos Aires, Dirección General de Estadística y Censos, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2010.

Sin embargo, estas observaciones necesitan para sustentarse otros indicadores, como la esperanza de vida. También faltan datos sobre otras características de la mortalidad, como los diferenciales entre hombres y mujeres o entre grupos etarios y grupos sociales, así como el nivel de mortalidad de Buenos Aires en comparación con el de otras ciudades contemporáneas. Tampoco se han debatido los factores determinantes de las características observadas, esto es, las relaciones entre la mortalidad y las condiciones socioeconómicas o médico-sanitarias imperantes en la ciudad.

Entonces, el estado de nuestros conocimientos actuales es deficitario en lo que se refiere a determinada información básica. Por lo tanto, se plantean los siguientes interrogantes: ¿con qué fuentes contamos?, ¿qué calidad tienen dichas fuentes?, ¿qué indicadores es posible elaborar?, ¿cuáles son los límites metodológicos que enfrentamos? y ¿podemos superarlos? En este artículo, contribuimos a ese trabajo primario de construcción de datos. El planteo es, sobre todo, metodológico. El procesamiento integral del censo de 1827, uno de los más completos de todo el período, así como el rastreo de nuevas fuentes en el archivo, abren la oportunidad de confeccionar una tabla de mortalidad conforme a los procedimientos que pasamos a describir.

B. Insumos para la construcción de la tabla de mortalidad

Una tabla de mortalidad tiene como objetivo el cálculo de la esperanza de vida[9], pero también permite evaluar diversos indicadores relacionados con la mortalidad de una población. El mecanismo consiste en utilizar una cohorte hipotética de 100.000 personas y someterla a las condiciones vigentes de mortalidad; en nuestro caso, las condiciones determinadas por el contexto de salud y condiciones de vida de la ciudad de Buenos Aires en 1827.

Para elaborar la tabla de mortalidad, debemos tomar en cuenta algunas aclaraciones y supuestos metodológicos. Los insumos principales utilizados para su elaboración son los datos sobre población al 30 de junio de 1827 y sobre los entierros[10] ocurridos en el trienio 1826-1828, ambos desagregados por sexo y edad.

1. Población

Para establecer las cantidades y proporciones de población por sexo y edad en 1827, hemos utilizado las proyecciones derivadas del padrón de la ciudad elaborado en septiembre de ese año[11]. Se trata de un padrón que pretendía censar a todos los individuos y registrar su nombre, sexo, origen geográfico, edad, estado matrimonial, color de piel, estatus jurídico, ocupación, dirección de residencia y años de permanencia en la provincia, en caso de que no fueran originarios de ella. Sin embargo, este padrón se confeccionó en un contexto complejo: la guerra con el Brasil (que duraría de 1825 a 1828) y la crisis política que condujo a la caída del gobierno central unitario encabezado por Bernardino Rivadavia y al restablecimiento de las autoridades provinciales de Buenos Aires, con Manuel Dorrego como gobernador. A las debilidades consuetudinarias del Estado para llevar a cabo este tipo de estudios, se sumaron las propias de la coyuntura. Por ende, para utilizar la información del padrón de forma confiable, es necesaria la crítica documental.

Encontramos dos obstáculos que debimos resolver, en lo que a nuestro objetivo atañe. En primer lugar, el inconveniente de que la población total efectivamente censada resulta inferior a la estimada, lo cual se debe a diversos factores: la falta de planillas[12], el subregistro de niños y la ausencia de varones en edad activa, que se encontraban sirviendo en el ejército de operaciones en la Banda Oriental durante la guerra con el Brasil o que directamente permanecían ocultos[13]. A fin de resolver este inconveniente, decidimos utilizar los datos de población total que arrojan las estimaciones de población[14], las cuales consideramos que se acercan más a la realidad del momento (Dmitruk, 2017).

En segundo lugar, es vital analizar la estructura de edad por sexo de los datos censales y ajustar las muy probables omisiones, que se concentrarían en dos grupos: los niños y niñas (menores de 15 años), normalmente contados de manera muy deficiente en todos los padrones de la etapa protoestadística, y los varones adultos (de 15 a 49 años), debido, como hemos señalado, al reclutamiento o al ocultamiento en el contexto de guerra (recuérdese que los padrones estaban asociados al reclutamiento militar en el imaginario social). En el caso de las mujeres adultas, también se observa un subregistro importante, aunque ciertamente menor que el observado entre los niños, niñas y varones adultos. La omisión de mujeres puede deberse a la falta de planillas censales, aunque no debemos descartar otras opciones, como la posibilidad de que se ocultasen junto con su pareja o que al amanuense le resultasen menos “relevantes” para los fines del censo (presumiblemente militar).

Para este proceso de ajuste contamos, por un lado, con las técnicas demográficas, pero también con los datos comparativos de otros padrones y censos del período (de 1810, 1822, 1855 y 1869), que, a partir de una observación general, nos permiten verificar la continuidad de las proporciones de población de la ciudad por grupos de edad. Asimismo, hemos decidido trabajar con grupos decenales (y no quinquenales) de edad, a fin de evitar los desajustes provocados por el “redondeo” de la declaración de la edad, frecuente en la época.

Ahora bien, nosotros conocemos la estructura por sexo y edad de la población efectivamente censada, pero las estimaciones realizadas no brindan datos sobre la población por sexo y edades decenales[15]. Entonces, mantuvimos la estructura observada para la población efectivamente censada, mientras que, para la población agregada en nuestra estimación, decidimos utilizar la estructura observada en tablas de mortalidad modelo[16], a fin de intentar asignar una edad más exacta a la población no censada. Para ello, utilizamos la tabla de mortalidad modelo correspondiente a la familia latinoamericana, la más cercana al modelo de mortalidad de la ciudad de Buenos Aires en el período 1826-1828. En el caso de los varones, utilizamos la esperanza de vida de 30 años y, en el caso de las mujeres, la esperanza de vida de 35 años (véanse los gráficos 3 y 4).

El otro inconveniente por resolver en lo que se refiere a la estructura de la población es el subregistro de niños, particularmente de los menores de 1 año. El registro de este grupo de edad es aún más precario que el de la totalidad de los niños, por lo que su número no es fiable, aun corrigiéndolo según las tablas de mortalidad modelo. Por consiguiente, realizamos el cálculo de la población de menores de 1 año a partir de los bautismos de 1826, el año anterior al año de referencia. Para reducir los posibles problemas de registro, calculamos el promedio de los bautismos de los años 1825, 1826 y 1827. Una vez obtenido el promedio, lo multiplicamos por la probabilidad de supervivencia (función nPx de las tablas de mortalidad), generada a partir de las tablas modelo de la familia latinoamericana mencionadas anteriormente. Este cálculo permitió estimar la población de niños menores de 1 año nacidos en 1826 que sobrevivieron en 1827.

Resueltas las cuestiones de la omisión de población y de la estructura por sexo y edad, debemos retrotraer los datos de población del 30 de agosto de 1827, fecha estimada de la realización del padrón[17], al 30 de junio de ese año. Para ello, nos basamos en los nacimientos de aquel año (Martínez, 1889, pág. 288) y la distribución mensual de los entierros por sexo y edad obtenidos a partir de los registros parroquiales. En el caso de los nacimientos, suponemos que se distribuyen de manera uniforme a lo largo de los 12 meses del año[18].

Gráfico 3

Buenos Aires y América Latina: comparación entre la tasa central de mortalidad de las mujeres en Buenos Aires en el período 1826-1828 y la tabla de mortalidad modelo para América Latina ex^0 35

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de L. Dmitruk, “La inmigración antes de la gran inmigración: población y migraciones en la ciudad de Buenos Aires durante la guerra con el Brasil. 1827”, tesis de magíster en Demografía Social, Universidad Nacional de Luján, 2016 [en línea] http://www.demografia.unlu.edu.ar/sites/www.demografia.unlu.edu.ar/files/site/Tesis%20de%20maestriaLPD.pdf (para datos de Buenos Aires); A. Martínez, Estudio topográfico é historia demográfica de la ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Compañía Sud-Americana de Billetes de Banco, 1889; Dirección de Estadística y Censo, Registro Estadístico del Estado de Buenos Aires, 1857, Buenos Aires, Imprenta de la Tribuna, 1858, Registro Estadístico del Estado de Buenos Aires, 1858, Buenos Aires, Imprenta de la Tribuna, 1859; datos procedentes del Archivo General de la Nación, y Naciones Unidas, World Population Prospects: The 2010 Revision (ST/ESA/SER.A/313), Nueva York, 2011.

Nota: Estos valores corresponden a la población de la ciudad de Buenos Aires antes de aplicar la corrección según la tabla modelo. Se excluye a los menores de 10 años, dado que la omisión en este grupo de edad es demasiado elevada.

Gráfico 4

Buenos Aires y América Latina: comparación entre la tasa central de mortalidad de los hombres en Buenos Aires en el período 1826-1828 y la tabla de mortalidad modelo para América Latina ex^0 30

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de L. Dmitruk, “La inmigración antes de la gran inmigración: población y migraciones en la ciudad de Buenos Aires durante la guerra con el Brasil. 1827”, tesis de magíster en Demografía Social, Universidad Nacional de Luján, 2016 [en línea] http://www.demografia.unlu.edu.ar/sites/www.demografia.unlu.edu.ar/files/site/Tesis%20de%20maestriaLPD.pdf (para datos de Buenos Aires);

A. Martínez, Estudio topográfico é historia demográfica de la ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Compañía Sud-Americana de Billetes de Banco, 1889; Dirección de Estadística y Censo, Registro Estadístico del Estado de Buenos Aires, 1857, Buenos Aires, Imprenta de la Tribuna, 1858, Registro Estadístico del Estado de Buenos Aires, 1858, Buenos Aires, Imprenta de la Tribuna, 1859; datos procedentes del Archivo General de la Nación, y Naciones Unidas, World Population Prospects: The 2010 Revision (ST/ESA/SER.A/313), Nueva York, 2011.

Nota: Estos valores corresponden a la población de la ciudad de Buenos Aires antes de aplicar la corrección según la tabla modelo. Se excluye a los menores de 10 años, dado que la omisión en este grupo de edad es demasiado elevada.

En el cuadro 1, anotamos los números totales de población observados en el censo y las cifras corregidas según los ajustes previamente explicados.

Tras llevar a cabo los diferentes procesos de ajuste, contamos finalmente con los datos de población desagregados por sexo y edad. A continuación, se analiza el siguiente componente: la cantidad de muertes.

Cuadro 1

Buenos Aires: población observada y población corregida, según sexo y grupos de edad decenales, 30 de junio de 1827

(En número de casos)

Años de edad

Casos observados

Casos corregidos

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

0 a 10

4 109

4 237

6 073

6 441

10 a 19

2 209

2 453

5 325

6 838

20 a 29

1 199

2 767

4 967

6 609

30 a 39

2 996

5 431

4 758

4 620

40 a 49

3 044

3 599

3 967

3 389

50 a 59

2 538

2 523

1 475

1 483

60 a 69

1 457

1 379

933

819

70 a 80

921

746

313

257

80 y más

308

221

136

162

Total

18 782

23 355

27 947

30 616

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de L. Dmitruk, “La inmigración antes de la gran inmigración: población y migraciones en la ciudad de Buenos Aires durante la guerra con el Brasil. 1827”, tesis de magíster en Demografía Social, Universidad Nacional de Luján, 2016 [en línea] http://www.demografia.unlu.edu.ar/sites/www.demografia.unlu.edu.ar/files/site/Tesis%20de%20maestriaLPD.pdf.

2. Entierros

Hasta el establecimiento del registro civil, los entierros, así como los bautismos y los matrimonios, fueron registrados por las autoridades eclesiásticas de proximidad, los curas párrocos. Los libros que estos confeccionaron constituyen la principal fuente para poder determinar cuántos habitantes morían y qué características tenían.

Se puede acceder a esta información por tres vías diferentes. En primer lugar, por los propios libros parroquiales. Hasta ahora no se ha intentado reconstruir detalladamente y analizar la totalidad de los datos vitales de las parroquias porteñas cuyos registros han sobrevivido, como sí se ha hecho en el caso de otras ciudades de América Latina (Pollero, 2013) o de parroquias rurales aledañas en Buenos Aires (Mateo, 2001; Santilli, 2008).

En segundo lugar, a través de las ya mencionadas series anuales publicadas por Martínez (1889). Este estadígrafo pionero emprendió una tarea notable, al recopilar, a partir de los libros parroquiales, las sumas totales de entierros por sexo. Es evidente que estos datos brutos provienen de registros incompletos y que requieren de algún tipo de ajuste. Se ha calculado que las omisiones de eventos pueden alcanzar el 10%. Además, los registros bautismales incluyen adultos, y los registros de entierros están lejos de ser completos, e incluso cuentan con sesgos por grupo étnico o ubicación geográfica. Las muertes registradas en la ciudad incluyen a la población no residente pero fallecida allí[19]. También existen problemas de cobertura. Por ejemplo, Martínez consigna que el archivo de la parroquia de San Telmo se quemó en 1853, con lo que los datos de 1842 a 1853 de esa populosa parroquia se perdieron. Por otra parte, el autor habría accedido a registros parroquiales que hoy ya no existen, debido a los incendios de 1955. La limitación más importante para nuestros fines es que las series de Martínez no ofrecen información de entierros por edad.

La tercera vía son los “estados mensuales” que las parroquias elevaban al Gobierno, a partir de 1822, con un resumen de los bautismos, matrimonios y decesos registrados. Su origen está legislado en uno de los más importantes decretos que fueron dando forma a las reformas institucionales emprendidas después de 1821: el denominado “Razones estadísticas”[20]. Este decreto disponía en su artículo 5 que los curas de las parroquias de la provincia pasaran el día primero de cada mes al Jefe de Policía (y este al Ministerio de Gobierno) las siguientes informaciones, en planillas modelo que les serían suministradas: “De los muertos en sus respectivas parroquias con expresión del sexo, edad, estado soltero, casado, ó viudo, color, origen, libre ó esclavo. De todos los casamientos con expresión de la edad de los contrayentes, profesión, color, origen, libres ó esclavos. De todos los bautismos con expresión de sexo y color” (Ministerio de Gobierno, 1821).

Durante los tramos de existencia del Registro Estadístico provincial (1822-1825 y 1854 en adelante), las fuentes parroquiales se publicaron de acuerdo con los resúmenes que eran enviados al Gobierno por los curas párrocos, y se sumaron otras estadísticas, como las de muertes en los hospitales o las de entierros en los cementerios. Entre 1825 y 1854, los párrocos siguieron confeccionando resúmenes que enviaban al Gobierno y que permanecen inéditos y dispersos en el Archivo General de la Nación. También enviaban informes periódicos las comisiones administradoras de los hospitales y los encargados de los cementerios. Algunos años, esta información se publicaba en la prensa periódica. Ya en esa época, cuando comenzaron los estudios retrospectivos de población, se publicaron, en las ediciones de 1857 y 1858 del Registro Estadístico del Estado de Buenos Aires, estadísticas sobre bautismos, entierros, matrimonios y movimientos de los hospitales de los años 1828, 1829, 1830 y 1831, cuyo origen eran aquellos resúmenes (véase Ministerio de Gobierno, 1858 y 1859).

Tal como propuso Goldberg (1976), sería posible utilizar estos resúmenes inéditos para complementar y corregir las cifras globales de Martínez y, en la medida de lo posible, construir series por edad, por grupo étnico y por mes (ciclos estacionales) de los hechos vitales, en especial bautismos y decesos. Sostenemos que, si por vías paralelas se analizasen los registros parroquiales de una o más parroquias urbanas y se sistematizasen los resúmenes inéditos (completando, hasta donde fuese posible, la serie de las décadas de 1820, 1830 y 1840), nuestro panorama de los hechos vitales de la ciudad se ampliaría enormemente.

Con este objetivo general en la mira, y como ya hemos mencionado, en este trabajo utilizamos los registros parroquiales de 1827 y, específicamente, la “Tabla general de muertos de la ciudad de Buenos Aires”[21]. En esta tabla, la información se suministra por mes, edad (menores de 3 meses, de 3 meses a 1 año, de 1 a 2 años, de 2 a 5 años, de 5 a 10 años y de 10 años en adelante, por decenios), color (“blancos” y “de color”) y sexo. Una columna aparte se dedica a contabilizar la cantidad de esclavos muertos por edad y sexo.

Al analizar los datos, en primer lugar, encontramos que las cifras totales de entierros de las planillas parroquiales resultan demasiado elevadas cuando las comparamos con las que había brindado Martínez para 1827: mientras la tabla resumen arroja un total de 2.446 muertos, Martínez calcula 1.904 decesos. La diferencia de 542 individuos constituye un porcentaje muy significativo, por lo que es preciso analizar detenidamente este aspecto. Nosotros preferimos las cifras de Martínez. La razón principal es que de ella se desprenden niveles de mortalidad razonables. Con el total proveniente de las planillas parroquiales, observamos un valor cercano a los 18 años de esperanza de vida al nacer: un resultado muy poco posible (véase el cuadro 2)[22].

Cuadro 2

Buenos Aires: entierros según fuentes alternativas, 1822-1831

(En número de entierros)

Año

Martínez (1889)

Registros parroquiales

Registro estadístico del Estado de Buenos Aires

1822

1 831

2 153

1823

2 918

2 918

1824

2 326

2 326

1825

2 805

2 805

1826

1 703

1827

1 904

2 446

1828

1 788

1829

4 658

4 657

1830

1 664

1 670

1831

1 398

1 398

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de A. Martínez, Estudio topográfico é historia demográfica de la ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Compañía Sud-Americana de Billetes de Banco, 1889; registros parroquiales procedentes del Archivo General de la Nación; Ministerio de Gobierno, Registro Estadístico de la Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires, Imprenta de la Independencia, varios años (para datos de 1822 a 1825), Registro Estadístico del Estado de Buenos Aires, 1857, Buenos Aires, Imprenta de la Tribuna, 1858, y Registro Estadístico del Estado de Buenos Aires, 1858, Buenos Aires, Imprenta de la Tribuna, 1859 (para datos de 1829 a 1831).

Nota: Los datos de 1822 a 1825 incluyen ajustes por muertes hospitalarias y enterrados en el cementerio.

Ahora bien, para definir el total de entierros, decidimos utilizar dos métodos de corrección. En primer lugar, calculamos un promedio de tres años (1826, 1827 y 1828) con las cifras de Martínez (1889), a fin de evitar grandes oscilaciones y disminuir el efecto de posibles variaciones accidentales. A este total le aplicamos la estructura por sexo y edad detectada en los registros parroquiales de 1827. Comparamos esta estructura con la de los años 1830 y 1831, y resultan similares, lo que nos da seguridad en este punto. Existen diferencias mayores con respecto a las proporciones de 1829, pero este año se registraron niveles de mortalidad excepcionales debido a dos epidemias, una de viruela y otra de sarampión. Por consiguiente, debemos decantarnos por la comparación con los años “normales”.

Por otra parte, ante la fuerte sospecha de que los entierros también presentaban un subregistro importante, optamos por aplicar un procedimiento de corrección. Por lo tanto, una vez establecido un total y una estructura de entierros, decidimos utilizar una metodología para evaluar la mortalidad de la población en contextos en que la información estadística es poco fiable. Se trata del método de la ecuación de equilibrio desarrollado por William Brass (1975, citado en Naciones Unidas, 1986, pág. 149). Este método ya fue utilizado con anterioridad (Massé, 2008, anexo, pág. 39) para evaluar los entierros de 1855. La metodología implica dos supuestos: uno es que la población estudiada tenga las características de una población estable, es decir, que mantenga una fecundidad y una mortalidad constantes; el otro, más difícil de cumplir, supone que el grado de cobertura es igual en todos los grupos de edad. En la práctica, la cobertura de la mortalidad de los niños es diferente a la observada entre los adultos, por lo que el método no se aplica a los menores de 10 años. La corrección tampoco se aplica al grupo abierto final (en nuestro caso, 80 años y más).

Para la aplicación de este método, es necesario contar con la cantidad de población y defunciones por sexo y edad. A grandes rasgos, el procedimiento consiste en calcular la tasa de entrada a una edad (x) y la tasa de mortalidad a esa misma edad. A continuación, esas tasas se ponderan bajo el supuesto de que las edades iniciales y finales son las que peor cobertura presentan (distorsiones en los extremos) y se obtiene un factor de ajuste (k), que es el que finalmente se aplica a las defunciones para corregirlas[23].

Nuestro cálculo arrojó una cobertura del 89,2% de los entierros en el caso de los hombres y un 88,8% en el caso de las mujeres, por lo que debimos ajustar un 10,8% y un 11,2%, respectivamente (véase el cuadro 3).

Cuadro 3

Buenos Aires: entierros observados y corregidos, por sexo y grupos decenales de edad, 1827

(En número de entierros)

Años de edad

Observados

Corregidos

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

0 a 10

504

476

504

476

10 a 19

46

48

51

54

20 a 29

71

80

79

90

30 a 39

90

63

101

71

40 a 49

76

54

85

61

50 a 59

62

51

70

58

60 a 69

46

38

52

43

70 a 80

29

26

32

29

80 y más

23

15

23

15

Total

946

852

997

898

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Ministerio de Gobierno, Registro Estadístico del Estado de Buenos Aires, 1857, Buenos Aires, Imprenta de la Tribuna, 1858, y Registro Estadístico del Estado de Buenos Aires, 1858, Buenos Aires, Imprenta de la Tribuna, 1859.

C. Resultados: tabla de mortalidad del período 1826-1828

Gracias a estos insumos, podemos calcular las funciones pertinentes de la tabla de mortalidad para cada rango etario y para la población total y desagregada por sexo: tasa central de mortalidad, probabilidad de morir, probabilidad de supervivencia, sobrevivientes, fallecimientos, años-persona vividos y esperanza de vida (a la edad x). En los siguientes cuadros (4, 5 y 6) y gráficos (5, 6 y 7), se resumen los resultados. Se incluyen las tablas de mortalidad abreviadas de ambos sexos y también de hombres y mujeres por separado, con respecto a los siguientes grupos etarios: menores de 1 año, de 1 a 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 19 años y los subsiguientes grupos decenales. Los gráficos muestran la variación de la esperanza de vida, de la tasa central de mortalidad y de la cantidad de sobrevivientes (para una cohorte hipotética), por sexo y edad.

Cuadro 4

Buenos Aires: tabla de mortalidad abreviada, ambos sexos, 1826-1828

Edad

(x)

n

nmx

nqx

npx

lx

ndx

nLx

Tx

ex^0

0

1

0,319

0,251

0,749

100 000

25 146

78 877

3 093 273

30,9

1

4

0,042

0,152

0,848

74 854

11 376

270 976

3 014 396

40,3

5

5

0,010

0,049

0,951

63 478

3 124

309 579

2 743 420

43,2

10

10

0,009

0,083

0,917

60 354

4 990

578 587

2 433 842

40,3

20

10

0,015

0,136

0,864

55 364

7 547

515 901

1 855 255

33,5

30

10

0,018

0,169

0,831

47 817

8 058

437 877

1 339 354

28,0

40

10

0,020

0,181

0,819

39 759

7 185

361 662

901 477

22,7

50

10

0,043

0,356

0,644

32 573

11 588

267 793

539 815

16,6

60

10

0,054

0,427

0,573

20 985

8 951

165 096

272 021

13,0

70

10

0,107

0,698

0,302

12 034

8 401

78 338

106 925

8,9

80

ω

0,127

1,000

0,000

3 634

3 634

28 587

28 587

7,9

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de A. Martínez, Estudio topográfico é historia demográfica de la ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Compañía Sud-Americana de Billetes de Banco, 1889; L. Dmitruk, “La inmigración antes de la gran inmigración: población y migraciones en la ciudad de Buenos Aires durante la guerra con el Brasil. 1827”, tesis de magíster en Demografía Social, Universidad Nacional de Luján, 2016 [en línea] http://www.demografia.unlu.edu.ar/sites/www.demografia.unlu.edu.ar/files/site/Tesis%20de%20maestriaLPD.pdf, y registros parroquiales procedentes del Archivo General de la Nación.

Nota: 1f_0: 0,16

4a_1: 1,5

n: intervalo de edades

nmx: tasa central de mortalidad entre las edades x y x+n

nqx: probabilidad de morir entre las edades x y x+n

npx: probabilidad de vivir entre las edades x y x+n

lx: sobrevivientes de la cohorte hipotética a la edad x

ndx: defunciones de la cohorte hipotética entre las edades x y x+n

nLx: años vividos por los miembros de la cohorte entre las edades x y x+n

Tx: años vividos por los miembros de la cohorte a la edad x y más

ex^0: esperanza de vida a la edad x

Cuadro 5

Buenos Aires: tabla de mortalidad abreviada, hombres, 1826-1828

Edad

(x)

n

nmx

nqx

npx

lx

ndx

nLx

Tx

ex^0

0

1

0,337

0,263

0,737

100 000

26 251

77 949

2 931 978

29,3

1

4

0,043

0,155

0,845

73 749

11 468

266 328

2 854 029

38,7

5

5

0,010

0,050

0,950

62 282

3 121

303 605

2 587 700

41,5

10

10

0,010

0,092

0,908

59 160

5 417

564 518

2 284 095

38,6

20

10

0,016

0,148

0,852

53 743

7 930

497 785

1 719 577

32,0

30

10

0,021

0,193

0,807

45 814

8 822

414 027

1 221 792

26,7

40

10

0,021

0,193

0,807

36 992

7 151

334 163

807 765

21,8

50

10

0,047

0,384

0,616

29 841

11 451

241 153

473 602

15,9

60

10

0,056

0,435

0,565

18 390

8 007

143 860

232 449

12,6

70

10

0,103

0,679

0,321

10 383

7 045

68 599

88 589

8,5

80

ω

0,167

1,000

0,000

3 337

3 337

19 990

19 990

6,0

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de A. Martínez, Estudio topográfico é historia demográfica de la ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Compañía Sud-Americana de Billetes de Banco, 1889; L. Dmitruk, “La inmigración antes de la gran inmigración: población y migraciones en la ciudad de Buenos Aires durante la guerra con el Brasil. 1827”, tesis de magíster en Demografía Social, Universidad Nacional de Luján, 2016 [en línea] http://www.demografia.unlu.edu.ar/sites/www.demografia.unlu.edu.ar/files/site/Tesis%20de%20maestriaLPD.pdf, y registros parroquiales procedentes del Archivo General de la Nación.

Nota: 1f_0: 0,16

4a_1: 1,5

n: intervalo de edades

nmx: tasa central de mortalidad entre las edades x y x+n

nqx: probabilidad de morir entre las edades x y x+n

npx: probabilidad de vivir entre las edades x y x+n

lx: sobrevivientes de la cohorte hipotética a la edad x

ndx: defunciones de la cohorte hipotética entre las edades x y x+n

nLx: años vividos por los miembros de la cohorte entre las edades x y x+n

Tx: años vividos por los miembros de la cohorte a la edad x y más

ex^0: esperanza de vida a la edad x

Cuadro 6

Buenos Aires: tabla de mortalidad abreviada, mujeres, 1826-1828

Edad

(x)

n

nmx

nqx

npx

lx

ndx

nLx

Tx

ex^0

0

1

0,301

0,240

0,760

100 000

24 047

79 801

3 261 679

32,6

1

4

0,041

0,149

0,851

75 953

11 288

275 592

3 181 879

41,9

5

5

0,010

0,048

0,952

64 665

3 128

315 506

2 906 287

44,9

10

10

0,008

0,076

0,924

61 537

4 658

592 083

2 590 780

42,1

20

10

0,014

0,128

0,872

56 879

7 269

532 447

1 998 698

35,1

30

10

0,015

0,143

0,857

49 610

7 097

460 617

1 466 251

29,6

40

10

0,018

0,166

0,834

42 513

7 047

389 893

1 005 634

23,7

50

10

0,039

0,327

0,673

35 466

11 595

296 682

615 741

17,4

60

10

0,053

0,416

0,584

23 871

9 938

189 019

319 059

13,4

70

10

0,113

0,721

0,279

13 933

10 046

89 099

130 040

9,3

80

ω

0,095

1,000

0,000

3 887

3 887

40 910

40 941

10,5

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de A. Martínez, Estudio topográfico é historia demográfica de la ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Compañía Sud-Americana de Billetes de Banco, 1889; L. Dmitruk, “La inmigración antes de la gran inmigración: población y migraciones en la ciudad de Buenos Aires durante la guerra con el Brasil. 1827”, tesis de magíster en Demografía Social, Universidad Nacional de Luján, 2016 [en línea] http://www.demografia.unlu.edu.ar/sites/www.demografia.unlu.edu.ar/files/site/Tesis%20de%20maestriaLPD.pdf, y registros parroquiales procedentes del Archivo General de la Nación.

Nota: 1f_0: 0,16

4a_1: 1,5

n: intervalo de edades

nmx: tasa central de mortalidad entre las edades x y x+n

nqx: probabilidad de morir entre las edades x y x+n

npx: probabilidad de vivir entre las edades x y x+n

lx: sobrevivientes de la cohorte hipotética a la edad x

ndx: defunciones de la cohorte hipotética entre las edades x y x+n

nLx: años vividos por los miembros de la cohorte entre las edades x y x+n

Tx: años vividos por los miembros de la cohorte a la edad x y más

ex^0: esperanza de vida a la edad x

Gráfico 5

Buenos Aires: esperanza de vida según sexo y edad, 1826-1828

(En años)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de A. Martínez, Estudio topográfico é historia demográfica de la ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Compañía Sud-Americana de Billetes de Banco, 1889; L. Dmitruk, “La inmigración antes de la gran inmigración: población y migraciones en la ciudad de Buenos Aires durante la guerra con el Brasil. 1827”, tesis de magíster en Demografía Social, Universidad Nacional de Luján, 2016 [en línea] http://www.demografia.unlu.edu.ar/sites/www.demografia.unlu.edu.ar/files/site/Tesis%20de%20maestriaLPD.pdf, y registros parroquiales procedentes del Archivo General de la Nación.

Gráfico 6

Buenos Aires: tasa central de mortalidad según sexo y edad, 1826-1828

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de A. Martínez, Estudio topográfico é historia demográfica de la ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Compañía Sud-Americana de Billetes de Banco, 1889; L. Dmitruk, “La inmigración antes de la gran inmigración: población y migraciones en la ciudad de Buenos Aires durante la guerra con el Brasil. 1827”, tesis de magíster en Demografía Social, Universidad Nacional de Luján, 2016 [en línea] http://www.demografia.unlu.edu.ar/sites/www.demografia.unlu.edu.ar/files/site/Tesis%20de%20maestriaLPD.pdf, y registros parroquiales procedentes del Archivo General de la Nación.

Gráfico 7

Buenos Aires: sobrevivientes según sexo y edad, 1826-1828

(En número de personas)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de A. Martínez, Estudio topográfico é historia demográfica de la ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Compañía Sud-Americana de Billetes de Banco, 1889; L. Dmitruk, “La inmigración antes de la gran inmigración: población y migraciones en la ciudad de Buenos Aires durante la guerra con el Brasil. 1827”, tesis de magíster en Demografía Social, Universidad Nacional de Luján, 2016 [en línea] http://www.demografia.unlu.edu.ar/sites/www.demografia.unlu.edu.ar/files/site/Tesis%20de%20maestriaLPD.pdf, y registros parroquiales procedentes del Archivo General de la Nación.

Al inspeccionar estos resultados, observamos unos niveles y una estructura de mortalidad esperables para una sociedad pretransicional caracterizada por una mortalidad elevada y una gran proporción de decesos infantiles. La esperanza de vida al nacer se ubicaría en 31 años para ambos sexos, con el diferencial habitual entre hombres (e^0=29,3) y mujeres (e^0=32,6). La tasa central de mortalidad muestra la particular forma de U que caracteriza a las sociedades que presentan una elevada mortalidad infantil. La tasa a la edad 0 es del 319‰ (para ambos sexos).

Observamos algunas diferencias en la estructura de la mortalidad que surge de la tabla. Destaca el descenso de la probabilidad de morir y el aumento de la esperanza de vida en los tramos de edad de 1 a 4 y de 5 a 9 años. Si bien resulta esperable que la mayor ganancia de esperanza de vida se produzca luego del primer año de vida, los valores que manejamos resultan bastante más elevados que en las tablas de mortalidad actuales, lo cual nos da una pauta de lo crítico que resultaba el primer año de vida en una sociedad del antiguo régimen.

Las diferencias en lo referente a la muerte entre hombres y mujeres también están dentro de lo esperable. Es conocida la sobremortalidad masculina, ya que este grupo se encuentra más expuesto a los trabajos desgastantes y arriesgados, o a la violencia política e individual. En nuestro contexto, no habría que descartar la influencia de la actividad guerrera. Sin embargo, es notable el hecho de que la sobremortalidad masculina resulta inferior a la que se observa actualmente[24], lo que podría deberse a la elevada mortalidad materna de la época. Por otro lado, en las edades más avanzadas (adultos mayores de 50 años), se observa una sobremortalidad femenina debida a que el grupo femenino cuenta con mayor número de integrantes, que están, por lo tanto, sujetas a un riesgo mayor de morir (y los hombres que quedan han sobrevivido con mejores posibilidades a los avatares propios de su sexo).

Los resultados obtenidos resultan compatibles con los datos de los que disponemos acerca de la ciudad de Buenos Aires durante el siglo XIX, por lo menos desde mediados de siglo hasta que comienza la transición demográfica en lo que respecta a la mortalidad. En el cuadro 7, agregamos nuestro resultado para el año 1827 a una serie de datos de los años 1855 a 1914. El dato de 1855 se presenta como un punto preciso de comparación, ya que a la e^0=32,3 informada por Müller (1974)[25] puede sumarse la calculada por Massé (2008, anexo, pág. 41) mediante otros métodos, que arroja una esperanza de vida al nacer para ambos sexos de 30,6 años: 29,7 años para los hombres y 31,0 años para las mujeres. Por lo tanto, parece tomar cuerpo la hipótesis preliminar de unos niveles de mortalidad relativamente similares a los imperantes hasta bien avanzado el siglo XIX[26]. No obstante, hay que tener la precaución de no confundir este nivel comparable con una línea histórica continua de alta mortalidad. En regímenes demográficos pretransicionales, deberíamos observar picos, valles e incluso cambios en las tendencias normales.

Cuadro 7

Buenos Aires: esperanza de vida al nacer, por sexo, 1827-1914

(En años)

Año

Ambos sexos

Aumento por intervalo

Hombres

Mujeres

1827

30,9

29,3

32,6

1855

32,3

1,4

1869

26,4

-5,9

1887

31,7

5,3

30,3

33,8

1895

40,9

9,2

39,1

43,4

1904

47,7

6,8

45,8

50,3

1909

46,9

-0,8

44,9

49,6

1914

48,6

1,7

46,8

51,1

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de A. Martínez, Estudio topográfico é historia demográfica de la ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Compañía Sud-Americana de Billetes de Banco, 1889; L. Dmitruk, “La inmigración antes de la gran inmigración: población y migraciones en la ciudad de Buenos Aires durante la guerra con el Brasil. 1827”, tesis de magíster en Demografía Social, Universidad Nacional de Luján, 2016 [en línea] http://www.demografia.unlu.edu.ar/sites/www.demografia.unlu.edu.ar/files/site/Tesis%20de%20maestriaLPD.pdf, y registros parroquiales procedentes del Archivo General de la Nación (para el año 1827); y M. Müller, La mortalidad en Buenos Aires entre 1855 y 1960, Buenos Aires, Editorial del Instituto Torcuato di Tella, 1974 (para el período 1855-1914).

Los datos de Pollero (2013) acerca de Montevideo en esta época muestran la intensa variabilidad de los niveles de mortalidad en un contexto urbano comparable al del Río de la Plata. Estos datos también refuerzan la razonabilidad de los obtenidos en el caso de Buenos Aires (véase el cuadro 8).

Cuadro 8

Buenos Aires, Córdoba y Montevideo: esperanza de vida al nacer, ambos sexos, 1814-1914

(En años)

Año

Buenos Aires

Córdoba

Montevideo

1814

38,6

1819

36,0

1824

32,9

1827

30,9

1829

34,4

1834

33,6

1839

32,8

1844

35,6

1849

41,7

1854

35,0

1855

32,3

1859

32,4

1869

26,4

28,2

1887

31,7

1895

40,9

33,9

1904

47,7

1909

46,9

1914

48,6

34,7

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de A. Martínez, Estudio topográfico é historia demográfica de la ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Compañía Sud-Americana de Billetes de Banco, 1889; L. Dmitruk, “La inmigración antes de la gran inmigración: población y migraciones en la ciudad de Buenos Aires durante la guerra con el Brasil. 1827”, tesis de magíster en Demografía Social, Universidad Nacional de Luján, 2016 [en línea] http://www.demografia.unlu.edu.ar/sites/www.demografia.unlu.edu.ar/files/site/Tesis%20de%20maestriaLPD.pdf, y registros parroquiales procedentes del Archivo General de la Nación (para el año 1827); M. Müller, La mortalidad en Buenos Aires entre 1855 y 1960, Buenos Aires, Editorial del Instituto Torcuato di Tella, 1974 (para el período 1855-1914); R. Pollero, “Historia demográfica de Montevideo y su campaña (1757-1860)”, tesis de doctorado, Montevideo, Universidad de la República, Facultad de Ciencias Sociales, 2013 [en línea] http://pueblosynumeros.fcs.edu.uy/images/stories/raquel-pollero-historia-demografica-de-montevideo.pdf (para datos de Montevideo); y D. Celton, La población de la provincia de Córdoba a fines del siglo XVIII, Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia de la República Argentina, 1993 (para datos de la ciudad de Córdoba).

También hemos incluido, de forma comparativa, los cálculos de Celton (1993) para la ciudad de Córdoba (Argentina), aunque se trata de un período posterior. Para 1778, Celton (1993) estima una esperanza de vida al nacer de entre 30 y 34 años. Asimismo, podemos adicionar los cálculos de Foschiatti y Somoza (1985) para la ciudad de Corrientes (Argentina) en el período 1849-1859. Para la edad de 5 años, estos autores estiman una esperanza de vida de 44,59 años, superior a las de Buenos Aires (e^5=43,22 en este trabajo o e^5=40,38 en Müller  (1974)). Sin embargo, el comportamiento de la mortalidad en Corrientes en el caso de los otros grupos etarios muestra una semejanza significativa con los resultados obtenidos para Buenos Aires. Estos elementos comparativos provenientes de ciudades cercanas permiten evaluar positivamente la plausibilidad de los resultados alcanzados.

La observación de estos niveles de mortalidad permite adelantar algunas hipótesis preliminares que podrían explicarlos. Por un lado, la similitud con otros contextos temporales y geográficos, con heterogéneas estructuras económicas y sociales, relativizaría un posible impacto positivo diferencial en la supervivencia, determinado por los altos ingresos reales y el buen acceso a los alimentos (en especial, a la carne vacuna) que caracterizaban a la ciudad de Buenos Aires[27]. Quizás tuvieran mayor peso otras características comunes a muchas ciudades de la época, y no tan positivas para la mortalidad, como la densidad poblacional, los problemas de acceso al agua potable y a otros sistemas de salud pública, o los deficientes conocimientos médicos. Si bien es cierto que, en los primeros años de la década de 1820, se realizaron varias reformas urbanas asociadas al higienismo (Aliata, 2006) y se impulsó la vacunación antivariólica, hasta ahora los historiadores no han evaluado cuál fue el impacto efectivo de esas reformas en las condiciones de salud de la población bonaerense, y es posible conjeturar que se produjeron pocos cambios[28]. Por otro lado, se puede suponer que los niveles de mortalidad del período 1826-1828 fueron influidos negativamente por la coyuntura crítica asociada a la Guerra del Brasil, que se tradujo en un aumento de las levas, la paralización del puerto y el comercio, una crisis fiscal y monetaria, con un agudo pico inflacionario en esos años, e inestabilidad política y social, todo lo cual desembocaría en la guerra civil de 1829 (Halperin Donghi, 1972).

Sin duda, se necesitan más observaciones referidas a la primera mitad del siglo XIX. No obstante, estos datos resultan sugerentes y de utilidad para el desarrollo de argumentos que vinculan la mortalidad con otros componentes de las condiciones de vida.

D. Consideraciones finales

La intención de este artículo era mostrar las posibilidades existentes para incrementar la información sobre la mortalidad urbana en un contexto protoestadístico. La utilización de nueva documentación, junto con la aplicación de procesos de ajuste de los datos, han arrojado resultados plausibles, que permiten sumar esta estimación a los conocimientos previos sobre los niveles de mortalidad de la ciudad de Buenos Aires en el siglo XIX.

En este camino, apostamos por la construcción de tablas de mortalidad. La esperanza de vida es un indicador más certero para las comparaciones históricas, ya que es independiente de la estructura de edad y sexo (a diferencia de las tasas brutas de mortalidad). Las tablas de mortalidad permiten observar, además, cambios en aspectos importantes como la mortalidad infantil.

En este artículo se ha hecho hincapié en los elementos metodológicos, pues, dado el estado de nuestros conocimientos, su definición constituye la tarea más importante en la actualidad. Los cálculos y los supuestos deben ser sometidos al escrutinio de los especialistas. Hemos avanzado en la utilización de las tablas modelo y en la aplicación de nuevas técnicas para la corrección de los datos, tanto de la población como de las defunciones. Sobre estas bases más firmes, es posible comenzar a elaborar diferentes hipótesis sobre los determinantes de la mortalidad en este contexto histórico.

En futuros trabajos, nuestra intención es incrementar la información sobre otros años. Los registros parroquiales constituyen una fuente preciosa que es preciso exhumar del archivo, a fin de sistematizar sus datos. En una primera prospección, puede analizarse rápidamente el período 1822-1831, lo que brindaría nuevos puntos de anclaje para la comparación de las estructuras de la mortalidad. Se trata de completar la tarea que Goldberg (1976) llevó adelante. También es factible avanzar en el cálculo de la tabla de mortalidad para 1836, ya que existen datos parroquiales y padrones de población de años cercanos. Lamentablemente, estos padrones solo informan sobre totales, pero no proporcionan datos desagregados por edad y sexo. Sin embargo, es posible establecer una hipótesis sobre la estructura de la población para los cálculos. La década de 1840 constituye, por ahora, una terra incognita, puesto que en esos años no se elaboraron padrones, aunque existen indicios de que los resúmenes parroquiales siguieron confeccionándose.

Esta propuesta apunta, entonces, a mejorar lo que sabemos sobre la evolución histórica de la mortalidad en Buenos Aires y, por ende, a revisar los cambios en la dinámica de la población y en el nivel de vida de los porteños y las porteñas durante el siglo XIX.

Bibliografía

Aliata, F. (2006), La ciudad regular: arquitectura, programas e instituciones en el Buenos Aires posrevolucionario, 1821-1835, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes/Prometeo 3010.

Álvarez, N. y E. Míguez (1989), “Morir en la frontera: patrones de mortalidad en las tierras nuevas de la provincia de Buenos Aires. Tandil, 1860-1895”, Siglo XIX, vol. 4, Nº 7.

Besio Moreno, N. (1939), Buenos Aires: puerto del Río de la Plata, capital de la Argentina. Estudio crítico de su población, 1536-1936, Buenos Aires, Tacuarí.

Celton, D. (1993), La población de la provincia de Córdoba a fines del siglo XVIII, Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia de la República Argentina.

____(1992), “La mortalidad en la ciudad de Córdoba (Argentina) entre 1869 y 1990”, Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, vol. 10, Nº 1.

Dmitruk, L. (2017), “Evaluación de la cobertura y el contenido en censos protoestadísticos: el caso del padrón de la ciudad y la campaña de Buenos Aires de 1827”, Notas de Población, Nº 105 (LC/PUB.2017/27-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

____(2016), “La inmigración antes de la gran inmigración: población y migraciones en la ciudad de Buenos Aires durante la guerra con el Brasil. 1827”, tesis de magíster en Demografía Social, Universidad Nacional de Luján [en línea] http://www.demografia.unlu.edu.ar/sites/www.demografia.unlu.edu.ar/files/site/Tesis%20de%20maestriaLPD.pdf.

Foschiatti, A. y J. Somoza (1985), “Una estimación de la mortalidad de la ciudad de Corrientes en el siglo XIX”, Notas de Población, vol. 13, Nº 39.

Garavaglia, J. (1999), Pastores y labradores de Buenos Aires: una historia agraria de la campaña bonaerense 1700-1830, Buenos Aires, Ediciones de la Flor.

García Belsunce, C. (ed.) (1977), Buenos Aires 1800-1830: salud y delito, Buenos Aires, Emecé.

Gelman, J. y D. Santilli (2018), “Wages and standards of living in the 19th century from a comparative perspective: consumption basket, Bare Bone Basket and welfare ratio in Buenos Aires, 1825–1849”, Investigaciones de Historia Económica, vol. 14, Nº 2.

Goldberg, M. (1976), “La población negra y mulata de la ciudad de Buenos Aires, 1810-1840”, Desarrollo Económico, vol. 16, Nº 61.

Goldman, N. (ed.) (1998), Revolución, República, Confederación (1806-1852), Buenos Aires, Editorial Sudamericana.

Grushka, C. (2010), “¿Cuánto vivimos? ¿Cuánto viviremos?”, Dinámica de una ciudad: Buenos Aires, 1810-2010, A. Lattes, J. Donati y N. Zuloaga (eds.), Buenos Aires, Dirección General de Estadística y Censos, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Guzmán, T. (2011), “La distribución de la riqueza en la ciudad de Buenos Aires a mediados del siglo XIX”, El mapa de la desigualdad en la Argentina del siglo XIX, J. Gelman (coord.), Rosario, Prohistoria.

Haines, M. (2001), “The urban mortality transition in the United States, 1800-1940”, Annales de démographie historique, Nº 101.

Halperin Donghi, T. (1972), De la revolución de independencia a la confederación rosista, Buenos Aires, Paidós.

Hora, R. (2010), Historia económica de la Argentina en el siglo XIX, Buenos Aires, Siglo XXI Editores.

INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) (2013), “Tablas abreviadas de mortalidad por sexo y edad 2008 -2010: total del país y provincias”, serie Análisis Demográfico, Nº 37, Buenos Aires.

Johnson, L. (2011), Workshop of revolution: plebeian Buenos Aires and the Atlantic world, 1776-1810, Durham, Duke University Press.

____(1979), “Estimaciones de la población de Buenos Aires en 1744, 1778 y 1810”, Desarrollo Económico, vol. 19, Nº 73.

Lattes, A., G. Andrada y P. Caviezel (2010), “Dinámica demográfica”, Dinámica de una ciudad: Buenos Aires, 1810-2010, A. Lattes, J. Donati y N. Zuloaga (eds.), Buenos Aires, Dirección General de Estadística y Censos, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Martínez, A. (1889), Estudio topográfico é historia demográfica de la ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Compañía Sud-Americana de Billetes de Banco.

Massé, G. (2012), “El tamaño y el crecimiento de la población desde la Conquista hasta 1870”, Historia de la provincia de Buenos Aires: población, ambiente y territorio, H. Otero (ed.), Buenos Aires, UNIPE/Edhasa.

____(2008), “Convivir bajo el mismo techo: hogar-familia y migración en la ciudad de Buenos Aires al promediar el siglo XIX”, tesis de doctorado en Demografía, Universidad Nacional de Córdoba.

____(2006), “Inmigrantes y nativos en la ciudad de Buenos Aires al promediar el siglo XIX”, Población de Buenos Aires, vol. 3, Nº 4.

Mateo, J. (2001), Población, parentesco y red social en la frontera: Lobos (provincia de Buenos Aires) en el siglo XIX, Mar del Plata, Grupo de Investigación en Historia Rural Rioplatense, Universidad Nacional de Mar del Plata.

Mazzeo, V. (2007), “La mortalidad de la primera infancia en la ciudad de Buenos Aires en el período 1860-2002”, Papeles de Población, vol. 13, Nº 53.

____(1993), Mortalidad infantil en la ciudad de Buenos Aires (1856-1986), Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.

Ministerio de Gobierno (1859), Registro Estadístico del Estado de Buenos Aires, 1858, Buenos Aires, Imprenta de la Tribuna.

____(1858), Registro Estadístico del Estado de Buenos Aires, 1857, Buenos Aires, Imprenta de la Tribuna.

____(1824), Registro Estadístico de la Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires, Imprenta de la Independencia.

____(1823), Registro Estadístico de la Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires, Imprenta de la Independencia.

____(1822), Registro Estadístico de la Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires, Imprenta de la Independencia.

____(1821), Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires.

Moreno, J. (comp.) (2000), La política social antes de la política social (caridad, beneficencia y política social en Buenos Aires, siglos XVII a XX), Buenos Aires, Prometeo Libros.

Moreno, J. y L. Dmitruk (2016), “Nacimientos legítimos e ilegítimos a través de los libros de bautismos. El Socorro, Buenos Aires: 1830, 1835 y 1850, 1855”, Población de Buenos Aires, vol. 13, Nº 24.

Moreno, J. y J. Mateo (1997), “El 'redescubrimiento' de la demografía histórica en la historia económica y social”, Anuario IEHS, Nº 12.

Müller, M. (1974), La mortalidad en Buenos Aires entre 1855 y 1960, Buenos Aires, Editorial del Instituto Torcuato di Tella.

Naciones Unidas (2011), World Population Prospects: The 2010 Revision (ST/ESA/SER.A/313), Nueva York.

____(1986), “Manual X: técnicas indirectas de estimación demográfica”, Estudios de Población, N° 81 (ST/ESA/SER.A/81), Nueva York.

Otero, H. (2006), “Población y economía en la historiografía argentina del período estadístico: personajes en busca de un autor”, La historia económica argentina en la encrucijada: balances y perspectivas, J. Gelman (comp.), Buenos Aires, Asociación Argentina de Historia Económica/Prometeo Libros.

Pamuk, S. y J. van Zanden (2010), “Standards of living”, The Cambridge Economic History of Modern Europe. Volume 1: 1700-1870, S. Broadberry y K. O’Rourke (eds.), Cambridge, Cambridge University Press.

Pollero, R. (2013), “Historia demográfica de Montevideo y su campaña (1757-1860)”, tesis de doctorado, Montevideo, Universidad de la República, Facultad de Ciencias Sociales [en línea] http://pueblosynumeros.fcs.edu.uy/images/stories/raquel-pollero-historia-demografica-de-montevideo.pdf.

Recchini de Lattes, Z. (1971), La población de Buenos Aires: componentes demográficos del crecimiento entre 1855 y 1960, Buenos Aires, Editorial del Instituto Torcuato di Tella.

Salvatore, R. (1998), “Heights and welfare in late-colonial and post-independence Argentina”, The Biological Standard of Living in Comparative Perspective, J. Komlos y J. Baten (eds.), Stuttgart, Franz Steiner Verlag.

Santilli, D. (2008), “Desde abajo y desde arriba: la construcción de un nuevo ordenamiento social entre la colonia y el rosismo. Quilmes 1780-1840”, tesis de doctorado en Historia, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires.

Skogman, C. (1942), Viaje de la fragata sueca “Eugenia” (1851-1853). Brasil-Uruguay-Argentina-Chile-Perú, K. Henrichsen, (trad.), Buenos Aires, Solar.

Somoza, J. (1973), “La mortalidad en la Argentina entre 1869 y 1960”, Desarrollo Económico, vol. 12, Nº 48.

Van Zanden, J. y otros (eds.) (2014), How Was Life?: Global Well-being since 1820, París, OECD Publishing.

Velasco, M. (1992), “La epidemia de cólera de 1833 y la mortalidad en la Ciudad de México”, Estudios Demográficos y Urbanos, vol. 7, Nº 1.

[1] Los autores agradecen a Iván Williams, Nathaly Ravinovich e Ignacio Pérez E. por sus aportes. Asimismo, se agradecen a Daniel Santilli y Carina Frid los comentarios realizados sobre versiones anteriores de este documento, que fueron presentadas en las XXV Jornadas de Historia Económica, organizadas por la Asociación Argentina de Historia Económica y la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta (Salta (Argentina), septiembre de 2016), y en las XIV Jornadas Argentinas de Estudios de Población-Primer Congreso Internacional de Población del Cono Sur, organizadas por la Asociación de Estudios de Población de la Argentina (AEPA) en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe (Argentina), del 20 al 22 de septiembre de 2017). Gracias a los generosos comentarios de nuestros colegas, en las versiones sucesivas se fueron mejorando distintos aspectos metodológicos. Como es de rigor, los errores contenidos son de nuestra exclusiva responsabilidad.

[2] Licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires (Argentina), Magíster en Demografía Social por la Universidad Nacional de Luján (Argentina). Afiliación institucional: Universidad de Buenos Aires. Correo electrónico: luispablodmi@yahoo.com.ar.

[3] Profesor de Historia y Licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Afiliación institucional: Universidad de Buenos Aires-Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”. Correo electrónico: tguzman@filo.uba.ar.

[4] Con el término “pretransicional” nos referimos al período histórico anterior a que comenzase el descenso de la mortalidad que caracteriza, junto con el descenso de la natalidad, al proceso conocido como “transición demográfica”. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, el período pretransicional puede extenderse hasta el último cuarto del siglo XIX (Mazzeo, 2007).

[5] Más adelante volveremos sobre esta documentación, pues es la que sirve de base para nuestro trabajo.

[6] De manera lateral, Johnson (2011, pág. 197) señaló que podría haberse dado un aumento de la mortalidad de manera paralela a la disminución de los salarios reales urbanos en la última década del dominio colonial español, reflejando el deterioro general de las condiciones de vida. En la historiografía del mundo rural, este tipo de enfoques sí continuaron desarrollándose (véanse Álvarez y Míguez, 1989; Moreno y Mateo, 1997; Garavaglia, 1999, págs. 91-93; Mateo, 2001; Santilli, 2008). Otero (2006) propone una reflexión general sobre la relación entre demografía e historia económica y social.

[7] En cuanto a las fuentes demográficas americanas, suelen considerarse tres etapas estadísticas: el período preestadístico, caracterizado por la ausencia de datos censales (antes de la llegada de los colonizadores); el período protoestadístico, en el que destacan los recuentos de calidad diversa y graves problemas para asegurar la universalidad, cobertura y simultaneidad (desde la llegada de los colonizadores hasta los primeros censos nacionales), y, finalmente, el período estadístico, caracterizado por la participación activa del Estado, que asegura la universalidad y simultaneidad de los recuentos (a partir de los primeros censos nacionales).

[8] La bibliografía sobre las ciudades de Europa y de los Estados Unidos es vasta. Pamuk y Van Zanden (2010) y Haines (2001), respectivamente, ofrecen enfoques generales.

[9] La esperanza de vida indica la cantidad de años que vivirá una persona, en promedio, desde una edad x en adelante. A diferencia de otros indicadores más básicos (como la tasa de mortalidad), no está condicionado por la estructura de la población, dado que se calcula sobre la base de la mortalidad por sexo y edad.

[10] Nos parece más correcto referirnos a entierros y no a defunciones, dado que los archivos parroquiales registraban los entierros, no la defunción en sí.

[11] Las planillas originales del padrón se encuentran en los legajos 23-5-5 y 23-5-6, sala X del Archivo General de la Nación. Fueron procesadas en su totalidad por Dmitruk (2016) y puede consultarse un análisis crítico de esta documentación en Dmitruk (2017).

[12] La falta de planillas podría deberse a que estas fueron extraviadas a lo largo del tiempo.

[13] Si tomamos en cuenta que el censo se realiza en un contexto de guerra, podemos suponer que, ante la sospecha de que el padrón se utilizara para recopilar información sobre hombres en edad de portar armas y, posteriormente, convocarlos, estos se ocultaban del censista o se escapaban de la ciudad para no estar presentes en el momento de la realización del padrón.

[14] Las estimaciones de población se calcularon a partir de una ecuación compensadora realizada a partir de los datos del padrón de 1822, que arrojó dos resultados extremos: 57.564 habitantes y 60.965 habitantes, según un número mínimo y un número máximo de inmigrantes. Para llegar a un número más exacto, decidimos calcular una interpolación lineal que parte de otros dos padrones conocidos, los de 1822 y 1838, la cual arrojó un resultado de 58.692 habitantes. Como suele suceder, el principal inconveniente de nuestra estimación es el cálculo de la migración. Ante la falta de registros adecuados, utilizamos el método indirecto de las estadísticas vitales: Crecimiento migratorio1822-1827 = N1827 – N_1822 – (Nacimientos1822-1827 – Defunciones1822-1827)

N_1827: población estimada en 1827

N_1822: población de 1822

Nacimientos1822-1827: bautismos entre 1822 y 1827

Defunciones1822-1827: entierros entre 1822 y 1827

En nuestro caso, el crecimiento migratorio arrojó un resultado positivo de 1.128 habitantes (Dmitruk, 2017).

[15] Para elaborar la tabla de mortalidad del grupo de edad de 0 a 9 años, necesitamos una desagregación incluso mayor: de 0 a 1, de 1 a 4 y de 5 a 9 años.

[16] Las tablas de mortalidad modelo fueron elaboradas por las Naciones Unidas con el objetivo de obtener estimaciones de mortalidad en contextos en los que las fuentes de datos no resultan confiables. A grandes rasgos, la utilización de la tabla modelo consiste en encontrar datos similares a los disponibles y, posteriormente, asignar o interpolar los valores faltantes. La estructura de la población por edad se puede vislumbrar en la columna nLx: Años vividos por los miembros de la cohorte entre las edades x y x + n.

[17] En realidad, el padrón se elaboró a lo largo de varios días hacia fines de agosto y principios de septiembre, por lo que, a fin de obtener una fecha exacta para poder llevar a cabo nuestra proyección retrospectiva, decidimos fijar de manera arbitraria como día de realización el 30 de agosto.

[18] Si bien es sabido que pueden existir variaciones mensuales o incluso estacionales en los nacimientos y en las defunciones, nos ha resultado imposible dar con una fuente adecuada que nos permitiera conocer la distribución mensual tanto en el caso de los bautismos como en el de los entierros, por lo que decidimos presuponer una distribución uniforme de ambos hechos vitales.

Otra cuestión que debemos tener en cuenta es la conveniencia de homologar los bautismos con los nacimientos. La diferencia se refiere obviamente a que el bautismo es un sacramento de la iglesia católica, mientras que el nacimiento es un hecho biológico. Más allá de este hecho, debido a que el registro civil no fue creado hasta 1884, nos vemos obligados a utilizar los archivos parroquiales como fuente de información. No obstante, a partir de los datos recolectados en una base de datos utilizada para un trabajo anterior (Moreno y Dmitruk, 2016), hemos podido comprobar que, en una parroquia de la ciudad de Buenos Aires, en un año cercano (1830), la incidencia de bautismos tardíos (de quienes nacieron en un año anterior al año de referencia) es realmente baja (0,02%). Asimismo, es escasa la presencia de “disidentes” (no católicos), los cuales también escaparían a nuestro registro. Recién en el período estudiado comienzan a llegar en mayor número inmigrantes del norte de Europa y, en 1831, se crea el primer templo protestante (Martínez, 1889).

[19] Idealmente, deberíamos poder separar las muertes de los no residentes del total, pero esto no es posible con los datos disponibles. De todas formas, se puede considerar como supuesto que este hecho no afectaría sensiblemente el volumen y la estructura de la mortalidad.

[20] Véase el decreto del 11 de diciembre en Ministerio de Gobierno (1821).

[21] Legajo 22-08-02, sala X del Archivo General de la Nación.

[22] Dicho esto, es necesario llevar a cabo más controles al comparar los datos de Martínez (1889) y los registros parroquiales, especialmente los de los años 1826 y 1828, en los que no disponemos de datos de los resúmenes de los curatos. En especial, hay que explorar las divergencias ya apuntadas por los recopiladores del Registro Estadístico (de 1822 a 1824 y de 1854 en adelante): a) las cifras de las parroquias no incluyen a los muertos hospitalarios; b) existen diferencias con los enterrados en el cementerio, siendo esta cifra usualmente más alta que la provista por los párrocos, y c) es necesario incluir a los muertos de las confesiones cristianas protestantes.

[23] Véase una explicación detallada del método en Naciones Unidas (1986, págs. 149-156). La explicación incluye la aplicación del método a casos prácticos. Por su parte, la Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población (UIECP) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) crearon una página web en la que puede observarse una variante de este método: http://demographicestimation.iussp.org/content/brass-growth-balance-method.

[24] Mientras que, en la tabla de mortalidad del período 1826-1828, observamos una diferencia de 3,3 años a favor de las mujeres en la esperanza de vida al nacer, en la tabla de mortalidad del período 2008-2010 de la ciudad de Buenos Aires, es posible observar una diferencia de 6,32 años, como resultado de una esperanza de vida de 80,43 años para las mujeres y de 74,11 años para los varones (INDEC, 2013).

[25] El método aplicado por Müller (1974), al considerar la cantidad de población de entre 0 y 1 año de 1855 igual al número de nacimientos de 1854, implica una sobreestimación de la población de entre 0 y 1 año y, por lo tanto, una sobreestimación de la esperanza de vida al nacer.

[26] La esperanza de vida al nacer en la ciudad comenzó a elevarse hacia la última década del siglo, en la primera fase de la transición hacia un régimen de baja mortalidad (véase el cuadro 7).

[27] Gelman y Santilli (2018) muestran que los salarios reales en Buenos Aires eran elevados en términos comparativos internacionales en la primera mitad del siglo XIX.

[28] García Belsunce (1977) ofrece una descripción general de las condiciones sanitarias y de salubridad del período.

Artículo 8

La diversidad sexual y de género en censos y encuestas de América Latina: entre la invisibilidad y la lógica heteronormativa[1]

Fernanda Stang Alva[2]

Recibido: 10/01/2019

Aceptado: 24/04/2019

Resumen

Este trabajo es descriptivo y se propone presentar un panorama de la medición de la diversidad sexual y de género en censos y encuestas probabilísticas de alcance nacional de países de América Latina, además de explorar casos internacionales que han implementado la captación de estas dimensiones, a la luz de discusiones conceptuales sobre la sexualidad y el género planteadas desde la teoría feminista y los estudios de género. Tras una revisión contextual de algunas de las problemáticas principales que afectan a la población LGBTIQ+ y la forma en que se han considerado sus derechos en la normativa internacional, se presentan las nociones conceptuales y discusiones que sirvieron de base para analizar los resultados del relevamiento, que se exponen a continuación para formular una reflexión sobre la necesidad de pensar en la visibilidad estadística de esta parte de la población latinoamericana ubicada fuera de la matriz binaria de la heterosexualidad.

Palabras clave: orientación sexual, identidad de género, lógica heteronormativa, visibilidad estadística, América Latina, población LGBTIQ+.

Abstract

This work is descriptive and aims to present an overview of the measurement of sexual and gender diversity in the national censuses and probability-based surveys of Latin American countries, in addition to exploring international cases where measures have been taken to capture these dimensions, in response to conceptual discussions on sexuality and gender arising from feminist theory and gender studies. Firstly, a contextual exploration is performed of some of the key issues affecting the LGBTIQ+ population and the way in which their rights have been considered in international law. The conceptual notions and discussions that serve as the basis for analysing the results of the survey are then presented, followed by the results themselves. Lastly, reflections are offered on the need to take into account the statistical visibility of this segment of the Latin American population, which falls outside the binary heterosexual matrix.

Keywords: sexual orientation, gender identity, heteronormative logic, statistical visibility, Latin America, LGBTIQ+ population.

Résumé

Ce travail est de nature descriptive et vise à présenter une vue d’ensemble de la mesure de la diversité sexuelle et de genre dans les recensements nationaux et les enquêtes probabilistes des pays d’Amérique latine ainsi que d’étudier les cas internationaux qui se sont intéressés à ces dimensions, à la lumière des débats théoriques sur la sexualité et les sexospécificités issus des études féministes et de genre. Au terme d’une révision contextuelle de certains des principaux enjeux touchant la population LGBTIQ+ et de la façon dont les droits de celle-ci ont été considérés par la législation internationale, cette étude fait le point sur les concepts et sur les débats qui ont servi de base pour analyser les résultats du sondage, et nous présente une réflexion sur la nécessité de bien cerner le profil statistique de cette population d’Amérique latine située au-delà du cadre binaire de l’hétérosexualité.

Mots-clés: orientation sexuelle, identité sexuelle, identité de genre, logique hétéronormative, visibilité statistique, Amérique latine, population LGBTIQ+.

Introducción

En general, la afirmación categórica que sostiene que la diversidad sexual permanece prácticamente invisible en términos estadísticos, tanto en América Latina como en el mundo, es una declaración casi incuestionable, excepto por algunas pocas y recientes experiencias, a las que se hará referencia en este artículo. Ciertamente, no hay consenso sobre cómo abordar la visibilidad estadística de estos grupos de la población, ni siquiera sobre si esta labor debiera llevarse a cabo. En efecto, una parte de la población LGBTIQ+ (lesbianas, gais, bisexuales, trans[3], intersexuales y queer[4]) y del movimiento de la diversidad sexual y de género tiene una opinión contraria respecto de ser registrados mediante instrumentos como las encuestas y los censos. Esto se debe a varias razones, que van desde una oposición a ser encasillados en categorías que estabilizan —aunque sea momentáneamente— un proceso de subjetivación que, en cuanto proceso, no puede ser estático, hasta una resistencia a las formas de control estatal que están detrás de las operaciones estadísticas[5]. Otra parte de esta población, en cambio, considera que estos datos pueden tener valor para el diseño y la implementación de políticas públicas que permitan tratar las situaciones de discriminación, violencia y desigualdad que afectan a las personas con subjetivaciones sexogenéricas no heteronormativas. Asumiendo que ambas posiciones cuentan con argumentos válidos, este artículo parte del convencimiento de que la disponibilidad de información sólida y generada sistemáticamente es un instrumento necesario para avanzar en la garantía de los derechos de las personas y, en ese mismo sentido, una herramienta útil para los movimientos sociales que luchan por ello.

De acuerdo con esta noción, el objetivo de este trabajo, de carácter descriptivo, es presentar un panorama de la medición de la diversidad sexual y de género en los censos y algunas encuestas probabilísticas de alcance nacional de países de América Latina, además de explorar casos internacionales que han implementado la captación de estas dimensiones, a la luz de algunas discusiones conceptuales en torno a la sexualidad y el género planteadas desde la teoría feminista y los estudios de género. Para ello, el recorrido que se propone parte de una descripción contextual en la que se exponen brevemente algunas de las problemáticas principales que afectan a la población estudiada y la forma en que se han considerado sus derechos en la normativa internacional. En un segundo apartado se presentan las discusiones y las nociones conceptuales fundamentales que cimientan el análisis propuesto en la tercera parte, dedicada a revisar algunas de las pocas experiencias de medición en los sistemas estadísticos nacionales de países de la región y el mundo. Bajo el último título se presentan algunas conclusiones que derivan de este análisis.

Es importante aclarar que esta aproximación no tiene alcances técnicos, es decir, no busca avanzar en discusiones sobre los modos posibles de operacionalizar formas no heteronormadas de captar la subjetivación sexogenérica, ni se propone analizar sus posibles implicancias en la medición de otras variables (por ejemplo, las relacionadas con la maternidad o la salud sexual y reproductiva, que también siguen la lógica heteronormativa), y tampoco se han buscado alcances técnicos sobre los modos actuales de captación. El campo de inscripción de este análisis no es el demográfico, ni el estadístico, ni estrictamente el de los estudios de población; aun así, se ha considerado que este es un espacio apropiado para compartir reflexiones en la medida que puedan contribuir, desde la dimensión conceptual, a problematizar la invisibilidad estadística de la diversidad sexual.

A. Contexto: problemáticas y marco normativo internacional de la población LGBTIQ+

La población que se identifica y reconoce —ya sea de manera pública o no—[6] con alguna orientación sexual o identidad de género no heteronormada experimenta situaciones de discriminación, violencia (material y simbólica) y desigualdad que demandan acciones urgentes para erradicar la injusticia social comprendida en ellas. Es evidente que para combatir este tipo de desigualdades e injusticias no resulta indispensable “medir” esta población, es decir, la medición no es un requisito excluyente para que se tomen decisiones políticas en esta línea. Sin embargo, disponer de esta información permitiría conocer con más claridad la forma en que la pertenencia a este “grupo de la población”[7] incide en diversos aspectos de las condiciones de vida, así como conseguir que las medidas que se adopten sean más ajustadas a esas situaciones.

La población LGBTIQ+ enfrenta problemas sociales específicos o que pueden tener materializaciones específicas, además de aquellos en los que estas dimensiones se entrecruzan con otras, como la pertenencia étnica, los procesos de racialización, la discapacidad, la migración, la pobreza, la propia generación u otras (CIDH, 2015). En efecto, el género y la sexualidad de cierta forma estructuran la configuración de la desigualdad social. Como ya se ha mencionado, entre estas problemáticas se encuentran la discriminación y violencia por la orientación sexual y la identidad de género, que incluso pueden tener carácter institucional. En uno de los informes del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, publicado por las Naciones Unidas, se alude a problemáticas como la vulneración de los derechos de los niños transgénero, intersexuales e hijos de parejas del mismo sexo, las terapias de conversión y las dificultades de acceso a la justicia. Además, se mencionan las leyes discriminatorias relativas al consentimiento sexual: en más de 70 países, las relaciones entre personas del mismo sexo siguen tipificadas como delito. Incluso se señala que en varios países africanos y asiáticos (o en regiones dentro de estos países) puede aplicarse la pena de muerte en algunos de esos casos. Asimismo, hay países que penalizan a las personas transgénero por su identidad y expresión de género (Naciones Unidas, 2017).

En América Latina, si bien ha habido algunos avances normativos en las dos últimas décadas, sobre todo mediante el reconocimiento legal de ciertas formas de pareja[8] y la sanción de leyes de identidad de género —con diverso nivel de integralidad—[9], aún persisten situaciones de discriminación y violencia homofóbica y transfóbica que parecen tener fundamentos estructurales. Aunque es complejo generalizar realidades a escala regional, investigadores de estos temas coinciden con la perspectiva de Mott, quien sostiene que “América Latina como un todo se caracteriza por la extrema virulencia del machismo y la homofobia”, que se ve reforzada por un control familiar de inspiración cristiana omnipresente. Esto dificulta procesos como la posibilidad de hacer pública una orientación sexual no heteronormativa (Mott, 2006) y evidentemente tiene una incidencia directa y crucial en las posibilidades de visibilidad estadística de estas personas. Algunos datos relevados por encuestas respaldan esta mirada; por ejemplo, en varias de las ediciones de la encuesta Latinobarómetro se consultó cuán justificable era la homosexualidad para las personas, en una escala de 1 a 10 (en la que 1 significa “no se justifica” y 10 “siempre se justifica”). Aunque casi todos los países en los que se realizó la encuesta experimentaron un aumento del valor de la media de esta respuesta durante el período en que se hizo la pregunta (2002, 2004, 2008 y 2009), lo cierto es que en 2009 eran pocos los que superaban la media de 5 (Argentina con 5,8; Chile con 5,3, y Uruguay con 6)[10] (Cruz y Guibert, 2015).

Algunas oficinas de estadística de la región han realizado encuestas específicas de carácter no probabilístico que abordan estos temas o bien han incluido preguntas dentro de encuestas probabilísticas que permiten constatar la persistencia de las situaciones de discriminación y violencia que afectan a la población LGBTIQ+. Por ejemplo, dentro de este segundo tipo, la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2015 de Chile arrojó que, mientras que en el 17% de los hogares con jefe o jefa heterosexual había algún miembro que había sufrido discriminación o recibido un trato injusto en los últimos 12 meses, en el caso de los hogares con jefe o jefa gay, lesbiana o bisexual la cifra ascendía a un 45%. En ese grupo, el motivo de discriminación más mencionado era precisamente la orientación sexual o la identidad de género (20,3%), seguido por la apariencia física y la ropa (16,8%) (MDS, 2016). La Encuesta Nacional de Discriminación (ENADIS) 2017, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) de México, también de carácter probabilístico, mostró una mayor prevalencia de la discriminación entre la población mayor de 18 años no heterosexual (30,1%) que entre la heterosexual (19,8%). Lo mismo sucede con la experiencia de negación de derechos en los últimos cinco años: un 40% de la población no heterosexual ha vivido esa situación, frente a un 28,8% de la heterosexual (INEGI/CONAPRED, 2018).

Entre las encuestas no probabilísticas, el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) del Perú realizó en 2017 la Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI. En el cuestionario se preguntó si el encuestado expresaba sin temor su orientación sexual o identidad de género: un 56,5% respondió que no, y los motivos más señalados fueron el miedo a “ser discriminado y/o agredido” (72,5%), “perder a la familia” (51,5%) y “perder el trabajo/oportunidades laborales” (44,7%). Además, el 62,7% de los encuestados manifestó haber sufrido alguna vez discriminación o violencia, principalmente en espacios públicos (65,6%) y en el ámbito educativo (57,6%) (INEI, 2018). El INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) ecuatoriano publicó en 2013 los resultados de una encuesta del mismo tipo (no probabilística), que también demostró que la mayor parte de las situaciones de discriminación y violencia que experimentaban las personas encuestadas ocurría en el espacio público (55,8% y 65,6%, respectivamente), mientras que las experiencias de exclusión presentaban un mayor porcentaje en el espacio privado (71,4%) (INEC, 2013).

A partir de estos resultados, se podría afirmar que, en general, tanto a escala regional como global, las problemáticas más preocupantes relevadas que involucran a la población LGBTIQ+ se refieren a situaciones de discriminación y violencia. Por otra parte, este es un grupo que experimenta de modo sistemático desigualdades ligadas a la vulneración de otros derechos, como el derecho a la identidad (en el caso de parte de la población trans), a la herencia, a la cobertura médica, a las pensiones por el vínculo conyugal, a las decisiones médicas en torno a la salud de la pareja (en el caso de los Estados que no reconocen formas de unión de las parejas LGBTIQ+), o incluso el derecho a la vida en aquellos países en que se permite la pena de muerte.

Aunque en el derecho internacional no existe un instrumento específico que proteja a la población LGBTIQ+, la no discriminación en el acceso a los derechos de todo ser humano sí está contemplada de modo general en la Declaración Universal de Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948) y en todos los tratados de derechos humanos, puesto que en ellos se establece que los derechos enunciados deben reconocerse para todas las personas sin discriminación alguna. Además, en varios tratados, al nombrar los motivos de discriminación prohibidos, se ha introducido de forma deliberada la frase “cualquier otra condición social”. La orientación sexual y la identidad de género, al igual que la discapacidad, la edad o el estado de salud, que se encuentran entre los motivos no mencionados expresamente en varios pactos y convenciones, se incluyen en esta categoría (Naciones Unidas, 2011).

El sistema interamericano ha hecho aportes significativos en cuanto a la protección internacional de los derechos de la población LGBTIQ+. Entre los más importantes, en 2013 se aprobó la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia[11], que, entre otros motivos prohibidos de discriminación, contempla la orientación sexual, la identidad y la expresión de género (OEA, 2013). En 2014 se nombró un relator regional para abordar este tema de manera específica.

Otro instrumento ineludible en este contexto normativo son los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género (CIJ/ISHR, 2007). Si bien estos principios no constituyen un instrumento vinculante de derecho internacional, se han convertido en un referente a escala global para organismos estatales, organizaciones de la sociedad civil y los propios organismos internacionales. Este instrumento se aprobó en noviembre de 2006 en Yogyakarta (Indonesia), y establece 29 principios formulados específicamente en relación con esta población, que abarcan los principales derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales.

B. Aspectos conceptuales: el debate sexo/género

Operacionalizar la medición en encuestas, censos de población y otro tipo de instrumentos estadísticos de lo que más o menos convencionalmente suele referirse como diversidad sexual y de género es un ejercicio relativamente nuevo, por lo que hay muy poca experiencia acumulada, en especial en América Latina —que es el escenario de interés para esta exploración—, y constituye un proyecto inevitablemente atravesado por vastas y complejas discusiones en torno a la definición de las dos nociones centrales que reúne la categoría (sexo y género), y la relación entre ambas.

Según Stolcke (2004), esta compleja relación puede remontarse a la génesis del concepto de género. De acuerdo con el rastreo de la autora, sexólogos y psicólogos estadounidenses emplearon el término durante la década de 1950 con la intención de distinguir el sexo anatómico del género social. Las dificultades epistemológicas que ha afrontado la teoría feminista —en la que se enmarcan estos debates— con respecto a la conexión entre género y sexo precisamente tienen que ver con esa construcción biomédica del género. Una de estas dificultades se vincula con el dualismo heterosexual que caracteriza la noción médica original de “género social”, y que persistió en gran parte de la teoría feminista hasta fines de los años ochenta del siglo pasado (Stolcke, 2004).

La distinción tradicional entre sexo y género propuesta por aquel feminismo implicaba pensar que los cuerpos nacían sexuados, es decir, como machos o hembras, y que luego se constituían como varones o mujeres por un proceso de socialización históricamente variable. Esta idea es, a grandes rasgos, la que subyace al concepto de sistema sexo-género propuesto originalmente por Gayle Rubin, quien lo define como “una serie de acuerdos por los que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana” (Rubin, 1989, pág. 46).

No obstante, autoras como Judith Butler, insertas en los denominados feminismos de la tercera ola, han cuestionado esta perspectiva heterocentrada que da por sentado que: i) el binarismo de género (varón/mujer) es el correlato indiscutible de la diferencia sexual biológica (macho/hembra); ii) existe una relación causal o expresiva entre sexo, género y deseo —si se nace macho, entonces se es varón y, por consiguiente, se desea a la mujer, o bien, si se nace hembra, entonces se es mujer y, por consiguiente, se desea al varón—, y iii) hay “una coherencia o unidad interna entre sexo/género/deseo que requiere de una heterosexualidad estable y de oposición” (Butler citado en Mattio, 2012).

Para Butler, los cuerpos sexuados no solo pueden encasillarse en los dos géneros instituidos y legitimados, sino que pueden expresarse en otros géneros diferentes. Esta afirmación se sustenta en la idea según la cual ni el género es una consecuencia directa del sexo, ni la sexualidad es la consecuencia directa del género; más bien se trata de “dimensiones de corporalidad significativa” que no se expresan o reflejan una a la otra (Butler, 2007). En otros términos, la autora expresa que “la relación entre la práctica sexual y el género no es una relación determinada estructuralmente” (Butler, 2002, pág. 335). De todas maneras, las diferencias sexuales tienen un impacto, sobre todo perceptivo, de tal magnitud que lo sexual pasa a ser el fundamento principal para la clasificación y la diferenciación social y cultural entre lo femenino y lo masculino. Sin duda, esta clasificación y diferenciación crea desigualdades sociales entre los géneros en el marco del sistema patriarcal. La perspectiva de género en materia de estadísticas justamente se propone medir esas desigualdades (Milosavljevic, 2007) y, en general, lo ha hecho desde una mirada binaria del género.

Ahora bien, a pesar de sostener que no hay una relación causal ni reductiva entre las dimensiones del género y la sexualidad, la posición de Butler es mantenerlas vinculadas: “nada hay en la práctica sexual ni en el género que permita dar prioridad a uno sobre el otro. Con todo, las prácticas sexuales invariablemente se experimentarán de manera diferente de acuerdo con las relaciones de género en las que se den” (Butler, 2002). La autora brinda un ejemplo muy claro de la forma empírica en que se materializa la relación entre el sexo, la sexualidad y el género mediante la manera en que opera buena parte del discurso homofóbico, al atribuirles a los homosexuales un género erróneo o desviado y al calificar de “afeminados” a los gais y de “marimachos” a las lesbianas (Butler, 2007).

Dentro de este campo de estudio, hay voces muy importantes que tienen miradas algo distintas, aunque no necesariamente contradictorias. Gayle Rubin es probablemente la más significativa por el hecho de que, a lo largo de su desarrollo teórico, cambió de una postura a otra. Como se ha observado, en un primer momento, cuando propuso el concepto de “sistema sexo-género”, la autora entendía el sexo y el género como “modalidades del mismo proceso social subyacente”. Sin embargo, en un texto posterior igual de señero que el anterior afirma que aquella formulación no resulta apropiada para la sexualidad en las “sociedades industriales occidentales” y que, en consecuencia, “es absolutamente esencial analizar separadamente género y sexualidad si se desean reflejar con mayor fidelidad sus existencias sociales distintas.” (Rubin, 1989, pág. 47). Para probar su punto, da un ejemplo muy concreto: las lesbianas no solo son oprimidas en su calidad de mujeres; también lo son en su calidad de homosexuales, es decir, no solo a partir de una jerarquización de género, sino también por una estratificación sexual.

La posición que se adopta en este artículo y que se sustenta en datos empíricos obtenidos a través de trabajo de campo de tipo cualitativo (Stang Alva, 2018) entiende que, como sostiene Judith Butler (2007), sexo y género son dimensiones diferentes de la corporalidad, que no están ligadas por un vínculo estructural o de necesidad, pero que en general se experimentan como estrechamente relacionadas; es decir, la sexualidad, en su sentido amplio, se vive en el marco de una forma histórica de relaciones de género. No obstante, también es cierto que esto último ha contribuido a subsumir la categoría de sexo a la de género, lo que ha constituido una barrera epistemológica para tratar estos temas. En otras palabras, se expresa que: “al leer la sexualidad como una puesta en escena de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, lo que produce [la categoría de género] es una reducción de la sexualidad al género; interpreta todo acto o práctica sexual a partir de lo que considera normas fijas de producción modélica de los géneros y en clave de subordinación. […] La reducción de la sexualidad al género tiene como efecto una reducción de la noción misma de sexualidad” (Butler, 1997; Rubin, 1993, citados en Araujo, 2008, págs. 36 y 37).

Esta subordinación epistemológica, y también política, ha tenido consecuencias evidentes; por ejemplo, el hecho de que los temas “de género” —en la interpretación de género como exclusivamente ligado a la mujer— estén mucho más institucionalizados y legitimados que los relacionados con la diversidad sexual, tanto en los organismos internacionales como en los Estados. Por lo tanto, es importante entender que la mirada que se adopte respecto de la relación entre estas dimensiones (sexo, sexualidad y género) no es inocua e incide en la forma de captar los datos, en los datos mismos y en las decisiones de política pública, que es a lo que suelen apuntar los datos producidos a partir de estos instrumentos.

Con estas discusiones teóricas como marco, las definiciones de orientación sexual e identidad de género que se adoptaron para este relevamiento[12] son las propuestas en los Principios de Yogyakarta, tanto porque representan el resultado de un consenso internacional como porque en su operacionalización se hacen cargo de los cuestionamientos a la mirada binaria de la matriz heteronormativa[13]. Según dichos principios, se entiende que la orientación sexual “se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas” (CIJ/ISHR, 2007). Como se verá en la revisión de las experiencias internacionales, dentro de la orientación sexual suele distinguirse entre la atracción sexual (mediante categorías establecidas según el objeto de la atracción, por ejemplo, heterosexual, homosexual, bisexual) y la identidad sexual, referida a “la orientación sexual autodefinida […], la cual constituye un aspecto de la identidad personal con clara proyección social” (Troiden citado en Moral de la Rubia, 2011, pág. 114) (como gay y lesbiana). Resulta necesario señalar que la definición de los Principios de Yogyakarta no realiza esa distinción, aunque sí diferencia entre identidad y expresión de género, como se observará a continuación[14].

La identidad de género, por su parte, se refiere a “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales” (CIJ/ISHR, 2007, pág. 6).

La distinción del “sexo asignado al momento del nacimiento” que figura en esta definición es especialmente relevante para el interés que anima este trabajo, puesto que algunas oficinas nacionales de estadística han optado por considerarla para la captación de uno de los datos básicos en las estadísticas de población: el sexo de las personas. Como sostiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): “la asignación del sexo no es un hecho biológico innato; más bien, a las personas se les asigna socialmente un sexo al nacer con base en la percepción que otras personas tienen sobre sus genitales. Aunque en la mayoría de los casos las personas son fácilmente clasificadas como niño o niña, algunas presentaciones del cuerpo son percibidas como ‘ambiguas’, y el proceso de asignación sexual no es inmediato” (CIDH, 2015, pág. 30). En otros términos, Cabral y Maffía expresan: “el sexo anatómico mismo, su propia presunta dicotomía, son producto de una lectura ideológica. Una ideología de género que antecede la lectura misma de los genitales, que no permite hablar de un sexo natural, y que es lo suficientemente fuerte como para disciplinar los cuerpos cuando no se adaptan cómodamente a la lectura que se espera hacer de ellos” (Cabral y Maffía, 2003, pág. 86), como se puede evidenciar en las cirugías de “corrección” del llamado “sexo ambiguo”. Por lo tanto, cuando se habla de “sexo asignado al nacer”, se toma una posición respecto de la distinción naturaleza/cultura que subyace a las discusiones en torno a sexo-género revisadas en los párrafos previos.

C. La experiencia regional e internacional de las últimas décadas

En este apartado se analizan algunas experiencias regionales e internacionales de captación directa de la diversidad sexual y de género en encuestas probabilísticas (o estándares estadísticos nacionales), con el foco puesto en analizar la mirada subyacente en torno al género y la sexualidad, a la luz de la discusión conceptual expuesta en el apartado previo. Si bien se relevaron varias experiencias, como se observa en el cuadro A1.2, el análisis más detallado se concentra en cuatro de ellas, dado que ejemplifican casos diferentes respecto del criterio adoptado y representan experiencias de ambos espacios (América Latina y otras regiones).

1. Experiencias regionales

En América Latina aún no existen experiencias de medición censal directa[15] de la orientación sexual y la identidad de género. Tal como se observa en el cuadro A1.1, en las dos últimas rondas censales todos los países de la región formularon la consulta sobre el sexo de la persona mediante categorías binarias de respuesta: por un lado, hombre, varón o masculino y, por el otro, mujer, hembra o femenino. En algunos casos se optó por plantear la pregunta a partir de las dos opciones de respuesta (¿es varón o mujer?) en vez de colocar el término “sexo” en la interrogante. Al respecto, resulta pertinente mencionar un trabajo de la Comisión Económica para Europa (CEPE) que explora la medición de formas emergentes de familias y hogares y explica que, en la práctica, la mayoría de las encuestas recopilan información sobre el género, no sobre el sexo biológico, al aceptar el sexo que el encuestado ha informado (CEPE, 2011). Según esta afirmación, en la medida en que el dato relevado de esta forma sea el sexo autodefinido o autopercibido (no el sexo asignado al nacer), se trataría más bien del género, puesto que este obedece a una construcción social de una eventual dimensión biológica. De todos modos, como ya se ha señalado, el sexo asignado al nacer es ya una construcción social, dado que resulta de la percepción que otros tienen de ciertas características anatómicas, como los órganos genitales (Cabral y Maffía, 2003; CIDH, 2015), algo que de por sí ya es una reducción muy significativa de la sexualidad humana[16].

En cambio, existen al menos un par de experiencias de encuestas de alcance nacional realizadas por las oficinas nacionales de estadística de los países de la región que recurren al muestreo probabilístico. Una de ellas es la CASEN de Chile, cuyas dos últimas ediciones (2015 y 2017) contienen preguntas sobre identidad de género y orientación sexual. En este caso, se trata de una encuesta de caracterización socioeconómica de la población. La otra experiencia es la de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017 de México, destinada específicamente a explorar asuntos vinculados a la discriminación por diferentes motivos.

Como se observa en el cuadro A1.2, en el caso de la encuesta CASEN de Chile se preguntó por separado acerca de la orientación sexual y la identidad de género a las personas mayores de 18 años, mientras que para el registro inicial de los residentes del hogar encuestado, se planteó la pregunta más común —es decir, sobre el sexo-género de cada miembro— con categorías de respuesta binarias (hombre y mujer)17. El binarismo en la captación inicial del sexo-género, con solo dos opciones de respuesta, también subyace a las consultas sobre orientación sexual e identidad de género, puesto que, si bien en ambos casos se ofrece la categoría “otro”, que se pide especificar, lo cierto es que las definiciones de las que se parte (según se explicita en el mismo cuestionario) solo conciben la posibilidad de dos sexos y dos géneros, con lo que la categoría “otro” se ubica indirectamente en el terreno de la anormalidad. Según se detalla en los cuestionarios CASEN 2015 y 2017, la orientación sexual se define como “la atracción que una persona puede tener hacia el sexo opuesto (heterosexual), el mismo sexo (homosexual) o hacia ambos (bisexual)”, es decir que, si solo existe el sexo propio y el opuesto, es válida la pregunta respecto de qué se entiende por la opción “otro”. En el caso de la identidad de género, esta hace referencia a “cómo la persona se siente o se identifica respecto de su género (masculino o femenino)”, que puede concordar o no con su sexo biológico. Una vez más, solo se conciben dos opciones (masculino y femenino), por lo que otra vez corresponde preguntarse a qué alude esa categoría “otro”.

En el caso de la ENADIS de México, solo se capta la identificación sexual (como aspecto de la orientación sexual), y la pregunta se aplica en el Cuestionario de Opinión y Experiencias a la persona mayor de 18 años elegida para contestar[18], mientras que en el cuestionario general se mantiene la consulta tradicional sobre el sexo, con dos posibilidades de respuesta: hombre o mujer. Aunque se ofrece la categoría “otro” para responder (véase el cuadro A1.2), la definición adoptada en el marco conceptual de la encuesta también deja ver una mirada binaria, pues se entiende la orientación sexual como la “atracción erótico afectiva hacia hombres, mujeres o ambos. No se elige, ni descubre y no puede cambiarse. No se debe a factores externos, familiares o experiencias. Básicamente hay tres orientaciones: homosexualidad (atracción por el mismo sexo), heterosexualidad (atracción por el otro sexo) y bisexualidad (por ambos), no obstante, dentro del colectivo LGBT se precisan otro tipo de orientaciones sexuales.” (INEGI, 2018, pág. 123, ). Además de ser binaria, la definición revela una mirada estática (“no puede cambiarse”), que no se ajusta al carácter dinámico de estos procesos de subjetivación. Si bien se entiende que un censo o una encuesta constituye una fotografía de la población en un momento dado, esto no implica que la definición subyacente deba ignorar dicho dinamismo. Por otra parte, según esta definición, otras orientaciones posibles (distintas de homo, hetero o bisexual) se consideran solamente categorías políticas generadas por el movimiento “LGBT”.

2. Experiencias internacionales

Si bien son pocas, existen algunas experiencias internacionales de medición de la diversidad sexual y de género en los sistemas estadísticos nacionales. Una de ellas es el caso de Australia. En dicho país, la medición de variables relacionadas con estos temas se fijó en 2016 como un estándar que contempla la consulta a todas las personas. Si bien se definen las dos variables o dimensiones, es decir, sexo y género, y se establecen las categorías de clasificación para cada caso, el criterio que sugiere la Oficina de Estadísticas de Australia (Australian Bureau of Statistics, ABS) es recopilar y utilizar información sobre género, y solo considerar el sexo cuando existe una “necesidad legítima”, por ejemplo, cuando se necesita conocer las características biológicas de la población meta para la evaluación y el tratamiento de algunas afecciones médicas (ABS, 2016). La orientación sexual no está contemplada en este estándar, aunque se ha incluido en algunas encuestas (véase el cuadro A1.2). Al revisar el cuestionario empleado en el último relevamiento censal del país (2016) es posible notar que, de todos modos, el estándar no se utilizó en ese instrumento (probablemente por su carácter reciente), sino que se empleó una formulación convencional para la captación.

En el estándar, tanto sexo como género se clasifican de acuerdo con las dos categorías legitimadas desde la matriz heteronormativa (masculino y femenino), y se añade una tercera, en la forma “otro”. Lo interesante del caso australiano es que, al leer las definiciones operativas que provee la ABS, se comprende que en su base hay una mirada no binaria de ambas dimensiones. Desde esta perspectiva, el sexo se define como la distinción entre hombres, mujeres y otros que no tienen las características biológicas que típicamente se asocian con el sexo masculino o femenino, según lo informado por un encuestado, y el género se delimita como la distinción entre hombres, mujeres y géneros que son una combinación entre hombres y mujeres, o que no son hombres ni mujeres, según lo informado por un encuestado (ABS, 2016). Asimismo, como se puede advertir, se adopta el criterio de la autodefinición. De acuerdo con lo que se explica en el sitio web de la ABS, se prefirió la categoría “otro” porque permite aglutinar la gran diversidad a la que se refiere, la cual puede desagregarse si se solicita especificación, y porque brinda al encuestado la posibilidad de autodefinirse sin la restricción de un número acotado de opciones, y además, permite proteger su privacidad.

El Canadá es el otro caso internacional que resulta interesante observar con más detalle. En este país, la captación de la diversidad sexual y de género se considera un estándar nacional desde comienzos de 2018. Al igual que en Australia, se opta por sugerir la captación del género y se recomienda considerar el sexo —que en la definición adoptada remite al sexo asignado al nacer— solo cuando el destino específico de los datos relevados lo requiera, por ejemplo, para algunos indicadores demográficos y de salud (Statistics Canada, 2018a y 2018b). Según la explicación del sitio oficial del organismo nacional de estadística del Canadá, para el género se considera tanto la vivencia interna como la expresión pública, y además se adopta explícitamente una mirada dinámica de estos procesos al sostener que el género puede cambiar con el tiempo. Por otra parte, es importante señalar la diferencia con el estándar australiano en torno a la tercera categoría que se establece, que no se limita a un indeterminado “otro”, sino que se nomina “gender diverse” (“género diverso”), una categoría que también supera la clasificación heteronormativa, ya que incluye a las personas cuyo género actual no se informó exclusivamente como masculino o femenino y también a las personas que informaron no estar seguras de su género, a las personas que se identificaron como masculinas y femeninas a las vez y a las que no se identificaron como masculinas ni femeninas (Statistics Canada, 2018a). Respecto de la clasificación del sexo asignado al nacer, la norma canadiense adopta una tercera categoría (intersexual). En este caso, la propuesta parece alejarse menos de una concepción binaria que en la experiencia australiana, en la medida que intersexual se entiende como una combinación posible de los dos sexos “típicos”. De todos modos, la definición oficial no lo sostiene expresamente; precisa que el término incluye a las personas que, según lo informado, eran intersexuales y añade que el sexo se refiere al sexo asignado al nacer (Statistics Canada, 2018b).

Dado que la vigencia de este estándar es reciente, aún no se puede analizar cómo se materializa en la medición censal. Además, fijar un estándar no necesariamente implica incorporar preguntas en los censos o en otro tipo de instrumentos, aunque sí supone un avance en materia de visibilidad estadística el hecho de considerar la clasificación. En el último relevamiento censal realizado en el Canadá en 2016, se preguntó por el sexo de la persona y se ofrecieron dos categorías de respuesta (hombre y mujer). Por otra parte, el país cuenta con una experiencia de medición del comportamiento y la identidad sexual mediante la encuesta Canadian Community Health Survey (CCHS) de 2016 (véase el cuadro A1.2). En ambos casos se consideraron categorías de respuesta binarias y, además, se proporcionaron las opciones de “no responde” y “no sabe”.

En el cuadro A1.2 se presenta una síntesis comparativa de todas las experiencias que se revisaron en este relevamiento. En general, se observa que la dimensión que presenta mayor variabilidad es la relativa a la orientación sexual en sentido amplio (identidad o identificación sexual, atracción sexual y orientación sexual). Respecto de las categorías de respuesta o de clasificación contempladas —excepto el caso del Canadá, y parcialmente el de Noruega—, se consideró la categoría “otro” para dar cabida a una opción de respuesta que no se encuadrara entre las dos de la matriz binaria o en su combinación. En el Canadá se contempló una tercera opción, aunque fuera cerrada (intersexual y género diverso) y, en Noruega, mientras que es posible no identificarse con ninguna de las categorías ofrecidas para la identidad sexual (sin registrar si se identifica con alguna otra), para la atracción sexual se ofreció la posibilidad de no sentirla ni hacia hombres ni mujeres, pero no hacia alguna otra opción. Finalmente, solo dos casos (Australia y el Canadá) han contemplado la posibilidad de no considerar el binarismo en la variable habitual de sexo, aunque aún no se cuente con implementaciones concretas. En los demás países, aunque se incluyera una pregunta sobre alguna de las variaciones de la orientación sexual o la identidad de género, se mantuvo la pregunta habitual sobre sexo-género con respuestas binarias (hombre/mujer).

D. Algunas reflexiones a modo de conclusión

Si bien la captación estadística de la orientación sexual y la identidad de género es incipiente a escala internacional y aún no es posible encontrar datos censales que hayan surgido de una medición directa, es evidente que en varios países ha empezado a plantearse esta inquietud y que se han encontrado diferentes vías de avance, ya sea mediante la consideración en encuestas no probabilísticas y probabilísticas o mediante estándares nacionales.

Teniendo en cuenta que el espacio de interés de este trabajo es América Latina, el conjunto de experiencias estudiadas conduce a una conclusión relevante: mientras que las experiencias internacionales avanzan hacia una superación de la lógica binaria que subyace a la matriz heteronormativa (es decir, aquella que concibe solo dos posibilidades de subjetivación sexogenérica, como macho-varón y hembra-mujer), los casos de la región analizados permanecen anclados en el enfoque binario, lo que representa una alerta que llama a la reflexión y la discusión.

En este artículo, como se explicitó al comienzo, el foco no estuvo puesto en las cuestiones técnicas de la medición, sino en el análisis de las experiencias relevadas a la luz de discusiones conceptuales que se han desarrollado en torno a las categorías de sexo y género desde la teoría feminista y los estudios de género. Resulta claro que tales aspectos técnicos constituyen un nudo crítico y relevante en estas discusiones pues, como ya se ha advertido, los censos e instrumentos de registro poblacional tienen especificidades que dificultan la captación de la experiencia de subjetivación sexogenérica. En particular, se puede señalar la necesidad de la técnica estadística de establecer categorías cerradas, exhaustivas y excluyentes[19], que no solo competen a la dimensión sexogenérica, sino también a otras relacionadas con los procesos de subjetivación, como por ejemplo la autoidentificación étnica.

Algunas oficinas nacionales de estadística han realizado estudios que analizan aspectos técnicos vinculados a la medición de la diversidad sexual y la identidad de género, y han planteado algunas de las dificultades a las que se enfrentan al intentar captar información sobre esta dimensión vital tan sensible, dado el carácter ontológico otorgado al género y la sexualidad en nuestras sociedades y dadas las situaciones de rechazo y agresión que se producen frente a las personas que no se ajustan a la heteronorma. Es decir, ¿cómo visibilizar (en términos estadísticos) a una población que tiene que “esconderse en el clóset” —para usar la figura instituida en este ámbito— por los niveles de discriminación y violencia que sigue experimentando? Este tipo de análisis no fue el propósito del presente artículo, aunque la discusión conceptual que se intentó explicitar puede servir de marco para realizar esa aproximación.

Es posible suponer que, para generar las condiciones adecuadas para captar este dato, se requiere un cambio sociocultural profundo en relación con el tema, de modo que la visibilidad estadística pueda arrojar datos confiables. Sin embargo, en la misma línea, sembrar esta discusión en las oficinas estadísticas de los países de América Latina y en otras instituciones estatales que relevan información de este tipo es un primer paso importante que se debe dar para contribuir a dicho cambio.

Bibliografía

ABS (Australian Bureau of Statistics) (2016), “Standard for Sex and Gender Variables” [en línea] http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Latestproducts/1200.0.55.012Main%20Features192016?opendocument&tabname=Summary&prodno=1200.0.55.012&issue=2016&num=&view=.

Aparicio Erazo, J. L. (2009), “Ciudadanías y homosexualidades en Colombia”, Íconos, Revista de Ciencias Sociales, vol. 13, N° 35, Quito, FLACSO Ecuador, septiembre.

Araujo, K. (2008), «Entre el paradigma libertario y el paradigma de derechos: límites en el debate sobre sexualidades en América Latina», Estudios sobre sexualidades en América Latina, K. Araujo y M. Prieto (eds.), Quito, FLACSO Ecuador.

Bourdieu, P. y J. C. Passeron (1981), La reproducción: elementos para una teoría del sistema de enseñanza, Barcelona, Laia.

Butler, J. (2007), El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad, Barcelona, Paidós Ibérica.

____(2002), Cuerpos que importan: sobre los límites materiales y discursivos del “sexo”, Buenos Aires, Paidós.

Cabral, M. y D. Maffía (2003), «Los sexos ¿son o se hacen?», Sexualidades migrantes: género y transgénero, D. Maffía (comp.), Buenos Aires, Feminaria.

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2016), Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible (LC/G.2686/Rev.1), Santiago.

CEPE (Comisión Económica para Europa) (2011), Measurement of Emerging Forms of Families and Households (ECE/CES/18), Ginebra.

CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) (2015), Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América (OEA/Ser.L/V/II. Rev.2.Doc. 36), Washington, D.C.

CIJ/ISHR (Comisión Internacional de Juristas/Servicio Internacional para los Derechos Humanos) (2007), Principios de Yogyakarta. Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género [en línea] http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2016/08/principles_sp.pdf.

Cruz, M. y. Guibert (2015), “Actitudes hacia la homosexualidad en el Perú”, Cuadernos de Investigación, N° 11, Lima, Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú, febrero.

Esguerra, C. y J. Bello Ramírez (2014), “Interseccionalidad y políticas públicas LGBTI en Colombia: usos y desplazamientos de una noción crítica”, Revista de Estudios Sociales, N° 49, Bogotá, mayo-agosto.

Foucault, M. (2007), Seguridad, territorio, población, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

Hiller, R. (2012), “Desnaturalizar los vínculos entre conyugalidad y ciudadanía. El matrimonio en Argentina, su trayectoria y los cambios recientes”, Sexualidades, desigualdades y derechos: reflexiones en torno a los derechos sexuales y reproductivos, J. M. Morán Faúndes, M. C. Sgró Ruata y J. M. Vaggione, Córdoba, Ciencia, Derecho y Sociedad Editorial.

INE (Instituto Nacional de Estadísticas) (2018), Estudio de metodologías para la medición de identidad de género y orientación sexual en Chile, Santiago, diciembre.

INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) (2013), Estudio de caso sobre condiciones de vida, inclusión social y cumplimiento de derechos humanos de la población LGBTI en el Ecuador, Quito.

INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) (2018), Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017. Diseño conceptual, Aguascalientes, México.

INEGI/CONAPRED (Instituto Nacional de Estadística y Geografía/Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación) (2018), ENADIS 2017. Encuesta Nacional de Discriminación. Principales resultados Ciudad de México.

INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) (2018), Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI, 2017, Lima.

Iosa, T. y H. Rabbia (2011), “Definiciones divergentes de la estrategia de visibilidad en el movimiento LGTB cordobés”, Íconos, Revista de Ciencias Sociales, N° 39, Quito, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Sede Académica de Ecuador, enero.

Mattio, E. (2012), «¿De qué hablamos cuando hablamos de género? Una introducción conceptual», Sexualidades, desigualdades y derechos: reflexiones en torno a los derechos sexuales y reproductivos, José M. Morán Faúndes, M. C. Sgró Ruata y J. M. Vaggione (eds.), Córdoba, Ciencia, Derecho y Sociedad.

MDS (Ministerio de Desarrollo Social) (2016), Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2015. Diversidad sexual. Síntesis de resultados, Santiago.

Milosavljevic, V. (2007), Estadísticas para la equidad de género: magnitudes y tendencias en América Latina, Cuadernos de la CEPAL, Nº 92 (LC/G.2321-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Moral de la Rubia, J. (2011), «Orientación sexual en adolescentes y jóvenes mexicanos de 12 a 29 años de edad», Psicología desde el Caribe, N° 27, Barranquilla, Universidad del Norte, enero-junio.

Mott, L. (2006), «Homofobia en América Latina: etnohistoria del ‘heterrorsexismo’ contra los disidentes sexuales», Disidencia sexual e identidades sexuales y genéricas, Ciudad de México, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).

Naciones Unidas (2017), Informe del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género (A/72/172), Nueva York.

____(2011), Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género (A/HRC/19/41), Nueva York.

____(1948), “Artículo 2”, Declaración Universal de Derechos Humanos, París.

OEA (Organización de los Estados Americanos) (2013), Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, La Antigua, Guatemala [en línea] http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-69_discriminacion_intolerancia.asp.

Pecheny, M. (2008), «Introducción. Investigar sobre sujetos sexuales», Todo sexo es político: estudios sobre sexualidad en Argentina, M. Pecheny, C. Figari y D. Jones (comps.), Buenos Aires, Librosdel Zorzal.

____(2005), «Identidades discretas», Identidades, sujetos y subjetividades, L. Arfuch (comp.), Buenos Aires, Prometeo.

Rubin, G. (1989), «Reflexionando sobre el sexo: notas para una teoría radical de la sexualidad», Placer y peligro: explorando la sexualidad femenina, C. Vance (comp.), Madrid [en línea] https://distribuidorapeligrosidadsocial.files.wordpress.com/2011/11/zine-gayle-rubin1.pdf.

Stang Alva, F. (2018), «Fronteras, sexualidades y procesos de subjetivación. Migrantes LGTBIQ colombianos y peruanos en Santiago de Chile», tesis de doctorado, Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba.

Statistics Canada (2018a), “Gender of Person - Statistical Standard” [en línea] http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3Var.pl?Function=DEC&Id=410445.

____(2018b), “Sex of Person – Statistical Standard” [en línea] http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3Var.pl?Function=DECI&Id=467214.

____(2016), “Canadian Community Health Survey (CCHS) -2016” [en línea] http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3Instr.pl?Function=assembleInstr&lang=en&Item_Id=260675.

Stolcke, V. (2004), “La mujer es puro cuento: la cultura del género”, Estudos Feministas, vol. 12, N° 2, Florianópolis, Universidad Federal de Santa Catarina, mayo-agosto.

Anexo A1

Cuadro A1.1

América Latina: forma de consulta sobre sexo/género en boletas censales, rondas de 2000 y 2010

País

Ronda censal de 2000

Ronda censal de 2010

Pregunta

Categorías de respuesta

Pregunta

Categorías de respuesta

Argentina

Sexo

Varón

Mujer

¿Es varón o mujer?

Varón

Mujer

Bolivia (Estado Plurinacional de)

Hombre o mujer

Hombre

Mujer

¿Es mujer u hombre?

Mujer

Hombre

Brasil

Sexo

Masculino

Femenino

Sexo

Masculino

Femenino

Chile

Sexo

Hombre

Mujer

Sexo

Hombre

Mujer

Colombia

¿Es… hombre o mujer?

Hombre

Mujer

¿… es hombre o mujer?

Hombre

Mujer

Costa Rica

¿Es hombre o mujer?

Hombre

Mujer

¿Es hombre o mujer?

Hombre

Mujer

Cuba

¿Es varón o hembra?

Varón

Hembra

¿Es de sexo masculino

o femenino?

Masculino

Femenino

Ecuador

¿Es hombre o mujer?

Hombre

Mujer

¿Cuál es el sexo de […]?

Hombre

Mujer

El Salvador

¿Es hombre o mujer?

Hombre

Mujer

Guatemala

¿Es hombre o mujer?

Hombre

Mujer

¿Sexo de la persona?

Hombre

Mujer

Haití

De quel sexe est […]?

(¿De qué sexo es […]?)

Masculin

Féminin

(Masculino

Femenino)

Honduras

¿Sexo?

Hombre

Mujer

¿Sexo?

Hombre

Mujer

México

[Nombre] es mujer

[Nombre] es hombre

Hombre

Mujer

[Nombre] es hombre

[Nombre] es mujer

Hombre

Mujer

Nicaragua

¿[…] es varón o mujer?

Varón

Mujer

Panamá

Sexo

Hombre

Mujer

Sexo

Hombre

Mujer

Paraguay

¿Es varón o mujer?

Varón

Mujer

¿[Nombre] es varón

o mujer?

Varón

Mujer

Perú

Sexo

Hombre

Mujer

Sexo

Hombre

Mujer

República Dominicana

¿Es [nombre] varón

o hembra?

Varón

Hembra

¿Es [nombre] varón

o hembra?

Varón

Hembra

Uruguay

¿Es hombre o mujer?a

Hombre

Mujer

Dígame el nombre y apellido de cada una de las personas de este hogar, comenzando por la/el jefa/e u otra persona de referencia. (No olvide las personas mayores ni los niños y niñas recién nacidos).

N° de persona

Nombre y apellido

¿Es hombre

o mujer?

Identificación de los informantes

Venezuela (República Bolivariana de)

Sexo

Hombre

Mujer

¿Cuál es el sexo?

Hombre

Mujer

Fuente: Elaboración propia.

a Corresponde al censo de 1996, pues durante la década de 2000 solo se realizó un conteo.

Cuadro A1.2

Experiencias seleccionadas de medición de la diversidad sexual y de género en encuestas y estándares nacionales

País

Dimensión

Universo

Pregunta

Categorías de respuesta

Instrumento

Australia

Sexo

Todas las personas

What is your sex? Please [tick/mark/select] one box.

(¿cuál es su sexo? [tilde/marque/seleccione] un casillero.)

__ Male (masculino)

__ Female (femenino)

__ Other, please specify

(otro; especifique)

Estándar nacional

Género

Todas las personas

What is your gender? Please [tick/mark/select] one box.

(¿cuál es su género? [tilde/marque/seleccione] un casillero.)

__ Male (masculino)

__ Female (femenino)

__ Other, please specify (otro; especifique)

Estándar nacional

Orientación sexual

Personas de

18 años y más

Which of the following options best describes how you think of yourself? a

(¿cuál de las siguientes opciones describe mejor cómo se considera?)

1. Straight (heterosexual) (heterosexual)

2. Gay or lesbian (gay o lesbiana)

3. Bisexual (bisexual)

4. Other (otro)

5. Don’t know (no sabe)

Encuesta (National Survey of Mental Health and Wellbeing; General Social Survey)

Canadá

Sexo asignado

al nacer

Personas de

18 años o más

…

Male (masculino)

Female (femenino)

Intersex (intersexual)

Estándar nacionalb

Género (identidad y expresión)

Personas de

18 años o más

…

Male gender (género masculino)

Female gender (género femenino)

Gender diverse (género diverso)

Estándar nacional

Comportamiento sexual

Personas de

18 años o más

During your lifetime, have you had sex with...?

(en su vida, ¿ha tenido relaciones sexuales…?)

1. Males only? (¿solo con hombres?)

2. Females only? (¿solo con mujeres?)

3. Both males and females? (¿con hombres y mujeres?)

8. RF (no responde)

9. DK (no sabe)

Encuesta (Canadian Community Health Survey)

Identidad sexual

Personas de

18 años o más

Do you consider yourself to be...?

(¿usted se considera…?)

1. Heterosexual (sexual relations with people of the opposite sex)

(heterosexual (relaciones sexuales con personas del sexo opuesto))

2. Homosexual, that is lesbian or gay(sexual relations with

people of your own sex) (homosexual, es decir, gay o lesbiana

(relaciones sexuales con personas del mismo sexo))

3. Bisexual (sexual relations with people of both sexes)

(bisexual (relaciones sexuales con personas de ambos sexos))

8. RF (no responde)

9. DK (no sabe)

Encuesta (Canadian Community Health Survey)

Chile

Sexo

Todas las personas

¿Es [nombre] hombre o mujer?

1. Hombre

2. Mujer

Encuesta (CASEN 2017)

Orientación sexual

Personas de

18 años o más

¿Cuál de estas alternativas define mejor su orientación sexual?

1. Heterosexual (atracción hacia el sexo opuesto)

2. Gay/Lesbiana (atracción hacia el mismo sexo)

3. Bisexual (atracción hacia ambos sexos)

4. Otra (especifique)

Encuesta (CASEN 2017)

Identidad

de género

Personas de

18 años o más

En cuanto a su género, ¿usted se identifica como...?

1. Masculino

2. Femenino

3. Transgénero (trans masculino y femenino)

4. Otro (especifique)

Encuesta (CASEN 2017)

Estados Unidos

Sexo

Personas de

18 años o más

Are you male or female?

(¿es usted varón o mujer?)

1. Male (varón)

2. Female (mujer)

Encuesta (National Health Interview Survey, NHIS)

Orientación sexual

Personas de

18 años o más

Which of the following best represents how you think of yourself?

(¿cuál de las siguientes opciones representa mejor cómo se considera usted?)

- Men: (hombres:)

Gay (gay)

Straight, that is, not gay (heterosexual; es decir, no se considera gay)

Bisexual (bisexual)

Something else (otro)

I don’t know the answer (desconozco la respuesta)

- Women: (mujeres:)

Lesbian or gay (gay o lesbiana)

Straight, that is, not lesbian or gay (heterosexual; es decir, no se considera gay ni lesbiana)

Bisexual (bisexual)

Something else (otro)

I don’t know the answer (desconozco la respuesta)

Encuesta

(National Health Interview Survey, NHIS), 2015 en adelante

México

Sexo

Todas las personas

[Nombre] es hombre.

[Nombre] es mujer.

1. Hombre

2. Mujer

Encuesta

(ENADIS 2017)

Identificación sexual

Persona de

18 años o más (informante)

De la siguiente tarjeta, dígame: ¿con cuál se identifica mejor?

Solo deme el número.

1. Le atraen o gustan las personas del sexo opuesto (heterosexual)

2. Le atraen o gustan las personas de su mismo sexo

(gay o lesbiana)

3. Le atraen o gustan las personas de ambos sexos (bisexual)

4. Otro

Encuesta

(ENADIS 2017)

Noruega

Género

Male (masculino)

Female (femenino)

Encuesta (Survey of Living Conditions 2008)

Atracción sexual

Personas de

16 años o más

Which sex do you feel attracted to? Would you say…

Read the numbers in front of each response category so interviewee can respond by stating number only

(¿Por cuál sexo siente atracción? ¿Diría que… ? [Lea los números antes de cada categoría de respuesta para que la persona entrevistada pueda contestar solo con el número.])

1. ...that you only feel attracted to men?

(… solo siente atracción por los hombres?)

2. ..that you feel attracted to both men and women?

(… siente atracción por los hombres y las mujeres?)

3. ..that you only feel attracted to women?

(… solo siente atracción por las mujeres?)

4. Feel no attraction to anyone?

(… no siente atracción por ninguno?)

5. Don’t know (no sabe)

6. Do not wish to answer (no contesta)

Encuesta

(Survey of Living Conditions 2008)

Identidad sexual

Personas de

16 años o más

Do you regard yourself as being gay/lesbian, bisexual or heterosexual?

Read out the numbers in front of each response category so interviewee can respond by stating number only.

(¿Se considera gay o lesbiana, bisexual o heterosexual? [Lea los números antes de cada categoría de respuesta para que la persona entrevistada pueda contestar solo con el número.])

1. Gay or lesbian (gay o lesbiana)

2. Bisexual (bisexual)

3. Heterosexual (heterosexual)

4. No, none of the categories (ninguna de las categorías)

5. Don’t know (no sabe)

6. Do not wish to answer (no contesta)

Encuesta

(Survey of Living Conditions 2008)

Nueva Zelandia

Género

- Male/tāne (varón)

- Female/wahine (mujer)

- Gender diverse (género diverso:)

Gender diverse not further defined/ira tāngata kāwhiri kore

(género diverso, sin definirlo con mayor precisión)

Transgender male to female/whakawahine

(transgénero, de masculino a femenino)

Transgender female to male/tangata ira tāne

(transgénero, de femenino a masculino)

Gender diverse not elsewhere classified/ira tāngata kāwhiri kore

(género diverso que no se haya clasificado en otros lados)

Estándar nacionalc

Reino Unido

Sexo

Personas de

16 años o más

Sex of respondent

(sexo de quien responde)

1. Male (masculino)

2. Female (femenino)

Encuesta (Integrated Household Survey)

Identidad sexual

Personas de

16 años o más

Which of the options on this card best describes how you think of yourself? Please just read out the number next to the description.

The numbers on each card are different for each person.

(¿Cuál de las opciones de esta tarjeta describe mejor cómo se considera? [Solo lea el número que corresponde a la descripción. Los números de cada tarjeta son distintos para cada persona.])

xx. Heterosexual/straight (heterosexual)

xx. Gay/lesbian (gay o lesbiana)

xx. Bisexual (bisexual)

xx. Other (otro)

Encuesta (Integrated Household Survey), 2009 en adelante

Fuente: Elaboración propia e Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Estudio de metodologías para la medición de identidad de género y orientación sexual en Chile, Santiago, diciembre de 2018.

a La formulación de la pregunta corresponde a la encuesta General Social Survey.

b Este estándar entró en vigor en 2018, coincidiendo con el año de elaboración del artículo. Por esta razón, no se especifica la pregunta aplicada.

c En la página oficial se sostiene que el inicio de la aplicación de este estándar se programó para 2018.

[1] Una versión de este texto, más extensa y con otro foco, se presentó en el Seminario “Aspectos conceptuales de los censos de población y vivienda: desafíos para la definición de contenidos incluyentes en la ronda 2020”, CEPAL, Santiago, 6 al 8 de noviembre de 2018. Se agradecen el valioso aporte de Claudia Tejos Candia y los comentarios de Fabiana Del Popolo, además de las acertadas y exhaustivas revisiones de los evaluadores de este artículo, que fueron un gran aporte para esta versión final. A lo largo de este texto se utiliza el genérico masculino, aunque con la conciencia de la contradicción que ello supone en el tema que se aborda. La decisión obedece al hecho de que el uso paralelo del femenino no resuelve el binarismo, y a que otras formas no binarias de lenguaje inclusivo no están institucionalizadas como reglas editoriales.

[2] Doctora en Estudios Sociales de América Latina, investigadora del Centro de Estudios en Ciencias Sociales y Juventud, Universidad Católica Silva Henríquez, Chile. Correo electrónico: fstang@ucsh.cl.

[3] Este término se utiliza de acuerdo con la definición provista por un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): “Personas trans, es el término paraguas frecuentemente utilizado para describir las diferentes variantes de las identidades de género (incluyendo transexuales, travestis, transformistas, entre otros), cuyo denominador común es que el sexo asignado al nacer no concuerda con la identidad de género de la persona. […] Existen ciertos consensos en relación a los términos utilizados por las personas trans: el término mujeres trans se refiere a personas cuyo sexo asignado al nacer fue masculino mientras que su identidad de género es femenina. Por otra parte, el término hombres trans se refiere a aquellas personas cuyo sexo asignado al nacer es femenino mientras que su identidad de género es masculina. El término persona trans también puede ser utilizado por alguien que se identifica fuera del binario mujer/hombre. Adicionalmente, algunas mujeres trans se identifican como mujeres, y algunos hombres trans se identifican como hombres.” (CIDH, 2015, pág. 32).

[4] El informe de la CIDH señala que existen diferentes aproximaciones respecto de la categoría “queer”: “es utilizado como ‘término paraguas’ por la gama de orientaciones sexuales e identidades que van mucho más allá de ‘LGBT’. […] Asimismo, el concepto ‘género queer’ es un término general para las personas cuya identidad de género no está incluida o trasciende el binario hombre/mujer.” (CIDH, 2015, pág. 33).

[5] Detrás de este último argumento se encuentra el concepto de biopolítica, acuñado por Michel Foucault (2007), es decir: “el conjunto de mecanismos por medio de los cuales aquello que, en la especie humana, constituye sus rasgos biológicos fundamentales podrá ser parte de una política, una estrategia política, una estrategia general de poder; en otras palabras, cómo, a partir del siglo XVIII, la sociedad, las sociedades occidentales modernas, tomaron en cuenta el hecho biológico fundamental de que el hombre (sic) constituye una especie humana.” (Foucault, 2007, pág. 15).

[6] Esta aclaración no es ociosa, puesto que muchas personas, aun cuando no han hecho pública dicha identificación, o ni siquiera tienen orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormadas, experimentan situaciones de discriminación o violencia por su apariencia, modales u otras expresiones corporales que, de acuerdo a las construcciones sociales, están ligadas a la población LGBTIQ+.

[7] El uso de las comillas obedece a que existe una amplia discusión dentro de la población LGBTIQ+ — denominación entendida como una categoría surgida desde el activismo— respecto de si es posible o no agrupar a personas con experiencias, problemáticas y demandas bastante diversas (véanse, por ejemplo, Pecheny, 2005; Aparicio Erazo, 2009; Iosa y Rabbia, 2011; Esguerra y Bello Ramírez, 2014). Las amplias discusiones son una expresión de la productiva inestabilidad semántica de estas categorías.

[8] En 2002 se sancionó la primera ley de alcance local que brindaba cobertura y reconocimiento a las parejas gais y lésbicas en América Latina, específicamente en la Ciudad de Buenos Aires (Ley 1004), que pronto fue seguida por otras ciudades y provincias de Argentina; en 2004 el Estado de Río Grande do Sul, Brasil, adoptó medidas al respecto, lo que también ocurrió en 2006 en Ciudad de México y otras urbes de ese país, que desde 2009 cuenta además con una nueva Ley de Matrimonio de alcance nacional que contempla a estas parejas; en cuanto a Colombia, la Corte comenzó a reconocer varios derechos a las parejas del mismo sexo desde 2007, mismo año en que se sancionó la primera ley de alcance nacional en Uruguay con la figura de las “uniones concubinarias”. A mediados de 2010 se reformó la Ley de Matrimonio Civil en Argentina (Ley 26.618), que reconoció este tipo de unión para parejas del mismo sexo (Hiller, 2012). En 2013 el Poder Judicial de Brasil legalizó el matrimonio igualitario en todo el territorio, y en 2015 se aprobó en Chile el Acuerdo de Unión Civil.

[9] En Argentina (2012); Bolivia (Estado Plurinacional de) (2016); Brasil (2010); Chile (2018); Colombia (2015); Cuba (2008); Ecuador (2016); México (2016); Panamá (2006) y Uruguay (2009) (CEPAL, 2016).

[10] Los otros países son Bolivia (Estado Plurinacional de) con 4,1; Brasil con 4,7; Colombia con 4,2; Ecuador con 3,9; México con 4,8; Perú con 4,7 y Venezuela (República Bolivariana de) con 4.

[11] La Convención ha sido firmada por 10 de los 35 Estados miembros, pero aún no está vigente porque solo uno de ellos ha hecho el depósito del instrumento de ratificación o adhesión (Uruguay, en mayo de 2018), y para la entrada en vigor se necesitan, al menos, dos Estados.

[12] El relevamiento de experiencias se realizó hasta noviembre de 2018, a partir de la búsqueda de información publicada en sitios web oficiales.

[13] Por heteronormatividad se entiende el “principio organizador del orden de relaciones sociales, política, institucional y culturalmente reproducido, que hace de la heterosexualidad reproductiva el parámetro desde el cual juzgar (aceptar, condenar) la inmensa variedad de prácticas, identidades y relaciones sexuales, afectivas y amorosas existentes” (Pecheny, 2008, pág. 14). Se trata de “un dispositivo social conformado por prácticas y discursos que establecen a la heterosexualidad como categoría universal, natural y estable.” (Hiller, 2012, págs. 237 y 238).

[14] Estas distinciones entre orientación e identidad sexual y entre identidad y expresión de género apuntan a diferenciar entre aquello que se experimenta íntimamente y aquello que se “comparte socialmente”, aunque en verdad lo que se experimenta en el interior de una persona está inextricablemente atravesado por el “afuera” social.

[15] En algunos casos es posible realizar una medición indirecta, al recoger formas de unión de pareja y cruzarlas con el sexo de las personas censadas según la relación entre los miembros del hogar (para el caso de las personas del mismo sexo); sin embargo, las personas captadas de esta forma representan una proporción muy pequeña de este grupo de población.

[16] Al ser las tres dimensiones mencionadas (sexo asignado al nacer, orientación sexual e identidad de género) construcciones sociales, parece lógica la decisión metodológica que adopta la CIDH en su estudio sobre violencia contra las personas LGBTI: “La Comisión también reconoce la autoidentificación de cada persona como principio rector.” (CIDH, 2015, pág. 27).

[17] Observatorio Social, Ministerio de Desarrollo Social y Familia [en línea] http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/cuestionarios.php.

[18] INEGI [en línea] http://www.beta.inegi.org.mx/programas/enadis/2017/.

[19] Esta afirmación proviene de las observaciones realizadas por los evaluadores del artículo.

Artículo 9

Compresión de la mortalidad en el Uruguay: niveles y diferencias regionales en el período 1996-2014

Mariana Paredes[1]

Mariana Tenenbaum[2]

Recibido: 14/01/19

Aceptado: 28/03/19

Resumen

En este trabajo se examina el proceso de compresión de la mortalidad en el Uruguay entre 1996 y 2014. El análisis se realiza por sexo y por regiones del país, con objeto de averiguar si el aumento promedio de los años de vida se produce en toda la población, e identificando diferencias a nivel territorial. La metodología incorpora los indicadores propuestos por Kannisto (2000). Los resultados permiten visualizar la evolución del desplazamiento hacia la derecha de la edad modal, la disminución del intervalo de edad de ocurrencia de la muerte y la concentración de las defunciones en las edades avanzadas. La edad modal de la muerte en la población masculina alcanza los 81 años y en la femenina, los 86. Se muestra una mayor compresión de la mortalidad en el caso de la población masculina, aunque en la región norte del país se observa una menor compresión para los varones, y en parte de la región sur, para las mujeres.

Palabras clave: mortalidad, compresión, regiones, Uruguay, edad modal de la muerte.

Abstract

This paper examines the process of mortality compression in Uruguay between 1996 and 2014. The analysis is carried out by gender and by regions of the country, to determine whether the average increase in life years occurs throughout the population, and to identify differences at the territorial level. The methodology incorporates the indicators proposed by Kannisto (2000). The results show the shift to the right in the modal age, the narrowing of the bracket for age at death and the concentration of deaths in old age. The modal age of death in men is 81 and in women it is 86. There is a greater compression of mortality in the male population, although in the northern region of the country there is less compression for men and, in part of the southern region, for women.

Keywords: mortality, compression, regions, Uruguay, modal age at death

Résumé

Cet article examine le processus de réduction de la mortalité en Uruguay entre 1996 et 2014. L’analyse est effectuée par sexe et par région du pays, afin de déterminer si l’augmentation moyenne des années de vie est répartie sur l’ensemble de la population et de déceler les différences à l’échelle territoriale. La méthodologie intègre les indicateurs proposés par Kannisto (2000). Les résultats permettent de visualiser l’évolution du glissement vers la droite de l’âge modal, la diminution de l’intervalle d’âge de survenance du décès et la concentration des décès à un âge avancé. L’âge modal de décès est de 81 ans pour la population masculine et de 86 ans pour la population féminine, et la mortalité est plus comprimée dans le cas de la population masculine, bien que dans la région nord du pays, la compression soit moindre pour les hommes et, dans une partie de la région sud, pour les femmes.

Mots clés: mortalité, compression, régions, Uruguay, âge modal de décès.

Introducción

El descenso de la mortalidad ha sido uno de los temas claves en la demografía y una preocupación fundamental en el marco del desarrollo de los países. La transición demográfica se ha dado de manera diversa en la región latinoamericana, donde ha sido liderada por los países del Cono Sur y por Cuba en el Caribe. El Uruguay se ha destacado por iniciar este proceso a fines del siglo XIX, consolidarlo a lo largo de la primera mitad del siglo XX y mostrar una estructura de edad ya envejecida en el año 1963, cuando se realiza el segundo censo nacional del siglo.

La compresión de la mortalidad refleja el proceso que se produce al rectangularizarse la curva de sobrevivencia y, consecuentemente, producirse un desplazamiento y una concentración de las defunciones en las edades avanzadas, en concomitancia con el proceso de envejecimiento de las poblaciones. Si bien el Uruguay tiene una de las poblaciones más envejecidas de la región, existen pocos estudios vinculados a la mortalidad en la edad avanzada y no hay antecedentes de estudios sobre la compresión de la mortalidad.

En este trabajo se pretende avanzar en esta temática, examinando la evolución de la compresión de la mortalidad en el Uruguay en el período 1996-2014 y explorando las diferencias por regiones. El artículo se estructura de la siguiente manera: en primer lugar se realiza una revisión de las características del descenso de la mortalidad en América Latina en general y en el Uruguay en particular, en segundo lugar se revisan los antecedentes específicos del análisis de la compresión de la mortalidad en el mundo y en la región. Más adelante, se desarrolla la metodología y se detallan los indicadores construidos y la agrupación regional. Finalmente, se exponen los resultados obtenidos a partir de los indicadores de compresión de la mortalidad en el Uruguay, por sexo y por regiones. Para concluir se retoman los principales resultados.

A. Antecedentes

1. Tendencias de la mortalidad en el Uruguay y la región

El descenso de la mortalidad en los países de la región de América Latina y el Caribe se ha caracterizado por ser un proceso acelerado y heterogéneo. La diversidad que muestran los distintos países del continente se refleja en estadios bien diferenciados de la transición demográfica. Los países del Cono Sur, en particular la Argentina y el Uruguay, se definen como casos particulares: son transiciones precoces y ocurren a ritmos más lentos. Así, registran valores similares al modelo europeo de transición (Guzmán y otros, 2006) con descensos de la mortalidad y la fecundidad significativos durante la primera mitad del siglo XX.

En lo que a mortalidad se refiere, el Uruguay inicia un descenso temprano ya a mediados del siglo XIX, entrando al siglo siguiente con una esperanza de vida de 48 años, guarismo que se ubica por encima de los países de la región. Sin embargo este proceso se enlentece y, si bien el país se mantiene a la vanguardia en el contexto latinoamericano, a mediados del siglo XX su posición se rezaga con relación a países como Chile, Costa Rica y Cuba, que muestran valores progresivamente superiores debido a los avances en salud (Pellegrino y otros, 2008; Paredes y Pollero, 2016). En 1950 el Uruguay registra una esperanza de vida al nacer de 66 años y Chile, de 55 años. Al iniciar el siglo XXI la diferencia era de un año entre ambos países: Chile se ubicaba en 75,9 y era superado levemente por Cuba, en tanto que Costa Rica lideraba el proceso mostrando valores superiores a los 77 años.

El descenso de la mortalidad infantil ha desempeñado un papel central en el proceso de descenso de la mortalidad general en la región, en particular en la segunda mitad del siglo XX. Las tasas brutas de mortalidad de América Latina descienden de 126 por cada mil habitantes a 26 por cada mil habitantes entre 1950 y 2000 (Guzmán y otros, 2006) y de 57 a 13 por cada mil habitantes en el Uruguay. Esta evolución ha sido asociada a las mejoras en salud, sobre todo en programas de salud materna e infantil, así como a un aumento de cobertura en los servicios de salud y de infraestructura. Sin embargo, a pesar de estos avances, se ha señalado que persisten desigualdades en este descenso por regiones geográficas y en función de las características socioeconómicas. Las regiones más aisladas presentan dificultades de acceso a los servicios, y también se registran diferencias entre comunidades autóctonas con fuertes niveles de exclusión y pobreza (Guzmán y otros, 2006).

En el caso de la mortalidad adulta, el descenso ha registrado el cambio de modelo epidemiológico sobre la base de la disminución de la incidencia de las enfermedades infecciosas y el aumento de las enfermedades crónicas y degenerativas como causas de muerte, sobre todo en las edades avanzadas. La incidencia del VIH/sida constituye una excepción a esta tendencia, pero no tiene mayor efecto en los países del Cono Sur, que han progresado en el tratamiento de dicha epidemia (Guzmán y otros, 2006).

Como señalan Palloni y Pinto-Aguirre (2011), el aumento de la esperanza de vida en América Latina en la primera mitad del siglo XX es atribuido al desarrollo de la salud pública en medidas vinculadas al saneamiento y a campañas para la erradicación de enfermedades infecciosas, así como a medidas vinculadas a la nutrición. En la segunda mitad del siglo XX, los avances en la tecnología médica y quirúrgica y la difusión de antibióticos y vacunas desempeñan un papel más relevante en el descenso de la mortalidad, en particular en las edades adultas. Como comprueban estos autores, esta tendencia se redujo a un nivel sin precedentes en la mayoría de los países latinoamericanos después de 1950. En este contexto es particularmente notable el descenso de la mortalidad de las personas mayores de 60 años y las correspondientes ganancias en longevidad que esto supone.

En el Uruguay se corrobora esta tendencia. En 1908-1909 las defunciones de personas mayores de 65 años correspondían al 16,7% del total de las muertes de las mujeres y el 16,9% de las de los varones; hacia finales del mismo siglo (1996-1997) estos valores se ubican en el 78% y el 65%, respectivamente (Paredes y Pollero, 2016).

En la segunda mitad del siglo XX se reduce la incidencia de las enfermedades infecciosas y aumentan las enfermedades no transmisibles, en el marco de la transición epidemiológica y sanitaria (Omran, 1971; Olsahnsky y Ault; 1986; Robles, Bernabéu y Benavides, 1996; Vallin y Meslé, 2004). Así, se ha podido observar que alrededor de 1900 predominaban las enfermedades infecciosas, que provocaban un 22% de las muertes[3], pero a fines de siglo estas descienden al 3%. Por efecto de la transición epidemiológica, entre 1900 y 2000 los tumores y enfermedades cardiovasculares pasan de ser responsables del 14% al 58% de las defunciones, es decir, se incrementan un 103% (Paredes y Pollero, 2016).

Por lo tanto, en el siglo XX la estructura de la mortalidad por causas cambia radicalmente y muestra un perfil diferencial en las edades avanzadas. Entre los varones y las mujeres de estas edades, a diferencia de lo que ocurre con la estructura de la mortalidad por causas de toda la población, el principal grupo de causas de muerte a lo largo de todo el siglo son las enfermedades no infecciosas, y se observa, en particular, un aumento de las enfermedades crónicas y degenerativas vinculadas al aparato circulatorio y a neoplasmas. El ritmo de aumento de las enfermedades no infecciosas es mayor en la primera parte del siglo XX que en la segunda (Paredes y Pollero, 2016).

Una de las explicaciones de este fenómeno precoz en el caso uruguayo se vincula a las políticas sociales correspondientes a un Estado social temprano que, a principios del siglo XX, promueve reformas de distintos tipos (educativas, laborales, sanitarias). En el ámbito de la salud destaca la creación, en 1910, de la Asistencia Pública Nacional (APN), cuya acción fue importante para el control de las enfermedades infecciosas, y en 1934, del Ministerio de Salud Pública. En paralelo, surgen las iniciativas provenientes de los distintos colectivos de inmigrantes, vinculadas a la provisión de servicios mutuales de salud que contribuirán a consolidar el desarrollo de varias medidas de salud pública (Paredes y Pollero, 2017).

Como podemos corroborar, el Uruguay adquiere entonces una tendencia que lo diferencia del contexto latinoamericano y que muestra singularidades en relación con la región.

El descenso de la mortalidad adulta en América Latina registra un ritmo más rápido que el observado en los países desarrollados. En este contexto, la incidencia en la disminución de la mortalidad global es creciente, una vez lograda la reducción de la mortalidad infantil en varios países del continente (Palloni y Pinto-Aguirre, 2011).

Si bien ha habido una trayectoria convergente hacia el aumento de la esperanza de vida al nacer en todos los países en las últimas décadas, persisten diferencias en el logro de una mayor longevidad para las poblaciones en su conjunto. La mortalidad infantil y la mortalidad a edades jóvenes inciden en los niveles observados en el aumento de la esperanza de vida. A medida que se avanza en la transición demográfica —y que aumenta porcentualmente la mortalidad a edades avanzadas— es posible incorporar nuevos insumos para el análisis de esta tendencia a través de otros indicadores para observar los niveles de mortalidad adulta, como lo han demostrado varios estudios en países desarrollados (Wilmoth y Horiuchi, 1999; Kannisto, 2000; Cheung y otros, 2009).

Aparte de analizar las tendencias de la mortalidad por sexo, generalmente no se suelen incorporar en los estudios otros indicadores que den cuenta de las diferencias en el interior de los países y más allá del nivel nacional. Estas diferencias pueden estar articuladas con distintos aspectos de la desigualdad, como la pertenencia étnico-racial, el nivel socioeconómico o el territorio (CEPAL, 2016). El mayor problema de este tipo de análisis es la disponibilidad de fuentes de datos de mortalidad diferenciadas por estos clivajes.

Existe, por tanto, un amplio campo de acción para aumentar la supervivencia de las personas en la región, especialmente si se considera que el nivel de mortalidad es similar al que exhibían los países más desarrollados hace ya 25 años, lo que indica que todavía se pueden lograr avances significativos en este plano y que hay experiencia acumulada sobre la manera de hacerlo (CEPAL, 2008). En este sentido, un análisis de compresión de la mortalidad contribuiría a generar insumos para observar los diferenciales por regiones y por sexo.

2. La compresión de la mortalidad

El descenso verificado de la mortalidad en el marco de la transición demográfica y epidemiológica se ha analizado en varios países desarrollados sobre la base de la compresión de la mortalidad y la rectangularización de la curva de sobrevivencia. Esto supone estudiar la concentración de las muertes según el intervalo de edades y los niveles de supervivencia a edades más avanzadas. La tendencia descendente de la mortalidad —y el desplazamiento de la muerte hacia años cada vez más tardíos— supone un aumento de la edad media de la muerte y una reducción de la dispersión de las defunciones en torno a esta edad media.

El trabajo de Fries (1980) ha sido referente en este sentido al vincular las tendencias de la morbilidad y la mortalidad con el número de supervivientes en las edades más avanzadas y plantear que la postergación de la aparición de enfermedades crónicas retrasa los patrones de morbimortalidad. La compresión de la morbilidad refiere a una reducción de la distancia entre la aparición de la discapacidad y la muerte. Asimismo, Fries observa también el aumento progresivo de la duración media de la vida y la rectangularización de la curva de sobrevivencia asociados al descenso de las muertes prematuras y a una concentración en la edad media de la muerte. La compresión de la mortalidad está vinculada a la de la morbilidad: se reduce la incidencia de las causas exógenas y la variabilidad remanente en la edad de la muerte es causada por factores genéticos (Fries, 1980).

Para analizar este proceso, Kannisto (2000) propone una serie de indicadores que pueden dar cuenta de la compresión de la mortalidad a partir de la edad modal y la distribución de las muertes por sexo en la edad adulta. Estos indicadores, denominados “indicadores C”, permiten visualizar con mayor precisión la rectangularización de la curva de sobrevivencia en las edades avanzadas, eliminando la incidencia de las muertes en edades más jóvenes. La propuesta de Kannisto constituye un progreso respecto a anteriores análisis de la mortalidad vinculados al rango intercuartil de las edades llevados a cabo a largo plazo en Suecia, el Japón y los Estados Unidos (Wilmoth y Horiuchi, 1999). Estos autores emplean diez indicadores para medir la compresión de la mortalidad y demuestran que en Suecia la variabilidad de la muerte ha mermado 50 años a lo largo de dos siglos y medio. A lo largo de este período se observan distintas fases en que la contribución de cada grupo de edad también varía: al inicio del período disminuye la mortalidad a edades jóvenes y hacia el final (entre 1950 y 1990) se constatan niveles de reducción sin precedentes de la mortalidad adulta.

En el caso del Japón, Cheung y Robine (2007) demostraron un fuerte aumento de la edad modal de la muerte durante un período de 50 años calendario, acompañado por una clara disminución de la desviación estándar por encima de la media hasta la década de 1990 para los hombres y hasta mediados de la década de 1980 para las mujeres. Luego de este período, el desvío estándar se estanca, a pesar de que tanto la edad media como el número de muertes siguen aumentando por encima de la media, acercándose a un límite superior en la longevidad humana.

Por su parte, Thatcher y otros (2010) comprueban que en Inglaterra, Francia, el Japón, Suecia y Suiza hubo una compresión de la mortalidad por encima de la moda en el período comprendido entre 1950-1954 y 2000-2004. La caída de la desviación estándar observada respecto a la edad modal de las mujeres promedia 1,3 años en los países analizados (concretamente, esta caída es de 1,8 años en Suecia y de 1,6 en el Japón). Se refleja así que la distribución de la frecuencia de la edad de la muerte se desplaza hacia la derecha sin efectos de compresión por encima de la edad modal.

Ouellette y Bourbeau (2011) concluyen que la reducción de la variabilidad de la edad de la muerte por encima de la moda se detuvo a principios de los años noventa en el Japón, y que se ha detenido en el presente siglo en la población femenina del Canadá, Estados Unidos y Francia, en tanto que la edad modal de la muerte continúa incrementándose.

En América Latina y el Caribe se han realizado algunos estudios que evidencian la compresión de la mortalidad, la reducción de la variabilidad de la muerte y la consecuente rectangularización de la curva de sobrevivencia (Gonzaga, Queiroz y Lima, 2017; Gonzaga, Queiroz y Machado, 2009; Zepeda y Monteverde, 2016).

Gonzaga, Queiroz y Lima (2017) examinaron los patrones de mortalidad de países de América Latina y el Caribe con el objetivo de identificar cambios en la variabilidad de la edad de la muerte. Los autores observaron una reducción de esta variabilidad acompañada por un cambio de distribución de las muertes en edades avanzadas, lo que podría significar un proceso de compresión de la mortalidad en la región. Esta variabilidad no se produce en la Argentina, el Brasil o Colombia, en tanto que el Uruguay y Chile muestran una mayor reducción del indicador C50[4]. Asimismo, se comprueba que la reducción de la variabilidad de la edad de la muerte es mayor en el caso de las mujeres.

En el caso de Chile, según demuestran Zepeda y Monteverde (2016), se ha comprobado una paulatina concentración de las muertes en torno a la edad modal, así como una rectangularización de la curva de sobrevivencia entre 1969 y 2002. En este país también se observa, en la primera etapa de este período, una mayor disminución de la distancia entre la moda y la esperanza de vida en el caso de las mujeres, pero las tendencias de ambos sexos se emparejan a partir de la década de 1990.

Finalmente, hay escasos estudios sobre la compresión de la mortalidad que comparen la variabilidad interregional dentro de los países. En el Brasil se han estudiado los diferenciales de la mortalidad en el período 1980-2010 y se ha verificado el aumento de la edad modal de las muertes, así como una mayor concentración de la mortalidad en un rango más corto de edad. También se ha comprobado el desplazamiento de las muertes hacia la derecha de la curva de sobrevivencia entre las mujeres y en las regiones del sur y sudeste de Brasil (Gonzaga y Vilton, 2016).

En el estado de São Paulo (Brasil) se constata un proceso de compresión de la mortalidad, si bien se comprueba una reducción de la variabilidad de la edad que resulta escasa, pero diferencial por sexo: la variabilidad de la edad de los varones es sustantivamente menor que la de las mujeres (Gonzaga, Queiroz y Machado, 2009). En el caso de las mujeres también se observa una tendencia más nítida de compresión de la mortalidad. Esto se puede explicar por las diferencias en los niveles de mortalidad por sexo, así como por mayores ganancias de sobrevivencia en edades avanzadas por parte de las mujeres. En efecto, se corroboran aumentos más significativos en la edad media, modal y mediana de las mujeres.

Más recientemente, Cisalpino y Queiroz (2018) encuentran diferencias regionales y por sexo en el interior del Brasil que se vinculan fundamentalmente a la reducción de la concentración de las muertes de los varones adultos jóvenes. Las diferencias observadas no mantienen ninguna relación con el grado de desarrollo o de esperanza de vida de las regiones.

B. Metodología

En este trabajo se analiza la compresión de la mortalidad en el Uruguay en tres períodos (1996[5]-1998, 2004-2006 y 2012-2014) por medio de los indicadores de Kannisto (2000). En el diseño de las tablas de mortalidad trianuales se ha intentado eliminar el efecto de aleatoriedad. Las fuentes de datos para elaborarlas provienen de los microdatos de defunciones registradas por el sistema de estadísticas vitales del Uruguay a partir del certificado de defunción (Dirección General de la Salud, Ministerio de Salud Pública) y los datos de población provienen de las estimaciones de población realizadas a partir del censo de 2011 por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Ambos permiten realizar desagregaciones a nivel departamental.

A partir de estos datos se construyeron los siguientes indicadores por sexo y región:

•Esperanza de vida al nacer: se define como el número medio de años que vivirán los integrantes de una cohorte hipotética de personas que permaneciese sujeta a la mortalidad imperante en la población en estudio desde su nacimiento hasta su extinción. Su cálculo surge a partir de la elaboración de tablas de mortalidad y se expresa:

donde lx refiere a los sobreviventes desde el aniversario número X hasta la extinción de la generación.

•Edad modal de la muerte una vez superada la mortalidad infantil: se define como la edad de la muerte en que se produce el máximo relativo en la curva de distribución de la d(x), una vez que se ha superado la mortalidad infantil. El procedimiento de cálculo es el siguiente: primero se ubica la edad X, en la que se produce la mayor cantidad de muertes considerando edades simples tras el primer año de vida. Luego se toman de la tabla de mortalidad los valores d(X), d(X-1) y d(X+1) y se procede a obtener el valor de la moda aplicando la siguiente fórmula:

•Esperanza de vida a la edad de la moda: se calcula por interpolación entre los valores de las esperanzas de vida a la edad de la moda (X) y la esperanza de vida para la siguiente edad (e(X) y e(X +1)), por medio de la siguiente fórmula:

•Desviación estándar más allá de la moda: se calcula partiendo del supuesto de que las muertes se distribuyen uniformemente dentro de cada año de edad. Así, el valor se obtiene de la raíz cuadrada del promedio de las desviaciones positivas respecto de la moda:

•Indicador C50: una vez obtenida la moda, los datos de edad y d(x) son dispuestos en orden ascendente de magnitud de las d(x), a partir de la edad modal y considerando los valores de las edades a ambos lados de la moda. Luego se genera una columna con los valores acumulados de la función d(x). Seguidamente, se ubica el acumulado que primero supera los 50.000 (la mitad de la cohorte de una tabla de mortalidad, cuya raíz es 100.000). El valor del indicador C50 puede interpretarse como el intervalo de edad en que se concentra el 50% de las defunciones y viene dado por:

donde:

N(o) es el número de orden donde se ubica el acumulado de las d(x) que supera los 50.000.

H d(x)N(o) es el acumulado de la d(x) en N(o)

f d(x)N(o) corresponde a la frecuencia de d(x) en N(o)

En cuanto a las regiones de residencia, el Uruguay se subdivide en 19 unidades administrativas denominadas departamentos, que constituyen la primera división por debajo del nivel nacional. No existen regionalizaciones intermedias oficiales. En este trabajo se considera la regionalización a nivel departamental realizada para un análisis de la evolución reciente de la mortalidad en el Uruguay (Tenenbaum, 2015). Esta se construye a partir de un análisis de componentes principales con variables agrupadas en cuatro dimensiones: sociodemografía, pobreza/desigualdad, trabajo y educación. A partir de estos cuatro índices —con un único componente por factor— se generan dos agrupaciones departamentales mediante un análisis de conglomerados (véase el cuadro 1), construyendo así dos tipos de regionalizaciones diferentes para la población masculina y femenina (véanse los mapas 1A y 1B).

Cuadro 1

Uruguay: composición de las cinco regiones por departamentos

Conglomerados

Etiqueta

Hombres

Mujeres

1

Montevideo

Montevideo

Montevideo

2

Intermedio+

Colonia/Florida/Flores/Lavalleja/San José

Colonia/Flores/Lavalleja/San José

3

Intermedio

Canelones/Maldonado/Rocha/Soriano/Paysandú

Canelones/Maldonado/Rocha/Soriano/Paysandú/Florida

4

Intermedio-

Durazno/Río Negro/Salto/Treinta y Tres/Tacuarembó/ Cerro Largo

Durazno/Río Negro/Salto/Treinta y Tres

5

Norte

Artigas y Rivera

Artigas/Rivera/Cerro Largo/Tacuarembó

Fuente: M. Tenenbaum, “Determinantes socio-territoriales de la mortalidad en Uruguay, 1997-2013”, tesis para optar al grado de Magister en Estudios Territoriales y de Población, Universidad Autónoma de Barcelona, 2015.

Mapa 1

Uruguay: regionalización departamental a partir de un análisis de conglomerados

Fuente: M. Tenenbaum, “Determinantes socio-territoriales de la mortalidad en Uruguay, 1997-2013”, tesis para optar al grado de Magister en Estudios Territoriales y de Población, Universidad Autónoma de Barcelona, 2015.

C. Resultados

La tendencia al incremento de los años de vida de la población se confirma en los 18 años considerados, tanto para los varones como para las mujeres (véase el cuadro 2). La ganancia en esperanza de vida al nacer de los hombres es de 2,3 años, mientras que en la edad modal ganan 2,1 años. En el caso de las mujeres la ganancia es de 1,3 y 1,5 años, respectivamente. Es decir, en el bienio 2012-2014 la esperanza de vida al nacer masculina alcanzaba los 73 años y la femenina los 80, en tanto que la edad modal una vez superada la mortalidad infantil alcanzaba valores de 80,8 para los hombres y 86,4 para las mujeres. La brecha entre sexos se reduce en el período considerado tanto en el caso de la esperanza de vida al nacer como en la edad modal: la diferencia llega a ser de 7,1 y 5,6 años, respectivamente, a favor de las mujeres.

La esperanza de vida a la edad modal naturalmente va reduciéndose a medida que la edad modal va aumentando: pasa de 7,5 en 1996-1998 a 6,9 en 2012-2014 en el caso de los varones y de 7,5 a 6,4 en el caso de las mujeres. El desvío a la edad de la moda también tiende a reducirse con el paso del tiempo y el incremento general de la edad modal: este se reduce 1,7 años para los hombres y 0,9 para las mujeres en los 18 años analizados.

Cuadro 2

Uruguay: indicadores de compresión de la mortalidad por sexo, 1996-1998, 2004-2006 y 2012-2014

Hombres

d (M)

e^0

Moda

e(M)

SD(M+)

SD(M+)/e(M)

C50

1996-1998

2 970

70,7

78,8

7,5

10,2

1,4

19,7

2004-2006

3 235

71,7

79,4

7,1

9,5

1,3

19,9

2012-2014

3 320

73,0

80,8

6,9

8,5

1,2

18,4

Mujeres

d (M)

e^0

Moda

e(M)

SD(M+)

SD(M+)/e(M)

C50

1996-1998

3 760

78,8

85,0

7,5

8,1

1,1

16,6

2004-2006

3 608

79,4

85,8

6,9

7,6

1,1

14,6

2012-2014

3 844

80,1

86,4

6,4

7,2

1,1

15,0

Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos de defunciones de estadísticas vitales de Dirección General de la Salud, Ministerio de Salud Pública (MSP) y datos de población del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La evolución del parámetro C50, que es el intervalo de edades que engloba el 50% de las defunciones alrededor de la edad modal, tiende a acortarse en el período analizado, demostrando una concentración mayor. En el caso de los varones pasa de 19,7 a 18,4 años, y en el de las mujeres, de 16,6 a 15 años. Naturalmente el C50 de las mujeres, dada su mayor supervivencia, parte de valores más bajos y llega incluso a una mayor reducción de 1,6 años, en tanto que para los varones esta reducción es de 1,2 años. Esto quiere decir que las personas en el Uruguay mueren a edades más similares hacia el final de la vida, lo que significa que una mayor cantidad de la población se ha visto beneficiada por los avances y logros que han permitido extender la vida, superando las causas de mortalidad evitables.

La extensión de la vida de una mayor cantidad de la población se puede observar claramente en la rectangularización de la curva de sobrevivencia (lx) de ambos sexos (véanse los gráficos 1A y 1B). Si bien ya en 1996-1998 se partía de curvas de sobrevivencia similares a la de 2012-2014, se observa un desplazamiento hacia arriba y hacia la derecha, principalmente en las curvas masculinas.

La evolución de las curvas de defunciones (dx) también permite confirmar gráficamente el fenómeno anteriormente mencionado: mayor concentración de las defunciones hacia el final de la vida y en menor intervalo de edades (véanse los gráficos 2A y 2B). En el caso de los varones la tendencia es más pronunciada a medida que pasan los años: se parte de una mayor acumulación de defunciones en torno a los 75 años a fines de los años noventa y este valor se va desplazando hacia los 80 años a lo largo del período analizado hasta concentrarse aún más en torno a esta edad hacia 2012. En el caso de las mujeres se parte de una curva más dilatada entre los 75 y 80 años donde se acumulan la mayoría de las muertes, pero esta también se va desplazando hacia los 80 años, edad en que se observa una mayor concentración de las muertes femeninas hacia el final del período analizado. Por lo tanto, la curva de 2012-2014 de ambos sexos tiene a moverse hacia arriba y la derecha, y toma una forma más triangular que las curvas de los períodos anteriores, que se muestran más dilatadas. La cúspide de la curva dx masculina se alcanza hacia los 80 años y la femenina hacia los 90 años, en consonancia con sus respectivas edades modales.

Gráfico 1

Uruguay: curva de sobrevivencia (lx), 1996-1998, 2004-2006 y 2012-2014

Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos de defunciones de estadísticas vitales de la Dirección General de la Salud, Ministerio de Salud Pública (MSP) y datos de población del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Gráfico 2

Uruguay: curva de defunciones (dx), 1996-1998, 2004-2006 y 2012-2014

Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos de defunciones de estadísticas vitales de la Dirección General de la Salud, Ministerio de Salud Pública (MSP) y datos de población del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Apuntando más allá de la evolución de la mortalidad por sexo, se realiza un análisis de los indicadores de la compresión de la mortalidad por regiones del Uruguay a partir de la agrupación explicitada en el apartado metodológico. Los indicadores se calculan también por sexo y para los tres períodos considerados, para detectar la existencia de patrones territoriales (véase el cuadro 3).

Cuadro 3

Uruguay: indicadores de compresión de la mortalidad por sexo y regiones departamentales, 1996-1998, 2004-2006 y 2012-2014

1996-1998

Hombres

Mujeres

d(m)

e^0

Moda

eM

SD(M+)

SD(M+)/e(M)

C50

d(m)

e^0

Moda

eM

SD(M+)

SD(M+)/e(M)

C50

Región 1

3 142

70,0

78,7

7,0

8,4

1,940

19,6

3 666

78,1

85,1

6,7

7,8

1,699

15,7

Región 2

3 120

70,9

79,4

7,2

8,7

1,201

19,7

3 797

77,0

84,4

6,4

7,5

1,773

16,4

Región 3

3 159

70,8

79,4

7,1

8,5

1,202

19,5

3 790

77,9

85,0

6,4

7,6

1,183

15,5

Región 4

3 190

70,1

78,7

7,0

7,7

1,107

19,0

3 484

77,5

84,7

7,0

7,6

1,096

17,0

Región 5

3 128

69,5

79,3

6,6

7,9

1,995

20,1

3 341

77,2

85,9

5,7

6,3

1,100

17,6

Total

2 970

70,7

78,8

7,5

10,2

1,400

19,7

3 760

78,8

85,0

7,5

8,1

1,100

16,6

2004-2006

Hombres

Mujeres

d(m)

e^0

Moda

eM

SD(M+)

SD(M+)/e(M)

C50

d(m)

e^0

Moda

eM

SD(M+)

SD(M+)/e(M)

C50

Región 1

3 258

71,9

79,7

7,0

8,3

1,119

19,4

2 997

79,5

86,9

8,5

8,4

0,991

15,9

Región 2

3 265

72,5

80,1

7,1

8,7

1,219

20,2

3 640

79,8

86,0

6,8

7,4

1,075

16,2

Región 3

3 354

72,2

79,9

6,8

8,0

1,179

18,3

3 744

79,7

86,0

6,6

7,3

1,106

15,8

Región 4

3 365

72,1

79,6

6,9

8,0

1,166

18,4

3 643

79,3

85,5

6,8

7,0

1,029

15,8

Región 5

3 390

71,1

79,9

6,4

7,5

1,184

17,7

3 472

78,6

85,3

7,1

7,5

1,058

16,8

Total

3 235

71,7

79,4

7,1

9,5

1,300

19,9

3 608

79,4

85,8

6,9

7,6

1,100

14,6

2012-2014

Hombres

Mujeres

d(m)

e^0

Moda

eM

SD(M+)

SD(M+)/e(M)

C50

d(m)

e^0

Moda

eM

SD(M+)

SD(M+)/e(M)

C50

Región 1

3 253

74,2

81,2

7,3

8,8

1,199

19,3

3 733

81,0

86,5

6,9

7,2

1,044

16,2

Región 2

3 322

73,5

81,1

6,9

8,4

1,210

18,0

4 238

79,4

85,6

5,8

6,8

1,157

13,9

Región 3

3 375

74,4

81,2

7,1

8,6

1,204

18,3

4 001

80,8

86,5

6,3

7,1

1,136

14,2

Región 4

3 329

73,5

81,2

6,9

8,4

1,211

18,0

3 913

79,8

86,2

6,3

7,1

1,125

15,1

Región 5

3 370

73,4

80,5

7,0

7,8

1,117

18,3

3 539

80,3

86,8

6,9

7,8

1,121

15,4

Total

3 320

73,0

80,8

6,9

8,5

1,200

18,4

3 844

80,1

86,4

6,4

7,2

1,100

15,0

Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos de defunciones de estadísticas vitales de la Dirección General de la Salud, Ministerio de Salud Pública (MSP) y datos de población del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los 18 años que comprende el período analizado la esperanza de vida al nacer registra un aumento en las cinco regiones, mostrando siempre una tendencia superior en las mujeres que en los varones. Estos últimos muestran una ganancia promedio en torno a los 3 años; en la región 1 (la capital, Montevideo) supera los 4 años y en la región 2, que abarca principalmente los departamentos del suroeste del país, es de 2,6 años. En el caso de las mujeres, que parten de guarismos superiores, el aumento es levemente menor y no alcanza los 3 años, con excepción de la región 5, donde se supera este valor en los departamentos del noreste del país.

La edad modal se ubica siempre por encima de la esperanza de vida, como es de esperar en un país envejecido. Esta edad varía entre los 78,8 y los 80,8 años para los varones y entre los 85 y los 86,4 años para las mujeres en el total del período y en todo el país. Sin embargo, cabe notar que en las regiones 2 y 3 la edad modal supera levemente al total del país para los varones en los tres intervalos de tiempo analizados. En el caso de las mujeres las oscilaciones regionales observadas son bastante menores, salvo por un incremento de casi un año en Montevideo en el intervalo 2004-2006; hacia el final del período considerado, todas las regiones muestran valores de edad modal similares al total del país, con excepción de la región 2.

Es decir, mientras que en 1996-1998 la edad más frecuente a la que morían los hombres se situaba entre los 78,7 y los 79,4 años, según la región, al final del período pasó a estar entre los 80,5 y los 81,2 años, lo que representa una ganancia de alrededor de 2,5 años. En el caso de las mujeres, la edad modal se situaba entre los 84,4 y los 85,9 años al principio del período y pasa a estar entre los 85,6 y los 86,8 años al final del período, lo que implica una ganancia de aproximadamente 2 años. Los valores de la edad modal oscilan muy poco entre las regiones.

La esperanza de vida a la edad modal se estabiliza en torno a los 7 años tanto para los varones como para las mujeres. En ambos casos muestra un leve descenso en concordancia con el aumento registrado por la edad modal, que se acentúa en el intervalo 2004-2006 en el caso de los varones de las regiones 3, 4 y 5. En el caso de las mujeres, parece repuntar en esta misma etapa, para luego volver a descender en 2012-2014 con mayor intensidad en las regiones 2, 3 y 4.

El volumen de las defunciones a la edad modal se incrementa entre los dos extremos del período, de manera más significativa en el caso de los varones que de las mujeres. En el caso de estas se produce un descenso en las regiones 1, 2 y 3 en el lapso 2004-2006.

La desviación estándar a la derecha de la edad de la moda tiene una fluctuación que oscila entre 6,3 y 8,4. La de los varones es mayor y registra una tendencia al descenso a mitad de período y luego aumenta hacia el final, con excepción de la región 2. Entre las mujeres este valor tiende a disminuir, salvo en la región 5, donde muestra un aumento de 6,3 a 7,8 años.

La relación entre este indicador de desviación estándar y la esperanza de vida a la edad de la moda —que ha sido interpretada por Kannisto como una desviación media— es superior para los varones que para las mujeres. Para ellos, en 2012-2014 estos valores se ubican en todas las regiones en torno a los descritos por una curva normal, pero sin alcanzarlos (entre 1,199 y 1,211). En el caso de las mujeres, sin embargo, los valores permanecen por debajo de esta cifra.

El indicador C50 pasa de situarse entre 20,1 y 19,5, según la región, al comienzo de período analizado a situarse entre 19,3 y 18 al final del período en el caso de los hombres. Es decir, a medida que se observa una ganancia de la esperanza de vida al nacer y la edad modal, el intervalo de edad en que ocurren las muertes tiende a reducirse en todas las regiones. En el caso de las mujeres este intervalo también se reduce y pasa de valores que oscilan entre 15,5 y 17,6, según la región, a valores de entre 13,9 y 16,2. Así, este valor muestra una contracción de entre 0,3 y 1,8 desde el inicio hasta el final del período considerado para los varones y de entre 1,3 y 2,5 para las mujeres, con excepción de la región 1, donde se registra una expansión del C50 de medio año. Se corrobora entonces el proceso de compresión de la mortalidad con mayor intensidad en la población femenina que la masculina.

Las curvas de sobrevivencia por regiones permiten confirmar visualmente las leves diferencias interregionales: en las cinco regiones se observa la misma tendencia que en el total del país a la rectangularización de la curva (con un corrimiento hacia arriba y hacia la derecha), lo que representa una mayor sobrevivencia de más población hacia el final de la vida. Nuevamente, las diferencias más notorias se observan entre los sexos: la curva de las mujeres es más rectangular que la de los hombres hacia el final del período en todas las regiones (véanse los gráficos 3A, 3B, 3C, 3D, 3E y 3F).

Gráfico 3

Uruguay: curvas de sobrevivencia por sexo, 1996-1998, 2004-2006 y 2012-2014

Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos de defunciones de estadísticas vitales de la Dirección General de la Salud, Ministerio de Salud Pública (MSP) y datos de población del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La representación gráfica de las defunciones (dx) por regiones a lo largo del tiempo refleja que estas mantienen la tendencia general de corrimiento hacia arriba y hacia la derecha y de triangularización de la cúspide. En las cinco regiones la cúspide de las defunciones masculinas se concentra hacia el final del período, en torno a los 80 años, y la de las femeninas en torno a los 90 años. Las diferencias interregionales de la curva de las defunciones son muy leves en el caso de los hombres; para las mujeres, en 2012-2014 la curva de la región 2 se sitúa levemente por encima del resto, y la de la región 5, levemente por debajo (véanse los gráficos 4A, 4B, 4C, 4D, 4E y 4F).

Gráfico 4

Uruguay: curvas de defunciones (dx) por sexos, 1996-1998, 2004-2006 y 2012-2014

Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos de defunciones de estadísticas vitales de la Dirección General de la Salud, Ministerio de Salud Pública (MSP) y datos de población del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En suma, el análisis de la evolución de la mortalidad en el Uruguay entre los bienios 1996-1998 y 2012-2014 permite observar la rectangularización de las curvas de sobrevivencia de ambos sexos: un corrimiento hacia la derecha y hacia arriba que sugiere la concentración de las defunciones en edades avanzadas, así como la compresión de los años de la muerte en torno a la edad modal. Esto quiere decir que más personas alcanzan la longevidad y conlleva una mayor igualdad en la edad cercana a la muerte. Las diferencias regionales encontradas son leves, aunque indican algunas variantes que podrían ser consideradas para análisis futuros.

D. Conclusiones

La discusión sobre la expansión de la vida humana en la comunidad demográfica data de hace varias décadas. En 2001 fue uno de los debates centrales de la XXIV Conferencia General de la Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población (UIECP), presidida por Jacques Vallin y en la que participaron James Vaupel, James Carey, Jay Olshansky y el mismo James Fries, impulsor del concepto de compresión de la mortalidad. Lamentablemente, el tema no ha tomado tal relevancia en las últimas conferencias de esta institución, pero aun así la producción científica en torno a la temática se ha mantenido e incluso incrementado.

En general, esta producción se centra en los países desarrollados con bajos niveles de mortalidad, y la discusión se ha vinculado a la extensión de la longevidad y a la mortalidad en edades avanzadas. A partir de estos aportes se han ido incorporando otros indicadores que permiten analizar la mortalidad más allá de la esperanza de vida al nacer y a determinadas edades. Los avances en la superación de la mortalidad infantil y a edades jóvenes han trasladado el foco hacia las edades adultas y avanzadas en el análisis de las tendencias de la muerte. Indicadores como la edad modal, la edad media y los intervalos de edad en que se acumulan las muertes permiten analizar el proceso de compresión de la mortalidad, que supone una mayor concentración de las muertes en la edad modal en las generaciones supervivientes. A medida que aumenta la esperanza de vida, aumenta también la concentración en la edad modal y el desvío estándar disminuye.

Entre los países desarrollados destacan Islandia, el Japón, Noruega y Nueva Zelandia por sus cifras récord de longevidad en el análisis a largo plazo y durante siglo y medio (Canudas-Romo, 2010). En estos países se ha observado el aumento de la edad modal de la muerte a lo largo del siglo XX y la contribución de las distintas edades a la reducción de la mortalidad, así como el desplazamiento hacia las edades avanzadas.

En América Latina las investigaciones acerca de este tema son relativamente escasas. Los análisis globales se han centrado en la incidencia de la mortalidad por causas en función de la clasificación en países “avanzados” o “retrasados” en lo que se refiere a la mortalidad. Los primeros aportes del análisis de la compresión de la mortalidad se han realizado en Chile y el Brasil, y en este último caso también se ha profundizado en el análisis por regiones.

En el Uruguay, uno de los países más envejecidos de la región, no existen análisis sobre el proceso de compresión de la mortalidad. Por otra parte, los distintos análisis territoriales de los fenómenos demográficos no han tenido muy en cuenta la distribución de la mortalidad. De la clásica división Montevideo-resto del país se pasa en algunos casos al análisis por departamentos (19 divisiones administrativas menores). De la información obtenida en el censo de 1985 surge el primer análisis que trasciende la división departamental y se crean varios indicadores por sección censal, entre los cuales se encuentra un estudio pionero sobre mortalidad infantil (Pellegrino y González Cravino, 1985). A partir del último censo, de 2011, se han realizado análisis con niveles similares de desagregación en sucesivos fascículos del Atlas Sociodemográfico y de la Desigualdad del Uruguay[6], pero ninguno se ha centrado en el análisis territorial de la mortalidad. En este artículo se ha intentado profundizar en las tendencias regionales de la mortalidad teniendo en cuenta agrupaciones territoriales intermedias vinculadas a desigualdades múltiples en el territorio (Tenenbaum, 2015). Siguiendo esta línea, se vinculó el análisis de la compresión de la mortalidad por regiones construyendo cinco dimensiones territoriales, diferenciadas para la población masculina y femenina.

Como resultado de este análisis surgen algunas conclusiones: a nivel global se advierte un proceso de compresión de la mortalidad en el país que se produce con mayor intensidad en el caso de la población masculina, que presenta niveles más bajos de esperanza de vida y experimenta más avances en el descenso de la mortalidad. La esperanza de vida al nacer entre los varones aumenta más de dos años en el período de casi dos décadas analizado, en tanto que entre las mujeres este valor es apenas superior al año. La edad modal de la muerte parte de valores cercanos a los 79 años para los varones y los 85 años para las mujeres y adquiere mayor concentración en los valores de 81 y 86,4 años, respectivamente. El desvío estándar a la media sufre también una mayor reducción en el caso de la población masculina que la femenina.

Al comparar con los resultados de Chile en 1991-92, según demuestran Zepeda y Monteverde (2016), podemos observar que los valores de la edad modal son similares a los registrados en el Uruguay en 1996-1998 (78,4 años para los varones y 85,2 años para las mujeres). Sin embargo, los valores del Uruguay en el año 2012-2014 son inferiores a los registrados en Chile 10 años antes (82,3 años para los varones y 87,1 años para las mujeres). Por lo tanto, los avances en el proceso de compresión de la mortalidad han sido mayores en el caso chileno que en el uruguayo.

En cuanto al Brasil, Cisalpino y Lanza (2018) recientemente demuestran un proceso de compresión de la mortalidad a nivel global, pero con diferencias regionales mucho mayores que las registradas en el Uruguay, salvando el problema de escala entre ambos países. Los hallazgos de los investigadores apuntan a una alta mortalidad en edades jóvenes y, al mismo tiempo, una disminución de la mortalidad en las edades avanzadas. A nivel subnacional, los autores observan que la edad modal más alta no se ubica en los estados con más desarrollo socioeconómico ni mayor esperanza de vida.

En el caso uruguayo, en todas las regiones se ha podido corroborar el proceso de rectangularización de la curva de sobrevivencia y en algunos casos se han observado matices que deberán tenerse en cuenta en el análisis localizado de la mortalidad. Como ya se había demostrado en análisis previos, hay indicios que permiten concluir la vinculación entre factores socioeconómicos y de contexto en las tendencias de la mortalidad (Tenenbaum, 2015). En el caso de la compresión de la mortalidad por regiones, se advierte en la región norte una menor compresión de la mortalidad de la población masculina, en tanto que para la población femenina ocurre algo similar en la región 2, que abarca varios departamentos del sur del país.

La duración de la vida humana efectivamente se ha incrementado en el Uruguay y esto se refleja también en el desplazamiento de las muertes hacia las edades más avanzadas y en una menor dispersión de esta tendencia. Este proceso atestigua la mayor igualdad adquirida por las sucesivas generaciones en relación con la longevidad y presenta diferencias por sexo y por regiones del país, que deberán ser estudiadas si se quiere profundizar en las dimensiones de este fenómeno a nivel local para focalizar las políticas públicas en materia de salud.

Bibliografía

Canudas-Romo, V. (2010), “Three measures of longevity: time trends and record values”, Demography, vol. 47, Nº 2.

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2016), La matriz de la desigualdad social en América Latina (LC/G.2690(MDS.1/2)), Santiago, octubre.

____(2008), Transformaciones demográficas y su influencia en el desarrollo en América Latina y el Caribe (LC/G.2378(SES.32/14)), Santiago.

Cheung, K.S y otros (2009), “Dissecting the compression of mortality in Switzerland, 1876-2005”, Demographic Research, vol. 21, Nº 19.

Cheung, K.S y J. M. Robine (2007), “Increase in common longevity and the compression of mortality: the case of Japan”, Population Studies, vol. 61, Nº 1.

Cisalpino, P. y B. Lanza (2018), “Regional Disparities in Brazilian Adult Mortality: an analysis using Modal Age at Death (M) and Compression of Mortality (IQR)” [en línea] https://www.researchgate.net/publication/326142185_Regional_Disparities_in_Brazilian_Adult_Mortality_an_analysis_using_Modal_Age_at_Death_M_and_Compression_of_Mortality_IQR.

Fries, J.F. (1980), “Aging, natural death, and the compression of morbidity”, New England Journal of Medicine, vol. 303.

Fries J.F., B. Bruce y E. Chakravarty (2011), “Compression of morbidity 1980-2011: a focused review of paradigms and progress”, Journal of Aging Research, Nº 261702.

Gonzaga, M. y J. Vilton (2016), “Compressão da mortalidade: tendências e diferenciais regionais na variabilidade da idade à morte no Brasil, 1980-2010”, documento presentado en el Sexto Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP), Foz de Iguazu [en línea] http://www.alapop.org/alap/files/docs/Congreso2016/anais/359-508.pdf.

Gonzaga, M., B. Queiroz y E. Lima (2017), “Compression of mortality: the evolution in the variability in the age of death in Latin America”, Open Science Framework [en línea] osf.io/pdnfk.

Gonzaga, M., B. Queiroz y C. Machado (2009), “Compression of mortality: a study on the variability of age at death in the State of São Paulo”, Caderno de Saúde Pública, vol. 25, Nº 7.

Guzmán, J.M. y otros (2006), “La démographie de l’Amérique latine et de la Caraïbe depuis 1950”, Population-F, vol. 61.

Kannisto, V. (2000), “Measuring the compression of mortality”, Demographic Research, vol. 3, Nº 6.

Olshansky, S.J. y A.B. Ault (1986), “The fourth stage of the epidemiologic transition: the age of delayed degenerative diseases”, The Milbank Quarterly, vol. 64, Nº 3.

Omran, A. (1971), “The epidemiologic transition: a theory of epidemiology of population change”, The Milbank Quarterly, vol. 49.

OPS (Organización Panamericana de la Salud) (2017), Salud en las Américas, 2017, Washington, D.C.

Ouellette, N. y R. Bourbeau (2011), “Changes in the age-at-death distribution in four low mortality countries: a nonparametric approach”, Demographic Research, vol. 25.

Paredes, M. y R. Pollero (2016), “La mortalidad por causas en personas mayores en Uruguay: desafíos para el sistema de salud y las políticas de cuidado”, documento presentado en el Sexto Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP), Foz de Iguazú.

Pellegrino, A. y otros (2008), “De una transición a otra: la dinámica demográfica del Uruguay en el siglo XX”, El Uruguay del siglo XX. La sociedad, B. Nahum, Montevideo, Banda Oriental- Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República.

Pellegrino, A. y S. González Cravino (1985), Atlas demográfico del Uruguay. Indicadores sociodemográficos y de carencias básicas, Montevideo, Editorial Fin de Siglo.

Palloni, A. y G. Pinto-Aguirre (2011), “Adult mortality in Latin America and the Caribbean”, International Handbook of Adult Mortality, R.G. Rogers y E.M. Crimmins (eds.), Springer.

Robles, E., J. Bernabéu y F.G Benavides (1996), “La transición sanitaria: una revisión conceptual”, Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, vol. XIV, Nº 1.

Stallard, E. (2016), “Compression of morbidity and mortality: New perspectives”, North American Actuarial Journal, vol. 20, Nº 4.

Tenenbaum, M. (2015), “Determinantes socio-territoriales de la mortalidad en Uruguay, 1997-2013”, tesis para optar al grado de Magister en Estudios Territoriales y de Población, Universidad Autónoma de Barcelona.

Thatcher, R. y otros (2010), “The compression of deaths above the mode”, Demographic Research, vol. 22, Nº 17.

Vallin, J. y F. Meslé (2004), “Convergences and divergences in mortality: a new approach to health transition”, Demographic Research Special Collection, vol. 2, Nº 2.

Wilmoth, J.R. y S. Horiuchi (1999), “Rectangularization revisited: variability of age at death within human populations”, Demography, vol. 36.

Zepeda, A. y L. Monteverde (2016), “Compresión de la mortalidad en Chile: 1969-2002”, Papeles de población, vol. 22, Nº 87.

[1] Doctora por la Universidad Autónoma de Barcelona (España). Máster en Demografía y Licenciada en Sociología, Programa de Población de la Facultad de Ciencias Sociales y Centro Interdisciplinario de Envejecimiento, Universidad de la República (Uruguay). Correo electrónico: mariana.paredes@cienciassociales.edu.uy.

[2] Máster Oficial en Estudios Territoriales y de la Población, Universidad Autónoma de Barcelona (España). Magíster en Demografía, Programa de Población de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Uruguay). Correo electrónico: marianatuy@gmail.com.

[3] Este porcentaje es relativo: el dato para esa época incluye un 33% de causas mal definidas, por lo que este guarismo es en realidad significativamente superior.

[4] El indicador C50 expresa el intervalo de edad en el que se concentran el 50% de las defunciones. Su método de cálculo se especifica en el apartado metodológico.

[5] A partir de 1996 existen estimaciones de población desagregadas por departamento.

[6] Véase [en línea] http://www.ine.gub.uy/atlas-sociodemografico.

Artículo 10

Factores asociados al trabajo infantil en la República Bolivariana de Venezuela[1]

Malinda Coa Ravelo[2]

Ernesto Ponsot Balaguer[3]

Recibido: 03/12/18

Aceptado: 01/02/19

Resumen

Se presenta una investigación descriptiva e inferencial sobre algunos factores sociodemográficos y económicos que explican el que las familias venezolanas recurran al trabajo infantil de algunos de sus miembros. Las cifras son oficiales y provienen de la Encuesta de Hogares por Muestreo de 2013, realizada por el Instituto Nacional de Estadística venezolano. Después de ajustar un modelo de regresión logística, se procede al análisis de posibilidades y probabilidades. Se concluye que las probabilidades de que los niños de entre 10 y 14 años trabajen se elevan cuando: i) aumenta la edad; ii) el niño es de sexo masculino; iii) no estudia; iv) vive en un hogar en situación de pobreza o pobreza extrema, y v) el jefe de hogar tiene bajo nivel educativo. El factor más influyente es la escolaridad: si un niño no está escolarizado, aumentan considerablemente las posibilidades de que sea sometido a trabajo infantil; por lo tanto, la educación sigue siendo un medio para mantener a los niños alejados de dicho fenómeno. Otro factor preponderante son las necesidades básicas insatisfechas dentro del hogar.

Palabras clave: trabajo infantil, regresión logística, posibilidades, probabilidades, Encuesta de Hogares por Muestreo, necesidades básicas insatisfechas.

Abstract

This descriptive and inferential research examines certain sociodemographic and economic factors that explain why some Venezuelan families resort to child labour of their members. The figures are official and come from the 2013 Household Sample Survey conducted by the Venezuelan National Institute of Statistics. A logistic regression model is first adjusted, followed by analysis of possibilities and probabilities. The conclusion is that the likelihood of children being in work aged 10–14 increases when a child: (i) is older; (ii) is male; (iii) does not study; (iv) lives in a household in poverty or extreme poverty; and (v) the head of household has a low level of education. The most influential factor is schooling: if a child is not in school, the likelihood of child labour increases considerably. Therefore, education remains a means of keeping children out of such circumstances. Another critical factor is unmet basic needs within the household.

Keywords: child labour, logistic regression, possibilities, probabilities, Household Sample Survey, unmet basic needs.

Résumé

L’auteur présente une recherche descriptive et inférentielle sur certains facteurs sociodémographiques et économiques qui expliquent pourquoi les familles vénézuéliennes ont recours au travail de certains de leurs enfants. Les chiffres sont officiels et proviennent de l’enquête par échantillonnage sur les ménages de 2013, menée par l’Institut national vénézuélien de statistique. Une fois le modèle de régression logistique ajusté, on procède à l’analyse des possibilités et des probabilités. La conclusion est que la probabilité que les enfants âgés de 10 à 14 ans travaillent augmente lorsque: i) ils sont plus âgés; ii) l’enfant est de sexe masculin; iii) l’enfant n’étudie pas; iv) il vit dans un ménage pauvre ou extrêmement pauvre; et v) le chef de ménage a un faible niveau de scolarité. Le facteur le plus prépondérant est la scolarisation: lorsqu’un enfant n’est pas scolarisé, la probabilité de travail infantile augmente considérablement; l’éducation reste donc un moyen d’éviter le travail des enfants. Un autre facteur déterminant est la situation dans laquelle les besoins de base au sein du ménage ne sont pas satisfaits.

Mots clés: travail des enfants, régression logistique, possibilités, probabilités, enquête sur les ménages par échantillonnage, besoins fondamentaux non satisfaits.

Introducción

El trabajo infantil ha existido siempre a lo largo de la historia, sobre todo como apoyo a la familia en las labores domésticas o agropecuarias. Sin embargo, como problemática social, surgió como consecuencia de la revolución industrial, pues supuso el empleo de niños en los talleres como mano de obra barata.

El trabajo infantil es un fenómeno multidimensional en el que convergen diversos factores de carácter cultural, social y económico; de allí que no exista una definición única. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo infantil es todo aquel que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico (OIT/UIP, 2002). A diferencia de otras actividades como ayudar en las tareas de la casa o cualquier otra labor ligera, el trabajo infantil es perjudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño, a lo que se suma el hecho de que interfiere con su escolarización, pues lo priva de la posibilidad de asistir a clases, lo obliga a abandonar la escuela de forma prematura o le exige combinar el estudio con un trabajo pesado que consume mucho tiempo.

En el caso de la República Bolivariana de Venezuela, a pesar de las bajas cifras señaladas, el trabajo infantil sigue siendo un problema social que requiere atención, pues va en contra de la salud y la asistencia escolar de los menores, condenándolos a una vida adulta de pobreza (OIT, 2016). Por lo general, su persistencia reproduce el denominado “efecto mariposa”[4] en el ciclo de vida, ocasionando profundas consecuencias en todas sus etapas: i) de niños, el trabajo resta tiempo para estudiar, daña la salud y afecta el desarrollo físico, psicológico y emocional, pues interfiere con el tiempo para el descanso y la recreación, fundamentales a esa edad temprana; ii) de adolescentes, esos niños trabajadores tendrán menos probabilidades de cursar y terminar la educación secundaria, les será más difícil llegar a la universidad y pueden acabar realizando trabajos peligrosos; iii) de adultos, les será más difícil encontrar un trabajo en buenas condiciones, será más probable que se queden sin trabajo y les afectarán más las crisis económicas, y iv) por último, en la edad avanzada, tendrán menos acceso a sistemas de seguridad social y mayor dependencia familiar y serán más vulnerables a conmociones colectivas (económicas y sociales). Desde el inicio, el trabajo infantil frena las economías y el crecimiento de los países y, a la larga, dará origen a una nueva generación de niños trabajadores que empezarán el ciclo otra vez.

A fin de diseñar políticas orientadas a prevenir y erradicar el trabajo infantil, se hace necesario comprender las causas que lo determinan y las fuerzas que lo hacen surgir. En consecuencia, esta investigación pretende explorar algunos factores sociodemográficos y económicos subyacentes, que pueden explicar que las familias venezolanas recurran al trabajo infantil. Asimismo, se pretende generar información de base con el fin de aumentar la conciencia pública sobre el problema y apoyar el desarrollo de marcos normativos, políticas y programas sobre este flagelo que afecta a la niñez.

El presente artículo está organizado de la siguiente manera: después de esta introducción, se hace una revisión de la literatura sobre el trabajo infantil; luego se describen los materiales y métodos empleados para la consecución del objetivo propuesto; en las dos últimas secciones se exponen los resultados obtenidos y las principales conclusiones de la investigación.

A. Revisión de la literatura

Según estimaciones y estadísticas de la OIT, a través del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), en 2012 aproximadamente 168 millones de niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años se encontraban en situación de trabajo infantil en el mundo, cifra que correspondía al 11% del total de la población de ese rango de edad; de ellos, más de la mitad efectuaban trabajos peligrosos (OIT, 2013)[5]. La región de Asia y el Pacífico continuaba registrando el número más alto de niños trabajadores (casi 78 millones o el 9,3% de la población infantil), pero el África Subsahariana seguía siendo la región con la más alta incidencia (59 millones, lo que representa más del 21% de la población infantil). Para ese año, se estimó que en América Latina y el Caribe existían 12,5 millones (8,8%) de niños en situación de trabajo infantil, mientras que en la región del Oriente Medio y África del Norte había 9,2 millones (8,4%).

La OIT señala que América Latina y el Caribe ha sido la región del mundo en desarrollo que más ha avanzado en la reducción del trabajo infantil. A través de la labor conjunta de los Gobiernos, las organizaciones de empleadores y de trabajadores, la sociedad civil y la cooperación internacional se ha logrado que más de 7,5 millones de niños, niñas y adolescentes de la región hayan sido retirados de una situación de trabajo infantil. Sin embargo, también advierte que el ritmo de reducción del trabajo infantil en América Latina y el Caribe se habría estancado durante los últimos cuatro años, dado que en 2016 la cifra era de alrededor de 10 millones (7,3% de la población infantil) y se habría producido una reducción de solo 1,5 puntos porcentuales con respecto al porcentaje registrado en 2012.

Según un informe de la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (CEPAL/UNICEF, 2009), alrededor de 2005 las tasas más altas de actividad económica de niños y niñas de entre 10 y 14 años se registraron en Guatemala (32% de los niños y 15% de las niñas) y el Estado Plurinacional de Bolivia (28% de los niños y 25% de las niñas); en tanto, las tasas más bajas se registraron en la República Bolivariana de Venezuela (6% de los niños y 2% de las niñas) y la Argentina (2% de los niños y 1% de las niñas). En casi todas las regiones del mundo, niños y niñas tienen las mismas posibilidades de estar involucrados en el trabajo infantil. Una excepción es América Latina y el Caribe, donde los niños están ligeramente más expuestos que las niñas a ser sometidos a trabajos; sin embargo, entre los tipos de actividades realizadas, las niñas tienen muchas más probabilidades de estar involucradas en el trabajo doméstico (UNICEF, 2016).

En la República Bolivariana de Venezuela no existen cifras oficiales sobre el trabajo infantil específicamente. Además, las investigaciones realizadas son pocas y sus resultados están basados en datos de la Encuesta de Hogares por Muestreo (EHM), que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE), la fuente oficial más reciente a la que se tiene acceso público[6]. Una de estas investigaciones es un estudio sobre educación y trabajo infantil realizado por el UNICEF (2009), que señala que durante el trienio 2005-2007 un promedio anual de 259.000 niños, niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años estaban trabajando o buscando trabajo. Por otra parte, Tovar y Blanco (2009) refieren que, específicamente en 2005, la población venezolana de ese rango de edad que desempeñaba alguna actividad laboral era de 368.154 niños, niñas y adolescentes, y en 2007 de 306.463 (cifras equivalentes a un 8,4% y un 6,4%, respectivamente, de la población de ese rango de edad). Blanco y Valdivia (2006) afirman que la tasa de trabajo infantil en la República Bolivariana de Venezuela en 2000 se ubicaba en un nivel bastante bajo con respecto a otros países latinoamericanos: un 4,8% de los niños de entre 10 y 14 años, frente a valores en un rango del 4% al 20% de los niños de entre 7 y 14 años en otros países de América Latina. Datos en línea del programa Cómo entender el trabajo de menores (UCW, 2016) muestran que en 2006 en la República Bolivariana de Venezuela un 5,1% de los niños y niñas de entre 10 y 14 años se dedicaban a alguna actividad económica, con una media semanal de 35 horas en el caso de aquellos que solo trabajaban y 32 horas en el de los que alternaban trabajo y estudios. En su mayoría, los niños y niñas se desempeñaban en actividades económicas relacionadas con los sectores de servicios (55,7%) y agricultura (32,3%).

1. Algunas consideraciones teóricas

El trabajo infantil comprende a todos los niños, niñas y adolescentes que realizan cualquier actividad económica durante al menos una hora en el transcurso del período que se analice (OIT, 2016), incluidos:

i) los niños, niñas y adolescentes ocupados en la producción económica que no han alcanzado la edad mínima de admisión al empleo establecida en la legislación nacional de cada país en concordancia con la normativa internacional (Convenio sobre la Edad Mínima, 1973 (núm. 138) y Recomendación sobre la edad mínima, 1973 (núm. 146) de la OIT);

ii) los niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años que realizan actividades peligrosas determinadas por la legislación nacional de cada país en concordancia con la normativa internacional (Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) y Recomendación sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 190) de la OIT), y

iii) los niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años víctimas de las peores formas de trabajo infantil, entre las cuales se incluyen la esclavitud, la trata de personas menores de edad, la servidumbre por deudas y otras formas de trabajo forzoso como el reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados, la explotación sexual comercial y pornografía y el uso de personas menores de edad para cometer delitos (Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) y Recomendación sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 190) de la OIT).

La definición de trabajo infantil excluye a los niños, niñas y adolescentes que realizan un trabajo ligero permitido, así como a los adolescentes que trabajan bajo los parámetros del trabajo protegido.

Para el UNICEF, la línea que separa el trabajo infantil de aquellas actividades que ayudan al desarrollo de la niñez es muy delgada, por lo que resulta importante conocer la cantidad de horas que el niño dedica a realizar una tarea y la naturaleza de la misma (UNICEF, s/f). Por ello este organismo define el trabajo infantil como aquel que supere una cantidad mínima de horas, dependiendo de la edad del niño o niña y de la naturaleza del trabajo. Es así como el trabajo infantil incluye a:

i) niños y niñas de entre 5 y 11 años ocupados, al menos una hora semanal, en cualquier actividad económica o aquellos que trabajan 28 horas o más por semana en labores domésticas;

ii) niños y niñas de entre 12 y 14 años ocupados, al menos 14 horas semanales, en cualquier actividad económica o quienes trabajan 28 horas o más por semana en labores domésticas, y

iii) adolescentes de entre 15 y 17 años ocupados, al menos 43 horas semanales, en cualquier actividad económica o doméstica.

Como ya se ha mencionado, el trabajo infantil es un fenómeno multifactorial. Sin embargo, entre todas las posibles causas, la pobreza familiar es la que mayormente obliga a niños, niñas y adolescentes a trabajar a tiempo completo (OIT, 2007). Se plantea la existencia de factores internos y externos a la familia, muchos vinculados a la pobreza, que inducen al trabajo infantil (OIT, 2004). Entre los factores internos, se mencionan: situaciones familiares difíciles (como familias monoparentales, enfermedad o incapacidad para trabajar de algún miembro de la familia, familias disfuncionales, familias que no brindan apoyo o protección), pobres valores familiares, bajo nivel de educación de los niños o los padres y bajo nivel de aptitud parental. Los factores externos, por su parte, tienen que ver con la interacción entre la familia y la sociedad en su conjunto, y entre ellos se mencionan: la pertenencia a una población minoritaria (racial o étnica) y el hecho de sufrir exclusión social, el estar sometido a fuertes influencias del grupo de compañeros con valores materialistas y el verse afectado por una perturbación económica (crisis económica, transición política y social). Entre los factores culturales que inciden en la persistencia del trabajo infantil, se mencionan aquellos relacionados con la percepción del valor formador del trabajo y su transmisión generacional de padres a hijos: existen culturas en las que se cree, todavía, que el trabajo a corta edad “es bueno”.

La literatura existente sobre trabajo infantil se ocupa de las consecuencias que el trabajo precoz tiene sobre los niños. La deserción del sistema escolar, la repitencia, el bajo rendimiento escolar, el desfase entre la edad y el grado que se cursa (extraedad) y el atraso escolar caracterizan a los niños trabajadores (Borrayo, 2012). El trabajo a tiempo completo impide que los niños reciban formación, hipotecando su capacidad futura de generación de ingresos y manteniéndolos en el círculo de la pobreza (Nippierd, Gros-Louis y Vandenberg, 2008). El trabajo infantil también compromete y pone en riesgo la salud de los niños: sus cuerpos todavía se están desarrollando y están expuestos a todos los peligros a los que se enfrentan los adultos en el lugar de trabajo. La OIT estima que 22.000 niños mueren cada año en los centros de trabajo, siendo ciertos sectores más peligrosos que otros (por ejemplo, la agricultura, la construcción, la minería y la pesca), pues en ellos los niños están en contacto con sustancias peligrosas y con herramientas y máquinas de trabajo diseñadas para adultos.

Es importante estudiar el trabajo infantil, pues se lo considera un problema social que debe minimizarse, si no puede eliminarse completamente. La Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, que exige que los niños sean protegidos del trabajo que sea perjudicial para su salud, sus oportunidades educativas y su desarrollo mental, físico, social o moral, ha sido firmada por 196 países. A pesar de esta generalizada condena, aproximadamente uno de cada ocho niños de entre 10 y 14 años trabaja en todo el mundo (Gunnarsson, Orazem y Sedlacek, 2005).

Es cierto que los índices de trabajo infantil han disminuido en América Latina, en particular, y podría suponerse que también ha sido así en la República Bolivariana de Venezuela. No obstante, las cifras de que se dispone, además de ser muy escasas, como ya se dijo, provienen de forma casi exclusiva de fuentes gubernamentales u oficiales, cuya contrastación con fuentes independientes y desinteresadas simplemente no es posible. Es clara la necesidad de que los Gobiernos permitan, e incluso promuevan, la obtención de cifras no oficiales que apoyen o refuten los estudios que realizan entidades del Estado. Esta labor puede encomendarse a universidades e institutos de investigación social dedicados al tema, así como a organizaciones no gubernamentales.

B. Materiales y métodos

La Resolución sobre las estadísticas del trabajo infantil, adoptada en la Decimoctava Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, celebrada en Ginebra en 2008, establece que, con fines de medición estadística, dentro del trabajo infantil se incluye a todas las personas comprendidas en el grupo de edades de 5 a 17 años que, durante un período de referencia determinado, hayan participado en una o más de las siguientes actividades:

i) peores formas de trabajo infantil, descritas en el artículo 3 del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) de la OIT y referidas a todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a ella;

ii) empleo por debajo de la edad mínima: el artículo 2 del Convenio sobre la Edad Mínima, 1973 (núm. 138) de la OIT establece que la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar o, en todo caso, a los 14 años, y

iii) servicios domésticos no remunerados peligrosos, denominados así los servicios que prestan los niños en el propio hogar durante horarios prolongados, en un medio insalubre o un lugar peligroso.

En la Resolución también se señala que las encuestas de hogares son uno de los principales métodos para recopilar estadísticas diversas sobre el trabajo infantil y estimar su incidencia, en especial aquellas encuestas sobre la fuerza de trabajo, ya que en estas se aplican conceptos análogos y se abordan temas similares. Al respecto, cabe señalar que en la República Bolivariana de Venezuela no existen instrumentos que exploren directamente el trabajo infantil; sin embargo, entre los aspectos favorables que presenta la Encuesta de Hogares por Muestreo del INE está el hecho de que “recoge información sobre la fuerza de trabajo para personas de 10 años y más, aunque no la divulga, lo que permite hacer seguimientos al ‘trabajo infantil’ (10 a 14 años)” (INE, 2013). Entre sus ventajas, la EHM permite determinar las características sociodemográficas y socioeconómicas de la población de niños de entre 10 y 14 años; no obstante, el rango etario de niños trabajadores de entre 5 y 9 años no puede ser estudiado. Así, pues, a los fines de esta investigación, se aborda el trabajo infantil desde el enfoque de la edad, como lo sugiere el INE. Por ello, para los efectos de la medición, se considera que todo niño o niña de entre 10 y 14 años que hubiere realizado alguna actividad económica productiva en el período en estudio estuvo en situación de trabajo infantil.

Esta investigación es un estudio descriptivo e inferencial, de corte transversal. Para su realización se utilizaron los datos de la EHM correspondientes al primer semestre[7] de 2013 (último año del que existen datos de esta fuente oficial a los que se tiene acceso público), conformados por 37.346 viviendas, 37.795 hogares y 153.792 personas. De estas tablas, se extrajeron los registros de 13.745 niños con edades comprendidas entre 10 y 14 años, junto a un conjunto de variables sociodemográficas y económicas, asociadas a los propios niños, a las viviendas que habitan, a los hogares donde conviven y a los jefes de hogar. Se consideró que un niño o niña en el rango de edad estudiado se encontraba en situación de trabajo infantil si en la semana anterior a la encuesta había efectuado alguna actividad económica, remunerada o no, dentro de una vivienda o fuera de ella[8].

Algunas de las variables centrales que han sido estudiadas en asociación con el trabajo infantil tienen que ver con sus motivaciones y con ciertos aspectos culturales, propios de cada país o región, especialmente considerando si se trata de población rural o urbana (Saad-Lessler, 2010). Efectivamente, se ha demostrado que tienen influencia; sin embargo, la fuente de datos utilizada para este trabajo (EHM) no las contiene de manera que pudieran ser consideradas en este caso.

Debido a que el estudio está dirigido a identificar las variables o factores asociados al hecho de que un niño trabaje, la variable dependiente es dicotómica (solo tiene dos posibles valores: trabaja o no trabaja). Por ello se realizó un análisis estadístico multivariante de regresión logística. Este modelo permite estudiar si una variable de respuesta binaria depende o no de otras variables, es decir, modela estadísticamente una respuesta binaria en términos de un conjunto de variables explicativas (Agresti, 2015; Colett, 2003; Hilbe, 2017; Hosmer, Lemeshow y Sturdivant, 2013).

En el anexo A1 se muestran las variables extraídas de la EHM y la codificación realizada para cada una de ellas, a los fines de aplicación del análisis de regresión logística. Se utilizó el método de “eliminación en retroceso”, con el fin de determinar las variables significativas en el modelo; se realizaron pruebas de bondad del ajuste chi-cuadrado y de Hosmer y Lemeshow; se aplicó la prueba de Wald para contrastar la significación de los parámetros de forma individual y, por último, como medida de adecuación del modelo, se calculó el área bajo la curva de característica operativa del receptor (receiver operating characteristic (ROC)) (Bewick, Cheek y Ball, 2005; Hosmer y Lemeshow, 2004; Menard, 2002). Antes del análisis de regresión logística, como parte del análisis exploratorio de los datos, se llevó a cabo un análisis estadístico descriptivo univariante, a fin de alcanzar una comprensión básica de las relaciones existentes entre las variables analizadas. El procesamiento de los datos se llevó a cabo con el software SAS (SAS Institute Inc., 2011) en su versión 9.4.

C. Análisis y discusión de los resultados

1. Análisis descriptivo univariante

En el cuadro 1 se despliegan las frecuencias y porcentajes de las variables independientes categóricas consideradas, según la variable dependiente binaria “trabaja”. En los totales, se observa que el sexo de los niños que conformaron la muestra se distribuía en porcentajes (frecuencias) similares: un 51% (7.016) correspondió al sexo masculino y un 49% (6.729) al sexo femenino. En su mayoría, estos niños estaban alfabetizados (un 98,7%, equivalente a 13.561 niños); el último grado aprobado oscilaba entre el cuarto y el sexto grado de educación primaria (en un 60% de los casos, correspondiente a 8.248 niños), y estudiaban al momento de realizarse la encuesta un 96,1% (13.215 niños).

En cuanto al jefe de hogar, se advierte que un 60,9% (8.365) eran de sexo masculino; un 70,8% (9.729) estaban casados o unidos; un 93,9% (12.902) estaban alfabetizados, y un 76,1% (10.457) trabajaban, pero solo el 15,5% (2.137) del total alcanzaba el nivel educativo superior universitario (técnico superior, universitario o estudios de postgrado). Por su parte, la variable NBI[9], que clasifica el hogar de acuerdo con las necesidades básicas insatisfechas, indica que el 40,3% (5.538) de los hogares donde vivían estos niños se podían considerar no pobres, el 36,7% (5.050) pobres y el 23% (3.157) en situación de pobreza extrema.

Cuadro 1

Frecuencias y porcentajes de las variables independientes categóricas consideradas según la variable dependiente binaria “trabaja”, niños de entre 10 y 14 años, primer semestre de 2013

Variable

Categorías

“Trabaja”

Total

No

Sí

Frecuencia

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Sexo

Masculino

6 725

48,9

291

2,1

7 016

51,0

Femenino

6 612

48,1

117

0,9

6 729

49,0

Alfabetismo

Sí

13 172

95,8

389

2,8

13 561

98,7

No

165

1,2

19

0,1

184

1,3

Último grado aprobado

Ninguno

154

1,1

23

0,2

177

1,3

Primer a tercer grado

5 148

37,5

158

1,1

5 306

38,6

Cuarto a sexto grado

8 025

58,4

223

1,6

8 248

60,0

Séptimo a noveno grado

10

0,1

4

0,0

14

0,1

Estudia

Sí

12 977

94,4

238

1,7

13 215

96,1

No

360

2,6

170

1,2

530

3,9

Sexo (jefe de hogar)

Masculino

8 101

58,9

264

1,9

8 365

60,9

Femenino

5 236

38,1

144

1,0

5 380

39,1

Estado civil (jefe de hogar)

Casado o unido

9 429

68,6

300

2,2

9 729

70,8

Otro

3 908

28,4

108

0,8

4 016

29,2

Alfabetismo (jefe de hogar)

Sí

12 547

91,3

355

2,6

12 902

93,9

No

790

5,7

53

0,4

843

6,1

Nivel educativo (jefe de hogar)

Ninguno o inicial

877

6,4

60

0,4

937

6,8

Primaria

5 033

36,6

205

1,5

5 238

38,1

Secundaria

5 313

38,7

120

0,9

5 433

39,5

Superior universitaria

2 114

15,4

23

0,2

2 137

15,5

Trabaja (jefe de hogar)

Sí

10 110

73,6

347

2,5

10 457

76,1

No

3 227

23,5

61

0,4

3 288

23,9

Necesidades básicas insatisfechas (NBI)

Hogar no pobre

5 484

39,9

54

0,4

5 538

40,3

Hogar pobre

4 935

35,9

115

0,8

5 050

36,7

Hogar pobre extremo

2 918

21,2

239

1,7

3 157

23,0

Total

13 337

97,0

408

3,0

13 745

100,0

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los datos de Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta de Hogares por Muestreo, primer semestre de 2013.

En la última fila del cuadro 1, también se aprecian los totales correspondientes a la variable “trabaja”. Al respecto, se advierte que el 97% (13.337) de los niños no trabajaban, mientras que el 3% (408) sí realizaban alguna actividad económica que podría calificarse como trabajo infantil, de acuerdo con la definición de la OIT adoptada en esta investigación. En general, se observa que se mantiene la proporcionalidad de los porcentajes de las variables independientes, antes descritas, con respecto a las categorías de la variable dependiente “trabaja” (sí/no), exceptuando las variables “sexo”, “nivel educativo (jefe de hogar)” y “NBI”, pues sus porcentajes cambian, pasando uno de sus valores a ser mayor en el caso de los niños que trabajan. De aquí que los niños que trabajan se distinguen de aquellos que no lo hacen en que son, mayormente, de sexo masculino (2,1%, correspondiente a 291 niños), el nivel educativo del jefe de hogar es principalmente de educación primaria (1,5%, correspondiente a 205 niños) y sus hogares se clasifican sobre todo en situación de pobreza extrema (1,7%, correspondiente a 239 niños). También, la proporcionalidad de los niños que estudian (1,7%, correspondiente a 238 niños) y los que no estudian (1,2%, correspondiente a 170 niños) se hace similar, dentro de los niños que trabajan.

Utilizando pruebas chi-cuadrado de Pearson para comprobar la independencia entre cada variable explicativa categórica y la variable dependiente “trabaja”, con un nivel de confianza del 99%, es posible afirmar que las variables “sexo”, “alfabetismo”, “último grado aprobado”, “estudia”, “alfabetismo (jefe de hogar)”, “nivel educativo (jefe de hogar)”, “trabaja (jefe de hogar)” y “NBI” están relacionadas, individualmente, con la variable dependiente “trabaja”, en tanto que las variables “sexo (jefe de hogar)” y “estado civil (jefe de hogar)” son independientes con respecto a la misma, es decir, no están relacionadas. Por sus altos valores en el estadístico, las variables “estudia” y “NBI” son las que se encuentran, individualmente, más asociadas al trabajo infantil.

En cuanto a las variables cuantitativas, se obtuvo que las edades medias de los niños y de los jefes del hogar considerados en la muestra se aproximaban a los 12 años y los 47 años, respectivamente, mientras que los ingresos del hogar alcanzaban los 5.628,34 bolívares fuertes, en promedio. En cuanto a los resultados de las pruebas t para muestras independientes, con un nivel de confianza del 99%, es posible afirmar que existen diferencias significativas entre las edades medias de los niños que trabajan y los que no trabajan[10]; sin embargo, no existe información para rechazar la hipótesis de igualdad de medias en la edad de los jefes de hogar[11] y el ingreso medio del hogar[12]de los dos grupos, por lo que ambas variables independientes pueden considerarse como no significativas con respecto a la variable dependiente “trabaja”.

2. Análisis de regresión logística

Se modeló la probabilidad de “trabaja= sí”, contra su alternativa “trabaja= no”. El ajuste se hizo por eliminación en retroceso. Para ello, se incluyeron todas las variables explicativas consideradas. En el cuadro 2 se muestra un resumen de los resultados del proceso de selección. Ellos revelan que no hay evidencia suficiente de que variables relativas al jefe de hogar como su estado civil (EdoCivilJefe), sexo (SexoJefe), alfabetismo (AlfabetismoJefe) y edad (EdadJefe) estén relacionadas con el trabajo infantil; lo mismo ocurre con las variables referentes al último grado aprobado por el niño (UltimoGrado) y los ingresos totales del hogar (IngresosHogar).

Por el contrario, según se muestra en el cuadro 3, con un nivel de confianza del 99% es posible afirmar que son factores de pronóstico importantes del trabajo infantil en la República Bolivariana de Venezuela, durante el primer semestre de 2013, variables como el sexo del niño (Sexo), su edad (Edad), si sabía leer y escribir (Alfabetismo) y si estudiaba o no (Estudia). De las asociadas con el hogar, solo resultó significativa la variable NBI, en tanto que, de las concernientes al jefe de hogar, lo fueron su nivel educativo (NivelEduJefe) y si trabajaba o no (TrabajaJefe).

Cuadro 2

Resumen de la eliminación de variables en retroceso

Paso

Variable

gl

x^2 de Wald

p-valor

Etiqueta de la variable

1

Ingresos del hogar

1

0,313

0,5762

IngresosHogar

2

Estado civil (jefe de hogar)

1

0,391

0,5318

EdoCivilJefe

3

Sexo (jefe de hogar)

1

0,368

0,5439

SexoJefe

4

Alfabetismo (jefe de hogar)

1

0,803

0,3702

AlfabetismoJefe

5

Último grado aprobado

3

5,938

0,1147

UltimoGrado

6

Edad (jefe de hogar)

1

6,129

0,0133

EdadJefe

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los datos de Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta de Hogares por Muestreo, primer semestre de 2013.

Cuadro 3

Variables predictoras seleccionadas para la conformación del modelo de regresión logística

Variable

gl

x^2 de Wald

p-valor

Etiqueta de la variable

Sexo

1

48,712

<0,0001

Sexo

Edad

1

46,664

<0,0001

Edad

Alfabetismo

1

8,927

0,0028

Alfabetismo

Estudia

1

331,63

<0,0001

Estudia

Necesidades básicas insatisfechas (NBI)

2

48,03

<0,0001

NBI

Nivel educativo (jefe de hogar)

3

14,135

0,0027

NivelEduJefe

Trabaja (jefe de hogar)

1

31,001

<0,0001

TrabajaJefe

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los datos de Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta de Hogares por Muestreo, primer semestre de 2013.

La evaluación general del modelo obtenido se llevó a cabo mediante los tres estadísticos que se presentan en el cuadro 4. Ellos comprueban la hipótesis nula global β =0, que postula que todos los coeficientes de las variables predictoras son iguales a cero. En este caso, el p-valor asociado a cada uno de los estadísticos es menor que 0,01, por lo que se rechaza la hipótesis y se concluye que al menos uno de los coeficientes es distinto de cero.

La significación estadística de los coeficientes de regresión individuales (βj ) se prueba mediante el estadístico x^2 de Wald que se presenta en el cuadro 5. Obsérvese que, en su mayoría, las variables predictoras consideradas son categóricas, por lo que se hace necesario el uso de variables ficticias para la conformación del modelo, considerándose como referencia el último nivel de cada una de ellas[13]. De acuerdo con dicho cuadro, todas las variables consideradas son predictoras significativas (p<0,01), excepto NivelEduJefe (Secundaria) (nivel educativo de secundaria para el jefe de hogar), que resulta no significativa con respecto al nivel de referencia NivelEduJefe (Superior universitaria). Es decir, no existen cambios significativos en la variable de interés cuando el nivel educativo del jefe de hogar es de secundaria o superior universitario.

Cuadro 4

Pruebas de la hipótesis para la evaluación general del modelo de regresión logística

Prueba

x^2

gl

p-valor

Razón de verosimilitud

858,313

10

<0,0001

Puntuación

1870,464

10

<0,0001

Wald

857,542

10

<0,0001

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los datos de Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta de Hogares por Muestreo, primer semestre de 2013.

Cuadro 5

Estimación máxima verosímil de los coeficientes de regresión (βj)

Predictor

gl

Error estándar

x^2 de Wald

p-valor

Intercepto

1

-7,037

0,682

106,481

<0,0001

NA

Sexo

Masculino

1

0,829

0,119

48,712

<0,0001

2,292

Femenino*

Edad

1

0,304

0,045

46,665

<0,0001

1,356

Alfabetismo

Sí

1

0,839

0,281

8,927

0,0028

2,313

No*

Estudia

Sí

1

-2,572

0,141

331,628

<0,0001

0,076

No*

NBI

Hogar no pobre

1

-1,164

0,176

43,768

<0,0001

0,312

Hogar pobre

1

-0,609

0,133

21,078

<0,0001

0,544

Hogar pobre extremo*

NivelEduJefe

Ninguno o inicial

1

0,807

0,276

8,560

0,0034

2,241

Primaria

1

0,629

0,235

7,174

0,0074

1,875

Secundaria

1

0,312

0,238

1,716

0,1902

1,366

Superior universitaria*

TrabajaJefe

Sí

1

0,858

0,154

31,001

<0,0001

2,358

No*

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los datos de Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta de Hogares por Muestreo, primer semestre de 2013.

Nota: * Nivel de referencia; NA: No aplicable.

Por lo tanto, en función de las variables predictoras significativas y los parámetros estimados en el cuadro 5, el modelo que permite estimar la probabilidad de que un niño o una niña de entre 10 y 14 años haya trabajado en la República Bolivariana de Venezuela durante el primer semestre de 2013, tiene como ecuación:

logit[P(trabaja)] = ln[P(trabaja)/P(no trabaja)] = -7,037 + 0,829 * Sexo(Masculino)+ 0,304 *

Edad +0,839 * Alfabetismo(Sí) – 2,572 * Estudia(Sí) – 1,164 * NBI(Hogar no pobre) – 0,609 * (1)

NBI(Hogar pobre) + 0,807 * NivelEduJefe(Ninguno o inicial) + 0,629 *

NivelEduJefe(Primaria) + 0,312 * NivelEduJefe(Secundaria) + 0,858 * Trabaja(Sí)

En cuanto a la bondad del ajuste del modelo (1), la prueba de Hosmer y Lemeshow produjo una x2(8) = 14,032 que es no significativa (p>0,01) y sugiere, por lo tanto, que el modelo se ajustaba bien a los datos. Como medida de discriminación del modelo, entre los niños que trabajan y aquellos que no trabajan, se utilizó el área bajo la curva ROC del gráfico 1. Esta área es de 0,8107, por lo que la discriminación del modelo puede considerarse como excelente de acuerdo con la regla propuesta para la explicación de estos valores (Hosmer y Lemeshow, 2004, pág. 164).

Gráfico 1

Curva de característica operativa del receptor (ROC) para el modelo de regresión logística propuesto en la ecuación (1)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los datos de Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta de Hogares por Muestreo, primer semestre de 2013.

3. Interpretación de los coeficientes de regresión

Los coeficientes de la regresión logística muestran el cambio en el logit por cada cambio de unidad en la variable predictora (factor o covariable) correspondiente, mientras las demás se mantienen constantes. Un cambio de unidad en un factor se refiere a una comparación de un determinado nivel con el nivel de referencia.

Explicar en términos de logit[14], como en el modelo (1), puede ser poco claro, por lo que muchas veces se utiliza la razón de posibilidades (odds ratio (OR)) como medida de asociación entre variables (Hosmer, Lemeshow y Sturdivant, 2013). Estos valores oscilan entre cero e infinito: un OR<1 implica que la probabilidad del éxito (numerador) es menor que la del fracaso (denominador); un OR>1 implica lo contrario, y un OR=1 implica equiprobabilidad. Los OR estimados corresponden a la última columna del cuadro 5.

Considerando los niveles de referencia especificados para cada variable, una interpretación del modelo (1) en función de los coeficientes de regresión, sus correspondientes OR y probabilidades sería la siguiente:

• Sexo(Masculino)[15]:

- 1 = 0,829 es el cambio esperado en el logaritmo de la posibilidad (logit) de trabajar de un niño respecto a una niña. El signo positivo indica que la posibilidad de que un niño trabaje es mayor que la posibilidad de que lo haga una niña.

- OˆR_1 = 2,292 es la razón de posibilidades de trabajar que compara a los niños con las niñas, suponiendo que el resto de las variables se mantienen constantes. Así, en la población en estudio, los niños tienen 2,292 veces más posibilidades de trabajar que las niñas.

- La probabilidad estimada mediante el modelo de que un niño trabaje es de 0,696; en tanto, la probabilidad de que trabaje una niña es de 0,304.

• Edad:

- 2 = 0,304 es el cambio esperado en el logaritmo de la posibilidad de trabajar al incrementar la edad del niño en una unidad. El signo positivo indica que, al incrementar la edad, también aumenta la posibilidad de que el niño trabaje.

- OˆR_2 = 1,356 sugiere que el aumento de la edad en una unidad, suponiendo que el resto de las variables se mantienen constantes, incrementa las posibilidades de que un niño trabaje en 1,356 veces.

- La probabilidad de que un niño trabaje es 0,576, cuando se incrementa su edad en una unidad.

• Alfabetismo(Sí):

- 3 = 0,839 es el cambio esperado en el logaritmo de la posibilidad de trabajar de un niño alfabetizado con respecto a uno que no lo está. El signo positivo indica que la posibilidad de que un niño trabaje aumenta cuando está alfabetizado.

- OˆR_3 = 2,313 es la razón de posibilidades de trabajar que compara a los niños alfabetizados con los no alfabetizados, suponiendo que el resto de las variables se mantienen constantes. Por lo tanto, dentro de la población en estudio, la posibilidad de que los niños alfabetizados trabajen es 2,313 veces la de que lo hagan aquellos que no están alfabetizados.

- En los niños alfabetizados, la probabilidad de trabajar es de 0,698, aproximadamente.

• Estudia(Sí):

- 4 = 2,572 es el cambio esperado en el logaritmo de la posibilidad de trabajar de un niño que estudia con respecto a otro que no lo hace. El signo negativo indica que cuando un niño estudia la posibilidad de que trabaje disminuye.

- OˆR_4 = 0,076 es la razón de posibilidades que compara a los niños que estudian con aquellos que no lo hacen, suponiendo que el resto de las variables se mantienen constantes. Así, la posibilidad de que trabajen los niños que estudian es 0,076 veces la de que lo hagan quienes no estudian. Otra interpretación posible es que los niños que no estudian tienen 13,158 (1/0,076) veces más posibilidades de trabajar que aquellos que sí lo hacen.

- Si un niño estudia, la probabilidad de que trabaje es 0,071; de lo contrario, si no estudia, dicha probabilidad aumenta a 0,929.

• NBI(Hogar no pobre):

- 5 = 1,164 es el cambio esperado en el logaritmo de la posibilidad de trabajar de un niño que pertenece a un hogar no pobre, en relación con uno que pertenece a un hogar en situación de pobreza extrema. El signo negativo indica que la posibilidad de que dicho niño trabaje disminuye cuando proviene de un hogar no pobre.

- OˆR_5 = 0,312 es la razón de posibilidades que compara a los niños que trabajan y son de hogares no pobres con aquellos que trabajan y provienen de hogares en pobreza extrema, suponiendo que el resto de las variables se mantienen constantes. Esto significa que la posibilidad de que trabaje un niño de un hogar no pobre se reduce en 0,312 veces con respecto a la posibilidad de que trabaje un niño que proviene de un hogar en pobreza extrema. Dicho de otra manera, la posibilidad de que trabaje un niño que proviene de un hogar en pobreza extrema es 3,205 (1/0,312) veces mayor que la posibilidad de que trabaje un niño de un hogar no pobre.

- En comparación con un niño de un hogar en pobreza extrema, la probabilidad de que trabaje un niño de un hogar no pobre es de 0,238, en tanto que la probabilidad de trabajar del primero es de 0,762, aproximadamente.

• NBI(Hogar pobre):

- 6 = -0,609 es el cambio esperado en el logaritmo de la posibilidad de trabajar de un niño que pertenece a un hogar pobre en relación con uno que pertenece a un hogar en pobreza extrema. El signo negativo indica que la posibilidad de que un niño trabaje disminuye cuando proviene de un hogar pobre.

- OˆR_6 = 0,544 es la razón de posibilidades que compara a los niños que trabajan y provienen de hogares pobres con aquellos que trabajan y proceden de hogares en pobreza extrema, suponiendo que el resto de las variables se mantienen constantes. De aquí que la posibilidad de trabajar de un niño que proviene de un hogar pobre se reduce a un poco más de la mitad (0,544 veces) con respecto a la posibilidad de que trabaje un niño que proviene de un hogar en pobreza extrema. Otra posible interpretación sería que la posibilidad de trabajar de un niño proveniente de un hogar en pobreza extrema es 1,838 (1/0,544) veces mayor que la de un niño que proviene de un hogar pobre.

- En comparación con un niño de un hogar en pobreza extrema, la probabilidad de que trabaje un niño de un hogar pobre es de 0,352, en tanto que la probabilidad del primero es de 0,648, aproximadamente.

• NivelEduJefe(Ninguno o inicial):

- 7 = 0,807 es el cambio esperado en el logaritmo de la posibilidad de trabajar de un niño que pertenece a un hogar cuyo jefe no cuenta con educación formal o cuenta con un nivel educativo inicial (preescolar), en relación con uno que pertenece a un hogar cuyo jefe cuenta con un nivel educativo superior universitario. El signo positivo indica que la posibilidad de que un niño trabaje aumenta cuando el jefe de hogar no posee educación formal o solo cuenta con el nivel educativo inicial, si se compara con un niño que vive en un hogar cuyo jefe cuenta con educación superior universitaria.

- OˆR_7 = 2,241 es la razón de posibilidades que compara a los niños que trabajan y que viven en un hogar cuyo jefe no posee educación formal o posee solo el nivel educativo inicial con aquellos niños que trabajan y viven en un hogar cuyo jefe posee un nivel educativo superior universitario. Así, la posibilidad de que trabaje un niño cuyo jefe de hogar no tiene educación formal o solo cuenta con el nivel inicial es 2,241 veces mayor que la posibilidad de que un niño trabaje si el jefe de su hogar tiene estudios superiores universitarios.

- En comparación con un niño cuyo jefe de hogar tiene estudios superiores universitarios, la probabilidad de que trabaje un niño que vive en un hogar cuyo jefe no posee educación formal o solo posee el nivel inicial es de 0,691, mientras que la probabilidad del primero es de 0,309, aproximadamente.

• NivelEduJefe(Primaria):

- 8 = 0,629 es el cambio esperado en el logaritmo de la posibilidad de trabajar de un niño que pertenece a un hogar cuyo jefe cuenta con nivel educativo de primaria, en relación con uno que pertenece a un hogar cuyo jefe cuenta con un nivel educativo superior universitario. El signo positivo indica que la posibilidad de que un niño trabaje aumenta cuando el jefe de hogar cuenta con educación primaria, si se compara con un niño que vive en un hogar cuyo jefe tiene estudios superiores universitarios.

- OˆR_8 = 1,875 es la razón de posibilidades que compara a los niños que trabajan y que viven en un hogar cuyo jefe posee un nivel educativo de primaria con aquellos niños que trabajan y cuyos jefes de hogar cuentan con estudios superiores universitarios. Así, la posibilidad de que trabaje un niño cuyo jefe de hogar tiene solo educación primaria es 1,875 veces mayor que la posibilidad de que un niño trabaje si el jefe de su hogar tiene estudios superiores universitarios.

- En comparación con un niño cuyo jefe de hogar tiene estudios superiores universitarios, la probabilidad de que trabaje un niño cuyo jefe de hogar cuenta con educación primaria es de 0,652, en tanto que la probabilidad del primero es de 0,348, aproximadamente.

• NivelEduJefe(Secundaria):

- 9 = 0,312 es el cambio esperado en el logaritmo de la posibilidad de trabajar de un niño que pertenece a un hogar cuyo jefe cuenta con un nivel educativo de secundaria, en relación con uno que pertenece a un hogar cuyo jefe cuenta con un nivel educativo superior universitario. El signo positivo indica que la posibilidad de que un niño trabaje aumenta cuando el jefe de hogar cuenta con educación secundaria, si se compara con un niño que vive en un hogar cuyo jefe posee educación superior universitaria.

- OˆR_9 = 1,366 es la razón de posibilidades que compara a los niños que trabajan y que viven en hogares cuyos jefes poseen un nivel educativo de secundaria, con respecto a aquellos niños que trabajan y cuyos jefes de hogar cuentan con estudios superiores universitarios. Así, la posibilidad de que trabaje un niño cuyo jefe de hogar tiene educación secundaria es 1,366 veces mayor que la posibilidad de que trabaje un niño si el jefe de hogar en que vive cuenta con estudios superiores universitarios.

- En comparación con un niño cuyo jefe de hogar tiene estudios superiores universitarios, la probabilidad de que trabaje un niño que vive en un hogar cuyo jefe tiene solo educación secundaria es de 0,577, en tanto que la probabilidad del primero es de 0,423, aproximadamente.

• TrabajaJefe(Sí):

- 10 = 0,858 es el cambio esperado en el logaritmo de la posibilidad de trabajar de un niño que pertenece a un hogar cuyo jefe está activo económicamente, en relación con uno que pertenece a un hogar cuyo jefe no trabaja. El signo positivo indica que la posibilidad de que un niño trabaje aumenta cuando el jefe de hogar trabaja, en comparación con un niño que pertenece a un hogar cuyo jefe no trabaja.

- OˆR_10 = 2,358 es la razón de posibilidades que compara a los niños que trabajan y que pertenecen a hogares cuyos jefes también trabajan con aquellos niños que trabajan y que pertenecen a hogares cuyos jefes no lo hacen. Consecuentemente, se deduce que la posibilidad de trabajar de un niño cuyo jefe de hogar trabaja es 2,358 veces superior a la posibilidad de que lo haga un niño cuyo jefe de hogar no trabaja.

- La probabilidad de que un niño trabaje si su jefe de hogar trabaja es de 0,702, en tanto que si el jefe de hogar no trabaja dicha probabilidad es de 0,298.

Dentro de este grupo de factores, el más influyente es “estudia”, por ser el que presenta el mayor OR (inverso), lo que indica una relación fuerte entre trabajo infantil y asistencia a la escuela. De igual manera, otro factor que se destaca son las necesidades básicas insatisfechas (NBI).

De acuerdo con todo lo señalado, es menos frecuente que los niños trabajen cuando estudian o cuando provienen de hogares no pobres o pobres; por el contrario, es más frecuente que los niños trabajen cuando son de sexo masculino, tienen más edad, están alfabetizados y pertenecen a hogares cuyos jefes trabajan, pero poseen un nivel educativo que a lo sumo alcanza el de secundaria.

D. Conclusiones

El estudio permitió observar que, en el primer semestre de 2013, la gran mayoría de los niños de entre 10 y 14 años estaban alfabetizados, tenían aprobados algunos grados de la educación primaria o ya la habían culminado y asistían a la escuela. En este rango de edad, un bajo porcentaje de los niños trabajaban (solo el 3%); más de la mitad de ellos combinaban trabajo y estudios, y en su mayoría provenían de hogares pobres o en situación de pobreza extrema. Otro aspecto importante es que los niños se encontraron en mayor proporción que las niñas entre aquellos sometidos al trabajo infantil. Sin embargo, en la investigación no se toman en cuenta las tareas domésticas, que son justamente las actividades a las que las niñas dedican más tiempo.

El análisis unidimensional reveló que, individualmente, el sexo del niño, si sabe leer y escribir, el último grado de escolaridad que tiene aprobado y si estudia o no son variables que intervienen en el trabajo infantil, siendo esta última la más influyente. Del conjunto de factores asociados al jefe de hogar, se pudo corroborar que su sexo, su edad y su estado civil no tenían relación alguna con el hecho de que trabajaran los niños pertenecientes a ese hogar. Por el contrario, el alfabetismo, el nivel educativo y la situación laboral del jefe de hogar sí tenían influencia.

De igual manera, no se encontraron diferencias significativas entre los ingresos de los hogares de los niños que trabajan y los de los hogares que aquellos niños que no trabajan, por lo que podría concluirse que este factor no es determinante de la decisión familiar de recurrir al trabajo de los niños. Por el contrario, la aplicación del método NBI permitió comprobar que las necesidades básicas insatisfechas en el hogar guardan estrecha relación con el trabajo infantil, por lo que pobreza y marginación siguen siendo causas estructurales de esta tragedia en el país.

Por otra parte, el análisis multidimensional confirmó que el sexo, la edad y el estado civil del jefe de hogar, así como los ingresos del hogar, no tienen relación alguna con el trabajo infantil. Adicionalmente, reveló que el alfabetismo del jefe de hogar, así como el último grado aprobado por el niño, tampoco son elementos que guardan relación con el fenómeno en estudio.

Se sostiene, entonces, que son factores influyentes en el trabajo infantil en la República Bolivariana de Venezuela en el primer semestre de 2013: el sexo y la edad del niño; si sabía leer y escribir, así como su asistencia a un centro educativo; las necesidades básicas insatisfechas del hogar; el nivel educativo del jefe de hogar, y si este se desempeñaba en alguna actividad económica. Específicamente, las probabilidades de que un niño de entre 10 y 14 años trabaje se elevan cuando: i) aumenta la edad; ii) es de sexo masculino; iii) no estudia; iv) vive en un hogar pobre o en pobreza extrema, y v) el jefe de hogar tiene bajo nivel educativo.

Entre todos estos factores, el más influyente es la asistencia a un centro educativo: si un niño no asiste a la escuela aumentan las posibilidades de que sea sometido a trabajo infantil. Por lo tanto, la educación sigue siendo un medio para mantener a los niños alejados de la actividad económica. Otro factor preponderante son las necesidades básicas insatisfechas dentro del hogar: el hecho de ser parte de una familia que vive en condición de pobreza o que no cuenta con los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades primarias es una característica que comparten los niños que trabajan en el país.

Por último, vale la pena proponer con vistas al futuro estudios de esta naturaleza que utilicen, por ejemplo, la variable “ingreso per cápita” en lugar de “ingreso del hogar” y probar una variable de interacción entre el sexo del jefe de hogar y su estado civil en su relación con el trabajo infantil. También se plantea incluir información sobre la presencia o residencia de ambos cónyuges en el hogar. Adicionalmente podrían calcularse casos particulares, por ejemplo, estimar probabilidades para las variables en sus niveles promedio y luego en casos extremos.

Bibliografía

Agresti, A. (2015), Foundations of Linear and Generalized Linear Models, John Wiley & Sons.

Bewick, V., L. Cheek y J. Ball (2005), “Statistics review 14: logistic regression”, Critical Care, vol. 9, Nº 1.

Blanco, F y C. Valdivia (2006), “Child labour in Venezuela: children’s economic vulnerability to macroeconomic shocks”, Working Paper Series, Roma, Proyecto UCW.

Borrayo, B. (2012), Trabajo infantil: causas, efectos y acciones educativas para evitar que se perpetúe la pobreza, San José, Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC/SICA).

Collet, D. (2003), Modelling Binary Data, Chapman & Hall.

CEPAL/UNICEF (Comisión Económica para América Latina y el Caribe/Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) (2009), “Trabajo infantil en América Latina y el Caribe: su cara invisible”, Desafíos, N° 8, Santiago, enero.

Gunnarsson, V., Peter F. Orazem y G. Sedlacek (2005), “Changing patterns of child labor around the world since 1950: the roles of income growth, parental literacy and agriculture”, Social Protection Discussion Paper, Washington, D.C., Banco Mundial.

Hilbe, J. M. (2017), Logistic Regression Models, CRC Press.

Hosmer, D.W y S. Lemeshow (2004), Applied Logistic Regression, John Wiley & Sons, Inc.

Hosmer, D. W., S., Lemeshow y R. X. Sturdivant (2013), Applied Logistic Regression, vol. 398, John Wiley & Sons.

INE (Instituto Nacional de Estadística) (s/f), “Ficha técnica de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)” [en línea] http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&id=353&Itemid=45&view=article%20%20%20%20.

____(2013), Encuesta de hogares por muestreo: documento metodológico (Cuestionario EHM-113-7.3), (2do. Sem. 2012) [en línea] http://www.ine.gov.ve /anda4/index.php/catalog/9/download/66.

Menard, S. (2002), Applied Logistic Regression Analysis, Nº 106, Sage.

Nippierd, A-B., S. Gros-Louis y P. Vandenberg (2008), Los empleadores y el trabajo infantil. Guía I: Introducción al problema del trabajo infantil, Ginebra, Organización Internacional del Trabajo (OIT).

OIT (Organización Internacional del Trabajo) (2016), América Latina y el Caribe: hacia la primera generación libre de trabajo infantil. Una lectura integrada e interdependiente de la Agenda 2030 a la luz de la meta 8.7, Lima, Servicio de Principios y derechos fundamentales en el trabajo (FUNDAMENTALS)/Oficina de OIT para Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

____(2013), Medir los progresos en la lucha contra el trabajo infantil: estimaciones y tendencias mundiales entre 2000 y 2012, Ginebra, Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC).

____(2009), “Resolución II. Resolución sobre las estadísticas del trabajo infantil” [en línea] https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_112462.pdf.

____(2007), Trabajo infantil: causa y efecto de la perpetuación de la pobreza, Ginebra.

____(2004), Trabajo infantil: un manual para estudiantes, Ginebra.

OIT/UIP (Organización Internacional del Trabajo/Unión Interparlamentaria) (2002), “Erradicar las peores formas de trabajo infantil: guía para implementar el Convenio núm. 182 de la OIT”, Guía Práctica para Parlamentarios, Nº 3, Ginebra.

Saad-Lessler, J. (2010), “A cross-national study of child labor and its determinants”, Journal of Developing Areas, Tennessee State University.

SAS Institute Inc. (2011), SAS/STAT ® 9.3 User’s Guide, Cary, Carolina del Norte [en línea] http://documentation.sas.com/api/collections/pgmsascdc/9.4_3.3/docsets/grstatug/content/grstatug.pdf?locale=es#nameddest=titlepage.

Tovar, L. y F. Blanco (2009), “El trabajo infanto-adolescente en Venezuela: estado de la cuestión”, Fundación Telefónica/Centro de Investigación Social (CISOR), Caracas.

UCW (Cómo entender el trabajo de menores) (2016), “Child labour interactive map” [en línea] http://www.ucw-project.org/map.aspx.

UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) (s/f), “Protección infantil contra el abuso y la violencia: trabajo infantil. Definición de trabajo infantil” [en línea] http://www.unicef.org/spanish/protection/index_childlabour.html.

____(2016), “Child labour: current status and progress” [en línea] http://data.unicef.org/child-protection/child-labour.html.

____(2009), No más trabajo infantil: una meta posible de alcanzar. Estudio sobre educación y trabajo infantil en la República Bolivariana de Venezuela[en línea] http://www.unicef.org /venezuela/spanish/No_mas_trabajo_ infantil _UNICEF.pdf.

Anexo A1

Variables consideradas en la investigación

Cuadro A1.1

Variables independientes consideradas en la investigación

Variable de estudio (variable asociada de la Encuesta de Hogares por Muestreo)

Categorías/valores

Diseño de variables ficticias

Etiqueta de la variable

Niños de entre 10 y 14 años

Sexo

(PP18)

Masculino

1

Sexo

Femenino

0

Edad

(PP20)

10-14

NA

Edad

Alfabetismo

(PP24)

Sí

1

Alfabetismo

No

0

Último grado aprobado

(PP25B)

Ninguno

1

0

0

UltimoGrado

Primer a tercer grado

0

1

0

Cuarto a sexto grado

0

0

1

Séptimo grado o más

0

0

0

Estudia

(PP27)

Sí

1

Estudia

No

0

Trabaja

(PP29*)

Sí

1

Trabaja

No

0

Jefes de hogar

Sexo (jefe de hogar)

(PP18)

Masculino

1

SexoJefe

Femenino

0

Edad (jefe de hogar)

(PP20)

0-99

NA

EdadJefe

Estado civil (jefe de hogar)

(PP21)

Casado o unido

1

EdoCivilJefe

Otro

0

Alfabetismo (jefe de hogar)

(PP24)

Sí

1

AlfabetismoJefe

No

0

Nivel Educativo (jefe de hogar)

(PP25A)

Sin nivel o inicial

1

0

0

NivelEducaJefe

Primaria

0

1

0

Secundaria

0

0

1

Superior universitaria

0

0

0

Trabaja (jefe de hogar)

(PP29*)

Sí

1

TrabajaJefe

No

0

Hogar

Ingresos del hogar

0-99999

NA

IngresosHogar

Necesidades básicas insatisfechas (NBI)

Hogar no pobre

1

0

NBI

Hogar pobre

0

1

Hogar pobre extremo

0

0

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta de Hogares por Muestreo (EHM).

Nota: * Trabaja, si la semana pasada: i) trabajó de manera remunerada; ii) trabajó como familiar o no familiar no remunerado; iii) no trabajó, pero tiene trabajo. NA: No aplicable.

Anexo A2

Necesidades básicas insatisfechas (NBI)

El método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) es un método recomendado por la CEPAL como una opción para la caracterización y medición directa de la pobreza (INE, s/f). Consta de indicadores (asociados a variables de los censos demográficos y de viviendas) que se refieren a la satisfacción o insatisfacción de un conjunto de necesidades consideradas básicas en el hogar. La pobreza se mide de acuerdo con el número de estas necesidades que no son satisfechas.

Para la aplicación del método, conforme a su ficha técnica, se definieron las necesidades, variables e indicadores que se presentan en el cuadro A2.1.

Cuadro A2.1

Necesidades, variables e indicadores considerados para la aplicación del método de necesidades básicas insatisfechas (NBI)

Necesidad

Variable

Indicador

Inasistencia escolar

V1: Inasistencia escolar

Hogares con niños en edad escolar (7 a 12 años) que no asisten a la escuela

Condiciones de la vivienda (estructurales y de servicios)

V2: Hacinamiento crítico

Hogares que presentan más de tres personas por cuarto para dormir

V3: Vivienda inadecuada

Hogares que habitan en ranchos, casas de vecindad, tráilers o remolques, embarcaciones, carpas o cuevas, entre otros

V4: Carencia de servicios básicos

Hogares que presentan inaccesibilidad al agua potable o a los servicios de eliminación de excretas

Educación del jefe de hogar

V5: Alta dependencia económica

Hogares con jefes cuya escolaridad es inferior a tres años o tres grados de educación formal y donde el número de personas por cada ocupado (de 15 años y más) es mayor que tres

Dependencia de los ocupados

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Instituto Nacional de Estadística (INE), “Ficha técnica de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)” [en línea] http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&id=353&Itemid=45&view=article%20%20%20%20.

A efectos de medición de la pobreza, un hogar se considera pobre si presenta al menos uno de los cinco indicadores asociados a carencias, y pobre extremo si presenta dos o más. La aplicación del método de NBI sobre los datos de los hogares de los niños de 10 a 14 años, correspondientes a la EHM para el primer semestre de 2013, reveló que, de los 13.745 hogares, el 40,3% (5.538) se podían clasificar como hogares no pobres; el 36,7% (5.050) como hogares pobres, y el 23,0% (3.157) como hogares pobres extremos.

Adicionalmente, en el cuadro A2.2 se muestran las frecuencias y porcentajes obtenidos para las variables indicadoras de carencias consideradas. Se observa que en el 3,9% del total de hogares (530) había niños que no asistían a la escuela; el 41,7% de ellos (5.736) presentaban hacinamiento; en el 6,7% de los casos (916), las viviendas se podían considerar como inadecuadas; el 34,7% (4.775) presentaban carencias en cuanto a los servicios básicos, y en el 4,2% (571) se evidenciaba alta dependencia económica.

Cuadro A2.2

Frecuencias y porcentajes de las variables indicadoras de carencias consideradas para la aplicación del método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI)

Variable

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

V1: Inasistencia escolar

Sí

530

3,9

No

13 215

96,1

V2: Hacinamiento

Sí

5 736

41,7

No

8 009

58,3

V3: Vivienda inadecuada

Sí

916

6,7

No

12 829

93,3

V4: Carencia de servicios básicos

Sí

4 775

34,7

No

8 970

65,3

V5: Alta dependencia económica

Sí

571

4,2

No

13 174

95,8

Total

13 745

100,0

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los datos de Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta de Hogares por Muestreo, primer semestre de 2013.

[1] Este artículo es producto de las actividades de investigación desarrolladas en el marco del Programa de Doctorado en Estadística del Instituto de Estadística Aplicada y Computación (IEAC) de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES) de la Universidad de Los Andes (ULA), Mérida (República Bolivariana de Venezuela).

[2] Magíster en Computación, Magíster en Estadística e Ingeniera de Sistemas. Estudiante del Programa de Doctorado en Estadística del Instituto de Estadística Aplicada y Computación (IEAC) de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES) de la Universidad de Los Andes (ULA), Mérida (República Bolivariana de Venezuela), y Profesora Asociada de la Escuela de Estadística de la misma Facultad. Correo electrónico: malinda@ula.ve.

[3] Doctor en Estadística, Magíster en Estadística Aplicada e Ingeniero de Sistemas. Profesor e Investigador de la Escuela de Ciencias Matemáticas y Computacionales de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, Imbabura (Ecuador). Correo electrónico: eponsot@yachaytech.edu.ec.

[4] La idea de que una pequeña modificación en las condiciones iniciales de un sistema puede traducirse en grandes cambios en lo referente a sus consecuencias.

[5] El trabajo peligroso se define como toda actividad u ocupación que, por su naturaleza o características, tiene o puede producir efectos perjudiciales en la seguridad, la salud y el desarrollo moral de los niños. Más concretamente, esta modalidad de trabajo infantil se realiza en un entorno laboral peligroso o insalubre, cuyas deficiencias en cuanto al nivel de seguridad y salud podrían causar la muerte, una lesión o una enfermedad (OIT, 2004, pág. 46).

[6] Desde 1967, el INE recoge datos, en períodos intercensales, sobre la estructura y evolución del mercado de trabajo y las características socioeconómicas de la población, a través de la EHM. Se recoge información sobre fuerza de trabajo, incluidas las personas de 10 años y más (aunque no se divulga), lo que permite hacer seguimiento al trabajo infantil, que comprende a niños de entre 10 y 14 años de edad (INE, 2013).

[7] El primer semestre es más regular que el segundo, ya que no está afectado por períodos vacacionales (escolares y por las fiestas decembrinas).

[8] Esta situación corresponde a las respuestas “Trabajó de manera remunerada”, “Trabajó como familiar o no familiar no remunerado” o “No trabajó, pero tiene trabajo”, a la pregunta “¿Qué hizo la semana pasada?” (PP29) de la tabla Personas de la EHM. No se incluye a aquellos que la semana anterior a la encuesta estaban buscando trabajo o trabajaron en labores domésticas.

[9] Véase la descripción del método de necesidades básicas insatisfechas (NBI) y su aplicación sobre el conjunto de datos en el anexo A2.

[10] T=11,832; p-valor<0,0001.

[11] T=-2,514; p-valor=0,0120.

[12] T=-1,888; p-valor=0,1320.

[13] Véase el diseño de variables ficticias asociadas a las variables categóricas en el anexo A1.

[14] La posibilidad (odd) de un evento es el cociente entre la probabilidad de que dicho evento ocurra (p) y la probabilidad de que no ocurra (1-p), es decir, p/(1-p). Logit es el logaritmo de la posibilidad del evento: logit(p)=ln(p/(1-p))=ln(odd).

[15] Dada su naturaleza, en esta variable se hace distinción entre “niño” y “niña”. En las interpretaciones que siguen, se utiliza el término genérico “niño” para hacer referencia a ambos sexos.

Orientaciones para los autores de la revista Notas de Población

La revista Notas de Población es coordinada por su Comité Editorial, al que corresponde la responsabilidad de elaborar cada número en todas sus etapas, consignando todas las decisiones que permitan presentar contribuciones de calidad científica. Dicho Comité está conformado por profesionales del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL y cuenta con el apoyo del Consejo Editorial de la revista en los procesos de evaluación de artículos.

Consideraciones generales

En Notas de Población se publican artículos originales e inéditos sobre estudios de población, con un enfoque multidisciplinario que abarca, además del ámbito específico de la demografía, las relaciones entre la dinámica demográfica, los fenómenos económicos y sociales, el desarrollo, los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental. Los artículos se deberán orientar de preferencia a países de América Latina y el Caribe, si bien en ocasiones podrán incluirse contribuciones relativas a otras regiones del mundo. La revista se publica tanto en versión impresa como en formato electrónico en el portal de la CEPAL.

Los manuscritos deben estar escritos en español, aunque también podrán admitirse materiales en otros idiomas, que, de ser aceptados, serán traducidos al español por la CEPAL para su publicación. Excepcionalmente, según el interés de la revista y previo consentimiento del autor, se publicarán traducciones de artículos ya publicados en otras lenguas. La revista sigue un estilo libre y abierto; sin embargo, se podrán preparar números especiales a juicio del Comité Editorial.

Los autores de los trabajos pueden ser individuales o colectivos y son los responsables de su obra. Los derechos de autor de los artículos publicados por la revista pertenecen a las Naciones Unidas.

Los artículos deberán enviarse por correo electrónico a: celade-notasdepoblacion@cepal.org. Junto con el texto original, cada artículo debe incluir lo siguiente:

• Título.

• Datos del autor o los autores: deben figurar el nombre completo, títulos académicos, afiliación institucional, dirección electrónica y algún dato relevante del texto, como por ejemplo, el nombre del proyecto de investigación del que se deriva el artículo, si procede.

• Un mínimo de cinco palabras clave y un máximo de ocho.

• Un resumen de 160 palabras, como máximo, en el que se sinteticen sus propósitos y conclusiones principales.

• Bibliografía, de acuerdo con las normas editoriales de la revista.

• Un archivo de Excel que contenga todos los gráficos editables en el orden en que aparecen en el texto.

• Una declaración concisa y clara de que el artículo es original, no ha sido publicado anteriormente y no se encuentra en proceso de revisión en ninguna otra publicación, sea en formato impreso o electrónico.

Procedimiento de selección

Todos los artículos recibidos serán sometidos a una revisión inicial por parte del Comité Editorial, que verificará el cumplimiento de las normas editoriales básicas de la revista, la pertinencia temática y la adecuada estructuración del trabajo como artículo científico.

Los artículos que superen esta primera etapa serán sometidos al arbitraje de dos evaluadores externos mediante el sistema de doble ciego, que conserva el anonimato tanto de los autores como de los árbitros o dictaminadores. Los evaluadores que participan en el proceso de arbitraje de los artículos provienen en su mayoría del Consejo Editorial. En caso necesario, es posible que se invite a especialistas que no forman parte de este.

Los árbitros evaluarán la pertinencia, relevancia y novedad del tema de acuerdo con la orientación de la revista, junto con la originalidad y el aporte conceptual o metodológico del artículo con respecto a los estudios de población. Asimismo, analizarán si el trabajo se ha estructurado y ordenado adecuadamente, es decir, si se presentan con claridad los datos, la metodología, los objetivos y las hipótesis; si los cuadros, recuadros, gráficos, mapas y diagramas son ilustrativos y claros; si las referencias se encuentran actualizadas y correctamente citadas, y si existe coherencia entre los objetivos y los resultados del estudio.

Los evaluadores emitirán un dictamen que se concretará en una de las tres opciones siguientes: publicación con cambios menores, publicación con cambios mayores o rechazo del artículo. En caso de que el dictamen sea de publicación con cambios, los árbitros detallarán las modificaciones que consideren pertinentes para mejorar el artículo y estas serán comunicadas al autor, quien, previa aceptación, deberá enviar la versión definitiva dentro del plazo que el Comité Editorial establezca.

Si se produjeran divergencias en los dictámenes de los árbitros, el Comité Editorial de la revista procederá a una revisión adicional. Las decisiones sobre los artículos rechazados por los dictaminadores son inapelables y solo se comunicarán de manera general a los autores. No obstante, en caso de requerirse, se enviarán los comentarios a los autores.

De acuerdo con el procedimiento editorial establecido en la CEPAL, los artículos se someterán a evaluación a medida que se vayan recibiendo. Los trabajos entregados una vez finalizado el período de recepción de artículos pueden no ser incluidos en el número de la revista en curso. Podrán postularse nuevamente al número siguiente, siempre y cuando hayan sido aceptados por los dictaminadores. En este caso, los autores deberán seguir las instrucciones que les indique el Comité Editorial.

El Comité Editorial se reserva el derecho de efectuar modificaciones de estilo y forma al contenido del texto, al título, a los cuadros y recuadros y a los elementos gráficos, con el fin de satisfacer las exigencias editoriales de la revista.

Política editorial

Los autores se comprometerán a no presentar el material a ninguna otra revista durante los tres meses transcurridos desde la recepción del artículo, plazo dentro del cual recibirán respuesta confirmando o no la publicación del artículo.

En caso de aceptación con cambios del artículo, los autores se comprometen a cumplir los plazos de revisión e introducción de las modificaciones sugeridas a fin de no retrasar el calendario de edición y publicación de la revista.

Normas editoriales

Extensión: el texto de los artículos no debe exceder las 10.000 palabras (incluidos cuadros, recuadros, gráficos, mapas, diagramas, notas y bibliografía).

Formato: el texto debe enviarse en un archivo electrónico de Word. Dado que la impresión del documento se realiza en blanco y negro, debe evitarse toda mención a los colores empleados en cuadros, gráficos, mapas y diagramas, sin perjuicio de que en el formato dispuesto en la página web el archivo pueda contener dichos colores.

Cuadros: deben insertarse en el archivo Word, como contenido editable, en el lugar que corresponda dentro del texto.

Gráficos: deben insertarse en el archivo de Word, en forma de imagen, en el lugar que corresponda dentro del texto. Es indispensable adjuntar además un archivo de Excel que contenga todos los gráficos editables en el orden en que aparecen en el texto. En el archivo de Excel cada gráfico debe ocupar una hoja, en cuya pestaña se debe indicar el número del gráfico.

Diagramas: deben insertarse en el archivo de Word, como contenido editable, en el lugar que corresponda dentro del texto.

Mapas: deben insertarse en el archivo de Word, en forma de imagen, en el lugar que corresponda dentro del texto y, además, adjuntarse en un archivo editable con las extensiones eps, pdf o ai (Illustrator).

Referencias a cuadros, recuadros y elementos gráficos: en el texto debe haber al menos una referencia a cada cuadro, recuadro, gráfico, mapa o diagrama. Asimismo, todos estos elementos deben incluir el título, la fuente y la unidad de medida de los datos presentados, si procede.

Fórmulas matemáticas: se sugiere numerar las fórmulas matemáticas con cifras arábigas entre paréntesis y alineadas a la derecha.

Notas explicativas: todas las notas deben insertarse a pie de página y estar numeradas correlativamente.

Referencias bibliográficas: cada referencia bibliográfica mencionada en el texto debe incluir, entre paréntesis, el apellido del autor y el año de publicación.

Bibliografía: debe figurar al final del texto. Los registros bibliográficos se presentarán en orden alfabético por el apellido del autor, seguido del nombre de pila, el año de publicación entre paréntesis, el título completo, la ciudad de publicación y la editorial.

Ejemplos:

Libro con dos autores:

Auerbach, A. y L. Kotlikoff (1987), Dynamic Fiscal Policy, Cambridge, Cambridge University Press.

Artículo con tres autores:

Auerbach, A., J. Gokhale y L. Kotlikoff (1994), “Generational accounting: a meaningful way to evaluate fiscal policy”, Journal of Economic Perspectives, vol. 8, Nº 1.

Publicación electrónica con más de tres autores:

Mason, A. y otros (2009), “National Transfer Accounts Manual. Draft Version 1.0” [en línea]

http://www.ntaccounts.org/doc/repository/NTA%20Manual%20V1%20Draft.pdf.

Autor institucional:

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2009), Panorama Social de América Latina, 2008 (LC/G.2402-P/E), Santiago. Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: S.08.II.G.89.

Mismo autor, mismo año:

Lee, R. (1994a), “The formal demography of population aging, transfers, and the economic life cycle”, Demography of Aging, Linda G. Martin y Samuel H. Preston (eds.), Washington, D.C., National Academy Press.

___(1994b), “Population age structure, intergenerational transfers, and wealth: a new approach, with applications to the U.S.”, Journal of Human Resources, vol. 29, Nº 4, número especial.

Guidelines for authors of Notas de Población

The journal Notas de Población is coordinated by its Editorial Committee, which is responsible for preparing each issue from start to finish, and ensuring that all contributions are up to scientific standard. This Committee comprises professionals from the Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE)-Population Division of ECLAC and receives support from the journal’s Editorial Board in reviewing articles.

Overview

The journal Notas de Población publishes original, unpublished articles on population studies, and has a multidisciplinary approach that covers not only the field of demography but also the links between demographic trends, economic and social phenomena, development, human rights and environmental sustainability. Articles should relate preferably to Latin America and the Caribbean, although contributions relating to other regions may on occasion be included. The journal is available in both print format and on the ECLAC website.

Manuscripts must be drafted in Spanish, although in certain cases material may be submitted in other languages. Articles accepted in other languages for publication are translated into Spanish by ECLAC. Exceptionally, translations into other languages of existing articles may be published with the author’s permission. The style of the journal is free and open, but special editions may be published subject to the Editorial Committee’s approval.

Authors may be individuals or groups and are responsible for their work. The copyright of the articles published in the journal is held by the United Nations.

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• Title.

• Details of the author(s), including full name, academic qualifications, institutional affiliation, e-mail address and any relevant information about the text, such as the name of the research project with which the article is associated, if applicable.

• Between five and eight key words.

• An abstract of up to 160 words summarizing the main aims and conclusions.

• A bibliography, prepared in accordance with the editorial rules applicable to the journal.

• An Excel file containing editable versions of all the figures in the order in which they appear in the text.

• A concise and clear declaration stating that the article is original, has not been published before and is not currently being reviewed by any other print or electronic publication.

Selection process

All articles received are reviewed initially by the Editorial Committee, which looks at whether they comply with the journal’s basic editorial rules, the relevance of the subject matter, and whether the structure of the text is appropriate for a scientific article.

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The referees will first of all consider the pertinence, relevance and novelty of the subject matter, with reference to the journal’s editorial stance, as well as the article’s potential contribution to population studies in terms of its originality, concept and methodology. They will then assess whether the work has been properly structured and organized, that is, whether the data, methodology, objectives and hypotheses have been clearly set out; whether the tables, boxes, figures, maps and diagrams are illustrative and clear; whether the references are up to date and correctly cited; and whether the objectives are consistent with the results of the study.

The referees will make one of the following recommendations: publication with minor changes; publication with major changes; or rejection of the article. In the event that the referees decide the article should be published with changes, they will list the alterations they deem necessary to improve the article and notify the author accordingly. Should the author accept, the final version must be submitted by the deadline stipulated by the Editorial Committee.

If there are differences of opinion among the referees, the Editorial Committee will conduct a second review. Decisions on rejected articles are final and authors will be notified. Comments will not be sent to authors unless requested.

In line with the editorial procedure established by ECLAC, articles will be subject to review as and when they are received. Articles submitted after the deadline may not be included in the current issue. Authors may submit another application for their articles to be included in the following issue, provided that it is accepted by assessors. In this case, authors should follow the Editorial Committee’s instructions.

The Editorial Committee reserves the right to make non-substantive changes to the text, title, tables, boxes and figures in order to satisfy the journal’s editorial requirements.

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Figures: These must be in an image format and inserted in the Word file in the appropriate place. An Excel file must also be submitted containing editable versions of all the figures in the order in which they appear in the text. Each figure must appear on a separate sheet of the Excel file, and the number of the figure should be indicated on the tab.

Diagrams: These must be in an editable format and inserted in the Word file in the appropriate place.

Maps: These must be in an image format and inserted in the Word file in the appropriate place. An editable file must also be submitted containing the maps in .eps, .pdf or .ai (Illustrator) format.

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Mathematical formulae: Mathematical formulae should be numbered using Arabic numerals in brackets and right aligned.

Explanatory notes: All notes must be inserted as footnotes and numbered sequentially.

Bibliographical references: Bibliographical references in the body of the text must contain the last name of the author and the year of publication in brackets.

Bibliography: This should appear at the end of the article. Bibliographical entries must be presented in alphabetical order by the author’s last name, followed by their first initial, year of publication in brackets, full title, city of publication and the publisher’s name.

Examples:

A book with two authors:

Auerbach, A. y L. Kotlikoff (1987), Dynamic Fiscal Policy, Cambridge, Cambridge University Press.

An article with three authors:

Auerbach, A., J. Gokhale y L. Kotlikoff (1994), “Generational accounting: a meaningful way to evaluate fiscal policy”, Journal of Economic Perspectives, vol. 8, Nº 1.

An e-publication with more than three authors:

Mason, A. y otros (2009), “National Transfer Accounts Manual. Draft Version 1.0” [en línea] http://www.ntaccounts.org/doc/repository/NTA%20Manual%20V1%20Draft.pdf.

An institutional author:

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2009), Panorama Social de América Latina, 2008 (LC/G.2402-P/E), Santiago. Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: S.08.II.G.89.

Same author, same year:

Lee, R. (1994a), “The formal demography of population aging, transfers, and the economic life cycle”, Demography of Aging, Linda G. Martin y Samuel H. Preston (eds.), Washington, D.C., National Academy Press.

(1994b), “Population age structure, intergenerational transfers, and wealth: a new approach, with applications to the U.S.”, Journal of Human Resources, vol. 29, Nº 4, número especial.

Table of Contents

Portadilla

Créditos

Consejo Editorial

Página legal

Índice

Presentación

Artículo 1

Amores imposibles: la brecha entre universitarios y el resto de grupos educativos en los mercados matrimoniales de América Latina, 1970-20101

Artículo 2

La estructura de los hogares y el ahorro en México: un enfoque de clases latentes

Artículo 3

Transferencias intergeneracionales por género y efectos económicos del envejecimiento demográfico en México1

Artículo 4

Inmigración e inclusión laboral y protección social según el origen y el tiempo de residencia de los migrantes en países seleccionados de América Latina1

Artículo 5

Epicentros de emigración: un análisis comparativo de la evolución de sus dinámicas socioeconómicas y demográficas en Colombia y el Brasil

Artículo 6

Construcciones y alcances del derecho a la salud en el Primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (Argentina, 2017-2020): prioridades de agenda y lineamientos de política pública desde un enfoque de derechos humanos1

Artículo 7

Una estimación de la mortalidad en la ciudad de Buenos Aires hacia 1827 1

Artículo 8

La diversidad sexual y de género en censos y encuestas de América Latina: entre la invisibilidad y la lógica heteronormativa1

Artículo 9

Compresión de la mortalidad en el Uruguay: niveles y diferencias regionales en el período 1996-2014

Artículo 10

Factores asociados al trabajo infantil en la República Bolivariana de Venezuela1