Portadilla

Créditos

José Manuel Salazar-Xirinachs

Secretario Ejecutivo

Javier Medina Vásquez

Secretario Ejecutivo Adjunto a. i.

Simone Cecchini

Director del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL

Sally Shaw

Directora de la División de Documentos y Publicaciones

Este documento fue preparado por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su carácter de Secretaría Técnica de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, para la Sexta Reunión de la Mesa Directiva de dicha Conferencia (Santiago, 29 y 30 de octubre de 2025). Para su preparación, la Secretaría Técnica contó con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

La elaboración del documento estuvo a cargo de Simone Cecchini, Director, Daniela González, Asistente de Investigación Superior, y Leandro Reboiras Finardi, Oficial de Asuntos de Población del CELADE-División de Población de la CEPAL. Se agradece la colaboración de Mario Acuña, Lenin Aguinaga, Carolina Cavada, Fabiana Del Popolo, Jorge Rodríguez y Zulma Sosa, funcionarios del CELADE-División de Población de la CEPAL, y de Pablo Villatoro, funcionario de la División de Estadísticas de la CEPAL. Se agradece, asimismo, la colaboración de Alejandra Alzérreca, Paula Antezana, Sabrina Juran y Rocío Muñoz Flores, de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del UNFPA.

En la preparación del documento se contó con el apoyo del plan de trabajo anual de la CEPAL y el UNFPA.

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Publicación de las Naciones Unidas

LC/MDP.6/3

Distribución: G

Copyright © Naciones Unidas, 2025

Todos los derechos reservados

Impreso en Naciones Unidas, Santiago

S.2500332[S]

Esta publicación debe citarse como: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2025). Las personas con discapacidad: de la visibilidad estadística al ejercicio de derechos (LC/MDP.6/3).

La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), División de Documentos y Publicaciones, publicaciones.cepal@un.org. Los Estados Miembros de las Naciones Unidas y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Solo se les solicita que mencionen la fuente e informen a la CEPAL de tal reproducción.

Índice

Portadilla

Créditos

Prólogo

Introducción

Capítulo I

Las personas con discapacidad y la agenda de población y desarrollo

Capítulo II

Producción de información estadística sobre las personas con discapacidad basada en censos y encuestas de hogares para la implementación de políticas públicas

Capítulo III

Panorama sociodemográfico de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe

Capítulo IV

Conclusiones

Bibliografía

Prólogo

El Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, que se celebró en El Cairo en 1994, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006, están estrechamente relacionados por su enfoque en los derechos humanos, la inclusión y el desarrollo centrado en las personas.

Garantizar que las personas con discapacidad estén incluidas explícitamente en las agendas de población y desarrollo, así como entender y abordar la discapacidad como una cuestión de derechos humanos permite promover el bienestar de dichas personas e impulsar el diseño de políticas y programas inclusivos que garanticen su autonomía, su igualdad de condiciones y su participación activa en todos los ámbitos de la vida.

En América Latina y el Caribe las personas con discapacidad representan un grupo muy importante de la población. Alrededor del 6,5% de la población regional tiene algún tipo de discapacidad, según los datos de los países que realizaron sus censos en las rondas de 2010 y 2020. De allí la relevancia de reforzar las acciones dirigidas a asegurar el pleno cumplimiento de sus derechos fundamentales.

Para ello, es crucial contar con información robusta y comparable que contribuya a la formulación de políticas públicas que sean más inclusivas y efectivas. En este sentido, la medición no es solo una tarea técnica, sino también un asunto de índole política, por cuanto la visibilidad estadística de las personas con discapacidad es uno de los elementos fundamentales para promover sus derechos.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad constituyó un hito fundamental en el mundo en lo referente a la visibilización y promoción de los derechos de dichas personas. Posteriormente, el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (2013), en la región, y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015), a nivel mundial, se hicieron eco y recogieron el espíritu de la Convención.

Recientemente, la creación del Grupo de Amigos de la Presidencia de composición abierta sobre los derechos de las personas con discapacidad y la agenda de población y desarrollo en el marco de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe (Grupo de Cartagena), por iniciativa y con el liderazgo del Gobierno de Colombia, en la Quinta Reunión de la Conferencia Regional, celebrada en Cartagena de Indias (Colombia) en 2024, representó otro hito de la región en esa dirección.

Asimismo, en el ámbito internacional, se promueven los derechos y la inclusión efectiva y plena de las personas con discapacidad a través de la accesibilidad, que se logra mediante la eliminación de barreras en diversas dimensiones, y su participación en todos los ámbitos de la vida, como parte del mandato de la Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad, así como de la Estrategia de Inclusión de la Discapacidad 2021-2025 (CEPALDIS) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Ambas sitúan en el centro a las personas con discapacidad como titulares de derechos, haciéndose eco del lema “nada sobre nosotros sin nosotros”, que las organizaciones representantes de las personas con discapacidad han hecho suyo.

A su vez, los países de la región han realizado crecientes esfuerzos para otorgar más centralidad a las personas con discapacidad en las políticas públicas. Los avances se han materializado sobre todo en el ámbito normativo, pero persisten grandes brechas entre las condiciones de vida de las personas con y sin discapacidad.

Somos conscientes de que queda mucho por avanzar aún para lograr el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Abordar la discapacidad como una cuestión de inclusión y de derechos permitirá seguir impulsando el diseño de políticas y programas que garanticen la autonomía, la igualdad de condiciones y la participación activa de dichas personas en América Latina y el Caribe.

Hacia ese objetivo se deben encaminar las acciones, los esfuerzos y el compromiso de los Gobiernos, el sector privado y la sociedad civil.

José Manuel Salazar-Xirinachs

Secretario Ejecutivo

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Introducción

La Quinta Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, celebrada en Cartagena de Indias (Colombia), en julio de 2024, constituyó un hito en el tratamiento de los derechos de las personas con discapacidad en el marco de los órganos subsidiarios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

En dicha reunión se realizó un panel destacado sobre las personas con discapacidad y la agenda de población y desarrollo. Asimismo, mediante la resolución 5(V) de la Conferencia Regional, los países reafirmaron la importancia crucial de reforzar la gestión de política pública destinada a garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad como un tema consustancial a la agenda de población y desarrollo. También resolvieron la creación del Grupo de Amigos de la Presidencia, de composición abierta, sobre los derechos de las personas con discapacidad y la agenda de población y desarrollo en el marco de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe (Grupo de Cartagena). Además, solicitaron que en la Sexta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional los países informaran sobre las acciones de política pública ejecutadas en lo referente a la inclusión de las personas con discapacidad[1].

El presente documento, elaborado por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL, en su calidad de Secretaría Técnica de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), constituye una contribución a la Sexta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional, al Grupo de Cartagena y a la ejecución del plan de trabajo presentado oportunamente por el Gobierno de Colombia, en su condición de coordinador del Grupo, con el apoyo del UNFPA.

Los contenidos de este documento de trabajo se estructuran en cuatro capítulos. El primero presenta el marco conceptual que vincula los derechos de las personas con discapacidad con la agenda de población y desarrollo, sobre la base de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este sentido, se expone el enfoque social y de derechos de la discapacidad con miras a alcanzar la igualdad efectiva y la inclusión de estas personas en la sociedad. Asimismo, se analiza el contexto institucional de los derechos de las personas con discapacidad en el marco de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe y el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, así como la interrelación entre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

El segundo capítulo se centra en los desafíos asociados a la producción de información estadística sobre las personas con discapacidad para el diseño e implementación de políticas públicas. Para ello, se abordan dos aspectos interrelacionados: i) los avances y desafíos en la inclusión de preguntas sobre discapacidad en los censos de población y las encuestas de hogares, y ii) los desafíos que se enfrentan para la comparabilidad regional de los datos sobre discapacidad provenientes de esas fuentes de datos.

El tercer capítulo, sobre la base de datos provenientes de fuentes oficiales, describe la situación sociodemográfica de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe. Se presenta una caracterización sociodemográfica básica de este grupo poblacional, a partir de información disponible en los censos de la ronda de 2020 de algunos países de la región, así como de datos provenientes de las encuestas.

Por último, en el capítulo final se exponen conclusiones y recomendaciones de política orientadas a promover la inclusión de las personas con discapacidad, con miras a lograr el pleno ejercicio de sus derechos humanos.

1. [1] https://crpd.cepal.org/5/es/documentos/resolucion-5v

Capítulo I

Las personas con discapacidad y la agenda de población y desarrollo

A. El enfoque social y de derechos de la discapacidad: hacia la igualdad efectiva

B. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

C. Marco institucional de los derechos de las personas con discapacidad en la agenda de población y desarrollo

En las últimas décadas se ha producido un avance significativo en la manera de entender y abordar la discapacidad, al pasar de una perspectiva tradicional que la concebía como una merma o deficiencia individual a un enfoque social y de derechos que reconoce la importancia del contexto en el que viven las personas con discapacidad. Esta transformación conceptual invita a reflexionar sobre la forma en que las barreras estructurales, ya sean físicas, sociales o culturales, afectan la participación de las personas con discapacidad en la sociedad.

En este marco, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006, se constituye en un pilar fundamental, al promover la igualdad de derechos y la inclusión plena de las personas con discapacidad, y abordar la discapacidad como un asunto de derechos humanos en el que toda la comunidad debe hacerse partícipe.

El enfoque social y de derechos de la discapacidad plantea entonces un cambio de paradigma crucial en la formulación de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Este enfoque no se limita a reconocer sus derechos, sino que también exige a los Estados y a la sociedad en su conjunto la responsabilidad de eliminar las barreras que limitan su inclusión y su participación.

A medida que los países de América Latina y el Caribe avanzan en la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, resulta imperativo integrar el enfoque social y de derechos de la discapacidad en las políticas y estrategias destinadas a erradicar la pobreza y reducir las desigualdades. Este vínculo es esencial para garantizar que la voz de las personas con discapacidad sea escuchada y que sus derechos puedan ser ejercidos plenamente, promoviendo así una sociedad más justa, inclusiva y equitativa.

A. El enfoque social y de derechos de la discapacidad: hacia la igualdad efectiva

En las últimas décadas se ha debatido ampliamente sobre el concepto de discapacidad, debido a su complejidad y al hecho de que está en constante evolución. Las definiciones de discapacidad, por ejemplo, se centran en las características individuales de las personas, en su participación en un contexto social específico o en una combinación de ambas. Altman (2014) señala que, para acercarse a una definición de la discapacidad, este debe entenderse como un término genérico que puede hacer referencia a los distintos aspectos de un proceso que involucra la interacción entre las condiciones individuales y el entorno. Esta interacción es crucial para comprender los distintos enfoques teóricos con que se aborda la discapacidad, ya que, si una persona presenta alguna dificultad funcional, la definición de si tiene una discapacidad o no dependerá del proceso de interacción con el entorno. Como señala Burchardt (2014, p. 738), en el uso cotidiano el término “capacidad” puede hacer referencia a una habilidad intrínseca (como la de correr o saltar, por ejemplo), pero en el marco de las capacidades el término “capacidad” se refiere claramente a la libertad sustantiva de ser o de hacer algo, una libertad que puede estar limitada por el entorno social, económico y físico más que por la habilidad intrínseca.

La discriminación y el estigma son las principales barreras —ya sean educativas, laborales, económicas, físicas, institucionales o legales— que enfrentan las personas con discapacidad, y son el resultado del desconocimiento sobre ellas y sus condiciones de vida. Estas barreras limitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás personas, como se afirma en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Reconocer estas barreras resulta fundamental para avanzar hacia una sociedad más equitativa y justa, con plena inclusión de las personas con discapacidad.

En este sentido, el enfoque sobre la discapacidad que los Estados adopten es muy relevante, ya que representa la base sobre la cual se formularán e implementarán las políticas públicas orientadas a las personas con discapacidad. El enfoque médico, por ejemplo, define la discapacidad como una condición inherente a las personas y se centra en “deficiencias”, mientras que el enfoque social y de derechos pone el énfasis en el entorno y las barreras sociales que limitan la participación de las personas. En consecuencia, las acciones de política pública que emprendan los Estados sobre la base de uno u otro paradigma serán distintas desde el diseño hasta los impactos esperados.

El enfoque social y de derechos de la discapacidad tiene como origen una respuesta crítica al enfoque médico (y a su precursor, el enfoque tradicional, moral o religioso), en el que las personas con discapacidad no han sido consideradas como sujetos de derechos, lo que revela un desconocimiento de que esta condición deriva de situaciones que dependen de un contexto que involucra a toda la sociedad. El enfoque social y de derechos de la discapacidad implica un cambio de paradigma en el que se pasa de una definición de la discapacidad basada en el déficit a una que integra factores de salud, económicos, socioculturales y políticos (González y Stang, 2014). Este enfoque hace referencia a una diferencia ontológica entre la deficiencia (una condición corporal o mental) y la discapacidad, como la pérdida o limitación de oportunidades para participar en la vida de la comunidad en igualdad de condiciones que las demás personas (Burchardt, 2004). La discapacidad se genera en la relación con el entorno y, por ello, este enfoque considera que las personas con discapacidad son sujetos de derechos que deben ser garantizados, abordando las barreras que impiden la participación en la vida social en términos de igualdad efectiva.

Este paradigma considera que la discapacidad es en gran medida un producto de la sociedad misma y de las relaciones de poder que tienen lugar dentro de ella, que se reflejan en las barreras físicas, sociales y culturales que impiden el desarrollo de los proyectos de vida de las personas con discapacidad y su participación en el espacio social en igualdad de condiciones. En un marco de derechos humanos, los Estados tienen la obligación de hacer frente a estos obstáculos para garantizar el pleno respeto de la dignidad y de la igualdad de derechos de todas las personas (Victoria Maldonado, 2013). Además, se debe tener en consideración que las personas con discapacidad no son un grupo homogéneo y que pueden enfrentar situaciones adicionales de discriminación basadas en otros aspectos de su identidad, como el género, la raza o etnia, la edad, la orientación sexual o el estatus migratorio, entre otros. La situación de cada persona con limitaciones o con discapacidad es diferente y genera necesidades diversas. El hecho de ver la discapacidad como un “problema” es resultado en gran medida de la falta de sensibilidad de los Estados y de la sociedad en general frente a la diferencia y la diversidad de condiciones. La falta de reconocimiento de la diversidad se refleja en la ausencia o insuficiencia de políticas, que impide abordar de forma adecuada las barreras estructurales que enfrentan las personas con discapacidad y se traduce en el predominio de enfoques asistencialistas.

En síntesis, mediante el enfoque social y de derechos se aspira a potenciar el respeto por la dignidad humana, la igualdad y la libertad personal, propiciando la inclusión social de las personas con discapacidad, sobre la base de determinados principios: la vida independiente, la no discriminación, la accesibilidad universal, la normalización del entorno y el diálogo civil, entre otros (González y Stang, 2014; Victoria Maldonado, 2013; Stang Alva, 2011; Palacios, 2008). De esta forma, el enfoque social y de derechos es crucial para garantizar que las personas con discapacidad puedan participar en todos los aspectos de la vida social, y promueve así una sociedad más justa e inclusiva.

B. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

En diciembre de 2006 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor en 2008[1]. Como se expresa en su primer artículo, el propósito de la Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. Su aprobación fue la culminación de un proceso de años de negociaciones y de lucha por parte de personas con discapacidad y organizaciones dedicadas a promover sus derechos con el fin de lograr el reconocimiento mundial de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [ACNUDH], 2008).

La Convención representa el consenso global sobre los derechos de las personas con discapacidad y, como instrumento legalmente vinculante, se fundamenta en el enfoque social y de derechos y la inclusión plena de las personas con discapacidad. En particular, la Convención:

i)Reconoce que la discapacidad resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que impiden su participación plena en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás.

ii)Afirma el compromiso de los Estados de promover las necesarias adaptaciones y transformaciones del entorno para hacerlo accesible e inclusivo para las personas con discapacidad.

iii)Establece obligaciones jurídicas que corresponden a los Estados que ratifican la Convención, comprometiéndolos a adecuar su legislación y establecer políticas públicas acordes para hacerlas cumplir. Los Estados se comprometen, asimismo, a introducir medidas destinadas a promover los derechos de las personas con discapacidad y a luchar contra la discriminación (ACNUDH, s.f.).

De ese modo, la Convención busca cambiar la perspectiva acerca de la discapacidad, al dejar de considerarla como un problema individual y concebirla como una cuestión de derechos humanos y justicia social, un enfoque según el cual la sociedad debe adaptarse para incluir a todas las personas.

La Convención tiene evidentes nexos con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en 2015 por la Asamblea General como hoja de ruta hacia un nuevo paradigma de desarrollo en el que las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas tienen un papel central. La Agenda 2030 expresa el compromiso de que “nadie se quedará atrás” en la senda al desarrollo y pone a las personas en el centro, bajo un enfoque de derechos. La erradicación de la pobreza y la reducción de las desigualdades, prioridades para América Latina y el Caribe, son temas centrales en la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Diversas obligaciones establecidas en la Convención se ven reflejadas en las aspiraciones de la Agenda 2030. En primer lugar, es esencial a ambos instrumentos el principio de inclusión y no discriminación, que implica la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida social. En segundo lugar, la Convención promueve el aseguramiento del acceso de las personas con discapacidad al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, que haga efectiva la eliminación de barreras físicas, comunicacionales y actitudinales, todos temas que se vinculan con el ODS 11 (lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles). En tercer lugar, la Convención reconoce el derecho de las personas con discapacidad a la educación, que se hace efectivo mediante el acceso a una educación inclusiva y de calidad, así como el derecho a trabajar en igualdad de condiciones con las demás personas, lo que se vincula estrechamente con las aspiraciones expresadas en el ODS 4 (garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos) y en el ODS 8 (promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos). La Convención también reconoce el derecho de las personas con discapacidad a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad, lo que se relaciona con el ODS 3 (garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades) y el ODS 5 (lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas). Lo anterior implica el fortalecimiento de la infraestructura y de los marcos normativos, así como la incorporación de una perspectiva de derechos sexuales y reproductivos y de autonomía corporal en todos los ámbitos de la vida social. Finalmente, la Convención reconoce el derecho de las personas con discapacidad a participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, lo que se relaciona con algunas de las metas del ODS 16 (promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas).

Asimismo, varios de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible incluyen en sus metas referencias explícitas a las personas con discapacidad: el ODS 4 (sobre educación de calidad)[2]; el ODS 8 (sobre trabajo decente y crecimiento económico)[3]; el ODS 10 (reducir la desigualdad en los países y entre ellos)[4]; el ODS 11 (sobre ciudades y comunidades sostenibles)[5], y, por último, el ODS 17 (fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible). En particular, la meta 17.18 se refiere a mejorar a 2020 el apoyo a la creación de capacidad prestado a los países en desarrollo “para aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes en los contextos nacionales”. En este marco, resulta esencial impulsar la generación y el uso de datos desagregados que visibilicen la situación de las personas con discapacidad y apoyen la integración efectiva del enfoque social y de derechos en la implementación de los ODS.

No obstante el llamado de la meta 17.18 de los ODS, persisten limitaciones en materia de la recopilación de información y el desglose de datos que visibilicen a las personas con discapacidad y permitan un cabal seguimiento del avance en relación con los ODS. En el estudio Disability and Development Report 2024: Accelerating the Realization of the Sustainable Development Goals by, for and with Persons with Disabilities, las Naciones Unidas (2024) afirman que a nivel mundial solo para un 50% de las metas de los ODS se dispone de indicadores con datos suficientes para evaluar el progreso en lo que respecta a las personas con discapacidad. En el caso de un 40% de las metas, los datos disponibles proporcionan una imagen de un único momento en el tiempo, lo que no permite evaluar el progreso. En el caso del 10% restante, no existen datos suficientes para tener una imagen de un momento, incluidas las metas sobre pobreza extrema, mortalidad infantil, impacto de la contaminación en la salud, desarrollo en la primera infancia, trabajo infantil e impacto de la corrupción y el soborno (véase el gráfico I.1). No obstante, en comparación con el panorama que mostraba el informe sobre discapacidad y desarrollo de 2018[6], en la actualidad se cuenta con muchos más datos sobre las personas con discapacidad y la disponibilidad de datos alcanza el nivel más alto desde la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Gráfico I.1

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible según la disponibilidad de datos desagregados por condición de discapacidad que permitan medir el avance en los distintos indicadores, 2024

(En porcentajes del número total de metas)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sobre la base de Naciones Unidas, Disability and Development Report 2024: Accelerating the Realization of the Sustainable Development Goals by, for and with Persons with Disabilities. Advance unedited version. https://social.desa.un.org/sites/default/files/inline-files/DDR%202024%20Full%20report%20-%20Unedited.pdf.

En 2019, un informe de la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus Familias (2019) se refirió a cuatro barreras para la producción de información: i) la falta de presupuesto para la elaboración de informes con información estadística; ii) el escaso conocimiento y uso de las listas de preguntas propuestas por el Grupo de Washington sobre Estadísticas de la Discapacidad[7]; iii) la falta de capacitación de los encuestadores en lo referente a la aplicación de las preguntas, y iv) el ocultamiento o la negación de la existencia de personas con discapacidad en los hogares, principalmente por parte de sus propias familias.

Para superar estas barreras, detectadas por las propias organizaciones de personas con discapacidad, los Estados deben incorporar las preguntas del Grupo de Washington en sus censos nacionales de población y vivienda y en sus encuestas de hogares, así como capacitar a los encuestadores para que formulen estas preguntas de manera adecuada, asegurando la precisión y confiabilidad de los resultados obtenidos. Además, persisten deficiencias en la participación de las organizaciones de personas con discapacidad en las fases de preparación de los operativos estadísticos de los países. En esta línea, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) han trabajado activamente en la región apoyando el fortalecimiento de los sistemas estadísticos, en colaboración con las oficinas nacionales de estadística y las organizaciones de personas con discapacidad.

Por otra parte, como señalaron las Naciones Unidas en su informe sobre discapacidad y desarrollo de 2024, a seis años del plazo establecido para alcanzar los ODS, el progreso en lo que respecta a las personas con discapacidad a nivel mundial era insuficiente en el 30% de las metas; en el caso del 14%, la meta no se había alcanzado, el progreso se había estancado o se había producido un retroceso. Entre ellas se encuentran las metas sobre el acceso a los recursos financieros, a la atención de salud, al agua potable y a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y sobre el fortalecimiento de la resiliencia de las personas con discapacidad ante desastres y otras emergencias (Naciones Unidas, 2024).

De acuerdo con la información analizada, las personas con discapacidad a menudo se están quedando atrás. Solo cinco indicadores parecen estar bien encaminados y cuentan con información que evidencia un progreso notable en los siguientes aspectos: i) la aprobación de leyes que exigen el acceso igualitario a la educación; ii) la emisión de alertas tempranas sobre desastres en formatos accesibles; iii) la prestación de servicios en línea para las personas con discapacidad; iv) la accesibilidad física para las personas con discapacidad a las oficinas gubernamentales, y v) el seguimiento de la ayuda bilateral dedicada a la inclusión de la discapacidad (Naciones Unidas, 2024).

La información disponible indica que persisten grandes brechas entre las personas con y sin discapacidad, en particular en materia de seguridad alimentaria, salud y acceso a la energía y a las TIC (brechas superiores a 10 puntos porcentuales), así como en materia de pobreza multidimensional y empleo (brechas superiores a 20 puntos porcentuales). En el caso de las mujeres con discapacidad y de las personas con discapacidad de Pueblos Indígenas y las que viven en áreas rurales, así como de las personas con discapacidad intelectual o psicosocial, las brechas parecen ser aún mayores (Naciones Unidas, 2024).

En lo referente a los países de América Latina y el Caribe, el informe menciona brechas significativas, por ejemplo, en materia salarial, al señalar que el salario promedio de las personas sin discapacidad en la región tiende a ser entre un 7% y un 29% más alto que el de las personas con discapacidad (Naciones Unidas, 2024).

Si bien en 2020 solo el 34% de las personas con discapacidad grave recibieron prestaciones económicas por discapacidad en el mundo, la comparación entre regiones permite observar diferencias significativas: los países de África Subsahariana, Asia Meridional, Norte de África y Asia Sudoriental y el Pacífico presentaron las coberturas más bajas, de entre el 7% y el 34%, mientras que los países de Europa y América del Norte presentaron las más altas, cercanas al 100% o iguales a ese porcentaje. América Latina y el Caribe se ubica en una posición intermedia, con una cobertura del 58%. Estas diferencias se relacionan con el desarrollo económico y el nivel de madurez de los sistemas de protección social de los países (Naciones Unidas, 2024) (véase el gráfico I.2).

Gráfico I.2

Proporción de personas con discapacidad grave que reciben prestaciones en efectivo, por regiones, 2020 o último año con información disponible

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sobre la base de Naciones Unidas, Disability and Development Report 2024: Accelerating the Realization of the Sustainable Development Goals by, for and with Persons with Disabilities. Advance unedited version. https://social.desa.un.org/sites/default/files/inline-files/DDR%202024%20Full%20report%20-%20Unedited.pdf.

En consideración de los avances logrados, las Naciones Unidas (2024) concluyen que a nivel mundial no se alcanzarán los ODS en el caso de las personas con discapacidad en 2030. Dependiendo de la meta, el avance debería acelerarse entre 2 y 65 veces respecto de la velocidad actual, especialmente en el caso de las metas relacionadas con la accesibilidad de los entornos físicos y virtuales para las personas con discapacidad, la aprobación de legislación contra la discriminación, la ampliación de la protección social y la aplicación de medidas para garantizar la seguridad y la protección de todas las personas con discapacidad en casos de desastres y emergencias (Naciones Unidas, 2024).

C. Marco institucional de los derechos de las personas con discapacidad en la agenda de población y desarrollo

En septiembre de 1994 se celebró en El Cairo la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD). Fue la mayor conferencia intergubernamental sobre población y desarrollo realizada hasta entonces, con la participación de 179 países y representantes de organismos especializados y otras entidades de las Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. En ella se aprobó el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, una guía para la acción nacional e internacional en materia de población y desarrollo[8].

El Programa de Acción hizo hincapié en la relación indisoluble entre población y desarrollo, y se centró en la satisfacción de las necesidades de las personas en el marco de normas de derechos humanos universalmente reconocidas, en lugar de simplemente alcanzar objetivos demográficos. La aprobación de este Programa marcó un hito y una nueva fase de compromiso y determinación para integrar de manera efectiva las cuestiones de población en las propuestas de desarrollo socioeconómico y lograr una mejor calidad de vida para todas las personas, incluidas las de las generaciones futuras (Naciones Unidas, s.f.).

Entre los temas abordados, el Programa de Acción de la CIPD puso de relieve la necesidad apremiante de seguir promoviendo medidas eficaces para la prevención de la discapacidad, la rehabilitación y la realización de los objetivos de participación e igualdad plenas para las personas con discapacidad (párrafo 6.28). En el apartado referente a las personas con discapacidad, señaló los siguientes objetivos: a) promover el ejercicio de los derechos de todas las personas con discapacidad y su participación en todos los aspectos de la vida social, económica y cultural; b) crear, mejorar y difundir las condiciones necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y la valoración de sus aptitudes en el proceso de desarrollo económico y social, y c) preservar la dignidad de las personas con discapacidad y promover su facultad de valerse por sí mismas (párrafo 6.29).

Asimismo, entre las medidas establecidas, se señaló que los gobiernos debían examinar las necesidades de las personas con discapacidad en sus aspectos éticos y de derechos humanos y eliminar las formas de discriminación de las que puedan ser objeto en relación con los derechos reproductivos, la formación de hogares y familias y la migración internacional; promover el desarrollo de la infraestructura necesaria para atender a sus necesidades; promover mecanismos que garanticen el ejercicio de sus derechos, y establecer y promover sistemas de supervisión de su integración social y económica (párrafos 6.30 a 6.33).

Desde la celebración de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo se han producido importantes cambios y avances en lo que respecta al enfoque y las acciones de política en esta materia, incluida la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En el ámbito regional, en agosto de 2013 se celebró en Montevideo la Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, en la que los países aprobaron el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo[9], la hoja de ruta de la región en la materia y expresión regional del Programa de Acción de la CIPD.

El Consenso de Montevideo incluyó la consideración de la discapacidad de manera transversal a lo largo de sus diferentes capítulos, tomando en cuenta la relevante contribución de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en lo referente a la incorporación de las cuestiones relativas a la discapacidad como parte integrante de las estrategias nacionales de desarrollo sostenible, desde una perspectiva de derechos, con igualdad y sin discriminación. El Consenso llamó a cumplir con el compromiso de promover y asegurar la aplicación de la perspectiva de género y su intersección con la raza, la etnia, la edad, la clase social y la condición de discapacidad en todas las políticas públicas, especialmente aquellas de orden económico y cultural (medida prioritaria 50).

En este contexto, la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe se ha constituido en una instancia propicia para examinar las estrategias necesarias para situar a las personas con discapacidad en el centro de la agenda de población y desarrollo y, desde esa perspectiva, idear la mejor manera de impulsar y visibilizar en mayor medida sus derechos.

Con ese espíritu, en su Tercera Reunión, celebrada en 2018, la Conferencia Regional solicitó a los países que incluyeran en los informes nacionales información específica sobre las personas con discapacidad (resolución 3(III), párr. 24). Asimismo, en su Cuarta Reunión, que tuvo lugar en 2022, la Conferencia Regional solicitó a los países que profundizaran la inclusión en los informes nacionales de información específica sobre las personas con discapacidad, en relación con los distintos capítulos del Consenso de Montevideo (resolución 4(IV), párr. 23).

Posteriormente, en la Quinta Reunión de la Conferencia Regional, que se celebró en Cartagena de Indias (Colombia) los días 3 y 4 de julio de 2024, se llevó a cabo un panel sobre las personas con discapacidad y la agenda de población y desarrollo, con el objetivo de analizar los avances y los desafíos en relación con la realización de los derechos de dichas personas desde la aprobación del Programa de Acción de la CIPD, tomando en cuenta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo[10].

El panel marcó un hito y un punto de inflexión en relación con el tratamiento del tema en el marco de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo y de los demás órganos subsidiarios de la CEPAL. Moderado e integrado por personas con discapacidad representantes de gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y el sector académico, como resultado del diálogo y las consultas con miembros de las organizaciones que las representan, el panel permitió honrar el lema “nada sobre nosotros sin nosotros”, que dichas organizaciones han hecho suyo. El panel puso en evidencia que, si bien en la región se habían producido avances en el plano de las políticas y la normativa en la materia, no debía soslayarse el hecho de que aún persistían brechas entre las acciones públicas y la realidad que vivían las personas con discapacidad de manera cotidiana. En ese sentido, se resaltó la importancia de avanzar en la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, asegurando la plena participación de las personas con discapacidad en la sociedad y su acceso a servicios y oportunidades sin discriminación.

También se reflexionó sobre la importancia de las redes de cuidados y apoyos comunitarios y domiciliarios a fin de asegurar la vida en comunidad de las personas con discapacidad, destacándose el vínculo entre el envejecimiento de la población y la propuesta de la sociedad del cuidado, que permitiría brindar condiciones para una vida digna a todas las personas. Asimismo, se destacó la importancia de asegurar empleo decente a quienes brindan cuidados y estándares de calidad a quienes los reciben. Finalmente, el panel abordó la invisibilización estadística de las personas con discapacidad como una de las formas más graves de discriminación. Este es un tema fundamental para el seguimiento del Consenso de Montevideo y pone la atención en la necesidad de seguir fortaleciendo los sistemas de estadísticas sociodemográficas de los países de la región y robustecer las capacidades de los sistemas estadísticos nacionales para producir datos de calidad, oportunos, relevantes, confiables y con las necesarias desagregaciones, integrando además herramientas y enfoques metodológicos que permitan el análisis interseccional de las desigualdades y la diversidad existente en la población con discapacidad.

En la resolución 5(V), aprobada en la Quinta Reunión, la Conferencia Regional reafirmó además la importancia crucial de reforzar la gestión de política pública destinada a garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, haciendo hincapié en que este tema es consustancial a la agenda de población y desarrollo (párr. 16). En ese contexto, con el liderazgo e iniciativa del Gobierno de Colombia, en el ejercicio de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional, los países resolvieron crear el Grupo de Amigos de la Presidencia de composición abierta sobre los derechos de las personas con discapacidad y la agenda de población y desarrollo en el marco de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe (Grupo de Cartagena), con el fin de examinar posibles estrategias para avanzar en la integración de las personas con discapacidad, en estrecha colaboración con el UNFPA (párr. 17).

La Conferencia Regional también exhortó a los países a colaborar activamente en el análisis de estrategias para avanzar en la inclusión de las personas con discapacidad en el marco de la Conferencia y a contribuir a la promoción y protección de sus derechos humanos. Además, solicitó a los países que, en el marco de las presentaciones sobre los avances nacionales respecto de la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo que llevarían a cabo en la Sexta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional, que se celebraría en 2025, informaran sobre sus avances y las acciones de política pública ejecutadas en lo referente a la inclusión de las personas con discapacidad (resolución 5(V), párrs. 17 y 18).

El Grupo de Cartagena se constituyó como un mecanismo abierto en el que pueden participar todos los países de América Latina y el Caribe. Su propósito es analizar la situación y las condiciones en que vive la población con discapacidad en la región, a fin de proponer y evaluar estrategias destinadas a aumentar la inclusión de las personas con discapacidad y contribuir así a fortalecer la protección de sus derechos humanos.

En seguimiento de la resolución 5(V), el 30 de abril de 2025 se llevó a cabo la primera reunión del Grupo de Cartagena[11], de carácter virtual, que tuvo como objetivo su presentación formal por parte del Gobierno de Colombia, la invitación a los países de la región a sumarse a dicha iniciativa y la exposición del plan de trabajo del Grupo. En la ocasión, la Secretaría Técnica hizo una presentación sobre el enfoque social y de derechos de la discapacidad con miras a la igualdad efectiva de las personas con discapacidad. El Gobierno de Colombia, por su parte, presentó el plan de trabajo del Grupo y el UNFPA expresó su apoyo a la iniciativa, en el marco de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo.

La reunión contó con la participación de 85 personas de 20 países de la región, así como de la CEPAL y el UNFPA. Los participantes fueron, principalmente, funcionarios de cancillerías, representantes de los países en la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, y representantes de la institucionalidad nacional en materia de discapacidad y de las oficinas nacionales de estadística.

Por otra parte, el 25 de junio de 2025 se realizó una reunión técnica del Grupo de Cartagena[12], en la que se presentaron los principales hallazgos del estudio “Fuentes de datos sobre las personas con discapacidad en América Latina desde un enfoque social y de derechos”[13], elaborado por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL, con el apoyo del UNFPA, en el marco del compromiso sostenido de fortalecer los sistemas de datos y apoyar la generación de información que sirva de base para la formulación de políticas inclusivas en materia de población y desarrollo. Participaron más de 70 personas, incluidos representantes de Gobiernos de la región, organizaciones de la sociedad civil de personas con discapacidad, el sector académico y organismos internacionales.

1. [1] https://docs.un.org/es/A/RES/61/106

2. [2] La meta 4.5 se refiere a “de aquí a 2030 eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad”, entre otras.

3. [3] La meta 8.5 se refiere a “de aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad”, entre otros aspectos.

4. [4] La meta 10.2 señala “de aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición”.

5. [5] La meta 11.2 señala “de aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad”.

6. [6] Véase Naciones Unidas (2019).

7. [7] El Grupo de Washington sobre Estadísticas de la Discapacidad tiene como propósito principal promover y coordinar la cooperación internacional en materia de generación de estadísticas adecuadas sobre la discapacidad basadas en los censos y las encuestas de hogares de los países. Su principal objetivo es proporcionar información básica sobre la discapacidad que sea comparable en todo el mundo. Desde 2001, el Grupo de Washington ha elaborado, probado exhaustivamente y validado varias herramientas para recopilar estadísticas sobre discapacidad comparables a nivel internacional. El Grupo se reúne anualmente con representantes de oficinas nacionales de estadística, organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales. En los últimos años han participado en el Grupo más de 135 países (véase https://www.washingtongroup-disability.com/ y https://www.washingtongroup-disability.com/fileadmin/uploads/wg/The_Washington_Group_Primer_-_Spanish.pdf).

8. [8] https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/ICPD_programme_of_action_es.pdf

9. [9] https://repositorio.cepal.org/entities/publication/f12b22f0-ba78-474b-a917-2d6ce3910d15

10. [10] https://crpd.cepal.org/5/es/programa/panel-2-personas-discapacidad-la-agenda-poblacion-desarrollo

11. [11] Véase más información sobre la reunión en https://www.cepal.org/es/eventos/primera-reunion-virtual-grupo-amigos-la-presidencia-composicion-abierta-derechos-personas.

12. [12] Véase https://www.cepal.org/es/eventos/reunion-tecnica-grupo-cartagena-derechos-personas-discapacidad-la-agenda-poblacion.

13. [13] García, L. (2025). Fuentes de datos sobre las personas con discapacidad en América Latina desde un enfoque social y de derechos. Documentos de Proyectos (LC/TS.2025/53). Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Capítulo II

Producción de información estadística sobre las personas con discapacidad basada en censos y encuestas de hogares para la implementación de políticas públicas

A. Avances y desafíos en la inclusión de preguntas sobre discapacidad en los censos de población y las encuestas de hogares

B. Datos sobre discapacidad en los censos y las encuestas de hogares: desafíos para la comparabilidad regional

Anexo AII.1

La visibilidad estadística de las personas con discapacidad es un elemento esencial para el diseño y la implementación de políticas públicas que contribuyan a la observancia de sus derechos, así como para la promoción y defensa de esos derechos.

En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se destaca la relevancia de la recopilación y producción de información adecuada, oportuna y desglosada sobre las personas con discapacidad. En el artículo 31, referente a la recopilación de datos y estadísticas, se afirma, entre otros aspectos, lo siguiente: i) los Estados Partes recopilarán información adecuada y en ese proceso se deberá asegurar la confidencialidad y cumplir con las normas aceptadas internacionalmente para proteger los derechos humanos, así como los principios éticos; ii) la información recopilada se desglosará; y iii) los Estados Partes asumirán la responsabilidad de asegurar que las estadísticas sean accesibles para las personas con discapacidad y otras personas que lo requieran.

Cumplir con lo establecido en este artículo implica una serie de acciones, incluida la de poner a disposición fuentes de datos e información desagregada que, desde un enfoque interseccional, sirva como base para el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas orientadas a aumentar el bienestar y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

No obstante, en América Latina y el Caribe persisten barreras en lo referente a la recopilación y el desglose de datos que visibilicen a las personas con discapacidad. En 2019, el Informe regional sobre la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina bajo el enfoque de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus Familias (RIADIS) identificó cuatro barreras para la producción de información: i) la falta de presupuesto para la elaboración de informes con información estadística; ii) el escaso conocimiento y uso de las listas de preguntas propuestas por el Grupo de Washington sobre Estadísticas de la Discapacidad; iii) la falta de capacitación de los encuestadores en lo referente a la aplicación de las preguntas, y iv) el ocultamiento o la negación de la existencia de personas con discapacidad en los hogares, principalmente por parte de sus propias familias.

Para comenzar a superar estas barreras, es necesario que los Estados incorporen las preguntas del Grupo de Washington en sus censos nacionales de población y vivienda y en sus encuestas de hogares, y que se brinde capacitación a las personas que aplican las encuestas para que formulen estas preguntas de manera adecuada, asegurando la precisión y confiabilidad de los resultados obtenidos. Además, se debería fomentar la participación de las organizaciones de personas con discapacidad en las fases de preparación de los operativos estadísticos de los países (véase el recuadro II.1).

Recuadro II.1

Participación de las personas con discapacidad en los procesos de levantamiento de información estadística

Pese a los avances observados en el mundo y en la región, la participación de las organizaciones de personas con discapacidad en las fases preparatorias de operativos estadísticos como los censos de población y vivienda y las encuestas de hogares, así como las consultas a dichas organizaciones en esa materia, son escasas a nivel mundial y aún más en el ámbito regional. El trabajo del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha sido relevante en lo técnico y ha representado un apoyo para la incorporación y la definición de la discapacidad en los censos de la región. Este esfuerzo de asistencia técnica y provisión de información se destaca por su enfoque inclusivo, que se ha traducido en la incorporación de la participación activa de organizaciones de personas con discapacidad. Por ejemplo, en su calidad de Secretaría Técnica de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, la CEPAL, en colaboración con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), ha facilitado la participación de representantes de organizaciones de la sociedad civil de personas con discapacidad en las reuniones de este órgano intergubernamental, realizando las adecuaciones necesarias para ello. Además, ha colaborado con el Grupo de Buenos Aires, que promueve la implementación de las propuestas del Grupo de Washington sobre Estadísticas de la Discapacidad a nivel regional, con el objetivo de asegurar que los instrumentos y operativos estadísticos en América Latina y el Caribe reflejen adecuadamente las diversas realidades de este grupo poblacional. Asimismo, se han desarrollado actividades conjuntas con el UNFPA a fin de abordar la disponibilidad de datos para el diseño y la implementación de políticas públicas referentes a las personas con discapacidad, como el conversatorio sobre visibilidad estadística de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe realizado en noviembre de 2022 y el conversatorio “Inclusión de las personas con discapacidad”, realizado en agosto de 2023, que contó con un panel integrado por personas con discapacidad.

Entre las actividades llevadas a cabo por los países de la región en el marco de sus procesos censales, destaca como una buena práctica la consulta pública para el Censo de 2020, que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México realizó en 2017, en la que se sometió a consulta el documento sobre los objetivos del censo, su metodología, el método de recolección, la muestra censal y la cobertura conceptual. La consulta se realizó tanto en relación con el cuestionario básico como con el cuestionario ampliadoa. En cuanto a los resultados obtenidos, del total de propuestas recibidas en materia de población, la discapacidad fue uno de los temas más destacados tanto en relación con el cuestionario básico (49,1% de las propuestas) como con el cuestionario ampliado (14,8% de las propuestas). Esta actividad permitió que diversos sectores de la sociedad —como organizaciones de la sociedad civil, el sector académico y la ciudadanía— tuvieran la oportunidad de expresar sus necesidades y preocupaciones sobre el contenido y la metodología del censo.

En otros países de la región (Ecuador, Paraguay y Uruguay) también se han sostenido diálogos entre las oficinas nacionales de estadística, la institucionalidad nacional del ámbito de las personas con discapacidad y las organizaciones de personas con discapacidad para difundir el cuestionario censal, exponer las razones de la inclusión de una lista corta de preguntas y discutir las mejores opciones de medición de la discapacidad en las fuentes de datos. Esto ha permitido que las organizaciones estén informadas respecto de las preguntas, el objetivo que se espera alcanzar con su incorporación en el cuestionario y las posibilidades de análisis que ofrecen en cuanto a la situación de las personas con discapacidad a nivel nacional o subnacional, a fin de generar insumos para las políticas públicas referentes a este grupo de la población.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sobre la base de García, L. (2025). Fuentes de datos sobre las personas con discapacidad en América Latina desde un enfoque social y de derechos. Documentos de Proyectos (LC/TS.2025/53). Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

a En el Censo de Población y Vivienda de México se utilizan dos tipos de cuestionarios para recopilar información: el cuestionario básico, que permite obtener datos generales sobre toda la población y las viviendas, y el cuestionario ampliado, que se aplica a una muestra de la población, para profundizar en temas específicos y permitir la obtención de información más detallada.

A. Avances y desafíos en la inclusión de preguntas sobre discapacidad en los censos de población y las encuestas de hogares

Contar con información adecuada sobre las personas con discapacidad ha sido un desafío permanente en los países de la región. Esto implica dejar atrás antiguas mediciones estigmatizantes, evitar la subenumeración —así como la sobreenumeración— y proporcionar datos de calidad que reflejen las condiciones de vida de las personas con discapacidad considerando el enfoque social y de derechos.

Teniendo en cuenta los aportes y las recomendaciones del Grupo de Washington (véase el recuadro II.2), a continuación se realiza un análisis de la inclusión de la lista breve de preguntas sobre la discapacidad en los censos y las encuestas de hogares de los países de la región.

Recuadro II.2

Las recomendaciones del Grupo de Washington sobre Estadísticas de la Discapacidad

El trabajo desarrollado por el Grupo de Washington sobre Estadísticas de la Discapacidad, que se enmarca en el enfoque social de la discapacidad, constituye hasta el presente el aporte más importante para la medición de la discapacidad por medio de instrumentos oficiales de medición estadística de los países, como los censos de población y vivienda y las encuestas de hogares.

La lista breve de preguntas sobre la discapacidad del Grupo de Washington representa un avance considerable en la medición de la discapacidad, ya que puede ser incorporada en los instrumentos estadísticos nacionales, incluyendo de forma sencilla y eficiente una variedad de ámbitos en que se presenta la discapacidad, además de permitir conocer la gradualidad de esas limitaciones. Mediante esta lista se evalúa si una persona tiene limitaciones o discapacidad, sobre la base de sus respuestas en relación con seis actividades básicas universales: visión, audición, movilidad, conocimiento (capacidad de recordar), autocuidado y comunicación. Se determina si la situación de la persona es “con discapacidad” o “sin discapacidad” en función de sus respuestas en términos de gradualidad: aquellas personas que responden “sí, mucha dificultad” o “no puedo hacerlo en absoluto” en al menos uno de los seis dominios deben considerarse como personas con discapacidad para el análisis de datos (véase el cuadro).

Dificultades o limitaciones incluidas en la lista breve de preguntas sobre la discapacidad del Grupo de Washington

Dominio

Pregunta propuesta

Visión

¿Tiene [usted/él/ella] dificultad para ver [incluso cuando usa sus gafas]?

Audición

¿Tiene [usted/él/ella] dificultad para oír [incluso cuando usa la(s) prótesis auditiva(s)]?

Movilidad

¿Tiene [usted/él/ella] dificultad para caminar o subir escalones?

Conocimiento (capacidad de recordar)

¿Tiene [usted/él/ella] dificultad para recordar o concentrarse?

Autocuidado

¿Tiene [usted/él/ella] dificultad para valerse por sí mismo, como lavarse el cuerpo o vestirse?

Comunicación

Cuando emplea su lenguaje habitual, ¿tiene [usted/él/ella] dificultad para comunicarse, por ejemplo,

para entender a los demás o para que [lo/la] entiendan?

Respuestas: No, ninguna dificultad/Sí, algo de dificultad/Sí, mucha dificultad/No puedo hacerlo en absoluto

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sobre la base de la lista breve de preguntas sobre la discapacidad del Grupo de Washington.

Nota: Esta es una versión preliminar de la traducción al español de la lista breve de preguntas sobre la discapacidad del Grupo de Washington. El Grupo de Washington continuará sus esfuerzos para la traducción al español de la lista de preguntas, para su uso en países específicos, ya que los términos podrían no ser de uso común en todos los países donde el español es uno de los idiomas principales. Por lo tanto, se puede considerar la adaptación de estos términos o su reemplazo por los términos apropiados de uso común en el país de que se trate.

Para el uso de esta lista, se deben considerar las siguientes recomendaciones y características de las preguntas: i) las preguntas del Grupo de Washington tienen relación con el modelo social de la discapacidad y no están destinadas a proporcionar un diagnóstico en el plano individual; ii) no se pregunta al entrevistado si tiene una “discapacidad”, sino que, a partir de sus respuestas a las seis preguntas, se determina si se trata de una persona “con discapacidad” o “sin discapacidad”, entendiendo que “discapacidad” significa un mayor riesgo de que su participación social se vea limitada; iii) no se recomienda utilizar preguntas de filtro, como “¿tiene usted una discapacidad?” o “¿es discapacitado?”; iv) las opciones de respuesta jerarquizadas, en lugar de obligar a los encuestados a ceñirse a las categorías “sí” o “no”, les proporcionan varias posibilidades para indicar su grado de dificultad; v) las preguntas no son aplicables a niños menores de 5 años y no detectan a muchos niños mayores de 5 años con discapacidades del desarrollo, como tampoco un grupo de condiciones que afectan el desarrollo físico, psicosocial, del lenguaje o del comportamiento de una persona; vi) la lista breve no detecta a numerosas personas con discapacidad psicosocial, y vii) las preguntas no son lo bastante específicas y detalladas para diseñar la prestación de servicios.

Además de la lista breve de preguntas sobre funcionamiento, el Grupo de Washington propone otras cuatro baterías de preguntas para diferentes tipos de encuestas:

i)La lista breve mejorada de preguntas sobre la discapacidad: está diseñada para recopilar información sobre la población adulta de 18 años y más en las encuestas de demografía y salud o encuestas específicas sobre discapacidad. Permite obtener información sobre las dificultades o limitaciones que una persona puede tener para realizar actividades básicas de funcionamiento, como ver, oír, caminar o subir escaleras, recordar o concentrarse, y para el autocuidado, la comunicación (expresiva y receptiva) y las actividades de la parte superior del cuerpo, así como depresión y ansiedad. Consta de 12 preguntas que abordan estos 8 dominios de funcionamiento, incluidas las 6 preguntas de la lista breve.

ii)La lista ampliada de preguntas sobre funcionamiento: también está diseñada para encuestas de demografía y salud o encuestas específicas sobre discapacidad, pero puede incluirse en encuestas centradas en otros temas. Las preguntas están diseñadas para recopilar información sobre la población adulta a partir de los 18 años y recogen información sobre las dificultades o limitaciones que puede tener una persona para realizar actividades de funcionamiento básico, entre las que se incluyen: ver, oír, caminar o subir escaleras, recordar o concentrarse, valerse por sí mismo, comunicarse (expresivamente y receptivamente), llevar a cabo actividades de la parte superior del cuerpo, probar afecto (depresión y ansiedad), dolor y cansancio. Se compone de 34 preguntas, más 3 preguntas adicionales optativas, relativas a estos 10 dominios del funcionamiento. En esta lista también se incluyen las seis preguntas de la lista breve de preguntas sobre funcionamiento.

iii)El módulo sobre discapacidad para encuestas de población activa del Grupo de Washington y la Organización Internacional del Trabajo (OIT): puede ser incorporado en encuestas de empleo y población económicamente activa y consta de cinco secciones: i) identificación de la discapacidad (incluye la lista breve, como mínimo, y dos preguntas opcionales, sobre la ansiedad y sobre la depresión); ii) obstáculos al empleo; iii) adaptaciones necesarias para el empleo; iv) actitudes, y v) protección social.

iv)El módulo sobre el funcionamiento en niños y niñas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Grupo de Washington: se desarrolló para ser incluido en las Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS) y para otras encuestas poblacionales que recopilan datos sobre niñas, niños y adolescentes. El módulo para las edades de 2 a 4 años está destinado a recopilar información sobre niñas y niños de esa edad por medio de una persona encuestada sustituta experta. Contiene 16 preguntas sobre los siguientes dominios: visión, audición, movilidad, destreza, comunicación, aprendizaje, juegos y control del comportamiento. El módulo para las edades de 5 a 17 años también se basa en una persona encuestada sustituta, aunque en algunos casos las niñas y los niños de edades más altas pueden responder por sí mismos. Contiene 24 preguntas sobre los siguientes dominios: visión, audición, movilidad, autocuidado, comunicación, aprendizaje, recuerdos o memoria, concentración, aceptación al cambio o adaptabilidad, hacer amigos, ansiedad y depresión.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sobre la base de información del Grupo de Washington sobre Estadísticas de la Discapacidad.

Si bien la lista breve de preguntas no permite detectar todos los tipos de discapacidad, porque no identifica, entre otras, las discapacidades psicosociales, es relevante tener en cuenta que su inclusión en los censos y las encuestas de hogares permite contar con datos sobre la situación de las personas con discapacidad en lo referente al acceso a la educación, al empleo y a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), entre otros temas. Además, en el caso de los censos, por su carácter universal, la desagregación permite determinar sin errores relacionados con el tamaño y el diseño muestral si las personas con discapacidad han alcanzado el mismo nivel de participación que las personas sin discapacidad en los diferentes ámbitos de su vida.

En el caso de las encuestas de hogares, que tienen una mayor periodicidad que los censos, la lista breve de preguntas permite hacer seguimiento del cumplimiento de varios contenidos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y evaluar si las políticas públicas incluyen a las personas con discapacidad y satisfacen sus necesidades.

Además de esta lista breve de preguntas, existe una lista más amplia y detallada de preguntas, que también ha sido preparada por el Grupo de Washington, para otros instrumentos de medición, como encuestas específicas sobre discapacidad, empleo y salud, y las Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS). Debido a varios factores prácticos y metodológicos que dificultan su implementación y afectan la calidad de los datos, es improcedente introducir la lista ampliada de preguntas en los censos y las encuestas de hogares. En la cuarta revisión de los principios y recomendaciones para los censos de población y vivienda de las Naciones Unidas (2025a), por ejemplo, se afirma que el cuestionario censal ofrece un espacio limitado para agregar un conjunto de preguntas muy extenso y que incluir más preguntas se traduce en un mayor tiempo necesario para censar a cada entrevistado, con el consiguiente riesgo de afectar la calidad de las respuestas. Por tanto, se recomienda centrarse en los seis dominios de la lista breve de preguntas y utilizar las listas más extensas de preguntas sobre la discapacidad en otros instrumentos.

1. Inclusión de preguntas sobre discapacidad en los censos de población y vivienda

La inclusión de preguntas para contabilizar a las personas con discapacidad se ha generalizado en los cuestionarios censales al menos desde la ronda de 2010. Se estima que todos los censos de población y vivienda realizados en América Latina y el Caribe en la ronda de 2010 incluyeron al menos una pregunta, aunque no todos con el enfoque social y de derechos recomendado (González y Ullman, 2019). En los censos de la ronda de 2020 la medición de la discapacidad está más alineada con las recomendaciones internacionales, gracias a la adopción más amplia del enfoque social y de derechos de la discapacidad y al reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de derecho.

Este cambio se ha sustentado en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en las acciones de los movimientos de personas con discapacidad[1], que han abogado por una mayor visibilidad estadística de este grupo de la población y han dirigido sus demandas hacia el reconocimiento creciente de sus derechos por parte de los Estados y de la comunidad internacional, así como hacia una mayor igualdad. También han contribuido las actividades de asistencia técnica a las oficinas nacionales de estadística que ha realizado el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en materia de censos de población y vivienda, en general, e inclusión de preguntas sobre discapacidad, en particular. Estas iniciativas de asistencia técnica han consistido en apoyos en la formulación del cuestionario censal, así como en talleres de sensibilización dirigidos a técnicos y personas de la sociedad civil sobre la importancia de incorporar la lista breve de preguntas del Grupo de Washington[2]. Más recientemente, se ha apoyado al Grupo de Buenos Aires, que por medio de la cooperación Sur-Sur ha promovido la armonización de la medición de la discapacidad en la región, poniendo de relieve las buenas prácticas y las lecciones aprendidas en la inclusión y aplicación de las preguntas en las principales fuentes de datos estadísticos.

En el cuadro II.1 se presenta una síntesis de la incorporación de los distintos enfoques de medición de la discapacidad en los cuestionarios censales que los países de la región han aplicado en la ronda de 2020[3]. Diez de los 16 países analizados reflejan en sus mediciones las recomendaciones del Grupo de Washington, mediante la adopción de las preguntas y la gradualidad de respuestas. Las mediciones realizadas en Barbados, Colombia y México se acercan más al enfoque biopsicosocial[4], ya que incorporan las preguntas de la lista breve y agregan otras limitaciones, al mismo tiempo que indagan en sus causas (en los tres países) y en el uso de dispositivos de apoyo (Colombia).

Los cuestionarios censales de otros países (Argentina, Panamá y Perú) responden a criterios que van más allá de la adopción de un enfoque específico y combinan enfoques o excluyen las alternativas de respuestas. En el caso de la Argentina, la pregunta se realizó a nivel de los hogares. En el Perú, si bien se utilizan las preguntas de la lista breve, no es posible responder según el grado de las limitaciones (véase el cuadro II.A1.1 en el anexo II.A1), ya que se utiliza una respuesta dicotómica (sí/no). En el censo de Panamá se optó por combinar el enfoque médico y el enfoque social y de derechos, ya que se realizó una pregunta específica por condición de discapacidad y tipos, además de las preguntas de la lista breve (véase el cuadro II.A1.1 en el anexo II.A1).

Cuadro II.1

América Latina y el Caribe (16 países): enfoques de medición de la discapacidad en los cuestionarios censales de la ronda 2020

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sobre la base de García, L. (2025). Fuentes de datos sobre las personas con discapacidad en América Latina desde un enfoque social y de derechos. Documentos de Proyectos (LC/TS.2025/53). Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

En el Caribe, los censos de población y vivienda son en muchos casos la única fuente de información estadística sobre las personas con discapacidad y en ellos se utilizan diferentes preguntas para recopilar datos sobre la discapacidad (Jones y Serieux-Lubin, 2018). Los cambios en la redacción de las preguntas sobre la discapacidad, por sutiles que sean, inciden en la comparabilidad, tanto a lo largo del tiempo como entre los países. En la ronda de censos de 2010, algunos países modificaron sus preguntas para alinearlas con las mejores prácticas internacionales, utilizando la lista breve de preguntas sobre la discapacidad del Grupo de Washington, mientras que otros no realizaron cambios o hicieron cambios no alineados con las preguntas del Grupo de Washington. Por lo tanto, los resultados presentan diferencias entre los países del Caribe: por ejemplo, la proporción de personas con discapacidad en cada país puede variar ya sea por las diferencias en la forma de realizar las preguntas o por diferencias reales en la población.

En síntesis, el análisis de los cuestionarios censales utilizados en los países de América Latina y el Caribe evidencia avances significativos en la incorporación del enfoque social y de derechos, aunque persisten desafíos en la armonización metodológica y en la aplicación plena de las recomendaciones internacionales. La diversidad de enfoques refleja las distintas capacidades y prioridades de los países, subrayando la necesidad de continuar fortaleciendo la asistencia técnica, la capacitación y la colaboración con las organizaciones de personas con discapacidad para garantizar la disponibilidad de datos más precisos y útiles para el diseño de políticas públicas inclusivas.

2. Inclusión de preguntas sobre discapacidad en las encuestas de hogares

El análisis de los cuestionarios de las encuestas de hogares utilizados en los países de la región revela una diversidad de formas de abordar la medición de la discapacidad a través de estos instrumentos, lo que refleja avances desiguales en la integración del enfoque social y de derechos de la discapacidad en dichas encuestas y resalta la necesidad de lograr una mayor armonización metodológica para mejorar la comparabilidad de los datos y fortalecer el diseño de políticas públicas inclusivas.

En la mayoría de los casos, se utilizan preguntas con opciones de respuesta que expresan grados, para capturar el nivel de severidad de las dificultades, lo que permite una evaluación más detallada y matizada de la discapacidad, en consonancia con las recomendaciones del Grupo de Washington. Sin embargo, persisten diferencias metodológicas que afectan la comparabilidad regional. Algunos países utilizan un único ítem con opciones múltiples, lo que podría restringir la capacidad de captar la complejidad de las dificultades que experimentan las personas, ya que no permite hacer una distinción entre limitaciones o dificultades y discapacidad, al no hacer posible una gradualidad en la respuesta y considerar únicamente la dicotomía “tiene o no tiene”. También hay experiencias en las que solo se contabiliza el número de personas con discapacidad en el hogar, lo que limita el análisis individual.

Chile y Guatemala destacan por haber incorporado plenamente la lista breve de preguntas sobre la discapacidad del Grupo de Washington en sus encuestas de hogares, incluida la gradualidad de respuestas, mientras que el Brasil, Colombia y México ampliaron la medición a través de un conjunto de entre 7 y 8 preguntas, incorporando dimensiones no consideradas en la lista breve. En otros países, las encuestas de hogares aún no han incorporado la gradualidad en las opciones de respuesta.

El cuadro II.2 muestra la incorporación de preguntas sobre discapacidad en los cuestionarios de las encuestas de hogares más recientes disponibles en el Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG). En algunos países (Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia y México) las preguntas sobre dificultades permanentes se han realizado en varios años y diversas versiones de las encuestas; en cambio, en otros países (Guatemala y Honduras), estas preguntas se han incluido en las encuestas más recientes.

Cuadro II.2

América Latina (10 países): preguntas sobre discapacidad incluidas en las encuestas de hogares, 2021-2024

País

Encuesta

Preguntas incorporadas

Unidad de análisis

Argentina

Encuesta Permanente de Hogares (EPH), 2022

Contabiliza el número de personas con discapacidad

en el hogar

Hogar

Bolivia (Estado Plurinacional de)

Encuesta de Hogares, 2021

Siete preguntas sobre tipos de discapacidad,

con opciones de gradualidad en las respuestas

Personas

Brasil

Encuesta Nacional de Hogares Continua (PNAD Continua), 2022

Ocho preguntas sobre dificultades, con enunciados distintos para menores de 5 años y personas de 5 años

y más, con opciones de gradualidad en las respuestas

Personas de 2 años y más

Chile

Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), 2022

Seis preguntas sobre dificultades, con opciones

de gradualidad en las respuestas

Personas de 5 años y más

Colombia

Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), 2023

Ocho preguntas sobre limitaciones funcionales,

con opciones de gradualidad en las respuestas

Personas

Costa Rica

Encuesta Nacional de Hogares, 2023

Siete preguntas sobre limitaciones, con opción

de registrar hasta dos por persona

Personas

Guatemala

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos

de los Hogares (ENIGH), 2021-2022

Seis preguntas sobre dificultades, con opciones

de gradualidad en las respuestas

Personas

Honduras

Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM), 2023

Una pregunta con ocho opciones de respuesta

(no se indica si es posible la respuesta múltiple)

Personas

México

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos

de los Hogares (ENIGH), 2022

Ocho preguntas sobre dificultades, con opciones de gradualidad en las respuestas y una pregunta adicional sobre las causas de la discapacidad

Personas

Perú

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2024

Seis preguntas sobre dificultades, con opciones

de respuesta dicotómicas

Personas

Fuente: García, L. (2025). Fuentes de datos sobre las personas con discapacidad en América Latina desde un enfoque social y de derechos. Documentos de Proyectos (LC/TS.2025/53). Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

B. Datos sobre discapacidad en los censos y las encuestas de hogares: desafíos para la comparabilidad regional

1. Resultados de las preguntas que indagan por discapacidad en los censos

Para comprobar las potencialidades que brinda la lista breve de preguntas del Grupo de Washington en los censos, se analizaron cinco censos de población realizados en la ronda de 2020 en Colombia, el Ecuador, Guatemala, México y Panamá[5].

Los resultados del análisis muestran porcentajes de personas con discapacidad[6] que no superan el 7%. Guatemala presenta la menor proporción de personas con discapacidad, un 2,8%; le sigue Colombia, con un 4,1%, mientras que México y Panamá presentan alrededor de un 5%. El Ecuador presenta la cifra más alta, con un 7,0% de personas con discapacidad (véase el gráfico II.1).

Gráfico II.1

América Latina (5 países): proporción de personas con discapacidad, según tipo de discapacidad, censos de la ronda de 2020

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sobre la base de procesamientos especiales de datos de censos de población y vivienda mediante REDATAM.

Nota: Los porcentajes presentados no incluyen a las personas de las cuales se ignoran las limitaciones o la discapacidad, o que quedan fuera de las encuestas. En Guatemala, las preguntas por limitaciones o discapacidad se aplican a las personas de 4 años y más. Los tipos de limitaciones están ordenados según el orden propuesto por el Grupo de Washington sobre Estadísticas de la Discapacidad y no reflejan necesariamente el orden en que se presentan las preguntas en el cuestionario de cada país.

Cabe destacar que las cifras producidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las producidas según los estándares del Grupo de Washington sobre Estadísticas de la Discapacidad no son comparables (véase el recuadro II.3). Una de las premisas del Grupo de Washington en relación con las listas de preguntas para la medición de dificultades o limitaciones es que estas no sirven para detectar condiciones específicas de salud, sino para determinar la prevalencia de discapacidad, considerada como un continuo.

Recuadro II.3

Comparabilidad de los datos sobre las personas con discapacidad

La medición de la discapacidad, que es un concepto complejo, puede dar lugar a estadísticas que no son comparables ni fáciles de interpretar. Por ejemplo, los datos sobre discapacidad se recopilan con diferentes fines, como la estimación de su prevalencia en la población o la prestación de determinados servicios. De esta manera, dependiendo del propósito, se generarán estadísticas diferentes e incluso, cuando la intención es medir el mismo concepto, las preguntas utilizadas pueden diferir en formas que limitan considerablemente la comparabilidad (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2025). Asimismo, los datos provenientes de censos de población y vivienda y encuestas de hogares pueden diferir de los datos de otras fuentes, como encuestas específicas sobre discapacidad o registros que miden aspectos diferentes de la discapacidad.

En el Informe mundial sobre la equidad en materia de salud para las personas con discapacidad, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indicó que en 2021 “se estimaba que unos 1300 millones de personas, es decir, el 16% de la población mundial, presentaban un grado de discapacidad importante. De estas personas, unos 142 millones tenían un grado de discapacidad grave” (OPS, 2025, pág. 28).

Los datos de la OPS provienen del estudio sobre la carga mundial de enfermedad, que utiliza una metodología de medición distinta de la lista breve de preguntas sobre la discapacidad del Grupo de Washington, que se centra en medir la dificultad para funcionar en seis acciones básicas universales (capacidades) que, en un entorno inapropiado, pondrían a una persona en riesgo de una participación social restringida (Grupo de Washington sobre Estadísticas de la Discapacidad, 2020). Por otra parte, de acuerdo con el Grupo de Washington, la medición de las barreras ambientales y la participación (por ejemplo, el acceso a la educación o al empleo) es externa; la tarea, por lo tanto, reside en el análisis de datos para establecer si quienes han sido identificados como personas con dificultades o limitaciones en estas acciones básicas presentan tasas de participación iguales a las de quienes no tienen discapacidad.

Por lo tanto, no es posible realizar una comparación directa entre las estimaciones de la OPS y las producidas sobre la base de la lista breve de preguntas del Grupo de Washington, debido a la naturaleza diversa de los instrumentos con que se recopilan los datos para elaborarlas.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sobre la base de Organización Panamericana de la Salud. (2025). Informe mundial sobre la equidad en materia de salud para las personas con discapacidad; y Grupo de Washington sobre Estadísticas de la Discapacidad. (2020). Introducción a las listas de preguntas del Grupo de Washington sobre Estadísticas de la Discapacidad. https://www.washingtongroup-disability.com/resources/introduccion-a-las-listas-de-preguntas-del-grupo-de-washington-sobre-estadisticas-de-la-discapacidad-445/.

Las cifras proporcionadas por los censos permiten establecer parámetros para diseñar políticas y programas públicos que integren el enfoque social y de derechos de la discapacidad, pero no para determinar la prestación de servicios específicos dirigidos a atender determinadas condiciones de salud (Grupo de Washington sobre Estadísticas de la Discapacidad, 2020).

Si bien la lista breve de preguntas no detecta todos los tipos de discapacidad, esto no quiere decir de ningún modo que las cifras no sean relevantes, ya que en muchas ocasiones incorporar esta lista breve en los censos de población y vivienda permite cuantificar las brechas de desigualdad entre personas con y sin discapacidad en lo que respecta al empleo, la educación, el acceso a servicios básicos y el acceso y uso de TIC, así como en otras dimensiones que se abordan en los censos.

Por su carácter universal, los censos de población y vivienda son la fuente primaria más importante y amplia de información estadística, así como el principal instrumento de estadísticas oficiales capaz de proporcionar datos para niveles geográficos menores. Por ello, los censos permiten disponer de datos desagregados sobre las personas con discapacidad y dar a conocer diferenciales, dificultades y brechas que enfrentan las personas que tienen alguna discapacidad. Esto facilita la realización de diferentes análisis sociodemográficos y socioterritoriales sobre las personas con discapacidad y la identificación de desigualdades territoriales y demográficas. Esta no solo es una ventaja a escala nacional, sino que también permite que los gobiernos locales implementen políticas públicas en los territorios.

Asimismo, los censos proveen antecedentes básicos acerca de las viviendas, los hogares y las personas, incluidas las personas con discapacidad, y de ese modo permiten generar estadísticas que son fundamentales para la elaboración de políticas públicas con enfoque social y de derechos dirigidas a las personas con discapacidad, entre las que se encuentran los programas de inclusión y la asignación de recursos destinados a mejorar la accesibilidad, el acceso a servicios de salud y el bienestar general de las personas con discapacidad.

Medir la discapacidad a través de los censos ofrece así importantes ventajas, especialmente si la medición sigue las recomendaciones internacionales realizadas por el Grupo de Washington y los principios y recomendaciones para los censos de población y vivienda de las Naciones Unidas (2025a). Las múltiples opciones de desagregación —incluidas las étnico-raciales— permiten obtener un panorama más detallado de la población con discapacidad y sus condiciones de vida. Esto facilita la identificación de desigualdades territoriales y demográficas, como la mayor prevalencia de la discapacidad en zonas rurales o entre ciertos grupos de edad. Otra ventaja es la posibilidad de medir las desigualdades de acceso a servicios básicos o a la educación, comparando la situación de las personas con y sin discapacidad, así como el hecho de que estas brechas se pueden medir a diferentes escalas geográficas.

Los datos censales muestran, por ejemplo, que la discapacidad aumenta con la edad y afecta más a las mujeres en términos relativos. La prevalencia de la discapacidad es más elevada entre las personas mayores y se acentúa aún más entre las personas de 80 años y más, grupo en el que se observa una brecha marcada entre mujeres y hombres, siendo las mujeres de estas edades las que presentan mayores porcentajes de discapacidad (excepto en el caso de Guatemala) (García, 2025) (véase el gráfico II.2).

Gráfico II.2

América Latina (5 países): proporción de personas con al menos una discapacidad, según grupos de edad y sexo, ronda de censos de 2020

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sobre la base de procesamientos especiales de datos de los censos de población y vivienda mediante REDATAM.

Nota: En Guatemala, las preguntas sobre limitaciones o discapacidad se aplican a personas de 4 años y más.

Asimismo, a medida que mejora la identificación de las personas con discapacidad en los censos, se pueden analizar áreas geográficas con mayor precisión. De esta manera, por ejemplo, se pueden realizar mapas de riesgos socioambientales y vincularlos con la localización de las personas con discapacidad en el territorio para elaborar planes de gestión de riesgos que incluyan medidas específicas para este grupo poblacional (véase el mapa II.1) (García, 2025).

Mapa II.1

Guatemala: proporción de personas con al menos una discapacidad, por municipios, 2018

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sobre la base de procesamientos especiales de datos de los censos de población y vivienda mediante REDATAM.

Nota: En el censo de Guatemala de 2018, las preguntas sobre limitaciones o discapacidad se aplicaron a las personas de 4 años y más. Los municipios de San José La Arada, Usumatlán, Antigua Guatemala, San Cristóbal Acasaguastlán, Patzité y Asunción Mita presentan los porcentajes más altos de personas con discapacidad, superiores al 5%, mientras que en los municipios de Comitancillo, San Juan Atitán, San Agustín Lanquín, Cabricán, San Miguel Tucurú, Santa Catarina Palopó, Santa Bárbara y Concepción el porcentaje de personas con discapacidad es menor al 1%.

Los límites y los nombres que figuran en este mapa no implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas.

En los censos más recientes, la implementación de pruebas más rigurosas de las preguntas en los operativos precensales y la mejora de los procesos de capacitación de los censistas para la recolección de información sobre discapacidad, sumadas a la mayor conciencia social sobre los derechos de las personas con discapacidad, pueden haber permitido que las personas identifiquen y declaren de mejor manera que en el pasado sus propias condiciones físicas y mentales.

Finalmente, cabe destacar que aún es necesario avanzar en la armonización de las mediciones censales y asegurar la comparabilidad internacional. En las recomendaciones presentadas por la CEPAL (2021a) para la realización de los censos se reitera la necesidad de unificar las metodologías de las mediciones que posteriormente permiten generar marcos muestrales para el levantamiento de encuestas específicas. Además, respecto de la medición de la discapacidad se recomienda fortalecer la capacitación de las personas encargadas de la realización de las encuestas y de la supervisión, con el fin de favorecer la comprensión del enfoque social y de derechos, y evitar sesgos en la conducción de las entrevistas. Otra tarea importante es evaluar alternativas de respuestas que permitan ajustar la medición de la discapacidad en los censos para avanzar en la producción de información estadística válida y confiable, que contribuya al diseño e implementación de políticas públicas.

2. Resultados de las preguntas que indagan por discapacidad en las encuestas

Las encuestas de hogares son herramientas apropiadas para medir la prevalencia de la discapacidad, por cuanto permiten caracterizar a las personas con discapacidad en términos socioeconómicos, demográficos y de salud. Pueden constituir una buena fuente de información sobre las condiciones de vida de las personas con discapacidad, siempre y cuando se incorporen en la elaboración de los cuestionarios las recomendaciones del Grupo de Washington y se tenga presente que pueden redundar en la sub- o sobrerrepresentación de ciertos grupos, dado que generalmente el muestreo no se enfoca de manera específica en los hogares en que existen personas con discapacidad.

En sus encuestas de hogares recientes, Chile (2022), Colombia (2023) y México (2022) realizaron preguntas sobre discapacidad, en concordancia con las recomendaciones del Grupo de Washington. En el caso de México se ahondó, además, en las causas de esta condición.

En el gráfico II.3 se presenta la prevalencia de la discapacidad en la población de estos tres países. La menor prevalencia de personas con discapacidad la tiene Colombia, con un 4,8%, mientras que el 6,8% de la población en México y alrededor del 10% de la población en Chile presenta algún tipo de discapacidad.

Estas proporciones no están tan alejadas de los porcentajes de personas con discapacidad que provienen de los censos de población. Colombia presenta un porcentaje muy similar en ambas fuentes: un 4,1% en el censo de población y un 4,8% en la encuesta de hogares. En el caso de México, el porcentaje proveniente del censo es menor (de un 4,9%, frente a un 6,8% proveniente de la encuesta de hogares). En el caso de Chile, los resultados del censo realizado en 2024 fueron divulgados recientemente y revelan que un 11,1% de la población tiene al menos una discapacidad, valor levemente superior al 9,7% proveniente de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) de 2022 (véase el gráfico II.3).

En los tres países analizados, tal como se observa en el caso de los datos censales, la prevalencia de la discapacidad aumenta progresivamente con la edad y alcanza una presencia levemente más alta entre las mujeres mayores, llegando casi al 100% de las personas al final de la vida en los tres países. Estas limitaciones son casi inexistentes al inicio de la vida y se incrementan rápidamente a partir de los 50 años. La mayor concentración de personas con discapacidad en edades medias y avanzadas se observa en el gráfico II.4, que presenta las pirámides de población con discapacidad en Chile, Colombia y México[7].

Gráfico II.3

América Latina (3 países): proporción de personas con discapacidad, según tipo de discapacidad, alrededor de 2022

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sobre la base de procesamientos especiales de datos procedentes del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

Nota: Los tipos de limitaciones están ordenados según el orden propuesto por el Grupo de Washington sobre Estadísticas de la Discapacidad y no reflejan necesariamente el orden en que se presentan las preguntas en el cuestionario de cada país.

Gráfico II.4

América Latina (3 países): proporción de personas con al menos una discapacidad, según grupos de edad y sexo, alrededor de 2022

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sobre la base de procesamientos especiales de datos procedentes del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

Nota: Los porcentajes presentados no consideran a las personas de las cuales se ignoran las limitaciones o la discapacidad. En la encuesta de Chile, la información sobre limitaciones o discapacidad se obtiene para las personas de 5 años o más desde la base de datos.

Sobre la base de los datos de encuestas de hogares, García (2025) afirma que la prevalencia de la discapacidad es más pronunciada en las áreas rurales, al menos en el caso de la información proporcionada por las encuestas de Chile y Colombia. Las diferencias entre áreas urbanas y rurales evidencian la forma en que el contexto social y económico —por ejemplo, la ausencia de infraestructura adecuada para fomentar la participación en la vida social y comunitaria— influye en la prevalencia y el manejo de las dificultades funcionales, perpetuando brechas que requieren una atención focalizada.

Entre las ventajas que presentan las encuestas de hogares para medir la discapacidad, en comparación con los censos, está su periodicidad —anual o cada pocos años—, que, si bien varía de un país a otro, implica una frecuencia mayor que la de los censos, que son decenales. Asimismo, las encuestas de hogares permiten indagar y profundizar en una mayor cantidad de temas relacionados con las condiciones de vida, en comparación con los censos, lo que ofrece el potencial de realizar una caracterización más precisa del bienestar y de las necesidades de las personas en situación de discapacidad.

Un ejemplo de lo anterior es la inclusión en las encuestas de preguntas sobre acceso a servicios de salud, cobertura de seguros sociales, ingresos y existencia de redes de apoyo para personas con discapacidad. En Colombia y México, las encuestas de hogares han incorporado módulos específicos para evaluar la relación entre la discapacidad y el acceso a servicios básicos, lo que proporciona un panorama más detallado sobre las condiciones de vida de esta población. Además, las encuestas de hogares permiten analizar el efecto de las limitaciones funcionales en el acceso al mercado laboral, la educación, los programas de asistencia social y la movilidad urbana, lo que facilita la identificación de barreras estructurales que dificultan la inclusión social y económica de las personas con discapacidad.

Otro elemento relevante es que las encuestas de hogares permiten medir la pobreza por ingresos, así como la pobreza multidimensional, lo que hace posible evaluar la relación entre las condiciones económicas y la prevalencia y el impacto de las dificultades funcionales. Esto es particularmente útil para el diseño de políticas públicas focalizadas, ya que permite entender la relación entre discapacidad, exclusión social, pobreza y desigualdad, lo que contribuye a que los Gobiernos puedan implementar programas de apoyo más efectivos según el contexto social y territorial.

En el caso de las encuestas continuas o longitudinales, otra ventaja es que proveen mediciones repetidas de la composición del hogar y las características de sus miembros. Esto posibilita el seguimiento de cambios en la composición de los hogares, que son importantes en la planificación de programas y proyectos sociales.

Sin embargo, las encuestas de hogares también presentan una desventaja importante para la medición de las condiciones de vida de las personas con discapacidad: el análisis de subpoblaciones resulta limitado, ya que a medida que disminuye el número de casos, el error muestral aumenta. De esta forma, como el tamaño de la muestra es limitado, las posibilidades de desagregación respecto de los censos son menores. Por ejemplo, no es posible realizar una desagregación territorial a escalas geográficas menores. Además, en algunos países estas encuestas abarcan únicamente el área urbana o las principales ciudades del país.

3. Conclusiones

Actualmente, los censos de población y vivienda y las encuestas de hogares son las fuentes de datos clave para visibilizar a las personas con discapacidad y conocer a grandes rasgos sus condiciones de vida, sobre la base de la lista breve de preguntas sobre discapacidad del Grupo de Washington, que indaga sobre dificultades o limitaciones de funcionamiento, y de las recomendaciones internacionales.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta lista breve no permite detectar condiciones específicas de salud, sino que apunta a medir la prevalencia de la discapacidad. La lista breve de preguntas se centra en medir la dificultad de funcionamiento de las personas en seis actividades básicas universales que, en un entorno inapropiado, pondrían a la persona en riesgo de una participación social restringida. Si bien se reconocen las limitaciones de esta lista breve de preguntas, lo importante es que las tendencias generales de la prevalencia de la discapacidad guardan coherencia con las descritas en otras fuentes de datos sobre discapacidad. Tanto los censos como las encuestas de hogares muestran una mayor prevalencia de la discapacidad entre las mujeres que entre los hombres, una mayor prevalencia de la discapacidad a medida que aumenta la edad y una alta prevalencia entre las personas mayores, particularmente de 80 años y más, así como un menor acceso de las personas con discapacidad a la educación formal, a las TIC y al empleo (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2025).

De esta manera, tanto la información censal como la que proviene de encuestas de hogares permiten realizar análisis de las barreras sociales y ambientales a la participación. Por ejemplo, se puede medir el acceso a la educación o al empleo según situación de discapacidad y así cuantificar las brechas existentes entre personas con y sin discapacidad (véase el capítulo III).

Por tanto, las cifras proporcionadas por los censos y las encuestas de hogares permiten establecer parámetros básicos para la elaboración de políticas y programas públicos que integren el enfoque social y de derechos de la discapacidad. Sin embargo, puesto que la lista breve de preguntas no detecta todos los tipos de discapacidad, se necesitan otros instrumentos de medición para diversos fines, como, por ejemplo, la prestación de servicios específicos para atender a determinadas condiciones de salud (Grupo de Washington sobre Estadísticas de la Discapacidad, 2020).

Anexo II.A1

Cuadro II.A1.1

América Latina (18 países): preguntas sobre discapacidad en los censos de las rondas de 2010 y 2020

País

Año

Características de las preguntas

Dominios incorporados

Universo de aplicación de las preguntas

Argentina

2010 (cuestionario ampliado)

Cinco preguntas sobre limitaciones funcionales, con opciones de respuesta dicotómicas

Visión, audición, movilidad

Parte superior del cuerpo, aprendizaje

Todas las personas

2022

Cinco preguntas sobre limitaciones funcionales, con opciones de respuesta dicotómicas

Movilidad, conocimiento/entendimiento, comunicación, audición, visión, autocuidado

Contabiliza a las personas en los hogares, excluidos bebés niñas y niños

Bolivia (Estado Plurinacional de)

2012

Cinco preguntas sobre limitaciones funcionales, con opciones de respuesta dicotómicas

Visión, audición, movilidad, conocimiento

Identifica a las personas en los hogares

2024

Cuatro preguntas sobre limitaciones funcionales, con opciones de gradualidad en las respuestas

Visión, audición, movilidad, comunicación

Personas de 5 años y más

Brasil

2010 (cuestionario ampliado)

Cuatro preguntas sobre limitaciones funcionales, tres con opciones de gradualidad en las respuestas y una con respuesta dicotómica

Visión, audición, movilidad

Dificultades intelectuales

Todas las personas

2022 (cuestionario ampliado)

Cinco preguntas sobre limitaciones funcionales, con opciones de gradualidad en las respuestas

Visión, audición, movilidad, comunicación y autocuidado (dos dominios en una

sola pregunta)

Parte superior del cuerpo

Personas de 2 años y más

Chile

2012

Una pregunta con opciones sobre cinco limitaciones funcionales, con opciones

de respuesta dicotómicas

Visión, audición, movilidad

Habla, dificultades intelectuales

Todas las personas

2024

Seis preguntas sobre limitaciones funcionales, con opciones de gradualidad en las respuestas

Visión, audición, movilidad, conocimiento (capacidad de recordar), autocuidado, comunicación

Personas de 5 años y más

Colombia

2018

Nueve preguntas sobre limitaciones funcionales, con opciones de gradualidad en las respuestas, y preguntas adicionales sobre causas de las limitaciones y uso de dispositivos de apoyo

Visión, audición, movilidad, conocimiento (capacidad de recordar), autocuidado, comunicación.

Habla, parte superior del cuerpo y la capacidad de relacionarse o interactuar

con las demás personas

Todas las personas

Costa Rica

2011

Una pregunta de respuesta múltiple sobre siete limitaciones funcionales

Visión, audición, movilidad

Habla, parte superior del cuerpo,

intelectual, mental

Todas las personas

2022

Seis preguntas sobre limitaciones funcionales, con opciones de gradualidad en las respuestas

Visión, audición, movilidad, conocimiento (capacidad de recordar), autocuidado, comunicación

Todas las personas

Cuba

2012

Una pregunta de respuesta múltiple sobre

nueve padecimientos

Visión, audición, movilidad

Habla, hipoacusia, debilidad visual, enfermedad mental, retraso mental, insuficiencia renal crónica

Todas las personas

Ecuador

2010

Una pregunta de respuesta múltiple sobre siete discapacidades permanentes. Incluye

una pregunta de filtro previa

Visión, audición, movilidad

Intelectual, mental

Todas las personas

2022

Seis preguntas sobre limitaciones funcionales, con opciones de gradualidad en las respuestas

Movilidad, autocuidado, comunicación, audición, visión, conocimiento

Todas las personas

El Salvador

2024

Siete preguntas sobre limitaciones funcionales, con opciones de gradualidad en las respuestas

Movilidad, conocimiento, autocuidado, comunicación, visión, audición

Parte superior del cuerpo

Todas las personas

Guatemala

2018

Seis preguntas sobre limitaciones funcionales, con opciones de gradualidad en las respuestas

Visión, audición, movilidad, conocimiento, autocuidado, comunicación

Personas de 4 años y más

Honduras

2013

Una pregunta de respuesta múltiple sobre ocho limitaciones funcionales, con opciones de respuesta múltiples. Para cada opción se agrega una pregunta sobre las causas de la limitación

Movilidad, visión, audición, autocuidado

Parte superior del cuerpo, habla,

deficiencia mental

Todas las personas

México

2010 (cuestionario ampliado)

Siete preguntas sobre dificultades y una pregunta con respuesta dicotómica sobre problema o condición mental. Para cada opción se agrega una pregunta sobre las causas de la limitación

Movilidad, visión, audición, autocuidado, conocimiento

Habla, limitación mental

Todas las personas

2020 (cuestionario ampliado)

Seis preguntas sobre dificultades, con opciones de gradualidad en las respuestas, y una pregunta con respuesta dicotómica sobre problema o condición mental. Para cada opción se agrega una pregunta sobre las causas de la limitación

Visión, audición, movilidad, conocimiento, autocuidado, comunicación

Problema o condición mental

Todas las personas

Panamá

2010

Seis preguntas sobre limitaciones de la salud, con opciones de respuesta dicotómicas.

Una pregunta adicional sobre el tipo de discapacidad, aplicable a quienes indican

una condición de discapacidad en el listado

de personas en el hogar

Audición, visión, movilidad, comunicación

Aprendizaje, parte superior del cuerpo

Todas las personas

2023

Uso de pregunta filtro. Pregunta de respuesta múltiple sobre tipos de discapacidad y siete preguntas sobre dificultades funcionales con opciones de gradualidad en las respuestas

Movilidad, comunicación, conocimiento, autocuidado, visión, audición

Parte superior del cuerpo

Todas las personas

Paraguay

2012

Cinco preguntas sobre dificultades permanentes con opciones de gradualidad en las respuestas

Visión, audición, movilidad

Dificultad para entender o aprender, dificultad mental o emocional

Todas las personas (algunas preguntas se aplican solo a las personas de 2 años y más)

2022

Cuatro preguntas sobre dificultades o limitaciones, con opciones de gradualidad

en las respuestas

Movilidad (incluye parte superior del cuerpo), visión, audición, autocuidado

Todas las personas

Perú

2017

Siete preguntas sobre dificultades o limitaciones permanentes, con opciones de respuesta dicotómicas

Visión, audición, comunicación, movilidad, conocimiento, comunicación

Habla

Todas las personas

República Dominicana

2010

Doce preguntas sobre dificultades permanentes, con opciones de respuesta dicotómicas

Visión, audición, caminar, conocimiento

Parte superior del cuerpo, parte inferior del cuerpo, habla, mudez, problemas mentales, falta de una o dos piernas, falta de uno

o dos brazos

Todas las personas

2022

Seis preguntas sobre dificultades, con opciones de gradualidad en las respuestas

Visión, audición, movilidad, conocimiento, autocuidado, comunicación

Todas las personas

Uruguay

2011

Cuatro preguntas sobre dificultades permanentes, con opciones de gradualidad en las respuestas

Visión, audición, movilidad, conocimiento

Todas las personas

2023

Seis preguntas sobre dificultades permanentes, con opciones de gradualidad en las respuestas, y una pregunta sobre diagnóstico de autismo (trastorno del espectro autista (TEA))

Visión, audición, movilidad, comunicación, conocimiento, autocuidado

Diagnóstico de TEA

Todas las personas (indica registrar a bebés, niñas

y niños como personas

sin limitaciones)

Venezuela (República Bolivariana de)

2011

Una pregunta de respuesta múltiple con diez opciones de deficiencias, condiciones

o discapacidades. Una pregunta de respuesta múltiple sobre limitaciones con ocho opciones

de respuesta

Visión, audición

Neurológico, musculoesquelético (falta

de extremidades), voz y habla, cardiovascular, mental-intelectual, respiratorio, mental-psicosocial

Todas las personas

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sobre la base de los cuestionarios censales de los países.

Nota: Los dominios se presentan en el mismo orden en que figuran en los cuestionarios de cada país. Se presentan con letra itálica (cursiva) aquellos dominios que se encuentran fuera de la lista breve de preguntas sobre discapacidad del Grupo de Washington.

1. [1] Siguiendo la inspiración de los movimientos de promoción de los derechos civiles, en las décadas de 1960 y 1970 las personas con discapacidad comenzaron a cuestionar la institucionalización y la exclusión de dichas personas, lo que redundó en una nueva comprensión que desafiaba las percepciones sociales sobre sus habilidades y derechos. Este cuestionamiento dio lugar al movimiento por los derechos de las personas con discapacidad y al modelo social de la discapacidad, que ha evolucionado y sigue siendo una guía crucial para alcanzar la igualdad y promover el cambio social.

2. [2] Véase, por ejemplo, el seminario Aspectos Conceptuales de los Censos de Población y Vivienda: Desafíos para la Definición de Contenidos Incluyentes en la Ronda 2020 (https://www.cepal.org/es/eventos/seminario-aspectos-conceptuales-censos-poblacion-vivienda-desafios-la-definicion-contenidos).

3. [3] En el cuadro II.A1.1 del anexo II.A1 se presenta el detalle de las preguntas consideradas en el cuadro.

4. [4] El modelo biopsicosocial considera la discapacidad como el resultado de la interacción entre factores biológicos, psicológicos y sociales.

5. [5] Estos países se seleccionaron porque incluyeron en sus cuestionarios las preguntas de la lista breve de preguntas del Grupo de Washington (Guatemala en 2018 y el Ecuador en 2022) y, en algunos casos, porque agregaron otras preguntas de la lista ampliada (Colombia en 2018, México en 2020 y Panamá en 2023). Además, se cuenta con los microdatos censales de estos cinco países para poder procesar dicha información.

6. [6] Personas con discapacidad son aquellas que tienen una o más dificultades o limitaciones severas o no pueden realizar las actividades por las que se consulta; es decir, aquellas que responden con las categorías de respuesta “sí, con mucha dificultad” y “no puedo hacerlo en absoluto”.

7. [7] Cabe señalar que el proceso de envejecimiento poblacional se encuentra directamente vinculado al aumento de las limitaciones o dificultades funcionales, por lo que es necesario considerar el grado de avance en que se encuentra la transición demográfica (o postransición) en cada país para poner en contexto las cifras que arrojan las encuestas o los censos.

Capítulo III

Panorama sociodemográfico de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe

A. Perfil demográfico de las personas con discapacidad

B. Distribución territorial de las personas con discapacidad y acceso a servicios en áreas rurales y urbanas

C. Brechas educativas entre personas con y sin discapacidad

D. Exclusión de las personas con discapacidad del mercado laboral

E. Intersección entre discapacidad y brechas de género en el mercado laboral

F. Mayores niveles de pobreza y desigualdad en los hogares de personas con discapacidad

G. Conclusiones

A nivel mundial, las Naciones Unidas (2024) han evidenciado que las personas con discapacidad experimentan exclusión y discriminación, lo que no les permite tener una participación plena en la sociedad.

Barreras actitudinales, de información, institucionales y del entorno físico dificultan su acceso a los servicios de salud, incluidos los de salud sexual y reproductiva, educación y transporte, así como al empleo, la protección social, la recreación, la participación política y ciudadana y la justicia, lo que limita sus oportunidades y perpetúa la desigualdad que las afecta. Esta última se expresa en amplias brechas entre las personas con y sin discapacidad (Naciones Unidas, 2024), que se acentúan aún más como resultado de la interseccionalidad con el género, el territorio, la pertenencia étnico-racial y la etapa del ciclo vital, entre otras dimensiones.

A continuación, sobre la base de información proveniente de los censos de población y vivienda y de las encuestas de hogares, se realiza un análisis de la situación sociodemográfica de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe. Los datos censales y de encuestas permiten describir las características de la población con discapacidad, es decir, su tamaño y su estructura por edad y sexo, así como su distribución territorial y otras características sociodemográficas, como la situación de empleo y el acceso a la educación o a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Estos antecedentes permiten verificar la inclusión de las personas con discapacidad en dichos ámbitos y medir las brechas de acceso entre las personas con y sin discapacidad.

A. Perfil demográfico de las personas con discapacidad

Según los datos de 28 países y territorios de la región que realizaron sus censos en las rondas de 2010 y 2020, alrededor del 6,5% de la población latinoamericana y caribeña tiene algún tipo de discapacidad, lo que representa un grupo importante de la población regional. Esta cifra, si bien podría estar subestimada por las limitaciones en la medición señaladas en el capítulo II, como, por ejemplo, la aplicación parcial del enfoque del Grupo de Washington sobre Estadísticas de la Discapacidad, sigue siendo una referencia valiosa para visibilizar a las personas con discapacidad en la región. No obstante, los resultados de los censos revelan que la proporción de personas con discapacidad difiere bastante de un país a otro. Por ejemplo, según los censos realizados en América Latina en la ronda de 2020, el porcentaje de personas con discapacidad varía entre un 2,8% en Guatemala (2018) y un 11% en Chile (2024) (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2022) (véase el gráfico III.1)[1].

En el gráfico III.2 se muestra la estructura de la población sin y con discapacidad, por edad y sexo, en cinco países de la región. Conforme aumenta la edad, se incrementa la probabilidad de conllevar alguna discapacidad, por lo que entre las personas mayores existe una proporción más elevada de personas con discapacidad (CEPAL, 2022, 2024). En los cinco países se observa que más del 50% de la población con discapacidad se ubica en las edades de 60 años y más, mientras que en la población sin discapacidad el porcentaje de personas de esos rangos de edad no supera el 14% de la población total.

Se advierte asimismo que la proporción del grupo de edad de 80 años y más en la población con discapacidad supera significativamente a la proporción de ese mismo grupo de edad dentro de la población sin discapacidad, al mismo tiempo que existe un leve predominio femenino. Este grupo de la población presenta niveles más altos de dependencia y discapacidad, lo que se traduce en mayores necesidades de apoyo, asistencia y cuidados de largo plazo. En particular, las mujeres, que tienen una esperanza de vida mayor que los hombres, están sobrerrepresentadas en el grupo de 80 años y más, lo que las deja en riesgo de ser cuidadoras y al mismo tiempo necesitar apoyos o cuidados hasta edades avanzadas, si no se cuenta con sistemas públicos de cuidados integrales, accesibles y efectivos (CEPAL, 2024).

Gráfico III.1

América Latina y el Caribe (28 países y territorios): proporción de personas con discapacidad, censos de las rondas de 2010 y 2020

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sobre la base de microdatos censales de los países y territorios correspondientes procesados con REDATAM, y Jones, F. y Serieux-Lubin, L. (2018). Disability, human rights and public policy in the Caribbean: a situation analysis. Serie Estudios y Perspectivas-Sede Subregional de la CEPAL para el Caribe (64) (LC/CAR/TS.2017/12-LC/TS.2017/151). Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Nota: En verde se destacan los resultados de los censos de la ronda 2020.

Gráfico III.2

América Latina (5 países): estructura de la población según situación de discapacidad, por edad y sexo, censos de la ronda de 2020

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sobre la base de microdatos censales de los países correspondientes procesados con REDATAM.

Menos del 10% de las niñas, niños y adolescentes menores de 15 años presentan algún tipo de discapacidad. En el caso de Panamá, se observa una proporción de niños con discapacidad en el grupo etario de 0 a 4 años mayor que en los otros países[2].

Con respecto a la estructura por sexo, en el gráfico III.2 se observa una mayor prevalencia de la discapacidad entre las mujeres: el índice de feminidad es sistemáticamente superior a 115 mujeres por cada 100 hombres (CEPAL, 2021b; García, 2025), lo que se hace más evidente a partir de los 60 años, principalmente debido a que “la mayor esperanza de vida de las mujeres aumentaría la posibilidad de tener una discapacidad asociada a una enfermedad crónica o a un accidente en etapas avanzadas de la vida” (González y Stang, 2014, p. 83).

B. Distribución territorial de las personas con discapacidad y acceso a servicios en áreas rurales y urbanas

La información de seis países que llevaron a cabo censos en años recientes (Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá y Paraguay) permite constatar que la proporción de personas con discapacidad en las áreas urbanas y rurales varía según los países. En Guatemala y el Paraguay existe una proporción de personas con discapacidad levemente mayor en las áreas urbanas que en las rurales, mientras que en Colombia, el Ecuador, México y Panamá se presenta una situación inversa: la proporción de personas con discapacidad es mayor en el campo (véase el gráfico III.3).

Gráfico III.3

América Latina (6 países): proporción de personas con discapacidad, según área de residencia, censos de la ronda de 2020

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sobre la base de microdatos censales de los países correspondientes procesados con REDATAM.

Desde hace varias décadas se han documentado las brechas socioeconómicas existentes entre las áreas urbanas y rurales (CEPAL, 2012). Las personas con discapacidad que residen en las áreas rurales, y especialmente en las más alejadas de las ciudades principales, tienen mayores dificultades para acceder a los servicios básicos, de salud y de educación, así como a las TIC (CEPAL, 2021b, 2024), lo que restringe su participación plena y en igualdad de condiciones en la sociedad.

En el gráfico III.4 se pueden observar las diferencias de acceso a los servicios básicos de agua potable y saneamiento según el área de residencia (rural o urbana) en cinco países de América Latina.

La población urbana tiene también un mejor acceso que la población rural a los servicios de salud y educación. Sin embargo, las ciudades de América Latina y el Caribe son muy segregadas, lo que profundiza las desigualdades sociales y económicas, y limita el acceso a oportunidades y servicios (CEPAL, 2012). De esta manera, las personas con discapacidad siguen enfrentando barreras en el acceso a servicios básicos, de salud —particularmente de salud sexual y reproductiva— y educación en las áreas urbanas, particularmente si se ubican en los estratos socioeconómicos más bajos.

Gráfico III.4

América Latina (5 países): proporción de población sin acceso a agua potable y sin acceso a saneamiento dentro de la vivienda, según condición de discapacidad y área de residencia, censos de la ronda de 2020

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sobre la base de microdatos censales de los países correspondientes procesados con REDATAM.

Asimismo, en la región existe una gran diversidad en cuanto a la accesibilidad del transporte público y colectivo para las personas con discapacidad. En las áreas rurales, los desplazamientos de las personas con discapacidad presentan muchas dificultades tanto por la ausencia de adecuaciones en los sistemas de transporte como por la frecuencia insuficiente de los traslados y la inaccesibilidad de las estaciones de transporte público. Estas barreras en el acceso y uso de los sistemas de transporte se reproducen en muchos contextos urbanos, dependiendo de la calidad de la planificación y los sistemas disponibles. Por tanto, conforme a la situación de cada país y la planificación urbana existente, se mantienen o se amplían las brechas de desigualdad entre las personas con discapacidad —que ven obstaculizado el goce efectivo de sus derechos— y el resto de la población (Vega, 2023).

El acceso y uso de las TIC también presenta considerables brechas entre las áreas rurales y urbanas, ya que en las áreas urbanas existe un mayor acceso y uso que en las rurales (CEPAL, 2024). Para las personas con discapacidad, es muy importante disponer de acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones y poder utilizarlas, ya que ello les permite contar con asistencia y acceder a ajustes razonables, entendidos como las acciones, adaptaciones, apoyos, recursos o modificaciones necesarias y adecuadas al uso de estas tecnologías basadas en las necesidades específicas de las personas con discapacidad.

Los datos censales muestran que en la región existen brechas en el acceso y uso de las TIC entre las personas con y sin discapacidad, que se acentúan entre las áreas rurales y urbanas. A esto se suma que las personas con discapacidad pueden enfrentar barreras específicas respecto del uso de las TIC, según el tipo de discapacidad. Por tanto, el desafío consiste no solo en reducir las brechas en el acceso y uso de estas tecnologías, sino también en crear aplicaciones que permitan un acceso inclusivo de las personas con discapacidad, considerando los distintos tipos de discapacidad que pueden presentar (CEPAL, 2022, 2024).

Asimismo, el hecho de que el porcentaje de personas con discapacidad que tienen acceso y hacen uso de las TIC en el hogar sea menor frena la posibilidad de que realicen teletrabajo y así puedan eludir las barreras físicas de desplazamiento hacia el lugar de trabajo, particularmente en ciudades pequeñas y áreas rurales (CEPAL, 2021b; Bietti, 2023; Naciones Unidas, 2024).

C. Brechas educativas entre personas con y sin discapacidad

El acceso de las personas con discapacidad a la enseñanza formal es menor que el de las personas sin discapacidad, según se puede observar en el caso de los países que cuentan con datos censales de la ronda de 2020, y estas brechas son particularmente notorias entre las áreas rurales y urbanas. Las personas con discapacidad suelen ubicarse en los niveles educativos más bajos. En un conjunto de seis países de América Latina que cuentan con esta información, la proporción de personas con discapacidad que se ubican en un nivel educativo bajo varía entre el 55%, en Panamá, y el 80%, en Guatemala, al mismo tiempo que solo entre el 13% (Panamá) y el 5% (Guatemala) de las personas con discapacidad alcanzan un nivel educativo alto. En cambio, las personas sin discapacidad se ubican en mayor medida en niveles medios de instrucción (véase el gráfico III.5).

Gráfico III.5

América Latina (6 países): distribución de la población de 30 a 59 años, según nivel educativo y condición de discapacidad, censos de la ronda de 2020

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sobre la base de microdatos censales de los países correspondientes procesados con REDATAM.

La alta proporción de personas con discapacidad que presentan bajos niveles de estudio incide en la mayor informalidad al conseguir un empleo y en el tipo de puestos de trabajos en los que se desempeñan. En los casos en que las personas con discapacidad pueden acceder a formación, es frecuente que esta se aleje de lo que verdaderamente necesitan o desean para conseguir empleo; además, las capacitaciones suelen dictarse en lugares poco accesibles y en ocasiones se refieren a actividades con limitada salida laboral y responden a las bajas expectativas que se tienen sobre lo que pueden hacer las personas con discapacidad. Si bien las personas con discapacidad permanecen en el sistema educativo y se forman durante muchos años, sus perspectivas de incorporarse al mercado laboral abierto son muy bajas o nulas y dependerán del género y del tipo de discapacidad de la persona (Bietti, 2023; Naciones Unidas, 2024).

Lo anterior se debe, en gran medida, a la inexistencia de un sistema educativo inclusivo, que considere la accesibilidad universal de manera transversal, lo que se traduce en diversos tipos de obstáculos, como, por ejemplo, la carencia de currículos y recursos didácticos adaptados, la falta de capacitaciones dirigidas a la comunidad educativa con el objetivo de mejorar su conocimiento general respecto de las personas con discapacidad y, en particular, de las diversas adaptaciones y ajustes razonables que deben realizarse para responder a sus necesidades específicas. Asimismo, deben considerarse las intersecciones entre discapacidad, género, pertenencia étnico-racial, edad y territorio de residencia, que incrementan la exclusión del mercado laboral formal, especialmente en el caso de las mujeres jóvenes y que viven en áreas rurales. Deben tomarse en cuenta también las barreras físicas y arquitectónicas y de comunicación que limitan el acceso a los centros educativos y de formación, así como el traslado del hogar a los establecimientos (Bietti, 2023; CEPAL, 2021b; Naciones Unidas, 2024).

En general, los países de la región cuentan con acceso universal a la educación primaria y secundaria; sin embargo, persisten barreras de acceso para los niños, niñas y jóvenes con discapacidad. La mayoría de los países siguen manteniendo escuelas especiales o centros de educación especial para los niños y niñas con las denominadas necesidades educativas especiales, en ausencia de una enseñanza inclusiva y con accesibilidad universal. La educación superior presenta barreras de acceso adicionales para las personas con discapacidad, ya que, si bien en algunos casos existen universidades o centros de formación técnica que cuentan con cuotas de matrícula para personas con discapacidad y el acceso puede ser expedito, la deserción es alta, debido a las barreras actitudinales, físicas y comunicacionales que se les presentan a los estudiantes con discapacidad durante su trayectoria educativa.

En el gráfico III.6 se puede observar que las personas con discapacidad tienen en promedio entre 2 y 3 años de estudio menos que las personas sin discapacidad. En Colombia, por ejemplo, las personas con discapacidad presentan en promedio 3 años de estudio menos que las personas sin discapacidad, mientras que en Guatemala la diferencia es de solo 1 año. En el promedio de años de estudio, los países no presentan una brecha de género tan marcada, pero sí existen diferencias territoriales, ya que el promedio de años de estudio en las áreas rurales es menor que en las áreas urbanas y esto se acentúa aún más en el caso de las personas con discapacidad (González y Stang, 2014).

Gráfico III.6

América Latina (6 países): promedio de estudios de la población de 30 a 59 años, según condición de discapacidad y sexo, censos de la ronda de 2020

(En años)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sobre la base de microdatos censales de los países correspondientes procesados con REDATAM.

D. Exclusión de las personas con discapacidad del mercado laboral

Las personas con discapacidad tienen una menor participación laboral respecto a las personas sin discapacidad. En su informe sobre discapacidad y desarrollo, las Naciones Unidas (2024) indican que a nivel mundial solo el 27% de las personas con discapacidad están ocupadas, en comparación con el 56% de las personas sin discapacidad, en tanto que la tasa de desocupación de las personas con discapacidad es del 10%, frente a un 8% en el caso de las personas sin discapacidad.

Si bien la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral resulta fundamental para avanzar en el reconocimiento de la igualdad de oportunidades y derechos, el panorama es desalentador en la región, ya que la participación de las personas con discapacidad en la población económicamente activa, así como en la población ocupada, es mucho menor que la de las personas sin discapacidad (Bietti, 2023).

En América Latina, según datos censales recientes de seis países, menos del 40% de las personas con discapacidad forman parte de la fuerza de trabajo. Panamá presenta el menor porcentaje, de un 20%, en comparación con alrededor del 60% de la población sin discapacidad que forma parte de la población económicamente activa (véase el gráfico III.7). Estas diferencias son mayores en el caso de las mujeres con discapacidad, que en todos los países presentan porcentajes inferiores al 30%, y particularmente de las mujeres rurales con discapacidad.

Gráfico III.7

América Latina (6 países): población económicamente activa (15 años y más), según condición de discapacidad y sexo, censos de la ronda de 2020

(En porcentajes del total de la población de 15 años y más)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sobre la base de microdatos censales de los países correspondientes procesados con REDATAM.

El hecho de que la participación de las mujeres, en general —y de las mujeres con discapacidad, en particular— en la población económicamente activa sea menor se debe a que los estereotipos de género predominantes y la división sexual del trabajo redundan en que las mujeres y las niñas asuman la mayor parte del trabajo de cuidados y apoyo, así como el trabajo doméstico no remunerado, a menudo a costa de sus propios derechos y su bienestar. En el mundo, más de tres cuartas partes del trabajo de cuidados y apoyo no remunerado lo realizan mujeres y niñas. Si bien las mujeres y las niñas con discapacidad proveen cuidados y apoyo, esto sigue siendo invisibilizado y desvalorizado debido al estigma y a las actitudes capacitistas que las afectan (Naciones Unidas, 2025b)[3].

E. Intersección entre discapacidad y brechas de género en el mercado laboral

En las tasas de ocupación de las personas con y sin discapacidad se observa una alta desigualdad de género tanto entre las personas con discapacidad como entre las personas sin discapacidad. Las brechas entre la tasa de ocupación de los hombres sin discapacidad y la de las mujeres con discapacidad son de alrededor de 50 puntos porcentuales en el Estado Plurinacional de Bolivia y Panamá, mientras que en Chile y el Perú son un poco más reducidas. La desigualdad de género es tan marcada que las tasas de ocupación de los hombres con discapacidad se acercan bastante a las de las mujeres sin discapacidad, particularmente en Chile, Costa Rica y México (véase el gráfico III.8).

Gráfico III.8

América Latina (7 países): tasa de ocupación de la población de 15 a 59 años, según situación de discapacidad y sexo, alrededor de 2022

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sobre la base del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

Las Naciones Unidas (2024) han constatado que, independientemente de la región del mundo que se analice, en todas ellas las mujeres con discapacidad tienen menos probabilidades de estar empleadas que los hombres con discapacidad y que los hombres y las mujeres sin discapacidad, situación que en América Latina y el Caribe se evidencia en los datos de los países que tienen esta información disponible.

En el informe de la Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad se afirma lo siguiente:

[…] la discriminación agravada por motivos de género y discapacidad restringe considerablemente la independencia económica y la estabilidad de las mujeres con discapacidad. Tienen más probabilidades que los hombres con discapacidad y las mujeres sin discapacidad de vivir en la pobreza, experimentar diferencias salariales y encontrar barreras para acceder al empleo. Asimismo, se enfrentan a la falta de ajustes razonables en el lugar de trabajo y a menudo se ven excluidas a causa de estigmas muy arraigados en la sociedad sobre su capacidad y su valor (Naciones Unidas, 2025b, párr. 67).

Cuando las personas con discapacidad cuentan con empleo, en general se trata de trabajos informales, en particular en el caso de las mujeres y las personas mayores con discapacidad, y trabajos principalmente por cuenta propia. Las personas con discapacidad que se encuentran en trabajos formales por lo general son empleados y representan una baja proporción del total de los ocupados con discapacidad. Por otra parte, Bietti (2023) señala que existe un desincentivo a la formalidad, ya que en algunos países de la región los requisitos que deben cumplirse para optar a prestaciones sociales pueden disuadir a los potenciales destinatarios de ingresar al trabajo formal[4]. Sin embargo, algunos autores sostienen que las transferencias monetarias, incluidas las pensiones por discapacidad, rara vez disminuyen los incentivos para buscar empleo.

Asimismo, la permanencia de las personas con discapacidad en el mercado laboral es más inestable y las tasas de desempleo son superiores a las de las personas sin discapacidad, al mismo tiempo que siguen presentes las diferencias según género (Bietti, 2023; CEPAL, 2021b; Naciones Unidas, 2024). Por otra parte, los salarios generalmente son más bajos para los trabajadores con discapacidad, lo que en algunos casos se debe a una jornada laboral más reducida, que se establece al momento de la contratación, pero en otros no tiene justificación alguna.

F. Mayores niveles de pobreza y desigualdad en los hogares de personas con discapacidad

La información censal y de las encuestas de hogares permite aproximarse a un análisis de la discapacidad centrado no solo en el individuo, sino también en los hogares y las familias en que las personas con discapacidad están insertas, puesto que ese es el ámbito desde el cual interactúan, ya sea dentro del propio grupo familiar o con la sociedad (CEPAL, 2021b). En todos los países, el porcentaje de hogares donde reside al menos un miembro con algún tipo de discapacidad supera ampliamente el porcentaje de personas con discapacidad (CEPAL, 2022). Considerando cuatro países con información censal de la ronda 2020, se observa que en el Perú 1 de cada 4 hogares tiene uno o más miembros con algún tipo de discapacidad; en Guatemala y México alrededor del 15% de los hogares tienen una persona con discapacidad, y en Colombia 1 de cada 10 hogares está en esa situación (CEPAL, 2021b). Sin embargo, destaca también que alrededor del 10% de las personas con discapacidad viven en hogares unipersonales (CEPAL, 2021b).

Centrar el análisis en los hogares y las familias permite considerar las situaciones que ocurren en el hogar cuando uno o varios de sus miembros tienen algún tipo de discapacidad, pues la asistencia, el apoyo y el cuidado que se brinden dependerán del tipo de hogar o familia (CEPAL, 2021b).

Los cuidados, el apoyo y la asistencia para la autonomía de las personas con discapacidad por lo general son proporcionados por otros miembros del hogar y recaen principalmente en las mujeres, ya sean las madres, las hijas o las parejas de dichas personas.

En general, los hogares de los que forman parte personas con discapacidad presentan mayores niveles de pobreza y desigualdad, ya que a los gastos básicos que tienen todos los hogares se suman los elevados gastos asociados a servicios de salud, como terapias, servicios de rehabilitación, apoyo y cuidados, movilidad y accesibilidad, dispositivos de asistencia y modificaciones en la vivienda para facilitar la movilidad, entre otros (Bietti, 2023). Los ingresos de los hogares se ven reducidos por estos gastos y, si además las personas con discapacidad que viven en ellos presentan una baja participación laboral y mayor informalidad laboral o cuentan con un ingreso reducido y bajas o nulas prestaciones sociales, se produce una situación de privación multidimensional que afecta la calidad de vida de todos los miembros del hogar.

Por otra parte, la baja participación laboral y la informalidad de las personas con discapacidad impide o dificulta que tengan un ingreso estable y digno; además, una considerable proporción de ellas no tienen acceso a seguros de cesantía o licencias de maternidad o por enfermedad (Bietti, 2023).

Al analizar a la población que reside en hogares donde hay al menos una persona con discapacidad, se advierte que su proporción es mayor en los quintiles de menores ingresos. En el gráfico III.9 se puede observar que entre el 15% y el 30% de la población del quintil más pobre (quintil I) vive en hogares donde hay al menos una persona con discapacidad, mientras que en el quintil de mayores ingresos (quintil V) menos del 15% de la población vive en dichos hogares.

Gráfico III.9

América Latina (7 países): población que vive en hogares con al menos una persona con discapacidad, según quintiles de ingreso, alrededor de 2022

(En porcentajes de la población de cada quintil)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sobre la base del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

G. Conclusiones

En la Quinta Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe (celebrada en 2024), varios países de la región presentaron informes nacionales voluntarios sobre el avance de la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. De esos informes, 13 incluyeron información sobre discapacidad y mencionaron un total de 23 leyes, planes, programas y fondos para la inclusión, la accesibilidad y el bienestar de las personas con discapacidad. En estas acciones de política pública se comienza a incorporar con mayor fuerza el objetivo de contar con las adaptaciones y ajustes que se requieren para proteger el principio de no discriminación por motivos de discapacidad.

Pese a estos avances, las personas con discapacidad aún se encuentran rezagadas y continúan enfrentando barreras y discriminación estructural, ya que las brechas entre las personas con y sin discapacidad persisten en diferentes ámbitos, como se ha expuesto en este capítulo.

Los países de la región tienen en particular un gran desafío frente al envejecimiento poblacional, ya que la población mayor, especialmente la de 80 años y más, presentará niveles más altos de dependencia y discapacidad, y demandará asistencia y cuidados de largo plazo, entre varios otros requerimientos.

Por otra parte, las desigualdades territoriales se suman a las que experimentan las personas con discapacidad y generan mayores barreras de acceso a servicios básicos, de salud y educativos, lo que limita la participación plena de este grupo de la población en la sociedad.

Asimismo, mientras no exista una educación inclusiva y con accesibilidad universal en todos los ciclos educativos, las brechas educativas entre las personas con y sin discapacidad seguirán existiendo. Esto incide también en las bajas tasas de ocupación que se observan entre las personas con discapacidad, particularmente entre las mujeres, restringiendo su independencia económica y su estabilidad, y aumentando la probabilidad de que vivan en la pobreza, reciban ingresos laborales más bajos que el resto de la población y enfrenten barreras para acceder al empleo. Urge, entonces, incluir a las personas con discapacidad en el mercado laboral para avanzar en la realización de sus derechos y en la igualdad de oportunidades para todas las personas.

1. [1] Considerando que la incidencia de la discapacidad es más alta entre las personas mayores, es previsible que el porcentaje de personas con discapacidad sea más alto en países con una estructura poblacional envejecida, como Chile, que en países con una estructura poblacional sustancialmente más joven, como Guatemala.

2. [2] Esto puede deberse a que en el caso de Panamá se consideraron siete dominios para medir limitaciones y discapacidad (véase el cuadro II.A1.1 del anexo II.A1). Cuando se indaga por los dominios en que se puede presentar una discapacidad en los niños menores de 5 años, los informantes pueden responder que “no puede realizar” o “realiza con mucha dificultad” alguna actividad, aunque no se deba en todos los casos a una limitación severa permanente, sino más bien a que el desarrollo físico, cognitivo o psicosocial que experimentan los niños y las niñas a esa edad no es homogéneo y, por lo tanto, en algunos casos pueden tardar más en desarrollar las habilidades motoras, aprender a hablar y a interactuar con el resto, y eso no significa necesariamente que tengan una discapacidad. El Grupo de Washington sobre Estadísticas de la Discapacidad recomienda realizar estas preguntas referidas a personas de 5 años o más, y ha elaborado un set de preguntas especialmente dirigidas a la primera infancia, que están contenidas en las Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS) (véase el capítulo II) (García, 2025).

3. [3] Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “el ‘capacitismo’ suele describirse como el sistema de creencias que origina las actitudes negativas, los estereotipos y el estigma que restan valor a las personas con discapacidad basándose en sus deficiencias reales o subjetivas. El capacitismo considera que las personas con discapacidad merecen menos respeto y consideración, son menos capaces de contribuir y participar, y tienen un valor inherente inferior al de las demás personas” (2019, párr. 15).

4. [4] Ullmann et al. (2020) muestran que en la Argentina los criterios de salida de la pensión no contributiva por invalidez o discapacidad pueden “generar incentivos perversos para la búsqueda de trabajo de personas adultas con discapacidad, pues no solo pierden la pensión una vez consiguen trabajo, sino que además volver a aplicar y ser aceptados para recibir la pensión requiere de un proceso largo de tramitación y espera, lo que a su vez afecta la inserción de las personas con discapacidad en la sociedad y la garantía de sus derechos” (p. 76).

Capítulo IV

Conclusiones

A lo largo del presente documento se ha destacado la importancia de poner de relieve, aplicar y difundir el enfoque social y de derechos de la discapacidad en la región, a fin de que las acciones de política pública referentes a las personas con discapacidad contribuyan a promover el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos sus derechos, en concordancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. La adopción de dicho enfoque es una condición sine qua non para garantizar que las personas con discapacidad puedan participar en todos los aspectos de la vida social, y promover así una sociedad más justa e inclusiva. Dicho enfoque debería verse reflejado en los marcos normativos y jurídicos, y en el diseño institucional de los sistemas de protección social, así como en políticas públicas que cuenten con las correspondientes asignaciones presupuestarias.

Las personas con discapacidad enfrentan situaciones de discriminación, estigma y violencia, así como barreras en los planos sanitario, educativo, laboral, económico, físico, institucional y legal, entre otros, como resultado del desconocimiento sobre ellas, sus derechos, sus condiciones de vida y los factores que perpetúan su exclusión. Reconocer dichas barreras, que limitan la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás personas, es fundamental para avanzar hacia una sociedad más equitativa y justa, con plena inclusión de ese grupo de la población.

Las personas con discapacidad, que son aproximadamente el 6,5% de quienes habitan en la región, según información de los censos de población, constituyen un grupo poblacional considerable. De acuerdo con los datos censales más recientes, la proporción de personas con discapacidad difiere bastante de un país a otro, y oscila entre un 2,8% en Guatemala en 2018 y un 11% en Chile en 2024.

La composición etaria muestra que se trata de una población que tiende a estar más envejecida que la población sin discapacidad, puesto que existe una mayor proporción de personas con discapacidad en las edades centrales y superiores. Ello plantea enormes retos en materia de políticas públicas, ya que este grupo de la población presenta niveles de dependencia más elevados, lo que se traduce en mayores necesidades de apoyo, asistencia y cuidados de largo plazo. Asimismo, la prevalencia de la discapacidad es mayor entre las mujeres, lo que se agudiza en el caso de las mujeres mayores. Este escenario pone en evidencia la necesidad imperiosa de incluir la consideración y atención de la discapacidad en los sistemas nacionales de cuidado, con un enfoque interseccional y teniendo presente la responsabilidad que de forma desproporcionada se ha asignado tradicionalmente a las mujeres como cuidadoras no remuneradas.

En materia de fuentes de información estadística, los censos de población y vivienda y las encuestas de hogares son las fuentes de datos principales para medir la discapacidad. La información que proporcionan estos dos instrumentos constituye un insumo esencial para la elaboración e implementación de políticas y programas que integren el enfoque social y de derechos de la discapacidad. En América Latina y el Caribe, el mayor avance en la adopción de este enfoque en la medición de la discapacidad —gracias a la aplicación de la lista breve de preguntas sobre funcionamiento del Grupo de Washington sobre Estadísticas de la Discapacidad— se observa en los censos de población y vivienda, en tanto que en las encuestas de hogares la adopción de las recomendaciones internacionales sobre medición de la discapacidad ha sido más reciente y con matices.

Dado su carácter universal, los censos brindan un panorama detallado de la población con discapacidad, asegurando la disponibilidad de información con múltiples opciones de desagregación, a la vez que permiten la elaboración de líneas de base para el diseño de políticas y programas que consideren el enfoque social y de derechos. Sin embargo, a pesar de los importantes avances que muestran los cuestionarios censales en la incorporación del enfoque social y de derechos de la discapacidad, en varios países de la región persisten desafíos en cuanto a la armonización metodológica y la aplicación plena de las recomendaciones internacionales.

Más allá de las limitaciones que presenta la lista breve de preguntas sobre la discapacidad (véase el capítulo II), es relevante señalar que la lista ampliada de preguntas del Grupo de Washington fue preparada para otros instrumentos de medición. De todas formas, la lista breve aplicada en los censos y las encuestas de hogares permite contar con datos sobre el acceso de las personas con discapacidad a la educación, el empleo y las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otros temas; asimismo, la desagregación de los datos según edad, género, nivel educativo, condición socioeconómica, raza, etnia y territorio permite visualizar si las personas con discapacidad han alcanzado el mismo nivel de participación en los diferentes ámbitos de la vida que las personas sin discapacidad. Además, la utilización de la lista breve de preguntas sobre la discapacidad facilita la comparabilidad, tanto entre los países como entre distintos momentos, lo que es fundamental para evaluar el impacto de las políticas públicas. En el caso de las encuestas de hogares, es posible analizar, además, la relación entre pobreza, exclusión social y discapacidad, así como incluir preguntas sobre acceso a servicios de salud, cobertura de protección social y existencia de redes de apoyo para personas con discapacidad.

La armonización estadística es esencial para la planificación y el seguimiento de políticas públicas de inclusión. Asimismo, es necesario consolidar los registros administrativos relativos a educación, salud y justicia, entre otros, a fin de mejorar la información sobre las personas con discapacidad. La disponibilidad de datos sólidos y comparables fortalece la rendición de cuentas y el seguimiento de la aplicación de compromisos internacionales, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Asimismo, la participación de las organizaciones de personas con discapacidad en las fases previas a los operativos estadísticos es crucial para llevar adelante procesos de levantamiento de información inclusivos y coherentes con las necesidades de esta población.

Las Naciones Unidas (2024), en el informe sobre discapacidad y desarrollo de 2024, recomiendan, entre otras acciones, integrar y armonizar la recolección de datos sobre discapacidad en los sistemas nacionales de información; utilizar métodos comparables a nivel internacional para la recolección de datos sobre las personas con discapacidad; establecer y mantener sistemas estandarizados de recolección de datos en esta materia; fortalecer la capacidad estadística de los países en desarrollo, y hacer partícipes a las personas con discapacidad y a las organizaciones que las representan en la producción y análisis de dichos datos.

En este marco, resultan muy valiosos los esfuerzos ya realizados por los países de la región, al mismo tiempo que se hace indispensable redoblar su compromiso de seguir avanzando en el fortalecimiento de la recopilación y sistematización de datos sobre las personas con discapacidad en los sistemas estadísticos nacionales.

La información provista por las encuestas de hogares muestra que en América Latina y el Caribe la población de los hogares en que reside al menos una persona con discapacidad se concentra en los quintiles de menores ingresos. En este sentido, frente a las grandes brechas existentes entre la población con y sin discapacidad, en su informe sobre discapacidad y desarrollo, las Naciones Unidas (2024) recomiendan, entre otras acciones, asegurar la inclusión de manera transversal de la discapacidad en las estrategias, programas e iniciativas nacionales de reducción de la pobreza, así como garantizar la accesibilidad en todas las etapas de la protección social y la participación significativa de las personas con discapacidad y de las organizaciones que las representan en el diseño y la implementación de las estrategias nacionales de reducción de la pobreza y en las políticas de protección social.

Asimismo, en la región las desigualdades territoriales se entrecruzan con las que enfrentan las personas con discapacidad, lo que genera mayores barreras de acceso a servicios básicos, de salud y educación, limitando la participación plena de este grupo de la población en la sociedad.

En relación con los servicios de salud, si bien las áreas urbanas cuentan con mejores condiciones de acceso, en ellas las personas con discapacidad siguen enfrentando barreras para acceder a los centros de atención y al uso de los servicios que ellos proporcionan, incluidos los de salud sexual y salud reproductiva. Las recomendaciones de las Naciones Unidas (2024) apuntan a garantizar la prestación de servicios de salud integrados cercanos a los lugares de residencia de las personas con discapacidad, la inclusión y la protección de dichas personas en la gestión de emergencias sanitarias y la participación de ellas, de sus familias y de las organizaciones que las representan en la toma de decisiones referentes a su salud. Además, en lo que respecta a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos, destacan la necesidad de dictar leyes y diseñar políticas que garanticen el acceso de las personas con discapacidad, así como lograr que los servicios en esta materia sean seguros y asequibles y que sus instalaciones, sus comunicaciones y la información que proporcionan sean accesibles.

La información aportada por los censos ha revelado que en la región las personas con discapacidad suelen ubicarse en los niveles más bajos de instrucción y tienen, en promedio, entre dos y tres años de estudios menos que las personas sin discapacidad. Su acceso a la enseñanza formal es menor que el de las personas sin discapacidad, según se ha podido observar en los países que cuentan con datos censales más recientes, y estas brechas son particularmente marcadas entre las áreas rurales y urbanas. Teniendo en cuenta las barreras que enfrentan los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad para acceder a la educación, las Naciones Unidas (2024) recomiendan asegurar en la legislación y las políticas una educación inclusiva para las personas con discapacidad; ampliar la inclusión de la discapacidad en todos los niveles de la educación, mediante prácticas educativas que aseguren que todos tengan las mismas oportunidades para desarrollar su potencial; aplicar los principios del diseño universal y la accesibilidad en las escuelas y los entornos de aprendizaje; desarrollar las capacidades de los docentes en materia de educación inclusiva y conformar en las escuelas equipos de trabajo diversos, que incluyan a docentes con discapacidad.

En la región existen asimismo brechas de acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) entre las personas con y sin discapacidad, que se ven acentuadas entre las áreas urbanas y rurales. Al respecto, las Naciones Unidas (2024) recomiendan hacer de la inclusión de la discapacidad un elemento central de las inversiones y los programas en materia de desarrollo digital, promover la capacitación de las personas con discapacidad en habilidades digitales y hacer partícipes a las personas con discapacidad y sus organizaciones en el desarrollo de las TIC. Las brechas en este ámbito, junto con las educativas, inciden también en las bajas tasas de ocupación y los mayores niveles de informalidad laboral de las personas con discapacidad, que afectan de manera particular a las mujeres, restringiendo su autonomía y su estabilidad económica, y aumentando la probabilidad de que vivan en la pobreza.

La inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral es indispensable para la igualdad de oportunidades y derechos. Sin embargo, los bajos niveles de estudio inciden en las oportunidades que tienen de conseguir empleo y en el tipo de puesto de trabajo al que pueden acceder. Según datos censales recientes de algunos países de la región, menos del 40% de las personas con discapacidad forman parte de la población económicamente activa, en comparación con alrededor del 60% de la población sin discapacidad.

El flagelo de la violencia y la discriminación de las personas con discapacidad es un serio problema presente también en la región, que afecta particularmente a las mujeres y las niñas con discapacidad. En este sentido, las Naciones Unidas (2024) recomiendan, entre otras medidas, establecer mecanismos accesibles para denunciar la violencia contra las personas con discapacidad y proporcionar capacitación sobre cómo combatirla, así como desarrollar mecanismos para denunciar y abordar la discriminación; abolir las disposiciones discriminatorias que puedan existir en la legislación y las políticas nacionales; aprobar legislación que proteja a las personas con discapacidad frente a la discriminación por motivos de discapacidad en todos los aspectos del empleo, y combatir los estereotipos negativos que afectan a las personas con discapacidad. Destacan, además, la importancia de contar con sistemas de justicia plenamente inclusivos y accesibles para las personas con discapacidad.

En relación con las políticas de igualdad de género, las Naciones Unidas (2024) recomiendan, entre otras acciones, fortalecer la capacidad de las organizaciones no gubernamentales para promover la igualdad y el empoderamiento de las mujeres con discapacidad, así como establecer mecanismos para eliminar la violencia contra ellas y asegurar que las mujeres y niñas que han sido víctimas de violencia puedan acceder a servicios y apoyo que tengan en cuenta las cuestiones de género y discapacidad. Además, recomiendan aprobar leyes y políticas intersectoriales que faciliten el acceso a sistemas de cuidados y apoyo integrales para las personas con discapacidad, e invertir en el desarrollo o ampliación del apoyo comunitario y de sistemas, servicios y redes de cuidado.

La región ha logrado progresos importantes en el establecimiento y consolidación de espacios de diálogo y coordinación regional, como la creación en 2024 del Grupo de Amigos de la Presidencia de composición abierta sobre los derechos de las personas con discapacidad y la agenda de población y desarrollo en el marco de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe (Grupo de Cartagena), que representa un avance en el reconocimiento de la importancia de los temas relacionados con la inclusión de las personas con discapacidad y sus derechos en el ámbito de la población y el desarrollo. El grupo sostuvo su primera reunión, de carácter virtual, el 30 de abril de 2025[1] y realizó una reunión técnica el 25 de junio de 2025[2], en la que se presentó un documento referente a las fuentes de datos sobre las personas con discapacidad en América Latina desde un enfoque social y de derechos (García, 2025).

América Latina y el Caribe ha logrado avances también en materia normativa, pero, como se ha afirmado en este documento, persisten grandes brechas entre las condiciones de vida de las personas con y sin discapacidad. Por tanto, sigue siendo necesario redoblar los esfuerzos, las acciones y los recursos que permitan reducir y eliminar tales brechas. En ese proceso seguirá siendo esencial el papel de las organizaciones de personas con discapacidad que, desde hace años y de manera permanente, han bregado por el pleno reconocimiento de sus derechos y del carácter central de los mismos en la agenda de población y desarrollo de la región. Estas organizaciones son actores fundamentales para orientar el diseño y la implementación de políticas inclusivas, contribuir a evaluar sus impactos y asegurar la participación de las personas con discapacidad.

Resulta crucial, entonces, seguir trabajando para asegurar que la discapacidad se aborde desde el enfoque social y de derechos, trascendiendo la visión individualizada, para comprender la discapacidad como una interacción entre las características de las personas y las barreras sociales, culturales y físicas que limitan su participación plena y efectiva en la sociedad.

Entender la discapacidad como una cuestión de inclusión y de derechos permitirá seguir impulsando el diseño de políticas públicas que garanticen la autonomía, la igualdad de condiciones y la participación activa de las personas con discapacidad, honrando el lema que ellas han hecho suyo “nada sobre nosotros sin nosotros”.

1. [1] Véase https://www.cepal.org/es/notas/se-llevo-cabo-la-primera-reunion-virtual-grupo-amigos-la-presidencia-composicion-abierta.

2. [2] Véase https://www.cepal.org/es/eventos/reunion-tecnica-grupo-cartagena-derechos-personas-discapacidad-la-agenda-poblacion.

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Table of Contents

Portadilla

Créditos

Índice

Prólogo

Introducción

Capítulo I

Las personas con discapacidad y la agenda de población y desarrollo

Capítulo II

Producción de información estadística sobre las personas con discapacidad basada en censos y encuestas de hogares para la implementación de políticas públicas

Capítulo III

Panorama sociodemográfico de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe

Capítulo IV

Conclusiones

Bibliografía