Portadilla

Créditos

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Raúl García-Buchaca

Secretario Ejecutivo Adjunto

para Administración y Análisis de Programas

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Director del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía

(CELADE)-División de Población de la CEPAL

Sally Shaw

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Comité Editorial

Editor: Jorge Martínez Pizarro (CELADE-División de Población de la CEPAL)

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Técnicas (CONICET)/Universidad Nacional de Córdoba, Argentina), Fabiana del Popolo (CELADE-División de Población de la CEPAL), Leandro Reboiras Finardi (CELADE-División de Población de la CEPAL),

Zulma Sosa (CELADE-División de Población de la CEPAL)

Secretaria: María Ester Novoa (CELADE-División de Población de la CEPAL)

Redacción y administración: casilla 179-D, Santiago, Chile.

Correo electrónico: CELADE-NotasDePoblacion@cepal.org.

La revista Notas de Población es una publicación del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL, cuyo propósito principal es la difusión de investigaciones y estudios de población sobre América Latina y el Caribe, aun cuando recibe con particular interés artículos de especialistas de fuera de la región y, en algunos casos, contribuciones que se refieren a otras regiones del mundo. Se publica dos veces al año, con una orientación interdisciplinaria, por lo que acoge tanto artículos sobre demografía como otros que aborden las relaciones entre las tendencias demográficas y los fenómenos económicos, sociales, culturales, políticos y biológicos. Las opiniones expresadas en los artículos de esta revista son responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL.

La revista Notas de Población está indizada en Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (CLASE), en el Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (LATINDEX), en el Sistema de Búsqueda Avanzada de Documentos (DIALNET) y en el Hispanic American Periodicals Index (HAPI).

Consejo Editorial

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Cuba

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Cuba

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México

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CELADE-División de Población de la CEPAL

CEPAL

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Uruguay

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España

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República Dominicana

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Universidad de la República

Uruguay

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México

Suzana Cavenaghi

Instituto Brasileño de Geografía y Estadística

Brasil

Dídimo Castillo

Universidad Autónoma del Estado de México

México

Dora E. Celton

Universidad Nacional de Córdoba

Argentina

Marcela Cerrutti

Centro de Estudios de Población

Argentina

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CELADE-División de Población de la CEPAL

CEPAL

Mirna Cunningham

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de los Pueblos Indígenas

Nicaragua

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Reino Unido

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España

Albert Esteve

Universidad Autónoma de Barcelona

España

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Universidad del Rosario

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Universidad Católica Andrés Bello

República Bolivariana de Venezuela

Silvia Elena Giorguli Saucedo

El Colegio de México

México

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CELADE-División de Población de la CEPAL

CEPAL

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Universidad de Cuenca

Ecuador

Martín Hopenhayn

Consultor independiente

Chile

Sandra Huenchuan

Sede subregional de la CEPAL en México

CEPAL

Fernando Lozano Ascencio

Universidad Nacional Autónoma de México

México

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Universidad Federal de Minas Gerais

Brasil

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Colombia

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Estados Unidos

Tim Miller

Consultor independiente

Estados Unidos

Verónica Montes de Oca

Universidad Nacional Autónoma de México

México

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Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)

Costa Rica

Irene Palma Calderón

Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo

Guatemala

Héctor Pérez Brignoli

Universidad de Costa Rica

Costa Rica

José Marcos Pinto da Cunha

Universidad Estadual de Campinas

Brasil

Jorge Rodríguez Vignoli

CELADE-División de Población de la CEPAL

CEPAL

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Universidad Federal de Minas Gerais

Brasil

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Estados Unidos

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Colombia

María Marta Santillán

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Argentina

Susana Schkolnik

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Chile

Alejandra Silva

CELADE-División de Población de la CEPAL

CEPAL

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Universidad Alberto Hurtado

Chile

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Consultor independiente

Chile

Miguel Villa

Consultor independiente

Chile

Brenda Yépez Martínez

Universidad Central de Venezuela

República Bolivariana de Venezuela

María Eugenia Zavala de Cosío

El Colegio de México

México

Página legal

Publicación de las Naciones Unidas

Número de venta: S.21.II.G.10

LC/PUB.2021/7-P

ISSN: 0303-1829 (versión impresa)

Distribución: G

Copyright © Naciones Unidas, 2021

Todos los derechos reservados

Impreso en Naciones Unidas, Santiago

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Esta publicación debe citarse como: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Notas de Población, N° 112 (LC/PUB.2021/7-P), Santiago, 2021.

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Índice

Portadilla

Créditos

Consejo Editorial

Página legal

Presentación

Artículo 01

Migración y vulnerabilidad: efectos del COVID-19 en la inserción laboral de los inmigrantes internacionales en el Brasil en 20201

Artículo 02

Características sociodemográficas y de salud de los mexicanos y los migrantes con enfermedad por coronavirus (COVID-19) en México

Artículo 03

Prácticas y paradojas frente al COVID-19 en sectores populares de la Ciudad de México

Artículo 04

Migración internacional forzada: las violencias que la producen, según la percepción de las víctimas1

Artículo 05

El incremento de los permisos como trabajadores temporales a mexicanos en los Estados Unidos: viejas formas de contratación en el sector agrícola estadounidense

Artículo 06

Los problemas de la cuantificación de la población indígena y mapuche a través de los censos de la serie 1992-2017

Artículo 07

Femicidios en la Argentina en el período 2002-2018: ¿fenómeno en alza o visibilización de un antiguo problema?

Artículo 08

Barriadas desplazadas y programas de renovación urbana: un análisis del nuevo frente costero de Encarnación, Paraguay

Orientaciones para los autores de la revista Notas de Población

Presentación

El número 112 de Notas de Población, de junio de 2021, ofrece a sus lectores ocho trabajos en los que se abordan, como es costumbre, diversos temas asociados al complejo vínculo entre la dinámica demográfica y las múltiples aristas del desarrollo, en ocho países de América Latina. En primer lugar, tres trabajos se refieren a las repercusiones de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) en la región, lo cual responde al espacio que hemos abierto para abordar científicamente la relación entre la emergencia sanitaria y la dinámica demográfica. Del mismo modo, se mantiene el interés por analizar la dinámica migratoria; particularmente, en su vertiente intrarregional. Esta línea temática aparece en cuatro trabajos, dos de los cuales combinan migración y COVID-19. En este número se aborda también el desafío siempre presente de la cuantificación de los hechos sociodemográficos; más específicamente, la cantidad de población indígena en los censos, así como de femicidios en los registros creados para contabilizarlos. El último artículo incluido en este número trata sobre la distribución de la población y los problemas urbanos en el Paraguay.

El artículo que inaugura este número tiene como objetivo analizar los efectos de la pandemia de COVID-19 en la inserción laboral de las comunidades de inmigrantes en el Brasil. Su autoría corresponde a Duval Fernandes, Rosana Baeninger, Luís Felipe Aires Magalhães y Felipe de Ávila Chaves Borges. Para cumplir este propósito, los autores se centran en tres colectivos de inmigrantes: venezolanos, haitianos y un grupo formado por inmigrantes de otras nacionalidades. Mediante una estrategia metodológica innovadora y adaptada a las restricciones que la nueva situación sanitaria impone a la investigación, los autores diseñaron una encuesta en línea de 56 preguntas distribuidas en cuatro secciones: caracterización general de los encuestados, aspectos de la inmigración hacia el Brasil, inserción laboral en la pandemia de COVID-19, y derechos sociales y pandemia. Los resultados indican que la tasa de ocupación más elevada antes de la pandemia correspondía a los venezolanos y que la tasa de ocupación de los hombres era mayor que la de las mujeres. Tras el comienzo de la crisis sanitaria, los venezolanos fueron los más afectados por la pérdida de empleo, así como las mujeres y las personas con trabajos informales.

El segundo artículo de este número es obra de Fernando Neira Orjuela, quien también aborda la relación entre el COVID-19 y la migración, esta vez en el caso de México. Neira se propuso comparar las características sociodemográficas y de salud de los mexicanos y migrantes con COVID-19 atendidos en unidades médicas en el país. Para ello, llevó a cabo un estudio comparativo de corte transversal y descriptivo a partir de datos oficiales publicados por la Secretaría de Salud Federal de México a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (SISVER), que incluye información de 475 unidades de monitoreo de los sectores público y privado de la salud. El período de referencia fue el comprendido entre el 21 de febrero de 2020 y el 28 de febrero de 2021. Los resultados muestran que fueron más los casos diagnosticados en hombres, tanto mexicanos como migrantes; que la población nacida en otros países es más joven, y que sobresalen las nacionalidades estadounidense, venezolana y colombiana. Se encontró, asimismo, una mayor concentración de muertes entre los hombres en general y una mayor comorbilidad en la población mexicana con respecto a la migrante.

En el siguiente trabajo, elaborado por Gustavo Urbina Cortés y Minor Mora Salas, titulado “Prácticas y paradojas frente al COVID-19 en sectores populares de la Ciudad de México”, se analizan las prácticas sociales que han adoptado los residentes de cuatro colonias populares de la Ciudad de México para hacer frente a la pandemia de COVID-19. La estrategia metodológica seguida por los autores se basó en la recolección de información primaria a través de una encuesta. Las personas encuestadas se seleccionaron a partir de un muestreo probabilístico polietápico orientado a la captación de informantes directos. Los territorios incluidos en el estudio se caracterizan por presentar un elevado nivel de marginación, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. La información recopilada apunta a la existencia de tres paradojas relacionadas con la gestión cotidiana de la amenaza viral: i) la contradicción entre la adopción de prácticas de cuidado y la disponibilidad de recursos para afrontar las necesidades diarias en el escenario actual; ii) la relativización del riesgo debido a que las preocupaciones económicas han adquirido una centralidad mayor que las referidas a la salud, y iii) la apropiación diferenciada de información, ya que la claridad y el conocimiento sobre los hábitos preventivos, y la práctica de estos, contrastan con el desconocimiento predominante sobre cómo actuar en caso de contraer COVID-19.

Valentina Rabasa Jofre, autora del cuarto artículo de este número, se ocupa del tema de la migración internacional forzada y de las violencias que dan origen a este fenómeno social. Su objetivo es identificar los tipos de violencia que se perciben como desencadenantes de las migraciones internacionales forzadas originadas en tres países del norte de Centroamérica: El Salvador, Guatemala y Honduras. La autora afirma que no todas las formas de violencia son percibidas por las víctimas, que pueden haberse habituado a algunas de ellas y, como consecuencia, no siempre las vinculan con el inicio de su experiencia migratoria. La estrategia metodológica seguida por la autora es de tipo cualitativo, ya que se basa en la realización de 23 entrevistas a personas migrantes que ingresaron de forma irregular a México. La teoría fundamentada, utilizada como método de análisis, posibilitó comprender que la violencia directa es la que origina los flujos migratorios según la percepción de las personas entrevistadas, pero también reveló que la violencia estructural forma parte de su vida cotidiana y configura un contexto normalizado de precariedades. Ello no constituye necesariamente un desencadenante de la migración, pues estas personas se adaptan, en primera instancia, a situaciones de elevada vulnerabilidad y escasez de recursos. Sin embargo, es en el momento en que peligra su vida cuando deciden huir de sus lugares de origen.

José Aurelio Granados Alcántar y Juan Pablo Téllez Plata son los autores del quinto artículo, en el que se abordan las formas de contratación de trabajadores temporales en los Estados Unidos, vinculadas al mercado laboral agrícola de este país. El estudio parte de la constatación de que, desde 2011, el número de visas de trabajo temporal H-2A (no inmigrante) en la agricultura estadounidense se multiplicó por cuatro. Sobre esta base, los autores investigan la dinámica de estas visas y el impacto que tiene su otorgamiento en las comunidades mexicanas. La estrategia metodológica combina, por un lado, el análisis de los datos proporcionados por el Departamento de Estado sobre el número de trabajadores mexicanos que han formado parte de este programa a lo largo del tiempo y, por otro lado, entrevistas a las personas que utilizan este tipo de visas, para conocer las dinámicas de contratación y sus repercusiones en las comunidades. Se halló que, si bien los procesos de contratación no son complicados, la experiencia migratoria previa determina la contratación. Existe un nicho en el mercado laboral estadounidense en las actividades agropecuarias para los jóvenes migrantes mexicanos, que no requiere experiencia previa, pero sí estudios universitarios terminados.

A continuación, se incluyen tres trabajos que abordan cuestiones distintas a las anteriores. En el primero de ellos, Marcos Rodrigo Valdés Castillo analiza el tema de la cuantificación de la población indígena en los últimos tres censos realizados en Chile. El autor reflexiona sobre la complejidad de la recolección de datos sobre la población indígena y contribuye al debate que existe en la literatura especializada acerca de la sobredeclaración en los censos, examinando algunos problemas metodológicos y demográficos asociados a esta problemática. En efecto, al comparar los censos de 2012 y 2017, se detecta un significativo aumento de la población indígena, muy superior al incremento de la población total. El autor se pregunta, por lo tanto, cuánto influye el factor de la autoadscripción en el incremento registrado. Valdés observa que las metodologías de captación de población indígena difieren de una medición a otra, puesto que se han ido alternando preguntas de autoadscripción y preguntas de pertenencia. Una de las conclusiones centrales de su trabajo es que no resulta posible determinar la importancia de la sobredeclaración de la población indígena de forma robusta a partir de los análisis realizados, aunque se evidencian trazas de este fenómeno. Asimismo, y de cara al próximo proceso censal, el autor sugiere utilizar ambas metodologías de captación de la población indígena —la autoadscripción y la pertenencia— de manera complementaria, con el fin de mejorar la cuantificación y caracterización de esta población.

El penúltimo artículo trata el importante tema de los femicidios. Su autora es Jimena Kohan, quien caracteriza de manera detallada los femicidios en la Argentina sobre la base de los datos disponibles del período comprendido entre 2002 y 2018. El objetivo es conocer la magnitud y las tendencias de este fenómeno, así como las características singulares de las víctimas. En el trabajo se afirma que, al igual que la mayoría de los países de la región, la Argentina carece de estadísticas oficiales sobre femicidios que permitan un abordaje cabal de esta problemática. Si bien la creación de un registro nacional de los femicidios incorporados en las causas judiciales constituye un avance, las series de datos disponibles no superan los seis años, y cuentan con un reducido conjunto de variables sociodemográficas. Por ello, la autora utiliza las estadísticas vitales como fuente de datos para aproximarse a la cuantificación y caracterización de los femicidios, si bien admite que su principal limitación radica en que no fueron diseñadas para medir este fenómeno. A partir de dicho análisis, se pretende responder a un conjunto de interrogantes en relación con el femicidio en la Argentina: si su número aumentó entre 2002 y 2018, cuál es el promedio de femicidios por año, si se verifican diferenciales por edad, en qué grupo etario se concentra el fenómeno, cuáles son las principales causas de muerte, y si existe un patrón según regiones, entre otros. Los resultados muestran que los femicidios no aumentaron en el período analizado, que su número presenta leves oscilaciones según el año de que se trate, que el femicidio es un fenómeno que afecta a mujeres de todas las edades, si bien la frecuencia más elevada se da entre las de 20 años, y que no se observa un patrón espacial marcado en la distribución de las defunciones.

Finalmente, el trabajo que cierra este número 112 de Notas de Población versa sobre la transformación urbana de la ciudad de Encarnación (Paraguay), situada en la frontera con la Argentina. Sus autores, Walter Brites, Nadia Czeraniuk, Matías Denis y Helmut Schaefer, desarrollan un análisis socioespacial de la transformación urbana de esta ciudad a la luz de los grandes cambios ocurridos en su frente fluvial debido a la central hidroeléctrica Yacyretá, construida por ambos países. En el estudio se describe el proceso de relocalización de la población, que en este caso ha asumido la forma de reasentamientos involuntarios, los cuales no solo constituyen intervenciones técnicas o de planificación, sino también —y sobre todo— procesos socioculturales, políticos, discursivos e históricos. La metodología utilizada se inscribe dentro de los enfoques cualitativos, puesto que se realizaron entrevistas a informantes diversos —entre los que se incluían personas relocalizadas—, complementadas con observaciones de campo, y se aplicaron técnicas antropológicas y sociológicas de registro y análisis de información. Los supuestos de los que partieron los autores fueron los siguientes: i) las obras de reposición de infraestructura en el frente costero no solo dotaron a la ciudad de nuevos espacios, sino que facilitaron la actividad del mercado inmobiliario y la renovación urbana, y ii) el desplazamiento dio lugar a una segregación residencial, a la construcción de espacios de homogeneidad social y a una diferenciación socioespacial. Se encontró que las obras complementarias de tratamiento costero, junto con la acción de los agentes inmobiliarios y de desarrollo local, dieron lugar a una nueva configuración del territorio, que se ha traducido en un cambio del patrón tradicional de segregación del territorio.

Comité Editorial

Artículo 01

Migración y vulnerabilidad: efectos del COVID-19 en la inserción laboral de los inmigrantes internacionales en el Brasil en 2020[1]

Duval Fernandes[2]

Rosana Baeninger[3]

Luís Felipe Aires Magalhães[4]

Felipe de Ávila Chaves Borges[5]

Recibido: 01/02/2021

Aceptado: 04/03/2021

Resumen

El objetivo de este trabajo es analizar los efectos de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) en la inserción laboral de la comunidad de inmigrantes, teniendo en cuenta el sexo. Para ello se dividió a los inmigrantes en tres grupos, según la nacionalidad: venezolanos, haitianos y el grupo formado por los inmigrantes de otras nacionalidades. La tasa de ocupación más alta antes de la pandemia correspondía a los venezolanos, seguidos por los inmigrantes de otras nacionalidades y los haitianos. En todos los casos, la tasa de ocupación era más alta entre los hombres que entre las mujeres. Tras el comienzo de la crisis sanitaria, los venezolanos fueron los más afectados por la pérdida de empleo, seguidos por los haitianos y los inmigrantes de otras nacionalidades. En general, las mujeres y las personas sin trabajo formal presentaron las mayores tasas de pérdida de empleo durante la pandemia.

Palabras clave: migración internacional, COVID-19, aspectos demográficos, inmigrantes, empleo, desempleo, mujeres migrantes, encuestas, Brasil.

Abstract

The aim of this paper is to analyse the effects of the coronavirus disease (COVID-19) pandemic on the labour market participation of the immigrant community with a gender perspective. To this end, immigrants were divided into three groups according to nationality: Venezuelans, Haitians and migrants from other countries. Before the pandemic, employment rates were highest among Venezuelans, followed by other nationals and Haitians. In all cases, the male employment rate was higher than the female employment rate. Following the onset of the health crisis, Venezuelans were the hardest hit by job losses, followed by Haitians and migrants of other nationalities. Overall, the highest rates of job loss during the pandemic have been observed among women and persons without formal employment.

Keywords: international migration, COVID-19, population aspects, immigrants, employment, unemployment, women migrants, surveys, Brazil.

Résumé

Le but de cet article est d'analyser les effets de la pandémie de coronavirus (COVID-19) sur l'insertion professionnelle de la communauté immigrée, ventilés selon le sexe de ces immigrants. À cette fin, les personnes immigrées ont été divisées en trois groupes selon leur nationalité : Vénézuéliens, Haïtiens et enfin un groupe formé par des immigrants d'autres nationalités. Le taux le plus élevé en matière d'emploi avant la pandémie était celui des Vénézuéliens, suivis des immigrants d'autres nationalités et des Haïtiens. Dans tous les cas, le taux d'emploi était plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Dès le début de la crise sanitaire, ce sont surtout les Vénézuéliens qui ont été touchés par les pertes d'emploi, suivis des Haïtiens et des immigrants d'autres nationalités. En règle générale, la perte d'emploi pendant la pandémie a été plus élevée chez les femmes et les personnes sans emploi formel.

Mots clés: migration internationale, COVID-19, aspects demographiques, immigrants, emploi, chômage, femmes migrantes, enquêtes, Brésil.

Introducción

En los últimos diez años, el Brasil se unió al grupo de países que forman parte del sistema mundial de migración. Mientras hasta mediados del siglo XX era conocido como un país de inmigración, a principios de los años ochenta se produjeron cambios en este proceso que dieron cabida a la hegemonía de un movimiento de emigración. En pocos años, el número de brasileños que viven en el extranjero superó el volumen de inmigrantes en el país. Antes de la crisis económica de 2008, algunas fuentes del gobierno federal indicaban un volumen de aproximadamente 4,0 millones de brasileños viviendo en el extranjero, un valor cuatro veces mayor que el número de inmigrantes en el Brasil (Baeninger, 2013).

La crisis de 2008 fue un punto de inflexión en el incremento de la curva de emigrantes: algunos emprendieron el camino de regreso, pero otros buscaron permanecer en el extranjero. El inicio de la década siguiente dio un nuevo impulso a la economía brasileña, que experimentó una fase de gran expansión, en contraste con el desempeño de las economías de la mayoría de los países del sistema central del capitalismo. Así, a los retornados se sumaron los inmigrantes de los países europeos más afectados por la crisis, como España y Portugal. En este caso, el perfil que se destacaba era el de profesionales liberales y de técnicos calificados (Centro Internacional de Formulación de Políticas Migratorias, 2013).

En ese mismo período, pero de forma incipiente, comenzaron a llegar al país algunos centenares de inmigrantes procedentes de países con poca o ninguna tradición de intercambios migratorios con el Brasil. Gradualmente, haitianos, senegaleses y nacionales de otros países se convirtieron en nuevos actores en el contexto migratorio nacional. La actividad de los “coyotes” comenzó a garantizar la llegada de un considerable número de inmigrantes a las ciudades de la frontera norte del país. Las “puertas de entrada” en el estado de Amazonas (a través de la ciudad de Tabatinga), el estado de Acre (a través de las ciudades de Assis Brasil y Felixlândia) y, más recientemente, en el estado de Mato Grosso do Sul (a través de la ciudad de Corumbá), fueron cambiando a lo largo del tiempo, en función de las facilidades encontradas en el camino desde el país de origen hasta el Brasil y de las respuestas de apoyo local. En la elección de la ruta prioritaria también eran importantes las facilidades de transporte para viajar a las regiones en las cuales se estaban formando las redes sociales de cada nacionalidad. Así, entre los lugares de destino se destacan la región Sudeste, principalmente el estado de São Paulo, y la región Sur, donde la demanda de mano de obra en el sector de la producción de alimentos garantizaba puestos de trabajo para los recién llegados (Baeninger y otros, 2018; OIM, 2014).

A partir de la segunda mitad de la década de 2010, con el deterioro de la situación política y social en la República Bolivariana de Venezuela, un nuevo grupo de inmigrantes llegó a la frontera del Brasil. Si bien no es el país que recibe más venezolanos, este contingente de aproximadamente 180.000 personas (sin tener en cuenta los intercambios fronterizos) llevó al gobierno federal a establecer políticas específicas para la recepción y la distribución de estos inmigrantes en el territorio nacional, como la Operación Acogida[6] y el proceso de reubicación[7] (Baeninger, Demétrio y Dominiconi, 2020).

Es también en la década de 2010, más precisamente en 2017, que el debate sobre la modificación de la antigua Ley de Migración, el Estatuto del Extranjero de 1980[8] (Gobierno del Brasil, 1980), se completa con la promulgación de la Nueva Ley de Migración[9] (Gobierno del Brasil, 2017). Este nuevo marco legal avanzó en la garantía de varios derechos de los inmigrantes y, en cierta forma, reglamentó los puntos de la Constitución de 1988 que tratan del acceso de los inmigrantes a los derechos sociales (Oliveira y Sampaio, 2020).

Todo este proceso que estaba en marcha sufrió un gran impacto con el comienzo de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19). Los diversos ordenamientos jurídicos creados para minimizar el impacto de la crisis determinada por la nueva situación sanitaria establecen restricciones a la entrada de extranjeros en el país, crean desigualdades y aumentan la vulnerabilidad de los inmigrantes (Leao y Fernandes, 2020).

En este contexto, la asociación de investigadores de varias instituciones de educación brasileñas permitió llevar a cabo el estudio “Migração e vulnerabilidade: impactos da Covid-19 na vida dos imigrantes internacionais”. El objetivo de esta investigación era conocer el perfil de los inmigrantes internacionales, determinar las violaciones de derechos que sufren en el Brasil y conocer sus perspectivas pospandemia.

En este artículo se presenta un estudio basado en la información recogida en el marco de la investigación citada. Se abordan los efectos de la pandemia en la inserción laboral de la comunidad de inmigrantes, dividida en tres grupos según la nacionalidad: venezolanos, haitianos y el grupo formado por los inmigrantes de otras nacionalidades.

A. Metodología

En la actualidad, varios estudios utilizan herramientas desarrolladas en plataformas en línea para recopilar información.

En una investigación sobre la emigración portuguesa, Peixoto y otros (2016) utilizaron un cuestionario publicado en Internet y difundido por asociaciones de portugueses en el extranjero. Esas asociaciones actuaron como intermediarias entre los encuestadores y los encuestados, creando, de forma adaptada, un flujo de dos etapas (Lazarsfeld, Berrelson y Gaudet, 1968).

Durante la pandemia, cabe destacar el estudio “Apart Together”, realizado en 2020 y financiado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el que participaron 13 universidades de distintos países y se realizó una encuesta sobre el impacto de la pandemia en la vida de los inmigrantes y los refugiados[10].

En el caso de la encuesta que recogió la información utilizada en este trabajo, la construcción del instrumento de recolección tuvo como referencia la metodología aplicada en el estudio “O impacto da COVID-19 na migração brasileira na Europa e em UK”, realizado por la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) en colaboración con la Universidad de Lisboa y la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais (PUC Minas) en el primer semestre de 2020. En este caso se utilizó un cuestionario en línea que se difundió por medio de las redes sociales de inmigrantes brasileños en Europa.

Las encuestas realizadas en línea pueden presentar algunos problemas, como la obtención de menos respuestas de las deseadas, o una situación más delicada relacionada con la calidad de las respuestas (Freitez y otros, 2020)[11]. Esto puede llevar a una pérdida de cuestionarios en mayor proporción con respecto a la que se produce en las encuestas presenciales (Peixoto y otros, 2016). Para superar estos problemas y garantizar el mayor número posible de respuestas, la encuesta en línea propuesta siguió algunos pasos y conceptos de la teoría del actor-red (Latour, 2012), en la cual se propone una construcción metodológica que incluye agentes intermediarios con el importante papel de identificar, mediante las redes sociales, a los inmigrantes que puedan responder a la encuesta.

La elección de los agentes intermediarios fue intencional, pues se trata de encuestadores con los cuales hay afinidades y redes en los estudios migratorios y, así, se contó con 16 especialistas. Las entrevistas realizadas o mediadas por inmigrantes-mediadores representan las asociaciones, la cooperación y las limitaciones de las propias redes, y, para ello, se contó con 22 inmigrantes-mediadores en diferentes estados del Brasil[12].

De esta forma, la encuesta de campo a distancia se desarrolló en tres frentes: i) se mantuvo un enlace disponible para respuestas espontáneas; ii) los agentes intermediarios o las instituciones también realizaron entrevistas (especialmente por WhatsApp); y iii) los inmigrantes-mediadores impulsaron la realización de la encuesta en las diferentes regiones del Brasil en la articulación intermediarios-mediadores-sujetos de la encuesta.

El cuestionario estuvo disponible entre el 12 de mayo y el 6 de julio de 2020. Consistió en un formulario en seis idiomas difundido vía Internet (plataforma Google Forms) e incluyó unas 56 preguntas divididas en cuatro secciones: caracterización general de los encuestados, aspectos de la inmigración hacia el Brasil, inserción laboral en la pandemia de COVID-19, y derechos sociales y pandemia[13].

El número de encuestados al final del período de referencia fue de 2.642 inmigrantes, pero tras la evaluación de las respuestas se consideraron 2.475 casos.

B. Resultados

Los resultados se presentan en tres secciones. En primer lugar, se realiza una caracterización general del conjunto de entrevistados, basada en información como el sexo, el grupo etario y la nacionalidad. A continuación, se observa el lugar de residencia actual de los encuestados y luego se analiza la inserción laboral de los inmigrantes antes y después del inicio de la pandemia.

1. Características generales

Entre las personas que respondieron a la pregunta sobre la nacionalidad se contabilizaron 59 nacionalidades diferentes, mientras una persona se declaró apátrida (véase el cuadro 1). Cabe señalar que 22 personas que no se incluyeron en el cuadro 1 porque se declararon brasileñas podrían tener doble nacionalidad, un aspecto que no se consideró en esta encuesta. Los venezolanos y los haitianos representan el 77,8% de los encuestados, con un 49,67% y un 28,1%, respectivamente. Los senegaleses ocupan la tercera posición, con el 3,6% (87 personas), seguidos por los colombianos, con el 2,5% (62 personas), y por los cubanos, con el 2,4% (59 personas).

Con respecto a la distribución por sexo expuesta en el gráfico 1, se observa que, en el caso de los inmigrantes venezolanos, las mujeres representan el 54,3% de los encuestados que declararon esa nacionalidad. En el caso de los haitianos, la mayoría de los inmigrantes son hombres (63,2%), al igual que la mayoría de los inmigrantes de otras nacionalidades que participaron en la encuesta (63,4%).

Cuadro 1

Brasil: país de origen de los encuestados, 2020

País

Valor absoluto

Porcentaje

País

Valor absoluto

Porcentaje

Sudáfrica

1

0,04

Yemen

1

0,04

Alemania

1

0,04

India

1

0,04

Angola

43

1,77

Indonesia

1

0,04

Argentina

9

0,37

Italia

1

0,04

Benin

8

0,33

Jordania

1

0,04

Bolivia (Estado Plurinacional de)

14

0,58

Liberia

1

0,04

Cabo Verde

9

0,37

Marruecos

5

0,21

Canadá

1

0,04

Mozambique

7

0,29

Chile

10

0,41

Nicaragua

3

0,12

China

2

0,08

Nigeria

4

0,16

Colombia

62

2,55

Estado de Palestina

3

0,12

República Democrática del Congo

40

1,64

Panamá

1

0,04

República de Corea

1

0,04

Pakistán

2

0,08

Costa Rica

1

0,04

Perú

15

0,62

Cuba

59

2,42

Polonia

1

0,04

Egipto

6

0,25

Portugal

1

0,04

Ecuador

3

0,12

Kenya

1

0,04

España

2

0,08

Reino Unido

1

0,04

Estados Unidos

1

0,04

República Dominicana

1

0,04

Filipinas

5

0,21

Federación de Rusia

5

0,21

Francia

3

0,12

Santo Tomé

y Príncipe

9

0,37

Gabón

1

0,04

Senegal

87

3,57

Gambia

1

0,04

República Árabe Siria

23

0,94

Ghana

10

0,41

Sudán

2

0,08

Guatemala

2

0,08

Timor-Leste

2

0,08

Guinea

2

0,08

Togo

2

0,08

Guinea-Bissau

46

1,89

Turquía

8

0,33

Guinea Ecuatorial

6

0,25

Ucrania

1

0,04

Haití

684

28,1

Venezuela (República Bolivariana de)

1 209

49,67

Honduras

2

0,08

Total

2 434

100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de D. M. Fernandes y otros (coords.), Impactos da Pandemia de Covid-19 nas migrações internacionais no Brasil: resultados de pesquisa, Campinas, Centro de Estudios de Población “Elza Berquó” (NEPO), mayo a julio de 2020 [en línea] https://www.nepo.unicamp.br/publicacoes/_impactospandemia.php.

Nota: n = 2.434; no se aplica = 23; no respondieron = 18.

Gráfico 1

Brasil: inmigrantes encuestados, por sexo y país de origen, 2020

Fuente: Elaboración propia sobre la base de D. M. Fernandes y otros (coords.), Impactos da Pandemia de Covid-19 nas migrações internacionais no Brasil: resultados de pesquisa, Campinas, Centro de Estudios de Población “Elza Berquó” (NEPO), mayo a julio de 2020 [en línea] https://www.nepo.unicamp.br/publicacoes/_impactospandemia.php.

Nota: n = 2.423; no respondieron = 52.

Las pirámides de edad de los tres grupos de inmigrantes muestran algunas diferencias según el país de origen (véase el gráfico 2). En el caso de los venezolanos, se destacan los grupos etarios de 30 a 34 años y de 20 a 24 años. La proporción de niños y jóvenes indica que la migración del grupo familiar podría ser una de las características de este flujo. Aunque las personas de este grupo etario no eran el objetivo del estudio, algunas familias las incluyeron en sus respuestas. En el caso de los haitianos y del grupo formado por las otras nacionalidades, se observa una predominancia masculina, como ya se ha indicado, y los grupos etarios más relevantes fueron el de 25 a 29 años y el de 30 a 34 años.

Al comparar los tres grupos definidos según la nacionalidad (venezolanos, haitianos y el resto de los inmigrantes que respondieron a la encuesta) en cuanto al tiempo de permanencia en el Brasil (calculado a partir del año de entrada al país), se observó que el menor tiempo de residencia corresponde a los venezolanos, pues más de la mitad del grupo llegó entre 2019 y 2020 (véase el cuadro 2). En este caso, las mujeres que llegaron en los dos años indicados representan el 80,6% del total y los hombres el 77,4%. En el caso de los hombres haitianos, el 44,6% de los encuestados indicó que llevaba cinco años o más en el país. Por otra parte, las respuestas de las mujeres haitianas a esta pregunta indican que no hubo un período específico al que corresponda un mayor volumen, salvo 2017, que el 20,1% de las encuestadas indicó como año de llegada al país. En relación con los inmigrantes nacionales de otros países, el 36,9% de los hombres y el 30,6% de las mujeres indicaron haber llegado al Brasil antes de 2015.

Gráfico 2

Brasil: pirámide de edad de los encuestados por país de origen, 2020

Fuente: Elaboración propia sobre la base de D. M. Fernandes y otros (coords.), Impactos da Pandemia de Covid-19 nas migrações internacionais no Brasil: resultados de pesquisa, Campinas, Centro de Estudios de Población “Elza Berquó” (NEPO), mayo a julio de 2020 [en línea] https://www.nepo.unicamp.br/publicacoes/_impactospandemia.php.

Nota: Venezolanos n= 1.163, no respondieron= 46; haitianos n= 573, no respondieron= 111; otras nacionalidades n= 489, no respondieron= 52.

Cuadro 2

Brasil: tiempo de residencia de los encuestados según la nacionalidad y el sexo, 2020

Tiempo de residencia

Venezolanos

Haitianos

Otros

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Valor absoluto

Porcentaje

Valor absoluto

Porcentaje

Valor absoluto

Porcentaje

Valor absoluto

Porcentaje

Valor absoluto

Porcentaje

Valor absoluto

Porcentaje

Hasta 1 año

252

46,2

332

51,2

58

14,0

44

18,0

58

17,5

32

17,2

2 años

170

31,2

191

29,4

55

13,3

44

18,0

38

11,5

27

14,5

3 años

79

14,5

72

11,1

60

14,5

49

20,1

33

10,0

17

9,1

4 años

30

5,5

30

4,6

57

13,7

34

13,9

21

6,3

22

11,8

5 años

8

1,5

12

1,8

59

14,2

31

12,7

59

17,8

31

16,7

6 años y más

6

1,1

12

1,8

126

30,4

42

17,2

122

36,9

57

30,6

Total

545

100

649

100

415

100

244

100

331

100

186

100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de D. M. Fernandes y otros (coords.), Impactos da Pandemia de Covid-19 nas migrações internacionais no Brasil: resultados de pesquisa, Campinas, Centro de Estudios de Población “Elza Berquó” (NEPO), mayo a julio de 2020 [en línea] https://www.nepo.unicamp.br/publicacoes/_impactospandemia.php.

Nota: Venezolanos n= 1.194, no respondieron= 15; haitianos n= 659, no respondieron= 25; otras nacionalidades n= 517, no respondieron= 24.

2. Lugar de residencia y nacionalidad

La distribución de los inmigrantes encuestados en las unidades de la federación no presenta un patrón único (véase el mapa 1). Los venezolanos se concentraban en los estados de São Paulo (28,1%), Amazonas (10,8%) y Paraná (10,6%), mientras los haitianos que respondieron a la encuesta se concentraban en São Paulo (61,7%) y Santa Catarina (16,8%). Los inmigrantes de otras nacionalidades estaban más presentes en São Paulo (32,3%), Rio Grande do Sul (14,0%) y Bahia (11,1%). En el mapa 1 se indica la distribución de los tres grupos de inmigrantes según la unidad de la federación de residencia.

Mapa 1

Brasil: unidad de la federación de residencia de los encuestados según la nacionalidad, 2020

Fuente: Elaboración propia sobre la base de D. M. Fernandes y otros (coords.), Impactos da Pandemia de Covid-19 nas migrações internacionais no Brasil: resultados de pesquisa, Campinas, Centro de Estudios de Población “Elza Berquó” (NEPO), mayo a julio de 2020 [en línea] https://www.nepo.unicamp.br/publicacoes/_impactospandemia.php.

Nota: n = 2.434.

Entre los 172 municipios indicados por los encuestados, la ciudad de São Paulo surge como el lugar de residencia más importante para los inmigrantes, independientemente de su nacionalidad. En el caso de los venezolanos, esta ciudad acogió al 15,1% de los encuestados, seguida por Manaus-AM (7,9%) y Boa Vista-RR (7,0%). En el caso de los haitianos, la importancia de São Paulo es mayor, pues el 55,1% de los encuestados indicó vivir en esa ciudad, seguidos por los residentes en Chapecó-SC (7,3%) y Porto Velho-RO (4,2%). Los inmigrantes del grupo de nacionales de otros países también indicaron la ciudad de São Paulo como el lugar de residencia de mayor importancia (25,1%), seguida por Passo Fundo (9,7%) y Río de Janeiro-RJ (7,0%). En el mapa 2 se indica la distribución de los inmigrantes que respondieron a la encuesta por lugar de residencia (todas las nacionalidades reunidas).

Mapa 2

Brasil: municipio de residencia de los encuestados, 2020

Fuente: Elaboración propia sobre la base de D. M. Fernandes y otros (coords.), Impactos da Pandemia de Covid-19 nas migrações internacionais no Brasil: resultados de pesquisa, Campinas, Centro de Estudios de Población “Elza Berquó” (NEPO), mayo a julio de 2020 [en línea] https://www.nepo.unicamp.br/publicacoes/_impactospandemia.php.

Nota: n = 2.434.

3. Inserción laboral y efectos de la pandemia

La pandemia de COVID-19 ha tenido varios efectos en la población en general y en la población inmigrante en particular. Entre las diversas situaciones de vulnerabilidad, las que más afectan a los inmigrantes están relacionadas con la inserción laboral y social. En una situación de distanciamiento físico y desarticulación de la actividad económica como la que se vivió en 2020, la ocupación adquiere una importancia vital. En los cuadros 3, 4 y 5 se presenta información sobre la inserción laboral (antes y después del inicio de la pandemia) de los inmigrantes de 18 años o más de edad que participaron en la encuesta.

Cuadro 3

Brasil: inserción laboral de los encuestados venezolanos antes y después del inicio de la pandemia, por sexo, 2020

Sexo

Trabajaba antes del inicio de la pandemia

Trabajaba después del inicio de la pandemia

Sí

No

Comenzó a trabajar después

del inicio de la pandemia

Masculino

Sí

186

120

-

No

-

113

22

Femenino

Sí

110

165

-

No

-

261

17

Total

Sí

296

285

-

No

-

374

39

Fuente: Elaboración propia sobre la base de D. M. Fernandes y otros (coords.), Impactos da Pandemia de Covid-19 nas migrações internacionais no Brasil: resultados de pesquisa, Campinas, Centro de Estudios de Población “Elza Berquó” (NEPO), mayo a julio de 2020 [en línea] https://www.nepo.unicamp.br/publicacoes/_impactospandemia.php.

Nota: n= 994, no respondieron= 33.

Cuadro 4

Brasil: inserción laboral de los encuestados haitianos antes y después del inicio de la pandemia, por sexo, 2020

Sexo

Trabajaba antes del inicio de la pandemia

Trabajaba después del inicio de la pandemia

Sí

No

Comenzó a trabajar después del inicio de la pandemia

Masculino

Sí

115

82

-

No

-

214

7

Femenino

Sí

35

45

-

No

-

160

5

Total

Sí

150

127

-

No

-

374

12

Fuente: Elaboración propia sobre la base de D. M. Fernandes y otros (coords.), Impactos da Pandemia de Covid-19 nas migrações internacionais no Brasil: resultados de pesquisa, Campinas, Centro de Estudios de Población “Elza Berquó” (NEPO), mayo a julio de 2020 [en línea] https://www.nepo.unicamp.br/publicacoes/_impactospandemia.php.

Nota: n= 663, no respondieron= 19.

Cuadro 5

Brasil: inserción laboral de los encuestados de otras nacionalidades antes y después del inicio de la pandemia, por sexo, 2020

Sexo

Trabajaba antes del inicio de la pandemia

Trabajaba después del inicio de la pandemia

Sí

No

Comenzó a trabajar después del inicio de la pandemia

Masculino

Sí

109

76

-

No

-

128

6

Femenino

Sí

58

45

-

No

-

75

6

Total

Sí

167

121

-

No

-

203

12

Fuente: Elaboración propia sobre la base de D. M. Fernandes y otros (coords.), Impactos da Pandemia de Covid-19 nas migrações internacionais no Brasil: resultados de pesquisa, Campinas, Centro de Estudios de Población “Elza Berquó” (NEPO), mayo a julio de 2020 [en línea] https://www.nepo.unicamp.br/publicacoes/_impactospandemia.php.

Nota: n= 503, no respondieron= 32.

Al considerar los tres grupos de inmigrantes examinados, se observa que la inserción laboral antes de la pandemia presentaba claras diferencias según la nacionalidad. Entre los varones venezolanos con 18 años o más, 306 (69,3%) declararon que realizaban alguna actividad laboral antes del inicio de la pandemia. Los inmigrantes del grupo de otras nacionalidades en la misma situación eran 185 (57,9%) y los haitianos, 197 (47,1%). En proporción, este último grupo presentaba la tasa más baja de inserción en el mercado de trabajo.

En el caso de las mujeres, 275 (49,7%) venezolanas mayores de 18 años declararon tener una ocupación antes del inicio de la pandemia, al igual que 103 (55,9%) mujeres que formaban parte del grupo de inmigrantes de otros países y 80 (32,6%) haitianas.

El comienzo de la pandemia tuvo un fuerte impacto en la inserción laboral de los inmigrantes que respondieron a la encuesta. En el caso de las venezolanas, menos de la mitad de las que estaban trabajando (110) logró mantener el empleo, lo que llevó la tasa de ocupación de ese grupo al 19,9%. En el caso de los hombres el impacto fue menor y 186 (42,1%) encuestados permanecieron en el mercado de trabajo.

Entre los inmigrantes que formaban parte del grupo de otras nacionalidades, solo 109 hombres y 58 mujeres lograron mantener el empleo tras el inicio de la pandemia, de manera que las respectivas tasas de inserción laboral disminuyeron al 34,3% y al 31,5% de los mayores de 18 años. Las pérdidas fueron más pronunciadas entre los haitianos, debido al aumento de las condiciones de vulnerabilidad laboral del grupo. En el caso de los hombres, solo 115 lograron mantener el empleo después de la llegada del COVID-19, es decir el 27,5% de aquellos con 18 años o más. En el caso de las mujeres, más de la mitad de las que tenían trabajo (45 o el 56,2%) perdieron el empleo y las 35 que lograron mantenerlo representaban el 14,3% de aquellas con 18 años o más.

Es importante considerar que, en algunos casos, la pandemia constituyó una oportunidad para la inserción laboral: 39 venezolanos (22 hombres y 17 mujeres) que participaron en la encuesta y estaban desocupados declararon haber encontrado trabajo en ese momento, al igual que 12 haitianos (7 hombres y 5 mujeres) y 12 inmigrantes del grupo de otras nacionalidades (6 hombres y 6 mujeres).

Teniendo en cuenta las grandes categorías ocupacionales de la Clasificación Brasileña de Ocupaciones (CBO), se observa que la mayoría de los inmigrantes encuestados que tenían una ocupación antes del inicio de la pandemia estaba empleada en el sector de servicios como vendedores de tiendas y mercados. De las 640 personas (el 58,8% de los ocupados) que trabajaban en actividades vinculadas a este sector, 354 eran venezolanas (el 62,2% de los ocupados de esa nacionalidad), 150 eran haitianas (también el 62,2% de los ocupados) y 136 eran de otra nacionalidad (el 48,9% del total) (véase el cuadro 6). El segundo sector ocupacional más importante entre los venezolanos fue la producción de bienes y servicios industriales (grupo 7), que incluye, entre otras actividades, las ocupaciones en la construcción civil: 78 venezolanos (13,7%) estaban en este grupo. El segundo sector ocupacional más importante entre los haitianos fue la producción de bienes y servicios industriales (grupo 8), que incluye, entre otros, a los trabajadores de la industria de procesamiento de alimentos: 29 haitianos (12,0%) estaban en este grupo. Entre los inmigrantes del grupo de otras nacionalidades predominaban las ocupaciones de la categoría de profesionales de las ciencias y las artes, pues 74 personas (26,6%) pertenecían a este sector.

Tras el inicio de la pandemia, 514 (47,2%) de los 1.088 inmigrantes que declararon tener una ocupación se quedaron sin trabajo. La pérdida de empleo afectó a 283 venezolanos (el 49,7% de los que tenían empleo), 177 haitianos (el 49,5% de los ocupados de esta nacionalidad) y 114 inmigrantes del grupo de otras nacionalidades (el 41,0% de los ocupados antes del inicio de la pandemia). Desde el punto de vista de los distintos sectores de ocupación, el impacto de la pérdida de puestos de trabajo fue mayor para el grupo de trabajadores del sector de servicios, vendedores de comercio en tiendas y mercados, pues 209 (59,0%) venezolanos, 86 (57,3%) haitianos y 63 (46,3%) inmigrantes de otras nacionalidades que realizaban actividades vinculadas a este sector se quedaron sin trabajo.

Al abordar la inserción laboral de los inmigrantes, es importante considerar la formalización de la relación de trabajo (Brightwell y otros, 2016; Magalhães, 2016; Cavalcanti y Oliveira, 2020). La formalización, en este caso, consiste en el contrato de trabajo que, además de facilitar el acceso a los derechos garantizados por ley, acredita la relación laboral, que a su vez contribuye a la inserción social y al acceso a servicios, como por ejemplo el crédito en instituciones financieras. Cabe señalar que los inmigrantes que obtienen un permiso de residencia o incluso aquellos que están a la espera de la evaluación de la solicitud de permanencia en el país —en síntesis, la totalidad de los inmigrantes en edad de trabajar— tienen acceso a la libreta de trabajo, que puede ser un documento permanente o provisorio, según el estatus migratorio.

Cuadro 6

Brasil: número de encuestados de 18 años o más ocupados antes del inicio de la pandemia, según la situación ocupacional después del inicio de la pandemia, por nacionalidad y categoría de la Clasificación Brasileña de Ocupaciones (CBO), 2020

Categoría ocupacional

de la CBO

Venezolanos

Haitianos

Otras nacionalidades

Situación laboral después

del inicio de la pandemia

Situación laboral después

del inicio de la pandemia

Situación laboral después

del inicio de la pandemia

Ocupado

Desocupado

Total

Ocupado

Desocupado

Total

Ocupado

Desocupado

Total

Miembros superiores del poder público, dirigentes de organizaciones de interés público y de empresas, gerentes

1

2

3

1

-

1

6

-

6

Profesionales de las ciencias y las artes

33

11

44

7

4

11

43

31

74

Técnicos de nivel medio

22

12

34

7

6

13

13

9

22

Trabajadores agropecuarios, forestales y de la pesca

5

4

9

-

1

1

Trabajadores de la producción de bienes y servicios industriales (grupo 7)

47

31

78

13

14

27

15

6

21

Trabajadores de la producción de bienes y servicios industriales (grupo 8)

19

2

21

23

6

29

8

2

10

Trabajadores de servicios administrativos

9

10

19

6

-

6

4

1

5

Trabajadores del sector de servicios, vendedores de comercio en tiendas

y mercados

145

209

354

64

86

150

73

63

136

Trabajadores en servicios de reparación y mantenimiento

5

2

7

3

1

4

2

1

3

Total

286

283

569

124

117

241

164

114

278

Fuente: Elaboración propia sobre la base de D. M. Fernandes y otros (coords.), Impactos da Pandemia de Covid-19 nas migrações internacionais no Brasil: resultados de pesquisa, Campinas, Centro de Estudios de Población “Elza Berquó” (NEPO), mayo a julio de 2020 [en línea] https://www.nepo.unicamp.br/publicacoes/_impactospandemia.php.

Nota: Venezolanos n= 569, no se aplica= 375, no respondieron= 83; haitianos n= 241, no se aplica= 374, no respondieron= 67; otras nacionalidades n= 278, no se aplica= 204, no respondieron= 53.

Al considerar el conjunto de inmigrantes mayores de 18 años que participaron en la encuesta se observa que, independientemente de la nacionalidad, el contrato de trabajo constituye el principal tipo de inserción laboral, seguido por la inserción informal, sin contrato de trabajo (véase el cuadro 7). El 62,1% de los inmigrantes haitianos que respondieron a la encuesta y estaban trabajando antes del inicio de la pandemia indicó que tenía un vínculo formal de trabajo. En el caso de los venezolanos, la relación formal de trabajo fue indicada por el 42,4% de los que trabajaban antes de la pandemia, mientras en el grupo de otras nacionalidades esa proporción fue del 46,6%.

En un estudio basado en datos de la Encuesta Continua Nacional de Hogares (PNAD continua) de 2015 y del Censo Demográfico de 2010, Oliveira y Oliveira (2020) analizaron la inserción de los inmigrantes en el mercado de trabajo formal. Según los autores, a pesar de una importante participación en el mercado de trabajo, la presencia de los inmigrantes (55,8%) es proporcionalmente menor con respecto a los brasileños (57,7%). Asimismo, señalan que las mujeres inmigrantes tienen menores posibilidades de ingresar al mercado de trabajo formal.

Al examinar la inserción de los inmigrantes en el mercado de trabajo formal según el sexo, se observa que entre los haitianos y los venezolanos encuestados, la proporción de mujeres en el sector formal es menor que la de los hombres. Mientras el 68,0% de los haitianos indicó que tenía un contrato de trabajo, la proporción entre las mujeres de esa nacionalidad era del 46,8%. Entre los venezolanos, la inserción formal en el mercado laboral mediante contrato de trabajo se observó para el 45,9% de los hombres que estaban trabajando antes de la pandemia, en comparación con el 38,4% de las mujeres. La situación se repite en el grupo de inmigrantes de otras nacionalidades, con el 51,1% de los hombres con contrato de trabajo registrado y el 38,6% de las mujeres en la misma situación.

Otro aspecto considerado en la encuesta fue el trabajo por cuenta propia (ya sea registrado como persona jurídica o como actividad independiente) que, en forma agregada, resultó una forma de inserción laboral importante entre los inmigrantes venezolanos (14,7%) y de otras nacionalidades (20,6%), a diferencia de los haitianos (3,6%). Al considerar las respuestas de hombres y mujeres, se observa una ligera predominancia femenina en el caso de los venezolanos, pues el 15,3% de las mujeres declaró estar insertado en el mercado laboral por cuenta propia antes del comienzo de la pandemia, en comparación con el 14,1% de los hombres. Entre los inmigrantes de otras nacionalidades, la proporción de trabajadores por cuenta propia fue del 30,9% entre las mujeres y del 22,8% en el caso de los hombres.

Cuadro 7

Brasil: inserción laboral de los encuestados que declararon tener una ocupación antes del inicio de la pandemia, por sexo y tipo de inserción, 2020

Tipo de inserción

Nacionalidad

Venezolanos

Haitianos

Otras nacionalidades

Sexo

Total

Sexo

Total

Sexo

Total

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

Valor absoluto

%

Valor absoluto

%

Valor absoluto

%

Valor absoluto

%

Valor absoluto

%

Valor absoluto

%

Valor absoluto

%

Valor absoluto

%

Valor absoluto

%

Trabajaba por cuenta propia (microempresa, persona jurídica o microemprendedor individual)

18

5,9

22

8,2

40

7,0

7

3,6

1

1,3

8

2,9

27

15

22

21,8

49

17,4

Trabajaba con contrato

de trabajo

140

45,9

103

38,4

243

42,4

132

68,0

37

46,8

169

62,1

92

51,1

39

38,6

131

46,6

Trabajaba sin contrato

de trabajo

118

38,7

112

41,8

230

40,1

52

26,8

40

50,6

92

33,8

36

20

25

24,8

61

21,7

Trabajaba como voluntario

2

0,7

7

2,6

9

1,6

1

0,5

0

0

1

0,4

7

3,9

2

2,0

9

3,2

Trabajador por cuenta

propia informal

25

8,2

19

7,1

44

7,7

1

0,5

1

1,3

2

0,7

14

7,8

9

8,9

23

8,2

Becario o pasante

1

0,3

3

1,1

4

0,7

-

-

-

-

-

-

3

1,7

4

4,0

7

2,5

Empleado público

0

0

2

0,7

2

0,3

1

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Contrato temporal

1

0,3

0

-

1

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Otro

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0,6

-

-

1

0,4

Total

305

100

268

100

573

100

194

100

79

100

272

100

180

100

101

100

281

100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de D. M. Fernandes y otros (coords.), Impactos da Pandemia de Covid-19 nas migrações internacionais no Brasil: resultados de pesquisa, Campinas, Centro de Estudios de Población “Elza Berquó” (NEPO), mayo a julio de 2020 [en línea] https://www.nepo.unicamp.br/publicacoes/_impactospandemia.php.

Nota: Venezolanos= 573, no se aplica= 454; haitianos= 272, no se aplica= 410; otras nacionalidades= 281, no se aplica= 254.

En el cuadro 8 se presentan, de forma comparativa, las respuestas de los inmigrantes encuestados mayores de 18 años que trabajaban antes de la crisis sanitaria y que continuaron trabajando después del inicio de la pandemia. Independientemente de la nacionalidad analizada y de la forma de inserción, la reducción de los puestos de trabajo se produjo en todos los segmentos, con un impacto mayor en el trabajo de las mujeres. Cabe destacar que la pérdida de puestos de trabajo para aquellos que estaban en el sector formal, es decir que tenían contrato de trabajo, fue relativamente menor que en las otras categorías. A esto pueden haber contribuido las medidas gubernamentales de apoyo de emergencia a las empresas que, entre otros aspectos, apuntaban a mantener el empleo mediante la concesión de incentivos.

En el caso de los venezolanos, la pérdida de puestos de trabajo fue mayor entre las mujeres que desarrollaban sus actividades en el mercado de trabajo informal. El 78,6% de las mujeres de esta nacionalidad perdió su ocupación, mientras para los hombres la reducción fue del 50,0%. En el sector formal de trabajo, las pérdidas fueron del 43,7% para las mujeres y del 30,0% en el caso de los hombres. Las respuestas proporcionadas por los trabajadores por cuenta propia —tanto los que tenían algún tipo de registro como los que trabajaban informalmente— evidenciaron una importante reducción de la inserción laboral en este sector, que afectó más intensamente a las mujeres.

En el caso de los haitianos, en general se repitió la tendencia observada para los venezolanos, salvo para aquellos que declararon estar trabajando en el sector formal, con contrato de trabajo. En este caso, la pérdida de puestos de trabajo fue menor que la observada para los venezolanos. Un factor que podría haber contribuido a esta diferencia relativa sería el mayor tiempo de residencia de los haitianos en el país (véase el cuadro 2), que implicaría un mayor conocimiento del mercado de trabajo.

En el grupo de los inmigrantes de otras nacionalidades que respondieron a la encuesta, los mayores efectos de la pandemia en el mercado de trabajo se registraron entre aquellos que no estaban en el sector formal, es decir, carecían de un contrato de trabajo, y entre los que realizaban actividades por cuenta propia, tanto formales como informales. En el caso de los trabajadores por cuenta propia con registro, la reducción de la actividad fue mayor para los hombres (66,7%) que para las mujeres (50,0%).

También se preguntó a los participantes de la encuesta si alguno de los que no tenían trabajo antes del inicio de la pandemia había encontrado una ocupación después de la emergencia sanitaria. El número de personas que respondieron afirmativamente a esta pregunta es reducido (véase el cuadro 9) e, independientemente de la nacionalidad, la mayoría de los puestos de trabajo ofrecidos estaban vinculados al sector informal, sin el debido registro en la libreta de trabajo, lo que indica la precariedad de los puestos ocupados por los inmigrantes encuestados que se incorporaron al mercado laboral tras el inicio de la pandemia.

Cuadro 8

Brasil: inserción laboral de los encuestados que declararon tener una ocupación antes (AN) y después (DP) del inicio de la pandemia y variación (en porcentajes), por sexo y tipo de inserción, 2020

Tipo de inserción

Nacionalidad

Venezolanos

Haitianos

Otras nacionalidades

Sexo

Total

Sexo

Total

Sexo

Total

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

AN

DP

Var

AN

DP

Var

AN

DP

Var

AN

DP

Var

AN

DP

Var

AN

DP

Var

AN

DP

Var

AN

DP

Var

AN

DP

Var

Trabajaba por cuenta propia (microempresa, persona jurídica o microemprendedor individual)

18

11

-38,9

22

12

-45,5

40

23

-42,5

7

2

-71,4

1

0

-100

8

2

-75

27

9

-66,7

22

11

-50

49

20

-59,2

Trabajaba con contrato de trabajo

140

98

-30

103

58

-43,7

243

156

-35,8

132

95

-28

37

24

-35,1

169

119

-29,6

92

70

-23,9

39

26

-33,3

131

96

-26,7

Trabajaba sin contrato de trabajo

118

59

-50

112

24

-78,6

230

83

-63,9

52

11

-78,8

40

10

-75

92

21

-77,2

36

12

-66,7

25

11

-56

61

23

-62,3

Trabajaba como voluntario

2

-100

7

0

-100

9

0

-100

1

1

0

-

1

1

0

7

4

-42,9

2

1

-50

9

5

-44,4

Trabajador por cuenta propia informal

25

17

-32

19

8

-57,9

44

25

-43,2

1

1

0

1

-100

2

1

-50

14

7

-50

9

5

-44,4

23

12

-47,8

Becario o pasante

1

1

0

3

3

0

4

4

0

-

-

-

-

-

-

3

1

-66,7

4

4

0

7

5

-28,6

Empleado público

2

2

0

2

2

0

1

1

0

-

-

-

1

0

-

-

-

-

-

-

Contrato temporal

1

-100

-

1

-100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Otro

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

0

-

-

1

1

0

Total

305

186

-39

268

107

-60,1

573

293

-48,9

194

111

-42,8

79

34

-57

272

145

-46,7

180

104

-42,2

101

58

-42,6

281

162

-42,3

Fuente: Elaboración propia sobre la base de D. M. Fernandes y otros (coords.), Impactos da Pandemia de Covid-19 nas migrações internacionais no Brasil: resultados de pesquisa, Campinas, Centro de Estudios de Población “Elza Berquó” (NEPO), mayo a julio de 2020 [en línea] https://www.nepo.unicamp.br/publicacoes/_impactospandemia.php.

Nota: Venezolanos= 573, no se aplica= 454; haitianos= 272, no se aplica= 410; otras nacionalidades= 281, no se aplica= 254.

Cuadro 9

Brasil: inserción laboral de los encuestados que declararon haber encontrado una ocupación después del inicio de la pandemia, por sexo y tipo de inserción, 2020

Tipo de inserción

Nacionalidad

Venezolanos

Haitianos

Otras nacionalidades

Sexo

Total

Sexo

Total

Sexo

Total

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

Valor absoluto

%

Valor absoluto

%

Valor absoluto

%

Valor absoluto

%

Valor absoluto

%

Valor absoluto

%

Valor absoluto

%

Valor absoluto

%

Valor absoluto

%

Trabajaba por cuenta propia (microempresa, persona jurídica o microemprendedor individual)

-

-

1

9,1

1

4

-

-

-

-

-

-

-

-

Trabajaba con contrato

de trabajo

6

42,9

2

18,2

8

32

3

75

2

100

5

83,3

2

33,3

3

50

5

41,7

Trabajaba sin contrato

de trabajo

7

50

6

54,5

13

52

1

25

-

-

1

16,7

2

33,3

2

33,3

4

33,3

Trabajaba como voluntario

-

-

1

9,1

1

4

-

-

-

-

-

-

-

1

16,7

1

8,3

Trabajador por cuenta propia informal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Becario o pasante

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Empleado público

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Contrato temporal

1

7,1

1

9,1

2

8

-

-

-

-

-

-

1

16,7

-

-

1

8,3

Otro

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

16,7

-

-

1

8,3

Total

14

100

11

100

25

100

4

100

2

100

6

100

6

100

6

100

12

100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de D. M. Fernandes y otros (coords.), Impactos da Pandemia de Covid-19 nas migrações internacionais no Brasil: resultados de pesquisa, Campinas, Centro de Estudios de Población “Elza Berquó” (NEPO), mayo a julio de 2020 [en línea] https://www.nepo.unicamp.br/publicacoes/_impactospandemia.php.

Nota: Venezolanos= 25, no se aplica= 1.002; haitianos= 6, no se aplica= 676; otras nacionalidades= 12, no se aplica= 523.

C. Comentarios finales

Al tratarse de una encuesta en la que no se utilizó el muestreo probabilístico, los resultados encontrados deben analizarse con cautela. Sin embargo, teniendo en cuenta las dificultades impuestas por la pandemia, que en el momento de la encuesta (mayo a julio) estaba en su fase más aguda en algunas regiones, la metodología empleada presentó buenos resultados, que podrán contribuir a otros estudios más profundos.

Cabe destacar que, a pesar de que no existe una política migratoria oficial en el país, al no haberse reglamentado el artículo que trata el tema en la Nueva Ley de Migración, las formas de recepción de cada grupo de inmigrantes son distintas. Al comparar los dos flujos migratorios más importantes de la última década en términos de volumen (haitianos y venezolanos), se observan respuestas muy distintas por parte del gobierno. Cuando comenzó a aumentar el flujo de haitianos en 2010, las acciones gubernamentales en el momento de llegada a las fronteras del Brasil fueron mínimas y correspondió a las organizaciones de la sociedad civil garantizar la recepción y contribuir a la inserción laboral y social de estos inmigrantes. En el caso de los venezolanos, cuyo flujo se intensificó a partir de 2017, se estableció un plan de recepción gestionado por el gobierno federal mediante las Fuerzas Armadas y respaldado por organismos internacionales del sistema de las Naciones Unidas.

Además de la recepción, la Operación Acogida[14] comprende el proceso de reubicación, que permite a los inmigrantes venezolanos llegar a todas las regiones del país[15]. En la actualidad, en algunos puntos del país se están creando, en colaboración con algunas organizaciones de la sociedad civil, “casas de transición” que permitirán acoger y dirigir a los inmigrantes venezolanos a localidades en el interior de las unidades de la federación. Este punto acentúa aún más las diferencias entre los venezolanos y los inmigrantes de otras nacionalidades en lo que respecta a las políticas gubernamentales.

Aunque aún no existe un estudio completo sobre todo el proceso, es posible inferir que esta situación puede estar contribuyendo a una mejor inserción laboral y social de los inmigrantes venezolanos. Sin embargo, no obstante las medidas de apoyo implementadas, el impacto de la pandemia ha sido considerable, sobre todo en el aspecto laboral, y afectó de forma distinta a cada grupo de inmigrantes. En cada grupo, el impacto fue mucho más grave para las mujeres.

Como se ha indicado desde el principio, este trabajo se presenta de forma preliminar y deja temas pendientes que podrán abordarse en futuros estudios, especialmente los que se propongan examinar los aspectos cualitativos de la cuestión.

Bibliografía

Baeninger, R. (2013), “Notas acerca das migrações internacionais no século 21”, Migração internacional. Por Dentro do Estado de São Paulo, vol. 9, R. Baeninger (coord.), Campinas, Centro de Estudios de Población “Elza Berquó” (NEPO).

Baeninger, R. y D. M. Fernandes (2020), “Aspectos metodológicos da pesquisa ‘Impactos da Pandemia de Covid-19 nas migrações internacionais no Brasil´”, Impactos da Pandemia de Covid-19 nas Migrações Internacionais no Brasil - Resultados de Pesquisa, D. M. Fernandes y otros (coords.), Campinas, Centro de Estudios de Población “Elza Berquó” (NEPO) [en línea] https://www.nepo.unicamp.br/publicacoes/_impactospandemia.php.

Baeninger, R. y otros (coords.) (2018), Migrações Sul-Sul, Campinas, Centro de Estudios de Población “Elza Berquó” (NEPO).

____(2017), Imigração Haitiana no Brasil, R. Baeninger y otros (org.), Jundiaí, Paco Editorial.

Baeninger, R., N. Demétrio y J. Domeniconi (coords.) (2020), Atlas temático: observatório das migrações de São Paulo- migrações venezuelanas, Campinas, Centro de Estudios de Población “Elza Berquó” (NEPO).

Brasil, Gobierno del (2017), “Lei nº 13.445 de 24 de maio de 2017. Institui a Lei de Migração”, Brasilia, Presidencia de la República [en línea] http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13445.htm.

____(1980), “Lei nº 6.815 de 19 de agosto de 1980. Define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de Imigração”, Brasilia, Presidencia de la República [en línea] http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/dh/volume%20i/naclei6815.htm.

Brightwell, M. G. y otros (2016), “Haitianos em Santa Catarina: trabalho, inclusão social e acolhimento”, Imigração Haitiana no Brasil, R. Baeninger y otros (org.), Jundiaí, Paco Editorial.

Cavalcanti, L. y W. F. Oliveira (2020), “Os efeitos da pandemia de COVID-19 sobre a imigração e o refúgio no Brasil: uma primeira aproximação a partir dos registros administrativos”, PÉRIPLOS, Revista de Pesquisa sobre Migrações, vol. 4, Nº 2.

Centro Internacional de Formulación de Políticas Migratorias (2013), Migração Brasil-Europa, a situação dos imigrantes brasileiros na Espanha e Portugal e de portugueses e espanhóis no Brasil: aspectos legais e vivências, Viena.

Fernandes, D. M. y otros (coords.) (2020), Impactos da Pandemia de COVID-19 nas migrações internacionais no Brasil: resultados de pesquisa, Campinas, Centro de Estudios de Población “Elza Berquó” (NEPO) [en línea] https://www.nepo.unicamp.br/publicacoes/_impactospandemia.php.

Freitez, A. y otros (2020), Situación de migrantes venezolanos recientes em el contexto del COVID-19, Caracas, Observatorio Venezolano de Migración [en línea] https://assets.website-files.com/5caccaedb32e39d3c7d6819e/5ece7d886b16496aaa1888c5_OVM-Reporte-Covid19-Mayo_.pdf.

Latour, B. (2012), “Reagregando o social: uma introdução à Teoria do Ator-Rede”, Ilha Revista de Antropologia, vol. 14, Nº 1, Salvador, Universidad Federal de Rio Grande do Sul.

Lazarsfeld, P. F. B. Berrelson y H. Gaudet (1968), The People’s Choice, Nueva York, Columbia University Press.

Leao, A. V. y D. Fernandes (2020), “Políticas de imigração no contexto da pandemia de COVID-19”, Impactos da Pandemia de Covid-19 nas migrações internacionais no Brasil: resultados de pesquisa, D. M. Fernandes y otros (coords.), Campinas, Centro de Estudios de Población “Elza Berquó” (NEPO) [en línea] https://www.nepo.unicamp.br/publicacoes/_impactospandemia.php.

Magalhães, L. F. (2016), Imigração haitiana no estado de Santa Catarina: contradições da inserção laboral. Imigração Haitiana no Brasil, R. Baeninger y otros (org.), Jundiaí, Paco Editorial.

OIM (Organización Internacional para las Migraciones) (2014), “La migración haitiana hacia Brasil: características, oportunidades y desafíos”, Cuadernos Migratorios, Nº 6.

Oliveira, E. y C. Sampaio (2020), Estrangeiro nunca mais! Migrantes como sujeito de direito e a importância do advocacy pela nova lei migração brasileira, São Paulo, Centro de Estudos Migratórios.

Oliveira, A. T. R. y W. F. Oliveira (2020), “A inserção dos imigrantes no mercado de trabalho informal: o que nos dizem as pesquisas domiciliares? Imigração e Refúgio no Brasil”, Relatório Anual 2020. Série Migrações, L. Cavalcanti, T. Oliveira y M. Macedo (orgs.), Observatorio de Migraciones Internacionales y otros, Brasilia, OBMigra.

Peixoto, J. y otros (org.) (2016), Regresso ao futuro: a nova emigração e a sociedade portuguesa, Lisboa, Gradiva Publicações.

[1] En el artículo se presentan los resultados obtenidos en la investigación Impactos da pandemia de COVID-19 nas migrações internacionais no Brasil, realizada por el Grupo Interdisciplinario de Investigación y Extensión sobre Derechos Sociales y Migración (GIPE) y el Grupo de Estudios Distribución Espacial de la Población (GEDEP) de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais (PUC Minas) y el Observatorio de Migraciones Internacionales de São Paulo, el Centro de Estudios de Población “Elza Berquó” (NEPO) de la Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP) con socios de investigación en todo el Brasil durante mayo, junio y julio de 2020.

[2] Doctor en Demografía por la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y Profesor Adjunto en el Programa de Posgrado en Geografía – Tratamiento de la Información Espacial – Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais (PUC Minas). Correo electrónico: duval@pucminas.br.

[3] Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Estatal de Campinas, Docente de los Programas de Posgrado en Demografía y en Sociología de la Universidad Estatal de Campinas, Investigadora del Centro de Estudios de Población – Universidad Estatal de Campinas. Correo electrónico: baeninger@nepo.unicamp.br.

[4] Doctor en Demografía por la Universidad Estatal de Campinas. Programa de Estudios de Posgrado en Ciencias Sociales – Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP). Correo electrónico: lufeaires@gmail.com.

[5] Doctorando y becario de la Coordinación de Perfeccionamiento del Personal del Nivel Superior (CAPES) por el Programa de Posgrado en Geografía – Tratamiento de la Información Espacial – PUC Minas. Correo electrónico: felipeacborges@gmail.com.

[6] Operación coordinada por las Fuerzas Armadas en la frontera con la República Bolivariana de Venezuela en la región Norte (véase [en línea] https://www.gov.br/acolhida/historico/).

[7] Proceso de reubicación que complementa la Operación Acogida, transportando a los inmigrantes venezolanos a ciudades en el interior del país (véase [en línea] https://www.acnur.org/portugues/2020/01/07/interiorizacao-traz-novas-perspectivas-aos-venezuelanos-no-brasil/).

[8] Ley núm. 6815, del 19 de agosto de 1980.

[9] Ley núm. 13.445, del 24 de mayo de 2017.

[10] Véase más información sobre este estudio [en línea] https://www.aparttogetherstudy.org/.

[11] En la encuesta sobre el impacto del COVID-19 en la migración venezolana realizada por el Observatorio Venezolano de Migración, de 1.890 posibles candidatos contactados a distancia, solo 390 respondieron al cuestionario.

[12] Los estados incluidos en el estudio son: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Río de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo y Sergipe.

[13] Véanse más detalles sobre los procedimientos metodológicos adoptados en la recolección de los datos y las preguntas del cuestionario en Fernandes y otros (2020) y Baeninger y Fernandes (2020).

[14] Operación coordinada por las Fuerzas Armadas en la frontera con la República Bolivariana de Venezuela en la región Norte (véase [en línea] https://www.gov.br/acolhida/historico/).

[15] Proceso de reubicación que complementa la Operación Acogida, transportando a los inmigrantes venezolanos a ciudades en el interior del país (véase [en línea] https://www.acnur.org/portugues/2020/01/07/interiorizacao-traz-novas-perspectivas-aos-venezuelanos-no-brasil/).

Artículo 02

Características sociodemográficas y de salud de los mexicanos y los migrantes con enfermedad por coronavirus (COVID-19) en México

Fernando Neira Orjuela[1]

Recibido: 06/02/2021

Aceptado: 19/03/2021

Resumen

En este artículo se comparan las características sociodemográficas y de salud de mexicanos y migrantes con COVID-19 atendidos en unidades médicas en México. Se realizó un estudio comparativo de corte transversal y descriptivo a partir de datos oficiales de la Secretaría de Salud Federal de México a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (SISVER), con información de 475 unidades de monitoreo de los sectores público y privado de la salud. El período de referencia fue el comprendido entre el 21 de febrero de 2020 y el 28 de febrero de 2021. Se vio que fueron más los casos diagnosticados en hombres mexicanos y migrantes, que la población nacida en otros países es más joven y que sobresalen las nacionalidades estadounidense, venezolana y colombiana. Se encontró una mayor concentración de muertes en hombres en general y una mayor comorbilidad en la población mexicana respecto de la migrante.

Palabras clave: migrantes, condiciones de salud, COVID-19, epidemias, distribución de la población, atención médica, mortalidad, México.

Abstract

This article compares the sociodemographic and health characteristics of Mexican and migrant COVID-19 patients treated in medical centres in Mexico. A cross-sectional and descriptive comparative study was conducted using official data from Mexico’s Secretariat of Health, obtained through the Epidemiological Surveillance System for Viral Respiratory Disease (SISVER) based on information from 475 public and private sector monitoring units. The reference period was from 21 February 2020–28 February 2021. The study showed that the highest number of diagnosed cases was among Mexican and migrant men, foreign-born patients were younger, and the most common nationalities were from the United States, the Bolivarian Republic of Venezuela and Colombia. There was a higher concentration of deaths among men in general, and a higher incidence of co-morbidities in the Mexican population than in migrants.

Keywords: migrants, health conditions, COVID-19, epidemics, population distribution, medical treatment, mortality, Mexico.

Résumé

Cet article compare les caractéristiques sociodémographiques et sanitaires des Mexicains et des migrants atteints de COVID-19 et suivis dans des unités médicales au Mexique. Une étude comparative transversale et descriptive a été réalisée sur la base des données officielles du Secrétariat fédéral de la santé du Mexique par le biais du Système de surveillance épidémiologique des maladies respiratoires virales (SISVER), qui a recueilli des informations auprès de 475 unités de surveillance des secteurs public et privé de la santé. La période de référence se situe entre le 21 février 2020 et le 28 février 2021. On observe que davantage de cas sont diagnostiqués chez les hommes mexicains et migrants, que la population née dans d'autres pays est plus jeune et que se singularisent les ressortissants américains, vénézuéliens et colombiens. En effet, on constate une plus grande concentration de décès chez les hommes en général et une plus grande comorbidité dans la population mexicaine par rapport à la population migrante.

Mots clés: migrants, état sanitaire, COVID-19, épidémies, répartition de la population, soins médicaux, mortalité, Mexique.

Introducción

Los flujos migratorios en México son un fenómeno creciente y complejo, determinado en buena medida por la estratégica ubicación del país. Estas migraciones han mostrado una gran dinámica y variedad en las últimas décadas como resultado de procesos socioeconómicos, así como de los marcos jurídicos y políticos del nuevo siglo.

Los principales estados de México, pero especialmente los de la frontera norte, se han caracterizado por ser lugares de destino o tránsito de distintos grupos poblacionales (Nájera, 2016; Castillo Ramírez, 2019). Por su ubicación fronteriza, son el paso necesario para quienes, en busca de mejores condiciones de vida y seguridad, cruzan por vía terrestre a los Estados Unidos. Constituyen también los lugares de recepción de casi todos los mexicanos deportados por el Gobierno estadounidense (Canales y Meza, 2018). De manera particular, la migración en tránsito se ha incrementado en los últimos años. Según el Censo de Población y Vivienda 2020, se estima que 1.212.252 personas que radican en territorio mexicano nacieron en otro país. De ellas, 797.266 (65,8%) nacieron en los Estados Unidos. Por otra parte, en los últimos cinco años se establecieron como residentes en México 550.085 personas provenientes de otros países, principalmente de Colombia, los Estados Unidos y la República Bolivariana de Venezuela (INEGI, 2021).

Como si no hubiese sido siempre difícil y peligrosa la ruta migratoria para quienes pretenden llegar a suelo estadounidense, los conflictos recientes, así como la pandemia, vinieron a complicar más la situación de todos los migrantes. El mundo supo de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), denominada síndrome respiratorio agudo grave de tipo 2 (SARS-CoV-2), a fines de 2019, cuando se detectó a un grupo de pacientes con neumonía de etiología desconocida en Wuhan (China) (Ren y otros, 2020). En México, se descubrieron los primeros casos importados el 28 de febrero de 2020 y, para el 24 de marzo, ya se detectaba transmisión local (Giannouchos y otros, 2020). Al corte del 22 de febrero de 2021 se había registrado en el país un total acumulado de 2.076.882 casos confirmados y 184.474 defunciones por COVID-19 (Secretaría de Salud, 2021). Estas cifras lo convierten en uno de los países de América Latina y el Caribe con más muertes por COVID-19, después del Brasil.

En México, el acceso a los servicios de atención de la salud en ámbitos migratorios suele verse afectado y agravado por la escasez de medicamentos y la falta de instalaciones de atención de salud. Además, los migrantes suelen tropezar con obstáculos administrativos, financieros, legales y de idioma para acceder al sistema de salud (Juárez y otros, 2019; Cabieses y Obach, 2018).

Uno de los problemas que han incidido en el incremento del COVID-19 en México está relacionado con las condiciones que presenta el Sistema Nacional de Salud (SNS), que han sido insuficientes para atender la pandemia. Dicho sistema cuenta con 89.562 camas de hospitalización, de las cuales 88.353 están en 1.370 unidades. La Secretaría de Salud tiene 38.801 camas; los Servicios Médicos Estatales (SME), 2.194, y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (régimen ordinario), 33.273. El IMSS-Bienestar concentra más del 81% de las camas del sector. Más allá de este panorama general, es importante observar la distribución de unidades hospitalarias y camas por entidad federativa en relación con su población. En la Ciudad de México se concentran 837 camas de cuidados intensivos y más de 15.000 camas hospitalarias, prácticamente el doble que en el estado de México, segundo en capacidad. Si bien la OMS recomienda que exista una cama de hospitalización por cada 1.000 habitantes, el país presenta un grado importante de insuficiencia de infraestructura hospitalaria, pues la Ciudad de México es la única que se aproxima apenas a este estándar internacional (PNUD, 2020, págs. 23 y 24).

Las dificultades se presentan también en el campo de los recursos humanos. En el informe de las Naciones Unidas ya referido se encontró que, de un total de 237.431 enfermeras y enfermeros en los 1.370 hospitales (173,3 en promedio por cada unidad), 32.970 eran personal de enfermería especializado. La razón de personal de enfermería por cama en el año del que se informa fue de 2,7, lo que refleja la escasez de enfermeras y enfermeros en contacto con el paciente por cada cama hospitalaria, pues representa menos de 1 miembro de personal de enfermería por turno. La razón de enfermeras o enfermeros por médico o médica es de 1,6 en promedio (en comparación, esta razón es alrededor de 4 en el Canadá y en los Estados Unidos) (PNUD, 2020, pág. 30).

En los hospitales no existe una falta pronunciada de personal de salud para cubrir la capacidad instalada. Según la fuente señalada, el problema es que no hay suficientes recursos físicos disponibles para atender a la población, ni siquiera en circunstancias normales[2]. El sistema emplea menos personal médico y de enfermería que el requerido por cada 1.000 habitantes porque carece de los recursos físicos necesarios para ubicar más personal (PNUD, 2020, pág. 30). Hay además una fragmentación en el sector de la salud e históricamente se ha invertido poco en él, lo que se manifiesta en la atención prestada a los grupos más pobres de la población mexicana. Es más, ya antes de la presión que está ocasionando la pandemia de COVID-19, había dificultades para atender a una población del tamaño de México y con el perfil de sus enfermedades (Fuentes, 2020).

Toda esta difícil realidad del sistema de salud ha quedado evidenciada con el COVID-19 y ha puesto de relieve una serie de retos que ya existían desde antes de la pandemia, y no se ve posible en el corto plazo que las cosas puedan cambiar lo necesario.

Planteado este escenario y con el fin de observar lo ocurrido con los migrantes en México en este contexto de crisis de salud mundial, se ha organizado el artículo de la siguiente manera: en primer lugar, se hace un análisis de la relación entre migración, vulnerabilidad y pandemia; en segundo término, se presenta la metodología; en una tercera sección se muestran los resultados obtenidos y, en un cuarto y último apartado, se desarrolla la discusión y se plantean las conclusiones.

A. Migración, vulnerabilidad y salud

La migración se ha considerado un determinante transversal de la salud, ya que constituye el contexto, las condiciones y las circunstancias en que se pueden presentar cambios en los procesos de salud y enfermedad transnacionales, lo que comprende la transmisión de enfermedades infecciosas, los retos en la atención de las enfermedades crónicas, y los aspectos relacionados con la salud mental y la violencia (Cabieses y Obach, 2018).

Se tiende a pensar en los migrantes como diseminadores de infecciones, como vectores que incrementan los riesgos en el ámbito de la salud (Alpuche, 2020). Según estas percepciones, se los ve como una población de riesgo debido no solo a que pueden ser portadores de infecciones o enfermedades, sino que acarrean otros factores que pueden tener efectos sociales y de salud negativos para la población local (Leyva, Infante y Quintino, 2016; Hernández, 2013). Esta idea se sustenta en el hecho de que, el desplazamiento de los migrantes a otros territorios, dentro o fuera de su país de origen, supone el traslado de floras bacterianas y de patógenos en medios de transporte, equipajes y mercancías (Hernández, 2013, pág. 112).

Con una justificación basada en tales argumentos se desarrollan e implementan diferentes políticas de control poblacional que buscan la protección de la mayoría (es decir, los nacionales) contra los riesgos potenciales externos que pueden transportar o representar los migrantes. El estigma y la xenofobia pueden ser causa y efecto de estas interpretaciones que han permeado las actitudes y prácticas de amplios grupos sociales y de los encargados de la toma de decisiones, con lo que se restringe el ejercicio de los derechos de los migrantes (Leyva, Infante y Quintino, 2016, pág. 13). Como señalan los autores, la implementación de políticas restrictivas de movilidad poblacional tiene efectos inmediatos en la salud de los migrantes, relacionados con el incremento de la exposición a riesgos para la salud, así como con la reducción de la capacidad de respuesta individual y social para manejar estas consecuencias negativas.

La pandemia hizo que en México se tomaran medidas para reducir aún más el movimiento de la población. Por ese motivo muchos migrantes quedaron varados en las fronteras norte y sur del país, sin alojamiento adecuado. Durante su estancia en las ciudades fronterizas mexicanas, muchos migrantes y solicitantes de asilo se han ubicado en asentamientos irregulares e improvisados. Otros viven en albergues sostenidos y administrados por organizaciones de la sociedad civil (incluidas organizaciones religiosas), o quedan detenidos en estaciones del Instituto Nacional de Migración (Sedas y otros, 2020). En gran parte de estos entornos, los recursos para mantener la higiene son limitados y los espacios son relativamente pequeños y con pocas posibilidades de distanciamiento físico. La mayoría de los lugares casi siempre son superados por la demanda (Leyva, Infante y Quintino, 2016). Desde que se declaró la pandemia de COVID-19 estas difíciles condiciones preexistentes han cobrado relevancia, ya que dificultan el cumplimiento de las medidas de higiene y distanciamiento y facilitan la transmisión del virus y los brotes (Coubés, Velasco y Contreras, 2020). Por otro lado, los migrantes y solicitantes de asilo que transitan por México encuentran obstáculos para acceder a los servicios de salud pública, lo que ha dificultado la detección de casos de COVID-19 y la atención médica oportuna.

Junto a otras circunstancias, lo anterior pone en evidencia los niveles de afectación de la salud que rodean al fenómeno migratorio en la actualidad. Diversos autores, desde el enfoque de determinantes sociales de la salud, han mostrado el gran impacto que tienen estas vulnerabilidades en el empeoramiento del estado de salud y la calidad de vida de las personas (Cabieses y Obach, 2018).

Autores como Leyva (2018), Cabieses y Obach (2018) describen la vulnerabilidad social como la relativa desprotección en que se pueden encontrar grupos poblacionales o personas (migrantes, pobres, minorías sexuales, entre otros) frente a posibles daños a su salud o amenazas a la satisfacción de sus necesidades básicas y al respeto a sus derechos humanos. Dicha desprotección puede deberse a la menor capacidad que tienen esas personas para acceder a recursos económicos, sociales y legales que permitan la exigibilidad y el ejercicio de sus derechos.

En el caso particular de la vulnerabilidad de los migrantes en el lugar de destino está su condición migratoria. El hecho de ser migrantes irregulares por lo general implica falta de dinero, marginación, discriminación, un estado de salud físico y psicológico alterado y desgastado por cruzar la frontera en condiciones peligrosas, y tristeza por la ausencia de la familia. Aun cuando tengan un hogar donde pasar los primeros días, la incertidumbre por el futuro genera mucho estrés. Así, el proceso de adaptación será complicado y les llevará tiempo, pues se encuentran en un contexto que desconocen (Kupersztoch, 2007). Todo ello redunda en la falta de capacidad para enfrentar adecuadamente los riesgos y amenazas a su salud y bienestar.

En México, desde 2018, un número sin precedente de migrantes centroamericanos provenientes principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, tres países del Triángulo Norte de Centroamérica, han transitado por el país. Entre ellos hay núcleos familiares, menores no acompañados, adultos mayores, personas con discapacidad y personas con enfermedades crónicas. Tanto el número de personas que transitan juntos como la diversidad demográfica de dichos grupos han incrementado la complejidad de brindar asistencia humanitaria, puesto que los sistemas son frágiles, están escasamente financiados y las infraestructuras se encuentran sobresaturadas. Esto dificulta aún más el acceso a servicios críticos e indispensables para la salud y el bienestar (comida, agua, hospedaje, higiene, atención médica y psicológica), que habitualmente proveen las casas y albergues de migrantes (Sedas y otros, 2020). De esta forma, las vulnerabilidades en materia de salud podrían incrementar la morbilidad y mortalidad por COVID-19.

En el marco de lo que está ocurriendo con la pandemia en México, se parte de la idea de que la vulnerabilidad que caracteriza a los migrantes presupone una mayor afectación en sus condiciones de salud. Es necesario plantearse varias preguntas: ¿cuál ha sido la situación de los migrantes infectados con el COVID-19? ¿En qué medida se han visto afectados hombres y mujeres según la edad? ¿Qué nacionalidades sobresalen? ¿En qué estados de México se concentran los casos? ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias en materia de mortalidad y comorbilidad entre migrantes y mexicanos? Estos fueron algunos de los interrogantes de los que se partió para hacer este trabajo, que tiene como objetivo comparar las características sociodemográficas y de salud de los migrantes y los mexicanos que han recibido un diagnóstico positivo de COVID-19 y han sido atendidos en unidades médicas dentro del territorio nacional.

B. Material y métodos

El estudio realizado es comparativo, de corte transversal y descriptivo.

1. Fuentes de datos

Para el presente análisis se utilizaron los datos oficiales publicados por la Secretaría de Salud Federal de México a través del SISVER, que incluye información de 475 unidades de monitoreo situadas a lo largo del país y pertenecientes a los sectores público y privado de la salud (Secretaría de Salud, 2020c). Se extrajeron y editaron casos positivos y con información de la situación migratoria. Se analizaron los datos de 1.966.342 personas que recibieron un diagnóstico positivo de COVID-19, de las cuales 1.199 (0,06%) eran migrantes y 1.965.143 (99,4%) eran de nacionalidad mexicana, desde el primer caso positivo, registrado el 20 de enero de 2020, hasta el 28 de febrero de 2021 (base de datos consultada el 1 de marzo de 2021).

El conjunto de datos incluyó información sobre la edad, el sexo, el país de nacionalidad, el historial de exposición, los rasgos de comorbilidad y el manejo de la atención clínica. La variable edad continua se clasificó según la pertenencia a una etapa específica del ciclo vital humano. De este modo, el grupo de 0 a 11 años corresponde a niños, las personas de 12 a 26 años se incluyeron en la categoría de jóvenes, las de 27 a 59 años se clasificaron como adultos, y los de 60 años y más se consideraron adultos mayores.

Se estructuró el análisis de los datos a partir de cuatro componentes: i) las características sociodemográficas, que incluyeron las variables de edad, sexo y país de nacionalidad; ii) el manejo de la atención clínica, que se describió mediante las variables de entidad de unidad médica, es decir, el estado mexicano donde se brindó la atención clínica, la fecha de ingreso, el tipo de paciente (ambulatorio u hospitalizado), así como el acceso a la unidad de cuidados intensivos (UCI) y la intubación endotraqueal; iii) las características de salud, que incluyen las variables relacionadas con la presencia de enfermedades como diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, inmunosupresión, hipertensión, obesidad, cardiopatía, neumonía, enfermedad renal crónica, tabaquismo y otras complicaciones, y iv) las características asociadas a la mortalidad y la fecha de defunción, así como el número de enfermedades presentes por paciente. La base de datos está disponible bajo una licencia internacional[3].

2. Análisis estadístico

Se realizó un análisis descriptivo de los datos y las variables categóricas se expresaron como frecuencias y proporciones (porcentajes). Se examinaron los grupos de edad y las variables discretas para comparar las diferencias entre migrantes y mexicanos mediante la prueba Chi-cuadrado, y la significancia se estableció en un valor p de < 0,05. El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS, versión 20.0[4].

C. Resultados

Entre el 27 de enero de 2020 (primer caso confirmado en México) y el 28 de febrero de 2021 se detectó un total de 1.199 (0,1%) migrantes y 1.965.143 (99,9%) mexicanos con COVID-19, de los cuales, respectivamente, un 43,8% eran mujeres migrantes y un 49,8%, mujeres mexicanas. La edad media de las migrantes con una prueba positiva fue de 38,5 años (desviación estándar [DS] = 15,7), y la de los hombres migrantes, de 40,6 años (DS = 16,4). En el caso de los mexicanos, la edad media de las mujeres fue de 43,4 años (DS = 16,7) y la de los hombres, de 44,4 años (DS = 17,1).

1. Características sociodemográficas

a) Sexo

Al hacer la comparación entre mujeres y hombres afectados por el COVID-19, se determinó que ellos muestran mayores porcentajes, tanto en el caso de los migrantes como de los mexicanos. En lo que respecta a la edad, se encontró que, entre las mujeres, la proporción es mayor en las mexicanas con respecto a las migrantes. Esta diferencia es estadísticamente significativa en las jóvenes y adultas migrantes, del 19% y el 17%, respectivamente, mientras que en las mexicanas es del 14% y el 24,2%, respectivamente. Es decir, entre las migrantes hay más contagios en las mujeres jóvenes a diferencia de las mexicanas, en quienes ocurren a edades adultas. En lo que se refiere a los hombres, un 19,2% de jóvenes migrantes frente a un 13,7% de jóvenes mexicanos, y un 25,4% de adultos migrantes frente a un 24,1% de mexicanos, son los que presentan los porcentajes más altos de contagio, mientras que los mexicanos adultos mayores (18,7%) superan a los migrantes (12,8%) (véase el cuadro 1).

En términos generales se pudo observar que en las dos poblaciones los hombres son los que presentan la mayor afectación. No obstante, mientras que entre los migrantes es más alto el porcentaje en los jóvenes, entre los mexicanos ocurre en los adultos mayores.

Cuadro 1

Población migrante y mexicana que ha recibido un diagnóstico positivo de COVID-19, distribución por sexo y grupo etario

Grupo

de edad

Mujeres

Hombre

Total

Migrantes

Mexicanas

Valor p

Migrantes

Mexicanos

Valor p

Migrantes

Mexicanos

Valor p

Número y

porcentaje

Número y

porcentaje

Número y

porcentaje

Número y

porcentaje

Número y

porcentaje

Número y

porcentaje

Niños

(0 a 14 años)

12

(1,0)

20 581 (1,0)

0,770

14

(1,2)

21 809 (1,1)

0,813

26

(2,2)

42 390 (2,2)

0,978

Adolescentes (15 a 19 años)

17

(1,4)

27 149 (1,4)

0,517

35

(2,9)

25 471 (1,3)

***

52

(4,3)

52 620 (2,7)

***

Jóvenes

(20 a 34 años)

228

(19,0)

284 459 (14,5)

***

230

(19,2)

270 126 (13,7)

***

458

(38,2)

554 585 (28,2)

***

Adultos

(35 a 59 años)

204

(17,0)

475 147 (24,2)

***

305

(25,4)

472 801 (24,1)

0,164

509

(42,5)

947 948 (48,2)

***

Adultos mayores

(60 años y más)

64

(5,3)

171 344 (8,7)

**

90

(7,5)

196 256 (10,0)

***

154

(12,8)

367 600 (18,7)

***

Total

525

(43,8)

978 680 (49,8)

*

674

(56,2)

986 463 (50,2)

*

1199 (100)

1 965 143 (100)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Salud, “Lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica y por laboratorio de la enfermedad respiratoria viral”, Ciudad de México [en línea] https://www.gob.mx/salud/documentos/lineamiento-estandarizado-para-la-vigilancia-epidemiologica-y-por-laboratorio-de-la-enfermedad-respiratoria-viral.

Nota: Prueba Chi-cuadrado (χ2), * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 (diferencias entre migrantes y mexicanos).

b) País de nacionalidad de la población migrante

En cuanto a la procedencia de los migrantes destacan en orden de importancia tres nacionalidades: la venezolana (17%), la estadounidense (14,8%) y la colombiana (10,8%), que juntas constituyen el 42,6% del total de la población. En lo que se relaciona con la composición por sexo, de todas las nacionalidades son las venezolanas (20,6%) las que muestran mayor diferencia con respecto a los hombres (14,2%). Los otros países de donde hay más mujeres son Colombia, Cuba, El Salvador, la Argentina y el Brasil. En el resto de las nacionalidades prevalecen los hombres sobre las mujeres y, en general, en la población migrante hay más hombres que mujeres (véase el cuadro 2).

Desde el punto de vista de la edad, en términos generales sobresale el grupo de la población joven (20 a 34 años) en comparación con los demás grupos. En el caso de los migrantes de los Estados Unidos, hay un importante porcentaje del grupo de 0 a 14 años (con más niños (50%) que niñas (33,3%)). También destacan los adolescentes, tanto hombres como mujeres. Otro elemento que se observa es que, de todos los grupos de adolescentes (15 a 19 años), hay un mayor porcentaje de varones guatemaltecos (34,3%). De la población del grupo joven, los porcentajes son mayores en el caso de mujeres (17,5%) y hombres (15,2%) venezolanos, que también tienen una mayor presencia entre los adultos (24% y 15,4%, respectivamente). En cuanto a los adultos mayores, la novedad es que los estadounidenses son los que presentan los mayores porcentajes (véase el cuadro 2). De esta forma, se puede decir que hay más niños y adultos mayores estadounidenses, más adolescentes hombres guatemaltecos y más mujeres jóvenes y adultas venezolanas.

Cuadro 2

Nacionalidades de los migrantes en México con diagnóstico positivo de COVID-19, distribución por grupo etario y sexo

País de nacimiento

Niños

(0 a 14 años)

Adolescentes

(15 a 19 años)

Jóvenes

(20 a 34 años)

Adultos

(35 a 59 años)

Adultos mayores

(60 años y más)

Total

Total

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Número y porcentaje

Número y porcentaje

Número y

porcentaje

Número y

porcentaje

Número y

porcentaje

Número y

porcentaje

Número y

porcentaje

Número y

porcentaje

Número y

porcentaje

Número y

porcentaje

Número y

porcentaje

Número y

porcentaje

Número y

porcentaje

Estados Unidos

4 (33,3)

7 (50)

7 (41,2)

8 (22,9)

33 (14,5)

37 (16,1)

18 (8,8)

32 (10,5)

13 (20,3)

19 (21,1)

75 (14,3)

103 (15,3)

178 (14,8)

Venezuela (República Bolivariana de)

3 (25)

2 (14,3)

1 (5,9)

3 (8,6)

40 (17,5)

35 (15,2)

49 (24)

47 (15,4)

15 (23,4)

9 (10)

108 (20,6)

96 (14,2)

204 (17)

Colombia

0 (0)

0 (0)

0 (0)

3 (8,6)

31 (13,6)

30 (13)

27 (13,2)

23 (7,5)

8 (12,5)

7 (7,8)

66 (12,6)

63 (9,3)

129 (10,8)

Honduras

1 (8,3)

0 (0)

3 (17,6)

3 (8,6)

15 (6,6)

31 (13,5)

10 (4,9)

25 (8,2)

2 (3,1)

4 (4,4)

31 (5,9)

63 (9,3)

94 (7,8)

Cuba

1 (8,3)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

21 (9,2)

11 (4,8)

17 (8,3)

30 (9,8)

1 (1,6)

7 (7,8)

40 (7,6)

48 (7,1)

88 (7,3)

Guatemala

0 (0)

0 (0)

1 (5,9)

12 (34,3)

9 (3,9)

9 (3,9)

3 (1,5)

11 (3,6)

1 (1,6)

3 (3,3)

14 (2,7)

35 (5,2)

49 (4,1)

El Salvador

1 (8,3)

0 (0)

1 (5,9)

3 (8,6)

8 (3,5)

10 (4,3)

15 (7,4)

14 (4,6)

6 (9,4)

5 (5,6)

31 (5,9)

32 (4,7)

63 (5,3)

Argentina

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

9 (3,9)

6 (2,6)

7 (3,4)

14 (4,6)

4 (6,3)

2 (2,2)

20 (3,8)

22 (3,3)

42 (3,5)

España

1 (8,3)

1 (7,1)

0 (0)

1 (2,9)

4 (1,8)

1 (0,4)

2 (1)

9 (3)

1 (1,6)

6 (6,7)

8 (1,5)

18 (2,7)

26 (2,2)

Perú

0 (0)

0 (0)

1 (5,9)

1 (2,9)

1 (0,4)

3 (1,3)

7 (3,4)

7 (2,3)

1 (1,6)

4 (4,4)

10 (1,9)

15 (2,2)

25 (2,1)

Brasil

1 (8,3)

1 (7,1)

0 (0)

0 (0)

10 (4,4)

5 (2,2)

5 (2,5)

8 (2,6)

3 (4,7)

0 (0)

19 (3,6)

14 (2,1)

33 (2,8)

Otro

0 (0)

3 (21,4)

3 (17,6)

1 (2,9)

47 (20,6)

52 (22,6)

44 (21,6)

85 (27,9)

9 (14,1)

24 (26,7)

103 (19,6)

165 (24,5)

268 (22,4)

Total

12 (100)

14 (100)

17 (100)

35 (100)

228 (100)

230 (100)

204 (100)

305 (100)

64 (100)

90 (100)

525 (100)

674 (100)

1 199 (100)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Salud, “Lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica y por laboratorio de la enfermedad respiratoria viral”, Ciudad de México [en línea] https://www.gob.mx/salud/documentos/lineamiento-estandarizado-para-la-vigilancia-epidemiologica-y-por-laboratorio-de-la-enfermedad-respiratoria-viral.

Nota: Los porcentajes se expresan como proporciones de los totales de las columnas.

2. Manejo de la atención clínica

a) Entidad de unidad médica

Respecto de la atención clínica prestada a los mexicanos y los migrantes hay que comenzar por señalar la ubicación de las unidades médicas donde se atendió a las personas contagiadas (véase el gráfico 1).

Gráfico 1

Población mexicana y migrantes con diagnóstico positivo de COVID-19, atendidos en las unidades médicas del país

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Salud, “Lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica y por laboratorio de la enfermedad respiratoria viral”, Ciudad de México [en línea] https://www.gob.mx/salud/documentos/lineamiento-estandarizado-para-la-vigilancia-epidemiologica-y-por-laboratorio-de-la-enfermedad-respiratoria-viral.

En las unidades médicas de la Ciudad de México es donde se recibió a un mayor porcentaje de población mexicana (28,9%) y, en particular, de población migrante (35,4%) (véase el gráfico 1). En orden de importancia le siguen los estados de Nuevo León, Querétaro, Chihuahua, Quintana Roo y Guanajuato, donde, a excepción de este último, se atendió mayoritariamente a migrantes. A la inversa, los estados con menos casos de migrantes fueron Morelos, Aguascalientes y Tlaxcala.

b) Perfil de ingreso

Otro aspecto que se ha analizado dentro de la atención clínica es el perfil de ingreso que presentaron tanto mexicanos como migrantes. En cuanto a la atención ambulatoria, si bien las mujeres mexicanas sobresalieron (42,1%) respecto de las mujeres migrantes (39,4%), en el caso de los hombres la situación fue diferente, ya que más migrantes (48,4%) recibieron cuidados ambulatorios que los mexicanos (38,9%) (véase el cuadro 3). En general, fueron mayores los porcentajes de cuidados ambulatorios en la población migrante que en la mexicana.

Cuadro 3

Población mexicana y migrantes con diagnóstico positivo de COVID-19, distribución según condición hospitalaria por sexo

Tipo de condición hospitalaria

Mujeres

Hombre

Total

Migrantes

Mexicanas

Valor p

Migrantes

Mexicanos

Valor p

Migrantes

Mexicanos

Valor p

Número y

porcentaje

Número y

porcentaje

Número y

porcentaje

Número y

porcentaje

Número y

porcentaje

Número y

porcentaje

Ambulatorio

472

(39,4)

827 927 (42,1)

*

580

(48,4)

763 676 (38,9)

***

1 052 (87,7)

1 591 603 (81,0)

***

Hospitalizado

44

(3,7)

132 819 (6,8)

*

75

(6,3)

191 074 (9,7)

***

119

(9,9)

323 893 (16,5)

***

Hospitalizado intubado

8

(0,7)

17 547 (0,9)

0,642

18

(1,5)

31 103 (1,6)

0,474

26

(2,2)

48 650 (2,5)

0,494

Hospitalizado sin especificar intubación

1

(0,1)

387

(0,02)

0,082

1

(0,1)

610

(0,03)

0,367

2

(0,2)

997

(0,1)

0,075

Total

525

(43,8)

978 680 (49,8)

*

674

(56,2)

986 463 (50,2)

*

1 199 (100)

1 965 143 (100)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Salud, “Lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica y por laboratorio de la enfermedad respiratoria viral”, Ciudad de México [en línea] https://www.gob.mx/salud/documentos/lineamiento-estandarizado-para-la-vigilancia-epidemiologica-y-por-laboratorio-de-la-enfermedad-respiratoria-viral.

Nota: Prueba Chi-cuadrado (χ2), * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 (diferencias entre migrantes y mexicanos).

En cuanto a la hospitalización cabe señalar que hubo un mayor porcentaje de ingresos entre las mujeres mexicanas (6,8%) que entre las migrantes (3,7%). También en el caso de los hombres son mayores los porcentajes correspondientes a los mexicanos (9,7%) en comparación con los migrantes (6,3%). Por lo tanto, el nivel de hospitalización de los mexicanos (16,5%) supera el de los migrantes (9,9%).

Respecto de las personas que requirieron ser intubadas una vez hospitalizadas, esta situación afectó más a las mexicanas (0,9%) que a las mujeres migrantes (0,7%). Entre los hombres también ocurrió que fueron más los mexicanos (1,6%) que los migrantes (1,5%). Donde se observa una ligera diferencia de la tendencia es entre las personas hospitalizadas sin especificar intubación, en cuyo caso se aprecia una mayor incidencia en los migrantes (mujeres y hombres) con respecto a los mexicanos de ambos sexos.

c) Fecha de ingreso

El último aspecto del manejo de la atención clínica tiene que ver con la fecha de ingreso de las personas en las unidades médicas. Se observa que los ingresos se dan a partir de marzo, con un primer máximo en el mes de julio. Ocurre un descenso en los meses de agosto y septiembre y luego se inicia el incremento hasta el mes de enero de 2021 (véase el gráfico 2).

Gráfico 2

Población mexicana y migrante con diagnóstico positivo de COVID-19, por fecha de ingreso en las unidades médicas

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Salud, “Lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica y por laboratorio de la enfermedad respiratoria viral”, Ciudad de México [en línea] https://www.gob.mx/salud/documentos/lineamiento-estandarizado-para-la-vigilancia-epidemiologica-y-por-laboratorio-de-la-enfermedad-respiratoria-viral.

En relación con las poblaciones estudiadas se aprecian diferencias del comportamiento de los ingresos en los meses analizados. Por ejemplo, en junio hubo un mayor número de ingresos de migrantes en las unidades médicas, mientras que el máximo alcanzado por los mexicanos se registró un mes después. Ambos grupos coincidieron en un descenso de julio a septiembre, pero en los meses de octubre y noviembre es mayor el porcentaje de migrantes que de mexicanos. Esta situación se invierte después de diciembre, cuando los nacionales superan a los migrantes (véase el gráfico 2).

3. Características de salud

Las características de salud se relacionan con la presencia de enfermedades en las personas mexicanas y migrantes que fueron diagnosticadas con COVID-19. Los datos muestran que son mayores las comorbilidades de las mujeres mexicanas en lo que respecta a hipertensión (17,8%), obesidad (15,6%) y diabetes (13,4%). En el caso de las mujeres migrantes, si bien hay coincidencia con el padecimiento de la hipertensión (12,2%) y la diabetes (6,1%), aunque en menor proporción, cabe señalar que en algunas de ellas se presentaron cuadros de asma (6,1%) (véase el cuadro 4). En el caso de los hombres, también los mexicanos muestran mayores proporciones que los migrantes. Destacan enfermedades como la hipertensión (17,5), la obesidad (14,6%) y la diabetes (13,6%), que son las mismas que padecen los migrantes, pero en menor proporción (2,9%, 8,3% y 6,7%, respectivamente).

Cuadro 4

Población mexicana y migrante con diagnóstico positivo de COVID-19, distribución según padecimientos por sexo

Comorbilidades

Mujeres

Hombre

Total

Migrantes

n = 525

Mexicanas n = 978 680

Valor p

Migrantes

n = 674

Mexicanos n = 986 463

Valor p

Migrantes

n = 1 199

Mexicanos

n = 1 965 143

Valor p

Número y

porcentaje

Número y

porcentaje

Número y

porcentaje

Número y

porcentaje

Número y

porcentaje

Número y

porcentaje

Diabetes mellitus

32

(6,1)

131 380 (13,4)

***

48

(7,1)

136 316 (13,8)

***

80

(6,7)

267 696 (13,6)

***

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

3

(0,6)

11 154

(1,1)

0,22

10

(1,5)

11 373

(1,2)

0,421

13

(1,1)

22 527

(1,1)

0,84

Asma

32

(6,1)

27 626

(2,8)

***

25

(3,7)

16 434

(1,7)

***

57

(4,8)

44 060

(2,2)

***

Inmunosupresión

5

(1)

8 977

(0,9)

0,933

8

(1,2)

7 704

(0,8)

0,231

13

(1,1)

16 681

(0,8)

0,374

Hipertensión sistémica

64

(12,2)

174 643 (17,8)

**

89

(13,2)

172 240 (17,5)

*

153

(12,8)

346 883 (17,7)

***

Enfermedad cardiovascular

8

(1,5)

13 929

(1,4)

0,846

11

(1,6)

17 390

(1,8)

0,796

19

(1,6)

31 319

(1,6)

0,98

Obesidad

42

(8)

152 840 (15,6)

***

57

(8,5)

140 777 (14,3)

***

99

(8,3)

293 617 (14,9)

***

Enfermedad renal crónica

2

(0,4)

13 114

(1,3)

0,056

5

(0,7)

16 971

(1,7)

0,051

7

(0,6)

30 085

(1,5)

*

Otra complicación

1

(0,2)

22 277

(2,3)

**

5

(0,7)

16 968

(1,7)

0,051

6

(0,5)

39 245

(2)

***

Sin enfermedad

362

(69,0)

593 378 (60,6)

***

460

(68,2)

577 803 (58,6)

***

822

(68,6)

1 171 181 (59,6)

***

Media de enfermedades (DS)

1,39

(0,68)

1,57

(0,83)

1,53

(0,75)

1,55

(0,82)

1,47

(0,72)

1,56

(0,83)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Salud, “Lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica y por laboratorio de la enfermedad respiratoria viral”, Ciudad de México [en línea] https://www.gob.mx/salud/documentos/lineamiento-estandarizado-para-la-vigilancia-epidemiologica-y-por-laboratorio-de-la-enfermedad-respiratoria-viral.

Nota: Prueba Chi-cuadrado (χ2), * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 (diferencias entre migrantes y mexicanos). DS = desviación estándar.

Cuando se analiza también la presencia y el número de padecimientos, se encuentra que un mayor número de mujeres migrantes (69%) no presentaron ninguna enfermedad con relación a las mexicanas (60,6%). En el caso de los hombres esta diferencia es mayor entre migrantes (68,6%) respecto de los mexicanos (59,6%) (véase el cuadro 4). En lo que se refiere a la media de enfermedades, es mayor el promedio de las mujeres mexicanas (0,86) en relación con las migrantes (0,66). Lo mismo ocurre entre los hombres mexicanos (0,83) cuya media supera la de los migrantes (0,72). De esta manera se observa que, si bien la población migrante en general no tiene muchos padecimientos, los mexicanos de ambos sexos tienden a presentar más comorbilidades previas al diagnóstico de COVID-19.

4. Características asociadas a la mortalidad

Entre las características que se asocian con la mortalidad están la fecha de defunción, la muerte por edad y sexo y el número de defunciones por nacionalidad.

a) Fecha de defunción

En lo que refiere al momento en que falleció la persona se observan diferencias importantes entre los porcentajes de migrantes y de mexicanos. Por un lado, en los migrantes se puede notar que desde marzo se presentan varios puntos elevados de defunciones (por ejemplo, en marzo y junio), pero agosto es el momento en que hay más casos. Luego viene una disminución gradual de las muertes, que vuelven a tener un leve crecimiento desde noviembre hasta enero (véase el gráfico 3).

La población mexicana, por su parte, aunque mantiene de igual modo la tendencia de crecimiento desde marzo, alcanza el punto más alto en julio, un mes antes que los migrantes. La tendencia de crecimiento también comienza desde octubre, pero hay diferencia con el otro grupo poblacional, donde los porcentajes de decesos ocurren de forma más marcada. Así pues, existen diferencias en los momentos de mortalidad entre los migrantes y los mexicanos.

b) Fallecimientos por sexo y edad

Cuando se observa lo ocurrido con las personas fallecidas por edad y sexo, en las mexicanas se puede notar que la mayor mortalidad ocurre entre los grupos de mujeres adultas (11,5%), pero en particular en las adultas mayores (24,8%). Si bien los fallecimientos de las mujeres migrantes ocurren en esos mismos grupos de edad, sus porcentajes son mayores entre las adultas (13%) en comparación con las mexicanas y menores entre las mujeres adultas mayores. Es decir, las mujeres migrantes mueren más jóvenes que las mexicanas (véase el cuadro 5).

Gráfico 3

Población mexicana y migrante con diagnóstico positivo de COVID-19, por fecha de ingreso en las unidades médicas

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Salud, “Lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica y por laboratorio de la enfermedad respiratoria viral”, Ciudad de México [en línea] https://www.gob.mx/salud/documentos/lineamiento-estandarizado-para-la-vigilancia-epidemiologica-y-por-laboratorio-de-la-enfermedad-respiratoria-viral.

Cuadro 5

Población mexicana y migrante con diagnóstico positivo de COVID-19 y fallecidos, distribuidos por edad y sexo

Grupo

de edad

Mujeres

Hombre

Total

Migrantes

Mexicanas

Valor p

Migrantes

Mexicanos

Valor p

Migrantes

Mexicanos

Valor p

Número y

porcentaje

Número y

porcentaje

Número y

porcentaje

Número y

porcentaje

Número y

porcentaje

Número y

porcentaje

Niños

(0 a 14 años)

0

176

(0,1)

0,826

0

234

(0,1)

0,782

0

410

(0,2)

0,722

Adolescentes

(15 a 19 años)

0

101

(0,1)

0,868

0

81

(0,05)

0,871

0

182

(0,1)

0,813

Jóvenes

(20 a 34 años)

3

(5,6)

1 568

(0,9)

***

3

(5,6)

2 876

(1,6)

*

6

(11,1)

4 444

(2,5)

***

Adultos

(35 a 59 años)

7

(13)

20 160 (11,5)

0,454

14

(25,9)

39 300 (22,4)

0,689

21

(38,9)

59 460 (33,8)

0,433

Adultos mayores (60 años y más)

8

(14,8)

43 582 (24,8)

*

19

(35,2)

67 618 (38,5)

0,287

27

(50)

111 200 (63,3)

*

Total

18

(33,3)

65 587 (37,3)

0,544

36

(66,7)

0,544

54

(100)

175 696 (100)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Salud, “Lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica y por laboratorio de la enfermedad respiratoria viral”, Ciudad de México [en línea] https://www.gob.mx/salud/documentos/lineamiento-estandarizado-para-la-vigilancia-epidemiologica-y-por-laboratorio-de-la-enfermedad-respiratoria-viral.

Nota: Prueba Chi-cuadrado (X2), * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 (diferencias entre migrantes y mexicanos).

En el caso de los hombres también los adultos migrantes (25,9%) mueren en mayor número que los hombres mexicanos (22,4%). Sin embargo, fallecen más los hombres adultos mayores mexicanos (38,5%) que en el caso de los migrantes (35,2%). Se puede afirmar entonces de forma general que los migrantes de ambos sexos mueren a más temprana edad que los mexicanos.

c) Defunciones por nacionalidad

Sobre la mortalidad en los países considerando la edad y el sexo, se observa que las mujeres y hombres estadounidenses y salvadoreños, pero también las mujeres venezolanas, murieron a edades más jóvenes respecto de las demás personas de ambos sexos de otras nacionalidades. Los mayores porcentajes de fallecimientos en personas procedentes de varios países ocurre entre los grupos de edad adulta (35 a 59 años). En ese sentido, es de destacar el porcentaje de hombres salvadoreños (7,4%) (véase el cuadro 6).

Cabe señalar que los migrantes de los Estados Unidos son quienes presentan fallecimientos en todas las edades y con mayores porcentajes que los demás países. Esto ocurre, en particular, en la población de adultos mayores de 60 años y más, tanto de mujeres como de hombres, pero con mayor énfasis en estos últimos.

D. Discusión

El presente artículo tiene el objetivo de comparar las características sociodemográficas y de salud de los migrantes y mexicanos con enfermedad por coronavirus (COVID-19) que han sido atendidos en las unidades médicas del territorio nacional.

Este estudio tiene la particularidad de que es el primero que se hace sobre toda la población migrante registrada por la Secretaría de Salud desde que comenzó la pandemia. Si bien existe otro trabajo realizado por Bojórquez y otros (2020), esos autores tomaron como referencia un período de solo tres meses y la muestra fue seleccionada considerando únicamente a los migrantes de cinco estados fronterizos. Otra característica especial del presente estudio es que se trabajó con una base de datos de un registro administrativo a nivel nacional, que permitió clasificar a la población como mexicana o nacida en otro país. A efectos del seguimiento de un fenómeno de la magnitud que ha alcanzado la actual pandemia, se incluyen variables sociodemográficas y de salud relevantes, con lo que se pueden hacer caracterizaciones poblacionales por edad y sexo.

Cuadro 6

Nacionalidades de migrantes con diagnóstico positivo de COVID-19 y fallecidos, distribuidos por edad y sexo

País de nacimiento

Jóvenes

(20 a 34 años)

Adultos

(35 a 59 años)

Adultos mayores

(60 años y más)

Total

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Número y

porcentaje

Número y

porcentaje

Número y

porcentaje

Número y

porcentaje

Número y

porcentaje

Número y

porcentaje

Número y

porcentaje

Estados Unidos de América

1 (1,9)

1 (1,9)

2 (3,7)

2 (3,7)

4 (7,4)

7 (13)

17 (31,5)

El Salvador

1 (1,9)

1 (1,9)

0

4 (7,4)

0

0

6 (11,1)

Canadá

0

0

0

0

0

3 (5,6)

3 (5,6)

Guatemala

0

0

1 (1,9)

1 (1,9)

1 (1,9)

0

3 (5,6)

Otro

0

1 (1,9)

1 (1,9)

1 (1,9)

0

0

3 (5,6)

Perú

0

0

1 (1,9)

1 (1,9)

0

1 (1,9)

3 (5,6)

Honduras

0

0

0

0

1 (1,9)

2 (3,7)

3 (5,6)

Venezuela (República Bolivariana de)

1 (1,9)

0

0

1 (1,9)

1 (1,9)

0

3 (5,6)

Colombia

0

0

1 (1,9)

0

0

1 (1,9)

2 (3,7)

Cuba

0

0

0

0

1 (1,9)

1 (1,9)

2 (3,7)

Argelia

0

0

0

1 (1,9)

0

0

1 (1,9)

Argentina

0

0

0

0

0

1 (1,9)

1 (1,9)

Brasil

0

0

1 (1,9)

0

0

0

1 (1,9)

Chile

0

0

0

0

0

1 (1,9)

1 (1,9)

España

0

0

0

0

0

1 (1,9)

1 (1,9)

Grecia

0

0

0

1 (1,9)

0

0

1 (1,9)

Haití

0

0

0

1 (1,9)

0

0

1 (1,9)

Italia

0

0

0

0

0

1 (1,9)

1 (1,9)

Nicaragua

0

0

0

1 (1,9)

0

0

1 (1,9)

Total

3 (5,6)

3 (5,6)

7 (13)

14 (25,9)

8 (14,8)

19 (35,2)

54 (100)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Secretaría de Salud, “Lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica y por laboratorio de la enfermedad respiratoria viral”, Ciudad de México [en línea] https://www.gob.mx/salud/documentos/lineamiento-estandarizado-para-la-vigilancia-epidemiologica-y-por-laboratorio-de-la-enfermedad-respiratoria-viral.

En el análisis realizado se encontraron algunas diferencias y semejanzas entre la población mexicana y los migrantes. Para comenzar, pueden describirse las relacionadas con características sociodemográficas como edad, sexo y lugar de nacimiento. En lo que respecta al sexo y la edad se obtuvieron resultados interesantes en el estudio. Por un lado, hay coincidencia en que el porcentaje de hombres que han recibido un diagnóstico positivo de COVID-19 es mayor, tanto en el caso de los mexicanos como de los migrantes. Esto ratifica lo constatado en otros estudios (Berumen y otros, 2020; Escobedo de la Peña y otros, 2020; Fernández y otros, 2020). En cuanto al porqué de la mayor afectación masculina, entre las explicaciones que han dado algunos autores, cabe mencionar el hecho de que estas diferencias podrían deberse a comportamientos específicos de género, factores genéticos y hormonales y diferencias sexuales en las vías biológicas relacionadas con la infección del COVID-19 (Haitao y otros, 2020). Por ejemplo, en un estudio se determinó que los pacientes masculinos tenían niveles plasmáticos más elevados de citosinas inmunes innatas, como IL-8 e IL-18, junto con una inducción más robusta de monocitos no clásicos. Por el contrario, las mujeres presentaban una activación de células T más robusta que los pacientes masculinos durante la infección por COVID-19. Se determinó que una respuesta deficiente de las células T se correlacionaba negativamente con la edad de los pacientes y se asociaba con un peor resultado de la enfermedad en los pacientes masculinos, a diferencia de las mujeres. Por el contrario, los niveles más elevados de citosinas inmunes innatas se asociaban con una peor progresión de la enfermedad en pacientes femeninas, pero no en pacientes masculinos (Takahashi y otros, 2020).

Se observan diferencias importantes en la edad de hombres y mujeres. Mientras que las mujeres y los hombres migrantes reciben diagnósticos positivos de COVID-19 a edades jóvenes, las mujeres y hombres mexicanos lo hacen a edades adultas. El hecho de que la mayor afectación sea entre los migrantes con esas características de edad se debe, como se ha referido en diversos trabajos, a que los migrantes representan poblaciones jóvenes. Algunos trabajos dan cuenta de un rango de edad entre 18 y 35 años, edades consideradas productivas en los espacios laborales (Nájera, 2016; Hernández, 2020; Castillo, 2016). En el último censo, por ejemplo, se habla de que más de la mitad de las personas nacidas en el extranjero se encuentran en el grupo de edad de 15 a 64 años (56,1%) (INEGI, 2021).

En lo que respecta al origen de los migrantes, son relevantes varios aspectos. Por un lado, las tres principales nacionalidades que destacan (venezolana, estadounidense y colombiana), son las mismas que aparecen en el último censo como las tres principales, si bien su orden es diferente. Se debe destacar el incremento continuado de la población venezolana, que como bien se sabe, ha tenido importantes migraciones a lo largo y ancho de la región latinoamericana, derivadas de la crisis económica y sociopolítica que sufre ese país sudamericano. Los venezolanos ocupan además la tercera posición en cuanto al volumen de migrantes internacionales que ingresaron en México, con un total de 52.948 personas (INEGI, 2021), muchas de las cuales han llegado en los últimos cinco años.

Por otra parte, la población originaria de los Estados Unidos ha mostrado en las últimas décadas una alta presencia que se caracteriza por el hecho de que dos terceras partes de sus integrantes son menores de 15 años (INEGI, 2015). Es probable que se trate de jóvenes que hayan nacido en ese país de padres mexicanos, pero que su presencia ha aumentado por distintos motivos (entre ellos, las deportaciones de los últimos años). Según el censo de 2000, eran 358.399 personas que representaban un 68,96% del total. Ya en el censo de 2020 se aprecia que esa cifra prácticamente se duplica, pues pasa a ser 797.266, lo que equivale al 73,4% del total de la población migrante (INEGI, 2021). Sobre la notoria presencia de adultos mayores estadounidenses, algunos autores la refieren como migración internacional de retiro (Lizárraga, 2008).

De Centroamérica destacan las personas procedentes de Honduras, El Salvador y Guatemala, muchas de las cuales transitan por México con destino a los Estados Unidos en condiciones de irregularidad (Sedas y otros, 2020). Sobre estas zonas expulsoras de población y sus difíciles condiciones también han dado cuenta diversos trabajos (Castillo, 2019; Nájera, 2016; Hernández y otros, 2020). Otro aspecto que caracteriza estos flujos migratorios es que, según el último censo, es mayor el número de hombres que de mujeres (618.750 y 593.502, respectivamente) (INEGI, 2021).

En lo que se refiere al manejo de la atención clínica hay algunos aspectos sobresalientes. Por un lado, de las entidades donde se localizan las unidades médicas en territorio mexicano, no se aprecian diferencias significativas entre mexicanos y migrantes, ya que en ambos grupos se observó su concentración en especial en la Ciudad de México. Le siguen en importancia Nuevo León, Querétaro, Chihuahua y Guanajuato. La concentración en esos contextos, sobre todo en el caso de la ciudad capital y el estado de México, se explica en parte por el hecho de que allí hay un mayor número de instituciones públicas, que son a su vez las que registran los mayores números de fallecidos.

A la situación antes descrita también hace referencia Hernández (2020), quien indica que el 90% de las muertes se producen en una institución pública, sobre todo en las unidades médicas de la Secretaría de Salud, en sus niveles federal y estatal, y en las del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En esas instituciones se atendió a cerca de una tercera parte de las personas que fallecieron (Kánter, 2020; Suárez y otros, 2020; Castañeda, 2020; Hernández, 2020). Estos autores detallan que la capital del país es la que tiene el mayor número de hospitalizaciones y muertes debido a la pandemia, seguida del estado de México. Por otro lado, la coincidencia de los migrantes en dichas ciudades también se relaciona con el hecho de que se trata de los estados donde se encuentra el mayor número de migrantes. Por ejemplo, según el último censo 2020, la Ciudad de México ocupaba el segundo lugar, Chihuahua el tercero, el estado de México el sexto y Nuevo León el noveno por su población migrante (INEGI, 2021).

En lo que se refiere al perfil de ingreso debe destacarse que los casos ambulatorios correspondieron en mayor proporción a los migrantes que a la población mexicana. Ello se explica en parte por el sesgo de edad más joven que caracteriza a los migrantes, con lo que posiblemente tengan mejores condiciones de salud que poblaciones más adultas (Cabieses y Obach, 2018; Hernández, 2020; Castillo, 2016). Respecto de la hospitalización y la intubación, los porcentajes mayores que presentan las mujeres y hombres mexicanos están asociados a su concentración en los grupos de edad de adultos y adultos mayores, así como a una mayor incidencia de padecimientos previos (Berumen y otros, 2020; Escobedo de la Peña y otros, 2020).

En cuanto a las fechas de los ingresos en las unidades médicas, el mayor incremento se registró en los meses de junio y julio, cuando se dio el máximo de casos. Este comportamiento coincide con la fase 3 de la pandemia en México, que comenzó el 21 de abril. En esta fase hubo brotes regionales que implicaron la propagación del virus por todo el país, con casos que se contaron por miles. Durante esta etapa, se consideraba que en la curva epidemiológica se vería un aumento de los contagios diarios y se podría llegar a una situación de máxima transmisión de COVID-19, con el consiguiente riesgo de que se saturara el sistema nacional de salud (Bojórquez, 2020; Suárez y otros, 2020). Las medidas sanitarias tomadas a nivel general en esta fase fueron: la suspensión de actividades no esenciales de los sectores público y privado y de la interacción social, la extensión de la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo, el establecimiento de mayores restricciones para lograr el aislamiento físico de las personas y la utilización más generalizada y obligatoria de cubrebocas en los espacios públicos (Suárez y otros, 2020; Álvarez, 2020).

En el caso de los migrantes, dada su concentración en las fronteras norte y sur del país, así como en los tramos de la ruta migratoria, el gobierno nacional diseñó un Plan operativo de atención a la población migrante ante COVID-19 cuyo objetivo fue establecer la coordinación y vinculación efectiva para la atención integral a la salud de la población migrante ante el COVID-19 en los estados con movilidad de población migrante, con énfasis en las zonas fronterizas del norte y sur del país. Gracias a este plan, los servicios de salud de los estados de destino o tránsito de la población migrante contarían con lineamientos para la atención de la emergencia sanitaria, con inclusión de acciones preventivas y un mayor acceso a la atención integral y de calidad (Secretaría de Salud, 2020a). Pese a estas decisiones, diversos factores como la mayor vulnerabilidad intrínseca de la población migrante (Delgadillo y otros, 2020; Sedas y otros, 2020) y su mayor grado de exposición debido a sus jornadas laborales, impidieron que se aplicara el confinamiento solicitado a la población. Por esa razón los migrantes alcanzaron el número más alto de casos en junio, un mes antes que los mexicanos, que llegaron a esos niveles en julio.

En cuanto a las características de la salud, uno de los aspectos que también marcaron diferencias entre la población mexicana y la migrante es la presencia de enfermedades. Es preciso señalar que los padecimientos previos fueron un factor relevante que marcó diferencias en los datos, ya que los adultos de cualquier edad con ciertas afecciones subyacentes corren mayor riesgo de enfermarse gravemente de COVID-19 (Guzmán y otros, 2020; Hernández, y otros, 2020 y Hernández, 2020). Según el análisis realizado de las comorbilidades, las mujeres mexicanas, pero especialmente los hombres mexicanos (en particular los que fallecieron por COVID-19), presentaban hipertensión, obesidad y diabetes como enfermedades principales. En menor grado se encontró la incidencia del tabaquismo, de lo que también dieron cuenta otros autores (Hernández, 2020; Salinas y otros, 2020; Pacheco, Ferreyro y Ceballos, 2020).

En relación con los migrantes, aunque los porcentajes son menores con respecto a los nacionales, no por ello son menos graves. La situación es complicada, ya que en algunos casos esas personas tienen problemas de salud preexistentes que se agravan durante su tránsito o estancia en México. En ese sentido, es de destacar el porcentaje de mujeres con asma. Con relación al acceso a la salud, el mayor obstáculo que han documentado las organizaciones es la carencia de atención médica oportuna, suficiente y diferenciada a grupos con necesidades específicas (Delgadillo y otros, 2020, pág. 50). Se trata de situaciones de vulnerabilidad que favorecen posteriores padecimientos, más aún en tiempos de pandemia.

Respecto del número de enfermedades que presentaron los mexicanos y los migrantes, la media obtenida muestra la preexistencia de varios problemas de salud que se agudizaron con el COVID-19, sobre todo en el caso de los hombres y las mujeres de México. Ello coincide con trabajos como el de Suárez y otros (2020), quienes refieren que esta variedad de comorbilidades hacía que los pacientes fuesen más propensos a sufrir afectaciones graves al contraer el COVID-19 (Pacheco, Ferreyro y Ceballos, 2020; Hernández y otros, 2020).

La media en los migrantes, aunque menor, también refleja un preocupante cuadro de padecimientos previos. Algunos autores señalan que esta población, y en particular los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, como los indocumentados y los deportados, suele presentar afectaciones de salud provocadas en buena medida por las condiciones del viaje, la infraestructura para la provisión de servicios de salud y las políticas migratorias restrictivas (Aboii, 2014). Como señala el autor, una consecuencia natural de todas estas dificultades para acceder a los recursos sanitarios es la exacerbación de las condiciones de salud preexistentes.

En cuanto a las características asociadas a la mortalidad, hay que comenzar por señalar las fechas de defunciones. Se observan varios momentos de mayor porcentaje de fallecimientos de migrantes respecto de los de la población mexicana. Esas cifras elevadas comenzaron a registrarse en marzo y alcanzaron el punto máximo durante el mes de agosto. Como se ha señalado, esta tendencia podría explicarse por la mayor exposición a actividades laborales, el menor nivel de confinamiento y las escasas posibilidades de acceso a los sistemas de salud, como han indicado diversos autores (Sedas y otros, 2020; Meseguer y Maldonado, 2015; Castillo, 2016).

En lo referente a las muertes por sexo y edad, tanto en la población mexicana como en la migrante se encontró que los índices de muerte por COVID-19 eran más elevados entre los hombres que entre las mujeres. Este comportamiento refleja la misma tendencia que han señalado autores como Hernández (2020), Murillo y otros (2020), Richardson y otros (2020) y Kánter (2020). Una posible explicación de esa diferencia de mortalidad se basaría en la deficiencia de vitamina D en el caso de los hombres. Según un estudio, los pacientes que requirieron hospitalización por COVID-19 tenían en promedio niveles deficientes de vitamina D (16,54 ± 7,37) y solo el 4,1% tenía niveles óptimos de ese nutriente (Tort, 2020, pág.111). Otro argumento podría ser que, dependiendo de la edad, debido a que una mayor proporción de hombres que de mujeres realizan trabajos remunerados, con el mayor grado de movilidad que ello implica, los hombres se verían más expuestos a los contagios precoces. A su vez, los roles de cuidados desempeñados por las mujeres habrían contribuido en una etapa posterior a que ellas experimentaran un aumento de los contagios, más aún cuando se estableció el confinamiento (Ruiz, 2021).

En cuanto a la edad, se observa que las mujeres y los hombres migrantes presentan un mayor porcentaje de muertes en los grupos de jóvenes y adultos, mientras que en la población mexicana esto ocurre en los grupos de adultos y de adultos mayores. El hecho de que la mayoría de las muertes por COVID-19 ocurra en esas edades puede obedecer a diversas razones (Hernández, 2020; Fernández y otros, 2020; Guzmán, E. y otros, 2020). Por ejemplo, la presencia de enfermedades crónicas es mucho más frecuente cuanto mayor sea la edad de las personas, además de que los adultos han tenido una mayor interacción social que los jóvenes durante la pandemia, en el caso de las ocupaciones presenciales que no se han interrumpido (Hernández, 2020, pág. 120). La edad es un factor muy conocido que tiene un impacto negativo en el resultado de la infección debido a la presencia de otras infecciones (Ortiz y otros, 2020). Para tales autores, otro factor determinante se relaciona con la alta prevalencia de sobrepeso y obesidad en algunas cohortes, como también han referido otros estudios (Escobedo de la Peña y otros, 2020; Hernández, 2020).

En el caso de los migrantes, si bien pueden verse afectados por los mismos factores que se han señalado respecto de la población mexicana, se debe considerar en particular la condición de vulnerabilidad en que se encuentran muchos de ellos. Desde la perspectiva de los resultados de salud poblacional, de acuerdo a la evidencia actual disponible, en general quienes migran son personas jóvenes y saludables, como muestran los datos obtenidos. Sin embargo, esta situación muchas veces se revierte debido a las experiencias de acceso limitado a servicios de salud básicos, agravadas por los obstáculos culturales y lingüísticos que aumentan la vulnerabilidad de la población (Cabieses y Obach, 2018). Incluso teniendo en cuenta que la población migrante recibe cobertura en el marco del Plan Integral de Atención a la Salud de la Población Migrante y el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, resultan insuficientes el personal, el espacio y el sistema para asegurar el acceso a dichos servicios. Si se toman en consideración los cambios demográficos que han venido ocurriendo en el perfil de la población migrante centroamericana en México, las vulnerabilidades en materia de salud podrían incrementar la morbilidad y mortalidad por COVID-19 (Sedas y otros, 2020, pág. 3).

Por último, el desglose por nacionalidad permite detallar los fallecimientos de personas procedentes de varios países, concentrados en las edades de 35 a 59 años. Se destaca el porcentaje de salvadoreños, sobre todo hombres, que suelen estar en tránsito hacia la frontera norte (Nájera, 2016). También sobresale el mayor porcentaje de mortalidad de adultos mayores entre los estadounidenses, que se puede vincular con su elevada presencia en México (Lizárraga, 2008).

Al realizar un análisis como este se enfrentan diferentes limitaciones y dificultades que es necesario señalar. Por un lado, se trata de un estudio descriptivo, que no permite inferencias más allá de las que aportan los datos. Es indudable que se necesitan más investigaciones, con estudios de mayor profundidad que permitan obtener panoramas más amplios de las poblaciones estudiadas, en especial de los migrantes. También debe tenerse presente que la base de datos con la que se hacen los análisis son registros administrativos, que están sujetos a problemas de cobertura, oportunidad y calidad. La situación de cada persona se determina a partir de su propia declaración, por lo que es posible que se pasen por alto los síntomas iniciales o leves. Entre otras cosas, esta característica hizo que fuera más difícil conocer el tiempo exacto de incubación del COVID-19.

En el caso de los datos de migrantes, no se sabe mucho de la forma en que se captó la información, si todos son inmigrantes o si también hay también refugiados documentados. Tampoco queda clara la identificación de la variable correspondiente a los extranjeros, además de que se pierde información debido a que algunas personas no indicaron su nacionalidad o lugar de origen. Por todos esos motivos puede existir un subregistro de la población migrante. Otra limitante es que en la base de datos no se registran las variables de ocupación y de escolaridad que son importantes para este tipo de estudios.

E. Conclusión

La pandemia de COVID-19 se ha convertido en un enorme reto para el mundo, no solo en términos de salud, sino en términos económicos, políticos y sociales. Si para la población en general la afectación ha sido grave, qué decir de los sectores desprotegidos que han sido más afectados. En ellos se ubican los migrantes, quienes proporcionalmente tienden a tener mayores dificultades socioeconómicas y de atención médica.

Un análisis de este tipo, basado en la condición migratoria, contribuye a reafirmar cómo los grupos poblacionales más vulnerables han sido los más afectados por la actual pandemia. Si bien los migrantes suelen ser más jóvenes, su situación social, así como las necesidades laborales que en muchos casos los obligan a asumir actividades y cargas laborales extenuantes, en particular a los provenientes de la región sudamericana y centroamericana, los han expuesto en mayor grado al riesgo de contagio, con menores posibilidades de acceso a servicios de salud. Además de esta vulnerabilidad y afectación en el ámbito de la salud para ciertos grupos de migrantes, cabe destacar los resultados referentes a la situación de salud de las mujeres, principalmente venezolanas y colombianas, lo cual requiere más estudios sobre los factores pertinentes. El análisis realizado confirma el escenario lamentable que habían previsto las autoridades sanitarias sobre la forma desproporcionada en que la pandemia afectaría a la población vulnerable (a los efectos del presente estudio, ese grupo lo constituyeron los migrantes).

El trabajo realizado no solo aporta datos e información sobre la situación en materia de salud en el marco del COVID-19 de los migrantes que viven en México o transitan por el país. También brinda elementos de discusión sobre la gestión de la salud pública en el caso de los migrantes, ya que permite evaluar los efectos de la pandemia en estos sectores y, con ello, se facilitan las intervenciones sociosanitarias eficientes de forma equitativa sin importar el lugar de nacimiento. Si bien es cierto que la captación de información sobre migrantes con COVID-19 continúa, el corte analítico que aquí se hace sirve como elemento referencial y metodológico para otros análisis.

Bibliografía

Aboii, S. (2014), “Undocumented immigrants and the inclusive health policies of sanctuary cities”, Harvard Public Health Review, vol. 1-10 [en línea] https://harvardpublichealthreview.org/undocumented-immigrants-and-the-inclusive-health-policies-of-sanctuary-cities/.

Alpuche, C.M. (2020), “Infecciones emergentes, el gran reto de la salud global: Covid-19”, Salud Publica México, vol. 62, N° 2.

Álvarez, J. A. (2020), “Retos para el sistema de salud ante la pandemia de COVID-19”, México ante el COVID-19: acciones y retos, C. Medel Palma y otros (eds.), Cámara de Diputados/Universidad Autónoma Metropolitana.

Berumen, J. y otros (2020), “Risk of infection and hospitalization by Covid-19 in Mexico: a case-control study”, MedRvix.

Bojórquez, C. y otros (2020), “Migrants in transit and asylum seekers in Mexico: an epidemiological analysis of the covid-19 pandemic”, El Colegio de la Frontera Norte y otros [en línea] https://www.insp.mx/avisos/5390-migrants-transit-asilo-mexico-epidemiological-covid-19.html.

Hernández, H. (2020), “COVID-19 en México: un perfil sociodemográfico”, Notas de Población, N° 111 (LC/PUB.2020/19-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Cabieses, B. y A. Obach (2018), “Explorando la relación entre migración internacional, vulnerabilidad social y salud”, Cuaderno Médico Sociales, vol. 58, N° 4.

Canales, A. I. y S. Meza (2018), “El retorno en el nuevo escenario de la migración México Estados Unidos”, Migración de retorno: Colombia y otros contextos internacionales, F. Aliaga y C. Uribe (eds.), Bogotá, Ediciones USTA [en línea] https://www.researchgate.net/publication/325844198.

Castañeda, G. S. (2020), “Vulnerabilidad diferencial de los Estados mexicanos frente al COVID-19”, Posición, vol. 3.

Castillo, G. (2019), “Flujos de movilidad mixtos. Relaciones entre migraciones forzadas, procesos espaciales y violencia”, Procesos Migratorios en México, nuevos rostros, mismas dinámicas, REDODEM (ed.), Ciudad de México.

Castillo, M. Á. (2016), “Migración y salud en un marco de derechos humanos”, Migrantes en Tránsito por México: situación de salud, riesgos y acceso a servicios de salud, R. Leyva Flores y otros (eds.), Instituto Nacional de Salud.

Coubès, M. L., L. Velasco y O. F. Contreras (2020), “Poblaciones vulnerables ante COVID-19” [en línea] https://observatoriocolef.org/wp-content/uploads/2020/04/Albergues_w61_compressed.pdf.

Delgadillo, A. L. y otros (2020), Informe sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 en las personas migrantes y refugiadas. Violaciones a derechos humanos documentadas por organizaciones defensoras y albergues en México, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y otros [en línea] http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-informe-migracion-y-covid-19.pdf.

Escobedo de la Peña, J. y otros (2020), “Hypertension, diabetes and obesity, major risk factors for death in patients with COVID-19 in Mexico”, Archives of Medical Research [en línea] https://doi.org/10.1016/j.arcmed.2020.12.002.

Fernández, M. A. y otros (2020), “Epidemiology of COVID-19 in México, symptomatic profiles and presymptomatic people”, International Journal of Infectious Diseases [en línea] https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.12.086.

Fuentes, R. (2020), “México y el coronavirus: pasividad gubernamental en una sociedad desigual”, Análisis Carolina, Nº 16, Fundación Carolina.

Giannouchos, T. y otros (2020), “Characteristics and risk factors for COVID-19 diagnosis and adverse outcomes in Mexico: an analysis of 89,756 laboratory–confirmed COVID-19 cases”, European Respiratory Journal.

Guzmán, E. y otros (2020), “Estado de salud y valoración gerontológica en adultos mayores mexicanos ante la pandemia por COVID-19”, Gaceta Médica de México, vol. 156, Nº 5.

Haitao, T. y otros (2020), “COVID-19 and sex differences: mechanisms and biomarkers”, Mayo Clinic Proceedings, vol. 95, Nº 10.

Hernández, E. (2020), “Obesity is the comorbidity more strongly associated for Covid-19 in Mexico. A case-control study”, Obesity Research & Clinical Practice, vol. 14, N° 4.

Hernández, D. R. y otros (2020), “Increased risk of hospitalization and death in patients with COVID-19 and pre-existing noncommunicable diseases and modifiable risk factors in Mexico”, Archives of Medical Research, vol. 51, N° 7.

Hernández, P. (2013), “Infectious diseases, migration and global health. Case study: Bolivia”, Revista Integra Educativa, vol. 6, N° 1

INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) (2021), “Censo de población y vivienda 2020” [en línea] https://censo2020.mx/.

____(2019), Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica ENADID 2018. Principales Resultados [en línea] https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadid/2018/doc/resultados_enadid18.pdf.

____(2015), “Encuesta Intercensal 2015. Síntesis metodológica y conceptual”, Aguascalientes [en línea] https://censo2020.mx/.

Juárez, S.P. y otros (2019), “Effects of non-health-targeted policies on migrant health: a systematic review and meta-analysis”, Lancet Glob Health, vol. 7, N° 4.

Kánter, I. (2020), “Muertes por Covid-19 en México”, Serie Mirada Legislativa, Nº 190 Instituto Belisario Domínguez/Senado de la República, julio [en línea] http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4927.

Kupersztoch, J. (2007), “Prioridades en salud para la acción social de mexicanos en el extranjero”, Salud Pública de México, vol. 49, N° especial 1.

Leyva, R. (2018), “Conceptos sobre migración y salud: entre las cuarentenas… y los determinantes de la salud”, Cuadernos Médicos Sociales, vol. 58, Nº 4 [en línea] https://www.saludymigracion.org/es/system/files/repositorio/7_conceptos_migracion_cuad_med_18.pdf.

Leyva, R., C. Infante y F. Quintino (2016), Migrantes en tránsito por México: situación de salud, riesgos y acceso a servicios de salud, Cuernavaca, Instituto de Salud Pública (INSP).

Lizárraga, O. (2008), “La inmigración de jubilados estadounidenses en México y sus prácticas transnacionales: estudio de caso en Mazatlán, Sinaloa y Cabo San Lucas, Baja California Sur”, Migración y Desarrollo, vol. 11.

Meseguer, C. y G. Maldonado (2015), “Las actitudes hacia los inmigrantes en México: explicaciones económicas y sociales”, Foro Internacional, vol. 55, N° 3.

Murillo, E. y otros (2020), “Male gender and kidney illness are associated with an increased risk of severe laboratory-confirmed coronavirus disease”, BMC Infectious Diseases, vol. 20, N° 1.

Nájera, J. (2016), “El complejo estudio de la actual migración en tránsito por México: Actores, temáticas y circunstancias”, Migraciones internacionales, vol. 8, N° 3.

Ortiz, E. y otros (2020), “Clinical and epidemiological characteristics of patients diagnosed with COVID-19 in a tertiary care center in Mexico city: a prospective cohort study”, Investment Clinic Review, vol. 72, N° 3.

Pacheco-, E., F. Ferreyro y Á. Ceballos (2020), “COVID-19, diabetes, obesity and hypertension: 60 days of pandemic in Mexico”, Revista Mexicana de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición, vol. 7.

PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) (2020), Desafíos de desarrollo ante la COVID-19 en México: panorama desde la perspectiva de la salud, Ciudad de México.

Ren, L. L. y otros (2020), “Identification of a novel coronavirus causing severe pneumonia in human: a descriptive study”, Chinese Medical Journal, vol. 133, Nº 9.

Richardson, S. y otros (2020), “Presenting characteristics, comorbidities, and outcomes among 5700 patients hospitalized with COVID-19 in the New York City Area”, JAMA Network [en línea] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7177629.

Ruiz, M. T. (2021), “Las estadísticas sanitarias y la invisibilidad por sexo y de género durante la epidemia de COVID-19”, Gaceta Sanitaria, vol. 35, N 1, enero-febrero.

Salinas, J. E. y otros (2020), “Características clínicas y comorbilidades asociadas a mortalidad en pacientes con COVID-19 en Coahuila (México)”, Revista Clínica Española.

Secretaría de Salud (2021), 8° Informe epidemiológico de la situación de covid-19, Dirección de Información Epidemiológica, 22 de febrero [en línea] https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/618031/Informe_COVID-19_2021.02.22.pdf.

____(2020a), “Plan operativo de atención a la población migrante ante covid-19”, Gobierno de México [en línea] https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Plan_Operativo_Atencion_Poblacion_Migrante_COVID-19.pdf.

____(2020b), “Lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica y por laboratorio de la enfermedad respiratoria viral”, Ciudad de México [en línea] https://www.gob.mx/salud/documentos/lineamiento-estandarizado-para-la-vigilancia-epidemiologica-y-por-laboratorio-de-la-enfermedad-respiratoria-viral.

____(2020c). “Información referente a casos COVID-19 en México” [en línea] https://datos.gob.mx/busca/dataset/informacion-referente-a-casos-covid-19-en-mexico.

Sedas, A. C. y otros (2020), “Reporte situacional: migración de tránsito en México durante la pandemia de COVID-19”, Reporte Situacional.

Suárez, S. y A. Trejo (2018), “La comunidad venezolana en México: perfil, motivaciones y experiencias”, El éxodo venezolano: entre el exilio y la emigración, J. Koechlin y J. Eguren Rodríguez (eds.), Universidad Antonio Ruiz de Montoya y otras.

Suárez, V. y otros (2020), “Epidemiology of COVID-19 in Mexico: from the 27th of February to the 30th of April 2020”, Revista Clínica Española.

Takahashi, T. y otros, (2020), “Sex differences in immune responses that underlie COVID-19 disease outcomes”, Nature, vol. 588, 10 de diciembre.

Tort, A. y otros (2020), “Deficiency of vitamin D is a risk factor of mortality in patients with COVID”, Revista Sanidad Militar México, vol. 74, Nº 1-2, enero-abril.

[1] Doctor en Demografía por El Colegio de México. Investigador titular C definitivo del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México. Correo electrónico: ferneira@unam.mx.

[2] En el Sistema Nacional de Salud en México, los recursos físicos o materiales se refieren al inventario de activos productivos no humanos incluidos hospitales, vehículos y equipo.

[3] Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

[4] IBM Corp., “IBM SPSS Statistics for Windows, Version 20.0”, Armonk, 2011.

Artículo 03

Prácticas y paradojas frente al COVID-19 en sectores populares de la Ciudad de México

Gustavo Urbina Cortés[1]

Minor Mora Salas[2]

Recibido: 16/02/2021

Aceptado: 29/03/2021

Resumen

En este trabajo se analizan las prácticas sociales que una muestra de residentes en colonias populares de bajos ingresos de la Ciudad de México han aplicado para afrontar la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19). Los resultados muestran la persistencia de tres paradojas en la gestión de la amenaza viral. Por un lado, se observa una contradicción entre la adopción de prácticas de cuidado y la disponibilidad de recursos para afrontar las necesidades diarias en el escenario actual. Por otro, se constata una relativización del riesgo debido a que las preocupaciones económicas han adquirido una centralidad mayor que las referidas a la salud. Finalmente, se destaca la apropiación diferenciada de información, donde la claridad y el conocimiento sobre los hábitos preventivos, y la práctica de estos, contrastan con el desconocimiento prevalente sobre cómo actuar en caso de contraer COVID-19.

Palabras clave: COVID-19, virus, epidemias, población, asentamientos informales, riesgos para la salud, profilaxis, encuestas, México.

Abstract

This paper examines the social practices adopted by a sample population of residents of low-income working-class communities in Mexico City to tackle the coronavirus disease (COVID-19) pandemic. The findings show the persistence of three paradoxes in the management of viral threats. First, there is a contradiction between the adoption of care practices and the availability of resources to meet daily needs in the current scenario. Second, there is a relativization of risk because economic concerns have taken precedence over health concerns. Lastly, there is a differentiation in the appropriation of information, where awareness and knowledge about preventive measures —and putting them into practice— contrast with the prevailing uncertainty about what to do in the event of infection with COVID-19.

Keywords: COVID-19, viruses, epidemics, population, informal settlements, health hazards, disease prevention, surveys, Mexico.

Résumé

Cet article analyse les pratiques sociales qu'un échantillon de résidents de quartiers à faibles revenus de la ville de Mexico a appliquées pour faire face à la pandémie de coronavirus (COVID-19). Les résultats montrent la persistance de trois paradoxes dans la gestion de la menace virale. D'une part, on constate une contradiction entre l'adoption de pratiques de soins et la disponibilité de ressources pour répondre aux besoins quotidiens dans le scénario actuel. D'autre part, on assiste à une relativisation du risque due au fait que les préoccupations économiques sont devenues prioritaires par rapport à celles liées à la santé. Enfin, on note une appropriation différenciée de l'information, dans laquelle la clarté et la connaissance des habitudes préventives, ainsi que leur mise en pratique, contrastent avec le manque généralisé de connaissances sur la manière d'agir en cas de contagion par la COVID-19.

Mots clés: COVID-19, virus, épidémies, population, lotissements spontanés, dangers pour la santé, prévention des maladies, enquêtes, Mexique.

Introducción

Tres consensos han marcado la narrativa social en torno al COVID-19. El primero está relacionado con la adopción de medidas preventivas, entre las que destacan el uso habitual de cubrebocas, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento físico respecto de otras personas (OMS, 2020). El segundo se refiere al papel fundamental de la consulta, la difusión y la apropiación de información de calidad, la que coadyuva a que se tomen mejores decisiones y, por ende, a que el riesgo de contagio se gestione de forma más eficiente. Por último figura la noción de disciplina social, que se ha mediatizado y extendido en gran medida, según la cual, independientemente de la capacidad gubernamental para afrontar los retos de la pandemia, todas las personas en su ámbito más elemental de incidencia tienen una responsabilidad ineludible a la hora de adoptar prácticas que frenen la propagación del virus.

Frente a la diversidad de limitaciones debido a las cuales es difícil que los aparatos estatales puedan intervenir de forma eficiente y coordinada, las labores de cuidado y preservación de la salud se han tornado un menester cada vez más individualizado. Prevalece la idea de que, aunado al desempeño de cada administración gubernamental, el contagio suele ser consecuencia de la displicencia, la desinformación y la negligencia personal en el momento de acatar y llevar a cabo las medidas sugeridas de prevención[3].

Sin desestimar la centralidad que la sensatez social tiene en el afrontamiento de la crisis sanitaria, en este trabajo se problematizan las prácticas y repertorios en torno al COVID-19 que se observan entre personas pertenecientes a núcleos urbano-populares de la Ciudad de México. Se destacan en particular los que se refieren a la prevención, a la percepción y la gestión del riesgo durante una etapa crítica de la incidencia del contagio y la hospitalización a nivel local.

Desde julio de 2020, el contexto capitalino ha destacado como la entidad en que se concentra alrededor de la quinta parte del total de contagios del país, y se ha mantenido una elevada tasa de casos activos en un conglomerado de colonias que se caracterizan por una profunda marginación social.

Después de aplicar una encuesta a una muestra de residentes de localidades populares de la Ciudad de México en que el nivel de propagación del COVID-19 ha sido alto, en este trabajo argumentamos que, pese a la penetración de hábitos de prevención, persisten tres paradojas en la gestión cotidiana de la amenaza viral. Por un lado, se observa una contradicción entre la adopción de prácticas de cuidado y la disponibilidad de recursos para hacer frente a las necesidades diarias en el escenario actual. Por otro, a pesar de la gran propagación, se constata una relativización del riesgo debido a la mayor centralidad de las preocupaciones económicas frente a las referidas a la salud. Finalmente, se destaca la apropiación diferenciada de la información, donde la claridad y el conocimiento sobre los hábitos preventivos, y la práctica de estos, contrastan con el desconocimiento prevalente sobre cómo actuar en caso de contraer el COVID-19.

Con base en los datos recabados, se procura identificar algunos de los rasgos que distinguen el comportamiento de uno de los sectores sociales más afectados por la pandemia. Además de la precariedad que prevalece en los contextos urbano-populares de la Ciudad de México, la muestra estudiada permite contrastar con mayor fineza las tensiones entre la responsabilidad cívica y la satisfacción de las necesidades básicas, así como entre la toma de precauciones sanitarias, la percepción del riesgo y las alternativas que se deben seguir en caso de enfermarse.

Se mantiene vigente la necesidad de conocer algunos de los desafíos que plantea la gestión cotidiana de la pandemia, dado que la lentitud y la selectividad con que se lleva a cabo la vacunación exigen que la población general siga poniendo en práctica hábitos de cuidado y autopreservación.

A. La emergencia sanitaria en la Ciudad de México

Salvo contadas excepciones, en las grandes metrópolis del mundo se ha sufrido el azote desmesurado del COVID-19. Como muchas otras urbes, la Ciudad de México no solo destaca por la gran densidad poblacional, sino también por la marcada disparidad en cuanto a la calidad de vida que hay en sus diversos parajes.

De acuerdo con datos publicados en 2010 por el Consejo de Evaluación para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (Evalúa Ciudad de México, 2010), de un total de 1.473 unidades territoriales concentradas en 16 alcaldías, 498 presentaban un bajo grado de desarrollo social (33,8%). Además, en otras 353 colonias y localidades (17,04%) las viviendas tenían muy poco espacio y eran de muy baja calidad, y había falta de acceso a la salud y la seguridad social, prevalencia de rezago educativo, escasez de bienes duraderos, y poca o nula adecuación sanitaria y energética.

Aunado al reto prevalente de la desigualdad social, la Ciudad de México pronto se convirtió en una de las entidades federativas con mayor velocidad de propagación e incidencia de contagio del COVID-19. En mayo de 2020, y considerando la distribución de los registros por fecha de inicio de los síntomas, en la capital se rebasó el umbral de los 500 casos positivos por día. Así, como se puede observar en el gráfico 1, desde mediados del año pasado la trayectoria de la incidencia traspasó la línea de los 70 casos activos por cada 100.000 habitantes (SISVER, 2021).

Al 30 de diciembre de 2020, en la Ciudad de México había habido 320.251 contagios, lo que representaba poco menos del 23% de los casos acumulados en todo el país (SISVER, 2021). De ese total, el 28,2% se hallaba concentrado en dos alcaldías, que hasta la fecha encabezan el listado de demarcaciones más afectadas a nivel local y nacional: Iztapalapa, con 49.932 casos acumulados, y Gustavo A. Madero (GAM), con 40.571 (SISVER, 2021)[4].

Con varias localidades incluidas en el listado de colonias de atención prioritaria a los efectos de reducir el contagio, al terminar el año ambas alcaldías eran los dos parajes urbanos que tenían mayor número de decesos asociados al COVID-19. Al 30 de diciembre de 2020, en GAM se acumulaban 2.974 fallecimientos y en Iztapalapa 3.379, y las tasas de letalidad eran cercanas al 7% (SISVER, 2021).

Gráfico 1

Ciudad de México: tasas de incidencia del COVID-19, por entidad federativa y por semana epidemiológica, del 27 de febrero al 30 de diciembre del 2020

(En número de casos activos por cada 100.000 habitantes)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección General de Epidemiología (DGE), Plataforma Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias (SISVER), Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), Secretaría de Salud (SSA), consultada al 20 de enero de 2021.

Nota: La línea punteada indica el umbral de los 70 casos activos por cada 100.000 habitantes.

Entre las muchas complejidades que hay en la Ciudad de México, vale la pena destacar que se trata de una entidad cuya tasa de ocupación informal supera el 40% (INEGI, 2021). Asimismo, en particular las dos alcaldías que se acaban de señalar como epicentros de contagio se caracterizan por una enorme brecha en cuanto a la calidad de vida. Mientras que en el 71% de las unidades territoriales de Iztapalapa el grado de desarrollo social es bajo o muy bajo, esa situación se observa en el 49,2% de los polígonos constitutivos de GAM (Evalúa Ciudad de México, 2010).

Aunque el Gobierno de la capital hizo un esfuerzo importante por incrementar el número de pruebas de diagnóstico disponibles y de quioscos de atención en los lugares de gran propagación, el número de casos positivos aumentó en gran medida desde finales de octubre de 2020. Con un promedio de más de 1.000 casos diarios detectados, la tendencia contributiva de GAM e Iztapalapa ha sido al alza general.

Sin el propósito de evaluar el desempeño del Gobierno de la entidad o el país, lo cierto es que, independientemente de la labor de la autoridad, el llamado a la aplicación voluntaria de prácticas preventivas ha sido constante. Si bien es cierto que hubo contradicciones, confusiones e incluso polémica entre algunos de los portavoces, tanto las instancias de servicio público como los medios de comunicación han insistido en la importancia de reducir la movilidad en el contexto capitalino. La invitación a confinarse, a usar cubrebocas en los espacios públicos, a mantener la sana distancia entre las personas, y a cuidar los hábitos de higiene y desinfección en el hogar se ha convertido en parte de las recomendaciones básicas para incitar a romper las cadenas de contagio.

No obstante, muy en la tónica de la narrativa internacional (Brulliard, 2020), ante el aumento desproporcionado de los casos positivos se ha venido insistiendo en que la indisciplina social es el principal detonante del desbordamiento de la pandemia. En una videoconferencia de prensa realizada el 16 de diciembre de 2020 (Jefatura de Gobierno, 2021), la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y la titular de la Secretaría de Salud local, Olivia López Arellano, coincidieron en señalar que el aumento de las reuniones familiares, las fiestas y las concurrencias sociales en espacios cerrados había derivado en un incremento significativo del número de contagios y hospitalizaciones en la capital nacional. De acuerdo con el mensaje que López Arellano transmitió en dicha rueda de prensa, el 60% de las personas que habían sido diagnosticadas con el virus SARSCoV2 indicaron haber asistido a celebraciones o convivencias de distinto tipo.

En la encrucijada entre el cese de la actividad económica y la apelación a la corresponsabilidad social, los problemas de la Ciudad de México son un buen ejemplo de los que se ciernen sobre otros entornos metropolitanos.

En la búsqueda por determinar un perfil sociodemográfico asociado a los riesgos del COVID-19, el trabajo de Héctor Hernández (2021) se ha convertido en una referencia para comprender mejor los rasgos prominentes de los sectores más expuestos a la mortalidad. La baja escolaridad, la precariedad ocupacional, la falta de acceso a atención oportuna, y otros marcadores como la edad, el género y las comorbilidades, introducen distinciones significativas en que prevalece una relación estrecha entre las vulnerabilidades estructurales y la probabilidad de fallecer.

Dada la marcada impronta de inequidad social que se ha observado en la dinámica y el flujo de la pandemia, en este trabajo se analizan los repertorios y prácticas de autopreservación de la salud entre los sectores poblacionales más desaventajados. Dada la centralidad del dimensionamiento social y la corresponsabilidad ciudadana en el manejo de la crisis sanitaria, se torna urgente entender cómo, pese a la certeza y el consenso en cuanto a las medidas de prevención, los esfuerzos por frenar las cadenas de contagio han tenido un alcance relativamente limitado[5].

B. Diseño metodológico

Con el objetivo de conocer las prácticas que los sectores sociales desaventajados han adoptado para afrontar el virus SARSCoV2, se aplicó un cuestionario de encuesta en una muestra situada en dos polígonos urbano-populares de la capital nacional. El primero correspondía a las colonias San Felipe de Jesús y Nueva Atzacoalco, en la alcaldía GAM. El segundo estaba integrado por residentes de las colonias San Lorenzo Tezonco y Lomas de San Lorenzo, en la alcaldía Iztapalapa.

La estrategia consistió en una maniobra de muestreo probabilístico polietápico orientada a captar informantes directos domiciliados en esas localidades, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del ±3%.

De conformidad con los datos de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIDESO, 2020) del Gobierno capitalino, los cuatro territorios incluidos en el estudio se caracterizan por un grado muy alto de marginación.

De acuerdo con datos del “Programa de Detección y Aislamiento de Casos en Colonias de Atención Prioritaria (kioscos y centros de salud)” (ADIP, 2020), desde mayo de 2020 hasta el cierre de ese año hubo un alto grado de transmisión del virus SARS-CoV-2 en las cuatro colonias a las que se hace referencia aquí. Con tasas promedio que rondan los 350 casos activos por cada 100.000 habitantes, los parajes mencionados están entre los casi 160 puntos donde se concentra la mayor cantidad de personas afectadas por la enfermedad.

El cuestionario se aplicó durante las primeras dos semanas de 2021 mediante llamadas telefónicas (a números fijos y móviles) realizadas con el apoyo de personas que fungieron como enlaces vecinales o integrantes de asambleas barriales en ambas demarcaciones. Dicha modalidad de contacto permitió que la tasa de respuesta fuese muy positiva (alrededor del 75%), y que se aprovechara el grado de conocimiento que dichas figuras tenían sobre la comunidad. Con el objetivo de evitar sesgos en la información recabada, se excluyó del listado de entrevistadores y entrevistadoras a las personas activas en la red de gestoría partidista o gubernamental.

En apego a las indicaciones de la autoridad local sobre cómo actuar en contextos en que el semáforo epidemiológico es de color rojo, se optó por no encuestar a nadie en puntos de afluencia o vías de tránsito[6]. Asimismo, se prescindió de la posibilidad de recabar datos mediante encuestas virtuales debido a las limitaciones de acceso tecnológico que hay en los polígonos sometidos al escrutinio, así como a la bajísima tasa de captación que dicha estrategia suele acarrear (Díaz de la Rada, 2012).

La muestra estaba integrada por residentes que ostentaban la jefatura del hogar y que, en este caso, también eran los principales perceptores de ingresos de este. Los rasgos recabados eran los que correspondían al entrevistado en el momento en que se aplicó la encuesta.

El instrumento aplicado tenía siete módulos de información recabada mediante preguntas cerradas (véase el cuadro 1).

Cuadro 1

Ciudad de México: módulos de información del cuestionario de la encuesta realizada en las alcaldías de Gustavo A. Madero e Iztapalapa, enero de 2021

1. Datos sociodemográficos

Sexo

Masculino/Femenino

Edad

Años cumplidos

Escolaridad

Secundaria o menos

Bachillerato

Superior

Ocupación

Cuentrapropista

Dueño/a de negocio o local

Asalariado/a

Pensionado/a

Desempleado/a

Apoyo gubernamental

Recibe/No recibe

2. Contexto de riesgo

Promedio de horas fuera de casa

Número de horas diarias

Contagio

Sí/No/Sospecha

Prueba diagnóstica

Sí/No

Sabe cómo se contagió

Sí/No

3. Frecuencia con que se aplican prácticas preventivas

Usa cubrebocas

0 = Nunca

1 = Algunas veces

2 = La mayor parte del tiempo

3 = Todo el tiempo

Se lava las manos con frecuencia

Evita reuniones o espacios concurridos

Evita salir de casa en lo posible

Guarda la sana distancia

Evita recibir personas en casa

Evita hacer uso del transporte público

Desinfecta víveres y superficies

4. Recursos y facilidades para afrontar la pandemia

Puedo realizar mi trabajo desde casa

0 = No cuento/no puedo

1 = Difícilmente

2 = Fácilmente

3 = Cuento/puedo

Puedo comprar mis víveres sin salir de casa

Puedo evitar salir a hacer trámites personales

Cuento con recursos para alimentarme sanamente

Cuento con tiempo para hacer ejercicio (al menos 30 min diarios)

Cuento con un espacio para aislarme en caso de contagio

Cuento con recursos para cubrir una eventualidad de salud

Cuento con atención médica permanente

5. Percepción de riesgos asociados al COVID-19

Contagio

0 = Muy bajo

1 = Bajo

2 = Alto

3 = Muy alto

Hospitalización por complicaciones

Mayores privaciones

Pérdida de empleo o fuente de ingreso

Muerte por COVID-19

Complicaciones emocionales o psicológicas

Perjuicio a las relaciones familiares o afectivas

6. Claridad sobre las medidas que se deben adoptar en caso de contagio

Sintomatología del COVID-19

0 = Nada claro

1 = Muy poco claro

2 = Algo claro

3 = Muy claro

Pasos que se deben seguir en caso de contagio

Dónde recibir tratamiento en caso de complicaciones

Dónde hacerse pruebas diagnósticas

Cómo monitorear signos vitales

Medidas domésticas para evitar más contagios

7. Prospectiva de la pandemia en el corto plazo

Confío en que la situación mejorará durante el primer semestre de 2021

0 = Desacuerdo total

1 = Desacuerdo parcial

2 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo

3 = Acuerdo parcial

4 = Acuerdo total

Confío en que tendré acceso oportuno a la vacuna

De tener oportunidad, me pondré la vacuna contra el COVID-19

Fuente: Elaboración propia.

Como se detalla en el cuadro 2, se obtuvieron 366 registros: 180 correspondían a residentes de GAM y 186 a personas con domicilio en Iztapalapa.

Cuadro 2

Ciudad de México: composición general de la muestra de la encuesta realizada en las alcaldías de Gustavo A. Madero e Iztapalapa, datos de la persona encuestada en el momento de la entrevista, enero de 2021

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

Total

(en número)

Proporción

(en porcentajes)

Polígono

Número de registros

180

186

366

100,0

Sexo

Hombres

77

84

161

44,0

Mujeres

103

102

205

56,0

Edad

Menos de 30 años

28

31

59

16,1

30-49 años

94

108

202

55,2

50-59 años

44

37

81

22,1

60 años y más

14

10

24

6,6

Escolaridad

Secundaria o menos

(de 0 a 9 años

de escolaridad)

55

67

122

33,3

Bachillerato

(de 10 a 12 años

de escolaridad)

90

99

189

51,6

Superior

(13 años de escolaridad o más)

35

20

55

15,0

Ocupación

Cuentapropista

61

67

128

35,0

Dueño/a de negocio o local

42

50

92

25,2

Asalariado/a

40

33

73

19,9

Pensionado/a

15

11

26

7,1

Desempleado/a

22

25

47

12,8

Apoyo gubernamental

No recibe apoyo del gobierno

112

129

241

65,8

Recibe apoyo del gobierno

68

57

125

34,2

Fuente: Elaboración propia.

Vale la pena subrayar que el momento en que se llevó a cabo la encuesta fue clave, pues la información se recabó en las semanas inmediatamente posteriores a la declaración de retorno al semáforo rojo por parte del Gobierno capitalino, cuando las tasas de ocupación hospitalaria eran superiores al 70% en la Ciudad de México. Esto implicó un nuevo cierre de la vasta mayoría de las actividades económicas a partir del 18 de diciembre. En medio del llamado gubernamental a extremar precauciones, se esperaba captar con mayor fidelidad las probables paradojas relacionadas con la gestión cotidiana de la pandemia entre habitantes que estaban muy expuestos a situaciones de privación económica.

Como se aprecia en la sección que sigue, algunos de los datos compilados se resumieron en variables sintéticas (índices). Con base en reactivos constituidos por variables ordinales, se optó por aplicar la técnica de análisis factorial según el método de los factores principales. En este se emplea el cuadrado de las correlaciones policóricas múltiples entre ítems para estimar la varianza común del índice resultante.

A los efectos del artículo se elaboraron dos índices a partir de los rasgos de la muestra estudiada: uno sobre la frecuencia de las acciones preventivas frente al COVID-19, y otro sobre la disponibilidad de recursos y facilidades para afrontar la pandemia. Los aspectos relacionados con la percepción del riesgo y con la claridad sobre los pasos que se debían seguir en caso de contagio se usaron en la escala categórica del cuestionario aplicado con el objetivo de facilitar su comprensión.

Asimismo, a los efectos de establecer una clasificación y de conformidad con la distribución empírica de las prácticas mencionadas por las personas encuestadas, se hizo un cotejo mediante un análisis de conglomerados. Por tratarse de un ejercicio de agrupación a partir de la frecuencia con que se ponían en práctica distintas precauciones frente al riesgo de contagio, se optó por una técnica de partición basada en centroides. En la estimación de las distancias entre las observaciones se consideró el empleo del coeficiente de disimilitud de Gower, sensible al trabajo con variables categóricas de tipo ordinal. De este modo se obtuvieron tres agrupaciones que se distinguían cabalmente por el grado de disciplina con que se acataban las acciones sugeridas para disminuir la propagación del virus SARSCoV2.

En el siguiente apartado presentamos una discusión e interpretación de los principales resultados obtenidos a partir del trabajo realizado en el terreno.

C. La difícil gestión de la pandemia en sectores populares de la Ciudad de México

La mitigación del contagio depende en buena medida de que se apliquen las prácticas preventivas consensuadas a nivel internacional. Sin embargo, tal como se ha señalado en algunas contribuciones, la obediencia de esas recomendaciones está sujeta a múltiples condicionantes que dificultan su cumplimiento y cabal ejecución.

En los trabajos de Benjamin Van Rooij y otros (2020) y Briscese y otros (2020) se sugiere que más allá de la supuesta cooperación cívica, los costos de preservar las restricciones sociales se multiplican en forma exponencial. Las expectativas, la duración inestimable de los ciclos de contagio y los mensajes en ocasiones contradictorios por parte de la autoridad minan paulatinamente la firmeza de las personas a la hora de interrumpir la cotidianeidad.

Dado que la disponibilidad de recursos para solventar las consecuencias de la crisis sanitaria es desigual, no todas las familias pueden implementar estrictas prácticas de control y aislamiento social por períodos prolongados. De acuerdo con un análisis que Luis Monroy-Gómez-Franco (2020) hizo a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), solo entre un 20% y un 23% de la población ocupada de México se desempeña en actividades que pueden ser realizadas desde el hogar. Aunque la Ciudad de México aparece como la única entidad en que la franja de personas trabajadoras que pueden continuar trabajando desde casa supera el 30%, este autor enfatiza que la posibilidad de hacerlo depende, en buena medida, del grado de especialización del empleo, del nivel de educación y, por supuesto, del nivel de ingreso.

Sobre la base de una muestra en que un 35% de las personas eran empleadas por cuenta propia, un 25,2% eran dueñas de un negocio o local, un 19,9% eran asalariadas, un 12,8% estaban desempleadas y un 7,1% eran pensionadas, en el cuadro 3 se refleja una clara relación entre la posición ocupacional y el promedio de horas diarias que las personas deben pasar fuera de su domicilio.

Cuadro 3

Ciudad de México: rasgos principales de las personas que integraban la muestra de la encuesta realizada en las alcaldías de Gustavo A. Madero e Iztapalapa, por grupo de ocupación, enero de 2021

(En porcentajes)

Cuentapropista

Dueño/a

de negocio

o local

Asalariado/a

Pensionado/a

Desempleado/a

Total

Escolaridad

Secundaria

o menos

42,2

32,6

24,7

23,1

29,8

33,3

Bachillerato

53,9

56,5

37,0

57,7

55,3

51,6

Superior

3,9

10,9

38,4

19,2

14,9

15,0

Edad

Menos de 30 años

20,3

15,2

21,9

0,0

6,4

16,1

30-49 años

59,4

58,7

57,5

0,0

63,8

55,2

50-59 años

20,3

26,1

20,5

7,7

29,8

22,1

60-69 años

0,0

0,0

0,0

76,9

0,0

5,5

70 años y más

0,0

0,0

0,0

15,4

0,0

1,1

Promedio de horas fuera de casa

Hasta 3 h

0,0

0,0

11,0

53,9

38,3

10,9

De 4 a 6 h

18,0

20,7

42,5

46,2

55,3

30,3

De 7 a 8 h

39,8

41,3

30,1

0,0

6,4

31,2

Más de 8 h

42,2

38,1

16,4

0,0

0,0

27,6

Fuente: Elaboración propia.

La desprotección laboral y la carencia de un salario fijo dan como resultado una mayor asimetría en la distribución del riesgo de contagio. Tal como se señala en el trabajo de Guevara y Vargas (2020) relativo al caso colombiano, la gente más desfavorecida se ve compelida a elegir entre el resguardo domiciliar o la generación de recursos económicos. En la mayoría de los casos, esta contradicción se resuelve a favor del imperativo económico indispensable para la subsistencia, lo que, como es de esperarse, incrementa la probabilidad de contraer COVID-19. Así, no es de extrañar que un tercio de las personas entrevistadas declararan haber padecido la enfermedad.

De conformidad con los datos expuestos en el cuadro 4, casi dos tercios de las personas infectadas por el virus SARS-CoV-2 se ubican en el rango etario de 30 a 49 años. Del total de casos positivos declarados, la mayoría se corresponden con actividades en que priman grados muy heterogéneos de desprotección. Así, cuatro de cada diez contagios se dan entre quienes realizan trabajos de autoempleo, como preparar comida, conducir vehículos de autotransporte y ofrecer servicios de plomería o albañilería, entre muchos otros. En tono similar, por tratarse de núcleos territoriales donde prevalece una dinámica económica de escala barrial, poco menos de una tercera parte de quienes cuentan con un negocio propio ha contraído el virus. Los tianguistas y las personas propietarias de restaurantes, papelerías, tiendas de abarrotes o centros de estética forman parte de este grupo, donde la decisión de continuar prestando servicios no siempre se acompasa con los mandatos de la autoridad sobre el cierre parcial o total de las actividades productivas.

Cuadro 4

Ciudad de México: casos de contagio declarados en la encuesta realizada en las alcaldías de Gustavo A. Madero e Iztapalapa, según rasgos principales de las personas encuestadas, enero de 2021

Frecuencia

(en número de casos)

Proporción

(en porcentajes)

Casos de contagioa

117

32,0

Sexo

Hombre

54

46,2

Mujer

63

53,8

Edad

Menos de 30 años

19

16,2

30-49 años

71

60,7

50-59 años

27

23,1

60 años y más

0

0,0

Ocupación

Cuentapropista

56

47,9

Dueño/a de negocio o local

37

31,6

Asalariado/a

23

19,7

Pensionado/a

0

0,0

Desempleado/a

1

0,8

Promedio de horas fuera de casa

De 1 a 3 h

1

0,8

De 4 a 6 h

22

18,8

De 7 a 8 h

34

29,1

Más de 8 h

60

51,3

Fuente: Elaboración propia.

a El número de casos se obtuvo a partir de la declaración de las personas encuestadas: de los 117 casos, 65 habían sido determinados por prueba rápida y 52 por valoración médica.

Del total de personas contagiadas (n = 117), solamente el 27% cuenta con algún indicio relativamente claro de cómo o en dónde contrajo la enfermedad. Todos tienen gran certeza de haberla padecido debido a los síntomas y complicaciones que presentaron, pero únicamente el 56% (65 de 117) se practicó la prueba diagnóstica correspondiente. En contraste, de las 249 personas encuestadas que no declararon haber contraído el virus SARSCoV2, el 24% sospecha haber presentado algunas de las molestias asociadas al cuadro clínico del COVID-19. De este último subgrupo, solo una quinta parte —12 casos— acudió a hacerse una prueba para descartar la presencia de la enfermedad.

Aunada a la distribución de cuadros infecciosos, hasta este punto la información recopilada sugiere que el perfil ocupacional de quienes ostentan la jefatura del hogar guarda una relación importante con la imposibilidad de sustraerse del espacio público. Y es que, tal y como Wright y otros (2020) demuestran en relación con el caso estadounidense, la irrupción de la pandemia produjo estragos económicos significativos cuyas dislocaciones motivan a optar por el desconfinamiento. De acuerdo con estos autores, la decisión de salir a ganarse el sustento no es lineal ni necesariamente sugiere que la persona es insensible a los peligros de la coyuntura crítica. Por el contrario, supone que, ante la falta de mejores estímulos gubernamentales o de políticas destinadas a paliar la precariedad, la gente se ve obligada a dar preponderancia a cierto tipo de cuidados que no entren en conflicto con la necesidad de hacerse de un ingreso familiar. Así, la más elemental de las recomendaciones, quedarse en casa, representa el mayor desafío para los sectores más desaventajados, toda vez que no existen las condiciones para asegurar una mínima calidad de vida ni los incentivos suficientes para restringir las interacciones sociales a su mínima expresión.

Si se tiene en cuenta lo anterior, las precauciones que las personas estudiadas declararon haber adoptado no resultan desdeñables. La mayor parte del tiempo o de manera permanente, alrededor del 75,4% de las personas encuestadas procura usar cubrebocas en espacios públicos, el 68% recurre al lavado frecuente de manos, el 64,5% evita reuniones o puntos concurridos, el 60,1% hace lo posible por no salir de casa, el 57,9% se esmera por guardar la distancia física con otras personas, el 68,9% restringe el acceso a su entorno domiciliar, el 70,2% evita usar el transporte público, y el 79,5% desinfecta los víveres y las superficies del hogar.

Como se aprecia en el cuadro 5, los indicios de aparente displicencia prevalecen solo en un subconjunto reducido de personas que reconocen un incumplimiento explícito de las principales recomendaciones. En contraste, cerca de un tercio de las personas encuestadas declaran llevar a cabo las acciones de prevención de forma intermitente.

La heterogeneidad parcial en el acatamiento de las indicaciones sobre cómo hacer frente al COVID-19 aparece asociada a factores que ya se habían advertido, como el perfil ocupacional, el promedio de horas diarias fuera de casa y el rango de edad. Tal como se muestra en el gráfico 2, los subconjuntos de menor edad tienden a presentar prácticas de cuidado más laxas. Asimismo, cierto tipo de actividades que exigen pasar más tiempo fuera del hogar parecen imponer mayores restricciones a la hora de cumplir cabalmente con las prácticas de autopreservación.

Cuadro 5

Ciudad de México: frecuencia con que se ponen en práctica distintas medidas destinadas a prevenir el contagio del COVID-19, según la encuesta realizada en las alcaldías de Gustavo A. Madero e Iztapalapa, enero de 2021

(En porcentajes)

Acciones de prevención

Nunca

Algunas veces

La mayor parte del tiempo

Todo el tiempo

Total

Usa cubrebocas

1,5

23,0

49,5

26,0

100

Se lava las manos con frecuencia

1,4

30,6

44,8

23,2

100

Evita reuniones o espacios concurridos

1,4

34,2

42,5

21,9

100

Evita salir de casa en lo posible

1,4

38,5

49,2

10,9

100

Guarda la sana distancia

0,8

41,3

44,0

13,9

100

Evita recibir personas en casa

0,0

31,2

35,5

33,3

100

Evita hacer uso del transporte público

3,2

26,5

35,0

35,3

100

Desinfecta víveres y superficies

1,1

19,4

42,1

37,4

100

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 2

Ciudad de México: puntaje promedio del índice sobre la frecuencia de las acciones preventivas frente al COVID-19 obtenido a partir de la encuesta realizada en las alcaldías de Gustavo A. Madero e Iztapalapa, según grupo etario y promedio de horas diarias fuera de casa, enero de 2021

Fuente: Elaboración propia.

Nota: Índice obtenido por factores principales con retención del 96,4% de la varianza y KMO de 0,8985. La medida sintética se expresa en unidades estandarizadas (media = 0; desviación estándar = 1). Asociación significativa entre grupos de edad (Prob > F = 0,001), ocupación (Prob > F = 0,080) y horas fuera de casa (P > F = 0,001) con el puntaje promedio del índice factorial mediante ANOVA (Prob > F = 0,000).

Además, y como quizás era de esperar, entre las personas que declaran haberse contagiado se observa un menor cuidado en las labores de prevención, lo que probablemente se deba a la creencia generalizada de que durante el primer episodio de infección se adquiere inmunidad (Lipsitch, 2020). Como se puede observar en el gráfico 3, independientemente del tiempo que se suele pasar lejos del ámbito doméstico, en el subgrupo que alguna vez dio positivo al virus SARSCoV2 se aprecia una mayor discontinuidad en cuanto a la aplicación de algunas prácticas específicas. Un tercio de las personas entrevistadas correspondientes a ese subgrupo declara evitar reuniones o puntos concurridos solo en algunas ocasiones, mientras que poco más del 40% indica que no mantiene un confinamiento estricto y que le resulta difícil respetar la distancia física en los espacios de tránsito. Más aún, de este subconjunto, un 75,2% no logra esquivar la necesidad de usar el transporte público, en tanto que cerca del 83% admite que ocasionalmente recibe a distintas personas en su hogar.

Gráfico 3

Ciudad de México: puntaje promedio del índice sobre la frecuencia de las acciones preventivas frente al COVID-19 obtenido a partir de la encuesta realizada en las alcaldías de Gustavo A. Madero e Iztapalapa, según condición de contagio y promedio de horas diarias fuera de casa, enero de 2021

Fuente: Elaboración propia.

Nota: Índice obtenido por factores principales con retención del 96,4% de la varianza y KMO de 0,8985. La medida sintética se expresa en unidades estandarizadas (media = 0; desviación estándar = 1). Asociación significativa entre condición de contagio (Prob > F = 0,000), ocupación (Prob > F = 0,003) y grupos de edad (P > F = 0,004) con el puntaje promedio del índice factorial mediante ANOVA (Prob > F = 0,000).

Pese a algunos indicios de relativa desatención de las medidas de salvaguarda, los datos recogidos en los polígonos de Iztapalapa y GAM sugieren un alto grado de acatamiento de los hábitos de prevención.

Como ya se advertía previamente, y tal cual se recoge en el cuadro 6, seis de cada diez personas siguen las recomendaciones básicas durante la mayor parte del tiempo, tres de cada diez reflejan un comportamiento circunstancial más intermitente, y solo una de cada diez muestra una abierta displicencia.

Cuadro 6

Ciudad de México: agrupación de registros de la encuesta realizada en las alcaldías de Gustavo A. Madero e Iztapalapa según grado de acatamiento de las medidas preventivas, enero de 2021

(En porcentajes)

Displicentes

Circunstanciales

Constantes

Total

1,4

35,5

63,1

GAM

60,0

46,9

50,6

Iztapalapa

40,0

53,1

49,4

Hombres

80,0

57,7

45,5

Mujeres

20,0

42,3

54,5

Menos de 30 años

40,0

25,4

10,4

30-49 años

20,0

46,9

60,6

50-59 años

40,0

23,1

21,2

60 años y más

0,0

4,6

7,8

Secundaria o menos

80,0

38,5

29,4

Bachillerato

20,0

52,3

52,0

Superior

0,0

9,2

18,6

Cuentapropista

60,0

40,8

31,2

Dueño/a de negocio o local

20,0

26,1

24,7

Asalariado/a

20,0

17,7

21,2

Pensionado/a

0,0

4,6

8,7

Desempleado/a

0,0

10,8

14,2

Sin contagio

40,0

67,0

68,0

Con contagio

60,0

33,0

32,0

Fuente: Elaboración propia.

En esa misma lógica, en el gráfico 4 se observa que, salvo en lo que respecta al uso del transporte público y la recepción de personas ajenas al ámbito domiciliar, el acotado grupo de displicentes prácticamente no cumple con ninguna recomendación. En el subconjunto de personas que acatan las medidas de forma circunstancial, en contraste, se perciben mayores obstáculos para evitar la asistencia a espacios concurridos, mantener la sana distancia y guardar el confinamiento estricto. Por otra parte, en el conglomerado de personas que son constantes en el acatamiento de las medidas prevalece una mayor inclinación por seguir la gran mayoría de las indicaciones, si bien hay una relativa relajación en lo que respecta a no salir de casa, restringir las visitas en el hogar y guardar la sana distancia.

Gráfico 4

Ciudad de México: promedio de la frecuencia con que se llevan a cabo acciones preventivas frente al COVID-19 obtenido a partir de la encuesta realizada en las alcaldías de Gustavo A. Madero e Iztapalapa, según taxones de cumplimiento, enero de 2021

Fuente: Elaboración propia.

Nota: Asociación significativa entre cada una de las prácticas preventivas y los taxones de cumplimiento con valores P > Chicuadrada = 0,000.

Más allá de la disciplina y del compromiso social, una primera paradoja emerge cuando se observa la tenencia de recursos para afrontar las vicisitudes de la pandemia. De acuerdo con la información recabada, la gran mayoría de las personas encuestadas declaran tener grandes dificultades en lo que respecta a ajustar los hábitos domésticos y disponer de los insumos para gestionar los riesgos de la crisis sanitaria (véase el cuadro 7).

Como se muestra en el cuadro 7, una buena proporción de personas encuentra grandes limitaciones a la hora de esquivar la necesidad de salir a hacer trámites burocráticos, bancarios o de cualquier otro tipo. En esa misma tónica, cerca de nueve de cada diez personas encuestadas declaran tener muchas dificultades para hacer su trabajo desde casa y para no salir a comprar víveres. En particular, y dado que se trata de colonias en que el grado de vulnerabilidad es muy alto, es notable cómo la vasta mayoría de las personas no cuenta con atención médica permanente, carece de los recursos necesarios para solventar una contingencia de salud y no cuenta con espacio domiciliar para aislarse en caso de contagio. Y es que, de acuerdo con la información proporcionada por las personas encuestadas, cerca del 60% de los hogares están constituidos por cinco residentes o más, promedio considerablemente superior al que se obtuvo a partir del Censo de Población y Vivienda 2020 respecto de las delegaciones de GAM e Iztapalapa (3,4 y 3,6, respectivamente).

Cuadro 7

Ciudad de México: posibilidades y recursos para afrontar la pandemia según la encuesta realizada en las alcaldías de Gustavo A. Madero e Iztapalapa, enero de 2021

(En porcentajes)

No cuento/no puedo

Difícilmente

Fácilmente

Cuento/puedo

Total

Puedo realizar mi trabajo desde casa

68,6

17,2

10,1

4,1

100,0

Puedo comprar mis víveres

sin salir de casa

70,4

20,8

7,4

1,4

100,0

Puedo evitar salir a hacer

trámites personales

63,9

31,2

4,9

0,0

100,0

Cuento con recursos para alimentarme sanamente

22,1

41,5

29,0

7,4

100,0

Cuento con tiempo para hacer ejercicio (30 min diarios)

47,8

26,0

15,6

10,6

100,0

Cuento con un espacio para

aislarme en caso de contagio

72,4

10,4

8,5

8,7

100,0

Cuento con recursos para cubrir

una eventualidad de salud

68,8

21,6

8,2

1,4

100,0

Cuento con atención

médica permanente

42,3

30,1

18,9

8,7

100,0

Fuente: Elaboración propia.

Así, al igual que ocurre con la práctica de las medidas de prevención, algunos marcadores sociales introducen distinciones significativas en cuanto a las facilidades disponibles para gestionar la pandemia. Como se plasma en el gráfico 5, y tomando como referencia el promedio de un índice sintético[7], las personas más jóvenes y con menor preparación escolar figuran como las más desaventajadas, aun en contextos de amplísima precariedad.

Dado que se puso énfasis en seleccionar polígonos donde hubiera un alto grado de marginación, la posesión de recursos exhibe una marcada tendencia a la privación; no obstante, no deja de ser importante la configuración singular entre el tipo de ocupación y el volumen de horas que las actividades asociadas a ella demandan fuera del confinamiento doméstico.

Como se ilustra en el gráfico 6, la paradoja entre las posibilidades de gestionar la pandemia y la adopción de medidas preventivas es más aguda entre las personas empleadas por cuenta propia y las dueñas de negocios. Con independencia de si se trata de personas que tienen una actitud displicente, circunstancial o constante en cuanto al acatamiento de las recomendaciones, en estos casos hay un vínculo estrecho entre las limitaciones familiares y el tiempo que la persona pasa fuera del hogar.

Gráfico 5

Ciudad de México: puntaje del índice sobre la disponibilidad de recursos y de facilidades para afrontar la pandemia obtenido a partir de la encuesta realizada en las alcaldías de Gustavo A. Madero e Iztapalapa, según grupo etario y nivel de escolaridad, enero de 2021

Fuente: Elaboración propia.

Nota: Índice obtenido por factores principales con retención del 93% de la varianza y KMO de 0,8106. La medida sintética se expresa en unidades estandarizadas (media = 0; desviación estándar = 1). Asociación significativa entre escolaridad (Prob > F = 0,000), ocupación (Prob > F = 0,000) y grupos de edad (P > F = 0,000) con el puntaje promedio del índice factorial mediante ANOVA (Prob > F = 0,000).

Gráfico 6

Ciudad de México: puntaje del índice sobre la disponibilidad de recursos y de facilidades para afrontar la pandemia obtenido a partir de la encuesta realizada en las alcaldías de Gustavo A. Madero e Iztapalapa, según taxones de cumplimiento de medidas preventivas, ocupación y promedio de horas fuera del hogar, enero de 2021

Fuente: Elaboración propia.

Nota: Índice obtenido por factores principales con retención del 93% de la varianza y KMO de 0,8106. La medida sintética se expresa en unidades estandarizadas (media = 0; desviación estándar = 1). Asociación significativa entre grupos de ocupación (Prob > F = 0,000) y horas fuera de casa (P > F = 0,000) con el puntaje promedio del índice factorial mediante ANOVA (Prob > F = 0,000). Los taxones de cumplimiento no presentan diferencias significativas (Prob > F = 0,2698).

Por otra parte, en el grupo de personas asalariadas hay una mayor heterogeneidad en cuanto a la disponibilidad de recursos y facilidades para gestionar la crisis sanitaria, toda vez que en dicho subconjunto priman actividades diversas que van desde el trabajo como oficinista hasta la prestación de servicios domésticos.

El carácter paradojal de la relación entre la aplicación de prácticas preventivas y las condiciones óptimas para hacerlo va más allá de lo obvio, pues aun entre los subgrupos de personas que ponen en práctica los cuidados de forma circunstancial y constante, un tercio de los registros corresponde a personas que se contagiaron de la enfermedad. Como se detalla en el trabajo elaborado por Levy y Sartorio (2020), una parte de esta contradicción se explica por las presiones negativas que la precariedad laboral ejerce sobre el acatamiento de las restricciones de movilidad. Sin embargo, además del problema del trabajo desprotegido es claro que, pese a la disciplina social, prevalece una dislocación entre la toma de precauciones personales y el grado de acoplamiento con los riesgos contextuales. Al no contar con garantías que les permitan resolver las presiones económicas del núcleo familiar, aun quienes se esmeran en aspectos clave como el uso de cubrebocas, la convivencia limitada con otras personas o el mantenimiento de la higiene personal y del hogar se enfrentan con grandes constreñimientos que los obligan a poner en juego la efectividad de sus propias estrategias de salvaguarda frente al COVID-19.

De ese modo, una segunda paradoja surge cuando se contrastan los datos obtenidos sobre la percepción de los riesgos asociados a la pandemia. Como se recoge en el cuadro 8, las principales fuentes de preocupación entre las personas encuestadas son los daños económicos que la coyuntura crítica pueda causar. Nueve de cada diez personas consideran que las probabilidades de pasar mayores privaciones son bastante altas, en tanto que tres cuartas partes teme perder el empleo o su fuente principal de ingreso. Siete de cada diez personas también coinciden en la profunda angustia que sienten por el deterioro de la calidad de sus relaciones familiares y afectivas, mientras que poco menos de dos terceras partes ve amenazada su estabilidad psicológica y emocional.

Cuadro 8

Ciudad de México: percepción de riesgos asociados al COVID-19 según la encuesta realizada en las alcaldías de Gustavo A. Madero e Iztapalapa, enero de 2021

(En porcentajes)

Muy bajo

Bajo

Alto

Muy alto

Total

Contagio

7,4

34,7

53,8

4,1

100

Hospitalización por complicaciones

18,6

36,3

40,7

4,4

100

Mayores privaciones

0,0

9,6

33,6

56,8

100

Pérdida de empleo o fuente de ingreso

3,0

23,0

33,3

40,7

100

Muerte por COVID-19

23,0

41,0

32,2

3,8

100

Complicaciones emocionales o psicológicas

6,0

31,7

48,9

13,4

100

Perjuicio a las relaciones familiares o afectivas

0,0

31,2

35,5

33,3

100

Fuente: Elaboración propia.

Por su parte, los peligros más directos del COVID-19 sobre la salud personal figuran como tribulaciones relativamente menos agudas entre la muestra de personas entrevistadas. Sin trivializar las respuestas obtenidas, seis de cada diez encuestados consideran que el riesgo de contagiarse es alto o muy alto, cuatro de cada diez piensan que el riesgo de que los hospitalicen en caso de contraer la enfermedad es alto o muy alto, y solo una tercera parte considera que corre un riesgo alto o muy alto de morir.

Como se expone en el gráfico 7, la disciplina en lo que respecta al acatamiento de las recomendaciones sanitarias coincide con la magnitud del riesgo que las personas encuestadas perciben. Asimismo, los más jóvenes tienden a relativizar más los peligros relacionados con el contagio, la hospitalización y la mortalidad. No obstante, el carácter paradojal previamente señalado radica en la mayor importancia que se concede a los posibles daños económicos o emocionales. Los temores directamente vinculados con la salud solo figuran como parte de la preocupación central entre las personas mayores de 60 años.

Gráfico 7

Ciudad de México: promedio de riesgos percibidos frente a la pandemia obtenido en la encuesta realizada en las alcaldías de Gustavo A. Madero e Iztapalapa, según taxones de cumplimiento de medidas preventivas y grupos de edad, enero de 2021

Fuente: Elaboración propia.

Nota: Asociación significativa entre cada una de las categorías de percepción de riesgo, los taxones de cumplimiento y los grupos de edad con valores P > Chicuadrada = 0,000.

A diferencia de lo que se halló en otros trabajos, como los de Jian-Bin Li y otros (2020) y Harper y otros (2020), en la muestra estudiada los miedos más evidentes relativos a la propagación del virus SARSCoV2 no priman con suficiente resonancia por sobre los peligros asociados al bienestar material y relacional. Quizá por la tensión ineludible entre la preservación individual y la salvaguarda de la certeza familiar, la posibilidad de que la salud se perjudique no es más preponderante en el imaginario de las personas encuestadas. Forzados a elegir entre asumir el riesgo de contagiarse y sufrir el azote de mayores privaciones, los sectores más desfavorecidos exhiben grandes contradicciones entre el sentido de disciplina preventiva y la necesidad ingente de supervivencia.

Si bien no se cuenta con información más precisa sobre la gravedad de los síntomas o el deceso de familiares cercanos, otro factor muy distintivo es el de la experiencia de contagio por el virus SARS-CoV-2. A pesar de la insistencia sobre el daño que la enfermedad puede causar y sobre la probabilidad de volver a contagiarse, quienes han padecido el COVID-19 se muestran menos agobiados por el riesgo de infección, hospitalización y fallecimiento.

Como se aprecia en el gráfico 8, y sin omitir el talante diferenciador de la edad, las personas con antecedentes de infección tienden a relativizar los peligros directamente vinculados con la salud. Entre las personas de este grupo, solo el 44% consideran muy probable un escenario de reinfección, un 30% se muestran precavidas ante la hospitalización y una cuarta parte declaran sentirse muy alarmadas sobre la posibilidad de perder la vida. En contraste, entre quienes han esquivado la enfermedad, siete de cada diez consideran que el riesgo de contagiarse es alto, un 52% opinan lo mismo en cuanto al riesgo de hospitalización, y un 42% lo hacen respecto al riesgo de morir.

Gráfico 8

Ciudad de México: promedio de riesgos percibidos para la salud en la encuesta realizada en las alcaldías de Gustavo A. Madero e Iztapalapa, según condición de contagio de COVID-19 y grupo etario, enero de 2021

Fuente: Elaboración propia.

Nota: Asociación significativa entre cada una de las categorías de percepción de riesgo, la condición de contagio y los grupos de edad con valores P > Chicuadrada = 0,000.

En forma semejante, una tercera paradoja emerge cuando se problematiza la claridad relativa a los procedimientos que se deben seguir en caso de contagio o sospecha de este. En franco contraste con el grado de penetración de las recomendaciones preventivas, la mayoría de las personas entrevistadas tiene profundas dudas sobre cómo actuar ante los indicios de infección. Como se detalla en el cuadro 9, el 43,7% todavía carecen de certeza sobre cuál es la sintomatología del COVID-19, el 63,4% desconocen qué pasos deben seguir para afrontarlo, el 71% ignoran dónde atenderse en caso de complicaciones, el 56% no saben con exactitud dónde pueden realizarse una prueba, dos terceras partes no saben cómo monitorear sus signos vitales y, más importante aún, seis de cada diez no tienen una idea certera de las medidas domésticas que se deben implementar para evitar una mayor propagación.

Cuadro 9

Ciudad de México: grado de claridad sobre las medidas que se deben aplicar en caso de contagio, según la encuesta realizada en las alcaldías de Gustavo A. Madero e Iztapalapa, enero de 2021

(En porcentajes)

Nada claro

Muy poco claro

Algo claro

Muy claro

Total

Sintomatología

del COVID-19

10,6

33,1

38,8

17,5

100

Pasos que se deben seguir en caso de contagio

24,6

38,8

27,1

9,5

100

Dónde recibir tratamiento en caso de complicaciones

38,0

32,8

22,4

6,8

100

Dónde hacerse

pruebas diagnósticas

27,1

28,7

30,9

13,3

100

Cómo monitorear

signos vitales

26,8

39,4

25,1

8,7

100

Medidas domésticas para evitar más contagios

15,0

41,0

27,6

16,4

100

Fuente: Elaboración propia.

Las distinciones más nítidas en cuanto a las prácticas de gestión del COVID-19 están dadas por el nivel educativo de las personas encuestadas. Asimismo, una vez más se observa una diferencia sustantiva entre el subconjunto que tiene antecedentes de contagio y el que no los tiene.

Como se observa en el gráfico 9, entre quienes no han padecido la enfermedad una mayor escolaridad se traduce en menos incertidumbre relativa sobre cómo lidiar con un diagnóstico positivo. Pese a la ausencia de amplia claridad sobre cuáles son las probables estrategias de acción, este subgrupo exhibe menos confusión en cuanto a algunos de los aspectos relevados: seis de cada diez conocen mejor la sintomatología asociada al COVID-19; el 50% sabe dónde hacerse una prueba y cómo evitar la propagación en el hogar, y cerca del 40% sabe cómo monitorear sus signos vitales.

Gráfico 9

Ciudad de México: claridad promedio sobre los pasos que se deben seguir en caso de contagio obtenida de la encuesta realizada en las alcaldías de Gustavo A. Madero e Iztapalapa, según antecedentes de infección y nivel de escolaridad, enero de 2021

Fuente: Elaboración propia.

Nota: Asociación significativa entre cada una de las categorías de claridad sobre las medidas que se deben aplicar en caso de infección, la condición de contagio y el nivel educativo con valores P > Chicuadrada = 0,000.

En contraste, entre las personas que tienen antecedentes de infección prevalece una enorme inseguridad independientemente del grado de preparación escolar: una de cada dos personas no tiene claras las principales molestias indicativas de la presencia del virus; dos terceras partes no saben qué medidas tomar en el hogar; siete de cada diez desconocen a dónde acudir para realizarse una prueba diagnóstica, y cerca del 80% ignora cómo monitorear sus signos vitales o a dónde dirigirse en caso de que se presente alguna complicación derivada de la enfermedad. Estos indicios resultan preocupantes porque se trata de un subgrupo que ya estuvo expuesto al COVID-19 y que refleja poco aprendizaje sobre el particular. Dada la confusión prevalente, los datos permiten deducir que la gestión del padecimiento fue precaria y muy accidentada.

Al cotejar estos mismos indicadores a la luz de la disciplina con que se aplican las medidas preventivas, resalta la relación entre la adopción de más precauciones y la relativa claridad sobre cómo actuar en caso de contagio. Como se plasma en el gráfico 10, y sin que sea un factor crucial, una mayor escolaridad se relaciona con una mejor comprensión de rasgos como la sintomatología, las precauciones que se deben tomar en el hogar o la definición de una ruta de afrontamiento.

No obstante, no deja de ser paradójico que, independientemente de la disciplina con que se lleven a cabo las acciones preventivas, las personas sigan teniendo muy poca claridad acerca de cómo proceder ante un escenario de infección.

Gráfico 10

Ciudad de México: claridad promedio sobre los pasos que se deben seguir en caso de contagio obtenida de la encuesta realizada en las alcaldías de Gustavo A. Madero e Iztapalapa, según taxones de cumplimiento de medidas preventivas y nivel de escolaridad, enero de 2021

Fuente: Elaboración propia.

Nota: Asociación significativa entre escolaridad y claridad en cuanto a las rutas de afrontamiento (P > Chicuadrada = 0,002), sintomatología (P > Chicuadrada = 0,001) y precauciones en el hogar (P > Chicuadrada = 0,000). Sin diferencias significativas entre escolaridad y el resto de las medidas con valores P > Chicuadrada superiores a 0,35. Asociación significativa entre los taxones de cumplimiento y cada categoría de claridad en cuanto a las medidas que se deben aplicar en caso de infección (P > Chicuadrada = 0,000).

Así, los resultados que se han expuesto en el presente apuntan a la configuración de un escenario complejo para los sectores sociales más desaventajados. Pese a la llamativa prevalencia de las prácticas de prevención, hay tres paradojas que afectan profundamente la eficacia de las medidas de mitigación. Por un lado, más allá de la disciplina con que se adopten los hábitos cautelares, las personas carecen de recursos y condiciones óptimas para anteponer la salvaguarda de la salud a las necesidades materiales más básicas y para prolongar dicha salvaguarda. Por otro lado, la propia estrechez económica lleva a que se relativicen los riesgos directamente vinculados con la salud. Y por último, pese a la apuesta por las estrategias de contención y freno de la propagación del virus SARSCoV2, prevalece una gran desinformación y desorientación sobre cómo sobrellevar un escenario de contagio.

Las restricciones que impone la agudeza de la desigualdad social atraviesan íntegramente las distintas caras de la gestión de la pandemia. Como se ha podido constatar, las grandes limitaciones trascienden la voluntad social de acatar o desobedecer las recomendaciones preventivas. Más allá de la elección personal o individual a la hora de poner en práctica los cuidados sanitarios principales, prima un contexto de contradicciones que no habrán de resolverse ante la inminente y difícil vía de la vacunación. Mientras la gente se vea forzada a elegir entre la preservación de la salud o la búsqueda de la supervivencia económica, los estertores de la pandemia se harán más prolongados. Sin disciplina, no habrá mitigación, y sin comprensión de los límites sociales que obstaculizan la obediencia, el retorno a la normalidad no se antoja ni cercano ni exento de contratiempos. El campo está arado para que los discursos estigmatizantes sustituyan la comprensión cabal del comportamiento de diferentes grupos sociales frente a la pandemia.

D. Conclusiones

Los repertorios y prácticas frente al COVID-19 que se captaron entre residentes de los polígonos marginales de GAM e Iztapalapa sirven para matizar algunas de las nociones profundamente arraigadas en el discurso público relativo a la pandemia.

Más allá de la dinámica epidemiológica del virus SARSCoV2, los debates sobre la dimensión social del problema reclaman más apertura. Por encima del espíritu de disciplina y compromiso frente a las recomendaciones de mitigación, los resultados expuestos apuntan a que en la gestión de la crisis sanitaria priman contradicciones.

Desde etapas más o menos tempranas de la pandemia de COVID-19, muchas voces expertas subrayaron la eficacia y el poder resolutivo de la adopción de medidas preventivas como el confinamiento y el uso de cubrebocas. El llamado a quedarse en casa implicaba trazar una ruta de reducción de riesgos en que se suponía que todas las personas poseían condiciones igualmente óptimas para cancelar la vida diaria por un tiempo acotado. Hubo quienes incluso señalaron que, si se acataba el confinamiento y el uso de mascarillas, la propagación del virus estaría controlada en un plazo de entre 28 y 56 días (JAMA Network, 2020; Chertorivski y otros, 2020). No obstante, las semanas se tornaron meses, y los meses ahora suman un año.

Sin poner en duda la necesidad de atender los protocolos básicos de salvaguarda, los indicios que se analizaron en esta entrega sugieren que el que no haya displicencia no es suficiente para contrarrestar los peligros de la enfermedad. Tal como se ha retratado en otras fuentes de información (Universidad Iberoamericana, 2020; MITOFSKY, 2021), la negligencia, el descuido o la desobediencia abierta solo se presentan en un grupo extremadamente acotado de la población. Empero, las carencias materiales y la necesidad de hacerse de un ingreso o de conservar el patrimonio familiar afectan a millones de personas que se confrontan con el dilema de aislarse de los riesgos del virus o de incorporarlos a su dinámica de subsistencia.

Los resultados que aquí se muestran señalan que, pese al acatamiento más o menos estricto de las recomendaciones sanitarias, la población de escasos recursos se ve compelida a salir de casa durante largas jornadas. Ya sea por el tipo de ocupación o por la falta de facilidades y recursos que hagan posible el confinamiento residencial, la efectividad de los cuidados se pone en entredicho frente a las precariedades que priman en el entorno.

Asimismo, las aflicciones asociadas con la estrechez económica relativizan en gran medida las nociones de riesgo asociadas a la salud. Quizá por la excesiva confianza en la lozanía juvenil, o porque se ha repetido hasta el cansancio que siete de cada diez casos son asintomáticos, que solo uno de cada diez presenta síntomas leves y que solo dos de cada diez padecen complicaciones (INSP, 2020), los peligros vinculados al contagio, la hospitalización y el deceso se ven desplazados por los temores de que aumente la precariedad material y familiar.

Pese a la claridad que las personas tienen sobre cómo romper las cadenas de contagio y la amplia voluntad de cumplir a cabalidad esas indicaciones, surge la paradójica confusión acerca de cómo actuar frente a un escenario de infección. Con recursos de por sí escasos y con la enorme presión de procurar el bienestar familiar, una buena proporción de la gente desconoce cómo hacer frente a esta enfermedad, dónde acudir para recibir atención médica o hacerse una prueba, o cómo proceder para evitar que el virus se propague dentro del hogar. Sin acceso a la seguridad social y sin condiciones para costear los menesteres básicos, los sectores poblacionales más desprotegidos no solo se cuidan como pueden, sino que, además, en caso de enfermedad, deben afrontar la incerteza sobre cómo gestionar un padecimiento en que el riesgo de morir y de que se presenten repercusiones físicas prolongadas aumenta debido a las desventajas que esos sectores padecen.

De acuerdo con los datos recabados en las localidades estudiadas, el 76,8% de las personas encuestadas se muestran muy dispuestas a aplicarse la vacuna contra el virus SARSCoV2. De forma irónica, pero también realista, solo el 23,3% de ellas confían en que lograrán tener acceso oportuno a la inoculación. En la antesala de un proceso como el de la vacunación, que será largo, complejo y estará sujeto a múltiples imponderables, la comprensión y erradicación de la pandemia exige un mayor esfuerzo por problematizar el talante social.

Es cierto que la inminente llegada de la inmunización representa una esperanza de frenar la propagación del COVID-19. Sin embargo, ante el reto de lograr una cobertura efectiva y generalizada, los tiempos demandan que los hábitos de prevención se sigan poniendo en práctica con rigurosidad. Sin remedios rápidos para resolver los escollos de la desigualdad y la marginación, la urgencia de entender y atender la dinámica de las personas más desaventajadas adquiere mayor relevancia.

Bibliografía

ADIP (Agencia Digital de Innovación Pública) (2020), “Programa de Detección y Aislamiento de Casos en Colonias de Atención Prioritaria (kioscos y centros de salud)” [en línea] https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/colonias-de-atencion-prioritaria-covid-kioscos.

Briscese, G. y otros (2020), “Expectations, reference points, and compliance with COVID-19 social distancing measures”, NBER Working Papers, Nº 26916.

Brulliard, K. (2020), “At dinner parties and game nights casual American life is fueling the coronavirus surge as daily cases exceed 150,000”, The Washington Post [en línea] https://www.washingtonpost.com/health/2020/11/12/covid-social-gatherings/.

Chertorivski, S. y otros (2020), La gestión de la pandemia en México. COVID-19. Análisis preliminar y recomendaciones urgentes, Consejo Consultivo Ciudadano Pensando en México [en línea] https://es.scribd.com/document/475432014/La-gestion-de-la-pandemia-en-Mexico.

Díaz de Rada, V. (2012), “Ventajas e inconvenientes la encuesta por internet”, Papers, vol. 97, Nº 1 [en línea] https://papers.uab.cat/article/view/v97-n1-diaz/pdf.

Evalúa CDMX (Consejo de Evaluación para el Desarrollo Social de la Ciudad de México) (2010), “Índice de Desarrollo Social de las Unidades Territoriales de la CDMX” [en línea] http://data.evalua.cdmx.gob.mx/inicio-medicion-unidades-territoriales.php.

Guevara, J. y G. Vargas (2020), “Quarantine and informality: reflections on the Colombian case”, Space and Culture, vol. 23, Nº 3 [en línea] https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1206331220938626?journalCode=saca.

Harper, C. y otros (2020), “Functional fear predicts public health compliance in the COVID-19 Pandemic”, International Journal of Mental Health and Addiction, vol. 1, Nº14.

Hernández, H. (2021), “COVID-19 en México: un perfil sociodemográfico”, Notas de Población, vol. 47, Nº 111 (LC/PUB.2020/19-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) (2021), “Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), población de 15 años y más edad” [en línea] https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/.

INSP (Instituto Nacional de Salud Pública) (2020), “Resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición COVID-19” [en línea] https://www.insp.mx/avisos/resultados-preliminares-de-la-encuesta-nacional-de-salud-y-nutricion-covid-19.

JAMA Network (2020), “Coronavirus Update from the CDC” [en línea] https://www.youtube.com/watch?v=jzHIhSZ_fiA.

Jefatura de Gobierno (2021), “Entrevista a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, durante la videoconferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento”, 16 de diciembre Comunicación CDMX [en línea] https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/entrevista16122020-la-jefa-de-gobierno-claudia-sheinbaum-pardo-durante-la-videoconferencia-de-prensa-en-el-antiguo-palacio-del-ayuntamiento.

Levy, E. y L. Sartorio (2020), “Take me out: de facto limits on strict lockdowns in developing countries”, Covid Economics Vetted and Real-Time Papers, Nº 39, Londres, Centro de Investigación sobre Políticas Económicas [en línea] https://cepr.org/file/9394/download?token=V5WFWAve.

Li, J.B. y otros (2020), “Self-control moderates the association between perceived severity of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) and mental health problems among the Chinese public”, PsyArXiv Preprints [en línea] https://doi.org/10.31234/osf.io/2xadq.

Lipsitch, M. (2020), “¿Quién es inmune al Coronavirus?”, The New York Times [en línea] https://www.nytimes.com/es/2020/04/21/espanol/opinion/coronavirus-inmunidad.html.

MITOFSKY (2021), “El Coronavirus en México. Sexagésima Tercera Encuesta Nacional” [en línea] http://www.consulta.mx/index.php/encuestas-e-investigaciones/item/1425-covid-50.

Monroy-Gómez-Franco, L. (2020), “¿Quién puede trabajar desde casa? Evidencia desde México”, Documento de Trabajo 06/2020, Centro de Estudios Espinosa Yglesias [en línea] https://ceey.org.mx/quien-puede-trabajar-desde-casa-evidencia-desde-mexico/.

Naciones Unidas (2020), “Cada persona debe asumir la responsabilidad de protegerse del riesgo de contraer el coronavirus”, Noticias ONU [en línea] https://news.un.org/es/story/2020/07/1476852.

OMS (Organización Mundial de la Salud) (2020), “Brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19): orientaciones para el público”, Emergencias Sanitarias [en línea] https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public?gclid=EAIaIQobChMIp-C40pvi7gIVRzizAB3hBggDEAAYASABEgIcVPD_BwE.

Plater, R. (2020), “As many as 130,000 lives could be saved the next 3 months if everyone wore a mask”, Healthline [en línea] https://www.healthline.com/health-news/as-many-as-130000-lives-could-be-saved-the-next-3-months-if-everyone-wore-a-mask.

SIDESO (Sistema de Información de Desarrollo Social) (2020), Grados de Marginación por Unidad Territorial, Secretaría de Inclusión y Bienestar Social [en línea] http://www.sideso.cdmx.gob.mx/index.php?id=11.

SISVER (Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias) (2021), COVID-19, México: Datos Epidemiológicos [en línea] https://covid19.sinave.gob.mx/.

Universidad Iberoamericana (2020), La IBERO presenta Encuesta de Seguimiento de los Efectos del COVID en el Bienestar de los Hogares Mexicanos, #ENCOVID-19 [en línea] https://ibero.mx/sites/default/files/comunicado_encovid-19_completo.pdf.

Van Rooij, B. y otros (2020), “Compliance with COVID-19 mitigation measures in the United States”, Amsterdam Law School Research Paper, Nº 2020-21 [en línea] http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3582626.

Wright, A. y otros (2020), “Poverty and economic dislocation reduce compliance with COVID-19 shelter-in-place protocols”, Journal of Economic Behavior & Organization, vol. 180.

[1] Profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México. Correo electrónico: gaurbina@colmex.mx.

[2] Profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México. Correo electrónico: mimora@colmex.mx.

[3] Un buen ejemplo de esta matriz discursiva puede encontrarse en las declaraciones de Michael Ryan, Director Ejecutivo de la División de Programas de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud, quien en julio de 2020 indicó que “al hablar de la transmisión del virus, en el fondo se habla de la conducta de la gente” (Naciones Unidas, 2020).

[4] Cifras según el tabulador de registros de enero de 2021. Los datos pueden variar ligeramente en virtud de la actualización permanente del Sistema de Vigilancia Epidemiológica.

[5] La certeza señalada sobre las medidas preventivas ha sido objeto de diversos llamados y posturas por parte de distintos agentes nacionales e internacionales. Al respecto pueden consultarse las declaraciones del Director General de Sanidad de los Estados Unidos, Jerome Adams, en Plater (2020), y el documento de propuestas La gestión de la pandemia en México (Chertorivski y otros, 2020).

[6] Desde hace varios meses en México se emplea el mecanismo del semáforo de riesgo epidemiológico para gestionar la estrategia ante el COVID-19. El nivel de riesgo se clasifica en bajo (verde), medio (amarillo), alto (naranja) y máximo (rojo). Esta alerta se actualiza semanalmente para cada entidad federativa.

[7] En el índice construido se incluyen los ocho reactivos del módulo 4 del cuestionario sobre recursos y facilidades para afrontar la pandemia (véase la sección B sobre el diseño metodológico).

Artículo 04

Migración internacional forzada: las violencias que la producen, según la percepción de las víctimas[1]

Valentina Rabasa Jofre[2]

Recibido: 29/12/2020

Aceptado: 25/02/2021

Resumen

El objetivo de este análisis es identificar los tipos de violencia que se perciben como desencadenantes de las migraciones internacionales forzadas originadas en El Salvador, Honduras y Guatemala, ya que no todas las formas de violencia son percibidas por las víctimas, porque se han habituado a algunas de ellas y, por ende, no siempre las vinculan con el inicio de su experiencia migratoria. El estudio consideró 23 entrevistas a personas migrantes que ingresaron de forma irregular a México. La teoría fundamentada como método de análisis posibilitó comprender que la violencia directa es la que origina los flujos migratorios según la percepción de las personas entrevistadas, pero también reveló que la violencia estructural es parte de su vida cotidiana y las encierra en un contexto normalizado de precariedades. Es por eso que en primera instancia se adaptan a situaciones de escasez de recursos, condiciones de vulnerabilidad y dificultades de desarrollo, pero cuando peligra la vida huyen de sus lugares de residencia habitual.

Palabras clave: migración internacional, migración forzada, migrantes, personas desplazadas, violencia, entrevistas, América Latina.

Abstract

The aim of this study is to identify the types of violence that are viewed as triggers of forced international migration from El Salvador, Honduras and Guatemala, given that victims do not perceive all forms of violence, having become accustomed to some forms, and therefore do not always associate them with the beginning of their migration experience. It draws on twenty-three interviews conducted among migrants who had entered Mexico irregularly. The grounded theory method of analysis shows that direct violence is perceived by interviewees to be the driver of migration flows, and that structural violence is part of their daily lives, trapping them a context in which insecurity has been normalized. This is why they initially adapt to situations where resources are scarce and to conditions that make them vulnerable and hinder their development, but when their lives are threatened, they flee their places of habitual residence.

Keywords: international migration, forced migration, migrants, displaced persons, violence, interviews, Latin America.

Résumé

Cette étude a pour objectif de repérer les types de violence qui sont perçus comme des facteurs déclencheurs de la migration internationale forcée en provenance d’El Salvador, du Honduras et du Guatemala. En effet, les victimes ne perçoivent pas toutes les formes de violence, car elles se sont habituées à certaines d'entre elles et ne les associent donc pas toujours au point de départ de leur expérience migratoire. La recherche a pris en compte 23 entretiens avec des migrants entrés de façon irrégulière au Mexique. La théorie de la prise de conscience comme méthode d'analyse a permis de comprendre que, selon la perception des personnes interrogées, les violences directes sont à l'origine des flux migratoires, mais aussi que les violences structurelles font partie du vécu quotidien de ces personnes et les maintiennent dans un contexte normalisé de précarité. C'est pourquoi, dans un premier temps, ces populations s'adaptent à des situations de pénurie de ressources, de vulnérabilité et de difficultés au niveau du développement, mais ce n’est que lorsque leur vie est menacée qu’elles fuient leur lieu de résidence habituel.

Mots clés: migration internationale, migration forcée, migrants, personnes déplacées, violence, interviews, Amérique latine.

Introducción

Históricamente, migrar ha sido una facultad de todo ser humano de forma individual, en familias o en grupos más amplios. En muchos sentidos, además de reafirmarse como un derecho, se reconoce como una acción que las personas deberían emprender de forma voluntaria con el fin de alcanzar mejores oportunidades y condiciones de vida, así como cumplir anhelos (Castillo, 2005, pág. 190). La disparidad entre países desarrollados (receptores) y en desarrollo (expulsores) y la violencia arraigada en sociedades que llevan años de conflictos, condiciones de inseguridad causadas por la presencia y las acciones de la delincuencia organizada (violencia personal o directa), injusticias sociales, desigualdad, marginación y pobreza (violencia estructural o indirecta), como elementos que son consecuencia de los modelos de desarrollo de los países expulsores, son en la actualidad el motor de muchas migraciones que ya no se realizan de manera voluntaria, sino que se perciben como una necesidad para encontrar condiciones mínimas de vida digna o escapar de diversos tipos de violencia que atentan contra la propia vida (Bustamante, 2005; Casillas, 1996, 2008 y 2011; Castillo, 2005; MSF, 2013; Ortiz y Pombo, 2014; Silva, 2014).

Este trabajo tiene como objetivo identificar los tipos de violencia que se presentan en los países del norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala) y comprender a partir de las percepciones de las personas que migran de dichos países qué violencias se relacionan con sus experiencias migratorias y de qué forma. La hipótesis utilizada como guía en el proceso investigativo plantea que las diferentes percepciones que las personas migrantes centroamericanas en México tienen de la violencia en sus lugares de origen varían de una persona a otra de tal forma que los contextos en que nacieron y se desarrollaron son esenciales para comprender cómo han construido dichas percepciones, que contribuyen al desencadenamiento de la condición migratoria en la que se encuentran.

Con el fin de alcanzar dicho objetivo, la obtención de datos se realizó a partir de entrevistas en profundidad en las que se tomaron en cuenta los contextos privado y comunitario. Para su ordenamiento y análisis se utilizó como método la teoría fundamentada, acompañada de una estrategia analítica basada en dos dimensiones, relacional y temporal, observadas en tres niveles, micro, meso y macro, así como la perspectiva analítica de la teoría de las representaciones sociales para poder interpretar las percepciones de la violencia de las personas entrevistadas.

A. Metodología

El proceso de desarrollo de la teoría fundamentada desde el enfoque constructivista formulado por Charmaz (2000) está constituido por una serie de estrategias para recopilar, conocer, ordenar y analizar los datos obtenidos a partir de las entrevistas realizadas. Una característica esencial de la teoría fundamentada es que propone un proceso en el que las diferentes etapas se entrelazan de tal forma que no existe un orden lineal para iniciar y concluir cada una de ellas, sino que se produce un constante retorno entre una etapa y otra para generar nuevos conceptos. De ese modo, se adiciona y organiza información nueva a medida que se está analizando la recopilada con anterioridad hasta lograr en una o más categorías[3] un punto de saturación, esto es, un punto en que con información adicional ya no se pueden generar más propiedades de dicha categoría o en que ya no se presentan nuevos datos que den origen a una categoría adicional. A partir de las categorías ya identificadas se busca una categoría central, que se relaciona en diferentes niveles con el resto de las categorías, de tal forma que tiene claras implicaciones para el desarrollo de la teoría, así como la capacidad de comprender las variaciones que se presenten en el fenómeno estudiado, por lo que la explicación que la sostiene se mantiene a pesar de que cambien las condiciones (Strauss, 1987).

Por su parte, las representaciones sociales surgen a partir de conocimientos organizados de los miembros de una sociedad que pueden ser analizados en un tiempo y un lugar específicos, pero ligados a su situación previa, porque son estables (núcleo central), pero a la vez dinámicos (elementos periféricos). Se trata de procesos sociales variables y permanentes, rígidos e innovadores (Jodelet, 1975), que no pueden ser comprendidos únicamente como procesos generadores de conocimiento sin considerar la historia de su reconstrucción. Así, la representación social de la realidad para cada individuo tiene un valor que es ante todo social, es decir, está elaborada en función de lo aprendido en un contexto social y asimilado de manera individual (Rateau y Lo Monaco, 2013).

En este sentido, la percepción que tienen las personas migrantes de la violencia y su relación con su propia migración, es decir, las formas en las que entienden tanto el concepto como el proceso relacionado, conforma las representaciones que se tienen de estos en la sociedad de la que salen. Esta perspectiva, a través de sus supuestos, nos ayuda a comprender las percepciones que construyen las representaciones sociales de la violencia asumidas por la sociedad en la que habita la población en estudio en contextos diferenciados.

B. Los datos

Los datos para el análisis fueron obtenidos del trabajo de campo realizado entre noviembre de 2017 y febrero de 2019, que derivó en 23 entrevistas, de las cuales 17 fueron realizadas en la Fundación Humanitaria Rey (FHR), 1[4] en el Estadio Jesús “Palillo” Martínez, mientras se hospedaba ahí la segunda caravana de migrantes que entró a México en 2018, y 5 en la Casa de Acogida y Formación para Mujeres y Familias Migrantes (CAFEMIN). Con la información obtenida se construyó el perfil sociodemográfico de las personas entrevistadas (véase el cuadro 1).

Cuadro 1

Perfil sociodemográfico de las 23 personas entrevistadas entre noviembre de 2017 y febrero de 2019

Condición sociodemográfica

Hombres

Mujeres

Total

Edad (grandes grupos)

Menores de 15 años

0

0

0

De 15 a 29 años

6

1

7

De 30 a 44 años

5

7

12

De 45 a 59 años

4

0

4

De 60 años y más

0

0

0

Nacionalidad

Salvadoreña

4

1

5

Guatemalteca

1

2

3

Hondureña

10

5

15

Zona

Urbanaa

15

8

23

Escolaridad

Primaria incompleta

4

3

7

Primeria completa

3

1

4

Secundaria (o bachillerato) incompleta

2

1

3

Secundaria (o bachillerato) completa

3

3

6

Licenciatura o ingeniería incompleta

2

0

2

Licenciatura o ingeniería completa

1

0

1

Actividad laboral

Empleado(a) u obrero(a)

6

4

10

Jornalero(a) o peón

3

0

3

Patrón(a) o empleador(a)

0

1

1

Trabajador(a) por cuenta propia

5

2

7

Otro

1

1

2

Situación conyugal

Unión libre

3

0

3

Separado(a)

2

7

9

Divorciado(a)

0

0

0

Viudo(a)

1

0

1

Casado(a)

2

0

2

Soltero(a)

7

1

8

Número de hijos

Sin hijos

7

0

7

1-2

6

5

11

3-4

2

3

5

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de las entrevistas de campo.

a Se consideran zonas urbanas los territorios con poblaciones superiores a 2.500 habitantes.

Para la selección de personas candidatas a la entrevista se establecieron criterios que ayudaran a conformar un grupo heterogéneo. Se buscó que su lugar de origen anterior a la última experiencia migratoria antes de la entrevista fuera su lugar de nacimiento[5] y se consideró como admisibles únicamente a aquellos que hubieran nacido y vivido en El Salvador, Guatemala y Honduras[6], que fueran hombres y mujeres mayores de edad y que hubieran entrado a México en situación migratoria irregular[7]. Se logró heterogeneidad en el perfil de las personas entrevistadas con excepción de la nacionalidad, variable que muestra una mayoría de hondureños y únicamente tres guatemaltecos. Asimismo, entre las variables no acotadas con criterios de selectividad para realizar las entrevistas, se encontró que las 23 personas migrantes provenían de zonas urbanas.

C. Migración-desarrollo-violencia: una propuesta teórica

La migración, el desarrollo y la violencia son tres elementos que permiten analizar las acciones de una población sobre la base de las condiciones en las que vive. Los modelos de desarrollo imperantes en el mundo actual han propiciado el surgimiento de distintas posturas sobre lo que se entiende por desarrollo y sobre cuáles son las estrategias para alcanzarlo. Diversos estudios sobre migraciones internacionales han mostrado que existe una relación innegable entre la migración internacional y el modelo de desarrollo, que muestra diferentes componentes que definen su interdependencia (Martínez, 2008; Canales, 2009). Por su parte, la violencia, como factor inmerso en la vida cotidiana en los lugares de origen, tanto en contextos privados como comunitarios, muestra sus más importantes expresiones, que permiten comprender la relación que se ha construido entre ella y la salida de los lugares donde se presenta, pero también las raíces de donde proviene. En este sentido, a partir de esta tríada se conforma un sistema que abre la posibilidad de comprender el desencadenamiento y la permanencia de los procesos migratorios internacionales forzados (véase el diagrama 1).

En esta investigación, dicho sistema se presenta configurado a partir de un modelo de desarrollo ineficiente e inestable en términos de los beneficios otorgados a la mayoría de la población y que facilita la existencia de diferentes formas y expresiones de violencia que las personas normalizan o sobrellevan o de las que huyen.

La relación entre migración internacional y modelo de desarrollo se fortalece, en algunos casos, conforme la asimetría entre los niveles de desarrollo de dos países específicos se profundiza. Cuanto mayor es la asimetría, mayores son las probabilidades de que se produzca una migración del país menos desarrollado al más desarrollado, en principio en términos económico-laborales, lo que propicia consecuencias negativas para ambos países (Castles y Delgado-Wise, 2007; Delgado-Wise y Márquez, 2007). Por su parte, el vínculo entre modelo de desarrollo y violencia se observa cuando el modelo de desarrollo de un país no logra cubrir, al menos, las necesidades básicas de la población, lo que sitúa a amplios sectores de esta en condiciones de injusticia social, exclusión social, desigualdad y pobreza, expresiones de la violencia estructural (Galtung, 1995).

Diagrama 1

Modelo teórico: vínculo dialéctico entre modelo de desarrollo, migración internacional y violencia

Fuente: Elaboración propia, sobre la base del análisis teórico y conceptual realizado.

La injusticia social emana de una relación desequilibrada de poder entre los diversos sectores de una sociedad en la que el acceso y el goce de derechos inalienables no son ejercidos de igual forma. La exclusión social, por su parte, es un proceso histórico relacional de constitución de privaciones estructurales y “en tanto que representa la forma extrema de las desigualdades sociales, remite a una comprensión relacional de la sociedad basada en el poder” (Sainz y Mora, 2007, pág. 24). La pobreza, en tanto, es un concepto que muestra la situación de un sector de la población caracterizado por carencias en términos de un estándar de bienestar específico o nivel de desarrollo; por lo tanto, la pobreza está presente a partir de ciertos estándares establecidos sin importar la situación relacional que pueda tener quien se encuentra en un escenario de pobreza y quien no (Villarespe, 2002; Himmelfarb, 1988).

La violencia estructural, como afirman La Parra y Tortosa, remite a la existencia de “un conflicto entre dos o más grupos de una sociedad […] en el que el reparto, acceso o posibilidad de uso de los recursos es resuelto sistemáticamente a favor de alguna de las partes y en perjuicio de las demás, debido a los mecanismos de estratificación social” (La Parra y Tortosa, 2003, pág. 57) y relaciones de poder desequilibradas. En palabras de Galtung, esto implica que en un mismo espacio y tiempo unos vivan en condiciones de escasez, sin la posibilidad de cubrir las necesidades básicas, y otros no; este autor define la violencia estructural como aquella en la que es imposible reconocer al actor o sujeto que la genera (Galtung, 1995).

Las consecuencias de las relaciones de poder se manifiestan en situaciones de violación de derechos humanos, lo que dificulta la satisfacción de las necesidades básicas de aquellos que se encuentran en desventaja y los sitúa en condiciones de vulnerabilidad difíciles de superar. Esta vulnerabilidad se define como una condición que tiende a acumularse con facilidad, es decir, una vez que la capacidad de las personas de hacer frente a algún peligro se ve disminuida, las posibilidades de regresar al estadio anterior se vuelven cada vez menores. Es una condición de desventaja en la que cualquier situación o acontecimiento que tenga un impacto negativo en las condiciones de vida generales producirá una condición peor y de mayor vulnerabilidad (Busso, 2001; Bustamante, 2005; Pérez, 2005; Hernández-Rosete y otros, 2005). Por lo tanto, la existencia de vulnerabilidad social puede ser un síntoma de violencia estructural, dado que está conformada dentro de la estructura y se manifiesta como un poder desigual que produce oportunidades de vida distintas (Galtung, 1995). Aquellos que salen del país sin planificación previa o de forma intempestiva tienen altas probabilidades de disponer de escasos recursos para el trayecto, de no tener un destino claro, de no haber tenido otra opción sino la de irse y de entrar al país de tránsito o destino en situación migratoria irregular, lo que incrementa su vulnerabilidad.

La violencia directa, por el contrario, se entiende en este trabajo como aquella en la que el sujeto agresor es reconocible y causa daño directo a la víctima sin que haya mediación entre el sujeto, el objeto y dicha acción; es manifiesta y representa el aspecto más evidente de la violencia. Su expresión es por lo general física, verbal o psicológica. Tiene diferentes manifestaciones relacionadas con distintas necesidades básicas limitadas, que muestran la diversidad de acciones que la caracterizan, tales como homicidios, genocidios, secuestros, amenazas, mutilación, golpes, sanciones y extorsiones, entre otras; la generación de una ciudadanía de segunda clase, exclusión, resocialización o des-socialización desde la propia cultura, así como represiones, detenciones y expulsiones (Jiménez, 2012, pág. 32). Estas manifestaciones de la violencia directa incrementan la inseguridad provocada por individuos y organizaciones delictivas que han hecho de la violencia una forma de subsistir.

Ambos tipos de violencia pueden observarse a lo largo de la historia de los países del norte de Centroamérica. La violencia estructural no cambia mucho a través del tiempo, pero la violencia directa que se observa en la actualidad es perpetrada principalmente por las maras, sobre todo en zonas urbanas, lo que ha generado desde principios del siglo XXI (Waxenecker, 2016) una migración forzada.

D. Violencias en los países del norte de Centroamérica

Las violencias, en plural, basadas en las discordancias de poder entre unos y otros sectores de la sociedad, han sido, desde tiempos inmemoriales, un elemento de peso en el origen de las bases desiguales en cuanto a las oportunidades de desarrollo dentro de las sociedades y entre ellas. Una mirada a nuestro pasado permite constatar la existencia de estructuras y relaciones sociales, políticas, económicas y culturales construidas sobre esas diferencias a lo largo del tiempo.

Los estudios de tipo histórico-político enfocados en Centroamérica muestran a esta región como un espacio en constante conflicto y con intereses de carácter geopolítico por parte de algunos actores de la comunidad internacional. Las confrontaciones e inestabilidades políticas, económicas, sociales y culturales se pueden observar en eventos específicos como la conquista, la independencia, el proceso de construcción de los Estados-nación, los conflictos armados de las décadas de 1980 y 1990, y el fortalecimiento de diversas organizaciones delictivas que azotan a unos países de la subregión más que a otros hasta la actualidad (Figueroa, 1996, 2003 y 2014; Torres Rivas, 1981, 1982, 1994, 2007 y 2010; Acuña y Rodríguez, 2014). Mientras que las expresiones de la violencia directa han cambiado junto con los actores que la ejercen, las de la violencia estructural han permanecido y se han enraizado en amplios sectores de los países del norte de Centroamérica.

Los actores que perpetran la violencia directa en zonas urbanas en la actualidad son parte de diversas organizaciones delictivas (crimen organizado, maras, narcotraficantes y otros), cuyas acciones, en algunos casos, implican constantes ataques a grupos y personas que no pertenecen a ellas o dinámicas violentas inherentes a las diferentes actividades que realizan para subsistir o empoderarse (Savenije, 2009), como ocurre en el caso de las maras.

La tasa de homicidios en estos tres países es una de las más altas del mundo. En 2018 la Oficina de las Naciones Unidas contra la Dogra y el Delito (UNODC) informó que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en El Salvador era de 52, en Honduras de 39 y en Guatemala de 23; este indicador para el conjunto de Centroamérica en ese año era de 28 y para el mundo de 5,8, según la misma fuente (UNODC, 2018).

En cuanto a la violencia estructural, se observa que los niveles de pobreza en El Salvador, Honduras y Guatemala eran del 22,8% (2019), el 48,3% (2018) y el 59,3 (2014), respectivamente, según el Banco Mundial. La misma fuente informó que el índice de desigualdad de Gini era en El Salvador de 38,6 (2018), en Honduras de 52,1 (2018) y en Guatemala de 48,3 (2014). De acuerdo con el Programa Estado de la Nación - Región (2016), el porcentaje de hogares excluidos en El Salvador era del 38% y en Honduras del 57% en 2013, en tanto que en Guatemala era del 40% en 2014. Así, se observa que los contextos presentan causas relacionadas con la violencia directa y estructural; sin embargo, las motivaciones se vinculan con la percepción de dichas violencias como desencadenantes de las migraciones forzadas.

Diversos estudios se refieren a movimientos poblacionales causados por la violencia, particularmente internos, pero también internacionales (Engel e Ibáñez, 2007; Shellman y Stewart, 2007; Bassu, 2017; Bullock, 2017; Gómez-Johnson, 2015; González, 2015; Rubio y Pérez, 2016; ACNUR, 2014; Salvadó, 1992). En el caso específico de las personas migrantes en situación irregular en México, la vulnerabilidad que acumulan es un elemento que caracteriza la relación entre violencia y migración internacional, como se muestra en el diagrama 2. Se trata de un elemento fortalecido por la violencia estructural, que permite que las personas sean, con mayor probabilidad, víctimas de ciertas expresiones de la violencia directa.

Diagrama 2

Relación entre violencia y migración internacional

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los datos proporcionados por 23 entrevistas realizadas a personas migrantes de El Salvador, Honduras y Guatemala en México, entre noviembre de 2017 y febrero de 2019.

E. Migración internacional forzada

Hablar de migración por violencia podría reunir en un mismo grupo a desplazados internos e internacionales, migrantes internacionales, refugiados o asilados, conceptos que permiten dilucidar las causas de la movilidad (Coraza de los Santos, 2020).

La migración forzada como concepto se inserta en un debate entre dos grupos: aquellos que están de acuerdo en llamarle migración forzada porque la decisión de partir se asemeja más a un impulso sin meditación, como forma de preservar la vida, y que no es lineal, sino que consta, en general, de varios desplazamientos internos que pueden convertirse en movimientos transfronterizos o internacionales (Gómez-Johnson, 2015; Mármora, 2002, Gzesh, 2008), y aquellos que afirman que para que sea forzada debe existir un actor que genere el movimiento, ya sea el Estado o algún otro agresor, por lo general con anuencia del Estado, como es el caso de la definición de migración forzosa establecida por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) o la propuesta de Coraza de los Santos, que expone un elemento que “constituye la causa esencial de las movilidades forzadas: la existencia de amenazas, algunas, en formas de violencia” (Coraza de los Santos, 2020, pág. 134).

Cuando la acción de migrar no es voluntaria, para algunos autores, como Mármora (2002) o González (2015 y 2017), se vuelve forzada, independientemente del contexto y de la existencia o no de una acción humana que la induzca y de la figura migratoria que las personas migrantes soliciten al entrar a un país que consideren como destino. Asimismo, no es posible considerar una migración forzada como voluntaria, incluso cuando es planeada (Coraza de los Santos, 2020), como, por ejemplo, las caravanas de personas migrantes centroamericanas que ingresaron a México entre octubre de 2018 y abril de 2019. Salieron de sus países por dos tipos de violencia: la directa, ejercida principalmente por las maras o en algunos casos en la forma de violencia doméstica, y la estructural, vinculada a la imposibilidad de encontrar un trabajo que les permitiera desarrollarse y cubrir las necesidades básicas (Gandini, Fernández y Narváez, 2020).

Mármora intenta hacer una diferenciación entre las migraciones voluntarias, que define como aquellas en las que es posible tomar una decisión, y las forzadas, no deseadas y, por tanto, no voluntarias, que se presentan a partir de una presión externa, comúnmente expresada en la forma de conflictos armados, aunque existen otras situaciones ante las cuales la migración también podría considerarse no voluntaria (Mármora, 2002), como las desigualdades en los niveles de desarrollo, las asimetrías en la distribución de los beneficios ofrecidos por la economía internacional, las carencias de capital humano y conocimientos y los desastres ocasionados por fenómenos naturales (Domínguez, 2006).

En este trabajo, la migración internacional forzada es concebida como la acción última o resultante no voluntaria, por estar vinculada a algún tipo de violencia, encaminada a salir del lugar de origen con intenciones de establecer el lugar de residencia temporal o permanente en otro país. No obstante, se considera que dicha acción no puede entenderse mediante determinismos que establecen relaciones causales; al contrario, se considera que la acción de salir del lugar de origen está condicionada, por un lado, por una multiplicidad de motivaciones estrechamente relacionadas con las percepciones que los migrantes tienen de los contextos comunitario y privado en los que se desenvuelven de manera cotidiana en su lugar de origen; y por otro, por las características de las experiencias inmediatamente anteriores a la salida y la forma como, de manera subjetiva, perciben aquellos contextos inmersos en un ambiente de violencia, tanto directa como indirecta.

F. Análisis de las entrevistas: hallazgos empíricos

Los relatos de las personas entrevistadas muestran episodios de su vida caracterizados por violencias de distintos tipos y niveles, que son toleradas o sobrellevadas mientras las amenazas en contra de la propia vida o integridad física no sean contundentes o directas.

La violencia en la vida cotidiana[8], seleccionada como categoría central, refleja la forma de vida de los individuos entrevistados, en un contexto en el que realizan diversas actividades durante una jornada diaria dentro y fuera del seno familiar. Establece vínculos con las otras cuatro categorías definidas durante el proceso de codificación (contexto privado, experiencia migratoria, situación socioeconómica y abuso de poder), a través de sus diferentes propiedades y dimensiones por medio de relaciones en distintos niveles, como se muestra en el diagrama 3. A las cuatro categorías restantes se las considera secundarias.

Diagrama 3

Categoría central, sus propiedades y dimensiones y el vínculo que se establece con las categorías secundarias

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los resultados del proceso de codificación.

La violencia en la vida cotidiana es entendida, según las narraciones de las personas entrevistadas, como una situación que las posiciona como víctimas o victimarios y que genera percepciones de su entorno, así como emociones en sus relaciones con los otros; las personas entrevistadas identifican diversas expresiones de la violencia, ante las cuales reaccionan de maneras diferenciadas en un principio, pero en el caso de todas ellas huir ha sido la acción más adecuada, de acuerdo con lo que expresan en el momento de la entrevista.

El primer aspecto que, de manera generalizada, se observó en las entrevistas es que son personas que vivían en una situación de riesgo y presentaban cierto grado de vulnerabilidad en el contexto en que se desenvolvían, lo que les impedía desarrollarse plenamente (Pérez, 2005). Las personas entrevistadas vivían en barrios de zonas urbanas con presencia de maras, en particular de las maras Barrio 18 o MS-13. Son barrios de estratos socioeconómicos bajos, en los que la policía no entra a menos que tenga acuerdos con la mara que está presente en ese territorio; en ocasiones, entran a detener a jóvenes que ven en la calle con argumentos como la forma en la que van vestidos o el horario en el que están fuera de sus casas, como lo muestra el testimonio de Tony:

“Uno, que es salvadoreño, no puede portar la sudadera de fútbol, la playera de El Salvador, porque los de la mara la usan. Entonces, si te cae un policía que te ve de lejos, con eso te va a caer inmediatamente y te va a pegar… Entonces, uno va tomando sus limitantes: no este tipo de zapatos, no este tipo de ropa, no esto, no lo otro. Entonces, pues, si es un estilo que te gusta, no lo puedes hacer” (Tony, salvadoreño, 24 años, entrevistado el 26 de enero de 2018).

La violencia a la que las personas migrantes hacían referencia de manera reiterada era la provocada por las maras y, en algunos casos, por las maras y las autoridades, en particular los cuerpos policiales.

La violencia directa en la vida cotidiana se hace presente en el contexto comunitario por medio de las acciones de la mara, tales como las extorsiones a establecimientos comerciales de diversos giros; amenazas, sobre todo a jóvenes; golpes por no haber cumplido con las cuotas exigidas o por negarse a participar con ellos; asesinatos, en caso de no cumplir con las amenazas o extorsiones (Savenije, 2009). Todos esos tipos de violencia directa que las personas vivían comúnmente generaban sentimientos de miedo, rabia o resignación. Los testimonios de Damaris y Juan Carlos son un ejemplo de ello:

“Ella tiene ese miedo de llegar ahí por lo que nos pasó a nosotros. La extorsionaron en el negocio, diciendo que les ayudara a vender droga y mi mamá no quiso y teníamos solo cinco días para salirnos” (Damaris, hondureña, 18 años, entrevistada el 10 de enero de 2018).

“Entonces, no sé de dónde nos cayó una llamada y me dijeron que ‘ya sabemos dónde trabajás y ganás esto y nos podés pagar esto’, ‘pero yo tengo que pagar un préstamo que por eso me quedo sin nada’, ‘no, si ya lo sabemos, pero no nos interesa eso, queremos 5.000’” (Juan Carlos, salvadoreño, 53 años, entrevistado el 8 de mayo de 2018).

En el contexto privado, la violencia doméstica es muy común hacia las mujeres, niñas y niños. Todas las mujeres entrevistadas habían sido víctimas de algún tipo de agresión de parte de su pareja o padrastro. Los testimonios de Eli y Johana evidencian esta expresión de violencia directa:

“[…] no me ayudaba con mi hijo; siempre me gritaba, me empujaba. Más bien fue peor porque cuando yo lo demandé fue peor; me amenazó que me iba a lastimar, me iba a matar” (Eli, hondureña, 30 años, entrevistada el 7 de junio de 2018).

“Solo una vez probó pegarme, pero ahí sí malos tratos… pues qué te dijera, allá la vida del hombre es tratarlo a uno como que uno es un perro” (Johana, guatemalteca, 31 años, entrevistada el 10 de noviembre de 2018).

Las mujeres víctimas de agresiones por violencia doméstica tienen, por lo general, la posibilidad de pedir apoyo a la familia para salir de los espacios en los que son violentadas; por eso para ellas la primera opción es romper el vínculo directo con el agresor. No obstante, estas sociedades normalizan la violencia doméstica contra de las mujeres de tal forma que es solapada por familiares cercanos a la víctima, como la madre, por lo que también suelen permanecer en esas condiciones.

Estas dos lógicas se presentan en un escenario en el que las mujeres comúnmente desconocen el trayecto hacia México o los Estados Unidos, por lo que hacerlo solas les ocasiona miedo e inseguridad; por lo tanto, la acción de salir de sus lugares de origen se produce en circunstancias muy particulares: que la vida de sus hijos esté en peligro o que alguien de su confianza las anime a irse. Este tipo de violencia se observó mucho menos en el caso de los hombres y tampoco estuvo relacionada de forma directa y única con el inicio de la experiencia migratoria.

Las experiencias migratorias de las personas entrevistadas están relacionadas con la violencia, pero difieren entre hombres y mujeres en lo referente tanto al tipo de violencia como a la percepción que tuvieron de ella al momento de salir. Por lo general, las mujeres son víctimas de diferentes tipos de violencia por diversas circunstancias; dichas violencias van dañando su vida a largo plazo. Por su parte, los hombres viven de forma directa la violencia de las maras y las amenazas de muerte están, por lo general, dirigidas hacia ellos. Las mujeres huyen cuando sus hijos reciben amenazas o cuando algún familiar o amigo las convence de irse, siempre acompañadas de sus hijos. Los hombres, por lo general, salen solos, y en ocasiones acompañados de todos los miembros de la familia nuclear, pareja e hijos.

“Antes no era así”, se escucha de manera frecuente en los relatos de las personas entrevistadas, sobre todo de aquellas de cohortes más longevas. La edad es una característica que se asocia con experiencias muy heterogéneas en los primeros años de vida. Para los más jóvenes, la violencia directa generada por la delincuencia organizada ha estado presente en sus vidas desde los primeros eventos que recuerdan, mientras que para las personas mayores esta forma de violencia no era un problema durante su niñez y en sus testimonios relatan que han visto cómo se ha incrementado en los últimos años. Las personas entrevistadas de mayor edad nacieron durante las guerras de los años ochenta; a partir de su término vivieron otro tipo de violencia, que ya no era generada con las armas, sino que era expresión de las dificultades sociales en países devastados por dichos conflictos (Figueroa, 2014). Los testimonios de Tony y Juan Carlos ejemplifican esta situación:

“Tengo buenos, pero también tengo recuerdos feos de la infancia, de situaciones de violencia extrema […]” (Tony, salvadoreño, 24 años, entrevistado el 26 de enero de 2018).

“Mi niñez fue bonita porque tenía libertad” (Juan Carlos, salvadoreño, 53 años, entrevistado el 8 de mayo de 2018).

Las trayectorias de vida de las personas entrevistadas muestran nuevamente una condición de vulnerabilidad desde su nacimiento, relacionada con características socioeconómicas de la familia y con las relaciones interpersonales entre los miembros del núcleo familiar. Ambos factores tienen efectos en el nivel de escolaridad que alcanzan y en los empleos que encuentran o a los que logran acceder.

La experiencia en relación con la migración de la mayoría de estas personas se inicia con la historia migratoria en sus comunidades, con lo que se sabe del trayecto y de las remesas que algunas personas reciben. Ninguna de las personas entrevistadas recibía remesas y ninguna de ellas habría migrado en esta ocasión si no hubiera sido víctima de amenazas de las maras, como lo narran Silvia y Manuel:

“No tuve planes de salir, pero todo se vino así […], tuve que vender todito, cama, todo […], venirse para acá es un sacrificio” (Silvia, hondureña, 32 años, entrevistada el 23 de noviembre de 2017).

“Si no hubiera violencia de la mara estaría ahí […]” (Manuel, hondureño, 46 años, entrevistado el 8 de agosto de 2018).

La experiencia personal en el trayecto ha diferido de una persona a otra. Algunos tuvieron más recursos que otros; sin embargo, ninguno tuvo lo suficiente para pagar a un traficante de personas (Gallagher, 2002) para que lo guiara en el trayecto. Aunque hubo quienes mencionaron haber sido víctimas de algún delito como extorsión o amenazas por parte de autoridades mexicanas o de personas u organizaciones particulares, esas experiencias no significaron para ellos un factor que los desincentivara de continuar su ruta migratoria, ni que los hiciera regresar a sus lugares de origen. Ninguna de las personas entrevistadas tenía intenciones de regresar a su lugar de origen. La salida intempestiva es expresión de lo afligidas que estaban en ese momento. La suma de violencias experimentadas en el entorno en que vivían y que incrementaba su condición de vulnerabilidad muestra una situación de violencia estructural a la que, en la medida de sus posibilidades, se habían adaptado y que ahora se negaban a seguir experimentando.

Independientemente del contexto que hubiera incidido en su salida intempestiva, se observa que en sus vidas estaban presentes diversos tipos de violencia que sobrellevaban con apoyo de múltiples estrategias. En este sentido, la violencia en los contextos analizados (comunitario y privado) se diferenciaba según el agresor y la víctima, y en ambos ambientes se observaron expresiones de violencia directa y violencia estructural. En el contexto comunitario, el agresor por lo general era un miembro de la mara y la víctima un hombre joven, mientras que en el contexto privado las principales víctimas eran mujeres, niños y niñas, en tanto que los victimarios eran los hombres.

Las percepciones de las personas entrevistadas respecto de la violencia en la vida cotidiana y sus experiencias con ese fenómeno desde su niñez están condicionadas —además de por la edad y el sexo— por factores relativos a las condiciones socioeconómicas de la familia, el nivel educativo alcanzado y el tipo de empleo, así como por el contexto social en que nacieron y crecieron, determinado por eventos particulares experimentados en su curso de vida y por procesos vividos en su comunidad o país, como las guerras de los años ochenta y las migraciones desde esa década, pero también el surgimiento de pandillas, su transformación en muchos casos en maras y el uso de la violencia como medio y modo de vida (Savenije, 2009).

Las percepciones de la violencia varían de una persona a otra; por lo tanto, impactan en la vida diaria de forma diferenciada, porque la relación con los agresores es distinta, las formas de agresión varían de un contexto a otro y en uno (el contexto comunitario) la violencia es observada y reprobada por todos, mientras que en el otro (el contexto privado) la violencia se oculta y se confunde por medio de las atribuciones de poder que la sociedad les asigna a unos integrantes de la familia y no a otros (Comanne, 2010). Reina menciona esta situación:

“Mi mamá es de las personas que les gusta sufrir. Me decía, cuando me quejaba de que abusaba de mí sexualmente: ‘qué más te da, ¿que antes no te acostabas con él?’” (Reina, hondureña, 44 años, entrevistada el 18 de noviembre de 2018).

Las experiencias de cada persona entrevistada siempre contribuyeron a comprender cómo percibían la violencia y cuál de ellas les causaba mayor daño; no obstante, a pesar de las diversas formas de violencia en las que estaban inmersas en su vida cotidiana hasta antes de su salida, la gran mayoría de las personas entrevistadas no tenían planes de migrar. La violencia que desencadena la migración internacional forzada que se origina en territorios de dominio de los grupos de maras es una violencia directa que mantiene a las personas al margen del goce de diversos derechos, pero que permite que adecuen su vida cotidiana a esas condiciones mientras no sean amenazadas de muerte.

La violencia percibida en el contexto comunitario era la perpetrada por las maras en contra de hombres jóvenes por lo general. La presencia de esas agrupaciones generaba en las personas sentimientos de miedo e inseguridad en diversas actividades cotidianas, pero reaccionaban modificando horarios y rutas para trasladarse a los lugares de trabajo o a la escuela, así como definiendo momentos del día en los que podían permanecer en la calle, entre otros recursos. En este sentido, la sola presencia de las maras y toda la dinámica que estas pandillas generaban en los barrios no era suficiente para que las personas huyeran de sus lugares de origen, porque aprendían a convivir con ella.

El control del territorio por parte de diferentes grupos de maras dificulta los recorridos de un lugar a otro, sobre todo si hay que cruzar la frontera entre territorios controlados por maras distintas. En ocasiones, la deserción de la escuela por parte de los más jóvenes está relacionada con la imposibilidad de asistir al plantel educativo más cercano o el alto riesgo que ello implica, ya que, a pesar de la corta distancia, el establecimiento puede estar ubicado en un territorio ocupado por una mara contraria a la que tiene presencia en el lugar donde residen. Ejemplo de ello es lo que narra Rosi:

“Mejor los saqué de la escuela porque los mareros ya empezaban a pararse por ahí y si no les venden la droga se los llevan, los convencen pues” (Rosi, hondureña, 35 años, entrevistada el 5 de febrero de 2019).

Estos jóvenes sin oportunidades terminan frente a una de dos opciones: integrarse a la mara o irse de ese lugar (Savenije, Beltrán y Cruz, 2007).

La violencia que ejerce la mara hacia afuera de sus círculos tiene un doble objetivo: por un lado, intimidar al bando contrario para asegurar y conservar los territorios que controla; por otro, mantener sus fuentes de ingreso, por medio de la extorsión a personas y establecimientos dentro de su territorio (Savenije, Beltrán y Cruz, 2007). Estas acciones las realizan hombres jóvenes, razón por la cual las extorsiones y amenazas para forzar a otros a integrarse a sus agrupaciones están, por lo general, dirigidas a ese grupo.

Por lo tanto, el desencadenamiento de las migraciones no es explicado por los contextos, sino por las condiciones de vulnerabilidad en que viven las personas debido a la presencia de diferentes tipos de violencia en cada una de las actividades que realizan en su vida cotidiana: en las calles por donde generalmente caminan, en el transporte que utilizan para llegar a su trabajo o para llevar a sus hijos a la escuela, en su trabajo o negocio, en el supermercado, en los parques a los que ya no acuden con la misma frecuencia, en la casa de un vecino, en las entradas y bardas de sus casas, en sus casas, en sus camas. Algunos ejemplos de ello los dan Tony y Alexander:

“Antes entraba el bus [a la colonia], pero como lo han parado [asaltado] con pistola […], hoy ya no es igual” (Tony, salvadoreño, 24 años, entrevistado el 26 de enero de 2018).

“Llegan, ven tu negocio, te examinan, te dejan trabajar un mes o dos; te examinan, te están vigilando para ver cuánto ganas, ven si es negocio rentable o no y ya ellos te ponen un precio de cuánto tienes que pagar. Entonces, ellos llegan, de repente llegan dos y te dejan un teléfono y si no contestas te mueres y se van” (Alexander, guatemalteco, 39 años, entrevistado el 18 de noviembre de 2018).

Las representaciones sociales de la violencia en las comunidades de origen —además de estar diferenciadas por el contexto donde se desarrollan, las acciones que la caracterizan y los actores que la generan— presentan diferencias en cuanto al sufrimiento que producen en una persona u otra, lo que revela la importancia que tienen tanto la agencia de los individuos en la construcción de las representaciones sociales de estos fenómenos como la estructura de la sociedad que permite identificarlos y definirlos.

En el contexto privado, dicha representación social se relaciona con el poder que unos miembros de la familia ejercen sobre otros, reforzando la diferenciación de roles y las relaciones jerárquicas que existen entre hombres y mujeres o entre padres e hijos en estas sociedades (Fernández, 2012). Una forma de expresar dichas relaciones, en las que el poder está distribuido de forma inequitativa, es a través de la violencia directa, como la que se ejerce por medio de golpes, gritos, humillaciones, maltratos físicos y verbales, o bien mediante formas más sutiles, como negar a la mujer el ingreso a la fuerza laboral y asignarle la exclusividad del cuidado de las hijas e hijos y los quehaceres del hogar.

En el contexto comunitario, las representaciones sociales de la violencia están relacionadas con la construcción social de la figura del pandillero o marero, de tal forma que son las acciones de estos individuos las que se identifican como violentas. Las percepciones de la violencia extraídas de las narraciones de las personas entrevistadas muestran múltiples caras de este fenómeno, con diversos actores reconocidos como agresores y diferentes perfiles de víctimas; por tanto, se trata de una violencia que en las sociedades de origen afecta a todos, pero no a todos de la misma forma. Cada persona entrevistada habló de diferentes tipos de violencia que percibía en su lugar de origen, así como de diferentes condiciones en las que vivía. La migración internacional forzada es consecuencia de esa multiplicidad de violencias reconocidas o no.

G. Conclusiones y aportes a los estudios sobre la relación entre violencia y migración

La migración internacional forzada tiene lugar en un ambiente que conjuga ambos tipos de violencia: la directa, porque impacta en la integridad de las personas, genera sentimientos de miedo e inseguridad y produce autolimitaciones en las actividades diarias como forma de protección, y la estructural, que impide el goce de una vida digna y la posibilidad de elegir el tipo de desarrollo deseado, porque mantiene o profundiza las condiciones de vulnerabilidad, con pocas posibilidades de reducirla o eliminarla. Las personas migrantes entrevistadas son víctimas de ambos tipos de violencia: la directa, que tiene expresiones y actores específicos en las zonas de donde provienen, como las maras, y la estructural, que presenta una larga historia en los países de origen por medio de factores como la pobreza, la exclusión social y la desigualdad.

Los niveles de violencia, como lo han mostrado algunos estudios (Bohra-Mishra y Massey, 2011), son factores que producen o inhiben la migración, pero no son los únicos. En todo caso, se podría decir que existe una relación directa entre violencia y migración cuando se observa un aumento de los niveles de violencia, pero, sobre todo, cuando se percibe un incremento de la probabilidad de perder la vida o de la posibilidad de que la propia condición de vulnerabilidad empeore, situaciones que contribuyen a desencadenar los procesos migratorios forzados y que ya se habían experimentado en estos países en otros momentos y ante otras formas de violencia, pero con la misma sensación de estar en riesgo de perder la vida, como ocurrió durante las guerras de los años ochenta en el caso de amplios sectores de la población de los países del norte de Centroamérica.

La violencia en la vida cotidiana como categoría central es un elemento analítico fundamental. Permite identificar las formas que toman las violencias en las actividades diarias de las personas y observarlas como condiciones de vida que producen, entre otros efectos, la destrucción del tejido social en las comunidades de origen, dificultando la creación y el fomento de relaciones entre los individuos, además de ser uno de los obstáculos para la generación de procesos de organización social dentro de la comunidad.

La violencia en la vida cotidiana expone el control social que ejercen las maras, para subsistir y apropiarse de territorios. Ese control del territorio y de la población establecida en él limita la libertad de movimiento de las personas de un barrio a otro y afecta el desarrollo futuro de todos, en particular de los más jóvenes. Asimismo, las dinámicas de las violencias que se tejen junto con las actividades en la vida cotidiana de estas personas se desarrollan en un ambiente de interacciones entre víctimas y victimarios que se traduce en que, en ocasiones, el hecho de ser sujeto u objeto de la violencia no se limite a uno o a otro, posibilitando que quien es el victimario en ciertos contextos sea la víctima en otros.

Las dimensiones temporal y relacional del modelo analítico permitieron observar los contextos en que crecieron y vivieron las personas entrevistadas hasta el momento de su huida. La temporalidad es una dimensión que se presenta en todos los niveles del análisis. Permite observar las formas y transformaciones de la violencia en los acontecimientos y procesos que se desarrollan en los países del norte de Centroamérica, en las construcciones familiares y las dinámicas comunitarias, así como en los eventos, situaciones y experiencias en el curso de vida de cada una de las personas entrevistadas. La comparación entre las experiencias más antiguas que las personas recordaban de su niñez y las vividas antes de salir de sus lugares de origen muestra las percepciones de procesos en evolución o cambiantes a través del tiempo, tales como la violencia y la migración dentro de las comunidades de origen, pero también a lo largo de su vida como individuos, así como a través de las entradas y salidas de las diferentes trayectorias de su curso de vida, por ejemplo, en la educación, en lo laboral, en la maternidad en el caso de las mujeres y en la experiencia migratoria personal y familiar.

Esta dimensión permitió observar procesos que permanecen a lo largo del tiempo en la vida de las personas entrevistadas, de sus familias y de la comunidad donde habitaban, como la exclusión social, la pobreza y la desigualdad, a partir de variables indirectas como las características de los empleos que obtenían primero sus padres y luego ellas, los niveles educativos que alcanzaban y las características de sus viviendas, así como las transformaciones de la inseguridad y la violencia en sus barrios, territorios controlados por alguna de las agrupaciones de maras en la actualidad. La temporalidad expuso los cambios en las características de la violencia directa y de sus perpetradores.

La mirada analítica temporal, sobre la base de la investigación documental y de las narraciones de las personas entrevistadas, mostró a los diferentes actores que participaron en los procesos desarrollados en la historia de esos países, en los sucesos violentos y en los procesos migratorios, así como en las experiencias personales en contextos específicos. Asimismo, dicha perspectiva expuso las formas como se han transformado la violencia y los actores que la generan, pero también las víctimas que la sufren. Si bien los protagonistas de esta investigación fueron las personas migrantes víctimas de la violencia en sus lugares de origen, existe un largo listado de actores que forman parte del fenómeno de la migración internacional forzada y contribuyen a su existencia, que participan como víctimas y victimarios a la vez, tales como las maras, las sociedades por las que transita el flujo de personas indocumentadas o los propios migrantes en contextos diferenciados, pero también actores que se integran como apoyo a las personas migrantes y otros que generan negocios a costa de ellos.

Por su parte, la dimensión relacional permitió observar los vínculos que se tejían en el curso de vida de las personas entrevistadas para explicar la relación entre su percepción de la violencia y su experiencia migratoria. Esta dimensión muestra los lazos entre el nivel individual, familiar y comunitario; es decir, permite observar al individuo que forma parte de la comunidad donde lleva a cabo algunas actividades de su vida diaria y cómo se construye esa dinámica en los medios de transporte que utiliza y las actividades laborales que desempeña, pero también en las actividades que realiza para evitar o sobrellevar las relaciones con cierto tipo de actores, como es el caso de la delincuencia organizada, principalmente las maras, o con algunas autoridades, como los distintos cuerpos policiacos. El enfoque relacional facilitó la identificación dentro del contexto familiar de jerarquías vinculadas con el patriarcado dominante en las comunidades origen, que exacerba las diferencias entre los roles de género que posicionan, por lo general, a la mujer en desventaja.

Otro aspecto que reveló la mirada relacional es el papel que desempeñan los procesos como el migratorio dentro de la familia y de la comunidad. Los procesos migratorios, una vez iniciados, son sostenidos, entre otros factores, por las relaciones transnacionales que se establecen entre personas de una misma comunidad que viven en países distintos (Portes, 2010). Esta dimensión permitió observar que, a pesar de la existencia de procesos migratorios en las comunidades de origen desde hace años, las relaciones entre familiares y amigos que habitan en diferentes lugares se dan con escasa frecuencia.

La dimensión relacional, al igual que la temporal, muestra vínculos entre procesos distintos como la exclusión social, la pobreza y la desigualdad. Se observan las diferentes formas de la violencia (directa y estructural) empalmadas. Por un lado, la violencia estructural mantiene en condiciones deprimidas de desarrollo a un sector amplio de la población de donde provienen las personas entrevistadas; por otro, algunos miembros de esa población marginada se organizan en agrupaciones delictivas cada vez más agresivas y violentas como reacción a su condición previa.

La mirada relacional muestra que los vínculos interpersonales y cotidianos a un nivel meso del análisis (familiar) en múltiples ocasiones se sustentan en la presencia de eventos violentos, generados y aprendidos por experiencias previas, muchas veces durante la niñez. Este tipo de relaciones violentas se replican en las calles y se vuelven a replicar en el hogar, con las nuevas generaciones fortaleciendo las relaciones violentas en ambos contextos. El ejercicio del poder y la jerarquía entre sectores sociales en estas comunidades es replicado a un nivel meso dentro de organizaciones del crimen organizado, utilizando la violencia como medio de subsistencia y control, pero también como forma de control interno y de cohesión, como es el caso de las maras.

El recurso de las representaciones sociales como perspectiva analítica fue de gran utilidad para poder comprender las percepciones de las personas entrevistadas; estimuló preguntas y cuestionamientos que facilitaban al entrevistado interpretar su situación en un contexto violento, en diferentes momentos de su vida y desde su propia apreciación de la violencia. También permitió comprender que el significado de la violencia está construido desde la sociedad y normalizado en algunas de sus expresiones, como es el caso de la violencia doméstica.

El análisis de la relación entre la violencia y la migración internacional también muestra dinámicas que se generan alrededor de ese vínculo, como es el caso de la vida de las personas que se quedan, lo que da lugar a cuestionamientos en torno a su decisión u obligación de quedarse en lugar de huir como lo hicieron las personas entrevistadas. El modelo analítico no permitió indagar en las motivaciones que las personas que se quedan tienen para no migrar. Algunas narraciones hicieron referencia a familiares que se quedan; algunas son personas mayores, pero no todos. Por lo tanto, queda para trabajos posteriores una línea de investigación dirigida a esclarecer la percepción de los que se quedan sobre los contextos violentos en los que viven y la migración como una necesidad para salir de esos entornos.

Las condiciones laborales y los tipos de trabajo que las personas entrevistadas encuentran en sus lugares de origen son consecuencia de la violencia estructural. Son trabajos que se realizan en condiciones de precariedad, que se presentan también en el tránsito y en el destino de este tipo de migraciones; por lo tanto, es un elemento que vincula la violencia con las migraciones internacionales por motivación económico-laboral en diálogo con los mercados globales de mano de obra, elementos para futuras investigaciones.

Si la violencia en la vida cotidiana está definida por las personas que la padecen, a través de factores como el control social de las maras, la falta de libertad, la normalización de la violencia estructural tanto en el contexto comunitario como en el privado, por sentimientos como el miedo o la frustración y la presencia de autoridades corruptas, existe toda una serie de elementos que, en conjunto, conforman un panorama propicio para la migración internacional forzada. A pesar de todos esos elementos, esta migración no se produjo hasta que se hizo presente una amenaza de muerte. Los procesos sociales, como aquel en que se desenvuelve la vida de estas personas, se insertan en un modelo de desarrollo que no ha generado beneficios para la población en su totalidad; por el contrario, ha mantenido al margen del desarrollo a amplios sectores de dicha población de forma continua y a través de generaciones y ha fortalecido a la delincuencia organizada.

Formar parte de las maras en estos países genera para los jóvenes un espacio de pertenencia y aminora su sensación de ser víctimas en su vida cotidiana en el hogar y en la calle. Migrar se convierte en una estrategia para salvar la propia vida y es una opción que surge cuando las amenazas tienen altas posibilidades de cumplirse. Estas formas de intentar solucionar o aminorar los problemas diarios no son excluyentes unas de otras, ni tampoco tienen un desarrollo lineal. La identificación de las razones que tienen las personas entrevistadas para elegir una de las estrategias mencionadas o todas ellas está fuera del alcance analítico de esta investigación. En todo caso, estas estrategias que despliegan los jóvenes revelan motivaciones y reacciones que resultan relevantes para encontrar aspectos prioritarios en la vida de las personas y que, al parecer, posicionan a la migración internacional dentro de esa jerarquía en un nivel bajo de preferencias o como una salida que representa para ellas una opción mucho más complicada de tomar a menos que se vean forzadas.

La evolución de la violencia y sus vínculos con los procesos migratorios en El Salvador, Guatemala y Honduras ha tenido elementos en común, pero el desarrollo y la construcción de esos países tienen sus propias características que los diferencian. Las entrevistas proporcionaron datos que mostraron diferencias según el sexo y la edad de las personas tanto en lo referente a la percepción de las violencias como a los factores que propiciaron el momento de su salida, pero no se pudo observar con claridad qué diferencias marcaba la nacionalidad.

Esta investigación confirma una relación entre la violencia y la migración desde la mirada de las personas que huyen de la primera cuando es una violencia directa. Sin embargo, también desvela la presencia y la transformación, a lo largo del tiempo, de la violencia estructural que obliga a algunos sectores de la población a generar mecanismos de adaptación, propiciando que las personas desarrollen diversas estrategias de vida antes de verse obligadas a migrar a otro país.

Bibliografía

ACNUR (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) (2014), Tendencias Globales. Desplazamiento forzado en 2014 [en línea] https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2015/10072.pdf.

Acuña, V. y P. Rodríguez (2014), “Hacia la formación de los estados centroamericanos, siglos XIX y XX: una propuesta de investigación”, Formación de los Estados Centroamericanos, V. H. Acuña y otros, San José, Programa Estado de la Región.

Banco Mundial (BM), “Datos” [en línea] https://datos.bancomundial.org/?locations=SV-HN-GT.

Bassu, G. (2017), “Las consecuencias humanitarias de la violencia no convencional en Centroamérica: una crisis de desplazamiento forzado”, Humanitarian Practice Network, vol. 69, Londres, Overseas Development Institute.

Bohra-Mishra, P. y D. Massey (2011), “Individual decisions to migrate during civil conflict”, Demography, vol. 48, Nº 2.

Bullock, N. (2017), “Hacia una respuesta: el desplazamiento forzado por violencia en El Salvador”, Humanitarian Practice Network, vol. 69, Londres, Overseas Development Institute.

Busso, G. (2001), “Vulnerabilidad social: nociones e implicancias de políticas para Latinoamérica a inicios del siglo XXI”, documento presentado en el Seminario Internacional “Las diferentes expresiones de la vulnerabilidad social en América Latina y el Caribe”, Santiago, 20 y 21 de junio.

Bustamante, J. A. (2005), “La construcción social de la vulnerabilidad de los migrantes”, La inmigración irregular: aproximación multidisciplinar, D. Godenau y V. M. Zapata, Cabildo de Tenerife.

Canales, A. I. (2009), “Migración internacional y desarrollo: evidencias del aporte de los mexicanos a la economía de Estados Unidos”, El estado de la migración, vol. 47.

Casillas, R. (2011), “Los migrantes indocumentados: su vulnerabilidad y la nuestra”, Migración y seguridad: nuevos desafíos en México, N. Armijo Canto (ed.), Ciudad de México, Atril.

____(2008), “Las rutas de centroamericanos por México, un ejercicio de caracterización, actores principales y complejidades”, Migración y Desarrollo, Nº 10, Zacatecas, enero.

____(1996), “Un viaje más allá de la frontera: los migrantes centroamericanos en México”, Perfiles Latinoamericanos, vol. 8.

Castillo, M. Á. (2005), Migración y derechos humanos, Ciudad de México, Consejo Nacional de Población (CONAPO).

Castles, S. y R. Delgado-Wise (2007), “Introduction”, Migration and Development: Perspectives from the South, S. Castles y R. Delgado-Wise, Ciudad de México, Colección América Latina y el Nuevo Orden Mundial.

Charmaz, K. (2006), Constructing Grounded Theory: A Practical Guide through Qualitative Analysis, Sage.

___(2000), “Grounded theory: objectivist and constructivist methods”, Handbook of Qualitative Research, N. K. Denzin e Y. Lincoln (eds.), Thousand Oaks, Sage Publications.

Comanne, D. (2010), “¿Cómo el patriarcado y el capitalismo refuerzan, en forma conjunta, la opresión de las mujeres?”, Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM) [en línea] http://www.cadtm.org/spip.php?page=imprimer&id_article=5912.

Coraza de los Santos, E. (2020), “¿De qué hablamos cuando nos referimos a las movilidades forzadas? Una reflexión desde la realidad latinoamericana”, Estudios Políticos, vol. 57.

Consejo de Europa (2004), “Migrants in the transit countries: sharing responsibilities in management and protection: proceedings”, Regional Conference on Migration (MG-RCONF (2004) 9e), Estambul.

Delgado, C. (2012), La teoría fundamentada: decisión entre perspectivas, AuthorHouse.

Delgado-Wise, R. y H. Márquez (2007), “Teoría y práctica de la relación dialéctica entre desarrollo y migración”. Migración y Desarrollo, vol. 9.

Domínguez Ávila, C. F. (2006), “Migración, globalización y relaciones internacionales: en busca de nuevas interpretaciones fundamentadas en evidencias latinoamericanas recientes”, Los nuevos escenarios de la migración: causas, condiciones, consecuencias, M. I. García Gossio (org.), Ciudad de México, Fundación Böll.

Engel, S., y A. M. Ibáñez (2007), “Displacement due to violence in Colombia: A household-level analysis”, Economic Development and Cultural Change, vol. 55, Nº 2, University of Chicago.

Fernández, A. M. (2012), “Femicidios: la ferocidad del patriarcado”, Nomadías, vol. 16.

Figueroa, C. (2014), “Centroamérica, neoliberalismo y violencia. La historia como destino”, Estado y cambio social en Centroamérica. Memoria del XIII Congreso Centroamericano de Sociología, E. Sosa y M. A. Tinoco (comps.), Tegucigalpa.

____(2003), “Nuevos odres y viejos vinos: la violencia en América Latina en los albores del Siglo XXI”, Psicología social y violencia política, Ciudad de Guatemala.

____(1996), “Violencia política e insurgencia armada en Guatemala (1954-1995)”, América Latina: violencia y miseria en el crepúsculo del siglo, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Gallagher, A. (2002), “Trafficking, smuggling and human rights: tricks and treaties”, Forced Migration Review, enero.

Galtung, J. (1995), “Violencia y paz”, Investigaciones teóricas, sociedad y cultura contemporáneas, Madrid, Tecnos.

Gandini, L., A. Fernández y J. Narváez (2020), Caravanas, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Secretaría de Desarrollo Institucional.

Gómez-Johnson, C. (2015), “De la migración económica a la migración forzada por el incremento de la violencia en El Salvador y México”, Estudios Políticos, vol. 47, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia.

González, G. A. (2017), La investigación sobre desplazamiento forzado y violación de derechos humanos: implicaciones metodológicas y éticas, Ciudad de México, Conferencia de la Red Migrare/ Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)/IBERO, noviembre.

____(2015), “Del desplazamiento forzado interno en Colombia a la migración transfronteriza hacia Ecuador”, Estudios Políticos, vol. 47, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia.

Gzesh, S. (2008), “Una redefinición de la migración forzosa con base en los derechos humanos”, Migración y desarrollo, vol. 10.

Hernández-Rosete, D. y otros (2005), “Del riesgo a la vulnerabilidad, bases metodológicas para comprender la relación entre violencia sexual e infección por VIH/ITS en migrantes clandestinos”, Salud Mental, vol. 28, N° 5.

Himmelfarb, G. (1988), La idea de la pobreza: Inglaterra a principios de la época industrial, Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica.

Jiménez Bautista, F. (2012), “Conocer para comprender la violencia: origen, causas y realidad”, Convergencia, Nº 58.

Jodelet, D. (1975), “La representación social: fenómenos, concepto y teoría”, Introducción a la psicología social, S. Moscovici (ed.), Barcelona, Planeta.

La Parra, D. y J. M. Tortosa (2003), “Violencia estructural: una ilustración del concepto”, Documentación Social, vol. 131, núm. 3.

Mármora, L. (2002), Las políticas de migraciones internacionales, Ciudad de México, Paidós.

Martínez, J. (2008), América Latina y el Caribe: migración internacional, derechos humanos y desarrollo, Libros de la CEPAL, N° 97 (LC/G.2358-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

MSF (Médicos Sin Fronteras) (2013), Violencia, vulnerabilidad y migración: atrapados a las puertas de Europa, marzo.

Ortiz, L. V. y D. P. Pombo (2014), “Indigenous migration in Mexico and Central America: interethnic relations and identity transformations”, Latin American Perspectives, vol. 41, Nº 3.

Pérez, M. (2005), “Aproximación a un estudio sobre vulnerabilidad y violencia familiar”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Nº 113.

Portes, A. (2010), “Un diálogo norte-sur”, El País Transnacional, M. Ariza y A. Portes, Ciudad de México, Instituto de Investigaciones Sociales (IIS).

Pries, L. (2016), “El triángulo vicioso: entre falta de desarrollo, violencia organizada y migración forzada”, ponencia presentada en el Seminario Permanente sobre Migración Internacional (SEPMIG), Ciudad de México.

Programa Estado de la Nación - Región (2016), Quinto Informe Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible, 2016, San José [en línea] http://repositorio.conare.ac.cr/bitstream/handle/20.500.12337/959/Indice.pdf?sequence=1.

Rateau, P. y G. Lo Monaco (2013), “La teoría de las representaciones sociales: orientaciones conceptuales, campos de aplicaciones y método”, CES Psicología, vol. 6.

Rubio, L. y B. Pérez (2016), “Desplazados por violencia: la tragedia invisible”, Nexos, Nº 1, enero.

Sainz, J. P. y M. Mora (2007), La persistencia de la miseria en Centroamérica: una mirada desde la exclusión social, San José, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)/Fundación Carolina.

Salvadó, L. R. (1992), La migración por violencia en Centroamérica. 1980-1990, Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH).

Savenije, W. (2009), Maras y barras: pandillas y violencia juvenil en los barrios marginales de Centroamérica, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Savenije, W., M. A. Beltrán y J. M. Cruz (2007), Exclusión social, jóvenes y pandillas en Centroamérica, Woodrow Wilson International Center for Scholars.

Scheper-Hughes, N. y P. Bourgois (2004), “Introduction: making sense of violence”, Violence in War and Peace: An Anthology, N. Scheper-Hughes y P. Bourgois (eds.), Blackwell Publishing.

Shellman, S. M. y B. M. Stewart (2007), “Predicting risk factors associated with forced migration: an early warning model of Haitian flight”, Civil Wars, vol. 9, Nº 2.

Silva, Y. (2014), Transmigración de centroamericanos por México: su vulnerabilidad y sus derechos humanos, Tijuana, El Colegio de la Frontera Norte (COLEF).

Silva, A. y D. Massey (2016), “Incidencia de la violencia y las redes sociales en la migración de colombianos”, Migración internacional patrones y determinantes, M. G. Roa Martínez (comp.), Cali, Universidad del Valle.

Strauss, A. (1987), “Grounded formal theory: Awareness contexts”, Qualitative Analysis for Social Scientists, Cambridge University Press.

Torres-Rivas, E. (2010), “Las democracias malas de Centroamérica: para entender lo de Honduras, una introducción a Centroamérica”, Cuadernos de Pensamiento Crítico Latinoamericano, Nº 33, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

____(2007), La piel de Centroamérica (una visión epidérmica de setenta y cinco años de su historia), San José, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

____(1994), “La sociedad: la dinámica poblacional, efectos sociales de la crisis, aspectos culturales y étnicos”, Historia general de Centroamérica, vol. VI, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

____(1982), “La crisis política centroamericana”, Centroamérica: crisis y política internacional, Centro de capacitación para el desarrollo de la secretaría de programación y presupuesto (CECADE); Centro de investigación y docencia económica (CIDE), Ciudad de México, Siglo XXI.

____(1981), “Ocho claves para entender la crisis en Centroamérica”, Crisis del Poder en Centroamérica, San José, Editorial Educa.

UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) (2018), “Homicides” [en línea] https://dataunodc.un.org/.

Villarespe, V. (2002), Pobreza: teoría e historia, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Económicas, Casa Juan Pablos.

Waxenecker, H. (2016), “Poder y violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica”, Re-conceptualización de la violencia en el Triángulo Norte, Fundación Heinrich Böll-México, Centroamérica y El Caribe.

[1] Este artículo es material derivado de la tesis doctoral titulada Percepciones y significados de la violencia como factor detonador de la migración de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos en México.

[2] Doctora en Estudios de Población, egresada de El Colegio de México. Posdoctorante en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Correo electrónico: vrabasa@colmex.mx.

[3] En este trabajo se entiende como categoría el elemento que vincula en un mismo grupo dos o más conceptos generados a partir del contraste de códigos.

[4] Una situación que provocó el paso de la caravana fue la motivación de algunos de integrarse sin habérselo propuesto. En este caso, la motivación inmediata no fue la violencia, y la salida no fue intempestiva, pero tampoco planeada. Para fines de la hipótesis su testimonio fue relevante porque su trayectoria de vida era parecida a la del resto de los entrevistados en términos de carencias y violencia directa (delincuencia organizada y violencia doméstica) y estructural (pobreza y trabajo precarizado). Esto puede dar origen a nuevas investigaciones dirigidas a indagar sobre las formas de migrar de la población en estudio, que en algunos casos, como ha ocurrido siempre, busca pasar inadvertida, pero en otros, a modo de estrategia de protección, busca ser observada, como sucede en el caso de las caravanas.

[5] Con este criterio se buscaba que las personas entrevistadas pudieran relatar su vida en su país de origen para comparar los contextos existentes en su niñez con aquellos presentes antes de iniciar su experiencia migratoria actual.

[6] Se eligió a estos tres países porque la población inmigrante en situación irregular que entra a México está conformada en su mayoría por personas de esos países. Esto no quiere decir que solo en esos países haya violencias ni que solo en ellos se produzca un flujo migratorio forzado.

[7] La situación migratoria irregular es una característica que hace más vulnerables a personas que ya lo son y que fortalece los procesos migratorios forzados.

[8] En la teoría fundamentada, la categoría central se elige en el proceso de codificación selectiva, tomando en cuenta la cantidad y la calidad de relaciones que esta pueda establecer con el resto de las categorías definidas en la codificación axial, de tal forma que a partir de la categoría central se puedan observar elementos pertenecientes a las otras categorías y establecer vínculos sobre la base de toda la información.

Artículo 05

El incremento de los permisos como trabajadores temporales a mexicanos en los Estados Unidos: viejas formas de contratación en el sector agrícola estadounidense

José Aurelio Granados Alcantar[1]

Juan Pablo Téllez Plata[2]

Recibido: 29/03/2021

Aceptado: 13/05/2021

Resumen

En los últimos años las visas de trabajo temporal del programa H-2A en la agricultura estadounidense se incrementaron. Esta nueva dinámica del mercado laboral agrícola estadounidense impacta a las comunidades y familias en los territorios que son origen de un alto flujo migratorio a los Estados Unidos. Sobre la base de información del Departamento de Estado de ese país se indagó en la evolución en el tiempo del número de trabajadores mexicanos en ese programa y tomando como referencia la metodología cualitativa se buscó conocer el impacto que han tenido este tipo de visas en las comunidades y las dinámicas de contratación que aplican los empresarios agrícolas estadounidenses. Se encontró que, si bien los procesos de contratación no son complicados, la experiencia migratoria previa determina en gran medida la contratación por esta vía de los trabajadores que van a laborar en las actividades agrícolas; en cambio, existe en el mercado laboral estadounidense un nicho en las actividades agropecuarias para los jóvenes migrantes mexicanos, en el que no se requiere experiencia previa, pero sí estudios universitarios terminados.

Palabras clave: migrantes, trabajadores migratorios, agricultura, empleo temporal, permisos de trabajo, visas, contratación, México, Estados Unidos.

Abstract

In recent years, there has been an increase in the number of visas for temporary agricultural workers in the United States under the H-2A programme. These new dynamics in the United States agriculture labour market have an impact on communities and families in the territories with a high migration outflow to the United States. On the basis of information from the Department of State, research was conducted on the changes over time in the number of Mexican workers in this programme and, using qualitative methodology as a reference, the study sought to ascertain the impact that these visas have had on communities and the hiring dynamics of agricultural businesses in the United States. It was found that while recruitment processes are not complicated, previous migration experience largely determines whether workers are hired as agricultural labourers under this system. However, there is a niche in the United States labour market for young Mexican migrants who are not required to have previous experience in agricultural activities but do need to have completed university studies.

Keywords: migrants, migrant workers, agriculture, temporary employment, work permits, visas, recruitment, Mexico, United States.

Résumé

Le nombre de visas de travail temporaire H-2A dans l'agriculture américaine a augmenté ces dernières années. Cette nouvelle dynamique du marché du travail agricole aux États-Unis a un impact sur les communautés et les familles originaires des territoires qui représentent le point de départ d'un flux migratoire important vers les États-Unis. Sur la base des informations fournies par le Département d'État américain, les auteurs ont étudié l'évolution dans le temps du nombre de travailleurs mexicains participant à ce programme et, en prenant comme référence la méthodologie qualitative, ont cherché à connaître l'impact que ce type de visas a eu au sein des communautés et la dynamique d'embauche appliquée par les entrepreneurs agricoles américains. Il a été constaté que, bien que les processus d'embauche ne soient pas compliqués, l'expérience antérieure en matière d'immigration détermine en grande partie l'embauche de travailleurs qui se consacreront aux activités agricoles ; par contraste, il existe un créneau sur le marché du travail américain dans le secteur des activités agricoles pour les jeunes migrants mexicains, qui ne nécessitent pas d'expérience antérieure, mais qui exigent une formation universitaire.

Mots clés: migrants, travailleurs migrants, agriculture, emploi temporaire, permis de travail, visas, recrutement, Mexique, États-Unis.

Introducción

Desde hace muchos años los trabajadores mexicanos tienen alternativas en los países del norte de América, el Canadá y los Estados Unidos, para migrar de manera legal. En el caso de los Estados Unidos, existe un antecedente que se remonta al período de 1959 a 1964, el llamado Programa Bracero, que condujo a miles de trabajadores agrícolas temporales a ese país, toda vez que se había generado una escasez de mano de obra debido a la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, trabajadores mexicanos pueden ser admitidos de manera temporal en los Estados Unidos en virtud de dos visas de trabajador temporal: la visa H-2A[3], para realizar trabajo agrícola estacional o temporal, y la visa H-2B para trabajadores no agrícolas. Ambas visas comparten una característica en común: los empleos que se ofrecen no requieren mucha educación formal. Sin embargo se diferencian en que la visa para trabajadores no agrícolas tiene un límite anual de 66.000 visas, mientras que la H-2A no tiene ninguna limitación numérica. Al no tener esa restricción, el número de visas H-2A emitidas ha aumentado en los últimos años. Entre 2011 y 2020 la expedición de estas visas se cuadruplicó y en los últimos dos años excedió las 200.000 por año por primera vez en la historia del programa. Pero este número solo representa una fracción de la demanda de mano de obra del sector agrícola estadounidense. Costa y Martin estimaron que los trabajadores que hacían uso de la visa H-2A ocupaban el 10% del millón de empleos equivalentes a tiempo completo disponibles, aproximadamente, en la agricultura de los Estados Unidos. En el año fiscal 2019 según un análisis anterior de Martin los trabajadores que contaban con la visa H-2A representaban aproximadamente el 8% del empleo anual promedio en las granjas agrícolas del país (citado en Andorra, 2020). Ante la emergencia ocasionada por la propagación de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), el 26 de marzo de 2020 el Departamento de Estado declaró que el programa H-2A era esencial para la economía y la seguridad alimentaria de los Estados Unidos, ya que se trataba de una prioridad de seguridad nacional, y agregó que tenía la intención de continuar procesando casos de solicitud de la visa tanto como fuera posible, según lo permitieran el correo, los recursos y las restricciones del gobierno local. Ante este panorama, dada la alta probabilidad de que los productores estadounidenses continúen contratando a trabajadores mexicanos, se busca conocer su nivel de representación en este programa, la evolución en el tiempo del número de trabajadores de ese país, sus principales lugares de destino dentro de los Estados Unidos, así como el impacto que este tipo de visas ha tenido en las comunidades y las dinámicas de contratación que aplican los empresarios agrícolas estadounidenses.

A. Planteamiento teórico

Los movimientos migratorios a través del tiempo han sido explicados por diferentes factores de acuerdo con las características propias de cada región, en los cuales coincide la presencia de situaciones precarias en los países de origen, que alientan la salida, y condiciones favorables en los países receptores, lo que se traduce en que la población migrante decida abandonar su lugar de origen, ya sea de manera temporal o definitiva (Massey, 2000). Además, la oferta de trabajo y las mejores condiciones de vida en el país de destino actúan como factores de atracción para esta población; como menciona Levine (2007), no se debe perder de vista que si emigran tantos mexicanos no es solamente porque padecen hambre y carecen de trabajo en su país, sino porque hay empleos para ellos en los Estados Unidos. Es justamente sobre la base de las situaciones económicas desfavorables que los diferentes teóricos de la migración internacional defienden sus postulados, enfatizando en las diferencias económicas entre regiones y entre países.

Según esta posición, los movimientos de la población se producen por la atracción de mercados laborales fuertes dominantes que garantizan mejores condiciones de empleo a los migrantes, en contraste con los mercados laborales débiles, donde es difícil encontrar empleo bien remunerado. En el marco de los planteamientos teóricos de la teoría de los sistemas mundiales, Durand y Massey (2003) sostienen que a nivel mundial existe una red de intercambios de bienes y servicios, capitales y manos de obra que forman parte del mismo sistema capitalista, que genera desarrollo económico, pero que también provoca la movilidad geográfica de la población (García, 2003).

Desde la perspectiva teórica aquí planteada, los migrantes deciden abandonar sus lugares de origen de manera ilegal o aprovechando las oportunidades que los programas de visas de trabajadores temporales tanto de los Estados Unidos como del Canadá ofrecen para cubrir los puestos laborales principalmente del sector agrícola. Si bien las condiciones laborales y de empleo han mejorado en las regiones en estudio consideradas en esta investigación, los mejores salarios redundan en que la población continúe buscando la forma de insertarse en la fuerza laboral transnacional.

En la actualidad, al menos en los municipios en estudio se puede observar un repunte de la migración regular mediante el acceso a visas de trabajo que se ofrecen para trabajar de manera temporal en actividades agrícolas y de la construcción. Es justamente mediante este mecanismo que las nuevas generaciones de jóvenes buscan incorporarse al proceso migratorio, aprovechando que no presentan ningún impedimento legal para poder viajar a los Estados Unidos y considerando la seguridad y el ahorro económico que significa hacerlo de manera legal.

B. Antecedentes de la migración legal temporal de mexicanos

Se presume que el primer acuerdo entre los Gobiernos de México y los Estados Unidos para permitir a trabajadores mexicanos laborar en las granjas agrícolas estadounidenses estuvo vigente entre 1917 y 1921, en el período final de la Primera Guerra Mundial y con posterioridad a ella. Sin embargo, según Durand (2006) nunca se firmó un convenio, por lo que nunca hubo lo que podría llamarse un “Primer Programa Bracero”; lo que sí exigió el Gobierno mexicano fue que se firmaran contratos laborales, que se respetaran las condiciones establecidas en los contratos y que los empleadores asumieran parte de los gastos, como los de transporte y vivienda. El primer acuerdo formal es el Programa Bracero: ante la escasez de mano de obra en el sector agrícola estadounidense provocada por la Segunda Guerra Mundial, el programa empezó en septiembre de 1942 y terminó en 1964. El año de mayor contratación fue 1956, con 445.197 trabajadores, y en 1964 solo se contrataron 177.736 trabajadores. En la mayoría de los estudios de los años cincuenta y sesenta se concluyó que la presencia de los braceros se tradujo en una reducción de los salarios de los trabajadores agrícolas estadounidenses, y estas conclusiones ayudaron a persuadir al Congreso de poner fin al programa (Blog 167, 2020).

El fin del Programa Bracero no significó la suspensión definitiva de la migración legal temporal para realizar trabajo agrícola en las granjas estadounidenses. Otras vías se fueron abriendo con el paso de los años con el fin de abastecer de mano de obra a este sector. En 1952 la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) autorizó una categoría de visa de no inmigrante H-2 para trabajadores agrícolas y no agrícolas extranjeros que fueran temporalmente a los Estados Unidos para realizar servicios temporales. Mediante la Ley de Reforma y Control de Inmigración de 1986 (IRCA) se enmendó la INA para subdividir el programa H-2 y dar origen al actual programa H-2A para trabajadores agrícolas (Andorra, 2020). Según Durand (2006), el problema radica en que el Gobierno mexicano tiene una injerencia limitada en el asunto, que es manejado por las empresas y los consulados estadounidenses.

Además de los Estados Unidos, los mexicanos pueden ir a trabajar legalmente al Canadá. Desde 1974 existe la posibilidad de emigrar de manera temporal, bajo las reglas del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT), avalado por ambos países. Este programa no tiene el tamaño ni el alcance del programa de las visas H-2A. Según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en 2019 participaron en dicho programa 26.339 trabajadores mexicanos, lo que representó un incremento del 4% respecto de los que participaron en 2018, que fueron 25.331. En diez años se duplicó el número de trabajadores temporales mexicanos en el Canadá, pues en 2008 era de 11.340. Estas cifras ubican a México como el principal país de origen de mano de obra para la agricultura canadiense, ya que casi el 50% de la mano de obra migrante es de origen mexicano; otros países que se destacan por su presencia en este flujo son Guatemala y Jamaica (Zhang y otros, 2021). Según Durand (2006), una primera virtud del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá es su carácter oficial y bilateral. Se trata de un convenio entre dos países, en el que existen normas y obligaciones de ambas partes, y no de un asunto de carácter unilateral en el que priman los intereses particulares. Por otra parte, se debe señalar que es un programa maduro, lo que indica que su funcionamiento ha sido, en términos generales, satisfactorio para ambas partes.

C. El contexto agrícola

A nivel internacional, desde los años setenta el sector agrícola se ha vuelto cada vez más dependiente del trabajo de hombres y mujeres migrantes; las empresas agrícolas recurren a la abundante mano de obra de los países en desarrollo, aprovechando los bajos salarios que se pagan por los jornales en los países de origen. A pesar de que la actividad agrícola se ha mecanizado ampliamente y esta tendencia no se detiene, la agricultura a nivel global sigue empleando mano de obra con salarios bajos para su funcionamiento general, lo que permite reducir los costos y organizar de la manera más rentable las inversiones (Gertiel y Ruth Sippel, 2014; Molinero y Avallone, 2016, citados en Avallone, 2018). Por lo tanto, es fácil entender cómo la mano de obra barata en la agricultura es fundamental para que obtengan altas tasas de ganancia las empresas agrícolas y, en general, las empresas que operan a lo largo de las cadenas de producción (Avallone, 2018). Por ello, el sector agrícola en los países desarrollados necesita la migración (con o sin documentos) para ser competitiva. En estos países, este sector mantiene sus ganancias, entre otras cosas, gracias a los migrantes. En Europa, el sector de la agricultura ha recibido un impulso considerable de la mano de obra barata que se emplea en él. En Francia y España, la economía agrícola está basada en la inmigración. Este mismo fenómeno se puede encontrar en los Estados Unidos (Barros, 2005). En este país, la abundante oferta de trabajo agrícola ha generado un importante nicho de mercado laboral, que ha sido aprovechado por los trabajadores migrantes mexicanos desde hace más de un siglo. Este proceso se ha sostenido con diversos vaivenes a lo largo del último siglo y se ha profundizado en las últimas tres décadas porque en México, en el marco del modelo neoliberal, se ha producido un agudo proceso de precarización laboral —pésima calidad del trabajo, incluso más que falta absoluta de empleo— y un estrechamiento concomitante del mercado de trabajo formal e informal, lo que redunda en un incentivo perverso para la migración laboral (Delgado y Márquez, 2007). El panorama descrito quedaría incompleto si no se considerara que a los 12 millones de mexicanos radicados en los Estados Unidos es necesario sumar una comunidad de poco más de 20 millones de personas que el censo de ese país identifica como de origen mexicano. A lo anterior habría que agregar los profundos cambios cualitativos que presenta la migración mexicana: entre otros, se ha transitado de un patrón circular a uno de carácter más permanente; la participación femenina e indígena ha crecido significativamente; la gama de actividades laborales en que se insertan los trabajadores mexicanos se ha diversificado hacia el sector industrial y un variado grupo de servicios, no obstante que la agricultura estadounidense continúa “mexicanizada” (Delgado, 2016).

La continua oferta de trabajo agrícola y una política antiinmigración de seguridad fronteriza en los Estados Unidos, el alto costo económico del cruce de la frontera y los peligros que se enfrentan en el trayecto, que en los últimos años se han incrementado sobre todo para los trabajadores mexicanos que quieren trasladarse para laborar en ese país, han obligado al Gobierno estadounidense a ofrecer cada vez más permisos de trabajo de manera temporal. El ofrecimiento es por un período limitado de tiempo, pero se puede renovar y extender si el solicitante y las empresas así lo acuerdan.

D. Metodología

El propósito de este trabajo es conocer la dinámica y el impacto que tiene en las comunidades mexicanas el otorgamiento de la visa de trabajo agrícola temporal H-2A de los Estados Unidos. Para el primer aspecto, en que el objetivo era conocer la evolución del número de visas otorgadas a trabajadores de México, se realizó una revisión de los datos existentes que permitieran un primer acercamiento al otorgamiento de visas de trabajo en los últimos años del siglo pasado y en las dos primeras décadas de este siglo, con el fin de tener la tendencia durante más de dos décadas del otorgamiento de estos permisos. Para ello se recurrió a información de fuentes primarias del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

A fin de generar conocimientos sobre el impacto en las comunidades y el proceso de contratación de los migrantes se aplicó una metodología cualitativa. En primer lugar se realizó trabajo etnográfico en dos comunidades del estado de Hidalgo, San Martín, en el municipio de Atotonilco el Grande, y Capula, en el municipio de Ixmiquilpan, donde se detectó a familias que tenían entre sus integrantes a personas que utilizaban visas de trabajo para ir a los Estados Unidos; a través de entrevistas a miembros de estas familias se buscó conocer la dinámica familiar ante este proceso de contratación. Posteriormente se realizaron entrevistas a personas que tuvieran experiencia laboral en los Estados Unidos con el permiso otorgado mediante la visa H-2A. No hubo limitación en cuanto al tiempo transcurrido desde la obtención del permiso de trabajo; es decir, pudo ser reciente o haberse obtenido varias veces en el conjunto de años considerados. Se entrevistó a 8 personas con experiencia de trabajo temporal en los Estados Unidos, 7 varones y 1 mujer, en dos comunidades de Hidalgo, entre octubre de 2020 y enero de 2021; siguiendo la lógica del muestreo teórico, se dio por concluido el muestreo cuando ya no emergieron datos nuevos o significativos en cuanto al proceso migratorio o de contratación.

La estrategia utilizada para captar a los informantes consistió en ubicar a personas que al momento del levantamiento de la información se encontraran trabajando o hubieran trabajado de manera legal con el visado H-2A en los Estados Unidos; se aplicó la metodología denominada “bola de nieve”, que consiste en identificar los casos de interés a partir de alguien que conozca a otra persona que puede resultar un buen candidato para participar (Martínez, 2012). De esta manera, una primera persona que tenía experiencia de trabajo agrícola temporal en los Estados Unidos permitió contactar a otra persona y así, sucesivamente, hasta recopilar la información necesaria para esta investigación. En este sentido, se aplicaron entrevistas semiestructuradas, buscando la flexibilidad a fin de introducir preguntas adicionales para obtener mayor información.

Como señala Robles, el propósito de las entrevistas en profundidad es “adentrarse en la vida del otro, penetrar y detallar en lo trascendente, descifrar y comprender los gustos, los miedos, las satisfacciones, las angustias, zozobras y alegrías, significativas y relevantes del entrevistado; consiste en construir paso a paso y minuciosamente la experiencia del otro […]. Aquí, no hay intercambio formal de preguntas y respuestas, se plantea un guion sobre temas generales y poco a poco se va abordando” (Robles, 2011, pág. 40).

Debido a la pandemia de COVID-19, todas las entrevistas se realizaron mediante llamadas telefónicas, en la modalidad de videollamada, independientemente de si la persona se encontraba en los Estados Unidos o en territorio mexicano. Por las limitaciones de espacio, se seleccionaron cuatro entrevistas para elaborar relatos de experiencias en cuanto a los trámites para obtener una visa H-2A y la contratación que consideramos casos emblemáticos; estos relatos se presentarán más adelante. Todos los informantes de esta investigación residen en el estado de Hidalgo y dieron su consentimiento para que sus experiencias fueran relatadas. Las localidades seleccionadas para esta investigación se encuentran ubicadas en las dos principales regiones de origen de la migración del estado de Hidalgo: la primera en el Valle del Mezquital, específicamente en el municipio de Ixmiquilpan, y la segunda en el municipio de Atotonilco el Grande, en la Sierra Baja. La migración internacional, presente en el estado de Hidalgo desde hace varias décadas, ha impactado su dinámica demográfica; en algunas regiones, como es el caso del Valle del Mezquital, esta tradición migratoria presenta un fuerte arraigo en los municipios que lo conforman, lo que no ocurre en otras partes del estado donde solo en las últimas dos décadas la población empezó a migrar de manera masiva, como es el caso del municipio de Atotonilco el Grande. Aunque la migración a los Estados Unidos es reciente, el Valle del Mezquital se ha convertido en la principal zona tanto receptora de remesas como origen de población que se traslada hacia ese país desde el estado de Hidalgo (Rivera y Quezada, 2011).

En la actualidad un amplio acervo bibliográfico se refiere a la migración internacional desde el Valle del Mezquital, caracterizada por ser migración indígena (Quezada, 2008; Rivera y Quezada, 2011; Quezada y Medellín, 2015). Los primeros trabajos se remontan a la década de 1970 y empezaron a documentar tanto la migración interna como internacional. Álvarez (1995), en su investigación en dos comunidades de los municipios de Ixmiquilpan y Zimapán, documentó que en el Valle del Mezquital sus habitantes ya migraban a los Estados Unidos desde la década de 1930.

Las investigaciones sobre migración internacional en el municipio de Atotonilco el Grande son prácticamente nulas a pesar de la importancia que la migración tiene en su dinámica demográfica; los estudios que se han realizado están encaminados al estudio de la migración desde la perspectiva de la movilidad laboral. En contraste, en los municipios ubicados en el Valle del Mezquital los estudios sobre migración internacional han sido prolíferos y se han centrado en este fenómeno desde la perspectiva laboral, de las remesas y de la participación comunitaria. En la región donde se encuentra el municipio de Atotonilco el Grande, la migración internacional presenta una dinámica incipiente, con la salida gradual de población y el fortalecimiento de redes sociales que han propiciado una migración masiva en los últimos años. En el caso de este municipio, esta tradición migratoria se intensificó en los últimos 30 años; sin embargo, en el trabajo de campo realizado para esta investigación se ha detectado que algunos habitantes participaron en el Programa Bracero (1942-1964). En la actualidad, la migración se produce en forma indocumentada, principalmente de población joven, que va en búsqueda de mejores condiciones económicas; no obstante, en los últimos años se han incorporado personas al programa de trabajadores temporales mediante el acceso a visas que les permiten trabajar por temporadas en los Estados Unidos y después volver a reunirse con sus familias en sus comunidades de origen.

Datos del Banco de México de 2021 indican que el municipio de Ixmiquilpan se ubicó en el primer lugar como receptor de remesas internacionales en el estado de Hidalgo, seguido del municipio de Atotonilco el Grande, en segundo lugar. Estos datos demuestran la importancia que estos municipios presentan en la dinámica migratoria en el ámbito local.

E. El sector agrícola: una fuente de empleo para trabajadores mexicanos

Según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la agricultura, la producción de alimentos y las industrias relacionadas contribuyeron con 1.109 billones de dólares al producto interno bruto (PIB) del país en 2019, lo que representa una participación del 5,2%. La producción de las granjas de los Estados Unidos contribuyó a esa suma con 136.100 millones de dólares, alrededor del 0,6% del PIB. La contribución total de la agricultura al PIB es en realidad superior al 0,6%, porque los sectores relacionados con la agricultura dependen de los insumos agrícolas para aportar valor agregado a la economía. Los sectores relacionados con la agricultura incluyen la elaboración de alimentos y bebidas, las tiendas de alimentos y bebidas, los servicios de alimentación y lugares para comer y beber, los textiles, prendas de vestir y productos de cuero, y la silvicultura y pesca (Departamento Agricultura de los Estados Unidos, 2020). Esta industria depende de fuentes confiables de trabajadores porque las cosechas deben realizarse en breves períodos de tiempo. En los Estados Unidos, durante la última década se tienen registradas más de 2 millones de granjas con actividad agropecuaria; la superficie promedio por granja en 2019 era de 444 acres (aproximadamente 179,7 hectáreas). El 36,8% de las granjas son manejadas por sus dueños. El 46% de las granjas del país se concentran en diez estados, Texas, Misuri, Iowa, Ohio, Oklahoma, Kentucky, Illinois, California, Minnesota y Wisconsin, en orden decreciente según el número de granjas (Shahbandeh, 2021).

Según los contratos laborales, el empleo medio en la agricultura de los Estados Unidos es de 1,5 millones y hay 2,5 millones de personas empleadas por salarios en granjas estadounidenses en algún momento del año (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 2020). En un estudio que realizó Market Intel (2019) con datos de la Oficina de Estadísticas Laborales se encontró que en febrero de 2019 los empleos directamente relacionados con la alimentación y la agricultura, incluidas la agricultura y la ganadería directas, la elaboración y las funciones de ventas

al por mayor y al por menor, totalizaban 22,8 millones, lo que representa aproximadamente el 15% de todo el empleo de los Estados Unidos. Dentro de ese total, los empleos agrícolas sumaban 2,6 millones y representaban el 11% de todos los empleos directos del sector agrícola y alimentario. Después de las actividades agrícolas directas están los trabajos de elaboración, por ejemplo, la molienda de arroz o la fabricación de tortillas, con 2,1 millones de puestos de trabajo, que representan el 9%, y los trabajos de ventas al por mayor, con 942.000 puestos de trabajo, es decir, el 4% de todos los trabajos directos en el sector agrícola y alimentario (el 75% restante corresponde a las ventas al por menor).

El número de empleos directos en el sector agrícola y alimentario es el más alto en los estados que cuentan con industrias agrícolas e intensivas en mano de obra, así como en grandes centros de población que apoyan a los sectores minoristas de alimentos. California lidera, con 2,8 millones de empleos directos en el sector alimentario y agrícola, seguida por Texas, con 2,0 millones de empleos, Florida, con 1,4 millones de empleos, y Nueva York, con más de 1,2 millones de empleos. Los empleos de estos cuatro estados representan más de un tercio de los empleos del sector agrícola y de alimentos en los Estados Unidos, pero solo California concentra más del 10% de ese empleo.

F. Importancia de la mano de obra mexicana en el sector agrícola estadounidense

La principal fuente de datos sobre las características de los trabajadores agrícolas en los Estados Unidos es la Encuesta Nacional de Trabajadores Agrícolas (NAWS) del Departamento del Trabajo. La última encuesta fue aplicada entre el 1 de octubre de 2015 y el 30 de septiembre de 2016. Entre sus hallazgos se destaca que casi 7 de cada 10 trabajadores entrevistados nacieron en México (69%). Entre los trabajadores nacidos en México, la mayoría procedía de los estados de Michoacán (20%), Guanajuato (15%), Jalisco (10%), Oaxaca (7%) y Guerrero (7%). La mayor proporción de trabajadores agrícolas nacidos en México se originó en la región centro-occidental (47%), un 28% provino del norte del país y un 25% del sur. El 29% de la fuerza laboral agrícola eran ciudadanos estadounidenses (de ellos, el 85% habían nacido en los Estados Unidos y el 15% eran ciudadanos naturalizados), un 21% eran extranjeros residentes legales permanentes, un 1% eran personas que tenían autorización de trabajo a través de algún otro programa de visas[4] y el resto eran trabajadores extranjeros que no contaban con una autorización para trabajar. El 70% de los trabajadores agrícolas de origen mexicano se habían asentado en un solo lugar. Aproximadamente el 70% de los trabajadores agrícolas nacidos en México no contaban con permisos de trabajo (Hernández y Gabbard, 2018).

La cantidad de empleos agrícolas en los Estados Unidos ocupados con trabajadores agrícolas temporales H-2A se mantuvo por debajo de 100.000 hasta 2014 y se duplicó llegando a más de 200.000 a partir de 2019 (véase el cuadro 1). Los trabajadores con visa H-2A ocupan ahora el 10% de los trabajos de temporada en la agricultura de los Estados Unidos. Los agricultores estadounidenses contratan a trabajadores extranjeros porque muy pocos trabajadores del país quieren emplearse en la agricultura, a pesar del aumento de los salarios. Desde 1989, la proporción de trabajadores agrícolas nacidos en los Estados Unidos se redujo, pasando de un 40% a aproximadamente un 25% en 2016. La proporción de trabajadores agrícolas extranjeros sin visas de trabajo aumentó del 7% en 1989 al 56% en 2000, pero cayó al 48% en 2016 (Hernández y Gabbard, 2018).

Formalmente, trabajadores de 66 países pueden postular a las visas H-2A. Lo cierto es que la gran mayoría de los trabajadores H-2A son mexicanos. Los mexicanos dominan el flujo cada año y de 2005 a 2020 su participación aumentó del 82% al 91% (véase el cuadro 1). La siguiente nacionalidad más común es la sudafricana (2%), seguida por la jamaicana (2%) y la guatemalteca (1%). Todas las demás nacionalidades ascendieron en conjunto a poco más del 3%.

Cuadro 1

Visas H2-A otorgadas por los Estados Unidos a trabajadores mexicanos y de otros países, 1997-2020

(En números)

Año

Trabajadores de México

Trabajadores de otros países

Total

1997

15 335

676

16 011

1998

21 969

707

22 676

1999

27 293

1 275

28 568

2000

28 442

1 759

30 201

2001

29 273

2 250

31 523

2002

29 006

2 532

31 538

2003

27 117

2 765

29 882

2004

28 683

3 091

31 774

2005

28 563

3 319

31 882

2006

34 195

41 149

2007

47 399

3 392

50 791

2008

59 669

735

60 404

2009

55 693

4 419

60 112

2010

52 317

3 604

55 921

2011

51 927

3 457

55 384

2012

61 324

4 021

65 345

2013

69 787

4 405

74 192

2014

83 674

5 600

89 274

2015

102 174

5 970

108 144

2016

123 231

11 137

134 368

2017

147 272

14 311

161 583

2018

180 420

16 019

196 439

2019

186 770

18 031

204 801

2020

197 908

15 486

213 394

Fuente: Travel.State.Gov, “Nonimmigrant Visa Issuances by Visa Class and by Nationality” [en línea] https://travel.state.gov/content/travel/en/search.html?search_input=statistics+visa&data-sia=false&data-con=false&search_btn=.

A medida que aumentaron las solicitudes de empleadores que requerían trabajadores agrícolas temporales que tuvieran la visa H-2A, los reclutadores estadounidenses expandieron su reclutamiento en México. La cercanía y las intensas redes establecidas a lo largo de más de 100 años de este proceso social se traducen en que los mexicanos concentren este tipo de visas. Por esta razón, entre otras, es poco probable que los agricultores contraten a trabajadores de otras nacionalidades en el futuro. Sin embargo, estos números todavía están lejos del máximo de trabajadores mexicanos inscritos en el Programa Bracero, que a mediados de la década de 1950 ocupaban el 20% de los puestos de trabajo en la agricultura de los Estados Unidos y que alcanzaron el número más elevado en 1959, con 445.197 trabajadores (Blog 167, 2020). La razón más poderosa que motiva a los mexicanos a aceptar los trabajos agrícolas en los Estados Unidos son los salarios más altos. En ese país, el salario anual para los trabajadores H-2A fue de casi 25.000 dólares en 2019. En México, el salario mínimo para los trabajadores agrícolas fue de solo 4,64 dólares por día, menos de 1.200 dólares por año. Incluso los trabajadores agrícolas mejor pagados en México solo ganan 15 dólares por día. Más aún, si los salarios mínimos de los trabajadores H-2A cayeran, los mexicanos todavía se beneficiarían enormemente de estos trabajos. De hecho, se beneficiaría un número mayor, porque un salario más bajo permitiría a los agricultores contratar más trabajadores (Bier, 2020).

Los trabajadores que ingresan con visas H-2A en su gran mayoría tienen menos de 35 años (76%); casi el 95% son originarios de México, en su mayoría hombres. No existen datos confiables sobre los trabajadores que se desempeñan en la ganadería, pero los limitados datos disponibles sugieren que tienden a tener mayor edad y que son hispanos en una menor proporción que los trabajadores agrícolas.

G. Panorama de la migración legal en las comunidades de Hidalgo

El panorama actual de las comunidades rurales hidalguenses indica que, a pesar de las circunstancias adversas, la población continúa teniendo presente la migración como una opción para salir de las condiciones económicas precarias en las que viven, que en muchos casos resulta exitosa y anima a continuar con el proceso migratorio. De acuerdo con la información que proporcionan los vecinos de la comunidad de San Martín (municipio de Atotonilco Grande, estado de Hidalgo) casi todos se van con contrato porque es más seguro. En la comunidad de San Martín, un hijo de un trabajador que ha laborado temporalmente en los Estados Unidos se lleva contratados de forma periódica a pobladores que no tienen ningún problema legal en ese país por anteriores migraciones de manera ilegal, así como a jóvenes y padres de familia que no tienen experiencia migratoria pero que están dispuestos a trabajar en ese país en las actividades agrícolas para las cuales los contratan. Tan solo en febrero de 2019 se fueron contratados 160 trabajadores de varias comunidades del municipio de Atotonilco el Grande, quienes llegaron a la cosecha de naranja, camote, tabaco y manzana, entre otros productos agrícolas, en los estados de Florida, Carolina del Norte y Washington. En algunos casos, las visas de trabajo se han convertido en una opción para aquellos que nunca han migrado o cuya situación legal en los Estados Unidos les permite migrar. En este sentido, resulta importante mencionar que en el trabajo de campo se detectó que en los últimos dos años integrantes de la comunidad han accedido a este tipo de visas que les permiten trabajar temporalmente en ese país. Por lo anterior, muchos trabajadores actualmente prefieren esperar la oportunidad para irse contratados, aprovechando el hecho de que en la misma comunidad una persona que ha tenido experiencia de migración lleva gente de forma periódica a trabajar con visas H-2A. En la actualidad, en particular en esta comunidad y en general en la región, es común que personas que no tuvieron un registro negativo[5] en sus migraciones como indocumentados o que nunca han migrado opten por obtener una visa de trabajo, pues eso les da un estatus que les permite trasladarse de ida y vuelta sin ningún problema legal.

Por contrato se va la gente, porque uno de mis sobrinos se fue contratado, tiene como un mes. He escuchado que por aquí hay una oficina para irse contratado, pero no he ido a preguntar (Adrián, 53 años, comunidad de Capula, Hidalgo).

La migración temporal impacta de manera favorable en la interacción del migrante con su familia, ya que hace menos tensa la relación porque en el imaginario de los integrantes de la familia que se quedan existe la idea de que el miembro faltante pronto regresará. Se puede afirmar que la condición migratoria influye en aspectos subjetivos, como la relación con la familia que se queda, y condiciona el tiempo de estancia en los Estados Unidos. En aquellos casos en que el migrante cuenta con la residencia o bien con una visa de trabajo, las relaciones familiares se dan en un ambiente de mayor estabilidad; primero, porque al emprender el trayecto los riesgos para su seguridad son mínimos; segundo, porque el éxito está prácticamente garantizado (cruzar la frontera y trabajar), y por último, porque el carácter de la migración es temporal y circular, por períodos cortos que no pasan de los ocho meses. En cambio, cuando el migrante es indocumentado, la duración de la separación es mayor e incluso se extiende por períodos de más de diez años. Las ausencias por largos períodos aumentan los conflictos familiares.

Como están por contrato les dan permiso y, por ejemplo, si ya no hay trabajo ellos mismos los mandan por 20 días o por dos semanas. Él puede pedir permiso y regresar, lo único que tienen que hacer es pedirle permiso al patrón, pero con la visa pueden viajar sin problemas (Rosa, 26 años, comunidad de Capula; su esposo se beneficia de una visa de trabajo).

Yo lo veo como algo normal [migrar a los Estados Unidos] porque antes se iban puros ilegales y ahora ya se van por contrato. Eso yo no lo conocía hasta ahora que él [se refiere a su esposo] se va y para mí es como más fácil porque lo podemos ver más seguido. Si se da cuenta, por ilegales se tardan tres, cuatro años para venir y pues ahorita no, porque lo vemos dos veces o tres al año y así es mejor porque sabemos que no corre peligro y es menos preocupación (María, 35 años, comunidad de Capula; su esposo se beneficia de una visa de trabajo).

H. Estrategias de contratación

Actualmente las empresas agrícolas estadounidenses emplean una serie de estrategias para contratar a los trabajadores mexicanos a largo y ancho de la geografía de México. Pero hay diferencias en cuanto a la actividad y el sector agrícola en que se van a emplear. Para las actividades agrícolas de siembra y cosecha, la forma más frecuente es que un enganchador los traslade de su lugar de residencia (generalmente una localidad rural) a su lugar de trabajo; en cuanto a su perfil, el trabajador es por lo general un varón con escolaridad elemental.

A continuación, se presentan dos relatos de migrantes en los que se resalta la forma de contratación para realizar actividades agrícolas en el campo estadounidense. Estas personas se detectaron en las comunidades visitadas antes del inicio de la pandemia. Ambas tenían experiencia migratoria previa de manera indocumentada y aprovecharon esa experiencia de trabajo en los Estados Unidos para ser contratados e ir de manera legal a ese país. El primer caso es el de Miguel, quien fue entrevistado de manera telefónica a principios de diciembre de 2020, cuando se encontraba trabajando en los Estados Unidos; el segundo caso es el de Salvador, uno de los primeros migrantes de su comunidad que se fueron contratados por esta vía en la época del Presidente Obama y a quien le fue negada la visa en la administración del Presidente Trump. Actualmente, en 2021, tras el cambio de gobierno en los Estados Unidos, quiere intentar volver a trabajar en ese país; de igual manera fue entrevistado por vía telefónica, en enero de 2021.

Miguel migra de forma periódica a los Estados Unidos desde 1997, pero desde 2013 lo hace de manera legal ya que le otorgaron la visa H-2A. Se enteró de las visas por personas de su pueblo, ubicado en el Valle del Mezquital, que comenzaron a irse contratadas. El encargado de contratar es una persona mexicana residente en los Estados Unidos, que a su vez contactó a un lugareño que reside en Georgia para ofrecer a sus paisanos trabajo en el campo estadounidense. Se les contrata para la siembra y la cosecha de hortalizas (repollo, calabaza, brócoli y otras) en diversas localidades rurales. Los trámites se realizan en los Estados Unidos. Él tiene que enviar una foto y la portada del pasaporte. El enganchador hace el trámite en el consulado de Monterrey (México). A él le envían un documento que tiene que presentar en el consulado. No ha tenido problemas, le han otorgado los cuatros permisos que ha solicitado desde que comenzó a irse de manera legal. Cuando se va a trabajar, se traslada de Hidalgo a Monterrey, ahí los envían en autobuses a Georgia. Al llegar allá, el encargado de la contratación liquida todos los gastos que hicieron: la ida al consulado de Monterrey para los trámites del permiso y el traslado de su casa a Monterrey. La primera vez que fue a Georgia, en su grupo viajaban pocas mujeres. Este año dice que no fue ninguna, aunque allá sí las ha observado, pero pocas. Las condiciones de trabajo se cumplen: cuando llega a trabajar se le proporciona la habitación, y la comida corre por su cuenta. Los ingresos dependen de las condiciones de trabajo; en una buena semana de trabajo gana entre 500 y 600 dólares. Cada mes envía dinero a su esposa. A pesar de contar con permiso para poder quedarse más tiempo en los Estados Unidos, dice que no le gusta, así que regresa. A veces ha dejado pasar un tiempo antes de irse nuevamente a trabajar y no piensa quedarse a residir en los Estados Unidos, no le gusta. De todas formas, reconoce que migrar ahora con papeles le da más tranquilidad y seguridad.

Salvador, residente del municipio de Ixmiquilpan, se fue contratado en 2016 al estado de Georgia. El contacto se hizo a través de un primo, que a su vez fue contactado por un chicano encargado de hacer contrataciones. Solo le solicitaron su acta nacimiento y su pasaporte. El trámite lo realizó en el consulado de Monterrey. Al año siguiente quiso volver a irse, pero le negaron la visa; tras la llegada de Trump al Gobierno de los Estados Unidos cambiaron los requisitos para otorgar el documento de trabajo. Antes había ido a trabajar sin documentos. En 2009 sufrió un accidente de tránsito en el estado de Pensilvania, pero no fue grave, solo le dieron un ticket (multa), que pagó. Pero con las nuevas condiciones esto fue motivo suficiente para que no le otorgaran la renovación de la visa de trabajo. En cuanto al contrato de trabajo que él firmó, solo le pagaron la mitad de los gastos y no trabajó los seis meses para los que fue contratado, sino aproximadamente cuatro. Eso mermó los ingresos, pues en los dos meses en que no trabajó tuvo que cubrir sus gastos de alimentación. La compañía cubre los gastos de hospedaje y servicios de la casa. En promedio, por semana de trabajo recibe 1.000 dólares. La mayor parte del dinero lo enviaba a su familia, ya que no es recomendable regresar con dinero pues en los retenes (puestos de seguridad mexicanos) se lo pueden quitar, e incluso cuando iban a Monterrey para ser trasladados a los Estados Unidos dos de sus compañeros fueron extorsionados por autoridades migratorias, a pesar de que mostraron sus pasaportes mexicanos. En el campo donde trabajó había unos 200 trabajadores mexicanos; de ellos una buena parte no tenían documentos de trabajo. Se dio cuenta porque el chofer que los transportaba de su casa al trabajo los llevaba por caminos rurales sin mucho tráfico, no lo hacía por donde podía haber retenes de migración. En su cuadrilla de trabajo que salió de Monterrey a Georgia solo había dos mujeres, pero ellas no iban al trabajo de la pisca y la cosecha, sino que iban a trabajar como cocineras. Ahora quiere regresar a los Estados Unidos. Lo volvieron a invitar, y él cree que ya cumplió el castigo que le impusieron las autoridades estadounidenses. Esta invitación se la hicieron muy sigilosamente, porque no quieren que muchos se enteren pues el reclutador necesita a unas 20 personas y está buscando a los que ya han tenido visas de trabajo.

Sin embargo, el tamaño de la demanda de trabajo agrícola es grande, lo que se ha traducido en que haya en el mercado empresas dedicadas a reclutar, capacitar y colocar trabajadores en granjas en los Estados Unidos. Una de ellas es la empresa CIERTO, que se anuncia en Internet de la siguiente forma:

CIERTO es un contratista internacional de trabajadores agrícolas dedicado a ayudar a los empleadores con el programa federal de visas H-2A […] Para los productores, nuestros servicios H-2A brindan una solución calificada, certificada y estable para las necesidades laborales. Para los trabajadores, estos servicios brindan oportunidades de trabajo seguras y sostenibles, comunicación abierta y asistencia constante a lo largo de su contrato […] Equipamos a nuestros trabajadores con el conocimiento que necesitan para ayudar a las granjas a mantener los estándares de cumplimiento en materia de trabajo, seguridad alimentaria y calidad. A través de nuestro programa de capacitación integral, los trabajadores agrícolas desarrollan habilidades transferibles que conducen a un trabajo durante todo el año, ofreciéndoles oportunidades laborales estables y aumentando las tasas de retención para los agricultores y la productividad agrícola [...] Para cumplir con estos altos estándares, trabajamos con varias organizaciones de verificación de terceros y agencias gubernamentales mexicanas […] Al asociarnos con estos grupos externos, podemos salvaguardar los intereses tanto de los agricultores como de los trabajadores agrícolas, al tiempo que protegemos la integridad de la cadena de suministro de mano de obra. Trabajamos para eliminar las prácticas fraudulentas, corruptas y peligrosas que los trabajadores agrícolas inmigrantes a menudo experimentan cuando se mudan a los Estados Unidos (CIERTO, s/f).

Estas empresas de contratación han buscado sinergias con organizaciones sociales, como Fomento Cultural y Educativo A. C., que operan en localidades rurales como Texcatepec y Huayacocotla, en el estado de Veracruz, donde habitan comunidades con una larga tradición de salida de sus habitantes hacia los Estados Unidos. Ello permitió un vínculo con la empresa CIERTO, que en 2020 prestó apoyo a 60 jóvenes (todos varones) de las comunidades mencionadas para la obtención de visas de tipo H-2A para ir a trabajar de manera legal a ese país. El destino principal de esos migrantes es el estado de Washington; la estancia promedio es de cuatro meses y los papeles que se solicitan son pasaporte y acta de nacimiento. Todos los trámites los realiza la empresa CIERTO.

En el caso de las actividades ganaderas el reclutamiento se vuelve en algunas ocasiones un proceso más selectivo, cuando se requiere un perfil de trabajo más especializado con estudios universitarios. En este caso el reclutador o las empresas recurren a la bolsa de trabajo de las universidades tecnológicas (que están localizadas en pequeñas zonas urbanas del estado de Hidalgo) para ofrecer puestos de trabajo. A continuación se presentan dos relatos que reflejan las formas de contratación de personas sin experiencia migratoria previa, pero con estudios universitarios. Ignacio fue contactado cuando se encontraba en los Estados Unidos, pero la entrevista se realizó cuando ya se encontraba en México, en enero de 2021; en cambio a Imelda se la entrevistó en diciembre de 2020, por vía telefónica, mientras ella se encontraba en los Estados Unidos.

Ignacio inició su experiencia migratoria hacia los Estados Unidos en 2019 de manera legal. Se animó porque la mayoría de los integrantes de su generación, ingenieros en alimentos de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, ya se habían integrado al programa. A principios de 2021, la totalidad de sus 12 compañeros varones estaban trabajando en granjas de los Estados Unidos. Se contactó con un encargado de contratación que le solicitó estar graduado, contar con título y cédula profesional. Su primer trabajo fue en una granja de vacas lecheras en el estado de Misuri, con un pago de 3.000 dólares al mes y prestaciones incluidas. No renovó porque no le gustó que le cambiaran el turno; no le gustaba trabajar en el turno de noche. Regresó a México y volvió a los Estados Unidos meses después, pero ya no recurrió a una persona que se encargara de la contratación, sino que él mismo se contactó con una empresa de Idaho que estaba solicitando personal a través de la bolsa de trabajo de su universidad. Le pagaban 14 dólares por hora y prestaciones, un pago más alto que el obtenido en Misuri. Según él, en ambas granjas la proporción de trabajadores sin documentos que se emplean es mucho mayor que la de quienes van adscritos al programa. Él envió dinero a su esposa y su familia, ya que con la crisis provocada por la pandemia su padre, fotógrafo de eventos sociales de su pueblo, se quedó sin trabajo. Esta vez pensaba quedarse todo un año en los Estados Unidos, pero debido a la pandemia no renovó su visa de trabajo y regresó a México a principios de 2021.

Imelda trabaja en una granja de Seaboard Food en Colorado; hace dos años llegó a trabajar en una granja de cerdos. Es ingeniera en alimentos de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero. Esta joven soltera de 29 años comenta que se enteró del programa H-2A por recomendaciones de varios de sus compañeros universitarios, que la animaron a postular. Tuvo desconfianza ya que no creía que la contratación fuera tan fácil como se la describían sus compañeros. Se animó y buscó anuncios por Facebook; encontró una empresa que pedía solo un dominio básico de inglés y estar dispuesta a vivir en una localidad rural estadounidense muy lejos de la ciudad. Envió sus documentos (título y cédula profesional, entre otros) y eso fue todo. En su contratación no necesitó intermediarios; solo pagó el pasaporte y el costo de la visa. Buscaba trabajo porque en su último empleo en México le pagaban 8.000 pesos mensuales; además, había migrado al estado de Veracruz, por lo que su sueldo solo le alcanzaba para lo mínimo de sus necesidades. Ahora gana 15,5 dólares por hora y tiene un ingreso mensual de 2.200 dólares (con prestaciones), que, descontado el pago de la renta de un pequeño departamento de dos recámaras que comparte, comida y servicios, queda en 1.300 dólares mensuales en promedio. De estos, envía cada mes 300 dólares a su familia, que reside en Chilcuautla (Hidalgo): “antes no me alcanzaba, ahora le envío a mi madre”, expresa Imelda. En su empresa trabajan más de 200 personas, la mitad de ellas mujeres: “realizan las mismas actividades que los hombres”. Imelda señala que todos los trabajadores extranjeros, en su mayoría mexicanos, cuentan con permiso de trabajo. El ambiente de trabajo es agradable y a ella le gusta porque tiene estabilidad laboral, aunque las actividades de la crianza de cerdo son pesadas. Estas actividades no tienen relación con lo que estudió, pues sus estudios están encaminados en mayor medida a la elaboración de alimentos. Piensa regresar a México dentro de tres años, aunque dice que tiene derecho a diez días de vacaciones, que pueden aumentar hasta un mes si trabaja los días festivos y de descanso. Es lo que piensa hacer en 2021, pues la pandemia le impidió viajar a México en 2020.

I. Conclusiones

La dependencia de la agricultura estadounidense de la mano de obra mexicana no es nueva, y está documentada desde hace más de un siglo. Sin embargo, a partir de la década de 2010 presenta una nueva dinámica, que ya había sido probada hace más de sesenta años: los permisos temporales de trabajo de manera legal. Después de un buen tiempo de permitirse un número pequeño de trabajadores legales en el sector agrícola estadounidense, en los últimos años los permisos se han incrementado por una serie de factores, pero quizá lo que pesa más son las medidas para contener la migración ilegal en la frontera. Estas redundaron en que los empresarios agrícolas estadounidenses presionaran al Gobierno de su país para que aumentara las cuotas de visas H-2A, ante el temor de no poder contar con abundante mano de obra para la actividad agrícola. Lo paradójico es que dicho aumento se produjo en la era de Trump, el presidente estadounidense más contrario a la inmigración de los últimos años. A pesar del discurso basado en los prejuicios, la resistencia a la migración y la visualización de los migrantes mexicanos como una amenaza por parte de la administración estadounidense, prevaleció la lógica empresarial. Si un sector necesita trabajadores que realicen las actividades más duras y que sean sometidos a largas jornadas de trabajo con poco pago, es el sector agrícola en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. De igual manera, la emigración de mexicanos sin documentos se ha sostenido en estos años. Las empresas aparentan legalidad al contratar trabajadores con visas H-2A. Sin embargo, en algunas granjas se encuentran trabajadores que carecen de visa de trabajo; por lo tanto, el pago es menor y los propietarios evaden el pago de prestaciones.

La contratación de trabajadores mexicanos no es muy complicada. El trabajador simplemente se contacta con un enganchador (que por lo general es alguien que residió en la comunidad) y se le solicitan pocos documentos (pasaporte y acta de nacimiento), sin costo, lo que se traduce en que cada vez más los trabajadores mexicanos opten por esta vía para ir a emplearse a los Estados Unidos. Si bien dichos documentos son de fácil acceso para los trabajadores que solicitan las visas de trabajo, un requisito muy importante para los trabajadores que van a las actividades agrícolas es la experiencia previa que hayan tenido en el campo estadounidense; muchos de ellos antes de ser trabajadores con contrato legal ya habían estado en ese país sin documentos. Los permisos dan cierta tranquilidad al trabajador y su familia, pues con ellos se tiene mayor seguridad al cruzar la frontera, que se ha convertido en un trayecto muy peligroso, debido a la toma de las rutas por parte de grupos delictivos del país y al hecho de que la frontera se encuentra cada vez más vigilada por las autoridades estadounidenses, lo que ocasiona que los cruces fronterizos sean zonas más alejadas y de difícil acceso. Quizá el cambio más importante en este nuevo período de migración de trabajadores mexicanos de manera legal es la demanda de trabajadores calificados con estudios universitarios sin experiencia previa de trabajo agrícola en los Estados Unidos. Los miles de jóvenes que en el futuro egresen de las universidades tecnológicas[6] o de otras universidades estatales tendrán una oferta de trabajo sostenida y mucho mejor remunerada que la del país. Es paradójico que las universidades tecnológicas que se crearon con el fin de otorgar empleabilidad a los jóvenes de origen rural y de zonas urbanas pequeñas en sus lugares de origen estén sirviendo para sostener las actividades agrícolas de los Estados Unidos. Por otra parte, esta multitud de personas contribuyen a que el envío de dinero a México sea un flujo constante. Por ello, en el último año, ante la contingencia por la pandemia de COVID-19, cuando se esperaba un decremento del envío de remesas, estas continuaron llegando en grandes volúmenes. Según el Banco de México, en 2020 los envíos de mexicanos en el exterior sumaron 40.606 millones de dólares, lo que representa un incremento del 11,4% respecto al año anterior. Por último, con la nueva administración estadounidense no deben esperarse grandes cambios. La posible adquisición de la ciudadanía de los Estados Unidos por parte de miles de jóvenes mexicanos (que integran el grupo de los denominados “dreamers”) no va a influir en la inmensa demanda de trabajadores en las actividades agrícolas de ese país, pues la mayoría de dichos jóvenes residen en localidades urbanas. El sector agrícola continuará demandando mano de obra mexicana con o sin calificación.

Bibliografía

Álvarez, J. (1995), “La emigración internacional en el estado de Hidalgo”, Hidalgo población y sociedad, Pachuca, Siglo XXI/Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

Andorra, B. (2020), “Visas de trabajador temporal H-2A y H-2B: políticas y cuestiones relacionadas”, Servicio de Investigación del Congreso [en línea] https://crsreports.congress.gov.

Avallone, G. (2018), “Migraciones postcoloniales, agricultura global y colonialidad del trabajo”, Revista THEOMAI. Estudios críticos sobre Sociedad y Desarrollo, Nº 38.

Banco de México (2021), “Remesas por entidad federativa” [en línea] https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA79.

Barros, A. (2005), “La migración en la economía internacional”, Boletín Electrónico, Nº 8, La Habana, Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl García [en línea] http://www.isri.cu/Paginas/Boletin/boletitulares_8.htm.

Bier, D. (2020), “H-2A visas for agriculture: the complex process for farmers to hire agricultural guest workers”, Immigration Research and Policy Brief, Nº 17 [en línea] https://www.cato.org/publications/immigration-research-policy-brief/h-2a-visas-agriculture-complex-process-farmers-hire.

Blog 167 (2020), “Mexican Braceros and US Farm Workers”, Migration Dialogue [en línea] https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/Rural%20Migration%20News%20Blog%20167.pdf.

CIERTO (s/f), “Sobre CIERTO” [en línea] https://www.ciertoglobal.org/sobre-cierto/ [fecha de referencia: 26 de enero de 2021].

Delgado, R. (2016), “Reflexiones sobre la cuestión migratoria México-Estados Unidos ante el triunfo electoral de Donald Trump”, Revista Migración y Desarrollo, vol. 14, Nº 27.

Delgado, R. y H. Márquez (2007), “Para entender la migración a Estados Unidos. El papel de la fuerza de trabajo barata mexicana en el mercado laboral transnacional”, Problemas del Desarrollo, vol. 38, Nº 149, Ciudad de México [en línea] http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-70362007000200002&lng=es&nrm=iso.

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (2020), “Ag and Food Sectors and the Economy” [en línea] https://www.ers.usda.gov/data-products/ag-and-food-statistics-charting-the-essentials/ag-and-food-sectors-and-the-economy/.

Departamento de Estado de los Estados Unidos (2020), Bureau of Consular Affairs [en línea] https://travel.state.gov/content/travel/en/search.html?search_input=statistics+visa&data-sia=false&data-con=false&search_btn=.

Durand, J. (2006), Programas de trabajadores temporales: evaluación y análisis del caso mexicano, Ciudad de México, Consejo Nacional de Población (CONAPO).

Durand, J. y D. Massey (2003), Clandestinos: migración México Estados Unidos en los albores del siglo XXI, Ciudad de México, Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)/Miguel Ángel Porrúa.

García, R. (2003), “Un estado de la cuestión de las teorías de las migraciones”, Historia Contemporánea, Nº 26.

Hernández, T. y S. Gabbard (2018), “Findings from the National Agricultural Workers Survey (NAWS) 2015-2016: a demographic and employment profile of United States farmworkers”, Research Report, Nº 13, Administración de Empleo y Capacitación del Departamento de Empleo y Capacitación, Oficina de Investigación y Desarrollo de Políticas de JBS International.

Levine, E. (2007), “Migrantes mexicanos en Estados Unidos: situación socioeconómica e inserción en el mercado laboral”, Migración internacional: efectos de la globalización y las políticas migratorias, Gobierno del Estado de México, Consejos Estatales de Población (COESPO)/Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población de la Universidad Autónoma del Estado de México (CIEAP/UAEM).

Market Intel (2019), “Feeding the Economy: Agricultural Jobs by State” [en línea] https://www.fb.org/market-intel/feeding-the-economy-agricultural-jobs-by-state.

Martínez, C. (2012), “El muestreo en investigación cualitativa: principios básicos y algunas controversias”, Ciencia y Salud de Colectiva, Nº 17.

Massey, D. (2000), “Teorías sobre la migración internacional: una reseña y una evaluación”, Migraciones y mercados de trabajo, Ciudad de México, Universidad Autónoma de México (UAM)/Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)/Plaza Valdez y editores.

Quezada, M. (2008), La migración Hñähñú del Valle del Mezquital, Estado de Hidalgo, Ciudad de México, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

Quezada, M. y M. Medellín (2015), “La reproducción de la familia en un contexto de migración internacional”, Estudios Demográficos del Estado de Hidalgo, Tomo VI, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Rivera, M. (2006), “La negociación de las relaciones de género en el Valle del Mezquital: un acercamiento al caso de la participación comunitaria de mujeres hñahñus”, Estudios de Cultura Otopame, Instituto de Investigaciones Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de México.

Rivera, M. G. y M. Quezada (2011), “El Valle del Mezquital, Estado de Hidalgo. Itinerario, balances y paradojas de la migración internacional de una región de México hacia Estados Unidos”, Travaux et Recherches dans les Amériques du Centre (TRACE) [en línea] https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=423839519007.

Robles, B. (2011), “La entrevista en profundidad: una técnica útil dentro del campo antropofísico”, Revista Cuicuilco, septiembre-diciembre.

Shahbandeh, M. (2021), “Top U.S. states based on number of farms 2020” Statista [en línea] https://www.statista.com/statistics/196114/top-10-us-states-by-number-of-farms/.

Zhang, Y., Y. Ostrovsky y A. Arsenault (2021), “Foreign workers in the Canadian agriculture industry”, Economic and Social Reports [en línea] https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/36-28-0001/2021004/article/00002-eng.htm.

[1] Profesor investigador del Área de Sociología y Demografía de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Sinaloa, Maestro en Demografía por El Colegio de la Frontera Norte y Doctor en Planificación Territorial y Desarrollo Regional por la Universidad de Barcelona. Correo electrónico: joseg@uaeh.edu.mx.

[2] Profesor investigador independiente. Licenciado en Administración Pública, Maestro en Estudios de Población y Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). Correo electrónico: platajp8112@gmail.com.

[3] “Para cualificar para la clasificación de No Inmigrante H-2A, el peticionario debe: ofrecer un empleo de naturaleza temporal o de estación; demostrar que no hay suficientes trabajadores estadounidenses capaces, dispuestos, cualificados y disponibles para realizar el trabajo temporal; demostrar que la contratación de empleados H-2A no afectará los sueldos y las condiciones de trabajo de los empleados estadounidenses en tareas similares […] Ningún peticionario, agente de colocación, facilitador, reclutador o servicio similar de empleo puede cobrarle a un trabajador H-2A una tarifa por colocación en el empleo o cualquier otra compensación (ya sea directa o indirecta) como condición para la obtención de dicho empleo” (véase [en línea] https://www.uscis.gov/es/trabajar-en-los-estados-unidos/trabajadores-temporales-no-inmigrantes/trabajadores-agricolas-temporales-H-2A).

[4] Hay que notar que el universo del muestreo de la Encuesta Nacional de Trabajadores Agrícolas no incluye a trabajadores agrícolas con una visa H-2A.

[5] En muchos casos los migrantes, que en su mayoría llegaron a una edad temprana a los Estados Unidos, se vieron involucrados en delitos menores por falta de licencia o por conducir bajo los efectos del alcohol, entre otros motivos. En otros casos, fueron aprehendidos por la patrulla fronteriza al intentar cruzar la frontera en varias ocasiones, lo que también los condicionó a no poder acceder a una visa de trabajo en la actualidad.

[6] En el ciclo 2019-2020 se encontraban matriculados 251.952 estudiantes en las universidades tecnológicas de México (Secretaría de Educación Pública).

Artículo 06

Los problemas de la cuantificación de la población indígena y mapuche a través de los censos de la serie 1992-2017

Marcos Rodrigo Valdés Castillo[1]

Recibido: 12/11/2020

Aceptado: 18/03/2021

Resumen

Se reflexiona, a partir de datos censales de Chile, sobre las dificultades y complejidades de los mecanismos de recolección de datos de la población indígena. Diversos autores han manifestado en sus estudios una cierta actitud crítica hacia la cuantificación censal de la población indígena en América Latina, que deriva en fenómenos como la sobredeclaración, entendida como aquellos individuos que se declaran indígenas sin serlo. En este documento, se examinan algunos problemas metodológicos y demográficos asociados a dicha problemática. También se intenta cuantificar la población indígena y mapuche, con el fin de realizar comparaciones válidas de la evolución de la población indígena en los últimos tres censos. Por último, se analiza la composición urbano-rural de la población indígena, en general, y mapuche, en particular; una variable que siempre está en el centro de las discusiones sobre su localización y el impacto de la sociedad moderna en sus actuales dinámicas sociales y culturales.

Palabras clave: pueblos indígenas, población, empadronamiento, censos de población, metodología estadística, composición de la población, distribución de la población, zonas urbanas, zonas rurales, América Latina.

Abstract

Based on census data from Chile, this paper reflects on the difficulties and complexities of mechanisms for collecting data on the indigenous population. Studies by various authors have been somewhat critical of the census quantification of the indigenous population in Latin America, which has led to practices such as over-declaration, understood as self-reporting as indigenous by individuals who are not. This paper examines some of the methodological and demographic issues related to this problem. It also attempts to quantify the indigenous and Mapuche populations in order to make valid comparisons of the changes in the indigenous population over the last three censuses. Lastly, it analyses the urban-rural composition of the indigenous population in general and the Mapuche population in particular. This variable is always at the centre of discussions on where indigenous populations are located and on the impact of modern society on their current social and cultural dynamics.

Keywords: indigenous peoples, population, enumeration, population censuses, statistical methodology, population composition, population distribution, urban areas, rural areas, Latin America.

Résumé

Sur la base des données du recensement du Chili, cette étude se penche sur les difficultés et les complexités des mécanismes de collecte de données sur la population autochtone. Dans leurs études, plusieurs auteurs ont exprimé une certaine critique à l'égard de la quantification par recensement de la population autochtone en Amérique latine, qui se traduit par des phénomènes tels que la surdéclaration, c'est-à-dire les individus qui se déclarent autochtones sans l'être. Ce document analyse certaines difficultés méthodologiques et démographiques liées à ce problème. Le but est également de quantifier la population autochtone et mapuche afin de pouvoir comparer valablement l'évolution de la population autochtone au cours des trois derniers recensements. Enfin, cette étude analyse la composition urbaine-rurale de la population autochtone, en général, et des Mapuches, en particulier, car cette variable est toujours au centre des discussions sur leur localisation et l'impact de la société moderne sur leur dynamique sociale et culturelle actuelle.

Mots clés: peuples autochtones, population, dénombrement, recensements de la population, méthodologie statistique, composition de la population, répartition de la population, zones urbaines, zones rurales, Amérique latine.

Introducción

El presente trabajo se organiza en tres partes. En la primera, se abordan los problemas de la cuantificación de la población indígena a través de los censos; la segunda tiene como objetivo aproximarse a su cuantificación y la tercera, perfilar su composición urbano-rural.

En primer lugar, se explora la controversia provocada por las dudas sobre los resultados censales respecto de la población indígena, que radica en el hecho de que se podría estar produciendo un sobrerregistro en este grupo que abultaría artificialmente las cifras, debido a que es posible que algunas personas se autodeclaren indígenas sin serlo. Por otra parte, se trata el tema de la cuantificación de la población indígena y mapuche en los censos realizados entre 1992 y 2017, sus dificultades en términos comparativos y sus paradojas explicativas. Además, se subraya la necesidad de llevar a cabo estudios de natalidad y mortalidad que permitan dilucidar estas dificultades analíticas.

También se analiza la composición urbano-rural, que se ha instalado como una variable estructural en el análisis de la población indígena en Chile a partir del censo de 1992. El análisis de esta variable no ha estado exento de observaciones y discusiones, que se reflejan y amplían en este texto. Finalmente, se reconoce una lectura más general de los datos demográficos en este trabajo, con el fin de lograr una perspectiva más holística de los resultados. Dicha perspectiva podría ayudar a dilucidar conjeturas no demográficas que pueden intervenir en la cuantificación de la población indígena. El procesamiento de los datos se realizó con el programa REDATAM 7 y la plataforma REDATAM WebServer 1992, herramientas desarrolladas por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

A. Consideraciones previas

En Chile, se ha generado un gran volumen de datos sobre la población indígena a partir de los cuatro censos que se han llevado a cabo desde 1992 (incluido el censo de 2012, que ha sido cuestionado por diversas fallas en su diseño, aplicación y posterior procesamiento), los cuales han permitido contar con una cantidad significativa de información. Cada censo se ha realizado en diferentes coyunturas históricas y sociales. No obstante, no es el objetivo de esta sección analizar dichas coyunturas, sino referirse a dos cuestiones básicas que se deben considerar al adentrarse en el análisis de los datos censales que aquí se ofrece: el censo de 2012 y el tema de la consulta previa, de acuerdo con los establecido en el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169).

Con respecto a la primera cuestión, en este trabajo se han respetado las recomendaciones del grupo de expertos que estudió el censo de 2012 y redactó un informe con su evaluación y recomendaciones de uso; en particular, las recomendaciones segunda y tercera:

Se recomienda que la información del Censo 2012 no se utilice para fijar parámetros de política pública que asignan recursos a las comunas, para caracterizar a la población regional o comunal según variables demográficas o socioeconómicas, ni para dimensionar cuantitativamente a grupos específicos de la población. (Bravo y otros, 2013, pág. 39)

En este sentido, es posible afirmar que la información utilizada en este artículo no transgrede esta recomendación, puesto que se utiliza el censo de 2012 de modo referencial y a nivel comparativo, para ilustrar situaciones de carácter metodológico. En relación con la cuantificación de la población mapuche en Chile, solo se utilizan los censos de 1992, 2002 y 2017. En cuanto a la tercera recomendación, esta no impide usar el censo de 2012 para fines académicos y de investigación, pues la comisión revisora recomienda lo siguiente: “por razones de transparencia y fe pública debe estar disponible para investigaciones y público especializado la base de datos del Censo 2012” (Bravo y otros, 2013, pág. 39).

Respecto de la aplicabilidad del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169) al diseño, aplicación y procesamiento de los datos censales de los pueblos indígenas, cabe recordar que el Convenio se ratificó en 2008 en Chile, lo que hace vinculantes las acciones autoejecutables contenidas en él, es decir: i) la consulta previa a las acciones político-administrativas que afecten a los pueblos indígenas y ii) el derecho a la participación en el sentido de ejercer “la oportunidad de hacerse escuchar y de influir en las decisiones adoptadas y que debe ser respaldado por mecanismos adecuados de procedimiento instaurados a nivel nacional de acuerdo con las condiciones del país” (OIT, 2020).

Al respecto, cabe destacar que los censos de 2012 y 2017 incorporaron acciones de consulta y participación y, de estos, solo en el caso del censo de 2012 se pudieron verificar acciones calificables como de protoconsulta antes de su realización. En efecto, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) inició un plan de consultas a expertos externos y a algunas organizaciones indígenas, con el fin de establecer una nueva pregunta para la identificación de la población indígena. No obstante, no se cumplieron los protocolos establecidos en el Convenio núm. 169 para la observancia de estas acciones (OIT, 2013), algo que tampoco ocurrió en el censo de 2017. Con todo, se abre la posibilidad de que el INE cumpla los protocolos de consulta y participación de la población indígena en lo relativo al diseño, aplicación y procesamiento de dicha pregunta censal en el censo de 2023.

B. La controversia sobre la declaración de la población indígena a través de los censos: la sobredeclaración y subdeclaración

Aparentemente, es muy poca la literatura relacionada con la subdeclaración y sobredeclaración, y con los problemas conceptuales, metodológicos y técnicos que permitirían una aproximación sistemática a estos conceptos. En consecuencia, existe una barrera de entrada, pues no habría un marco conceptual consensuado respecto de los objetos de este análisis. A pesar de esta dificultad, en el presente trabajo estos se examinarán de manera exploratoria, ajustados a la situación en Chile.

A la serie de censos en la que se incorpora por primera vez una pregunta sobre autoidentificación o pertenencia étnica declarada, se suma el censo abreviado realizado en 2017, que reemplaza al censo de 2012. En consecuencia, en menos de tres décadas se han llevado a cabo cuatro censos que incluyen datos relacionados con la población indígena. Esto es relevante, ya que la información generada representa un volumen de datos nada despreciable, que, lamentablemente, ha sido subexplotado y subutilizado. De todos modos, en esta sección se examinarán algunas variables de los censos de 1992, 2002, 2012 y 2017, a fin de obtener una comparación metodológica de esta serie de censos.

Cabe precisar que, a continuación, se definirán como autoadscripción y pertenencia étnica dos metodologías diferentes de captación de población indígena en los censos. La autoadscripción se entiende como una metodología de captación de información censal en la cual se solicita al entrevistado que, voluntariamente, se identifique con una categoría de respuesta específica. Esta metodología se utiliza generalmente para temas como la religión, el origen étnico o la tendencia política, entre otros. En general, se acepta de forma relativa la premisa de que, en la autoidentificación, operan mecanismos como la afinidad política o religiosa, el parentesco e, incluso, la simpatía, cuestiones que se deben controlar adecuadamente, o las respuestas podrían tener problemas de validez y confiabilidad.

Por otra parte, la pregunta sobre pertenencia étnica metodológicamente se denomina una “pregunta de hecho”, que no admite ambigüedades. En consecuencia, la respuesta a la pertenencia es orgánica, institucional y ritual. Una persona que pertenece a algo específico debe cumplir una serie de protocolos y rituales que le confieren tal pertenencia. Por ende, una pregunta de este tipo tiene niveles de validez y confiabilidad más altos que una pregunta de autoadscripción.

Como se puede apreciar en el cuadro 1, las preguntas sobre identificación étnica declarada muestran variaciones sutiles, pero importantes: i) en ambos censos se repite el patrón de dos preguntas; ii) la combinación del método de autoadscripción y pertenencia étnica se aplica, básicamente, solo en el censo de 2012, y iii) la batería de preguntas para identificar a la población indígena del censo de 2017 puede definirse como de autoadscripción, algo que es necesario analizar detalladamente. En efecto, el censo de 2017 omite la palabra “pertenece” en la segunda pregunta (16a) (véase el cuadro 1). Un primer efecto metodológico atribuible al conjunto de preguntas del censo de 2017 es que plantearía la posibilidad de responder a dichas preguntas por simpatía, opción política, afinidad, atracción u otros, y de autodeclararse indígena sin serlo, fenómeno que, en este texto, se entenderá como sobredeclaración.

Cuadro 1

Chile: comparación de las preguntas sobre pueblos indígenas en los censos de población y vivienda de 2012 y 2017

Censo de Población y Vivienda 2012

Censo de Población y Vivienda 2017

Se incluyen todas las personas del hogar

Módulo E: residentes habituales

Preguntas 24 y 25

Se incluyen todas las personas del hogar

Módulo D: datos de las personas

Preguntas 16 y 16a

Preg. 24: ¿Se considera perteneciente

a algún pueblo indígena (originario)?

1. Sí

2. No (pasar a la 26)

Preg. 25: ¿A cuál pertenece?

1. Mapuche

2. Aymara

3. Rapa nui

4. Likan antai

5. Quechua

6. Colla

7. Diaguita

8. Kawashkar

9. Yagán o Yámana

10. Otro (especifique)

Preg. 16: ¿Se considera perteneciente

a algún pueblo indígena u originario?

1. Sí.

2. No. Pase a la 17.

Preg. 16a: ¿A cuál?

1. Mapuche

2. Aymara

3. Rapa Nui

4. Lican Antai

5. Quechua

6. Colla

7. Diaguita

8. Kawésqar

9. Yagán o Yámana

10. Otro (especifique)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los censos de población y vivienda de 2012 y 2017.

Desde un punto de vista metodológico, esto afectaría la validez de las preguntas; desde un punto de vista empírico, podría facilitar la sobredeclaración, dado que no habría control sobre la respuesta. Un segundo efecto metodológico que esta omisión podría provocar es la pérdida de la ventaja de combinar dos métodos de captación de población indígena (autoadscripción y pertenencia), lo que permitió corregir los problemas de subdeclaración (aquellas personas que no se autoidentifican con un pueblo indígena determinado, pero sí pertenecen a alguno de ellos) en 2012, especialmente entre las mujeres (Valdés, 2016). Otra potencial dificultad derivada de las anteriores es que las mediciones posteriores podrían generar problemas de confiabilidad, en vista de que cualquiera de las posibilidades mencionadas previamente (simpatía, opción política, afinidad o atracción, entre otras) varían según los contextos históricos, políticos o culturales propios del momento en que se lleva a cabo el censo, lo que podría producir variaciones significativas de una medición a otra.

En vista de la naturaleza fundamentalmente teórica de los argumentos presentados, es necesario examinar el comportamiento empírico de los datos.

Como se puede apreciar en el cuadro 2, se registró una variación intercensal para la población total de un 5,6%, que implica un aumento de población censada de 939.400 casos nuevos. En cambio, llama la atención que la población indígena variara más del doble (18,6%) con respecto a la población total; lo mismo ocurre con la población mapuche, cuya variación fue de un 15,7%. ¿Por qué aumentó tanto (en términos relativos) la cobertura de la población indígena, en general, y de la población mapuche, en particular? Podría señalarse, al menos, intuitivamente, que la cobertura de las poblaciones no debería aumentar de forma distinta. No obstante, la pregunta inicial es válida y genera más preguntas que posibles respuestas: ¿se debe esto al efecto de la autoadscripción?, ¿cuánto influye este factor en los incrementos observados para estas poblaciones?, ¿por qué el censo de 2012 dejó fuera a una cantidad tan grande de población mapuche? Responder dichas preguntas va más allá de los objetivos de este trabajo, pero estas se dejan planteadas para posibles futuras investigaciones.

Cuadro 2

Chile: distribución de la población total, indígena y mapuche, según censo y variación intercensal, 2012 y 2017

(En número de personas y porcentajes de variación intercensal)

Censo de 2012

Censo de 2017

Variación intercensal

(en número de personas)

Variación intercensal

(en porcentajes)

Población total

16 634 603

17 574 003

939 400

5,6

Población indígena

1 842 607

2 185 792

343 185

18,6

Población mapuche

1 508 722

1 745 147

236 425

15,7

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los censos de población y vivienda de 2012 y 2017 y REDATAM 7.

Con respecto al cuadro 3, Valdés (2016) sostiene que las cifras que arrojan los distintos censos no son estrictamente comparables debido a que las metodologías de captación de población indígena difieren de una medición a otra. Cabe recordar que, en términos metodológicos, en el censo de 1992 se utilizó una pregunta de autoadscripción, en el de 2002 se utilizó una pregunta de pertenencia, en el de 2012 se aplicó una combinación de tipos de preguntas (autoadscripción o pertenencia) y en el de 2017 se volvió a recurrir al criterio de autoadscripción, pero mediante la inclusión de dos preguntas. También se debe considerar que, en el caso del censo de 1992, la pregunta solo se hizo a la población de 14 años o más, mientras que, en los censos posteriores, se abarcó a toda la población. Por lo tanto, las cifras de los distintos censos no son plenamente comparables, lo que significa que es preciso tomar ciertas precauciones a la hora de hacer las comparaciones pertinentes.

Las precauciones que habría que tomar al comparar los distintos censos son las siguientes: i) no se pueden comparar las cifras absolutas debido a que son muy diferentes entre sí; ii) se deben comparar las proporciones relativas de los censos; iii) es necesario igualar los segmentos de edad en todos los censos —lo que implica que se debe descontar la población de 14 años en el censo de 1992 y la población menor de 15 años tanto en el censo de 2002 como en el de 2012—, y iv) se compara solo la población mapuche como subconjunto de la población indígena, por ser la de mayor volumen y para posibilitar la homogeneidad de los datos (Valdés, 2016, pág. 215).

Cuadro 3

Chile: población indígena y mapuche en los censos de 1992, 2002, 2012 y 2017

(En número de personas y porcentajes del total de la población)

Año

Población indígena

Población mapuche

Cantidad

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

1992

998 385

10,3

928 060

9,6

2002

692 192

4,6

604 349

4,0

2012

1 842 607

11,1

1 508 722

9,1

2017

2 185 792

12,8

1 745 147

10,2

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los censos de población y vivienda de 1992, 2002, 2012 y 2017 y REDATAM 7.

En consecuencia, y con el fin de respetar los criterios señalados en el párrafo anterior y que estos se entiendan como referenciales[2], es posible hacer algunas comparaciones. En primer lugar, la variación intercensal 1992-2017 para la población total es de un 31,7%, mientras que, en el mismo período, para la población indígena es de un 118,9% y para la mapuche es de un 82,3%. Evidentemente, la variación intercensal de la población indígena y mapuche no se puede explicar por motivos demográficos (aumento elevado de la tasa de natalidad, baja drástica de la mortalidad o saldo migratorio muy elevado), lo cual justifica los hallazgos de la investigación, ya que, “las variaciones intercensales no pueden atribuirse a fenómenos demográficos, sino solo a cuestiones asociadas a las técnicas de medición y recopilación de datos” (Valdés, 2016, pág. 216).

En segundo lugar, las cifras de los distintos censos siempre se han situado alrededor del 10% (con la salvedad del censo de 2002). Esto permite rechazar la hipótesis de que la sobredeclaración es un factor predominante en las cifras recogidas en los censos. En otras palabras, la sobredeclaración nunca ha sido un elemento estructural en la composición de la población indígena chilena que pudiera sobredimensionar a este grupo. Por el contrario, la subdeclaración, aunque sea mínima, sí afecta la composición de la población indígena, algo particularmente notorio en los índices de masculinidad y en la estructura de la población[3].

Existe poca investigación o datos empíricos acerca de la sobredeclaración y subdeclaración, lo que no permite realizar un análisis pormenorizado. Además, es un fenómeno complejo de controlar metodológicamente, sobre todo si la estructura de la pregunta es muy amplia. Este aspecto fue observado por Vázquez y Quezada (2015, pág. 182) en el censo de 2010 en México. Estos autores, a pesar de no ofrecer pruebas, plantean que la modificación del enunciado de la pregunta de autoidentificación étnica habría tenido una incidencia importante en la cantidad de personas que se autoidentificaron como indígenas en ese país, pues habría provocado un aumento artificial del número de indígenas registrados por sobredeclaración.

Con anterioridad, Peyser y Chakiel (1999, pág. 359) habían manifestado que en Chile ocurría un fenómeno similar, ya que “la forma de hacer la pregunta de autopertenencia podría haber producido una sobredeclaración por adhesión de simpatizantes de la causa indígena”. A pesar de ser observable, este no es el único fenómeno interviniente. De hecho, en el caso de los pueblos indígenas, existen otros procesos opuestos; particularmente, la subdeclaración (individuos que, a pesar de pertenecer a un pueblo indígena específico, no se autoidentifican como tal por temor, racismo, discriminación u otros motivos), la cual contrarresta el efecto de la sobredeclaración.

Recientemente, Fernández, Peralta y Sánchez (2018, págs. 15 a 17) se han referido a esta problemática desde un enfoque más bien culturalista, sugiriendo que la variación de las cifras observadas entre los censos de 2002 y 2017 se explicaría a partir de fenómenos externos a la propia identidad o pertenencia de la población indígena. En efecto, existirían, al menos, dos vectores: por un lado, la identidad como solidaridad, fenómeno que viabilizaría la sobredeclaración, y, por el otro, la identidad funcional o reetnificación. Ambos mecanismos coadyuvarían a explicar el “aumento del porcentaje de indígenas en el período intercensal 2002-2017”. Sin intentar hacer una crítica profunda a estos autores, es necesario mencionar que no proporcionan pruebas de que el primer vector incida de una forma que pueda explicar la supuesta sobredeclaración de individuos que no son parte de ningún pueblo indígena, pero se declaran como tal. Solo expresan cierta sospecha de este fenómeno (sobredeclaración) con un nivel epistemológico muy bajo. En cuanto al segundo vector, cabe destacar que tampoco se observan en el trabajo ofrecido por los autores datos concluyentes que permitan atribuir el aumento de la población indígena observada en el período intercensal 2002-2017 a su incidencia.

Por otra parte, conviene referirse al mecanismo que los autores definen como “identidad funcional”, que, a juicio de este autor, sugiere una interpretación de los datos que raya en el racismo, dado que serían variables externas —particularmente, la identidad funcional— las que explicarían el salto cuantitativo observado. En efecto, los autores afirman que la identidad funcional debería interpretarse como “la intención de identificarse con otro con la finalidad de conseguir algún tipo de beneficio personal”, algo que, de acuerdo con los autores, “sería la explicación complementaria al aumento del porcentaje de indígenas en el período intercensal 2002-2017” (Fernández, Peralta y Sánchez, 2018, pág.17).

¿Cuáles son las pruebas que ofrecen dichos autores para justificar estas hipótesis? El único dato significativo parece ser la constatación de que la población indígena se triplicó (véase el cuadro 3) en el período intercensal 2002-2017. Además, para relativizar dichas hipótesis, es necesario considerar dos aspectos: por una parte, el supuesto “beneficio personal” sería el factor que viabilizaría la posibilidad de incrementar la proporción de personas que se autodeclaran indígenas. Asimismo, dado que la relación entre el beneficio personal y el incremento del número de personas que se autodeclaran indígenas es directa, existe la posibilidad real de que disminuya la proporción de personas autoidentificadas como indígenas si no existe dicho “beneficio personal”. De acuerdo con el argumento de los autores, la variación intercensal entre 1992 y 2002 debería atribuirse a la disminución drástica de los “beneficios personales”, dado que la población indígena registrada en el censo de 2002 disminuyó a la mitad en comparación con el censo anterior. Por otra parte, la falta de indicadores respecto del comportamiento de la variable “beneficio personal” imposibilita generar una relación entre variables, pues esto conllevaría el riesgo de desarrollar una correlación espuria.

Sin embargo, es necesario volver al foco analítico principal y hacerse una pregunta cardinal: ¿es factible observar los fenómenos de sobredeclaración y subdeclaración de la población indígena a través de los censos? A juicio de este autor, existen dos indicadores que actuarían de modo interrelacionado y que permitirían esta observación: i) la estructura de población y ii) el índice de masculinidad.

i) La estructura de población indígena del censo de 1992 se caracterizó por presentar una contracción en los segmentos etarios inferiores a 30 años, mientras que la pirámide de población indígena correspondiente al censo de 2002 mostró un abultamiento muy particular de los segmentos de edad de entre 10 y 15 años y entre 30 y 34 años. Por otra parte, en la pirámide correspondiente al censo de 2012, la estructura de población indígena es muy similar a la de la población total del país (véase el cuadro A1.2 del anexo). ¿Cómo explicar la población femenina faltante en la estructura de población indígena? La respuesta más sencilla (si no se apela a la explicación demográfica) es que las mujeres se autoidentificaron menos, es decir, hubo subdeclaración. Pero ¿cómo se explican los abultamientos inusuales en la población masculina? Nuevamente, la respuesta más sencilla (y que ignora expresamente las explicaciones demográficas) es que los hombres se autoidentificaron más que las mujeres, con lo cual estaríamos ante el fenómeno de la sobredeclaración. Esto no significa que todo el contingente masculino registrado en los censos estudiados (particularmente los de 1992 y 2002) esté sobredeclarado, sino que una parte de la población registrada en estos censos se autoidentificó como indígena sin serlo, situación particularmente notoria en el censo de 1992. En cualquiera de los dos casos, es posible observar tanto subdeclaración como sobredeclaración en la respuesta a la pregunta sobre población indígena.

ii) El índice de masculinidad es una cifra que expresa la razón entre hombres y mujeres en un determinado territorio y que afecta la forma de la estructura de población. La interpretación normal del índice de masculinidad es que puede representar zonas urbanas y zonas rurales y también expresar diferencias grupales. Esto es importante en el caso indígena, porque ha permitido consolidar la hipótesis de que dicha población (particularmente la femenina) está sometida a fuertes presiones migratorias desde las zonas rurales, por lo que la migración indígena tendría rostro femenino, al menos hasta la década de 1990 (Rodríguez, 2007, pág. 22). En efecto, se ha observado que el índice de masculinidad indígena de las zonas rurales es frecuentemente mayor que uno, debido a la migración a las ciudades de las mujeres en edad fértil que habitan en comunidades rurales (CELADE, 1990).

Como se puede observar en el cuadro 4, el índice de masculinidad de la población mapuche en los grupos etarios de 15 años y más es mayor que uno en los censos de 1992 y 2002. Sin embargo, la población total mapuche no es precisamente rural; un 90% era urbana, según los censos de 1992 y 2002, así que no es posible atribuir este fenómeno a su origen rural. Por lo tanto, la única forma factible de explicar estos datos es una mayor autoadscripción entre los hombres (sobredeclaración) o una menor autoadscripción entre las mujeres (subdeclaración). En los censos de 2012 y 2017, la situación es distinta, ya que los índices de masculinidad son inferiores a uno, algo que podría indicar que los problemas de sobredeclaración y subdeclaración no tendrían un efecto tan evidente en la estructura de la población y el índice de masculinidad.

Cuadro 4

Chile: índice de masculinidad de la población mapuche de 15 años y más, censos de 1992, 2002, 2012 y 2017

(Expresado como razón)

Censo

Índice de masculinidad

1992

1,03

2002

1,01

2012

0,90

2017

0,96

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los resultados publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

¿Se podrían explicar estas anomalías en términos demográficos? La población faltante, particularmente en los segmentos etarios inferiores a 30 años en los censos de 1992 y 2002, podría deberse a un descenso pronunciado en la tasa de natalidad o a un aumento fuerte de la mortalidad, sumados a una intensa emigración. Por otro lado, la disminución intercensal de la población mapuche de 1992 a 2002 se debería a la combinación de un alza brusca de la mortalidad y una caída drástica de la natalidad o a una emigración masiva hacia el exterior, particularmente de población femenina. Desde el punto de vista demográfico, la variación intercensal de 2002 a 2012 se podría explicar como resultado de un alza de la tasa de natalidad y una caída de la tasa de mortalidad sin precedentes en Chile, junto con la inmigración de población mapuche de otros países.

Dado que no existen datos demográficos que permitan confirmar la veracidad de ninguno de los razonamientos anteriores, las variaciones intercensales de la población indígena en el período 1992-2012 no pueden atribuirse a fenómenos demográficos. Por lo tanto, es necesario buscar las posibles explicaciones en otras hipótesis de trabajo. Con todo, cualquier explicación posible (a excepción de las demográficas) pasa por aceptar que las anomalías observadas están relacionadas con las técnicas de medición y recopilación de datos, es decir, con problemas metodológicos (Valdés, 2016), pero también con factores externos, tales como la sobredeclaración y la subdeclaración.

C. Cuantificación de la población mapuche en Chile

Como ya se ha manifestado con anterioridad, para hacer comparaciones intercensales relativamente válidas, hay que tomar ciertas precauciones metodológicas, lo que, para estos efectos, se ha hecho a la hora de elaborar los cuadros anteriores. Esto permite ofrecer algunas apreciaciones respecto de las cifras.

En el cuadro 5 se puede observar que las cifras absolutas son muy diferentes entre sí. Por el contrario, salvo en el caso del censo de 2002, las cifras relativas de los distintos censos son muy similares. Se observa que la población mapuche registrada en la serie 1992-2017 (excepto en el censo de 2002) se mantiene estable en alrededor del 9% de la población total mayor de 14 años y que, además, esto coincide con la metodología de captación de población indígena. Ello también contradice las hipótesis de sobredeclaración, dado que la población mapuche de 15 años y más no logra superar el 10% en ninguno de los censos.

Cuadro 5

Chile: población mapuche de 15 años y más, censos de 1992, 2002 y 2017a

(En número de personas y porcentajes del total de la población)

Población mapuche

Censo

Número

Porcentaje

1992

907 406

8,8

2002

442 840

3,8

2017

1 354 420

9,6

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los censos de 1992, 2002 y 2017.

a En el censo de 1992, se hizo la pregunta de autoadscripción a la población de 14 años y más, mientras que en los censos de 2002 y de 2017, las preguntas de autoidentificación abarcaron a toda la población.

Además, cabe destacar que las tasas de natalidad de la población indígena, en general, y mapuche, en particular, no muestran diferencias significativas con la población no indígena[4] en comparación con la mapuche. Sin embargo, hay algunas diferencias que se expresan en los siguientes términos en un estudio de la CEPAL (2017, pág. 156): “algunos estudios han mostrado que la fecundidad de los pueblos indígenas es sistemáticamente más elevada que los promedios nacionales y del resto de la población”. Desafortunadamente, no se dispone de los datos de las tasas de natalidad de Chile en este estudio, por lo cual no se pueden tener certezas respecto de esta variable, pero, al menos, se podrían explorar dos posibilidades analíticas: i) establecer la equivalencia de los resultados del estudio y, en consecuencia, asumir que la tasa de fecundidad indígena en Chile es mayor que la tasa de fecundidad promedio nacional, o ii) que la tasa de fecundidad indígena en Chile sea contratendencial si es similar a la tasa de fecundidad promedio nacional y, por lo tanto, contraria a la tendencia de la región. Cabe señalar que esta alternativa se observaría en los resultados del censo de 1992.

En cualquiera de los dos casos, surgen paradojas que habría que intentar explicar. En efecto, en el primer caso, lo obvio sería —ya que la tasa de fecundidad indígena es más alta que la del total de la población— que la población indígena creciera más rápido que la población total. En consecuencia, también sería probable observar una recuperación de la población indígena en términos demográficos. Esta conclusión lógica choca con la realidad, puesto que la población indígena en América Latina y el Caribe es solo de un 8,5% (OIT, 2019, pág. 55). Desde el punto de vista demográfico, no sería posible un escenario de tasas de fecundidad más altas en la población indígena y un estancamiento en el crecimiento natural de dicha población, a menos que la tasa de mortalidad indígena fuera dramáticamente mayor que la tasa de mortalidad de la población total.

En el segundo caso, también se observa una paradoja, puesto que el crecimiento de la población total en el período intercensal 1992-2017 es de un 32%, mientras que, en el mismo período intercensal, la población indígena creció un 119% y la mapuche, un 88%. Ahora bien, si se hace el mismo ejercicio de comparación, pero en el caso de la población mayor de 14 años, se obtienen guarismos muy llamativos[5]. En efecto, en el período intercensal 1992-2017, la población total mayor de 14 años creció un 49,2%, mientras que la población indígena creció un 73,1% y la población mapuche, un 49,1%, lo cual solo es posible si las tasas de fecundidad de la población indígena y del total de la población son iguales. Esto demuestra que no se cumpliría la hipótesis de una tasa de fecundidad indígena mayor que la tasa de fecundidad de la población total, y se comprobaría la observación hecha para el censo de 1992.

En conclusión, será necesario analizar con mayor detenimiento las tasas de natalidad o mortalidad en estudios posteriores.

D. La composición urbano-rural de la población indígena y mapuche

El estudio de la composición urbana de la población indígena en Chile y otros países es relativamente reciente. De hecho, solo a partir de los años noventa se comenzó a expresar una preocupación con respecto al análisis de la población indígena urbana. La ronda censal de 2000 identificó solo cuatro países en los que la población indígena era predominantemente urbana (Valdés, 2008; Del Popolo, Oyarce y Ribotta, 2009, pág. 11) —Bolivia (Estado Plurinacional de) (53,4%), Brasil (52,2%), Chile (64,8%) y Venezuela (República Bolivariana de) (55,2%)— y, entre ellos, Chile es el de mayor concentración indígena en zonas urbanas.

En el cuadro 6 se observa cómo evolucionó la composición urbano-rural de la población chilena entre 1992 y 2017. Lo primero que muestra esta evolución es que la población chilena ha ido aumentando progresivamente su presencia en las ciudades, tendencia que es perfectamente constatable tanto entre la población indígena como entre la no indígena. Sin embargo, existen diferencias en el caso de la población indígena respecto de la población no indígena que, a pesar de no ser significativas, dan cuenta de que ambos grupos tienen comportamientos distintos.

Cuadro 6

Chile: distribución de la composición urbano-rural de la población total, población indígena y población no indígena, 1992, 2002 y 2017

(En porcentajes)

Censos

1992

2002

2017

Urbana

Rural

Urbana

Rural

Urbana

Rural

Población total

79,6

16,3

86,6

13,4

87,8

12,2

Población no indígena

84,2

15,8

87,6

12,4

88,8

11,2

Población indígena

79,6

20,4

64,8

35,2

80,5

19,5

Población mapuche

79,6

20,8

62,4

37,6

78,7

21,3

Fuente: Elaboración propia sobre la base datos de los censos de 1992, 2002 y 2017, procesados con REDATAM WebServer 2017.

En efecto, la diferencia urbana entre ambas poblaciones es de casi 5 puntos porcentuales (4,6%) en el censo de 1992, mientras que, en el de 2017, esta diferencia se incrementa en más de 8 puntos porcentuales (8,3%). Esto indica que ambas poblaciones muestran la misma tendencia a manifestar su presencia en medios urbanos, pero a ritmos diferentes, ya que el ritmo de la población indígena es menor que el de la población no indígena. El caso del año 2002 no se analiza, puesto que parece ser un dato anómalo en el conjunto de datos, probablemente a causa de las cuestiones metodológicas de recogida de datos sobre la población indígena de dicho censo que ya se han mencionado con anterioridad.

Aunque la comparación intercensal en el caso de la población indígena no es del todo rigurosa por las razones metodológicas señaladas anteriormente, es posible apreciar que el dato más relevante en este cuadro es el comportamiento de la población mapuche. En efecto, si solo se observan los censos de 1992 y 2017, se puede apreciar que la población mapuche manifiesta un comportamiento contratendencial respecto de la población total e, incluso, de la misma población indígena respecto de su composición urbano-rural. La población mapuche es la única que incrementa su presencia en el área rural en el período 1992-2017, pasando de un 20,8% a un 21,3%, y que baja su presencia en el área urbana (de un 79,6% en 1992 a un 78,7% en 2017).

El cuadro 7 se ha creado para facilitar una mejor interpretación de los datos. En él, se compara la población de 15 años y más, sus proporciones relativas y un subconjunto, que en este caso es la población mapuche, puesto que se trata de la población indígena más numerosa de entre todas las registradas en los últimos tres censos.

Cuadro 7

Chile: distribución de la composición urbano-rural de la población total, indígena y mapuche de 15 años y más, 1992, 2002 y 2017

(En porcentajes)

Censos

1992

2002

2017

Urbana

Rural

Urbana

Rural

Urbana

Rural

Población total

83,8

16,2

86,7

13,3

87,6

12,4

Población no indígena

84,2

15,8

87,7

12,3

88,6

11,4

Población indígena

79,7

20,3

65,5

34,5

80,4

19,6

Población mapuche

79,6

20,8

63,2

36,8

78,7

21,3

Fuente: Elaboración propia sobre la base datos de los censos de 1992, 2002 y 2017, procesados con REDATAM WebServer 2017.

En primer lugar, no debería compararse este cuadro con el cuadro 6, a pesar de que ambos incluyen las mismas categorías, puesto que en su composición el universo es distinto. En el cuadro 6 hay una combinación de segmentos de edad, dado que en el censo de 1992 la población indígena se registraba a partir de los 14 años y en el resto se registraron todas las edades. En cambio, en la información contenida en el cuadro 7, independiente del año de levantamiento censal, la población es de 15 años y más.

Con todo, no deja de ser llamativo que el cuadro 7 confirme lo observado en el 6 respecto de la composición urbano-rural de la población mapuche. En efecto, esta manifiesta un comportamiento contratendencial y, de algún modo, muy inusual, ya que era esperable que siguiera la tendencia de la población total y la no indígena, es decir, que aumentara sostenidamente su presencia en medios urbanos. Es aún más inusual que la población indígena siga esa tendencia, aunque con menor fuerza, mientras la población mapuche muestra la tendencia contraria. En efecto, la población indígena urbana pasó de un 79,7% en 1992 a un 80,4% en 2017. En cambio, en el mismo período, la población mapuche urbana disminuyó de un 79,6% a un 78,7%. Esto es llamativo, pues no habría causas aparentes que explicaran tal comportamiento. Probablemente, se podrían enunciar algunas hipótesis de trabajo que incluyeran la posibilidad de que la población mapuche no estuviera tan interesada en migrar a medios urbanos o que se hubiera incrementado la migración de retorno. Cualquiera que sea el caso, es necesario investigar esta variable, por cuanto este comportamiento resulta muy inesperado.

D. Conclusiones

Se acerca la realización de un nuevo censo en Chile, y con él, una nueva oportunidad para contabilizar a la población indígena. Al respecto, conviene señalar que, en el diseño y la posterior aplicación de una pregunta de identificación de los pueblos originarios, se debe tener en cuenta el deber de los Estados de consultar a los pueblos indígenas, contenido en el Convenio núm. 169, que establece que los Gobiernos deberán “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

El proceso de consulta y participación debería entregar una cantidad relevante de información, que habrá de validarse durante el proceso de negociación de la consulta para su posterior incorporación en la boleta censal. Tampoco se debe perder de vista que el proceso de elaboración de la pregunta o las preguntas con las cuales se pretende identificar a la población indígena debe conllevar procesos metodológicos mucho más precisos, para así evitar las ambivalencias o contradicciones que se observan cuando los datos censales se analizan con mayor rigurosidad.

Siguiendo esta lógica, se sugiere utilizar dos metodologías de captación de población indígena complementarias: autoadscripción y pertenencia. Esta propuesta no es nueva, puesto que se formuló en 2004 y se aplicó en el cuestionado censo de 2012 (véase más información al respecto en Valdés, 2016). También es necesario hacer a la población indígena un conjunto de preguntas que permita realizar una caracterización sociodemográfica mucho más rigurosa que la lograda hasta ahora, algo perfectamente posible a través de un módulo específico para población indígena.

Respecto de los principales hallazgos de este estudio, se puede comentar lo siguiente:

•Existe la percepción de que en la cuantificación de la población indígena podría haber sobredeclaración (población que se autodeclara perteneciente a un pueblo indígena sin serlo). Sin embargo, esto no se ha traducido en información empírica que permita dilucidar si este proceso es lo suficientemente significativo para cuestionar los datos recabados. En esta investigación se ha intentado mostrar que, debido a su naturaleza lateral e incluso circunstancial, las pruebas existentes relativas a la sobredeclaración no permiten medir de modo absoluto dicho fenómeno, aunque sí se evidencian trazas de él. Sin embargo, existiría otro fenómeno relevante: la subdeclaración. Este proceso, observable sobre todo en los censos de 1992 y 2002, afecta principalmente a las mujeres.

Ambos procesos son observables en la estructura de población y en el índice de masculinidad. Para los propósitos de esta investigación, son particularmente notorios en los censos de 1992 y 2002, por lo que es posible afirmar que dichos fenómenos, además de ser observables, operan interrelacionadamente y se contrarrestarían de forma mutua. Esto ayudaría a explicar por qué las cifras de la población indígena (sin importar de qué censo se trate) se sitúan alrededor del 10% y no en valores superiores.

•Si bien las cifras de los censos analizados en este trabajo no son estrictamente comparables, se hace el esfuerzo de generar condiciones metodológicas que permitan cierto grado de comparabilidad. Teniendo esto en consideración, es posible observar que la población mapuche se ha mantenido relativamente estable a lo largo de 30 años. Esto es relevante en el marco de las teorías utilizadas para analizar a la población indígena y, en particular, a la mapuche, dado que se acepta que la población indígena tiene una tasa de fecundidad más alta que la no indígena. Esto podría ser plausible, puesto que la población indígena crece a un ritmo más acelerado que la población total (véase el cuadro A1.1 del anexo). Sin embargo, en el caso de la población mapuche, ello no concuerda, puesto que se observan variaciones intercensales similares a las de la población total en los datos poblacionales.

Existen muchas explicaciones posibles para dicho fenómeno, pero no resulta pertinente abordarlas, dado que van más allá de los objetivos de este trabajo. Sin embargo, a fin de instalar preguntas potenciales para futuras investigaciones, aquí planteamos algunas hipótesis: i) es posible que existan tasas de fecundidad y de mortalidad diferenciadas para cada pueblo indígena; ii) la población mapuche se parece mucho más a la población total y se diferencia del resto de la población indígena, y iii) puesto que la variación porcentual intercensal de la población mapuche y la población total es igual, la tasa de fecundidad y de mortalidad podrían ser muy similares entre sí. De todos modos, cualquiera de estas hipótesis debe estudiarse para su validación.

Chile muestra que su población indígena es predominantemente urbana (véase el cuadro 7), aunque con varios puntos de diferencia respecto de la población total o la no indígena. Esto quiere decir que se observa cierta “resistencia” en la población indígena a adoptar un patrón urbano igual al de la no indígena que es coherente en la serie temporal analizada (1992-2017). No obstante, el dato más relevante es que la población mapuche no sigue la tendencia general en términos de incremento de su presencia en las ciudades, sino que, por el contrario, rompe con ella, pues se observa que baja su presencia en las ciudades y se incrementa en el campo. No existen explicaciones válidas para este comportamiento, aunque una justificación demográfica podría ser un aumento de la migración de retorno, sumado a una menor emigración rural. De ello se desprende una pregunta relevante: ¿qué fenómenos provocan que la población mapuche tome cualquiera de esas decisiones? Por ahora, solo cabe especular.

Quedan pendientes tareas de investigación importantes, que deben abordarse con urgencia en futuras investigaciones, para poder contar con una perspectiva más ajustada a la realidad. Específicamente, se deben sistematizar o calcular las tasas de fecundidad y mortalidad de los últimos tres censos, calcular las tasas migratorias y realizar un análisis técnico según grupos etarios quinquenales a partir de pirámides etarias cuyo objetivo sea rastrear información más detallada en el contexto chileno sobre posibles causas de los cambios observados en la serie 1992-2017.

Finalmente, resulta necesario insistir en que las decisiones que se tomen respecto de la cuantificación de la población indígena en Chile y América Latina deben tener en cuenta los procesos de consulta y participación amparados en el Convenio núm. 169 de la OIT. Asimismo, es necesario realizar un esfuerzo mayor en términos metodológicos para lograr reunir información válida, confiable y comparable, con el fin de obtener perfiles mucho más precisos de los pueblos indígenas.

Bibliografía

Bello, Á. (2004), Etnicidad y ciudadanía en América Latina: la acción colectiva de los pueblos indígenas, Libros de la CEPAL, Nº 79 (LC/G.2230-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

____(2000), “Viaje de los mapuches de Araucanía a las pampas argentinas: una aproximación a sus significados socioculturales (siglos XIX y XX)”, documento presentado en el IV Encuentro Binacional “La gente y su tierra: Araucanía, Pampas y Región Norpatagónica”, Temuco, Chile, 17 y 18 de octubre.

Bravo, D. y otros (2013), Informe final. Comisión externa revisora del CENSO 2012 [en línea] https://www.cl.undp.org/content/chile/es/home/library/poverty/informes_de_comisiones/informe-final--comision-externa-revisora-del-censo-2012.html.

Busso, G. (2006), “Migración interna y proceso de desarrollo en América Latina: debates históricos, enfoques disciplinarios y temas emergentes a inicios del siglo XXI”, documento presentado en la Reunión de Expertos sobre Población y Pobreza en América Latina y el Caribe, Santiago, 14 y 15 de noviembre [en línea] http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/5/27255/Busso.pdf.

CELADE (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía) (1994), Estudios sociodemográficos de pueblos indígenas (LC/DEM/G146), Santiago.

CELADE (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía) y otros (1990), Censo de reducciones indígenas seleccionadas: análisis sociodemográfico (LC/DEM/G.96), Santiago.

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2014), Los pueblos indígenas en América Latina. Avances en el último decenio y retos pendientes. Síntesis (LC/L.3893/Rev.1), Santiago, noviembre.

____(2009), “Censos 2010 y la inclusión del enfoque étnico: hacia una construcción participativa con pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina”, serie Seminarios y Conferencias, Nº 57 (LC/L.3095-P), Santiago.

____(2005a), Atlas sociodemográfico de los pueblos indígenas de Panamá (LC/R.2124), Santiago.

____(2005b), “Los pueblos indígenas de Bolivia: diagnóstico sociodemográfico a partir del censo del 2001”, Documentos de Proyectos (LC/W.24), Santiago.

____(2005c), “Los pueblos indígenas de Panamá: diagnóstico sociodemográfico a partir del censo del 2000”, Documentos de Proyectos (LC/W.20), Santiago.

____(2005d), Boletín Demográfico, N° 75 (LC/G.2268-P), Santiago, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), enero.

____(2001), “Población indígena y afroecuatoriana en Ecuador: diagnóstico sociodemográfico a partir del censo de 2001”, Documentos de Proyectos (LC/W.16), Santiago.

De la Maza, F. (2015), “Chile: lo indígena como categoría censal. La disputa entre el reconocimiento y la autoadscripción”, Journal of Iberian and Latin American Research, vol. 20, N° 3, Association of Iberian and Latin American Studies in Australasia (AILASA), febrero.

Del Popolo, F. (ed.) (2017), Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): desafíos para la igualdad en la diversidad, Libros de la CEPAL, Nº 151 (LC/PUB.2017/26), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Del Popolo, F. y A. M. Oyarce (2005), “Población indígena de América Latina: perfil sociodemográfico en el marco de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo y de las Metas del Milenio”, Pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina y el Caribe: información sociodemográfica para políticas y programas, Documentos de Proyectos (LC/W.72), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago, enero.

Del Popolo, F., A. M. Oyarce y B. Ribotta (2009), “Indígenas urbanos en América Latina: algunos resultados censales y su relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio”, Notas de Población, N° 86 (LC/G.2349-P), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Evelis Andrade, L. (2006), “Los sistemas de información sociodemográfica al servicio del desarrollo con identidad”, Pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina y el Caribe: información sociodemográfica para políticas y programas, Documentos de Proyectos (LC/W.72), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago, enero.

Fernández, J., C. Peralta y M. Sánchez (2018), “¿Por qué y cómo contar?. El Censo y la población indígena en Chile”, Documento de Trabajo ICSO – N° 47 / 2018. Serie Laboratorio Constitucional, Santiago, Escuela de Sociología, Universidad Diego Portales.

INE (Instituto Nacional de Estadísticas) (2018), Síntesis de Resultados Censo 2017, Santiago junio.

OIT (Organización Internacional del Trabajo) (2020), “Alcances sobre el derecho a la participación en instancias electivas previsto en el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169)”, Nota Informativa, noviembre [en línea] https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_760845.pdf.

____(2019), Aplicación del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales núm. 169 de la OIT: hacia un futuro inclusivo, sostenible y justo, Ginebra.

____(2013), Comprender el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169). Manual para los mandantes tripartitos de la OIT, Ginebra, Departamento de Normas Internacionales del Trabajo.

Peyser, A. y J. Chackiel (1999), “La identificación de poblaciones indígenas en los censos de América Latina”, América Latina: aspectos conceptuales de los censos de 2000, serie Manuales, Nº 1 (LC/L.1204-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), junio.

____(1994), “La población indígena en los censos de América Latina”, Estudios sociodemográficos de pueblos indígenas (LC/DEM/G.146), Santiago, diciembre.

Quesnel, A. (2006), “Dinámicas demo-sociales de la población indígena y afrodescendiente en América Latina”, Pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina y el Caribe: información sociodemográfica para políticas y programas, Documentos de Proyectos (LC/W.72), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago, enero.

Rodríguez, J. (2007), Migración interna de los pueblos indígenas: sistematizando y analizando información censal relevante para actualizar las imágenes, mejorar el conocimiento y fortalecer las intervenciones, Cuenca, Pydlos Ediciones.

Valdés, M. (2016), “Tres décadas de cuantificación de la población indígena en Chile a través de los censos”, Notas de Población Nº 103 (LC/G.2696-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

____(2008), “Migración indígena y no indígena”, Estudios Avanzados, vol 6, Nº 9.

____(2004), “Reflexiones metodológicas en torno a los censos de 1992-2002 y la cuestión mapuche”, Derechos humanos y pueblos indígenas: tendencias internacionales y contexto chileno, J. Aylwin, Temuco, Imprenta Austral.

____(1999), “Instrumentos de cuantificación y caracterización de población indígena: el Censo de Población y Vivienda 1992 y Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional CASEN 1996” [en línea] http://www.mapunet.org/documentos/mapuches/instrumentos.htm.

____(1998), “Dos hipótesis para aproximarse a la cuestión mapuche a través del censo y un adendumm” [en línea] http://www.mapunet.org/documentos/mapuches/hipcenso.htm.

____(1996), “Notas sobre la población mapuche de la región metropolitana: un avance de investigación”, Revista Pentukun, Nº 5, Universidad de la Frontera.

Valenzuela Fernández, R. (2004), “Inequidad, ciudadanía y pueblos indígenas en Bolivia”, serie Políticas Sociales, Nº 83 (LC/L.2089-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), marzo.

Vázquez, G. y M. F. Quezada (2015), “Los indígenas autoadscritos de México en el censo 2010: ¿revitalización étnica o sobreestimación censal?”, Papeles de Población, vol. 21, Nº 86, octubre-diciembre.

Villa, M. (1991), Introducción al análisis de la Migración (LC/DEM/R.164), Santiago, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), diciembre.

Welti, C. (ed.) (1997), Demografía I, Ciudad de México, Programa Latinoamericano de Actividades en Población (PROLAP), noviembre.

Anexo A1

Cuadro A1.1

Chile: población total, indígena y mapuche, 1992 y 2017

(En número de personas y porcentajes)

A. Población total

Censo 1992

Censo 2017

Variación porcentual intercensal

Población total

13 348 401

17 574 003

32

Población indígena

998 385

2 185 792

119

Población mapuche

928 060

1 745 147

88

B. Población de 15 años y más

Censo 1992

Censo 2017

Variación porcentual intercensal

Población total

9 418 933

14 050 253

49

Población indígena

977 166

1 691 418

73

Población mapuche

908 406

1 354 420

49

Fuente: Elaboración propia, sobre base de datos de REDATAM para los censos de 1992 y 2017.

Cuadro A1.2

Chile: distribución de la población total indígena y población mapuche por región, censo de 2017

(En porcentajes)

Región

Total de indígenas por región

Total de población mapuche por región

Densidad de la población indígena por región

Densidad de la población mapuche por región

1. Tarapacá

3,6

0,7

24,9

3,9

2. Antofagasta

3,7

1,0

14,1

3,0

3. Atacama

2,5

0,5

19,7

3,2

4. Coquimbo

2,9

1,4

8,9

3,4

5. Valparaíso

5,4

5,3

6,8

5,3

6. Libertador General

Bernardo O’Higgins

2,6

3,0

6,5

5,8

7. Maule

2,2

2,5

4,9

4,4

8. Biobío

8,7

10,2

9,5

9,0

9. La Araucanía

14,4

18,0

34,3

33,5

10. Los Lagos

11,7

12,7

28,2

27,2

11. Aysén del General Carlos Ibáñez

del Campo

1,3

1,6

28,7

27,3

12. Magallanes y de

la Antártica Chilena

1,9

2,0

23,1

21,5

13. Metropolitana

de Santiago

31,2

35,2

10,1

8,9

14. Los Ríos

4,4

5,3

25,6

24,8

15. Arica y Parinacota

3,5

0,5

35,7

3,6

Total

100,0

100,0

12,8

10,2

Fuente: Elaboración propia, sobre base de datos de REDATAM para el censo de 2017.

Cuadro A1.3

Chile: distribución de la población mapuche de 15 años y más, según grupo quinquenal y sexo, censos de 1992, 2002, 2012 y 2017

(En número de personas, proporciones y porcentajes)

A. Censo de 1992

Población mapuche de 15 años y más

Edad

Hombres

Mujeres

Total

Índice de masculinidad

Porcentaje

15 a19 años

55 532

52 272

107 804

1,06

11,9

20 a 24 años

59 439

57 264

116 703

1,04

12,9

25 a 29 años

63 611

60 974

124 585

1,04

13,7

30 a 34 años

62 583

58 305

120 888

1,07

13,3

35 a 39 años

50 273

47 216

97 489

1,06

10,7

40 a 44 años

40 930

38 153

79 083

1,07

8,7

45 a 49 años

32 964

31 976

6 494

1,03

0,7

50 a 54 años

26 832

26 799

53 631

1,00

5,9

55 a 59 años

20 580

21 057

41 637

0,98

4,6

60 a 64 años

18 241

18 178

36 419

1,00

4,0

65 a 69 años

12 039

12 721

2 476

0,95

0,3

70 a 74 años

7 796

8 707

16 503

0,90

1,8

75 años y más

9 698

13 266

22 964

0,73

2,5

Total

460 518

446 888

907 406

1,03

100,0

B. Censo de 2002

Edad

Hombres

Mujeres

Total

Índice de masculinidad

Porcentaje

15 a 19 años

27 722

26 591

54 313

1,04

12,3

20 a 24 años

24 880

23 934

48 814

1,04

11,0

25 a 29 años

26 065

25 515

51 580

1,02

11,6

30 a 34 años

26 832

26 550

53 382

1,01

12,1

35 a 39 años

25 374

25 170

50 544

1,01

11,4

40 a 44 años

21 539

21 008

42 547

1,03

9,6

45 a 49 años

16 554

16 471

33 025

1,01

7,5

50 a 54 años

13 679

13 558

27 237

1,01

6,2

55 a 59 años

10 719

11 149

21 868

0,96

4,9

60 a 64 años

9 178

9 391

18 569

0,98

4,2

65 a 69 años

7 271

7 665

14 936

0,95

3,4

70 a 74 años

5 370

5 834

11 204

0,92

2,5

75 años y más

6 957

7 864

14 821

0,88

3,3

Total

222 140

220 700

442 840

1,01

100,0

C. Censo de 2012

Edad

Hombres

Mujeres

Total

Índice de masculinidad

Porcentaje

15 a 19 años

65 523

64 421

129 944

1,02

11,0

20 a 24 años

63 788

64 527

128 315

0,99

10,9

25 a 29 años

52 348

54 930

107 278

0,95

9,1

30 a 34 años

50 300

53 955

104 255

0,93

8,9

35 a 39 años

52 214

56 853

109 067

0,92

9,3

40 a 44 años

52 266

58 004

110 270

0,90

9,4

45 a 49 años

50 606

56 622

107 228

0,89

9,1

50 a 54 años

45 368

52 004

97 372

0,87

8,3

55 a 59 años

35 804

41 750

77 554

0,86

6,6

60 a 64 años

28 484

34 600

63 084

0,82

5,4

65 a 69 años

23 414

29 010

52 424

0,81

4,5

70 a 74 años

16 626

21 520

38 146

0,77

3,2

75 años y más

22 292

30 763

53 055

0,72

4,5

Total

559 033

618 959

1 177 992

0,90

100,0

D. Censo de 2017

Edad

Hombres

Mujeres

Total

Índice de masculinidad

Porcentaje

15 a 19 años

67 972

67 346

135 318

1,01

10,0

20 a 24 años

70 018

71 192

141 210

0,98

10,4

25 a 29 años

71 641

71 881

143 522

1,00

10,6

30 a 34 años

62 249

62 582

124 831

0,99

9,2

35 a 39 años

58 639

58 797

117 436

1,00

8,7

40 a 44 años

60 220

59 949

120 169

1,00

8,9

45 a 49 años

58 134

58 811

116 945

0,99

8,6

50 a 54 años

56 322

58 570

114 892

0,96

8,5

55 a 59 años

47 921

50 694

98 615

0,95

7,3

60 a 64 años

36 847

40 293

77 140

0,91

5,7

65 a 69 años

27 196

30 803

57 999

0,88

4,3

70 a 74 años

20 019

24 016

44 035

0,83

3,3

75 años y más

25 822

36 154

61 976

0,71

4,6

Total

663 000

691 088

1 354 088

0,96

100,0

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de los censos de 1992, 2002, 2012 y 2017, procesados con REDATAM WebServer.

[1] Sociólogo de la Universidad ARCIS de Santiago (Chile) y Magíster en Desarrollo Urbano de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se ha especializado en estudios étnicos y ha trabajado como investigador y consultor de instituciones nacionales e internacionales, en temas relativos a proyectos sociales, políticas indígenas, demografía y actores étnicos, entre otros. Correo electrónico: mrvaldes1@uc.cl tokialejo@gmail.com.

[2] A partir del cuadro 4, se harán comparaciones intercensales con los criterios de comparabilidad anteriormente descritos.

[3] Véase más información sobre este punto en Valdés (2016).

[4] Valdés (1998) afirma: “de hecho, las investigaciones sociodemográficas más recientes indican que no existe brecha prácticamente entre la fecundidad de los mapuche respecto de los no mapuche que viven en la RM [Región Metropolitana (Chile)] (tasa global de fecundidad TGF: 2,51 y 2,52 respectivamente)”.

[5] El cálculo de estas cifras se lleva a cabo con las salvaguardas descritas anteriormente.

Artículo 07

Femicidios en la Argentina en el período 2002-2018: ¿fenómeno en alza o visibilización de un antiguo problema?

Jimena Kohan1 2

Recibido: 02/04/2021

Aceptado: 30/04/2021

Resumen

La Argentina, al igual que la mayoría de los países de la región, carece de estadísticas oficiales sobre femicidios que habiliten el abordaje cabal de esta problemática. En los últimos años se ha avanzado en esta materia a partir de la creación de un registro nacional de los femicidios incorporados en las causas judiciales, así como en la mejora de la calidad de los datos de los homicidios dolosos de mujeres. Sin embargo, estos sistemas cuentan con series inferiores a seis años, solo poseen tasas de femicidios según provincia y un reducido conjunto de variables sociodemográficas.

El objetivo de este trabajo es brindar una caracterización detallada de los femicidios en la Argentina en el período comprendido entre 2002 y 2018. Se presentan valores absolutos y el cálculo de tasas específicas de los mismos para conocer —por un lado— la magnitud y las tendencias de los hechos y —por otro— las singularidades de las víctimas.

Palabras clave: mujeres, violencia sexista, femicidio, feminicidio, homicidio, muertes violentas, medición, estadísticas vitales, distribución de la población, Argentina.

Abstract

Like most countries of the region, Argentina lacks official statistics on femicide, which are needed to address this problem comprehensively. Progress has been made in this area in recent years, with the creation of a national registry of femicides recorded in cases before the courts and the improvement in the quality of data on intentional murders of women. However, the data for these systems comprise series of less than six years, femicide rates by province only and a limited set of sociodemographic variables. The aim of this paper is to provide a detailed characterization of femicides in Argentina in the period 2002–2018. It presents absolute values and calculates specific rates of femicides in order to determine both the scale and trends of incidents and the particularities of the victims.

Keywords: women, gender-based violence, femicide, feminicide, homicide, violent deaths, measurement, vital statistics, population distribution, Argentina.

Résumé

Comme la plupart des pays de la région, l'Argentine manque de statistiques officielles sur les fémicides permettant une approche globale de ce problème. Ces dernières années, des progrès ont été accomplis dans ce domaine grâce à la création d'un registre national des féminicides incorporés aux affaires judiciaires, ainsi qu'à l'amélioration de la qualité des données sur les homicides prémédités de femmes. Cependant, ces systèmes portent sur des séries de moins de six ans, ne disposent que des taux de féminicides par province et d'un ensemble réduit de variables sociodémographiques.

Cette étude a pour but de fournir une caractérisation détaillée des fémicides commis en Argentine au cours de la période 2002-2018. Les valeurs absolues et le calcul des taux spécifiques qui y sont présentés permettent de connaître, d'une part, l'ampleur et les tendances des faits et, d'autre part, les singularités des victimes.

Mots clés: femmes, violence sexiste, fémicides, féminicide, homicide, morts violentes, mesure, statistiques de l’état-civil, répartition de la population, Argentine.

Introducción

La temática de los femicidios —generalmente asociada a la violencia contra las mujeres—, aunque no constituye un fenómeno desconocido en el tiempo, sí ha planteado un verdadero desafío en el campo social, político y académico en las últimas décadas. Recién cuando se empieza a reconocer la especificidad de los homicidios de mujeres, se establecen nuevas miradas y enfoques en cuanto a la observación y el análisis de la temática.

La definición de femicidio hace referencia a diversos tipos de homicidios, independientemente de si ocurren en espacios privados o públicos, entre conocidos o desconocidos; no obstante, siempre suceden en la dinámica de las vinculaciones de dominio entre varones y mujeres.

Tanto en América Latina como en la Argentina, específicamente, se han publicado investigaciones sobre el tema procedentes de las ciencias sociales y jurídicas, en las que se discuten las ventajas y limitaciones de establecer un nuevo tipo legal (Toledo Vásquez, 2008; Chejter, 2011), incluidas las que ha producido el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM/UNIFEM/Instituto de la Mujer de España, 2007), en las que se tiende a subrayar las dificultades existentes para medir o realizar algún tipo de aproximación cuantitativa a la problemática de los femicidios.

Estos trabajos coinciden en el señalamiento de obstáculos como la ausencia de una definición unívoca del término en estudio; la existencia de fuentes diversas, heterogéneas e incompatibles entre sí; la escasa rigurosidad estadística de las fuentes de datos, y las limitaciones existentes para poder comparar la información obtenida.

La Argentina, al igual que la mayoría de los países de la región, carece de estadísticas oficiales equivalentes que habiliten el abordaje de esta problemática en su real dimensión, en períodos de tiempo relevantes y con metodologías robustas de registro.

Eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, así como las desigualdades de género, son tareas que están incluidas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El Objetivo 5 se refiere a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. La meta 5.1 consiste en “poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo” y algunos autores se refieren a la violencia contra las mujeres como una manera más de reflejar la discriminación hacia ellas. A su vez, la meta 5.2 apunta a “eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación”.

Asimismo, en el ámbito internacional la Iniciativa Spotlight, campaña conjunta de la Unión Europea y las Naciones Unidas que tiene como propósito eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, pone de relieve que para lograr el desarrollo sostenible que promueve la Agenda 2030 es necesario invertir de manera específica en las mujeres y las niñas.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) también tiene en su agenda el tema de la violencia hacia las mujeres. En 2009 puso en marcha el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe[3], en concordancia con lo planteado en el Consenso de Quito, para contribuir al objetivo de alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, la toma de decisiones, la participación social y política y las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales.

La CEPAL ha reiterado recientemente su preocupación por las cifras de femicidios registrados en la región, señalando que para superar la violencia por razones de género se necesitan políticas que enfrenten las causas estructurales de la desigualdad, especialmente las derivadas de los patrones culturales patriarcales discriminatorios y violentos[4].

El tema de la violencia hacia las mujeres también se instaló en la agenda de la política argentina, de tal manera que en diciembre de 2019, tras el cambio de gobierno, se creó una nueva administración: el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que incluye la Secretaría de Políticas Contra la Violencia por Razones de Género. En junio de 2020 se presentó el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género (2020-2022), que refleja la significación que posee dicha temática en la vida cotidiana y política del país.

El propósito de este artículo es responder a un conjunto de interrogantes en relación con el femicidio en la Argentina: si su número ha aumentado entre 2002 y 2018, cuál es el promedio de femicidios por año, si se verifican diferenciales por edad, en qué grupo etario se concentra el fenómeno, cuáles son las principales causas de muerte, qué tipo de similitudes o discrepancias se pueden observar en las distintas jurisdicciones del país a partir de las tasas estandarizadas por edad de los femicidios, cuáles son las jurisdicciones donde hubo más femicidios y si existe un patrón según regiones.

Concretamente, a partir de un enfoque demográfico basado en datos de las estadísticas vitales este trabajo se propuso los siguientes objetivos:

i) Conocer la incidencia de los femicidios y establecer si están en aumento o son más visibles. Este tema se aborda a partir del análisis de la evolución de los femicidios entre 2002 y 2018, y de la distribución por causas de muerte.

ii) Distinguir las características que presentan los femicidios en la Argentina y averiguar a quiénes afecta en mayor medida el fenómeno. A través del cálculo de tasas globales y tasas específicas, se indaga según grupos de edad y distribución geográfica.

Se utilizaron las estadísticas vitales de la Argentina, una fuente de datos con información de buena calidad y una larga trayectoria de recopilación en todo el territorio nacional. Se propuso una definición clara y se detalló la metodología de clasificación. En ese sentido, se espera que este trabajo sea una valiosa contribución para el estudio de los femicidios, ya que son pocas las estadísticas y registros que existen acerca del fenómeno. En los últimos años diversos organismos han trabajado en la sistematización de fuentes oficiales. Sin embargo, aún no se cuenta con series de más de seis años y, como suele ocurrir al implementar un nuevo sistema, se requiere de un período de tiempo para lograr registros estables.

Luego del proceso realizado, se puede concluir que los principales resultados de la investigación son:

•En el período comprendido entre 2002 y 2018 los femicidios en la Argentina no se han incrementado. El análisis de la tendencia del fenómeno indica que en el período en estudio se produjeron 4.637 defunciones por femicidio, con un promedio próximo a 270 femicidios por año.

•La tasa agregada de femicidios anual es de 2,2 muertes por cada 100.000 mujeres de entre 15 y 64 años. La cantidad de femicidios según año de ocurrencia presenta leves oscilaciones en el período analizado, sin una tendencia clara en términos absolutos. Se registra un máximo de 307 en 2002 y un mínimo de 243 en 2012.

•El femicidio es un fenómeno que afecta a las mujeres de todas las edades. Las tasas oscilan entre 1,8 y 2,3 muertes por cada 100.000 mujeres de entre 15 y 64 años. La edad con mayor frecuencia de femicidios es 20 años y la mediana es 34 años.

•En el 45% de los femicidios la muerte se produjo por el uso de un arma de fuego, en el 29% por un arma blanca y en el 8% por ahogamiento, sumersión, estrangulamiento o sofocación.

•No se observa un patrón espacial en las tasas estandarizadas por edad según jurisdicción. La jurisdicción que presenta la tasa más alta es Formosa, con 3,2 muertes por cada 100.000 mujeres de entre 15 y 64 años. Luego se ubican Misiones, con 2,9; Chaco y Neuquén, con 2, 7, y Santa Cruz, con 2,6. La tasa más baja se registra en San Juan, con 1,2.

A. Antecedentes teóricos y empíricos[5]

1. El concepto de femicidio o feminicidio

Son múltiples los debates en el contexto internacional acerca del concepto que se investiga y la nomenclatura utilizada[6]. De igual forma, en la bibliografía académica se observa una heterogeneidad de visiones y de conceptualizaciones, algunas con enfoques provenientes de la sociología, la antropología o el derecho. Estas diversas perspectivas, sin embargo, coinciden en que el concepto remite invariablemente a los homicidios de mujeres, ya sea que ocurran en el ámbito privado o público, y siempre está asociado a la noción de violencia contra ellas.

La socióloga sudafricana Diana E. H. Russell, radicada en los Estados Unidos, en los años setenta fue la primera en introducir el término “femicidio” en las ciencias sociales, calificándolo como la manera más cruenta de violencia contra las mujeres.

Caputi y Russell (1992) afirman que el femicidio es el resultado final de un continuum de terror que deriva de las múltiples manifestaciones de la violencia hacia las mujeres por distintas causas, que va desde los homicidios de pareja hasta el extremo de la muerte provocada como resultado de mutilaciones genitales o de una simple cirugía estética en que están implícitos los cánones de belleza del patriarcado.

Por su parte, la mexicana Julia E. Monárrez Fragoso (2005) señala que feminicidio es el asesinato de una mujer cometido por un hombre, en que se percibe la relación de inequidad entre los sexos, la misoginia, el control y el sexismo. La autora señala que se asesina el cuerpo biológico y, a su vez, el significado cultural de ese cuerpo. La antropóloga mexicana María Marcela Lagarde y de los Ríos (2008) considera los feminicidios como crímenes misóginos basados en una enorme tolerancia social de la violencia contra las mujeres. Resalta la responsabilidad del Estado, que generalmente está ausente tanto en la prevención de la violencia como en el castigo a los agresores y homicidas. A su juicio, deben confluir de manera criminal varios factores para que se llegue a esa situación: el silencio, la omisión, la negligencia y la connivencia de autoridades encargadas de prevenir y erradicar estos crímenes, que incluyen el conjunto de violaciones a los derechos humanos de las mujeres, identificados como genocidios o crímenes de lesa humanidad (Lagarde y de los Ríos, 2008, pág. 216).

La antropóloga argentina Rita Segato propone una conceptualización sobre la base de la particularidad de algunos asesinatos que se han venido cometiendo desde 1992 en Ciudad Juárez (México). Destaca que se trata de crímenes corporativos y los califica como “crímenes de segundo Estado”, es decir, que deben ser comprendidos en el marco de una red de poder ilegal, que coexiste con el poder estatal. Para ella, son corporativos porque no son crímenes comunes, es decir, crímenes que puedan agregarse a los de género de motivación sexual o de falta de entendimiento en el espacio doméstico, sino que se ubican en una órbita política y social, ya que la violencia predomina hasta alcanzar una dimensión genocida por su carácter genérico, impersonal y sistemático, por lo que los asocia con crímenes de lesa humanidad. Segato propone utilizar el concepto de feminicidio para “desenmascarar el patriarcado como una institución que se sustenta en el control del cuerpo y la capacidad punitiva sobre las mujeres” (Segato, 2006, pág. 3).

La socióloga argentina Silvia Chejter (2008) afirma que el femicidio es un efecto de las relaciones de inequidad entre los varones y las mujeres, tiene un carácter social y político, y no es un asunto personal. El victimario no actúa movido por fuerzas irracionales como la pasión o el deseo de venganza, ya que, de algún modo, cuando se acepta esa explicación, se estarían justificando sus actos.

La abogada chilena Patsilí Toledo Vásquez, otra autora destacada en el estudio de la tipificación del femicidio, señala que el concepto de femicidio o feminicidio “ha sido ampliamente utilizado en la literatura feminista y en el movimiento de mujeres por más de una década, para aludir a —e inicialmente, hacer públicamente visibles— los homicidios de mujeres por el hecho de ser tales en un contexto social y cultural que las ubica en posiciones, roles o funciones subordinadas” y que, por tanto, las expone a múltiples formas de violencia (Toledo Vásquez, 2008, pág. 213).

En ese sentido, es evidente que la violencia de género perjudica de manera desigual a las mujeres, por lo que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer subraya que esta clase de violencia confirma el efecto discriminatorio contra ellas.

En América Latina, la expresión “femicidio” ha sido explicada de diferentes formas, sin que se encuentre una definición consensuada de los conceptos de “femicidio” y “feminicidio” (ONU-Mujeres/ACNUDH, 2014, pág. 13)[7].

En las enunciaciones contenidas en la bibliografía considerada, se observa la variedad de particularidades que corroboran la ausencia de una definición unívoca. Las acepciones varían según el enfoque teórico desde el cual se examina el concepto y la disciplina que lo aborda.

2. Medición de los femicidios: antecedentes de otros países y de la Argentina

En los últimos años, se han llevado a cabo en diversos países investigaciones con el objetivo de cuantificar los homicidios de mujeres y, en particular, los femicidios.

La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) de México y la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados de ese país publicaron en 2012 un estudio en el que emplearon las estadísticas vitales y las causas de muerte categorizadas como agresiones, de manera que lo consideraron como un acercamiento a la clasificación de los feminicidios. Dicha investigación es un antecedente esencial para este trabajo, debido a que utilizó la misma fuente de datos y sus principios básicos son muy similares. En ese estudio se consideraron como primera aproximación a los feminicidios las defunciones femeninas con presunción de homicidio y se utilizaron como fuente de datos las estadísticas vitales, sosteniendo que la calidad de los datos era homogénea y que la información que procedía de las mismas era la más adecuada para describir a las víctimas.

Otro de los antecedentes importantes se encuentra en el estudio mundial sobre homicidios que llevó a cabo la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2019). Se trata de una investigación sobre el asesinato de mujeres y niñas por motivos de género, en el que se utilizan estadísticas de homicidios producidas por los sistemas estadísticos nacionales, recopiladas a través del Estudio de las Naciones Unidas sobre Tendencias Delictivas y Funcionamiento de los Sistemas de Justicia Penal. Los datos de homicidios en algunos países están desagregados según la relación entre la víctima y el agresor, y también se brinda información de los sistemas de justicia penal sobre tendencias y operaciones delictivas. Se detallan las particularidades de registro de cada país y también se señala a aquellos que tienen leyes que tipifican los femicidios. Dicha investigación es un antecedente esencial para este trabajo porque describe las dificultades metodológicas y de definición del concepto de femicidio, especificando el carácter de algunos hechos ante los cuales cabe una parte de interpretación. Para algunos países seleccionados de Europa, el estudio arroja tasas de homicidios íntimos[8] que alcanzan un valor mínimo en Eslovenia, de 0,2 por cada 100.000 mujeres; luego, en Alemania, Croacia y Albania, valores de 0,6 a 0,8, y los más altos de Europa en Hungría y Lituania (0,9 y 1,0, respectivamente). En América, dentro de un grupo de países seleccionados, las menores tasas se registran en el Canadá y Chile, con 0,5 y 0,6 homicidios por cada 100.000 mujeres, respectivamente; el Ecuador, Jamaica, el Perú y el Uruguay tienen tasas cercanas a 1,0; a su vez, Granada, Guyana y la República Dominicana presentan tasas mayores que 1,9. También se presentan tasas de femicidios de países seleccionados de América Latina y el Caribe. Para 2016 o el último año disponible, Chile y el Perú tienen valores menores que 1,0 por cada 100.000 mujeres; la Argentina un valor de 1,0; Barbados y el Uruguay tasas cercanas a 1,5; por último, Granada, la República Dominicana y Trinidad y Tabago presentan las tasas más altas, cercanas a 2,0. Finalmente, se puede indicar que las tasas de homicidios de mujeres, homicidios íntimos y femicidios representan un valioso análisis de tendencias de algunos años.

Meneghel y otros (2017) realizaron un levantamiento de datos en las capitales de los estados y grandes municipios del Brasil con el propósito de estudiar la asociación entre la pobreza y el femicidio. Como punto de partida emplearon los datos obtenidos del Ministerio de Salud de ese país, provenientes del Banco de Datos del Sistema Único de Salud (DATASUS), utilizando el total de muertes de mujeres por agresión, clasificadas como muertes por causas externas, como medida aproximada del femicidio. Para el período 2007-2009, la tasa media de femicidios fue de 4,5 por cada 100.000 mujeres y para el período 2011-2013 de 4,9 por cada 100.000 mujeres. El relevamiento que diseñaron tenía como objetivo estudiar la relación entre el femicidio y la situación socioeconómica y demográfica, el acceso a las comunicaciones y la salud. El estudio de Meneghel y otros (2017) se destaca como otro antecedente para esta investigación porque también recurre a las estadísticas vitales para aproximarse a la medición de los femicidios.

Se observa que en otros países de la región las fuentes utilizadas para medir los femicidios son variadas. En algunos casos se utilizan las estadísticas judiciales, en otros se diseñan encuestas específicas y en varios países —como el Brasil y México, entre otros— se emplean las estadísticas de mortalidad clasificadas como agresiones a modo de aproximación a los femicidios. Tales estudios fueron fundamentales como antecedentes de este tipo de medición.

En la Argentina, la carencia de un sistema en que se compile y ordene sistemáticamente la información existente determinó que diversas organizaciones no gubernamentales abordaran en los últimos años la tarea de registrar los homicidios de mujeres a partir de información de notas periodísticas. La fuente de datos original —se sabe— es policial o judicial, por lo que en muchos casos, al momento de difundir la noticia, el crimen no está esclarecido ni corroborados el autor y la causa. En este tipo de contabilización la cobertura suele ser fragmentada y, como no existe una única definición, resultan clasificaciones distintas.

La organización no gubernamental La Casa del Encuentro elabora cada año desde 2008 un informe de investigación de femicidios en la Argentina. Se trata de uno de los primeros registros sobre el tema, que fue esencial puesto que actuó como visibilizador del mismo. Presenta información descriptiva de cada caso y un resumen numérico según lugar del hecho, provincia y modalidad del suceso (causa de muerte), edad de la víctima y del agresor, así como el vínculo con el mismo. La modalidad del hecho es presentada en categorías amplias y en algunos casos no excluyentes.

Según los datos de dicha organización, el 27% de las mujeres fallecidas en hechos de violencia fueron baleadas y el 24% apuñaladas. A medida que aumenta la edad de las víctimas, la frecuencia de los femicidios —medida por tramos de cinco años de edad— disminuye: casi el 27% (1.243) son jóvenes y adolescentes de entre 15 y 24 años. La moda para edades simples se ubica en los 20 años y la mediana en los 34 años. Entre 2008 y 2017, el 33% de los femicidios fueron de mujeres de entre 31 y 50 años, y el 33% de mujeres de entre 19 y 30 años. En los datos de las estadísticas vitales también se observa que entre los 20 y los 49 años se ubica el 66% de los femicidios, pero entre los elementos más interesantes de este trabajo se encuentra el cálculo de tasas específicas por edad, ya que es el indicador adecuado para realizar el análisis pertinente de este tipo de información estadística sin que esté afectada por la estructura de la población.

Entre 2008 y 2019 el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, de La Casa del Encuentro, registró en promedio 271 femicidios por año. Según la información de dicho Observatorio, la provincia de Buenos Aires concentra el 32% de los femicidios y luego se ubican Santa Fe, Córdoba, Salta, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Misiones, Santiago del Estero, Mendoza, Entre Ríos y Tucumán, con proporciones que van del 9% al 4%.

La investigación de Chejter, Cisneros y Kohan (2005) es uno de los estudios iniciales sobre la cuantificación estadística de los femicidios en la Argentina, en el que se examinaron los homicidios catalogados en las planillas de partes urgentes de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Lo novedoso del estudio es que permitió identificar el vínculo entre la víctima y el victimario. En este estudio se realiza un análisis del período 1997-2003. Primero se presenta el total de los homicidios desagregados por sexo y luego se analizan los homicidios de mujeres, caracterizados según edad, año de ocurrencia y vínculo del agresor con la víctima.

En la investigación de Chejter (2008), se utiliza como fuente de datos la información reunida a partir de las planillas del Sistema de Alerta Temprana (SAT), que consigna los delitos graves clasificados por provincia para el total país del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), de la Dirección Nacional de Política Criminal del entonces denominado Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. En este estudio se presentan los datos de los homicidios dolosos según sexo para 2002 y 2006, grupos de edad, provincia y lugar de ocurrencia.

A partir de ese año comenzaron a publicarse numerosos artículos periodísticos sobre el tema, que en algunos casos incluían relatos aterradores de los homicidios, pero con una limitada mirada de género sobre los hechos. En 2011, la indignación colectiva se expresó en manifestaciones multitudinarias, bajo la consigna “ni una menos”. Entre las diversas demandas surgía también el reclamo por la falta de estadísticas confiables.

Sin embargo, hasta el presente no se ha logrado hacer una estimación sostenida a través del tiempo con validez estadística de los femicidios ocurridos en el país durante los últimos años.

3. Datos estadísticos sobre femicidios provenientes del Poder Judicial

En 2009 la Corte Suprema de Justicia de la Nación[9] creó la Oficina de la Mujer, con el objetivo de introducir y promover la perspectiva de género en el ámbito de la justicia. Se apuntaba a lograr la equidad de género tanto para quienes utilizan el sistema judicial como para quienes trabajan en él.

A partir de 2015 la Oficina de la Mujer confecciona el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA), un registro de datos estadísticos que recopila las causas judiciales en las que se investigan muertes violentas por razones de género de mujeres cis, mujeres trans y travestis.

El Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina fue creado en el marco de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), que comprometen a los Estados a impulsar políticas públicas en pos de esos objetivos.

Sobre la base de dicho registro, se publica anualmente un informe de femicidios, que contiene datos sobre femicidios directos y femicidios vinculados[10]. A su vez, se presentan valores absolutos de femicidios, tasas de víctimas directas de femicidios por cada 100.000 mujeres, por provincia, género (mujeres cis, mujeres trans y travestis) y edad de las víctimas, y su tipo de vínculo con el sujeto activo (entendido como la persona vinculada a un proceso penal en que se investiga un femicidio).

Asimismo, el informe proporciona datos acerca de los sujetos activos: edad, pertenencia a las fuerzas de seguridad, suicidio posterior al femicidio, medio empleado, lugar de ocurrencia, franja horaria y mes en que se produjo el femicidio.

Estas publicaciones de la Corte Suprema de Justicia tienen un valor primordial para la sociedad en general, los investigadores y la gestión pública en cuanto a la toma de decisiones. Brindan información sobre los imputados y su vínculo con la víctima, lo que es crucial para ahondar en la problemática del femicidio, y marcan un camino hacia el conocimiento integral de este fenómeno en la Argentina.

Cabe destacar, sin embargo, que para poder analizar la información estadística es fundamental contar con series de datos completas y que, debido a la corta historia del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, lamentablemente solo se cuenta con referencias de un período de seis años (2014-2019).

En el RNFJA se considera la variable “modo empleado” como la “suma de modalidades y/o armas”, mientras que en las estadísticas vitales se registra la causa de la defunción para luego catalogar las defunciones con el código de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos, Décima Revisión (CIE-10). En los datos de 2017 se registraron como “modo empleado” armas de fuego y armas blancas en igual cantidad, con el 29%, y fuerza física con el 25%. En la información de 2018, se ubicaron en primer lugar las armas blancas, con el 28%, después la fuerza física, con el 27%, y en tercer lugar las armas de fuego, con el 23%.

Al examinar el registro de la edad en los datos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación solo es posible analizar el modo en que se distribuye la población y cuál es el intervalo (o los intervalos) con mayor proporción de femicidios, pero se dificulta la comparación con otras fuentes, en algunos casos porque los intervalos son disímiles entre los registros o porque una misma fuente modificó el modo de registro de los grupos de edad, como es el caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Entre 2014 y 2016 el mayor porcentaje es del 45% y corresponde al tramo entre 21 y 40 años, mientras que entre 2017 y 2019 el porcentaje más alto es del 24% y corresponde a mujeres de entre 25 y 34 años. Pero la comparación es dificultosa y prácticamente imposible porque hasta 2016 los intervalos eran desiguales, lo que no está aconsejado como buena práctica para la presentación de información estadística.

También es una tarea compleja intentar comparar los resultados —según jurisdicción— de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con los de otras fuentes de datos, porque en aquella se plantea una definición acotada a los registros judiciales y se aplica una metodología de cálculo de la tasa distinta, debido a que se utiliza como denominador a toda la población de mujeres. En cambio, en el presente trabajo —como se detalla en el apartado metodológico— se acotó la edad de estudio con la finalidad de abordar a una población expuesta al riesgo.

Al analizar en general los datos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del período 2014-2019, se advierte una similitud con el resto de las mediciones, ya que el promedio de femicidios es de 245 por año. Al examinar la información por jurisdicciones, se observa que el 40% de los femicidios ocurrieron en la provincia de Buenos Aires. Con proporciones sustancialmente menores, que van del 9% al 4%, se encuentran Santa Fe, Córdoba, Salta, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Chaco y Entre Ríos.

En las fuentes detalladas solo es posible determinar la edad con mayor frecuencia de ocurrencia de los femicidios, mientras que en el presente trabajo se agrega el cálculo de tasas específicas por edad, lo que permite la comparación y la medición de la asiduidad de los femicidios en cada uno de los intervalos de edad.

El enfoque presentado en este artículo tiene el objetivo de añadir información a los datos oficiales elaborados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debido a que mientras estos se refieren a las causas judiciales, los datos que provienen de las estadísticas vitales incluyen información sobre defunciones extraída de los registros civiles de todo el país y luego compilada por los Ministerios de Salud de cada provincia, que se envía finalmente al Ministerio de Salud de la Nación.

Es evidente que ambos sistemas tienen puntos de contacto, porque tanto en uno como en otro se hace referencia a muertes violentas. En las estadísticas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se parte de las causas judiciales y se incluyen los procesos en los que se investigan muertes violentas. Por su parte, las estadísticas de muertes violentas registradas por la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS) recopilan todas las defunciones del país. Pueden considerarse como datos complementarios y utilizarse para analizar las distintas aristas del fenómeno del femicidio en la Argentina.

Existen otros registros jurisdiccionales que también vale la pena detallar por su mesura metodológica y su trayectoria en el estudio de los femicidios.

En el marco de las estadísticas judiciales, también a partir de 2015, el Ministerio Público, encabezado por la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, realiza anualmente el Informe de Femicidios. Registro Penal de Violencia Familiar y de Género. Dicho informe reúne las causas iniciadas por delitos que tienen lugar en un contexto de violencia familiar o de género, que son recopiladas en el Registro Penal de Violencia Familiar y de Género, y todas las investigaciones iniciadas por hechos considerados femicidios (Ministerio Público, Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 2016).

En el primer capítulo del informe se presenta un resumen anual de los procesos penales y luego un análisis de las personas que han sido víctimas, según sexo, rango etario, personas imputadas y vínculo entre estas y la víctima. En el segundo capítulo se presenta un análisis de procesos penales de femicidios, dividido en tres secciones: características de los hechos, de las víctimas y de los imputados.

Se realiza un estudio de cada expediente de homicidio doloso cuya víctima resultó ser una mujer y el imputado un hombre. Al mismo tiempo, cuando la víctima es una mujer, se analizan los expedientes caratulados como otros delitos seguidos de muerte.

Por otra parte, en 2015 se creó la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) con el propósito de mejorar la capacidad de respuesta del Ministerio Público Fiscal en lo relativo a la violencia de género, según lo establecido en la ley núm. 26485, y de manera específica con el objetivo de implementar técnicas de análisis sobre los hechos criminales relacionados con los diversos tipos de violencia contra las mujeres y analizar situaciones en contextos de vulnerabilidad que se ven agravados a causa de la orientación sexual y la identidad de género.

El área de Análisis Criminal y Planificación de la UFEM elabora anualmente el informe Homicidios dolosos de mujeres, femicidios, transfemicidios y travesticidios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En él se presenta el número de víctimas según tipo de homicidio doloso, edad y nacionalidad, y la distribución según barrio, hora, día, mes y lugar de ocurrencia, circunstancias del hecho, causa de muerte y tipo de vínculo con el victimario. Asimismo, se describen algunas particularidades de los autores, como la edad, la ocupación y la conducta posterior al hecho. Los informes sobre femicidios realizados por la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres poseen una trayectoria y una rigurosidad metodológica notables, aunque lamentablemente su información se remite de manera exclusiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y —al igual que en casos anteriores— solo existen informes de un período de seis años.

4. Estadísticas del Sistema Nacional de Información Criminal

El Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad de la Nación tiene como finalidad recolectar información sobre los hechos delictivos registrados por las delegaciones policiales, fuerzas de seguridad y otras entidades oficiales que reciben denuncias de todo el país. Entre las responsabilidades de gestión gubernamental, se encuentra el compromiso de publicar anualmente un informe sobre estadística criminal.

En el Informe Anual de Estadísticas Policiales de 2002 (del SNIC) se publican estadísticas sobre homicidios dolosos, aunque sin que se pueda discriminar a las mujeres, puesto que no aparece la desagregación por sexo de los datos. A partir de 2003 se presenta solo información de frecuencias simples de los homicidios dolosos de mujeres y de varones según grupos de edad. En cuanto al resto de las variables, la información se presenta para el total. A partir de 2017 el Ministerio de Seguridad elabora un Informe de Femicidios y para el período 2017-2019 preparó el “Informe nacional violencias extremas y muertes violentas de mujeres República Argentina”, en el que se caracterizan los hechos y las víctimas.

Para el estudio de los femicidios sería ideal contar con estadísticas completas del Sistema Nacional de Información Criminal; sin embargo, recién desde 2016 se comenzó a trabajar en la homogeneización de las metodologías de recolección para todas las provincias. Se vienen realizando mejoras en la calidad y completitud de los datos.

B. Material y método

En este trabajo se utilizan las estadísticas vitales para el análisis de los femicidios, puesto que constituyen una fuente de datos sujeta a estándares internacionales, de calidad destacada, que presenta algunas limitaciones que ya son conocidas y pueden ser abordadas. En la Argentina, esta fuente brinda de forma continua, desde hace más de 15 años, información estandarizada a nivel nacional y provincial, lo que permite una amplia caracterización sociodemográfica. Como fortaleza se puede destacar que los datos obtenidos a través de esta fuente se recopilan en un Sistema Estadístico de Salud, coordinado por el Ministerio de Salud de la Nación, que cuenta con una notable trayectoria en el tema y en la gestión oportuna de información estadística. Asimismo, para catalogar las causas de muerte se utiliza la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud. Décima revisión. Manual de instrucciones, cuya estructura flexible admite un ordenamiento acorde al estudio de los femicidios. Por tratarse de una clasificación universal, sobre la base de una evaluación previa de las particularidades de cada región, se podría llegar a replicar esta metodología de análisis para otros países.

1. Femicidios: la clasificación y la definición operacional

En la clasificación de la CIE-10, las defunciones se dividen en aquellas de causas definidas, y de causas mal definidas y desconocidas. A su vez, las causas definidas se dividen en 18 categorías, entre las cuales están las causas externas, que son las que se utilizan para el estudio de los femicidios. En la CIE-10, las defunciones por causas externas son las muertes por accidentes, suicidios y agresiones (OPS, 1995, vol. 2). Estos tres tipos de causas externas son particularmente relevantes para esta investigación.

De esta manera, según la metodología desarrollada y las decisiones adoptadas, se considerarán femicidios todas las muertes por agresiones, mientras que, en el caso de las muertes por accidentes y causas indeterminadas ocurridas en la vivienda, se contabilizarán solo algunos tipos particulares (cuando se pueda suponer que ocultan una agresión).

Dentro de la clasificación de los femicidios, en el período 2002-2018 el 82% corresponde a homicidios, mientras que solo el 18% restante corresponde a muertes ocurridas en la vivienda por accidentes y causas indeterminadas, porque se supone una posible agresión oculta (véase el cuadro A1.1 del anexo). Los suicidios, por su parte, se excluyen del estudio en su totalidad.

El universo de análisis incluye a las mujeres de entre 15 y 64 años. Si bien pueden ser víctimas de femicidio mujeres de todas las edades, hay ciertos grupos etarios en los que estas muertes tienen mayor incidencia. Su medición ha exigido inferir que ciertas causas externas de muerte constituyen femicidios, aunque en determinadas etapas vitales estos supuestos pueden ser más inciertos de confirmar. Por este motivo se hizo necesario acotar el universo de análisis. Se decidió, por un lado, excluir a las niñas de entre 0 y 14 años debido a que generalmente las defunciones por agresión en este grupo de edad presentan una lógica y características distintas a las de los femicidios de mujeres de entre 15 y 64 años. Las víctimas de los infanticidios suelen ser en mayor proporción las niñas, pero también son víctimas los varones. Chejter, Cisneros y Kohan (2005) indican que en la provincia de Buenos Aires, en el período 1997-2003, el 58% de los infanticidios —de niños o niñas de hasta 5 años— correspondían a mujeres. No es el objetivo de este trabajo considerar tal especificidad de la violencia y el maltrato infantil. Por otro lado, se excluyen las defunciones de mujeres de 65 años y más, porque algunos de estos fallecimientos se producen por causas asociadas a accidentes de la vida cotidiana, propios de las personas mayores en general, y también porque en este grupo etario se hace difícil sostener la posible vinculación de la agresión con un femicidio. Se resolvió conservar un universo homogéneo, considerando solo a las personas expuestas predominantes, por las limitaciones de incluir al total de las personas expuestas, entendiendo que el objetivo de este trabajo requería acotar el intervalo de edad.

En cuanto a las agresiones por medios no especificados, que representan el 11%, se trata de aquellas en las que se desconoce el arma utilizada en la agresión, las que se distribuyen de manera proporcional al resto de las causas y según grupos de edad.

En la bibliografía referida al tema, se advierte que cuando la muerte ocurre en circunstancias de robo no debe considerarse femicidio[11]. Las muertes con ocasión de un robo quedaron incluidas entre los femicidios, dado que la fuente no permite discriminarlas del resto de los homicidios.

Aun cuando la fuente no permite saber si la muerte fue provocada por un varón o por una mujer, se la considera femicidio[12].

Los suicidios —por su parte— no se contabilizan como femicidios, dados los escasos elementos disponibles para tomar una decisión en ese sentido, a pesar de que existen antecedentes que destacan que algunas mujeres llegan a suicidarse tras sufrir reiteradas situaciones de violencia.

Las muertes por causas que presentan problemas de clasificación y desconocidas representan el 8% en el período 2002-2018[13]. Estas no se consideran femicidios; sin embargo, es probable que una proporción de ellos, sí lo sean.

De acuerdo con lo anterior, se estableció la siguiente definición operacional:

•Se considerarán femicidios todas las muertes de mujeres ocasionadas por agresiones y, cuando las muertes ocurran en una vivienda, se contabilizarán las ocasionadas por algunas causas seleccionadas indeterminadas o accidentes, cuando se pueda suponer que ocultan una agresión.

La definición operacional de femicidio que se utiliza en este trabajo se muestra en forma gráfica en el diagrama 1, donde se encuentran clasificadas las defunciones de mujeres según causas externas.

Diagrama 1

Argentina: clasificación de homicidios de mujeres, femicidios y aproximación a los femicidios (definición operacional)

Fuente: J. Kohan, “Una metodología para estimar los femicidios en la Argentina a partir de las estadísticas vitales”, Notas de Población, N° 106 (LC/PUB.2018/9-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2018.

En el diagrama 1 se representan los homicidios de mujeres, los femicidios teóricos y la definición operacional de femicidios utilizada en este trabajo. La suma de las cuatro figuras con fondo gris oscuro representa la definición operacional de femicidio utilizada en este trabajo. Las figuras con bordes de líneas punteadas representan aquellas categorías que no son consideradas femicidios, pero que igualmente se encuentran incluidas en la definición operacional debido a que las estadísticas vitales no permiten distinguirlas. A su vez, las figuras con bordes de líneas entrecortadas representan categorías que en algunos casos son posibles femicidios, pero con los datos disponibles es complicado determinar cuáles casos corresponden y cuáles no; por lo tanto, no se incluyen en la definición operacional. Se supone que estos casos excluidos se compensan con los casos de muertes con ocasión de un robo o con victimaria femenina que fueron incluidos sin ser femicidios[14].

C. Análisis de los resultados

Se presenta a continuación un análisis sobre la medición de los femicidios en la Argentina para el período 2002-2018, según la clasificación especificada: se indican valores absolutos, tasas específicas por edad y tasas de femicidios según año de ocurrencia, entre otros indicadores[15].

El cálculo de medidas relativas suele ser expresado a través de tasas que muestran la magnitud de un fenómeno en las poblaciones estudiadas, a causa de que las tasas permiten la comparación de dos poblaciones sin que el cálculo esté afectado por las estructuras poblacionales.

El análisis se desarrolla en dos ejes principales. El primero se refiere a la incidencia de los femicidios: ¿están en aumento o se trata de un mismo fenómeno que se ha hecho más visible? En primer lugar se analizan las tendencias del período señalado de 17 años sobre la base del cálculo de tasas específicas y se despliegan de manera gráfica las frecuencias y las tasas según las causas de muerte.

El segundo eje se refiere a las tasas globales y específicas: ¿a quiénes afecta el fenómeno de los femicidios? En este sentido, con el objetivo de determinar cuáles son los grupos de mujeres más afectadas, o si existe un diferencial por zonas geográficas, se presentan las tasas específicas de femicidios según variables sociodemográficas.

El análisis toma como punto de partida el conjunto de las defunciones de mujeres por causas externas según grupos de edad. De las 113.213 muertes de mujeres por causas externas entre 2002 y 2018 en la Argentina, 4.637 fueron categorizadas como producto de femicidios. Ello equivale a una tasa agregada de femicidios (TAF) de 2,1 muertes por cada 100.000 mujeres de entre 15 y 64 años. Dichos femicidios representan el 4,1% del total de defunciones de mujeres por causas externas y el 7,3% de las muertes de mujeres de entre 15 y 64 años por causas externas.

Al analizar la evolución de los femicidios en el tiempo —a lo largo de los 17 años que van de 2002 a 2018— se observa que la cantidad de femicidios presenta leves oscilaciones por debajo de los 300 casos, sin una tendencia evidente (véase el cuadro 1). La cantidad de femicidios desciende levemente entre 2004 y 2007, pero en 2008 retoma un ritmo oscilatorio y en 2012 se observa el menor número, de 243. A partir de ese año la tendencia es levemente creciente hasta 2016 y luego se produce de nuevo un leve descenso. Los valores extremos fueron 307 femicidios en 2002 y 243 en 2012, con un promedio de 273 femicidios por año.

Cuadro 1

Argentina: femicidios según año de ocurrencia, 2002-2018

(En números y porcentajes)

Año

Cantidad de femicidios

Porcentaje

Total

4 637

100,0

2002

307

6,6

2003

287

6,2

2004

258

5,6

2005

260

5,6

2006

251

5,4

2007

249

5,4

2008

282

6,1

2009

260

5,6

2010

275

5,9

2011

286

6,2

2012

243

5,2

2013

269

5,8

2014

285

6,1

2015

282

6,1

2016

298

6,4

2017

287

6,2

2018

258

5,6

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de estadísticas vitales del Ministerio de Salud de la Argentina.

Nota: El universo de análisis corresponde a las mujeres de entre 15 y 64 años.

La evolución anual de las tasas de femicidios (TFz)[16] muestra un comportamiento similar al del número absoluto de femicidios descrito en el párrafo anterior: la mayor TFz es de 2,6 muertes por cada 100.000 mujeres en 2002. Se observa una tendencia descendente y constante de la incidencia del fenómeno, que llega a su mínimo en 2012. Luego, en 2008, vuelve a presentar un pico de 2,2 femicidios por cada 100.000 mujeres y más tarde un leve descenso, en 2009 (2,0). La menor tasa se presenta en 2012 (1,8) (véase el gráfico 1).

Se puede concluir que en el período estudiado la magnitud del fenómeno no se ha modificado y se mantiene constante en alrededor de 2,0 femicidios por cada 100.000 mujeres de 15 a 64 años.

Gráfico 1

Argentina: tasas de femicidios (TFz), según año de ocurrencia, 2002-2018

(Número por cada 100.000 mujeres)

Fuente: J. Kohan, “Una metodología para estimar los femicidios en la Argentina a partir de las estadísticas vitales”, Notas de Población, N° 106 (LC/PUB.2018/9-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2018; Ministerio de Salud para el período 2002-2010; elaboración propia sobre la base de estadísticas vitales del Ministerio de Salud de la Argentina para el período 2011-2018; Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), “Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2001-2015”, Serie Análisis Demográfico, vol. 31, Buenos Aires, 2005 y “Estimaciones y proyecciones de población 2010-2040: total del país”, Serie Análisis Demográfico, vol. 35, Buenos Aires, 2013 y Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2001 y 2010.

Nota: El universo de análisis corresponde a las mujeres de entre 15 y 64 años.

En este sentido, se puede señalar que no hay un crecimiento sostenido del fenómeno en las últimas décadas. Es evidente que la incidencia se ha mantenido, con puntos más altos en algunos años, pero sin llegar a modificar la tendencia. No se puede soslayar que el alto nivel de visibilización alcanzado, la participación masiva de la población más joven y de familiares de víctimas en manifestaciones públicas contra los femicidios y el horror ante muertes evitables han posibilitado desnaturalizar el tema, instalarlo en la agenda pública y habilitar su estudio y la profundización en sus causas.

Con el objetivo de analizar las tendencias presentes en las diversas fuentes de datos, teniendo en cuenta lo especificado en los antecedentes respecto de la insuficiencia de las estadísticas sobre los femicidios, a continuación se muestra un gráfico comparativo. Solo algunas cifras son oficiales y otras corresponden a registros realizados por diferentes observatorios de datos sobre la base de información periodística. A pesar de la disímil rigurosidad metodológica respecto de la sistematización, así como de las variadas definiciones del fenómeno en estudio, es interesante observar en el gráfico cómo las tendencias presentan distribuciones similares, con oscilaciones que en algunos casos son parejas y en otros no. Era esperable que el registro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación presentara valores menores que el resto de los relevamientos, porque al tratarse de una recopilación solo de causas judiciales, efectivamente la definición es más acotada y, además, entre las consideraciones metodológicas, la CSJN aclara que los datos informados corresponden al estado de avance de las causas, que en algunos casos contaban con escaso tiempo desde su inicio.

Según los datos de la Corte Suprema Justicia de la Nación, entre 2014 y 2019 se registraron, en promedio, 245 causas judiciales de femicidios por año[17]. La Casa del Encuentro, entre 2008 y 2019 contabilizó, en promedio, 271 femicidios directos por año[18].

De acuerdo con los informes del Ministerio de Seguridad, entre 2017 y 2019 se registraron, en promedio, cerca de 400 homicidios dolosos de mujeres, de los cuales (en promedio) 243 eran femicidios. El Observatorio “Ahora que sí nos ven” entre 2016 y 2019 contabilizó, en promedio, 275 femicidios directos por año.

Como ya se detalló al presentar los antecedentes, se observa que los datos tienen características diversas y distintos niveles de sistematización y clasificación estadística; en algunos casos la información proviene de notas periodísticas, pero en otros —como el registro de la CSJN— se trata de fuentes con reconocimiento oficial, que cuentan con metodologías de registro definidas. A pesar de estas diferencias, al comparar los distintos relevamientos se observan tendencias similares (véase el gráfico 2).

Con el propósito de caracterizar de un modo más completo el fenómeno del femicidio, se hace indispensable analizar las causas de muerte. En el 51% de los femicidios, la muerte se produjo como resultado del uso de un arma de fuego, en el 32% por arma blanca y en el 9% por ahogamiento, sumersión, estrangulamiento o sofocación (véase el cuadro 2).

En cuanto a las tasas de femicidio según causa de muerte (TFc), se observa que se ubican en primer lugar los perpetrados con arma de fuego; en segundo lugar, aquellos con arma blanca, y en tercer lugar aquellos por ahogamiento, sumersión, estrangulamiento o sofocación (véase el gráfico 3).

Gráfico 2

Argentina: comparación de datos sobre femicidios, según año de ocurrencia, 2002-2019

(En números)

Fuente: J. Kohan, “Una metodología para estimar los femicidios en la Argentina a partir de las estadísticas vitales”, Notas de Población, N° 106 (LC/PUB.2018/9-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2018; Ministerio de Salud de la Argentina para el período 2002-2010; elaboración propia sobre la base de estadísticas vitales del Ministerio de Salud de Argentina para el período 2011-2018; Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), “Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2001-2015”, Serie Análisis Demográfico, vol. 31, Buenos Aires, 2005, “Estimaciones y proyecciones de población 2010-2040: total del país”, Serie Análisis Demográfico, vol. 35, Buenos Aires, 2013 y Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2001 y 2010; Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), “Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina. Datos estadísticos del poder judicial 2015 al 2019”, 2015 [en línea] https://www.csjn.gov.ar/omrecopilacion/omfemicidio/homefemicidio.html; Observatorio de las Violencias de Género “Ahora que sí nos ven” para el período 2016-2019, y Ministerio de Seguridad para el período 2017-2019.

Nota: El universo de análisis corresponde a las mujeres de entre 15 y 64 años.

Cuadro 2

Argentina: femicidios según causa de muerte, período 2002-2018

(En números y porcentajes)

Causa de muerte

Cantidad de femicidios

Porcentaje

Total

4 637

100,0

Arma de fuego

2 369

51,1

Arma blanca

1 502

32,4

Ahogamiento, sumersión, estrangulamiento y sofocación

433

9,4

Humo, fuego y llamas

169

3,6

Otras agresiones

164

3,5

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de estadísticas vitales del Ministerio de Salud de la Argentina.

Nota: El universo de análisis corresponde a las mujeres de entre 15 y 64 años. Se distribuyó de manera proporcional el 11% de los casos en los que se ignora la causa de muerte.

Gráfico 3

Argentina: tasas específicas de femicidio según causa de muerte (TFc), 2002-2018

(En números por cada 100.000 mujeres)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de estadísticas vitales del Ministerio de Salud de la Argentina y datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2001 y 2010.

Nota: El universo de análisis corresponde a las mujeres de entre 15 y 64 años. Se distribuyó de manera proporcional el 11% de los casos en los que se ignora la causa de muerte.

Una primera lectura de las frecuencias según grupos de edad podría hacer suponer que son las mujeres más jóvenes las más afectadas por esta problemática (véase el cuadro 3). Sin embargo, al examinar las tasas de femicidios específicas por grupos de edad (TFx), se observan muy leves diferencias entre los grupos etarios, ya que las tasas oscilan en alrededor de 2,0 muertes por cada 100.000 mujeres. Las menores tasas son de 1,9 femicidios por cada 100.000 mujeres, en los intervalos de 45 a 49 años y de 55 años y más. Las mayores tasas son de 2,3, en los grupos de 20 a 29 años (véase el gráfico 4).

Cuadro 3

Argentina: femicidios por grupos de edad, 2002-2018

(En números y porcentajes)

Grupos de edad (años)

Cantidad de femicidios

Porcentaje

Total

4 637

100,0

15-19

589

12,7

20-24

654

14,1

25-29

615

13,2

30-34

525

11,3

35-39

467

10,1

40-44

448

9,7

45-49

370

8,0

50-54

375

8,1

55-59

310

6,7

60-64

284

6,1

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de estadísticas vitales del Ministerio de Salud de la Argentina.

Gráfico 4

Argentina: tasas específicas de femicidios (TFx) por grupos de edad, 2002-2018

(En números por cada 100.000 mujeres)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de estadísticas vitales del Ministerio de Salud de la Argentina e Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), “Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2001-2015”, Serie Análisis Demográfico, vol. 31, Buenos Aires, 2005, “Estimaciones y proyecciones de población 2010-2040: total del país”, Serie Análisis Demográfico, vol. 35, Buenos Aires, 2013 y Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2001 y 2010.

Al clasificar los femicidios según jurisdicción de residencia de la víctima, se observa que la provincia de Buenos Aires es la que tiene la mayor cantidad de femicidios, con un valor cercano a 1.800 (38%) en el conjunto del período 2002-2018, como era de esperar, dado el tamaño de su población. Luego, en orden decreciente según cantidad de femicidios, se ubican Santa Fe, Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Tucumán, Misiones, Salta y Chaco. Se calculan tasas estandarizadas por edad, puesto que el tamaño de la población de mujeres expuestas al riesgo de femicidio y su estructura por edad difiere entre las provincias argentinas. Se observa que las tasas de femicidios estandarizadas por edad según jurisdicción de residencia de la víctima (TFEEj)[19] presentan una distribución heterogénea, sin un agrupamiento regional. Los mayores valores corresponden a la provincia de Formosa (3,2), seguida por Misiones (2,9), Chaco y Neuquén (2,7) y Santa Cruz (2,6). San Juan es la jurisdicción que presenta la menor tasa del país (1,2) (véase el mapa 1).

Mapa 1

Argentina: tasas de femicidios estandarizadas por edad según jurisdicción de residencia de la víctima (TFEEj), 2002-2018

(En números por cada 100.000 mujeres)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de estadísticas vitales del Ministerio de Salud de la Argentina; Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), “Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2001-2015”, Serie Análisis Demográfico, vol. 31, Buenos Aires, 2005, “Estimaciones y proyecciones de población 2010-2040: total del país”, Serie Análisis Demográfico, vol. 35, Buenos Aires, 2013 y Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2001 y 2010.

Nota: El universo de análisis corresponde a las mujeres de entre 15 y 64 años.

D. Conclusiones

A lo largo del trabajo, se ha podido presentar información que evidencia la heterogeneidad que conllevan las fuentes de datos disponibles para el estudio de los femicidios en la Argentina.

El hecho de presentar datos incompletos resulta de varios factores: la utilización en algunas fuentes de una definición más acotada que la que el término femicidio requiere, como ocurre en el caso del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina; la contabilización solo de los femicidios informados en los medios de comunicación (como es el caso de La Casa del Encuentro, entre otros observatorios), o la utilización de una fuente de datos que, si bien es relevante, como el Sistema Nacional de Información Criminal, desde 2017 ha venido modificando año a año en sus informes las metodologías de medición, lo que dificulta el análisis y la comparación de más de un año consecutivo.

El análisis sociodemográfico de un fenómeno tan complejo como los femicidios requiere de una mirada integral, con metodologías de medición transparentes y factibles de repetir en un período de tiempo amplio. Las expresiones más graves de violencia hacia las mujeres pueden presentar leves incrementos o disminuciones de un año a otro y no siempre se pueden puntualizar las razones; por lo tanto, es recomendable estudiar este tipo de fenómenos a lo largo de un lapso de tiempo significativo y observar su trayectoria en períodos de varios años consecutivos.

La principal limitación que presenta este trabajo radica en que las estadísticas vitales no fueron diseñadas para medir los femicidios. Se sostiene que existen efectos compensatorios en la identificación de los femicidios; se han incluido categorías que pueden comprender casos que no lo son y se han omitido categorías que pueden contener casos que sí deberían estar incluidos. Por este motivo, se afirma que, utilizando las estadísticas vitales, se presenta una aproximación a los femicidios en la Argentina, que resulta una medición ajustada a la realidad y a la particularidad del fenómeno en estudio.

A partir del recorrido realizado, los datos obtenidos y la comparación de diferentes fuentes de datos, estamos en condiciones de afirmar que en el período 2002-2018 los femicidios, en términos relativos o absolutos, no se han incrementado. La investigación permitió detectar las siguientes tendencias respecto de la magnitud del fenómeno: entre los años 2002 y 2018 se produjeron 4.637 defunciones por femicidio, con un promedio cercano a 270 femicidios por año, lo que representa el 4,1% de las defunciones de mujeres por causas externas. La tasa agregada de femicidios indica que se producen 2,2 muertes de este tipo por cada 100.000 mujeres de entre 15 y 64 años. La cantidad de femicidios según año de ocurrencia presenta leves oscilaciones en el período estudiado, sin una tendencia clara en términos absolutos; se registra un máximo de 307 femicidios en 2002 y un mínimo de 243 en 2012.

Respecto a la edad, la moda de los femicidios es de 20 años y la mediana de 34 años. Las tasas específicas por edad son parecidas; por lo tanto, es un fenómeno que no está afectado por la estructura de edad interna de las mujeres. Ocurren femicidios de manera similar en grupos de mujeres de todas las edades, puesto que las tasas oscilan entre 1,8 y 2,3 muertes por cada 100.000 mujeres. El 45% de las muertes se produjeron como resultado del uso de un arma de fuego, el 29% por arma blanca y el 8% por ahogamiento, sumersión, estrangulamiento o sofocación.

En cuanto a la distribución espacial, las jurisdicciones con mayor población son las que concentran los mayores porcentajes de femicidios: las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Mendoza y Tucumán. Por último, las mayores tasas estandarizadas por edad según jurisdicción corresponden a Formosa (3,2 muertes por cada 100.000 mujeres), Misiones (2,9), Chaco y Neuquén (2,7) y Santa Cruz (2,6). En el otro extremo, San Juan alcanza los valores más bajos (1,2). Los diferenciales no siguen un patrón espacial.

Las estadísticas vitales no fueron planificadas para medir los femicidios, pero mientras otras fuentes de datos no acrediten metodologías de medición claras y replicables en el tiempo, esta metodología seguirá siendo necesaria para cuantificar de manera aproximada la incidencia de los femicidios y las características sociodemográficas de las víctimas.

Tal como ocurre con otros fenómenos sociales, para lograr un conocimiento integral de los femicidios es necesario disponer de estadísticas robustas, con el propósito de abordar el tema de manera eficiente en el diseño de políticas y en la toma de decisiones. Es necesario que los femicidios sean analizados teniendo en cuenta los contextos sociales y las desigualdades que enfrentan las mujeres en las sociedades y en los Estados (en materia de acceso a la salud y a la justica, entre otros ámbitos). La presente investigación pretende contribuir a desentrañar la complejidad de esta problemática social para poder alcanzar una medición aproximativa y, en ese sentido, poner de relieve las potencialidades y las limitaciones que presentan los registros de estadísticas vitales. Con ese propósito, se logró una cuantificación estadística del femicidio, que permitió brindar datos que posibilitan una mejor comprensión del fenómeno y constituyen un aporte para la elaboración de políticas públicas acordes a él.

Bibliografía

Caputi, J. y D. Russell (1992), “Femicide: sexist terrorism against women”, Femicide: The Politics of Woman Killing, J. Radford y D. Russell, Nueva York, Twayne Publishers.

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2021), Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe [en línea] https://oig.cepal.org/es.

Chejter, S. (2011), “Femicidio, diferencia sexual y derecho”, Discriminación y género: las formas de la violencia, Ministerio Público de la Defensa/Defensoría General de la Nación.

____(2008), Femicidios: desafíos teóricos y perfiles estadísticos, Buenos Aires, Centro de Encuentros Cultura y Mujer (CECYM).

Chejter, S., S. Cisneros y J. Kohan (2005), “Un estudio estadístico sobre femicidios en la provincia de Buenos Aires”, Femicidios e impunidad, S. Chejter (ed.), Buenos Aires, Centro de Encuentros Cultura y Mujer (CECYM).

CLADEM/UNIFEM (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer/Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer)/Instituto de la Mujer de España (2007), Feminicidio: monitoreo sobre feminicidio/femicidio en El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá, Lima.

CSJN (Corte Suprema de Justicia de la Nación) (2015), “Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina. Datos estadísticos del poder judicial 2015 al 2019” [en línea] https://www.csjn.gov.ar/omrecopilacion/omfemicidio/homefemicidio.html.

INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) (2013), “Estimaciones y proyecciones de población 2010-2040: total del país”, Serie Análisis Demográfico, vol. 35, Buenos Aires.

____(2010), “Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010” [en línea] https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-41-135.

____(2005), “Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2001-2015”, Serie Análisis Demográfico, vol. 31, Buenos Aires.

____(2001), “Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001” [en línea] https://www.indec.gob.ar/micro_sitios/webcenso/index.asp.

Kohan, J. (2018), “Una metodología para estimar los femicidios en la Argentina a partir de las estadísticas vitales”, Notas de Población, N° 106 (LC/PUB.2018/9-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

____(2017), “Una aproximación a los femicidios en Argentina a partir de las estadísticas vitales (2002-2010)”, tesis para optar a la Maestría en Demografía Social, Universidad Nacional de Luján.

La Casa del Encuentro (2019), “Informe de investigación de femicidios en Argentina 1º de enero al 31  de diciembre de 2018” [en línea] https://www.lacasadelencuentro.org/.

Lagarde y de los Ríos, M. (2008), “Antropología, feminismo y política: violencia feminicida y derechos humanos de las mujeres”, Retos teóricos y nuevas prácticas, M. Bullen y C. Diez Mintegui (coords.), Universidad Autónoma de México (UNAM).

Livi Bacci, M. (1993), Introducción a la demografía, Barcelona, Ariel.

Meneghel, S. M. y otros (2017), “Femicides: a study in Brazilian state capital cities and large municipalities”, Ciência e Saúde Coletiva, vol. 22, Nº 9.

Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad (2020), Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género (2020-2022), Buenos Aires.

Ministerio Público, Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (2016), Informe de Femicidios. Registro Penal de Violencia Familiar y de Género, 2015 [en línea] https://www.mpba.gov.ar/infoviolenciafamiliar.

Ministerio de Salud (2019), “Estadísticas vitales: información básica – 2018”, Serie 5, Nº 62, Buenos Aires, Dirección de Estadísticas e Información de Salud.

____(2018), “Estadísticas vitales: información básica – 2017”, Serie 5, Nº 61, Buenos Aires, Dirección de Estadísticas e Información de Salud.

____(2017), “Estadísticas vitales: información básica – 2016”, Serie 5, Nº 60, Buenos Aires, Dirección de Estadísticas e Información de Salud.

____(2016), “Estadísticas vitales: información básica – 2015”, Serie 5, Nº 59, Buenos Aires, Dirección de Estadísticas e Información de Salud.

____(2015), “Estadísticas vitales: información básica – 2014”, Serie 5, Nº 58, Buenos Aires, Dirección de Estadísticas e Información de Salud.

____(2014), “Estadísticas vitales: información básica – 2013”, Serie 5, Nº 57, Buenos Aires, Dirección de Estadísticas e Información de Salud.

____(2013), “Estadísticas vitales: información básica – 2012”, Serie 5, Nº 56, Buenos Aires, Dirección de Estadísticas e Información de Salud.

____(2012), “Estadísticas vitales: información básica – 2011”, Serie 5, Nº 55, Buenos Aires, Dirección de Estadísticas e Información de Salud.

____(2011a), “Estadísticas vitales: información básica – 2010”, Serie 5, Nº 54, Buenos Aires, Dirección de Estadísticas e Información de Salud.

____(2010a), “Dirección de Estadísticas e Información en Salud: conclusiones y recomendaciones”, XXII Reunión Nacional de Estadísticas de Salud; Buenos Aires. 31 agosto - 1 de setiembre 2010. Buenos Aires.

____(2010b), “Estadísticas vitales: información básica – 2009”, Serie 5, Nº 53, Buenos Aires, Dirección de Estadísticas e Información de Salud.

____(2009), “Estadísticas vitales: información básica – 2000”, Serie 5, Nº 52, Buenos Aires, Dirección de Estadísticas e Información de Salud.

____(2008a), “Evolución de la mortalidad según causas - 1997-2006”, Serie 12, Nº 6, Buenos Aires, Dirección de Estadísticas e Información de Salud.

____(2008b), “Estadísticas vitales: información básica – 2007”, Serie 5, Nº 51, Buenos Aires, Dirección de Estadísticas e Información de Salud.

Monárrez Fragoso, J. E. (2005), “Violencia e inseguridad ciudadana en Ciudad Juárez”, Diagnóstico geo-socioeconómico de Ciudad Juárez y su sociedad, L. E. Cervera Gómez y otros, Ciudad de México, El Colegio de la Frontera Norte/Instituto Nacional de las Mujeres.

ONU-Mujeres/INMujeres/LXI Legislatura México (Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres/Instituto Nacional de las Mujeres/LXI Legislatura, Cámara de Diputados, Comisión Especial para conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han emprendido las Autoridades Competentes en relación a los Feminicidios registrados en México) (2012), Violencia feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas, 1985-2010, Ciudad de México.

ONU-Mujeres/ACNUDH (Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres/Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) (2014), Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio) [en línea] https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2014/8/modelo-de-protocolo-latinoamericano.

OPS (Organización Panamericana de la Salud) (1995), Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud. Décima revisión. Manual de instrucciones, vol. 2, Washington, D. C.

Segato, R. L. (2006), “Qué es un feminicidio. Notas para un debate emergente”, Serie Antropología, vol. 401.

Tapinos, G. (1988), Elementos de demografía, Madrid, Espasa-Universidad.

Toledo Vásquez, P. (2008), “¿Tipificar el femicidio?”, Anuario de Derechos Humanos 2008, N° 4.

UFEM (Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres) (2020), Homicidios dolosos de mujeres, femicidios, transfemicidios y travesticidios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2019, Ministerio Público Fiscal [en línea] https://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2020/11/Informe_UFEM_2020-1.pdf.

UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) (2019), Global Study on Homicide Gender-Related Killing of Women and Girls, Viena.

Welti, C. (1997), Demografía I, Ciudad de México, Programa Latinoamericano de Actividades en Población (PROLAP)/Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)/Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE).

Anexo A1

Cuadro A1.1

Argentina: cantidad de femicidios según intencionalidad, 2002-2018

(En números y porcentajes)

Intencionalidad

Cantidad de femicidios

Porcentaje

Total

4 637

100,0

Defunción por agresión (homicidio)

3 821

82,4

Defunción que ocurre en una vivienda

por causas seleccionadas indeterminadas

o accidentes (posible agresión oculta)

816

17,6

Fuente: J. Kohan, “Una metodología para estimar los femicidios en la Argentina a partir de las estadísticas vitales”, Notas de Población, N° 106 (LC/PUB.2018/9-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2018; Ministerio de Salud de la Argentina para el período 2002-2010 y elaboración propia sobre la base de estadísticas vitales del Ministerio de Salud para el período 2011-2018.

Nota: El universo de análisis corresponde a las mujeres de entre 15 y 64 años.

Cuadro A1.2

Argentina: femicidios y tasas específicas (TFx) por grupos de edad, 2002-2018

(En números y porcentajes)

Grupos de edad

Cantidad de femicidios

Porcentajes

TFx

Total

4 637

100,0

2,1

15-19

589

12,7

2,0

20-24

654

14,1

2,3

25-29

615

13,2

2,3

30-34

525

11,3

2,0

35-39

467

10,1

2,0

40-44

448

9,7

2,2

45-49

370

8,0

1,9

50-54

375

8,1

2,1

55-59

310

6,7

1,9

60-64

284

6,1

1,9

Moda (edades simples)

20 años

Mediana

34 años

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de estadísticas vitales del Ministerio de Salud de la Argentina; Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), “Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2001-2015”, Serie Análisis Demográfico, vol. 31, Buenos Aires, 2005, “Estimaciones y proyecciones de población 2010-2040: total del país”, Serie Análisis Demográfico, vol. 35, Buenos Aires, 2013 y Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2001 y 2010.

[1] Licenciada en Estadística de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) de la Argentina y Magister en Demografía Social de la Universidad Nacional del Luján (UNLU). Correo electrónico: jimenakohan@gmail.com.

[2] La metodología utilizada en esta investigación fue desarrollada en el marco de la tesis “Una aproximación a los femicidios en Argentina a partir de las estadísticas vitales (2002-2010)”, que la autora realizó en 2017 en la Maestría en Demografía Social de la Universidad Nacional de Luján. El procedimiento —de elaboración propia— y una síntesis de los resultados para el período 2002-2010 se publicaron en Kohan (2018).

[3] Véase [en línea] https://oig.cepal.org/es.

[4] Véase [en línea] https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-preocupa-la-persistencia-la-violencia-mujeres-ninas-la-region-su-maxima-expresion.

[5] En esta sección se presenta una breve revisión de los antecedentes sobre la medición del fenómeno del femicidio, así como una descripción del recorrido realizado para formular una definición operacional. Véanse mayores detalles en Kohan (2018).

[6] En este texto se utilizará la expresión “femicidio”, ya que es la que se usa en la Argentina, pero se respetará la denominación empleada por cada autor.

[7] En el protocolo elaborado por la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) y la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), se define el femicidio como “la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión” (ONU-Mujeres/ACNUDH, 2014, pág. 14).

[8] El estudio hace referencia a los homicidios íntimos cuando se trata de homicidios que ocurren en el ámbito familiar de parejas o el agresor es familiar de la víctima. Este concepto excluye aquellos homicidios que no ocurren en la esfera familiar, tales como los asesinatos de trabajadoras sexuales o los asesinatos de mujeres o niñas relacionados con el género en situaciones de conflicto.

[9] Como se señala en la Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (Ley núm. 26485), de 2009, “la Corte Suprema de Justicia de la Nación llevará registros sociodemográficos de las denuncias efectuadas sobre hechos de violencia previstos en esta ley, especificando, como mínimo, edad, estado civil, profesión u ocupación de la mujer que padece violencia, así como del agresor; vínculo con el agresor, naturaleza de los hechos, medidas adoptadas y sus resultados, así como las sanciones impuestas al agresor […] La Corte Suprema de Justicia de la Nación elaborará estadísticas de acceso público que permitan conocer, como mínimo, las características de quienes ejercen o padecen violencia y sus modalidades, vínculo entre las partes, tipo de medidas adoptadas y sus resultados, y tipo y cantidad de sanciones aplicadas” (art. 37).

[10] Se utiliza la expresión “femicidio vinculado” para referirse a un homicidio cometido contra una o varias personas (niñas, niños, adolescentes, mujeres o varones) a fin de causarle sufrimiento a una mujer.

[11] Chejter (2008) señala el efecto que tiene dicha circunstancia, ya que, según los datos obtenidos, en la provincia de Buenos Aires entre 1997 y 2003 las muertes con ocasión de un robo llegaron a representar el 20% del total de los homicidios de mujeres. Los datos del Sistema Nacional de Información Criminal correspondientes a los homicidios dolosos de población de ambos sexos ocurridos en 2008 en todo el país coinciden en que el 22% se produjeron con ocasión de un robo.

[12] Chejter (2008) especifica que del total de los homicidios registrados en la provincia de Buenos Aires entre 1997 y 2003 solo en el 7% de los casos la imputada era una mujer. También el SNIC coincide en que solo el 7% de los imputados por homicidios dolosos en todo el país fueron mujeres.

[13] Datos calculados sobre la base de Ministerio de Salud (2008a, 2008b, 2009, 2010a, 2010b, 2011a, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019).

[14] Véase un mayor desarrollo de este tema en Kohan (2018 y 2017).

[15] Las tasas de mortalidad se calcularon según las observaciones de los manuales clásicos de demografía (Welti, 1997; Tapinos, 1988; Livi Bacci, 1993). Se expresan multiplicadas por 1.000 o 100.000, con el fin de evitar valores muy reducidos y facilitar su interpretación. El trabajo aborda el período 2002-2018 y, a menos que se indique algo distinto, se utiliza como población media la población estimada de mujeres de entre 15 y 64 años al 30 de junio de 2010. Para estimar esa población de mujeres, se realizó un ajuste sobre la base de la Serie Análisis Demográfico, vol. 31 (INDEC, 2005) y vol. 35 (INDEC, 2013).

[16] La TFz relaciona los femicidios ocurridos cada año con la población expuesta.

[17] El registro de la CSJN considera femicidios las muertes violentas de mujeres perpetradas por varones por razones asociadas a su género; el agresor puede ser alguien de su esfera familiar o de fuera de su entorno familiar (conocido o desconocido por la víctima).

[18] La organización no gubernamental La Casa del Encuentro considera que femicidio es el “asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad”.

[19] El análisis de la cantidad de femicidios es limitado en cuanto a la posibilidad de comparar las jurisdicciones entre sí. Se calcularon las TFEEj para que los valores no estuvieran afectados por la estructura etaria de cada jurisdicción. La TFEEj es la razón entre las defunciones estimadas y la población de mujeres en la mitad del período (30 de junio de 2010) en cada jurisdicción.

Artículo 08

Barriadas desplazadas y programas de renovación urbana: un análisis del nuevo frente costero de Encarnación, Paraguay

Walter F. Brites[1]

Nadia Czeraniuk[2]

Matías Denis[3]

Helmut Schaefer[4]

Fecha recibido: 01/02/2021

Fecha aceptado: 29/03/2021

Resumen

En el presente artículo se hace un análisis socioespacial de la transformación urbana que ha tenido lugar en la ciudad de Encarnación (Paraguay), fronteriza con la ciudad de Posadas, Argentina, a la luz de los grandes cambios ocurridos en el frente fluvial de la ciudad debido a la central hidroeléctrica Yacyretá, construida por ambos países. Se lleva a cabo un análisis descriptivo y documental de cómo, a partir del papel que desempeñaron las obras complementarias de tratamiento costero y los agentes inmobiliarios y de desarrollo local, surgieron nuevos procesos urbanos que configuraron el territorio. Se concluye que el patrón tradicional de segregación de la ciudad se está modificando a partir del desplazamiento de la población, la construcción de grandes obras y la revalorización del nuevo frente costero.

Palabras clave: ciudades, renovación urbana, aspectos sociales, aspectos demográficos, personas desplazadas, segregación, desarrollo urbano, turismo, Paraguay.

Abstract

This article presents a sociospacial analysis of the urban transformation that has occurred in the Paraguayan city of Encarnación, which sits across the border from Posadas, Argentina, in the light of the significant changes to the city’s riverfront resulting from the Yacyretá hydroelectric plant, built jointly by the two countries. A descriptive and documentary analysis is conducted on how complementary coastal development works and real estate and local development agents played a role in the emergence of new urban processes that shaped the territory. It can be concluded that the city’s traditional segregation pattern is changing because of population displacement, the construction of large infrastructure projects and the revaluation of the new waterfront.

Keywords: cities, urban renovation, social aspects, population aspects, displaced persons, segregation, urban development, tourism, Paraguay.

Résumé

Cet article est consacré à une analyse socio-spatiale de la transformation urbaine qui a eu lieu dans la ville d'Encarnación (Paraguay), limitrophe de la ville de Posadas, en Argentine, à la lumière des profonds changements qui se sont produits sur le front fluvial de la ville en raison de la centrale hydroélectrique de Yacyretá, construite par les deux pays. Les auteurs procèdent à une analyse descriptive et documentaire de l'apparition de nouveaux processus urbains qui ont façonné le territoire, à partir du rôle joué par les ouvrages complémentaires de traitement du littoral et par les agents immobiliers et de développement local. La conclusion est que le schéma traditionnel de ségrégation de la ville est en pleine mutation en raison du déplacement de la population, de la construction de grands ouvrages et de la revalorisation du nouveau front de mer.

Mots clés: villes, rénovation urbaine, aspects sociaux, aspects démographiques, personnes déplacées, ségrégation, développement urbain, tourisme, Paraguay.

Introducción

En este artículo se reseñan los grandes cambios que han ocurrido en el nuevo frente fluvial de la ciudad de Encarnación (Paraguay) y las obras de tratamiento costero que se han realizado a orillas del río Paraná y de grandes arroyos urbanos. En otras palabras, se analizan las implicancias de los procesos de desplazamiento y sustitución social que han tenido lugar en la ocupación de los espacios urbanos que se crearon. En este sentido, en el estudio se describe el largo proceso de relocalización del que han sido objeto durante las últimas décadas un conjunto de barriadas que estaban asentadas en las costas del caudaloso río Paraná. El proceso de relocalización ha sido muy intermitente y ha estado vinculado a los efectos del colosal emprendimiento hidroeléctrico Yacyretá, represa situada a 90 km río abajo de la ciudad.

El hecho de que el emplazamiento de la represa fuera tan próximo a la ciudad de Encarnación tuvo consecuencias dramáticas para la ciudad, entre ellas, el surgimiento de un gran lago que inundó 846 hectáreas de su superficie debido a la elevación del río Paraná y de los arroyos internos, lo que configuró un nuevo frente fluvial que se aprovechó para renovar y desarrollar nuevas áreas (Brites y Catullo, 2017). Dado el tamaño y la heterogeneidad de las poblaciones afectadas por el proyecto, el programa de reasentamiento fue uno de los más ambiciosos y complejos de América Latina (Bartolomé, 2005; Brites, 2014), y el proyecto hidroeléctrico ha sido definido como un proyecto de gran escala (Ribeiro, 1987; Catullo, 2006).

En el caso que se analiza aquí y como explicaremos más adelante, se relocalizaron miles de familias a nuevos conjuntos habitacionales que tienen viviendas muy distintas y se encuentran en lugares diferentes, a veces distanciados de la nueva centralidad urbana. Señalamos que la remoción de estos grupos, más allá de afectar las viviendas y el barrio, incidió en un conjunto de variables cruciales para la organización colectiva de la población y produjo cambios en el escenario económico y sociocultural. Sostenemos que los programas de relocalización y desarrollo urbano han desencadenado procesos que no siempre han sido homogéneos ni han tenido una repercusión similar en todos los sectores involucrados, sino que, por el contrario, han puesto de relieve los efectos diferenciales que son característicos del impacto desigual de los denominados proyectos de desarrollo (Cañete, Brites y Velázquez, 2020; Giménez, 2020).

A. Teorización sobre el problema objeto de estudio

En diferentes estudios se señala que las ciudades presentan un panorama en que la inversión en obras públicas y los programas de intervención no llegan a todos, sino que son focalizados, selectivos y excluyentes (acupuntura urbana), y embellecen y revalorizan áreas determinadas, lo que hace más rentable la inversión privada localizada en esos espacios (Brites, 2019; Delgadillo, 2014). Otros autores, como Talesnik y Gutiérrez (2002, citados en Brites, 2016), señalan que la rehabilitación de los bordes costeros con operaciones de remodelación urbana conllevan consecuencias negativas en términos de desplazamientos y equidad social en el espacio urbano.

De acuerdo con Iracheta, Pedroti y Rodríguez (2017), los criterios de intervención en los frentes de agua apuntan a crear espacios públicos de calidad en esas zonas. Desde otro punto de vista, estas intervenciones implican una recualificación de los frentes de agua de las ciudades y conllevan una importante oportunidad para reestructurar la relación ciudad-agua, un proceso que a la vez da lugar a conflictos de intereses e incompatibilidades (Galimberti, 2014).

Según Bruttomesso (2004), la recualificación de los frentes de agua supone una gran oportunidad en las ciudades fluviales o en que se dispone de puertos, no solo porque permite rediseñar fragmentos del tejido urbano, sino también porque puede contribuir a renovar la ordenación del conjunto de la ciudad, de su funcionamiento y de su imagen.

Muchas acciones de recuperación de los frentes de agua propuestas por el Estado se traducen en un plan de recuperación y revitalización que termina siendo acompañado por el sector empresarial (Brites, 2017). Por ello, la reconversión del frente costero implica una oportunidad importante y un gran crecimiento en las ciudades (Galimberti, 2014). En este sentido, “la reconversión de frentes costeros, no resulta una mera intervención territorial, de transformación material, sino que involucra también a las sociedades, la cultura, la economía, al posicionamiento global de estos territorios a partir de sus lógicas locales” (Galimberti, 2014, pág. 35).

En sintonía con estos procesos sociourbanos emergen de manera reiterada los programas de renovación urbana, que pueden adquirir diferentes matices, por ejemplo, pueden consistir en un mecanismo para regular y reducir los asentamientos irregulares, una política para promover la inversión de capital a fin de revalorizar el suelo, una estrategia para mejorar la imagen urbana, o un incentivo de desarrollo comercial y turístico (Ugalde, 2012).

La diferenciación socioespacial que se manifiesta en las ciudades se interpreta en términos de segregación. La segregación se entiende como un proceso social que resulta de la separación de ciertos grupos sociales cuya interacción con el resto de la sociedad u otros sectores sociales se mantiene escasa o nula (Roitman, 2004, pág. 9). Desde otro punto de vista, esta segregación residencial es socioeconómica y denota la distribución territorial desigual de los grupos socioeconómicos que, además de vivir separados, presentan una desconexión cotidiana con los demás grupos (Rodríguez, 2008).

En el caso de Encarnación, los procesos de segregación se han incrementado sobremanera como consecuencia de las obras complementarias que se han venido realizando en el nuevo frente costero. Por otro lado, en cuanto al proceso de relocalización, partimos de considerar que los reasentamientos involuntarios de las poblaciones no son solo proyectos técnicos y de planificación, sino fundamentalmente procesos socioculturales, políticos, discursivos e históricos (Serje, 2011). De hecho, el desplazamiento emerge de manera inherente al desarrollo de los megaproyectos y la modernidad (Gellert y Lynch, 2003).

En este contexto, entendemos que en una relocalización urbana es de vital importancia conocer qué sectores socioeconómicos serán afectados por la construcción de un gran proyecto, quiénes serán removidos forzosamente, así como quiénes serán beneficiados por las acciones, planificadas o no (Catullo y Brites, 2017).

Más allá de afectar las viviendas y el barrio, las relocalizaciones tienen un impacto negativo en un conjunto de variables cruciales para la organización colectiva de la población. Las relocalizaciones desencadenan un efecto entrópico (Bartolomé, 2005) caracterizado por un empobrecimiento agudizado de la población, así como una crisis que atañe tanto a las estrategias adaptativas como a los sistemas de organización colectiva y de supervivencia. La alienación relacionada con el apego al lugar (Cernea, 1989) es un efecto muchas veces notorio de las relocalizaciones, junto con la desarticulación de redes sociales y la fisura de lazos comunitarios que la disposición del espacio posibilitaba en el contexto previo al traslado.

En este trabajo se sostiene que, en contextos urbanos, la relocalización pone de relieve la repercusión del proceso de traslado en otras dimensiones de la vida de las personas implicadas, por ejemplo, en lo económico, lo socioorganizativo, lo reproductivo, lo identitario y lo cultural, entre otras. Por ello, junto a la relocalización, en este trabajo se retoma la dimensión del espacio urbano y la segregación. En este sentido, consideramos oportuno apelar a la perspectiva de la segregación que aporta Castells (1999), quien la considera como el resultado de las contradicciones del sistema capitalista y como un proceso que concurre a una producción de la ciudad atravesado por relaciones sociales ancladas en poderes y recursos diferenciales.

B. Metodología del estudio

El primer paso de la investigación consistió en recabar información secundaria que permitiera conocer la magnitud de los cambios urbanos ocurridos en el nuevo frente costero de la ciudad de Encarnación. La recopilación y el análisis de documentos pertinentes, como los archivos de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) —por ejemplo, el Plan de Acción para el Reasentamiento y Rehabilitación—, los documentos oficiales de la Municipalidad de Encarnación, la información de prensa, los diarios locales y otros, permitieron detectar dimensiones de interés para el problema objeto de estudio.

Por otro lado, en la investigación se aplicó sobre todo una metodología descriptiva y cualitativa que tenía por objeto desarrollar analíticamente los elementos de la realidad estudiada, sus especificidades urbanas y las implicancias para los sectores sociales involucrados. Así, en el presente artículo se considera necesario poner énfasis en los procesos y agentes sociales que intervinieron en la transformación del frente costero de Encarnación, y con ese fin se recurre de forma complementaria a un abordaje crítico-interpretativo del caso de estudio, como el que se describe en Sautu (2003).

El trabajo de campo y la recopilación de información se llevaron a cabo en 2018 y 2019. De conformidad con la impronta descriptiva y los métodos cualitativos de recolección de datos, se hicieron entrevistas semiestructuradas (unas 20) a diversos informantes, entre los que había vecinos, agentes comunitarios, funcionarios, comerciantes y otros, en las que se aplicaron técnicas antropológicas y sociológicas de registro y análisis de información. Además, se realizaron entrevistas grupales a vecinos de los barrios relocalizados, así como observaciones de campo y registros fotográficos.

Al tratarse de una investigación exploratorio-descriptiva, se optó por no estructurarla a partir del planteamiento de hipótesis a priori, como se suele hacer en numerosas investigaciones cualitativas (Taylor y Bogdan, 1990). De todas maneras, se partió de algunos supuestos, como los siguientes: i) las obras de reposición de infraestructura en el frente costero no solo dotaron a la ciudad de nuevos espacios, sino que facilitaron la actividad del mercado inmobiliario y la renovación urbana, y ii) el desplazamiento dio lugar a segregación residencial, construcción de espacios de homogeneidad social y diferenciación socioespacial.

A continuación se brinda una crónica del proceso de relocalización que tuvo lugar en Encarnación, en particular de sus etapas, de los conjuntos habitacionales y su ubicación, de las dinámicas de poblamiento y de las características sociodemográficas de la población, entre otros aspectos. Además, en el análisis se develan cuestiones que atañen al proceso y que están vinculadas a la territorialidad y la segregación urbana.

C. Resultados

1. La ciudad y el desarrollo urbano

Encarnación es una ciudad de tamaño medio ubicada en el sur del Paraguay y que se encuentra en pleno crecimiento y desarrollo. En 1962 tenía 18.745 habitantes, cifra que había aumentado a 100.000 en 2000. Es una ciudad que ha tenido un crecimiento vertiginoso. Hoy en día tiene 127.527 habitantes (DGEEC, 2015) y es considerada la tercera ciudad más importante del país, tanto desde el punto de vista económico como en lo que respecta al conglomerado urbano. La ciudad está al borde del río Paraná y la atraviesa el caudaloso arroyo Mboi Ka’ê. Debido al nuevo embalse y al aumento del nivel de cota del río Paraná producto de las obras complementarias de la represa hidroeléctrica de Yacyretá, la fisionomía de la ciudad cambió drásticamente, sobre todo en el frente fluvial.

La represa de Yacyretá, construida sobre el caudaloso río Paraná en la localidad de Ayolas (Misiones, Paraguay), a 90 km de la ciudad de Encarnación, es un emprendimiento hidroeléctrico de grandes dimensiones. A partir del plan de contingencia formulado a los efectos de la represa surgieron programas de intervención urbana, ordenamiento territorial, mejoramiento de áreas clave de la trama urbana (obras de tratamiento costero), obras públicas de infraestructura y construcción de grandes complejos habitacionales para la población relocalizada, entre otros. Estas transformaciones han tenido una importancia particular porque produjeron obras públicas que transformaron no solo el espacio físico de la ciudad, sino también los patrones de ocupación de ese espacio, y dieron lugar a desplazamientos compulsivos, nuevas áreas periféricas y segregación socioespacial. Este paquete de intervenciones se inició en nombre del desarrollo urbano, y ha tenido un efecto reestructurador y adverso para los sectores populares que habitan la periferia de la ciudad.

Si bien el proyecto Yacyretá se inició en 1973 con la firma del tratado correspondiente, el cambio más drástico en la ciudad de Encarnación se dio en el período 2003-2010, cuando se implementó el Plan Terminación Yacyretá (PTY) para culminar las obras complementarias y acelerar la producción hidroeléctrica. Concretamente, la acción urbana en Encarnación supuso lo siguiente: i) anegamiento de 846 hectáreas; ii) programas de relocalización y construcción de ocho complejos habitacionales (6.854 viviendas); iii) reposición de infraestructura urbana y redes de servicios; iv) recuperación ambiental (370 hectáreas de nuevos espacios verdes); v) tratamiento costero (27 km de defensa y costanera); vi) habilitación de nuevas playas, y vii) habilitación de una nueva área comercial para 2.500 comercios.

De acuerdo al Plan Encarnación Más (2016), el distrito de Encarnación actualmente se encuentra dividido en 41 barrios, y el número y la morfología de algunos de ellos se han modificado en los últimos años debido a la subida del nivel del agua del río Paraná.

2. Las barriadas desplazadas

La relocalización de numerosas barriadas de la ciudad de Encarnación ha sido un hecho emblemático de las transformaciones que tuvieron lugar en el nuevo frente costero, y en los programas de desplazamiento se han minimizado u ocultado sus efectos negativos.

De acuerdo con Giménez (2020), los barrios afectados por el embalse de Yacyretá pueden clasificarse en urbanizados, semiurbanizados y periféricos. Los urbanizados poseían características físico-ambientales adecuadas (trazado urbano y disponibilidad de servicios municipales y de salud, educación, agua potable y alumbrado que se consideraban básicos). Estas zonas estaban conformadas por barrios como San José y San Blas. Los barrios semiurbanizados, como Obrero, San Roque, Bernardino Caballero (Villa Cristina), Defensores del Chaco (IPVU) y Villa Cándida, recibían los servicios urbanos solo parcialmente. La tercera categoría abarca los barrios periféricos que no contaban con servicios a pesar de que se encontraban cerca del centro de la ciudad, por ejemplo, los barrios Pacú Cuá, Barril Paso, Santa Rosa y Mboi Ka’ê, situados en la zona ribereña. Otros barrios que resultaron afectados por Yacyretá fueron Carlos Antonio López, Quiteria, La Esperanza, San Pedro, Santa María, Bolik, Poti' y Sagrada Familia o Villa Mosquito (Giménez, 2020).

Puede señalarse que, en diferentes sectores, la mayor parte de estos barrios se caracterizaba por la ocupación ilegal e informal del suelo. Hoy, la mayoría de ellos han sido removidos como consecuencia del nivel del embalse y las obras de infraestructura que la EBY llevó a cabo en la ciudad. Además, en los tiempos anteriores a las obras, el bajo valor de mercado era la característica fundamental de estas tierras urbanas. En una de las entrevistas realizadas, un comerciante dijo lo siguiente:

“Antes había tierra de sobra acá en la zona baja, en los alrededores había barrios y la zona comercial quedaba cerca, estaba ahí nomás […]con las obras de Yacyretá no solo relocalizaron, hubo mejoras y los terrenos salen más caro ahora.”

Junto con estas intervenciones se pusieron en práctica programas de renovación que “embellecieron selectivamente” algunas zonas claves de la ciudad, al tiempo que crearon nuevas áreas de conjuntos de viviendas sociales destinadas a los sectores populares que, por medio de la relocalización, debieron ceder espacios al avance de una ciudad remozada. Esto incidió en la transformación del espacio urbano y dio lugar a que se incorporaran zonas nuevas y valorizadas al mercado inmobiliario.

Las características particulares del contexto urbano en el que residía la población afectada oficiaban como una estructura de oportunidades[5]. La principal ocupación de ese grupo era la venta informal y ambulante en el circuito comercial, la prestación de servicios en las zonas céntricas, el servicio doméstico y una gran variedad de actividades informales englobadas en el sistema de “changas” (trabajos temporarios remunerados a destajo). En una de las entrevistas, una vecina relocalizada en San Isidro manifestó lo siguiente:

“Nosotros vivíamos en la zona de San Blas, todo quedaba ahí cerquita, a pasitos de la vieja zona comercial. Ahí había mucho trabajo, yo vendía chipa y masas dulces, tenía mi casa cerca. Después nos trajeron acá en San Isidro, ya lejos del centro.”

En este sentido, a pesar de las carencias de las familias, el espacio y el contexto urbano permitía llevar a cabo actividades laborales en las zonas adyacentes, actividades en que se conjugaban varias circunstancias, como la escasa calificación de los trabajadores y la alta incidencia del trabajo en negro.

El hecho de que la población carenciada fuera removida de forma masiva de una zona urbana cada vez más valorizada ha conllevado, como efecto deseado o no deseado, una creciente diferenciación y jerarquización socioespacial. Los sectores sociales más altos de Encarnación comenzaron a ocupar los espacios intersticiales claves de la zona liberada (como la zona costera), y al mismo tiempo tuvo lugar un proceso de expansión de la ciudad, con el traslado masivo de la población pobre hacia nuevos conjuntos habitacionales ubicados en sitios a veces muy distantes del centro urbano de la ciudad, como las zonas de Itá Paso, San Isidro, Los Arrabales y Arroyo Porá.

3. El nuevo frente fluvial y los procesos de segregación socioespacial

Al igual que aconteció en la ciudad de Posadas (Argentina), desde que se comenzó a construir la avenida Costanera en Encarnación, el acento estaba puesto en la histórica necesidad de articular la ciudad al río Paraná, articulación que era muy anhelada. En ese contexto, las obras complementarias de Yacyretá oficiaron de escenario propicio para la construcción de un nuevo frente fluvial que no solo incidió en la modificación física de la ciudad, sino que también produjo cambios nuevos y drásticos en los patrones de ocupación del espacio urbano.

Ya en 1994 la Municipalidad de Encarnación advertía sobre los cambios que la EBY provocaría debido a la futura suba del embalse, y llamaba la atención sobre varias cuestiones, a saber: fraccionamiento del sector urbano del distrito, desmembramiento de barrios, pérdida de identidad, pérdida de antecedentes históricos, pérdida de tierras productivas, afectación de sectores económicos productivos y de fuentes laborales y por último el impacto medio Ambiental (Ordenanza 292/94, pág. 15, citada en Carísimo, 2020, pág. 114). En una de las entrevistas realizadas, un vecino expresó lo siguiente:

“Nosotros trabajábamos con la arcilla en la costa del arroyo Mboi Ka’ê; hacíamos cerámicos, tejas y panteras; en partes donde había barro ñau teníamos mucha materia prima. Después se inundó todo, perdimos nuestra fuente de trabajo y nuestro viejo barrio: nos sacaron de ahí.”

De cara al advenimiento de los efectos de Yacyretá se habló incluso de una tercera fundación de la ciudad, de la necesidad de defender la costa y recomponer la trama urbana, y de la ciudad de los siete puentes, además de resaltarse el hecho de que todo proyecto tiene efectos positivos o negativos (Zuiderwyk, 2008).

Entre 2003 y 2010 la ciudad de Encarnación adquirió un nuevo frente fluvial conformado por 27 kilómetros de costas, mediante obras de tratamiento costero realizado por la EBY, obras que conformaron la defensa costera más importante de la ciudad (EBY, 2011). En ese período, la EBY destinó una importante cantidad de recursos tanto a la relocalización y rehabilitación socioeconómica de la población afectada como al tratamiento del medio ambiente y a otras obras urbanas de gran envergadura, entre las que se pueden señalar la nueva línea de costa y algunos espacios públicos de alta calidad ambiental, por ejemplo, parques, espacios verdes y playas destinados a la recreación y el esparcimiento de la población. Estas acciones contribuyeron a darle a la ciudad una fisonomía más moderna y a dotarla de nuevas áreas centrales (Brites, 2019).

En el nuevo frente fluvial de la ciudad hay tres zonas neurálgicas: Pacú Cuá, Mboi Ka’ê y San José. Esta última es la más emblemática en cuanto a la revalorización y la concentración de plusvalías urbanas, y es un espacio donde la transformación del frente fluvial ha dado lugar a que se valorizaran distintos elementos urbanos, como la Playa San José, el Silo y el Molino (Carísimo, 2020).

Las obras costeras han permitido llevar a cabo diversas intervenciones de renovación urbana, como la dotación de grandes ramblas, plazas y espacios verdes con equipamiento urbano, la arborización del paisaje costero y otras. El Parque Cívico Recreativo, por ejemplo, es una obra de relevancia: constituye un espacio público que comprende áreas verdes, estacionamiento vehicular, ciclovía, pista de patinaje, canchas polideportivas, juegos infantiles, circuito peatonal, sanitarios públicos y pista de gimnasia, entre otros. La acción privada ha acompañado estas intervenciones públicas construyendo edificios confortables nuevos y acondicionados destinados a los sectores de mayor poder adquisitivo.

El conjunto de grandes obras de infraestructura complementaria, sumado a las obras privadas y a la acción inmobiliaria, además de transformar la trama de la ciudad creó un escenario que se utilizó para justificar la necesidad de aplicar programas de renovación urbana que dieron lugar a la segregación. En otras palabras, en la ciudad hubo un nuevo proceso de segregación y construcción de espacios de homogeneidad social, más compulsivo y por ello diferente a la segregación que ya existía.

La modificación del frente costero llevó a que se transformara el espacio urbano y se incorporaran áreas nuevas y valorizadas al mercado inmobiliario. Los sectores sociales más altos de Encarnación comenzaron a ocupar los espacios intersticiales claves de la zona liberada, como la zona de San José o Mboi Ka’ê-; al mismo tiempo se inició un proceso de periferización que supuso el traslado masivo de la población pobre a nuevos conjuntos habitacionales.

En el contexto de las transformaciones, el turismo emergió como un modelo de acumulación de plusvalías urbanas. De hecho, en el mismo Plan Encarnación Más se lo señala como relevante:

“El turismo en Encarnación se encuentra en un momento único debido a los procesos internos que está sufriendo: el cambio del paisaje urbano y la aparición de tres playas, la desaparición de patrimonio debido a las inundaciones, ser considerada principal destino turístico de Paraguay y a su vez ser la tercera ciudad comercial del país. Todo ello denota, no solo la cantidad de posibilidades que se abren ante la ciudad, sino que es un momento crucial para repensar la gestión turística que se desea” (Plan Encarnación Más, 2016, pág. 82).

En sintonía con estos cambios (véase el mapa 1), llama la atención no solo el desarrollo del nuevo frente costero, sino también el incremento de la infraestructura turística, como los hoteles, los complejos recreativos, el centro comercial y otros. Las grandes playas que se han abierto a la vera del Paraná están convirtiendo a la ciudad en el destino veraniego del Paraguay, a la vez que ofician, junto a la Costanera, como un espacio para el encuentro[6]. Esta situación se suma al mejoramiento de los espacios destinados a grandes eventos, como los carnavales, a partir de la construcción del nuevo sambódromo y centro cívico, al que la población concurre de forma masiva en los meses de verano (Brites, 2018).

En Encarnación, la reconfiguración del espacio urbano articulado al río es el hecho histórico más significativo de los últimos tiempos. Así, en nombre del desarrollo urbano, la vieja ciudad fue erradicada y convertida en una zona remozada, abierta al río. El actual frente costero que bordea las zonas céntricas ha pasado a convertirse en un recurso valioso, apreciado y codiciado como nunca antes: un espacio físico y social de distinción. En una de las entrevistas, un comerciante afirmó lo que sigue:

“Ahora a todos les gusta estar acá, los encarnacenos de clase alta están comprando terrenos o casas cerca de la playa, se están levantando algunos edificios altos.”

Más que la Costanera en sí, el área residencial aledaña se ha convertido en un espacio más de distinción de clase y, por lo tanto, se está volviendo cada vez más homogénea. La construcción de grandes viviendas es uno de los símbolos de estatus elevado.

Mapa 1

Nuevo frente fluvial de la Ciudad de Encarnación, Paraguay, 2016

Fuente: Plan Encarnación Más, “Resumen del Proceso Participativo. Conocer la Ciudad Municipalidad de Encarnación”, 2016 [en línea], https://encarnacionmas.com/documentodirector/.

Como expresión del nuevo frente costero y de la revalorización concomitante, en los últimos tiempos Encarnación ha sido escenario de una transformación urbana polarizada. Así, de forma paralela al surgimiento de los barrios pobres y los conjuntos habitacionales, se han construido grandes edificaciones muy exclusivas, como las Torres Bolik (un proyecto inmobiliario de primera categoría) y otras grandes viviendas aledañas al sector de la costa, que forman parte de una nueva centralidad urbana. Como señala Caldeira (2000), este proceso da lugar a diferencias sociales y crea mecanismos que afirman la inequidad y la distancia social. Además, se produce una segregación debida a la ausencia de interacción entre los grupos sociales, y surgen desigualdades en cuanto a la distribución de esos grupos en el espacio físico (Rodríguez, 2001).

Puede decirse que las obras de la Costanera y el mercado inmobiliario han tenido un efecto sinérgico en el espacio, debido a que han llevado a que se incorpore suelo urbano y se creen nuevas centralidades más amplias, lo que ha dado lugar a nuevos usos comerciales, recreativos, inmobiliarios y residenciales. Sin duda, las obras costeras supusieron una mejora sustancial para los barrios localizados en las proximidades, lo que desencadenó la especulación y la invasión de sectores de mayores ingresos. Estos últimos desplazaron a los hogares de ingresos medio-bajos que, a pesar de que no fueron relocalizados, vendieron sus propiedades.

Actualmente, la segregación socioespacial en la ciudad de Encarnación se pone de manifiesto en una serie de situaciones como las siguientes:

•la habilitación de espacios urbanos revalorizados y de alto valor económico y social, donde residen con prioridad los sectores de mayores ingresos (la Zona Alta, la playa San José y los alrededores);

•la construcción por parte de la EBY de grandes complejos habitacionales localizados en distintos espacios para albergar a la población relocalizada;

•la creciente distinción entre áreas dotadas de servicios urbanos e infraestructura, y áreas donde los servicios y la infraestructura no llegan o son deficientes, y

•el hecho de que haya zonas integradas a la trama urbana y zonas poco integradas a ella donde, por lo tanto, hay poco acceso a las oportunidades que el espacio urbano brinda.

En términos generales, este proceso puede conceptualizarse (una vez más), por medio de la noción de segregación urbana, como la “tendencia a la organización del espacio en zonas de fuerte homogeneidad social interna y de fuerte disparidad social entre ellas, entendiéndose esta disparidad no solo en términos de diferencia, sino de jerarquía” (Castells; 1999, pág. 203). Esta situación, además, puede entenderse como un proceso forzado e involuntario en que se obliga a una parte de la población a residir en un lugar determinado, lo que genera exclusión y discriminación entre los habitantes (Marcuse, 2004). Por consiguiente, comprender los procesos de segregación es comprender, además del espacio físico perceptible, las relaciones sociales, económicas y políticas que condicionan la constitución de esos espacios y sus características.

Cuando en una ciudad ocurren procesos de segregación, se altera la forma y el contenido urbano tradicional porque se crean espacios cada vez más fragmentados de acuerdo al nivel socioeconómico de los grupos residenciales, lo que amplía las disparidades socioespaciales.

En este sentido, la apertura de zonas urbanas muy cualificadas, como el centro y el margen ribereño, por un lado, y la habilitación de zonas como los complejos habitacionales, por el otro, constituyen la expresión visual del fenómeno de la ciudad dual. La construcción del paseo costero, las obras complementarias de la EBY y los consecuentes programas de relocalización han tenido un efecto reestructurador en la ciudad de Encarnación.

D. Reflexiones finales

Los cambios urbanos de Encarnación deben contextualizarse en función de un proceso coyuntural y de singular alcance, como es la represa de Yacyretá. Entre todas las intervenciones, el proyecto Costanera representó el mayor programa de renovación urbana que se llevó a cabo en la ciudad. En el nuevo frente fluvial se materializó una situación emblemática de segregación que dio lugar a un proceso de renovación urbana con matices particulares, particularidad que se acentuó debido a la sinergia con el desarrollo inmobiliario y la emergencia del turismo como nuevos elementos de extracción de plusvalías urbanas.

En la construcción del espacio urbano costero, el mercado del suelo urbano creó una oportunidad para acumular plusvalías, un contexto en que la obra pública y el paisaje urbano construido por el Estado fueron acompañados por nuevos emprendimientos privados residenciales, comerciales y de ocio destinados a los sectores sociales de mayor poder adquisitivo. De este modo, el nuevo urbanismo de Encarnación planteó una relación ciudad-río que regeneró y creó nuevos espacios de distinción socioespacial.

Junto con la transformación y la revalorización del nuevo frente fluvial aparecieron nuevos complejos habitacionales donde se reubicó a la población desplazada. Algunas de estas zonas se encuentran en la periferia suburbana, donde hay carencias de servicios e infraestructura y un marcado sentido despreciativo. En ese espacio periférico, los sectores populares comenzaron a adoptar nuevos modos de vida. Se trata de zonas donde las diferentes formas de distancia (espacial y social) potencian las condiciones de pobreza y los factores de desigualdad, y constituyen una dimensión de la exclusión social.

En este sentido, detrás de la idea de una ciudad que se embellecería mirando al río, Encarnación fue objeto de una transformación dramática. Ello ha derivado en la inversión y desinversión que tienen lugar en ámbitos socioespaciales diferenciados, y en la creación de una ciudad dual y discontinua en que se expresa la desarticulación entre el nuevo frente costero embellecido y los barrios destinados a los sectores populares. En esos barrios, los residentes comienzan a sentir la segregación y los cambios en el modo de vida. Así, por ejemplo, la localización de algunos conjuntos habitacionales responde a un particular proceso de materialización de las distancias que hay entre los diferentes sectores sociales.

El nuevo frente fluvial de la ciudad tuvo consecuencias sin precedentes en Encarnación, a partir de la apertura de nuevas áreas urbanas y una marcada zonificación residencial socialmente diferenciada, lo que, además de evidenciar la metamorfosis del espacio físico de la ciudad, puso de relieve un desarrollo socioespacial diferenciado, desigual y polarizado que es expresión de crecientes procesos de segregación urbana y dualización del espacio residencial.

Bibliografía

Bartolomé, L. (2005), “Reasentamientos forzados y el sistema de supervivencia de los pobres urbanos”, AVA Revista de Antropología, Nº 8.

Brites, W. (2019), Ciudades, teorías e investigación urbana: una aproximación a los procesos urbanos de Posadas y Encarnación, Buenos Aires, CICCUS.

____(2018), “¿Ciudades gemelas? Posadas, Argentina y Encarnación, Paraguay en perspectiva socio-urbana”, Estudios fronterizos, vol. 19, e020.

____(2017), “La ciudad en la encrucijada neoliberal. Urbanismo mercado-céntrico y desigualdad socio-espacial en América Latina”, Urbe Revista Brasileira de Gestão Urbana, vol. 9, Nº 3.

____(2016), “La ciudad de Encarnación, Paraguay: intervención urbana a gran escala y nuevos procesos socio-espaciales”, Revista Latinoamericana de Comunicación, Nº 130, marzo.

____(2014), “La mega-hidroeléctrica Yacyretá en el vórtice de las reconfiguraciones urbanas: el caso de las ciudades de Posadas, Argentina y Encarnación, Paraguay”, Revista de Estudios Urbanos y Ciencias Sociales, vol. 4, Nº 2.

Bruttomesso, R. (2004), “Complejidad en la relación puerto-ciudad”, Revista It, Nº 67.

Caldeira, T. (2000), City of Walls: Crime, Segregation and Citizenship in São Paulo, Berkeley, University of California Press.

____(1996), “Building up walls: the new pattern of spatial segregation in São Paulo”, International Social Science Journal, vol. 48, Nº 147.

Cañete, R., W. Brites y J. Velázquez (2020), “Obras complementarias, su rol en las transformaciones de las ciudades: hacia un balance de este papel entre ciudadanos y formadores de opinión pública de Posadas, Argentina y Encarnación, Paraguay”, Razón y Palabra, vol. 23, Nº 106.

Carísimo, A. (2020), “Cartografía de los espacios en transformación: antropodinamia y acciones colectivas en Encarnación, Paraguay”, tesis para optar al grado de doctor en Antropología Social, Posadas, Universidad Nacional de Misiones.

Castells, M. (1999), La cuestión urbana, Madrid, Siglo XXI.

Catullo, M. (2006), Ciudades relocalizadas: una mirada desde la antropología social, Buenos Aires, Editorial Biblos.

Catullo, M. y W. Brites (2017), Ciudades, desarrollo y consecuencias sociales de grandes proyectos. Experiencias regionales en análisis, Asunción, Centro de Investigación y Documentación, Universidad Autónoma de Encarnación (CIDUNAE)/Ed. Divesper.

Cernea, M. (1989), “Relocalizaciones involuntarias en proyectos de desarrollo: lineamientos de políticas a ser aplicadas en proyectos financiados por el Banco Mundial”, Documento Técnico, Nº 805, Banco Mundial.

Delgadillo, V. (2014), “Urbanismo a la carta: teorías, políticas, programas y otras recetas urbanas para ciudades latinoamericanas”, Cadernos Metrópole, vol. 16, Nº 31.

DGEEC (Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos) (2015), “Proyección de la Población Nacional, Áreas Urbana y Rural por Sexo y Edad, 2000-2025 (Revisión 2015)”, Asunción [en línea] https://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/proyeccion%20nacional/Estimacion%20y%20proyec- cion%20Nacional.pdf.

EBY (Entidad Binacional Yacyretá) (2011), “Plan de Terminación de Yacyretá. Resumen Ejecutivo del PTY”, inédito.

Galimberti, C. (2014), “Reflexiones en torno a las transformaciones de waterfronts contemporáneas”, Arquitectura y Urbanismo, vol. 35, Nº 2.

Gellert, P. y B. Lynch (2003), “Mega-projects as displacements”, International Social Science Journal, vol. 55, Nº 175, Oxford Blackwell Publishing Ltd.

Giménez, G. (2020), “Análisis y evaluación de los efectos socioeconómicos de la relocalización de las familias en el conjunto habitacional San Isidro de Encarnación, años 2007-2010”, La Saeta Universitaria Académica y de Investigación, Nº 9.

Iracheta, A. y C. Pedroti y P. Rodríguez (2017), “Suelo urbano y frentes de agua: debates y propuestas en Iberoamérica”, Zonacantepec, El Colegio Mexiquense.

Marcuse, P. (2004), “Enclaves, sim; guetos, não: a segregação e o estado”, Espaço & Debates, vol. 45.

Plan Encarnación Más (2016), “Resumen del Proceso Participativo. Conocer la Ciudad Municipalidad de Encarnación” [en línea], https://encarnacionmas.com/documentodirector/.

Ribeiro Lins, G. (1987), “¿Cuánto más grande mejor? proyectos de gran escala: una forma de producción vinculada a la expansión de sistemas económicos”, En Desarrollo Económico, vol. 105.

Rodríguez, J. (2008), “Movilidad cotidiana, desigualdad social y segregación residencial en cuatro metrópolis de América Latina”, EURE, vol. 34, Nº 103.

____(2001), “Segregación residencial socioeconómica: ¿qué es?, ¿cómo se mide?, ¿qué está pasando?, ¿importa?”, serie Población y Desarrollo, Nº 16 (LC/L.1576-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Roitman, S. (2004), “Urbanizaciones cerradas: estado de la cuestión hoy y propuesta teórica”, Revista de Geografía Norte Grande, Nº 032, Santiago, Pontifica Universidad Católica de Chile.

Sautu, R. (2003), Todo es teoría: objetivos y métodos de investigación, Buenos Aires, Editorial Lumiére.

Serje, M. (2011), “Los dilemas del reasentamiento: introducción a los debates sobre procesos y proyectos de reasentamientos”, Los dilemas del reasentamiento, M. Serje y S. Anzellini (comps), Bogotá, Ediciones de la Universidad de los Andes.

Talesnik, D. y A. Gutiérrez (2002), “Transformaciones de frentes de agua: la forma urbana como producto estándar”, Revista EURE, vol. 28, Nº 84.

Taylor, S. y R. Bogdan (1990), Introducción a los métodos cualitativos de investigación, Buenos Aires, Paidós.

Ugalde, M. (2012), “Renovación urbana sostenible”, Memorias de ponencias Think Green 2012: Economía verde y desarrollo sostenible en México, Ciudad de México, Instituto Global para la Sostenibilidad.

Zuiderwyk, E. (2008), “Encarnación La ciudad de los Siete Puentes”, Yacyretá: pasado, presente y futuro, Servi Libro.

[1] Doctor en Antropología, Universidad Nacional de Misiones. Investigador del Instituto de Estudios Sociales y Humanos (IESYH), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina. Correo electrónico: briteswalter@yahoo.com.ar.

[2] Doctora en Educación, Universidad Autónoma de Encarnación, Paraguay. Correo electrónico: rectorado@unae.edu.py.

[3] Doctorando en Educación y Desarrollo Humano. Centro de Investigación y Documentación de la Universidad Autónoma de Encarnación, Paraguay. Correo electrónico: matias.denis@unae.edu.py.

[4] Doctorando en Diseño, Gestión y Evaluación de Políticas Públicas de Bienestar Social, Universidad Autónoma de Encarnación, Paraguay. Correo electrónico: helmutru@hotmail.com.

[5] Merece señalar que, desde sus comienzos, gran parte de esa población carenciada había crecido articulada con los sectores lindantes de estratos socioeconómicos altos. De allí deviene otra característica que hacía a la particularidad de esa población local: la trama de relaciones.

[6] Junto con la Costanera, el río Paraná no solo se utiliza para hacer actividades náuticas, como los paseos en lanchas o el esquí acuático tradicional y sobre tabla, sino que ofrece paisajes, atardeceres y espacios de ocio al aire libre.

Orientaciones para los autores de la revista Notas de Población

Orientaciones para los autores de la revista Notas de Población

La revista Notas de Población es coordinada por su Comité Editorial, al que corresponde la responsabilidad de elaborar cada número en todas sus etapas, consignando todas las decisiones que permitan presentar contribuciones de calidad científica. Dicho Comité está conformado principalmente por profesionales del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL y cuenta con el apoyo del Consejo Editorial de la revista en los procesos de evaluación de artículos.

Consideraciones generales

En Notas de Población se publican artículos originales e inéditos sobre estudios de población, con un enfoque multidisciplinario que abarca, además del ámbito específico de la demografía, las relaciones entre la dinámica demográfica, los fenómenos económicos y sociales, el desarrollo, los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental. Los artículos se deberán orientar de preferencia a países de América Latina y el Caribe, si bien en ocasiones podrán incluirse contribuciones relativas a otras regiones del mundo. La revista se publica tanto en versión impresa como en formato electrónico en el portal de la CEPAL.

Los manuscritos deben estar escritos en español, aunque también podrán admitirse materiales en otros idiomas, que, de ser aceptados, serán traducidos al español por la CEPAL para su publicación. Excepcionalmente, según el interés de la revista y previo consentimiento del autor, se publicarán traducciones de artículos ya publicados en otras lenguas. La revista sigue un estilo libre y abierto; sin embargo, se podrán preparar números especiales a juicio del Comité Editorial.

Los autores de los trabajos pueden ser individuales o colectivos y son los responsables de su obra. Los derechos de autor de los artículos publicados por la revista pertenecen a las Naciones Unidas.

Los artículos deberán enviarse por correo electrónico a: celade-notasdepoblacion@cepal.org. Junto con el texto original, cada artículo debe incluir lo siguiente:

•Título.

•Datos del autor o los autores: deben figurar el nombre completo, títulos académicos, afiliación institucional, dirección electrónica y algún dato relevante del texto, como por ejemplo, el nombre del proyecto de investigación del que se deriva el artículo, si procede.

•Un mínimo de cinco palabras clave y un máximo de ocho.

•Un resumen de 160 palabras, como máximo, en el que se sinteticen sus propósitos y conclusiones principales.

•Bibliografía, de acuerdo con las normas editoriales de la revista.

•Un archivo de Excel que contenga todos los gráficos editables en el orden en que aparecen en el texto.

•Una declaración concisa y clara de que el artículo es original, no ha sido publicado anteriormente y no se encuentra en proceso de revisión en ninguna otra publicación, sea en formato impreso o electrónico.

Procedimiento de selección

Todos los artículos recibidos serán sometidos a una revisión inicial por parte del Comité Editorial, que verificará el cumplimiento de las normas editoriales básicas de la revista, la pertinencia temática y la adecuada estructuración del trabajo como artículo científico.

Los artículos que superen esta primera etapa serán sometidos al arbitraje de dos evaluadores externos mediante el sistema de doble ciego, que conserva el anonimato tanto de los autores como de los árbitros o dictaminadores. Los evaluadores que participan en el proceso de arbitraje de los artículos provienen en su mayoría del Consejo Editorial. En caso necesario, es posible que se invite a especialistas que no forman parte de este.

Los árbitros evaluarán la pertinencia, relevancia y novedad del tema de acuerdo con la orientación de la revista, junto con la originalidad y el aporte conceptual o metodológico del artículo con respecto a los estudios de población. Asimismo, analizarán si el trabajo se ha estructurado y ordenado adecuadamente, es decir, si se presentan con claridad los datos, la metodología, los objetivos y las hipótesis; si los cuadros, recuadros, gráficos, mapas y diagramas son ilustrativos y claros; si las referencias se encuentran actualizadas y correctamente citadas, y si existe coherencia entre los objetivos y los resultados del estudio.

Los evaluadores emitirán un dictamen que se concretará en una de las tres opciones siguientes: publicación con cambios menores, publicación con cambios mayores o rechazo del artículo. En caso de que el dictamen sea de publicación con cambios, los árbitros detallarán las modificaciones que consideren pertinentes para mejorar el artículo y estas serán comunicadas al autor, quien, previa aceptación, deberá enviar la versión definitiva dentro del plazo que el Comité Editorial establezca.

Si se produjeran divergencias en los dictámenes de los árbitros, el Comité Editorial de la revista procederá a una revisión adicional. Las decisiones sobre los artículos rechazados por los dictaminadores son inapelables y solo se comunicarán de manera general a los autores. No obstante, en caso de requerirse, se enviarán los comentarios a los autores.

De acuerdo con el procedimiento editorial establecido en la CEPAL, los artículos se someterán a evaluación a medida que se vayan recibiendo. Los trabajos entregados una vez finalizado el período de recepción de artículos pueden no ser incluidos en el número de la revista en curso. Podrán postularse nuevamente al número siguiente, siempre y cuando hayan sido aceptados por los dictaminadores. En este caso, los autores deberán seguir las instrucciones que les indique el Comité Editorial.

El Comité Editorial se reserva el derecho de efectuar modificaciones de estilo y forma al contenido del texto, al título, a los cuadros y recuadros y a los elementos gráficos, con el fin de satisfacer las exigencias editoriales de la revista.

Política editorial

Los autores se comprometerán a no presentar el material a ninguna otra revista durante los tres meses transcurridos desde la recepción del artículo, plazo dentro del cual recibirán respuesta confirmando o no la publicación del artículo.

En caso de aceptación con cambios del artículo, los autores se comprometen a cumplir los plazos de revisión e introducción de las modificaciones sugeridas a fin de no retrasar el calendario de edición y publicación de la revista.

Normas editoriales

Extensión: el texto de los artículos no debe exceder las 10.000 palabras (incluidos cuadros, recuadros, gráficos, mapas, diagramas, notas y bibliografía).

Formato: el texto debe enviarse en un archivo electrónico de Word. Dado que la impresión del documento se realiza en blanco y negro, debe evitarse toda mención a los colores empleados en cuadros, gráficos, mapas y diagramas, sin perjuicio de que en el formato dispuesto en la página web el archivo pueda contener dichos colores.

Cuadros: deben insertarse en el archivo Word, como contenido editable, en el lugar que corresponda dentro del texto.

Gráficos: deben insertarse en el archivo de Word, en forma de imagen, en el lugar que corresponda dentro del texto. Es indispensable adjuntar además un archivo de Excel que contenga todos los gráficos editables en el orden en que aparecen en el texto. En el archivo de Excel cada gráfico debe ocupar una hoja, en cuya pestaña se debe indicar el número del gráfico.

Diagramas: deben insertarse en el archivo de Word, como contenido editable, en el lugar que corresponda dentro del texto.

Mapas: deben insertarse en el archivo de Word, en forma de imagen, en el lugar que corresponda dentro del texto y, además, adjuntarse en un archivo editable con las extensiones eps, pdf o ai (Illustrator).

Referencias a cuadros, recuadros y elementos gráficos: en el texto debe haber al menos una referencia a cada cuadro, recuadro, gráfico, mapa o diagrama. Asimismo, todos estos elementos deben incluir el título, la fuente y la unidad de medida de los datos presentados, si procede.

Fórmulas matemáticas: se sugiere numerar las fórmulas matemáticas con cifras arábigas entre paréntesis y alineadas a la derecha.

Notas explicativas: todas las notas deben insertarse a pie de página y estar numeradas correlativamente.

Referencias bibliográficas: cada referencia bibliográfica mencionada en el texto debe incluir, entre paréntesis, el apellido del autor y el año de publicación.

Bibliografía: debe figurar al final del texto. Los registros bibliográficos se presentarán en orden alfabético por el apellido del autor, seguido del nombre de pila, el año de publicación entre paréntesis, el título completo, la ciudad de publicación y la editorial.

Ejemplos:

Libro con dos autores:

Auerbach, A. y L. Kotlikoff (1987), Dynamic Fiscal Policy, Cambridge, Cambridge University Press.

Artículo con tres autores:

Auerbach, A., J. Gokhale y L. Kotlikoff (1994), “Generational accounting: a meaningful way to evaluate fiscal policy”, Journal of Economic Perspectives, vol. 8, Nº 1.

Publicación electrónica con más de tres autores:

Mason, A. y otros (2009), “National Transfer Accounts Manual. Draft Version 1.0” [en línea] http://www.ntaccounts.org/doc/repository/NTA%20Manual%20V1%20Draft.pdf.

Autor institucional:

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2009), Panorama Social de América Latina, 2008 (LC/G.2402-P/E), Santiago. Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: S.08.II.G.89.

Mismo autor, mismo año:

Lee, R. (1994a), “The formal demography of population aging, transfers, and the economic life cycle”, Demography of Aging, Linda G. Martin y Samuel H. Preston (eds.), Washington, D.C., National Academy Press.

____(1994b), “Population age structure, intergenerational transfers, and wealth: a new approach, with applications to the U.S.”, Journal of Human Resources, vol. 29, Nº 4, número especial.

Guidelines for authors of Notas de Población

The journal Notas de Población is coordinated by its Editorial Committee, which is responsible for preparing each issue from start to finish, and ensuring that all contributions are up to scientific standard. This Committee comprises professionals from the Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE)-Population Division of ECLAC and receives support from the journal’s Editorial Board in reviewing articles.

Overview

The journal Notas de Población publishes original, unpublished articles on population studies, and has a multidisciplinary approach that covers not only the field of demography but also the links between demographic trends, economic and social phenomena, development, human rights and environmental sustainability. Articles should relate preferably to Latin America and the Caribbean, although contributions relating to other regions may on occasion be included. The journal is available in both print format and on the ECLAC website.

Manuscripts must be drafted in Spanish, although in certain cases material may be submitted in other languages. Articles accepted in other languages for publication are translated into Spanish by ECLAC. Exceptionally, translations into other languages of existing articles may be published with the author’s permission. The style of the journal is free and open, but special editions may be published subject to the Editorial Committee’s approval.

Authors may be individuals or groups and are responsible for their work. The copyright of the articles published in the journal is held by the United Nations.

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•Title.

•Details of the author(s), including full name, academic qualifications, institutional affiliation, e-mail address and any relevant information about the text, such as the name of the research project with which the article is associated, if applicable.

•Between five and eight key words.

•An abstract of up to 160 words summarizing the main aims and conclusions.

•A bibliography, prepared in accordance with the editorial rules applicable to the journal.

•An Excel file containing editable versions of all the figures in the order in which they appear in the text.

•A concise and clear declaration stating that the article is original, has not been published before and is not currently being reviewed by any other print or electronic publication.

Selection process

All articles received are reviewed initially by the Editorial Committee, which looks at whether they comply with the journal’s basic editorial rules, the relevance of the subject matter, and whether the structure of the text is appropriate for a scientific article.

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The referees will first of all consider the pertinence, relevance and novelty of the subject matter, with reference to the journal’s editorial stance, as well as the article’s potential contribution to population studies in terms of its originality, concept and methodology. They will then assess whether the work has been properly structured and organized, that is, whether the data, methodology, objectives and hypotheses have been clearly set out; whether the tables, boxes, figures, maps and diagrams are illustrative and clear; whether the references are up to date and correctly cited; and whether the objectives are consistent with the results of the study.

The referees will make one of the following recommendations: publication with minor changes; publication with major changes; or rejection of the article. In the event that the referees decide the article should be published with changes, they will list the alterations they deem necessary to improve the article and notify the author accordingly. Should the author accept, the final version must be submitted by the deadline stipulated by the Editorial Committee.

If there are differences of opinion among the referees, the Editorial Committee will conduct a second review. Decisions on rejected articles are final and authors will be notified. Comments will not be sent to authors unless requested.

In line with the editorial procedure established by ECLAC, articles will be subject to review as and when they are received. Articles submitted after the deadline may not be included in the current issue. Authors may submit another application for their articles to be included in the following issue, provided that it is accepted by assessors. In this case, authors should follow the Editorial Committee’s instructions.

The Editorial Committee reserves the right to make non-substantive changes to the text, title, tables, boxes and figures in order to satisfy the journal’s editorial requirements.

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Figures: These must be in an image format and inserted in the Word file in the appropriate place. An Excel file must also be submitted containing editable versions of all the figures in the order in which they appear in the text. Each figure must appear on a separate sheet of the Excel file, and the number of the figure should be indicated on the tab.

Diagrams: These must be in an editable format and inserted in the Word file in the appropriate place.

Maps: These must be in an image format and inserted in the Word file in the appropriate place. An editable file must also be submitted containing the maps in .eps, .pdf or .ai (Illustrator) format.

References to tables, boxes and figures: There must be at least one reference to each table, box, figure, map and diagram within the body of the text. Each one must also have a title, source and unit of measurement, where appropriate.

Mathematical formulae: Mathematical formulae should be numbered using Arabic numerals in brackets and right aligned.

Explanatory notes: All notes must be inserted as footnotes and numbered sequentially.

Bibliographical references: Bibliographical references in the body of the text must contain the last name of the author and the year of publication in brackets.

Bibliography: This should appear at the end of the article. Bibliographical entries must be presented in alphabetical order by the author’s last name, followed by their first initial, year of publication in brackets, full title, city of publication and the publisher’s name.

Examples:

A book with two authors:

Auerbach, A. y L. Kotlikoff (1987), Dynamic Fiscal Policy, Cambridge, Cambridge University Press.

An article with three authors:

Auerbach, A., J. Gokhale y L. Kotlikoff (1994), “Generational accounting: a meaningful way to evaluate fiscal policy”, Journal of Economic Perspectives, vol. 8, Nº 1.

An e-publication with more than three authors:

Mason, A. y otros (2009), “National Transfer Accounts Manual. Draft Version 1.0” [en línea] http://www.ntaccounts.org/doc/repository/NTA%20Manual%20V1%20Draft.pdf.

An institutional author:

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2009), Panorama Social de América Latina, 2008 (LC/G.2402-P/E), Santiago. Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: S.08.II.G.89.

Same author, same year:

Lee, R. (1994a), “The formal demography of population aging, transfers, and the economic life cycle”, Demography of Aging, Linda G. Martin y Samuel H. Preston (eds.), Washington, D.C., National Academy Press.

____(1994b), “Population age structure, intergenerational transfers, and wealth: a new approach, with applications to the U.S.”, Journal of Human Resources, vol. 29, Nº 4, número especial.

Table of Contents

Portadilla

Créditos

Consejo Editorial

Página legal

Índice

Presentación

Artículo 01

Migración y vulnerabilidad: efectos del COVID-19 en la inserción laboral de los inmigrantes internacionales en el Brasil en 20201

Artículo 02

Características sociodemográficas y de salud de los mexicanos y los migrantes con enfermedad por coronavirus (COVID-19) en México

Artículo 03

Prácticas y paradojas frente al COVID-19 en sectores populares de la Ciudad de México

Artículo 04

Migración internacional forzada: las violencias que la producen, según la percepción de las víctimas1

Artículo 05

El incremento de los permisos como trabajadores temporales a mexicanos en los Estados Unidos: viejas formas de contratación en el sector agrícola estadounidense

Artículo 06

Los problemas de la cuantificación de la población indígena y mapuche a través de los censos de la serie 1992-2017

Artículo 07

Femicidios en la Argentina en el período 2002-2018: ¿fenómeno en alza o visibilización de un antiguo problema?

Artículo 08

Barriadas desplazadas y programas de renovación urbana: un análisis del nuevo frente costero de Encarnación, Paraguay

Orientaciones para los autores de la revista Notas de Población