Portadilla

Créditos

Alicia Bárcena

Secretaria Ejecutiva

Antonio Prado

Secretario Ejecutivo Adjunto

Sonia Montaño

Directora División de Asuntos de Género

Ricardo Pérez

Director División de Documentos y Publicaciones

El presente documento se elaboró bajo la dirección de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), para su presentación en la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (Santo Domingo, 15 a 18 de octubre de 2013).

La ejecución de este documento se llevó a cabo bajo la responsabilidad de Sonia Montaño Virreira, Directora de la División de Asuntos de Género, y de Mario Cimoli, Director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL, y la coordinación estuvo a cargo de Lucía Scuro, Oficial de Asuntos Sociales de la División de Asuntos de Género. Se agradece especialmente el aporte sustantivo de Néstor Bercovich, Coral Calderón, María Goñi, Lucas Navarro, Lucía Pittaluga, María Ángeles Salle, Lucía Tumini y Sonia Yáñez. En su elaboración y discusión colaboraron Jimena Arias, María Cristina Benavente, Mario Castillo, Julia Ferré, Ana Ferigra, Virginia Guzmán, Paula Jara, Patricio Olivera, Paulina Pavez, Laura Poveda, Inés Reca, Varinia Tromben, Alejandra Valdés y Pamela Villalobos, de la CEPAL, Martin Shaaper, Especialista en estadísticas de ciencia y tecnología del Instituto de Estadística de la UNESCO, y Marcia Leite y Pilar Guimarães de la Universidad Estadual de Campinas del Brasil.

El documento recoge las valiosas contribuciones de las ministras y autoridades de los mecanismos para el adelanto de la mujer de América Latina y el Caribe, que definieron su contenido en la 47º reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (Santiago, 28 a 30 de noviembre de 2011), enviaron insumos para su preparación y enriquecieron la versión final con aportes y debates en tres ocasiones: la reunión preparatoria de la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe con países de Centroamérica y México (San José, 8 y 9 de mayo de 2013), la reunión preparatoria de la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe con países de América del Sur (Montevideo, 21 y 22 de mayo de 2013), y la reunión preparatoria del Caribe de la XII Conferencia Regional sobre la Mujer (San Vicente y las Granadinas, 8 y 9 de agosto de 2013). Se agradece además la contribución de funcionarios y funcionarias de los organismos especializados en la sociedad de la información y las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Parte de la información estadística presentada en este documento proviene del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL.

Se agradece asimismo la contribución de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y del proyecto Alianza para la Sociedad de la Información (@LIS2), de la CEPAL y la Unión Europea.

LC/L.3666(CRM.12/3) • Octubre de 2013 • 2013-579

© Naciones Unidas

Índice

Portadilla

Créditos

Índice

Prólogo

Introducción

Capítulo I

Las mujeres en la sociedad de la información y del conocimiento: oportunidades y desafíos

Capítulo II

¿Dónde están las mujeres? Trabajo, empleo, acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones

Capítulo III

Las mujeres en la economía digital

Capítulo IV

Las mujeres en el mundo de la ciencia y el conocimiento

Capítulo V

Tecnologías de la información y las comunicaciones: una herramienta para la igualdad de género

Capítulo VI

Agendas digitales y perspectiva de género

Conclusiones

Bibliografía

Anexos

Anexo 1

La agenda a futuro: integralidad del desarrollo y transversalidad de género en las políticas para la economía digital

Anexo 2

Autonomía de las mujeres: las cifras hablan

Prólogo

De cara a la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, la CEPAL ha querido contribuir al debate regional presentando el documento Mujeres en la economía digital: superar el umbral de la desigualdad, esfuerzo de sistematización que da cuenta de diversos aspectos que condicionan en la actualidad la inserción de las mujeres de la región en el mercado laboral, así como el acceso y el uso que ellas hacen de diferentes elementos que componen la economía digital. Sus páginas registran experiencias, iniciativas y políticas que apuntan a mejorar la calidad de vida de las mujeres a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).

Nos encontramos hoy en un momento crucial, en que los gobiernos, las empresas y la ciudadanía de la región deben reflexionar y actuar con miras a propiciar nuevos enfoques sobre el desarrollo. Es indispensable forjar una nueva ecuación entre el Estado, el mercado y la sociedad que aliente un modelo de desarrollo con igualdad, sustentado en el empleo, el crecimiento de la productividad, el bienestar social y la sostenibilidad medioambiental. Ese recorrido tiene por estaciones ineludibles elementos centrales como la educación, la ciencia y la tecnología, la innovación y el emprendimiento, los sistemas de cuidado de las personas, el papel de los territorios y la diversidad cultural.

Entre ellos, las TIC constituyen un soporte imprescindible y transversal del conjunto de la actividad económica, política, cultural y social, además de conformar un sector productivo en sí mismo. En esa medida, estas tecnologías pueden ser aliadas para alcanzar la igualdad y ayudar a reducir las inequidades de género, que implican tanto una brecha social como la propia brecha digital de género. Por lo tanto, el acceso de las mujeres al uso de las TIC resulta indispensable —si bien no suficiente— para acceder a oportunidades en un contexto de desarrollo tecnológico sumamente dinámico.

Con esta reflexión en mente, en el primer capítulo del documento se plantea el debate sobre el cambio estructural y el lugar de las mujeres en la sociedad de la información y la capacidad de ampliación de su autonomía en el marco de la instalación del nuevo paradigma tecnológico. En el segundo capítulo se realiza un mapeo de la situación de las mujeres en el mercado laboral y a partir de datos de las encuestas disponibles se revisan indicadores de acceso y uso de Internet para medir las brechas que se establecen entre hombres y mujeres en distintos ámbitos sociales y geográficos.

El acceso de las mujeres a las TIC se ve limitado por factores que van más allá de las cuestiones de infraestructura tecnológica y del lenguaje. En América Latina y el Caribe el hecho de que las mujeres utilizan menos las TIC que los hombres es sin duda resultado directo de la desigualdad y los estereotipos en ámbitos como la educación y la formación profesional, el empleo y el acceso a los ingresos.

En el tercer capítulo se abordan los resultados de tres estudios exploratorios en diferentes ámbitos de la economía digital: la industria electro-electrónica, los servicios de centros de llamadas y los emprendimientos de mujeres que utilizan las TIC. En el cuarto capítulo se debate la inserción de las mujeres en el mundo de la ciencia y el conocimiento a través de las trayectorias laborales de mujeres de la región dedicadas a la investigación científica.

La economía, el bienestar y las tecnologías son dimensiones claves e interconectadas que deben tenerse en cuenta para el diseño de políticas públicas de igualdad de género que respondan de una manera ambiciosa e innovadora a los desafíos que presenta la sociedad actual. Así, el argumento central para reflexionar sobre las TIC y la igualdad de género debe vincularse a la incorporación de las mujeres en los procesos de cambio y desarrollo sostenible de los países, entendiendo que este objetivo solo puede lograrse con una participación igualitaria de hombres y mujeres.

Asumir esta perspectiva convierte la brecha digital de género en una oportunidad concreta para enfrentar las desigualdades de género en los países de la región, dado que las tecnologías digitales son herramientas que podrían mejorar las condiciones de vida y el acceso al empleo, a los ingresos y a los servicios de educación y salud. Es por ello que en el quinto capítulo se presentan una serie de experiencias de políticas públicas y de iniciativas de organizaciones nacionales e internacionales que dan cuenta de los avances y esfuerzos hacia el aprovechamiento de las TIC para el bienestar de las mujeres.

Por último, en el sexto capítulo se releva la perspectiva de género en las actuales estrategias digitales que llevan adelante los países de la región, de donde surge la necesidad de que los gobiernos desplieguen un mayor esfuerzo para que las mujeres aprovechen mejor los recursos de las TIC.

Las TIC pueden dar un gran impulso al empoderamiento económico, político y social de las mujeres y pueden contribuir a consolidar la igualdad de género en la región. Sin embargo, ese potencial solo se alcanzará si las mujeres superan las barreras al acceso y uso de las TIC y se incorporan plenamente a la sociedad de la información y el conocimiento.

Esta reflexión vincula dos áreas temáticas y de política pública que no han tenido una fuerte relación, lo que presenta importantes desafíos e implica una agenda futura de investigación y de acción pública con grandes potencialidades, tanto desde la perspectiva de la autonomía de las mujeres como de la contribución al desarrollo de los países.

En este documento la CEPAL propone que los gobiernos de los países planifiquen, implementen y supervisen las políticas de desarrollo y de desarrollo productivo en particular considerando que la mitad de la población son mujeres. Las políticas no pueden ser neutrales. Deben considerar las desigualdades de género que se observan en el Estado, el mercado y la familia y apuntar a superarlas. La perspectiva de género debe cruzar transversalmente las estrategias digitales para resolver las brechas digitales (de acceso, pero sobre todo de uso) y los problemas específicos, desventajas o discriminación que enfrentan las mujeres, niñas y adolescentes.

Alicia Bárcena

Secretaria Ejecutiva

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Introducción

La XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que reúne a representantes de los gobiernos de la región, aborda la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). En abril de 2013, los gobiernos reunidos en la cuarta Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe reafirmaron su compromiso de seguir avanzando hacia el cumplimiento de las metas expresadas en el Plan de Acción sobre la Sociedad de la Información y del Conocimiento de América Latina y el Caribe (eLAC2015) y reconocieron la necesidad de formular políticas con un enfoque de desarrollo y de incorporar las perspectivas de género y de oportunidades con una visión de inclusión que fomente la igualdad y, en particular, la reducción de la brecha digital.

Esta XII Conferencia Regional sobre la Mujer tiene lugar a casi 20 años de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que en 1995 marcara uno de los hitos más importantes en la lucha de las mujeres por la igualdad. Junto con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer —una convención de carácter vinculante aprobada en 1979—, la Conferencia Mundial sobre la Mujer constituye el marco de referencia de las conferencias regionales, cuyos consensos también marcan la agenda regional de la igualdad de género.

En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, la mayoría de los gobiernos reconocieron la necesidad de incorporar a las mujeres en áreas estratégicas del conocimiento no tradicionales, como la tecnología y la innovación.

Por su parte, la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe abordó por primera vez el tema de las TIC en 2004. En el Consenso de México, D.F. (2004) se plantea “promover el acceso de todas las mujeres a las tecnologías de la información y la comunicación con miras tanto a erradicar la pobreza como a promover el desarrollo”1.

En 2010, en el Consenso de Brasilia se vuelve a abordar el tema de la importancia de las nuevas tecnologías y en la esfera 5 se propone:

•Promover acciones que faciliten el acceso de las mujeres de todas las edades a las comunicaciones y a las nuevas tecnologías de la información, como la educación y la capacitación sobre el uso de tales tecnologías para la creación de redes, la promoción y el intercambio de información, las actividades educativas, y el empleo especializado en las actividades económicas;

• Promover el acceso de las mujeres a la ciencia, la tecnología y la innovación, estimulando el interés de las niñas y las jóvenes en estos campos científicos y tecnológicos.

Estos compromisos internacionales ocurren al mismo tiempo que se producen grandes cambios que modifican el mapa político e institucional sobre el que se construye la igualdad de género: gestación de una nueva multipolaridad, nuevos países y liderazgos que tienen cada vez más peso en el contexto internacional y surgimiento de nuevos movimientos sociales con una amplia participación de mujeres jóvenes. Los medios de participación política y ciudadana atraviesan un proceso de transformación y se apoyan cada vez más en las redes sociales digitales y todo el menú de herramientas TIC.

La igualdad, esquiva durante mucho tiempo, hoy forma parte de las agendas gubernamentales y eso puede considerarse, en cierta medida, una victoria de las mujeres. A contrapelo de las tendencias dominantes, los movimientos de mujeres y los mecanismos para el adelanto de la mujer vienen abogando desde hace más de dos décadas por una acción activa del Estado para eliminar la discriminación, muchas veces en un contexto en el que dominaba la idea de achicarlo o limitar sus atribuciones.

Las acciones de los Estados para enfrentar la crisis financiera de 2008 y salvar el sistema financiero internacional han hecho más evidente —aunque sea por una vía dramática— que el Estado puede y debe intervenir en el mercado para evitar daños mayores. Sin quererlo, esta intervención heterodoxa ha abonado el terreno para que la antigua demanda de las mujeres por un Estado garante de derechos se extienda a otros ámbitos de la política.

América Latina y el Caribe ha sido capaz de reducir la pobreza y enfrentar la crisis económica y financiera en mejores condiciones que otras regiones, manteniendo las instituciones democráticas. El Estado —como institución llamada a promover y garantizar la igualdad— se ha revalorizado, aunque su capacidad para garantizar la igualdad de género permanece debilitada y se vuelve cada vez más evidente la necesidad de un nuevo pacto entre Estado, mercado y sociedad, propicio para que la agenda de la igualdad entre hombres y mujeres pase de los márgenes al centro.

En las últimas décadas se ha reconocido cada vez más la importancia y necesidad de la igualdad de género, en gran medida gracias al liderazgo de mujeres que han democratizado el panorama regional, incluso llegando a la presidencia de varios países. La tendencia más esperanzadora, posible gracias a diversos logros educativos y políticos, es la mayor presencia de mujeres en el mercado laboral, lo que redujo la proporción de mujeres sin ingresos propios.

Muchos países de América Latina y el Caribe experimentaron un rápido crecimiento económico en los últimos diez años, lo que permitió lograr una mejora significativa en las condiciones de vida de la población. Gracias a condiciones externas favorables y a políticas inclusivas, no solo se lograron importantes avances en materia de reducción del desempleo y la pobreza, sino que, por primera vez en varias décadas, un subconjunto considerable de países de la región logró resultados positivos en materia distributiva (CEPAL, 2012b).

Dichos avances encuentran hoy algunas incertidumbres, no solo por la persistente crisis internacional, sino también por el tipo de especialización productiva y exportadora que se ha ido consolidando en la región, muy intensiva en recursos naturales y con poco contenido de conocimiento. Es imperioso que América Latina y el Caribe pueda superar esas importantes restricciones para que la actual fase de crecimiento se vuelva sostenible, pero también porque la heterogeneidad y escasa sofisticación tecnológica de su estructura productiva es un obstáculo para superar los problemas de desigualdad que enfrentan los países de la región.

Aunque son varios los logros en materia de igualdad, aún existen grandes desafíos. La sobrerrepresentación de las mujeres entre las personas en situación de pobreza las ha convertido en objeto y sujeto de políticas sociales que, sin una mayor problematización, asocian la entrega de beneficios monetarios directos a las mujeres a una medida virtuosa, dejando entrever el sesgo de género sobre el que se apoyan las políticas sociales (CEPAL, 2012b). En un contexto de estructuras productivas débiles y economías extractivistas, el empleo disponible privilegia injustamente a los hombres, desaprovecha el logro educativo de las mujeres y no consigue eliminar la carga doméstica heredada de tiempos en que las mujeres solamente se ocupaban del cuidado de los miembros de la familia.

Los cambios demográficos y en la educación, así como el propio proceso de emancipación de las mujeres, muestran la necesidad de promover una mayor eficiencia y equidad en los mercados para aprovechar sus capacidades y hacen más evidente la injusticia estructural que subyace a la actual estructura económica y social.

La necesidad del cambio estructural como eje del desarrollo ha sido y sigue siendo el desafío fundamental que enfrenta América Latina y el Caribe, por lo que la región debe construir políticas e instituciones capaces de impulsar ese proceso.

Transitar el sendero hacia un escenario de crecimiento sostenible con mayor igualdad supone entonces ir construyendo mecanismos que permitan densificar la matriz productiva y tornarla más diversificada en términos de actividades de alta productividad que incorporen conocimiento.

La fuerza motriz de esa transformación es la generación de conocimiento y la incorporación de innovaciones y nuevas tecnologías en el conjunto de la sociedad y el sistema productivo. En el corazón de ese proceso se encuentran las TIC y la difusión del paradigma digital.

La difusión e incorporación de las TIC en el sector productivo, así como el desarrollo de sectores que ofrecen productos y servicios vinculados a estas tecnologías, es un componente esencial de ese esfuerzo. El desarrollo efectivo de la economía digital es clave para la transformación productiva, la competitividad y la inclusión social y digital.

En el presente documento se plantea que la desigualdad ocurre principalmente en el mundo del trabajo (tanto remunerado como no remunerado) y que es imprescindible aprovechar, a través de las políticas públicas, las oportunidades que ofrece el nuevo paradigma tecnológico. Para ello, es necesario impulsar políticas que prevengan la segregación y segmentación laboral, eviten las brechas de ingresos que afectan sobre todo a las mujeres y promuevan una justa división sexual del trabajo. La organización global de la reproducción social debe enfrentarse con políticas activas del mercado laboral en todas sus expresiones, de manera de facilitar la participación y autonomía económica de las mujeres.

Los cambios sociales son tan espectaculares como los procesos de transformación tecnológicos y económicos (Castells, 1997). En ese contexto, las mujeres se han incorporado al trabajo remunerado de manera sostenida en el último decenio (a pesar de que este aumento se ha desacelerado en los últimos años) en persistentes condiciones de discriminación. Según un informe elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), si bien las mujeres están ingresando a puestos técnicos y profesionales relacionados con las TIC, sigue existiendo una fuerte feminización de puestos de trabajo de nivel inferior. En el informe se destaca que en el Reino Unido, las mujeres representan el 30% del personal técnico de operaciones, solamente el 15% de los directivos y apenas el 11% del personal dedicado a la planificación estratégica en TIC (UIT, 2012).

Los datos que aquí se presentan develan una vez más que la igualdad no es un resultado automático del crecimiento y que la distribución del ingreso no llega por igual a mujeres y hombres. La lentitud con que se cierran las brechas en el mercado laboral —incluido el que se caracteriza por un alto desarrollo tecnológico, donde las TIC son parte integral del modelo de producción— muestra que es necesario dar visibilidad a los obstáculos de acceso vinculados al hecho de que las mujeres siguen siendo las principales responsables del trabajo no remunerado y el cuidado en los hogares, y que, mientras esto persista, no se puede esperar un cambio en los patrones de acceso y uso de las TIC.

Existen sobradas evidencias respecto de la centralidad que actualmente tienen las TIC en el desarrollo económico y social de los países (CEPAL, 2013b). Estas tecnologías constituyen la pieza motriz del nuevo modelo económico imperante, basado en la sociedad de la información y del conocimiento. A su vez, contribuyen a la integración y el bienestar de las personas, al punto de que las posibilidades de acceso y utilización de las TIC marcan nuevas categorías sociales (población “infoincluida” y población “infoexcluida”). La tecnología también está impregnada de cuestiones culturales y esto hace que no sea neutral desde el punto de vista de género, con lo que se condicionan factores como el grado de acceso, la intensidad y los tipos de uso o la adquisición de habilidades tecnológicas.

Aunque con importantes variaciones de un país a otro, se verifica un aumento generalizado del uso de la telefonía móvil, las computadoras e Internet. Si bien tras este incremento existe una cierta convergencia en los niveles de acceso de mujeres y hombres (aunque también hay matices entre un país y otro), la brecha digital de género sigue mostrando un persistente uso mayoritario por parte de los hombres. A su vez, surgen nuevas brechas relativas a la intensidad de uso, las habilidades tecnológicas o los objetivos de usos diferenciales, que posicionan a las mujeres en situación de desventaja frente a la tecnología, pese a que los usos que ellas le dan (salud y educación, entre otros) tienen mayor impacto en términos de bienestar social de la población.

No obstante, se ha identificado al sector del empleo como un espacio donde las mujeres logran tener cierta ventaja digital (en los países analizados, el uso de la computadora e Internet entre la población asalariada es mayor entre las mujeres que entre los hombres). Este fenómeno se encuentra muy vinculado a la segregación horizontal y ocupacional del mercado laboral, con una concentración elevada de mujeres en el sector terciario, donde actualmente se registra un uso más intensivo de las TIC.

Cabe tener presente que la brecha digital de género y la segunda brecha digital (que alude a habilidades, usos, intensidad y usos avanzados) también aglutinan otras brechas. La edad, el nivel educativo y socioeconómico, la clase social, la etnia y el hábitat son variables que influyen en los niveles de acceso a las TIC, tanto que marcan fronteras delineadas entre la población “infoexcluida” e “infoincluida”. También aquí el género opera como dimensión transversal, de manera que en cualquiera de estas variables determina, además, un menor nivel de acceso y uso de la tecnología por parte de las mujeres.

Quedarse al margen del uso de las TIC implica no aprovechar las enormes ventajas que dichas herramientas proporcionan en materia de información, comunicación, educación, capacitación, gestión, transacción, posicionamiento y relaciones, entre otras dimensiones de la vida social y económica de las personas. Supone no formar parte activa de una sociedad conectada, donde la inclusión digital opera como ventaja comparativa clave en materia de integración y contribuye de un modo significativo al bienestar de la población.

La demanda de componentes, servicios y contenidos digitales convierte al sector de las TIC en un nicho de empleo indiscutible (presente y futuro), con enormes oportunidades en un terreno marcado no solo por su centralidad en el paradigma de la sociedad de la información y del conocimiento, sino también por su carácter transversal al conjunto de sectores y actividades productivas.

Sin embargo, al considerar esta dimensión, aparecen signos inequívocos de desigualdad de género. Uno de ellos se expresa a través de una participación más baja de las mujeres en las ocupaciones vinculadas a las TIC, un factor muy relacionado a la menor vocación de estas por la informática, la matemática y las ingenierías. De modo que existe una importante carencia de encargadas de tomar decisiones, creadoras y profesionales en el sector de las TIC. Esto ya está provocando la reacción de algunos gobiernos para atraer a más mujeres hacia el sector, no tanto en virtud de una política de fomento de la igualdad de género, aunque en algunos casos este también es el motivo, sino por la necesidad imperiosa de contar con mayor volumen de mano de obra en estas actividades.

Otra de las fallas en materia de igualdad de género de la sociedad de la información y del conocimiento es la falta de participación y presencia de mujeres en la producción de contenidos digitales. Esto provoca la existencia de un alto grado de sexismo en los contenidos de Internet, cuya máxima expresión se encuentra en la industria de los videojuegos, donde es recurrente la representación de mujeres como objetos pasivos y sexuales, y de hombres como sujetos activos y violentos. Se trata, por consiguiente, de contenidos creados por y para hombres, que no contribuyen a eliminar las barreras para la igualdad de género en un espacio tan privilegiado para ello como Internet y sus contenidos digitales.

Los déficits, sin embargo, han de servir para señalar las innumerables oportunidades existentes para la acción de las políticas públicas, las empresas y la sociedad civil para convertir este nuevo territorio económico y social en un espacio realmente inclusivo, así como en una potente herramienta para el adelanto de la mujer y la igualdad de género en el mundo. Del mismo modo, tampoco pueden perderse de vista los avances y logros conseguidos. La reducción progresiva de la brecha digital de género en la mayoría de los países, la inexistente brecha de acceso entre los grupos de población más joven y el paulatino —aunque aún minoritario— acceso de las mujeres a estudios y profesiones vinculadas a las TIC son datos que muestran las potencialidades de transformación de los contenidos sexistas. Cada vez aparecen más espacios de defensa y promoción de la igualdad en Internet, motivo suficiente para pensar que existe una enorme potencialidad para construir una sociedad de la información y del conocimiento más inclusiva.

En 2011, la penetración de la telefonía móvil en América Latina y el Caribe superó el umbral del 100%, la penetración de la banda ancha fija alcanzó el 7,7% y la de la banda ancha móvil llegó al 10,6% (UIT, 2012). América Latina es la región que más ha crecido en el uso de Internet en los últimos años y en 2011 los usuarios representaban el 39% de la población. En 2012, esta región correspondía al 9% de la audiencia mundial de Internet.

Sin embargo, estos logros todavía son insuficientes para la envergadura de los desafíos y emerge con fuerza una nueva brecha asociada con las capacidades regionales de apropiación y uso de las TIC para elevar los niveles de desarrollo, competitividad e igualdad.

Los avances alcanzados no han sido homogéneos y aún se observa una significativa heterogeneidad entre los países de la región en términos del grado de preparación para la sociedad de la información y del conocimiento.

[1] Véase [en línea] http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/mujer/noticias/noticias/6/14586/P14586.xml&xsl=/mujer/tpl/p1f.xsl&base=/mujer/tpl/top-bottom.xslt.

Capítulo I

Las mujeres en la sociedad de la información y del conocimiento: oportunidades y desafíos

Para entender los procesos de cambio y estudiar las repercusiones y posibles oportunidades para alcanzar la igualdad de género, en este capítulo se presenta la actual situación de las mujeres en el mercado laboral y la brecha digital de género, se discute por qué es necesario promover el cambio estructural para la igualdad en la sociedad de la información y del conocimiento, y finalmente se aborda la necesaria autonomía de las mujeres en el marco del nuevo paradigma tecnológico.

A. El patrón de empleo de las mujeres

La participación de las mujeres en el mercado laboral, considerada una de las transformaciones sociales y económicas más importantes y sostenidas de las últimas décadas, no ha retrocedido durante ninguna crisis, pero se ha desacelerado en el comienzo del nuevo milenio. Esta participación ha mantenido los rasgos de precariedad que caracterizan al empleo femenino. Las mujeres con mayor nivel educativo, menores cargas familiares y más recursos para adquirir servicios de cuidado presentan tasas de participación económica más elevadas. Esta estratificación en la experiencia laboral de las mujeres se profundiza con la segmentación propia de los mercados laborales y se combina con débiles y restringidas ofertas de servicios de cuidado (Rodríguez y Giosa, 2010).

Pese a la importante presencia de las mujeres en el mercado laboral, aún persiste la segregación laboral, que se define como la clara distinción entre los sectores de actividad en el mercado y los puestos de trabajo ocupados por hombres y mujeres. La segregación laboral de las mujeres se manifiesta en dos dimensiones: la segregación horizontal y la segregación vertical. La segregación horizontal supone que las mujeres se concentran en ciertos sectores de actividad y en determinadas ocupaciones, mientras que la segregación vertical implica el desigual reparto de hombres y mujeres en la escala jerárquica y, por lo tanto, muestra cómo las mujeres tienen dificultades para progresar en su profesión y poder acceder a puestos más cualificados y mejor remunerados.

La segregación horizontal forma parte de un problema de naturaleza sistémica que se reproduce en tres ámbitos: a) la familia, a través de la socialización, al considerar que el éxito de las niñas sigue proyectándose como una combinación de profesión y maternidad; b) la escuela, donde la reproducción de estereotipos explica, en buena parte, la concentración de las jóvenes en estudios compatibles con la vida familiar, y c) la demanda laboral, que requiere en la vida pública capacidades semejantes a las valoradas en la vida familiar. Entonces, no es casual que las mujeres predominen entre los trabajadores de los servicios de educación y salud, los servicios a las personas y el comercio (CEPAL, 2010a).

A la segregación horizontal se suma entonces la segregación vertical, que hace que en la mayoría de los trabajos, las mujeres se concentren en los puestos jerárquicos más bajos y de menor autoridad de la pirámide o ejerzan oficios que requieren menor calificación. Este fenómeno es conocido como “techo de cristal”, en alusión a las barreras de poder invisibles que impiden a las mujeres ascender en los puestos de trabajo.

El techo de cristal incluye barreras invisibles como los estereotipos de género y prejuicios, las culturas empresariales hostiles, que excluyen tácitamente a las mujeres de las redes de comunicación informales, y la falta de oportunidades para ganar experiencia en puestos gerenciales. A esto se suman las políticas laborales que vinculan a las mujeres con el trabajo de cuidado de familiares dependientes como correlato de su obligación con las responsabilidades familiares. Mientras el techo de cristal describe la experiencia en el extremo superior de la estructura jerárquica, lo que algunas autoras llaman el “piso pegajoso” muestra la situación de las mujeres en el extremo inferior de la jerarquía salarial y se refiere a cómo les cuesta salir de los empleos con baja remuneración y menores perspectivas de movilidad. Las mayores dificultades con que tropiezan se asocian también con la carencia de servicios de cuidado accesibles y la falta de oportunidades de capacitación en el trabajo (Harlan y Bertheide, 1994; Albelda y Tilly, 1997, en CEPAL, 2010a).

El patrón de empleo precario genera oportunidades para algunas mujeres, pero con estándares laborales bajos, perfiles de segregación laboral, brecha salarial de género y derechos sociolaborales y sindicales limitados o nulos como resultado de la falta de políticas que favorezcan el trabajo decente y la corresponsabilidad para enfrentar el trabajo productivo y reproductivo.

En la mayoría de los países, las mujeres constituyen una porción importante de los grupos con menores ingresos. Una de cada tres mujeres latinoamericanas aún no tiene ingresos propios y su presencia en la economía digital está caracterizada por sesgos discriminatorios similares a los que enfrenta en otros ámbitos de la vida privada y social (véase el gráfico I.1).

Gráfico I.1

América Latina (18 países): población sin ingresos propios, por sexo, a nivel nacional, 2010 a

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), cálculos sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares.

a Datos nacionales, salvo en la Argentina, donde se analizan 31 aglomerados urbanos. Los datos corresponden a 2010, salvo en Bolivia (Estado Plurinacional de) (2007), el Brasil (2009), Chile (2009), Guatemala (2008) y Nicaragua (2005).

Recuadro I.1

La hora de la igualdad

La dinámica del mercado laboral es la manifestación más evidente de la calidad del proceso de desarrollo económico y social. Su capacidad para absorber la población económicamente activa en condiciones adecuadas de movilidad social, remuneración, jornada laboral, permanencia en el empleo, derechos del trabajo, contratación y organización sindical, y para establecer condiciones de protección para los desempleados y jubilados, son piezas fundamentales de la cohesión social.

Estas capacidades también son esenciales para promover un patrón de crecimiento económico con un efecto más positivo sobre la distribución del ingreso y el empleo. Pero todo ello no es un resultado espontáneo de las fuerzas del mercado, sino que depende de las opciones de políticas públicas orientadas a estos fines. En este sentido, deben considerarse cuatro dimensiones relevantes: i) la opción democrática por valores que rigen un patrón de desarrollo y se estructuran en contratos sociales que gocen de legitimidad, estabilidad y reconocimiento efectivo de las autoridades; ii) el estímulo, mediante políticas industriales y tecnológicas, a la difusión de un paradigma productivo que conlleve incrementos crecientes y sostenibles de productividad; iii) la adopción de un régimen macroeconómico adecuado a las decisiones de inversión productiva y de consumos privados y públicos, y iv) un marco regulatorio que promueva una institucionalidad consistente con las orientaciones de las políticas públicas seleccionadas.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir (LC/G.2432(SES.33/3), Santiago de Chile, 2010.

B. La segunda brecha digital

Algunas décadas atrás, contar o no con acceso a Internet definía la brecha digital en la población y generaba colectivos incluidos y excluidos de la sociedad de la información. Actualmente, los niveles de cobertura de Internet registran un aumento exponencial en todo el mundo. La brecha digital se manifiesta como un fenómeno más complejo que el simple acceso a Internet, por lo que las categorías que la describen también se vuelven más complejas. Existe una primera brecha digital que se refiere al acceso a las computadoras y a la conexión a Internet, según las características sociodemográficas de las personas. La segunda brecha se relaciona con los usos, tanto con la intensidad como con la variedad de usos, y está determinada por las capacidades y habilidades generadas por los individuos para utilizar los aparatos y recursos del nuevo paradigma tecnológico.

Lo relevante del análisis de la segunda brecha digital es que la barrera más difícil de superar no es la del acceso (provisión de infraestructura, difusión de artefactos, programas de aprendizaje introductorios), sino la del uso y las habilidades. Más allá del tiempo de uso de las computadoras o Internet, es necesario analizar el tipo de uso que hombres y mujeres hacen de estas herramientas (Castaño, 2008).

La segunda brecha digital afecta más intensamente a las mujeres. En varios países de la región, las mujeres igualan a los hombres en acceso a Internet, lo que indicaría que la primera brecha digital está en vías de superación. En la segunda brecha digital, en cambio, las mujeres se sitúan en una posición de clara desventaja frente a los hombres, ya que hacen un uso más restringido y realizan actividades que requieren menor destreza tecnológica (Castaño, 2008). Estas diferencias en los usos tienen su explicación en las relaciones de poder asimétricas entre hombres y mujeres, enraizadas históricamente en el sistema de género hegemónico que se reproduce en la familia, la escuela y el mundo laboral.

Entender el proceso por el cual se ha configurado y persiste esta segunda brecha digital de género es crucial para diseñar políticas que permitan revertir esta inserción desventajosa de las mujeres en la sociedad de la información y del conocimiento y en la economía digital.

De manera general, el número de usuarios de ambos sexos ha aumentado en todos los países de la región para los que se cuenta con información. Sin embargo, resulta llamativo que, junto con ese incremento, las brechas entre mujeres y hombres se amplíen a favor de estos. El Brasil, México y el Uruguay son los tres países con información disponible donde se redujeron las diferencias entre hombres y mujeres. En el resto de los países, la brecha se amplió porque, si bien la proporción de usuarios de ambos sexos aumentó entre los dos años para los que hay información, la distancia entre hombres y mujeres también se acentuó. Chile es uno de los países de la región con mayor proporción de personas que declaran utilizar Internet y la diferencia de uso entre hombres y mujeres alcanza casi un 5%. El otro caso de amplia brecha es el del Perú, donde el 26% de las mujeres se declaran usuarias de Internet, mientras que los varones alcanzan el 34,1%. El hecho de que aumenten los usuarios y se incremente la brecha de género es un llamado a los organismos encargados de las políticas referentes a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para el diseño de políticas activas para la igualdad de género en este ámbito (véase el capítulo II).

En este contexto, una mayor y mejor participación de las mujeres en la sociedad de la información, regulada por políticas públicas, produciría un amplio rango de beneficios para la sociedad en su conjunto. El aumento del número de mujeres formadas en el área de las TIC contribuiría a aumentar la creatividad, las habilidades y la competitividad en los sectores tecnológicos, además de incrementar las capacidades existentes en los países de la región, y permitiría llegar más rápidamente a la masa crítica de profesionales de las TIC, que facilitarían el desarrollo de la economía digital a nivel nacional y regional (Huyer y Mitter, 2003).

C. Cambio estructural para la igualdad en la sociedad de la información y del conocimiento

Los países de América Latina y el Caribe enfrentan el desafío de reformar sus estructuras productivas, ya que las actuales se caracterizan por la gran heterogeneidad y el escaso peso de los sectores intensivos en conocimiento, lo que tiende a reforzar las situaciones de desigualdad social. La heterogeneidad estructural contribuye a explicar la profunda desigualdad social de la región, ya que las brechas de productividad reflejan, y a la vez refuerzan, las capacidades de incorporación al progreso técnico, poder de negociación, acceso a las redes de protección social y opciones de movilidad ocupacional ascendente (CEPAL, 2013a). En todas esas dimensiones, las mujeres enfrentan más dificultades que los hombres en el mismo nivel socioeconómico.

El cambio estructural implica colocar en el centro de la dinámica de crecimiento los cambios cualitativos en la estructura productiva. Procurar una mayor participación en actividades y sectores intensivos en conocimiento en la producción total es necesario, tanto para una mejor inserción global como para un dinamismo interno virtuoso en el ámbito de la productividad y el empleo. Dicha estrategia promueve el desarrollo de capacidades, conocimientos y procesos de aprendizaje de manera coordinada con la producción y la inversión a lo ancho de la economía y del tejido social (CEPAL, 2012a).

El cambio estructural también implica remover los modelos que sustentan las desigualdades implantadas en las relaciones laborales de género, que asignan roles jerarquizados y lugares o puestos de mayores ventajas a los hombres, más allá de los sostenidos esfuerzos de capacitación, profesionalización y autonomía que realizan las mujeres en los países de la región.

Las estrategias de desarrollo basadas en el cambio estructural son una opción que permitiría a los países integrarse en una situación más ventajosa en la sociedad de la información y del conocimiento. Dado que las mujeres sufren en mayor medida la desigualdad en estas sociedades, el estudio de las oportunidades y los obstáculos que enfrentan para insertarse en igualdad de condiciones con los hombres en la sociedad del conocimiento adquiere mayor relevancia.

Estos cambios necesarios en las estructuras productivas implican no solo analizar los sectores de actividad tradicionales, sino también considerar las oportunidades que los nuevos sectores basados en las TIC ofrecen a las mujeres como motor de crecimiento y difusión del conocimiento.

Mujeres y hombres se sitúan en condiciones de desigualdad frente al proceso de reestructuración productiva basada en las nuevas tecnologías, dadas las características de los sistemas de relaciones de género que imperan en las sociedades actuales.

D. La autonomía de las mujeres en el nuevo paradigma tecnológico

La división sexual del trabajo y la sobrecarga de trabajo no remunerado que enfrentan las mujeres generan dificultades para una incorporación plena al proceso de cambio estructural. Por este motivo, el análisis que se haga para elaborar políticas públicas de crecimiento e igualdad debe poner especial atención en los aspectos que puedan reforzar la noción de un proceso de cambio estructural con igualdad, específicamente con igualdad de género, abriendo oportunidades a hombres y mujeres. Las políticas económicas, tecnológicas y sociales tendientes al cambio estructural pueden fomentar la igualdad de género o ser neutrales con respecto a ella y permitir la persistencia de las desigualdades. De este modo, cobra especial valor la atención que se ponga en todas las etapas de la política productiva, desde el diseño, la implementación y el posterior seguimiento y evaluación, con la permanente medición de sus efectos en la vida de mujeres y hombres.

Para profundizar en la reflexión sobre la autonomía de las mujeres en el nuevo paradigma tecnológico, se establecerán dos niveles de análisis que permitirán examinar cuáles son las oportunidades que se abren para el adelanto de la mujer en virtud de este nuevo paradigma y cuáles son los instrumentos útiles para llevar a cabo este adelanto. Por una parte, se encuentra el nivel estratégico de la reflexión entre la sociedad de la información y del conocimiento y la agenda de igualdad género, y por la otra está el nivel instrumental, que se refiere a los aspectos de los que la agenda de igualdad de género pueda nutrirse para cumplir con sus objetivos.

1. Nivel estratégico: desafiar la neutralidad

El nivel estratégico de la reflexión entre la sociedad de la información y del conocimiento y la agenda de igualdad de género implica preguntarse en qué espacios de acción del nuevo paradigma se puede efectuar la conexión con la política de igualdad de género. Esto supone considerar cuáles son los espacios más críticos que configuran el nuevo paradigma para lograr desmontar el sistema de género hegemónico y a la vez contribuir a que las mujeres, en toda su diversidad, sean protagonistas del desarrollo. Se trata de una reflexión en ciernes, que va más allá del reconocimiento de los cambios económicos, productivos y tecnológicos, y en la que se plantea cómo aprovechar las oportunidades de la sociedad de la información y del conocimiento en todas las dimensiones de la autonomía (económica, física y en la toma de decisiones) y la igualdad de género.

Este nivel de análisis implica preguntarse, por ejemplo, cuáles son las potencialidades que presentan para la autonomía de las mujeres las nuevas formas de producción, las lógicas de mayor flexibilidad laboral o el cambio en el sector de los servicios intermediados por las TIC. También trae aparejado un debate sobre los cambios culturales y ambientales que contextualizan el desarrollo económico, los cambios geopolíticos en la globalización y el papel del Estado. La reflexión estratégica exige repensar el sentido del desarrollo, presente y futuro. Una de las primeras consecuencias que esta reflexión estratégica tiene para el desarrollo es el quiebre de un modelo de pensamiento que históricamente no ha tendido a considerar como trabajo el trabajo no remunerado de las mujeres. Este cambio conceptual transforma el marco de análisis del desarrollo, interpela la jerarquización entre lo productivo y lo reproductivo, y pone signos de interrogación a las prioridades establecidas en las políticas públicas.

Otra reflexión clave tiene que ver con el reconocimiento de la posibilidad de modificar la frontera entre lo público y lo privado, que en los últimos años ha sido revisada por los movimientos de mujeres que ampliaron el horizonte de los derechos humanos invocando la protección estatal frente a violaciones que tradicionalmente pertenecían a la esfera privada. Los temas relacionados con las libertades individuales, la integridad física y el derecho a decidir participar y estar representadas rodean el debate en el marco de la sociedad de la información y del conocimiento.

Este tipo de cuestiones constituyen la plataforma desde donde reflexionar sobre el impacto favorable que debe tener la intersección entre las condiciones que se presentan en la sociedad de la información y del conocimiento y los avances en la política pública para la igualdad de género.

Pensar las oportunidades que se abren para las mujeres en el marco de la instalación de un nuevo paradigma tecnológico y de las transformaciones que acarrea la globalización desde el punto de vista de la producción es una línea de análisis clave. Las tecnologías y las capacidades tecnológicas determinan el potencial de crecimiento y la manera en que los contextos tecnológicos mundiales cambian las ventanas de oportunidad para el desarrollo de los países y las regiones. No hay duda de que cada revolución tecnológica ofrece un enorme potencial para crear riqueza y bienestar social.

La identificación de posibles ventanas de oportunidad requiere comprender la naturaleza no solo del paradigma de las TIC, sino también de las nuevas corporaciones internacionales. Esto implica una modificación sustancial de la forma en que se organizan la economía, el trabajo asalariado y las oportunidades del mercado para los emprendimientos respecto del modelo anterior. Pero este cambio requiere de nuevos conocimientos y es necesario comprender que los actores sociales y económicos están mutando. Se trata, en definitiva, de tener presente que las instituciones (mercado, Estado y familia) no son neutrales y que en su funcionamiento reflejan conflictos, intereses y relaciones de poder.

Las políticas productivas de los países se están modificando y deben cuestionar abiertamente la manera más eficiente y justa de integrar al contingente de mujeres que busca trabajo asalariado y acceso a ingresos y bienestar en igualdad de condiciones con los hombres.

Para que esto ocurra se deben diseñar políticas que tomen en cuenta las demandas de cuidado, que en la actualidad recaen casi exclusivamente en mujeres que ejercen esta tarea en forma no remunerada. Las políticas de desarrollo productivo no pueden operar sin considerar las políticas que habiliten a las mujeres a un acceso adecuado al mundo del trabajo, a la vez que amplíen las responsabilidades familiares de los hombres. De esto se trata cuando se habla de interpelar la supuesta neutralidad de las políticas (Montaño, 2010).

De la misma manera, las políticas de desarrollo productivo enfrentan el desafío de modificar la segmentación laboral que refleja cómo los estereotipos de género impiden el aprovechamiento y la valorización de las capacidades de las mujeres en las empresas. Como se verá en el capítulo IV, los gobiernos deben dar prioridad a estas políticas y fomentar el desarrollo profesional de las mujeres en el área de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Entender cuáles son las ventanas de oportunidad que se abren para los países y conjugarlas con las prioridades de la igualdad de género se torna un desafío para los gobiernos de la región comprometidos con un cambio social justo e inclusivo que pretenda transformar las asimetrías estructurales, como lo son las desigualdades de género.

2. Nivel instrumental: las TIC para la igualdad

Es necesario considerar hasta qué punto las TIC pueden servir de instrumento en relación con los aspectos de los que la agenda de igualdad de género pueda nutrirse para cumplir con sus objetivos. Se trata de la utilización de todas las herramientas que se ponen a disposición de las mujeres con la instalación del paradigma de las nuevas tecnologías y que abren un frente con alta potencialidad instrumental para la difusión y concreción de acciones que tiendan a la igualdad entre hombres y mujeres. A partir de este nivel analítico cabe preguntarse de qué manera las TIC pueden resultar útiles para fortalecer acciones y políticas para alcanzar la igualdad, y cuáles son las herramientas que permiten a los gobiernos mejorar la eficacia de sus acciones para lograr la igualdad de género.

Recuadro I.2

Haití: mujeres empoderadas por la telefonía móvil

Mientras que el porcentaje de haitianos que utilizan Internet es bajo, la propiedad de teléfonos celulares es mucho más alta. En 2011, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) registró que un 8,4% de la población utilizaba Internet, mientras que el 41,5% tenía una suscripción de telefonía móvil.

Las siguientes son tres experiencias que muestran cómo la telefonía móvil puede ser una herramienta para el bienestar de las mujeres:

a) Un grupo de mujeres haitianas, estudiantes de ingeniería de la Red de Mujeres P2P (Women’s P2P Network), se encuentra liderando el Programa de Mujeres Comerciantes, cuyo objetivo es integrar a más de medio millón de mujeres comerciantes, tanto de zonas urbanas como rurales, en una red de comunicaciones y aplicaciones empresariales basada en la tecnología de la telefonía móvil. En virtud de que muchas de las mujeres que podrían integrar la red son analfabetas y por ese motivo podrían quedar excluidas del uso de esta herramienta, las estudiantes han desarrollado aplicaciones de voz para que las mujeres puedan comunicar sus mensajes a la red en forma oral.

b) La Comisión de Mujeres Víctimas por las Víctimas (Komisyon Fanm Viktim pou Viktim, KOFAVIV), una organización de mujeres sin fines de lucro que trabaja por los derechos de las mujeres víctimas de abuso sexual, y la organización no gubernamental Democracia-Digital de los Estados Unidos, crearon una línea de apoyo y asesoramiento a las víctimas de agresión sexual y violación, dirigida especialmente a mujeres que viven en condiciones de inseguridad en campamentos para personas desplazadas por el terremoto de 2010. Muchas de estas mujeres viven en la pobreza y enfrentan dificultades para obtener información y recursos que les sirvan de ayuda tras sufrir una agresión sexual, pero la mayoría tienen acceso a un teléfono móvil que se transforma en una potente herramienta de prevención y acceso a la información. La Comisión de Mujeres Víctimas por las Víctimas negoció con las principales empresas de telecomunicaciones de Haití que el servicio de llamada fuera gratuito. Tras obtener los datos de las llamadas, las mujeres que dirigen el servicio de atención a las víctimas producen informes estadísticos con información privilegiada para el gobierno con miras al diseño de políticas de lucha contra la violencia sexual en Haití.

c) En marzo de 2012, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) comenzó a ofrecer subsidios financieros a las familias de bajos ingresos para reparar las viviendas dañadas por el terremoto. El 40% de los hogares en Haití están encabezados por mujeres, pero solo el 10% de la población tiene una cuenta bancaria. Por ello, se utilizó un sistema de transferencia de dinero en efectivo por medio de la telefonía móvil, que también ayudó a integrar a las mujeres al sector financiero formal y a que pudieran utilizar la banca móvil al final del proyecto.

Fuente: Base de datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) [en línea] http://www.itu.int/ITU-D/ICTEYE/Indicators/Indicators.aspx#; Women’s P2P Network [en línea] http://womensp2p.org/; Digital Democracy [en línea] http://digital-democracy.org/; Anastasia Moloney, “Rape hotline a lifeline for Haitian women” [en línea], Thomson Reuters Foundation, 6 de julio de 2012; Reuters [en línea] http://blogs.reuters.com/; Centro de Noticias de las Naciones Unidas, “Haiti: First mobile phone cash transfers facilitate UN-backed home rebuilding”, 1 de marzo de 2012 [en línea] http://www.un.org/apps/news/.

Este nivel analítico abre un campo sumamente amplio de recursos que se pueden utilizar y van desde las tecnologías para la prevención de la violencia hacia las mujeres (entrega de celulares, cámaras y dispositivos sensoriales de acercamiento de los agresores, entre otros) hasta la regulación y reglamentación del teletrabajo. Con la incorporación masiva de aparatos y nuevas tecnologías, los mecanismos para el adelanto de la mujer se han enfrentado en los últimos años a importantes disyuntivas sobre cómo utilizar estos nuevos aparatos. Por ejemplo, se han visto frente al cuestionamiento respecto de dispositivos de seguimiento y monitoreo de las personas para prevenir la violencia contra las mujeres (véase el recuadro I.3).

Recuadro I.3

Uruguay: bienvenida la tecnología de localización

El Uruguay tiene un protocolo de actuación para la implementación de tecnologías de verificación de presencia y localización de personas (pulseras) en casos de alto riesgo de violencia doméstica. En este protocolo trabajó una comisión interinstitucional donde estuvieron representados los tres poderes del Estado. La Bancada Bicameral Femenina, que representó al poder legislativo, manifestó al respecto: “Las mujeres con riesgo de vida por esta causa necesitan de esta y otras medidas ya; nuestra sociedad necesita señales de que la violencia doméstica es un delito y es necesario respetar las decisiones judiciales. Más de 20 mujeres murieron en lo que va del 2012, muchas de ellas con medidas cautelares que los hombres no cumplieron. Muertes que se habrían evitado de mediar una supervisión como se hará con esta nueva tecnología”. También considera “imprescindible promover la cooperación entre los parlamentos, las organizaciones internacionales, la sociedad civil y el sector privado y público a nivel nacional y regional, para desarrollar políticas y programas que avancen en la prevención y la erradicación” de este grave problema.

Fuente: La República de las Mujeres, Montevideo, Bancada Bicameral Femenina, 25 de noviembre de 2012.

E. En síntesis

Se deben señalar al menos tres conclusiones en el marco de la autonomía de las mujeres y la igualdad de género en el nuevo paradigma de la sociedad de la información. En primer lugar, queda en evidencia que en la economía digital, al igual que en el resto de los paradigmas económicos, las oportunidades no se distribuyen de manera equitativa ni entre los países ni entre las personas, lo que provoca asimetrías que se deben combatir con políticas específicas sobre el diagnóstico de la desigualdad. En segundo término, el hecho de que los usuarios de Internet aumenten a la par de la brecha digital entre hombres y mujeres es un llamado de atención a favor de la implementación de políticas activas para la igualdad de género, ya que el mayor acceso a las TIC no mejora por sí solo la brecha digital de género. Por último, el cambio estructural que deben enfrentar los países de la región tiene que superar la neutralidad característica de las políticas públicas, incorporando necesariamente las acciones hacia la igualdad entre hombres y mujeres.

Capítulo II

¿Dónde están las mujeres? Trabajo, empleo, acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones

Según las proyecciones de población elaboradas por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL, las mujeres representan el 50,9% de la población de América Latina y el Caribe, lo que equivale a más de 300 millones de personas. Sin embargo, aún se insiste en tratarlas como un grupo minoritario, vulnerable o excepcional. Muchas de ellas tienen condiciones de vida y de trabajo precarias y enfrentan situaciones de persistente discriminación. Problemas como la violencia y la sobrecarga de trabajo hacen que las mujeres pierdan calidad de vida y vean aún más recortado el goce de sus derechos.

Este capítulo tiene por objeto mostrar, mediante algunos indicadores, la situación y posición de las mujeres de la región en la economía y el uso que realizan de Internet. Tomando como fuente principal las encuestas de hogares, y en algunos casos los censos económicos o de población, se determinan los lugares que ocupan las mujeres en las economías y cuáles son sus principales desafíos para integrarse plenamente en la sociedad de la información y del conocimiento.

En la primera sección del capítulo se trabaja con indicadores del mercado laboral elaborados a partir de las encuestas de hogares más recientes. En la segunda parte se aborda la heterogeneidad que se puede encontrar entre las mujeres de la región, trabajando con las encuestas de hogares para dar cuenta de las mujeres que viven en el ámbito rural y con los últimos censos de población para el caso de las mujeres indígenas1. Por último, para revisar el acceso y uso de Internet, en la tercera sección se trabaja con las encuestas de hogares más actuales, que han incorporado un módulo o preguntas comparables entre los países respecto del uso de Internet.

A. Las mujeres en el mercado laboral

Uno de los principales desafíos que se presentan al observar ciertos indicadores de género es comprender por qué en los hogares pobres hay mayor proporción de mujeres (en edad productiva, entre 20 y 59 años de edad) que de hombres. Cuestiones asociadas a la carga del trabajo de cuidado y a las responsabilidades familiares asignadas a las mujeres restringen su capacidad para integrarse al mercado laboral e impiden generar ingresos que permitan a esos hogares superar la pobreza.

Si bien las economías de la región han registrado tasas de crecimiento económico pese a las dificultades emanadas de la crisis de los países del norte, las mujeres continúan viéndose afectadas por el cruce de discriminaciones que sufren y su proporción aumenta entre las personas que viven en hogares pobres.

Gráfico II.1

América Latina (18 países): índice de feminidad de la pobreza, alrededor de 2002 y 2011 a

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares.

a Datos nacionales de 2002, salvo en la Argentina, el Ecuador y el Uruguay, donde son datos urbanos. Los datos nacionales de Chile corresponden a 2003; los datos nacionales de El Salvador, Nicaragua y el Paraguay corresponden a 2001. Datos nacionales de 2011, salvo en la Argentina, donde son datos urbanos. Los datos nacionales de El Salvador, Honduras y México corresponden a 2010; los datos nacionales de Bolivia (Estado Plurinacional de) y Nicaragua corresponden a 2009; los datos nacionales de Guatemala corresponden a 2006.

Al revisar las cifras de pobreza y tomar el hogar como unidad de análisis, no se encuentran grandes diferencias entre la proporción de hombres y mujeres respecto de los hogares no pobres. Sin embargo, al analizar el subconjunto de población en edad de trabajar, las diferencias de género en cuanto a la magnitud de la pobreza se hacen evidentes. El índice de feminidad de la pobreza para las personas de entre 20 y 59 años de edad indica que en todos los países de la región la tasa de pobreza de las mujeres es más alta que la de los hombres. Los países con valores más altos de este índice de feminidad son la Argentina, Chile, la República Dominicana y el Uruguay. En todos ellos, la tasa de pobreza de las mujeres de 20 a 59 años de edad excede en un 30% o más a la de los hombres de edad similar. Los resultados indican, además, que a medida que la pobreza disminuye en la región, las diferencias entre hombres y mujeres tienden a profundizarse en varios países. Mientras en 2002 el promedio simple de este índice a nivel regional era de 107, actualmente llega a 116 (CEPAL, 2012b).

La oferta de trabajo remunerado se regula, entre otras cosas, a través de la negociación en los hogares de la distribución del trabajo no remunerado para la reproducción entre los miembros del hogar según el sexo y la edad. Esta regulación se hace mediante la asignación de tiempo al trabajo remunerado y no remunerado. Las personas, principalmente las mujeres, que asumen el trabajo no remunerado liberan a los trabajadores potenciales de la responsabilidad del cuidado (CEPAL, 2012b).

El tiempo total de trabajo se mide a través de las encuestas de uso del tiempo, que resultan complejas y costosas. No obstante, es importante destacar que la mayoría de los países de la región ya cuentan con alguna experiencia al respecto y en varios casos con más de una medición en los últimos 15 años. Por otra parte, en varios países se están realizando cálculos para estimar el valor monetario del trabajo no remunerado.

La implementación de las encuestas de uso del tiempo ha contribuido a visibilizar esta carga de trabajo no remunerado que realizan las mujeres. Por ejemplo, en México, el valor económico del trabajo no remunerado equivale al 21,6% del PIB y, de este porcentaje, el 78,3% es contribución de las mujeres2.

Al sumar el tiempo de trabajo total —remunerado y no remunerado—, en los países que cuentan con información, se observa que las mujeres trabajan más tiempo que los hombres. Estos dedican más horas al trabajo remunerado, mientras que las mujeres dedican más tiempo al trabajo no remunerado. En todos los casos, las mujeres trabajan más tiempo que los hombres al día o a la semana.

Gráfico II.2

América Latina (7 países): tiempo total destinado al trabajo remunerado y no remunerado, por sexo a

(En promedio de horas semanales)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares.

a Población de 15 años de edad y más. Datos de 2011, salvo en México (2009), el Perú (2010) y el Uruguay (2007).

La medición y comparación del tiempo destinado al cuidado por mujeres y hombres ha generado evidencia inédita sobre las desigualdades arraigadas en las familias. El análisis del uso del tiempo ha permitido además la aproximación al valor económico del cuidado y a su aporte a la riqueza de los países, y ha planteado un serio cuestionamiento al vacío analítico de la economía tradicional en este campo.

Si bien la participación económica de las mujeres en el empleo ha aumentado en las últimas décadas, se ha estancado a partir de los primeros años de la década de 2000 y aún hoy la mitad de las mujeres latinoamericanas y caribeñas no tiene ningún vínculo con el mercado laboral. En promedio, la tasa de actividad económica femenina en América Latina asciende al 49,8%, lo que quiere decir que una de cada dos mujeres en edad de trabajar trabaja o busca un trabajo remunerado de manera activa. El promedio de actividad de los hombres es del 78,7% (30 puntos porcentuales superior al de las mujeres) (véanse los gráficos II.3 y II.4).

Gráfico II.3

América Latina (promedio simple, 18 países): tasa de actividad económica, por sexo, total nacional, rondas de encuestas a b

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares.

a Sobre la población de 15 años de edad y más. Datos nacionales, salvo en la Argentina, donde se registran datos urbanos en todas las rondas; Bolivia (Estado Plurinacional de), donde se registran datos urbanos en las rondas de 1990 y 1994; el Ecuador, donde se registran datos urbanos en las rondas de 1990 a 2002; Panamá, donde se registran datos urbanos en las rondas de 1990 a 1999; el Paraguay, donde se registran datos urbanos en las rondas de 1990 a 1997; y el Uruguay, donde se registran datos urbanos en las rondas de 1990 a 2005.

b En la ronda de 1990 se excluye a El Salvador, Nicaragua y la República Dominicana; en la ronda de 1994 se excluye a Guatemala y la República Dominicana; en la ronda de 1997 se excluye a Guatemala, Nicaragua y la República Dominicana; en la ronda de 1999 se excluye a la República Dominicana; en la ronda de 2005 se excluye a Guatemala; en la ronda de 2008 se excluye a Nicaragua; y en la ronda 2010 se excluye a Guatemala.

Gráfico II.4

El Caribe (10 países): tasa bruta de actividad económica, por sexo, 2011 a

(En porcentajes)

Fuente: Organización Internacional del Trabajo (OIT), base de datos en línea.

a Sobre la población total. Resultado de la estimación de las tasas de actividad y población total, sobre la base de información de censos y encuestas de hogares de los países.

b Promedio simple.

En la población económicamente activa también existen disparidades entre hombres y mujeres. En promedio, en América Latina las mujeres presentan una tasa de desempleo del 7,9%, mientras que los hombres tienen una tasa del 5,6%. Pese al constante descenso del desempleo en la región en los últimos años, y a la voluntad y necesidad que muestran las mujeres de insertarse en el mercado laboral, es importante observar que estas aún presentan mayores tasas de desempleo que los hombres.

Esto significa que las mujeres tienen más dificultades para encontrar empleo y que, incluso en un contexto de crecimiento y bonanza, su situación en el mercado laboral no logra equipararse con la de los hombres (véase el gráfico II.5).

Gráfico II.5

América Latina (18 países): tasa de desocupación, por sexo, total nacional, 2011 a

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares.

a Sobre la población económicamente activa. En la Argentina se registran 31 aglomerados urbanos. Datos correspondientes a 2011, salvo en Bolivia (Estado Plurinacional de) y Nicaragua (2009), y El Salvador, Guatemala, Honduras y México (2010).

b Promedio simple.

Por otra parte, cuando se observa la estructura laboral latinoamericana, queda claro que las mujeres se encuentran en lugares más precarios y con menores retribuciones. Al analizar las distintas categorías ocupacionales, se observa que los hombres son principalmente asalariados y tienen una presencia mucho mayor entre los empleadores. Las mujeres, en cambio, constituyen una menor proporción en el trabajo asalariado y una de cada diez (10,7%) está empleada en el servicio doméstico, mientras que para los hombres este porcentaje es mínimo (0,5%).

En el caso de las asalariadas, Panamá y México muestran los mayores guarismos, seguidos de la Argentina y Chile. El país donde hay menor proporción de mujeres asalariadas es el Estado Plurinacional de Bolivia, donde estas apenas alcanzan el 39,9% de las mujeres ocupadas. El Estado Plurinacional de Bolivia también es el país con mayor proporción de mujeres que declaran trabajar bajo la forma de trabajo familiar no remunerado (más del 10% de las mujeres ocupadas) (véase el gráfico II.6).

Si se observa el empleo en el servicio doméstico, Costa Rica, el Brasil, el Paraguay y la Argentina son los países que tienen una mayor proporción de mujeres empleadas en esta actividad. Se trata de trabajo precario, poco regulado y aún sin derechos sociales en la mayoría de los países de la región. Los únicos países de la región que han ratificado el Convenio 189 de la OIT, denominado “Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabadores domésticos”, son Bolivia (Estado Plurinacional de), Nicaragua, el Paraguay y el Uruguay, y aún no existen evaluaciones sobre su implementación.

La categoría de trabajadoras por cuenta propia, si bien puede referirse a emprendimientos formales e integrados a la seguridad social, generalmente se vincula a actividades que las personas realizan para el mercado informal y sin mayores niveles de protección ni rendimientos económicos. Las mujeres colombianas, nicaragüenses y peruanas son las que más se desempeñan en esta categoría ocupacional. En el caso de Colombia, la proporción entre trabajadoras por cuenta propia y asalariadas es similar. Si se coloca la mirada en el otro extremo, se constata que las empleadoras constituyen una proporción muy reducida en todos los países. En México, el país que más mujeres registra en esta categoría, estas apenas alcanzan al 6%, mientras que en el resto de los países se sitúan en el 3% o incluso por debajo.

Gráfico II.6

América Latina (promedio simple, 17 países): distribución de las ocupadas por categoría ocupacional, área geográfica urbana, 2011 a

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares.

a Ocupadas de 15 años de edad y más. En la Argentina se registran 31 aglomerados urbanos. En la República Bolivariana de Venezuela los datos corresponden a datos nacionales. Datos correspondientes a 2011, salvo en Bolivia (Estado Plurinacional de) y Nicaragua (2009), y El Salvador, Honduras y México (2010).

Históricamente, el crecimiento del sector informal de la economía regional se relaciona con la falta de puestos de trabajo formales y condiciones de trabajo sin cobertura de derechos sociales. El trabajo informal se torna una alternativa ante la cesantía y genera ingresos por tareas no vinculadas al mercado formal, sin protección social y con niveles de precariedad e inseguridad altos para las personas que lo ejercen. Sin embargo, si bien contribuye a solucionar los problemas asociados a la generación de ingresos, implica un fuerte deterioro en las condiciones laborales de las personas y aumenta su nivel de vulnerabilidad frente a la pobreza.

Como se muestra en el gráfico II.7, la categoría ocupacional predominante entre las mujeres en condiciones de indigencia y pobreza es, precisamente, la del trabajo por cuenta propia. Esta categoría de ocupación muchas veces solapa situaciones de informalidad, ya que lo que las mujeres hacen, por lo general, es establecer un medio para la obtención de ingresos, sin que esto se enmarque necesariamente en un emprendimiento formal y con regulación y cotizaciones que les proporcionen acceso a la protección social.

En el caso de las mujeres que viven en hogares pobres y con menos nivel educativo, el trabajo por cuenta propia suele estar relacionado con servicios o venta de productos de una elaboración muy básica, en muchos casos como extensión de la producción de bienes que realizan para sus propios hogares (preparación de alimentos, lavado y planchado de ropa, entre otros).

Gráfico II.7

América Latina (18 países): categoría ocupacional de mujeres, según condición de pobreza, alrededor de 2011 a

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de América Latina, 2012 (LC/G.2557-P), Santiago de Chile, 2013. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.13.II.G.6.

a Personas clasificadas en cuatro categorías: I = indigentes; PNI = pobres no indigentes; V = vulnerables no pobres (línea de pobreza entre 1 y 1,5); R = resto (no pobres ni vulnerables).

Dentro de la categoría de trabajadoras por cuenta propia también se considera a las mujeres que tienen micro y pequeñas empresas. El microemprendimiento es una modalidad de pequeña empresa con características particulares que la tipifican en el amplio marco de las pequeñas unidades productivas. No solo son empresas pequeñas (en virtud de la forma tradicional de ventas o la mano de obra ocupada), sino que se trata de una iniciativa que implica la detección previa de un nicho de mercado digno de ser explotado, que, en algunos casos, responde a una innovación (tecnológica, de comercialización o de servicios) y puede evolucionar hacia una pyme o mantenerse como microempresa, dependiendo de las diferentes realidades de los contextos económicos, las características de gestión de dichos contextos y las posibilidades de acceso a créditos (Heller, 2010).

En la mayoría de los casos, las actividades microempresariales constituyen empresas de pequeña escala, ubicadas en el ámbito urbano o rural, con pocos trabajadores, de naturaleza privada, de propiedad individual o asociativa, con escaso capital —originado en ahorros personales o familiares—, con incidencia, en ciertos casos, en el trabajo familiar, que producen bienes de consumo o prestan servicios en el medio donde se encuentran radicadas (véase el gráfico II.8).

Recuadro II.1

Chile: el género en el sistema financiero

Hace poco más de diez años, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) de Chile incorporó el enfoque de género en su sistema de información institucional, con el propósito de producir y divulgar de forma periódica estadísticas de acceso y uso de servicios financieros por parte de hombres y mujeres. Esta experiencia representa una excelente iniciativa y una buena práctica en la generación de estadísticas de género en el sistema financiero para la formulación de políticas públicas de igualdad.

Los resultados de la duodécima versión del informe Género en el sistema financiero muestran que existe un comportamiento diferenciado en el acceso y uso de los productos financieros, así como en la integridad comercial del comportamiento de hombres y mujeres en el sistema (véase el anexo 2).

Los principales resultados de estos estudios muestran que en el ámbito del financiamiento:

a) Existen brechas de género respecto del número de clientes y el monto global de los créditos que toman hombres y mujeres: de cada 100 deudores, 44 son mujeres y 56 son hombres, y de cada 100 unidades monetarias de crédito otorgado, 34 se otorgan a mujeres y 66 a hombres.

b) La deuda media de las mujeres es significativamente menor que la de los hombres (la primera se sitúa en un rango de entre el 64% y el 71% de la segunda).

Chile: crédito de las mujeres en la banca, 2002-2012 a

(En porcentajes)

Fuente: Unidad de Productos Financieros e Industria Bancaria de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), sobre la base de información del Sistema de Productos, reportada por las instituciones bancarias.

a Valores calculados a diciembre de cada año, a excepción de 2012 que se calculó a septiembre.

En el ámbito de la integridad comercial:

a) La tasa de cheques con problemas de cobro de las mujeres es significativamente menor que la de los hombres (véase el anexo 2).

b) Las mujeres presentan mejor comportamiento de pago, tanto en la mora de 90 días como en la mora de hasta un año.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Género en el sistema financiero. Duodécima versión, Santiago de Chile, Departamento de Estudios, Unidad de Productos Financieros e Industria Bancaria, febrero de 2013.

Gráfico II.8

América Latina (18 países): mujeres no asalariadas, según tamaño del establecimiento, 2011 a

(En porcentajes)

Fuente: Organización Internacional del Trabajo (OIT), Panorama Laboral 2012. América Latina y el Caribe, Lima, 2012.

a Datos de 2011, salvo en Bolivia (Estado Plurinacional de) (2009) y Nicaragua (2010).

La concentración de mujeres en este sector se atribuye a la posibilidad de desarrollar un emprendimiento con facilidad debido a que existen pocas barreras en cuanto a requerimientos (requisitos legales, de capital y demás). Por ser más flexibles (muchas veces las actividades se realizan en el hogar y requieren de poca inversión), este tipo de actividades laborales permiten a las mujeres compatibilizar el trabajo remunerado con las responsabilidades y tareas familiares que continúan estando a su cargo (Valenzuela, 2005).

Recuadro II.2

Ecuador: Censo Nacional Económico visibiliza baja presencia de mujeres

En el censo económico que levanta el Ecuador a nivel nacional se recoge información que muestra la proporción de gerentas o propietarias de empresas por sector de actividad económica. Este es el único país de la región que ha logrado identificar, a partir de un censo económico, la posición de las mujeres en una amplia categorización de actividades económicas.

Gracias al Censo Nacional Económico del Ecuador se sabe que hay una baja proporción de mujeres en altos cargos en sectores como la minería y la construcción. También es interesante observar que en la administración pública, las gerentas apenas alcanzan el 18,7%, pese a que este sector emplea a una de cada cuatro ecuatorianas.

Paradigmáticamente, la actividad donde hay mayor proporción de gerentas o propietarias en el Ecuador es la de servicios de alojamiento y comidas, con lo que queda claro que los emprendimientos de preparación de alimentos y hospedaje son una alternativa para las mujeres ya que les permiten conciliar el trabajo remunerado con la presencia en el hogar y continuar desarrollando las actividades reproductivas (véase el gráfico siguiente).

Ecuador: gerentes y gerentas o propietarios y propietarias de empresas, según actividad económica, Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU), Rev. 4, 2010

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Censo Nacional Económico (CNE), 2010.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Censo Nacional Económico (CNE), 2010.

El 44,6% de las mujeres ocupadas en América Latina se desempeña en el sector de los servicios (incluidos servicios sociales y financieros), mientras que solo un 20,5% de los hombres se emplean en este sector. En el otro extremo de las asimetrías entre hombres y mujeres están los casos de la construcción y la agricultura (uno de cada cuatro hombres trabaja en la agricultura, donde apenas trabajan una de cada diez mujeres ocupadas).

En la región se registran importantes diferencias de un país a otro. Por ejemplo, en el Estado Plurinacional de Bolivia, el 31% de las mujeres trabajan en la agricultura, lo que representa el guarismo más elevado de la región para este sector económico. Le sigue el Perú que presenta una proporción alta, pero no llega al 24%. En el otro extremo están países como la Argentina y Venezuela (República Bolivariana de), donde las mujeres ocupadas en la agricultura no superan el 2%. La mayoría de los países presentan muy bajas tasas de participación femenina en el sector de la minería; la mayor proporción se da en Chile, seguido de Colombia, que presenta una diferencia baja entre la proporción de hombres y mujeres empleadas en el sector.

Como ya se mencionó, en la mayoría de los países, el sector de los servicios emplea la mayor cantidad de mujeres, con porcentajes superiores al 40% (en la Argentina y el Uruguay superan el 50%).

Gráfico II.9

América Latina (17 países): promedio simple de la distribución de los ocupados por rama de actividad y sexo, total nacional, 2011 a

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares.

a Ocupados de 15 años de edad y más. En la Argentina se registran 31 aglomerados urbanos. Datos correspondientes a 2011, salvo en Bolivia (Estado Plurinacional de) y Nicaragua (2009), y El Salvador, Honduras y México (2010).

Gráfico II.10

América Latina (promedio simple, 17 países): distribución de las mujeres ocupadas por rama de actividad, total nacional, 2011 a

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares.

a Ocupadas de 15 años de edad y más. En la Argentina se registran 31 aglomerados urbanos. Datos correspondientes a 2011, salvo en Bolivia (Estado Plurinacional de) y Nicaragua (2009), y El Salvador, Honduras y México (2010).

B. Mujeres en el ámbito rural y mujeres indígenas

En esta sección se abordará la heterogeneidad que se puede encontrar entre las mujeres de la región, trabajando para ello con las encuestas de hogares y los censos de población.

1. Mujeres en el ámbito rural

Existe una estrecha relación entre la situación laboral de las mujeres y la pobreza rural. En particular, se verifica una gran precariedad en el trabajo temporal, donde hay una creciente participación de las mujeres. Si bien la pobreza se ha reducido notablemente desde la década de 1990, aún persisten importantes desigualdades relacionadas con el territorio y el género, ya que las mujeres en el ámbito rural tienen menos posibilidades laborales, menores ingresos, escaso acceso a la seguridad social y, fundamentalmente, una sobrecarga de trabajo que se relaciona con la desigual distribución del trabajo doméstico y de cuidado en los hogares y en el conjunto de la sociedad.

En términos generales, las mujeres que viven en áreas rurales tienen menor autonomía económica que las que habitan en áreas urbanas. La proporción de mujeres sin ingresos propios en las áreas urbanas alcanza un 30,4%, mientras que en las áreas rurales llega al 41,4%. En las áreas urbanas, el porcentaje de mujeres sin ingresos se ha ido reduciendo de forma sistemática y con mayor celeridad que en las áreas rurales, donde la brecha es mayor y su reducción más paulatina. En todos los estudios sobre brechas salariales realizados en la región, las mujeres rurales e indígenas presentan desventajas estructurales debidas a las relaciones de desigualdad de género en el acceso al mercado laboral, al tipo de ocupaciones y a los ingresos que perciben.

En América Latina, las mujeres que viven en áreas rurales representan el 9,9% de la población total, con significativas diferencias de un país a otro. Se destacan los casos de la República Bolivariana de Venezuela, la Argentina y el Uruguay, donde las mujeres que viven en áreas rurales no llegan al 4% de la población. En el otro extremo se encuentran países como El Salvador, Guatemala y Honduras, donde estas superan el 20%. El caso de Honduras es especialmente llamativo, ya que las mujeres que viven en áreas rurales y las mujeres que viven en áreas urbanas representan proporciones muy similares del total de la población.

Lamentablemente, en el caso de los países del Caribe, las estimaciones y proyecciones de población no están desagregadas por sexo en la segmentación urbano-rural. La única excepción es Haití, donde las mujeres rurales representan el 25,8% de la población.

Gráfico II.11

América Latina (promedio simple, 19 países): proporción de mujeres en el total de la población, por área geográfica, 2010

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL, “Estimaciones y proyecciones de población a largo plazo 1950-2100. Revisión 2012” [en línea] http://www.eclac.cl/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm.

a Estimaciones y proyecciones de población urbana y rural según períodos quinquenales, 1950-2050.

En términos de inserción en el mercado laboral, las mujeres de áreas rurales presentan una tasa de actividad superior al 40%, lo que indica que hay una proporción importante de mujeres en el mercado laboral, pero aún se mantiene una brecha de casi el 100% respecto de la tasa de actividad de los hombres en áreas rurales. El Perú y el Estado Plurinacional de Bolivia son los países con mayor proporción de mujeres volcadas al trabajo remunerado en áreas rurales en la región y también los que presentan menores brechas entre mujeres y hombres en este indicador. Chile tiene la menor proporción de mujeres en áreas rurales que trabajan o buscan trabajar en forma remunerada, seguido de Nicaragua y El Salvador (los tres países presentan una tasa de una de cada tres mujeres). La mayor distancia entre los guarismos de hombres y mujeres se presenta en Nicaragua y Guatemala, dos países en que la población económicamente activa masculina en el medio rural supera el 90% y la femenina se sitúa en el entorno del 32% y el 39%, respectivamente.

Gráfico II.12

América Latina (16 países): tasa de actividad económica en el área geográfica rural, por sexo, último dato disponible a

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares.

a Población de 15 años de edad y más. Datos correspondientes a 2011, salvo en El Salvador, Honduras y México (2010), Bolivia (Estado Plurinacional de) y Nicaragua (2009), y Guatemala (2006).

b Promedio simple, sin Guatemala.

En términos generales, las mujeres rurales tienen menos acceso a redes de apoyo y una menor provisión de servicios de cuidado y salud. A esto se suma que en muchos casos deben asumir tareas propias del ámbito rural (como acarrear leña o agua), recorrer distancias más largas, muchas veces sin servicios de transporte público, y, desde luego, cuentan con menos infraestructura y tecnologías de apoyo a las tareas del hogar (instalaciones de electricidad, saneamiento y agua potable, máquinas de lavar, vehículos).

Es importante tener presentes estas características a la hora de discutir y elaborar políticas públicas que incluyan a las mujeres que viven en el ámbito rural y les brinden oportunidades para integrarse plenamente al mercado laboral y acceder a los beneficios propios del desarrollo.

2. Mujeres indígenas

La persistencia de grandes desigualdades relacionadas con el origen étnico se verifica en el hecho de que la población indígena de la región tiene un mayor nivel de pobreza y menor acceso a los servicios públicos. Las tasas de analfabetismo de las mujeres indígenas de 15 años de edad y más pueden llegar a ser hasta cuatro veces más altas que las de las mujeres no indígenas. Tanto en el área urbana como en el área rural, el analfabetismo entre las mujeres indígenas es mayor que el de los hombres y el promedio de años de instrucción es menor. Este rezago social frena las posibilidades de las mujeres indígenas de lograr una mejor inserción en el mercado laboral. El bajo nivel educativo constituye uno de los nudos centrales que se deben romper para eliminar esta brecha, que también es un factor de discriminación social y económica, y funciona como un obstáculo para salir de la pobreza (Ortega, 2013).

En el caso de las mujeres indígenas, la fuente de información escogida fueron los censos de población y con esas bases de datos se calcularon algunos indicadores que recogen las actividades que realizan estas mujeres en la región. Se utilizaron censos de los siguientes países y años: Colombia y Nicaragua (2005), el Perú (2007), el Brasil, el Ecuador, México y Panamá (2010), y Costa Rica y el Uruguay (2011).

De los nueve países con información censal disponible, el que registra una mayor proporción de mujeres indígenas es el Perú, con un 12% (le siguen México y Panamá). El país que aparece con menor proporción es el Brasil, con solo un 0,2% de la población a nivel nacional. La relación entre hombres y mujeres con esta autoidentificación étnica no varía.

Al observar las tasas de actividad económica de la población indígena y no indígena por sexo, se constata que la disparidad es menor entre los hombres que entre las mujeres. En todos los casos (excepto en Colombia en el caso de hombres indígenas), los hombres mantienen tasas de actividad por encima del 65% y las diferencias entre hombres indígenas y no indígenas no son especialmente acentuadas (excepto en Colombia). Sin embargo, la situación de las mujeres es más heterogénea: existen casos de tasas muy bajas para las mujeres indígenas, como en Panamá (19,3%), y otros de tasas cercanas a los promedios regionales, como los del Ecuador y el Uruguay. A su vez, se registra una brecha importante entre mujeres indígenas y no indígenas, como en el caso de Panamá, donde las diferencias en las tasas femeninas alcanzan los 25 puntos porcentuales.

Gráfico II.13

América Latina (9 países): población indígena por sexo en el total de la población

(En porcentajes)

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL, sobre la base de datos de los censos de población.

Gráfico II.14

América Latina (9 países): tasa de actividad económica, por sexo y condición étnica, según país, último dato censal disponible a

(En porcentajes)

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL, sobre la base de datos de los censos de población.

a Población de 15 años de edad y más.

Cuando se revisan los sectores de actividad económica en que trabajan las mujeres indígenas, si bien se constata una gran proporción en el sector terciario, el porcentaje de mujeres indígenas en el sector primario en varios casos supera el 30%3. El caso más extremo es el del Ecuador, donde seis de cada diez mujeres indígenas están empleadas en el sector primario, con una de las brechas más marcadas en la región entre mujeres indígenas y no indígenas (casi 50 puntos porcentuales).

Gráfico II.15

América Latina (8 países): mujeres ocupadas, por sector económico de actividad, último dato censal disponible a

(En porcentajes)

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL, sobre la base de datos de los censos de población.

a Población de 15 años de edad y más.

En Costa Rica y México la realidad parece diferir bastante, ya que la gran proporción de mujeres indígenas trabajan en el sector terciario y la brecha con las mujeres no indígenas no es tan pronunciada. La hipótesis detrás de estas cifras es que las mujeres indígenas están más presentes en las áreas urbanas y ello las lleva a desempeñarse en sectores de servicios, no vinculados a la producción agrícola o extractiva.

Gráfico II.16

América Latina (8 países): mujeres indígenas ocupadas, por categoría ocupacional, último dato censal disponible a

(En porcentajes)

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL, sobre la base de datos de los censos de población.

a Población de 15 años de edad y más.

La mayoría de las mujeres indígenas de la región son asalariadas. Las mayores proporciones se registran en Colombia, Costa Rica y el Brasil con cifras superiores al 67%. Después hay un grupo de países donde la mitad de las mujeres indígenas están empleadas en forma asalariada y por último países como el Ecuador y el Perú, donde la proporción es menor y alcanza a una de cada tres mujeres. En el Ecuador, la mayoría de las mujeres indígenas se desempeñan en ocupaciones por cuenta propia, lo que puede estar vinculado a la producción en pequeña escala de artesanías y alimentos o a emprendimientos de pequeño porte. El caso del Perú también se destaca por la importante proporción de mujeres que trabajan de forma no remunerada en algún emprendimiento familiar o son ayudantes en comercios, pero no perciben remuneraciones por ello. Costa Rica es el único país donde las mujeres indígenas empleadoras o patronas superan el 5%. Conocer las características de las empresas que estas mujeres encabezan y el número de empleados que tienen a su cargo puede ser un elemento relevante a la hora de pensar políticas y estrategias para que las empresas lideradas por mujeres no sean de vida corta y logren establecerse en el tiempo.

Uno de los sectores especialmente estudiado a partir de diversos cruces de variables e inferencias es el del servicio doméstico. Panamá y Nicaragua son los países donde se registra mayor proporción de mujeres indígenas empleadas en el servicio doméstico. A su vez, en Panamá esta realidad es más patente en el ámbito urbano que en el rural. Costa Rica es el tercer país con mayor proporción de mujeres indígenas en el servicio doméstico y, a diferencia de los dos anteriores, aquí no parece haber tanta disparidad entre las mujeres indígenas y no indígenas empleadas en el sector y tampoco entre su presencia en el ámbito rural o urbano.

Gráfico II.17

América Latina (8 países): mujeres ocupadas en el servicio doméstico, por condición étnica, últimos datos censales disponibles a

(En porcentajes)

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL, sobre la base de datos de los censos de población.

a Población de 15 años de edad y más.

En las últimas décadas se ha verificado un incremento del ingreso de las mujeres al mercado laboral. Sin embargo, esta incorporación se ha dado de acuerdo con construcciones socioculturales que establecen que las mujeres deben ocuparse de las tareas de cuidado. Si se observa el tipo de empleo que tienen las mujeres, se puede advertir con facilidad que se dedican a labores relacionadas con el cuidado (como los ámbitos de salud, educación y cuestiones sociales en general) y se desempeñan en menor medida en ámbitos relacionados, por ejemplo, con las tecnologías. A esto se suma que trabajan más horas que los hombres, que ganan menos dinero por las mismas tareas y que enfrentan más condiciones de estrés dada la superposición de responsabilidades. Además, las mujeres que viven en áreas rurales y las mujeres indígenas enfrentan las desventajas de la lejanía, la falta de medios de transporte y comunicaciones accesibles, y las múltiples discriminaciones enraizadas en las desigualdades étnico-raciales.

C. Brecha digital de género: acceso, uso y habilidades en Internet

En esta sección se presentan datos actualizados de los patrones de prevalencia de uso de Internet por sexo para diez países, lo que permite realizar un análisis más abarcador y dinámico para explorar cómo se está comportando la brecha digital de género. Para todos los efectos, la información utilizada corresponde a microdatos de encuestas de hogares oficiales de los países con representatividad nacional.

Internet es, sin duda, uno de los más importantes avances tecnológicos de las últimas décadas. La revolución digital que supone la disponibilidad de computadoras cada vez más avanzadas no solo alcanza a los lugares de trabajo sino también a los hogares, los establecimientos educativos y un sinfín de otros aspectos de la vida de cada vez más personas. Los beneficios de este cambio suponen un aumento de la productividad en el trabajo (Krueger, 1993), mayor eficiencia en el uso del tiempo (Sinai y Waldfogel, 2003; Goolsbee y Klenow, 2006), mayor eficiencia en la búsqueda de empleo (Kuhn y Skuterud, 2004; Stevenson, 2009), menores costos de acceso a información en ámbitos como la salud (Percheski y Hargittai, 2011; Dobransky y Hargittai, 2012) y la educación (Fairlie, 2005; Beltran, Das y Fairlie, 2009; Fairlie y London, 2012), entre otros.

Como toda innovación o avance tecnológico, la difusión de Internet no es uniforme entre países y entre distintos grupos de la población. Sobre todo en las primeras etapas de su implementación, la nueva tecnología solo es accesible para quienes pueden afrontar su costo y tienen las habilidades suficientes como para manejarla. Esto genera un patrón de uso y adopción de Internet que refleja los patrones de desigualdad en otras variables socioeconómicas relevantes, como el ingreso y el nivel educativo (Hargittai, 2010).

Dados los evidentes beneficios de la adopción de Internet y del paradigma digital, la brecha digital tiende a profundizar las desigualdades socioeconómicas preexistentes (Di Maggio y otros, 2004). Esto significa que a medida que aumentan los beneficios de estar conectado a la red, el costo de no estarlo también se incrementa. La intensidad de la brecha digital puede aumentar aun cuando el tamaño de la población excluida de la sociedad de la información sea cada vez menor. En ese contexto, es posible sostener que el cierre de la brecha digital, o, más específicamente, las políticas digitales dirigidas a superar esa brecha, podría ayudar a potenciar los efectos positivos de Internet y contribuir así a reducir brechas socioeconómicas preexistentes.

En virtud de lo expuesto, en muchos estudios se ha investigado de qué manera las características socioeconómicas de diferentes grupos de la población explican la brecha digital (Peres y Hilbert, 2009; Grazzi y Vergara, 2011). Esto es de particular interés en América Latina, una región con altos niveles de desigualdad socioeconómica. En particular, dada la alta y persistente desigualdad de género en el mercado laboral (Morrison, Raju y Sinha, 2007; Abramo y Valenzuela, 2005), resulta de gran interés estudiar la dimensión de género en la brecha digital. En este aspecto, los trabajos realizados para la región son aún muy pocos (Sánchez, 2010; Hilbert, 2011; Navarro y Sánchez, 2011).

Estos trabajos presentan estadísticas sobre los patrones de acceso y uso de Internet por sexo hacia mediados de la década pasada y registran evidencia de una brecha digital de género que perjudica a las mujeres (es decir, las mujeres presentan menores tasas de uso y adopción de Internet que los hombres). Además, mediante diferentes metodologías se llega a la conclusión de que la brecha digital de género es un reflejo de la brecha social de género. Las distintas posiciones de hombres y mujeres en términos de educación, ingreso e inserción laboral, entre otras dimensiones, explican por qué es menor el porcentaje de mujeres que de hombres que usan Internet.

Los resultados que aquí se presentan muestran que persiste una brecha digital de género en el uso de Internet que coloca en desventaja a las mujeres de todos los niveles educativos, es más frecuente en áreas urbanas que en áreas rurales y tiende a ser más intensa en los quintiles medios y altos de la distribución del ingreso. En contraste, en el ámbito laboral se observa un claro patrón de mayores tasas de uso de Internet entre las mujeres que entre los hombres. También existen otras diferencias interesantes en cuanto al uso de Internet entre hombres y mujeres: las mujeres tienden a acceder a la red desde puntos de acceso comunitarios en mayor medida que los hombres, al tiempo que estos suelen hacer un mayor uso de Internet para entretenimiento y comercio y las mujeres la utilizan más con fines educativos y de comunicación.

Los datos reportados, al igual que los presentados en Navarro y Sánchez (2011), muestran que, en promedio, la prevalencia de uso de Internet es inferior entre las mujeres que entre los hombres y que esa diferencia se da más en áreas urbanas que en áreas rurales. La brecha digital de género persiste incluso al agrupar por nivel educativo, aunque es menor entre los individuos con mayor nivel de educación. Al considerar la condición de actividad de hombres y mujeres, se encontró una mayor tasa de uso de Internet en mujeres empleadas que en hombres en igual condición. Las tendencias presentadas sugieren que las diferentes tasas de uso de Internet entre hombres y mujeres se ven determinadas por un conjunto de factores.

1. Las cifras hablan

La información aquí presentada proviene de procesamientos especiales de bases de datos de CEPALSTAT. Dado que el grado de detalle de la información en las encuestas varía de un país a otro, no siempre fue posible incluirlos a todos en el análisis. Los países considerados son el Brasil (2005 y 2009), Chile (2006 y 2009), Costa Rica (2005 y 2008), el Ecuador (2008 y 2010), El Salvador (2007 y 2010), Honduras (2007 y 2010), México (2007 y 2009), el Paraguay (2007 y 2010), el Perú (2007 y 2010) y el Uruguay (2008 y 2010). Excepto en el caso de México, donde los datos provienen de una encuesta específica de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), la información se obtuvo de encuestas de hogares que incluyen módulos de preguntas relacionadas al acceso y uso de las TIC a nivel individual y del hogar. Todas las encuestas son representativas a nivel nacional y contienen información sobre las características de los hogares y las personas (edad, educación, ingresos, condición de actividad y ocupación, entre otras), además de las preguntas sobre acceso y uso de las TIC.

El indicador de acceso a Internet muestra una marcada heterogeneidad de un país a otro y varía de un 8,3% de personas con acceso a Internet en el hogar en El Salvador a más del 38% en el Uruguay. Este país ha puesto en marcha varias iniciativas para promover el acceso universal en los hogares, con una amplia diversidad de planes para posibilitar la conexión a Internet, en algunos casos con una oferta de determinado volumen de tráfico gratuito. En este marco, Antel, la empresa estatal de telecomunicaciones, está desarrollando un proyecto que consiste en llegar con fibra óptica a cada hogar, instalando la infraestructura de acceso que permita brindar todos los servicios demandados por los clientes que surjan durante los próximos 30 años. La fibra óptica es el medio de trasmisión de información de mayor capacidad disponible para las telecomunicaciones, que posibilita el acceso a Internet a las más altas velocidades (www.antel.com.uy).

En cuanto a la dinámica temporal, es notable el avance que este indicador ha experimentado en todos los países durante los últimos cinco años. Si se toma el promedio simple de los diez países considerados, la tasa de acceso a Internet en el hogar pasó del 10,3% en el primer año con información a casi el 20% en los datos más recientes (véase el gráfico II.18).

Gráfico II.18

América Latina (10 países): acceso a Internet en el hogar, por sexo a

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares.

a Datos nacionales. Debido a cambios en el cuestionario, no fue posible registrar los datos para el Ecuador en 2010.

La falta de acceso a Internet en el hogar no siempre es un impedimento para el uso de la red. Esto se ve reflejado en el gráfico II.19, donde se observa que las tasas de uso son bastante más elevadas que las de acceso en el hogar. Aquí también se puede notar una elevada heterogeneidad en la prevalencia de uso, aunque más reducida que en el caso del acceso en el hogar. Desde la perspectiva temporal, las tasas de uso también registraron un sensible incremento en todos los países. Los datos más recientes muestran que, en promedio, cerca del 29% del total de la población declara usar Internet. Se aprecia así un importante descenso en la dispersión de este indicador entre los países.

En los datos agrupados por sexo se verifican algunos elementos interesantes para el estudio de la brecha digital de género. Sin embargo, las tasas de acceso de hombres y mujeres son similares en todos los países, ya que la unidad de análisis para este indicador es el hogar y no sus miembros.

Los datos indican que las mujeres están en condiciones similares respecto de los hombres en términos de infraestructura de acceso en el hogar. Sin embargo, al considerar las tasas de uso de Internet por sexo comienza a abrirse una brecha. Esto se puede advertir en el gráfico II.19, donde se presenta el porcentaje de mujeres y de hombres que declaran usar Internet en cada uno de los diez países con información disponible.

A pesar de que se amplían rápidamente los puntos de acceso a infraestructuras que posibilitan el uso de Internet, la tasa de uso de las mujeres es menor que la de los hombres en todos los países (a excepción de Honduras, que registra las más bajas tasas de acceso y uso).

Gráfico II.19

América Latina (10 países): uso de Internet por sexo a

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares.

a Datos nacionales. Las tasas de uso se refieren al porcentaje de hombres y mujeres que declaran usar Internet desde cualquier punto de acceso además del hogar (lugar de trabajo, establecimientos educativos, centros comunitarios u otros).

Los datos son elocuentes y dejan entrever que las mujeres se benefician de los avances de la sociedad digital, pero con rezago respecto de los hombres. No obstante, si se consideran las diferencias de uso en términos relativos, se advierte que, tomando el promedio simple de los diez países, la tasa de uso de Internet de las mujeres pasó de ser un 11,1% inferior a la de los hombres a un 8,5% menor en el último año con información disponible.

Los resultados indican que, más allá de la inexistencia de políticas digitales masivas con perspectiva de género, el proceso general de avance de las TIC conlleva implícita una lenta reducción de las brechas relativas de uso de Internet, aunque no en términos absolutos.

Recuadro II.3

Las mujeres utilizan menos los recursos del gobierno en línea

Las mujeres conocen menos que los hombres las alternativas que ofrece el sistema de gobierno en línea colombiano. Así lo establece la encuesta de Monitoreo y Evaluación de Gobierno en Línea 2012 de Colombia, una iniciativa que data del año 2000 y tiene por objeto lograr un aparato estatal más eficiente, transparente y participativo. Entre los éxitos de la estrategia digital del Gobierno de Colombia se cuentan el incremento de la disponibilidad de trámites y servicios por medios electrónicos y el acceso a información de calidad en los sitios web de todas las entidades públicas del país, incluidos los municipios y departamentos.

En cuanto a las diferencias entre hombres y mujeres en el uso de la Estrategia de Gobierno en Línea, se puede destacar que existen comportamientos diferenciados por sexo en acceso, conocimiento y uso de la Estrategia para obtener información, realización de trámites, obtención de créditos educativos, contacto con entidades públicas, pago de impuestos y otros. Los hombres conocen y utilizan más las TIC para realizar trámites que las mujeres. Un 50,5% de los hombres sabe cómo realizar pagos por medio de estas tecnologías frente a un 40,9% de las mujeres.

Colombia: conocimiento de recursos de gobierno en línea, por sexo

(En porcentajes)

Fuente: Gobierno de Colombia [en línea] https://www.dnp.gov.co/Gobierno/BuenGobierno.aspx.

Las brechas en el uso de los recursos del gobierno electrónico, que se presentan en este estudio, inciden de manera negativa en la economía del tiempo de las mujeres, puesto que a mayor uso y manejo de las TIC para el acceso a trámites y servicios del gobierno, menor demanda del tiempo de las mujeres. Otro de los aspectos interesantes que se plantea es la capacidad económica para acceder a los servicios. Un 57% de los hombres declaran poder pagar Internet fija o portátil, mientras que un 48% de las mujeres están en condiciones de realizar dicho pago.

El estudio también releva el uso de dispositivos TIC y llega a la conclusión de que las mujeres utilizan menos todos los dispositivos. La brecha más marcada se registra en los dispositivos móviles, como teléfonos celulares, tabletas y otros.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información del Gobierno de Colombia [en línea] https://www.dnp.gov.co/Gobierno/BuenGobierno.aspx.

Resulta interesante explorar también cómo se comporta la brecha digital de género en el uso de Internet en distintos ámbitos. Para ello, a continuación se presentan datos de tasas de uso de Internet por sexo según condición de actividad y tipo de ocupación, quintil de ingreso, nivel educativo y área geográfica de residencia. Así se podrá advertir cuán diseminada está la tecnología entre distintos grupos de la población con diversas características y explorar si existen diferencias de género en dichos grupos[4].

2. Nativos digitales y ocupadas usan más Internet

En el gráfico II.20 se presentan las tasas de uso de Internet para tres grupos según su situación ocupacional: empleados, desempleados y estudiantes. En el gráfico II.21 se presenta similar información discriminada según el tipo de ocupación y se incluyen las siguientes categorías: empleador, asalariado y trabajador por cuenta propia.

Gráfico II.20

América Latina (9 países): uso de Internet por condición de actividad y sexo

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares.

En líneas generales, los datos reflejan mayores tasas de uso en el caso de los estudiantes que en el de los empleados y desempleados, lo que puede estar asociado con la estructura de edad de los distintos grupos considerados (los estudiantes presumiblemente tienen menor promedio de edad que los otros grupos, lo que los coloca en una posición más cercana a los llamados “nativos digitales”). En cuanto a las diferencias de género, se observan porcentajes de usuarios de Internet muy similares entre hombres y mujeres estudiantes en los distintos países.

Finalmente, se observa que en todos los países (menos en el Perú), la prevalencia de uso de Internet entre las personas ocupadas es mayor en el caso de las mujeres que en el de los hombres. No hay una tendencia consistente en la brecha digital de género entre desocupados y desocupadas en los países analizados.

En el gráfico II.21 se puede ver que las mujeres registran mayores tasas de uso que los hombres. Esto se da principalmente en el grupo de ocupados asalariados más que entre los empleadores y trabajadores independientes.

Gráfico II.21

América Latina (9 países): uso de Internet por categoría ocupacional y sexo

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares.

Estos datos muestran que, en la medida en que las mujeres se insertan con éxito en el mercado laboral, por ejemplo como asalariadas, presentan una situación incluso ventajosa respecto de los hombres en cuanto al porcentaje de usuarias de la tecnología. Se puede conjeturar que ello es resultado de que, dadas las tasas de participación femenina relativamente bajas en el mercado laboral, poseer habilidades de manejo de las TIC es una variable considerada en la selección de muchas mujeres asalariadas.

Los resultados podrían entonces indicar que contar con habilidades para el uso de las TIC puede ser una herramienta poderosa para la inserción laboral exitosa de muchas mujeres. Al revisar las dos situaciones que viven las mujeres —brecha digital de género en general y situación ventajosa en el uso de Internet bajo su condición de asalariadas—, se podría pensar que existe un círculo vicioso: su menor acceso y uso de las TIC conspira contra sus posibilidades de un mayor acceso al empleo, al tiempo que la marginación de muchas mujeres del mundo laboral formal y asalariado tiende a consolidar la brecha de uso de las TIC.

3. Exclusión de hombres y mujeres en situación de pobreza

Existe evidencia sustancial de que la prevalencia de uso de Internet aumenta a medida que asciende el nivel de ingresos de los hogares. En el gráfico II.22 se presenta información sobre tasas de uso de Internet por sexo y quintil de ingreso. Los resultados muestran una correlación positiva en todos los países entre el uso que los individuos hacen de Internet y el quintil de ingreso al que pertenecen. La intensidad de esa relación varía mucho de un país a otro.

Mientras en el Uruguay el quintil más rico presenta una tasa de uso menos de dos veces mayor que la del quintil más pobre, en Costa Rica, El Salvador, Honduras y el Paraguay esa relación es más de diez veces mayor. En cuanto a las diferencias de género en el uso de Internet por nivel de ingreso, no se encuentra un patrón definido entre los distintos países. De todos modos, y en líneas generales, pareciera que la brecha de género es más desfavorable a las mujeres en los quintiles superiores que en los inferiores. Es decir, la brecha de género es menor en los grupos en que la tecnología es menos accesible, dado que la pobreza incide en las oportunidades de acceso y uso tanto de hombres como de mujeres. Este fenómeno de afectación e igualación en la pobreza de hombres y mujeres no es habitual, ya que en muchas otras dimensiones la situación de pobreza agrava la vulnerabilidad de las mujeres en proporción mucho mayor que la de los hombres (uso del tiempo, violencia, acceso a activos o créditos y demás).

Gráfico II.22

América Latina (9 países): uso de Internet por quintil de ingreso y sexo a

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares.

a Quintil de ingreso sobre datos a nivel de hogar. Se calcula sobre el ingreso total, es decir que incluye ingresos autónomos y transferencias.

4. Más educación, más uso de Internet

Dada la alta correlación entre educación e ingresos, no es sorprendente encontrar que las tasas de uso de Internet aumentan cuanto mayor es el nivel educativo alcanzado. Si bien las tasas de uso de Internet son mayores en hombres que en mujeres para todos los grupos de nivel educativo considerados en este caso, la brecha digital destacable es la que se presenta entre las personas con educación primaria (completa e incompleta) y las personas que alcanzan el nivel terciario, con una distancia de más de 50 puntos porcentuales.

Gráfico II.23

América Latina (9 países): uso de Internet por nivel educativo y sexo

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares.

5. Menor brecha digital de género en áreas rurales

En el gráfico II.24 se presentan datos del porcentaje de usuarios de Internet, hombres y mujeres, distribuidos según su lugar de residencia en áreas urbanas o rurales, de acuerdo con la información disponible. Como confirmación de los resultados de estudios previos, se observa que el uso de Internet está mucho más diseminado en áreas urbanas que en áreas rurales. En El Salvador, Honduras y el Paraguay las tasas de uso de Internet son más de cinco veces superiores en áreas urbanas que en áreas rurales, mientras que en Chile y Costa Rica esa relación se sitúa en torno a 2,5, lo que es igualmente significativo. Es notable observar que en todos los países, a excepción del Perú, la brecha digital de género en las áreas rurales tiende a desaparecer.

Gráfico II.24

América Latina (8 países): uso de Internet por área geográfica y sexo

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares.

D. En síntesis

Si bien la participación económica de las mujeres en el empleo ha aumentado en las últimas décadas, se ha estancado a partir de los primeros años de la década de 2000 y aún hoy la mitad de las mujeres latinoamericanas y caribeñas no tiene ningún vínculo con el mercado laboral. Esto tiene notables implicancias para la autonomía económica de las mujeres, ya que, además de dejarlas sin la posibilidad de generar ingresos propios, perpetúa su presencia en el ámbito del trabajo no remunerado y hace que les sea muy difícil reducir la carga de responsabilidades familiares para aumentar su bienestar.

Por otra parte, el mercado laboral presenta una serie de trampas para las mujeres, que, como se evidenció en este capítulo, hacen que puedan acceder solo a algunos ámbitos de dicho mercado. Estas trampas las colocan en ámbitos más relacionados a la extensión de las tareas socialmente asignadas relativas al cuidado (educación, salud, servicios sociales) y parecen trabarles el ascenso a los puestos de dirección y gerencia.

Aún sigue siendo abrumadora la mayoría de mujeres que se dedica al servicio doméstico, uno de los sectores más desprotegidos y de peores condiciones del mercado laboral, que en la mayoría de los países de la región cuenta con escasísima regulación y fiscalización. Una de cada diez mujeres ocupadas se desempeña en este sector, donde son habituales las situaciones de discriminación relativas a la migración (interna y externa) o a las desigualdades étnico-raciales.

En términos de uso de Internet, los datos muestran que persiste una brecha digital de género en detrimento de las mujeres, más allá de los avances en la reducción de la brecha digital general. Esto se pone en evidencia con los aumentos de las tasas de acceso y uso de Internet entre la población de todos los países, un factor que es incluso visible en la comparación entre años cercanos en el tiempo.

La brecha digital de género es más frecuente en áreas urbanas que en áreas rurales y afecta principalmente a mujeres de mayor edad de todos los niveles educativos e incluso de los niveles de ingresos medios y altos. Sin embargo, en el caso de las mujeres asalariadas la brecha se revierte y las tasas de uso de Internet llegan a ser superiores a las de los hombres.

En materia de implicancias de política pública, los resultados indican que el desarrollo de la sociedad de la información beneficia tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, al partir de una importante brecha digital de género, es de suma relevancia atacar no solo la brecha digital, sino también las discriminaciones presentes en el mercado laboral, el uso del tiempo y el acceso a los ingresos y activos, de modo que las mujeres puedan beneficiarse igual que los hombres de las ventajas de la sociedad de la información y del conocimiento.

Las políticas de inclusión digital con perspectiva de género son necesarias tanto para promover un espacio de igualdad de condiciones entre hombres y mujeres en el acceso y uso de las TIC como para que las TIC sirvan de herramienta para mejorar aquellos aspectos en que las mujeres se encuentran en clara y persistente desventaja respecto de los hombres.

[1] No todos los países cuentan con información disponible que permita realizar cálculos para el sector de la población que vive en áreas rurales.

[2] Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México (2012).

[3] El sector primario está formado por las actividades económicas relacionadas con la transformación de los recursos naturales en productos primarios no elaborados. Las principales actividades de este sector son la agricultura, la minería, la ganadería, la silvicultura, la apicultura, la acuicultura, la caza y la pesca. El sector secundario reúne la actividad artesanal e industrial manufacturera, mediante las cuales los bienes provenientes del sector primario son transformados en nuevos productos. Abarca también la industria de bienes de producción, como materias primas artificiales, herramientas, maquinarias y demás. De igual manera, comprende la industria de bienes de consumo, así como también la prestación de servicios a la comunidad. El sector terciario se dedica a ofrecer servicios, lo que supone una gama muy amplia de actividades que está en constante aumento. Esta heterogeneidad abarca desde el comercio más pequeño hasta las altas finanzas o el Estado.

[4] Para esta etapa del estudio solo se utilizaron los datos más recientes y no se pudo acceder a la información necesaria para México. Por lo tanto, en el análisis se considerarán los datos de nueve países para el último año con información.

Capítulo III

Las mujeres en la economía digital

La revolución tecnológica, centrada en torno a las tecnologías de la información, modifica la base material de la sociedad a un ritmo acelerado. Las economías del mundo entero se han hecho interdependientes y se ha introducido una nueva relación entre economía, Estado y sociedad. Los cambios sociales son tan espectaculares como los procesos de transformación tecnológicos y económicos (Castells, 1997). En ese contexto, y en persistentes condiciones de discriminación, las mujeres se han incorporado al trabajo remunerado de manera sostenida durante el último decenio (pese a que este aumento de la incorporación femenina se ha desacelerado en los últimos años). Según el informe elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), si bien las mujeres están ingresando a puestos técnicos y profesionales relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), sigue existiendo una fuerte feminización de puestos de trabajo de nivel inferior. Una de las razones por las que el sector de las TIC se percibe como una industria de fuerte dominio masculino es porque la mayoría de los puestos de trabajo de alto valor y altos ingresos en este sector están ocupados por hombres. Tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo se encuentran casos clásicos de segregación vertical de género, en que las mujeres están fuertemente representadas en ocupaciones de bajo nivel TIC. Aunque las mujeres están incursionando en puestos técnicos y de alto nivel profesional, el estudio reveló una “feminización” de los puestos de menor calificación. En promedio, según esta investigación, las mujeres representaron el 30% del personal técnico operativo, apenas el 15% del nivel directivo y solamente un 11% de los profesionales de planificación y estrategia en el sector de las TIC.

En términos generales, al analizar los sectores de actividad de las economías latinoamericanas, se observa que las mujeres se encuentran empleadas principalmente en los servicios y el comercio. Ante este panorama, resulta inevitable preguntarse por sus condiciones de trabajo. Para entender la posición de las mujeres en la economía digital y contar con elementos para el debate de políticas públicas que mejoren su incorporación, se seleccionaron tres casos del mundo laboral, profundamente vinculados con la producción y el uso de las TIC en la región.

En primer lugar, se analizan las condiciones de las mujeres asalariadas en la industria electro-electrónica brasileña, uno de los sectores de mayor desarrollo en la región, que demanda mucha mano de obra femenina, en especial para la producción de bienes de consumo como celulares, tabletas, computadoras, monitores, impresoras y otros. La conjunción de dos características de la economía brasileña —amplia proporción de asalariadas y presencia de una robusta industria electro-electrónica— torna sumamente interesante la mirada hacia la situación de las mujeres en la economía digital en este sector de la producción.

La industria electro-electrónica es un sector de actividad característico de la economía digital y, como lo está mostrando el Brasil, se perfila con un dinamismo especialmente interesante para el empleo y el crecimiento de la industria en la región. Esto presenta oportunidades y desafíos para el empleo de las mujeres. A pesar de tratarse de un sector dinámico y en permanente cambio, se mantienen, e incluso en algunos casos se acentúan, las típicas barreras en el desempeño laboral de las mujeres (cargos de menor responsabilidad, demanda de disponibilidad completa y muchas otras) y los mecanismos discriminatorios (menor salario por igual trabajo y menos posibilidades de ascenso laboral, entre otros).

El segundo caso que se presenta en este capítulo analiza las condiciones laborales de las mujeres en un clásico servicio basado en las TIC: los centros de llamadas (). Convertidos en un sector clave de la economía panameña, los centros de llamadas se han vuelto un modelo de gestión laboral y de creación de empleos, y conforman uno de los procesos de mayor dinamismo dentro de la economía digital. Sin embargo, este subsector no ha podido romper con ciertas barreras y obstáculos para el desarrollo laboral de las mujeres que emplea.

Algunos países de la región han especializado su economía en servicios competitivos a nivel mundial y establecen condiciones que facilitan la instalación de empresas dedicadas a estos servicios. Para entender las oportunidades que tienen las mujeres en este tipo de empleo se estudiaron las características y necesidades del personal femenino en estas empresas. Los centros de llamadas actualmente tienen una fuerte presencia en algunos países de la región, como la Argentina, Panamá y el Uruguay. Panamá se destaca por la voluntad política y por contar con una reglamentación especialmente atractiva para las empresas que brindan este servicio. Por esta razón, en este documento se revisa la situación de las mujeres allí ocupadas.

El tercer caso que se aborda se refiere a la situación de las mujeres que utilizan las TIC en emprendimientos productivos. Se trata de mujeres peruanas que participaron de un curso de capacitación en TIC para emprendimientos productivos en la República de Corea y después regresaron al país, donde desempeñan un papel fundamental como multiplicadoras de la experiencia de capacitación y de la posibilidad de reproducir la lógica de generación de negocios de pequeña y mediana escala con el uso intensivo de las TIC.

Saber cómo y cuáles han sido los procesos de incorporación de las TIC en las micro y pequeñas empresas (mypes) cuando estos emprendimientos son liderados por mujeres permite analizar las oportunidades que estas tecnologías generan mediante un uso estratégico y una capacitación específica, lo que habilita a dar un salto de la precariedad a emprendimientos con condiciones de estabilidad y prospección.

A. ¿Oportunidades o más de lo mismo?: las mujeres en la industria electro-electrónica

El desarrollo de la industria electro-electrónica es, al menos para algunos países de la región, un componente importante del proceso de cambio estructural, ya que implica aumentar la eficiencia dinámica de la estructura productiva. Esta tendencia se justifica por la trayectoria reciente del sector y por el advenimiento de dos macrotendencias a nivel mundial: i) la inclusión digital de un enorme contingente de la población que aún se encontraba por fuera de la sociedad de la información y ii) la tendencia de la incorporación de la electrónica y los componentes electrónicos a todos los demás bienes industriales con el fin de atribuirles nuevas funcionalidades e innovaciones.

El Brasil es uno de los países de la región que, como México, cuentan con una industria electrónica importante. Los países latinoamericanos que actualmente no tienen producción en la industria electro-electrónica también experimentan las tendencias mencionadas, puesto que se ven obligados a resolver el problema de la provisión de bienes de esta industria, ya sea por medio de planes e inversiones para la producción o mediante la importación. Aunque todos los países enfrentan las consecuencias de ambas macrotendencias, en aquellos donde esta industria opera se abren más oportunidades laborales para las mujeres.

De acuerdo con los estudios realizados, la industria brasileña evoluciona gradualmente hacia la incorporación de nuevos patrones de innovación, basada en el desarrollo de un ecosistema con una fuerte impronta de ingeniería local. La informática representa la mitad de la facturación de la industria electro-electrónica e incluye principalmente computadoras de escritorio y portátiles y tabletas. La fabricación de estas últimas ha registrado un crecimiento exponencial que ha superado al de las dos primeras. En el sector de las telecomunicaciones, la fabricación de teléfonos celulares inteligentes ()también ha crecido con rapidez, en contraste con la fabricación de celulares tradicionales, una tendencia que muy probablemente se mantendrá[1].

En la manufactura de bienes de consumo electrónicos que se realiza en fábricas de ensamblaje instaladas en el Brasil se utilizan principalmente componentes importados. Esto genera una fuerte presión sobre la balanza comercial del sector, ya que la mitad de las importaciones de bienes electro-electrónicos de 2011 y 2012 (proyección) corresponde a componentes, cerca de un 63% de los cuales provienen de China y el resto de Asia[2]. Este desequilibrio comercial es blanco de la política industrial brasileña actual, que está implementando una batería de instrumentos destinados a generar una industria local de componentes para sustituir esas importaciones. Por ejemplo, a fines de 2012 se concretó la inversión para construir una sexta planta de Foxconn para producir bienes de marca Apple y elaborar todos los componentes necesarios para su producción (cables, cámaras, pantallas sensibles al toque, LED y placas de circuitos). Los únicos componentes que no se producirán serán los transistores de película delgada, que mejoran la calidad de la imagen. Desde su anuncio en 2011, esta inversión ha generado un acalorado debate en el Brasil sobre la política industrial más adecuada para el cambio estructural en el desarrollo local de la electrónica, entre otros sectores intensivos en conocimiento. En suma, la industria electro-electrónica del Brasil ocupa el centro de la atención sobre la política industrial que podría generar una estructura productiva más eficiente. Por el dinamismo y la importancia de estas políticas es que el análisis de la situación de las mujeres brasileñas ocupadas en la industria electro-electrónica sirve para entender los desafíos que acompañan la inserción de las mujeres de la región en estos ámbitos de producción propios de la economía digital.

Actualmente, el Brasil está recibiendo una inversión extranjera directa de gran envergadura en el sector electro-electrónico y el gobierno está implementando medidas para que esa inversión genere efectos de arrastre hacia el subsector local de componentes electrónicos. En consecuencia, es fundamental que, en relación con la política sectorial que se implemente en el Brasil (Plan Brasil Mayor 2011-2014) o en cualquier país que aplique este tipo de políticas, se planteen preguntas sobre las condiciones de inserción de las mujeres en el sector. La idea es prevenir y protegerlas de posibles pérdidas de puestos laborales, evitar que queden por fuera de las habilidades tecnológicas y que cuenten únicamente con el estereotipo de delicadeza, coordinación y atención que se hace cada vez más prescindible en el proceso de automatización y robotización que experimenta esta industria.

En algunas investigaciones se ha explorado la situación de las mujeres en la industria electro-electrónica del Brasil (Hirata, 2002; Oliveira, 2006) y se destaca la fuerte inserción de mano de obra femenina en dicha industria. Sin embargo, las conclusiones no parecen del todo alentadoras, ya que, si bien las mujeres ingresan al mercado laboral formal de una industria con una sólida organización sindical, se insertan en los sectores de menor calificación para realizar tareas de mayor nivel de repetición y menor desempeño creativo o profesional.

Algo similar sucedió en el pasado reciente con la industria manufacturera de exportación, considerada como un espacio competitivo que ofrecía alternativas laborales a las mujeres. Esta industria se instaló principalmente en México, Centroamérica y el Caribe debido al bajo costo de la mano de obra y a la ventajosa ubicación respecto del mercado de los Estados Unidos. No obstante, la contribución del sector a la generación de empleo total fue escasa, con puestos de baja calificación y exiguos salarios. Se trata de un patrón de generación de empleo de baja calidad que, articulado con la ausencia de políticas de cuidado, puede repercutir de manera negativa en la igualdad.

Con la automatización, las empresas han disminuido las plantillas de trabajadores (Oliveira, 2006) y buena parte de los trabajadores hombres han sido sustituidos por mujeres, al tiempo que ha habido un vaciamiento de los contenidos y una simplificación del trabajo. Los trabajos de mantenimiento técnico son realizados por técnicos e ingenieros hombres, pero las tareas más rutinarias, relacionadas con la producción directa, las llevan a cabo las mujeres. Es indudable que existe una fuerte asociación entre el empleo femenino y los puestos de trabajo con características de taylorismoEl sector electro-electrónico del Brasil ha feminizado su plantilla de personal, pero las mujeres trabajan en los puestos de menor nivel tecnológico[3]. Este mismo fenómeno se observó en los países del sudeste asiático en las primeras fases de cambio estructural guiado por las exportaciones de bienes de sectores tecnológicos. En estos países se observa actualmente una tendencia a la intensificación tecnológica que se correlaciona con la desaparición de las mujeres de las plantillas de los sectores con más contenido tecnológico.

La segregación horizontal —un importante concepto para el análisis del mercado laboral— alude a la sobrerrepresentación de las mujeres en determinadas ocupaciones, generalmente identificadas como “de mujeres”. En términos generales, la tipificación de las ocupaciones como femeninas depende de los contextos, pero suele reflejarse una alta participación de mujeres en el sector terciario de servicios, sobre todo en actividades que se asocian con tareas reproductivas, como las áreas de educación, salud, servicios personales, cuidados y empleo doméstico (Giosa y Rodríguez, 2010). Esto ha sido estudiado ampliamente como un rasgo propio de la inserción laboral de las mujeres. La información disponible en la industria electro-electrónica muestra que la segregación horizontal sigue caracterizando las formas de organización de la producción en este sector de actividad.

Al igual que en otros sectores de la economía, como la maquila, en la industria electro-electrónica se reproduce el fenómeno de la segregación horizontal de las mujeres y se las ubica en los puestos de menores requerimientos tecnológicos y peores salarios. En este caso, al fenómeno de la segregación horizontal se añade el de los estereotipos que tipifican a las mujeres como personas con mejores habilidades manuales y de motricidad fina, por lo que la línea de montaje es el lugar “privilegiado” para ellas. Estos puestos constituyen los escalafones más bajos en la estructura jerárquica de las empresas.

A su vez, cuando el sector intensifica su contenido tecnológico, las mujeres pueden quedar excluidas de los nuevos puestos de trabajo creados. En el caso de una de las empresas estudiadas, este fenómeno se ve claramente al analizar los puestos de trabajo y remitirse al discurso de las mujeres trabajadoras de la fábrica de ensamblaje donde se realizaron entrevistas en profundidad.

1. El trabajo en las plantas de ensamblaje

La división técnica del trabajo en la planta de la empresa se refleja en tres áreas de producción: la unidad de fabricación inicial (), la unidad de fabricación final () y el centro de recuperación de dispositivos[4] (CAR). La mayoría de los empleados de la planta trabaja en la unidad de fabricación final. El aparato electrónico primero pasa por la unidad de fabricación inicial, después llega a la unidad de fabricación final y culmina en el puesto de control de calidad. Si es aprobado, se encamina hacia el área de embalaje. Si el producto ensamblado tiene algún defecto, se dirige al centro de recuperación de dispositivos para su reparación.

En el cuadro III.1 se describen las características básicas de cada área de producción. En la unidad de fabricación inicial se prepara la placa con el circuito impreso. En la unidad de fabricación final el aparato se monta, juntando la placa con todos los demás componentes, y se prueba. Si en la prueba se presenta alguna falla, se envía al centro de recuperación de dispositivos. En la unidad de fabricación inicial trabajan mayoritariamente hombres, mientras que en la unidad de fabricación final la mayoría de los empleados son mujeres. En el centro de recuperación de dispositivos, los hombres se desempeñan como técnicos analistas de los aparatos con fallas, mientras que las mujeres son las reparadoras.

La división técnica del trabajo en la empresa se ve influida por la división sexual del trabajo (Kergoat, 2000), que se caracteriza por asignar a los hombres labores asociadas con la esfera productiva —que coinciden con las funciones de mayor valoración social y económica— y a las mujeres actividades asociadas a las funciones reproductivas o derivadas de ellas. Esta forma de la división social del trabajo tiene dos principios organizadores: el principio de separación (hay trabajos de hombres y trabajos de mujeres) y el principio de la jerarquía (el trabajo del hombre “vale” más que el de la mujer). Igual que las otras formas de división social del trabajo, la división sexual del trabajo no es rígida ni inmutable. Si bien sus principios organizadores son los mismos, sus modalidades (concepción del trabajo reproductivo, lugar de la mujer en el trabajo mercantil y demás) presentan grandes variaciones en el tiempo y el espacio. Lo importante de esta noción es que la división sexual del trabajo puede modificarse mediante diversas políticas públicas, entre ellas políticas laborales y productivas que partan de un diagnóstico organizacional y empresarial con perspectiva de género y promuevan una transformación de la actual forma de organización del trabajo y los supuestos que la sostienen.

En el caso de la industria electro-electrónica, los puestos de trabajo que requieren calificación técnica (de la unidad de fabricación inicial y de análisis de fallas en el centro de recuperación de dispositivos) son ocupados principalmente por hombres, mientras que los puestos de la unidad de fabricación final, menos calificados (de montaje y prueba), son ocupados por mujeres. En el centro de reparación se vuelve a repetir el esquema que coloca a las mujeres en el lugar operativo y a los hombres en las posiciones de mayor conocimiento técnico, ya que los segundos diagnostican las fallas y establecen el procedimiento de reparación, y las primeras lo llevan a cabo.

Cuadro III.1

Organización de la producción en una planta

Unidad de fabricación inicial (montaje)

Unidad de fabricación final (prueba)

Centro de recuperación de dispositivos (reparación)

Se producen las placas de circuito impreso que forman parte del aparato electrónico. Esta fase de producción es el cuello de botella de la planta, en el sentido de que determina el volumen final de los productos terminados.

Cada tipo de placa producida en la unidad de fabricación inicial se inserta en los celulares, las tabletas y los módems en la línea de montaje y encaje de la unidad de fabricación final.

En caso de que en la prueba se detecte algún daño o problema en el aparato producido, este se envía al centro de reparaciones de la fábrica.

Cada línea de producción de la unidad de fabricación inicial cuenta con cuatro operarios u operarias —mayoritariamente hombres— que producen, en promedio, 90 placas por hora de forma totalmente automatizada.

Cada línea de producción cuenta con alrededor de 60 operarios u operarias —mayoritariamente

mujeres— que producen, en promedio, entre 300 y 350 aparatos por hora de forma completamente manual.

Allí, el aparato es analizado por un técnico electro-electrónico (casi siempre un hombre) que identifica el problema y encamina el dispositivo hacia un reparador o reparadora (casi siempre una mujer).

De la unidad de fabricación inicial, las placas se envían al depósito, en donde se catalogan para seguir su curso y abastecer a la unidad de fabricación final.

El último paso de la unidad de fabricación final es la prueba del aparato montado, que se realiza de forma automatizada.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de entrevistas realizadas en el estudio sobre las mujeres empleadas en la industria electro-electrónica, 2012 y Leite y Guimarães (2012).

En el cuadro III.2 se sintetizaron las principales tareas que las operarias de una planta de ensamblaje identificaron respecto de cada área de producción.

Cuadro III.2

Velocidad y efecto de la repetición de las tareas sobre el cuerpo de las trabajadoras

Unidad de fabricación final (montaje)

Unidad de fabricación final (prueba)

Centro de recuperación de dispositivos (reparación)

Las operarias están organizadas en grupos de hasta 60 personas que conforman un equipo de producción.

Cada operaria ejecuta sus tareas en forma repetitiva y rápida, y utiliza, en promedio, menos de cinco minutos para montar cada aparato.

Las trabajadoras cambian de tarea cada dos horas con el propósito de prevenir las lesiones debido al esfuerzo repetitivo, aunque este cambio implica pasar a realizar otro conjunto de tareas repetitivas.

Otra forma de evitar el cansancio es cambiar de postura. Cada cierto tiempo, pasan de estar de pie a estar sentadas, y viceversa.

Algunos puestos son más críticos que otros debido a que requieren de más delicadeza y agilidad (por ejemplo, el encaje de un lente de un aparato). Las personas que se desempeñan en estos puestos son menos sustituibles que otras, por lo que hay operarias especializadas en ellos.

Algunos celulares se prueban por completo por computadora. Lo que se realiza es una prueba general, desde la pantalla hasta la cámara, el foco, el teclado y el sistema operativo. En otros celulares, o aparatos en general, la prueba por computadora es parcial (algunas partes se prueban en la computadora y otras se prueban manualmente).

Se realizan pruebas de sonido, audio y teclado; se examinan las pantallas para ver si la visibilidad es normal; se revisa la conexión a Internet; se comprueba que todo esté bien encajado; y se revisan el micrófono del teléfono móvil, la memoria y la carga.

Casi todas las tareas de prueba se hacen de pie.

Cuando la placa llega a las reparadoras ya viene con todos los componentes soldados y ya pasó por el técnico, que analizó la falla y determinó cuál es el componente a sustituir.

Las reparadoras retiran el componente y lo sustituyen.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de entrevistas realizadas en el estudio sobre las mujeres empleadas en la industria electro-electrónica, 2012.

Las operarias afirman que en los puestos de montaje y prueba se requieren características como rapidez, delicadeza, agilidad y atención, entre otras. El área de reparaciones es una de las preferidas por las operarias para trabajar, ya que tiene mayores requerimientos técnicos y un mejor salario.

Al poner el foco en el trabajo de las mujeres, se observó que las operarias utilizan las tecnologías con un conocimiento básico, absolutamente funcional a la tarea rutinaria que deben realizar. Las operarias no saben necesariamente ni por qué ni cómo funcionan las tecnologías que usan en sus tareas. Su labor se limita a apretar botones, responder a señales sonoras o visuales, o encastrar manualmente distintas partes de un aparato, lo que les deja poco o nulo margen para generar procesos incrementales de mejora de su trabajo. El entrenamiento que reciben en referencia a la línea de producción se limita a algunos minutos de explicación y otros de acompañamiento sobre la práctica, lo que no alcanza para adquirir habilidades en el manejo de las TIC.

Las mujeres son empleadas en áreas específicas y se forman “territorios de mujeres”, donde las habilidades requeridas para el puesto están definidas como características consideradas típicamente femeninas. Por lo tanto, se establece como natural y eficiente que sea una mujer quien ocupe ese puesto.

Al considerarse como habilidades naturales y propias del ser mujer, no conllevan ningún tipo de reconocimiento o recompensa que se refleje en la remuneración. Esta característica estigmatizada del ser mujer como delicada, atenta y de buena manualidad, termina por atentar contra las propias mujeres, ya que, al ser entendidas como “dadas” y no como adquiridas, estas características no tienen un correlato salarial.

Por último, esas habilidades que son consideradas como “naturalmente femeninas” se perpetúan bajo una fuerte estructura que promueve el mantenimiento y la reproducción del sistema de género y que sostiene y reproduce modelos tradicionales respecto de la ubicación de mujeres y hombres en la sociedad. Esto contribuye a reforzar una matriz binaria interpretativa que se construye definiendo qué es lo masculino y qué es lo femenino. También se refleja en el ámbito productivo mediante la definición de las actividades laborales, por lo general jerarquizadas, entre hombres y mujeres, y sus correspondientes remuneraciones.

La segregación horizontal y la asignación de tareas por características “propiamente femeninas” configuran situaciones desventajosas para las mujeres que están insertas en el mercado. Al diseñar políticas productivas industriales acordes al cambio estructural con igualdad se deben tener presentes estas configuraciones para transformarlas y así generar una mejor apropiación del desarrollo productivo digital para hombres y mujeres.

Recuadro III.1

Taylorismo digital

El taylorismo digital refiere a la forma de organización del trabajo en que las tareas que antes se consideraban imposibles de mecanizar y de carácter creativo o intelectual, son codificadas y digitalizadas. Esto causa que la capacidad humana de decisión y juicio sea sustituida por programas informáticos con protocolos de decisión establecidos. El siglo XXI es la edad del taylorismo digital, lo que implica traducir el conocimiento del trabajo en conocimiento práctico con la extracción, codificación y digitalización del conocimiento en formato de software y paquetes que pueden ser transmitidos y manipulados por otras personas, independientemente de su ubicación.

El taylorismo digital permite que la innovación pueda traducirse en rutinas que podrían requerir algún grado de capacitación para llevarse a cabo, pero que no necesitan de la creatividad y la independencia de criterio que se asocia con la economía digital. Con el fin de reducir los costos y hacer valer los derechos de propiedad, las empresas están experimentando con nuevas formas para pasar del conocimiento del trabajo al conocimiento práctico.

El concepto de taylorismo digital agrega además la dimensión de la división internacional del trabajo, en función de las lógicas de las empresas transnacionales para crear sus redes globales de habilidades. Según Brown, Ashton y Lauder (2010) las empresas transnacionales están perfilando sus estrategias en función de tres opciones: i) en qué ubicación territorial crear la capacidad para “pensar” (por lo general, en los países desarrollados), ii) qué conocimiento puede estandarizarse en taylorismo digital y iii) cómo se puede globalizar el sistema de gestión de talentos.

El taylorismo digital está en línea con la tendencia hacia una completa automatización de los procesos industriales y el avance de la robótica, lo que impulsa el retorno de las actividades productivas a los países desarrolladosa. Las consecuencias de estas transformaciones sobre el uso del conocimiento de las mujeres y su aprovechamiento de las TIC aún no han sido suficientemente estudiadas.

Fuente: Phillip Brown, Hugh Lauder y David Ashton, “Skills are not enough: the globalization of knowledge and the future UK economy”, N° 4, UK Commission for Employment and Skills, 2010.

a Véanse, por ejemplo, Krugman (2012) y Marcus (2012).

B. El clásico servicio basado en las tecnologías de la información y las comunicaciones

El sector de los centros de llamadas se ha caracterizado por un rápido crecimiento en las últimas décadas, asociado con la expansión que ha experimentado el sector de los servicios en virtud de los avances en el uso de las TIC. Las “mujeres sociables” que trabajan en los centros de llamadas son las encargadas de brindar el clásico servicio basado en las TIC. En el ámbito de los centros de llamadas se pueden observar dos fenómenos propios del cambio de modelo y de la revolución tecnológica, que han servido de impulso a su desarrollo: la reestructuración de las grandes empresas multinacionales y los procesos de reorganización del trabajo que dicha reestructuración conlleva.

En el contexto de una economía terciaria en expansión, los centros de llamadas se han convertido en un modelo de gestión laboral y de creación de empleos, y conforman uno de los procesos de mayor dinamismo en la economía digital actual. Tal es así que en diversos trabajos se presenta a los trabajadores y las trabajadoras de estos centros como “trabajadores del conocimiento” (Castells, 1996; Bell, 1991).

Sin embargo, otros autores (Kinnie y Purcel, 2000) establecen algunos matices dentro de la diversidad de centros de llamadas, en función de los factores laborales en que basan su productividad y competitividad. Mientras que en unos predomina el trabajo basado en la ejecución rápida de tareas repetitivas y los sistemas de gestión de la mano de obra se centran en un estricto control de los trabajadores y las trabajadoras y sus estrechos márgenes de creatividad, en otros, el trabajo vinculado al relacionamiento es la base para construir una interacción de negociación con los clientes. Del Bono y Bulloni (2010) se refieren a este último tipo de centros de llamadas en Australia, los Estados Unidos y el Japón, donde hay oportunidades de carrera, personal profesionalizado y valorado por sus competencias sociales, y teleoperadores o teleoperadoras independientes, creativos y con elevados niveles de discrecionalidad para la ejecución del trabajo y la toma de decisiones.

Los centros de llamadas pertenecen a una industria que promueve altos niveles de flexibilidad laboral, con el fin de adecuar el proceso de trabajo a las nuevas tecnologías de la comunicación y ofrecer un servicio que funcione las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Ello requiere de complejas y modernas formas de organización del trabajo, ajustadas a los amplios márgenes de adaptación que demanda la industria, lo que repercute en las características del trabajo en el rubro (Uribe-Echeverría y Morales, 2010).

Al igual que en los procesos tradicionales de fabricación en serie, en el trabajo en los centros de llamadas de América Latina el operador típico es joven y de sexo femenino. En seis países de la región, el 71% de la planilla de trabajadores está constituida por mujeres (Feinberg y Koosed, 2011).

La incorporación de las TIC a los procesos productivos ha provocado la puesta en práctica de diferentes estrategias de reestructuración, impulsadas por las empresas en el marco de la redefinición de las relaciones laborales. De esta manera, el uso de las TIC ha afectado las estructuras laborales, impulsado la creación de nuevos trabajos e identificado la formación requerida para ellos, entre otros cambios.

Para conocer a cabalidad la situación de las mujeres empleadas en los centros de llamadas en América Latina, se analizó la realidad de las panameñas que trabajan en estas empresas[5]. Panamá ha desarrollado normativa específica para la instalación de centros de llamadas y en 2011 el gobierno aprobó una ley para fomentar la instalación de este tipo de empresas en el país[6]. En esta ley se incluyen incentivos impositivos y fiscales, laborales y migratorios con el propósito de fomentar el desarrollo de la industria. Las empresas que se dedican a estas actividades están libres de impuestos directos e indirectos, contribuciones, tasas, derechos y gravámenes nacionales, además de estar sujetas a los beneficios establecidos por la Ley de Zonas Francas. En lo que respecta a las regulaciones laborales, se establece que las fluctuaciones de los mercados de exportación que conlleven una pérdida considerable del volumen de ventas son causas justificadas para dar por terminada la relación de trabajo. Además, se especifica que las actividades de los centros de llamadas no podrán ser detenidas por huelga[7].

La legislación vigente en Panamá va acompañada de importantes ventajas para que los centros de llamadas se instalen en el país. En primer lugar, Panamá tiene una ubicación geográfica estratégica y allí confluyen seis consorcios de cables submarinos de fibra óptica que facilitan la comunicación. En segundo término, ocupa la posición 57 a nivel mundial (entre 142 países) del índice conectividad, antes que el Brasil, México y la Argentina, y el quinto lugar en el escalafón de conectividad en América Latina[8].

Las empresas del sector de centros de llamadas en Panamá se han consolidado como proveedoras de servicios empresariales a distancia, en su mayoría subsidiarias de empresas internacionales, por medio tanto de la externalización como de la internalización de sus actividades. Las tres mayores empresas son multinacionales o proveen servicios a multinacionales. Según la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, entre 2011 y 2012 se registró un aumento en la proporción de mujeres empleadas en estas empresas (véase el cuadro III.3).

Cuadro III.3

Panamá: personal ocupado en centros de llamadas, por sexo, según año

(En número de personas y porcentajes)

Año

Mujeres

Hombres

Total

2011

2 893

46,9

3 278

53,1

6 171

100,0

2012 (1º semestre)

3 908

59,0

2 713

41,0

6 621

100,0

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de información de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).

Según la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, encargada del relevamiento de información del sector de centros de llamadas, recién en los últimos años se empiezan a tener datos más confiables sobre la cantidad de personas empleadas en el sector. Se estima que a partir de 2008 hubo un descenso de la cantidad de empleados, que puede explicarse por la crisis internacional, dado que los clientes de muchos de los centros de llamadas instalados en Panamá se encuentran en los Estados Unidos y la situación de crisis en ese país debilitó la demanda.

La capacidad para usar las TIC y el dominio del idioma inglés por parte del personal son los factores fundamentales de competitividad en la industria de los centros de llamadas. Con respecto al primer factor, los datos del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA por su sigla en inglés) sobre uso de las TIC para estudiar pueden ser una buena aproximación sobre cómo la población más joven se prepara para utilizar las TIC como instrumento educativo y profesional. Los datos del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de 2009 (Claro y otros, 2011) revelan que los estudiantes panameños utilizan más las TIC en el hogar para tareas escolares que en otros países de América Latina y el Caribe incluidos en el estudio. En casi todos los usos, Panamá se distingue de los otros países (véase el gráfico III.1).

Gráfico III.1

América Latina y el Caribe (países seleccionados): estudiantes de 15 años de edad que usan las TIC, al menos una vez por semana en el hogar, por tipo de uso

(En porcentajes)

Fuente: Claro, Magdalena y otros, “Aporte del sistema educativo a la reducción de las brechas digitales. Una mirada desde las mediciones PISA”, Nº 456 (LC/W.456), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2011; y Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), proyecto Alianza para la Sociedad de la Información (@lis, fase 2), sobre la base de datos del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), 2009.

Si bien Panamá cuenta con recursos humanos bien formados en el área de las TIC, estos representan un cuello de botella para el desarrollo del sector de centros de llamadas. Impulsada por un período reciente de crecimiento económico sostenido, la demanda de mano de obra con formación en TIC está presionando la oferta, dada la escasez relativa de este recurso[9]. Frente a este problema, se han establecido diferentes estrategias, tanto desde las empresas de centros de llamadas, como desde el Estado y otros actores privados. Las empresas, por ejemplo, han implementado alianzas con universidades para la realización de prácticas y cursos que motiven a los estudiantes a iniciar su trayectoria laboral en las empresas. De esta manera, se garantiza una formación avanzada para cubrir los puestos que requieren un mayor uso y manejo de las tecnologías. Algunas empresas no realizan una formación intensiva en el uso de la tecnología, por lo que esta población suple la inversión en formación específica.

También existen acuerdos de capacitación, dirigidos a docentes y estudiantes, en el uso y manejo de las distintas tecnologías que utilizan estas empresas. Otra estrategia para promover el ingreso de este tipo de población a los centros de llamadas son las ferias tecnológicas que suelen realizarse en las universidades.

Panamá es uno de los países de la región con mayor promedio de años de educación entre las mujeres y supera el promedio de América Latina en algo más de un año de estudio. En países como Honduras y Nicaragua, las mujeres entre 25 y 59 años de edad en promedio no alcanzan los siete años de educación, lo que tiene un peso considerable en sus posibilidades de inserción en el mercado laboral y de acceso a puestos de trabajo que requieren como mínimo el nivel de secundaria completa (véase el gráfico III.2).

Gráfico III.2

América Latina (17 países): promedio de años de estudio de las mujeres, de 25 a 59 años, alrededor de 2011 a

(En años de estudio)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a Datos nacionales, salvo en la Argentina, donde se analizan 31 aglomerados urbanos. Datos de 2011, salvo en Bolivia (Estado Plurinacional de) y Nicaragua (2009), El Salvador, Honduras y México (2010).

Si bien las mujeres panameñas tienen un buen nivel educativo, siguen ingresando en menor medida que los hombres al mercado laboral. Entre 2004 y 2011, las panameñas mejoraron su nivel educativo y alcanzaron una diferencia de más de 8 puntos porcentuales frente a los hombres entre quienes tienen 13 años de estudio y más. Si se consideran las dos categorías (10 a 12 años y 13 años y más), el 58,3% de las mujeres alcanzan esos niveles (véase el gráfico III.3).

Panamá es uno de los pocos países de la región que cuenta con un programa para el desarrollo de la equidad de género en ciencia, tecnología e innovación en su Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCYT) 2010-2014[10]. Las prioridades para apoyar el enfoque de género de las políticas del programa incluyen acciones para el fortalecimiento de los recursos humanos. Entre otras cuestiones, está previsto capacitar a las mujeres en el uso de las TIC y facilitar y promover su utilización. También se requiere alentar a las mujeres, en todos los niveles del sistema educativo, a que opten por carreras no tradicionales, afines a la ciencia y la tecnología. Además, el programa pretende fomentar el acceso de las mujeres a las TIC, promoviendo la participación equitativa de mujeres y hombres en todos los espacios de producción científica y producción y gestión de conocimiento.

Gráfico III.3

Panamá: población de 25 a 59 años de edad, por años de instrucción y sexo, total nacional, 2004 y 2011

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

En un estudio realizado en 2005 por el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) (ahora Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las  (ONU-Mujeres)) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en conjunto con la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, se muestra que las mujeres representaban el 60% en el área de atención de llamadas (operadoras), el 35% en el sector de soporte técnico y el 5% entre los proveedores de equipos y redes de comunicación. Estos tres niveles tienen una lógica ascendente de especialización técnica y mejores remuneraciones, lo que coincide con el concepto de segregación vertical: menos mujeres ocupan puestos de mayor nivel jerárquico y mejores remuneraciones.

Según datos del último censo de población realizado en Panamá (INEC, 2010), las mujeres con títulos (universitarios o no) en informática, ingeniería y profesiones afines son 140.059, mientras que los hombres suman 112.435 (esto significa que el 55,6% de los profesionales son mujeres y el 44,4% son hombres). Sin embargo, si se consideran específicamente las áreas de informática, se constata que los hombres representan la mayor proporción de titulados, con el 59,2%, mientras que las mujeres conforman el 40,8% de este subuniverso. El fomento de la selección de carreras no tradicionales afines a la ciencia y la tecnología por parte de las mujeres panameñas es una herramienta política que está prevista en el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Si se concretaran acciones efectivas respecto de esta política, habría una sinergia positiva entre la formación de las mujeres y su posible inserción en el mercado laboral en los centros de llamadas (véase el cuadro III.4).

Al analizar los puestos de trabajo de los centros de llamadas, se constató una clara segregación vertical en la forma de organización del trabajo, que perjudica la movilidad ascendente de las mujeres.

Como se establece en la literatura sobre mercado laboral y género, la segregación vertical es un concepto que no escapa a la realidad de las mujeres latinoamericanas. En el estudio , Giosa y Rodríguez (2010) establecen que las mujeres aún siguen encontrando más dificultades que los hombres para avanzar en la carrera laboral. Se verifica la persistencia del fenómeno conocido como “techo de cristal”, que alude a las barreras invisibles que impiden a las mujeres ascender en las escalas laborales jerárquicas. El indicador más evidente de esta situación es la subrepresentación de mujeres en los cargos ejecutivos, lo que representa una desigualdad en el retorno de la inversión en educación y capacitación que estas realizan.

Entre las barreras que constituyen el techo de cristal pueden señalarse los estereotipos y los preconceptos acerca de las mujeres por parte de la sociedad en su conjunto, así como la exclusión de las mujeres de las redes informales de comunicación, la carencia de oportunidades para ganar experiencia en el manejo de líneas de trabajo y las culturas empresariales hostiles. Pero, sobre todo, las mujeres perciben como muy difíciles sus posibilidades de ascenso frente a las políticas empresariales que tradicionalmente las vinculan con el trabajo de cuidado y las responsabilidades familiares. Por lo general, en las empresas no se cuestiona esta situación ni se brindan estrategias de apoyo a los empleados y las empleadas, y así se recortan las posibilidades de ascenso de las mujeres bajo el supuesto de que serán menos eficientes o cumplidoras en puestos ejecutivos porque deberán hacerse cargo de sus familiares dependientes. En general, el prejuicio masculino, por parte de los jefes o gerentes de áreas, se identifica como el factor que más explica la existencia del techo de cristal.

Cuadro III.4

Panamá: población económicamente activa, según nivel de titulación y área de conocimiento, por sexo, 2010

(En cantidad de personas y porcentajes)

Nivel de titulación y área de conocimiento

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

(cantidad de personas)

(porcentajes)

Total con título no universitario

6 131

8 501

14 632

41,9

58,1

Con título no universitario de informática

607

1 251

1 858

32,7

67,3

Con título no universitario de ingeniería y profesiones afines

82

2 586

2 668

3,1

96,9

Total técnicos universitarios

15 333

18 126

33 459

45,8

54,2

Con título técnico universitario de informática

1 142

1 643

2 785

41,0

59,0

Con título técnico universitario de ingeniería y profesiones afines

356

6 297

6 653

5,4

94,6

Total con licenciatura

112 320

81 375

193 695

58,0

42,0

Con licenciatura de informática

2 782

3 782

6 564

42,4

57,6

Con licenciatura de ingeniería y profesiones afines

1 847

8 716

10 563

17,5

82,5

Total con posgrado

6 275

4 433

10 708

58,6

41,4

Con posgrado de informática

146

115

261

55,9

44,1

Con posgrado de ingeniería y profesiones afines

162

537

699

23,2

76,8

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), “XI Censo Nacional de Población y VII de Vivienda”, Ciudad de Panamá, 2010.

En el cuadro III.5 se observa que el puesto de trabajo de menor jerarquía es el de operador u operadora de nivel 1 (también denominado puesto de agente telefónico), en el que se proveen servicios básicos de atención al cliente. El nivel 2 exige mayor calificación, ya que los servicios ofrecidos en este sector del centro de llamadas son de orden técnico. Por su parte, la supervisión requiere tanto de calificación técnica como de habilidades de gestión de recursos humanos.

Cuadro III.5

Descripción de los puestos de trabajo en los centros de llamadas

Operadores de nivel 1: servicio al cliente, ventas, soporte técnico (nivel 1 y nivel 2). El nivel 1 involucra tareas básicas de soporte técnico al cliente (por ejemplo, apoyo para realizar algún procedimiento).

Operadores de nivel 2: el nivel 2 es más específico y se brinda asesoramiento sobre, por ejemplo, la compra de un producto y sus aplicaciones. El puesto en este nivel es de soporte técnico.

Supervisores: monitoreo del grupo de operadoras a cargo; control de los tiempos de llamadas y del guión al que deben ajustarse las operadoras; resolución de los problemas que puedan surgir; control de calidad y de las metas que deben alcanzar las operadoras. Las supervisoras acompañan la formación de las operadoras.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de entrevistas realizadas en el estudio sobre las mujeres empleadas en los centros de llamadas, 2012.

En forma similar a lo que se observó en el caso de la industria electro-electrónica, en los centros de llamadas se registra una superposición de la división técnica del trabajo con la división sexual del trabajo. Según el testimonio de un ex gerente de soporte técnico, (…) no existen resistencias claramente explícitas en el momento de contratar mujeres para determinadas posiciones, pero sí hay una impronta cultural de que ciertas posiciones deben ser ocupadas por hombres”.

En la misma línea se plantea que, si bien no existe un reconocimiento explícito sobre las posibilidades de ingreso de hombres y mujeres en determinados puestos, se visualiza claramente una división sexual del trabajo entre unos y otras.

“(…) hay ciertas posiciones relacionadas con la tecnología que, dada nuestra cultura, presentan resistencias para dárselas a una mujer. No es algo que tú vas a notar y nadie te lo va a decir abiertamente, pero sí lo hay. Las personas no dicen, yo no quiero una mujer en esa posición, yo quiero un varón. Pero si tú te pones a analizar la gran mayoría de ciertas posiciones de tecnología las ocupan en su mayoría los varones” (gerenta de recursos humanos).

Las supervisoras entrevistadas también plantean diferencias entre el soporte técnico de nivel 2 y el resto de los puestos de nivel 1. En el caso de estos últimos, se plantea que se considera que las mujeres son más amables y tienen un mejor trato con los clientes, dos factores determinantes para ocupar estos cargos.

“(…) veo más mujeres (nivel 1) (…) como que las mujeres son más cariñosas y manejan mejor el trato con el cliente” (supervisora).

Existe una mirada que da cuenta de que las mujeres poseen en mayor medida determinadas “habilidades y capacidades sociales” que son requeridas para ocupar los puestos de trabajo que implican un adecuado relacionamiento interpersonal (en este caso se piensa directamente en los clientes)[11]. De esta manera, se configuran determinados estereotipos que van encasillando la labor de mujeres y hombres en el marco de esta estructura de puestos de trabajo.

La descripción de los diferentes puestos laborales permite visualizar una clara definición de las tareas productivas que implica cada puesto. Existe además una diferenciación entre los cargos que ocupan mujeres y hombres que responde a razones de género. Los puestos que requieren mayores conocimientos tecnológicos son ocupados principalmente por hombres, mientras que la mayoría de los puestos que requieren de otros requisitos, como las “habilidades sociales”, son ocupados por mujeres. Estas habilidades no son consideradas como características que tienen un valor económico, sino que se considera que son naturales y que las mujeres son más propensas a desarrollarlas. A su vez, por no ser adquiridas en un contexto formal, como el conocimiento tecnológico en el marco de las universidades o los institutos, presentan un menor grado de reconocimiento. Todo esto hace que no se visibilice el valor agregado que estas habilidades pueden tener en el contexto laboral.

1. La capacitación dentro de la empresa

Los cambios tecnológicos y organizativos, y las presiones sobre la competitividad, requieren nuevas capacidades. Además de la formación laboral para el uso de las nuevas tecnologías, hay que considerar las habilidades personales, psíquicas e intelectuales necesarias para la rápida adaptación a los cambios y hacer posible la utilización de controles e incentivos laborales totalmente diferentes a los del modelo de producción anterior (Yáñez, 2004).

La capacitación que se brinda en los centros de llamadas puede marcar la diferencia de las expectativas y posibilidades de ascenso de las mujeres que ocupan los puestos de operadora de nivel 1, si bien esta diferencia varía según el tipo de empresa y el perfil de los clientes que atiende.

En el cuadro III.6 se muestran dos procesos que han sido descritos en las entrevistas y que difieren en duración y contenido, lo que da cuenta de las diferentes estrategias que pueden seguir las empresas para formar a su personal. En términos generales, la capacitación atraviesa diferentes niveles que están muy vinculados con el tipo de trabajo que realizan los operadores y las operadoras.

En el caso de las operadoras que integran el nivel 1, se reconocen diferentes capacitaciones que pueden durar hasta un mes y en las que se enseñan los procesos básicos sobre el uso de las TIC y las utilidades directas según el trabajo que se realiza, pero no se abordan las complejidades que pueden tener los diferentes sistemas operativos y las aplicaciones que utilizan. En algunos centros de llamadas se reconoce que no hay un espacio de capacitación formal para los puestos de este nivel, ya que, al tratarse de tareas rutinarias y muy controladas, la formación se realiza durante el mismo proceso de trabajo (más que formación o capacitación, se trata de un mero entrenamiento).

Cuadro III.6

Tipos de formación impulsados en los centros de llamadas

Entrenamiento

Capacitación

En algunos centros de llamadas prima el entrenamiento, en contraposición a un espacio de capacitación. El entrenamiento muchas veces se realiza en el propio puesto laboral y se caracteriza por ser corto, ya que se considera que se irá profundizando en la práctica.

“(…) el entrenamiento que se le da a la persona y la forma en que se califica su calidad está orientado a lo que quiere el cliente. Hay clientes que quieren que se memorice exactamente cómo se va a decir hola y adiós (…). Hay otros clientes que dicen, no dígalo con sus propias palabras, como se sienta usted bien (…)” (gerente de recursos humanos).

La duración de la capacitación varía según el tipo de centro de llamadas y el producto o servicio que se ofrece (puede durar de tres semanas a un mes). En algunos casos, la capacitación se considera como el inicio del proceso laboral, por lo tanto, es paga.

Según el puesto, también varía la duración y el contenido de la capacitación.

Se reconoce que cuando ingresa una nueva herramienta o cuando hay una reestructuración, se realizan previamente capacitaciones para que la adaptación de los trabajadores y las trabajadoras sea más rápida.

Cuando la capacitación se da en los niveles más especializados (nivel 2), la duración es más larga por la especificidad del producto y los conocimientos tecnológicos que deben adquirirse.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de entrevistas realizadas en el estudio sobre las mujeres empleadas en los centros de llamadas, 2012.

Estos procesos de capacitación no profundizan en conocimientos tecnológicos, sino que están destinados al mero entendimiento de la herramienta que se utiliza, con procedimientos rutinarios y mecánicos. Contribuyen a reforzar un círculo de desigualdad en donde las mujeres se ubican en el nivel 1 y ven coartada la posibilidad de avanzar hacia mejores puestos si solo dependen de la formación interna.

“(…) se promueve la educación universitaria sobre todo (…) si tú estabas en la universidad, nosotros promovíamos que tú fueras a la universidad. Entonces hay un programa de reembolso de hasta cierto porcentaje de tu carrera universitaria, hasta cierto tope, basado en el resultado de tus notas (…) Por otro lado, nosotros teníamos por lo menos en mi área, la política de que si tú estabas en la universidad tenías preferencia en tu horario para poder acomodarlo, que fuera más flexible para que tú fueras a la universidad” (gerenta de recursos humanos).

C. Emprendedoras en la economía digital usan las tecnologías de la información y las comunicaciones

Las micro y pequeñas empresas (mypes) conforman una parte importante de la economía de varios países de la región. En la economía peruana, por ejemplo, constituyen el 88% del empleo privado y contribuyen en un 42% al PIB. Las mujeres ocupan el 40% de la fuerza de trabajo en este sector y representan el 57% del trabajo informal. Dada la relevancia de las mypes, el Gobierno del Perú tiene entre sus prioridades la promoción de ese sector de empresas para el cual existe una legislación laboral específica que promueve la competitividad, la formalización y el desarrollo de estas empresas, así como el acceso a empleo decente, que se expresa en el decreto legislativo Nº 1086 (Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente). Algunos datos recientes recabados en la encuesta realizada entre las mypes por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2012) confirman la importancia de las mujeres en este sector, dado que el 37% de las personas encuestadas fueron mujeres.

Cada revolución tecnológica ofrece un enorme potencial para la creación de riqueza y bienestar social (Pérez, 2010). Sin embargo, la diferencia no solo reside en una mayor o menor eficiencia, sino también en la adopción de principios, métodos, formas organizacionales y nuevos criterios. Los emprendedores —las emprendedoras a efectos de este documento—, las empresas, los gobiernos y las sociedades se benefician en mayor o menor medida de ese potencial, en virtud de su capacidad para adoptar el paradigma según sus propósitos específicos.

Lo interesante del análisis desde una perspectiva regional es que la globalización aprovecha al máximo la diferenciación regional, nacional y local, tanto en la producción como en los mercados.

Las micro, pequeñas y medianas empresas son una fuente importante de empleo en América Latina. De manera general, la potencialidad de estas empresas como espacio laboral de las mujeres tiene dos aristas. Por una parte, refleja la sobrerrepresentación de las mujeres en las empresas menos competitivas y más precarias, lo que les resta oportunidades en otros espacios, debido a que carecen de las posibilidades de movilidad que tienen los hombres. Esto se relaciona con la carga del trabajo reproductivo que asigna a las mujeres la obligación social del cuidado y les dificulta la plena inserción en el mundo público, tal como se estableció en el capítulo I.

La alta participación de las mujeres en las pequeñas y medianas empresas (pymes) de menor tamaño es un desafío para el cambio de la estructura productiva. Datos de la CEPAL muestran que los obstáculos no se relacionan con la capacidad de las emprendedoras, ya que las mujeres insertas en el mercado laboral suelen ser más educadas que los hombres, sino con que esto se traduzca en iguales salarios e ingresos. Por otra parte, las pequeñas empresas se han convertido en el espacio asociado por definición a las mujeres porque suponen mayores posibilidades de conciliación entre trabajo y familia, ya que, en muchos casos, el lugar de trabajo está en el hogar y porque hacen frente a la falta de políticas públicas que permitan la redistribución del cuidado (CEPAL, 2010a).

En un trabajo realizado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, 2007) se muestra cómo las microempresas (de 1 a 10 trabajadores) y las pequeñas empresas (de 11 a 50 trabajadores) tienen un papel fundamental en la actividad económica de países en desarrollo como el Perú. Sin embargo, se señala que las capacidades de quienes conducen estas empresas difieren sustancialmente y reflejan las diversas brechas existentes en la población peruana. Sobre todo se destaca una brecha educativa, que se ve condicionada por la pobreza y la falta de infraestructura que sufren las áreas rurales del país.

Sin lugar a dudas, bajo ciertas condiciones, las micro, pequeñas y medianas empresas pueden brindar oportunidades para que las mujeres logren una mejor inserción en el mercado laboral, ya sea como conductoras o trabajadoras. La clave es que este sector no quede exclusivamente relegado a las mujeres y reproduzca una división en el mercado laboral, donde las mujeres se ocupan en pequeños emprendimientos y los hombres están empleados y desarrollan su carrera laboral en las grandes empresas, donde los beneficios laborales suelen ser mayores y las condiciones de trabajo mejores. En este contexto es que las TIC pueden convertirse en una herramienta fundamental para que los emprendimientos de las mujeres puedan incrementar sus competencias y aumentar su competitividad.

Debido a la carga de trabajo no remunerado que tienen las mujeres, además de las condiciones de desigualdad que enfrentan en cada país, sufren una inserción desventajosa en los mercados que se relaciona con las responsabilidades familiares que se les asignan. La lejanía de centros de comercialización, la falta de activos propios y la escasez de tiempo de las mujeres las colocan en franca desventaja para que el emprendimiento económico que llevan adelante se torne eficiente.

Las TIC son una herramienta que, utilizada estratégicamente, puede incidir en la promoción de un mayor crecimiento y productividad en los emprendimientos que lideran las mujeres. De esta manera, son un instrumento poderoso para promover ventajas y oportunidades. Las tecnologías permiten a las empresarias tener una participación más activa en la economía de mercado, ser más competitivas y usar la economía digital para alcanzar el éxito social y personal, especialmente en el caso de las mujeres que habitan en áreas rurales.

¿Por qué habría que considerar que esta puede ser una herramienta especialmente potente para las mujeres? Porque las mujeres con frecuencia enfrentan limitaciones de desplazamiento y superposición entre las actividades de la vida económica tradicional (trabajo remunerado) y la economía del cuidado (trabajo no remunerado). Las TIC abren una serie de posibilidades que les permiten entrar en espacios de negociación y comercialización u oferta de sus productos, compensando muchas veces la carencia de movilidad física, disposición de transporte o simplemente falta de acceso a la información necesaria.

En el documento (2012), la CEPAL enfatiza la necesidad de fortalecer la productividad de las empresas de menor tamaño, dado que concentran una porción importante del empleo de la región, a la vez que tienen gran potencial para incorporar tecnología.

En el marco de los objetivos del proyecto llevado adelante por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) del Perú junto con el Centro de redes de información de las mujeres de la región de Asia y el Pacífico (APWINC) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para lograr que las mujeres empresarias incorporaran activamente el uso de las TIC en sus emprendimientos, mejoraran su rendimiento y pudieran replicar los conocimientos adquiridos, fue necesario seleccionar a empresarias que tuvieran emprendimientos estables, experiencia en sus respectivos sectores y capacidades para implementar los conocimientos adquiridos[12]. Las empresarias que participaron del proyecto poseen una amplia experiencia empresarial, tienen un nivel educativo terciario, acceden a las TIC y las utilizan, son responsables directas de sus emprendimientos y poseen una fluida vinculación con actores a nivel regional y nacional, lo que permitiría ampliar sus redes de información y conocimiento.

Existe una opinión consensuada entre estas mujeres acerca de la importancia del uso de las TIC para aumentar sus oportunidades y ampliar los mercados y contactos, no solo a nivel regional, sino también internacional[13]. Este consenso sobre las oportunidades que les pueden brindar las TIC las ha llevado a adaptar sus emprendimientos al actual contexto virtual:

“Te obliga el sector (a capacitarte en TIC). Yo tenía miedo (…). Lo único que sí he aprendido es que tienes que ser muy rápido, así como la tecnología es muy rápida, tú tienes que ser muy rápida, responder muy rápido”.

El viaje de capacitación a la República de Corea significó para las empresarias una ruptura en la forma de usar las TIC para su negocio:

“Cuando fui a Corea tenía una gran expectativa, pero no sabía que Corea era un país desarrollado industrialmente, tecnológicamente en todos los sentidos. Cuando vimos que todos los docentes utilizaban de una forma bien práctica la tecnología, nos asombró, nos permitió abrir la mirada (…)”.

Las empresarias han sabido apropiarse de las TIC al amplificar las posibilidades que ofrecen para el éxito de sus emprendimientos. Es de destacar que las herramientas utilizadas, que no fueron creadas específicamente para entornos empresariales, se adaptan a las necesidades y capacidades de cada empresaria y estas pueden hacer un uso estratégico y creativo de ellas.

Si bien antes de la capacitación las mujeres ya utilizaban algunas de estas tecnologías (como el celular e Internet), después de la capacitación comenzaron a integrar más activamente otras herramientas y posibilidades de libre acceso al servicio de sus emprendimientos. En especial, se registró una amplia expansión de las redes sociales y la modalidad de venta en línea. La mayoría de las mujeres ha desarrollado la venta virtual de sus productos principalmente mediante la creación y el uso de catálogos y tiendas virtuales.

“Después del viaje a Corea me vine con la idea muy clara de implementar la compra virtual. Nosotras ya teníamos una página web (…). Traté de informarme cómo podía hacer para utilizar estos nuevos medios (…). Encontré bastantes limitaciones en el caso de los costos para montar una tienda virtual. Entonces investigué un poco más al respecto y encontré la Cámara de Comercio de Informática que te ayuda con estos temas”.

Relacionada con este aspecto está la capacidad de establecer redes de comunicación y contacto con otros actores a nivel local, que pueden facilitar el desarrollo y la implementación del sistema de compra y venta virtual. Esto se enmarca en las capacidades de comunicación e información de las emprendedoras, que les permiten ampliar sus posibilidades de acción sabiendo adónde pueden recurrir para mejorar sus emprendimientos.

Por otra parte, surge entre las emprendedoras la prioridad de crear espacios de confianza con los potenciales clientes como un factor determinante para alcanzar el éxito con esta nueva modalidad de venta.

“Confianza. Nosotros como trabajamos con clientes en el extranjero hemos visto que hay muchos que hacen una compra de prueba (…); algo así como (…); lo que nosotros hemos visto es que tenemos que cumplir con los plazos; eso es lo primero cuando se trata con europeos, hay que cumplir los plazos, ellos no son pacientes.”

Otro factor de importancia es tener una comunicación fluida con el cliente que se contacta por Internet para fortalecer ese espacio de confianza. En este sentido, la comunicación telefónica resultó ser importante.

“(…) la voz, porque crea un acercamiento, es vital. Las redes sociales o la tecnología te pueden ayudar mucho, pero el sentimiento que tienes al comunicarte por teléfono es otra cosa”.

“Tengo el Skype porque me llamaron de otros países (…) esta es una herramienta más económica y uno puede conversar más tiempo, por eso puse el Skype. O sea, la misma necesidad me ha obligado a poner esas herramientas (…)”.

“Todas nuestras ventas son vía correo electrónico, la mayoría, solamente los que no creen mucho en el correo llaman para verificar lo que les ha llegado o para consultas puntuales”.

Las redes sociales se tornan una estrategia más de desarrollo de los productos. Muchas de las empresarias mencionan Facebook como una herramienta que han incorporado en sus emprendimientos.

“(…) cuando fui a Corea vi que sí lo usaban, ellos le dan otra orientación (…) solo a ventas, más allá del uso personal que nosotras hacíamos de Facebook”.

“Por ejemplo, antes del curso de Corea nosotros teníamos un Facebook (…), pero allí aprendí cómo manejarlo más allá de la cuenta personal y trabajarlo como una página comercial (…)”.

Además de las redes sociales, las bases de datos de clientes constituyen otra herramienta utilizada para el negocio, que ha permitido ordenar y sistematizar la cantidad de información sobre los clientes y potenciales clientes que visitan los sitios en Internet, incluso fuera del país.

“(…) la base de datos nos permite ser muy creativas con las estrategias de coordinación con los clientes. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa que automáticamente les manda un mensaje en su cumpleaños”.

“(…) cada tanto tiempo solicito nuevas bases de datos actualizadas, de los posibles importadores con empresas, correo personal (…) Por ejemplo, me respondieron varias embajadas a través de un programa que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores en donde a través de un formulario tú dices a qué países te interesa llegar con tus productos y las Oficinas Comerciales de Perú en las Embajadas te hacen ese contacto con empresas (…)”.

El uso del celular es fundamental, no solo para estar comunicadas con sus trabajadores y trabajadoras de forma más fluida, sino también para estar permanentemente conectadas a otras redes sociales.

“(…) los celulares son muy importantes para estar en contacto con quienes recogen la fruta (…) entregamos celulares incluso en las comunidades (…) porque no existe otra forma de comunicarse porque son comunidades muy lejanas”.

“(…) el celular es básico (…) veo mi correo y si veo algo interesante por el Facebook, ya voy a la computadora”.

D. En síntesis

En términos generales, la situación de las mujeres en la economía digital está regida por una serie de elementos que reflejan las desigualdades sociales de género que imperan también en otros ámbitos. Esto se agrava si se considera que cada día es más importante la total integración a la sociedad de la información y del conocimiento para el pleno desarrollo personal y laboral. Cada vez más mujeres y hombres están expuestos a las nuevas herramientas de la economía digital y las exigencias de capacitación, actualización y entrenamiento se vuelven más presentes en los ámbitos laborales. Por este motivo, si no se atienden las desigualdades que hoy estructuran los vínculos con el mercado laboral, y más concretamente con los puestos de la economía digital, las mujeres profundizarán las brechas y solo algunas percibirán los beneficios del nuevo paradigma.

Existe una división sexual del trabajo que reproduce en el mercado laboral cierta jerarquización y distribución de recursos que no favorece el desarrollo de las mujeres. Esto se expresa con nitidez en el hecho de que las mujeres ingresan en los sectores de menor calificación y reconocen mayores dificultades para superar ciertos umbrales, muchas veces asociados a estereotipos que las estancan en actividades menos calificadas. Pese a estas características, las mujeres también registran una experiencia positiva en el uso de las TIC para el fortalecimiento de sus emprendimientos productivos.

La capacitación y formación profesional constituyen, sin duda, un camino promisorio para asegurar empleo femenino de calidad en esos nuevos escenarios, ya que es necesario generar capacidades y habilidades digitales que aseguren la integración de las mujeres en puestos de mayor nivel tecnológico. No obstante, parece poco probable que esto ocurra si se deja librado solo a las fuerzas del mercado, ya que el sistema de género hegemónico propenderá a mantener la segregación que le es funcional. De ello se desprende que las políticas públicas productivas deberán contar con una mirada específica hacia las desigualdades de género y con mecanismos concretos que tiendan a disipar estas desigualdades en el sector.

Cuando las mujeres acceden a capacitación en uso de las TIC para los negocios, los resultados son exitosos. En el caso estudiado, las mujeres han logrado descubrir potencialidades de desarrollo, expandir sus negocios y mejorar los resultados. En este contexto, la capacitación permitió ampliar la mirada sobre las posibilidades de desarrollo productivo en el marco de la economía digital. Las TIC pueden ser una herramienta potente para las mujeres, ya que abren una serie de posibilidades de negociación, comercialización y oferta de sus productos. Sin embargo, este instrumento no es suficiente sin el apoyo de políticas de acceso al crédito, distribución de activos y capacitación para que los negocios se distribuyan de manera equitativa entre hombres y mujeres.

[1] Los productores de electrónica de consumo de las grandes marcas mundiales (como LG, Motorola, Sony, Samsung y Nokia) cuentan con instalaciones en el Brasil y en 2003 también se instaló en el país la multinacional taiwanesa Foxconn, la mayor empresa de servicios de manufactura electrónica a nivel mundial, que vende sus servicios a Apple, Cisco, Dell y otras.

[2] Mientras que en las proyecciones de 2012 se exportaron componentes electrónicos por un valor de 3.720 millones de dólares, las importaciones de este mismo rubro representaron 23.159 millones de dólares (ABINEE, 2012).

[3] La industria electro-electrónica del Brasil parece tener una importante presencia femenina. Según datos del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (DIEESE) y la Confederación Nacional de Metalúrgicos de la Central Única de Trabajadores, en 2009 las mujeres representaban el 33% del total del sector, pero su salario medio era un 32% más bajo que el de los hombres.

[4] La división técnica del trabajo es la descomposición de las tareas de producción en el seno de una empresa en subconjuntos de tareas especializadas, asignadas a individuos o grupos de individuos. A las tres áreas mencionadas se suma la de soporte técnico (ingeniería y manutención).

[5] En 2012 se llevó a cabo un estudio sobre las empleadas en los centros de llamadas y se realizó una serie de entrevistas en profundidad a operarias y supervisoras de tres empresas. Este estudio se realizó en el marco de la producción de insumos para este documento.

[6] Véase la Ley de incentivos para el establecimiento de centros de llamadas, N° 32, de Panamá.

[7] Cabe destacar que el tema de la sindicalización de los centros de llamadas ha sido asunto de agenda de todos los países que tienen este tipo de empresas en sus economías. Las experiencias de lucha sindical y exigencia de caracterización de la ocupación se registraron sobre todo en la Argentina y el Uruguay.

[8] El índice de conectividad publicado anualmente por el Foro Económico Mundial mide la propensión de los países para aprovechar las oportunidades que ofrecen las TIC. Está conformado por cuatro componentes: el contexto de las TIC en un país (mercado, política y regulaciones), la conectividad (infraestructura digital, costos de acceso, capacidades), el uso de las TIC por parte de la comunidad (individuos, empresas y gobierno) y los efectos económicos y sociales de las TIC (Foro Económico Mundial, 2012).

[9] La economía panameña creció en 2012 un 10,6%, la misma tasa que en 2011, mientras que la tasa de desempleo se ubicó en un 4,5%, lo que marca un importante descenso desde 2005, cuando ascendía al 9,8%. Véase [en línea] http://www.mef.gob.pa/es/Paginas/Panama-mantiene-crecimiento-economico-.aspx.

[10] Véase Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) [en línea] http://www.fileden.com/files/2010/11/28/3026179/PlanEstrategicodeCienciayTecnologia_PENCYT.pdf.

[11] Belt, Richardson y Webster (2002) consideran habilidades sociales a las características de la personalidad requeridas para los que van a ocupar un puesto de operador u operadora en un centro de llamadas. Las habilidades sociales involucran la facilidad de comunicación y la capacidad de “ser gente con los demás” (cuidar a la otra persona, entenderla, ser amable).

[12] Este proyecto, implementado en 2008 y titulado “Estrategias innovadoras para la participación de las mujeres peruanas en la economía digital: un programa piloto para la mujer emprendedora”, tiene por objeto promover el acceso básico de las mujeres a las TIC y mejorar las oportunidades para las mujeres en sus emprendimientos, especialmente en las áreas rurales, de modo que puedan utilizar las tecnologías como una herramienta para desarrollar las capacidades empresariales y mejorar sus condiciones socioeconómicas. La metodología del proyecto comprendió una primera instancia de formación en el uso de las TIC para los negocios, dirigida a mujeres empresarias peruanas en la Universidad de la Mujer Sookmyung de la República de Corea. La segunda instancia fue la etapa en que esas mujeres formaron en el uso de las TIC a otras empresarias en el Perú, tanto de áreas urbanas como rurales. La idea consistía en crear una red de empresarias y una comunidad de práctica de pequeñas empresarias con uso intensivo de las TIC en el Perú.

[13] Para contar con el discurso de las mujeres que participaron en este proyecto se organizaron grupos focales donde pudieron compartir sus experiencias y evaluar el uso de las TIC en sus empresas.

Capítulo IV

Las mujeres en el mundo de la ciencia y el conocimiento

Preguntarse acerca de los factores que podrían incidir en la promoción u obstaculización de la carrera profesional de las mujeres científicas, especialmente en campos dominados por hombres, como las ciencias y las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), ayuda a comprender cómo las mujeres se incorporan al ámbito laboral en la sociedad de la información y del conocimiento desde un lugar caracterizado, como se verá más adelante, por funciones y conductas tradicionalmente masculinas.

Se debe analizar qué puestos ocupan las científicas que se dedican a actividades de investigación y desarrollo en la industria, así como las profesionales de la ciencia y la tecnología, y las que se desempeñan en nuevas profesiones relacionadas con la ciencia. Estas nuevas profesiones se desarrollan en la intersección entre la ciencia y la economía, y se basan en una mezcla de funciones científicas y de negocio. Se trata de actividades tales como transferencia de tecnología, incubación y emprendimiento científico (TIE).

Conocer la situación de las mujeres caribeñas y latinoamericanas en los campos de la ciencia y la tecnología permite establecer políticas y buenas prácticas para lograr la igualdad de género en el proceso y aprovechar los beneficios del desarrollo científico-tecnológico.

Recuadro IV.1

No todos los días se puede planificar una misión a Marte

Para ir de su casa al trabajo, ella viaja todos los días 40 kilómetros de ida y otros 40 kilómetros de vuelta. Esto no le molesta y comenta con orgullo cómo con su equipo asiste a las múltiples reuniones y analiza los horarios acordados y los riesgos técnicos de su proyecto para que todo marche bien. A fin de cuentas, no todos los días se puede planificar una misión a Marte.

Ella es Sandra Cauffman, una ingeniera eléctrica costarricense que trabaja en la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) y se desempeña como subdirectora del Proyecto Atmósfera de Marte y Evolución Volátil. Su trayectoria en este lugar ha sido brillante, pero lo más destacable es cómo llegó a trabajar aquí:

“Por mi experiencia, ser mujer en el sector de la ingeniería es diferente de ser un hombre en el sector de la ingeniería. Yo sé que estoy generalizando y que los hombres se esfuerzan, pero la capacidad de las mujeres no es tan reconocida; de hecho, lo es hasta que se vean en acción. Aunque ha habido mucho progreso en cuanto a la participación de la mujer en estos campos, todavía hay mucho camino por recorrer. Es difícil en los Estados Unidos y me atrevo a decir que tal vez es más difícil en Costa Rica. Mi consejo para estas mujeres es que aprendan a hablar y expresarse con firmeza. Lo que importa es estar firme en nuestras ambiciones y no tomar las cosas personalmente. A veces es necesario ignorar la negatividad de las personas y mantener una actitud positiva y seguir trabajando por conseguir nuestros sueños. Los sueños pueden hacerse realidad cuando hay empeño, aunque a veces se requieran sacrificios”.

Fuente: Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica [en línea] http://www.micit.go.cr/index.php/noticias-de-interes/1337-entrevista-me-parece-mentira-que-lanzaremos-la-mision-a-marte-a-finales-de-ano.html.

Si se revisa la información a lo largo de la vida de las personas, se puede observar claramente que las niñas y mujeres jóvenes tienen menos estímulos y posibilidades de obtener la educación e información necesaria para acceder a una carrera en ciencia y tecnología, y que las mujeres que trabajan en este campo tienen menos probabilidad de ser ascendidas. De hecho, hay una mayor concentración de mujeres en los niveles inferiores de clasificación de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología (UNESCO, 2007).

Las mujeres en la región han accedido de manera paulatina a la igualdad de oportunidades en materia educativa en diferentes niveles y han ido obteniendo más títulos universitarios y grados académicos en diferentes disciplinas de la ciencia y la tecnología (UNESCO, 2007 y 2012). Sin embargo, esto no se traduce en igual proporción en un aumento de su participación en la fuerza de trabajo científica-tecnológica. Los caminos de hombres y mujeres tienden a divergir a lo largo de su carrera laboral, en la medida en que la promoción de las mujeres se hace más lenta y estas abandonan más a menudo los empleos en ciencia y tecnología para trasladarse a otros campos. Las mujeres con el mismo nivel de capacitación y formación académica no tienen las mismas oportunidades de trabajo, ni acceden a las mismas carreras profesionales y salarios que los hombres.

“Si bien no existe en el mundo ningún país en el cual las mujeres tengan las mismas facilidades que los hombres para hacer ciencia, vemos que es aún más difícil la emergencia de científicas líderes en nuestra región. Si bien estoy consciente de que la maternidad y el tiempo que requiere la posterior crianza de los hijos son factores muy importantes a considerar como posibles limitantes del avance de las mujeres a posiciones de liderazgo, creo que no es el único factor, sino que existen otras corrientes subterráneas muy profundas que probablemente se relacionan con tener poco poder, poca libertad para crear y falta de reconocimiento al talento de las mujeres”.

Cecilia Hidalgo, Premio Nacional de Ciencias Naturales 2006, Chile

Fuente: Seminario “Brechas de igualdad: Género, ciencias y academia en el siglo XXI”, Santiago de Chile, Universidad de Chile, 2010.\

Las primeras diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres en ciencia y tecnología surgen en los cursos de doctorado y posdoctorado, que constituyen un punto de inflexión en el ingreso a una carrera científica. No obstante, las mayores brechas de género se abren durante la carrera profesional propiamente tal.

La subrepresentación de las mujeres tiende a ser más marcada en las ocupaciones de ciencia y tecnología que en otros campos profesionales. Sobre todo en el área de la ingeniería, se ha demostrado una notable resistencia al cambio de las relaciones de género, pese a varias décadas de trabajo de los sectores público y privado para promover la presencia de las mujeres en este ámbito. Este es también el caso de las TIC, un campo profesional relativamente joven, donde en un principio se esperaba un menor compromiso con las imágenes, los estereotipos y las estructuras tradicionales de discriminación de género que frenan el avance de las mujeres en el ámbito de la ingeniería y la tecnología.

En la Argentina, la segregación ocupacional de género en empresas de desarrollo de software es bastante marcada: las mujeres ocupan el 41% de las jefaturas y supervisiones, pero solo el 21% de ellas llega a puestos directivos o de gerencia. No obstante, una vez que alcanzan estos puestos, sus salarios no logran equipararse con los de sus colegas hombres. “Las brechas salariales (de los cargos gerenciales y de directores) son notablemente marcadas, ya que el ingreso de las gerentas mujeres equivale prácticamente a la mitad del ingreso de un gerente varón”.

Fuente: Patricia Peña y otros, “Las mujeres y las tecnologías de la información y las comunicaciones en la economía y el trabajo” (LC/W.476), Documento de proyecto, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2012.

A. Avances y desequilibrios en ciencia y tecnología

Muchas niñas y mujeres jóvenes en la región tienen la capacidad y el talento para convertirse en científicas e ingenieras altamente calificadas, participar en la innovación tecnológica y contribuir al desarrollo y bienestar general. América Latina y el Caribe presenta buenos resultados en materia de acceso de las mujeres a la educación en todos los niveles (UNESCO, 2012). El índice de alfabetización de la región es alto, tanto entre las mujeres (91,7%) como entre los varones (90,3%). Mientras en el nivel primario existe paridad, en el nivel secundario se matriculan más mujeres que varones: 107 mujeres por cada 100 varones. La matrícula femenina también es mayor en el nivel superior: 119 mujeres por cada 100 varones (Peña y otros, 2012).

En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, las mujeres representan la mitad del alumnado en todos los niveles educacionales. En algunos países (como la Argentina, el Ecuador, el Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de)), la matriculación de las mujeres en las carreras universitarias supera a la de los hombres y su rendimiento académico ha demostrado ser igual o mayor que el de los varones. Un alto porcentaje de mujeres estudiantes completan sus estudios con éxito en la mayoría de las universidades de América Latina. En algunas carreras, más del 50% del total de graduados son mujeres (UNESCO, 2012; Estébanez y otros, 2007).

La presencia de mujeres entre el personal científico y tecnológico también registra una evolución creciente en el tiempo en la mayoría de los países. Considerando la categoría de investigador como el indicador más generalizado, el Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS, 2011) señala que el 46% de los investigadores en ciencia y tecnología en América Latina y el Caribe son mujeres1. Este porcentaje supera a la media mundial, que se sitúa en un 29% (un 34% para Europa, un 34,5% para África, un 18,9% para Asia y un 39,2% para Oceanía)

Recuadro IV.2

Costa Rica: el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones promueve la igualdad

Si bien el crecimiento del personal que trabaja en investigación y desarrollo es sostenido y en 2011 llegó a más de 7.700 personas, las mujeres que se desempeñan en esta área siempre son menos que los hombres. Esta menor proporción de mujeres se condice con las dificultades que estas encuentran para desarrollarse profesionalmente en un campo que presenta barreras de género y tiene una presencia masculina

muy marcada.

Costa Rica: personal dedicado a la actividad de investigación y desarrollo, según sexo, 2006-2011

(En número de personas y porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos proporcionados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.

Con el fin de abordar, entre otros asuntos, la poca matrícula de mujeres en carreras científicas, la desigualdad en el otorgamiento de títulos y la brecha salarial en ocupaciones similares, en agosto de 2010 el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICIT) creó la Unidad de Ciencia y Género en la Dirección de Fomento de la Ciencia y la Tecnología. El propósito de esta unidad es “hacer una reflexión sobre el papel de la mujer en el desarrollo de la ciencia y la tecnología”. La unidad también se dedica a la incorporación de la perspectiva de género en el quehacer institucional de la administración en pos de la ejecución de proyectos.

Las principales actividades que se han realizado están dirigidas a promover la vocación científica de niñas y mujeres mediante la generación de referentes y la divulgación de los aportes de las científicas y tecnólogas al desarrollo del país.

En el Encuentro de Mujeres en Ciencia y Tecnología de 2010 se informó a jóvenes estudiantes y mujeres profesionales sobre cómo superar las barreras de género para ingresar y continuar sus carreras profesionales en especialidades masculinizadas. En la segunda instancia de este evento, realizada en 2012 en conjunto con la Comisión Paritaria de Género del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, se ofreció un panorama del estado de las mujeres en la ciencia y la tecnología, y se dieron a conocer experiencias de ingenieras exitosas. En esa ocasión, se contó con la participación del Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, y el Estado de la Nación, entre otras instituciones.

Fuente: Elaborado sobre la base de información proporcionada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones [en línea] www.micit.go.cr.

Pese a estas cifras y avances, y a las diversas iniciativas puestas en marcha en las últimas décadas para atraer, contratar y retener a las mujeres en carreras profesionales vinculadas a la ciencia, la subrepresentación en este campo sigue siendo muy notoria.

Recuadro IV.3

Barreras para las mujeres en las ciencias

A pesar de que las formas más obvias y directas de discriminación hacia las mujeres en el área de la ciencia han desaparecido, las condiciones y oportunidades para el desarrollo de las carreras de hombres y mujeres en investigación científica-tecnológica no son igualitarias.

La mayoría de las entrevistadas para el estudio que realizó la CEPAL sobre trayectorias laborales de mujeres en ciencia y tecnología reconocieron la existencia de barreras de género que afectan la posibilidad de que una mujer talentosa ingrese a la comunidad científica, permanezca en ella, vea su trabajo reconocido y llegue a la cima. Entre estas barreras se encuentran:

- el conflicto entre el trabajo y la vida familiar (maternidad y trabajo de cuidado), especialmente en la fase inicial de la carrera, cuando se produce la incorporación de la mujer a la profesión de investigadora (lo que se denomina “hora punta” o rush hour);

- la fuerte predominancia masculina en la estructura de poder de la ciencia, que relativiza el papel de los méritos en la evaluación y promoción de las mujeres en carreras profesionales en investigación, y

- las persistentes imágenes y estereotipos de género que convergen con las culturas organizacionales y con las reglas y normas, formales e informales, presentes en la comunidad académica (barreras psicológicas).

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Trayectorias laborales de mujeres en ciencia y tecnología. Barreras y desafíos”, Santiago de Chile, 2012.

Solo en siete países de América Latina y el Caribe existe paridad relativa de género en investigación científica-tecnológica. En la mitad de los países de la región se verifica una predominancia masculina moderada, mientras que en dos países (Chile y Honduras) los investigadores masculinos igualan o superan el 70% (véase el gráfico IV.1).

Gráfico IV.1

América Latina y el Caribe (países con información disponible): participación de las investigadoras, último año disponible a

(En porcentajes)

Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO, “Women in science”, UIS Fact Sheet, N° 23, diciembre de 2012.

a Los porcentajes se presentan sobre el número total de personas empleadas en investigación y desarrollo. Esto incluye el personal empleado a tiempo completo y a tiempo parcial. El último dato disponible de los países corresponde a los siguientes años: Cuba y El Salvador, (2010); Argentina; Bolivia (Estado Plurinacional de), Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de) (2009); Chile, Ecuador y Paraguay (2008):

Brasil (2007); Honduras y México (2003); Nicaragua (2002).

En la mayoría de los países, el predominio de las mujeres en la etapa de formación universitaria se invierte en los niveles iniciales de la profesión y la presencia de mujeres se reduce de manera notoria a medida que se va ascendiendo de nivel. Aunque se puede observar un aumento de la presencia femenina en los posgrados, y en particular en los doctorados, la tasa de retención de mujeres desciende a medida que se avanza en el proceso de formación y desarrollo de la carrera de investigación2.

Esto se ha descrito en la literatura como el fenómeno de leaky pipeline, que compara el proceso de convertirse en investigador o investigadora, a través de varias etapas educativas y laborales consecutivas, con un conducto que tiene fugas. En cada momento de transición de un nivel educacional o profesional al otro se pierden más mujeres que hombres.

Siguiendo el patrón general de la participación de las mujeres en el mercado laboral y en la esfera pública, la historia de las científicas ha pasado de la exclusión a la segregación (horizontal y sobre todo vertical).

1. Segregación horizontal en la ciencia

Por segregación horizontal en la ciencia se entiende la distribución desigual de hombres y mujeres en las distintas disciplinas científicas y sectores de la economía (académico, público y empresarial), y la consecutiva concentración de las mujeres en ciertas ocupaciones en ciencia y tecnología.

Aunque el número de mujeres estudiantes y profesionales en ciencia y tecnología ha aumentado en las últimas décadas, estas se concentran en determinadas áreas de conocimiento, generalmente relacionadas con los tradicionales roles, imágenes y estereotipos de género existentes en la sociedad. La evidencia empírica muestra que las mujeres tienden a predominar en disciplinas relacionadas con la medicina y las ciencias de la salud, sociales, humanísticas y naturales. De esta manera, quedan en último lugar las disciplinas relacionadas con las ciencias exactas y las ingenierías, campos predominantemente masculinos (UNESCO, 2007).

Pese al aumento en las tasas de matriculación de las niñas en general y a los mayores logros de aprendizaje, persisten notorias disparidades de género en la elección de asignaturas en la enseñanza secundaria, donde las niñas tienden a involucrarse menos que los niños en materias científicas y técnicas.

Otra expresión de la segregación horizontal de género en ciencia es la representación sumamente escasa de mujeres en la investigación industrial. Esta es una tendencia común en todos los países con datos disponibles, aunque los porcentajes varían mucho (véase el gráfico IV.2)3.

Gráfico IV.2

América Latina y el Caribe (países con información disponible): participación de las investigadoras, según sector de ejecución, último año disponible a

(En porcentajes)

Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO, septiembre de 2012, tabulaciones especiales.

a Los datos se presentan sobre el número total de personas empleadas en investigación y desarrollo. Esto incluye el personal empleado a tiempo completo y a tiempo parcial.

2. Segregación vertical en la ciencia

La segregación vertical en la ciencia se refiere a la desigual posición de mujeres y hombres en las jerarquías ocupacionales. En diversos estudios se revela que las investigadoras de la región tienen muy pocas posibilidades de escalar a los niveles más altos del escalafón laboral y acceder a puestos de poder o de alta jerarquía. Si bien el porcentaje de mujeres en el total de investigadores en ciencia y tecnología es elevado en América Latina y el Caribe en comparación con otras regiones del mundo, existe una brecha evidente entre la participación de las mujeres en el total de investigadores y su participación en la categoría más alta: en México las cifras son del 31% y el 16%, respectivamente, en el Brasil ascienden al 38% y al 25%, y en la Argentina son del 55% y el 28% (Estébanez, 2007 y 2011; Sieglin, 2012; Pérez y Ruiz, 2012).

El análisis de la distribución del personal según la categoría científica —nivel de calificación alcanzado por el investigador o la investigadora en un determinado sistema— es uno de los principales indicadores de la desigualdad de género en la ciencia. En todos los países las jerarquías más altas están ocupadas mayoritariamente por hombres, con porcentajes aún más altos de su presencia global en el sistema.

Las mujeres en ciencia y tecnología se enfrentan no solo a un techo de cristal (obstáculos visibles o invisibles que les impiden acceder a los puestos superiores de la escala profesional), sino también a lo que se denomina “suelo pegajoso”, concepto usado en la literatura especializada para describir las dificultades que tienden a mantener a las mujeres en los niveles más bajos de la pirámide organizacional.

El tema del reconocimiento se torna crítico para las mujeres que se desempeñan en estas áreas, ya que gran parte de la motivación en el trabajo científico se basa en el reconocimiento de la comunidad de pares. Las mujeres sienten que sistemáticamente la comunidad científica otorga menor valor y reconocimiento a sus iniciativas, hallazgos y descubrimientos.

“No es reconocido el trabajo, aunque el trabajo sea bien hecho, no es reconocida la calidad del trabajo por ser una mujer… Por ejemplo, (cuando) proponen algún proyecto de investigación y ese proyecto de investigación es evaluado por hombres, no lo toman en cuenta. En cambio, si ese mismo proyecto lo presentan caballeros, sí les dan presupuesto”.

Científica, Doctora en ciencias de la computación, entrevistada por la CEPAL para el estudio “Trayectorias laborales de mujeres en ciencia y tecnología: Barreras y desafíos”, 2012.

B. Principales barreras de género en las carreras de ciencia y tecnología

Las tensiones entre familia y carrera, especialmente en las etapas iniciales del ejercicio profesional, ayudan a explicar por qué menos mujeres que hombres siguen una carrera científica y por qué más mujeres que hombres abandonan este tipo de carrera, sobre todo en la primera fase. Los estudios muestran que el conflicto entre el trabajo y la vida familiar no solo tiene un sesgo de género, sino que se ve agravado por las instituciones científicas.

En cuanto a los procesos de evaluación y promoción profesional de hombres y mujeres en ciencia y tecnología, deben tenerse en cuenta no solo las reglas formales vinculadas a los méritos, sino también las relaciones de poder dentro de las instituciones científicas, el papel de los llamados gatekeepers4 y la relevancia de las redes informales. Al analizar estos mecanismos sutiles de discriminación y las desventajas acumulativas en la promoción profesional de las mujeres, especialmente en el contexto del logro de excelencia académica, se puede destacar la segregación de género en estas carreras profesionales.

Recuadro IV.4

Participación de las mujeres en la investigación industrial

En la investigación industrial existen dos problemas centrales que afectan de manera desproporcionada a las mujeres: la falta de estructuras de apoyo para lograr un equilibrio entre la vida personal y el trabajo, y la necesidad de desarrollar una cultura de trabajo más inclusiva, con el fin de incluir una mayor diversidad en el perfil de investigadores e investigadoras y mejorar la creatividad.

Para subsanar estas diferencias se requiere que los trabajadores y las trabajadoras logren un mayor equilibrio entre las actividades laborales y de cuidado. También es necesario construir una cultura de transparencia para poner fin al clientelismo, el nepotismo y las denominadas “redes de los viejos muchachos” (old-boys networks) mediante el fomento de la contratación y la promoción basada exclusivamente en el mérito.

Fuente: H. Rübsamen-Waigmann y otros, Women in Industrial Research: A Wake Up Call for European Industry, Luxemburgo, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 2003.

1. Hora punta (rush hour)

Uno de los grandes problemas para el desarrollo profesional de las mujeres es el conflicto de roles que experimentan al tener que atender, simultáneamente, las demandas familiares y profesionales. De manera específica, se señala como un problema significativo la confluencia en el tiempo de los ciclos familiares y profesionales. Esto se debe, sobre todo, a que los criterios de evaluación de la carrera académica están construidos de acuerdo con el ciclo vital y profesional masculino, de manera que la época de mayores exigencias para el despegue de la carrera profesional suele coincidir con la etapa de mayor fertilidad y de mayores demandas reproductivas o familiares de las mujeres.

Los años reproductivos de las mujeres y la desigualdad de la distribución del trabajo doméstico son difíciles de conciliar con el desarrollo de una carrera académica, que suele implicar un despegue a una edad relativamente joven que coincide con la etapa reproductiva.

Las diferencias en el desarrollo de las carreras de hombres y mujeres se hacen evidentes sobre todo en la primera etapa de la carrera académica, que abarca tres instancias: a) el proceso de obtención de un doctorado y estadías becadas en el extranjero, b) el ingreso a una institución científica para realizar un posdoctorado y c) la competencia por un puesto permanente. Debido a las tensiones entre el trabajo y la vida personal que se crean en esta etapa temprana de la carrera profesional, muchas jóvenes terminan creyendo que la ciencia es incompatible con la vida familiar y que tienen que buscar otros horizontes si desean tener hijos.

Resulta especialmente difícil conciliar las presiones que se generan en el proceso para lograr un puesto de trabajo permanente (para lo que suele haber límites de edad y tiempo) con la formación de una familia y el nacimiento de los hijos. En la investigación se muestra que muchas mujeres enfrentan este período como un dilema: o eligen ser madres o avanzan en la carrera.

“Mi supervisor me preguntó - yo creo que fue el primer día que yo fui a su oficina- ¿viniste sola o viniste con familia?... yo le dije sola, me dijo: mejor, porque eso con familia es un cacho (problema)”.

Estudiante de doctorado en ingeniería de sistemas y computación, entrevistada por la CEPAL para el estudio “Trayectorias laborales de mujeres en ciencia y tecnología: Barreras y desafíos”.

La duración de este período varía considerablemente de un país a otro y de un campo científico a otro, pero, por lo general, se extiende entre los 25 años de edad y los 35 años de edad, y a veces hasta los 40 años de edad (FEC, 2009; Caprile y Valle, 2010).

El hecho de que la incorporación a la profesión de investigadora coincida con la edad reproductiva de las mujeres es una de las condiciones que plantea más desigualdades para la adopción de una carrera científica. Aunque el matrimonio y la maternidad se han postergado en nuestras sociedades, la maternidad, como hecho biológico, no puede prolongarse de manera indefinida. La edad en que hombres y mujeres ingresan al entrenamiento especializado (estudios de doctorado y posdoctorado) coincide con la etapa reproductiva de ellas. Esta es una de las principales razones por las que las mujeres abandonan o postergan los estudios de posgrado. Este aspecto no se considera en casi ninguno de los sistemas científicos y tecnológicos de los países de América Latina y el Caribe. Por este motivo, existen pocos mecanismos sociales e institucionales para que la maternidad y el cuidado de los hijos puedan combinarse con el avance de la formación académica.

Dos tendencias se destacan en los países de la región: a) una proporción significativa de mujeres se retira de la carrera científica o detiene su progreso cuando decide formar una familia y tener hijos (Glover, 2001; Xie y Schauman, 2003) y b) las mujeres que trabajan en áreas ligadas a la ciencia y la tecnología tienen relativamente menos hijos en comparación con sus colegas varones y con las mujeres en general. Mientras que los científicos varones tienen hijos en la misma proporción que el resto de la población, la tasa de fecundidad de las mujeres científicas es sustancialmente menor (Blackwell y Glover, 2008; García de Cortázar y otros, 2006; Glover, 2001).

La ciencia se ha desarrollado históricamente en ausencia de las mujeres, por lo que los criterios de evaluación y promoción de la carrera académica estándar se basan en el ciclo vital y profesional masculino de corte tradicional. De las mujeres se espera que se ajusten a los estándares, las normas y los valores construidos por y para los hombres cuando aspiran a una carrera profesional académica (véase el diagrama IV.1).

Diagrama IV.1

Expresiones de la conceptualización masculina de la carrera científica

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Trayectorias laborales de mujeres en ciencia y tecnología: Barreras y desafíos”, Santiago de Chile, 2012.

a) Dedicación y disponibilidad total

Se basa en la expectativa de que el científico tenga un compromiso ilimitado con la ciencia a lo largo de toda su vida laboral. La atención de otras obligaciones importantes, como la familia, se interpreta como falta de dedicación a la carrera académica. Las largas jornadas de trabajo y el trabajo en horarios no habituales (tardes, noches y fines de semana) se aceptan como una norma que debe cumplirse.

El compromiso con la ciencia significa también estar disponible para participar en redes informales y en la comunidad científica fuera de las horas y los espacios normales de trabajo (Ackers y Gill, 2005; Griffiths, Moore y Richardson, 2007). En los estudios de género se ha señalado que la principal diferencia entre hombres y mujeres no radica en su dedicación al trabajo científico, sino más bien en su disponibilidad total, es decir, en la falta de tiempo y las pocas condiciones de movilidad para asistir a reuniones en horas no habituales, viajar con frecuencia y participar en actividades de redes formales e informales fuera del tiempo y el espacio directo de trabajo (NAS, 2007).

Históricamente, este modelo de carrera profesional se ha sostenido en un perfil de científico hombre respaldado por una mujer, en general su esposa, que se encargaba de los aspectos de la vida familiar, incluido el hogar, los hijos y la vida social. Este modelo todavía se aplica a algunos hombres, pero es cada vez más obsoleto para hombres y mujeres que necesitan o desean participar en otras actividades.

b) Barreras de edad y tiempo

La carrera científica estándar se concibe como una secuencia rígida de etapas educativas y ocupacionales que se espera alcanzar a una edad determinada. Las desviaciones o retrasos en esta ruta se interpretan como falta de compromiso con la carrera científica y, por lo tanto, son penalizados (NAS, 2007). La secuencia y duración de las etapas varían de un país a otro, pero la rigidez es siempre la norma. Las reglas para el acceso a fondos (financiamiento), becas y puestos permanentes suelen definirse en términos de la edad o del tiempo transcurrido desde la obtención del título académico o la contratación para un cargo académico. Estas reglas pueden ser estrictas y vinculantes desde el punto de vista jurídico, o simplemente operar como expectativas institucionales. En los procesos de contratación y promoción, las personas que se han movido rápido —jóvenes que han publicado buenos artículos a temprana edad— salen muy favorecidas.

c) Producción científica ininterrumpida

Una tercera expresión de la conceptualización masculina de la carrera científica, con efectos desproporcionados para el despegue de la carrera profesional de las mujeres, es la noción de productividad científica ininterrumpida que prevalece en la mayoría de los esquemas de evaluación, financiamiento y promoción (Thorvalsdottir, 2004). Estas formas de medir la productividad científica no solo podrían no ser la mejor manera de evaluar el potencial científico de los candidatos, sino que también exacerban las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en el sistema científico (Feller, 2004). De esta manera, se generaría un círculo vicioso creado por las prácticas académicas: la mayor dedicación de los hombres a la investigación genera más y mejores publicaciones que, a su vez, generan más financiamiento para investigación (Yáñez, 2007; Yáñez y Godoy, 2010).

d) Movilidad geográfica

En el ámbito científico se valora que los profesionales siempre estén disponibles, puedan trasladarse de un lugar a otro en busca de promoción profesional y funcionen a nivel internacional. Las restricciones de movilidad y de productividad científica relacionadas con la familia y el tiempo pueden actuar como un filtro en los procedimientos de selección y promoción de las mujeres en carreras académicas.

2. Promoción profesional

Como se destaca en los estudios sobre la productividad científica de las mujeres, las persistentes asimetrías de género en el ámbito de la ciencia no pueden explicarse como resultado de factores exclusivamente situados fuera de las organizaciones científicas (por ejemplo, las responsabilidades familiares o las restricciones de tiempo y de movilidad).

Para examinar las formas ocultas de discriminación de género que obstaculizan el avance de las mujeres en las carreras científicas, en los estudios realizados se analiza qué hay detrás de los criterios y las normas estrictas que rigen los procedimientos formales de contratación y promoción en el ámbito académico, y se examinan las relaciones de poder, las prácticas de los encargados de controlar el acceso y las redes informales dominadas por hombres como factores subyacentes de la segregación de género en ciencia y tecnología.

Uno de los principios que la comunidad científica más ha valorado y defendido desde siempre es el de los méritos como mecanismo de evaluación de la excelencia científica. Avanzar en una carrera científica es un proceso muy exigente y cada vez más competitivo, que aparenta ser neutral respecto del género y basarse en los méritos. Se supone que las personas eficientes llegan a la cima, independientemente de si son mujeres u hombres, gracias a su esfuerzo y sacrificio personal, y en virtud de una evaluación objetiva de su desempeño. La discriminación de género en la carrera profesional científica opera tanto en el ámbito informal como formal.

Las redes informales desempeñan un papel clave en la promoción profesional, ya que dan un sentido de pertenencia a la comunidad científica, permiten el acceso a recursos profesionales y brindan oportunidades de progreso y estímulo (Etzkowitz, Kemelgor y Uzzi, 2000, citados en Comisión Europea, 2012). En ellas se discuten las investigaciones, se comparten conocimientos e informaciones, y se establecen los apoyos que influyen en la productividad científica y el éxito académico. Dicho ámbito —regulado en mayor grado por valores sociales, imágenes y estereotipos de género, intereses y lazos afectivos— puede facilitar o frenar el avance de las mujeres en ciencia y tecnología al darles o negarles acceso a información académica e institucional relevante o al actuar, o no, como apoyo moral y emocional (Gupta, 2007, citado en Sieglin, 2012).

La relativa debilidad de las mujeres científicas en las redes informales constituye un mecanismo sutil, pero poderoso, que explica las mayores tasas de deserción de las mujeres y el avance más lento de sus carreras en comparación con los hombres. Este mecanismo funciona mediante una lógica acumulativa de “no ocurrencias” y ligeras prácticas excluyentes que progresivamente obstaculizan la carrera profesional de las mujeres y dan lugar a una sensación de aislamiento y baja autoestima profesional. Como destaca Husu (2001 y 2004), la contratación para puestos temporales atractivos puede llevarse a cabo sin previo aviso y a puertas cerradas, práctica que puede ser favorable a un grupo exclusivo de hombres informados a través de las redes informales de que un puesto estará disponible. Así, las mujeres no son vistas, escuchadas, leídas, citadas ni alentadas. Este es un tipo de discriminación de género difícil de identificar, que toma formas extremadamente sutiles.

La investigación más reciente sobre los mecanismos que construyen las diferencias y desigualdades de género en la excelencia académica se enfoca en las personas y los organismos que controlan el acceso de los científicos y las científicas a campos y recursos que son decisivos para el desarrollo de una carrera exitosa en investigación. Como se mencionó anteriormente, existen encargados de controlar y decidir sobre el acceso de investigadores e investigadoras a campos y recursos tales como financiamiento, publicaciones, conferencias, premios y patentes (Husu, 2004 y 2008).

Recuadro IV.5

Los gatekeepers, “cuidadores de puertas” en Chile

En Chile, solo tres de los diez integrantes de los dos Consejos Superiores del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT) son mujeres. Las tres integran el Consejo Superior de Ciencia (en el Consejo Superior de Desarrollo Tecnológico no hay ninguna). El FONDECYT es el principal programa de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) de Chile que otorga fondos para

la investigación. La principal tarea de los Consejos Superiores es asignar los recursos para la investigación básica y

aplicada mediante un mecanismo que abarca los llamados a concurso y la evaluación, selección y supervisión de

los proyectos.

En los grupos de estudio hay 45 mujeres entre los 193 integrantes (23,3%) y 5 mujeres entre los 25 directores (Boisier, 2007). Estos grupos de estudio representan un nivel de decisión intermedio entre los evaluadores externos y los Consejos Superiores del FONDECYT. Sus funciones son asesorar técnicamente a los Consejos Superiores en las tareas de selección de los proyectos que se presentan en cada concurso y evaluar los avances y resultados de los proyectos en ejecución. A la fecha, existen 25 grupos de estudio conformados por miembros destacados de la comunidad científica-tecnológica, que son nombrados y renovados en forma periódica por los Consejos Superiores y organizados administrativamente por la dirección del programa.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Trayectorias laborales de mujeres en ciencia y tecnología: Barreras y desafíos”, Santiago de Chile, 2012.

C. En síntesis

Aunque el número de mujeres en puestos de trabajo que requieren habilidades en el manejo de las TIC está en constante aumento, esto no es necesariamente cierto respecto del acceso de las mujeres a la toma de decisiones y el control de estos recursos. En el caso de las carreras relacionadas con las TIC, ya sea a nivel mundial, regional o nacional, las mujeres están subrepresentadas en todas las estructuras de toma de decisiones, incluidas las instituciones políticas y de regulación, los ministerios responsables de ciencia, tecnología e innovación o telecomunicaciones, los directorios y los altos puestos ejecutivos de las empresas privadas (Primo, 2003)5.

Las profesiones en ciencia y tecnología parecen ser menos permeables a las tendencias generales hacia mayores equilibrios de género que otras profesiones altamente cualificadas. Esta tendencia se encuentra en clara contradicción con la ética científica del universalismo y la evaluación de méritos. Si el universalismo y la evaluación de méritos fueran la norma, las desigualdades de género serían menos acentuadas en el ámbito de la ciencia (Comisión Europea, 2012).

Una forma de promover la participación de las mujeres en las áreas de ciencia y tecnología es aumentar el número de mujeres que estudian estas carreras. Sin embargo, mientras no se reduzca la cantidad de mujeres que abandonan este tipo de carreras —o que quedan estancadas al inicio—, no se logrará la igualdad de género en este ámbito.

[1] Según el Manual de Frascati (2002), una metodología reconocida internacionalmente para la recolección y el uso de las estadísticas de investigación y desarrollo, los investigadores se definen como profesionales que trabajan en la concepción o creación de nuevos conocimientos, productos, procesos, métodos y sistemas, así como en la gestión de estos proyectos.

[2] Véanse, entre otros, Estébanez y otros (2007); UNESCO (2007 y 2012); Saavedra (2012) y Rebufel (2007).

[3] De acuerdo con los datos más recientes de los países de la Unión Europea (UE-27), las mujeres representan el 39% de los investigadores en el sector gubernamental, el 37% en la educación superior y apenas un 19% en el sector empresarial (Comisión Europea, 2009).

[4] Gatekeepers (cuidadores de puerta, porteros): instituciones y personas que están ubicados en una posición clave para controlar e influenciar el acceso de los y las investigadoras a campos y recursos que son decisivos para el desarrollo de una carrera profesional en ciencia y tecnología, tales como el financiamiento, las publicaciones, la participación en conferencias, premios y patentes.

[5] Al momento de la elaboración de este estudio no estaban disponibles los correspondientes datos para los países de América Latina y el Caribe. En Europa (18 países), en 2001 las mujeres ocupaban solo el 9% de los cargos ejecutivos superiores y el 9% de los cargos en los organismos de supervisión de la industria de las telecomunicaciones. Ese mismo año, en los Estados Unidos las mujeres ocupaban solo el 13% de los cargos ejecutivos superiores en las grandes empresas de telecomunicaciones y de electrónica. También había ministras de comunicación o de telecomunicaciones solo en tres países (Colombia, Malí y Sudáfrica) y viceministras en seis países (Angola, Belarús, Ghana, Kirguistán, la República Checa y la República Unida de Tanzanía). En la literatura se señala que sin un número crítico de mujeres en puestos de alta dirección, será difícil poder contrarrestar eficazmente las prácticas de discriminación de género en este sector (European Database on Women in Decision-making, 2001; Jamieson, 2001)

Capítulo V

Tecnologías de la información y las comunicaciones: una herramienta para la igualdad de género

Gobiernos de la región, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil son cada vez más conscientes de la importancia del rol que desempeñan las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en el progreso económico y social, y como herramienta transversal para el logro del desarrollo equitativo y sostenible, y la promoción y protección de los derechos humanos. La ampliación del acceso y el uso de las TIC entre la población, sobre todo entre los grupos más excluidos, suele ser un elemento considerado en las políticas de desarrollo.

Si bien es reconocida la importancia de la perspectiva de género en estas políticas y el conocimiento en materia de la brecha digital de género va arrojando nueva luz sobre los factores que han de ser trabajados, son dispares los esfuerzos que han emprendido los gobiernos de los distintos países. En muchos casos se reconoce la brecha digital de género y la urgencia de superarla, pero más allá de declarar el principio político no se operativizan medidas concretas.

A pesar de que no se destaca una acción estratégica y coordinada desde los gobiernos, son innumerables las iniciativas en relación con las TIC que están contribuyendo a mejorar la vida de las mujeres en numerosos planos, así como a incidir en el objetivo de lograr la igualdad de género. Estas iniciativas son generalmente proyectos promovidos por agentes diversos, ya sea según su naturaleza (pública, privada, organismos de la sociedad civil, organizaciones de mujeres, empresas y otros) o sus niveles de intervención (internacionales, regionales, nacionales o locales). Son proyectos en que los mecanismos para el adelanto de la mujer disponen, en bastantes casos, de un notable protagonismo.

Por lo general, se trata de actuaciones que nacen de la convicción de que es fundamental integrar a más mujeres a las TIC en sus diversos niveles (como usuarias, como profesionales, como creadoras o como dirigentes) o bien que se orientan a promover valores más igualitarios en Internet. Su finalidad última, por tanto, es elevar la igualdad de género en la sociedad de la información. A ellas se suman una amplia gama de iniciativas que, utilizando como medio las TIC, contribuyen de un modo significativo a mejorar la vida de las mujeres, atendiendo a la funcionalidad transversal que ofrecen estas tecnologías en infinidad de campos (salud, educación y combate a la violencia, entre otros).

Todas ellas conforman un conjunto de ideas para abordar la igualdad de género en el ámbito de las TIC y presentan propuestas para utilizar las TIC como instrumento para la igualdad de género. Se trata de iniciativas que se van sumando y que es preciso visibilizar e integrar para ayudar a fortalecerlas, replicarlas y transferirlas, logrando el objetivo de producir masa crítica y de incluir la perspectiva de género en las agendas digitales de los gobiernos.

A continuación se recogen ejemplos de este tipo de prácticas que permiten ilustrar por dónde es posible seguir avanzando. La aproximación realizada ha sido amplia y en ella se ha priorizado la identificación de iniciativas que demuestren el valor del acceso a las TIC y de su uso por parte de las mujeres en diversos ámbitos, concretamente en aquellos que se han considerado fundamentales para el avance de la igualdad: la autonomía económica y el bienestar de las mujeres, así como la promoción de la igualdad de género. El capítulo se nutre de las experiencias que han documentado y brindado los propios países de la región, así como de información relevada en Internet y de disponibilidad pública.

A. Experiencias de uso de TIC para la autonomía económica de las mujeres

Un espacio de trabajo clave en materia de sociedad de la información y género, que ha centrado la atención en el presente documento, es el que concierne a la autonomía económica de las mujeres mediante su posicionamiento en las oportunidades de empleo en la actual economía digital.

Una dimensión importante es la valoración del uso de las TIC como competencia laboral demandada en todo el mundo. El manejo de estas herramientas representa, así, un componente fundamental del perfil de empleabilidad de las personas y un canal de integración social. Es por eso que se han destinado importantes esfuerzos a la capacitación en el uso de las TIC, incorporándolas, por ejemplo, como materia transversal en el currículum educativo y, de manera más concreta, poniendo en marcha programas de alfabetización digital para grupos y colectivos alejados de su uso, ya sea por razones de edad, nivel educativo, estrato económico, lugar de residencia, etnia u otras.

Ha sido posible identificar, al respecto, experiencias de alfabetización digital diseñadas específicamente para mujeres, en que se trabajan aspectos diferenciales en torno al uso de las TIC adaptados a sus perfiles, orientando la capacitación a cuestiones que trascienden el mero uso de estas tecnologías y que inciden en otros aspectos sustanciales para ellas (empoderamiento, comunicación, integración, derechos y otros).

Chile: alfabetas digitales a través de las Biblioredes

La Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) desarrolla desde 2002 el programa Biblioredes, cuyo objetivo es transformar a las personas en agentes de desarrollo cultural y social desde las bibliotecas públicas y el ciberespacio, para superar así el aislamiento.

El programa está presente en 412 bibliotecas públicas y 18 laboratorios regionales a lo largo de Chile, incluidos los territorios insulares. Cuenta con computadoras de última generación, con acceso a Internet y ofrece capacitación gratuita en contenidos y desarrollos digitales.

Entre 2008 y 2011, mediante un convenio entre este programa y el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), fueron capacitadas casi 20.000 mujeres pertenecientes al Programa Mujer, Trabajo y Emprendimiento (ex Programa Jefas de Hogar), quienes participaron en cursos de alfabetización digital. En la actualidad existe un convenio con el Portal de Empleo Mujer (Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer, (PRODEMU)) para alfabetizar digitalmente a 14.000 mujeres.

Fuente: Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), 2012 [en línea] http://www.biblioredes.cl/acceso-internet.

El Salvador: Ciudad Mujer, abriendo puertas a las TIC

Ciudad Mujer es una experiencia relevante en la región, que presta servicios a las mujeres en las aéreas de educación, autonomía económica, prevención, atención infantil, atención frente a la violencia de género, y salud sexual y reproductiva. Esta iniciativa fue impulsada por el Gobierno de El Salvador, con el apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y tiene por objetivo mejorar las condiciones de vida de las mujeres salvadoreñas mediante la facilitación de servicios que satisfagan sus necesidades básicas e intereses estratégicos. El primer centro fue inaugurado en marzo de 2011 en el municipio de Colón y ya se han puesto en marcha cuatro centros Ciudad Mujer en distintos departamentos del país, que atienden a 127.000 mujeres.

Como parte de la estrategia de fortalecimiento de la autonomía económica, cada centro dispone de un aula de informática destinada a realizar cursos para mejorar las habilidades de las mujeres y potenciar de esta manera sus oportunidades laborales. Mediante este servicio, uno de los más demandados que el centro ofrece, casi 600 mujeres han sido capacitadas en computación (operación de software, Windows, Word y Excel básico).

La novedad de Ciudad Mujer como modelo de atención es la concentración —dentro de un mismo espacio— de 15 instituciones del Estado que prestan diferentes servicios especializados para las mujeres, con el fin de garantizar que sean atendidas de manera oportuna, en un ambiente de confiabilidad.

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Secretaría de Inclusión Social del Gobierno de El Salvador.

España y América Latina: Hola Fabiola

Hola Fabiola es un programa formativo para aprender a usar y aprovechar al máximo las TIC, dirigido a mujeres extranjeras que viven en España, principalmente procedentes de América Latina, para quienes las TIC representan una herramienta muy útil en materia de integración, igualdad, diversidad y comunicación.

Con Hola Fabiola se pretende no solo transmitir conocimientos informáticos, sino también favorecer que el manejo de estas herramientas contribuya para que las mujeres:

•conozcan nuevos canales de comunicación con su entorno próximo y sus comunidades de origen;

•descubran vías inéditas de integración, en materia de empleo, vivienda, trámites legales y otros;

•mejoren sus habilidades de escritura y expresión, y aprovechen las ventajas de las TIC en materia de idiomas;

•tomen conciencia sobre sus derechos en materia de igualdad y cómo ejercerlos;

•aprendan acerca de la cultura española;

•se acerquen a nuevas vías de participación en redes y asociaciones;

•obtengan mayor provecho de sus momentos de ocio y tiempo libre, y

•adquieran capacidades que contribuyan a su empoderamiento individual y colectivo.

Hola Fabiola se desarrolla en el marco de un convenio de colaboración entre Fundación Orange y Fundación Directa y recibe financiamiento del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Hasta el momento, se han formado casi 100 mujeres en colaboración con organizaciones públicas y privadas que trabajan con estos grupos.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, “Hola Fabiola”, 2013 [en línea] http://www.holafabiola.com, http://www.holafabiola.com.

La capacitación en el manejo y uso básicos de las TIC (es decir, la alfabetización digital) no es el único objetivo que se persigue con miras a la mejora del empleo. La búsqueda y el manejo de aplicaciones y herramientas para TIC especializadas pueden suponer una fuente de mejora en la ocupación, tanto para las trabajadoras asalariadas como para las trabajadoras por cuenta propia, particularmente en el caso de las mujeres, que en general enfrentan situaciones más precarias.

Los sistemas de teletrabajo, o la deslocalización de la tarea laboral gracias a las TIC, han hecho posible una mejor compatibilización de las esferas profesionales y familiares, sobre todo para las mujeres, ya que sobre ellas recae la doble tarea. Los programas de teletrabajo han sido incorporados en grandes compañías, como política de recursos humanos que favorece la atracción y retención del talento, y no son pocas las pequeñas empresas que también están dando facilidades en este terreno. Cabe advertir, no obstante, los riesgos que entraña el teletrabajo en culturas empresariales en las que se privilegia el hecho de estar presente, así como la lejanía y el aislamiento que supone esta modalidad de trabajo, que pueden llegar a representar frenos en el desarrollo y la promoción profesional. Por otro lado, con esta modalidad se corre también el peligro de profundizar la división sexual del trabajo, naturalizando las cargas reproductivas como una tarea exclusiva de las mujeres. Por estos motivos, dicha modalidad de trabajo debe estar bien dirigida y pautada, de manera de evitar que se convierta en origen de nuevas discriminaciones.

Colombia: Pacto por el Teletrabajo

El primer país de América Latina en expedir una legislación especial que regula el teletrabajo fue Colombia. Mediante la Ley núm. 1221 de 2008 se generó un marco legal que promueve un trato igualitario entre quienes trabajan en un sitio específico y quienes realizan teletrabajo en cuanto a garantías y derechos laborales, sociales y relativos a prestaciones. Esta ley se reglamenta a través del Decreto 0884 de 2012, con el que se busca promover la adopción del teletrabajo como modalidad laboral en el país.

Trascurrido un año desde su aprobación, se consiguieron significativos avances: 3.000 personas sensibilizadas en el tema, 200 empresas privadas y 1.000 funcionarios públicos capacitados y 50 empresas asesoradas para implementar la herramienta.

En este marco, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones lideran el Pacto por el Teletrabajo, al que se han sumado 35 empresas, hasta mayo de 2013. El pacto reúne aspectos como la promoción del uso intensivo de las TIC en las empresas, la transformación de la cultura organizacional con tendencia hacia el trabajo flexible y el desarrollo de políticas corporativas que beneficien a los trabajadores móviles.

De modo especial, el Ministerio de Trabajo fomenta en las empresas la implementación del teletrabajo para mujeres en etapa de gestación y en etapa de lactancia posterior a la licencia de maternidad.

Fuente: Ministerio de Trabajo, “El teletrabajo llegó para quedarse”, 2013 [en línea] http://www.mintrabajo.gov.co/teletrabajo.html y Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, “Vive Digital”, 2013 [en línea] http://www.vivedigital.gov.co/teletrabajo/#.

Pero incluso más allá de las nuevas modalidades de trabajo que posibilitan las TIC, el uso de aplicaciones tan cotidianas como el correo electrónico, los chats, las videoconferencias, los sistemas de intercambio de archivos o las redes sociales facilitan enormemente el quehacer profesional de millones de hombres y mujeres, aunque puede decirse que con un impacto más positivo entre las segundas, al permitir gestionar asuntos de la vida cotidiana a quienes han de “compatibilizar” múltiples agendas en paralelo.

Las TIC son, igualmente, una herramienta crucial para el progreso del empleo por cuenta propia. Soluciones de comercio electrónico, la gestión empresarial con el apoyo de estas tecnologías y el marketing en Internet conllevan mejoras sustanciales en todas las áreas del negocio. Su integración entre el empresariado de mujeres se considera una estrategia prioritaria, a pesar de que, según se sostiene en la bibliografía especializada, las empresas de mujeres ofrecen un menor dinamismo y se concentran en sectores de inferior valor agregado en comparación con las de los hombres, integran solo escasamente la tecnología y operan en mercados locales. La incorporación de la tecnología en las empresas de mujeres abre infinidad de posibilidades para el fortalecimiento, crecimiento y exportación hacia nuevos mercados. Desde ese punto de vista, toda estrategia de los gobiernos para la inclusión digital de las pymes y, en particular, de las micro y pequeñas empresas (mypes) puede tener un impacto importantísimo para respaldar el empoderamiento económico de las mujeres, sobre todo en materia de capacitación, contenidos y aplicaciones, servicios, apoyo a la creación de páginas web, computación en nube, redes sociales, estrategias de negocio y administración electrónica, entre otras.

En el ámbito de la teleformación y los teleservicios son varias las líneas de intervención identificadas que se dirigen a fortalecer el perfil emprendedor de las mujeres (de manera global o incluso especializándose en sectores específicos), lo que repercute de forma relevante en potenciar su autonomía y progreso económico. Son espacios web especializados en formación y asesoramiento para emprendedoras o para personal dedicado a su capacitación, que se complementan con otra información y servicios de interés para estas mujeres (convocatorias, información sobre financiamiento, difusión de la oferta, microfinanciamiento colectivo de proyectos, entre otros).

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA): formación de formadores en TIC orientada a la atención de mujeres empresarias y emprendedoras a través de los centros de atención a mipyme

El módulo desarrollado en el marco del plan de la Organización de los Estados Americanos (OEA) (a través de su Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo) y el Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) 2011-2014 tiene por objetivo mejorar la competitividad del tejido empresarial femenino en la región, mediante el acceso, implantación y uso de las TIC en los procesos de negocio.

Esta experiencia da continuidad al trabajo previo de cooperación realizado por la Fundación CTIC (Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación) y el Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica (CENPROMYPE), iniciado en 2008, mediante el cual se han desarrollado diversas experiencias piloto para la incorporación de la figura del asesor o asesora en TIC en los centros de apoyo empresarial de la región centroamericana.

El módulo se impartió mediante una metodología de formación mixta, que combinó una primera fase de teleformación con sesiones presenciales complementarias, sumando una carga lectiva de 76 horas. Los países participantes fueron Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Con el módulo de formación se la logrado crear una base de asesores y asesoras que podrán brindar servicios especializados a través de los centros de atención a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme).

Todas las instituciones participantes están dispuestas a replicar la capacitación a través de asesoría empresarial y a poner de relieve en sus estrategias institucionales los puntos clave del proyecto:

•la importancia de ofrecer atención diferenciada a las mujeres en las mipyme;

•el asesoramiento empresarial como acompañamiento técnico para incorporar las TIC en el desarrollo empresarial, y

•el papel de las nuevas tecnologías en el desarrollo empresarial de las mipyme.

Fuente: Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), 2013 [en línea] http://www.sica.int/cenpromype/.

México: estrategia de difusión de información sobre desarrollo económico por Internet del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES)

Esta estrategia, impulsada por el INMUJERES, se efectúa a través de varios medios:

•El sitio web Emprendedoras y Empresarias, dirigido a mujeres que desean iniciar un negocio o hacerlo crecer. En él se publica información sobre programas de apoyo, convocatorias, material de capacitación y estadísticas. Cuenta con tres secciones:

- Ser empresaria: con el fin de orientar a emprendedoras y empresarias, presenta un glosario de conceptos básicos de negocios e información estadística sobre la situación de las mujeres empleadoras.

- Desarrollando tu negocio: cuenta con un apartado de capacitación con cursos en línea ofrecidos por instituciones públicas y privadas, y enlaces a sitios de Internet que ofrecen instrumentos especializados para la gestión empresarial. También dispone de información sobre los programas federales que brindan financiamiento y apoyo a la comercialización.

- Formando redes: permite la suscripción al directorio de empresarias.

•Un blog que aborda cuestiones empresariales y sobre finanzas personales. http://empresarias.blogspot.com.es/.

•Redes sociales: perfiles en Facebook (http://www.facebook.com/empresarias.inmujeres) y Twitter (http://twitter.com/empresariasINM), orientados a difundir información sobre programas de apoyo, divulgar noticias sobre tecnología y negocios, así como orientar directamente a la población.

Fuente: Instituto Nacional de las Mujeres, “Emprendedoras y empresarias”, 2013 [en línea] http://empresarias.inmujeres.gob.mx/.

Turismo Solidario y Sostenible en Latinoamérica

El fomento del espíritu emprendedor es determinante para impulsar que las mujeres se decidan a la creación de pequeños negocios y microempresas, mejorando así sus posibilidades de crecimiento y suficiencia económica para superar situaciones de pobreza y vulnerabilidad. El intercambio de experiencias, la difusión de casos de éxito y de diferentes modelos de mujeres emprendedoras, así como el apoyo a través de redes asociativas y profesionales, son factores clave para que las mujeres crean en sus capacidades y en el potencial de sus ideas, y se decidan a materializar su iniciativa empresarial.

Este proyecto —auspiciado por la Fundación Banesto (en el futuro Fundación Botín)— tiene como principal objetivo el apoyo a la iniciativa empresarial femenina en el sector turístico, y más concretamente en el sector hotelero. Abarca cuatro pilares clave: apoyo comercial, formación especializada, canalización hacia fuentes de recursos y dotación de medios para la integración en plataformas de comercialización, incluido un acuerdo con la Secretaría de Estado de Turismo de España para la cesión de su plataforma especializada de gestión de servicios turísticos. Actualmente el proyecto promueve y gestiona más de 90 alojamientos, 17 rutas interactivas y más de 30 proyectos de emprendedoras en 7 países de la región.

Los criterios para formar parte de esta red incluyen el que más del 50% de los empleados sean mujeres, con un mínimo del 15% en funciones de gestión, que tenga un 50% de propiedad local y un 80% de aprovisionamiento local y que la iniciativa sea sostenible ambientalmente. Los proyectos apoyados deben mostrar impacto en la economía local, crear empleo (con un porcentaje significativo de mujeres en puestos de gestión) e incrementar los ingresos de las mujeres involucradas.

El proyecto utiliza las TIC como medio de difusión y comercialización de la oferta turística (rutas y alojamientos) y también como herramienta de captación de recursos financieros para los proyectos de turismo sostenible de emprendedoras latinoamericanas, a través de una plataforma de microfinanciamiento colectivo, mediante la cual se gestionan los aportes de particulares.

Fuente: Fundación Banesto, “Turismo solidario y sostenible en Latinoamérica”, 2013 [en línea] http://www.turismo-solidario.es/latinoamerica/iniciativa.do.

Internet está constituyendo también un espacio muy activo de comunicación para (y desde) las mujeres con capacidad de decisión en el entorno empresarial, ya sea en su función de emprendedoras o de directivas, puesto que su capacidad para canalizar noticias, opiniones, ejemplos y modelos de rol es inmensa.

Prácticamente no se han detectado experiencias en el campo del emprendimiento tecnológico de mujeres en TIC, un entorno de gran potencialidad donde algunos gobiernos de la región y diversos organismos internacionales están impulsando iniciativas tales como viveros tecnológicos, financiamiento de empresas emergentes mediante figuras como los inversionistas ángeles, convocatoria a premios de innovación, entre otras, pero donde las mujeres participan de forma llamativamente minoritaria. Sin embargo, se aprecia la existencia de plataformas que comienzan a generar masa crítica y visibilidad de estas emprendedoras digitales.

Países de habla hispana: Ellas 2.0

Ellas 2.0 es una plataforma que tiene como objetivo impulsar a las mujeres en el emprendimiento de negocios de base tecnológica y que lleva el mensaje de Women 2.0 a comunidades de habla hispana. Su misión es ser catalizadoras del cambio social, movilizando, dotando de visibilidad, inspirando, educando y conectando a una nueva generación de emprendedoras que lideren proyectos innovadores, globales, escalables y con alto potencial de crecimiento.

Cada semana se celebran encuentros en línea “Ellas conectan” en torno a una temática particular. Son encuentros limitados a la participación de ocho personas, que cuentan con una anfitriona experta en el tema y una persona referente en el sector que actúa como dinamizadora y se encarga de dirigir el establecimiento de contactos.

Fuente: Ellas 2.0, 2013 [en línea] http://www.ellas2.org/.

La economía digital representa otra vía muy importante para la autonomía de las mujeres, como son las oportunidades de empleo que alberga el propio sector de las TIC. Se trata de empleo presente y, sobre todo, futuro, pero en el que la presencia de mujeres es aún deficitaria, así como más precaria que la de los hombres. En relación con esta dimensión para la igualdad, se han mencionado ya los intentos de algunos gobiernos por atraer a las mujeres hacia la industria y los servicios que ofrecen las TIC, ante la necesidad de contar con nuevas profesionales especializadas.

A continuación se destacan algunas líneas de actuación que buscan intervenir sobre las vocaciones de las estudiantes en el sistema educativo, desplegando estrategias comunicacionales que fomenten su atracción hacia especialidades formativas relacionadas con la informática, las matemáticas o la ingeniería. Premios, foros, becas y ferias de mujeres jóvenes en las TIC son algunas de las iniciativas que promueven distintas organizaciones.

UIT: Portal de las Niñas en las TIC

Es un portal diseñado para animar a niñas y mujeres jóvenes a prepararse para una carrera en las TIC, e informar a los padres, profesores y otras personas interesadas.

Se estructura en dos grandes secciones:

•Estudios y carreras de las TIC: presenta enlaces a becas, concursos y premios, formación y prácticas, redes en línea, campamentos tecnológicos, información sobre eventos nacionales del Día de las niñas en las TIC y otras iniciativas para incentivar y apoyar a las mujeres y las niñas a ingresar al sector de las TIC.

•Tendencias, análisis y perfiles: incluye el estudio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) “Un futuro brillante de oportunidades en TIC para una nueva generación de mujeres”, en que se examinan las tendencias mundiales en el desarrollo profesional y el empleo de las mujeres en el sector de las TIC. También ofrece enlaces a otros documentos técnicos sobre estos temas y a organizaciones regionales y del sector privado que trabajan en esta área, información sobre las carreras que se pueden cursar en las TIC y perfiles de mujeres de éxito en este ámbito.

El portal está gestionado por la UIT, organismo especializado de las Naciones Unidas para las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), “Portal de las niñas en las TIC”, 2013 [en línea] http://girlsinict.org/es.

República Dominicana: e-Chicas y Supermáticas

Con el proyecto “Género y TIC: igualdad y equidad en la E-dominicana”, desarrollado por el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF) y apoyado por el Fondo para la Igualdad de Género de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), se pretende superar los estereotipos, aumentar el número de niñas y adolescentes que se acercan a las matemáticas y otras áreas científicas a través de clubes denominados e-Chicas y Supermáticas, además de reducir la brecha digital de género en el país.

Estas iniciativas forman parte del Primer Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en la Sociedad de la Información, que busca integrar la perspectiva de género en la Estrategia Nacional para la Sociedad de la Información.

Fuente: Clubes e-Chicas y Supermáticas, 2013 [en línea] https://sites.google.com/site/echicasysupermaticas/home; y Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), “Reduciendo la brecha digital en la República Dominicana”, 2013 [en línea]

http://www.unwomen.org/es/2012/07/closing-the-science-and-technology-gender-gap-in-the-dominican-republic/.

L’Oréal - UNESCO “For women in science”

Es un programa de patrocinio que apoya y reconoce el trabajo de investigadoras de todo el mundo que contribuyen al avance del conocimiento científico. Cada año, 5 científicas son reconocidas por su excelencia, al mismo tiempo que otras 15 son becadas a nivel internacional, a quienes se les ofrece la posibilidad de desarrollar una carrera científica fuera de su país. También se conceden becas nacionales en casi 50 países de todo el mundo (entre ellos, la Argentina, Chile, Colombia y México), además de becas regionales en los países árabes y en el África Subsahariana, en colaboración con las ramas del grupo L’Oréal y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

En sus 15 años de vida, el programa ha premiado a más de 1.700 mujeres de 108 países, que se han beneficiado de estas becas, y ha reconocido por su excelencia a 77 mujeres, dos de las cuales han sido además galardonadas con el premio Nobel.

Fuente: Fundación L’Oréal, “Women and Scientific Excellence”, 2013 [en línea] http://www.loreal.com//Foundation/Article.aspx?topcode=Foundation_AccessibleScience_WomenExcellence.

Se han puesto en marcha también en la región líneas de acción tendientes a propiciar la visibilización y la coordinación de las mujeres como profesionales de las TIC, rompiendo los estereotipos asociados a las profesiones informáticas, que responden a un patrón masculino. Estas iniciativas operan no solo como mecanismos de atracción de mujeres hacia el sector, sino también como instancias que promueven referentes de mujeres en este campo, dan a conocer sus aportes y contribuyen a mejorar la situación ocupacional de las mujeres en las TIC. Directorios de mujeres en las TIC, plataformas y grupos de trabajo de mujeres profesionales en el sector, y la creación de organizaciones y asociaciones de mujeres profesionales en este ámbito son ejemplos de este tipo de actuaciones.

América Latina: Congreso de la Mujer Latinoamericana en la Computación

Se trata de un evento que se realiza desde 2009 en el marco de la Conferencia Latinoamericana en Informática (CLEI), promovido anualmente por el Centro Latinoamericano de Estudios en Informática. Su principal objetivo es destacar la investigación, el interés y los logros de las mujeres en las diversas áreas de la computación, con la intención de incentivar la participación activa de más mujeres. A través de la presentación de ponencias, se espera identificar los desafíos de las mujeres en el área de las TIC, en la docencia, en el mercado laboral y en la investigación.

El V Congreso de la Mujer Latinoamericana en la Computación (Naiguatá, República Bolivariana de Venezuela, octubre de 2013) es parte de la Conferencia Latinoamericana en Informática 2013 y sus tópicos son:

•estimulando la participación de las mujeres en el sector de las TIC;

•equidad de género y TIC;

•particularidades de género en el desarrollo e implantación de las TIC;

•particularidades de género en la enseñanza de las TIC;

•análisis de la actividad investigadora de las mujeres en TIC;

•género e interacción humano computadora;

•modelos de liderazgo femeninos en computación;

•redes sociales en Internet y el papel de la mujer;

•participación de las mujeres en la toma de decisiones a nivel nacional e internacional en relación con el uso de las TIC, y

•políticas públicas en torno a las mujeres y las TIC.

Fuente: Conferencia Latinoamericana en Informática (CLEI), “V Congreso de la Mujer Latinoamericana en la Computación”, 2013 [en línea] http://clei2013.org.ve/v-congreso-mujer-latinoamericana-en-la-computacion/.

Brasil: grupo Mujeres en la Tecnología

Mujeres en la Tecnología es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo aumentar la participación de las mujeres en el campo de las TIC. Su misión es contribuir al reconocimiento del potencial de las mujeres en este ámbito y es un grupo de referencia en la búsqueda de la igualdad de género.

A través de las redes sociales busca:

•promover el intercambio de experiencias entre los miembros que trabajan, desean trabajar o se forman en las TIC;

•buscar igualdad laboral entre hombres y mujeres;

•capacitar y difundir las tecnologías de la información entre las mujeres;

•promover la inclusión de las mujeres en el ámbito de las TIC, y

•colaborar en el desarrollo de la sociedad y en el desempeño de las mujeres en tecnología.

Fuente: Mulheres na Tecnologia, 2013 [en línea] http://mulheresnatecnologia.org/.

Recuadro V.1

Mujeres que dominan las TIC en el Caribe

Al inicio de la década de 2000, muchos gobiernos del Caribe abrieron los mercados de telecomunicaciones. Sabiendo que algunas comunidades y muchas personas no recibirían los servicios si las prestaciones quedaban libradas únicamente a los mecanismos de mercado, los gobiernos comprometidos con el principio de universalidad en el acceso crearon el Fondo de Servicio Universal (USF). El fondo se nutre de los pagos que las empresas de telecomunicaciones deben realizar para compensar a cualquier proveedor que esté obligado a ofrecer servicios para cumplir con el principio de universalidad.

Los programas del USF incrementan el acceso a Internet de los grupos más excluidos. En diciembre de 2012, el Gobierno de San Vicente y Las Granadinas anunció que aproximadamente 350 familias de bajos ingresos tendrían acceso a servicios de Internet subvencionado a través del Smart Project, financiado por el USF.

Otros programas del USF han sido orientados específicamente a las mujeres, para garantizar que la prestación de servicios pueda traducirse en su empoderamiento. Una de las actividades financiadas por el programa del USF de Granada fue la colaboración entre la Comisión Reguladora Nacional de Telecomunicaciones y el Centro para la Excelencia e Innovación TIC, que ofrece un curso de capacitación en negocios electrónicos para las mujeres. El curso realizado en 2012, dirigido a 50 mujeres con pequeñas empresas, se focalizó en capacitarlas en el uso de las TIC para crear oportunidades de empleo. Las sesiones del curso incluyeron formación en materia de desarrollo de negocios y gestión, además de habilidades técnicas necesarias para crear una página web de negocios. Como resultado del curso, las mujeres debían crear un sitio web que promoviera el emprendimiento escogido.

Fuente: Gobierno de San Vicente y las Granadinas, “The Universal Service Fund will provide internet access to 350 low income families”, 6 de diciembre de 2012 [en línea] http://www.gov.vc/; y National Telecommunications Regulatory Commission, Grenada Women and Girls in ICT Initiative 2012, St. George, 2012 [en línea] http://www.ntrc.gd.

B. Experiencias de uso de TIC que contribuyen al bienestar de las mujeres

La autonomía mediante el posicionamiento profesional en la economía digital no agota, ni mucho menos, las posibilidades que ofrecen las TIC para el adelanto de las mujeres en América Latina y el Caribe.

La aplicación de soluciones y herramientas tecnológicas abre un inmenso campo de actuación para la mejora del bienestar de las mujeres en muchos sentidos, y prueba de ello son la multiplicidad de usos asignados a la tecnología en áreas clave como la educación, la salud o la prevención y lucha contra la violencia de género.

En áreas como la educación, los sistemas de formación a distancia o aprendizaje electrónico están sirviendo para extender las oportunidades de capacitación a un amplio abanico de población, a la que, por diversos motivos (de conciliación, lugar de residencia, recursos, entre otros) le resulta muy complicado formarse mediante la vía presencial tradicional. La formación a distancia se encuentra en pleno auge y su uso se ha extendido entre instancias educativas formales y no formales, abarcando cualquier tema o materia formativa. Como fruto de dicha extensión, han surgido iniciativas de aprendizaje electrónico orientadas a un público específico de mujeres.

Ecuador: Proactiv@s

El proyecto Proactiv@s, presentado en el marco del primer Foro Regional TIC y Género del Ecuador, busca incentivar el acceso, uso y empoderamiento de las TIC por parte de mujeres, niñas y adolescentes en igual condición y con el mismo nivel de oportunidad. El proyecto incluye a toda la población nacional, con énfasis en los grupos de atención prioritaria, como adolescentes y mujeres privadas de libertad.

En relación con este último grupo, a través de un acuerdo público-privado del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información del Ecuador con el operador, en mayo de 2013 se inauguró en el Centro de Rehabilitación Social Femenino en Quito un Infocentro, espacio de participación y acceso a las TIC. El objetivo primordial es la inclusión tecnológica de las mujeres privadas de libertad, así como el estímulo de la utilización de las TIC como herramienta de aprendizaje interactivo y de teleformación, que permita mejorar su calidad de vida. Este centro beneficiará aproximadamente a 400 mujeres.

Fuente: Proactivas Ecuador, 2013 [en línea] https://www.facebook.com/proactivas.ecuador http://www.infocentros.gob.ec/index.php/.

En materia de salud, son varios los ejemplos que sirven para ilustrar cómo las TIC pueden mejorar de un modo muy patente la vida de las mujeres. Particularmente significativas son las experiencias en el área de la salud reproductiva y, desde una perspectiva más integral, en todas las áreas de la salud en que tienen aplicación los sistemas de telemedicina diseñados en forma especial para aquellas poblaciones más alejadas de los servicios sanitarios. Dentro del ámbito de la salud electrónica, son de destacar los avances en los servicios prestados a través de dispositivos móviles, que están cambiando la concepción y práctica de la medicina en cada vez más lugares del mundo. Tareas como la formación de agentes sanitarios, el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, la recolección de datos, el seguimiento de pacientes o el monitoreo de epidemias y desastres ya se realizan aprovechando las facilidades de la telefonía celular.

Guatemala: telemedicina en Alta Verapaz 2011-2015

Es un proyecto promovido por la asociación TulaSalud en colaboración con la Dirección de Área de Salud de Alta Verapaz, el Hospital Regional de Cobán y la Escuela Nacional de Enfermería de Cobán. Su objetivo es contribuir al fortalecimiento de la atención primaria en salud, mediante el uso de las TIC, priorizando la atención integral de las mujeres en comunidades indígenas, rurales y postergadas de Alta Verapaz. Sus acciones se han extendido posteriormente más allá de este departamento.

El proyecto se desarrolla en tres niveles de atención. En el primer nivel, un miembro de la comunidad con conocimientos básicos en salud (telefacilitador o telefacilitadora) brinda atención básica en salud, imparte educación en salud por medio de charlas educativas, consejería y visitas domiciliarias, especialmente a mujeres embarazadas y a niños y niñas con algún grado de desnutrición, y realiza seguimiento de pacientes atendidos en los servicios de salud. Además, cuenta con un teléfono celular con un plan de llamadas ilimitadas a números dentro de la red de telemedicina.

En el segundo nivel de atención, se fortalece al personal médico, paramédico y técnico de los servicios de apoyo, de acuerdo con programas priorizados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a través de educación a distancia, utilizando las TIC.

Los servicios del tercer nivel de atención tienen implementado un programa de educación médica continua. Además, se apoya y fortalece el módulo de atención indígena por medio del uso del teléfono celular, con el que se facilita información sobre el estado clínico del paciente. Se ha establecido asimismo un módulo de telemedicina en el Hospital Regional, que funciona las 24 horas del día para atender casos especiales presentados por personal del segundo nivel de atención.

Fuente: TulaSalud, 2013 [en línea] http://www.tulasalud.org; y http://www.tulasalud.org/Programas/tele-medicina/niveles-de-atencion.

Perú: Wawared, conectándose para una mejor salud de las mujeres embarazadas

Se trata de un proyecto liderado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y financiado por el Programa Mobile Citizen de la División de Ciencia y Tecnología del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que apoya el desarrollo de servicios móviles centrados en la ciudadanía, dirigidos a grupos de bajos ingresos de áreas urbanas y rurales de América Latina y el Caribe.

Wawared consta de tres componentes fundamentales: historias clínicas electrónicas, mensajes de texto y un sistema de voz interactiva.

El sistema de historia clínica electrónica permite que no se pierda la información clínica de la paciente aun cuando ella migre a otro centro de salud de la localidad. El programa de mensajes de texto consiste en el envío semanal a las mujeres embarazadas que participan en el proyecto de tres mensajes de texto motivacionales educativos. Aquellas que tienen una patología determinada reciben semanalmente un mensaje de texto adecuado a su situación. Este sistema también funciona como una agenda electrónica, recordándoles a las pacientes con 48 horas de anticipación la fecha y hora de sus citas. Mediante el sistema de voz interactiva, se invita a las mujeres a informarse sobre su embarazo a través de una línea telefónica gratuita, marcando diversas opciones según sea su caso (pérdida de líquido o sangrado vaginal, dolor de cabeza, hinchazón, visión borrosa o si desean prepararse para dar a luz, entre otros).

Fuente: Wawared, 2013 [en línea] http://wawared.org.

Interesa resaltar también las experiencias de entidades y redes en favor del desarrollo humano sostenible que aprovechan las potencialidades de las TIC para fomentar la cohesión económica y social, poniendo especial acento en los colectivos de mujeres que soportan condiciones de mayor vulnerabilidad.

Estado Plurinacional de Bolivia: Red Ticbolivia

La Red Ticbolivia es una asociación multisectorial sin fines de lucro conformada por 24 organizaciones afiliadas a nivel nacional, incluidas asociaciones de base, entidades no gubernamentales, empresas privadas, universidades y entidades gubernamentales, que aplican las TIC en favor del desarrollo humano sostenible, principalmente en las áreas de educación, gobernabilidad y género y agricultura.

La Red Ticbolivia trabaja en la recuperación de buenas prácticas de inclusión de las TIC en sectores vulnerables de la sociedad. Los actores objetivo son mujeres, organizaciones indígenas y campesinas. Se busca contribuir a la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres mediante la utilización de las TIC. A través del uso de Internet, el trabajo en red, el uso del consultorio en línea, las bases de datos y la radio, se ha podido avanzar y lograr mejoras en la construcción de una cultura de la no violencia.

Fuente: Red Ticbolivia, 2013 [en línea] http://www.ticbolivia.net/.

Otra área en que se aprecia claramente el uso de las TIC para mejorar la vida de las mujeres es la de aquellas iniciativas orientadas a la gestión de la economía y el manejo del dinero. En el capítulo I se hizo mención del proyecto llevado a cabo en Haití, donde después del terremoto de 2010 se realizó a través del teléfono móvil la transferencia de subsidios financieros a las familias de bajos ingresos para reparar las viviendas dañadas, por cuanto la mayoría de ellas carecían de cuentas bancarias. En otras iniciativas, apoyadas en espacios informativos en Internet, se trabaja con mujeres en torno a la cultura del ahorro y la gestión de la economía doméstica, aportando herramientas que les permitan obtener un mayor rendimiento de sus ingresos así como lograr autonomía e independencia en la toma de decisiones.

Colombia: Mujeres Ahorradoras en Acción

Es un programa de ahorro con perspectiva de género, pionero en Colombia, que consiste en un plan de ahorro programado para mejorar la calidad de vida de las personas. Va acompañado de un plan de educación financiera y de cultura de ahorro para las mujeres inscritas. Utiliza las redes sociales para la difusión de todas las acciones que se realizan en los distintos municipios.

Fuente: Departamento para la Prosperidad Social, 2013 [en línea] http://www.dps.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=629&conID=179&pagID=4469 y Proyecto Mujeres Ahorradoras en Acción, 2013 [en línea] https://www.facebook.com/mujeresahorradorasdps.

Por último —pero no por ello menos importante—, otro campo en que las TIC pueden aportar grandes beneficios para las mujeres es el de la prevención y lucha contra la violencia de género. Las TIC se ponen al servicio de esta causa, contribuyendo con sistemas de localización georreferenciada de puntos de atención para mujeres, información sobre los pasos que se deben seguir en casos de violencia, líneas de atención telefónica en situaciones de emergencia, campañas en línea, coordinación de servicios gubernamentales (con registros unificados) y propuestas de comunicación para el cambio cultural.

Brasil: acceso y participación en la Red para enfrentar la violencia contra las Mujeres

El sitio web lanzado el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) de 2013 por la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y ONU-Hábitat, que también funciona como aplicación para teléfonos inteligentes, reúne información sobre los servicios de apoyo a mujeres y niñas víctimas de violencia disponibles en la Red para enfrentar la violencia contra las mujeres en el Brasil.

Proporciona números de emergencia e información sobre derechos y da a conocer las funciones y ubicaciones de los Centros Especializados de Atención de la Mujer, que ofrecen apoyo psicológico, social e incluso judicial. La herramienta también detalla los pasos que es necesario seguir en caso de violación y en la aplicación para teléfonos inteligentes ofrece sistemas de posicionamiento geográfico que permiten a las usuarias y los usuarios localizar el centro de atención más cercano, así como centros médicos, estaciones de policía o fiscalías.

Al mismo tiempo, en conjunto con la organización no gubernamental Centro de Promoción de la Salud (CEDAPS), se capacita a jóvenes lideresas en varias comunidades marginalizadas para que enseñen esta herramienta a sus pares, además de informar sobre cómo identificar y enfrentar la violencia contra las mujeres.

También se están utilizando teléfonos inteligentes para tomar fotografías y videos de situaciones que representan riesgos de seguridad, como infraestructura deficiente, rutas peatonales obstruidas o falta de iluminación, con el fin de crear mapas digitales interactivos de las favelas, que se están compartiendo con autoridades locales para desarrollar intervenciones específicas.

Fuente: “Acceso e participação a Rede de Proteção a mulher”, 2013 [en línea] https://www.youtube.com/watch?v=mx4F4cLG0kQ.

Colombia y México: basta de violencia, derechos de las mujeres y seguridad en línea

Se trata de un proyecto liderado por la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), con el apoyo del Fondo para el Liderazgo y las Oportunidades para las Mujeres del Ministerio Holandés de Relaciones Exteriores.

Consiste en una combinación de estrategias orientadas a la superación de la violencia contra las mujeres por medio del desarrollo de su liderazgo, la garantía de los derechos y la seguridad de las mujeres en línea. Entre sus iniciativas se incluyen la elaboración de un mapa de evidencias sobre la violencia contra las mujeres que haya sucedido en línea o a través del uso de las TIC (como los teléfonos móviles y las computadoras), mediante la recolección de testimonios, así como actuaciones para fortalecer la capacidad de las mujeres y las niñas para hacer frente a la violencia en línea y el trabajo de las defensoras de derechos de las mujeres y las activistas por los derechos en Internet para erradicar este tipo de violencia. Desarrolla actividades en siete países, entre ellos Colombia y México.

Fuente: Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), “Basta de violencia: derechos de las mujeres y seguridad en línea”, 2013 [en línea]

http://www.apc.org/es/node/15192/.

Perú: Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) del Perú ha aprovechado las ventajas de las TIC en diversas acciones de prevención y atención de la violencia familiar y sexual. Algunas de ellas se describen a continuación:

•Acciones de prevención: se ha desarrollado en forma sostenida la campaña comunicacional “Quiere sin violencia, marca la diferencia”, con el objetivo de reducir las situaciones de violencia que sufren las mujeres, adolescentes y jóvenes. Utiliza con éxito las redes sociales para llegar al público juvenil.

•Servicios de atención:

- Línea 100: a través de línea telefónica, brinda orientación, consejería y derivación especializada ante situaciones de violencia familiar y sexual.

- Línea 100 en acción: ofrece atención de urgencia ante casos de violencia familiar, sexual y otros de alto riesgo social.

- Chat 100: es un servicio de consulta a través de Internet.

•Generación de información:

- Sistema de Registro Nacional en Violencia Familiar y Sexual.

- Red de Investigación en Violencia en Género (Redin): es un espacio que provee una base de datos de investigaciones y personas expertas en violencia de género. Para su implementación se contó con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Durante 2012, se brindó orientación en 44.832 casos a través de la Línea 100 y se respondieron 1.832 consultas por el Chat 100.

Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2013 [en línea] http://www.mimp.gob.pe.

Guatemala: sistema georreferenciado de recursos locales y orientación electrónica a las mujeres

S.O.S Mujeres es un espacio de información que brinda recursos de orientación y atención a mujeres que están en riesgo de sufrir violencia o son víctimas o sobrevivientes de ella. Posibilita el acceso a un mapa de recursos locales de atención en Guatemala, clasificados por departamentos y municipios, incluidas instituciones de salud, justicia, seguridad, sociedad civil, redes locales, gobierno local y otras que otorgan atención, seguridad, acceso a la justicia, acompañamiento y asesoría durante el proceso de recuperación. La consulta se realiza por medio de una herramienta en Internet que ofrece información georreferenciada en forma inmediata: nombre de la institución, dirección, referencia de la ubicación, teléfono, horario de atención, correo electrónico y página web, persona de contacto, fotografía del lugar y punto de referencia geográfica.

Además se comparten recursos informativos de consulta, noticias, vínculos a páginas de interés, descargas de leyes, documentos y artículos relacionados con el tema de la atención a mujeres víctimas de violencia.

Fuente: SOS Mujeres, 2013 [en línea] http://www.sosmujeres.com/?p=732.

¡Dominemos la tecnología! Activismo contra la violencia de género

La iniciativa “¡Dominemos la tecnología!” se creó en 2006 en el marco del Programa de derechos de las mujeres de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), un grupo de más de 150 mujeres de diferentes países del mundo que abogan por la colaboración en línea para lograr un cambio social y el empoderamiento de las mujeres mediante el uso de las TIC.

Se trata de una campaña de colaboración que se lleva acabo anualmente durante 16 días de Activismo contra la Violencia de Género (del 25 de noviembre al 10 de diciembre). Por medio de la campaña se hace un llamado a usuarios y usuarias de las TIC —especialmente a mujeres y niñas— a tomar el control de la tecnología y utilizar estratégicamente cualquier plataforma que ofrezcan las TIC (teléfonos móviles, mensajería instantánea, blogs, sitios web, cámaras digitales, correo electrónico, archivos de sonido y otras) para el activismo contra la violencia de género.

En el marco de la campaña se han desarrollado iniciativas locales en el Brasil, México y el Uruguay, entre otros, incluida la puesta en marcha de sitios web autónomos.

Fuente: Dominemos la Tecnología, 2013 [en línea] http://www.dominemoslatecnologia.net/.

Cuba: Todas Contracorriente

Es un proyecto para prevenir la violencia contra las mujeres desde la música, liderado por la cantante Rochy Ameneiro, que cuenta con la asesoría de la Casa del Alba Cultural, la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades y la Editorial de la Mujer.

Todas Contracorriente tiene por objetivo propiciar esfuerzos y espacios donde las mujeres protagonicen, desde el escenario artístico, una lucha contra la violencia de género y por la visibilidad femenina en una sociedad más equitativa, basada en el respeto y en una cultura de paz.

La iniciativa surgió el 8 de marzo de 2011 y tuvo como antecedente la realización de un taller de prevención de la violencia, orientado a los músicos, artistas y creadores, como parte de la campaña ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres, del Secretario General de las Naciones Unidas.

Desde su creación, se han realizado numerosas actuaciones enfocadas a la prevención de todo tipo de violencia, entre las que se cuentan la grabación del videoclip de la obra musical Contracorriente, difundido a través de Internet (http://www.youtube.com/watch?v=qLTjlURQizw), talleres para visibilizar a mujeres destacadas, talleres en escuelas de instructores de arte para la prevención de la violencia en la música y en las producciones audiovisuales y giras por el país.

Fuente: Todas Contracorriente, 2013 [en línea] https://www.facebook.com/pages/TODAS-CONTRACORRIENTE/125350790902168.

Todas las iniciativas descritas son ejemplos de la capacidad que tienen las TIC para contribuir al bienestar de las mujeres. Ellas conforman un listado que podría ampliarse considerablemente si se analizan todos los programas dirigidos a la población femenina que, cada vez con mayor frecuencia, incorporan las TIC como instrumento para su implantación.

Colombia: “En TIC Confío”

La revolución en la forma de comunicarse y compartir información mediante las TIC entraña riesgos y peligros para mujeres y niñas, y en particular crea nuevos espacios y formas de violencia contra las mujeres. Las formas más frecuentes de este tipo de violencia a través de las TIC son:

•el hostigamiento en línea y el ciberacoso;

•la pornografía, incluida la pornografía infantil;

•el sexting, que se refiere al envío de imágenes de contenido sexual utilizando teléfonos, cámaras web o correos electrónicos;

•la agresión sexual en casos en que se usa la tecnología para situar a la víctima y también cuando se graban violaciones y agresiones para difundirlas a través de Internet u otro medio de comunicación, y

•la violación de la privacidad, que implica la distribución no autorizada de imágenes íntimas de mujeres y niñas a través de medios tecnológicos.

“En TIC Confío” es un portal desarrollado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia como parte de la Política Nacional de Uso Responsable de las TIC. Tiene como objetivo fomentar el uso seguro de las nuevas tecnologías y prevenir e informar sobre sus riesgos y peligros, así como proveer información sobre prevención y normativa, y también compartir casos de éxito en el uso de las TIC. Además, el portal facilita la denuncia en casos de pornografía infantil, poniendo a disposición del usuario varias modalidades de denuncia, ya sea de sitios web con contenido pornográfico o de posibles víctimas menores de edad.

El proyecto “Fortalecimiento en el uso de las TIC para combatir las violencias contra las mujeres y las niñas” ilustra los esfuerzos de la sociedad civil para luchar contra la violencia hacia las mujeres en el contexto digital. En Colombia, uno de los países participantes, el proyecto ha logrado apoyar siete propuestas para prevenir la violencia a través del uso de la tecnología en organizaciones locales de comunidades donde las mujeres son más vulnerables y el uso de las TIC es aún limitado, capacitar a expertos y representantes de organizaciones locales a través de talleres, participar en la campaña “Dominemos la tecnología” y elaborar un informe nacional sobre violencia de género y TIC.

Fuente: Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), “Voces desde espacios digitales: violencia contra las mujeres relacionada con la tecnología” [en línea] http://www.apc.org/es/system/files/apcwnsp_mdg3issuepaper_2011_web_es_pdf.pdf; Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, “En TIC confío” [en línea] http://www.enticconfio.gov.co/enticconfio.html, y Organización Colnodo [en línea]

http://www.colnodo.apc.org/proyectos.shtml?apc=h-xx--81&x=99.

C. Experiencias de uso de TIC para la promoción de la igualdad de género

Finalmente, un tercer eje en que las TIC pueden contribuir a la igualdad de género es la consolidación de estructuras, canales, organizaciones, consultas, mensajes y capacidades con enfoque de género, instrumentalizando las TIC hacia el objetivo de la transversalidad de género, fortaleciendo los servicios públicos y transformando Internet en un espacio para el intercambio y el fomento de ideas y actitudes cada vez más igualitarias.

La enorme potencialidad de las TIC en este terreno no ha pasado inadvertida. Actualmente existen numerosos espacios en Internet y aplicaciones generadas para sensibilizar, formar y comunicar en igualdad, generalmente promovidos por organismos internacionales, mecanismos para el adelanto de la mujer y organizaciones de mujeres que trabajan a favor de estos objetivos.

Aquí se recogen algunos de los sitios web especializados en la producción y difusión de conocimiento relativo a las relaciones de género, que cuentan con repositorios de documentación, bibliotecas, foros de debate, enlaces web, metodologías y bases de datos a disposición de estudiantes, investigadores, técnicos y profesionales del Estado.

Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe

En el Consenso de Quito, aprobado en la décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (Quito, 2007), los países miembros de la CEPAL solicitaron la creación de un observatorio de igualdad que contribuyera al fortalecimiento de los mecanismos para el adelanto de la mujer.

El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe fue implementado por la División de Asuntos de Género de la CEPAL, con la colaboración del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). El Observatorio es una de las herramientas analíticas y estadísticas que ha permitido hacer seguimiento a los acuerdos del Consenso de Quito (2007) y el Consenso de Brasilia (2010). Para ello, se ha analizado la evolución de los nudos de la desigualdad de género en el campo de las autonomías física, económica y en la toma de decisiones, a partir de una selección de indicadores y del análisis de políticas públicas vinculadas a su vez con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Cuenta con un conjunto general de conocimiento, constituido por archivos legislativos en las áreas de violencia contra las mujeres, aborto, cuidado y cuotas, sistemas políticos y electorales, al igual que sistematizaciones de políticas justas para la igualdad de género, que recogen las prácticas nacionales.

El Observatorio responde además a la solicitud de los gobiernos, realizada en el Consenso de Brasilia (2010), de desarrollar actividades de formación y creación de capacidades, de intercambio y difusión de experiencias, dirigidas a quienes planean las políticas públicas y a los operadores políticos, con el fin de recoger las prácticas de los países y avanzar en la formulación de políticas públicas basadas en los datos del Observatorio. Se da cumplimiento a esta solicitud de los gobiernos mediante la asistencia técnica y la promoción de la cooperación Sur-Sur.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe”, 2013 [en línea] http://www.cepal.org/oig/default.asp.

América Latina Genera

Se trata de un portal regional para facilitar el acceso e intercambio de conocimiento, la comunicación, la participación y el aprendizaje colectivo para la igualdad de género y los derechos de las mujeres.

Forma parte del proyecto regional “América Latina Genera, gestión del conocimiento para la igualdad de Género”, desarrollado en el marco de cooperación regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para América Latina. En el portal se recogen una gran cantidad de recursos: una completa biblioteca con casi 800 publicaciones y herramientas, un bazar con cerca de 200 experiencias latinoamericanas que buscan promover la igualdad de género, un mapeo de la oferta formativa, aportes conceptuales sobre diferentes áreas de trabajo, recursos especializados por temas, un observatorio con información por países, y un espacio de noticias y de eventos, entre otros.

El proyecto promueve espacios de intercambio y de desarrollo de capacidades en el enfoque de género, tanto virtuales como presenciales, entre los que destacan foros virtuales, ferias de conocimiento y comunidades de práctica.

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “América Latina Genera: gestión del conocimiento para la igualdad de género”, 2013 [en línea] http://www.americalatinagenera.org/es.

Red de Centros de Documentación en Derechos de las Mujeres de Centroamérica (CDMujeres)

Es un proyecto financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y coordinado por el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) de la Universidad de Costa Rica y el Instituto de Promoción de Estudios Sociales (IPES Elkartea) de Pamplona (España).

El objetivo de la red es facilitar el acceso a los estudios de género y a la documentación especializada en derechos de las mujeres en la región. También busca optimizar la difusión de información y documentación, además de fomentar el trabajo cooperativo y divulgar campañas en favor de los derechos de las mujeres, mediante una especial incidencia y visibilidad en Internet y en las redes sociales.

La red se inició en abril de 2012 con 17 centros de documentación y a mediados de 2013 está constituida por 27 de estos centros, de organizaciones feministas y de mujeres de Centroamérica, al frente de los cuales están el movimiento asociativo, instituciones públicas y universidades.

Fuente: Red de Centros de Documentación en Derechos de las Mujeres en Centroamérica, 2013 [en línea] http://cdmujeres.net/.

GEM: metodología de evaluación con perspectiva de género para Internet y TIC

Es una iniciativa en el marco del Programa de derechos de las mujeres de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC). GEM es una metodología de evaluación que permite integrar un análisis de género en la planificación o evaluación de cualquier iniciativa de cambio social. Proporciona un método sistemático para evaluar si las TIC están contribuyendo a mejorar la vida de las mujeres y las relaciones de género.

Además de proporcionar una metodología de evaluación paso a paso, GEM sugiere estrategias para incorporar un análisis de género en el transcurso del proceso de evaluación.

Originalmente desarrollada en 2002, en una segunda fase de adaptación, entre 2007 y 2009, la iniciativa contó con la contribución de organizaciones de base especializadas en proyectos rurales de TIC, telecentros, iniciativas locales e incidencia en género y políticas de TIC. Esta segunda fase produjo un conjunto de guías para facilitadores y facilitadoras de talleres y profesionales de la evaluación en estas áreas.

Fuente: Metodología de Evaluación de Género (GEM), 2013 [en línea] http://www.genderevaluation.net/.

Internet se ha convertido, además, por su propia naturaleza, en un espacio para la comunicación y la sensibilización en valores igualitarios, albergando blogs, revistas en línea y otros sitios web dedicados en forma exclusiva a temas relacionados con la igualdad de género, así como dando lugar al lanzamiento de campañas sobre diversas materias tendientes al logro de mayores niveles de igualdad.

Nicaragua: Puntos de Encuentro para la transformación de la vida cotidiana

Puntos de Encuentro es una organización nicaragüense que trabaja para que las mujeres jóvenes y adultas ejerzan sus derechos y su autonomía en la vida cotidiana. Utiliza medios de comunicación articulados con procesos de capacitación y alianzas para promover y defender la equidad de género y generacional, el respeto a la diversidad, el rechazo a la discriminación y la violencia, y las relaciones basadas en el respeto mutuo.

Para difundir sus mensajes y promover acciones para el cambio social en una forma atractiva y novedosa, el proyecto utiliza los formatos de telenovela y serie televisiva, para dar vida a dos producciones que de manera cercana, coloquial y entretenida presentan historias sobre cómo enfrentar la violencia doméstica o cómo cuestionar las relaciones desiguales de poder, a fin de construir relaciones más igualitarias.

La iniciativa cuenta además con una línea de producción radiofónica, conformada por el programa de radio DKY FM, las giras “promotemáticas” (encuentros cara a cara entre el programa y su audiencia) y la Red de Comunicadores(as) Jóvenes de Centroamérica, así como con una revista mensual de amplia difusión en papel (26.000 ejemplares) y en línea. También realiza acciones de capacitación y dispone de un centro de información y documentación especializada en la historia del Movimiento Amplio de Mujeres de Nicaragua y en la defensa de los derechos humanos de las mujeres en Centroamérica.

Fuente: Puntos de Encuentro para la Transformación de la Vida Cotidiana, 2013 [en línea] http://www.puntos.org.ni/.

México: noticias por mujeres

Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) fue fundada en 1988 por un grupo de profesionales de la comunicación. Su misión es generar y publicar información, asegurar que los y las periodistas incorporen los derechos humanos de las mujeres en su trabajo cotidiano y promover los medios como una herramienta de transformación educativa y social que sirva como estrategia para que las organizaciones civiles transmitan sus actividades, demandas y propuestas. Asimismo, intenta influir en las agendas nacionales y mundiales a favor de los derechos humanos y la equidad social.

Uno de sus ejes programáticos es la agencia de noticias multimedia que produce y distribuye de manera solidaria información escrita, genera noticias radiofónicas y mantiene su portal actualizado.

Fuente: Comunicación e Información de la Mujer, 2013 [en línea] http://www.cimac.org.mx/.

Internet es también un espacio activo para el intercambio, la sensibilización y la comunicación en torno al rol de las mujeres en el uso de las TIC, así como para promover un protagonismo mayor de las mujeres en la sociedad de la información.

Cátedra regional de la UNESCO sobre mujer, ciencia y tecnología en América Latina

Es un centro de formación, creación y difusión de conocimientos sobre la participación, las contribuciones, los usos y las demandas de las mujeres en los ámbitos científicos y tecnológicos. Realiza programas y proyectos a nivel nacional, regional e internacional que articulan la perspectiva de género con la educación en ciencias, tecnología, innovación, salud y comunicación, y propicia la creación de redes y comunidades virtuales de aprendizaje y práctica.

Por medio del aula virtual de la Cátedra UNESCO Mujer, Ciencia y Tecnología en América Latina, se ofrecen cursos y talleres virtuales, que proponen un aprendizaje flexible, interactivo y en profundidad. Estas actividades brindan también fundamentos conceptuales y herramientas pedagógicas sustentadas en la riqueza teórica y metodológica que los estudios de género aportan a diversos campos del conocimiento, como la ciencia y la tecnología, la sociedad de la información y del conocimiento, la comunicación social y la juventud. También se ofrecen recursos multimedia y una actualizada biblioteca en línea.

Fuente: Cátedra Regional UNESCO Mujer, Ciencia y Tecnología en América Latina, 2013 [en línea] http://www.catunescomujer.org/catunesco_mujer/index.php.

Así como constituye un espacio de promoción y visibilidad de lo positivo, Internet muestra igualmente su utilidad para defenderse de lo negativo. Por ello, en relación con aquellos contenidos digitales que atentan directamente contra la dignidad y los derechos de las mujeres, se están lanzando diversas iniciativas y dispositivos, basados en las TIC, tendientes a identificarlos y, en la medida de lo posible, denunciarlos y eliminarlos.

México: Policía Cibernética Preventiva

Se trata de una unidad que puso en marcha la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Su principal objetivo es prevenir la comisión de delitos en los que se utiliza Internet como medio de operación, a través de la monitorización de sitios en la web y el acercamiento ciudadano, enfocado a la protección de menores, adolescentes y adultos.

La unidad cuenta con 30 efectivos, que fueron capacitados durante 15 días por la policía nacional de la República de Corea. Veinte de ellos “patrullan” páginas de Internet donde se llevan a cabo delitos de extorsión, pornografía infantil, prostitución de menores o ciberacoso, mientras que los diez restantes conforman un grupo que busca prevenir e informar sobre dichos delitos por medio de redes sociales y conferencias en escuelas y centros laborales.

Fuente: Policía Cibernética Preventiva, 2013 [en línea] http://ow.ly/i/25xyX.

En la promoción de la igualdad de género, Internet ha conseguido un objetivo muy importante, como es el visibilizar el movimiento asociativo de las mujeres: mujeres líderes, rurales, empleadas domésticas, empresarias, entre otras. Por un lado, la presencia en Internet permite a estas organizaciones dar a conocer su labor, difundir sus valores y mensajes, sumar a más mujeres y contribuir al empoderamiento colectivo. Por otro, las TIC están sirviendo también como canal para el fortalecimiento de estas organizaciones, mediante iniciativas de capacitación en línea y aplicaciones que les permiten contar con una mayor presencia (redes sociales, comercialización en línea, foros y chats).

Abriendo Mundos: Mujeres migrantes, mujeres con derechos

Abriendo Mundos es una página web destinada a las mujeres migrantes desde Bolivia (Estado Plurinacional de), Colombia, el Ecuador y el Perú hacia España y la Unión Europea, que ofrece información de utilidad, estudios y buenas prácticas. Esta iniciativa de la Unión Europea y el Comité de Oxford para el Socorro en Casos de Hambre (OXFAM) Gran Bretaña tiene por objeto promover un mundo global y sin fronteras en que el derecho a migrar sea reconocido y protegido como un derecho humano.

Los puntos focales de este proyecto son la Fundación Esperanza en el Ecuador y Colombia, Corporación Humanas en Colombia, la Coordinadora de la Mujer y Colectivo Cabildeo en Bolivia (Estado Plurinacional de), el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán en el Perú e Intermón Oxfam en España, que con Cotidiano Mujer del Uruguay en la plataforma virtual, esperan ser un apoyo para las mujeres que deciden migrar.

Fuente: Abriendo mundos: Mujeres migrantes, Mujeres con derechos, 2013 [en línea] http://abriendomundos.org/?cat=8&ttm=2.

Por último, se presentan ejemplos de las TIC como aliadas para la institucionalización del enfoque de género y la instalación de capacidades en las organizaciones. Los mecanismos para el adelanto de la mujer y otras organizaciones de apoyo, además de contar paulatinamente con una mayor presencia en Internet, ponen a disposición de los agentes institucionales materiales y recursos en línea que ayudan en la labor de integración del enfoque de género en la política. Ocupan un lugar singular, por su impacto en el logro de la institucionalización de género, los programas de formación en línea promovidos desde diversas instituciones.

Programa de Formación en Género, Integración y Desarrollo del SICA

Es una iniciativa de acción formativa impulsada por la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y la Secretaría Técnica de la Mujer del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana (COMMCA) del SICA, financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y gestionada por la Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico (Fundación CEDDET).

Su objetivo es contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los países integrantes del SICA para el avance del proceso de la integración centroamericana desde la igualdad y la equidad de género.

En 2012 y 2013 se han realizado cuatro ediciones, en que han participado 120 profesionales vinculados y vinculadas a la integración centroamericana con interés o necesidad de adquirir conocimientos que permitan incrementar el nivel de incorporación de la perspectiva de género en sus instituciones, de tal forma que su quehacer se base en los principios de igualdad y equidad de género en el marco del desarrollo humano sostenible.

Fuente: Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico (Fundación CEDDET), “Programa SICA de capacitación en integración regional”, 2013 [en línea] http://www.sica-ceddet.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=344&lang=es.

CEPAL: Cursos a distancia para la igualdad género

Durante la XI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, los gobiernos de los países miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) aprobaron el Consenso de Brasilia (2010) en que, entre otros temas, se subraya la necesidad de realizar actividades de capacitación, intercambio y difusión, con el fin de avanzar en la formulación de políticas públicas para la igualdad de género. En este marco, la División de Asuntos de Género de la CEPAL, con el auspicio de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) y el apoyo del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), ha desarrollado una serie de cursos de capacitación a distancia dirigidos a organismos nacionales de países de la región en cuestiones relacionadas con la formulación y seguimiento de políticas públicas para la igualdad de género. Las primeras experiencias fueron tan exitosas que los cursos se encuentran en su segunda o tercera versión y mediante ellos se ha capacitado a más de 500 profesionales y técnicos.

El curso introductorio sobre estadísticas e indicadores de género tuvo una acogida muy positiva. Entre los participantes se destaca la presencia de funcionarios y funcionarias de los mecanismos para el adelanto de la mujer y de los institutos nacionales de estadísticas de 22 países de América Latina y el Caribe. El curso está dirigido a técnicos y profesionales cuyo quehacer comprende la producción y el uso de estadísticas de género para el diseño y formulación de políticas públicas.

El curso sobre encuestas de uso del tiempo tiene como objetivo fortalecer las capacidades regionales de productores y usuarios de estadísticas para incorporar y mejorar las metodologías de recolección de información sobre uso del tiempo, y el análisis de las actividades en distintos grupos poblacionales como insumo para la fundamentación de legislación y políticas orientadas a mejorar la distribución del tiempo total de trabajo entre hombres y mujeres.

El curso a distancia sobre políticas públicas de cuidado, además de convocar al público antes descrito, está dirigido a ministerios de desarrollo social y del trabajo, así como a otros organismos que cumplan funciones relacionadas con la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de políticas relacionadas con el cuidado de las personas dependientes y la armonización de la vida laboral y familiar.

El curso a distancia sobre medición de la violencia contra las mujeres mediante encuestas nacionales fue llevado a cabo por las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas en el marco del proyecto titulado “Mejora de la capacidad para erradicar la violencia contra la mujer mediante la creación de redes de contacto de comunidades de conocimientos locales” de la Cuenta para el Desarrollo de las Naciones Unidas.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) [en línea] http://cepal.org/mujer.

México: Puntogénero, formación para la igualdad

La Dirección de Capacitación y Profesionalización del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) implementa varias estrategias para la capacitación y profesionalización en género de los y las servidoras públicas:

•formación presencial y certificación en funciones laborales vinculadas al principio de igualdad entre mujeres y hombres;

•elaboración de estándares de competencia laboral (EC) en género, y

•oferta de cursos en línea.

Los cursos en línea garantizan una oferta de formación continua, orientada a lograr resultados de aprendizaje que sean aplicables y de utilidad tanto en la labor de sensibilización y capacitación en género, como en las diferentes acciones que requiere la construcción de políticas de igualdad. En la actualidad están disponibles los siguientes cursos:

•curso básico de género;

•prevención y atención del acoso y el hostigamiento sexual;

•el género en la programación y presupuestación pública;

•discriminación por género en el ámbito laboral, y

•reforma en derechos humanos y nuevo control de la constitucionalidad.

El sitio web incluye un Catálogo en Línea de Servicios Profesionales en Género (Caliseg) con información sobre personas o entidades que ofrecen servicios especializados en género como difusión, comunicación, capacitación, investigación, traducción, atención especializada a grupos específicos, elaboración de materiales didácticos o publicaciones y asesoría para el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas de igualdad y equidad entre mujeres y hombres.

Fuente: Instituto Nacional de las Mujeres, “Puntogénero: Formación para la igualdad”, 2013 [en línea] http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/.

PROGEO, Programa en Gestión de Organizaciones con Enfoque de Género

Es un programa de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en Gestión de Organizaciones (Women in Management, WiM). Representa un punto de encuentro, reflexión e intercambio de ideas entre mujeres y hombres que estudian y trabajan en temas relacionados con género, liderazgo y desarrollo de las mujeres en la gestión de organizaciones, y buscan promover la igualdad en las relaciones de género en América Latina y el Caribe.

El objetivo general de PROGEO es diseñar e implementar programas de capacitación a distancia mediante el uso de las TIC para contribuir al conocimiento y entrenamiento en temas de gestión de organizaciones con enfoque de género de las mujeres de la región, junto con permitir acortar las brechas tecnológicas que existen en la mayoría de los países, a través de la utilización de las TIC para promover la igualdad de acceso a ellas. En más de cinco años de actividad, el programa ha sumado 406 participantes (386 mujeres y 20 hombres) de 25 países.

Fuente: Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en Gestión de Organizaciones, 2013 [en línea] http://www.wim-network.org/.

El Salvador: Escuela de Formación para la Igualdad Sustantiva

Tiene como objetivo contribuir a la reducción de la desigualdad de género y la discriminación por medio de la institucionalización de una política de formación profesional para el funcionariado público, que fortalezca la capacidad de respuesta de las instituciones del Estado salvadoreño, relacionada con sus obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos de las mujeres y el avance de la igualdad sustantiva.

La escuela, impulsada por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), propone el desarrollo de cuatro programas interrelacionados:

•Plataforma de formación educativa virtual: es una plataforma de formación virtual, que ofrece acceso a cursos de capacitación cuyos contenidos corresponden al curso ABC de la Igualdad Sustantiva, que las servidoras y servidores públicos deben conocer y manejar en su desempeño profesional.

•Programa cultura institucional: con el propósito de incrementar las capacidades y competencias de servidoras y servidores públicos, se ofrecen módulos de formación para la creación y funcionamiento de las unidades de género de las instituciones públicas que tienen responsabilidades en el seguimiento y evaluación de las acciones institucionales para el cumplimiento de la Normativa Nacional para la Igualdad de Género.

•Plataforma pedagógica abierta: desarrollada en alianza con las organizaciones de mujeres del país.

•Centro de investigación, análisis y documentación: tiene por finalidad incrementar la capacidad de análisis de las estadísticas nacionales desde la perspectiva de derechos de las mujeres, para una mejor comprensión de los ámbitos que presentan mayores brechas y generan discriminación y desigualdad.

Fuente: Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), “Caminando hacia la igualdad sustantiva”, 2013 [en línea] http://www.isdemu.gob.sv/.

D. En síntesis

Las TIC no solo se constituyen como grandes aliadas potenciales para contribuir al avance de las mujeres y de la igualdad de género en el mundo y en la región, sino que lo están siendo ya de un modo efectivo gracias al uso pionero, decidido e inspirador que muchos organismos públicos, organismos internacionales, asociaciones, universidades y empresas están haciendo de ellas como herramienta imprescindible de promoción, gestión, intercambio y multiplicación de la igualdad electrónica.

Estas experiencias, aunque todavía dispersas, son mucho más numerosas y potentes de lo que a simple vista pudiera parecer y representan una palanca indudable para seguir construyendo una sociedad de la información y del conocimiento en y para la igualdad.

Pero, para lograr este objetivo, se hace imprescindible poblar este nuevo territorio de mucha más estrategia, pedagogía, inversión, iniciativas, innovación, redes, compromisos y alianzas, que consigan situar a fondo la igualdad de género en el mundo de la tecnología, así como la tecnología en el mundo de la igualdad.

Se debe asimismo ayudar a fortalecer y hacer más sostenibles las iniciativas en marcha, mejorando su grado de visibilidad, disponibilidad de recursos financieros, articulación a través de comunidades que generen masa crítica apreciable e inclusión en el núcleo principal de las agendas digitales de los países de América Latina y el Caribe.

Para ello se requiere establecer en las políticas públicas (como ya lo han hecho algunos países) líneas estratégicas e integrales de apoyo a la plena inclusión de género en la sociedad de la información, que den cobertura al impulso de nuevas y ambiciosas medidas en campos tales como: el estímulo de las vocaciones tecnológicas y científicas de las mujeres; la promoción activa del emprendimiento tecnológico femenino; la creación de nuevos contenidos y soportes en línea orientados a desarrollar la micro, pequeña y mediana empresa liderada por mujeres; la modernización tecnológica de las actividades y sectores económicos donde se concentran prioritariamente las mujeres, todos ellos con un fuerte impacto en el bienestar social (salud, educación, servicios, cuidado); la inclusión digital de los colectivos femeninos más excluidos y alejados de la tecnología; el impulso de la participación de las mujeres en los ámbitos de decisión del sector de las TIC; la extensión del protagonismo femenino en las redes sociales; el reforzamiento del perfil TIC de los mecanismos para el adelanto de la mujer y de las asociaciones que trabajan en pro de la igualdad; la comunicación de valores igualitarios en la red y la lucha contra aquellos contenidos digitales que denigran la dignidad de las mujeres, entre otros ámbitos.

Claramente surge la necesidad de promover la expansión de la sociedad de la información móvil, incluyendo activamente a las mujeres como beneficiarias y protagonistas esenciales de esta nueva revolución tecnológica que comprende, como ninguna otra, a las mayorías. Asimismo, se requiere crear puentes sólidos entre todas las categorías de agentes susceptibles de impulsar la igualdad electrónica en la región: mecanismos para el adelanto de la mujer, organismos a cargo de las políticas sectoriales en TIC, asociaciones de mujeres y empresas del sector.

Con este horizonte, las posibilidades de dar el gran salto que se necesita entre la existencia de un puñado de experiencias —meritorias, pero todavía escasas y dispersas— y una política ambiciosa y con resultados apreciables en torno a una economía digital con igualdad, podrían verse aceleradas de modo exponencial.

Capítulo VI

Agendas digitales y perspectiva de género

El desafío de las políticas públicas para la sociedad de la información desde la perspectiva de género se centra en dos puntos: maximizar las oportunidades que ofrece la revolución digital y minimizar los riesgos de rezago para las mujeres. Se trata de un desafío que no es únicamente tecnológico sino también político y que pasa por la voluntad de implementar estrategias digitales que incorporen la perspectiva de género como eje transversal, aprovechando las nuevas posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para obtener progresos en la agenda de igualdad de género.

América Latina y el Caribe ha dado pasos importantes para avanzar en la sociedad de la información y del conocimiento. Actualmente, la mayoría de los países de la región disponen de agendas digitales nacionales o, al menos, de políticas sectoriales sobre TIC de relevancia. Como resultado de ese proceso, hoy la región puede mostrar experiencias muy interesantes de inclusión digital, expansión de la infraestructura de telecomunicaciones, mejora de los servicios públicos y de la educación. Los resultados positivos logrados gracias al acceso a dispositivos de comunicación móviles y a Internet han contribuido enormemente a mejorar las condiciones de la mayoría de la población, a modernizar la gestión pública y, aunque en menor medida, a elevar la competitividad de las economías de América Latina y el Caribe.

En la región, las políticas de inclusión digital y de fomento a la difusión de las TIC en la educación y los servicios públicos, entre otras, han favorecido de hecho a las mujeres tanto como a los hombres. Pero las asimetrías de género que restringen una participación plena e igualitaria de las mujeres en la sociedad de la información plantean la necesidad de un enfoque específico, activo y transversal de igualdad de género en las agendas digitales.

Existe entonces la amenaza de que la debilidad de las políticas públicas para la transformación y la inclusión digital, o su falta de renovación frente a los nuevos desafíos, terminen reproduciendo e incluso ampliando la elevada heterogeneidad productiva y las desigualdades sociales y de género en la región.

A. Las agendas digitales como promotoras de la economía digital y la igualdad

1. Gestación y desarrollo de las agendas digitales en América Latina y el Caribe

Hace ya más de una década que los países de la región comenzaron a diseñar e implementar agendas digitales, que fueron posteriormente reforzadas por la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), realizada en 2003 y en 2005, y por la inclusión de las TIC en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de las Naciones Unidas.

Este es el contexto en que se impulsó el Plan de Acción sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe (eLAC2007 y eLAC2010) y el actual Plan de Acción sobre la Sociedad de la Información y del Conocimiento de América Latina y el Caribe eLAC2015, concertados por los gobiernos de la región. En los distintos planes de acción regionales se recomendó y promovió el desarrollo y el fortalecimiento de estrategias digitales nacionales, reflejando el amplio consenso existente en torno a la relevancia y conveniencia de formular políticas públicas para difundir las TIC e insertar activamente a la región en la sociedad de la información.

La mayoría de los países de la región han aprobado al menos un documento de estrategia digital nacional y han implementado distintas iniciativas de política en relación con las TIC en el período comprendido entre fines de la década de 1990 y mediados de 2013 (CEPAL, 2013b).

Estos esfuerzos políticos se han plasmado en una multitud de iniciativas. Los avances conseguidos en términos de acceso y uso de las TIC por parte de los ciudadanos y ciudadanas, y especialmente en las escuelas, o de mejora de la eficiencia y transparencia de la gestión pública son bien conocidos. Algunas de las iniciativas emblemáticas que se han emprendido en la región en años recientes son Argentina Conectada y Conectar Igualdad en la Argentina, el Programa Nacional de Banda Ancha en el Brasil, el programa Enlaces y Chile Compra en Chile, la estrategia Vive Digital y el programa Gobierno en Línea en Colombia, la Estrategia Nacional para la Sociedad de la Información (e-Dominicana) en la República Dominicana y el Plan Ceibal en el Uruguay, entre otras.

Si bien el grado de institucionalización de estas estrategias varía entre los países, muchas de ellas han ido adquiriendo relevancia y jerarquía política, e incluso algunos países ya cuentan con ministerios o secretarías presidenciales de telecomunicaciones y sociedad de la información.

Los objetivos y las principales líneas de acción de las estrategias han evolucionado a través del tiempo en función del progreso tecnológico de las TIC, de su creciente importancia para el desarrollo socioeconómico y de la mayor consolidación del tema como objeto de política pública. No obstante, la expansión de la infraestructura de telecomunicaciones y el acceso siguen siendo, en general, los componentes centrales de las estrategias nacionales sobre la sociedad de la información en América Latina y el Caribe. A su vez, las estrategias de aprendizaje electrónico y gobierno electrónico son el tipo más común y más desarrollado de estrategias sectoriales en la región y en gran parte del mundo. En otros sectores como, por ejemplo, en la salud electrónica, la promoción de la industria de las TIC o la difusión de estas tecnologías en el ámbito empresarial, se identifican proyectos e iniciativas que no siempre están vinculados a la existencia de una estrategia nacional en la materia (CEPAL, 2013b).

Las estrategias siguen variados esquemas de organización y coordinación de las acciones según los países considerados, que van desde modelos descentralizados, que involucran a autoridades de diversos sectores y de un mismo nivel jerárquico bajo una supracoordinación, como es el caso de Chile, hasta modelos centralizados en que una autoridad específica tiene preeminencia sobre los distintos sectores, como ocurre en Colombia, por ejemplo.

A pesar de los avances institucionales que muestran las agendas digitales en la región, en los hechos solo un número reducido ha llegado a representar una clara prioridad política nacional y, en general, no cuentan con instancias efectivas de liderazgo y coordinación con otras áreas de gobierno ni con presupuestos acordes a sus objetivos. La falta de continuidad que, como resultado de cambios políticos, afecta a las estrategias es otra característica comúnmente observada en estas experiencias. Si bien este es un rasgo propio de las democracias, se advierte en este caso que las estrategias no han logrado posicionarse como un asunto de Estado, de modo que sea posible trazar y alcanzar objetivos que vayan más allá de los períodos administrativos de los gobiernos.

2. Evolución y ámbitos cubiertos por las políticas digitales en la región

En los programas y proyectos de TIC que se han llevado adelante en la región es posible distinguir dos períodos, según la intensidad, el grado de difusión y la complejidad de las estrategias nacionales y sectoriales implementadas. El primer período abarca desde fines de la década de 1990 hasta 2006 y el segundo, desde 2007 hasta la actualidad. Las diferencias que se observan se relacionan tanto con la diversidad de ámbitos cubiertos por las políticas, como con el número de iniciativas puestas en marcha en cada período. El tránsito hacia políticas más complejas estuvo fuertemente influido por los ciclos tecnológicos, en particular por el desarrollo de Internet, que en sus inicios permitía relativamente pocos usos y que más tarde, con la incorporación de la banda ancha, se amplió a múltiples usos y aplicaciones. Otro factor que ha incidido en este proceso es la mayor experiencia que se ha adquirido en la región y en el mundo respecto de las TIC como objeto de política pública.

Las principales estrategias sobre TIC formuladas y ejecutadas en el primer período tuvieron como objetivo central la disminución de la brecha digital, abarcando las dimensiones de acceso y uso. En forma paralela, los gobiernos impulsaron la adopción de las TIC en el Estado y en el sector educativo, y algunos países desarrollaron también iniciativas en otros ámbitos, como el fomento del sector oferente de bienes y servicios en el ámbito de las TIC. Las políticas implementadas con el objeto de disminuir la brecha digital se dirigieron sobre todo a la mejora de la infraestructura de telecomunicaciones, la instalación de puntos de acceso compartido a Internet, la generación de capacidades de uso y el incremento del parque informático.

En el segundo período, desde mediados de la década de 2000 hasta hoy, las políticas sobre la sociedad de la información en la región han logrado una mayor difusión y al mismo tiempo se han hecho más complejas, abarcando nuevas áreas de intervención. Las principales iniciativas tienen como objetivo la difusión de infraestructuras críticas, tal como en el pasado, pero también el fomento de su uso y adopción por parte de la población. Las estrategias sectoriales han incluido nuevas iniciativas (como los programas “Un niño, una computadora” o “1:1” en educación, o el gobierno abierto a través del gobierno electrónico) y han sumado paulatinamente nuevos ámbitos de acción, como la salud electrónica y, en unos pocos casos, iniciativas enfocadas a promover la igualdad de género. En las estrategias sobre TIC de este período, se destacan las iniciativas centradas en el despliegue de la banda ancha de segunda generación.

Las estrategias sobre TIC en el período reciente lograron una mayor consolidación a través de los planes nacionales de banda ancha que se comenzaron a formular desde finales de la década de 2000 y que se caracterizan por un enfoque integral, al tomar en cuenta no solo la conectividad, sino también el uso y la apropiación, además de la ampliación de la oferta de aplicaciones. El Programa Nacional de Banda Ancha (PNBL) del Brasil constituyó la primera iniciativa de ese tipo en la región. Progresivamente otros países han elaborado sus propias estrategias para la extensión de la banda ancha, como la Argentina (Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada), Chile (Todo Chile Comunicado), Colombia (Vive Digital), Costa Rica (Estrategia Nacional de Banda Ancha), el Ecuador (Plan Nacional de Banda Ancha), México (Acciones para el Fortalecimiento de la Banda Ancha y las Tecnologías de Información y Comunicación) y el Perú (Plan Nacional para el Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú). En materia de alfabetización digital, se suman nuevos esfuerzos, más focalizados, como la Campaña Nacional de Inclusión Digital Vasconcelos 2.0. de México, dirigida a adultos que no han tenido acceso previo a la tecnología.

Otro ámbito de trabajo son las políticas sobre entorno habilitador [1]. Ellas comprenden desde la reglamentación del sector hasta temas más específicos vinculados a la gobernanza de Internet y, en particular, a la promoción del interés público (en materias como protección de datos personales, neutralidad de la red, Internet libre y seguridad de la información). Varios países han sancionado nuevas leyes en estas áreas y están en proceso de reformar sus marcos regulatorios para responder a un entorno convergente caracterizado por límites difusos entre las telecomunicaciones, Internet, la radiodifusión y los medios de comunicación.

En lo que respecta a las estrategias digitales sectoriales, en educación las principales iniciativas comenzaron a avanzar más allá de la dotación de equipamiento y conexión a las escuelas, aunque estos temas siguen siendo importantes en la agenda. Estas experiencias promueven una capacitación continua y permanente en TIC (alfabetización básica y especializada en TIC) y a través de las TIC [2]. Algunas iniciativas se orientan también a promover la capacitación a distancia (aprendizaje electrónico, autoinstrucción y comunidades de aprendizaje), lo que demanda la producción de recursos educativos digitales y cursos en línea. Además, varios países están llevando adelante programas “1:1” (un estudiante, una computadora), a partir de la experiencia del Plan Ceibal del Uruguay [3].

El uso intensivo de las TIC en el gobierno es una prioridad en muchos países de la región, lo que se refleja en los distintos planes de acción que están en curso y en la incorporación de nuevas tendencias en la gestión pública. Algunos países han implementado ambiciosos programas de gobierno electrónico. Colombia, en particular, inició el programa Gobierno en Línea, que le permitió posicionarse rápidamente en los primeros lugares de la clasificación mundial de gobierno electrónico. Hay además avances concretos en iniciativas específicas como, por ejemplo, las compras públicas, y ya existen varios portales públicos de transacciones (como los de la Argentina, el Brasil y Chile). Las nuevas tendencias apuntan a un modelo de gobierno abierto y centrado en las personas, cuyos ejes son la transparencia y la participación, y algunos países de la región han comenzado a hacer los primeros esfuerzos para implementarlo.

Las iniciativas sectoriales en materia de salud que cuentan con un tratamiento específico son escasas en la región. Se observa más bien una variedad de proyectos que, en general, no están articulados con una estrategia sectorial nacional. Como iniciativas particulares, se pueden mencionar, entre otras, la Red Universitaria de Telemedicina (RUTE) en el Brasil y la puesta en marcha de plataformas electrónicas para compartir el Expediente Clínico Electrónico (ECE) en México.

Por último, en materia de la difusión e incorporación de las TIC en el sector productivo, así como del fomento de las industrias nacionales de TIC, se encuentran aún pocas iniciativas. La industria del software ha sido promovida en algunos países como la Argentina, el Brasil, Costa Rica, México, el Uruguay y, más recientemente, Colombia. Ha sido menos importante el impulso dirigido al desarrollo de la industria de contenidos digitales [4]. Asimismo, son pocas las iniciativas orientadas directamente a difundir el uso y apropiación de las TIC en los sectores productivos y entre ellas cabe mencionar el programa MiPyme Digital en Colombia, el Programa de Estímulo al Uso de Tecnologías de la Información en Micro y Pequeñas Empresas (PROIMPE) y el programa Prosoft en el Brasil, y PROSOFT (componente de subsidio a usuarios) en México.

En suma, la efectividad de las estrategias digitales nacionales implementadas en la mayoría de los países se hace evidente en los progresos de la infraestructura asociada a las TIC, el avance del gobierno electrónico y, en general, el grado de preparación de las sociedades para enfrentar los nuevos desafíos que supone la sociedad de la información. De hecho, en los países de la región se registran en la última década avances absolutos en distintos indicadores internacionales que miden los progresos en infraestructura (Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)), gobierno electrónico (Naciones Unidas) y preparación para la sociedad de la información (Foro Económico Mundial).

Al mismo tiempo hay que reconocer que, en términos relativos, la región no ha conseguido avanzar —y en realidad incluso ha retrocedido— en dichas clasificaciones globales en comparación con otras regiones, lo que revela que los esfuerzos no han sido suficientes para acompañar el ritmo de avance que se observa a nivel internacional. Sin embargo, es interesante destacar que los países que lideran en la región las tres clasificaciones mencionadas, y que incluso han conseguido mejorar gradualmente su posición relativa, son aquellos en que las estrategias sobre TIC han tenido mayor continuidad y grado de desarrollo, como son los casos del Uruguay, Colombia y Barbados, entre otros. Es decir, la implementación de agendas nacionales integrales y consistentes, que se llevan adelante con continuidad en el tiempo, mostró ser una condición importante para alcanzar progresos en la difusión, uso y adopción de las TIC.

Más allá de casos exitosos como los mencionados, en general la región enfrenta el desafío de diseñar e implementar políticas digitales más integrales, y de articularlas con las políticas de innovación y competitividad, así como con las de igualad de género. Hay que tener presente que el cierre de la brecha digital de acceso y uso prácticamente no depende de las políticas de inclusión digital, sino que demanda un cambio efectivo en el modelo de desarrollo y en la estructura productiva en la región, que debiera avanzar hacia sectores más intensivos en conocimiento y tecnología.

De lo que se trata —una vez logrados avances esenciales en el uso y la difusión de las TIC en los países de la región— es de perseguir una efectiva difusión de estas tecnologías entre todos los actores económicos, de modo que ellas sirvan a una transformación productiva y se consoliden nuevos sectores vinculados a estos servicios. Ello permitiría ampliar la oferta de empleos de mayor calificación y mejor remunerados, y contribuiría a un mejor desempeño de las empresas y sectores con dificultades para absorber nueva tecnología. En ese sentido, es necesario reconocer que la difusión e incorporación de las TIC en el sector productivo, así como el desarrollo de sectores oferentes de productos y servicios vinculados a las TIC, no siempre han estado entre las prioridades de política en la región.

También se nota una debilidad o directamente la ausencia de la perspectiva de género en dichas políticas. Lo importante de tener presente en este punto es que las estrategias digitales, cuando son jerarquizadas y se implementan con continuidad, han conducido a resultados significativos en cuanto a inclusión y desarrollo digital. Es por eso que la incorporación en dichas estrategias de objetivos de igualdad de género es una herramienta relevante para promover un mayor protagonismo de las mujeres en la sociedad digital.

Recuadro VI.1

Igualdad de género en el acceso a banda ancha

Existe abundante evidencia empírica sobre el impacto económico que tiene la banda ancha y sus externalidades positivas en materia de innovación, productividad y reestructuración empresarial. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el marco del proyecto Alianza para la Sociedad de la Información, fase 2 (@lis2), cofinanciado por la Comisión Europea, ha estado trabajando intensamente en la formulación de recomendaciones orientadas a políticas públicas para la masificación de la banda ancha en la región.

La contribución económica de la banda ancha como tecnología de uso general se manifiesta mediante una multiplicidad de efectos. El primero es resultado de la construcción de redes de telecomunicaciones y se materializa de la misma manera que toda obra de infraestructura: el despliegue de banda ancha crea empleo y actúa sobre el conjunto de la economía generando efectos multiplicadores. El segundo se refiere al derrame tecnológico en el conjunto del sistema económico, que impacta tanto a las empresas como a las personas en sus hogares. Por un lado, el uso de la banda ancha por parte del sector productivo se traduce en un aumento de la productividad, lo que contribuye al crecimiento del PIB. Por otro lado, el uso por parte de las personas en forma particular aumenta el ingreso real de los hogares, ya que amplía las posibilidades de insertarse en el mercado laboral, y puede apoyar y mejorar los procesos educativos, lo que conduce a una disminución de la pobreza y aporta simultáneamente al crecimiento económico.

Reconociendo la importancia del acceso de las mujeres a las TIC, y en particular a la banda ancha como pilar clave del desarrollo, en la séptima reunión de la Comisión sobre la Banda Ancha para el Desarrollo Digital de las Naciones Unidas se acordó alcanzar la igualdad de género en el acceso para el año 2020. Este nuevo compromiso es el resultado decisivo de la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Banda Ancha y Género de la Comisión, que tuvo lugar en la Ciudad de México el 16 de marzo de 2013.

La Comisión sobre la Banda Ancha para el Desarrollo Digital fue creada en 2010 por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en respuesta al llamado del Secretario General de las Naciones Unidas de avanzar en los esfuerzos tendientes al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La Comisión tiene como propósito impulsar la importancia de la banda ancha en la agenda política internacional y considera que la ampliación del acceso a ella en todos los países es clave para acelerar el progreso hacia dichos objetivos al año 2015, fijado como meta. El Grupo de Trabajo sobre Banda Ancha y Género de la Comisión, formado en 2012, tiene como objetivos:

•promover la inclusión digital de las mujeres;

•empoderar a las mujeres a través de la alfabetización digital y el desarrollo de habilidades;

•promover el desarrollo de aplicaciones sensibles al género (monitorizar la violencia contra las mujeres, entre otras), en asociación con el sector privado y la sociedad civil;

•fomentar la prestación de servicios públicos que tengan en cuenta las necesidades específicas de las mujeres y su entorno;

•promover la capacitación tecnológica y el empleo más atractivo para las niñas y mujeres jóvenes;

•promover el emprendimiento digital entre las mujeres para fomentar la innovación social;

•fomentar la protección de las niñas y las mujeres cuando están en línea, y

•contribuir a la agenda para el desarrollo después de 2015.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Conectados a la banda ancha: Tecnología, políticas e impacto en América Latina y España, Edwin Fernando Rojas (ed.), Santiago de Chile, 2012; y Comisión sobre la Banda Ancha para el Desarrollo Digital [en línea] www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2013/08.aspx.

B. La perspectiva de género en las agendas digitales de América Latina y el Caribe

En esta sección se analiza el grado de integración de la perspectiva de género en las agendas digitales de un conjunto de países que se consideran representativos de la situación regional, la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, el Ecuador, México, el Paraguay, el Perú, la República Dominicana y el Uruguay, a partir de la revisión de los documentos de política en que se fundan dichas estrategias. Además se presentan con mayor detalle algunos ejemplos de inclusión de la perspectiva de género en políticas digitales en la región (Camacho, 2013).

1. Balance general

Para analizar la integración de la dimensión de género en las agendas digitales seleccionadas, se tomaron en consideración las menciones a la problemática de género y, principalmente, si los documentos incluyen iniciativas específicas que favorezcan en forma activa la igualdad de género y una mayor participación de las mujeres en el ecosistema digital, en las diferentes áreas comprendidas por las políticas.

Al examinar los documentos de política digital, lo que se observa es que la perspectiva de género está integrada en el enunciado discursivo y es una de las aspiraciones explícitas importantes de la mayoría de ellos. Hay básicamente tres enfoques desde los cuales se plantea este tema: i) la necesidad de una participación equitativa de hombres y mujeres en la sociedad de la información; ii) las TIC como herramientas para alcanzar la equidad, y iii) las TIC como herramientas para reducir la violencia de género. Sin embargo, en pocos casos este reconocimiento conceptual se concreta en iniciativas de política.

En el cuadro VI.1 se identifican los principales temas abordados en las políticas y agendas digitales de los países seleccionados y se indica si en el documento se incluyen o no iniciativas específicas de género.

Cuadro VI.1

Agendas digitales (países seleccionados): inclusión de la dimensión de género y principales áreas de actuación

País

Documento

Principales componentes

Inclusión de iniciativas de género

Argentina

Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada (2011)

Infraestructura y conectividad, contenidos y aplicaciones, capital humano, financiamiento y sostenibilidad, y marco legal

No

Brasil

Agenda Digital: Programa Nacional de Banda Ancha, 2010-2014

Infraestructura y conectividad, capacitación y desarrollo de contenidos

No

Chile

Agenda Digital Imagina Chile 2013-2020

Conectividad e inclusión, entorno, educación y capacitación, innovación y emprendimiento, servicios y aplicaciones

No

Colombia

Plan Vive Digital, 2010-2014

Inclusión social, competitividad, educación, infraestructura, productividad y apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)

No

Costa Rica

Plan Nacional de Telecomunicaciones (2010-2014) y Agenda Social Digital

Infraestructura, acceso universal, desarrollo económico con TIC, ambiente e inclusión social (alfabetización digital, salud y educación)

No

Ecuador

Estrategia Ecuador Digital 2.0 (2011)

Acceso universal, infraestructura, gobierno electrónico, educación, productividad, sociedad de la información inclusiva e integración con el Plan Nacional para el Buen Vivir

Orientada al uso de las TIC para combatir la violencia de género y a la capacitación de las mujeres para un aprovechamiento de las TIC en el fortalecimiento de sus capacidades organizativas

México

Agenda Digital.mx (2011-2015)

Acceso universal, equidad e inclusión social, educación, salud, investigación, innovación y desarrollo

Integración del tema de género en el área estratégica de equidad e inclusión social

Desarrollo de varias plataformas que apoyan la inclusión de las mujeres, por ejemplo: Emprendedoras y empresarias, Vida sin Violencia, Desarrollo Local con las Mujeres, Punto Género, “El Avance Político de las Mujeres…en la Mira”, espacio para organizaciones de la sociedad civil y Sistema de Indicadores de Género

Paraguay

Plan Director TICs (2012)

Gobierno electrónico, industria y comercio electrónico, inclusión digital, marco legal de las TIC e infraestructura

No

Perú

Agenda Digital 2.0 (2011)

Acceso universal, desarrollo de competencias, acceso a servicios, gobierno digital, industria de las TIC, productividad, competitividad e innovación y promoción de la agenda digital en políticas públicas

No

República Dominicana

Estrategia Nacional para la Sociedad de la Información (e-Dominicana, 2004)

Infraestructura y acceso,

desarrollo del capital humano, gobierno electrónico,

empresa, empleo y emprendimientos y marco legal

Sí (primera versión)

Uruguay

Agenda Digital Uruguay 2011-2015

Acceso universal, educación, participación ciudadana, gobierno electrónico, producción, salud y medio ambiente

No

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de K. Camacho, Análisis de la integración de la perspectiva de género en las agendas y políticas digitales de Latinoamérica y el Caribe (LC/W.541), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2013; y documentos oficiales de los países.

Se observa que se busca fomentar la igualdad de oportunidades por medio de las TIC, ya sea a través de acciones destinadas a promover la inclusión digital, la mejora y accesibilidad de los servicios públicos a través de las TIC o su uso para promover una mayor cobertura y calidad de los servicios de salud y educación. Es claro que estas iniciativas favorecen a toda la ciudadanía, incluidas también naturalmente niñas y mujeres. Sin embargo, como se observa en el cuadro, en la mayoría de las agendas digitales consideradas no se formulan acciones específicas que propicien un abordaje de género inclusivo en las áreas priorizadas y que apunten a combatir las situaciones de desigualdad que enfrentan muchas mujeres en el uso y apropiación de las TIC, como ciudadanas, estudiantes, trabajadoras o empresarias.

Existen en todos los países, al margen de las estrategias digitales nacionales, iniciativas diversas, públicas y privadas, que se orientan a apoyar un mayor protagonismo de las mujeres en la sociedad de la información (véase el capítulo V). Pero se trata, por lo general, de proyectos puntuales, muchas veces llevados adelante por organizaciones no gubernamentales u organismos internacionales, que podrían beneficiarse enormemente de un impulso nacional liderado por las agendas digitales.

Entre las estrategias digitales consideradas, se destacan las del Ecuador, México y la República Dominicana, que sí contemplan acciones específicas orientadas a la equidad de género.

Recuadro VI.2

Planes estratégicos de TIC y género en el Caribe

San Vicente y las Granadinas y Saint Kitts y Nevis incorporan en sus planes estratégicos de TIC la perspectiva de género. En la Estrategia Nacional y Plan de Acción de TIC 2010-2015 de San Vicente y las Granadinas se establece que se deben aprovechar las potencialidades de las TIC para responder a los problemas del país como la pobreza, la injusticia social y las desigualdades de género. En el Plan de Acción se incentiva el uso de las TIC en la educación y en programas de desarrollo de habilidades.

En el Plan Estratégico Nacional de TIC (2006) de Saint Kitts y Nevis se reconoce que las TIC pueden utilizarse para atenuar las desigualdades de género. En este sentido, se favorece el financiamiento de estudios, empleo y creación de emprendimientos productivos de las mujeres. También se apoya el empoderamiento de las mujeres a través de recursos en la web en materias de salud, beneficios sociales, prevención del abuso, cuidado de niños y cuidados geriátricos, teniendo en cuenta su rol de cuidadoras.

Fuente: Ministerio de Telecomunicaciones, Ciencia, Tecnología e Innovación de San Vicente y las Granadinas, “The National ICT Strategy and Action Plan 2010-2015”, 2010 [en línea] http://www.gov.vc/; y Gobierno de Saint Kitts y Nevis, “The National ICT Strategic Plan”, 2006 [en línea] http://www.gov.kn/.

2. La Estrategia Ecuador Digital 2.0

Según datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo de 2011, del Instituto Nacional de Estadística y Censos, en el Ecuador el 37,5% de las mujeres tuvieron acceso a computadoras y el 34,2% a Internet, ambos porcentajes ligeramente inferiores a los de los hombres. Además, el analfabetismo digital llegaba al 38,8% de las mujeres.

La misma información mostró que del total de ecuatorianas que cuentan con instrucción superior solo el 7% tienen títulos en carreras técnicas, y que del total de mujeres que trabajan en el mercado de telecomunicaciones y TIC, aproximadamente el 80% se desempeñan en las áreas administrativas, al mismo tiempo que en las áreas técnicas las mujeres ocupan apenas el 16,2% de los puestos directivos y el 12,2% de los puestos operativos.

Estos son algunos datos ilustrativos de la brecha digital de género que marcó la formulación, en 2011, de la Estrategia Ecuador Digital 2.0. Este programa, a cargo del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (MINTEL), contempla cuatro ejes principales de trabajo para el desarrollo de la sociedad de la información: equipamiento, conectividad, capacitación, y aplicaciones y contenidos.

Asimismo, la estrategia se sustenta en tres planes:

•Plan Nacional de Acceso Universal y Alistamiento Digital;

•Plan Nacional de Gobierno Digital, y

•Plan Nacional de Banda Ancha.

En el Plan Nacional de Banda Ancha, que es el principal vector de la estrategia, se incorpora explícitamente un objetivo de igualdad de género (MINTEL, 2012b). En esa línea, se creó el proyecto denominado Proactiv@s, mediante el cual se busca incentivar el acceso y uso de las TIC por parte de mujeres, niñas y adolescentes, promoviendo así su empoderamiento. El proyecto incluye a toda la población femenina del Ecuador, pero pone particular énfasis en los grupos de atención prioritaria, como adolescentes y mujeres privadas de libertad. La iniciativa fue dada a conocer en noviembre de 2012 en el marco del primer Foro Regional TIC y Género, organizado por el MINTEL.

Su enfoque está orientado a reducir la violencia de género, favoreciendo que las mujeres desarrollen habilidades para un uso apropiado de las TIC que impacten sobre su empoderamiento y liderazgo en la sociedad en general y en la sociedad de la información en particular.

Las tres estrategias que lleva adelante Proactiv@s para una integración equitativa de las mujeres, de acuerdo con información del MINTEL, son:

Acceso a tecnología y equipamiento: las mujeres tienen acceso a los teléfonos móviles; sin embargo, no sucede lo mismo con el acceso a Internet y a computadoras. Se planifican acciones orientadas a permitir que las mujeres tengan mayor acceso a la conectividad, por ejemplo, a través de centros comunitarios.

•Formación y equipamiento en TIC: a pesar de tener acceso a la tecnología casi en la misma proporción que los hombres, las mujeres presentan una tasa de analfabetismo mucho mayor que ellos, lo que redunda en un uso menos estratégico de las TIC. Por eso se propone un programa de capacitación en TIC que tenga en cuenta a la población que no lee ni escribe.

•Mercado laboral TIC: Proactiv@s propone también abrir espacios para las mujeres en los puestos de dirección de las empresas de TIC.

•Proactiv@s está orientado por las siguientes líneas de acción[5]:

•apoyar la inserción de las mujeres en el campo laboral de las TIC;

•impulsar y apoyar a organizaciones sociales relacionadas con la promoción de género;

•permitir y facilitar a todas las mujeres y niñas el acceso a la infraestructura y los servicios de las TIC de manera equitativa;

•trabajar articuladamente con los sectores público, privado y académico, y la sociedad civil en general para la promoción de género;

•facilitar el acceso de las mujeres a medios de comunicación igualitarios y no discriminatorios;

•impulsar la inclusión de género y la igualdad de oportunidades en el campo de las TIC;

•desarrollar portales de interacción de género, e

•impulsar desarrollos tecnológicos masivos que incorporen la lengua de origen y aspectos de identidad cultural de grupos de mujeres multiétnicos.

En el marco de este proyecto, a través de un acuerdo del MINTEL con el operador de telecomunicaciones, en mayo de 2013 se inauguró un infocentro en el Centro de Rehabilitación Social Femenino en Quito. Esta iniciativa está concebida como un espacio de participación y acceso a las TIC, y su objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las mujeres privadas de libertad a través de su inclusión digital, así como estimular la utilización de las TIC como herramienta de aprendizaje interactivo y de teleformación.

3. Agenda Digital de México

De acuerdo con encuestas recientes, en México existe actualmente una mínima diferencia entre la proporción de hombres y de mujeres que utilizan la computadora e Internet, que llega al 51% y el 49% del total de personas que usan estas tecnologías, respectivamente[6]. Sin embargo, esta paridad no se ve reflejada en términos de un mayor empoderamiento de las mujeres en ámbitos como la educación, la ciencia, la tecnología y el empleo. Las mujeres representan más de la mitad de la población mexicana; sin embargo, no alcanzan el mismo porcentaje de la población estudiantil, de los cargos de toma de decisiones, ni de la población económicamente activa (PEA).

Por otra parte, la creciente presencia de las mujeres en la educación superior contrasta con su limitada participación en áreas clave para el desarrollo de una sociedad del conocimiento, como son las ciencias y la tecnología. En términos porcentuales, las áreas de estudio en que existe una mayor presencia de mujeres son educación y humanidades, ciencias de la salud, ciencias sociales y administrativas. En el área de ingeniería y tecnología, las mujeres constituyen solo el 31% de la matrícula.

Frente a la situación descrita, el Gobierno de México ha tomado una serie de iniciativas en favor de la equidad de género en el área de las TIC. En la Agenda Digital.mx, difundida en 2012, se definen seis objetivos centrales, que se traducen en distintas líneas de acción y estrategias:

•Internet para todos;

•TIC para la equidad y la inclusión social;

•TIC para la educación;

•TIC para la salud;

•TIC para la competitividad, y

•Gobierno digital.

La premisa central en que se basa la agenda es que la banda ancha y las TIC constituyen una palanca para promover la equidad social, por lo que el acceso universal a la conectividad de banda ancha es una prioridad nacional para México y se lo considera de utilidad pública.

Sobre esta base, en el capítulo sobre TIC para la equidad y la inclusión social de la agenda se sostiene que “las TIC han mostrado ser una herramienta poderosa para promover la equidad de género”. Asimismo, al abordar la equidad de género se plantea que “la tecnología, y en especial las TIC, pueden ser utilizadas para promover la equidad de género y para reducir la violencia de género” (Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México, 2012).

En línea con esas consideraciones iniciales, en la sección sobre objetivos, líneas de acción y estrategias, se incluye en el documento un apartado específico acerca de “Promover la inclusión digital equitativa de las mujeres”, donde se proponen líneas de trabajo concretas:

Generar mayores oportunidades para la apropiación de las TIC: generar contenidos educativos y proyectos de aprendizaje en línea dirigidos a niñas y adolescentes.

• Capacitar a mujeres trabajadoras para generar habilidades digitales: capacitar a mujeres trabajadoras en el uso de dispositivos, software e Internet, para reducir la brecha de género en materia de TIC.

• Potenciar proyectos y programas contra la violencia a través de las TIC: promover la presencia digital de los programas y proyectos que previenen y combaten la violencia contra las mujeres.

En la Agenda Digital de México también se mencionan una serie de acciones estratégicas que ha venido implementando el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), con las que se busca impulsar la equidad de género y reducir la violencia hacia las mujeres. Entre ellas se destacan las siguientes:

•Emprendedoras y empresarias: se trata de un espacio virtual de encuentro que ofrece el INMUJERES para todas las mujeres que buscan realizar actividades comerciales. El programa fomenta la creación de redes, en las que se proporciona información sobre programas de apoyo, eventos, noticias y nuevas herramientas para desarrollar negocios.

•Micrositio “Vida sin Violencia”: es un portal (vidasinviolencia.inmujeres.gob.mx) con el que se busca brindar a la ciudadanía información orientada a proteger y difundir los derechos humanos de las mujeres consagrados en la constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, así como promover la cultura de la no violencia, no discriminación e igualdad de género.

Las iniciativas anteriores ponen en evidencia que existe un grado importante de coordinación entre la Agenda Digital mexicana y la acción del INMUJERES. La coordinación entre las agendas digitales y los mecanismos para el adelanto de la mujer de cada país es un aspecto fundamental que debe tenerse en cuenta. Ello puede contribuir tanto al fortalecimiento de la perspectiva de género en las agendas digitales, como a la introducción dentro de la agenda más amplia de género de iniciativas de inclusión digital y empoderamiento de las TIC.

Respecto al INMUJERES, hay otro tema que merece ser destacado. El nuevo Gobierno de México determinó que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, rector de toda la política pública, se incorpore la perspectiva de género como eje transversal en todos los capítulos. En consecuencia, el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (PROIGUALDAD) dejará de ser un programa especial para convertirse en un programa transversal. Esto significa que todos los programas sectoriales, incluida la Agenda Digital, deberán articularse con el PROIGUALDAD del INMUJERES.

De acuerdo con lo anterior, en lo referente a la Agenda Digital el INMUJERES se encuentra actualmente planificando una serie de acciones para los próximos años:

•Incorporar la transversalidad de género como principio rector de las políticas que se desarrollen en el ámbito de la innovación de las nuevas tecnologías.

•Ampliar el conocimiento sobre la participación de las mujeres en los temas de ciencia y tecnología, y reducir la brecha digital para alcanzar la igualdad.

•Asumir el liderazgo para incorporar a las mujeres en acciones y programas que faciliten su participación en los ámbitos tecnológicos, en la adquisición de las capacidades tecnológicas y en el aprovechamiento de las TIC para su empoderamiento económico, político y social.

•Diseñar acciones dirigidas a que Internet se convierta en una herramienta que favorezca la expansión de los proyectos de las mujeres.

Además de las iniciativas descritas, el INMUJERES realiza un taller de alfabetización tecnológica denominado “Introducción a las tecnologías de la información y comunicación (TIC)”. De 2008 a 2012 se efectuaron 40 talleres, en que participaron casi 2.000 mujeres del medio rural. Para 2013 están programados 12 talleres, que se impartirán en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Otra iniciativa pública relevante la ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México, a través de la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Esta agencia coordina el programa Mujer Migrante, que tiene como objetivo promover el acceso a las TIC de las mujeres migrantes y sus familias, con el fin de propiciar la adopción de estas tecnologías y contribuir a evitar que las mujeres se distancien por razones geográficas, educativas, económicas y culturales. Actualmente, el programa cuenta con el respaldo y la colaboración de más de 30 instancias públicas y organizaciones sociales.

Las principales acciones de este programa son:

•Portal: el portal www.mujermigrante.mx cuenta con información útil para la población migrante. Ofrece cerca de 810 contenidos, incluidos videos, historietas, cursos y tutoriales con información relevante para mujeres migrantes y sus familias. El portal dispone de un servicio de atención en línea (chat) y también de un servicio de atención telefónica. Recibe un promedio mensual de 6.000 visitas, desde países como los Estados Unidos, España y Colombia, entre otros.

•Aplicaciones: están disponibles en el sitio cuatro aplicaciones móviles descargables de forma gratuita para sistemas operativos iPhone y Android: el chat Mujer Migrante, ¡Ayuda!, Manos Amigas y Guía Legal pro Mujeres. A través de estas aplicaciones las mujeres reciben atención e información sobre sus derechos de forma ágil y oportuna.

•Capacitación: se han realizado 31 talleres de capacitación presencial y actualmente se imparte el curso en línea “Mujeres que migran”, dirigido a público interesado en temas migratorios (mujermigrante.mx/cursoenlinea/).

•Difusión: los contenidos y servicios que ofrece el portal se han difundido a través de anuncios con perspectiva de género que fueron transmitidos a través de radios comunitarias y universitarias en todo el país.

•4. Estrategia Digital República Dominicana: e-Dominicana

En 2011, el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF) de este país dio a conocer los resultados del estudio ¿Otro techo de cristal? La brecha digital de género en la República Dominicana (CIPAF, 2011a), como parte del proyecto Género y TIC, que contó con el apoyo de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-MUJERES). Algunas de sus principales conclusiones fueron las siguientes:

•Persiste la brecha de género en el uso de computadoras y sobre todo en el acceso a Internet.

•Las mujeres representaban en 2009 el 64% de la matrícula universitaria, pero en las ciencias básicas y las TIC su presencia llegaba a menos del 50% de los estudiantes matriculados.

•En las carreras de TIC, la proporción de mujeres era de un 43%, pero se observaba un alto grado de masculinización en todas las carreras, excepto ingeniería de la computación.

•Pese a que las mujeres representan el 51% del empleo total en la industria de las TIC, hay un alto nivel de segregación sexual del empleo, que se expresa en la subrepresentación de las mujeres en los puestos de toma de decisiones al más alto nivel. Existe también una baja participación de las mujeres en puestos de profesionales de la ciencia y las ingenierías, especialmente en las ocupaciones vinculadas con las TIC, como desarrolladores y analistas de software y multimedia.

En 2004, la República Dominicana formuló su primera Estrategia Nacional de Tecnologías de la Información y la Comunicación para el Desarrollo, denominada e-Dominicana, bajo la coordinación del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL). En 2005, se presentó una segunda versión, denominada “e-Dominicana: Navegando hacia el futuro” (CIPAF, 2011b).

La Comisión Nacional para la Sociedad de la Información y el Conocimiento (CNSIC) es la instancia de coordinación de dicha Estrategia, y está presidida por el INDOTEL e integrada por actores gubernamentales, del sector privado y de la sociedad civil.

De acuerdo con el CIPAF (2011b), la primera versión de la e-Dominicana incluyó la equidad de género como una de sus áreas prioritarias, definiendo objetivos y proyectos específicos para el desarrollo de capacidades, la disminución de la brecha digital, el desarrollo de aplicaciones TIC y la creación de contenidos. En la segunda versión (2005-2010), en cambio, se definieron objetivos prioritarios más generales.

Actualmente, la Estrategia Nacional para la Sociedad de la Información de la República Dominicana (e-Dominicana 2011-2015) se apoya en cinco pilares esenciales:

impulsar la formación digital de los ciudadanos;

•promover el gobierno electrónico;

•aumentar la penetración de las tecnologías de información y comunicación en las zonas rurales y urbanas marginales;

•desarrollo del sector empresarial y la competitividad nacional, y

•vinculación, integración y articulación de los actores y sectores de la sociedad dominicana.

En ese contexto, se desarrolló una importante iniciativa del CIPAF, como parte del proyecto Género y TIC. En una primera etapa (2010-2011), se elaboró el estudio ya mencionado (¿Otro techo de cristal? La brecha digital de género en la República Dominicana), en que se presentó un diagnóstico de la situación de desigualdad de género en materia de TIC en el país y sus factores determinantes, y un balance de la perspectiva de género del conjunto de políticas e iniciativas en el campo de la sociedad de la información. Sobre esa base y a partir de un amplio proceso de consultas a actores públicos y de la sociedad civil, se formuló una propuesta tendiente a incorporar una serie de demandas y proyectos de género en la Estrategia Nacional para la Sociedad de la Información: el Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en la Sociedad de la Información (PIOM-SI).

Este plan fue presentado públicamente en 2012 y debido a la rigurosidad del diagnóstico y a las pormenorizadas propuestas que se realizan para reducir la brecha digital de género en los distintos niveles en que se expresa, es una referencia destacada para los esfuerzos por integrar la perspectiva de género en las políticas digitales de la región[7].

Por su parte, el Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género (PLANEG), del Ministerio de la Mujer, incluye como uno de sus ejes nacionales la promoción de la plena participación de las mujeres en la sociedad de la información y del conocimiento, y postula que esta sea una estrategia prioritaria para el empoderamiento y progreso de las mujeres. En este sentido, el PLANEG se nutrió del PIOM-SI y contiene objetivos, áreas de intervención, líneas de acción y un conjunto de iniciativas orientadas a incorporar el enfoque de igualdad de género en las políticas públicas sobre las TIC.

Otro importante punto de encuentro entre la iniciativa del Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), el Ministerio de la Mujer y la estrategia digital de la República Dominicana fue la conformación en 2011 de la Mesa de Trabajo Género y TIC, en el marco de la Comisión Nacional para la Sociedad de la Información y el Conocimiento (CNSIC) (que coordina la e-Dominicana), en la que también participan el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y distintos ministerios. De esta manera, se buscó impulsar que la igualdad y la equidad de género estén presentes en el diseño de las políticas públicas nacionales sobre TIC y se constituyan en un eje transversal de la nueva e-Dominicana, por medio de políticas, programas y proyectos específicos que posibiliten superar la actual brecha digital de género en ese país.

C. Hacia agendas digitales más integrales y con perspectiva de género

En las secciones anteriores se presentaron las políticas digitales que se han implementado gradualmente en los países de la región, destacando el significativo impacto que han tenido en el desarrollo y en la inclusión digital tanto de hombres como de mujeres. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se incorpora en estas políticas la dimensión de género en forma transversal y a través de medidas específicas, pese a la persistencia de brechas de género y al potencial impacto positivo que las estrategias digitales tienen para promover una participación más activa de las mujeres en el diseño y construcción de la sociedad de la información y del conocimiento.

En ese contexto, algunas experiencias nacionales como las del Ecuador, México y la República Dominicana marcan un progreso importante en relación con la necesaria atención que la temática de género merece en las estrategias digitales. En ese sentido, dichos países están alineados con los consensos alcanzados en el marco del Plan de Acción sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe (eLAC) y con el Plan de Trabajo 2013-2015 para la Implementación del Plan de Acción sobre la Sociedad de la Información y del Conocimiento para América Latina y el Caribe (eLAC 2015). En efecto, en la sección sobre temas emergentes y relevantes de este Plan de Trabajo se propone “avanzar en la implementación transversal de la perspectiva de género en las políticas orientadas a superar la brecha digital y promover la generación de estadísticas e información sobre la brecha de género y los impactos diferenciados de las TIC”.

Una de las principales lecciones aprendidas de las experiencias más avanzadas de la región que se presentan en este capítulo muestra la importancia de articular las políticas de igualdad de género con las estrategias digitales a nivel local y nacional. En otras palabras, señala la necesidad de impulsar y articular políticas de igualdad respecto a la sociedad de la información (desde las agencias encargadas de las políticas de igualdad) y políticas digitales respecto a la igualdad de género (desde las agencias encargadas de las agendas digitales). Se trata de garantizar la igualdad de género en la sociedad de la información y, al mismo tiempo, de utilizar las TIC como herramientas para fomentar la igualdad de género en la sociedad.

La importancia de esa articulación y, en términos más generales, la actualidad que tiene la incorporación de la dimensión de género en las agendas digitales se desprende también de las mejores prácticas observadas a nivel internacional.

En España, durante los últimos años, se ha dado un salto cualitativo en materia de políticas de TIC y género, en una experiencia de la que pueden destacarse tres hitos. En primer lugar, en 2007 entró en vigor la Ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en la que se reconoció la necesidad de aplicar el principio de igualdad de oportunidades al ámbito de la sociedad de la información y se instó a los poderes públicos a promover la plena incorporación de las mujeres en esta materia[8]. En segundo lugar, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad puso en marcha el Plan de Acción para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Sociedad de la Información (2009-2011), formulado con un enfoque abarcador y articulando medidas para dar respuesta a las distintas brechas de género identificadas (de acceso, de intensidad y de usos). Con este plan se buscó, además, incidir sobre los agentes públicos vinculados a las políticas sectoriales, definiendo las responsabilidades de cada una de las entidades estatales involucradas. En tercer lugar, el Plan Avanza, la agenda digital ejecutada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, incorporó iniciativas específicas de igualdad de género, principalmente en su primera versión y en el componente de ciudadanía digital (Ministerio de Industria, Energía y Comercio de España, 2005).

Otro ejemplo es la Agenda Digital para Europa, en la que se reseñan las políticas digitales de cada país miembro de la Unión Europea (UE), que incorpora como una de sus líneas de acción la promoción de “una mayor participación de las mujeres jóvenes o que se reincorporen al trabajo en la fuerza laboral de las TIC”, a través del fomento de la teleformación y del aprendizaje electrónico basado en juegos y redes sociales. Además se destaca en esta agenda la necesidad de atraer a más mujeres a las carreras vinculadas a las TIC. Se trata de una preocupación que emerge frente a la evidencia de que las mujeres europeas representan menos de un tercio del empleo en el sector de las TIC y mayormente ocupan puestos de menor responsabilidad que los hombres, en un contexto en que esta industria tiene un gran déficit de trabajadores calificados.

La creciente comprensión de que el proceso de difusión, uso y apropiación de las TIC no es automático ni universal, y que la inserción activa en el paradigma digital de los distintos segmentos sociales es tanto una necesidad para el desarrollo inclusivo como un desafío que exige estrategias específicas y complejas, ha permitido ir avanzando hacia estrategias digitales cada vez más integrales en la región.

En las agendas formuladas en años más recientes se ha tendido a abarcar aspectos más diversos que en las primeras iniciativas, que estaban enfocadas casi exclusivamente en temas de acceso, infraestructura, servicios de gobierno en línea e introducción de las TIC en la educación. El desarrollo de capacidades de uso, producción e innovación digital emerge como un gran desafío para nuestras sociedades y para dar un verdadero impulso a la economía digital en la región. También surgen nuevos temas en las agendas públicas de TIC, como datos abiertos, medio ambiente, computación en nube, redes sociales y el uso de macrodatos como apoyo a la toma de decisiones de política.

Los temas de género deberían ganar fuerza en este contexto, en que las estrategias digitales se tornan de manera creciente más sofisticadas. Hoy es muy claro, y así lo reconocen también países de mayor grado de desarrollo digital, que existe una brecha de género y que para superarla se requiere diseñar e implementar políticas específicas.

Estas políticas no pueden limitarse a determinadas áreas, como acceso e inclusión digital. La perspectiva de género debe cruzar de manera transversal las estrategias digitales para hacer frente a las distintas brechas identificadas (en alfabetización, uso, formación, apropiación, ciencia e innovación y autoempleo en las TIC, entre otras esferas de la economía digital) y a todos los espacios donde niñas, adolescentes y mujeres enfrentan problemas específicos, desventajas o discriminación, como salud, educación, empresas, seguridad ciudadana y ciberseguridad, y protección de datos personales, entre otros.

D. En síntesis

Naturalmente, el desarrollo de propuestas de género dentro de las agendas digitales, así como la inclusión de una agenda de TIC dentro de las políticas de igualdad, no es tarea de un único actor estatal sino de la confluencia de esfuerzos, recursos y sensibilidades de los diversos actores públicos involucrados en los temas de innovación, TIC, igualdad, educación, salud y empleo, entre otros. Asimismo, debe ser un proceso abierto a los aportes de la sociedad civil, de la academia y del sector privado.

El objetivo final es contribuir a reducir la brecha que existe entre hombres y mujeres en la construcción y participación en la sociedad de la información y del conocimiento, logrando para ello que las estrategias digitales incorporen el enfoque de género tanto en sus objetivos generales y sectoriales como en las diferentes líneas de acción y en los indicadores necesarios para su monitoreo.

[1] Se refiere a las políticas que instauran un entorno propicio a nivel nacional e internacional para el desarrollo de la sociedad de la información.

[2] Como el programa Habilidades Digitales para Todos (HDT) de México, un macroproyecto de desarrollo y uso de TIC en la educación básica, cuyo impacto potencial alcanza a 9,2 millones de alumnos y alumnas y 500.000 docentes.

[3] El Plan Ceibal del Uruguay, que ha implementado el programa “una computadora por niño”, constituye una de las mayores iniciativas en este terreno llevadas a cabo en el mundo. Se inició en 2007 como proyecto piloto y en 2008 se extendió a todo el país. Además de la provisión de equipamiento, prevé la conectividad a Internet de los centros escolares y otros espacios públicos, así como de los hogares.

[4] En la Argentina, por ejemplo, se ha impulsado la conformación de Polos Audiovisuales Tecnológicos y en 2010 se creó el Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino (BACUA); en Colombia se formuló en 2011 la Política de Promoción de la Industria de Contenidos Digitales, y en el Brasil está en fase de elaboración, en el Ministerio de Comunicaciones, la política nacional de contenidos digitales creativos.

[5] Véase Camacho (2013).

[6] Se trata de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en Hogares, realizada en abril de 2012 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y del Estudio Hábitos de los Usuarios de Internet en México, elaborado por la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI).

[7] También forma parte de este plan un proyecto demostrativo que se describe en el capítulo V: los clubes de matemáticas e-Chicas y Supermáticas, dirigidos a mantener el interés por las asignaturas de ciencias entre las niñas y adolescentes de las escuelas públicas dominicanas.

[8] En el artículo 28 de la Ley, sobre Sociedad de la Información, se establece: 1. Todos los programas públicos de desarrollo de la Sociedad de la Información incorporarán la efectiva consideración del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución. 2. El Gobierno promoverá la plena incorporación de las mujeres en la Sociedad de la Información mediante el desarrollo de programas específicos, en especial, en materia de acceso y formación en tecnologías de la información y de las comunicaciones, contemplando las de colectivos de riesgo de exclusión y del ámbito rural. 3. El Gobierno promoverá los contenidos creados por mujeres en el ámbito de la Sociedad de la Información. 4. En los proyectos del ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación sufragados total o parcialmente con dinero público, se garantizará que su lenguaje y contenidos sean no sexistas.

Conclusiones

Las estrategias de desarrollo basadas en el cambio estructural, es decir, en la diversificación productiva con mayor incorporación de conocimiento e innovación, permitirían a los países de la región un crecimiento económico sustentable y un desarrollo más inclusivo, ampliando los espacios de igualdad entre las personas. Numerosos estudios muestran que las nuevas tecnologías, y en particular las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), son un importante vector de transformación de la vida social, económica y política en todo el mundo. Estas contribuyen a la creación de nuevas oportunidades económicas y de empleo, y muchos países de la región están en condiciones de aprovechar sus ventajas para acelerar los procesos de desarrollo para el cambio estructural.

Los efectos del uso de las TIC sobre el proceso de avance de la igualdad de género han sido irregulares. Si bien se han logrado progresos en esta dirección, se mantienen antiguas desigualdades y surgen otras nuevas que ponen en evidencia los altibajos, los bloqueos y la resistencia al cambio. Este documento pone el foco en la relación existente entre la sociedad de la información, la autonomía económica de las mujeres y la igualdad de género, mostrando que:

i) Las TIC pueden incidir en un mayor crecimiento y productividad de los emprendimientos liderados por mujeres, abriéndoles posibilidades para entrar en nuevos canales de negociación y comercialización de sus productos, y permitiéndoles participar activamente en la economía de mercado, ser más competitivas y aprovechar la economía digital para el logro de sus derechos y su bienestar personal.

ii) En la economía digital, al igual que en otros paradigmas del desarrollo, las oportunidades no se distribuyen de manera equitativa ni entre los países, ni entre las personas, de modo que se producen asimetrías que se deben combatir con políticas específicas. El orden de género por el cual las mujeres siguen siendo las principales responsables del trabajo no remunerado y del cuidado en los hogares interactúa con las nuevas formas de organización de la economía global. La profundidad de la brecha digital que afecta a las mujeres puede aumentar aun cuando la población excluida de la sociedad de la información esté disminuyendo. Esto explica en buena medida la lentitud con que se cierran las brechas de género, especialmente en lo que se refiere al empleo vinculado con las TIC.

iii) Las mujeres continúan siendo afectadas por el cruce de múltiples discriminaciones. Todavía es muy alta la proporción de mujeres presentes entre las personas que viven en hogares pobres. El índice de feminidad de la pobreza para las personas entre 20 y 59 años de edad indica que en todos los países de la región más mujeres que hombres viven en hogares pobres en este tramo de edad. Por otra parte, si bien la participación femenina en el mercado laboral ha aumentado, el estancamiento producido a partir de la década de 2000 ha dejado a la mitad de las mujeres latinoamericanas y caribeñas desvinculadas de dicho mercado.

iv) Mientras la proporción de mujeres que no tienen ingresos propios en la región es de un 30,4% en las áreas urbanas, en las áreas rurales llega a un 41,4%, lo que implica una diferencia de 11 puntos porcentuales. En cuanto a la inserción en el mercado laboral, las mujeres que habitan en áreas rurales presentan una tasa de actividad superior al 40%, lo que indica una presencia importante de las mujeres en ese mercado, pero aún persiste una diferencia muy considerable respecto de la tasa de actividad masculina, que alcanza a más del doble (83,7%) en la misma área de residencia.

v) Mujeres con el mismo nivel de capacitación y formación académica no tienen las mismas oportunidades de trabajo, ni las mismas trayectorias profesionales y salarios que los hombres. La calidad del empleo de las mujeres en sectores económicos vinculados a las TIC está caracterizada por una marcada segregación ocupacional de género y por la subvaloración del trabajo femenino. La incorporación de las nuevas tecnologías no ha afectado significativamente la estructura segregada de las ocupaciones y ha producido una nueva segmentación en algunas de ellas. Aunque las mujeres superan a los hombres en los logros educativos, se reproducen los patrones de la segregación horizontal y vertical que concentra a las mujeres en determinadas ocupaciones, generalmente identificadas como “empleos de mujeres”, colocándolas en los puestos de menores requerimientos tecnológicos y de peores salarios.

vi) Las pequeñas empresas y, en especial, las microempresas se han convertido en un espacio por excelencia asociado a las mujeres, ya que brindan mayores posibilidades de conciliación entre el trabajo remunerado y las responsabilidades familiares, aunque muchas veces los actores que ofrecen facilidades para su formación y los créditos vinculados a estos emprendimientos no reconozcan a las mujeres como su principal grupo objetivo. El hecho de que en muchos casos el lugar de trabajo esté en el hogar afecta la productividad y reproduce la división sexual del trabajo relativa al cuidado y la carga de trabajo doméstico. La alta participación de las mujeres en las pymes es una expresión de la desigualdad y presenta un desafío para el cambio estructural basado en las nuevas tecnologías. Las oportunidades que representan las pymes no podrán ser cabalmente aprovechadas si las políticas de acceso al crédito, distribución de activos y capacitación para los negocios no se distribuyen de manera más equitativa y no se ajustan a las necesidades de las mujeres.

vii) El diagnóstico destaca que las niñas y las mujeres jóvenes tienen menos posibilidades que los hombres de obtener la educación y la información necesarias para acceder a una carrera en ciencia y tecnología. Asimismo, revela que las mujeres que trabajan en este campo laboral, caracterizado también por roles, imágenes y estereotipos masculinos, poseen menos posibilidades de ser promovidas, existiendo una mayor concentración de mujeres en los niveles inferiores de clasificación de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología. Ello tiene su explicación en las relaciones de poder asimétricas entre hombres y mujeres, enraizadas históricamente en el sistema de género hegemónico que se reproduce en la familia, la escuela y el mundo laboral.

viii) Las políticas de desarrollo en general y las políticas de desarrollo productivo en particular no pueden ser neutrales. Así como deben tomar en cuenta las desigualdades existentes entre países y entre economías, debieran también considerar y apuntar a superar las desigualdades de género que se observan en la integración a la sociedad, el mercado laboral y la familia. Ha quedado en evidencia que hay una gran cantidad de iniciativas orientadas a la difusión y uso de las TIC en múltiples áreas que contribuyen de un modo concreto al avance de las mujeres y de la igualdad de género en la región. No se trata solamente de políticas públicas, sino también de proyectos ejecutados por asociaciones, universidades y empresas. Pero, al mismo tiempo, se plantea la necesidad de potenciar dichos esfuerzos con una mirada más estratégica y pedagógica, incorporando más inversión e innovación y sumando compromisos orientados a lograr una verdadera igualdad de género en el marco de la sociedad de la información y del conocimiento. Estas políticas no pueden limitarse a determinadas áreas, como acceso e inclusión digital. La perspectiva de género debe cruzar de manera transversal las estrategias digitales para hacer frente a las distintas brechas identificadas (en alfabetización, uso, formación, apropiación, ciencia e innovación, y autoempleo en las TIC, entre otras esferas de la economía digital) y a todos los espacios donde niñas, adolescentes y mujeres enfrentan problemas específicos, desventajas o discriminación.

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Valenzuela, M. E. (ed.) (2005), “¿Nuevo sendero para las mujeres? Microempresa y género en América Latina en el umbral del siglo XXI”, Santiago de Chile, Centro de Estudios de la Mujer (CEM).

Xie, Y. y K.A. Shaumann (2003), Women in Science: Career Processes and Outcomes, Cambridge, Harvard University Press.

Yáñez, Sonia (2007), “Género y excelencia en investigación científica y tecnológica”, documento presentado en la Conferencia internacional “Excelencia científica y equidad de género: en busca de buenas prácticas en investigación científica y tecnológica”, Santiago de Chile, Centro de Estudios de la Mujer y Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) [en línea] http://www.cem.cl/conferencia/soniayanez.pdf.

(2004), “La flexibilidad laboral como nuevo eje de la producción y reproducción” El trabajo se transforma. Relaciones de producción y relaciones de género, Rosalba Todaro y Sonia Yañez (eds.), Santiago de Chile, Centro de Estudios de la Mujer (CEM).

Yáñez, Sonia y Lorena Godoy (2010), “Gender images and stereotypes on female E&T research careers in higher education in Chile”, Women in Engineering and Technology Research, The PROMETEA Conference Proceedings, Anne-Sophie Godfroy-Genin (ed.), Berlín, Lit Verlag.

Anexos

Anexo 1

La agenda a futuro: integralidad del desarrollo y transversalidad de género en las políticas para la economía digital

Entender el proceso por el cual se configura y persiste la brecha digital de género es crucial para diseñar políticas eficaces que permitan revertir la inserción desventajosa de las mujeres en la sociedad de la información y del conocimiento.

El avance hacia la sociedad de la información y la igualdad de género pueden potenciarse recíprocamente ya que ambos procesos entrañan cambios profundos en la conceptualización y organización del trabajo. Ambos permiten y requieren una mirada sistémica de los procesos creativos y tienen la virtud de poner en evidencia la porosidad de las fronteras entre lo público y lo privado. Una mayor y mejor participación de las mujeres en la sociedad de la información, incentivada por políticas públicas, produciría un amplio rango de beneficios, contribuyendo a aumentar la creatividad, las habilidades y la competitividad en los sectores tecnológicos y en la sociedad en su conjunto. A su vez, produciría un aumento y cambios en la masa crítica de profesionales que trabajan en las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) requeridos para el desarrollo de la economía digital a nivel nacional y regional.

En este contexto, resulta difícil comprender el rezago en las políticas públicas para promover la integración de las mujeres en la economía digital, la falta de información sobre la situación de las mujeres en la economía (ver anexo 2), la débil presencia de la perspectiva de género en las agendas digitales y la persistencia de supuestos y estereotipos que permiten la reproducción de la segregación laboral, la discriminación salarial y la sobrecarga de tiempo de trabajo total.

A lo largo de los últimos años y de la mano de la teoría feminista como teoría de la igualdad, se ha comprobado que las formas de exclusión que existen en la sociedad no actúan de forma independiente unas de otras; al contrario, se interrelacionan creando un sistema de dominación que refleja la “intersección” de múltiples formas de discriminación. Es por esta razón que, para que la perspectiva de género produzca cambios reales, se deben transversalizar todas las políticas públicas en el marco de la economía digital.

A la luz de la persistencia de las desigualdades en la sociedad del conocimiento, surge una vez más la necesidad de un análisis crítico del desarrollo. La inclusión de la perspectiva de género en las estrategias de desarrollo no puede limitarse a la incorporación de la mujer en cada tema que se trate, ni a una sección específica en los planes de desarrollo, tampoco a una descripción de los efectos de las desigualdades en las vidas de las mujeres. Por el contrario, debe trascender esta mirada limitada y fraccionada, mostrando cómo las relaciones desiguales de género son relaciones de poder que están en la base de los procesos económicos, políticos y culturales. De esta manera se estará avanzando hacia un análisis que respete la complejidad del desarrollo y se podrán minimizar los eventuales fracasos de algunas políticas públicas, independientemente de las buenas intenciones que las animan. Es desde esta concepción que se ha trabajado en la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, tal como se refleja en los consensos de Brasilia, Quito, México y Lima, entre otros.

Desde un concepto de desarrollo restringido por los actores e intereses dominantes, el crecimiento económico y la distribución rebajada a la teoría del goteo, se ha avanzado hacia nuevos y más complejos conceptos que dan cuenta del fracaso de los enfoques tradicionales acerca de los caminos para lograr mayor igualdad. La CEPAL instaló en su agenda el concepto de igualdad y titularidad de derechos: en La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir, la igualdad queda plasmada como principio ético y objetivo último del desarrollo.

El concepto de desarrollo restringido se vincula en exceso con el crecimiento de la producción de bienes dirigidos al mercado. No contempla suficientemente la producción de servicios, ni la producción no dirigida al mercado (realizada en los hogares o por instituciones sin fines de lucro), ni los costos (sobre el bienestar de las personas y en particular de las mujeres, el medioambiente y la economía) asociados a la destrucción de recursos no renovables y a la contaminación del medioambiente.

El análisis de género contribuye a entender los vínculos complejos de todas las dimensiones que operan en los procesos de desarrollo. Esto ha significado la redefinición de algunos conceptos básicos, entre ellos los de trabajo, producción, reproducción, riqueza, distribución, crecimiento y el propio concepto de desarrollo. Dada la complejidad y diversidad de los desafíos que plantean estas redefiniciones, conviene resaltar la importancia de trabajar en tres ámbitos:

•Visibilizar el lugar que ocupan las mujeres y las relaciones de género en las políticas públicas, especialmente las políticas económicas y las agendas digitales, por ser estas el espacio desde el que se construyen y promueven los modelos reales de desarrollo existentes.

•Revalorizar el mundo del trabajo como espacio de construcción de ciudadanía mostrando el aporte económico y social del trabajo no remunerado y sus vínculos con el trabajo remunerado, y promoviendo una nueva distribución, más equitativa, de los ingresos, los recursos, el tiempo y el poder.

•Fortalecer la intersectorialidad y la territorialidad de las políticas para que posibiliten la superación de las diversas discriminaciones que enfrentan las mujeres, entendiendo que es fundamental contar con políticas públicas atentas a las desigualdades del ámbito rural y a las desigualdades étnico-raciales.

En estos tres ámbitos, el acceso y uso equitativo de las TIC tiene un valor estratégico ya que permite acelerar los procesos de cambio estructural y fortalecer círculos virtuosos entre integración e innovación.

Si se considera que el objetivo que buscan los países es la elaboración de propuestas para el desarrollo de políticas de inclusión digital con perspectiva de género, se debe conocer cómo operan en cada país las distintas brechas identificadas, en materia de alfabetización, uso, formación, apropiación, ciencia e innovación y autoempleo, entre otras esferas de la economía digital, considerando todos los espacios donde niñas, jóvenes y mujeres enfrentan desafíos, desventajas o discriminación.

Los mecanismos de discriminación se reproducen en el uso de las TIC y se visibilizan en la brecha digital de género. Esto disminuye significativamente los beneficios que las mujeres podrían obtener con el uso de las TIC como herramienta fundamental para una mejor incorporación al mundo laboral y acceso a educación y salud, así como a los beneficios que acarrean las nuevas formas de gestión y comunicación en que se establecen los vínculos y las redes sociales.

En este sentido, se plantean a continuación algunos temas e interrogantes clave que deberían ser investigados a fin de ofrecer nuevos insumos para el diseño de políticas de igualdad:

•Trabajadoras de pequeñas y medianas empresas (pymes) y emprendedoras:

- Analizar y proponer políticas específicas en la región (a nivel nacional y local) para promover los emprendimientos productivos liderados por mujeres considerando aspectos imprescindibles, tales como acceso al crédito, capacitación en TIC, incubación y fomento.

- Incorporación de las TIC en empresas dirigidas por mujeres en sectores tradicionales como educación, salud, turismo y servicios personales.

•Mujeres en empresas de TIC:

- Indagar sobre las condiciones laborales que tienden a imponerse en empresas de TIC (flexibilidad de horarios y posibilidad de teletrabajo, pero también el compromiso irrestricto exigido), así como las prácticas de capacitación que favorecen u obstaculizan la igualdad de género.

- Investigar y proponer estrategias de superación de la segregación laboral, con un énfasis especial en el concepto del techo de cristal que afecta a las mujeres.

•Mujeres en carreras asociadas a TIC:

- Investigar sobre los estereotipos de género presentes en la educación que desincentivan a niñas y jóvenes de estudiar carreras no feminizadas como las del área científico-tecnológica.

- Relevar políticas y programas tendientes a favorecer un mayor interés de las niñas en las ciencias exactas y de las jóvenes en la formación en el área de las TIC.

- Indagar sobre las experiencias de producción de software y contenidos digitales no sexistas.

•Perspectiva de género en las políticas digitales:

- Analizar experiencias de transversalización de género en las políticas y agendas científico-tecnológicas a través del liderazgo de los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer.

- Investigar sobre los aspectos relevantes de la segunda brecha digital, que afecta particularmente a las mujeres.

- Investigar sobre buenas prácticas de integración de la perspectiva de género en las agendas y estrategias digitales (nacionales y locales) y mapear los formatos institucionales más propicios para una articulación de estas políticas a nivel gubernamental. ¿Cuál debiera ser la interacción entre las políticas de igualdad y las estrategias digitales?

•Autonomía económica de mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes y migrantes

- Profundizar en el estudio de los alcances y limitaciones de las condicionantes de la primera y la segunda brecha digital.

- Ampliar la producción de información estadística y el análisis sobre las condiciones de vida y la autonomía económica de estos sectores de la población.

Todo lo anterior demanda un esfuerzo sostenido y transversal para mejorar la recolección, el procesamiento, el análisis y la difusión de información estadística desagregada por sexo.

Anexo 2

Autonomía de las mujeres: las cifras hablan

El anexo estadístico fue elaborado sobre la base de información cuantitativa disponible en la CEPAL, organismos internacionales (Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)) e institutos u oficinas nacionales de estadísticas de los países de América Latina y el Caribe. Los indicadores han sido calculados a partir de estadísticas oficiales, ya sea directamente por las entidades gubernamentales o mediante un proceso de homologación y estandarización por parte de la CEPAL.

Los datos utilizados corresponden a la última información disponible. La falta de actualización o atraso que se advierte respecto del período actual se debe principalmente al lapso que transcurre entre la captación de la información y la preparación de las bases de datos para las fases de procesamiento y análisis. Es preciso destacar que el criterio de comparabilidad regional de los datos es indispensable para este tipo de documentos. Puede suceder, por tanto, que algún país tenga información más actualizada pero no en condiciones de homologación y comparabilidad, y en ese caso se ha trabajado con el último dato disponible comparable. En algunos indicadores se utilizan series de datos, considerando la importancia de ilustrar la magnitud y la evolución en el tiempo de una situación. La mayor parte de los indicadores presentados en este anexo se encuentran disponibles en el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG)[1] y en CEPALSTAT (portal de estadísticas de la CEPAL).

La autonomía de las mujeres es el concepto sobre el que se estructura la información del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe para evaluar el progreso, los obstáculos y las resistencias respecto de la igualdad de género en la región (CEPAL, 2013c).

Actualmente se dispone de indicadores en línea (en CEPALSTAT) que contribuyen a dar cuenta de los múltiples aspectos vinculados con las autonomías física, en la toma de decisiones y económica de las mujeres.

No siempre ha sido posible reflejar la situación particular de cada país de la región, así como captar la diversidad de situaciones que afectan a grupos de población específicos (mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes, migrantes) desagregando la información, ya que no se cuenta con la magnitud muestral necesaria o con una recolección sistemática, periódica y confiable de información relativa a ciertos tópicos o que represente a grupos de población con determinadas características. El avance en los últimos años ha permitido disponer de más y mejores datos; sin embargo, esto no es suficiente. La brecha en la producción estadística mediante variables relevantes desagregadas por sexo aún persiste. Esto implica que, dependiendo del país, no siempre se cuenta con información actualizada y con posibilidades de desagregación.

Existe un gran desafío en la generación, análisis y difusión de estadísticas oficiales desagregadas por sexo, con coberturas geográficas tanto para el área urbana como rural. Otro desafío es la incorporación de nuevas temáticas, la explotación de estadísticas económicas de base y de los registros administrativos. Esta tarea requiere una mejor coordinación y priorización dentro de los sistemas estadísticos nacionales de la región, especialmente para las mediciones de estadísticas de base intercensales en los ámbitos económico, social y demográfico, entre otros.

Para poder tomar buenas decisiones que permitan avanzar hacia una sociedad inclusiva, democrática, igualitaria y sin discriminaciones entre mujeres y hombres, es necesario invertir en producción estadística robusta, de calidad y con amplias posibilidades de desagregación por sexo.

La medición periódica y sistemática de fenómenos nuevos o poco estudiados y que habitualmente tienen una valoración distinta a las mediciones más tradicionales devela brechas sumamente profundas entre mujeres y hombres. Un ejemplo es la medición del trabajo no remunerado, en que pese a la escasez y diversidad metodológica de la información existente se constatan diferencias abismales entre mujeres y hombres en la composición de la carga del trabajo total.

En este anexo estadístico se ha integrado información proveniente tanto de los hogares como de las empresas, de encuestas, de censos y de registros administrativos. El anexo se encuentra organizado en seis secciones, en que se presenta información que cubre desde una visión más global hasta casos específicos, permitiendo así disponer de datos actualizados que complementan el análisis expuesto en el documento, incluidos tanto datos tradicionales como nueva información. Las secciones del anexo son:

1. Situación del mercado laboral: una mirada desde las personas y las empresas (cuadros del A.1 al A.11)

2. Educación, investigación y desarrollo (cuadros del A.12 al A.14)

3. Pobreza y género (cuadros del A.15 al A.19)

4. Acceso y uso de Internet (cuadros del A.20 al A.27)

5. Mujeres en el ámbito rural y mujeres indígenas (cuadros del A.28 al A.33)

6. Mujeres en el sistema financiero: el caso chileno (cuadros del A.34 al A.42)

A continuación se hace una breve reseña de las fuentes consultadas para elaborar los indicadores que se presentan en el documento y en el anexo estadístico.

Encuestas de hogares

Los indicadores de empleo, pobreza e ingresos, situación de los hogares y familias provienen de las encuestas de hogares de los países para los cuales se dispone de información en las bases de datos de la CEPAL y cuyo procesamiento fue posible gracias a la aplicación de algoritmos de homologación. Respecto de los países del Caribe, la baja cobertura de encuestas de este tipo se refleja en la escasa información existente en comparación con el resto de países de la región; en otros casos, la información existente no estuvo disponible para su procesamiento.

Encuestas de uso del tiempo

Es importante destacar que existen grandes variaciones entre las encuestas de uso del tiempo. Algunos países han optado por encuestas independientes, otros por módulos adosados a las encuestas de hogares o de empleo y otros simplemente por incorporar un set de preguntas en encuestas regulares. Uno de los principales problemas es que no todos los países cuentan con definiciones y cálculos homologables, es decir, las magnitudes no se han calculado con los mismos parámetros de comparabilidad. Sin embargo, es importante destacar que, independientemente de la metodología, todos los resultados exhiben un patrón similar respecto del comportamiento de mujeres y hombres frente a la distribución del tiempo y el nivel de participación en tareas remuneradas y no remuneradas.

Censos

Para los indicadores de participación económica y de población ocupada por sexo se utilizaron censos económicos y agropecuarios. En el caso del análisis de la situación de las mujeres indígenas se contó con el apoyo del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL y se trabajaron los censos de población de la última ronda que permiten aperturas por condición étnica.

Otras fuentes de información

En este anexo estadístico se incursiona en una mirada poco habitual de las estadísticas de género. Se procesaron fuentes de información no tradicionales en la producción de las estadísticas de género, indagando en las estadísticas económicas de los países para obtener información y poder situar a las mujeres en las estructuras productivas de la región. Las estadísticas económicas tienen al menos dos niveles de agregación, denominados de base y de síntesis, habitualmente calculados por los institutos nacionales de estadísticas u oficinas de estadísticas y los bancos centrales de los países.

En el primer caso (estadísticas de base) se encuentran los indicadores como la inflación, la evolución de la actividad económica y de la producción, además de las encuestas estructurales (industria, comercio, servicios y otras), los censos (económicos, agrícolas y otros) y las estadísticas que provienen de los registros administrativos (registros de los contribuyentes, registros bancarios y de otorgamiento de crédito). En el segundo nivel (estadísticas de síntesis) se encuentran las cuentas nacionales, la balanza de pagos, estadísticas monetarias y financieras, entre otras. Ambas producciones están vinculadas. De hecho, las estadísticas económicas de base deben ser coherentes con los requerimientos, por ejemplo, de las cuentas nacionales; sin embargo, también tienen particularidades que permiten a los encargados de políticas públicas y a los investigadores desarrollar sus propios análisis de los fenómenos específicos que estén trabajando. En este sentido, ambos niveles son complementarios y se necesitan mutuamente.

Las estadísticas económicas de base entregan información sobre variables estructurales relevantes, como por ejemplo ocupación, remuneraciones y tamaño de las empresas, que permiten hacer un análisis intertemporal para identificar las brechas y el posicionamiento de las mujeres en la economía. Los indicadores disponibles contribuyen al debate, diseño y evaluación de políticas públicas transversales o sectoriales que propicien una mayor autonomía para las mujeres latinoamericanas y caribeñas.

Asimismo, las estadísticas económicas de base son un complemento en el análisis del mercado laboral a largo plazo, en que los registros, sobre la base de diferentes instrumentos, permiten obtener información con un mayor nivel de precisión tanto acerca de la ocupación como de la actividad económica, tamaño de la empresa, brechas salariales, estructura productiva y participación en las decisiones, entre otros aspectos.

1. Situación del mercado laboral: una mirada desde las personas y las empresas

Cuadro A.1

América Latina (18 países): tasa de actividad económica a, total nacional, por sexo, rondas de encuestas de 1990, 2002 y 2010

(En porcentajes)

País

Mujeres

Hombres

Rondas de encuestas

Rondas de encuestas

1990

2002 b

2010 c

1990

2002 b

2010 c

Argentina d

38,0

45,4

48,0

75,7

72,2

73,9

Bolivia (Estado Plurinacional de) e

45,1

61,0

62,5

73,5

83,3

81,2

Brasil

43,4

55,4

57,8

84,3

81,1

80,2

Chile

31,5

39,0

42,1

73,6

73,3

70,7

Colombia f

42,4

53,0

55,7

84,8

82,1

81,3

Costa Rica

32,4

41,0

43,3

82,5

79,3

75,9

Ecuador g

42,1

52,8

47,9

80,0

80,6

77,9

El Salvador

…

44,2

46,0

…

79,1

78,7

Guatemala h

27,5

47,6

47,2

89,9

91,4

88,3

Honduras

30,9

36,9

43,3

87,2

85,0

82,5

México

29,9

43,2

43,6

80,9

82,3

80,7

Nicaragua

…

46,3

43,6

…

86,3

82,8

Panamá

45,9

44,3

47,2

71,5

80,1

80,4

Paraguay i

46,1

52,4

52,8

84,2

85,3

83,3

Perú j

…

58,0

66,7

…

79,2

83,5

República Dominicana

…

39,3

41,3

…

74,9

72,3

Uruguay g

43,3

50,1

55,2

74,7

72,1

74,5

Venezuela (República Bolivariana de) k

34,3

54,4

49,8

79,4

83,4

78,4

América Latina l

38,1

48,0

49,8

80,2

80,6

78,7

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países.

a Población de 15 años de edad y más.

b Comprende las encuestas de hogares realizadas por los países en 2002, con la excepción de Chile, donde se realizó en 2000, y El Salvador, Nicaragua, el Paraguay y el Perú, donde se realizaron en 2001.

c Comprende las encuestas de hogares realizadas por los países en 2010, con excepción del Brasil y Chile, donde se realizaron en 2009.

d Corresponde al área geográfica urbana: en la ronda de 1990 al área metropolitana, en la ronda de 2002 a 32 aglomeraciones urbanas y en la ronda de 2010 a 31 aglomeraciones urbanas.

e Los datos de la ronda de 1990 corresponden al área geográfica urbana de Cochabamba, El Alto, La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz, Sucre, Tarija y Trinidad.

f A partir de 2002, las cifras de las zonas urbanas y rurales no son estrictamente comparables con las de años anteriores, debido al diseño muestral de la encuesta.

g La información de las rondas de 1990 y 2002 corresponde al área geográfica urbana.

h La última información disponible es de la ronda de 2008, específicamente de 2006.

i Los datos de la ronda de 1990 corresponden al área metropolitana de Asunción.

j A partir de 2004 las cifras no son estrictamente comparables con las de años anteriores, debido a cambios metodológicos.

k A partir de 1998 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglose entre área urbana y rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

l Promedio simple. Incluye solo los datos disponibles de cada ronda; en la ronda de encuestas de 2010 no se incluye a Guatemala.

Cuadro A.2

América Latina (18 países): tasa de actividad económica a, por sexo y área geográfica, ronda de encuestas de 2010

(En porcentajes)

País

Mujeres

Hombres

Nacional

Urbana

Rural

Nacional

Urbana

Rural

Argentina b

...

48,0

...

...

73,9

...

Bolivia (Estado Plurinacional de)

62,5

58,0

72,3

81,2

77,1

90,1

Brasil

57,8

57,7

58,5

80,2

79,1

86,0

Chile

42,1

43,9

29,1

70,7

71,1

68,6

Colombia

55,7

58,9

42,9

81,3

79,5

86,9

Costa Rica

43,3

47,8

34,9

75,9

75,1

77,2

Ecuador

47,9

49,3

45,0

77,9

75,7

82,3

El Salvador

46,0

52,2

33,6

78,7

75,5

84,3

Guatemala c

47,2

54,3

39,2

88,3

84,6

92,3

Honduras

43,3

50,3

36,0

82,5

75,0

88,9

México

43,6

47,3

36,7

80,7

79,1

83,4

Nicaragua

43,6

50,8

31,9

82,8

77,4

90,1

Panamá

47,2

50,6

39,6

80,4

78,3

84,3

Paraguay

52,8

55,3

48,6

83,3

80,6

87,2

Perú

66,7

62,9

75,2

83,5

80,7

89,2

República Dominicana

41,3

45,3

32,3

72,3

70,6

75,4

Uruguay

55,2

55,4

50,3

74,5

74,2

82,0

Venezuela (República Bolivariana de) d

49,8

...

...

78,4

...

...

América Latina e

49,9

52,1

44,5

79,0

76,4

83,7

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países.

a Población de 15 años de edad y más. Comprende las encuestas de hogares realizadas por los países en 2010, con excepción del Brasil y Chile, donde se realizaron en 2009.

b Comprende 31 aglomeraciones urbanas.

c La última información disponible es de la ronda de 2008, específicamente de 2006.

d A partir de 1998 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglose entre área urbana y rural.

e Promedio simple. En la ronda de encuestas de 2010 no se incluye a Guatemala.

Cuadro A.3

América Latina (17 países): población ocupada, por sexo y categoría ocupacional, dos últimos años disponibles

(En porcentajes)

País

Años

Mujeres

Hombres

Total

Asalariadas

No asalariadas

Servicio doméstico

Trabajadoras familiares auxiliares

Otras

Asalariados

No asalariados

Servicio doméstico

Trabajadores familiares auxiliares

Otros

Asalariadas y asalariados

No asalariadas y no asalariados

Servicio doméstico

Trabajadoras y trabajadores familiares auxiliares

Otros

Argentina a

2010

62,7

17,5

16,4

1,2

2,1

69,3

25,3

0,2

0,4

4,8

66,6

22,1

6,9

0,7

3,7

2011

62,2

16,7

17,1

1,2

2,8

68,7

25,5

0,3

0,3

5,2

66,0

21,9

7,2

0,6

4,2

Bolivia (Estado Plurinacional de)

2008

38,5

40,3

6,8

14,3

0,0

56,7

36,7

0,5

6,2

0,0

48,5

38,3

3,3

9,8

0,0

2009

39,5

39,8

7,8

12,9

0,0

60,3

33,7

0,6

5,4

0,0

51,2

36,4

3,8

8,7

0,0

Brasil

2009

57,3

21,4

18,2

3,1

0,0

68,4

29,3

0,9

1,5

0,0

63,5

25,8

8,4

2,2

0,0

2011

61,8

19,4

16,6

2,2

0,0

69,4

28,7

0,9

1,0

0,0

66,1

24,7

7,7

1,5

0,0

Chile

2010

63,4

22,7

11,6

2,3

0,0

72,3

26,5

0,3

1,0

0,0

68,8

25,0

4,7

1,5

0,0

2011

62,3

23,8

11,7

2,2

0,0

73,0

25,8

0,4

0,8

0,0

68,7

25,0

4,9

1,4

0,0

Colombia

2010

42,9

43,1

8,7

5,2

0,1

47,7

49,5

0,2

2,5

0,1

45,5

46,7

4,0

3,7

0,1

2011

42,1

44,6

8,1

5,0

0,2

48,3

49,1

0,3

2,2

0,1

45,5

47,1

3,8

3,5

0,1

Costa Rica

2010

65,3

17,8

16,0

0,9

0,0

75,5

23,0

0,9

0,6

0,0

71,3

20,8

7,1

0,7

0,0

2011

63,9

18,1

17,0

1,0

0,0

75,2

23,6

0,7

0,5

0,0

70,5

21,3

7,5

0,7

0,0

Ecuador

2010

49,1

33,9

8,0

9,0

0,0

63,4

33,7

0,2

2,7

0,0

57,5

33,8

3,4

5,3

0,0

2011

47,6

36,2

6,3

10,0

0,0

61,5

35,7

0,2

2,6

0,0

55,7

35,9

2,7

5,6

0,0

El Salvador

2010

45,9

39,4

7,6

6,9

0,1

68,1

27,6

0,4

3,6

0,2

57,6

33,2

3,8

5,2

0,2

2011

47,2

38,2

7,3

7,2

0,0

68,1

27,6

0,6

3,8

0,0

58,4

32,5

3,7

5,4

0,0

Honduras

2010

44,7

37,2

8,3

9,8

0,0

57,7

35,8

0,5

5,9

0,0

51,9

36,4

4,0

7,7

0,0

2011

47,6

34,9

7,3

10,2

0,0

59,0

34,7

0,2

6,1

0,0

53,9

34,8

3,4

7,9

0,0

México

2010

60,7

22,2

9,4

6,0

1,8

69,5

24,9

0,7

2,1

2,8

65,9

23,8

4,3

3,7

2,4

2011

61,5

20,9

10,0

5,8

1,9

70,2

24,1

0,7

1,9

3,2

66,6

22,8

4,5

3,5

2,6

Nicaragua

2008

46,8

37,1

9,8

6,3

0,1

60,9

34,5

0,9

3,5

0,1

54,5

35,7

4,9

4,8

0,1

2010

36,3

39,5

11,1

13,1

0,1

56,3

32,0

1,6

10,1

0,1

47,0

35,5

6,0

11,5

0,1

Panamá

2010

68,5

18,8

11,3

1,5

0,0

72,4

26,1

0,8

0,6

0,0

70,8

23,1

5,1

1,0

0,0

2011

73,0

15,7

10,5

0,8

0,0

73,0

25,6

0,9

0,4

0,0

73,0

21,4

5,0

0,6

0,0

Paraguay

2010

40,9

32,1

21,4

4,1

1,5

64,4

28,0

0,9

2,8

3,9

54,5

29,7

9,6

3,4

2,9

2011

47,8

30,8

15,8

4,7

0,8

65,2

30,1

1,1

2,1

1,6

57,6

30,4

7,5

3,2

1,2

Perú

2010

41,4

40,9

8,5

9,1

0,1

58,2

36,8

0,3

4,3

0,3

50,7

38,6

4,0

6,5

0,2

2011

44,2

39,3

7,3

8,9

0,3

58,2

36,5

0,3

4,5

0,5

52,0

37,8

3,4

6,5

0,4

República Dominicana

2010

55,4

29,3

12,8

2,5

0,0

47,5

50,7

0,7

1,1

0,0

50,5

42,6

5,3

1,6

0,0

2011

56,6

28,4

12,2

2,8

0,0

47,6

50,1

0,8

1,5

0,0

51,2

41,5

5,3

2,0

0,0

Uruguay

2010

60,5

22,2

15,4

1,6

0,4

69,5

27,7

1,2

0,6

0,9

65,3

25,2

7,7

1,1

0,7

2011

62,4

21,9

14,1

1,3

0,4

71,2

26,3

1,1

0,5

0,9

67,2

24,3

7,0

0,9

0,7

Venezuela (República Bolivariana de)

2010

57,6

38,3

3,2

0,9

0,0

57,1

42,4

0,1

0,4

0,0

57,3

40,8

1,3

0,6

0,0

2011

58,3

37,5

2,8

1,4

0,0

57,3

42,1

0,1

0,6

0,0

57,7

40,3

1,2

0,9

0,0

América Latina b

2010

56,4

28,7

9,8

5,1

0,0

66,1

31,4

0,5

2,0

0,0

62,1

30,3

4,3

3,3

0,0

2011

60,7

21,0

15,3

2,7

0,2

68,5

29,1

0,8

1,1

0,5

65,1

25,6

7,1

1,8

0,4

Fuente: Organización Internacional del Trabajo (OIT), Panorama Laboral 2012. América Latina y el Caribe, 2012, Lima, Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, 2012.

a Comprende 28 aglomerados urbanos. Los datos corresponden a población en edad de trabajar de 14 años de edad y más.

b Promedio ponderado excluido el Brasil, debido a que en 2010 no se levantó la Encuesta Nacional por Muestra de Domicilios (PNDA).

Cuadro A.4

El Caribe (10 países): tasa bruta de actividad a, por sexo, 1990, 2002 y 2011

(En porcentajes)

País

Sexo

Años seleccionados

1990

2002

2011

Bahamas

Mujeres

61,7

64,2

63,1

Hombres

77,5

72,3

69,6

Ambos sexos

69,4

68,1

66,2

Barbados

Mujeres

59,0

65,1

63,7

Hombres

75,9

77,6

77,8

Ambos sexos

67,0

71,1

70,5

Belice

Mujeres

31,8

41,1

47,1

Hombres

82,6

81,9

82,9

Ambos sexos

57,6

61,7

65,1

Guyana

Mujeres

36,3

42,6

45,2

Hombres

81,8

81,6

82,2

Ambos sexos

58,0

61,2

62,8

Haití

Mujeres

57,5

54,5

59,3

Hombres

82,0

82,5

84,9

Ambos sexos

69,2

68,0

71,8

Jamaica

Mujeres

65,6

57,3

52,5

Hombres

79,9

75,6

72,6

Ambos sexos

72,5

66,2

62,3

San Vicente y las Granadinas

Mujeres

44,5

51,6

59,6

Hombres

81,0

80,3

80,1

Ambos sexos

62,4

65,9

69,8

Santa Lucía

Mujeres

47,3

52,0

56,5

Hombres

78,6

79,6

80,6

Ambos sexos

62,5

65,5

68,3

Suriname

Mujeres

36,5

35,2

34,2

Hombres

66,8

62,6

64,9

Ambos sexos

51,4

48,7

49,3

Trinidad y Tabago

Mujeres

41,7

48,2

46,3

Hombres

74,6

74,9

77,0

Ambos sexos

58,1

61,3

61,3

Fuente: Organización Internacional del Trabajo (OIT), base de datos en línea.

a Porcentaje respecto de la población total. Resultado de la estimación de las tasas de actividad y población total, sobre la base de información de censos y encuestas de hogares de los países.

Cuadro A.5

América Latina (18 países): mujeres ocupadas a en el área geográfica urbana, por categoría ocupacional, 1990, 2002 y último dato disponible

(En porcentajes)

País

Categoría ocupacional

Años seleccionados

1990 b

2002 c

Última dato disponible d

Argentina e

Empleadoras

2,8

2,3

2,6

Asalariadas

57,8

67,7

66,1

Trabajadoras por cuenta propia

24,5

17,0

14,9

Servicio doméstico

12,4

11,6

15,2

Trabajadoras no remuneradas

2,1

1,4

1,2

Bolivia (Estado Plurinacional de) f

Empleadoras

0,8

2,3

3,5

Asalariadas

33,0

31,6

39,9

Trabajadoras por cuenta propia

47,0

46,5

37,6

Servicio doméstico

12,0

8,0

7,7

Trabajadoras no remuneradas

7,1

11,5

11,2

Brasil

Empleadoras

2,5

3,1

2,5

Asalariadas

58,8

53,6

62,0

Trabajadoras por cuenta propia

21,1

20,0

16,9

Servicio doméstico

14,5

19,1

16,5

Trabajadoras no remuneradas

3,1

4,2

2,1

Chile

Empleadoras

1,4

3,0

1,6

Asalariadas

59,2

61,7

66,1

Trabajadoras por cuenta propia

17,6

16,7

19,1

Servicio doméstico

19,3

16,3

12,7

Trabajadoras no remuneradas

2,4

2,3

0,5

Colombia g

Empleadoras

2,2

2,9

3,0

Asalariadas

57,5

43,8

42,0

Trabajadoras por cuenta propia

24,0

35,2

41,7

Servicio doméstico

13,0

12,3

8,3

Trabajadoras no remuneradas

3,3

5,8

5,0

Costa Rica

Empleadoras

2,3

4,8

2,5

Asalariadas

67,9

63,0

63,9

Trabajadoras por cuenta propia

13,9

19,6

15,6

Servicio doméstico

11,8

9,8

17,0

Trabajadoras no remuneradas

4,1

2,9

1,0

Ecuador

Empleadoras

2,8

4,5

2,1

Asalariadas

45,6

44,8

47,7

Trabajadoras por cuenta propia

30,0

32,1

34,1

Servicio doméstico

11,1

10,5

6,3

Trabajadoras no remuneradas

10,5

8,0

9,8

El Salvador

Empleadoras

...

3,5

3,2

Asalariadas

...

46,1

46,0

Trabajadoras por cuenta propia

...

34,3

36,0

Servicio doméstico

...

8,4

7,6

Trabajadoras no remuneradas

...

7,6

7,2

Guatemala

Empleadoras

1,6

3,5

3,2

Asalariadas

44,1

43,9

44,1

Trabajadoras por cuenta propia

29,8

32,5

30,3

Servicio doméstico

17,3

8,6

8,9

Trabajadoras no remuneradas

7,2

11,6

13,5

Honduras

Empleadoras

0,9

3,0

2,5

Asalariadas

43,7

49,2

45,3

Trabajadoras por cuenta propia

34,0

32,2

35,2

Servicio doméstico

15,6

8,7

8,2

Trabajadoras no remuneradas

5,7

6,9

8,7

México

Empleadoras

1,3

2,0

5,9

Asalariadas

69,4

61,7

67,9

Trabajadoras por cuenta propia

17,3

18,9

13,2

Servicio doméstico

7,0

8,2

8,8

Trabajadoras no remuneradas

4,9

9,3

4,3

Nicaragua

Empleadoras

...

2,6

0,6

Asalariadas

...

42,2

42,5

Trabajadoras por cuenta propia

...

35,8

40,7

Servicio doméstico

...

10,0

10,1

Trabajadoras no remuneradas

...

9,5

5,6

Panamá

Empleadoras

1,6

1,8

2,4

Asalariadas

70,7

65,9

73,0

Trabajadoras por cuenta propia

10,0

15,6

13,3

Servicio doméstico

16,4

15,2

10,5

Trabajadoras no remuneradas

1,3

1,4

0,8

Paraguay h

Empleadoras

2,4

4,3

3,4

Asalariadas

42,4

38,1

48,9

Trabajadoras por cuenta propia

30,6

31,2

27,6

Servicio doméstico

24,4

21,0

15,7

Trabajadoras no remuneradas

0,1

5,3

4,3

Perú i

Empleadoras

...

2,4

3,3

Asalariadas

...

35,9

42,4

Trabajadoras por cuenta propia

...

40,7

38,4

Servicio doméstico

...

11,2

7,2

Trabajadoras no remuneradas

...

9,8

8,7

República Dominicana

Empleadoras

...

2,4

2,5

Asalariadas

...

61,1

55,4

Trabajadoras por cuenta propia

...

25,0

26,9

Servicio doméstico

...

10,0

12,7

Trabajadoras no remuneradas

...

1,5

2,5

Uruguay

Empleadoras

2,4

2,1

2,9

Asalariadas

58,8

56,4

61,6

Trabajadoras por cuenta propia

18,3

19,5

19,8

Servicio doméstico

17,0

19,6

14,4

Trabajadoras no remuneradas

3,5

2,4

1,3

Venezuela (República Bolivariana de) j

Empleadoras

2,3

2,5

1,7

Asalariadas

71,9

48,8

57,7

Trabajadoras por cuenta propia

17,9

38,4

36,3

Servicio doméstico

5,6

6,6

3,0

Trabajadoras no remuneradas

2,3

3,8

1,4

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países.

a Población ocupada urbana femenina de 15 años de edad y más.

b Datos de 1990, salvo en el caso de Bolivia (Estado Plurinacional de), Guatemala y México, en que corresponden a 1989, y de Colombia y Panamá, en que corresponden a 1991.

c Datos de 2002, salvo en el caso de El Salvador, Nicaragua, el Paraguay y el Perú, en que corresponden a 2001, y de Chile, en que corresponden a 2003.

d Datos de 2011, salvo en el caso de Guatemala, en que corresponden a 2006; de Bolivia (Estado Plurinacional de) y Nicaragua, en que corresponden a 2009, y de El Salvador, Honduras y México, en que corresponden a 2010.

e Los datos de 1990 corresponden al área metropolitana, los de 2002 a 32 aglomeraciones urbanas y el último dato disponible (2011) a 31 aglomeraciones urbanas.

f Los datos de 1989 corresponden a Cochabamba, El Alto, La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz, Sucre, Tarija y Trinidad.

g A partir de 2002, las cifras de las zonas urbanas y rurales no son estrictamente comparables con las de años anteriores,debido al diseño muestral de la encuesta.

h Los datos de 1990 corresponden al área metropolitana de Asunción.

i A partir de 2004 las cifras no son estrictamente comparables con las de años anteriores, debido a cambios metodológicos.

j A partir de 1998 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglose entre área urbana y rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro A.6

América Latina (18 países): personas ocupadas a, por sexo y actividad económica, total nacional, 1990, 2002 y último dato disponible

(En porcentajes)

País y actividades económicas

Mujeres

Hombres

Años seleccionados

Años seleccionados

1990 b

2002 c

Última dato disponible d

1990 b

2002 c

Última dato disponible d

Argentina e

Agricultura

0,2

0,7

0,3

0,5

1,5

1,8

Minería

0,0

0,1

0,2

0,0

0,4

0,7

Industria manufacturera

17,2

8,7

9,1

28,3

15,8

17,0

Electricidad, gas y agua

0,4

0,2

0,3

1,3

0,7

0,8

Construcción

0,2

0,3

0,6

9,8

11,3

15,0

Comercio

16,0

18,7

22,2

20,6

23,5

23,5

Transporte

2,3

2,1

3,2

9,3

10,8

11,2

Servicios financieros

8,5

8,4

8,9

7,8

9,8

9,6

Otros servicios

55,2

60,5

54,6

22,5

26,0

19,9

No especificados

0,0

0,2

0,6

0,0

0,2

0,6

Bolivia (Estado Plurinacional de) f

Agricultura

1,3

36,1

30,9

3,1

42,1

29,6

Minería

0,4

0,2

0,1

3,3

1,7

1,7

Industria manufacturera

10,6

10,3

9,8

16,5

12,8

13,2

Electricidad, gas y agua

0,4

0,1

0,1

1,4

0,3

0,4

Construcción

0,5

0,7

0,6

13,2

9,7

13,4

Comercio

42,4

29,8

29,6

13,5

11,6

12,9

Transporte

1,5

0,8

1,9

12,5

8,0

10,9

Servicios financieros

1,6

2,2

4,1

2,9

3,1

4,3

Otros servicios

41,3

19,6

22,7

33,5

10,7

13,5

No especificados

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

0,1

Brasil

Agricultura

11,2

16,0

11,0

24,6

22,5

18,4

Minería

0,1

0,0

0,0

0,9

0,0

0,0

Industria manufacturera

12,0

12,0

11,0

17,7

14,8

13,9

Electricidad, gas y agua

0,3

0,2

0,2

1,1

1,1

1,2

Construcción

0,5

0,5

0,5

9,9

12,1

14,2

Comercio

13,7

19,8

23,8

12,9

21,6

21,9

Transporte

0,9

1,2

1,7

6,0

7,2

8,3

Servicios financieros

2,4

5,9

8,2

2,5

7,4

9,2

Otros servicios

58,6

44,3

43,4

23,8

12,9

12,8

No especificados

0,2

0,1

0,1

0,5

0,4

0,2

Chile

Agricultura

5,1

6,3

5,8

22,8

17,2

12,3

Minería

0,3

0,3

0,6

3,3

2,2

4,2

Industria manufacturera

15,1

9,8

7,2

18,2

15,3

12,1

Electricidad, gas y agua

0,0

0,3

0,3

0,0

0,7

1,1

Construcción

0,9

1,1

1,0

10,3

13,0

15,2

Comercio

22,8

25,2

29,9

15,0

16,7

22,5

Transporte

2,5

3,4

3,5

9,6

10,4

10,6

Servicios financieros

7,5

7,0

8,8

7,4

6,8

8,5

Otros servicios

45,4

46,3

42,8

13,0

17,3

13,7

No especificados

0,4

0,2

0,0

0,5

0,3

0,0

Colombia g

Agricultura

10,2

6,5

6,8

34,4

29,1

25,2

Minería

0,8

0,7

0,5

1,4

1,4

1,7

Industria manufacturera

19,1

15,7

14,4

13,0

11,9

12,1

Electricidad, gas y agua

0,3

0,2

0,3

0,8

0,6

0,7

Construcción

0,5

0,5

0,6

6,8

7,6

9,4

Comercio

27,4

28,8

32,1

17,2

23,0

22,4

Transporte

1,4

1,9

3,7

7,1

9,7

11,5

Servicios financieros

3,6

5,6

9,4

3,8

5,4

6,7

Otros servicios

36,4

40,0

32,1

15,5

11,2

10,3

No especificados

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

Costa Rica

Agricultura

6,0

4,0

4,3

33,0

21,7

20,1

Minería

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

0,1

Industria manufacturera

23,6

13,7

9,8

15,9

14,6

13,1

Electricidad, gas y agua

0,4

1,0

0,9

1,6

1,6

2,2

Construcción

0,4

0,4

0,8

8,8

10,1

9,6

Comercio

21,0

27,7

26,2

13,6

22,5

21,6

Transporte

0,9

1,6

2,8

5,2

7,9

8,8

Servicios financieros

2,5

9,0

9,7

3,8

8,4

9,2

Otros servicios

44,5

42,3

45,4

17,0

12,6

15,0

No especificados

0,7

0,2

0,1

0,8

0,4

0,4

Ecuador h

Agricultura

2,4

4,5

20,5

9,3

10,9

32,5

Minería

0,2

0,2

0,1

0,9

0,9

0,8

Industria manufacturera

16,1

12,8

10,3

19,0

15,6

10,9

Electricidad, gas y agua

0,4

0,1

0,2

1,4

0,6

0,6

Construcción

0,5

1,1

0,8

11,0

10,7

9,5

Comercio

36,2

38,0

35,2

21,5

28,4

19,8

Transporte

1,3

2,0

2,1

8,3

9,4

8,9

Servicios financieros

3,7

4,0

5,3

5,3

7,1

5,7

Otros servicios

39,3

37,3

25,5

23,2

16,3

11,3

No especificados

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

El Salvador

Agricultura

...

3,7

5,5

...

32,1

32,6

Minería

...

0,0

0,0

...

0,2

0,1

Industria manufacturera

...

23,8

20,6

...

18,4

18,4

Electricidad, gas y agua

...

0,0

0,1

...

0,8

0,7

Construcción

...

0,3

0,4

...

9,3

8,9

Comercio

...

40,4

42,0

...

18,2

19,2

Transporte

...

1,3

1,2

...

7,2

6,6

Servicios financieros

...

1,7

1,3

...

1,1

1,0

Otros servicios

...

28,6

28,7

...

12,8

12,6

No especificados

...

0,0

0,0

...

0,0

0,0

Guatemala

Agricultura

14,6

19,7

14,7

59,4

47,4

40,6

Minería

0,0

0,0

0,0

0,3

0,5

0,2

Industria manufacturera

23,4

23,8

20,7

10,7

11,4

13,8

Electricidad, gas y agua

0,2

0,0

0,1

0,5

0,3

0,4

Construcción

0,2

0,2

0,3

5,7

8,6

11,2

Comercio

29,4

32,8

34,2

8,3

17,2

16,0

Transporte

0,8

0,4

0,7

3,4

3,3

4,7

Servicios financieros

1,6

0,8

2,4

1,4

0,7

4,3

Otros servicios

29,7

22,2

27,0

10,3

10,4

8,8

No especificados

0,2

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

Honduras

Agricultura

5,7

8,6

12,3

56,5

51,6

49,8

Minería

0,1

0,1

0,0

0,5

0,3

0,3

Industria manufacturera

22,0

25,6

18,4

10,4

11,6

9,8

Electricidad, gas y agua

0,2

0,2

0,3

0,7

0,6

0,7

Construcción

0,3

0,4

0,3

6,9

7,8

8,2

Comercio

33,5

32,7

36,8

10,2

14,0

15,0

Transporte

0,7

1,3

1,0

3,2

4,4

5,2

Servicios financieros

1,5

3,1

3,7

1,3

2,7

3,3

Otros servicios

35,9

28,1

26,5

10,2

7,1

7,0

No especificados

0,1

0,0

0,6

0,0

0,0

0,8

México

Agricultura

9,9

9,2

5,0

31,5

21,0

18,3

Minería

0,5

0,0

0,2

1,7

0,0

0,7

Industria manufacturera

18,6

18,1

14,9

15,3

17,0

16,4

Electricidad, gas y agua

0,1

0,1

0,2

0,7

1,1

0,5

Construcción

0,8

0,6

0,9

8,9

11,7

13,1

Comercio

24,2

27,3

25,5

13,7

16,0

15,1

Transporte

1,1

0,7

1,9

4,7

6,6

7,0

Servicios financieros

2,3

0,0

1,8

1,5

0,0

1,4

Otros servicios

42,5

44,0

49,6

21,9

26,6

27,2

No especificados

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,2

Nicaragua

Agricultura

...

9,3

10,3

...

45,2

46,7

Minería

...

0,1

0,1

...

0,8

0,7

Industria manufacturera

...

14,5

15,1

...

10,3

9,5

Electricidad, gas y agua

...

0,4

0,1

...

0,9

0,4

Construcción

...

0,3

0,3

...

8,0

6,4

Comercio

...

36,0

33,8

...

15,9

15,7

Transporte

...

0,7

0,9

...

5,5

6,1

Servicios financieros

...

0,5

2,9

...

0,5

3,7

Otros servicios

...

38,2

36,1

...

12,9

10,2

No especificados

...

0,0

0,5

...

0,0

0,6

Panamá i

Agricultura

0,4

5,8

7,1

7,5

29,1

23,1

Minería

0,0

0,0

0,1

0,1

0,2

0,3

Industria manufacturera

8,4

8,7

7,1

13,5

9,2

6,8

Electricidad, gas y agua

1,0

0,4

0,7

2,2

1,0

1,2

Construcción

0,3

0,8

1,7

6,1

9,4

15,9

Comercio

23,3

26,9

28,4

28,4

19,3

19,5

Transporte

3,3

2,9

3,7

12,5

9,7

10,7

Servicios financieros

6,8

7,1

4,9

6,7

5,1

2,2

Otros servicios

56,4

47,5

46,2

23,0

17,0

20,4

No especificados

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

Paraguay j

Agricultura

0,8

19,8

19,7

3,1

37,7

29,4

Minería

0,0

0,0

0,0

0,3

0,2

0,0

Industria manufacturera

14,9

10,2

8,3

19,8

13,0

12,2

Electricidad, gas y agua

0,5

0,3

0,4

1,9

0,6

0,6

Construcción

0,1

0,1

0,3

14,1

7,9

11,0

Comercio

28,4

30,2

29,1

20,7

20,3

23,2

Transporte

2,5

1,0

1,8

8,3

5,4

5,9

Servicios financieros

4,2

2,8

4,6

6,6

3,9

4,7

Otros servicios

48,6

35,7

35,7

25,1

11,0

12,9

No especificados

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

Perú k

Agricultura

...

30,6

23,7

...

38,8

28,9

Minería

...

0,1

0,2

...

0,8

2,1

Industria manufacturera

...

8,5

9,4

...

10,6

10,7

Electricidad, gas y agua

...

0,1

0,0

...

0,3

0,3

Construcción

...

0,2

0,5

...

6,5

9,6

Comercio

...

35,1

36,7

...

17,5

16,5

Transporte

...

0,8

1,9

...

8,7

12,0

Servicios financieros

...

2,1

4,2

...

4,1

5,7

Otros servicios

...

22,5

23,3

...

12,7

14,1

No especificados

...

0,0

0,0

...

0,0

0,0

República Dominicana

Agricultura

...

2,3

2,5

...

23,8

21,6

Minería

...

0,0

0,4

...

0,3

0,5

Industria manufacturera

...

14,5

8,7

...

14,1

11,1

Electricidad, gas y agua

...

0,3

0,4

...

0,9

0,9

Construcción

...

0,7

0,4

...

9,1

9,8

Comercio

...

30,6

30,4

...

23,4

26,1

Transporte

...

2,0

1,6

...

10,4

10,8

Servicios financieros

...

6,2

7,1

...

4,1

5,7

Otros servicios

...

43,4

48,6

...

13,9

13,5

No especificados

...

0,0

0,0

...

0,0

0,0

Uruguay h

Agricultura

1,0

1,3

4,9

4,9

6,2

14,2

Minería

0,1

0,0

0,0

0,3

0,2

0,4

Industria manufacturera

19,2

11,1

10,4

21,8

15,3

15,1

Electricidad, gas y agua

0,6

0,7

0,5

2,2

1,8

1,2

Construcción

0,4

0,4

0,6

11,0

12,6

12,9

Comercio

17,4

19,8

21,8

18,2

23,7

21,3

Transporte

2,1

2,1

2,7

8,4

8,9

8,4

Servicios financieros

4,5

9,1

8,7

5,3

9,5

8,7

Otros servicios

54,8

55,5

50,2

28,0

21,7

17,8

No especificados

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Venezuela (República Bolivariana de) l

Agricultura

2,2

1,9

1,6

18,0

15,0

11,9

Minería

0,4

0,2

0,4

1,3

0,6

1,5

Industria manufacturera

13,3

10,3

9,0

16,1

12,6

12,8

Electricidad, gas y agua

0,7

0,3

0,2

1,2

0,7

0,6

Construcción

0,9

0,8

0,9

10,2

12,3

14,2

Comercio

22,5

34,8

32,5

19,9

21,8

18,4

Transporte

1,6

1,5

2,2

8,3

10,9

13,8

Servicios financieros

7,7

4,7

5,4

5,2

4,9

5,7

Otros servicios

50,6

45,2

47,5

19,7

20,8

20,8

No especificados

0,1

0,3

0,2

0,1

0,3

0,3

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países.

a Población ocupada de 15 años de edad y más.

b Datos de 1990, salvo en el caso de Bolivia (Estado Plurinacional de), Guatemala y México, en que corresponden a 1989, y de Colombia y Panamá, en que corresponden a 1991.

c Datos de 2002, salvo en el caso de El Salvador, Nicaragua, el Paraguay y el Perú, en que corresponden a 2001, y de Chile, en que corresponden a 2003.

d Datos de 2011, salvo en el caso de Guatemala, en que corresponden a 2006; de Bolivia (Estado Plurinacional de) y Nicaragua, en que corresponden a 2009, y de El Salvador, Honduras y México, en que corresponden a 2010.

e Los datos de 1990 corresponden al área metropolitana, los de 2002 a 32 aglomeraciones urbanas y el último dato disponible (2011) a 31 aglomeraciones urbanas.

f Los datos de 1989 corresponden a las áreas urbanas de Cochabamba, El Alto, La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz, Sucre, Tarija y Trinidad.

g A partir de 2002, las cifras de las zonas urbanas y rurales no son estrictamente comparables con las de años anteriores, debido al diseño muestral de la encuesta.

h Los datos de 1990 y 2002 corresponden al área urbana.

i Los datos de 1991 corresponden al área urbana.

j Los datos de 1990 corresponden al área metropolitana de Asunción.

k A partir de 2004 las cifras no son estrictamente comparables con las de años anteriores, debido a cambios metodológicos.

l A partir de 1998 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglose entre área urbana y rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro A.7

América Latina (17 países): población ocupada de la categoría no asalariados, subcategoría patronas y patronos, por sexo y tamaño del establecimiento, dos últimos años disponibles

(En porcentajes respecto de la población ocupada total)

País

Años

Mujeres

Hombres

Total

No asalariadas

Patronas

No asalariados

Patronos

No asalariadas y no asalariados

Patronas y patronos

Establecimientos de 5 o menos trabajadores

Establecimientos de 6 y más trabajadores

Establecimientos de 5 o menos trabajadores

Establecimientos de 6 y más trabajadores

Establecimientos de 5 o menos trabajadores

Establecimientos de 6 y más trabajadores

Argentina a

2010

1,9

0,5

3,7

1,5

3,0

1,1

2011

2,1

0,4

3,6

1,8

3,0

1,2

Bolivia (Estado Plurinacional de)

2008

2,6

0,9

5,7

2,6

4,3

1,9

2009

3,1

0,3

5,7

1,1

4,5

0,7

Brasil

2009

2,2

0,8

4,4

1,7

3,4

1,3

2011

1,8

0,7

3,0

1,6

2,5

1,2

Chile

2010

2,1

0,7

3,7

2,1

3,1

1,6

2011

2,2

0,6

3,5

2,2

3,0

1,6

Colombia

2010

2,4

0,5

5,3

1,0

4,0

0,8

2011

2,6

0,5

5,3

1,3

4,1

0,9

Costa Rica

2010

1,3

0,5

3,1

1,5

2,4

1,1

2011

2,0

0,6

3,4

1,8

2,8

1,3

Ecuador

2010

1,9

0,4

3,9

1,6

3,1

1,1

2011

1,9

0,2

3,7

0,9

3,0

0,6

El Salvador

2010

3,1

0,1

4,7

0,8

4,0

0,5

2011

2,8

0,1

4,4

0,6

3,6

0,4

Honduras

2010

2,2

0,3

3,9

0,9

3,1

0,6

2011

1,8

0,0

3,6

0,7

2,8

0,4

México

2010

2,1

0,4

5,2

1,4

3,9

2,5

2011

2,1

0,3

5,2

1,3

3,9

0,9

Nicaragua

2008

1,9

0,3

3,9

1,3

3,0

0,9

2010

2,6

0,1

6,9

1,1

4,9

0,7

Panamá

2010

1,4

0,6

2,8

1,7

2,2

1,3

2011

1,7

0,7

2,8

1,6

2,3

1,2

Paraguay

2010

3,1

0,6

6,0

1,6

4,8

1,2

2011

3,0

0,4

6,6

1,6

5,0

1,1

Perú

2010

3,3

0,3

6,5

1,6

5,1

1,0

2011

2,8

0,4

6,1

1,3

4,6

0,9

República Dominicana

2010

2,6

0,4

3,2

1,5

3,0

1,1

2011

1,7

0,6

3,3

2,1

2,6

1,5

Uruguay

2010

1,9

0,7

3,7

1,6

2,9

1,2

2011

1,9

0,7

3,7

1,6

2,9

1,2

Venezuela (República Bolivariana de)

2010

1,2

0,3

3,5

1,2

2,6

0,9

2011

1,3

0,4

3,7

1,0

2,7

0,7

América Latina b

2010

2,2

0,5

5,0

1,4

3,9

1,0

2011

1,8

0,7

3,4

1,5

2,7

1,2

Fuente: Organización Internacional del Trabajo (OIT), Panorama Laboral 2012. América Latina y el Caribe, 2012, Lima, Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, 2012.

a Los datos corresponden a la población en edad de trabajar de 14 años de edad y más, de 28 aglomerados urbanos.

b Promedio ponderado excluido el Brasil, debido a que en 2010 no se levantó la Encuesta Nacional por Muestra de Domicilios (PNDA).

Cuadro A.8

América Latina (15 países): personas ocupadas a, por principales actividades económicas y sexo, último dato disponible

(En porcentajes)

País b

Principales actividades económicas

Agricultura

Industria manufacturera

Comercio

Servicios

Mujeres

Hombres

Número de mujeres ocupadas por cada 100 hombres ocupados

Mujeres

Hombres

Número de mujeres ocupadas por cada 100 hombres ocupados

Mujeres

Hombres

Número de mujeres ocupadas por cada 100 hombres ocupados

Mujeres

Hombres

Número de mujeres ocupadas por cada 100 hombres ocupados

Argentina

15,3

84,7

18,1

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Brasil

30,5

69,5

44,0

29,5

70,5

41,8

31,6

68,4

46,1

38,9

61,1

63,7

Chile

29,4

70,6

41,7

23,0

77,0

29,8

34,2

65,8

52,0

42,3

57,7

73,4

Colombia

35,7

64,3

55,6

36,8

63,2

58,2

44,6

55,4

80,6

Costa Rica

13,7

86,3

15,9

27,9

72,1

38,8

42,2

57,8

72,9

31,2

68,8

45,3

Cuba

17,4

82,6

21,0

30,7

69,3

44,3

44,4

55,6

79,9

48,6

51,4

94,6

Ecuador

45,0

55,0

82,0

29,3

70,7

41,4

45,0

55,0

81,7

38,3

61,7

62,0

El Salvador

27,4

72,6

37,7

48,1

51,9

92,6

49,0

51,0

96,2

55,0

45,0

122,3

Guatemala

8,4

91,6

9,2

29,9

70,1

42,6

51,1

48,9

104,4

41,1

58,9

69,7

Honduras

…

…

…

52,5

47,5

110,5

…

…

…

…

…

…

México

11,6

88,4

13,0

35,9

64,1

55,9

53,4

46,6

114,8

43,0

57,0

75,4

Nicaragua

22,0

78,0

28,2

44,0

56,0

78,7

56,1

43,9

128,0

33,5

66,5

50,4

Panamá

32,3

67,7

47,7

…

…

…

,

…

…

…

…

…

Paraguay

6,6

93,4

7,1

…

…

…

…

…

…

…

…

…

República Dominicana

…

…

…

24,4

75,6

32,2

56,2

43,8

128,3

27,5

72,5

37,9

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de la última información disponible de las estadísticas oficiales de los países, para la Argentina: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Censo Nacional Agropecuario 2002; para el Brasil: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Censo Agropecuario 2006 y Directorio de Pesquisas, Catastro Central de Empresas 2010; para Chile: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Censo Agropecuario 2007-2008, Encuesta de Comercio 2010, Encuesta Nacional Industrial Anual (ENIA) 2009 y Encuesta de Servicio 2010; para Colombia: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Encuesta Anual de Servicios 2011 y Encuesta Anual Manufacturera 2010; para Costa Rica: Presidencia de la República de Costa Rica, Dirección General de Servicio Civil, documento presentado en el XV Foro organizado por el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) y la Dirección General de Servicio Civil (DGSC), 2008; para Cuba: Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), Anuario Estadístico de Cuba 2010; para el Ecuador: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Censo Nacional Agropecuario 2000 y Censo Nacional Económico (CENEC) 2010; para El Salvador: Ministerio de Economía (MIDECON) y Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), Directorio de Unidades Económicas 2011-2012, Ciudad Delgado, 2012; para Guatemala: Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Boletín Estadístico Afiliación. Año 2011; para Honduras: Banco Central de Honduras (BCH), Industria de bienes para transformación (maquila) y actividades conexas en Honduras, Tegucigalpa, 2011; para México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007 y Censo Económico 2009; para Nicaragua: Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Anuario Estadístico 2011, Managua, 2012; para Panamá: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), VII Censo Nacional Agropecuario, 2011; para el Paraguay: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Censo Agropecuario Nacional 2008, y para la República Dominicana: Oficina Nacional de Estadística (ONE), Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE) 2009.

a Corresponde al total de personas ocupadas en un año de referencia, ya sea en forma permanente o temporal. Solo se presenta la información disponible en línea y desagregada por sexo.

b Los últimos datos disponibles de los países corresponden en la Argentina, a 2002 (solo agricultura); en el Brasil, a 2006 (agricultura) y 2010 (resto de las actividades); en Chile, al período 2007-2008 (agricultura), a 2009 (industria manufacturera) y 2010 (comercio y servicios); en Colombia, a 2010 (industria manufacturera) y 2011 (comercio y servicios); en Costa Rica, a 2008; en Cuba, a 2010; en el Ecuador, a 2000 (agricultura) y 2010 (resto de las actividades); en El Salvador, a 2011; en Guatemala, a 2011; en Honduras, a 2011 (solo industria manufacturera); en México, a 2007 (agricultura) y 2009 (resto de las actividades); en Nicaragua, a 2011; en Panamá, a 2011 (solo agricultura); en el Paraguay, a 2008 (solo agricultura), y en la República Dominicana, a 2009 (industria manufacturera, comercio y servicios).

Cuadro A.9

Brasil y Ecuador: personas ocupadas a en empresas y establecimientos, por sexo, según actividad económica, 2010

(En números de personas y porcentajes)

Actividad económica b

Brasil

Ecuador

Números de personas

Porcentajes

Número de mujeres ocupadas por cada 100 hombres ocupados

Números de personas

Porcentajes

Número de mujeres ocupadas por cada 100 hombres ocupados

Sección

Nombre

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

A

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

72 270

374 446

446 716

16,2

83,8

19

10 727

26 553

37 280

28,8

71,2

40

B

Explotación de minas y canteras

19 037

163 782

182 819

10,4

89,6

12

1 372

12 423

13 795

9,9

90,1

11

C

Industrias manufactureras

2 360 911

5 651 670

8 012 581

29,5

70,5

42

78 108

188 800

266 908

29,3

70,7

41

D

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

23 674

101 545

125 219

18,9

81,1

23

1 802

6 890

8 692

20,7

79,3

26

E

Distribución de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento

69 945

290 288

360 233

19,4

80,6

24

1 298

5 056

6 354

20,4

79,6

26

F

Construcción

212 248

2 416 328

2 628 576

8,1

91,9

9

3 626

29 223

32 849

11,0

89,0

12

G

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas

3 449 097

4 576 181

8 025 278

43,0

57,0

75

299 589

311 801

611 390

49,0

51,0

96

H

Transporte y almacenamiento

351 763

1 774 324

2 126 087

16,5

83,5

20

12 338

36 862

49 200

25,1

74,9

33

I

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas

848 808

687 125

1 535 933

55,3

44,7

124

90 910

62 385

153 295

59,3

40,7

146

J

Información y comunicación

274 022

454 676

728 698

37,6

62,4

60

24 636

27 205

51 841

47,5

52,5

91

K

Actividades financieras y de seguros

466 203

410 989

877 192

53,1

46,9

113

26 488

21 657

48 145

55,0

45,0

122

L

Actividades inmobiliarias

50 684

59 559

110 243

46,0

54,0

85

3 713

5 988

9 701

38,3

61,7

62

M

Actividades profesionales, científicas y técnicas

380 485

423 853

804 338

47,3

52,7

90

19 658

42 660

62 318

31,5

68,5

46

N

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

1 565 874

2 264 680

3 830 554

40,9

59,1

69

14 755

48 644

63 399

23,3

76,7

30

O

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria

4 126 354

3 299 132

7 425 486

55,6

44,4

125

55 390

129 652

185 042

29,9

70,1

43

P

Enseñanza

1 711 688

815 888

2 527 576

67,7

32,3

210

136 077

91 611

227 688

59,8

40,2

149

Q

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social

1 359 024

493 015

1 852 039

73,4

26,6

276

65 961

40 673

106 634

61,9

38,1

162

R

Artes, entretenimiento y recreación

85 596

123 920

209 516

40,9

59,1

69

8 144

14 532

22 676

35,9

64,1

56

S

Otras actividades de servicios

667 353

522 279

1 189 632

56,1

43,9

128

46 920

55 152

102 072

46,0

54,0

85

U

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales

950

912

1 862

51,0

49,0

104

98

127

225

43,6

56,4

77

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos del Directorio de Pesquisas, Catastro Central de Empresas del Brasil y Censo Nacional Económico (CNE) del Ecuador.

a Corresponde a las personas ocupadas que perciben salario en forma permanente o temporal.

b Clasificación de acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU), Revisión 4, que utilizan ambos países.

Cuadro A.10

Ecuador: gerentas o propietarias y gerentes o propietarios de las empresas según actividad económica, 2010

(En números de personas y porcentajes)

Actividad económica a

Números de personas

Porcentajes

Número de gerentas o propietarias por cada 100 hombres gerentes o propietarios

Sección

Nombre

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

A

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

271

716

987

27,5

72,5

38

B

Explotación de minas y canteras

15

136

151

9,9

90,1

11

C

Industrias manufactureras

11 802

36 065

47 867

24,7

75,3

33

D

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

33

240

273

12,1

87,9

14

E

Distribución de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento

63

268

331

19,0

81,0

24

F

Construcción

202

1 348

1 550

13,0

87,0

15

G

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas

148 569

121 182

269 751

55,1

44,9

123

H

Transporte y almacenamiento

1 054

4 174

5 228

20,2

79,8

25

I

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas

32 666

19 149

51 815

63,0

37,0

171

J

Información y comunicación

9 266

10 495

19 761

46,9

53,1

88

K

Actividades financieras y de seguros

1 095

2 271

3 366

32,5

67,5

48

L

Actividades inmobiliarias

535

1 171

1 706

31,4

68,6

46

M

Actividades profesionales, científicas y técnicas

2 942

10 382

13 324

22,1

77,9

28

N

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

2 400

3 417

5 817

41,3

58,7

70

O

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria

749

3 260

4 009

18,7

81,3

23

P

Enseñanza

7 374

5 707

13 081

56,4

43,6

129

Q

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social

6 606

9 303

15 909

41,5

58,5

71

R

Artes, entretenimiento y recreación

1 698

3 928

5 626

30,2

69,8

43

S

Otras actividades de servicios

17 078

22 553

39 631

43,1

56,9

76

U

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales

7

27

34

20,6

79,4

26

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos del Censo Nacional Económico (CNE).

a Clasificación de acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU), Revisión 4.

Cuadro A.11

América Latina (18 países): tasa de desempleo abierta a en el área geográfica urbana, por sexo, 1990, 2002 y último dato disponible

(En porcentajes, tasa anual media)

País

Sexo

Años seleccionados

1990 b

2002 c

Última dato disponible d

Argentina e

Mujeres

6,4

18,0

8,5

Hombres

5,7

17,8

6,2

Ambos sexos

5,9

17,9

7,2

Bolivia (Estado Plurinacional de) f

Mujeres

9,1

7,9

6,2

Hombres

9,5

5,2

3,6

Ambos sexos

9,4

6,4

4,8

Brasil

Mujeres

3,9

13,0

9,8

Hombres

4,8

8,4

5,5

Ambos sexos

4,5

10,4

7,4

Chile

Mujeres

9,7

12,4

9,6

Hombres

8,1

8,5

6,6

Ambos sexos

8,7

10,1

7,8

Colombia g

Mujeres

13,0

20,2

14,8

Hombres

6,7

14,6

10,0

Ambos sexos

9,3

17,1

12,2

Costa Rica

Mujeres

6,2

7,7

9,7

Hombres

4,9

6,2

6,3

Ambos sexos

5,3

6,8

7,7

Ecuador

Mujeres

9,2

13,9

6,1

Hombres

4,2

5,8

4,3

Ambos sexos

6,1

9,1

5,1

El Salvador

Mujeres

…

5,0

5,1

Hombres

…

8,8

8,3

Ambos sexos

…

7,0

6,8

Guatemala

Mujeres

3,8

7,0

3,1

Hombres

3,3

5,2

2,4

Ambos sexos

3,5

6,0

2,7

Honduras

Mujeres

5,9

5,7

7,2

Hombres

7,6

6,3

5,9

Ambos sexos

6,9

6,0

6,5

México

Mujeres

3,1

2,6

4,3

Hombres

3,4

3,9

7,6

Ambos sexos

3,3

3,4

6,3

Nicaragua

Mujeres

…

11,7

7,3

Hombres

…

13,1

9,2

Ambos sexos

…

12,5

8,4

Panamá

Mujeres

22,8

19,8

5,4

Hombres

17,9

14,0

5,3

Ambos sexos

20,0

16,5

5,4

Paraguay h

Mujeres

6,5

10,7

8,3

Hombres

6,2

9,7

4,9

Ambos sexos

6,3

10,2

6,4

Perú i

Mujeres

…

7,6

5,2

Hombres

…

6,8

4,5

Ambos sexos

…

7,2

4,8

República Dominicana

Mujeres

…

10,5

8,7

Hombres

…

5,4

5,7

Ambos sexos

…

7,5

7,0

Uruguay

Mujeres

11,1

21,1

7,8

Hombres

7,3

13,4

4,9

Ambos sexos

8,9

16,9

6,3

Venezuela (República Bolivariana de) j

Mujeres

8,4

18,8

9,1

Hombres

11,2

14,4

7,0

Ambos sexos

10,2

16,2

7,8

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países.

a Población de 15 años de edad y más.

b Datos de 1990, salvo en el caso de Bolivia (Estado Plurinacional de), Guatemala y México, en que corresponden a 1989, y de Colombia y Panamá, en que corresponden a 1991.

c Datos de 2002, salvo en el caso de El Salvador, Nicaragua, el Paraguay y el Perú, en que corresponden a 2001, y de Chile, en que corresponden a 2003.

d Datos de 2011, salvo en el caso de Guatemala, en que corresponden a 2006; de Bolivia (Estado Plurinacional de) y Nicaragua, en que corresponden a 2009, y de El Salvador, Honduras y México, en que corresponden a 2010.

e Los datos de 1990 corresponden al área metropolitana, los de 2002 a 32 aglomeraciones urbanas y el último dato disponible (2011) a 31 aglomeraciones urbanas.

f Los datos de 1990 corresponden a Cochabamba, El Alto, La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz, Sucre, Tarija y Trinidad.

g A partir de 2002, las cifras de las zonas urbanas y rurales no son estrictamente comparables con las de años anteriores, debido al diseño muestral de la encuesta.

h Los datos de 1990 corresponden al área metropolitana de Asunción.

i A partir de 2004 las cifras no son estrictamente comparables con las de años anteriores, debido a cambios metodológicos.

j A partir de 1998 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglose entre área urbana y rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

2. Educación, investigación y desarrollo

Cuadro A.12

América Latina (18 países): población a, por sexo y tramos de escolaridad, total nacional, 1990, 2002 y último dato disponible

(En porcentajes)

País y tramos de escolaridad

Mujeres

Hombres

Ambos sexos

1990 b

2002 c

Último dato disponible d

1990 b

2002 c

Último dato disponible d

1990 b

2002 c

Último dato disponible d

Argentina e

0 a 5 años

17,3

10,2

7,4

13,7

9,3

6,6

15,6

9,8

7,0

6 a 9 años

...

36,5

25,0

...

40,0

26,2

...

38,1

25,6

10 a 12 años

67,8

31,5

37,0

70,4

31,1

41,4

69,1

31,3

39,1

13 años y más

14,9

21,7

30,6

15,9

19,6

25,7

15,3

20,7

28,3

Bolivia (Estado Plurinacional de) f

0 a 5 años

35,7

47,0

37,2

22,1

34,7

26,3

29,4

41,1

31,9

6 a 9 años

18,4

19,2

17,4

21,0

23,2

19,5

19,6

21,2

18,4

10 a 12 años

29,4

20,6

25,6

31,9

26,8

32,7

30,6

23,6

29,1

13 años y más

16,5

13,2

19,7

25,0

15,3

21,6

20,4

14,2

20,6

Brasil

0 a 5 años

61,3

45,0

33,5

62,3

47,2

35,8

61,8

46,0

34,6

6 a 9 años

18,7

23,1

21,1

19,1

24,4

23,6

18,9

23,7

22,3

10 a 12 años

14,0

23,6

31,6

12,3

21,0

29,6

13,2

22,3

30,6

13 años y más

6,0

8,3

13,8

6,2

7,4

11,0

6,1

7,9

12,5

Chile

0 a 5 años

21,8

14,9

13,2

19,7

12,6

11,1

20,8

13,8

12,2

6 a 9 años

32,0

26,4

23,6

32,1

27,0

24,4

32,1

26,7

24,0

10 a 12 años

31,7

39,0

41,2

32,2

39,0

41,8

31,9

39,0

41,5

13 años y más

14,5

19,7

21,9

16,0

21,3

22,8

15,2

20,5

22,4

Colombia g

0 a 5 años

52,6

42,4

35,0

52,9

43,5

36,4

52,7

43,0

35,7

6 a 9 años

22,1

19,6

18,0

21,7

19,2

18,9

21,9

19,4

18,4

10 a 12 años

17,6

26,4

29,1

16,3

25,3

28,5

17,0

25,9

28,8

13 años y más

7,8

11,6

17,9

9,1

11,9

16,3

8,4

11,7

17,1

Costa Rica

0 a 5 años

30,4

21,6

16,5

29,7

20,7

16,3

30,0

21,2

16,4

6 a 9 años

44,5

45,2

43,8

45,7

47,7

47,1

45,1

46,4

45,4

10 a 12 años

16,7

18,9

21,9

15,7

17,1

20,0

16,2

18,0

20,9

13 años y más

8,4

14,3

17,9

8,9

14,4

16,6

8,6

14,4

17,3

Ecuador h

0 a 5 años

16,5

14,2

41,6

13,6

12,0

40,3

15,1

13,1

41,0

6 a 9 años

42,9

36,7

13,0

45,5

38,6

13,6

44,1

37,6

13,3

10 a 12 años

27,2

28,2

26,3

24,0

26,9

28,6

25,6

27,5

27,4

13 años y más

13,4

20,9

19,1

16,9

22,5

17,4

15,1

21,7

18,3

El Salvador

0 a 5 años

...

47,3

41,0

...

40,3

35,0

...

44,1

38,3

6 a 9 años

...

26,7

28,9

...

32,0

33,6

...

29,1

31,1

10 a 12 años

...

17,0

19,3

...

17,8

20,9

...

17,4

20,1

13 años y más

...

9,0

10,7

...

9,9

10,4

...

9,4

10,6

Guatemala

0 a 5 años

75,0

61,6

58,7

68,3

51,0

49,6

71,8

56,6

54,6

6 a 9 años

16,3

22,5

24,1

21,8

30,9

30,8

19,0

26,5

27,2

10 a 12 años

6,8

12,2

12,6

6,5

11,6

13,1

6,6

11,9

12,8

13 años y más

1,8

3,6

4,6

3,4

6,5

6,5

2,6

5,0

5,5

Honduras

0 a 5 años

58,4

46,3

37,8

59,5

49,0

39,6

58,9

47,5

38,6

6 a 9 años

29,6

36,1

36,5

29,7

36,4

39,4

29,7

36,2

37,9

10 a 12 años

9,3

12,4

19,2

7,5

9,5

14,6

8,4

11,0

17,0

13 años y más

2,7

5,2

6,5

3,3

5,2

6,5

3,0

5,2

6,5

México

0 a 5 años

40,4

30,1

22,7

35,1

26,4

19,4

37,9

28,3

21,1

6 a 9 años

45,4

40,3

42,0

42,8

41,5

43,6

44,2

40,9

42,8

10 a 12 años

8,8

19,6

20,0

11,2

18,3

19,9

10,0

19,0

20,0

13 años y más

5,3

10,0

15,2

10,9

13,8

17,1

8,0

11,8

16,1

Nicaragua

0 a 5 años

...

48,5

40,2

...

50,9

41,1

...

49,7

40,7

6 a 9 años

...

30,6

32,3

...

31,8

34,7

...

31,2

33,5

10 a 12 años

...

15,1

17,5

...

11,1

15,0

...

13,2

16,3

13 años y más

...

5,8

10,0

...

6,2

9,2

...

6,0

9,6

Panamá i

0 a 5 años

12,0

17,7

14,3

10,8

17,9

13,9

11,4

17,8

14,1

6 a 9 años

36,0

37,3

32,8

38,8

43,5

39,2

37,3

40,4

35,9

10 a 12 años

31,6

25,9

28,3

30,5

24,3

29,1

31,1

25,1

28,7

13 años y más

20,4

19,2

24,6

20,0

14,4

17,8

20,2

16,8

21,3

Paraguay j

0 a 5 años

20,3

36,2

21,6

15,6

34,0

20,9

18,2

35,1

21,2

6 a 9 años

41,0

35,9

36,0

40,6

38,7

35,4

40,8

37,3

35,7

10 a 12 años

28,1

17,6

25,2

30,4

18,2

29,2

29,2

17,9

27,2

13 años y más

10,6

10,3

17,3

13,3

9,1

14,5

11,9

9,7

15,9

Perú k

0 a 5 años

...

38,6

30,9

...

27,9

21,3

...

33,4

26,2

6 a 9 años

...

19,9

16,4

...

22,9

18,0

...

21,3

17,2

10 a 12 años

...

24,5

26,5

...

29,6

32,0

...

27,0

29,1

13 años y más

...

17,1

26,2

...

19,6

28,7

...

18,3

27,5

República Dominicana

0 a 5 años

...

34,6

27,4

...

36,6

29,8

...

35,6

28,6

6 a 9 años

...

27,7

24,5

...

29,9

28,6

...

28,8

26,5

10 a 12 años

...

23,6

28,9

...

21,0

28,7

...

22,3

28,8

13 años y más

...

14,2

19,2

...

12,5

13,0

...

13,3

16,1

Uruguay h

0 a 5 años

22,4

13,9

10,4

21,1

13,3

10,8

21,8

13,6

10,6

6 a 9 años

44,7

43,0

41,8

47,9

47,1

47,4

46,1

44,9

44,4

10 a 12 años

22,3

25,1

24,0

21,7

25,0

24,2

22,0

25,0

24,1

13 años y más

10,6

18,0

23,8

9,3

14,6

17,6

10,0

16,4

20,9

Venezuela (República Bolivariana de) l

0 a 5 años

25,7

19,1

11,9

24,2

19,7

14,0

24,9

19,4

12,9

6 a 9 años

46,1

41,0

30,8

49,1

45,4

36,4

47,6

43,2

33,6

10 a 12 años

18,0

22,4

27,0

15,8

20,8

28,0

16,9

21,6

27,5

13 años y más

10,2

17,6

30,3

10,9

14,0

21,6

10,6

15,8

26,0

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países.

a Población de 15 años de edad y más.

b Datos de 1990, salvo en el caso de Bolivia (Estado Plurinacional de), Guatemala y México, en que corresponden a 1989, y de Colombia y Panamá, en que corresponden a 1991.

c Datos de 2002, salvo en el caso de El Salvador, Nicaragua, el Paraguay y el Perú, en que corresponden a 2001, y de Chile, en que corresponden a 2003.

d Datos de 2011, salvo en el caso de Guatemala, en que corresponden a 2006; de Bolivia (Estado Plurinacional de) y Nicaragua, en que corresponden a 2009, y de El Salvador, Honduras y México, en que corresponden a 2010.

e Los datos de 1990 corresponden al área metropolitana, los de 2002 a 32 aglomeraciones urbanas y el último dato disponible (2011) a 31 aglomeraciones urbanas.

f Los datos de 1989 corresponden a las áreas urbanas de Cochabamba, El Alto, La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz, Sucre, Tarija y Trinidad.

g A partir de 2002, las cifras de las zonas urbanas y rurales no son estrictamente comparables con las de años anteriores, debido al diseño muestral de la encuesta.

h Los datos de 1990 y 2002 corresponden al área urbana.

i Los datos de 1991 corresponden al área urbana.

j Los datos de 1990 corresponden al área metropolitana de Asunción.

k A partir de 2004 las cifras no son estrictamente comparables con las de años anteriores, debido a cambios metodológicos.

l A partir de 1998 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglose entre área urbana y rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro A.13

América Latina (18 países): promedio de años de estudio de la población económicamente activa a, por sexo, total nacional, 1990, 2002 y último dato disponible

(En años)

País

Sexo

Años

1990 b

2002 c

Último dato disponible d

Argentina e

Mujeres

10,1

11,2

12,6

Hombres

9,2

10,1

11,4

Ambos sexos

9,5

10,6

11,9

Bolivia (Estado Plurinacional de) f

Mujeres

8,1

6,5

8,0

Hombres

9,7

7,9

9,2

Ambos sexos

9,0

7,3

8,7

Brasil

Mujeres

6,5

7,6

9,2

Hombres

5,4

6,7

7,9

Ambos sexos

5,8

7,1

8,5

Chile

Mujeres

10,4

11,4

11,7

Hombres

9,3

10,6

11,1

Ambos sexos

9,7

10,9

11,3

Colombia g

Mujeres

7,3

8,6

9,5

Hombres

6,3

7,5

8,3

Ambos sexos

6,7

7,9

8,8

Costa Rica

Mujeres

8,4

9,3

10,0

Hombres

6,9

8,0

8,6

Ambos sexos

7,3

8,4

9,1

Ecuador h

Mujeres

9,3

10,0

9,3

Hombres

8,8

9,8

8,7

Ambos sexos

8,9

9,9

8,9

El Salvador

Mujeres

...

7,2

7,9

Hombres

...

6,6

7,2

Ambos sexos

...

6,9

7,5

Guatemala

Mujeres

4,5

4,9

5,3

Hombres

3,6

5,1

5,4

Ambos sexos

3,8

5,1

5,4

Honduras

Mujeres

5,5

6,5

7,2

Hombres

4,2

5,0

5,9

Ambos sexos

4,5

5,5

6,4

México

Mujeres

7,0

8,2

9,5

Hombres

6,5

7,9

8,9

Ambos sexos

6,6

8,0

9,1

Nicaragua

Mujeres

...

6,5

7,6

Hombres

...

5,2

6,2

Ambos sexos

...

5,7

6,7

Panamá i

Mujeres

11,1

10,8

11,7

Hombres

10,2

8,7

9,7

Ambos sexos

10,6

9,4

10,4

Paraguay j

Mujeres

9,1

7,7

9,5

Hombres

9,2

7,1

8,9

Ambos sexos

9,1

7,3

9,2

Perú k

Mujeres

...

7,7

9,1

Hombres

...

8,8

10,0

Ambos sexos

...

8,3

9,6

República Dominicana

Mujeres

...

9,5

10,0

Hombres

...

7,4

8,2

Ambos sexos

...

8,1

8,9

Uruguay h

Mujeres

9,1

10,4

10,8

Hombres

8,2

9,3

9,5

Ambos sexos

8,6

9,8

10,1

Venezuela (República Bolivariana de) l

Mujeres

8,8

9,4

11,3

Hombres

7,4

8,1

9,3

Ambos sexos

7,9

8,6

10,1

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países.

a Población de 15 años de edad y más.

b Datos de 1990, salvo en el caso de Bolivia (Estado Plurinacional de), Guatemala y México, en que corresponden a 1989, y de Colombia y Panamá, en que corresponden a 1991.

c Datos de 2002, salvo en el caso de El Salvador, Nicaragua, el Paraguay y el Perú, en que corresponden a 2001, y de Chile, en que corresponden a 2003.

d Datos de 2011, salvo en el caso de Guatemala, en que corresponden a 2006; de Bolivia (Estado Plurinacional de) y Nicaragua, en que corresponden a 2009, y de El Salvador, Honduras y México, en que corresponden a 2010.

e Los datos de 1990 corresponden al área metropolitana, los de 2002 a 32 aglomeraciones urbanas y el último dato disponible (2011) a 31 aglomeraciones urbanas.

f Los datos de 1989 corresponden a las áreas urbanas de Cochabamba, El Alto, La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz, Sucre, Tarija y Trinidad.

g A partir de 2002, las cifras de las zonas urbanas y rurales no son estrictamente comparables con las de años anteriores, debido al diseño muestral de la encuesta.

h Los datos de 1990 y 2002 corresponden al área urbana.

i Los datos de 1991 corresponden al área urbana.

j Los datos de 1990 corresponden al área metropolitana de Asunción.

k A partir de 2004 las cifras no son estrictamente comparables con las de años anteriores, debido a cambios metodológicos.

l A partir de 1998 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglose entre área urbana y rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro A.14

América Latina y el Caribe (9 países): participación de investigadoras a, por tipo de disciplinas, alrededor de 2009 b

(En porcentajes)

País

Mujeres

Todas las disciplinas

Ingeniería y tecnología

Ciencias naturales

Brasil

48,0

48,0

48,0

Chile

27,5

19,0

26,5

Colombia

37,2

19,7

35,8

Costa Rica

43,3

30,1

33,6

El Salvador

36,8

16,8

35,4

Guatemala

35,2

45,1

45,5

Trinidad y Tabago

52,9

22,2

58,2

Uruguay

52,3

35,5

56,3

Venezuela (República Bolivariana de)

54,5

40,4

35,1

Fuente: UNESCO Institute for Statistics, diciembre de 2012 y UNESCO eAtlas of Research and Experimental Development. Women in Science.

a Los datos corresponden al porcentaje respecto del número total de personas empleadas en investigación y desarrollo, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial.

b Datos de 2009, salvo en el caso del Brasil, en que corresponden a 2007; Chile y el Uruguay, en que corresponden a 2008, y El Salvador, en que corresponden a 2010.

3. Pobreza y género

Cuadro A.15

América Latina (18 países): índice de feminidad a en hogares pobres y no pobres del área geográfica urbana, por tramos de edad, rondas de encuestas de 1990, 2002 y 2010

(En porcentajes)

Países

Tramos de edad

Pobres

No pobres

Rondas de encuestas

Rondas de encuestas

1990

2002 b

2010 c

1990

2002 b

2010 c

Argentina d

20 a 59 años

105,4

106,9

132,5

99,0

95,8

98,0

60 años y más

86,9

90,3

85,6

103,1

103,8

100,5

Bolivia (Estado Plurinacional de)

20 a 59 años

105,2

106,1

113,3

95,6

95,0

95,3

60 años y más

97,6

108,5

107,8

102,9

96,0

98,0

Brasil

20 a 59 años

107,5

106,2

114,3

96,4

97,6

97,1

60 años y más

102,4

87,6

92,7

98,7

102,3

100,5

Chile

20 a 59 años

105,3

108,5

128,5

97,4

98,4

97,3

60 años y más

99,0

94,2

98,8

100,3

100,5

100,1

Colombia e

20 a 59 años

105,2

106,6

115,2

95,8

96,0

94,9

60 años y más

107,6

99,8

99,8

95,3

100,1

100,1

Costa Rica

20 a 59 años

115,4

126,1

120,2

96,7

96,7

97,2

60 años y más

101,1

118,2

75,9

99,6

95,7

103,3

Ecuador

20 a 59 años

104,0

108,8

109,7

95,2

94,0

95,9

60 años y más

115,0

107,3

111,9

85,7

94,7

96,0

El Salvador

20 a 59 años

...

111,4

107,8

...

94,8

96,1

60 años y más

...

95,4

102,4

...

102,7

98,7

Guatemala f

20 a 59 años

107,2

108,6

102,8

94,2

95,2

98,6

60 años y más

98,5

96,7

98,5

101,1

102,0

100,6

Honduras

20 a 59 años

104,1

102,6

108,1

93,4

96,3

93,0

60 años y más

104,0

100,4

101,0

93,0

99,3

98,8

México

20 a 59 años

105,3

111,1

107,2

97,2

96,2

97,4

60 años y más

102,1

110,9

94,6

99,1

96,5

101,6

Nicaragua

20 a 59 años

...

106,3

107,9

...

92,4

93,5

60 años y más

...

93,8

105,7

...

110,5

95,0

Panamá

20 a 59 años

114,7

115,9

137,2

95,4

96,2

96,2

60 años y más

93,3

125,7

133,1

101,6

95,8

96,4

Paraguay

20 a 59 años

105,6

104,3

110,1

96,8

97,0

94,1

60 años y más

131,8

93,2

102,3

86,1

104,9

98,1

Perú g

20 a 59 años

...

105,9

110,6

...

96,8

98,2

60 años y más

...

97,7

108,3

...

101,0

98,7

República Dominicana

20 a 59 años

...

117,9

128,7

...

91,3

88,6

60 años y más

...

127,2

119,7

...

84,7

88,6

Uruguay

20 a 59 años

103,8

103,9

119,0

99,4

99,4

98,8

60 años y más

85,6

83,1

92,4

101,1

100,7

100,1

Venezuela (República Bolivariana de) h

20 a 59 años

119,3

107,5

120,8

92,4

95,0

94,9

60 años y más

113,8

107,6

109,3

92,7

95,0

98,1

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países.

a Se excluye el servicio doméstico puertas adentro y sus familiares. El índice está construido como el cociente entre las tasas de pobreza de las mujeres y de los hombres, multiplicado por 100. El índice de feminidad de la pobreza para las personas entre 20 y 59 años de edad indica que en todos los países de la región la tasa de pobreza de las mujeres es más alta que la de los hombres (sobre 100). Aun cuando no captura completamente las disparidades de género, este índice ilustra claramente el vínculo que existe en la región entre ser pobre y ser mujer.

b Comprende las encuestas de hogares realizadas por los países ese año, con excepción de Chile, donde se realizó en 2000, y El Salvador, Nicaragua, el Paraguay y el Perú, donde se realizaron en 2001.

c Comprende las encuestas de hogares realizadas por los países ese año, con excepción del Brasil y Chile, donde se realizaron en 2009.

d Corresponde al área geográfica urbana: en la ronda de 1990 al área metropolitana, en la ronda de 2002 a 32 aglomeraciones urbanas y en la ronda de 2010 a 31 aglomeraciones urbanas.

e A partir de 2002, las cifras de las zonas urbanas y rurales no son estrictamente comparables con las de años anteriores, debido al diseño muestral de la encuesta.

f La última información disponible es de la ronda de 2008, específicamente de 2006.

g A partir de 2004 las cifras no son estrictamente comparables con las de años anteriores, debido a cambios metodológicos.

h A partir de 1998 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglose entre área urbana y rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro A.16

América Latina (18 países): población sin ingresos propios a, por sexo y área geográfica, rondas de encuestas de 1990, 2002 y 2010

(En porcentajes)

País

Mujeres

Hombres

Urbana

Rural

Nacional

Urbana

Rural

Nacional

Rondas de encuestas

Rondas de encuestas

Rondas de encuestas

Rondas de encuestas

Rondas de encuestas

Rondas de encuestas

1990

2002 b

2010 c

1990

2002 b

2010 c

1990

2002 b

2010 c

1990

2002 b

2010 c

1990

2002 b

2010 c

1990

2002 b

2010 c

Argentina d

44,1

38,1

23,9

...

...

...

...

...

...

6,8

15,9

10,0

...

...

...

...

...

...

Bolivia (Estado Plurinacional de) e

52,5

35,8

30,6

...

70,7

52,2

...

48,6

37,8

22,3

11,1

8,3

...

22,0

16,5

...

15,5

11,1

Brasil

40,6

37,9

29,9

62,4

48,8

34,8

45,0

39,4

30,5

8,1

18,1

15,8

13,8

20,5

20,0

9,4

18,5

16,5

Chile

44,5

41,0

29,4

57,8

50,3

31,2

46,6

42,2

29,7

10,1

12,4

13,2

10,9

11,9

10,5

10,2

12,3

12,9

Colombia f

47,6

40,7

29,6

64,2

60,7

47,0

54,0

45,2

33,1

10,2

16,6

12,9

13,0

15,3

11,8

11,4

16,2

12,6

Costa Rica

49,5

38,6

30,3

69,5

57,7

45,2

60,2

45,9

35,5

10,1

9,0

9,7

12,8

11,0

11,6

11,7

9,8

10,5

Ecuador g

53,4

37,8

34,5

...

...

32,9

...

...

34,0

9,8

9,1

10,0

...

...

13,5

...

...

11,2

El Salvador

...

40,2

30,7

...

60,4

43,9

...

47,7

35,3

...

21,7

13,5

...

30,9

18,7

...

25,5

15,5

Guatemala h

52,3

34,0

31,2

81,1

49,8

52,0

70,0

43,5

41,2

10,3

11,0

7,4

16,0

11,3

10,4

14,0

11,2

8,9

Honduras

56,3

52,2

32,0

79,4

75,5

49,3

69,0

63,8

40,8

19,1

18,7

14,6

22,2

18,6

17,2

21,0

18,7

16,1

México

59,0

45,7

34,2

73,1

41,2

32,3

64,0

44,1

33,5

13,0

9,6

9,1

19,7

15,3

11,0

15,5

11,7

9,8

Nicaragua

...

53,1

50,0

...

74,2

72,9

...

61,0

59,0

...

24,9

24,8

...

28,4

29,0

...

26,4

26,7

Panamá

42,1

27,2

27,0

...

39,5

36,3

...

31,3

29,9

16,7

11,2

6,9

...

10,8

8,3

...

11,0

7,4

Paraguay i

41,5

33,8

32,6

...

47,2

44,2

...

39,1

36,9

9,0

15,3

13,4

...

20,3

20,9

...

17,7

16,5

Perú j

...

36,8

27,6

...

53,3

36,8

...

41,8

30,4

...

21,8

13,8

...

19,8

16,4

...

21,2

14,7

República Dominicana

...

35,9

29,1

...

54,4

40,7

...

41,8

32,6

...

14,4

14,4

...

13,2

13,9

...

14,0

14,2

Uruguay g

27,5

23,9

15,5

...

...

21,2

...

...

15,7

6,3

9,2

5,9

...

...

4,0

...

...

5,8

Venezuela (República Bolivariana de) k

61,3

...

...

81,9

...

...

64,1

43,4

35,8

22,2

...

...

20,6

...

...

21,9

17,9

11,5

América Latina l

48,0

38,4

30,4

71,2

56,0

41,4

59,1

45,3

34,4

12,4

14,7

12,3

16,1

17,8

14,9

14,4

16,5

13,3

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países.

a Población de 15 años de edad y más integrada por personas que no perciben ingresos monetarios y no son estudiantes según su condición de actividad.

b Comprende las encuestas de hogares realizadas por los países ese año, con excepción de Chile, donde se realizó en 2000, y El Salvador, Nicaragua, el Paraguay y el Perú, donde se realizaron en 2001.

c Comprende las encuestas de hogares realizadas por los países ese año, con excepción del Brasil y Chile, donde se realizaron en 2009.

d Datos disponibles solo para el área geográfica urbana: la ronda de 1990 corresponde al área metropolitana; la ronda de 2002 a 32 aglomeraciones urbanas, y la ronda de 2010 a 31 aglomeraciones urbanas.

e Los datos de la ronda de 1990 corresponden al área geográfica urbana de Cochabamba, El Alto, La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz, Sucre, Tarija y Trinidad.

f A partir de 2002, las cifras de las zonas urbanas y rurales no son estrictamente comparables con las de años anteriores, debido al diseño muestral de la encuesta.

g La información de las rondas de 1990 y 2002 corresponde al área geográfica urbana.

h La última información disponible es de la ronda de 2008, específicamente de 2006.

i Los datos de la ronda de 1990 corresponden al área metropolitana de Asunción.

j A partir de 2004 las cifras no son estrictamente comparables con las de años anteriores, debido a cambios metodológicos.

k A partir de 1998 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglose entre área urbana y rural.

l Promedio simple. Incluye solo los datos disponibles de cada ronda; en la ronda de encuestas de 2010 no se incluye a Guatemala.

Cuadro A.17

América Latina (18 países): población en edad de trabajar, por sexo y condición de pobreza

según condición de actividad, alrededor de 2011

(En porcentajes)

Condición de actividad

Mujeres

Hombres

Indigentes

Pobres no indigentes

Vulnerables no pobres a

Resto b

Indigentes

Pobres no indigentes

Vulnerables no pobres a

Resto b

Ocupadas y ocupados

29,4

37,4

42,8

53,8

66,3

72,8

74,6

76,5

Desocupadas y desocupados

6,3

5,7

5,0

3,1

10,1

6,6

4,9

3,0

Inactivas e inactivos

64,3

56,9

52,2

43,1

23,6

20,6

20,5

20,5

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de América Latina 2012 (LC/G.2557-P), Santiago de Chile, 2013. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.13.II.G.6.

a Personas cuyos ingresos se sitúan en un valor entre 1,0 y 1,5 veces el valor de la línea de la pobreza.

b Personas que no son pobres ni vulnerables.

Cuadro A.18

América Latina (18 países): personas ocupadas, por sexo y condición de pobreza según categoría ocupacional, alrededor de 2011

(En porcentajes)

Categoría Ocupacional

Mujeres

Hombres

Indigentes

Pobres no indigentes

Vulnerables no pobres a

Resto b

Indigentes

Pobres no indigentes

Vulnerables no pobres a

Resto b

Patronas y patronos

3,0

2,0

2,5

3,8

5,4

3,8

4,2

7,1

Empleadas y empleados

18,7

34,2

44,7

61,2

37,5

59,3

64,9

65,8

Servicio doméstico

12,1

16,2

14,5

9,3

0,3

0,6

0,6

0,5

Trabajadoras y trabajadores por cuenta propia

40,8

34,4

30,1

21,6

44,6

31,6

27,0

24,9

Trabajadoras no remuneradas y trabajadores no remunerados

25,4

13,1

8,2

4,1

12,3

4,6

3,2

1,8

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de América Latina 2012 (LC/G.2557-P), Santiago de Chile, 2013. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.13.II.G.6.

a Personas cuyos ingresos se sitúan en un valor entre 1 y 1,5 veces el valor de la línea de la pobreza.

b Personas que no son pobres ni vulnerables.

Cuadro A.19

América Latina (18 países): proporción del salario medio de las mujeres respecto del salario medio de los hombres a en el área geográfica urbana, 1990, 2002 y último dato disponible

(En porcentajes)

País

Años

1990 b

2002 c

Último dato disponible d

Argentina e

82,6

84,7

89,2

Bolivia (Estado Plurinacional de)

71,3

72,5

79,7

Brasil

67,0

78,2

81,6

Chile

70,2

80,6

80,1

Colombia f

77,3

91,0

90,3

Costa Rica

78,7

82,6

94,6

Ecuador

64,9

82,3

95,6

El Salvador

...

87,2

94,7

Guatemala

85,3

82,1

83,4

Honduras

73,2

82,9

94,4

México

76,0

79,9

79,3

Nicaragua

...

83,1

89,7

Panamá

82,2

89,1

89,0

Paraguay

63,4

81,2

85,8

Perú g

...

79,7

74,9

República Dominicana

...

86,9

90,0

Uruguay

73,2

83,6

83,6

Venezuela (República Bolivariana de) h

80,3

98,2

98,0

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países.

a La información corresponde a la población asalariada de 20 a 49 años de edad que trabaja 35 horas o más por semana.

b Datos de 1990, salvo en el caso de Bolivia (Estado Plurinacional de), Guatemala y México, en que corresponden a 1989, y de Colombia y Panamá, en que corresponden a 1991.

c Datos de 2002, salvo en el caso de El Salvador, Nicaragua, el Paraguay y el Perú, en que corresponden a 2001, y de Chile, en que corresponden a 2003.

d Datos de 2011, salvo en el caso de Guatemala, en que corresponden a 2006; de Bolivia (Estado Plurinacional de) y Nicaragua, en que corresponden a 2009, y de El Salvador, Honduras y México, en que corresponden a 2010.

e Los datos de 1990 corresponden al área metropolitana, los de 2002 a 32 aglomeraciones urbanas y el último dato disponible (2011) a 31 aglomeraciones urbanas.

f A partir de 2002, las cifras no son estrictamente comparables con las de años anteriores, debido al diseño muestral de la encuesta.

g A partir de 2004 las cifras no son estrictamente comparables con las de años anteriores, debido a cambios metodológicos.

h A partir de 1998 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglose entre área urbana y rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

4. Acceso y uso de Internet

Cuadro A.20

América Latina (10 países): acceso a Internet en el hogar, por sexo, total nacional, dos últimos datos disponibles

(En porcentajes)

País

Años

Mujeres

Hombres

Total

Brasil

2005

14,3

13,9

14,1

2009

28,6

27,6

28,1

Chile

2006

19,1

19,9

19,5

2009

29,5

30,7

30,1

Costa Rica

2005

10,4

10,6

10,5

2008

15,5

15,3

15,4

Ecuador a

2008

6,7

6,6

6,6

El Salvador

2007

3,0

2,8

2,9

2010

8,7

7,9

8,3

Honduras

2007

2,5

2,3

2,4

2010

8,9

7,5

8,2

México

2007

12,2

12,9

12,5

2009

19,9

20,4

20,1

Paraguay

2007

3,4

3,1

3,3

2010

16,0

14,7

15,3

Perú

2007

6,5

6,1

6,3

2010

13,6

13,2

13,4

Uruguay

2008

24,7

25,1

24,9

2010

38,3

38,4

38,3

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países.

a Por cambios en el cuestionario, no fue posible construir el dato de 2010.

Cuadro A.21

América Latina (10 países): uso de Internet a, por sexo, total nacional, dos últimos datos disponibles

(En porcentajes)

País

Años

Mujeres

Hombres

Total

Brasil

2005

18,2

19,7

18,9

2009

35,2

35,6

35,4

Chile

2006

34,8

39,3

37,0

2009

39,3

44,0

41,6

Costa Rica

2005

20,8

23,4

22,1

2008

30,7

33,8

32,2

Ecuador

2008

22,8

24,2

23,5

2010

28,2

29,9

29,0

El Salvador

2007

4,8

5,6

5,2

2010

13,4

15,0

14,1

Honduras

2007

9,6

9,1

9,4

2010

12,8

12,0

12,4

México

2007

20,4

24,2

22,2

2009

27,0

29,8

28,3

Paraguay

2007

9,8

9,8

9,8

2010

17,0

17,9

17,5

Perú

2007

23,1

29,9

26,4

2010

26,0

34,1

30,0

Uruguay

2008

35,1

37,5

36,2

2010

45,8

47,9

46,8

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países.

a Las tasas de uso se refieren al porcentaje de personas que declaran usar Internet desde cualquier punto de acceso, ya sea en el hogar, o bien en el trabajo, establecimientos educativos, centros comunitarios y otros.

Cuadro A.22

América Latina (9 países): uso de Internet, por condición de actividad y sexo, total nacional, último dato disponible a

(En porcentajes)

País

Condición de actividad b

Mujeres

Hombres

Total

Brasil

Ocupadas y ocupados

39,2

39,0

39,1

Desocupadas y desocupados

41,5

41,3

41,4

Estudiantes

35,7

37,6

36,6

Chile

Ocupadas y ocupados

46,0

40,3

42,5

Desocupadas y desocupados

44,6

43,8

44,2

Estudiantes

65,7

66,0

65,9

Costa Rica

Ocupadas y ocupados

41,5

32,9

36,1

Desocupadas y desocupados

36,9

23,0

29,5

Estudiantes

66,7

67,8

67,3

Ecuador

Ocupadas y ocupados

29,7

23,5

25,9

Desocupadas y desocupados

38,7

42,2

40,4

Estudiantes

62,2

62,0

62,1

El Salvador

Ocupadas y ocupados

15,1

12,7

13,7

Desocupadas y desocupados

23,1

12,5

15,6

Estudiantes

23,8

22,7

23,3

Honduras

Ocupadas y ocupados

16,0

10,3

12,4

Desocupadas y desocupados

36,3

23,6

29,7

Estudiantes

19,1

16,7

17,9

Paraguay

Ocupadas y ocupados

21,1

17,9

19,1

Desocupadas y desocupados

27,5

26,5

27,0

Estudiantes

34,6

35,4

35,0

Perú c

Ocupadas y ocupados

24,3

30,8

27,9

Desocupadas y desocupados

30,5

51,6

37,8

Uruguay

Ocupadas y ocupados

52,0

44,8

48,0

Desocupadas y desocupados

46,6

51,4

48,5

Estudiantes

88,3

87,7

88,0

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países.

a Las tasas de uso se refieren al porcentaje de personas que declaran usar Internet desde cualquier punto de acceso, ya sea en el hogar, o bien en el trabajo, establecimientos educativos, centros comunitarios y otros. El último dato disponible corresponde a 2010 en el caso del Ecuador, El Salvador, Honduras, el Paraguay, el Perú y el Uruguay; a 2009 en el caso del Brasil y Chile, y a 2008 en el caso de Costa Rica.

b Los porcentajes de personas ocupadas y desocupadas están calculados respecto de la población de 15 años de edad y más. La condición de estudiantes considera a la población de 5 años de edad y más.

c Datos de estudiantes no disponibles.

Cuadro A.23

América Latina (9 países): uso de Internet, por categoría ocupacional y sexo, total nacional, último dato disponible a

(En porcentajes)

País

Categoría ocupacional

Mujeres

Hombres

Total

Brasil

Empleadoras y empleadores

43,3

47,0

45,2

Trabajadoras y trabajadores por cuenta propia

36,5

33,6

35,0

Asalariadas y asalariados

42,5

41,9

42,2

Chile

Empleadoras y empleadores

58,5

62,8

61,6

Trabajadoras y trabajadores por cuenta propia

31,8

28,1

29,5

Asalariadas y asalariados

55,8

42,1

47,1

Costa Rica

Empleadoras y empleadores

49,0

35,5

38,4

Trabajadoras y trabajadores por cuenta propia

20,4

17,1

18,3

Asalariadas y asalariados

46,6

36,7

40,5

Ecuador

Empleadoras y empleadores

33,7

35,1

34,8

Trabajadoras y trabajadores por cuenta propia

13,2

11,3

12,0

Asalariadas y asalariados

52,5

29,0

36,3

El Salvador

Empleadoras y empleadores

11,8

22,0

18,9

Trabajadoras y trabajadores por cuenta propia

5,4

6,1

5,8

Asalariadas y asalariados

26,7

15,2

18,9

Honduras b

Trabajadoras y trabajadores por cuenta propia

25,5

37,7

30,1

Asalariadas y asalariados

6,2

5,2

5,6

Paraguay

Empleadoras y empleadores

35,8

23,0

25,8

Trabajadoras y trabajadores por cuenta propia

8,3

7,1

7,6

Asalariadas y asalariados

45,3

25,7

31,1

Perú

Empleadoras y empleadores

17,4

25,1

23,1

Trabajadoras y trabajadores por cuenta propia

11,7

16,0

14,0

Asalariadas y asalariados

50,7

43,1

45,8

Uruguay

Empleadoras y empleadores

63,7

59,0

60,3

Trabajadoras y trabajadores por cuenta propia

37,7

31,6

34,1

Asalariadas y asalariados

56,0

47,9

51,7

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países.

a Las tasas de uso se refieren al porcentaje de personas que declaran usar Internet desde cualquier punto de acceso, ya sea en el hogar, o bien en el trabajo, establecimientos educativos, centros comunitarios y otros. El último dato disponible corresponde a 2010 en el caso del Ecuador, El Salvador, Honduras, el Paraguay, el Perú y el Uruguay; a 2009 en el caso del Brasil y Chile, y a 2008 en el caso de Costa Rica.

b Datos de empleadoras y empleadores no disponibles.

Cuadro A.24

América Latina (9 países): uso de Internet, por quintiles de ingresos y sexo, total nacional, último dato disponible a

(En porcentajes)

País

Sexo

Quintiles de ingresos b

I

II

III

IV

V

Brasil

Mujeres

17,5

27,4

32,5

44,8

62,8

Hombres

16,3

26,4

32,8

45,4

66,8

Total

16,9

26,9

32,7

45,1

64,7

Chile

Mujeres

19,9

28,2

37,9

48,0

67,8

Hombres

23,1

31,0

40,3

51,7

73,1

Total

21,3

29,5

39,1

49,9

70,5

Costa Rica

Mujeres

3,8

8,4

12,7

23,8

56,7

Hombres

4,3

10,0

18,1

29,7

65,1

Total

4,1

9,6

16,4

27,9

63,0

Ecuador

Mujeres

13,5

17,8

21,1

30,2

49,5

Hombres

15,0

18,1

22,2

32,0

51,0

Total

14,2

17,9

21,6

31,1

50,3

El Salvador

Mujeres

2,3

4,7

7,2

14,4

29,3

Hombres

2,6

4,8

8,4

15,3

33,6

Total

2,4

4,8

7,7

14,8

31,3

Honduras

Mujeres

1,8

2,9

7,6

16,2

34,8

Hombres

1,2

2,1

7,4

15,1

36,4

Total

1,5

2,5

7,5

15,7

35,6

Paraguay

Mujeres

1,5

5,6

13,6

22,2

40,1

Hombres

1,5

5,9

11,9

23,9

44,8

Total

1,5

5,8

12,7

23,1

42,4

Perú

Mujeres

5,7

14,3

22,6

31,6

46,6

Hombres

9,8

19,0

30,9

40,1

57,9

Total

7,7

16,6

26,7

35,8

52,3

Uruguay

Mujeres

34,5

38,4

42,1

49,4

63,0

Hombres

35,4

37,7

43,8

52,2

70,3

Total

34,9

38,1

42,9

50,7

66,3

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países.

a Las tasas de uso se refieren al porcentaje de personas que declaran usar Internet desde cualquier punto de acceso, ya sea en el hogar, o bien en el trabajo, establecimientos educativos, centros comunitarios y otros. El último dato disponible corresponde a 2010 en el caso del Ecuador, El Salvador, Honduras, el Paraguay, el Perú y el Uruguay; a 2009 en el caso del Brasil y Chile, y a 2008 en el caso de Costa Rica.

b Quintiles de ingresos según datos a nivel de hogar. Se considera el ingreso total, es decir, ingresos autónomos y transferencias.

Cuadro A.25

América Latina (9 países): uso de Internet, por nivel educativo y sexo, total nacional, último dato disponible a

(En porcentajes)

País

Nivel educativo b

Mujeres

Hombres

Total

Brasil

Primaria

23,7

26,4

25,1

Secundaria

59,0

64,4

61,5

Postsecundaria

92,7

94,1

93,4

Terciaria

86,5

90,0

88,0

Chile

Primaria

20,9

25,3

23,1

Secundaria

39,7

44,4

41,9

Postsecundaria

82,0

83,6

82,8

Terciaria

76,1

81,1

78,5

Costa Rica

Primaria

11,4

14,8

13,1

Secundaria

39,1

44,9

41,9

Postsecundaria

73,0

78,3

75,5

Terciaria

80,3

88,0

84,1

Ecuador

Primaria

0,9

1,3

1,1

Secundaria

7,9

8,6

8,3

Postsecundaria

37,3

39,8

38,6

Terciaria

74,7

75,0

74,8

El Salvador

Primaria

3,8

4,7

4,2

Secundaria

20,8

22,5

21,6

Postsecundaria

59,1

65,2

61,7

Terciaria

70,3

75,5

72,9

Honduras

Primaria

0,5

0,7

0,6

Secundaria

2,7

3,1

2,9

Postsecundaria

30,4

31,5

30,9

Terciaria

71,2

74,0

72,4

Paraguay

Primaria

3,7

4,6

4,2

Secundaria

26,7

27,5

27,2

Postsecundaria

57,2

65,4

60,7

Terciaria

73,7

75,7

74,7

Perú

Primaria

10,2

15,2

12,6

Secundaria

31,9

36,7

34,5

Postsecundaria

58,4

66,8

62,7

Terciaria

70,4

77,2

73,9

Uruguay

Primaria

27,8

32,6

30,1

Secundaria

49,6

53,4

51,5

Postsecundaria

79,4

85,3

81,6

Terciaria

91,8

90,6

91,2

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países.

a Las tasas de uso se refieren al porcentaje de personas que declaran usar Internet desde cualquier punto de acceso, ya sea en el hogar, o bien en el trabajo, establecimientos educativos, centros comunitarios y otros. El último dato disponible corresponde a 2010 en el caso del Ecuador, El Salvador, Honduras, el Paraguay, el Perú y el Uruguay; a 2009 en el caso del Brasil y Chile, y a 2008 en el caso de Costa Rica.

b Los niveles educativos son: primaria: educación primaria o primer ciclo de la educación básica; secundaria: educación secundaria o segundo ciclo de la educación básica y media; postsecundaria: educación postsecundaria no terciaria o terciaria incompleta no conducente a grado académico, y terciaria: educación terciaria o superior.

Cuadro A.26

América Latina (9 países): uso de Internet, por sexo y área geográfica, último dato disponible a

(En porcentajes)

País

Mujeres

Hombres

Total

Urbana

Rural

Urbana

Rural

Urbana

Rural

Brasil

42,0

12,9

44,0

11,6

42,9

12,2

Chile

42,3

17,9

48,1

17,7

45,0

17,8

Costa Rica

39,1

17,8

44,4

18,9

41,6

18,4

Ecuador

36,1

11,9

39,3

12,1

37,6

12,0

El Salvador

18,9

3,4

22,0

3,9

20,3

3,6

Honduras

22,9

3,5

23,7

3,0

23,3

3,2

Paraguay

25,1

4,2

28,4

3,7

26,7

3,9

Perú

35,8

6,7

46,4

11,4

40,9

9,1

Uruguay b

45,8

…

47,9

…

46,8

…

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países.

a Las tasas de uso se refieren al porcentaje de personas que declaran usar Internet desde cualquier punto de acceso, ya sea en el hogar, o bien en el trabajo, establecimientos educativos, centros comunitarios y otros. El último dato disponible corresponde a 2010 en el caso del Ecuador, El Salvador, Honduras, el Paraguay, el Perú y el Uruguay (encuesta solo urbana); a 2009 en el caso del Brasil y Chile, y a 2008 en el caso de Costa Rica.

b Datos del área rural no disponibles.

Cuadro A.27

América Latina (9 países): uso de Internet, por tramos de edad y sexo, total nacional, último dato disponible a

(En porcentajes)

País

Tramos de edad

Mujeres

Hombres

Total

Brasil

5 a 14 años

32,0

30,1

31,0

15 a 24 años

67,4

64,7

66,0

25 a 34 años

49,9

49,1

49,5

35 a 44 años

37,2

36,5

36,8

45 a 54 años

27,2

29,4

28,2

55 a 64 años

15,5

19,7

17,4

65 años y más

4,3

7,4

5,6

Chile

5 a 14 años

54,6

55,3

55,0

15 a 24 años

69,1

70,2

69,6

25 a 34 años

50,2

53,3

51,7

35 a 44 años

33,7

37,3

35,4

45 a 54 años

26,1

28,9

27,4

55 a 64 años

17,8

23,4

20,4

65 años y más

5,1

9,1

6,8

Costa Rica

5 a 14 años

29,5

30,4

30,0

15 a 24 años

54,4

52,1

53,2

25 a 34 años

39,5

41,2

40,3

35 a 44 años

24,3

30,1

27,0

45 a 54 años

20,0

25,1

22,4

55 a 64 años

10,3

18,6

14,3

65 años y más

3,1

7,1

5,0

Ecuador

5 a 14 años

30,3

29,7

30,0

15 a 24 años

57,2

53,7

55,3

25 a 34 años

35,8

37,2

36,5

35 a 44 años

20,6

21,9

21,2

45 a 54 años

15,1

17,8

16,4

55 a 64 años

10,7

15,6

13,1

65 años y más

2,1

4,1

3,1

El Salvador

5 a 14 años

9,4

8,6

9,0

15 a 24 años

29,0

29,8

29,4

25 a 34 años

14,8

16,6

15,6

35 a 44 años

10,2

12,6

11,3

45 a 54 años

7,9

11,2

9,3

55 a 64 años

3,7

8,3

5,7

65 años y más

1,6

2,0

1,8

Honduras

5 a 14 años

6,8

6,7

6,7

15 a 24 años

26,7

22,4

24,5

25 a 34 años

17,0

13,7

15,5

35 a 44 años

10,7

13,2

11,8

45 a 54 años

5,7

9,3

7,3

55 a 64 años

4,6

3,4

4,1

65 años y más

0,9

1,8

1,3

Paraguay

5 a 14 años

10,9

11,1

11,0

15 a 24 años

32,3

31,5

31,9

25 a 34 años

25,2

23,3

24,2

35 a 44 años

14,0

18,8

16,4

45 a 54 años

11,4

13,7

12,6

55 a 64 años

5,5

8,6

7,1

65 años y más

1,8

2,6

2,1

Perú

5 a 14 años

26,7

33,1

30,0

15 a 24 años

53,2

59,5

56,4

25 a 34 años

32,4

44,1

38,2

35 a 44 años

19,0

27,0

22,7

45 a 54 años

14,4

21,6

17,8

55 a 64 años

7,7

14,3

10,8

65 años y más

1,3

4,8

2,9

Uruguay

5 a 14 años

73,1

72,0

72,5

15 a 24 años

69,7

67,2

68,4

25 a 34 años

57,2

54,4

55,9

35 a 44 años

48,2

46,2

47,2

45 a 54 años

39,3

38,5

38,9

55 a 64 años

25,9

25,8

25,8

65 años y más

7,0

10,2

8,3

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países.

a Las tasas de uso se refieren al porcentaje de personas que declaran usar Internet desde cualquier punto de acceso, ya sea en el hogar, o bien en el trabajo, establecimientos educativos, centros comunitarios y otros. El último dato disponible corresponde a 2010 en el caso del Ecuador, El Salvador, Honduras, el Paraguay, el Perú y el Uruguay; a 2009 en el caso del Brasil y Chile, y a 2008 en el caso de Costa Rica.

5. Mujeres en el ámbito rural y mujeres indígenas

Cuadro A.28

América Latina y el Caribe (31 países): población total proyectada, por sexo, 2012

(En miles de personas y porcentajes)

Países

Miles de personas

Porcentajes

Mujeres

Hombres

Ambos sexos

Mujeres

Hombres

Argentina

20 984

20 088

41 072

51,1

48,9

Bahamas

179

172

351

51,1

48,9

Barbados

138

136

275

50,4

49,6

Belice

164

160

324

50,7

49,3

Bolivia (Estado Plurinacional de)

5 159

5 140

10 299

50,1

49,9

Brasil

100 868

97 555

198 423

50,8

49,2

Chile

8 824

8 630

17 454

50,6

49,4

Colombia

24 258

23 477

47 735

50,8

49,2

Costa Rica

2 362

2 436

4 798

49,2

50,8

Cuba

5 617

5 678

11 295

49,7

50,3

Ecuador

7 764

7 754

15 517

50,0

50,0

El Salvador

3 306

2 982

6 288

52,6

47,4

Granada

53

53

105

49,9

50,1

Guatemala

7 714

7 337

15 051

51,3

48,7

Guyana

377

380

758

49,8

50,2

Haití

5 132

5 003

10 135

50,6

49,4

Honduras

3 960

3 961

7 922

50,0

50,0

Jamaica

1 402

1 359

2 761

50,8

49,2

México

61 221

56 775

117 996

51,9

48,1

Nicaragua

3 022

2 957

5 979

50,5

49,5

Panamá

1 882

1 919

3 801

49,5

50,5

Paraguay

3 309

3 366

6 675

49,6

50,4

Perú

14 937

15 011

29 948

49,9

50,1

Puerto Rico

1 942

1 801

3 743

51,9

48,1

República Dominicana

5 079

5 085

10 164

50,0

50,0

San Vicente y las Granadinas

54

55

109

49,5

50,5

Santa Lucía

91

86

178

51,3

48,7

Suriname

266

268

534

49,9

50,1

Trinidad y Tabago

697

654

1 351

51,6

48,4

Uruguay

1 758

1 637

3 395

51,8

48,2

Venezuela (República Bolivariana de)

14 925

15 017

29 943

49,8

50,2

América Latina y el Caribe

307 444

296 935

604 380

50,9

49,1

América Latina

298 890

288 608

587 498

50,9

49,1

El Caribe

8 555

8 327

16 881

50,7

49,3

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL, sobre la base de “Estimaciones y proyecciones de población a largo plazo 1950-2100. Revisión 2012” [en línea] http://www.eclac.cl/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm.

Cuadro A.29

América Latina y el Caribe (20 países): población proyectada, por sexo y área geográfica, 2012

(En miles de personas y porcentajes)

Países

Miles

de personas

Participación porcentual por área

geográfica dentro de la población

de mujeres y de hombres

Porcentaje de mujeres respecto del total del área geográfica

Porcentaje de mujeres respecto del total nacional

Mujeres

Hombres

Ambos sexos

Mujeres

Hombres

Ambos sexos

Mujeres

Mujeres

Nacional

Urbana

Rural

Nacional

Urbana

Rural

Nacional

Urbana

Rural

Urbana

Rural

Urbana

Rural

Urbana

Rural

Urbana

Rural

Urbana

Rural

Nacional

Argentina

20 625

19 333

1 292

19 745

18 262

1 483

40 370

37 595

2 775

93,7

6,3

92,5

7,5

93,1

6,9

51,4

46,6

45,2

3,2

51,1

Bolivia (Estado Plurinacional de)

5 009

3 405

1 604

4 985

3 226

1 759

9 995

6 631

3 364

68,0

32,0

64,7

35,3

66,3

33,7

51,4

47,7

32,3

16,1

50,1

Brasil

99 118

85 365

13 754

96 035

80 650

15 386

195 153

166 014

29 139

86,1

13,9

84,0

16,0

85,1

14,9

51,4

47,2

41,3

7,0

50,8

Chile

8 668

7 574

1 094

8 481

7 434

1 047

17 149

15 008

2 141

87,4

12,6

87,7

12,3

87,5

12,5

50,5

51,1

43,3

6,4

50,5

Colombia

23 593

18 937

4 656

22 855

17 503

5 352

46 448

36 440

10 009

80,3

19,7

76,6

23,4

78,5

21,5

52,0

46,5

37,7

10,0

50,8

Costa Rica

2 297

1 532

765

2 371

1 553

819

4 669

3 085

1 584

66,7

33,3

65,5

34,5

66,1

33,9

49,7

48,3

33,3

16,4

49,2

Cuba

5 618

4 421

1 197

5 681

4 324

1 357

11 298

8 744

2 554

78,7

21,3

76,1

23,9

77,4

22,6

50,6

46,9

38,3

10,6

49,7

Ecuador

7 511

4 931

2 580

7 507

4 830

2 678

15 018

9 760

5 258

65,6

34,4

64,3

35,7

65,0

35,0

50,5

49,1

32,2

17,2

50,0

El Salvador

3 263

2 007

1 256

2 955

1 739

1 216

6 218

3 746

2 472

61,5

38,5

58,8

41,2

60,2

39,8

53,6

50,8

28,0

20,2

52,5

Guatemala

7 349

4 237

3 111

6 985

3 968

3 017

14 334

8 205

6 129

57,7

42,3

56,8

43,2

57,2

42,8

51,6

50,8

27,7

21,7

51,3

Haití

5 003

2 451

2 551

4 881

2 265

2 617

9 884

4 716

5 168

49,0

51,0

46,4

53,6

47,7

52,3

52,0

49,4

22,9

25,8

50,6

Honduras

3 811

1 992

1 819

3 809

1 856

1 953

7 619

3 848

3 771

52,3

47,7

48,7

51,3

50,5

49,5

51,8

48,2

24,4

23,9

50,0

México

59 799

46 835

12 964

55 502

43 052

12 450

115 301

89 887

25 414

78,3

21,7

77,6

22,4

78,0

22,0

52,1

51,0

37,3

11,2

51,9

Nicaragua

2 936

1 751

1 186

2 877

1 641

1 235

5 813

3 392

2 421

59,6

40,4

57,1

42,9

58,3

41,7

51,6

49,0

28,2

20,4

50,5

Panamá

1 819

1 274

545

1 857

1 252

605

3 676

2 526

1 150

70,0

30,0

67,4

32,6

68,7

31,3

50,4

47,4

34,1

14,8

49,5

Paraguay

3 199

2 035

1 164

3 259

1 933

1 326

6 458

3 968

2 491

63,6

36,4

59,3

40,7

61,4

38,6

51,3

46,8

29,9

18,0

49,5

Perú

14 601

10 756

3 845

14 671

10 702

3 969

29 272

21 458

7 814

73,7

26,3

72,9

27,1

73,3

26,7

50,1

49,2

36,6

13,1

49,9

República Dominicana

4 947

3 476

1 471

4 960

3 331

1 629

9 907

6 807

3 100

70,3

29,7

67,2

32,9

68,7

31,3

51,1

47,4

33,6

14,8

49,9

Uruguay

1 747

1 636

111

1 627

1 482

144

3 373

3 118

256

93,6

6,4

91,1

8,9

92,4

7,6

52,5

43,5

43,9

3,3

51,8

Venezuela (República Bolivariana de)

14 466

13 709

756

14 573

13 467

1 106

29 039

27 176

1 863

94,8

5,2

92,4

7,6

93,6

6,4

50,4

40,6

46,4

2,6

49,8

América Latina y el Caribe

295 378

237 656

57 722

285 615

224 467

61 149

580 993

462 123

118 871

80,5

19,5

78,6

21,4

79,5

20,5

51,4

48,6

38,6

9,9

50,8

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL, sobre la base de “Estimaciones y proyecciones de población a largo plazo 1950-2100. Revisión 2012” [en línea] http://www.eclac.cl/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm.

Cuadro A.30

América Latina (9 países): población total, por condición étnica y sexo, último dato disponible a

(En números y porcentajes)

País

Población total

Población indígena

Porcentaje de la población indígena por sexo respecto de la población total

Porcentaje de la población indígena por sexo respecto de la población total del mismo sexo

Porcentaje de la población indígena por sexo respecto de la población indígena total

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Brasil

97 333 754

93 385 994

190 719 748

410 584

410 917

821 501

0,2

0,2

0,4

0,4

50,0

50,0

Colombia

20 706 760

19 900 648

40 607 408

689 577

703 046

1 392 623

1,7

1,7

3,3

3,5

49,5

50,5

Costa Rica

2 195 649

2 106 063

4 301 712

51 709

52 434

104 143

1,2

1,2

2,4

2,5

49,7

50,3

Ecuador

7 305 816

7 177 683

14 483 499

517 797

500 379

1 018 176

3,6

3,5

7,1

7,0

50,9

49,1

México

56 924 903

54 044 047

110 968 950

8 683 462

8 244 300

16 927 762

7,8

7,4

15,3

15,3

51,3

48,7

Nicaragua

2 524 626

2 455 224

4 979 850

222 049

221 798

443 847

4,5

4,5

8,8

9,0

50,0

50,0

Panamá

1 692 981

1 712 266

3 405 247

205 098

212 444

417 542

6,0

6,2

12,1

12,4

49,1

50,9

Perú

13 693 398

13 359 996

27 053 394

3 256 859

3 232 250

6 489 109

12,0

11,9

23,8

24,2

50,2

49,8

Uruguay

1 637 471

1 505 174

3 142 645

87 162

72 157

159 319

2,8

2,3

5,3

4,8

54,7

45,3

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL, sobre la base de los Censos de Población.

a El último dato censal disponible corresponde en Costa Rica y el Uruguay a 2011; en el Brasil, el Ecuador, México y Panamá a 2010; en el Perú a 2007, y en Colombia y Nicaragua a 2005

Cuadro A.31

América Latina (9 países): tasa de participación económica a, por sexo y condición étnica, último dato disponible

(En porcentajes)

País

Mujeres

Hombres

Indígena

No indígena

Indígena

No indígena

Brasil

47,2

53,7

65,7

74,4

Colombia

20,9

36,1

57,8

70,3

Costa Rica

27,4

36,3

67,3

72,2

Ecuador

54,6

42,9

78,8

78,0

México

31,5

38,0

78,9

77,4

Nicaragua

28,7

33,4

72,7

75,8

Panamá

19,3

44,4

68,7

76,8

Perú

37,5

38,8

71,6

73,7

Uruguay

53,4

50,2

73,8

71,4

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL, sobre la base de los Censos de Población.

a Población de 15 años de edad y más. El último dato censal disponible corresponde en Costa Rica y el Uruguay a 2011; en el Brasil, el Ecuador, México y Panamá a 2010; en el Perú a 2007, y en Colombia y Nicaragua a 2005.

Cuadro A.32

América Latina (8 países): población ocupada, por categoría ocupacional, sexo y condición étnica, último dato disponible a

(En porcentajes)

País

Categoría ocupacional

Mujeres

Hombres

Indígena

No indígena

Indígena

No indígena

Brasil

Empleadoras y empleadores

0,8

1,6

1,1

2,4

Asalariadas y asalariados

67,3

78,1

64,5

71,2

Trabajadoras y trabajadores por cuenta propia

26,6

18,0

32,0

25,6

Trabajadoras no remuneradas y trabajadores no remunerados

5,4

2,3

2,4

0,8

Colombia

Empleadoras y empleadores

2,6

5,5

2,0

5,9

Asalariadas y asalariados

68,4

81,0

60,4

73,5

Trabajadoras y trabajadores por cuenta propia

25,5

12,7

35,7

20,0

Trabajadoras no remuneradas y trabajadores no remunerados

3,5

0,8

2,0

0,6

Costa Rica

Empleadoras y empleadores

5,5

5,1

5,5

7,4

Asalariadas y asalariados

68,1

79,6

56,7

68,1

Trabajadoras y trabajadores por cuenta propia

23,1

14,2

35,3

23,6

Trabajadoras no remuneradas y trabajadores no remunerados

3,2

1,1

2,5

0,9

Ecuador

Empleadoras y empleadores

2,2

4,9

2,2

4,5

Asalariadas y asalariados

29,5

64,7

43,5

67,2

Trabajadoras y trabajadores por cuenta propia

65,5

28,7

52,5

26,9

Trabajadoras no remuneradas y trabajadores no remunerados

2,8

1,7

1,9

1,4

México

Empleadoras y empleadores

1,4

2,2

1,9

3,7

Asalariadas y asalariados

58,2

71,8

57,1

70,7

Trabajadoras y trabajadores por cuenta propia

33,4

23,5

33,4

23,3

Trabajadoras no remuneradas y trabajadores no remunerados

6,9

2,5

7,6

2,3

Nicaragua

Empleadoras y empleadores

1,0

1,1

1,1

1,6

Asalariadas y asalariados

55,3

65,3

41,7

53,9

Trabajadoras y trabajadores por cuenta propia

41,9

32,8

54,3

42,4

Trabajadoras no remuneradas y trabajadores no remunerados

1,8

0,8

2,9

2,1

Panamá

Empleadoras y empleadores

0,4

0,8

0,6

1,4

Asalariadas y asalariados

55,2

85,2

56,4

68,9

Trabajadoras y trabajadores por cuenta propia

37,2

13,5

39,9

28,8

Trabajadoras no remuneradas y trabajadores no remunerados

7,1

0,5

3,1

0,8

Perú

Empleadoras y empleadores

1,2

1,7

1,9

2,5

Asalariadas y asalariados

36,4

59,6

38,8

52,2

Trabajadoras y trabajadores por cuenta propia

41,6

32,1

51,0

41,2

Trabajadoras no remuneradas y trabajadores no remunerados

20,8

6,7

8,3

4,1

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL, sobre la base de los Censos de Población.

a Población de 15 años de edad y más. El último dato censal disponible corresponde en Costa Rica a 2011; en el Brasil, el Ecuador, México y Panamá a 2010; en el Perú a 2007, y en Colombia y Nicaragua a 2005.

Cuadro A.33

América Latina (8 países): población ocupada por sector económico, sexo y condición étnica, último dato disponible a

(En porcentajes)

País

Sector económico

Mujeres

Hombres

Indígena

No indígena

Indígena

No indígena

Brasil

Primario

37,6

9,9

44,7

18,1

Secundario

9,6

11,8

21,2

29,5

Terciario

52,8

78,3

34,1

52,4

Colombia

Primario

43,3

6,5

75,1

37,2

Secundario

3,8

10,0

7,6

16,1

Terciario

52,9

83,5

17,3

46,7

Costa Rica

Primario

13,8

4,3

46,7

20,8

Secundario

10,7

13,4

18,7

28,1

Terciario

75,5

82,3

34,6

51,1

Ecuador

Primario

59,6

11,0

51,0

28,6

Secundario

7,0

12,7

24,6

25,5

Terciario

33,4

76,3

24,4

45,9

México

Primario

9,9

2,3

39,2

15,6

Secundario

17,4

15,8

25,5

29,9

Terciario

72,7

81,9

35,3

54,5

Nicaragua

Primario

18,1

5,3

60,5

44,7

Secundario

13,5

18,1

15,6

19,6

Terciario

68,4

76,6

23,9

35,7

Panamá

Primario

23,5

1,6

56,2

17,0

Secundario

15,7

8,1

11,6

29,0

Terciario

60,8

90,3

32,2

54,0

Perú

Primario

34,0

8,7

45,5

26,0

Secundario

8,4

9,9

19,9

20,5

Terciario

57,6

81,4

34,6

53,5

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL, sobre la base de los Censos de Población.

a Población de 15 años de edad y más. El último dato censal disponible corresponde en Costa Rica a 2011; en el Brasil, el Ecuador, México y Panamá a 2010; en el Perú a 2007, y en Colombia y Nicaragua a 2005. 6. Mujeres en el sistema financiero: el caso chileno

Cuadro A.34

Chile: número de deudores y deuda total bancaria a, por sexo, 2002-2012

(En números de personas, valores en millones de pesos y pesos, y porcentajes)

Años b

Números de personas

Participación porcentual

Deuda total en millones de pesos c

Participación porcentual

Deuda media en pesos

Deuda de las mujeres en pesos por cada 100 pesos de la deuda de los hombres

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

2002

928 511

1 645 024

2 573 535

36,1

63,9

2 871 673

7 981 407

10 853 080

26,5

73,5

3 092 772

4 851 848

63,7

2003

893 434

1 590 587

2 484 021

36,0

64,0

3 057 253

8 464 341

11 521 594

26,5

73,5

3 421 913

5 321 520

64,3

2004

786 053

1 382 005

2 168 058

36,3

63,7

3 513 349

9 610 758

13 124 107

26,8

73,2

4 469 608

6 954 214

64,3

2005

1 361 605

2 130 839

3 492 444

39,0

61,0

5 733 868

13 436 298

19 170 166

29,9

70,1

4 211 110

6 305 637

66,8

2006

1 387 159

2 134 398

3 521 557

39,4

60,6

6 772 844

15 294 948

22 067 792

30,7

69,3

4 882 529

7 165 931

68,1

2007

1 355 423

2 087 842

3 443 265

39,4

60,6

8 384 300

18 183 525

26 567 825

31,6

68,4

6 185 744

8 709 244

71,0

2008

1 814 747

2 610 829

4 425 576

41,0

59,0

9 995 756

21 072 102

31 067 858

32,2

67,8

5 508 071

8 071 039

68,2

2009

1 841 895

2 579 059

4 420 954

41,7

58,3

10 998 695

22 462 339

33 461 034

32,9

67,1

5 971 402

8 709 510

68,6

2010

1 953 039

2 680 820

4 633 859

42,1

57,9

12 362 860

24 931 031

37 293 891

33,1

66,9

6 330 063

9 299 778

68,1

2011

2 116 415

2 832 233

4 948 648

42,8

57,2

14 205 192

28 343 203

42 548 395

33,4

66,6

6 711 912

10 007 370

67,1

2012

2 331 932

2 987 816

5 319 748

43,8

56,2

15 493 298

30 427 171

45 920 469

33,7

66,3

6 643 975

10 183 750

65,2

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, Género en el sistema financiero. Duodécima versión, Santiago de Chile, febrero de 2013.

a La deuda total incluye las colocaciones comerciales hipotecarias y los créditos de consumo.

b Información a diciembre de cada año, salvo en 2012, en que se trata de información a septiembre.

c Valores nominales.

Cuadro A.35

Chile: número de cuentas y deuda comercial, por sexo, 2002-2012

(En números de cuentas, valores en millones de pesos y porcentajes)

Año a

Números de

cuentas

Participación porcentual

Deuda comercial en millones

de pesos b

Participación porcentual

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

2002

250 220

472 092

722 312

34,6

65,4

652 765

2 764 038

3 416 803

19,1

80,9

2003

240 221

456 360

696 581

34,5

65,5

644 558

2 741 944

3 386 502

19,0

81,0

2004

101 609

223 488

325 097

31,3

68,7

574 072

2 535 862

3 109 934

18,5

81,5

2005

165 227

308 875

474 102

34,9

65,1

758 551

3 046 902

3 805 453

19,9

80,1

2006

175 265

320 530

495 795

35,4

64,6

839 585

3 259 390

4 098 975

20,5

79,5

2007

173 938

317 892

491 830

35,4

64,6

999 363

3 588 424

4 587 787

21,8

78,2

2008

205 580

335 809

541 389

38,0

62,0

1 159 141

3 917 457

5 076 598

22,8

77,2

2009

212 895

326 387

539 282

39,5

60,5

1 337 585

4 253 592

5 591 177

23,9

76,1

2010

252 790

361 942

614 732

41,1

58,9

1 514 370

4 530 096

6 044 466

25,1

74,9

2011

288 086

394 475

682 561

42,2

57,8

1 765 974

5 025 403

6 791 377

26,0

74,0

2012

378 783

439 996

818 779

46,3

53,7

2 115 172

5 301 832

7 417 004

28,5

71,5

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, Género en el sistema financiero. Duodécima versión, Santiago de Chile, febrero de 2013.

a Información a diciembre de cada año, salvo en 2012, en que se trata de información a septiembre.

b Valores nominales.

Cuadro A.36

Chile: número de cuentas y deuda de créditos hipotecarios, por sexo, 2002-2012

(En números de cuentas, valores en millones de pesos y porcentajes)

Año a

Números de

cuentas

Participación porcentual

Deuda hipotecaria en

millones de pesos b

Participación porcentual

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

2002

182 885

331 981

514 866

35,5

64,5

1 545 930

3 628 997

5 174 927

29,9

70,1

2003

184 204

330 060

514 264

35,8

64,2

1 653 158

3 937 444

5 590 602

29,6

70,4

2004

186 033

333 218

519 251

35,8

64,2

1 843 921

4 566 379

6 410 300

28,8

71,2

2005

278 082

435 410

713 492

39,0

61,0

3 089 403

6 489 087

9 578 490

32,3

67,7

2006

289 460

451 610

741 070

39,1

60,9

3 650 103

7 413 087

11 063 190

33,0

67,0

2007

296 334

461 408

757 742

39,1

60,9

4 712 305

9 268 817

13 981 122

33,7

66,3

2008

329 537

502 921

832 458

39,6

60,4

5 774 508

11 124 547

16 899 055

34,2

65,8

2009

345 740

520 619

866 359

39,9

60,1

6 433 516

11 899 992

18 333 508

35,1

64,9

2010

358 394

537 653

896 047

40,0

60,0

7 287 832

13 298 220

20 586 052

35,4

64,6

2011

373 806

554 793

928 599

40,3

59,7

8 344 616

15 042 883

23 387 499

35,7

64,3

2012

386 914

569 944

956 858

40,4

59,6

9 026 237

16 247 635

25 273 872

35,7

64,3

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, Género en el sistema financiero. Duodécima versión, Santiago de Chile, febrero de 2013.

a Información a diciembre de cada año, salvo en 2012, en que se trata de información a septiembre.

b Valores nominales.

Cuadro A.37

Chile: número de cuentas y deuda de créditos de consumo, por sexo, 2002-2012

(En números de cuentas, valores en millones de pesos y porcentajes)

Año a

Números de

cuentas

Participación porcentual

Colocaciones de créditos de consumo en millones de pesos b

Participación porcentual

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

2002

495 406

840 951

1 336 357

37,1

62,9

672 979

1 588 372

2 261 351

29,8

70,2

2003

469 009

804 167

1 273 176

36,8

63,2

759 537

1 784 953

2 544 490

29,9

70,1

2004

498 411

825 299

1 323 710

37,7

62,3

1 095 356

2 508 517

3 603 873

30,4

69,6

2005

918 296

1 386 554

2 304 850

39,8

60,2

1 885 914

3 900 310

5 786 224

32,6

67,4

2006

922 434

1 362 258

2 284 692

40,4

59,6

2 283 156

4 622 471

6 905 627

33,1

66,9

2007

885 151

1 308 542

2 193 693

40,3

59,7

2 672 631

5 326 284

7 998 915

33,4

66,6

2008

1 279 630

1 772 099

3 051 729

41,9

58,1

3 062 107

6 030 097

9 092 204

33,7

66,3

2009

1 283 260

1 732 053

3 015 313

42,6

57,4

3 227 594

6 308 755

9 536 349

33,8

66,2

2010

1 341 855

1 781 225

3 123 080

43,0

57,0

3 560 658

7 102 715

10 663 373

33,4

66,6

2011

1 454 522

1 882 966

3 337 488

43,6

56,4

4 094 602

8 274 917

12 369 519

33,1

66,9

2012

1 566 235

1 977 876

3 544 111

44,2

55,8

4 351 890

8 877 705

13 229 595

32,9

67,1

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, Género en el sistema financiero. Duodécima versión, Santiago de Chile, febrero de 2013.

a Información a diciembre de cada año, salvo en 2012, en que se trata de información a septiembre.

b Valores nominales.

Cuadro A.38

Chile: número de cuentas y saldo de ahorro a, por sexo, 2002-2012

(En miles de cuentas, valores en millones de pesos y porcentajes)

Año b

Números de cuentas

en miles

Participación porcentual

Saldos en millones

de pesos c

Participación porcentual

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

2002

7 245

7 155

14 400

50,3

49,7

3 223 321

3 380 244

6 603 565

48,8

51,2

2003

7 584

7 094

14 678

51,7

48,3

2 980 491

3 116 772

6 097 263

48,9

51,1

2004

7 507

6 860

14 367

52,3

47,7

2 729 304

2 757 340

5 486 644

49,7

50,3

2005

8 028

6 263

14 291

56,2

43,8

3 109 158

3 070 798

6 179 956

50,3

49,7

2006

8 357

6 442

14 799

56,5

43,5

3 341 193

3 317 668

6 658 861

50,2

49,8

2007

8 724

6 604

15 328

56,9

43,1

3 623 986

3 473 555

7 097 541

51,1

48,9

2008

9 511

7 118

16 629

57,2

42,8

4 591 000

4 719 030

9 310 030

49,3

50,7

2009

9 886

7 275

17 161

57,6

42,4

3 665 305

3 429 923

7 095 228

51,7

48,3

2010

10 131

7 415

17 546

57,7

42,3

3 889 063

3 645 802

7 534 865

51,6

48,4

2011

10 491

7 752

18 243

57,5

42,5

5 045 252

5 290 835

10 336 087

48,8

51,2

2012

10 743

7 897

18 640

57,6

42,4

5 905 179

6 274 686

12 179 865

48,5

51,5

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, Género en el sistema financiero. Duodécima versión, Santiago de Chile, febrero de 2013.

a El ahorro incluye depósitos a plazo, cuentas de ahorro a plazo, cuentas de ahorro para la vivienda y ahorro previsional voluntario.

b Información a diciembre de cada año, salvo en 2012, en que se trata de información a septiembre.

c Valores nominales.

Cuadro A.39

Chile: número de cuentas y saldo en cuentas de ahorro a plazo, por sexo, 2002-2012

(En números de cuentas, valores en millones de pesos y porcentajes)

Año a

Números de

cuentas

Participación porcentual

Saldos en millones

de pesos b

Participación porcentual

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

2002

6 068 899

5 764 908

11 833 807

51,3

48,7

1 228 436

1 070 539

2 298 975

53,4

46,6

2003

6 309 551

5 740 324

12 049 875

52,4

47,6

1 200 445

1 016 665

2 217 110

54,1

45,9

2004

6 160 196

5 503 739

11 663 935

52,8

47,2

1 172 678

984 737

2 157 415

54,4

45,6

2005

6 522 337

5 182 268

11 704 605

55,7

44,3

1 242 478

973 449

2 215 927

56,1

43,9

2006

6 715 843

5 288 333

12 004 176

55,9

44,1

1 264 227

987 844

2 252 071

56,1

43,9

2007

6 864 168

5 333 138

12 197 306

56,3

43,7

1 316 199

1 022 688

2 338 887

56,3

43,7

2008

7 338 462

5 662 533

13 000 995

56,4

43,6

1 415 964

1 097 372

2 513 336

56,3

43,7

2009

7 611 387

5 823 459

13 434 846

56,7

43,3

1 481 410

1 137 125

2 618 535

56,6

43,4

2010

7 792 651

5 937 541

13 730 192

56,8

43,2

1 590 406

1 219 451

2 809 857

56,6

43,4

2011

7 990 846

6 144 647

14 135 493

56,5

43,5

1 673 001

1 284 033

2 957 034

56,6

43,4

2012

8 094 531

6 178 118

14 272 649

56,7

43,3

1 781 586

1 361 496

3 143 082

56,7

43,3

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, Género en el sistema financiero. Duodécima versión, Santiago de Chile, febrero de 2013.

a Información a diciembre de cada año, salvo en 2012, en que se trata de información a septiembre.

b Valores nominales.

Cuadro A.40

Chile: número de cuentas y saldo en ahorro para la vivienda, por sexo, 2002-2012

(En números de cuentas, valores en millones de pesos y porcentajes)

Año a

Números de

cuentas

Participación porcentual

Saldos en millones

de pesos b

Participación porcentual

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

2002

888 621

1 140 347

2 028 968

43,8

56,2

143 574

159 369

302 943

47,4

52,6

2003

1 021 230

1 133 624

2 154 854

47,4

52,6

144 974

144 791

289 765

50,0

50,0

2004

1 121 236

1 165 446

2 286 682

49,0

51,0

152 923

144 663

297 586

51,4

48,6

2005

1 252 488

868 454

2 120 942

59,1

40,9

178 965

135 696

314 661

56,9

43,1

2006

1 377 683

936 337

2 314 020

59,5

40,5

187 486

136 772

324 258

57,8

42,2

2007

1 595 147

1 055 805

2 650 952

60,2

39,8

213 372

148 211

361 583

59,0

41,0

2008

1 830 132

1 165 641

2 995 773

61,1

38,9

250 674

165 853

416 527

60,2

39,8

2009

2 022 387

1 254 400

3 276 787

61,7

38,3

258 085

167 218

425 303

60,7

39,3

2010

2 081 629

1 277 451

3 359 080

62,0

38,0

256 081

164 414

420 495

60,9

39,1

2011

2 172 355

1 333 422

3 505 777

62,0

38,0

285 877

184 424

470 301

60,8

39,2

2012

2 263 840

1 384 939

3 648 779

62,0

38,0

324 060

203 013

527 073

61,5

38,5

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, Género en el sistema financiero. Duodécima versión, Santiago de Chile, febrero de 2013.

a Información a diciembre de cada año, salvo en 2012, en que se trata de información a septiembre.

b Valores nominales.

Cuadro A.41

Chile: cheques protestados, por sexo del titular de la cuenta, 2003-2012

(Números de cheques protestados por cada 1.000 cheques presentados a cobro)

Año a

Número de cheques

Mujeres

Hombres

Total

2003

6

7

13

2004

7

8

15

2005

7

8

15

2006

7

9

16

2007

8

10

18

2008

10

11

21

2009

12

14

26

2010

11

14

25

2011

10

11

21

2012

10

12

22

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, Género en el sistema financiero. Duodécima versión, Santiago de Chile, febrero de 2013.

a Información a diciembre de cada año, salvo en 2012, en que se trata de información a septiembre.

Cuadro A.42

Chile: índice de mora comparativo entre hombres y mujeres, 2008-2012

(En porcentajes)

Año a

Mujeres b

Hombres b

Diferencia en puntos porcentuales c

De 0 a 90 días

De 90 días a 1 año

De 0 a 90 días

De 90 días a 1 año

De 0 a 90 días

De 90 días a 1 año

2008

0,605

1,625

0,561

1,746

-0,044

0,121

2009

0,648

1,402

0,824

1,618

0,176

0,216

2010

0,555

1,293

0,597

1,470

0,042

0,177

2011

0,552

1,094

0,587

1,289

0,035

0,195

2012

0,535

1,079

0,635

1,273

0,100

0,194

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, Género en el sistema financiero. Duodécima versión, Santiago de Chile, febrero de 2013.

a Información a diciembre de cada año, salvo en 2012, en que se trata de información a septiembre.

b Corresponde al porcentaje de la deuda morosa respecto del total de la deuda.

c Corresponde a la diferencia en puntos porcentuales entre el índice de mora de hombres y de mujeres.

[1] El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) es producto del esfuerzo del grupo interinstitucional constituido por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, derivado del apoyo originado en la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE).

Table of Contents

Portadilla

Créditos

Índice

Prólogo

Introducción

Capítulo I

Las mujeres en la sociedad de la información y del conocimiento: oportunidades y desafíos

Capítulo II

¿Dónde están las mujeres? Trabajo, empleo, acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones

Capítulo III

Las mujeres en la economía digital

Capítulo IV

Las mujeres en el mundo de la ciencia y el conocimiento

Capítulo V

Tecnologías de la información y las comunicaciones: una herramienta para la igualdad de género

Capítulo VI

Agendas digitales y perspectiva de género

Conclusiones

Bibliografía

Anexos

Anexo 1

La agenda a futuro: integralidad del desarrollo y transversalidad de género en las políticas para la economía digital

Anexo 2

Autonomía de las mujeres: las cifras hablan