Portadilla

Créditos

Alicia Bárcena

Secretaria Ejecutiva

Mario Cimoli

Secretario Ejecutivo Adjunto Interino

Paulo Saad

Director del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía

(CELADE)-División de Población de la CEPAL

Ricardo Pérez

Director de la División de Publicaciones y Servicios Web

Comité Editorial

Editor: Jorge Martínez Pizarro

Miembros: Jorge Dehays Rocha (Universidad de Chile), Fabiana del Popolo, Enrique Peláez

Secretaria: María Ester Novoa

Redacción y administración: casilla 179-D, Santiago, Chile. E-mail: CELADE-NotasDePoblacion@cepal.org.

La revista Notas de Población es una publicación del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL cuyo propósito principal es la difusión de investigaciones y estudios de población sobre América Latina y el Caribe, aun cuando recibe con particular interés artículos de especialistas de fuera de la región y, en algunos casos, contribuciones que se refieren a otras regiones del mundo. Se publica dos veces al año, con una orientación interdisciplinaria, por lo que acoge tanto artículos sobre demografía como otros que aborden las relaciones entre las tendencias demográficas y los fenómenos económicos, sociales y biológicos. Las opiniones expresadas en esta revista son responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL.

La revista Notas de Población está indizada en Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (CLASE), en el Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (LATINDEX) y en el Sistema de Búsqueda Avanzada de Documentos (DIALNET).

Consejo Editorial

Nombre

Afiliación institucional

País/organización

Antonio Aja Díaz

Universidad de La Habana

Cuba

Juan Carlos Alfonso Fraga

Oficina Nacional de Estadística e Información

Cuba

José Luis Ávila Martínez

Universidad Nacional Autónoma de México

México

Guiomar Bay

CELADE-División de Población de la CEPAL

CEPAL

Wanda Cabella

Universidad de la República

Uruguay

Anna Cabré Pla

Universidad Autónoma de Barcelona

España

Francisco Cáceres

Oficina Nacional de Estadística

República Dominicana

Juan José Calvo

Universidad de la República

Uruguay

Alejandro I. Canales

Universidad de Guadalajara

México

Suzana Cavenaghi

Instituto Brasileño de Geografía y Estadística

Brasil

Dora E. Celton

Universidad Nacional de Córdoba

Argentina

Marcela Cerruti

Centro de Estudios de Población

Argentina

Mirna Cunningham

Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Nicaragua

Fabiana del Popolo

CELADE-División de Población de la CEPAL

CEPAL

Mariachiara Di Cesare

Imperial College London

Reino Unido

Andreu Domingo Valls

Universidad Autónoma de Barcelona

España

Albert Esteve

Universidad Autónoma de Barcelona

España

Carmen Elisa Florez Nieto

Universidad del Rosario

Colombia

Anitza Freitez

Universidad Católica Andres Bello

República Bolivariana de Venezuela

Silvia Elena Giorguli Saucedo

El Colegio de México

México

Daniela González

CELADE-División de Población de la CEPAL

CEPAL

Alejandro Guillén García

Universidad de Cuenca

Ecuador

Martín Hopenhayn

Consultor independiente

Chile

Sandra Huenchuan

CELADE-División de Población de la CEPAL

CEPAL

Dina Li Suárez

Consultora independiente

Perú

Fernando Lozano Ascencio

Universidad Nacional Autónoma de México

México

Cássio Maldonado Turra

Universidad Federal de Minas Gerais

Brasil

Ciro Martínez

Consultor independiente

Colombia

Robert McCaa

Universidad de Minnesota

Estados Unidos

Tim Miller

Consultor independiente

Estados Unidos

Abelardo Morales

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)

Costa Rica

Irene Palma Calderón

Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo

Guatemala

Héctor Pérez Brignoli

Universidad de Costa Rica

Costa Rica

José Marcos Pinto da Cunha

Universidad Estadual de Campinas

Brasil

Joseph E. Potter

Universidad de Texas en Austin

Estados Unidos

Jorge Rodríguez Vignoli

CELADE-División de Población de la CEPAL

CEPAL

Laura Rodríguez Wong

Universidad Federal de Minas Gerais

Brasil

Luis Rosero-Bixby

Universidad de California en Berkeley

Estados Unidos

Magda Ruiz

Consultora independiente

Colombia

Susana Schkolnik

Consultora independiente

Chile

Alejandra Silva

CELADE-División de Población de la CEPAL

CEPAL

Zulma Sosa Portillo

Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra

Paraguay

Andras Uthoff

Consultor independiente

Chile

Miguel Villa

Consultor independiente

Chile

Brenda Yépez Martínez

Universidad Central de Venezuela

República Bolivariana de Venezuela

María Eugenia Zavala de Cosío

El Colegio de México

México

Página legal

Publicación de las Naciones Unidas

ISBN: 978-92-1-121975-3 (versión impresa)

ISBN: 978-92-1-058613-9 (versión pdf)

ISBN: 978-92-1-358074-5 (versión ePub)

N° de venta: S.17.II.G.23

LC/PUB.2017/27-P

Distr.: General

Copyright © Naciones Unidas, 2017

Todos los derechos reservados

Impreso en Naciones Unidas, Santiago

S.17-00888

Esta publicación debe citarse como: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Notas de Población, N° 105 (LC/PUB.2017/27-P), Santiago, 2017.

La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), División de Publicaciones y Servicios Web, publicaciones.cepal@un.org. Los  Estados Miembros de las Naciones Unidas y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Solo se les solicita que mencionen la fuente e informen a la CEPAL de tal reproducción.

Índice

Portadilla

Créditos

Consejo Editorial

Página legal

In memoriam

Presentación

Fuentes de datos e indicadores disponibles para medir los entornos sociales y físicos de la calidad de vida en la vejez en España y México

Calidad de la declaración de la edad de las personas mayores en países de América Latina y el Caribe: análisis de los censos demográficos de las décadas de 1960 a 2010

Vida doméstica en parejas del mismo sexo en ciudad de México y el Eje Cafetero colombiano

Evolución reciente de las uniones consensuales entre los jóvenes del Uruguay

Evaluación de la cobertura y el contenido en censos protoestadísticos: el caso del padrón de la ciudad y la campaña de Buenos Aires de 1827

¿Qué nos dicen las proyecciones demográficas para Cuba?

Mecanismos de selectividad y destinos principales de emigrantes argentinos y venezolanos: un análisis comparado

Migración internacional, envejecimiento poblacional y segunda transición demográfica, ¿hacia dónde va Chile?

In memoriam

Juan Chackiel Zager

(27 de marzo de 1944 - 4 de julio de 2017)

Dirk Jaspers Faijer

(12 de julio de 1954 - 10 de noviembre de 2017)

Notas de Población desea brindar un sentido homenaje a dos de los más destacados miembros del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL que este año 2017 nos han dejado. Un tributo a Juan y a Dirk en nombre, además, de toda la familia del CELADE y la comunidad de demógrafos y estudiosos de la población de América Latina y el Caribe, por lo que ellos nos entregaron.ada y moderna que hace uso proverbial de los servicios editoriales de la CEPAL, esta publicación es un instrumento clave en la difusión del conocimiento en el campo de la población y el desarrollo, y se espera que continúe siéndolo en el futuro con las nuevas transformaciones que sus artículos sugieren.

La contribución de la revista es doble porque su reflexión se nutre de una perspectiva latinoamericana y caribeña y, además, se elabora en el marco más vasto del enfoque de igualdad de la CEPAL y de sus propuestas y estrategias para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe.

Presentación

Como ya es costumbre en esta nueva era de Notas de Población, la diversidad de temas y la generosidad en el número de artículos se consolida como un rasgo característico. Este número 105 está conformado por ocho artículos que abordan tanto problemas de investigación que vinculan la dinámica y el estado de la población con las dimensiones sociales, económicas y culturales como estudios abocados al análisis de las fuentes de datos para el estudio de la población, temas que por estos días son objeto de un vigoroso debate e interés.

Este número se inicia con un artículo elaborado por connotados investigadores de España y México, Sagrario Garay Villegas, Verónica Montes de Oca, Vicente Rodríguez-Rodríguez, Fermina Rojo-Pérez y Gloria Fernández-Mayoralas, quienes abordan la calidad de vida en la vejez y, específicamente, las fuentes de información disponibles para medirla. Se trata de un tema de indudable actualidad e importancia dado el momento demográfico que vive América Latina, especialmente aquellos países que están experimentando un proceso de franco envejecimiento. En su análisis a partir de los casos de España y México, los autores examinan algunos indicadores de las dimensiones sociales y físicas de la calidad de vida. Tras analizar censos y encuestas disponibles en ambos países, concluyen que, si bien México y España cuentan con información referida a las características de las personas, sus viviendas y sus hogares, sigue siendo una tarea pendiente producir información que permita visualizar a los individuos en los entornos en que se desenvuelven fuera del hogar, como la participación comunitaria y las redes de apoyo extradomésticas. Sugieren que las encuestas deberían incorporar variables a nivel individual, de los miembros del hogar, de la vivienda y del barrio con el fin de obtener un panorama más completo de la condición en que viven las personas mayores, así como la evolución de esta condición. Del mismo modo, consideran necesario incluir indicadores que tomen en cuenta la perspectiva subjetiva del individuo.

Los autores del siguiente artículo, que versa sobre la calidad de la declaración de la edad entre las personas mayores y que contó con un período de observación bastante amplio (entre 1960 y 2010), son el equipo de investigación conformado por Pedro Gomes Andrade, Ana Camila Ribeiro Pereira, Kelly Cristina de Moraes Camargo, Gustavo Pedroso de Lima Brusse y Raphael Mendonça Guimarães. Los autores comienzan destacando que, pese a que el considerable aumento de la proporción de personas mayores en la región ha sido ampliamente documentado y debatido, se le ha prestado poca atención a la calidad de la declaración de la edad por parte de ese grupo etario. Frente a esto, los autores proponen un ajuste metodológico: una modificación del índice de Whipple, tradicionalmente utilizado para medir la preferencia por los dígitos 0 y 5. Mediante un trabajo de amplia cobertura —se analizaron 72 censos de población de 20 países de América Latina y el Caribe—, los autores pudieron comprobar que la declaración de la edad había mejorado en la mayoría de los países de la región, especialmente en aquellos países donde los censos captaban la fecha de nacimiento, por lo que se observó que el método de recolección de información no era inocuo desde el punto de vista metodológico.

El tercer trabajo pertenece a los autores Gabriel Gallego Montes y José Fernando Vasco Alzate, y en él se estudian tres aspectos centrales de la vida doméstica de las parejas del mismo sexo corresidentes, en dos contextos específicos de México y Colombia. Los autores se basaron en dos encuestas biográficas retrospectivas: la primera levantada en Ciudad de México en el año 2006 y la segunda realizada en 2012 en cuatro ciudades del Eje Cafetero colombiano (Armenia, Cartago, Manizales y Pereira). Los tres aspectos de la corresidencia indagados en esta investigación fueron los aportes económicos para el sostenimiento del hogar, la toma de decisiones y la distribución de las tareas domésticas. Se encuestó a 250 hombres con prácticas homoeróticas en Ciudad de México y 408 hombres y 301 mujeres con estas características en el Eje Cafetero de Colombia. La edad de los entrevistados se situaba entre los 18 y los 55 años en ambos contextos. Los datos mostraron que, si bien existe una tendencia a la equidad, esta se ve permeada por la discusión sobre la feminización de los cuidados, de la que no escapan las parejas del mismo sexo. Los autores concluyen que la igualdad y la eficiencia no necesariamente coexisten en armonía. Mientras que algunas parejas optan por la eficiencia y no por la igualdad, otras expresan que sus relaciones son inequitativas pero justas. Un hallazgo interesante del estudio es que, si bien hay una apuesta por la igualdad en la vida doméstica en las parejas del mismo sexo, su manifestación en la cotidianidad, en buena parte de los casos, se traduce en que el trabajo doméstico y de cuidado se termina considerando como algo femenino, lo que refuerza los estereotipos de género.

El siguiente artículo, de Wanda Cabella y Mariana Fernández Soto, es un interesante análisis sobre los factores asociados a la preferencia de los jóvenes uruguayos por las uniones libres. El trabajo está orientado a destacar los cambios en el perfil de estos jóvenes, hombres y mujeres cohabitantes de entre 20 y 34 años, entre 1990 y 2015. Para tal efecto, utilizaron un enfoque descriptivo basado en información transversal obtenida de la Encuesta Continua de Hogares del Uruguay. La aproximación metodológica se complementó con modelos multivariados empleados para estimar la probabilidad de ser partícipe de una unión libre en función de diferentes atributos. Los resultados muestran que la expansión de la cohabitación es un fenómeno generacional que ha afectado de manera transversal a todos los sectores sociales. Si bien la unión libre sigue siendo más frecuente entre los sectores con bajo nivel educativo, con el paso del tiempo el gradiente social tiende a disiparse y las características demográficas (como la edad y el haber tenido hijos) cobran más importancia en la elección del tipo de unión. Las investigadoras concluyen que es necesario profundizar la investigación en torno a las características y las trayectorias de los cohabitantes, para lo cual se precisa información longitudinal y una mayor investigación cualitativa.

Una temática poco frecuente en nuestra revista, pero no por ello menos interesante, es la abordada por el artículo de Luis Pablo Dmitruk, quien acomete la tarea de evaluar de manera sistemática el padrón de la ciudad y la campaña de Buenos Aires de 1827, un censo correspondiente a la etapa conocida como protoestadística y levantado en medio de conflictos tanto internos como internacionales. Concretamente, el autor evalúa cuatro aspectos de las fuentes censales: los errores de cobertura y contenido, la omisión censal, la estructura según sexo y edad de la población y la declaración de la edad. Se obtienen los siguientes hallazgos: en cuanto al contenido, ciertas variables como la ocupación y los años de residencia tienen un alto porcentaje de no respuesta y, por otro lado, existe un grado elevado de omisión censal; se omite a la población residente en zonas omitidas, enrolada en el ejército, o ausente por motivos indeterminados. En el artículo se analiza concretamente la omisión de niños y de varones adultos, para las que el autor plantea posibles causas: la omisión de niños es característica de los levantamientos protoestadísticos, mientras que la de los varones adultos podría deberse a que estos se ocultaban para no participar en la guerra. El autor señala por último que, una vez finalizados los conflictos, los empadronamientos retomaron el patrón equilibrado de los levantamientos anteriores.

Los investigadores Diego Enrique González Galbán y Humberto González Galbán, en su trabajo sobre proyecciones de población en Cuba, se proponen sintetizar los resultados de cuatro proyecciones demográficas realizadas utilizando el método de los componentes principales sobre la base de datos oficiales divulgados por la Oficina Nacional de Estadística e Información cubana y mediante el programa de proyecciones demográficas en Excel (PRODEX) versión 5.8 del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL. Los autores realizaron proyecciones de la población por sexo y edades entre 2015 y 2050, la población urbana y rural entre 2015 y 2050, la población económicamente activa entre 2015 y 2030 y los hogares entre 2015 y 2030. Se expresó cada una de estas proyecciones en los diferentes niveles territoriales. Los resultados indican que hacia 2025 la población cubana llegará a un punto de inflexión que marcará el inicio del decrecimiento demográfico, a partir del cual solo crecerá la población de 60 años o más. Hacia 2030 se anticipa un descenso de la fecundidad, tanto por la disminución del número de mujeres en las edades más fecundas como por el avanzado envejecimiento poblacional general. Al mismo tiempo, se evidencia una reducción del número de efectivos que entran en la edad laboral con respecto a aquellos que salen de esta, lo que plantea complejos escenarios económicos para el país. La situación es diferencial por sexos, ya que, mientras los hombres decrecen en ambas zonas, el número de mujeres está creciendo de manera significativa en las ciudades y solo disminuye en la zona rural. Por otro lado, hay un incremento en el número de hogares, una disminución concomitante del tamaño de los mismos y una feminización de su jefatura. Finalmente, no se anticipan cambios en el grado de urbanización.

En el penúltimo artículo, Ana Julia Allen González y Dimitri Fazito abordan un tema que, si bien no es nuevo, es de gran actualidad en los debates sobre migración internacional. Se trata de la atracción de talentos mediante incentivos, que se ha traducido en un incremento de la demanda de capital humano por parte de las principales economías del mundo, dados los enormes beneficios que conlleva para los países de destino, como, entre otros, el aumento del rendimiento laboral y la productividad de las empresas. Teniendo en cuenta los datos que muestran el aumento de la emigración calificada de la región de América Latina y el Caribe, los autores se preguntan hasta qué punto esos flujos responden a la dinámica internacional de competencia por el talento. Para hallar la respuesta, analizan los casos de la República Bolivariana de Venezuela y la Argentina, dos países de América del Sur con fuertes incrementos de este tipo de flujos en los últimos años y cuyos niveles de selectividad son altos: en el lapso de 2000 y 2001 a 2010 y 2011 los inmigrantes de origen venezolano con educación terciaria y residentes en algún país de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) aumentaron un 153,5%, y los argentinos, un 146,6%. Los autores contrastaron los principales destinos de los emigrantes calificados de cada origen (República Bolivariana de Venezuela y Argentina) con el mapa global de regímenes selectivos. Su conclusión es la siguiente: cuanto más elevada es la proporción de emigrantes calificados, mayor es el ajuste entre los destinos emigratorios y el patrón geográfico internacional de selectividad. Sin embargo, advierten que es previsible que la emergencia de un nuevo orden migratorio caracterizado por controles y discursos migratorios más restrictivos altere la direccionalidad y la composición de los flujos verificados hasta ahora.

Cierra este número el artículo de Constanza Díaz Franulic, un interesante trabajo exploratorio sobre uno de los temas de más actualidad en los estudios de población de la región. La autora se propone analizar los cambios sociodemográficos acontecidos en Chile durante el último medio siglo, abordando desde una aproximación exploratoria las dinámicas entre la migración internacional, el envejecimiento poblacional y la potencial configuración de una segunda transición demográfica. Más concretamente, la autora busca dilucidar si los cambios en la población chilena pueden ser asimilados a los experimentados por los países desarrollados. Para alcanzar dicho objetivo la autora analizó el comportamiento de la mortalidad y la fecundidad, así como su eventual convergencia con el proceso de envejecimiento poblacional, desde un enfoque comparativo con el mundo desarrollado. Incluye también un análisis de la inmigración laboral en Chile, así como un análisis prospectivo de los potenciales desequilibrios que podría generar el cambio demográfico en el mercado del trabajo. Sus principales hallazgos revelan situaciones interesantes, como la configuración en Chile de una segunda transición demográfica en ciernes, ya que, a su juicio, se satisfacen en gran medida tres de las cuatro modificaciones estructurales que, según Van de Kaa, presentan las sociedades avanzadas insertas en este proceso: un descenso de la mortalidad infantil más próximo al de los países desarrollados que al promedio regional, una fecundidad —global y por edades— por debajo del nivel de reemplazo poblacional y, además, un cambio significativo en la conformación tradicional de la familia. La modificación pendiente tiene que ver con la consolidación del país como receptor de migrantes, ya que en este sentido aún se mantiene en un nivel moderado, distante del de los países desarrollados. Por último, Díaz Franulic concluye que, si bien ya está en marcha el proceso de envejecimiento de la población chilena, así como la puesta en práctica de nuevas pautas reproductivas, el país aún no exhibe un nivel de dependencia demográfica que suponga un déficit de población en edades reproductivas y activas, lo que comprometería su capacidad de reproducción natural y económica. Por otro lado, el creciente flujo de inmigrantes de la última década, si bien no necesariamente solventa el déficit demográfico, sí estaría contribuyendo a fortalecer la fuerza de trabajo.

Comité Editorial de Notas de Población

Fuentes de datos e indicadores disponibles para medir los entornos sociales y físicos de la calidad de vida en la vejez en España y México[1]

Sagrario Garay Villegas[2]

Verónica Montes de Oca[3]

Vicente Rodríguez-Rodríguez[4]

Fermina Rojo-Pérez[5]

Gloria Fernández-Mayoralas[6]

Recibido: 30/06/2017

Aceptado: 05/09/2017

Resumen

El envejecimiento demográfico en los países latinoamericanos es un fenómeno que se está desarrollando en el momento actual, lo que obliga a considerar sus efectos en diversos ámbitos que atañen a los individuos, las familias y las generaciones que las componen, las estructuras y las redes sociales que les dan apoyo, los recursos económicos y sociales que se disponen para su atención y cuidados, las condiciones de vida en general y otras facetas (CEPAL/CELADE, 2006; Garay y Montes de Oca, 2011). Todos estos dominios se relacionan de forma muy estrecha con la calidad de vida de las personas (Rojo-Pérez, Fernández-Mayoralas y Rodríguez-Rodríguez, 2015). En estudios previos se ha puesto de manifiesto que algunos aspectos de los dominios social y residencial, entre otros, conforman lo que las propias personas mayores entienden por calidad de vida (Fernández-Mayoralas y otros, 2011). Valorar estos dominios requiere de información que permita medirlos. Por consiguiente, el objetivo de este trabajo es conocer qué indicadores se necesitan y qué datos hay disponibles en México y España desde una perspectiva comparada.

Se ha seguido la metodología del sistema de indicadores propuestos por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL. Los resultados ponen de manifiesto algunas ventajas e inconvenientes. Entre las primeras se encuentra la importancia de los sistemas estadísticos como proveedores de información de calidad para estudiar estos componentes de la calidad de vida. Entre los segundos se halla la necesidad de hacer un esfuerzo aún mayor por homogenizar las definiciones y los procedimientos de cálculo de los indicadores. Asimismo, sería deseable insertar indicadores en los que se considere la perspectiva subjetiva del individuo (indicadores subjetivos). También es notable la ausencia de una reflexión sobre el valor de los datos estadísticos como soporte para diseñar e implementar políticas públicas en estos países. Este trabajo ha de continuar con el objeto de profundizar en la evaluación de los indicadores disponibles y las fuentes de datos, así como en la viabilidad de su aplicación según los estándares del CELADE-División de Población de la CEPAL (CEPAL/CELADE, 2006).

Palabras clave: envejecimiento, calidad de vida, entornos físicos, entornos sociales, indicadores, México, España.

Abstract

Latin American countries are currently undergoing a process of population ageing, whose effects need to be considered in a number of areas that affect individuals, families and the various generations they comprise, the social structures and networks that support them, the social and economic resources available for their care, overall living conditions and other aspects (ECLAC/CELADE, 2006; Garay and Montes de Oca, 2011). All these domains are closely related to people’s quality of life (Rojo-Pérez, Fernández-Mayoralas and Rodríguez-Rodríguez, 2015). Previous studies have shown that older persons consider certain aspects of the social and residential domains to be part of what they understand as quality of life (Fernández-Mayoralas and others, 2011). In order to assign value to these domains, information is needed to allow their measurement. Accordingly, this study aims to ascertain which indicators are required and what data are available in Mexico and Spain to support a comparative analysis.

The methodology used is the system of indicators proposed by the Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE)-Population Division of ECLAC, with the results showing both advantages and disadvantages. Advantages include the importance of statistical systems as suppliers of high-quality information for studying these quality-of-life components; disadvantages include the need for greater efforts to standardize the definitions and the calculation procedures for indicators. It would also be desirable to include indicators that considered people’s subjective viewpoints (subjective indicators). There is a notable lack of analysis of the value of statistical data for supporting policy design and implementation in the two countries considered. This work should be taken further, in order to provide a more in-depth assessment of the available indicators and data sources, and the viability of using them to the standards established by CELADE-Population Division of ECLAC (ECLAC/CELADE, 2006).

Keywords: ageing, quality of life, physical environment, social environment, indicators, Mexico, Spain.

Résumé

Le vieillissement démographique dans les pays d’Amérique latine est un phénomène actuel, dont les effet doivent être pris en compte dans divers domaines touchant les individus, les familles et les générations qui les composent, les structures et les réseaux sociaux qui les soutiennent, les ressources économiques et sociales disponibles pour leur prise en charge et leur attention, les conditions de vie en général et d’autres aspects (CEPALC/CELADE, 2006; Garay et Montes de Oca, 2011). Tous ces domaines sont étroitement liés à la qualité de vie des populations (Rojo-Pérez, Fernández-Mayoralas et Rodríguez-Rodríguez, 2015). Des études antérieures ont montré que certains aspects de type social et résidentiel, entre autres, constituent ce que les personnes âgées elles-mêmes comprennent par qualité de vie (Fernández-Mayoralas et coll., 2011). Il faut donc, pour valoriser ces domaines, disposer d’une information qui permette de les mesurer. C’est pourquoi cet article cherche à déterminer quels sont les indicateurs nécessaires et quelles sont les données disponibles au Mexique et en Espagne à partir d’une perspective comparée.

La méthodologie suivie est celle du système d’indicateurs proposés par le Centre latino-américain et des Caraïbes de démographie (CELADE) – Division de la population de la CEPALC. Les résultats font apparaître quelques avantages et inconvénients. L’un de ces avantages est l’importance des systèmes statistiques en tant que fournisseurs d’informations de qualité pour étudier ces composantes de la qualité de vie. Les inconvénients sont, entre autres, la nécessité de consentir un effort encore plus important pour uniformiser les définitions et les procédures de calcul des indicateurs. Il serait également souhaitable d’insérer des indicateurs qui tiennent compte de la perspective subjective de l’individu (indicateurs subjectifs). L’auteur attire également l’attention sur le manque de réflexion relative à la valeur des données statistiques en tant que soutien à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques dans ces pays. Il serait intéressant de poursuivre ces études afin de peaufiner l’évaluation des indicateurs et des sources de données disponibles, ainsi que la faisabilité de leur application conformément aux normes du CELADE-Division de la population de la CEPALC (CEPALC/CELADE, 2006).

Mots clés: vieillissement, qualité de vie, environnements physiques, environnements sociaux, indicateurs, Mexique, Espagne.

Introducción

El envejecimiento demográfico en los países latinoamericanos ha traído consigo diversas implicaciones sociales y económicas, entre las que se encuentran las transformaciones en la organización y composición familiar, las transferencias intergeneracionales de los recursos, los servicios de salud, las redes de apoyo familiares y no familiares, la participación social, económica y comunitaria de las personas mayores, y sus condiciones de vida, vivienda y salud, entre otras (CEPAL/CELADE, 2006; Garay y Montes de Oca, 2011; Redondo y Garay, 2012). Todos estos aspectos se relacionan de forma muy estrecha con la calidad de vida global y dominio-específica de las personas[7]. La calidad de vida, como constructo multidimensional, ha de medirse considerando tanto indicadores objetivos como evaluaciones subjetivas de las diversas dimensiones que la componen (Fernández-Mayoralas y otros, 2011). Entre estas hay elementos como el estado físico y psicológico de las personas, sus relaciones y creencias personales, las características de su ambiente, y sus condiciones económicas, de vivienda y entorno (OMS, 1995; Osorio, Torrejón y Vogel, 2008; Flores y otros, 2011).

El estudio de la calidad de vida en la vejez y su relación con el entorno ha adquirido relevancia, tanto en lo que respecta a su medición como a sus repercusiones y factores explicativos. De acuerdo con el CELADE-División de Población de la CEPAL, los entornos propicios se refieren a “las condiciones socioculturales y ambientales que propicien un envejecimiento digno y seguro en la comunidad de origen” (CEPAL/CELADE, 2006, pág. 113). Dichos entornos pueden analizarse en dos vertientes: una social y otra física. El estudio de los entornos y su importancia en la vejez ha tenido mayor auge en algunos países europeos, entre ellos España, donde existen investigaciones en las que se analiza la importancia del entorno físico y social de las personas mayores y cómo este incide en su percepción y calidad de vida (Fernández-Mayoralas, Rojo-Pérez y Rojo Abuin, 2004; Puga, 2007; Rojo-Pérez y otros, 2007a; Rojo-Pérez y Fernández-Mayoralas, 2011; Rojo-Pérez y otros, 2016). Por su parte, en los países latinoamericanos, los entornos en los que se desenvuelve la población adulta mayor ha sido un aspecto poco analizado.

El interés por el estudio de este tema surgió a partir de la atención que se le dio a diversas áreas prioritarias en el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, derivado de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento realizada en Madrid en 2002. Entre estas áreas, se consideraban la situación y el desarrollo de las personas mayores, su salud y bienestar, así como los entornos físicos y favorables en los que habitan (CEPAL/CELADE, 2004; Paredes, Ciarniello y Brunet, 2010). Una de las dificultades que se encontraron en lo que respecta al estudio de los entornos es la disponibilidad de información que permita construir indicadores (CEPAL/CELADE, 2006; Paredes, Ciarniello y Brunet, 2010). Por tanto, el objetivo principal de este artículo es presentar los indicadores necesarios para medir dichos entornos, así como los datos disponibles en un país latinoamericano (México) y uno europeo (España). Este último país resulta pertinente en la visión comparada porque, a diferencia de algunos países latinoamericanos, desde hace varias décadas se encuentra en una etapa de transición demográfica más avanzada, y la transformación de sus entornos se manifiesta en los datos recabados y disponibles en su censo de población, así como en el diseño y la producción de encuestas específicas de ámbito nacional o europeo.

A. Indicadores para medir los entornos sociales y físicos

La discusión sobre los entornos físicos surgió primero en algunos países más desarrollados, en la década de 1980. Se ha considerado la interacción de las personas con su ambiente físico y social, y se ha admitido la importancia de la vivienda, el transporte, los servicios sociales y los arreglos residenciales (familiares o institucionales) (Committee on an Aging Society, 1985). En el debate se ha integrado el envejecimiento, unido a la discapacidad y la calidad de vida de las personas mayores (Morgan, 1985; Soldo y Longino, 1985; Struyk, 1985; Wachs, 1985). En los estudios sobre calidad de vida en la vejez se ha avanzado tanto en la medición de dicha calidad como en el análisis de sus implicaciones, y se han destacado, entre otros dominios de gran peso para explicarla, los del entorno residencial (vivienda, barrio y vecindario) (Rojo-Pérez y otros, 2001 y 2002; Fernández-Mayoralas, Rojo-Pérez y Rojo Abuín, 2004) y los del entorno social (redes familiares, redes sociales, estructura y calidad de las redes) (Rodríguez-Rodríguez, Rojo-Pérez y Fernández-Mayoralas, 2017).

En los países latinoamericanos existe una diversidad de censos y encuestas de hogares en los que se recaba información sobre diferentes aspectos de las unidades domésticas y las características de los individuos que las componen. El estudio de los entornos de la población adulta mayor es limitado en esas fuentes de datos, ya que la información se asocia con las características de la vivienda en donde habita esta población y, en otros casos, se analiza el contexto en términos de sus redes de apoyo familiares y no familiares como elementos que inciden en su bienestar[8]. Estos aspectos remiten a una parte de los entornos físicos y sociales, pero es sabido que estos abarcan más dimensiones; entre ellas, la violencia o discriminación que sufren las personas mayores, su acceso a transporte y servicios o su participación en organizaciones civiles y en la comunidad. Por su parte, en países como España, se cuenta con diversos estudios en los que se ha destacado la importancia del entorno residencial en la calidad de vida de las personas mayores, ya sea utilizando datos secundarios (Rojo-Pérez y Fernández-Mayoralas, 2007; Rojo-Pérez y otros, 2007b) o elaborando encuestas ad hoc (Rojo-Pérez y otros, 2001; Fernández-Mayoralas, Rojo-Pérez y Pozo, 2002; Fernández-Mayoralas, Rojo-Pérez y Rojo Abuín, 2004; Rojo-Pérez y otros, 2007a; Rojo-Pérez y Fernández-Mayoralas, 2011; Fernández-Mayoralas y otros, 2012; Rojo-Pérez y otros, 2016). También se ha prestado atención a los elementos del dominio social, la participación social y comunitaria (Ahmed-Mohamed y Rojo-Pérez, 2011; Ahmed-Mohamed y otros, 2013 y 2015; Puga, 2007; Rodríguez-Rodríguez, Rojo-Pérez y Fernández-Mayoralas, 2017) y las transferencias intergeneracionales (Rodríguez-Rodríguez, Rojo-Pérez y Fernández-Mayoralas, 2016).

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe redactó un manual (CEPAL/CELADE, 2006) en un esfuerzo por unificar una serie de indicadores que permitieran analizar la calidad de vida en la vejez en dicha región. Si bien es cierto que esta propuesta es básica y puede no incluir todas las dimensiones que se requieren, es importante considerarla, debido a que representa la primera labor a escala regional para sistematizar diversos indicadores que den cuenta de las condiciones sociodemográficas de las personas mayores. Además, dicho documento surge como una propuesta de seguimiento para atender las áreas prioritarias definidas en la Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (CEPAL/CELADE, 2004; Paredes, Ciarniello y Brunet, 2010). En este artículo, se hace un ejercicio sobre la disponibilidad de dichos indicadores en lo que se refiere a los entornos sociales y físicos de las personas mayores, puesto que este es un factor que incide directamente en la calidad de vida en la vejez. De acuerdo con este manual, los entornos se subdividen en las categorías que se indican a continuación (véanse los cuadros 1 y 2)[9].

Cuadro 1

Dimensiones e indicadores para medir los entornos sociales

Indicadores

Arreglos residenciales

Porcentaje de hogares con personas mayores

Tasa de crecimiento promedio anual de hogares con personas mayores

Tamaño promedio de los hogares con personas mayores

Porcentaje de hogares con personas mayores según el número de personas en el hogar

Porcentaje de hogares con personas mayores según tipo de hogar y familia

Hogares con jefatura de persona mayor

- Porcentaje de hogares con jefatura de persona mayor

- Tasa de jefatura de hogar de la población adulta mayor

- Porcentaje de jefes mayores que viven solos

Redes de apoyo

Indicadores de las fuentes de apoyo social en la vejez

- Porcentaje de personas mayores según fuentes informales de apoyo

- Porcentaje de personas mayores según tamaño del hogar en que residen

- Promedio de hijos sobrevivientes de las mujeres de 60 años y más

Indicadores de las características de las redes de apoyo social de las personas mayores

- Tamaño de la red

- Nivel de distribución de la red

Indicadores de funcionalidad de las redes de apoyo social en la vejez

- Porcentaje de personas mayores que recibe apoyo

- Porcentaje de personas mayores que da apoyo

- Porcentaje de personas mayores que recibe y da apoyo

- Nivel de funcionalidada

Otros indicadores de relaciones de apoyo a nivel demográfico

- Relación de apoyo potencialb

- Relación de apoyo a los padresc

Violencia y maltrato

Porcentaje de personas mayores que ha sufrido algún tipo de violencia o abuso

Porcentaje de personas mayores que ha sufrido violencia o abuso de parte de un familiar

Proporción de muertes violentas en la vejez por causas específicas

Participación social en la vejez

Porcentaje de personas mayores que participan en organizaciones de la sociedad civil

Porcentaje de personas mayores que realiza actividades de voluntariado

Imagen social de la vejez

Porcentaje de la población de 15 años y más que asocia la vejez con dependencia y fragilidad

Porcentaje de personas mayores que percibe discriminación y maltrato en la calle

Porcentaje de personas mayores que se sienten discriminadas según causa

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía-División de Población (CELADE), “Manual sobre indicadores de calidad de vida en la vejez” (LC/W.113), Santiago, 2006.

a La funcionalidad de la red se refiere a la satisfacción de las distintas necesidades de apoyo tanto material como no material (CEPAL/CELADE, 2006).

b Relación de apoyo potencial = (población de 15 a 59 años/población de 60 años y más) x 100.

c Relación de apoyo a los padres = (población de 80 años y más/población de 50 a 64 años) x 100.

Cuadro 2

Dimensiones e indicadores para medir los entornos físicos

Indicadores

Vivienda

Indicadores relativos a las condiciones de habitabilidad de las viviendas en las personas mayores

Régimen de propiedad

- Porcentaje de personas mayores que reside en vivienda propia

- Porcentaje de hogares con jefes mayores que reside en vivienda propia

Materialidad y calidad de las viviendas

- Porcentaje de personas mayores residentes en viviendas con materiales deficientes en las paredes

- Porcentaje de hogares con jefes mayores residentes en viviendas con materiales deficientes en las paredes

Acceso a servicios básicos

- Porcentaje de personas mayores residente en viviendas sin servicio de agua corriente dentro de la vivienda

- Porcentaje de hogares con jefes mayores sin servicio de agua corriente dentro de la vivienda

- Porcentaje de personas mayores residente en viviendas sin servicio sanitarioa

- Porcentaje de hogares con jefes mayores sin servicio sanitario

Acceso a servicios de electricidad

- Porcentaje de personas mayores residente en viviendas sin servicio de electricidad

- Porcentaje de hogares con jefes mayores sin servicio de electricidad

Hacinamiento en la viviendab

- Porcentaje de personas mayores residentes en hogares con hacinamiento

- Porcentaje de hogares con jefes mayores en los que existe hacinamiento

Indicadores para medir la demanda de planes habitacionales específicos para personas mayores

Allegamiento

- Allegamiento de personas mayores

- Número de hogares y núcleos familiares encabezados por personas mayores allegadasc

- Déficit habitacional de las personas mayoresd

- Formación anual de hogares liderados por personas mayorese

- Número y porcentaje de personas mayores que habitan asentamientos precarios

- Número y porcentaje de viviendas con necesidades de adecuación para el alojamiento de personas discapacitadas

Indicadores de percepción de la calidad de vida residencial de las personas mayores

Porcentaje de personas mayores insatisfechas con el desempeño de actividades que permite su vivienda

Uso del espacio urbano

Indicadores del uso del espacio urbano

- Distribución espacial intraurbana de las personas mayoresf

- Distancia del domicilio de la persona mayor a facilidades y equipamiento urbano

- Porcentaje de personas mayores insatisfechas con atributos del vecindario

- Porcentaje de personas mayores que reportan dificultades para movilizarse en su espacio exterior

- Índice Duncan de segregación espacial de personas mayoresg

- Porcentaje de personas mayores que declara sentirse expuesto al delito al circular por el vecindario

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía-División de Población (CELADE), “Manual sobre indicadores de calidad de vida en la vejez” (LC/W.113), Santiago, 2006.

a Este indicador hace referencia a la ausencia de conexión del baño o retrete a un sistema de drenaje, alcantarillado o fosa séptica.

b Para medir el hacinamiento, se considera el número de integrantes del hogar y el número de habitaciones para dormir. Se puede distinguir entre los siguientes tipos: “a) sin hacinamiento: personas que pertenecen a un hogar donde hay tres o menos integrantes por dormitorio, y b) con hacinamiento: personas que pertenecen a un hogar donde hay cuatro o más integrantes por dormitorio” (CEPAL/CELADE, 2006, pág. 152).

c Total de hogares y núcleos familiares encabezados por personas mayores allegadas = número de hogares encabezados por personas mayores allegadas + número de núcleos familiares encabezados por personas mayores allegadas.

d Déficit habitacional de las personas mayores = número de hogares y núcleos familiares encabezados por personas mayores allegadas + número de hogares y núcleos familiares encabezados por personas mayores que habitan viviendas irrecuperables.

e Formación anual de hogares liderados por personas mayores = (promedio de formación de hogares encabezados por personas mayores en un período x/proyección de la formación de hogares nuevos en el último censo).

f Distribución espacial intraurbana de las personas mayores = (población de 60 años y más en la división administrativa menor que forma parte de la ciudad o aglomerado metropolitano/población total de la división administrativa menor que forma parte de la ciudad o aglomerado metropolitano) x 100.

g donde N1i = número de personas mayores en subdivisión territorial iésima; N2i = número de personas menores en subdivisión territorial iésima; N_1 = número total de personas mayores en la ciudad; N_2= número total de personas menores en la ciudad.

B. Disponibilidad de indicadores sobre los entornos sociales

En la información que se presenta en esta sección solo se consideran las fuentes de datos a las que se puede acceder en los Institutos de Estadística de cada país, debido a que son las que básicamente están disponibles para uso público y científico[10]. Sin embargo, no hay que olvidar que, en muchas ocasiones, se hacen esfuerzos locales por captar información específica que, por desgracia, no se conoce o no se puede utilizar[11]. Asimismo, es preciso indicar que, en el caso español y en esta aportación, no se ha insertado información de las fuentes europeas, si bien las fuentes del Instituto Nacional de Estadística (INE) se abordan en el marco del Sistema Estadístico Europeo, que garantiza que los datos estén armonizados y sean comparables en todos los Estados miembros[12].

En relación con los indicadores sobre arreglos residenciales, España y México cuentan con al menos una fuente de datos para aproximarse al tema (véase el cuadro 3). Hay que señalar que el análisis comparado puede presentar algunas limitaciones debido a que las categorías de hogares son muy distintas en los países analizados. Por ejemplo, mientras que, en México, entre los tipos de hogares suelen distinguirse los nucleares, los extensos, los compuestos, los unipersonales y los corresidentes, en España, según la fuente de datos que se consulte, existe un desglose más extenso de los diferentes arreglos. Dicho desglose comprende los siguientes tipos de hogares: unipersonal, pareja sola, pareja con algún hijo menor de 25 años, pareja con todos los hijos mayores de 25 años, padre o madre solo con algún hijo menor de 25 años, padre o madre solo con todos los hijos mayores de 25 años, y pareja o padre o madre solo con algún hijo menor de 25 años y otras personas.

Cuadro 3

México y España: indicadores disponibles en las fuentes de datos para medir los arreglos residenciales

Indicadores para medir los arreglos residenciales

México

España

Porcentaje de hogares con personas mayores

- Censos de Población y Vivienda (datos disponibles en períodos de diez años, de 1990 a 2010)

- Conteos de Población y Vivienda (datos disponibles cada diez años, de 1995 a 2015)

- Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 1992, 1997, 2006, 2009 y 2014

- Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) (con periodicidad trimestral, de 1983 a la fecha)

- Censos de Población y Viviendas (datos disponibles en relación con 1991, 2001 y 2011)

- Encuesta Continua de Hogares (ECH) (anual, de 2013 a 2016)

- Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) (anual, de 1998 a 2016)

- Encuesta de Población Activa (EPA) (trimestral, de 1964 a 2017)

- Encuesta de Empleo del Tiempo (EET) (dos levantamientos: 2002-2003 y 2009-2010)

- Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2004, 2013 y 2016

Tasa de crecimiento promedio anual de hogares con personas mayores

- ENOE (con periodicidad trimestral, de 1983 a la fecha)

- ENADID 1992, 1997, 2006, 2009 y 2014

- ECH (anual, de 2013 a 2016)

- EPF (anual, de 1998 a 2018)

Tamaño promedio de los hogares con personas mayores

- Censos de Población y Vivienda (datos disponibles en períodos de diez años, de 1990 a 2010)

- Conteos de Población y Vivienda (datos disponibles cada diez años, de 1995 a 2015)

- ENADID 1992, 1997, 2006, 2009 y 2014

- ENOE (con periodicidad trimestral, de 1983 a la fecha)

- Censos de Población y Viviendas (datos disponibles en relación con 1991, 2001 y 2011)

- ECH (anual, de 2013 a 2016)

Porcentaje de hogares con personas mayores según el número de personas en el hogar

- Censos de Población y Vivienda (datos disponibles en períodos de diez años, de 1990 a 2010)

- Conteos de Población y Vivienda (datos disponibles cada diez años, de 1995 a 2015)

- ENADID 1992, 1997, 2006, 2009 y 2014

- Censos de Población y Viviendas (datos disponibles en relación con 1991, 2001 y 2011)

- ECH (anual, de 2013 a 2016)

Porcentaje de hogares con personas mayores según tipo de hogar y familia

- Censos de Población y Vivienda (datos disponibles en períodos de diez años, de 1990 a 2010)

- Conteos de Población y Vivienda (datos disponibles cada diez años, de 1995 a 2015)

- ENADID 1992, 1997, 2006, 2009 y 2014

- ENOE (con periodicidad trimestral, de 1983 a la fecha)

- Censos de Población y Viviendas (datos disponibles en relación con 1991, 2001 y 2011)

- ECH (anual, de 2013 a 2016)

- EET (dos levantamientos: 2002-2003 y 2009-2010)

Hogares con jefatura de persona mayora

- Porcentaje de hogares con jefatura de persona mayor

- Tasa de jefatura de hogar de la población adulta mayor

- Porcentaje de jefes mayores que viven solos

- Censos de Población y Vivienda (datos disponibles en períodos de diez años, de 1990 a 2010)

- Conteos de Población y Vivienda (datos disponibles cada diez años, de 1995 a 2015)

- ENADID 1992, 1997, 2006, 2009 y 2014

- ENOE (con periodicidad trimestral, de 1983 a la fecha)

EPF (anual, de 1998 a 2016)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos disponibles en cada país.

a En España no existe la categoría de jefatura de hogar, sino la de sustentador principal, tomada de la Encuesta de Presupuestos Familiares de 2013. Se entiende por sustentador principal a la persona que más aporta regularmente al presupuesto del hogar y que no es integrante del servicio doméstico, invitado o huésped.

A la medición de las redes sociales de apoyo se le da menor importancia en las encuestas de los países analizados. Se dispone de indicadores demográficos generales referidos al tamaño del hogar, el promedio de hijos sobrevivientes y la relación de apoyo (tanto potencial como a los padres), pero aún hay grandes vacíos en lo referente a los apoyos que se otorgan y reciben, así como a todos los aspectos relacionados con la red (tamaño, distribución y funcionalidad) (véase el cuadro 4). En 1994, se realizó en México la Encuesta Nacional sobre la Sociodemografía del Envejecimiento (ENSE), que fue el primer instrumento de la región en captar los apoyos formales y, principalmente, los informales, de las redes sociales. Esta encuesta fue el antecedente inicial de la Encuesta sobre Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE 1999) y la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM 2001, 2003 y 2012) (Montes de Oca, 2014). Gracias a esta última, también es posible contar con información sobre el apoyo que otorgan y reciben las personas mayores. Desafortunadamente, estas encuestas (con excepción de la ENASEM) solo se llevaron a cabo en un año y no han tenido continuidad. A su vez, habría que considerar aspectos como el apoyo brindado por familiares y no familiares dentro y fuera del hogar, el tipo de apoyo, el tiempo dedicado, la satisfacción de las personas mayores con el apoyo y los mecanismos de reciprocidad (Garay, Montes de Oca y Guillén, 2014).

Cuadro 4

México y España: indicadores disponibles en las fuentes de datos para medir las redes sociales de apoyo

Indicadores para medir las redes de apoyo

México

España

Indicadores de las fuentes de apoyo social en la vejez

- Porcentaje de personas mayores según fuentes informales

de apoyo

- Encuesta Nacional sobre la Sociodemografía del Envejecimiento (ENSE) 1994

- Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Familias en México (ENDIFAM) 2005

- Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM) 2001, 2003, 2012 y 2015

- Estudio Longitudinal Envejecer en España (ELES) 2011

- Encuesta Nacional de Salud de España (ENSE) 2011-2012 (1987, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003, 2006 y 2011-2012)

- Porcentaje de personas mayores según tamaño del hogar en

que residen

- ENSE 1994

- Censos de Población y Vivienda (datos disponibles en períodos de diez años, de 1990 a 2010)

- Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 1992, 1997, 2006, 2009 y 2014

- Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) (con periodicidad trimestral,

de 1983 a la fecha)

- Censos de Población y Viviendas (datos disponibles en relación con 1991, 2001

y 2011)

- Encuesta Continua de Hogares (ECH) (anual, de 2013 a 2016)

- Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) (anual, de 1998 a 2016)

- Encuesta de Población Activa (EPA) (trimestral, de 1964 a 2017)

- Encuesta de Empleo del Tiempo (EET) (dos levantamientos: 2002-2003 y 2009-2010)

- Promedio de hijos sobrevivientes

- ENSE 1994

- ENADID 1992, 1997, 2006, 2009 y 2014

- ENASEM 2001, 2003, 2012

y 2015

ELES 2011

Indicadores de las características de las redes de apoyo social de las personas mayores

- Tamaño de la red

ENSE 1994

ELES 2011

- Nivel de distribución de la red

Sin información

ELES 2011

Indicadores de funcionalidad de las redes de apoyo social en la vejez

- Porcentaje de personas mayores que recibe apoyo

- ENSE 1994

- ENDIFAM 2005

- ENASEM 2001, 2003, 2012

y 2015

ENSE 2011/12a

ELES 2011b

- Porcentaje de personas mayores que da apoyo

- ENSE 1994

- ENDIFAM 2005

- ENASEM 2001, 2003, 2012

y 2015

- Encuesta de Condiciones de Vida de los Mayores (ECVM) 2006 (ayuda a hijos en el cuidado de nietos, y ayuda a familiares, amigos y vecinos con problemas de salud)

- ELES 2011

- Porcentaje de personas mayores que recibe y da apoyo

- ENSE 1994

- ENDIFAM 2005

- ENASEM 2001, 2003, 2012

y 2015

- Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2004 a 2016

- ELES 2011

- Nivel de funcionalidad

Sin información

Sin información

Otros indicadores de relaciones de apoyo a nivel demográfico

- Relación de apoyo potencial

- Censos de Población y Vivienda (datos disponibles en períodos de diez años, de 1990 a 2010)

- Conteos de Población y Vivienda (datos disponibles cada diez años, de 1995 a 2015)

Censos de Población y Viviendas (datos disponibles en relación con 1991, 2001 y 2011)

- Relación de apoyo a los padres

- Censos de Población y Vivienda (datos disponibles en períodos de diez años, de 1990 a 2010)

- Conteos de Población y Vivienda (datos disponibles cada diez años, de 1995 a 2015)

Censos de Población y Viviendas (datos disponibles en relación con 1991, 2001 y 2011)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos disponibles en cada país.

a Se pregunta si la persona recibe apoyo cuando está enferma.

b También se pregunta si recibe ayuda cuando está enferma en la cama.

Al igual que ocurre con las redes de apoyo, el tema del maltrato y la violencia en la población adulta mayor ha sido muy poco explorado, tanto en México como en España, y se cuenta con información sobre las muertes violentas derivadas de las estadísticas de mortalidad[13]. En el caso de México, desde 2009 existe el Subsistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED), disponible a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Además, en España se tienen datos correspondientes al período de 2011 a 2013 sobre las víctimas de violencia, pero solo se consideran aquellas personas que tienen una orden de protección o medidas cautelares (véase el cuadro 5). Sin duda, este es un tema que requiere de mayor atención por su incidencia directa en la calidad de vida de la población adulta mayor. La falta de información al respecto es preocupante, sobre todo si se desea avanzar en la protección de los derechos de las personas mayores (Paredes, Ciarniello y Brunet, 2010). Además, debe considerarse que, si bien las encuestas pueden aportar indicadores relevantes acerca de la violencia, el maltrato y el abuso, también se hace necesario aproximarse con metodologías cualitativas o mixtas en las que se emplee un enfoque interdisciplinario que abarque poblaciones generalmente invisibles (personas dependientes, con discapacidad e institucionalizadas).

Cuadro 5

México y España: indicadores disponibles en las fuentes de datos para medir la violencia y el maltrato

Indicadores para medir la violencia y el maltrato

México

España

Porcentaje de personas mayores que ha sufrido algún tipo de violencia o abuso

- Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2003, 2006, 2011 y 2016 (solo relativa a las mujeres)

- Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México 2015

- Instituto Nacional de Estadística (INE). Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género (EVDVG) (2011-2016).

- INE: Mujeres y hombres en España (2017). Publicación que contiene una sección sobre delito y violencia.

Porcentaje de personas mayores que ha sufrido violencia o abuso de parte de un familiar

- ENDIREH 2003, 2006, 2011 y 2016 (solo relativa a las mujeres)

- Encuesta Nacional sobre Percepción de Discapacidad en Población Mexicana (ENPDis) 2010

INE. Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género (EVDVG) (2011-2016)

Proporción de muertes violentas en la vejez por causas específicas

- Sistema Epidemiológico Estadístico de Defunciones, SEED (anual, de 2009 a la fecha)

- Estadística de Defunciones según causa de muerte

(1980- 2015)

- INE: Mujeres y hombres en España (2017). La sección sobre delito y violencia contiene datos por edad sobre víctimas mortales de la violencia de género.

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos disponibles en cada país.

La participación en actividades de voluntariado u organizaciones civiles no suele distinguirse de forma periódica en las encuestas de España. En la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), que tiene una periodicidad anual, se contempla cada año un módulo adicional. En el año 2006, se introdujo el módulo de participación social. En el caso de México, dicha distinción se hace con la ENASEM y la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP) 2012 (véase el cuadro 6). Es importante enfatizar las diferencias que implica cada actividad, pues el voluntariado puede realizarse dentro de la comunidad (participación en la iglesia, juntas vecinales, tareas vecinales, tequio o faenas en las áreas rurales, entre otros) y no necesariamente se asocia con una organización civil (Ahmed-Mohamed y otros, 2015). Además, se debería considerar la participación de las personas mayores en clubes de la tercera edad, así como su asistencia a cines, teatros, museos, cafeterías, bares, fiestas del barrio y otros, que son indicadores de la integración de la población adulta mayor en la vida de la comunidad y de su participación en actividades de ocio (Rodríguez-Rodríguez, Fernández-Mayoralas y Rojo-Pérez, 2012; Lardiés-Bosque y otros, 2015).

Cuadro 6

México y España: indicadores disponibles en las fuentes de datos para medir la participación social en la vejez

Indicadores para medir la participación social en la vejez

México

España

Porcentaje de personas mayores que participan en organizaciones de la sociedad civil

- Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM) 2001, 2003, 2012

y 2015

- Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP) 2012

Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2006, módulo de participación social

Porcentaje de personas mayores que realiza actividades de voluntariado

- ENASEM 2001, 2003, 2012

y 2015

- ENCUP 2012

- Encuesta sobre Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE) 1999 (solo en relación con Ciudad

de México)

- Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2002, 2009 y 2014

- Censos de Población y Viviendas (datos disponibles

en relación con 2011)

- ECV 2006, módulo de participación social

- Encuesta de Condiciones

de Vida de los Mayores

(ECVM) 2006

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos disponibles en cada país.

Al igual que en el caso de la violencia hacia la población adulta mayor, en las encuestas tampoco se consideran con regularidad los aspectos relacionados con la imagen social de la vejez, como su percepción, la discriminación y el maltrato. En lo que respecta a México, el tema sobre el que más se sabe es el de las personas que se sienten discriminadas, información que es posible conocer a partir de dos encuestas: una sobre discriminación (Encuesta Nacional sobre Discriminación o ENADIS), que se llevó a cabo en 2005 y 2010, y otra sobre envejecimiento (Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México o ENASEM), en la que se indaga sobre algunos lugares en donde se ha discriminado a las personas mayores (véase el cuadro 7). En España, la encuesta piloto del Estudio Longitudinal Envejecer en España (ELES) contiene información sobre cómo se percibe el propio envejecimiento y cómo se valora el comportamiento de la sociedad hacia las personas mayores. Este tema, junto con las redes de apoyo, la participación social y la violencia, constituyen ámbitos que requieren un análisis más allá de las relaciones en el interior del hogar. Esta última mirada es la que predomina en las diversas fuentes de datos de los países considerados.

Cuadro 7

México y España: indicadores disponibles en las fuentes de datos para medir la imagen social en la vejez

Indicadores para medir la imagen social en la vejez

México

España

Porcentaje de la población de 15 años y más que asocia la vejez con dependencia y fragilidad

Sin información

Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) Mayo 2009

Porcentaje de personas mayores que percibe discriminación y maltrato en la calle

Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM) 2015

ELES 2011

Porcentaje de personas mayores que se sienten discriminadas según causa

Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2005 y 2010

- Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD) 2008

- Encuesta de Integración Social y Salud (EISS) 2012

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos disponibles en cada país.

C. Disponibilidad de indicadores sobre los entornos físicos

El envejecimiento demográfico implica desafíos que, por lo regular, se centran en materia de regímenes de pensiones y sistemas de salud. No obstante, en la vida diaria existe una dimensión igual de importante: las condiciones de la vivienda, el acceso a los servicios públicos, y la configuración física y social de los entornos en los que reside la población adulta mayor. En la literatura se ha mostrado que las necesidades de seguridad en el entorno habitual de residencia se relacionan con un conjunto de medidas que permiten garantizar la salud, la disminución de los accidentes y un nivel bajo de estrés: las mismas medidas que pueden garantizar la calidad de vida en cualquier edad (Aranibar, 2001; OMS, 2002; CEPAL/CELADE, 2006; Villavicencio y otros, 2012; Garay, Montes de Oca y Hebrero, 2015). El análisis de los entornos físicos, sobre todo los referidos a las características de la vivienda, ha adquirido relevancia por ser un elemento que se asocia con la calidad de vida de las personas (OMS, 1995; Flores y otros, 2011).

En términos de los datos disponibles para calcular indicadores que permitan medir las condiciones de habitabilidad de la vivienda, se puede decir que en la mayoría de los países se cuenta con dicha información (véase el cuadro 8)[14]. Al respecto, vale la pena señalar que, a diferencia de México, en España se contemplan dimensiones muy importantes sobre la vivienda, tanto en el censo de población como en algunas encuestas de hogares y condiciones de vida. Algunas de esas dimensiones son las siguientes: la superficie útil de la vivienda, el tipo de vivienda, el tipo de edificio, el número de pisos, el número de habitaciones, el año de construcción, el estado del edificio, la accesibilidad y otras. Además, se hacen preguntas sobre aspectos relacionados con el equipamiento de la vivienda, por ejemplo: ascensor, garaje, cuarto de baño, cuarto de aseo, retrete en la propia vivienda, número de baños, calefacción, tipo de calefacción, tendido telefónico y agua caliente, entre otros.

Cuadro 8

México y España: indicadores disponibles en las fuentes de datos para medir las condiciones de habitabilidad de las viviendas en las personas mayores

Indicadores para medir las condiciones de habitabilidad de las viviendas en las personas mayores

México

España

Régimen de propiedad

- Porcentaje de personas mayores que residen en vivienda propia

- Censos de Población y Vivienda (datos disponibles en períodos de diez años, de 1990 a 2010)

- Conteos de Población y Vivienda (datos disponibles cada diez años, de 1995

a 2015)

- Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 1992, 1997, 2006, 2009 y 2014

- Censos de Población y Viviendas (datos disponibles en relación con 1991, 2001 y 2011)

- Encuesta Continua de Hogares (ECH) (anual, de 2013 a 2016)

- Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) (anual, de 1998 a 2016)

- Porcentaje de hogares con jefes mayores que reside en vivienda propia

- Censos de Población y Vivienda (datos disponibles en períodos de diez años, de 1990 a 2010)

- Conteos de Población y Vivienda (datos disponibles cada diez años, de 1995 a 2015)

- ENADID 1992, 1997, 2006, 2009 y 2014

EPF (anual, de 1998 a 2016)

Materialidad y calidad de las viviendas

- Porcentaje de personas mayores residentes en viviendas con materiales deficientes en las paredes

- Censos de Población y Vivienda (datos disponibles en períodos de diez años, de 1990 a 2010)

- Conteos de Población y Vivienda (datos disponibles cada diez años, de 1995 a 2015)

Sin información

- Porcentaje de hogares con jefes mayores residentes en viviendas con materiales deficientes en las paredes

- Censos de Población y Vivienda (datos disponibles en períodos de diez años, de 1990 a 2010)

- Conteos de Población y Vivienda (datos disponibles cada diez años, de 1995 a 2015)

Sin información

Acceso a servicios básicos

- Porcentaje de personas mayores residente en viviendas sin servicio de agua corriente dentro de la vivienda

- Censos de Población y Vivienda (datos disponibles en períodos de diez años, de 1990 a 2010)

- Conteos de Población y Vivienda (datos disponibles cada diez años, de 1995 a 2015)

- ENADID 1992, 1997, 2006, 2009 y 2014

Censos de Población y Viviendas (datos disponibles en relación con 1991, 2001 y 2011)

Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2012

- Porcentaje de hogares con jefes mayores sin servicio de agua corriente dentro de la vivienda

- Censos de Población y Vivienda (datos disponibles en períodos de diez años, de 1990 a 2010)

- Conteos de Población y Vivienda (datos disponibles cada diez años, de 1995 a 2015)

- ENADID 1992, 1997, 2006, 2009 y 2014

Censos de Población y Viviendas (datos disponibles en relación con 1991, 2001 y 2011)

ECV 2012

- Porcentaje de personas mayores residente en viviendas sin servicio sanitario

- Censos de Población y Vivienda (datos disponibles en períodos de diez años, de 1990 a 2010)

- Conteos de Población y Vivienda (datos disponibles cada diez años, de 1995 a 2015)

- ENADID 1992, 1997, 2006, 2009 y 2014

Censos de Población y Viviendas (datos disponibles en relación con 1991, 2001 y 2011)

Estudio Longitudinal Envejecer en España (ELES) 2011

- Porcentaje de hogares con jefes mayores sin servicio sanitario

- Censos de Población y Vivienda (datos disponibles en períodos de diez años, de 1990 a 2010)

- Conteos de Población y Vivienda (datos disponibles cada diez años, de 1995 a 2015)

- ENADID 1992, 1997, 2006, 2009 y 2014

Censos de Población y Viviendas (datos disponibles en relación con 1991, 2001 y 2011)

ELES 2011

Acceso a servicios de electricidad

- Porcentaje de hogares con jefes mayores sin servicio de electricidada

- Censos de Población y Vivienda (datos disponibles en períodos de diez años, de 1990 a 2010)

- Conteos de Población y Vivienda (datos disponibles cada diez años, de 1995 a 2015)

- Censos de Población y Viviendas (datos disponibles en relación con 1991, 2001 y 2011)

- ECV 2012

- ELES 2011

Hacinamiento de la vivienda

- Porcentaje de personas mayores residentes en hogares con hacinamiento

- Censos de Población y Vivienda (datos disponibles en períodos de diez años, de 1990 a 2010)

- Conteos de Población y Vivienda (datos disponibles cada diez años, de 1995 a 2015)

- Censos de Población y Viviendas (datos disponibles en relación con 1991, 2001 y 2011)

- ECV 2012

- Porcentaje de hogares con jefes mayores en los que existe hacinamiento

- Censos de Población y Vivienda (datos disponibles en períodos de diez años, de 1990 a 2010)

- Conteos de Población y Vivienda datos disponibles cada diez años, de 1995 a 2015)

- Censos de Población y Viviendas (datos disponibles en relación con 1991, 2001 y 2011)

- ECV 2012

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos disponibles en cada país.

a En el caso de España, se pregunta por servicio de calefacción.

Estos temas que figuran en las fuentes de datos españolas han resultado ser de gran utilidad al analizar el entorno residencial de las personas mayores, pues permiten contar con un panorama más amplio sobre las dotaciones y el ambiente en el que se desenvuelve la población adulta mayor. Por ejemplo, Fernández-Mayoralas, Rojo-Pérez y Pozo (2002) muestran que no basta con medir el hacinamiento en las viviendas, sino también considerar el espacio disponible por persona, si bien esto no suele ser un problema entre la población mayor, al menos en el entorno europeo, porque el tamaño del hogar es reducido y ello facilita la disponibilidad de espacio (Victor, 1987). En relación con el equipamiento de la vivienda o la finca donde se ubica, hay dotaciones que son necesarias para mantener cierta calidad de vida. Un ejemplo de ello es la calefacción, que se vuelve vital para las personas mayores que residen en climas fríos (incluso no extremos), pues la ausencia de ella puede causarles problemas serios de salud (Fernández-Mayoralas, Rojo-Pérez y Pozo, 2002; Rojo-Pérez y otros, 2001, 2002 y 2007a). Estos son solo algunos ejemplos de la importancia de considerar ciertos temas para ampliar la visión de habitabilidad de la vivienda y el entorno residencial en las encuestas latinoamericanas.

Las mayores limitaciones en cuanto a la disponibilidad de información en los países seleccionados se encuentran en la medición de indicadores sobre planes habitacionales para las personas mayores, la percepción sobre la vivienda y el uso del espacio urbano (véanse los cuadros 9, 10 y 11). Los datos de los que se dispone al respecto corresponden a indicadores de carácter geográfico, sin que ello se relacione con los aspectos sociodemográficos. En el caso de España, se ha mostrado la relevancia de considerar variables como el tiempo de residencia en el barrio, los familiares residentes en él, la percepción del entorno residencial y la accesibilidad a servicios como pequeños comercios, transporte público, servicios religiosos, áreas verdes, servicios sociales y servicios de salud (Fernández-Mayoralas, Rojo-Pérez y Pozo, 2002; Rojo-Pérez y otros, 2002; Rojo-Pérez y Fernández-Mayoralas, 2011).

Cuadro 9

México y España: indicadores disponibles en las fuentes de datos para medir la demanda de planes habitacionales específicos para personas mayores

Indicadores para medir la demanda de planes habitacionales específicos para personas mayores

México

España

- Número de hogares y núcleos familiares encabezados por personas mayores allegadas

Sin información

Sin información

- Déficit habitacional de las personas mayores

Sin información

Sin información

- Formación anual de hogares liderados por personas mayores

Esta información se puede obtener de los censos, pero no es anual

Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) (anual, de 1998 a 2016)

- Número y porcentaje de personas que habitan asentamientos precarios

Sin información

Sin información

- Número y porcentaje de viviendas con necesidades de adecuación para el alojamiento de personas discapacitadas

Sin información

Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD) 2008

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos disponibles en cada país.

Cuadro 10

México y España: indicadores disponibles en las fuentes de datos para medir la percepción de la calidad de vida residencial de las personas mayores

Indicadores de percepción de la calidad de vida residencial de las personas mayores

México

España

Porcentaje de personas mayores insatisfechas con el desempeño de actividades que permite su viviendaa

Sin información

Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2012

Estudio Longitudinal Envejecer en España

(ELES) 2011

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos disponibles en cada país.

a La información relativa a España corresponde al grado de satisfacción con su vivienda.

Cuadro 11

México y España: indicadores disponibles en las fuentes de datos para medir el uso del espacio urbano

Indicadores del uso del espacio urbano

México

España

Distribución espacial intraurbana de las personas mayores

- Censos de Población y Vivienda (datos disponibles en períodos de diez años, de 1990 a 2010)

- Conteos de Población y Vivienda (datos disponibles cada diez años, de 1995 a 2015)

Censos de Población y Viviendas (datos disponibles en relación con 1991, 2001 y 2011)

Distancia del domicilio de la persona mayor a facilidades y equipamiento urbano

Sin información

- Encuesta de Condiciones de Vida de los Mayores (ECVM) y

- Estudio Longitudinal Envejecer en España (ELES) 2011

Porcentaje de personas mayores que reportan dificultades para movilizarse en su espacio exterior

Sin información

Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD) 2008

Índice Duncan de segregación espacial de personas mayores

- Censos de Población y Vivienda (datos disponibles en períodos de diez años, de 1990 a 2010)

- Conteos de Población y Vivienda (datos disponibles cada diez años,

de 1995 a 2015)

Censos de Población y Viviendas (datos disponibles en relación con 1991, 2001 y 2011)

Porcentaje de personas mayores que declara sentirse expuesto al delito al circular por el vecindario

Sin información

ELES 2011

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos disponibles en cada país.

D. Características de las fuentes de datos

1. México

El Censo de Población y Vivienda de México tiene como objetivo principal generar información demográfica y socioeconómica de la población, los hogares y las viviendas particulares. A partir del censo, es posible desagregar la información a escala estatal y municipal, así como por tamaño de localidad. El censo se realiza cada diez años, pero desde 1995 se ha implementado un conteo de población que se lleva a cabo cinco años después de su levantamiento. Véase [en línea] http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ccpv/2010/.

La Encuesta Nacional sobre la Sociodemografía del Envejecimiento (ENSE) fue la primera encuesta a nivel nacional sobre el tema del envejecimiento y se levantó por única vez en 1994. Esta encuesta se aplicó exclusivamente a poco más de 5.000 personas, hombres y mujeres, de 60 años y más. En el levantamiento de la encuesta se hizo un muestreo probabilístico no autoponderado. El esquema de muestreo fue estratificado, con selección de conglomerados en dos etapas. La unidad de muestreo de la primera etapa fue el Área Geoestadística Básica definida en el XI Censo General de Población y Vivienda de 1990 y, en los demás casos, fueron las localidades. Se obtuvo información completa de 3.956 viviendas que tenían al menos un miembro de 60 años y más. En relación con ellas, se completaron poco más de 5.000 cuestionarios individuales que contenían los datos de la población de esa edad. Por primera vez, en esta encuesta fue posible adherir variables relacionadas con los apoyos sociales y, finalmente, organizar una segunda base de datos que contenía información sobre los casi 8.000 casos de personas que ayudaron o recibieron ayuda dentro de la red, así como los flujos de apoyo sobre los que informó la población adulta mayor.

La Encuesta sobre Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE) es una encuesta multicéntrica y representativa de algunas de las principales ciudades de la región latinoamericana, que se deriva de un proyecto impulsado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Mediante dicho proyecto se busca generar información comparable para conocer las condiciones de salud de la población adulta mayor y sus determinantes socioeconómicos. En la SABE (que en Ciudad de México solo se aplicó en 1999), se consideraron módulos sobre los siguientes aspectos: las características sociodemográficas de los hogares con población de 60 años o más; las condiciones de salud física y mental de las personas adultas mayores; el acceso a los servicios de salud y su uso; las transferencias familiares y no familiares, y la participación en el mercado de trabajo y la jubilación (Palloni y Peláez, s/f). Este estudio representa uno de los primeros esfuerzos por analizar, con la representación de ciertas ciudades, las diferentes etapas del envejecimiento en América Latina y el Caribe, y conocer las implicaciones de este proceso en aspectos relacionados con la salud de la población adulta mayor a partir de su entorno social.

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) es una encuesta con perspectiva transversal que se ha levantado en relación con 1992, 1997, 2006, 2009 y 2014. En todos los años, la encuesta ha sido representativa a escala nacional, urbano-rural, estatal y regional. Dentro de sus objetivos principales se encuentra producir información sobre la estructura por edad y sexo de la población, así como relacionar el comportamiento de las variables demográficas con las características socioeconómicas de la población. Todo ello permite analizar los hogares y sus características socioeconómicas. Véase [en línea] http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/enadid/2014/default.html.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) es una encuesta que surgió de la fusión entre la que anteriormente se conocía como Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU) y la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), que se habían llevado a cabo de 1983 a 2004 de forma separada. La ENOE se aplica de forma trimestral y su principal objetivo es captar la información referente a la situación laboral de las personas de 12 años o más, aunque también permite captar datos sobre variables demográficas de los hogares y las personas. Es representativa a escala nacional, por entidad federativa y tamaño de localidad, y se cuenta con información obtenida a partir de ella desde 2005 hasta la fecha. Véase [en línea] http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enoe/.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Familias en México (ENDIFAM) fue realizada en 2005 por la Unidad de Investigación Social Aplicada y de Estudios de Opinión del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se llevó a cabo con el fin de aportar información al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y uno de sus objetivos era dar cuenta de los cambios en la estructura y la dinámica de las familias en México. Dicha encuesta es representativa a escala nacional. Véase [en línea] http://bdsocial.inmujeres.gob.mx/index.php/endifam-29.

La Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM) tiene por objeto hacer un estudio prospectivo de la salud y el envejecimiento en dicho país. La ENASEM se aplicó por primera vez en 2001, entre adultos que habían nacido en 1951 o antes. Las encuestas de seguimiento se realizaron en 2003 y 2012. Además de las personas objeto de seguimiento (14.283), en el año 2012 se incluyó una muestra de 6.259 personas nacidas entre 1952 y 1962. Esto se hizo para no perder la representatividad de la muestra, dado que, al ser una encuesta longitudinal, se pueden perder muchos casos por fallecimiento, cambios de domicilio y otros motivos. El total de personas encuestadas en 2012 fue de 20.542. La representatividad de la ENASEM es tanto urbana como rural, a escala nacional (INEGI, 2013). Véase [en línea] http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/enasem/default.html.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) fue iniciativa del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). Es representativa a escala nacional de todas las mujeres mexicanas de 15 años y más, con independencia de su estado civil, por zonas urbanas y rurales, así como por entidades federativas. El diseño muestral, que es estratificado, bietápico y por conglomerados, se caracteriza por ser probabilístico, lo que permite generalizar los resultados obtenidos en la encuesta a toda la población objeto de estudio. En la encuesta hay un módulo específico relativo a mujeres de 60 años y más, en el que se examina el abuso físico, la negligencia y el abuso emocional por parte de personas distintas a la pareja con quien viven. La encuesta se ha aplicado en cuatro años: 2003, 2006, 2011 y 2016.

La Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) tiene como objetivo principal recabar información sobre el tiempo y la participación de las personas en distintas actividades, tanto domésticas como extradomésticas. Se llevó a cabo en 2002, 2009 y 2014, su representatividad es nacional y la información se puede desagregar por tamaño de localidad (INEGI, 2016). Véase [en línea] http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/endireh/2016/.

La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) es una encuesta realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Su principal objetivo es conocer aspectos relacionados con la discriminación[15]. Es representativa a nivel nacional y se ha llevado a cabo en dos años: 2005 y 2010. Véase [en línea] http://bdsocial.inmujeres.gob.mx/index.php/enadis-25.

La Encuesta Nacional sobre Percepción de Discapacidad en Población Mexicana (ENPDis) proporciona información sobre las características de las personas con discapacidad. En ella se contempla una muestra a escala nacional en la cual se aplican diversos cuestionarios relativos al hogar, a la localidad y a las personas con y sin discapacidad. La ENPDis se aplicó en 2010 (INSP, 2013). Véase [en línea] http://encuestas.insp.mx/enpdis/#.Wc0cXVv9Spo.

La Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP 2012) fue levantada en agosto de 2012 en zonas urbanas y rurales del país, de acuerdo con la base de secciones electorales registradas por el Instituto Federal Electoral (IFE) en 2009. El tamaño de la muestra, calculado para generar estimaciones a escala nacional, fue de 3.750 individuos, y el diseño muestral fue de tipo polietápico, estratificado y por conglomerados. La población objetivo del estudio estaba constituida por adultos, hombres y mujeres, de 18 años o más, que residían de forma permanente en viviendas particulares ubicadas dentro del territorio nacional. Véase [en línea] http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/historicas/encup/.

La Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM) 2015 forma parte de un trabajo conjunto realizado entre el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Instituto Nacional de Geriatría. Se aplicaron 1.200 encuestas a personas de 15 años y más, y el muestreo fue probabilístico, polietápico y estratificado[16].

2. España

Los Censos de Población y Viviendas son la operación estadística de carácter demográfico que se realiza en España cada diez años —el último se llevó a cabo en 2011—. Las cifras de población se obtienen utilizando previamente la información de distintos registros administrativos, el principal de los cuales es el Padrón Continuo, para levantar una encuesta de más del 12% de la población. La encuesta permite conocer las características de las personas, los hogares, los edificios y las viviendas. A través del sitio del Instituto Nacional de Estadística (INE) se pueden obtener tablas elaboradas, pero también es posible crear tablas específicas, descargar los microdatos en línea y obtener respuesta a demandas concretas a petición, de acuerdo con criterios de confidencialidad. El INE ofrece amplia información sobre la metodología y el proceso estadístico, diferenciando entre el Censo de Población y Viviendas y el de Edificios (en este último se proporcionan datos exhaustivos y georreferenciados). Véase [en línea] http://www.ine.es/censos2011_datos/cen11_datos_inicio.htm.

La Encuesta Continua de Hogares (ECH), que se inició en 2013 y se lleva a cabo de forma anual, es una investigación continua por muestreo que ofrece datos sobre las características demográficas básicas de la población, los hogares que compone y las viviendas que habita. La ECH se considera la fuente de referencia del INE en cuanto a las características de los hogares, pues aporta información sobre el número de hogares por tamaño, su composición y las formas de convivencia de las personas. La muestra anual que se investiga es de 1.600 secciones censales, distribuidas por todo el territorio nacional, y 65 direcciones postales por sección, de las cuales aproximadamente el 70% son viviendas ocupadas. En 2015, la muestra efectiva fue de 57.530 hogares (la acumulada de 2014 y 2015 fue de 114.684). Este tamaño muestral permite ofrecer datos por provincias. Véase [en línea] http://www.ine.es/inebaseDYN/ech30274/ech_inicio.htm.

La Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) del INE se lleva a cabo desde 1997. La última corresponde a 2011, y en ella se utilizó una muestra de casi 23.000 hogares. Presenta módulos específicos sobre temas como el trabajo doméstico o el bienestar. Suministra información anual sobre la naturaleza y el destino de los gastos de consumo en diferentes bienes y servicios, así como sobre diversas características relativas a las condiciones de vida de los hogares españoles, excluida la población que se encuentra en instituciones. Ofrece datos a escala nacional y regional sobre los hogares (tipo, tamaño y principal fuente de ingresos), así como sobre la persona que más ingresos aporta al hogar. Los datos se presentan en forma de tablas agregadas y ficheros de microdatos en formatos estándar, destinados al análisis estadístico. Véase [en línea] http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft25%2Fp458&file=inebase&L=0.

La Encuesta de Población Activa (EPA) es una encuesta continua y trimestral dirigida a las familias, que se realiza desde 1964. La muestra inicial es de 60.000 familias, que se entrevistan en el trimestre y equivalen a unas 180.000 personas. La encuesta se adecua a la metodología de la Oficina Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT) y es uno de los instrumentos de mayor coherencia y prestigio para conocer la situación coyuntural de la economía y la sociedad españolas. De ella se obtienen datos sociodemográficos, de empleo y desempleo, que se ofrecen atendiendo a los tipos de población (activos, ocupados, parados, inactivos) que reside en hogares y viviendas familiares. La escala geográfica abarca el total de la población española, por regiones y provincias. En la EPA también se emplean módulos anuales específicos, como los de accidentes laborales, población con discapacidad en el empleo, aprendizaje en el trabajo, condiciones de trabajo, conciliación del trabajo con la familia, empleo y jubilación, o problemas de salud en el empleo. Se puede acceder a tablas y microdatos. Véase [en línea] http://www.ine.es/inebaseDYN/epa30308/epa_inicio.htm.

La Encuesta de Empleo del Tiempo (EET) tuvo dos levantamientos: uno en 2002 y 2003, y el otro en 2009 y 2010. En la última encuesta se entrevistó a más de 10.000 participantes mayores de 10 años que vivían en viviendas particulares. Se los muestreó a escala nacional y regional, y se les solicitó que rellenaran un cuestionario individual y un libro de actividades diarias. Se recoge información primaria sobre el trabajo no remunerado que realizan los hogares, la distribución de las responsabilidades familiares, la participación de la población en actividades culturales y de ocio, o el modo en que emplean el tiempo algunos grupos sociales especiales (jóvenes, desempleados, ancianos y otros). Véanse información técnica, resultados y microdatos de acceso en [en línea] http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft25%2Fe447&file=inebase&L=0.

La Encuesta Nacional de Salud de España (ENSE) está dirigida a las familias y, desde 1987, la lleva a cabo el INE en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI). La muestra de la encuesta de 2011 y 2012 fue de aproximadamente 21.000 individuos mayores de 15 años, además de 5.000 menores de esa edad, distribuidos por regiones y encuestados en hogares. El objetivo es obtener datos sobre el estado de salud, los factores determinantes, los factores de riesgo y las características del entorno residencial. Véanse la metodología y tablas agregadas en [en línea] http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t15/p419&file=inebase&L=0.

La Encuesta de Discapacidades, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia es una operación estadística en formato de macroencuesta sobre la discapacidad, la dependencia, el envejecimiento y el estado de salud de la población residente en España. En su metodología se siguen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y, en particular, las clasificaciones internacionales vigentes. Se han realizado tres: la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías (EDDM 1986), la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud (EDDS 1999) y la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD 2008). Esta última se estructura en dos cuestionarios: uno sobre las instituciones, dirigido a los centros residenciales para mayores y a las personas que viven en ellos, y otro sobre los hogares, para analizar aspectos relacionados con la discapacidad, las limitaciones funcionales y la función del cuidador. La muestra, que cubre toda la población de España y sus regiones, se obtiene a partir de los datos del Padrón Continuo y comprende más de 91.000 hogares y más de 250.000 individuos de 6 años o más —para detectar discapacidades— y de 0 a 5 años —solo para detectar limitaciones—. Véanse los cuadros y microdatos en [en línea] http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t15/p418&file=inebase&L=0.

La Estadística de defunciones según la causa de muerte es un producto basado en los registros de defunciones administrativos y judiciales, es decir, el Certificado Médico de Defunción/Boletín Estadístico de Defunción (CMD/BED), el Boletín Estadístico de Defunción Judicial (BEDJ) y el Boletín Estadístico de Parto (BEP). Se sigue la Clasificación Internacional de Enfermedades y los datos están homogenizados desde 1975. Véase [en línea] http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t15/p417&file=inebase&L=0.

La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), armonizada dentro de la Unión Europea, está activa desde 2004 y su última versión fue en 2013. Está dirigida a los hogares y las personas de 16 años y más, que rotan cada cuatro años, con representación nacional y regional, para obtener una muestra de 16.000 hogares. Mediante la encuesta se investigan los ingresos y la situación económica de los hogares privados, la pobreza y las carencias, el empleo y la actividad, las jubilaciones, las pensiones y la situación socioeconómica de las personas mayores, la vivienda y los costes asociados a ella, así como el nivel de formación y salud, y los efectos de ambas sobre la condición socioeconómica. Véanse la metodología, así como tablas agregadas y microdatos, en [en línea] http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft25%2Fp453&file=inebase&L=0.

La Encuesta de Condiciones de Vida de los Mayores (ECVM) fue realizada en 2006 por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), con el objeto de “conocer para intervenir” y poner en conocimiento de la sociedad el análisis de las personas mayores en España (Abellán García y otros, 2007). Los microdatos están disponibles en [en línea] http://envejecimiento.csic.es/estadisticas/encuestas/index.html.

La encuesta piloto del Estudio Longitudinal Envejecer en España (ELES) es una encuesta que se llevó a cabo con el fin de hacer una investigación interdisciplinar y multidimensional, con diseño longitudinal. La investigación se hizo sobre la base del seguimiento, durante 20 años, de cohortes de población españolas nacidas antes de 1960. Véanse más información y microdatos en [en línea] http://www.proyectoeles.es.

La publicación Mujeres y hombres en España, del Instituto Nacional de Estadística (INE), tiene la finalidad de ofrecer, desde una perspectiva de género, una selección de los indicadores más relevantes en el momento actual, que permitan analizar la situación de los hombres y las mujeres en determinadas áreas sociales y económicas, como la educación, el empleo, los salarios y la inclusión social, la salud, la ciencia y la tecnología, entre otras. Una de esas áreas es la relativa al delito y la violencia. Véase más información en [en línea] http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259924822888&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas.

E. Reflexiones finales

Se han presentado las fuentes de datos disponibles a partir de las cuales es posible derivar ciertos indicadores relacionados con los entornos sociales y físicos. El panorama mostrado permite afirmar que, en México y España, se cuenta con información referida a las características de las personas, sus viviendas y sus hogares, pero todavía no se logra visualizar a los individuos en los entornos en los que se desenvuelven fuera del hogar y la vivienda. Las encuestas siguen teniendo un enfoque centrado en el hogar, lo que limita el análisis de los entornos sociales (redes de apoyo, participación social, violencia y maltrato, discriminación, imagen social de la vejez y relación con el barrio, entre otros). Existen algunos avances al respecto, como el hecho de considerar las redes de apoyo fuera del hogar, además de la discriminación y la participación comunitaria, pero todavía siguen siendo limitados los datos que no tienen como eje principal la unidad doméstica.

En las fuentes de datos señaladas se puede apreciar que los entornos no se ligan con temas como la salud y la actividad económica, entre otros. En la ENSE, la SABE y la ENASEM (México) y en la ECV, la ECVM y el ELES (España), se hacen algunos esfuerzos por vincular los distintos temas. Sin embargo, en general se observa que se reproduce la fragmentación temática que se ha generado en la producción de las encuestas, que impide vincular en mayor profundidad los entornos y su efecto con la calidad de vida de las personas mayores. Es por ello que se tiene que pensar en encuestas que se apliquen de forma regular y supongan una visión integral, tanto de los entornos físicos como de los sociales. De lo contrario, seguiremos teniendo información relacionada con objetivos, temas y períodos distintos, que no permite obtener una panorámica de cómo evolucionan, no solo la población adulta mayor, sino también las personas de los diferentes grupos de edad. La importancia de incorporar variables individuales, del hogar, la vivienda y el barrio se debe a que todas estas dimensiones están estrechamente vinculadas y su análisis debe llevarse a cabo de la misma forma. Por ejemplo, el régimen de tenencia de la propiedad y el espacio disponible en la vivienda están relacionados con la composición del hogar, además de con la edad y la salud de sus integrantes.

Asimismo, se observan otras dificultades para avanzar en el análisis de los entornos, entre ellas, las siguientes: las encuestas se aplican en algunos años determinados y no tienen continuidad; la mayoría de las fuentes de datos no son representativas de las personas mayores, y la forma de aproximarse a cada indicador difiere entre los países y suele tener objetivos distintos[17]. Todo ello es de gran importancia si se desea avanzar en las áreas prioritarias que se plantean en la Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, dado que la información presentada en este artículo apunta a que no existe una coordinación real entre los indicadores clave para generar acciones de política con las fuentes de datos disponibles.

Otro aspecto que se debe considerar es la revisión de los indicadores propuestos por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL. Si bien esos indicadores constituyen un importante esfuerzo por aproximarse a las condiciones sociodemográficas de las personas mayores, una vez que se avance en cuanto a su disponibilidad, habría que contemplar otro tipo de aproximaciones. Por ejemplo, en el caso de las redes de apoyo social, valdría la pena considerar la satisfacción de las personas mayores con el apoyo otorgado y recibido, así como el apoyo potencial a partir de la cercanía o la confianza que tienen con algunas personas, sean familiares o no. En lo que respecta a la participación social, sería importante tener en cuenta la participación de la población mayor, con los amigos y vecinos, en actividades comunitarias que no necesariamente se adhieren a una organización civil o gubernamental. También habría que considerar la satisfacción de las personas mayores con dicha participación y los cambios derivados de ella, el significado que dichas personas le atribuyen a su vivienda y a su barrio, sus preferencias por residir en cierto entorno, y el bienestar o el conflicto que surgen de su entorno residencial. Es necesario avanzar en la captación de datos sobre la violencia y el maltrato más allá del hogar, e indagar en los malos tratos recibidos en la sociedad, que están más ligados a una violencia estructural que se reproduce a escala microsocial. Además, sería importante considerar a las poblaciones aisladas, que suelen ser las más maltratadas (personas con demencias, con limitaciones permanentes y en instituciones, entre otras).

Además de que haya información y variables disponibles para aproximarse a la medición de los indicadores, cabe decir que una tarea pendiente es procesar los datos para calcular los indicadores y compararlos con otros países. Esto último implica buscar variables similares de acuerdo con los períodos disponibles, así como las definiciones y mediciones que se utilizan en cada región.

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Anexo A1

Cuadro A1.1

México y España: preguntas utilizadas en las fuentes de datos para captar diversos indicadores relacionados con los entornos físicos y sociales

Indicadores

México

España

Fuente

Pregunta/s

Fuente

Pregunta/s

Indicadores para medir los arreglos residenciales

Hogares con jefatura de persona mayor

Censo de Población y Vivienda

Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID)

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

Módulo de hogar. Identificación del jefe/a del hogar. Nombre, ubicado en el primer registro.

Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) 2013

Ficha del hogar. Apartado C. Identificación del sustentador principal. Nombre y número de orden en el hogar.

Indicadores para medir las redes de apoyo

Porcentaje de personas mayores según fuentes informales de apoyo

Encuesta Nacional sobre la Sociodemografía del Envejecimiento (ENSE)

Ahora vamos a platicar sobre la relación que existió entre usted y sus familiares y amigos en el último mes (hermanos, hijos, amigos, vecinos, etc.) ¿Me podría mencionar a las personas que le proporcionaron en el último mes algún tipo de ayuda?

Estudio Longitudinal Envejecer en España (ELES) 2011

¿Quién es la primera persona/segunda persona que en mayor medida le ayuda, la que más tiempo dedica a ayudarle en estas circunstancias? Dígame: 1) qué parentesco o relación le une con Ud., 2) qué edad tiene, 3) dónde vive o cuánto tarda en llegar, 4) la frecuencia con la que le presta ayuda, y 5) las horas/día que le presta ayuda

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Familias en México (ENDIFAM)

En su familia:

¿Han sufrido la muerte de un familiar cercano?

¿Alguien ha sufrido una enfermedad grave?

¿Alguien ha tenido un accidente?

¿Han tenido problemas serios económicos?

¿Han tenido problemas serios de trabajo?

¿Han pasado por otra situación grave?

Encuesta Nacional de Salud de España (ENSE)

2011-2012

Voy a entregarle una tarjeta con diferentes situaciones de apoyo afectivo y personal que suelen ocurrir en la vida cotidiana. Al lado de cada situación hay un conjunto de respuestas. Por favor, lea cada situación y dígame una por una el número de respuesta que mejor refleje su situación

(Si respondían afirmativamente) En esta situación, ¿ha recibido ayuda de familiares, amigos, vecinos o paisanos?

Durante los últimos 12 meses, ¿ha recibido usted algún tipo de ayuda de amigos, familiares o vecinos?

En los últimos diez años, ¿usted (o su cónyuge) ha recibido una casa, negocio, propiedades o cantidades grandes de dinero?

En los últimos dos años, ¿usted (o su cónyuge) ha recibido ayuda en dinero o en especie de cualquiera de sus hijos o nietos (y los de su cónyuge)?

1. Recibo visitas de mis amigos y familiares

2. Recibo ayuda en asuntos relacionados con mi casa

3. Recibo elogios y reconocimientos cuando hago bien mi trabajo

4. Cuento con personas que se preocupan de lo que me sucede

5. Recibo amor y afecto

6. Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas en el trabajo o en la casa

7. Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas personales y familiares

8. Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas económicos

9. Recibo invitaciones para distraerme y salir con otras personas

10. Recibo consejos útiles cuando ocurre algún acontecimiento importante en mi vida

11. Recibo ayuda cuando estoy enfermo en la cama

(Opciones de respuesta: mucho menos de lo que deseo; menos de lo que deseo; ni mucho ni poco; casi como deseo; tanto como deseo; no sabe; no contesta)

Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM)

En los últimos dos años, ¿le han dedicado sus hijos, nueras, yernos o nietos (y los de su cónyuge) por lo menos una hora a la semana para ayudarle a usted con quehaceres del hogar, mandados, transporte?

Tamaño de la red

ENSE

Ahora vamos a platicar sobre la relación que existió entre usted y sus familiares y amigos en el último mes (hermanos, hijos, amigos, vecinos, etc.) ¿Me podría mencionar a las personas que le proporcionaron en el último mes algún tipo de ayuda?

(Se obtiene con el conteo del número de personas que otorgaron algún tipo de ayuda)

ELES 2011

Pensando ahora en el apoyo o ayuda que usted pueda recibir en tareas de cuidado personal, domésticas o para la movilidad dentro o fuera de su casa… Durante los últimos 12 meses, ¿de cuántas personas (ya sean familiares, amigos, vecinos, compañeros, empleado/a de su hogar) ha recibido ayuda o cuidado?

Anotar número (Nº de personas de la red)

Para:

- cuidado personal

- tareas domésticas

- movilidad por dentro de la casa

- supervisar el cuidado

Nivel de distribución de la red

Sin información

ELES 2011

¿Quién es la 1ª persona que en mayor medida le ayuda, la que más tiempo dedica a la tarea de ayudarle o cuidarle? Dígame: 1- la edad que tiene, 2- qué parentesco o relación le une con Vd., 3- en qué tareas le ayuda, 4- dónde vive o cuánto tiempo tarda en llegar y 5- la frecuencia con la que le presta ayuda.

Respuestas de la pregunta 4 anterior:

1. En el mismo domicilio del entrevistado

2. En el mismo edificio del entrevistado, pero no en la misma casa

3. En otro edificio y menos de 15 minutos

4. En otro edificio y entre 16 y 30 minutos

5. En otro edificio y entre 31 y 60 minutos

6. En otro edificio y más de 60 minutos

7. (NO LEER) No sabe/No contesta

Indicadores

México

España

Fuente

Pregunta/s

Fuente

Pregunta/s

Indicadores para medir la violencia y el maltrato

Porcentaje de personas mayores que ha sufrido algún tipo de violencia o abuso

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH)

Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México

La ENDIREH está compuesta por distintos módulos que permiten captar la violencia o los abusos en diversos ámbitos (escolar, laboral, familiar, comunidad)

Por lo que usted sabe, en su familia, ¿algún adulto mayor ha sufrido alguna de las siguientes situaciones?

Lo han golpeado

Lo han empujado

Le han jalado el pelo

Le han aventado un objeto

Lo han agredido con un cuchillo

Lo han humillado o se han burlado de él/ella

Lo han tratado con indiferencia

Lo han corrido de la casa

Le han intimidado

No han respetado sus decisiones

Le han prohibido salir

Le han dejado de dar ropa, calzado

Le han dejado de suministrar medicamentos

Le han negado protección

Lo han dejado fuera de la casa en donde vive

Manejan su dinero sin preguntarle

Han vendido alguna propiedad de su pertenencia sin autorización

Le han exigido relaciones sexuales

Le han tocado los genitales sin consentimiento

Otro________

Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género (EVDVG)

(Es un registro de casos declarados, no de valoración de un comportamiento social)

Registro Central de Víctimas. Tablas por edad y sexo, lugar de nacimiento, relación de afectividad o familiar entre la víctima y la persona denunciada.

Indicadores para medir la participación social en la vejez

Porcentaje de personas mayores que participan en organizaciones de la sociedad civil

ENASEM

Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP)

Las siguientes preguntas se refieren a distintas actividades que uno puede realizar en su vida diaria. Le voy a pedir que por favor me diga si usted realizó algunas de estas actividades durante el último año y cada cuánto las realizó. Excluya actividades que realiza como parte de su trabajo u ocupación.

Cuidar a un adulto enfermo o discapacitado

Cuidar a niños menores de 12 años

Trabajo de voluntariado o apoyo a alguna organización civil sin pago o retribución

Dígame por favor si usted forma o ha formado parte de alguna de las siguientes organizaciones:

a) Sindicato

b) Partido político

c) Agrupación profesional

d) Cooperativa

e) Agrupación política

f) Institución de beneficencia

g) Agrupación religiosa

h) Organización de ciudadanos

i) Agrupación de ayuda social

j) Vecinos, colonos, condóminos

k) De pensionados y jubilados

Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2006

Módulo de participación social.

¿Ha participado durante los últimos 12 meses en actividades de partidos políticos o de sindicatos?

¿Ha participado durante los últimos 12 meses en actividades de asociaciones profesionales?

¿Ha participado durante los últimos 12 meses en actividades relacionadas con la iglesia o con otras organizaciones religiosas? (No incluya la asistencia a bodas, bautizos o funerales)

¿Ha participado durante los últimos 12 meses en actividades de ocio o deportivas dirigidas por agrupaciones u organizaciones destinadas a estos fines?

¿Ha participado durante los últimos 12 meses en actividades de organizaciones con fines caritativos o humanitarios?

¿Ha participado durante los últimos 12 meses en actividades de otras organizaciones distintas de las anteriores? (Por ejemplo, organizaciones ecologistas, asociaciones de vecinos, grupos pacifistas, etc.)

Porcentaje de personas mayores que realiza actividades de voluntariado

ENASEM

ENCUP

Encuesta sobre Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE) (solo para Ciudad de México)

Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT)

Misma pregunta que para la participación en organizaciones civiles (véase el recuadro de arriba).

¿Alguna vez usted ha llevado a cabo las siguientes acciones?

a) Ha donado sangre

b) Ha dado dinero a la Cruz Roja

c) Ha donado alimentos, medicina o ropa en caso de un desastre

d) Ha participado personalmente como voluntario en alguna actividad a beneficio de la comunidad

e) Ha auxiliado a algún desconocido

f) Ha enviado dinero u objetos a algún programa de televisión o radio para una buena causa

g) Ha enviado o firmado cartas para apoyar una causa

h) Ha enviado mensajes por computadora en apoyo a alguna causa

i) Ha participado en actos de apoyo a alguna causa

j) Ha recaudado fondos para una causa

k) Ha hecho donativos o prestado ayuda a alguna organización social

Durante el último año, ¿ha prestado algún servicio de forma voluntaria o gratis a alguna organización en su comunidad?

Durante la semana pasada, ¿usted hizo actividades o servicios gratuitos...

1. como voluntario en la Cruz Roja, asilos, casa hogar, DIF, hospitales, iglesias, Alcohólicos Anónimos, partidos políticos, etc.?

2. para la comunidad, como tequio, faena, mano vuelta, mayordomía, fiestas patronales o sembrar árboles, limpiar calles, ríos, mercados, etc.?

Censo de Población y Viviendas

Encuesta de Condiciones de Vida de los Mayores (ECVM)

ECV 2006

Cuestionario individual.

Durante la semana, ¿realizó alguna de las siguientes tareas sin recibir dinero a cambio?

- Tareas benéficas o de voluntariado social

Pasando a otro tema, le voy a leer una serie de actividades, por favor dígame para cada una de ellas con qué frecuencia las realizó durante la última semana.

- Actividades de voluntariado

Frecuencia de actividades de voluntariado en la última semana

Indicadores para medir la imagen social en la vejez

Porcentaje de la población de 15 años y más que asocia la vejez con dependencia y fragilidad

Sin información

Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), mayo de 2009

¿Cuál de las siguientes frases representa mejor la idea que usted tiene, en general, de las personas mayores, de la tercera edad?

1. No pueden valerse por sí mismas y necesitan cuidado

2 … (otras frases)

¿En qué medida, mucho, bastante, poco o nada, le preocupa su propia vejez?

(Si contestan mucho o bastante)

Por el deterioro físico

Por el deterioro de la salud

Por el deterioro intelectual (pérdida de la memoria)

Porcentaje de personas mayores que percibe discriminación y maltrato en la calle

Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México

¿En cuáles de los siguientes lugares piensa usted que los ancianos son discriminados por su edad?

a) En el trabajo

b) Al buscar trabajo

c) En su casa

d) En la atención médica

e) En el acceso a productos o servicios financieros

f) En el acceso a la educación

g) En el acceso a la capacitación profesional

h) En el turismo

i) En los deportes

j) Otro________

Encuesta piloto del Estudio Longitudinal Envejecer en España (ELES)

Generalmente, ¿cómo cree usted que se comporta la sociedad con las personas mayores?

1. Las trata bien

2. Las trata con indiferencia

3. Las trata mal

Indicadores

México

España

Fuente

Pregunta/s

Fuente

Pregunta/s

Indicadores para medir la demanda de planes habitacionales específicos para personas mayores

Número y porcentaje de viviendas con necesidades de adecuación para el alojamiento de personas discapacitadas

Sin información

Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD) 2008

Cuestionario de hogar

Modulo H. Gasto debido a la discapacidad

De la siguiente lista de gastos, ¿cuáles son los tres en los que ha realizado en los últimos 12 meses un mayor gasto monetario debido a estas discapacidades o limitaciones?

1. Ayudas técnicas

2. Adaptaciones

……

8. Vivienda

9. Equipamiento y suministros del hogar

Indicadores de percepción de la calidad de vida residencial de las personas mayores

Porcentaje de personas mayores insatisfechas con el desempeño de actividades que permite su vivienda

Sin información

ECV

ELES 2011

¿Cuál es su grado de satisfacción global en relación con su vivienda en cuanto a su tamaño, precio, vecindario, distancia al trabajo, etc.?

Piense en una escala de 0 a 10, donde 0 significa el más bajo nivel de satisfacción imaginable y 10 el

más alto nivel de satisfacción o que está usted completamente satisfecho/a. Entonces, diría que…

Su satisfacción con su vivienda es de…..

Indicadores del uso del espacio urbano

Distribución espacial intraurbana de las personas mayores

Censo de Población y Vivienda

Cálculo a partir de la localidad de residencia, el nivel municipal, estatal, urbano y rural, y la edad.

Censo de Población y Viviendas

Cálculo a partir del municipio de residencia, el nivel inframunicipal (distritos, sección) y la edad.

Distancia del domicilio de la persona mayor a facilidades y equipamiento urbano

Sin información

ELES 2011 (medida en tiempo de acceso según medio de locomoción)

ECVM

(en ambas encuestas se hace la misma pregunta)

Desde su hogar habitual, ¿cómo llega a los siguientes lugares normalmente?

Lugares:

- Supermercado o tienda de alimentación

- Centro de salud, ambulatorio/hospital (centro de especialidades)

- Centro de personas mayores

- Centro de actividades culturales o deportivas

- Parque o zona verde

Frecuencias:

Caminando menos de 15 min.

Caminando más de 15 min.

En transporte colectivo

En taxi o coche

No voy nunca porque no hay

No voy nunca por otras razones

Índice Duncan de segregación espacial de personas mayores

Censo de Población y Vivienda

Cálculo a partir de la localidad de residencia, el nivel municipal, estatal, urbano y rural, y la edad.

Censo de Población y Viviendas

Cálculo a partir del municipio de residencia, el nivel inframunicipal (distritos, sección) y la edad.

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos disponibles en cada país.

[1] Este estudio se inserta en el programa ENCAGE-CM (ref. S2015_HUM-3367), en el proyecto “La construcción del envejecimiento activo en España: autovaloración, determinantes y expectativas de calidad de vida (ENVACES)” (ref. CSO2015-64115-R), en la red de excelencia ENACTIBE (ref. CSO2015-71193-REDT), en el proyecto “Ciencia Básica-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)” (ref. 239725), en el Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo Inmujeres-CONACYT (INMUJERES-CONACYT) (ref. 249402) y en el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) (ref. IG300517).

[2] Doctora en Estudios de Población. Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Correo electrónico: sgarayv@gmail.com.

[3] Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios de Población. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Correo electrónico: vmoiis@gmail.com.

[4] Doctor en Geografía Humana. Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD); Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Correo electrónico: vicente.rodriguez@csic.es.

[5] Doctora en Geografía Humana. Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD); Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Correo electrónico: fermina.rojo@csic.es.

[6] Doctora en Geografía Humana. Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD); Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Correo electrónico: gloria.fernandezmayoralas@csic.es.

[7] El término “calidad de vida global” abarca de forma holística múltiples dimensiones, como la salud, la familia, los recursos económicos, la red social, el ocio, la vivienda, el barrio y otras (Rojo-Pérez y Fernández-Mayoralas, 2011). La calidad de vida dominio-específica de las personas hace referencia a la relacionada con su salud física y mental, sus relaciones sociales y su sexualidad, entre otras (Verdugo-Alonso, Gómez Sánchez y Arias Martínez, 2009; Liberalesso, 2002, pág. 58).

[8] Uno de los antecedentes que se puede considerar como aproximación al análisis de los entornos en América Latina y el Caribe es la Encuesta sobre Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE) (Palloni, 1999).

[9] En algunos casos, cuando no es muy claro a qué se refiere un indicador, se señala de qué manera el CELADE-División de Población de la CEPAL propone calcularlo, con la finalidad de ofrecer una breve descripción.

[10] En 2007, el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL creó el Sistema Regional de Indicadores sobre Envejecimiento (SISE), en el que se concentra información de los censos de diversos países de América Latina. Otro sistema de consulta similar es el del proyecto internacional llamado Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS), que pone a disposición los microdatos de distintos países del mundo. En ambos casos, la disponibilidad de datos está sujeta a la información censal obtenida en cada país. Es por ello que en este artículo se consideran las fuentes primarias de cada uno de ellos, pues estas mismas son las que se utilizan en los sistemas de información mencionados.

[11] Por ejemplo, Liliana Giraldo (2006) hizo una encuesta en Ciudad de México sobre los malos tratos a personas mayores. En España, en 1998, el Instituto de Economía y Geografía de Madrid llevó a cabo la encuesta Envejecer en Casa, en la que se estudiaron aspectos relacionados con la vivienda, el barrio y el vecindario en donde residían personas de 65 años o más en Madrid (Fernández-Mayoralas, Rojo-Pérez y Pozo, 2002), así como su satisfacción residencial (Rojo-Pérez y otros, 2002). Y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas también se elaboró la encuesta Calidad de Vida de los Adultos Mayores en España (Fernández-Mayoralas y otros, 2012), en la que se recogieron diversos aspectos de las condiciones de vida en el proceso de envejecer.

[12] En Europa, hay un sistema de consulta de indicadores disponible a través de la Oficina Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT). Al igual que en el caso de América Latina, mediante dicho sistema se recaba información proveniente de los censos y las encuestas de los distintos países armonizados con el Sistema Estadístico Europeo.

[13] Un estudio realizado sobre este tema en la ciudad de México es el de Giraldo (2006).

[14] Solo en el caso de España no se dispone de información sobre las condiciones materiales de las paredes.

[15] Véase más información en [en línea] http://www.conapred.org.mx.

[16] Véanse más detalles en [en línea] http://www.losmexicanos.unam.mx/envejecimiento/presentacion.html.

[17] En el anexo A1 se hace referencia a las preguntas que presentan más diferencias entre los países analizados. En una investigación futura, valdría la pena analizar en detalle la forma en que se captan los distintos indicadores y generar propuestas alternativas, teóricas y metodológicas, para su medición.

Calidad de la declaración de la edad de las personas mayores en países de América Latina y el Caribe: análisis de los censos demográficos de las décadas de 1960 a 2010[1]

Pedro Gomes Andrade[2]

Ana Camila Ribeiro Pereira[3]

Kelly Cristina de Moraes Camargo[4]

Gustavo Pedroso de Lima Brusse5

Raphael Mendonça Guimarães[6]

Recibido: 30/06/2017

Aceptado: 13/09/2017

Resumen

Los análisis sobre la calidad de la declaración de la edad por parte de la población mayor en América Latina y el Caribe son todavía escasos, debido, entre otras cosas, al reciente y rápido proceso de transición de la estructura etaria de los países. En este artículo se propone utilizar una modificación del índice de Whipple para medir la preferencia por los dígitos 0 y 5 entre los grupos de edad de 60 años y más, así como su división en grupos de edad específicos. Para ello, se analizaron 72 censos demográficos de 20 países de América Latina y el Caribe, disponibles en el proyecto Integrated Public Use Microdata Series International (IPUMS-I) y realizados en las décadas de 1960 a 2010. Se señala que la calidad de la declaración de la edad de las personas mayores mejoró durante el período examinado y que la diferencia entre los resultados de hombres y mujeres disminuyó. Sin embargo, se observa una discrepancia en los resultados según el método de recolección de datos, pues la calidad de la declaración de la edad es mejor en los censos demográficos que incluyen la fecha de nacimiento que en aquellos en que se indican los años cumplidos.

Palabras clave: calidad de datos, declaración de edad errónea, personas mayores, censo, América Latina y el Caribe.

Abstract

Studies on the quality of age reporting by older persons in Latin America and the Caribbean are still scarce owing, among other things, to the recent and rapid nature of changes in the age structure. This study employs a modified version of Whipple’s Index to measure the preference for the digits 0 and 5 among age groups of 60 years and over, and also divides these into specific age groups. To this end, it analyses 72 population censuses carried out in the decades spanning from 1960 to 2010 in 20 countries in Latin America and the Caribbean, made available through the Integrated Public Use Microdata Series International project (IPUMS-I). The results indicate that the quality of age reporting among older persons has improved during the observation period, and that gaps between the results for men and women have narrowed. However, the results also showed discrepancies by data collection method, inasmuch as age reporting was of better quality in population censuses that specified date of birth than in those that specified age.

Keywords: data quality, incorrect declaration of age, older persons, census, Latin America and the Caribbean.

Résumé

Les analyses de la qualité de la déclaration de l’âge des personnes âgées en Amérique latine et dans les Caraïbes sont encore rares, notamment en raison du récent et rapide processus de transition dans la structure par âge des pays. Dans cet article, l’auteur propose d’utiliser l’indice de Whipple modifié pour mesurer la préférence pour les chiffres 0 et 5 parmi les groupes d’âge de 60 ans et plus, ainsi que leur division en groupes d’âge spécifiques. Pour ce faire, 72 recensements démographiques de 20 pays d’Amérique latine et des Caraïbes, disponibles dans le cadre du projet IIPMS-I (Integrated Public Use Microdata Series International) et menés entre les années 1960 et 2010, ont été analysés. On constate que la qualité de la déclaration de l’âge des personnes âgées s’est améliorée au cours de la période considérée et que la différence entre les résultats des hommes et des femmes s’est atténuée. On observe toutefois que les résultats varient selon la méthode de collecte des données, car la qualité de la déclaration de l’âge est meilleure dans les recensements démographiques qui comprennent la date de naissance, plutôt que dans ceux qui indiquent les années accomplies.

Mots clés: qualité des données, déclaration d’âge erronée, personnes âgées, recensement, Amérique latine et Caraïbes.

Introducción

La transición demográfica es un proceso que afecta a la sociedad en su conjunto y plantea nuevos desafíos para la gestión de políticas públicas (Brito, 2008)[7]. Los cambios estructurales de la población relacionados con la disminución del ritmo de crecimiento demográfico —a causa de la reducción de la fecundidad y de la mortalidad— y el posterior aumento de la esperanza de vida determinan nuevas demandas sociales y, al mismo tiempo, cambios en la composición de los segmentos de la población a los que se dirigen las políticas públicas. En ese sentido, se exige una mayor atención del Estado a las políticas de salud, las personas mayores y la previsión social (Reher, 2011).

Si bien la transición demográfica se considera un proceso universal, no se desarrolla de forma homogénea en todas las regiones. Cada lugar tiene características propias que confieren ritmos y características distintas al fenómeno, especialmente debido a su contexto histórico y, por lo tanto, a sus aspectos socioeconómicos, culturales y educativos únicos (Coale, 1986; Wong, Carvalho y Aguirre, 2000; Palloni, Pinto-Aguirre y Pelaez, 2002; Brito, 2007; Jones, 2011).

En comparación con los países económicamente desarrollados, América Latina y el Caribe presenta un rápido proceso de envejecimiento poblacional, debido a la reducción sostenida de las tasas de mortalidad y, sobre todo, de las tasas de fecundidad (Wong, Carvalho y Aguirre, 2000; Palloni, Pinto-Aguirre y Pelaez, 2002).

De acuerdo con las proyecciones de población divulgadas por las Naciones Unidas (2011), se estima que en 2011 vivían en la región 61 millones de personas de 60 años o más que representaban el 10% de la población de América Latina y el Caribe. Se prevé que en 2050 este número habrá aumentado a 188 millones, que corresponderían al 25% de la población (Naciones Unidas, 2011). Cabe destacar que la estructura de la población no es idéntica en todos los países, sino que, por el contrario, presenta composiciones poblacionales muy heterogéneas. Por ejemplo, mientras que en 2011 el 18,4% de la población del Uruguay integraba el grupo de edad de 60 años o más (622.000 personas), en Nicaragua esa proporción era del 6,4% (38.000 personas) (Naciones Unidas, 2011).

A pesar del aumento de la población mayor en América Latina y el Caribe, los estudios centrados en la calidad y la confianza de los datos sobre las personas mayores en los censos demográficos son todavía escasos. Dentro de la temática del envejecimiento, son más frecuentes los estudios sobre las condiciones de vida de la población mayor, los cambios en el perfil epidemiológico de la población y las consecuencias del envejecimiento en los sistemas de previsión social. La propia clasificación de las personas mayores y, en especial, su estratificación dependen de datos con calidad suficiente para discriminar a estos segmentos de la población, que tienen características distintas desde el punto de vista socioeconómico, presentan una mayor vulnerabilidad y requieren acciones diferenciadas en las políticas públicas (Carvalho y Garcia, 2003).

Las declaraciones de la edad de una población —sobre todo en un contexto de transición demográfica diferenciada, como en el caso de América Latina y el Caribe— están sujetas a errores que, en determinada magnitud, pueden comprometer la validez de los indicadores estimados sobre la base de esos datos, como la razón de dependencia y las tasas de mortalidad (Paes y Albuquerque, 1999).

En general, la calidad de la declaración de la edad sufre la influencia de varios factores, algunos controlables e inherentes al proceso de preparación y recolección de los datos y otros no controlables, vinculados principalmente con el encuestado (Ewbank, 1981). En el caso de las encuestas de hogares de gran escala, como los censos demográficos, a pesar de la organización y la preparación cuidadosa pueden surgir muchos problemas, como los denominados “errores sistemáticos” (Groves y otros, 2009).

Los “errores sistemáticos” son problemas difíciles de medir, prever y corregir, al provenir, en general, del propio encuestado. Los problemas más comunes que afectan la declaración de la edad derivan de la no comprensión de la pregunta, de la utilización de un informante sustituto y de errores relativos al período de referencia y de memoria (Ewbank, 1981; Lastra y Bolaños, 1999). En particular, el recurso a un informante sustituto es común en las encuestas de hogares y se refiere al individuo que, además de brindar información sobre sí mismo, brinda información sobre personas que viven en el mismo hogar pero que no están presentes en el momento de la entrevista. Esta práctica puede llevar a imprecisiones en las respuestas. Los errores relativos al período de referencia y de memoria a menudo se traducen en el redondeo de la edad declarada —en especial optando por edades terminadas en 0 (cero) y 5 (cinco)— o, en el caso específico de las personas mayores, en la exageración de la edad (Coale y Kisker, 1986; Preston, Elo y Stewart, 1997; Coale y Li, 1991; Wang y otros, 1999; Del Popolo, 2000; Romero y Freitez, 2008).

En este contexto, se propone el análisis de la calidad de la declaración de la edad de las personas mayores en América Latina y el Caribe a partir de la modificación del índice de Whipple, que tradicionalmente mide la preferencia por los dígitos 0 y 5 en el grupo etario de 23 a 62 años, para verificar las condiciones de atracción en la población mayor, de 60 años y más.

A. Diferentes formas de preguntar la edad

Además de los errores relacionados con el proceso cognitivo, se observan numerosos errores derivados de la forma de indicar la edad, pues no siempre se pregunta específicamente la fecha de nacimiento de la persona, que constituye el dato más preciso. Sin embargo, se sabe que existen errores inherentes a cada tipo de recolección de datos, además de otros factores que pueden influir en la calidad de la declaración de la edad, que van desde factores operativos a factores sociales, como el nivel de escolarización de la población. Este último, específicamente, puede significar que cuanto mayor sea su instrucción formal, mejor será la comprensión del encuestado del período de referencia de la encuesta y la importancia de no redondear la edad (Ewbank, 1981).

De hecho, en muchos de los censos demográficos de América Latina y el Caribe se incluye solo la edad declarada (o años cumplidos) de las personas, no obstante las Naciones Unidas alienten a los países a asociar los dos métodos de recolección de este dato en las encuestas censales (fecha de nacimiento y años cumplidos). Según esta recomendación, el dato sobre la edad es más seguro si se obtiene tanto mediante la fecha de nacimiento (día, mes y año) como preguntando directamente la edad de la persona en la fecha de referencia de la encuesta (Naciones Unidas, 2008). Se señala que no siempre se prioriza la captación mediante la fecha completa de nacimiento, que, según las Naciones Unidas (2008), es la manera en que se obtienen los datos más precisos y por lo tanto el método ideal que se debe utilizar siempre que las circunstancias lo permitan.

Incluso en el Brasil, reconocido por la calidad de los datos recolectados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), se observa un porcentaje cada vez mayor de personas que declaran la edad supuesta en lugar de la fecha de nacimiento. Esto afecta la calidad de la información sobre la edad, sobre todo en el caso de las personas mayores (IBGE, 2013b). De acuerdo con Preston, Elo y Stewart (1997), la exageración de la edad por parte de las personas mayores ocurre, sobre todo, entre las personas con edades cercanas a los 100 años, debido al valor simbólico de alcanzar un estatus asociado a la sabiduría (Preston, Elo y Stewart, 1997).

Así, se observa que cuando se pregunta la edad de la persona según el número de años cumplidos que esta tiene hasta la fecha de referencia, puede ocurrir que la persona responda la edad correspondiente a su último cumpleaños, que tuvo lugar entre la fecha de referencia de la encuesta y la fecha real de la entrevista, lo que repercute en el aumento de la edad declarada. También es posible que la persona redondee la edad, agregándose o quitándose años según el caso. Otros errores frecuentes se refieren a los niños menores de 1 año, pues puede considerarse que tienen 1 año de edad cuando en realidad tienen meses. Existen ejemplos de equivocaciones incluso cuando se pregunta el número de meses cumplidos, pues en algunos casos el encuestador indica la cifra como años cumplidos en lugar de meses. Las Naciones Unidas (2008) recomiendan que cuando no sea posible obtener la fecha de nacimiento para toda la población esta se obtenga por lo menos en el caso de los niños menores de 1 año.

Por otra parte, la declaración de la edad mediante los años cumplidos es la única alternativa cuando no se sabe la fecha de nacimiento de la persona, esta no posee ningún documento y no hay otra persona en el hogar que pueda ayudar a la recolección de los datos. Según las Naciones Unidas (2008), en algunos países se registraron mejoras en la calidad de la declaración de la edad cuando se comenzó a preguntar tanto la edad como la fecha de nacimiento en los censos de población. Asimismo, se observa un aumento de los países que han comenzado a recolectar la información por medio de la fecha de nacimiento.

La calidad de la declaración de la edad es de suma importancia para gran parte de los estudios de población, pues la edad es una variable que se relaciona con la formulación de indicadores sociales y estadísticas vitales, especialmente en el campo de la demografía[8]. En general, la confianza en la estructura etaria de la población es el supuesto teórico de métodos demográficos indirectos (Naciones Unidas, 1983; Moultrie y otros, 2013). Por lo tanto, ignorar los posibles errores en la declaración de la edad puede dificultar la aplicación de las técnicas demográficas y, en la peor de las hipótesis, invalidar sus resultados.

Si bien en las últimas décadas hubo avances significativos en América Latina y el Caribe con respecto a la recolección de datos censales y, por consiguiente, la calidad de la declaración de la edad (Del Popolo, 2000; Romero y Freitez, 2008; Andrade y otros, 2016), todavía se sabe poco sobre la calidad de la declaración de la edad entre las personas mayores. Se trata de un hecho preocupante porque es en este grupo etario donde más errores se registran (Del Popolo, 2000; IBGE, 2013b).

De esta manera, se establece la pertinencia de un estudio amplio, que muestre la evolución histórica de la calidad de los datos de la declaración de la edad entre las personas mayores, en un contexto tan diverso y con tantas especificidades como el de América Latina y el Caribe. La utilización de un indicador específico para evaluar la declaración de la edad entre las personas mayores constituye una exigencia en la región, pues el índice de Whipple tradicional no comprende a las personas mayores —se refiere a la población de 23 a 62 años— y, a medida que el proceso de envejecimiento demográfico avanza, aumenta la proporción relativa del grupo de 60 años y más en la población (Andrade y otros, 2016). En este contexto, se destaca la necesidad de evaluar la calidad de la información sobre la edad de la población mayor de los países de América Latina y el Caribe.

B. Datos y métodos

1. Fuente de datos

Para este trabajo se analizaron 72 censos demográficos de 20 países y sus respectivos cuestionarios, disponibles en el proyecto Integrated Public Use Microdata Series International (IPUMS-I) gestionado por el Centro de Población de Minnesota de la Universidad de Minnesota, cuyos objetivos incluyen diseminar muestras de censos y crear variables armonizadas que permitan la comparabilidad internacional. El IPUMS-I utiliza criterios probabilísticos para seleccionar muestras de los censos originales de los institutos de estadística de cada país. Se señala que los análisis subnacionales e inferenciales, basados por ejemplo en las estimaciones de varianza, deben realizarse con cuidado en el caso de variables como la religión, el color y la raza. Sin embargo, las variables como la edad y el sexo presentan estimaciones robustas, con escasa o ninguna discrepancia con respecto a las estimaciones obtenidas con los microdatos originales (Cleveland, Davern y Ruggles, 2011).

La selección de los países se realizó a partir de la colección de censos demográficos de países de América Latina y el Caribe disponibles en el IPUMS-I. Se utilizaron solo aquellos que incluían edades hasta al menos 98 años y más, un aspecto fundamental para el indicador de atracción de dígitos propuesto[9]. Los censos analizados son los siguientes: Argentina (1970, 1980, 1991, 2001 y 2010), Bolivia (Estado Plurinacional de) (1976, 1992 y 2001), Brasil (1960, 1970, 1980, 1991, 2000 y 2010), Chile (1960, 1982, 1992 y 2002), Colombia (1964, 1973, 1985, 1993 y 2005), Costa Rica (1963, 1973, 1984, 2000 y 2011), Cuba (2002), Ecuador (1962, 1974, 1990 y 2010), El Salvador (1992 y 2007), Haití (1971, 1982 y 2003), Jamaica (2001), México (1960, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010 y 2015), Nicaragua (1971 y 2005), Panamá (1960, 1970, 1980, 1990, 2000 y 2010), Paraguay (1962, 2002), Perú (1993 y 2007), Puerto Rico (1970), República Dominicana (1960, 1981, 2002 y 2010), Uruguay (1963, 1975, 1985, 2006 y 2011) y Venezuela (República Bolivariana de) (1971, 1981, 1990 y 2001).

2. Análisis de datos

Para analizar la evolución de la calidad de la declaración de la edad, los censos demográficos se dividieron por décadas, de manera que se obtuvieron 10 censos en la década de 1960, 12 censos en la de 1970, 10 censos en la de 1980, 12 censos en la de 1990, 19 censos en la de 2000 y 9 censos en la década de 2010[10]. También fueron clasificados según la calidad de la declaración de la edad de las personas mayores (“datos muy imprecisos”, “datos imprecisos”, “datos aproximados”, “datos relativamente precisos” y “datos muy precisos”) y el método empleado para preguntar la edad (fecha de nacimiento o años cumplidos).

En la categoría “fecha de nacimiento” se incluyeron todos los censos en los que se preguntaba el día, el mes y el año, el mes y el año o solo el año de nacimiento. En la categoría “declaración de la edad” (años cumplidos) se clasificaron los censos en los que solo se utilizaba este tipo de pregunta. Los análisis se realizaron mediante el software R versión 3.4.0, utilizando algoritmos de elaboración propia.

3. Análisis de calidad e índice de Whipple

El análisis de la calidad de la declaración de la edad puede llevarse a cabo por inspección visual, mediante gráficos de distribución etaria o razón de sexo, por edad simple o por índices específicos (Naciones Unidas, 1955). El índice de Whipple se ha modificado en distintas ocasiones para medir la atracción por los dígitos 0 y 5 en diferentes grupos de edad (Shryock y Siegel, 1976; Coale y Li, 1991; Wang y otros, 1999; Del Popolo, 2000; Fernández y Peón, 2005; Randall y Coast, 2016).

De acuerdo con las Naciones Unidas (1955), el índice de Whipple, en su proposición clásica, puede utilizarse para verificar la atracción por edades terminadas en 0 y 5 (cero y cinco) mediante el análisis del grupo etario de 23 a 62 años. También de acuerdo con las Naciones Unidas (1955), la elección de ese grupo de edad es arbitraria. Dado que el índice se creó en la década de 1920, se piensa que la elección era plausible para la época, pues la proporción de la población mayor todavía no era significativa. Shryock y Sigel (1976) sugieren que el índice de Whipple puede flexibilizarse, es decir, aplicarse a diferentes grupos etarios, por ejemplo de 23 a 82 o de 10 a 89 años. Este tipo de enfoque se vuelve relevante a medida que aumenta el número de personas de edades más avanzadas, debido al proceso de envejecimiento de la población y al aumento de la esperanza de vida al nacer, como en el caso del actual contexto de transición demográfica en América Latina y el Caribe (Andrade y otros, 2016).

Según este supuesto, la modificación del índice de Whipple para medir la calidad de la declaración de la edad entre las personas mayores puede realizarse utilizando los volúmenes poblacionales en las edades Pi (i = 58, 59, ..., 97) y en las edades terminadas en 0 y 5 (cero y cinco) de la franja etaria de 60 a 95 años para evaluar el grado de atracción de los dígitos 0 y 5 conforme a la ecuación (1) que se presenta a continuación. En este estudio se definen como personas mayores aquellas con 60 años o más. Dicha decisión se tomó sobre la base de la clasificación de las Naciones Unidas, que utiliza el criterio de 60 años y más para los países en desarrollo y 65 años y más para los países desarrollados. En este sentido, el cálculo del índice de Whipple para las personas mayores puede realizarse de la siguiente forma:

El índice varía entre 100 (sin evidencia de preferencia de edad) y 500 (todos los encuestados declaran una edad que termina en 0 o 5)[11]. Randall y Coast (2016) presentan la siguiente clasificación del índice de Whipple para las personas mayores: datos muy precisos cuando el índice es inferior a 105, datos relativamente precisos cuando el índice se encuentra entre 105 y 109,9, datos aproximados cuando el índice se encuentra entre 110 y 124,9, datos imprecisos cuando el índice se encuentra entre 125 y 174,9 y datos muy imprecisos cuando el índice es igual o superior a 175 (Randall y Coast, 2016).

Además del índice de Whipple propuesto, se utilizó la división de las personas mayores en cuatro grupos de edad más restringidos: 60 a 65, 70 a 75, 80 a 85 y 90 a 95 años, para comprobar la atracción de los dígitos 0 y 5. La fórmula de cálculo siguió la misma lógica de cálculo anterior, considerando la existencia de dos edades adyacentes: 58 a 67, 68 a 77, 78 a 87 y 88 a 97 años. En ese sentido, fue posible medir índices de Whipple para edades específicas y determinar el grupo etario en el que la calidad de la declaración era peor.

C. Resultados

Al analizar la documentación de los censos de los países de América Latina y el Caribe disponibles en el IPUMS-I se obtuvo un total de 20 países y 72 censos aptos para comparación[12]. Puede examinarse la cantidad de censos analizados según la forma de recolección de datos y la década a la que corresponde la encuesta. Los censos se clasificaron en la categoría “fecha de nacimiento” cuando incluían por lo menos el año de nacimiento de los entrevistados. En otras palabras, pueden haberse indicado la fecha de nacimiento completa (día, mes y año) —lo que ocurrió en la mayoría de las encuestas—, el mes y el año o incluso solo el año de nacimiento.

Se percibe que en más del 65% de las encuestas analizadas se incluyen solo los años cumplidos declarados por los informantes. Asimismo, el número de censos analizados es mayor en la década de 2000 (26,4%), así como el número de encuestas que contienen la fecha de nacimiento (ocho encuestas, que representan el 42,1% de los censos de la década de 2000). No obstante, la captación de la fecha de nacimiento es proporcionalmente mayor en la década de 2010 (77,7%) que en los otros períodos analizados.

Al analizar la documentación de los censos demográficos (IPUMS-I), se observa que solo en El Salvador y Venezuela (República Bolivariana de) se preguntó la fecha de nacimiento en todas las encuestas censales. Por el contrario, esto no ocurrió en ninguna de las encuestas analizadas de Bolivia (Estado Plurinacional de), Chile, Haití, México, el Paraguay y el Perú, en las que la edad se averiguó solo preguntando los años cumplidos. En los otros países se dieron diferencias en la forma de recolección de los datos, pues por lo menos en una encuesta se optó por obtener la información mediante la fecha de nacimiento. Esto ocurrió sobre todo en las décadas más recientes.

La documentación de las encuestas muestra la preocupación que existía en los países por obtener el dato más exacto posible. En algunas encuestas constaba la existencia de certificado de nacimiento o de algún documento de identificación (por ejemplo, en El Salvador en 2007, en Haití en 2003 y en el Perú en 2007). En otros países se solicitaba directamente la presentación del documento para que la respuesta fuera lo más precisa posible (Colombia en 2005). En determinados países, como por ejemplo Trinidad y Tabago en 1980 y 1990, había un control en situaciones específicas, como cuando la persona respondía que tenía más de 99 años. En esas situaciones se preguntaba tanto la fecha de nacimiento como la edad supuesta, para que la información fuera lo más exacta posible. En Nicaragua en 2005 se preguntaban solo los años cumplidos, pero cuando la persona no sabía la respuesta se preguntaba también el año de nacimiento.

En la mayoría de los países se proporcionaban instrucciones específicas para conseguir la información en los casos en que el encuestado no supiera su fecha de nacimiento o edad. En el material de esos países se indicaba que el encuestador debía consultar a otros familiares que vivían en el hogar u obtener la información mediante un documento personal del encuestado, como la cédula de identidad, la licencia de conducir o el certificado de vacunación, entre otros. Incluso se recomendaba estimular la memoria del encuestado mencionando determinados acontecimientos sociopolíticos, que podían ser personales o históricos. Se preguntaban la edad de la persona cuando el fenómeno ocurrió y el año del acontecimiento, para que el encuestador pudiera estimar la edad aproximada del entrevistado. Los acontecimientos personales incluían el matrimonio, el nacimiento de los hijos o incluso la muerte de algún familiar. Los eventos históricos remitían a cambios políticos o hechos que marcaron la región a nivel nacional o local. En algunos países se citaba incluso una lista de los acontecimientos y los respectivos años en que ocurrieron para ayudar al encuestador.

Cuando el dato se estimaba mediante esos hechos, en los cuestionarios de algunos países existía la posibilidad de que el encuestador lo indicara marcando un casillero o colocando la letra “E” al lado de la edad. Las Naciones Unidas (2008) recomiendan la realización de esas diversas formas de sondeo de la información para que el dato no se clasifique como “no declarado”.

Para analizar la calidad de la declaración de la edad, es importante la existencia de documentación que permita identificar las respuestas que no son precisas. Algunos cuestionarios incluían instrucciones claras para los encuestadores, de manera que si notaban que el encuestado no estaba proporcionando la edad exacta —es decir, que estaba aumentando, disminuyendo o redondeando la edad— debían aclarar la importancia de indicar la edad exacta, repetir la pregunta o incluso preguntar la fecha de nacimiento (Nicaragua en 1971). En algunos países, como la República Dominicana en 1960, se pedía que el encuestador no anotara en un primer momento la respuesta obtenida si la persona indicaba una edad terminada en los dígitos 0 o 5 (cero o cinco) y preguntara nuevamente.

Solo en 4 de los 72 censos analizados se logró la calidad superior en la declaración de la edad de las personas mayores (considerando ambos sexos), que equivale a la categoría “datos muy precisos”, es decir, con un índice inferior a 105 (véase el cuadro 1). Los censos con los mejores índices de calidad de los datos de las personas mayores, para ambos sexos, fueron: Cuba en 2002, Panamá en 2010, el Uruguay en 2011 y Costa Rica en 2011. En todos los casos se preguntó la fecha de nacimiento completa (día, mes y año) y las encuestas se realizaron en las décadas más recientes (2000 y 2010). Los censos de peor calidad, incluidos en la categoría “datos muy imprecisos” y con índices superiores a 175, se concentraron en las décadas de 1960 y 1970. Estos fueron: México en 1960, la República Dominicana en 1960, Chile en 1960, el Brasil en 1960, el Ecuador en 1962, Colombia en 1964, Nicaragua en 1971, Haití en 1971, el Ecuador en 1974, Colombia en 1973, el Estado Plurinacional de Bolivia en 1976, Haití en 1982, Colombia en 1985, el Ecuador en 1990, el Estado Plurinacional de Bolivia en 1992 y Haití en 2003. En todos los casos la edad se averiguó solo mediante la declaración de los años cumplidos.

Cuadro 1

América Latina y el Caribe (países seleccionados): cantidad de censos demográficos, por calidad de la declaración de la edad de las personas mayores y por década, según el sexo

Población de ambos sexos

Calidad

1960

1970

1980

1990

2000

2010

Total

Datos muy imprecisos

6

5

2

2

1

-

16

Datos imprecisos

3

4

2

5

6

1

21

Datos aproximados

-

2

5

2

4

3

16

Datos relativamente precisos

1

1

1

3

7

2

15

Datos muy precisos

-

-

-

-

1

3

4

Total

10

12

10

12

19

9

72

Población masculina

Calidad

1960

1970

1980

1990

2000

2010

Total

Datos muy imprecisos

5

4

2

1

1

-

13

Datos imprecisos

3

5

2

6

4

1

21

Datos aproximados

1

1

2

2

7

3

16

Datos relativamente precisos

-

1

3

2

2

1

9

Datos muy precisos

1

1

1

1

5

4

13

Total

10

12

10

12

19

9

72

Población femenina

Calidad

1960

1970

1980

1990

2000

2010

Total

Datos muy imprecisos

6

5

2

3

1

-

17

Datos imprecisos

3

4

2

4

6

2

21

Datos aproximados

1

3

5

2

4

2

17

Datos relativamente precisos

-

-

1

3

7

2

13

Datos muy precisos

-

-

-

-

1

3

4

Total

10

12

10

12

19

9

72

Fuente: Elaboración propia.

Además de las constataciones citadas, se observa que la calidad de la declaración de la edad tiende a ser peor entre las mujeres mayores que entre los hombres mayores, sobre todo en los censos de décadas pasadas.

El contraste en la calidad de la declaración de la edad entre los censos se aprecia claramente en el gráfico 1, en el que se muestra la distribución etaria y por sexo de la población de los dos censos con peor y mejor declaración de la edad de las personas mayores. Se observa una marcada atracción por los dígitos terminados en 0 y 5, especialmente en las franjas más avanzadas de la pirámide etaria, ejemplificada por el caso del Ecuador en 1962.

La calidad de la declaración de la edad de las personas mayores es peor en los censos más antiguos, tal vez debido a factores como la escolarización de la población. Sin embargo, la forma de recolección de este dato también constituye un factor importante, pues en ninguno de los 10 censos de la década de 1960 analizados se indicó la edad mediante la fecha de nacimiento. Ese método se empleó en 4 de los 12 censos de la década de 1970 y, aunque la calidad de los datos todavía era aproximada, se observó una mejora en la declaración de la edad.

Gráfico 1

América Latina y el Caribe (países seleccionados): distribución de la población por edad y sexo en el peor y el mejor censo según la calidad de la declaración de la edad de las personas mayores

Fuente: Integrated Public Use Microdata Series, International (IPUMS-I); II Censo Nacional de Población y I de Vivienda del Ecuador, 1962, y Censo de población de Cuba, 2002.

En el gráfico 2 se evidencia la notable mejora en la calidad de la declaración de la edad por parte de las personas mayores a lo largo del tiempo, independientemente del método de recolección de los datos. Además, la mediana del índice de Whipple para las personas mayores fue disminuyendo en cada década del período examinado según el método de recolección a través de la fecha de nacimiento, excepto en 1960, cuando este método no se utilizó en ningún censo. Otro aspecto importante es que la variabilidad del índice también se redujo a lo largo de los años, sobre todo en las encuestas basadas en la edad declarada, cuya variabilidad es mayor. Así, se observa otra indicación de que la forma de captación por fecha de nacimiento tiende a ser más eficaz.

Gráfico 2

América Latina y el Caribe (países seleccionados): gráfico de caja del índice de Whipple para las personas mayores en censos seleccionados, por sexo y forma de indicación de la edad

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Integrated Public Use Microdata Series, International (IPUMS-I) y de datos de los censos demográficos de 1960 a 2010.

La estratificación por sexo revela que la calidad de la declaración de la edad de las mujeres tiende a ser ligeramente menor que la de los hombres en los censos de las décadas más antiguas en los que se indica la edad declarada. Cuando se pregunta la edad según la fecha de nacimiento, la diferencia entre los sexos parece ser insignificante.

El análisis del índice de Whipple para las personas mayores dividido por grupos de edad específicos revela una tendencia al aumento de la mediana del índice (véase el gráfico 3). En otras palabras, la calidad de la declaración empeora con el avance de la edad, tanto en el caso de los hombres como de las mujeres. Ese empeoramiento es mayor en el período de 1960 a 1990 y disminuye claramente en las décadas de 2000 y 2010. La mediana de los índices de Whipple presenta pocas variaciones en los distintos grupos de edad de las personas mayores en las últimas dos décadas en comparación con los censos de las décadas anteriores.

Además de la disminución de la mediana de los índices de Whipple por la edad de las personas mayores, también puede analizarse su comportamiento a lo largo de las décadas. Como se señaló anteriormente, la declaración de la edad mejoró en el período examinado, independientemente del sexo del encuestado y de la forma en que se recogieron los datos. Lo mismo puede decirse con respecto a la variabilidad del índice de Whipple, pues se observa una notable disminución de la amplitud de los gráficos de caja con el paso del tiempo.

Gráfico 3

América Latina y el Caribe (países seleccionados): gráfico de caja del índice de Whipple para las personas mayores en censos seleccionados, por sexo, forma de indicación de la edad y grupos de edad específicos

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Integrated Public Use Microdata Series, International (IPUMS-I) y de datos de los censos demográficos de 1960 a 2010.

Sin embargo, la información más relevante que surge de esas comparaciones, y que concuerda con los objetivos de este trabajo, es la diferencia entre las medias de los índices de Whipple según las formas de obtención de la variable edad. En todas las rondas censales, la media de los índices de Whipple de los censos en los que se indicó la fecha de nacimiento es menor que la de aquellos en los que se indicó la edad declarada. Si bien la media y la variabilidad de los índices de Whipple han disminuido en las dos formas de obtención de la variable edad, las diferencias entre las medias de los dos métodos persisten en todas las décadas, en ambos sexos y en todas las edades de las personas mayores. Por lo tanto, incluso en un contexto en que la calidad de la declaración de la edad está aumentando, la forma en que se realiza dicha declaración sigue siendo un factor preponderante.

A pesar de que la calidad de la declaración de la edad ha mejorado a lo largo de los años, todavía dista del nivel ideal. Conforme a la indicación de las Naciones Unidas (2008), los países donde se comenzó a recoger la información sobre la edad mediante la fecha de nacimiento registraron una mejora en la calidad de los datos. Este es el caso de Colombia, Costa Rica y el Ecuador, que mostraron avances significativos.

La Argentina constituye, para ambos sexos, un ejemplo interesante de la dinámica: mientras que en el censo de 1970 se indicó la edad por fecha de nacimiento y la calidad de la información declarada fue buena (índice de 106,94), al abandonar ese método en las décadas siguientes el índice aumentó y, por consiguiente, su clasificación empeoró. En 2010, cuando se volvió a preguntar la edad mediante la fecha de nacimiento, la Argentina obtuvo un índice de 105,19 y mejoró su clasificación una vez más.

El análisis del último censo de cada uno de los 20 países examinados muestra que la calidad de la información obtenida es todavía muy heterogénea (véase el cuadro 2). En ese sentido, destaca que aún haya casos en los que no se pregunta la fecha de nacimiento. Además, se observa que la declaración de hombres y mujeres presenta diferencias poco significativas.

Por último, el cálculo del índice de Whipple para las personas de 60 años y más en los censos analizados de los países seleccionados de América Latina y el Caribe, la forma de recolección de la información y la clasificación de la calidad de la declaración de la edad se presentan en los cuadros 3 y 4.

Cuadro 2

América Latina y el Caribe (20 países): últimos censos, por calidad de la declaración de la edad de las personas mayores, clasificación y forma de indicación de la edad

País

Año

Población de ambos sexos

Población masculina

Población femenina

Forma de indicación de la edad

Índice de Whipple-

60 años y más

Clasificación

Índice de Whipple- 60 años y más

Clasificación

Índice de Whipple-

60 años y más

Clasificación

Argentina

2010

105,19

DRP

104,36

DMP

105,82

DRP

Fecha de nacimiento

Bolivia (Estado Plurinacional de)

2001

137,28

DI

131,76

DI

142,11

DI

Declaración de la edad

Brasil

2010

106,67

DRP

107,05

DRP

106,36

DRP

Fecha de nacimiento

Chile

2002

105,77

DRP

103,74

DMP

107,42

DRP

Declaración de la edad

Colombia

2005

110,65

DA

109,84

DRP

111,34

DA

Fecha de nacimiento

Costa Rica

2011

104,18

DMP

104,85

DMP

103,58

DMP

Fecha de nacimiento

Cuba

2002

100,89

DMP

102,54

DMP

99,36

DMP

Fecha de nacimiento

Ecuador

2010

113,49

DA

112,7

DA

114,22

DA

Fecha de nacimiento

El Salvador

2007

109,81

DRP

111,29

DA

108,63

DRP

Fecha de nacimiento

Haití

2003

242,66

DMI

241,51

DMI

243,67

DMI

Declaración de la edad

Jamaica

2001

113,27

DA

114,21

DA

112,45

DA

Fecha de nacimiento

México

2015

125,29

DI

125,41

DI

125,19

DI

Declaración de la edad

Nicaragua

2005

133,62

DI

134,06

DI

133,22

DI

Fecha de nacimiento

Panamá

2010

103,58

DMP

102,69

DMP

104,44

DMP

Fecha de nacimiento

Paraguay

2002

114,12

DA

113,02

DA

115,11

DA

Declaración de la edad

Perú

2007

127,84

DI

123,67

DA

131,75

DI

Declaración de la edad

Puerto Rico

1970

116,81

DA

115,73

DA

117,82

DA

Fecha de nacimiento

República Dominicana

2010

122,45

DA

123,2

DA

121,74

DA

Fecha de nacimiento

Uruguay

2011

101,57

DMP

100,88

DMP

102,08

DMP

Fecha de nacimiento

Venezuela (República Bolivariana de)

2001

109,07

DRP

111,52

DA

106,97

DRP

Fecha de nacimiento

Fuente: Elaboración propia.

Notas: DMI: datos muy imprecisos; DI: datos imprecisos; DA: datos aproximados; DRP: datos relativamente precisos y DMP: datos muy precisos.

Cuadro 3

América Latina y el Caribe (22 países): formas de recolección de la información sobre la edad, por año, en todos los censos de los países disponibles en el IPUMS-I

País

Año

Fecha de nacimiento

Años cumplidos

Meses cumplidos

Día

Mes

Año

Más de 1 año

Menos de 1 año

Argentina

1970

X

X

X

X

0

1980

X

99 o más=99

00

1991

X

99 o más=99

00

2001

X

Marca un casillero

2010

X

X

X

X

000

Bolivia (Estado Plurinacional de)

1976

X

00

1992

X

98 o más = 98

00

2001

X

98 o más = 98

0

Brasil

1960

X

0

X

1970

X

X

X

X

X

1980

X

X

1991

X

X

X

X

2000

X

X

X

X

2010

X

X

X

Chile

1960

X

X

(menor de 1 mes = 0 meses)

1970

X

00

1982

X

99 o más = 99

00

1992

X

99 o más = 99

00

2002

Xa

00

Colombia

1964

X

En partes de 1 año

Ejemplo: 1 mes=1/12

1973

X

99 o más = 99

00

1985

X

99 o más = 99

00

1993

X

98 o más = 98

00

2005

X

X

X

X

Costa Rica

1963

X

X

(menor de 1 mes = número

de días)

1973

X

YY

1984

Xb

00

2000

X

100 o más =99a

00

2011

X

X

X

X

1

Cuba

2002

X

X

X

X

00

Ecuador

1962

X

1974

X

00

1982

X

00

1990

X

00

2001

X

00

2010

X

X

X

0

El Salvador

1992

X

X

X

X

98 o más = 98

00

2007

X

X

X

X

98 o más = 98

00

Haití

1971

X

X

1982

X

00

2003

X

000

Jamaica

1982

X

99 o más = 99

00

1991

X

X

X

X

100 o más = 99

2001

X

X

X

X

98 o más = 98

00

México

1960

X

X

1970

X

X

(menor de 1 mes = 800c)

1990

X

0

1995

X, o 999c si no sabe

000

2000

X

000

2005

X

000

2010

X

000

2015

X

000

Nicaragua

1971

X

00

1995

X

X

X

X

98 o más = 98

00

2005

X

X

X

X

000

Panamá

1960

X

Fecha de nacimiento

197

X

00

1980

X

00

1990

X

99 o más = 98

2000

X

X

X

X

99 o más = 99

2010

X

X

X

X

000

Paraguay

1962

X

X

(menor de 1 mes = 0 meses)

1972

X

00

1982

X

00

1992

X

00

2002

X

0

Perú

1993

X

98 o más = 98

Menor de 1 mes = 00

X

2007

X

98 o más = 98

Menor de 1 mes = 0

X

Puerto Rico

1970

X

X

X

1980

X

X

X

1990

X

X

2000

X

X

X

X

2005

X

X

X

X

00

2010

X

X

X

X

0

República Dominicana

1960

X

X

Días cumplidos

1970

X

X

1981

X

X

X

X

X

2002

X

98 o más = 98

00

2010

X

X

X

X

000

Santa Lucía

1980

X

1991

X

X

X

X

Trinidad y Tabago

1970

X

99 o más = 99

1980

X

X

X

X

1990

X

X

X

X

2000

X

X

X

X

2011

X

X

X

X

Uruguay

1963

X

X

(menor de 1 mes = 0 meses)

1975

X

99 si no sabe

0

1985

X

0

1996

X

99 o más =99

00

2006

X

98 o más =98

00

2011

X

X

X

X

Venezuela (República Bolivariana de)

1971

X

X

X

X

100 o más = 99

00

1981

X

X

X

X

X

1990

X

X

X

X

X

2001

X

X

X

X

X

Fuente: Integrated Public Use Microdata Series, International (IPUMS-I).

a Se rellena un espacio aparte con la edad exacta de las personas de 100 años o más.

b Solo edades de dos dígitos.

c Codificación específica del país.

Cuadro 4

América Latina y el Caribe (20 países): censos analizados por calidad de la declaración de la edad de las personas mayores, clasificación y forma de indicación de la edad

País

Año

Población de ambos sexos

Población masculina

Población femenina

Forma de indicación

de la edad

Índice de Whipple-

60 años y más

Clasificación

Índice de Whipple-

60 años y más

Clasificación

Índice de Whipple-

60 años y más

Clasificación

Argentina

1970

106,94

DRP

102,78

DMP

110,62

DA

Fecha de nacimiento

1980

112,06

DA

109,10

DRP

114,47

DA

Declaración de la edad

1991

107,16

DRP

106,02

DRP

108,04

DRP

Declaración de la edad

2001

105,12

DRP

104,01

DMP

105,95

DRP

Declaración de la edad

2010

105,19

DRP

104,36

DMP

105,82

DRP

Fecha de nacimiento

Bolivia (Estado Plurinacional de)

1976

231,10

DMI

206,73

DMI

251,63

DMI

Declaración de la edad

Brasil

1992

179,36

DMI

169,11

DI

188,32

DMI

Declaración de la edad

2001

137,28

DI

131,76

DI

142,11

DI

Declaración de la edad

1960

188,58

DMI

180,05

DMI

197,23

DMI

Declaración de la edad

1970

153,78

DI

146,46

DI

160,80

DI

Fecha de nacimiento

1980

119,99

DA

116,38

DA

123,28

DA

Fecha de nacimiento

1991

107,34

DRP

106,78

DRP

107,81

DRP

Fecha de nacimiento

2000

108,11

DRP

107,93

DRP

108,26

DRP

Fecha de nacimiento

2010

106,67

DRP

107,05

DRP

106,36

DRP

Fecha de nacimiento

Chile

1960

175,23

DMI

153,91

DI

193,39

DMI

Declaración de la edad

1982

114,45

DA

109,39

DRP

118,58

DA

Declaración de la edad

1992

107,09

DRP

104,70

DMP

109,01

DRP

Declaración de la edad

2002

105,77

DRP

103,74

DMP

107,42

DRP

Declaración de la edad

Colombia

1964

202,73

DMI

182,06

DMI

221,03

DMI

Declaración de la edad

1973

190,60

DMI

169,85

DI

209,74

DMI

Declaración de la edad

1985

185,66

DMI

177,81

DMI

193,19

DMI

Declaración de la edad

1993

145,55

DI

141,48

DI

149,29

DI

Declaración de la edad

2005

110,65

DA

109,84

DRP

111,34

DA

Fecha de nacimiento

Costa Rica

1963

154,02

DI

151,23

DI

156,84

DI

Declaración de la edad

1973

145,23

DI

144,33

DI

146,13

DI

Declaración de la edad

1984

119,72

DA

120,98

DA

118,53

DA

Declaración de la edad

2000

116,94

DA

116,56

DA

117,29

DA

Declaración de la edad

2011

104,18

DMP

104,85

DMP

103,58

DMP

Fecha de nacimiento

Cuba

2002

100,89

DMP

102,54

DMP

99,36

DMP

Fecha de nacimiento

Ecuador

1962

273,55

DMI

245,24

DMI

299,37

DMI

Declaración de la edad

1974

223,98

DMI

198,44

DMI

247,94

DMI

Declaración de la edad

1990

191,94

DMI

181,89

DMI

201,37

DMI

Declaración de la edad

2010

113,49

DA

112,70

DA

114,22

DA

Fecha de nacimiento

El Salvador

1992

152,03

DI

153,61

DI

150,67

DI

Fecha de nacimiento

2007

109,81

DRP

111,29

DA

108,63

DRP

Fecha de nacimiento

Haití

1971

232,67

DMI

230,62

DMI

234,58

DMI

Declaración de la edad

1982

236,91

DMI

235,92

DMI

239,75

DMI

Declaración de la edad

2003

242,66

DMI

241,51

DMI

243,67

DMI

Declaración de la edad

Jamaica

2001

113,27

DA

114,21

DA

112,45

DA

Fecha de nacimiento

México

1960

253,91

DMI

244,18

DMI

263,57

DMI

Declaración de la edad

1990

172,59

DI

165,74

DI

178,75

DMI

Declaración de la edad

1995

160,06

DI

152,36

DI

166,96

DI

Declaración de la edad

2000

142,61

DI

140,04

DI

144,88

DI

Declaración de la edad

2005

141,39

DI

139,54

DI

143,03

DI

Declaración de la edad

2010

124,14

DA

122,65

DA

125,44

DI

Declaración de la edad

2015

125,29

DI

125,41

DI

125,19

DI

Declaración de la edad

Nicaragua

1971

260,09

DMI

251,19

DMI

267,74

DMI

Declaración de la edad

2005

133,62

DI

134,06

DI

133,22

DI

Fecha de nacimiento

Panamá

1960

167,64

DI

164,11

DI

171,40

DI

Declaración de la edad

1970

139,79

DI

140,40

DI

139,16

DI

Declaración de la edad

1980

129,08

DI

128,63

DI

129,55

DI

Declaración de la edad

1990

120,76

DA

123,45

DA

118,00

DA

Declaración de la edad

2000

106,69

DRP

104,89

DMP

108,44

DRP

Fecha de nacimiento

2010

103,58

DMP

102,69

DMP

104,44

DMP

Fecha de nacimiento

Paraguay

1962

136,24

DI

123,73

DA

170,15

DI

Declaración de la edad

2002

114,12

DA

113,02

DA

115,11

DA

Declaración de la edad

Perú

1993

144,31

DI

132,11

DI

155,78

DI

Declaración de la edad

2007

127,84

DI

123,67

DA

131,75

DI

Declaración de la edad

Puerto Rico

1970

116,81

DA

115,73

DA

117,82

DA

Fecha de nacimiento

República Dominicana

1960

262,62

DMI

244,38

DMI

283,06

DMI

Declaración de la edad

1981

148,52

DI

143,32

DI

153,96

DI

Fecha de nacimiento

2002

125,10

DI

123,69

DA

126,47

DI

Declaración de la edad

2010

122,45

DA

123,2

DA

121,74

DA

Fecha de nacimiento

Uruguay

1963

107,79

DRP

102,92

DMP

112,24

DA

Declaración de la edad

1975

111,61

DA

106,58

DRP

115,82

DA

Declaración de la edad

1985

111,36

DA

108,20

DRP

113,83

DA

Declaración de la edad

2006

107,20

DRP

104,43

DMP

109,19

DRP

Declaración de la edad

2011

101,57

DMP

100,88

DMP

102,08

DMP

Fecha de nacimiento

Venezuela (República Bolivariana de)

1971

146,39

DI

141,88

DI

150,41

DI

Fecha de nacimiento

1981

105,46

DRP

104,54

DMP

106,29

DRP

Fecha de nacimiento

1990

113,20

DA

113,29

DA

113,12

DA

Fecha de nacimiento

2001

109,07

DRP

111,52

DA

106,97

DRP

Fecha de nacimiento

Fuente: Elaboración propia.

Notas: DMI: datos muy imprecisos; DI: datos imprecisos; DA: datos aproximados; DRP: datos relativamente precisos y DMP: datos muy precisos.

D. Discusión

La calidad de los datos de las personas mayores en los países latinoamericanos se aborda en pocos estudios. Del Popolo (2000), por ejemplo, examina censos demográficos de las décadas de 1970, 1980 y 1990 y señala algunas incongruencias observadas mediante la comparación de la estructura de edad de la población de 50 años o más y el análisis de la preferencia por los dígitos 0 y 5 (cero y cinco), especialmente entre las personas de 80 años y más. Romero y Freitez (2008) compararon los censos de la décadas de 1990 y 2000 y mostraron una mejora en la calidad de la declaración de la edad en los países de América Latina. Aun así, los autores llaman la atención hacia la preferencia por ciertas edades, a saber: 60, 70 y 95 años. Andrade y otros (2016) también analizaron algunos censos de América Latina y, aunque no midieron directamente la calidad de la declaración de la edad entre las personas mayores, constataron que en un contexto de estructura etaria rejuvenecida la utilización del índice de Whipple o el índice de Myers era indiferente. Sin embargo, en los países con una estructura etaria más envejecida, el peso de la calidad de los datos de las personas mayores es superior y el indicador debe elegirse con atención.

Otra diferencia que se halló es que cuando en algunos países se recogía información por ambos métodos, era posible preguntar primero la fecha de nacimiento y después la edad en años cumplidos o, por el contrario, primero la edad cumplida y luego la fecha de nacimiento. En una prueba piloto realizada en el Brasil en 2010 para verificar si existían discrepancias en los datos conforme al orden de presentación de las preguntas, se observó que al preguntar primero la edad en años cumplidos hubo un 11,1% de incoherencia, mientras que cuando se hizo lo contrario el error disminuyó al 5,7%. Por ese motivo, en el censo demográfico de ese año se optó por captar en primer lugar la fecha de nacimiento y —solo en el caso de que la persona no la supiera—después los años cumplidos (IBGE, 2013a).

Independientemente del orden de captación, se ha demostrado científicamente que la calidad de la declaración mejora cuando se combinan las dos formas (Hobbs, 2004). Otro aspecto que cabe mencionar es que en algunos países (como la República Bolivariana de Venezuela en 1971) el encuestado tenía la posibilidad de responder la fecha de nacimiento o la edad y se indicaba solo una respuesta. Si la persona respondía la fecha de nacimiento no se le preguntaban los años cumplidos y viceversa.

Coale y Li (1991) utilizaron la misma lógica del índice de Whipple y propusieron un índice para medir el grado de preferencia por determinados dígitos finales entre las personas mayores de 65 a 100 años. Los autores aplicaron la metodología para analizar la calidad de los datos en edades avanzadas, sobre la base de datos del censo demográfico de China de 1982. Encontraron que las personas de más de 105 años tendían a exagerar su edad. Wang y otros (1999) utilizaron el indicador propuesto por Coale y Li (1991) y también basaron su trabajo en datos de personas centenarias de algunas provincias de China. Los autores preguntaron la edad a las personas mayores y luego les hicieron otras preguntas para verificar la veracidad de la información proporcionada. Después de aplicar el índice concluyeron que la declaración de la edad por debajo de los 105 años generalmente era buena, porque culturalmente se da mucha importancia a recordar la fecha de nacimiento.

El trabajo de Del Popolo (2000) es uno de los estudios pioneros en la evaluación de las variaciones de las franjas etarias utilizadas en el índice de Whipple en los países de América Latina, que se encontraban en diferentes etapas del proceso de transición demográfica. La autora utiliza el índice de Whipple modificado para diferentes grupos de edad (13 a 82, 13 a 37, 33 a 57, 53 a 82, 10 a 84, 10 a 32, 30 a 54 y 50 a 84) y destaca la importancia de evaluar la calidad de la declaración en las edades avanzadas, pues constata una correlación entre el aumento de la preferencia por determinados dígitos y la proporción de personas con 80 años y más.

Fernández y Peón (2005) aplican el índice de Whipple a diferentes grupos de edad (13 a 37, 33 a 57 y 53 a 82) y analizan los censos demográficos mexicanos de 1970 a 2000, por sexo y unidad federativa: “Los resultados obtenidos muestran la existencia de errores en la declaración de edades de dicha población, así como la inconsistencia entre la proporción de dicha población y la etapa de la transición demográfica en la que se ubica en algunos estados” (Fernández y Peón, 2005, pág. 107).

Randall y Coast (2016) también realizaron un importante trabajo sobre el tema, pues modificaron la fórmula de cálculo del índice de Whipple para evaluar la calidad de los datos de las personas mayores sobre la base de encuestas de hogares de países africanos. Los autores analizaron datos provenientes del programa de Encuestas Demográficas y de Salud (EDS), de algunos censos y del Estudio sobre la Medición de Niveles de Vida del Banco Mundial y constataron que la calidad de la información sobre la edad era muy escasa en la mayoría de los países del sur de África. Concluyeron también que en las encuestas de los países del Sahel había una omisión considerable en la proporción de mujeres mayores.

Cabe señalar que Randall y Coast (2016) utilizaron como dato de entrada el grupo de edad de hasta 94 años, pues la edad máxima en algunos censos africanos corresponde al grupo de 95 años y más. Debido a que en los 72 censos examinados en el presente estudio se permitió la medición hasta al menos 98 años y más, se utilizó la ecuación (1), en la que se adecúa el método de cálculo presentado por Randall y Coast (2016) y Coale y Li (1991).

La calidad insatisfactoria de los datos de las personas mayores es un problema que ha de enfrentarse, sobre todo en los aspectos relacionados con la mortalidad. Preston, Elo y Stewart (1997), que estudiaron los efectos que tenían los errores de la declaración de la edad en las estimaciones de mortalidad a edades avanzadas mediante diferentes métodos demográficos, constataron que se subestimaba la mortalidad en edades avanzadas por efecto de la mala calidad de la declaración de la edad de la persona al momento de la muerte. Por lo tanto, la declaración incorrecta de la edad incide directamente en diversos indicadores, como los de mortalidad, y puede conducir a errores en la orientación de proyectos en la gestión pública.

E. Consideraciones finales

En este trabajo se buscó evaluar la forma en que ha evolucionado la calidad de la declaración de la edad entre las personas mayores (de 60 años y más) en 20 países seleccionados de América Latina y el Caribe, donde se observa un rápido proceso de envejecimiento de la población. Para ello se analizaron 72 censos demográficos que abarcan las décadas de 1960 a 2010. Como metodología se implementó el índice de Whipple modificado para comprender la situación de la población mayor, con el objetivo de evaluar la atracción por edades terminadas en 0 (cero) y 5 (cinco).

El empleo de un indicador específico para evaluar la declaración de la edad entre las personas mayores permitió verificar la notoria evolución de la calidad de los datos en las muestras de los censos analizados. En general, se entiende que la calidad de la declaración de la edad de las personas mayores en esos 20 países de América Latina y el Caribe mejoró con el tiempo, independientemente de la forma de recolección de los datos. Esto muestra que los institutos u órganos de investigación se han preocupado por obtener los datos de manera más precisa, y que el uso de tecnologías puede ayudar en esa tarea.

No obstante, se observa una discrepancia en la calidad de la información obtenida según el método de indicación de la edad. La calidad de la declaración de la edad de las personas mayores fue mejor en las encuestas en las que se preguntó la fecha de nacimiento, completa o no. Otra constatación importante es que la calidad de la declaración de las mujeres tiende a ser ligeramente menor que la de los hombres en los censos en los que se indica la edad declarada. Cuando se pregunta la edad por la fecha de nacimiento, la diferencia entre los sexos parece ser insignificante. Destaca también que la magnitud de esa diferencia disminuye a medida que pasa el tiempo.

Por último, a pesar de la gran importancia de la variable edad para los estudios demográficos, el interés por su calidad a menudo es escaso. A pesar de la amplia y notoria evolución de la calidad de los datos, aún persisten casos de baja calidad de la información relativa a las personas mayores. Aunque los beneficios de la captación de la edad mediante la fecha de nacimiento son muy conocidos, en algunos países no se ha adoptado esta opción. Se considera, por lo tanto, que la recomendación de las Naciones Unidas para preguntar la edad podría reformularse, con miras a establecer la fecha de nacimiento como primera opción y la edad declarada como segunda alternativa.

Bibliografía

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[1] Trabajo desarrollado en el marco del Grupo de Estudio sobre la Calidad de los Datos vinculado al Núcleo de Investigación sobre Población, Territorio y Políticas Sociales de la Fundación Oswaldo Cruz.

[2] Máster en Estudios de Población e Investigaciones Sociales y doctorando en Demografía del Programa de Posgrado en Demografía de la Universidad Estadual de Campinas (UNICAMP). Correo electrónico: pedrogandrade@yahoo.com.br.

[3] Máster en Estudios de Población e Investigaciones Sociales y doctorando en Demografía del Programa de Posgrado en Demografía de UNICAMP. Correo electrónico: anacamilarp@gmail.com.br.

[4] Máster en Demografía de UNICAMP y beca de Asistente de Investigación en el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA). Correo electrónico: kee.cmc@gmail.com

[5] Máster en Demografía y doctorando en Demografía del Programa de Posgrado en Demografía de UNICAMP. Correo electrónico: gustavo.brusse@gmail.com.

[6] Doctor en Salud Pública e Investigador en Salud Pública de la Fundación Oswaldo Cruz. Correo electrónico: raphael.guimaraes@fiocruz.br.

[7] La transición demográfica es un proceso caracterizado por la reducción de la mortalidad seguida por la reducción de la natalidad que produce cambios significativos en términos socioeconómicos y culturales y, a su vez, es el resultado de estos (Zavala de Cosío, 1992). Pese a que la teoría de la transición demográfica se desarrolló en el siglo XVIII para explicar las transformaciones demográficas registradas en algunos países de Europa Occidental, se trata de procesos identificables en diferentes lugares y contextos históricos (Zavala de Cosío, 1992).

[8] Se señala también que la confianza en la estructura etaria es importante para otras áreas del conocimiento, como la economía, la epidemiología y la gestión de políticas públicas, de manera que se refuerza la necesidad de medir y acompañar la evolución de la calidad de la declaración de la edad en todos los países del mundo.

[9] Por ese motivo fue necesario excluir países como Santa Lucía y Trinidad y Tabago, entre otros censos de los países que se examinaron.

[10] Cabe señalar que en el caso de México hubo más de un censo demográfico en las décadas de 1990, 2000 y 2010 y que todos ellos se tuvieron en cuenta.

[11] Se observó que en los censos más recientes el índice de Whipple asumió valores inferiores a 100.

[12] Solo 20 de los 33 países cumplieron con todos los criterios de la metodología. Véase la sección “Datos y métodos”.

Vida doméstica en parejas del mismo sexo en ciudad de México y el Eje Cafetero colombiano

Gabriel Gallego Montes[1]

José Fernando Vasco Alzate [2]

Recibido: 07/05/2017

Aceptado: 21/06/2017

Resumen

Este artículo tiene por objeto presentar tres aspectos centrales de la vida doméstica de las parejas del mismo sexo corresidentes: aportes económicos para el sostenimiento del hogar, toma de decisiones y distribución de las tareas domésticas. Como fuente de información se utilizaron dos encuestas, la primera levantada en Ciudad de México en 2006 y la segunda realizada en 2012 en cuatro ciudades del Eje Cafetero colombiano (Armenia, Cartago, Manizales y Pereira). En ambos sondeos se preguntó por el emparejamiento corresidente en los últimos cinco años. Los datos señalan que, si bien existe una tendencia a la equidad, esta se ve permeada por la discusión sobre la feminización de los cuidados, de la que no escapan las parejas del mismo sexo.

Palabras clave: parejas del mismo sexo, homosexualidad, cuidado, trabajo doméstico, familia.

Abstract

This article presents three key aspects of the domestic life of cohabiting same-sex couples: economic contributions to household maintenance, decision-making and distribution of domestic work. Two surveys were used as sources of information, the first carried out in 2006 in Mexico City, and the second in 2012 in four cities of the Colombian Coffee Belt (Armenia, Cartago, Manizales and Pereira). Both surveys contained questions on cohabitation over a five-year period. Although data suggest a trend towards equity, the feminization of care still permeates the discussion and same-sex couples are not an exception.

Keywords: same-sex couples, homosexuality, care, domestic labour, family.

Résumé

Cet article aborde trois aspects centraux de la vie domestique des corésidents du même sexe: les apports économiques pour l’entretien du ménage, la prise de décisions et la répartition des tâches domestiques. Deux enquêtes ont été utilisées comme source d’information, la première réalisée à Mexico en 2006 et la seconde en 2012 dans quatre villes caféières colombiennes (Armenia, Cartago, Manizales et Pereira). Les deux sondages comportaient des questions sur la formation de couples de corésidents au cours des cinq dernières années. Les résultats indiquent que, malgré une tendance vers l’équité, celle-ci est imprégnée de la discussion sur la féminisation des soins, à laquelle les couples de même sexe n’échappent pas.

Mots clés: Couples du même sexe, homosexualité, soins, tâches domestiques, famille.

Introducción

La ampliación y flexibilización de las opciones sexo-afectivas de las personas, que cobraron fuerza durante las últimas cinco décadas en la cultura occidental, se han traducido en la emergencia y visibilización de nuevas formas de organización de la vida familiar, caracterizadas por un desplazamiento de la heterosexualidad como forma vinculante única, ligada al matrimonio y la descendencia. En la actualidad existen arreglos domésticos de distinto tipo: parejas heterosexuales que no desean tener hijos, familias homoparentales[3], parejas del mismo sexo corresidentes[4], hogares unipersonales, díadas corresidentes sin vínculo familiar y parejas que, pese a tener una relación sólida y estable, no conviven (las llamadas “parejas de tipo LAT” o living apart together). Estas son solo algunas de las muchas formas de construir la vida cotidiana en lo que conocemos como “diversidad familiar” (Gallego y otros, 2017). Cuando se hace alusión a la diversidad familiar del presente, es necesario advertir que todo modelo familiar es histórico y contingente, y no es natural (Duch y Mèlich, 2009). En la variedad de espacios y tiempos, en la existencia concreta de los seres humanos, la diversidad de formas familiares responde a complejos procesos de contextualización, adaptación y reordenamiento.

La comprensión de la realidad familiar que hoy viven las parejas del mismo sexo ha sido abordada por disciplinas como la demografía (Gallego, 2010), la sociología (Pichardo, 2009; Galindo, 2015; Domínguez, 2012), la antropología (Carrington, 1999) y la psicología (Anderssen, Amlie y Ytterøy, 2002), con un eje epistemológico común: la construcción social de la realidad y de la sexualidad (Weeks, 1998). También ha sido retroalimentada por procesos investigativos que, en contextos diversos, han abordado el tema de la corresidencia en el marco de la diversidad erótico-afectiva.

A la luz de la demografía, los procesos generadores de cambios en diferentes dimensiones de la familia tradicional (la sexualidad, la reproducción, las relaciones de género y la corresidencia), que se asocian con la caída en las tasas de natalidad, la tendencia mundial a alcanzar el nivel de reemplazo en la población, el descenso de la presión demográfica por la reproducción, la separación entre sexualidad y reproducción, y, especialmente, con la disminución del control social en torno a la función reproductora de la pareja y la familia, han provocado que en la escena pública emerjan hogares conformados por parejas del mismo sexo, con o sin descendencia, que no entran en conflicto con este nuevo régimen demográfico; de ahí su permisividad, visibilización social y reconocimiento de derechos (Gallego, 2009). La reivindicación de una vida familiar y de pareja ha estado presente desde los primeros años de movilización del movimiento gay-lésbico en Occidente y forma parte de los procesos de acción política con los que el activismo se relaciona con los Estados, logrando, en buena parte de los países europeos y un decena de países americanos, procesos de igualdad en la regulación civil en torno al matrimonio y la adopción.

Sin embargo, para comprender la emergencia y visibilización de las parejas del mismo sexo corresidentes, debemos establecer, en primera instancia, cómo surge la discusión acerca de la homosexualidad y la cuestión lésbico-gay en el contexto del sistema capitalista de producción (D´Emilio, 1997) y del Estado de bienestar (Adam, 2004) en Occidente, incluidos los países en desarrollo. Es necesario poner énfasis en que, si bien hay elementos generales que permitieron la visibilización de sus propias formas de existencia, como la urbanización y la expansión del sistema capitalista, también existen elementos muy propios de la cultura latinoamericana, como la pobreza, el papel central de la familia (Carrier, 2001) y los significados y prácticas sexuales totalmente híbridas y sincréticas (Drucker, 2004; Núñez, 1999), que son producto del encuentro cultural que ya lleva más de 500 años y que le imprimen un sello particular a este proceso.

En este sentido, D´Emilio (1997) plantea que los gais y las lesbianas, en tanto grupo social, no siempre existieron y son producto de la historia, en particular de la historia reciente de la humanidad, con existencia en una era específica. Su emergencia se asocia al desarrollo de las relaciones capitalistas de producción y más específicamente al sistema de trabajo asalariado (Drucker, 2004), que permitió, sobre todo en la última parte del siglo XX, que un sinnúmero de hombres y mujeres, que se llamaban a sí mismos gais y lesbianas, se reconocieran como parte de una comunidad de iguales y se organizaran políticamente sobre la base de la identidad. A pesar de que la cuestión lésbico-gay contemporánea poco tiene en común, en términos de significados, con las prácticas homoeróticas de las antiguas civilizaciones, de la edad media o de los siglos XVIII y XIX, sí es posible atribuir a la urbanización y a la formación del sistema capitalista las bases para la transformación de ciertas prácticas sexuales en identidades y la creación de nuevos sujetos sociales y nuevas formas de emparejamiento. La mayoría de los estudios coinciden en la singularidad histórica y espacial de la identidad sexual moderna (Foucault, 1977). Los sujetos homosexuales difieren según el momento histórico, en tanto su existencia está determinada por diferentes prácticas discursivas que no solo los nombran, sino que, de hecho, los crean (Andrés, 2000). Como concluyó Fernbach hace 30 años: “el espacio para un modo de vida homosexual es de aparición relativamente reciente [y solo existe en ciertas partes del mundo]” (Fernbach citado en Drucker, 2004, pág. 12). Las subculturas homosexuales son un fenómeno histórico reciente que tuvo su embrión a fines del siglo XIX en Europa Occidental y América del Norte.

A los hechos mencionados, que podríamos llamar “estructurales” para explicar el emparejamiento entre personas del mismo sexo y su visibilización social desde el último tercio del siglo XX, habría que agregar las reflexiones que aporta la perspectiva del individualismo institucionalizado, según el sentido propuesto por Beck y Beck-Gernsheim (2001). También aparece en esta línea de indagación una referencia a la “modernización reflexiva” en todas las esferas de la vida social (Beck, Lash y Giddens, 2000) y una pérdida gradual de los anclajes tradicionales en los valores y las maneras de vivir las relaciones íntimas en la familia, la vida conyugal y las redes de amigos (Giddens, 1997 y 1998; Bauman 1999, 2001 y 2005; Beck-Gernsheim, 2003). La reflexividad se conecta con la individualización y esta se expande en la tendencia hacia la autonomía, según propone Simmel (1986). En una sociedad en proceso de modernización, hay conceptos y visiones que para el individuo pierden el carácter de mandato social u obligatoriedad. Las personas acuden entonces a su fuero interno y se abren paso en medio de estructuras tradicionales, dominadas por una normatividad hegemónica, para encontrar espacios de mayor libertad de elección en diversas áreas de su biografía, entre ellos, acuerdos para pactar la residencia, la afectividad, la intimidad y otros elementos que se incorporan en su curso de vida.

El proceso de individualización contemporáneo toca entonces tanto a hombres como a mujeres en diferentes aspectos de su vida, incluida la sexualidad. Según Bauman (2005), ello es posible en virtud del tránsito desde la regularización de la vida en común en la sociedad industrial alrededor de la familia nuclear hacia nuevas asignaciones “posicionales” derivadas de las situaciones que surgen con la restructuración de las cuestiones de género y de las opciones sexuales, que hacen necesario repensar la forma en que, desde la heteronormatividad, se han prescrito cuestiones como el matrimonio, la paternidad y la sexualidad[5]. La individualización significa que la biografía del ser humano se desliga de los modelos y de las seguridades tradicionales, de los controles ajenos y de las leyes morales generales, y, de manera abierta y como tarea, se adjudica a la acción y la decisión de cada individuo. Entonces, la biografía normal se convierte en una biografía elegida (Beck y Beck-Gernsheim, 2001).

Las nuevas realidades familiares que representan las parejas del mismo sexo, los hogares unipersonales y otros arreglos domésticos que subvierten la tríada de prestigio “heterosexualidad-parentesco-corresidencia” se inscriben en lo que algunos autores llaman “segunda transición familiar” (Flaquer, 1998), “familias posfamiliares” (Beck-Gernsheim, 2003) o “familias posnucleares” (Requena, 2010). En otras palabras, familias del posestructuralismo, permeadas por procesos de individualización, en términos de Beck (1998), sujetos contemporáneos que realizan cuestionamientos a las normas socioculturales sobre la familia y la pareja, especialmente alrededor de la sexualidad, y en quienes se debilita, como lo afirma Weeks (1998), el poder de la moral en las decisiones sobre con quién, bajo qué tipo de relación, durante cuánto tiempo y de qué manera se experimenta la familia. Para otros autores, la eclosión de la diversidad familiar parece derivar en lo que Roussel (citado en Duch y Mèlich, 2009) ha denominado el modelo de la “familia incierta”, que es una nota distintiva de la “familia después de la familia”. En la política, así como en el ámbito científico y en la vida cotidiana, muchas veces no está claro quién o qué constituye la familia. Los límites se hacen borrosos, las definiciones se vuelven vacilantes y crece la inseguridad (Duch y Mèlich, 2009, pág. 87). En tiempos de modernidad liquida y sexualidad plástica, la familia se reinventó.

No obstante, como lo plantea Borrillo:

La desaparición de la noción tradicional de pareja, el pluralismo familiar y la diversificación de los modelos hogareños no implican en absoluto una degradación de la familia sino que por el contrario representan el signo unívoco de su democratización y de la realización individual de sus miembros. De ese modo, el fin del patriarcado y de su rígida jerarquía, la igualdad de los cónyuges, la equiparación de los hijos legítimos con los naturales, la patria potestad compartida y el progresivo reconocimiento de las uniones de hecho son el testimonio claro de la progresiva evolución de la familia, o mejor dicho, de las familias en plural (Borrillo, 1999, pág. 17).

Este artículo tiene por objeto comprender y explicar tres aspectos centrales de la vida doméstica en parejas del mismo sexo corresidentes: aportes económicos para el sostenimiento del hogar, toma de decisiones y distribución de las tareas domésticas. Estos tres elementos forman parte de una de las dimensiones del trabajo doméstico propuestas por Domínguez (2012) (la segunda serían las labores de cuidado, de las cuales no se dará cuenta en este artículo). El estudio parte del concepto de dinámica o vida familiar que con frecuencia se ha utilizado para comprender los movimientos y cambios en los procesos familiares. Palacio (2004) afirma sobre estos procesos:

Se construyen las condiciones de sobrevivencia y convivencia del grupo familiar que evidencia tensiones, acuerdos, cambios, transformaciones y permanencias en la vida familiar, incluye los procesos interaccionales como toma de decisiones, resolución de conflictos, ejercicio del poder y la autoridad y manejo de la sexualidad; comunicacionales, manifestados a través de las expresiones verbales, gestuales, simbólicas y conversacionales; económicos tales como las estrategias de supervivencia, generación y distribución de recursos, división del trabajo doméstico; y de socialización que incluye los estilos, prácticas y discursos de género, formación de roles, ejercicio de los derechos y los deberes (Palacio, 2004, pág. 35).

Una de las principales características del trabajo doméstico en los países en desarrollo es su asociación con el género (García y de Oliveira, 2006; García y Pacheco, 2014), ya que desde siempre se ha tratado de un trabajo mayoritariamente femenino[6]. Si bien en las encuestas sobre uso del tiempo, de reciente aplicación en América Latina (Parker y Gandini, 2011), se registra una participación de los hombres en estas tareas, el reparto igualitario no es frecuente (Galindo, 2015; García y Pachecho, 2014). Estas características que se aprecian en familias u hogares heterosexuales parecen reproducirse en contextos de emparejamiento gay-lésbico, como ha sido documentado por Domínguez (2012) para el caso español y por Galindo (2015) en México. No obstante, prevalece un desconocimiento de la realidad familiar, y especialmente del trabajo doméstico, que construyen gais y lesbianas, y los retos investigativos son mayores si se quiere que dichos arreglos domésticos adquieran visibilidad en las políticas de cuidado que se encuentran tan en boga en nuestra región, más aún cuando se avanza en reconocimiento y titularidad de derechos para estas familias.

A. Métodos

Se aplicaron dos encuestas retrospectivas (biográficas): la primera en 2006 en Ciudad de México y la segunda en 2012 en Armenia, Cartago, Manizales y Pereira, las cuatro ciudades que conforman el Eje Cafetero colombiano. La primera encuesta se diseñó y adelantó para que uno de los autores obtuviera el título de doctorado en Estudios de Población, en tanto que la segunda fue producto de un ejercicio investigativo financiado por la Universidad de Caldas, Colciencias y el municipio de Cartago (Valle del Cauca). Con este segundo sondeo se pretendía validar el método biográfico mediante el uso de encuestas (en este ejercicio investigativo, el autor de la encuesta en México fungió como investigador principal y director general de la investigación). En ambas encuestas se incorporó un módulo relacionado con la vida doméstica de las parejas del mismo sexo. Para diligenciar este módulo, el encuestado debía responder una serie de preguntas que indicaban si al momento de la encuesta o en los últimos cinco años había tenido una relación de pareja corresidente o en cohabitación.

Se encuestaron 250 hombres con prácticas homoeróticas en Ciudad de México y 408 hombres y 301 mujeres con estas características en el Eje Cafetero de Colombia. De ese total, 130 hombres en Ciudad de México (52%) y 156 hombres (38,2%) y 157 mujeres (52,2%) en el Eje Cafetero cumplían con el requisito de haber corresidido o estar cohabitando en el marco de una relación de pareja con alguien de su mismo sexo. El levantamiento de la encuesta en México se hizo mediante las metodologías de bola de nieve (70%) y abordaje directo (30%). En el Eje Cafetero, el trabajo de campo se adelantó mediante la aplicación de las técnicas RDS o método de muestreo dirigido por entrevistados (68%), de bola de nieve (16%) y abordaje directo (16%) en las áreas metropolitanas de Manizales (28,7%), Pereira (24,7%), Armenia (20,3%) y Cartago (26,2%). La muestra general y la muestra específica del emparejamiento son intencionales, no probabilísticas. La edad de los entrevistados va de 18 a 55 años en ambos contextos.

Por relación de pareja se entiende el vínculo erótico-afectivo establecido con otra persona con tres meses o más de duración. Esta definición toma experiencias anteriores de investigaciones en sexualidad, mediante el uso de encuestas retrospectivas en el Brasil (Heilborn, Cabral y Bozón, 2006; Juárez y Castro, 2004) y México (Gallego, 2010).

Pese a provenir de contextos nacionales diferentes y tener características urbanas disímiles, los tres subgrupos que conforman la población en estudio pueden ser comparables. No obstante, se entiende que en América Latina, a nivel de ciertos grupos sociales, existen determinados rasgos comunes y patrones de comportamiento, como los que vivencia la población LGBT, donde se comparten agendas comunes de acción política y procesos de visibilización que pueden ser coincidentes en el tiempo. Además, en el diseño metodológico de la encuesta para Colombia se conservó el mismo patrón metodológico del diseño de la encuesta mexicana y se usaron los mismos criterios de selección de la población (a partir de las prácticas sexuales y el homoerotismo) y la aproximación por cohortes.

B. Características sociodemográficas de la población encuestada

Para el análisis de la información se definieron tres cohortes de nacimiento. La primera cohorte está conformada por personas nacidas antes de 1970. En México corresponde a hombres que al momento de la encuesta tenían 35 años o más (26%), mientras que en Colombia pertenecen a este grupo las personas que al momento del estudio eran mayores de 41 años (un 33% de hombres y un 21,8% de mujeres). La segunda cohorte se definió para los participantes nacidos en la década de 1970 y principios de los años ochenta, con una ligera variación en los distintos contextos. Mientras que en México este grupo abarca los nacidos entre 1971 y 1980, con edades entre 25 y 34 años (37,2%), en Colombia está compuesto por los nacidos entre 1971 y 1983, cuyas edades iban de 28 a 40 años (un 30,9% de hombres y un 31,2% de mujeres). La tercera cohorte corresponde a las personas más jóvenes: en el caso mexicano abarca a los varones nacidos entre 1981 y 1989, que al momento de la encuesta tenían entre 16 y 24 años (36,8%), en tanto que en Colombia el grupo abarca los nacidos entre 1984 y 1993, con edades entre 18 y 27 años (un 35,9% de hombres y un 47,1% de mujeres).

La descripción de algunas variables sociales de la población evidencian las diferencias por género. Con relación a la escolaridad, el grupo de varones encuestado en Ciudad de México y en el Eje Cafetero colombiano tiende a concentrarse en sectores medios con un alto nivel de escolarización, ya que la gran mayoría (72%) dijo tener o estar cursando estudios universitarios. Entre las mujeres, por el contrario, una de cada dos declaró tener ese nivel educativo. Por condición de actividad se encontró que el 74,8% de los varones en Ciudad de México estaban vinculados laboralmente al momento de la encuesta, en tanto que en el Eje Cafetero, el 70,8% de los hombres y el 63,4% de las mujeres dijo estar trabajando, con ingresos que en la mayoría de los casos no superan los tres salarios mínimos legales vigentes en cada contexto.

Con respecto al estado civil, se encontró que entre las personas encuestadas predomina la soltería. En Ciudad de México, el 97% de los hombres dijo estar soltero y solo el 3% declaró haber estado o estar unido en una relación heterosexual. Además, son más los varones divorciados o separados (cinco casos) que los que se encuentran unidos (dos casos). En el Eje Cafetero, el 84,9% de los hombres y el 75,6% de las mujeres que participaron de la investigación manifestaron ser solteros. Esta información sobre soltería no es equivalente a ausencia de una relación de pareja, ya que es notoriamente contrastante cómo el 54% de los encuestados en México y el 37% de los hombres y el 58% de las mujeres en el Eje Cafetero manifestaron tener una relación de pareja con alguien del mismo sexo (algunas de estas relaciones estaban en etapa de noviazgo y otras habían establecido unidades domésticas de diferente tipo)[7].

Con respecto a la paternidad, el 5,6% de los varones encuestados en Ciudad de México manifestó ser padre. En el Eje Cafetero colombiano, el 31% de las mujeres eran madres y el 11% de los hombres eran padres, con una mediana de dos hijos en las mujeres y de un hijo en los hombres. Esta última variable denota que mientras la paternidad parece ser un hecho marginal en la vida de los sujetos con prácticas homoeróticas, la maternidad tiene mayor centralidad, en tanto se encontró que una de cada dos mujeres de la cohorte adulta era madre al momento de la encuesta.

C. Experiencia de emparejamiento

en personas con prácticas homoeróticas

En el gráfico 1 se muestra el porcentaje de entrevistados que en algún momento de su vida ha experimentado el emparejamiento y la corresidencia con alguien de su mismo sexo. La vivencia del emparejamiento es porcentualmente alta tanto en hombres como en mujeres, con valores cercanos o superiores al 90% en todas las cohortes de edad; por el contrario, la corresidencia o cohabitación es una experiencia vivida por menos del 15% de las personas encuestadas. Frente a esta realidad, es necesario advertir que el 35,9% de los hombres y el 47,1% de las mujeres que participaron de la investigación se ubican en la franja de edad e 18 a 27 años, un tramo etario en el cual en las sociedades latinoamericanas es usual permanecer en el hogar de origen.

Al discriminar los porcentajes de la cohabitación por cohorte de nacimiento se encuentra que en todas las franjas de edad este tipo de experiencia es mayor entre los hombres mexicanos encuestados que entre sus pares colombianos. En aquellos que tienen 40 años o más y los que tienen entre 28 y 39 años, las diferencias rondan los 15 puntos porcentuales. En los hombres menores de 28 años, la experiencia de convivencia en pareja no presenta diferencias significativas entre hombres de los dos contextos y los porcentajes no superan el 9% del total. En el caso de las mujeres, los datos sobre corresidencia tienden a ser menores en las adultas con respecto a los hombres y ligeramente superiores en las más jóvenes con respecto a los hombres de la misma edad.

Gráfico 1

Ciudad de México (2006) y Eje Cafetero de Colombia (2012): distribución de los encuestados, según situación de emparejamiento y convivencia en pareja, por cohorte de nacimiento

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de las encuestas levantadas en Ciudad de México y Eje Cafetero Colombiano.

La mayor presencia de la corresidencia en los hombres más adultos, respecto de los jóvenes y las mujeres, constata diferencias de género y contexto que vale la pena explorar. A modo de hipótesis, puede plantearse que los contextos urbanos de mayor tamaño, como Ciudad de México, permiten, por una parte, lograr un mayor anonimato y mímesis del emparejamiento gay-lésbico en la trama de los hogares en general, y, por la otra, encontrar mejores condiciones de empleo y remuneración salarial que hacen posible el establecimiento de un hogar independiente con estas características. En las mujeres, las potencialidades de emparejamiento están más marcadas por el tiempo social, que ha permitido que las de edad intermedia y las más jóvenes sean las que puedan incorporar esta experiencia en su biografía. Entre las más adultas, la experiencia relacional está permeada por demandas de la heteronormatividad respecto de la unión y la maternidad. No hay que olvidar que más de la mitad de las mujeres adultas encuestadas son madres, lo que puede ser una barrera para concretar proyectos de individualización y emancipación que conduzcan a la corresidencia con otra mujer. En otras palabras, las mujeres menores de 40 años son las que han podido asumir proyectos de individualización en función de unas prácticas sexuales y de unas identidades que van más allá de la norma, como lo sugiere Beck-Gernsheim (2003).

En los hombres, los datos parecen indicar que la corresidencia con alguien del mismo sexo es una experiencia incorporada en las opciones biográficas que, no obstante, se inscriben en el cambio social que se inicia en los años sesenta y setenta, producto de los movimientos sociales, especialmente la segunda ola del feminismo y el movimiento de liberación homosexual.

La experiencia de corresidencia entre los encuestados correspondió a alguna de las siguientes modalidades bajo las cuales se configura de modo particular el ámbito privado: hogares compartidos parentales (aquellos en los que la pareja se integra a la convivencia de la familia de origen de uno de sus integrantes), hogares conyugales (representados en la convivencia exclusiva de la pareja), hogares homoparentales (conformados por la pareja del mismo sexo y los hijos) y hogares mixtos (correspondientes a la convivencia de la pareja con un pariente u otra persona que no forma parte de la familia, por lo general un amigo).

En el cuadro 1 se presenta la agregación de las preguntas relacionadas con la iniciativa para asumir la corresidencia y la realización de algún ritual para sellar la unión[8]. Se advierte que en la mayoría de los casos no se realizó ningún acto simbólico como rito de inicio de la convivencia.

Cuadro 1

Ciudad de México (2006) y Eje Cafetero de Colombia (2012): iniciativa para iniciar la corresidencia y ritual de emparejamiento, por género

(En porcentajes)

Hombres

(México)

Hombres (Colombia)

Mujeres (Colombia)

De quién fue la propuesta de irse

a vivir juntos

(N=130)

(N=156)

(N=156)

Encuestado

34,6

20,5

25,0

Pareja

29,2

42,9

42,9

Conjunta

34,6

34,6

30,1

Otros

1,6

1,9

1,9

Han realizado algún ritual de pareja

(N=130)

(N=155)

(N=157)

Sí

38,5

27,7

36,3

No

61,5

72,3

63,7

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de las encuestas levantadas en Ciudad de México y Eje Cafetero Colombiano.

La falta de rituales para marcar el inicio de la convivencia en parejas del mismo sexo puede explicarse por la ausencia de una huella histórica de dicha práctica y por su tradicional condición de anonimato dentro de la sociedad heterosexual. La práctica del ritual, de acuerdo con el sentido que le dio Mauss (1971), como actos realizados según una forma adoptada por la colectividad o por una autoridad, cuya ejecución no depende de la voluntad personal, sino de la norma colectiva, no aplica para el análisis de los actos simbólicos establecidos entre personas del mismo sexo. Por el contrario, para los sujetos en la sociedad contemporánea, los rituales constituyen una expresión de decisión autónoma que es ponderada en función de su trascendencia para la relación, su potencia frente al acceso a deberes y derechos (por ejemplo, los derivados del matrimonio igualitario, al demandar un “lugar” real y simbólico para sus construcciones de pareja y familia), y las formas alternativas de realizarlos.

D. Vida doméstica en parejas del mismo sexo: división del trabajo, aportes económicos y toma de decisiones

La siguiente línea de reflexión se vuelca hacia la comprensión del trabajo doméstico en parejas del mismo sexo, concepto que integra tanto el conjunto de tareas o actividades reproductivas que son necesarias para la reposición y manutención de la fuerza de trabajo (trabajo dentro del hogar y cuidado de los hijos) como las actividades productivas orientadas hacia el mercado (García y de Oliveira, 2006, pág. 39). Tanto en el ámbito doméstico como en los demás escenarios en los que transcurre la existencia humana siempre hay un intercambio, dimensión que en las parejas del mismo sexo tiene una construcción particular en cuanto a la gestión de las necesidades de la vida individual y de la vida de pareja.

Al respecto, se exploran los acuerdos que se realizan alrededor de los intercambios en el ámbito doméstico en estos hogares y se indaga si en ellos se recrea y sedimenta la división social del trabajo basada en la lógica heteronormativa, o si, por el contrario, en sus dinámicas se reconfiguran las nociones de feminidad y masculinidad arraigadas en la historia patriarcal de Occidente (Curiel 2007; Lugones, 2007; Rivera 1996 y 2010, citados en Gutiérrez-Rodríguez, 2012, pág. 3). Tal exploración se realiza a partir de la participación de los integrantes de la pareja en lo que Goffman (1959) denomina “funciones de fachada” (front stage), a través de tareas y actividades relacionadas con la toma de decisiones relativas al hogar y con la proveeduría económica, y “funciones de trastienda” (back stage), por medio de la realización de las tareas domésticas.

Una mirada a las dinámicas de toma de decisiones en los hogares conformados por parejas del mismo sexo evidencia una marcada presencia de decisiones compartidas en los asuntos relacionados con las actividades íntimas y sociales que brindan bienestar y placer a la pareja, como reunirse con amigos, ir a un bar o discoteca y tener relaciones sexuales (véase el cuadro 2).

Cuadro 2

Ciudad de México (2006) y Eje Cafetero de Colombia (2012): toma de decisiones en hogares conformados por parejas del mismo sexo, según género

(En porcentajes)

¿Quién decide?

Gasto de dinero

Compra en el mercado

Compra de bienes

Reunirse con amigos

Ir a un bar o discoteca

Dónde vivir o cuándo mudarse

Qué hacer en el tiempo libre

Tener relaciones sexuales

Si se usa protección durante las relaciones sexuales

Frente a los hijos

Hombres (México)

N

130

130

123

124

118

130

128

-

-

-

Encuestado

29,2

36,9

28,2

26,1

28,4

30,0

25,1

-

-

-

Pareja

23,1

19,2

25,3

21,5

27,6

24,6

20,4

-

-

-

Juntos

42,3

37,7

39,6

50,2

42,2

42,3

51,9

-

-

-

Otros

5,4

6,2

6,9

2,2

1,8

3,1

2,6

-

-

-

Hombres (Colombia)

N

156

154

142

147

148

123

151

156

136

14

Encuestado

36,5

35,7

40,1

22,4

23,0

34,1

23,2

19,2

27,9

14,3

Pareja

27,6

16,9

20,4

19,7

19,6

21,1

16,6

15,4

6,6

42,9

Juntos

31,4

39,6

33,1

57,1

57,4

43,1

60,3

65,4

65,4

28,6

Otros

4,5

7,8

6,3

0,7

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

14,3

Mujeres (Colombia)

N

156

156

143

148

151

129

150

155

44

61

Encuestada

34,0

27,6

23,8

17,6

19,9

20,9

16,7

13,5

2,3

57,4

Pareja

29,5

23,7

26,6

26,4

28,5

21,7

25,3

14,8

6,8

19,7

Juntas

34,0

41,7

44,8

56,1

51,7

54,3

58,0

71,6

88,6

21,3

Otros

2,6

7,1

4,9

0,0

0,0

3,1

0,0

0,0

2,3

1,6

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de las encuestas levantadas en Ciudad de México y Eje Cafetero Colombiano.

Una lectura con perspectiva de género de estos asuntos permite afirmar que existe una mayor tendencia a la democratización en la toma de decisiones en las parejas conformadas por mujeres frente a las de los hombres, ya que en las primeras tanto las tareas de trastienda como las de fachada se presentan compartidas en un alto porcentaje. En los hombres, en cambio, las decisiones relacionadas con el dinero sobresalen por tomarse por separado.

Se evidencia una alta democratización en los asuntos relativos a la sexualidad, ya que dos de cada tres hombres y más del 70% de las mujeres comparten las decisiones en torno a la frecuencia y el uso de protección.

Un último aspecto relevante en la toma de decisiones es el relativo a los hijos. En el caso de los hombres, estas decisiones están centradas en los entrevistados, mientras que, en el caso de las mujeres, se centran en sus parejas, lo que puede ser coincidente con que los hijos que se reportan sean de los unos y de las otras y que sus respectivas parejas no intervienen en las decisiones tomadas respecto de ellos.

En un segundo plano se exploran los elementos relacionados con el aspecto económico y los datos revelan diferencias en la forma en que las parejas del mismo sexo se organizan para la proveeduría (véase el cuadro 3). Una de cada dos mujeres encuestadas que dijo haber vivido en pareja manifestó que los aportes económicos se realizaban por partes iguales. Los aportes también aparecen como igualitarios entre los hombres de Ciudad de México, mientras que entre los colombianos los aportes equitativos se reducen a uno de cada tres hombres. La situación de las personas encuestadas en el Eje Cafetero colombiano da cuenta de mayores niveles de dependencia de la familia de alguno de los miembros de la pareja, con respecto a los hombres de Ciudad de México. Esta situación puede indicar la mayor precariedad que los contextos de menor desarrollo urbano y dinámica económica provocan sobre el establecimiento de unidades domésticas, en este caso de parejas del mismo sexo, donde son necesarios apoyos familiares para lograr equilibrios en la economía doméstica (Núñez, Ramírez y Cuesta, 2006). Las mayores demandas de apoyo económico por parte de la familia también son más comunes en parejas jóvenes, ya que entre ellas la precariedad del empleo es más evidente (BID, 2016).

En las parejas lésbicas se notan los mayores aportes de las familias: un 51% por parte de la familia de la entrevistada y un 36% de la familia de la pareja, en cualquiera de las modalidades. Estos datos ponen en evidencia que las parejas de mujeres necesitan de las redes familiares para poder sostenerse financieramente, lo que además es una clara señal de las diferencias de género que afectan el establecimiento y la estabilidad de los hogares conformados por parejas del mismo sexo, especialmente de mujeres.

Cuando se analiza la proveeduría económica por cohorte, se observa que en ambos contextos esta es asumida de forma exclusiva por un gran porcentaje (cercano al 30%) de hombres mayores de 40 años. Lo contrario se evidencia en las cohortes más jóvenes de encuestados, donde sobresale la cifra de ningún aporte económico (también cercana al 30%). Estos datos pueden revelar la existencia de una relación de dependencia y desigualdad, donde uno de los marcadores fundamentales es la diferencia de edad en la pareja, con un adulto mayor proveedor y uno joven dependiente. En las mujeres esta situación no es tan clara cuando se hacen análisis por cohortes.

Cuadro 3

Ciudad de México (2006) y Eje Cafetero de Colombia (2012): distribución de los aportes económicos en los hogares conformados por parejas del mismo sexo, por género

(En porcentajes)

Todo o la mayor parte

La mitad

Menos de la mitad

Nada

Hombres (México)

Encuestado (n=130)

20,0

46,9

22,3

10,8

Pareja (n=130)

24,6

49,2

16,9

9,2

Familia del encuestado (n=20)

5,4

2,3

6,9

85,4

Familia de la pareja (n=12)

3,8

0,0

4,6

91,5

Hombres (Colombia)

Encuestado (n=152)

37,5

32,9

11,2

18,4

Pareja (n=149)

28,2

34,9

18,1

18,8

Familia del encuestado (n=55)

7,3

14,5

7,3

70,9

Familia de la pareja (n=54)

5,6

5,6

9,3

79,6

Mujeres (Colombia)

Encuestada (n=156)

23,1

46,8

16,0

14,1

Pareja (n=152)

23,0

46,1

17,1

13,8

Familia de la encuestada (n=41)

12,2

4,9

34,1

48,8

Familia de la pareja (n=36)

22,2

2,8

11,1

63,9

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de las encuestas levantadas en Ciudad de México y Eje Cafetero Colombiano.

Por último, se presenta un análisis de la división del trabajo doméstico en hogares conformados por parejas del mismo sexo. Las llamadas “funciones de trastienda” (como lavar, cocinar, limpiar la casa y planchar) son realizadas en un alto porcentaje por ambos integrantes de la pareja, tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres (véase el cuadro 4).

Al comparar los datos de cocinar y lavar la vajilla, dos actividades complementarias en el trabajo doméstico, parece existir un patrón de especialización en los hombres, tendencia que también se ha constatado en otras investigaciones (Carrington, 1999). En las mujeres parece evidenciarse un patrón de especialización en las actividades de lavado y planchado.

También se evidencia que las parejas de hombres acuden más a terceros para estas labores que las de mujeres, lo que puede interpretarse como el apoyo doméstico de una persona contratada. La posibilidad de contratar personal doméstico depende de las condiciones económicas, que son mucho más favorables para los hombres que para las mujeres encuestadas.

Cuadro 4

Ciudad de México (2006) y Eje Cafetero de Colombia (2012): distribución de las tareas del hogar en parejas del mismo sexo corresidentes, según género

(En porcentajes)

¿Quién?

Cocina

Limpia la casa

Lava la vajilla

Compra mercadería/Va al mercado

Lava y plancha

Hace reparaciones

Hace trámites

Administra el hogar

Limpia y lava el auto

Hombres (México)

N

128

130

130

130

130

129

130

130

83

Encuestado

41,0

24,6

34,6

27,7

12,3

33,7

38,5

44,6

31,2

Pareja

25,1

13,1

26,2

10,0

11,5

29,4

28,5

23,1

33,8

Juntos

18,5

15,4

20,0

53,8

22,3

13,4

23,8

23,8

29,5

Otros

15,4

46,9

19,2

8,5

53,8

23,5

9,2

8,5

5,5

Hombres (Colombia)

N

152

157

155

152

150

145

156

157

89

Encuestado

24,3

24,2

23,9

24,3

20,7

30,3

38,5

43,3

36,0

Pareja

17,8

15,3

21,3

17,8

12,0

28,3

30,8

21,7

38,2

Juntos

34,9

32,5

36,8

48,0

33,3

16,6

19,9

25,5

14,6

Otros

23,0

28,0

18,1

9,9

34,0

24,8

10,9

9,6

11,2

Mujeres (Colombia)

N

157

157

156

155

155

149

152

155

74

Encuestada

31,8

28,7

29,5

18,7

19,4

31,5

34,2

32,9

21,6

Pareja

28,0

25,5

23,1

11,6

23,2

28,9

27,6

21,9

33,8

Juntas

26,1

35,0

37,8

58,7

37,4

19,5

25,0

32,9

31,1

Otros

14,0

10,8

9,6

11,0

20,0

20,1

13,2

12,3

13,5

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de las encuestas levantadas en Ciudad de México y Eje Cafetero Colombiano.

Bajo la hipótesis de la tercerización de las tareas de trastienda, que adquieren un carácter más rutinario en la vida cotidiana a través de la figura de una mujer (ya sea mediante la contratación de los servicios o el apoyo voluntario sin remuneración económica por parte de parientes), se asume que en los hogares conformados por parejas del mismo sexo se asiste a la tradicional feminización de las tareas de cuidado y manutención del hogar. Esto se basa en los datos de las actividades como limpiar la vivienda y lavar y planchar, que son realizadas por otras personas en uno de cada dos hogares en el caso de Ciudad de México y en cerca del 30% en el de los encuestados en Colombia. En el caso de las mujeres, los porcentajes están entre el 10% y el 20% en ambas actividades. Estos datos, obtenidos de las submuestras, señalan que la tercerización de las funciones de trastienda es mayor entre los hombres y permitirían inferir su valoración como trabajo feminizado. Este hallazgo puede interpretarse como una perpetuación de los roles y estereotipos de género en el espacio doméstico, en el cual los hombres encuestados conservan la tradicional distancia que la lógica heterosexista les ha asignado frente a lo que Anderson (citada en Gutiérrez-Rodríguez, 2012) denomina “trabajo sucio” (dirty work), de inferioridad social, atribuido a las labores domésticas.

En esta misma línea argumentativa, las parejas de hombres tienen una mayor participación individual y conjunta en el trabajo “más agradable” dentro del escenario doméstico, en el que se agrupan las labores de cuidado de los hijos, administración del hogar y lavado del auto. Los porcentajes de tercerización son mínimos en todas estas actividades.

Esta reflexión conduce inexorablemente a considerar el trabajo en los hogares de mujeres, desde la perspectiva planteada por Gutiérrez-Rodríguez (2012), como prácticas que se sedimentan en la división social del trabajo con base en la lógica heteronormativa, a través de la cual se explica el trabajo reproductivo como terreno femenino. Así se crea una correlación entre “mujer y reproducción” que no resulta contradictoria entre dos mujeres que conviven. Carrington (1999) encontró similares hallazgos para la zona de California, donde el ideal hacia relaciones de igualdad está permeado por la disponibilidad de un trabajador doméstico.

Algunas actividades que revelan la dimensión afectiva de las tareas cotidianas de la pareja se relacionan con cocinar e ir al mercado, dos tareas que muchas parejas, tanto de hombres como de mujeres, realizan de manera conjunta.

Aun con las distancias evidenciadas en los hombres para acercarse a las funciones domésticas feminizadas, es importante, como lo plantea Manrique (1996), rescatar que la conformación de un hogar intragenérico remueve los cimientos de la definición de “ser hombre” desde un sistema patriarcal, que lo relaciona estrictamente con el trabajo fuera de casa, la toma de decisiones y el ejercicio de la patria potestad de los hijos. En los hogares conformados por parejas del mismo sexo, ninguna función o tarea doméstica está asignada en función exclusiva del género, sino que unas y otros están llamados a negociar sus acciones posicionales en la díada conyugal, partiendo de su referente como individuos reflexivos. Se trata de identificar el placer o malestar que las tareas domésticas les generan en su vida cotidiana y, a partir de allí, buscar el mejor encuadre que ayude al bienestar conyugal y al mantenimiento del hogar.

E. Conclusiones

La investigación realizada en dos contextos latinoamericanos —una megalópolis y cuatro ciudades pequeñas en contextos de economía agrícola cafetera— contribuye a la discusión sobre las posibilidades existentes en las relaciones entre personas del mismo sexo de construir la domesticidad o cohabitación en pareja y definir reglas y prácticas que pueden —o no— ser igualitarias si se leen en clave de género. Estas posibilidades están permeadas tanto por condiciones estructurales relacionadas con el contexto de desarrollo urbano-económico, que favorecen o restringen la emergencia de este tipo de hogares, como por situaciones propias y subjetivas de los integrantes de la pareja, que van desde la posición socioeconómica y educativa y el momento generacional en que se da el emparejamiento, hasta la misma homofobia interna.

En las muestras estudiadas, la experiencia de la corresidencia en parejas del mismo sexo parece reflejar una contradicción entre el discurso referido a procesos de toma de decisiones que evocan igualdad y la decisión conjunta de la pareja y aquel que refiere al trabajo doméstico propiamente dicho, donde emergen diferencias entre las parejas conformadas por hombres y por mujeres en función de la complejidad del trabajo, la situación socioeconómica y la capacidad de tercerización de las labores de mantenimiento del hogar. Aparecen diferencias en las funciones de fachada (proveeduría económica) y en las funciones de trastienda (labores de cuidado y tareas domésticas). Pichardo, de Stéfano y Martín-Chiappe (2015) reconocen que, si bien existen rupturas con respecto a la valoración del trabajo doméstico en parejas del mismo sexo, también hay continuidades, tales como la externalización de las tareas domésticas a través de madres, abuelas o empleadas del hogar, en el caso de algunas parejas de hombres. “Se pone así de manifiesto que en el interior de una pareja los roles de género pueden ser horizontales y equilibrados, pero es posible continuar reproduciendo el ordenamiento clásico de las tareas domésticas de una forma más sutil sólo accesible a través de la observación etnográfica” (Pichardo, 2009, págs. 198 y 199). Parece entonces existir una conciencia contradictoria en los discursos y las prácticas en torno al trabajo doméstico y de cuidado en parejas del mismo sexo, especialmente masculinas.

Una mirada a las dinámicas de toma de decisiones en los hogares conformados por parejas del mismo sexo evidencia un elevado número de decisiones compartidas en los asuntos relacionados con las actividades íntimas y sociales que brindan bienestar y placer a la pareja, como reunirse con amigos, ir a un bar o discoteca, decidir qué hacer en el tiempo libre o los acuerdos y negociaciones vinculados a la sexualidad.

En este estudio emerge lo hallado por Carrington (1999) en parejas del mismo sexo en San Francisco respecto de que la igualdad y la eficiencia no necesariamente coexisten en armonía: mientras que algunas parejas optan por la eficiencia y no por la igualdad, otras expresan que sus relaciones son inequitativas pero justas, en tanto que los compañeros o compañeras que realizan las tareas domésticas lo conciben como una contribución por el salario, la riqueza y el prestigio que reciben de su pareja. Domínguez (2012) constató una situación muy similar para el caso español. Sus estimaciones le permiten inferir un gran incremento en el tiempo que quienes no trabajan dedican a las tareas domésticas y un marcado descenso entre quienes aportan al hogar más ingresos que sus parejas. Berger (1990) encontró que el aspecto financiero juega un papel importante en la determinación de la igualdad y la autonomía de las parejas en todo tipo de relaciones; el poder que otorga el dinero es una parte central de la autoidentidad, genera confianza y autonomía en el sujeto y lo sitúa en una dimensión menos vulnerable en una relación de pareja. En igual sentido, la relación de pareja se hace menos vulnerable cuando la dimensión financiera es satisfactoria en ambos integrantes. Para Domínguez (2012), la ocupación y el dinero parecen ser los factores más decisivos a la hora de determinar el tipo y la calidad del trabajo doméstico que realizan las parejas en España.

Si bien entre las parejas encuestadas existe una gran apuesta por la igualdad en la vida doméstica, esta no ocurre en el vacío y se manifiesta bajo ciertas condiciones socioculturales y económicas[9]. Las investigaciones parecen señalar que, en su devenir cotidiano, las parejas del mismo sexo muchas veces terminan reafirmando normas, tal vez de manera poco reflexiva y dialógica, lo que refuerza los imaginarios y estereotipos de género que consideran al trabajo doméstico y de cuidado como algo femenino.

No obstante, no se puede concebir la corresidencia en el marco del homoerotismo como una réplica del modelo de vida de las parejas heterosexuales, donde las posiciones y los roles, especialmente asociados al trabajo doméstico y de cuidado, están definidos por el sexo o el género. Por el contrario, esta experiencia relacional debe enmarcarse como un proyecto de vida dirigido a una satisfacción madura del deseo, la compañía, el afecto, el amor y la descendencia. Tampoco se puede caer en la idealización y hay que reconocer que, en tanto construcción humana, las parejas del mismo sexo están atravesadas por las mismas situaciones que permean el resto de los vínculos: celos, violencia, infidelidad, desamor, dominación e inequidad. En este sentido, debe advertirse que este tipo de relaciones se mueven en una especie de ambigüedad discursiva, parecida a la que experimentan las parejas jóvenes heterosexuales que se niegan a reproducir patrones y modelos tradicionales de emparejamiento, corresidencia y parentalidad.

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[1] Profesional en Desarrollo Familiar y Doctor en Estudios de Población. Docente e Investigador del Departamento de Estudios de Familia de la Universidad de Caldas (Colombia). Correo electrónico: gabriel.gallego@ucaldas.edu.co.

[2] Filósofo y Magíster en Estudios de Familia. Docente e Investigador del Departamento de Historia y Geografía de la Universidad de Caldas (Colombia). Correo electrónico: jose.vasco@ucaldas.edu.co.

[3] El concepto de homoparentalidad es relativamente nuevo. El neologismo fue acuñado en 1997 por la Asociación de Padres y Futuros Padres Gays y Lesbianas en París y refiere a un adulto que se reconoce homosexual, o que asume algunas de las categorías de identidad LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y trans), y es, o pretende ser, padre o madre de un niño (Zambrano, 2006).

[4] Véase Gallego y otros (2017).

[5] Con “heteronormatividad” nos referimos a la posición discursiva que entiende las relaciones e identidades heterosexuales como ubicuas, omnipresentes, ahistóricas, incuestionables y dominantes en el sistema sexo-género.

[6] Si bien la afirmación introductoria al párrafo hace referencia a cómo el trabajo doméstico ha estado muy asociado al género en los países en desarrollo, también se reconoce que los países llamados “desarrollados” presentan un gran dilema en los asuntos referidos a la reproducción de la vida cotidiana en el espacio doméstico. Si bien estos países en general tienen mejores indicadores de equidad de género, según estudios dados a conocer por ONU-Mujeres (Fredman y Goldblatt, 2015), las labores de cuidado, en buena medida, han estado en manos de mujeres migrantes. De acuerdo con Sassen (2005) y Orozco (2007), la conformación de las cadenas globales de cuidados es uno de los fenómenos más paradigmáticos del actual proceso de feminización de las migraciones en el contexto de la globalización y la transformación de los Estados de bienestar. Las cadenas globales de cuidados son cadenas de dimensiones transnacionales que se conforman con el propósito de sostener cotidianamente la vida, y en las que los hogares transfieren trabajos de cuidados de unos a otros sobre la base de ejes de poder, entre los que cabe destacar el género, la etnia, la clase social y el lugar de procedencia.

[7] Según el criterio establecido en el marco de esta investigación, “relación de pareja” se define como una relación con tres meses o más de duración.

[8] Es necesario advertir que, al momento de la encuesta, ni en Ciudad de México (2006) ni en Colombia (2012) existía legislación sobre el matrimonio igualitario. En Ciudad de México este fue aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en 2009, mediante la modificación del art. 146 del Código Civil. Posteriormente, el 12 de junio de 2015, la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de las prohibiciones en el resto de la República (Jurisprudencia 43/2015). En Colombia, la Corte Constitucional declaró constitucional el matrimonio entre personas del mismo sexo a finales de abril de 2016 (Sentencia SU- 214/16).

[9] A partir de las teorías de los recursos relativos, del género y las consideraciones del curso de vida, y tomando como fuente de datos las encuestas sobre generaciones y género de Australia, Austria, Bélgica, Francia, Noruega, los Países Bajos y Suecia, Bauer (2016) encuentra que las parejas del mismo sexo se involucran en más tareas domésticas por igual y que su estructura de reparto es menos segregada y se equilibra más equitativamente. Las ventajas comparativas, las diferencias de ciclo de vida y los roles de género contribuyen a explicar los niveles más altos de igualdad en las parejas del mismo sexo en comparación con las parejas heterosexuales.

Evolución reciente de las uniones consensuales entre los jóvenes del Uruguay

Wanda Cabella[1]

Mariana Fernández Soto[2]

Recibido: 30/06/2017

Aceptado: 04/09/2017

Resumen

A pesar del incremento explosivo de las uniones libres y de que son un fenómeno que ha creado cierta controversia, todavía es escasa la acumulación de investigaciones sobre los factores vinculados a la preferencia que las nuevas generaciones tienen por ellas. El objetivo del presente trabajo es analizar los cambios en el perfil de los jóvenes cohabitantes en el Uruguay entre 1990 y 2015. Se trabaja con varones y mujeres de entre 20 y 34 años, a partir de un enfoque descriptivo basado en información transversal obtenida de la Encuesta Continua de Hogares. También se utilizan modelos multivariados para estimar la probabilidad de estar en una unión libre de acuerdo a diferentes atributos. Los resultados confirman que la expansión de la cohabitación ha sido un fenómeno de carácter generacional que involucra a jóvenes de todos los sectores sociales. La unión consensual mantiene ciertos contornos sociales, por ejemplo, sigue siendo más frecuente entre los sectores con bajo nivel educativo. No obstante, con el paso del tiempo, el gradiente social tiende a disiparse y las características demográficas (como la edad y el haber tenido hijos) cobran más importancia en la elección del tipo de unión. Se concluye que es necesario profundizar la investigación en torno a las características y las trayectorias de los cohabitantes, para lo cual es preciso contar con información longitudinal adecuada y más investigación cualitativa.

Palabras clave: primera unión, unión consensual, matrimonio, Uruguay.

Abstract

Despite the explosive growth in consensual unions, and the controversy surrounding them, little research has yet been done on the factors associated with younger generations’ preference for these types of unions. This paper analyses the changes in the profile of young cohabitants in Uruguay between 1990 and 2015, using a descriptive approach based on cross-sectional information extracted from the Continuous Household Survey to look at men and women between 20 and 34 years of age. It also employs multivariate models to estimate the probability of being in a consensual union depending on different attributes. The results confirm that the increase in cohabitation is a generational phenomenon involving young people from all socioeconomic levels. There are certain social traits associated with consensual unions, however; for example, they tend to be more frequent among those with low education levels, although this social gradient tends to dissipate over time as demographic characteristics (such as age and having children) become more decisive in the choice of union type. The article concludes that broader research is needed on the characteristics and trajectories of cohabitants, which requires suitable longitudinal information and more qualitative research.

Keywords: first union, consensual union, marriage, Uruguay.

Résumé

Malgré l’explosion des unions libres et le fait qu’elles aient fait l’objet de controverses, les recherches sur les facteurs liés à la préférence que les nouvelles générations leur accordent sont encore rares. Cet article cherche à étudier l’évolution du profil des jeunes cohabitants en Uruguay entre 1990 et 2015. L’univers analysé est composé d’hommes et de femmes âgés de 20 à 34 ans, en utilisant une approche descriptive basée sur des informations transversales obtenues à partir de l’Enquête continue sur les ménages. Des modèles à variables multiples ont également été utilisés pour estimer la probabilité d’être en union libre selon différents attributs. Les résultats confirment que la fréquence accrue de la cohabitation a été un phénomène de type générationnel qui concerne des jeunes de tous les secteurs sociaux. L’union consensuelle conserve certains contours sociaux ; elle est, par exemple, encore plus fréquente parmi les secteurs à faible niveau d’éducation. Cependant, au fil du temps, le gradient social tend à se dissiper et les caractéristiques démographiques (comme l’âge et le fait d’avoir eu des enfants) jouent un rôle plus déterminant dans le choix du type d’union. On en déduit qu’il est nécessaire d’approfondir la recherche sur les caractéristiques et les trajectoires des cohabitants, ce qui requiert des informations longitudinales adéquates et davantage de recherches qualitatives.

Mots clés: première union, union consensuelle, mariage, Uruguay.

Introducción

Durante las últimas tres décadas, la formación de las uniones en Uruguay experimentó cambios radicales. Hasta los años ochenta, solo una escasa proporción de las parejas iniciaba su vida conyugal sin optar por el matrimonio legal; en 2015, en torno al 80% de los jóvenes unidos de entre 20 y 29 años estaban en unión consensual. Los datos sugieren que posiblemente ya no se trate de un fenómeno vinculado a las primeras etapas de la vida conyugal, sino que es cada vez más importante el número de parejas que eligen permanecer en unión consensual. En tal sentido, con este trabajo se busca aportar evidencia sobre los cambios en el perfil de los jóvenes cohabitantes entre 1990 y 2015.

A pesar de que el aumento de las uniones consensuales es uno de los cambios centrales del escenario familiar uruguayo, son escasos los investigadores que se han detenido a estudiar los cambios en el perfil de los cohabitantes y los factores sociodemográficos asociados a este tipo de unión, en particular entre las nuevas generaciones. La relevancia de su estudio se justifica al menos por tres motivos. Por un lado, el patrón que se observa sugiere que se ha consolidado una nueva forma de concebir la vida en pareja, cuyas consecuencias para las personas y las familias aún no son del todo conocidas. Por otra parte, existe abundante evidencia sobre la mayor inestabilidad de las uniones consensuales, por lo que es esperable que su expansión contribuya a aumentar los niveles de ruptura conyugal (Amato, 2010; Bernardi, Härkönen y Boertien, 2013; McLanahan y Percheski, 2008). Por último, las estadísticas vitales muestran que la gran mayoría de los nacimientos ocurre fuera del matrimonio (el 70% en 2010) y, si bien no podemos estimar qué proporción de parejas se casa después, lo cierto es que existe una creciente proporción que cría a sus hijos en el marco de uniones de hecho (Fostik y Laplante, 2014).

Los cambios realizados en el Código de la Niñez y la Adolescencia en 2004 contribuyeron a equiparar los derechos de los niños independientemente de la naturaleza de la unión. Sin embargo, en algunos estudios se ha puesto de manifiesto que aún existen disparidades en los derechos de los adultos (Fostik y Laplante, 2014). A pesar de que en 2006 se promulgó una ley que instauró las uniones concubinarias y otorgó a los cónyuges de las uniones libres los mismos derechos que a los casados, lo cierto es que muy pocas parejas se acogieron a esta nueva ley[3]. Junto con esto, la expansión de las uniones consensuales supone un cambio valorativo sobre las relaciones de pareja, como se establece en los planteamientos de la segunda transición demográfica. Es escaso lo que se conoce sobre la heterogeneidad del significado de las uniones libres.

En este documento se busca profundizar en la evolución de los perfiles demográficos de los cohabitantes a partir del análisis de la Encuesta Continua de Hogares (ECH), un relevamiento que se realiza anualmente y cuya principal función es ofrecer información a fin de monitorear las condiciones de vida de la población, el ingreso y el mercado laboral. Si bien la ECH no es la mejor fuente para estudiar la dinámica de las uniones consensuales, el fenómeno de la cohabitación en el Uruguay solo ha sido abordado de forma parcial en documentos que tratan sobre el cambio familiar o en los que se establecen comparaciones con otros países (Esteve y Lesthaeghe, 2016; Binstock y otros, 2016). Por lo tanto, consideramos útil un texto en el que se profundice en las características básicas de los cohabitantes y en la dinámica de sus transformaciones. Entendemos que esta descripción contribuirá a formular nuevas preguntas de investigación, así como a evidenciar qué aspectos tienen una evolución conocida y cuáles ameritan estudios específicos, de corte cuantitativo y cualitativo.

El documento se organiza de la siguiente manera. En la sección que figura a continuación se delinean las principales características del crecimiento de las uniones libres y se reseña la discusión que ha estado presente en las ciencias sociales en torno al significado social de su crecimiento. Le sigue un apartado dedicado a la descripción de los datos y métodos que se utilizan, y luego se presenta la sección de resultados. La última sección contiene unas breves reflexiones finales.

A. Cambio familiar en décadas recientes, evolución de las uniones consensuales y debates en torno a su crecimiento

Se han desarrollado dos grandes vertientes teóricas respecto del incremento de la cohabitación: las explicaciones de corte culturalista, según las cuales las transformaciones se relacionan con cambios generales en la población a nivel valorativo (Van de Kaa, 1987; Lesthaeghe, 1995; Beck y Beck-Gernsheim, 1998; Giddens, 1995), y las explicaciones de corte materialista, en las que se plantea que las condiciones económicas en el curso de la vida son las que han determinado la transformación de los patrones de unión conyugal (Becker, 1987; Oppenheimer, 1988).

La primera perspectiva se basa en dos propuestas teóricas: el proceso de individualización social y la segunda transición demográfica (STD). Van de Kaa (1987) describe la STD como la confluencia de varios cambios de la vida familiar: el aumento de las disoluciones conyugales, la cohabitación y el nacimiento de hijos por fuera del matrimonio, así como el descenso de la fecundidad, producto esencialmente de un cambio de valores respecto a la familia y los hijos (Van de Kaa, 1987). Los mecanismos demográficos regulatorios —protagonistas en la primera transición demográfica— han sido reemplazados por el principio de libertad de elección y definición individual de la calidad de las relaciones personales que se establecen (Lesthaeghe, 1995). La STD sintetiza un cambio de valores que permite pasar del matrimonio a la cohabitación, de los niños a la pareja adulta como centro familiar, y de una familia relativamente uniforme a la diversificación de los hogares y las familias (Van de Kaa, 1987).

Por su parte, el proceso de individualización permite entender el marco en que están insertas las relaciones conyugales y sus cambios. Las posibilidades de elección aumentan y las biografías se tornan más abiertas a la autoconstrucción, en un contexto donde los proyectos individuales adquieren importancia (Beck y Beck-Gernsheim, 1998). También los individuos están más centrados en sus propias necesidades y buscan formas de familia y relaciones que le den satisfacción a estas (Lesthaeghe y Surkyn, 2004; Giddens, 1992). En los cambios de los patrones de unión y formación de la familia subyace un proceso en que el logro de las metas individuales adquiere cada vez más centralidad (Lesthaeghe, 1995). En este sentido, la cohabitación se presenta como una forma de unión laxa y desinstitucionalizada, que se corresponde con los cambios valorativos y actitudinales que se establecen en la STD y el proceso de individualización.

En el enfoque materialista-economicista se distinguen dos teorías que brindan una explicación a los cambios en la formación de las familias: la teoría del intercambio (Becker, 1987) y la teoría de los modelos de búsqueda marital (marital search theory) (Oppenheimer, 1988). La primera teoría parte de la idea de que el matrimonio históricamente ha sido un intercambio de complementariedad entre varones y mujeres, y que este ha sido su principal beneficio. En tal sentido, se establece que el matrimonio es más ventajoso cuantos más atributos haya para intercambiar entre los cónyuges. El incremento del nivel educativo de las mujeres y de su participación en el mercado laboral ha llevado a que, de forma concomitante, disminuyera su especialización en la esfera doméstica y aumentara su independencia económica. Por tanto, los atributos para intercambiar se reducen y el matrimonio pierde parte de su atractivo. El incremento del estatus educativo de las mujeres explicaría, en parte, la postergación del inicio de la vida conyugal y la pérdida de importancia del matrimonio, debido a la incompatibilidad entre las actividades domésticas y las extradomésticas (Becker, 1987).

La otra vertiente es la teoría de los modelos de búsqueda marital, propuesta inicialmente por Oppenheimer (1988). La explicación de esta teoría se centra en la relación que existe entre la vida conyugal y la transición a los roles económicos adultos. Se establece que las tendencias de formación familiar están vinculadas de forma directa con las incertidumbres asociadas al futuro económico del potencial cónyuge. La naturaleza de los roles económicos adultos y los tiempos de transición hacia un trabajo estable son una fuente de incertidumbre en la sociedad industrial, dado que el trabajo afecta la estructuración de las parejas y el estilo de vida, y determina el estatus socioeconómico potencial. Oppenheimer (1988) argumenta que, al ser el matrimonio un acuerdo de largo plazo y la naturaleza de la transición a la adultez más compleja e insegura, el emparejamiento puede ser un proceso cargado de incertidumbres sobre el futuro estilo de vida de los individuos, que no se corresponde con el acuerdo en que está basado el matrimonio. El resultado de este proceso de creciente incertidumbre es, o bien un período más largo de búsqueda de cónyuge (retraso del calendario), o bien el inicio de la vida conyugal a través de la cohabitación como un acuerdo provisorio (Oppenheimer, 1988; Oppenheimer, Kalmijn y Lim, 1997).

En el Uruguay, pocas áreas de la vida social han experimentado cambios tan profundos y en tan corto espacio de tiempo como la vida familiar. Entre las familias actuales y los patrones de formación de familias vigentes a principios de los años ochenta hay profundas diferencias en casi todos los indicadores. Desde mediados de la década de 1970, se desencadenó un proceso de cambio de las familias que se acentuó a mediados de la década de 1980 e hizo eclosión en los años noventa (Cabella, 2009). Entre las tendencias que cabe resaltar se cuentan el aumento del divorcio, la caída de la nupcialidad y el aumento de las uniones libres, acompañados por el vertiginoso aumento de los nacimientos extramatrimoniales y la caída de la fecundidad. La magnitud y las características del cambio familiar en el Uruguay han sido objeto de diversos estudios y existe una amplia bibliografía en la que se documentan sus particularidades (Cabella, Fernández y Prieto, 2015; Fostik, 2014; Fernández, 2010; Cabella, 2009 y 2007; Filgueira, 1996; Peri, 2003; Paredes, 2003; Cabella, 1998a; Varela, Pollero y Fostik, 2008; Videgain, 2012, entre otros).

La reducción de los matrimonios y el concomitante aumento de las uniones consensuales se cuentan entre los cambios de mayor magnitud en la esfera de los indicadores de cambio familiar. Entre los inicios de la década de 1990 y la actualidad, la tasa de nupcialidad se redujo a la mitad y la unión libre se transformó en la principal forma de entrada en unión (véase el gráfico 1).

Gráfico 1

Uruguay: evolución de los indicadores de la vida familiar, 1985-2015

(En porcentajes y tasas por 1.000)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de encuestas continuas de hogares y estadísticas vitales del Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Salud Pública.

a La tasa de nupcialidad se estima como el número de matrimonios anuales sobre el total de personas de 15 años y más.

b La proporción de nacimientos extramatrimoniales es la porción de nacimientos que ocurre fuera del matrimonio en cada año, respecto al total de nacimientos.

c El indicador coyuntural de divorcialidad (ICD) es una medida de naturaleza predictiva que permite evaluar la intensidad del divorcio en un momento particular y se interpreta como el porcentaje de matrimonios constituidos en determinado año que eventualmente terminarán en ruptura, siempre y cuando las tasas de divorcio por duración se mantengan estables.

d La proporción de uniones libres entre las mujeres de 15 a 29 años se refiere a la proporción en el total de las mujeres que se encuentran en algún tipo de unión.

En el gráfico 2 se presenta la evolución de la proporción de uniones libres en el total de uniones en los grupos quinquenales de edad. Se evidencia la magnitud de las transformaciones que experimentaron las nuevas generaciones en las formas de iniciar la vida conyugal, la velocidad con que se procesó el cambio entre los jóvenes y, finalmente, el aumento de las uniones libres en las edades adultas. Si bien en los años más recientes el ritmo de crecimiento de la unión consensual se reduce entre las generaciones más jóvenes —vinculado a que el margen de ampliación ya es pequeño en estos grupos—, a partir de 2005 la unión libre gana terreno con mayor intensidad entre las personas que superan los 30 años.

A medida que se puso en evidencia la magnitud del aumento de las uniones consensuales, surgió un cierto nivel de debate respecto al significado social de su crecimiento. Por un lado, en una postura se asoció el crecimiento de las uniones consensuales con los procesos de exclusión económica y social que se agudizaron durante los años ochenta y noventa, en particular los cambios en el mercado de trabajo (mayor inestabilidad y deterioro de la calidad del empleo y el salario masculino). Dos renombrados sociólogos (véanse Kaztman 1993 y 2001; Filgueira, 1996) argumentaron que el deterioro de las condiciones sociales y laborales afectaron las posibilidades de los jóvenes de iniciar relaciones estables y disuadieron a los varones de asumir compromisos conyugales duraderos como el matrimonio. Según esta posición, si bien para una pequeña parte más educada de las nuevas generaciones, la unión libre era la expresión de comportamientos de tipo moderno, el grueso del crecimiento de este tipo de unión se explicaba por la expansión de las uniones libres “históricas”, es decir, por su aumento en los grupos sociales que por razones de exclusión económica no accedían al matrimonio. Esta interpretación estaría más en consonancia con las teorías que asocian la caída de los matrimonios y el aumento de las uniones consensuales con cambios en las condiciones económicas de vida. Un estudio que se llevó a cabo a inicios de los años noventa, cuando se iniciaba el período de crecimiento explosivo, mostró que, entre los sectores más educados, la cohabitación prenupcial era vivida como un período de prueba, mientras que, entre los jóvenes de sectores populares, esta fase implicaba un compás de espera mientras se reunían las condiciones socialmente necesarias para casarse (Cabella, 1998b). En este sentido, puede decirse que, entre aquellos que decidían iniciar su vida conyugal fuera del marco legal, convivían distintos significados sobre esa fase inicial de convivencia prematrimonial.

En una línea de interpretación diferente y sobre la base de los enfoques culturalistas, como la segunda transición demográfica (Van de Kaa, 1987; Lesthaeghe, 1995; Beck y Beck-Gernsheim, 1998; Giddens, 1995), otros investigadores priorizaron la importancia de la difusión de nuevos valores y actitudes en torno a la vida conyugal. El crecimiento de la unión libre y su expansión a todos los sectores sociales se interpretó como la instalación de un nuevo pacto conyugal, cada vez más desvinculado del marco institucional del matrimonio. Sin desconocer la heterogeneidad del significado de la unión libre y la diversidad de las consecuencias sociales que esta acarreaba entre los distintos estratos, en esta postura se priorizó la importancia del cambio generacional en relación con las formas de entrada en unión conyugal (véase Peri, 2003; Cabella, 2008; Cabella y Vigorito, 2002). Desde esta perspectiva, se consideró también que, en este proceso, las mujeres no ocuparon necesariamente un rol pasivo en la elección del tipo de unión (Cabella y Vigorito, 2002). Esto se oponía a la posición anterior, que preconizaba la importancia de la “incertidumbre de rol” de los varones, es decir, sus dificultades para adaptarse a circunstancias económicas y culturales que cuestionaban su papel como proveedores económicos únicos en el ámbito familiar. De acuerdo con Kaztman (1993 y 2001), este fenómeno fue el principal motor masculino para evadir el compromiso matrimonial y optar por vínculos conyugales más laxos.

Gráfico 2

Uruguay urbano: proporción de mujeres y varones en unión libre respecto al total de los que están en unión, según grupo de edad quinquenal, 1990-2015 (años seleccionados)

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística, [en línea] http://ine.gub.uy/encuesta-continua-de-hogares^1.

El debate se ha desvanecido en los últimos años, a medida que la expansión de las uniones consensuales fue avanzando a un ritmo extremadamente veloz, con independencia de las coyunturas del mercado laboral y el entorno económico y social (Binstock y otros, 2016). Aunque no se ha saldado la discusión respecto a qué fuerzas desencadenaron el crecimiento de las uniones consensuales, lo cierto es que la masificación del fenómeno en el país y en gran parte del mundo alejó la explicación que se basaba en factores de estricta índole local, para colocar el fenómeno en el marco más amplio de los cambios globales que afectan la formación de uniones. En este marco, mediante esta investigación se busca conocer cómo ha evolucionado el perfil de los jóvenes cohabitantes en el Uruguay.

Otro aspecto que cabe destacar es la precocidad con la que se extendieron las uniones consensuales no tradicionales o la “nueva cohabitación” en el Uruguay, en comparación con el conjunto de países de la región. Debe recordarse que, en la historia del Uruguay, si bien la unión libre ha coexistido con el matrimonio, no puede hablarse de la existencia histórica de sistemas duales de nupcialidad[4], en tanto la proporción de uniones libres ha sido siempre marginal respecto al matrimonio en comparación con otras regiones de América Latina (Castro Martín, 2002; Quilodrán, 2001). Hacia mediados del siglo XX, la formalización de las uniones era la norma en el país. Sin embargo, el Uruguay ha sido uno de los países pioneros de lo que Esteve, Lesthaeghe y López-Gay (2012) denominaron el auge de la cohabitación en América Latina, que tuvo su máxima expresión en el país durante los primeros años de la década de 1990. El Uruguay ha sido uno de los países en que el fenómeno ha avanzado con mayor rapidez y ha llegado a alcanzar niveles extraordinariamente altos. Los países del Cono Sur forman un bloque singular en cuanto a la evolución de las uniones consensuales: su presencia fue tradicionalmente escasa en la Argentina, Chile y el Uruguay, pero se propagó de forma incipiente entre los jóvenes de los años setenta y a una velocidad extrema en la década de 1990 (Binstock y otros, 2016; Binstock y Cabella, 2011).

B. Datos y métodos

Tal como se señaló con anterioridad, en este trabajo se busca evidenciar los cambios en el perfil de los cohabitantes entre 1990 y 2015. Para ello, el análisis se centra en la población de mujeres y varones de entre 20 y 34 años que están en algún tipo de unión. Se consideró este tramo de edad a efectos de estudiar la evolución de la unión libre entre los jóvenes y, en particular, analizar su dinámica como forma de entrada en la primera unión. Excluimos el grupo de 14 a 19 años porque en su mayor parte comprende personas que no están en unión. Un grupo de edad alternativo para estudiar la primera unión hubiera sido el de 20 a 29 años, pero, de acuerdo con las Encuestas Nacionales de Adolescencia y Juventud de 1990 y 2008, s una proporción importante y estable de varones (70%) y una proporción menor de mujeres (60% en 1990 y 50% en 2008) no experimentó su primera unión antes de los 30 años. Es por ello que se ha decidido incluir al grupo siguiente, a efectos de incorporar en el análisis el grueso de los jóvenes que iniciaron su vida conyugal[5].

Sin embargo, incluir el grupo de 30 a 34 años introduce distorsiones, porque a esas edades ya existe una proporción de personas que pasaron por separaciones y divorcios. Ello incide en la subestimación de las personas que ya experimentaron su primera unión, pero en el momento de las encuestas se encuentran en el estado “separado o divorciado” y, por otro lado, es posible que aumente la cantidad de uniones de orden superior. Como no es posible saber si se trata de primeras o ulteriores uniones a partir de la Encuesta Continua de Hogares, es posible que se trate como personas que se encuentran en primera unión a una porción que ya está cursando uniones de orden superior. En términos relativos, la cantidad de divorcios y separaciones es baja a esas edades, pero sin duda entorpece el supuesto de que básicamente se está tratando con primeras uniones.

Para acompañar la evolución de las uniones consensuales, se consideran tres momentos en el tiempo: 1990, 2006 y 2015. A pesar de que es posible acceder a los microdatos de las ECH a partir de 1982, el análisis comienza en 1990, para tomar el inicio de la década en que, según sabemos, se produce el gran crecimiento de las uniones consensuales. En el siguiente año seleccionando, 2006, tuvo lugar una edición especial de la encuesta de hogares: la Encuesta Nacional de Hogares Ampliada. Ese año, la muestra fue particularmente grande (256.000 personas, lo que representa alrededor del 8% de la población total del país) y se modificaron sustantivamente los formularios de la encuesta. A efectos de este análisis, interesa destacar que se introdujeron cambios en el relevamiento de la relación de parentesco, lo que permite identificar relaciones filiales y de pareja de forma más exhaustiva que en años anteriores. Por otro lado, se incorporaron preguntas sobre fecundidad. Como el interés es estudiar en qué medida las uniones consensuales se asocian o no con contextos conyugales de reproducción, se seleccionó el primer y el último año (2015) en que se dispone de esta información.

Los datos utilizados provienen de una serie armonizada por el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Entre los procedimientos que se aplicaron en el marco de la armonización, se creó una variable que permite seleccionar a la población residente en centros urbanos de 5.000 personas y más. En este artículo se trabaja exclusivamente con esa población, que representa más del 80% del total de la población uruguaya en todo el período considerado[6]. Asimismo, se armonizaron las variables que recogen la situación conyugal y el estado civil, atendiendo a los cambios incorporados en las distintas versiones de los formularios que se adaptaron durante estos años.

En la investigación se parte de un enfoque transversal y descriptivo, con el objetivo de identificar la magnitud del cambio en la entrada a la vida conyugal y de caracterizar a los cohabitantes. Se utilizan técnicas de análisis multivariado para estimar la probabilidad de estar en una unión libre de acuerdo con diferentes atributos. Con ese fin, se estimaron modelos de regresión logística tomando como variable dependiente estar en una unión libre entre los 20 y los 34 años. Las variables independientes que se consideran para estimar estas probabilidades son el sexo, el área de residencia y los años de educación alcanzados[7].

El nivel educativo se estratificó de la siguiente manera: el nivel bajo comprende a quienes alcanzaron entre 0 y 8 años de estudios, lo que equivale a no haber completado el primer ciclo de secundaria; el nivel medio aglutina a quienes tienen entre 9 y 11 años de estudios, es decir, que superaron el primer ciclo de secundaria, pero no alcanzaron el nivel terciario, y el nivel alto incluye a todas las personas que tienen 12 años de estudios o más, lo que equivale a haber ingresado al ciclo superior del sistema educativo.

Se estiman modelos separados en relación con 2006 y 2015, y con cada grupo de edad (de 20 a 24, de 25 a 29, y de 30 a 34 años). El propósito de estos modelos básicos fue estimar la evolución de la probabilidad de estar en una unión libre, controlando por las principales variables demográficas. Debe notarse que el número de variables escogidas es restringido, a pesar de que la ECH es un instrumento que se destaca por proporcionar nutrida información sobre el trabajo y los ingresos de las personas. En esta oportunidad se optó por usar solo las variables que tenían mayor probabilidad de no estar vinculadas con los cambios de estado conyugal. Una excepción que merece señalarse es la condición de maternidad: a pesar de que no podemos determinar si el nacimiento de los hijos es posterior o anterior a la situación conyugal declarada en las ECH, incluimos variables relativas a la fecundidad porque consideramos que es una dimensión clave para avanzar en la interpretación del significado de las uniones consensuales[8].

Luego, se estiman dos modelos adicionales de regresión logística para 2006 y 2015. Solo se consideran estos dos últimos años porque, como ya se señaló en esta sección, a partir de 2006 se cuenta con más información sobre los atributos de las personas cohabitantes, por ejemplo, su fecundidad. En estos modelos, la variable dependiente es estar en una unión libre entre los 20 y 34 años, y las variables independientes que se consideran son: edad, sexo, nivel educativo alcanzado, ascendencia racial (afro o no afro), área de residencia y haber tenido al menos un hijo[9].

Por último, es importante recalcar que, al trabajar con datos transversales, existen varias limitaciones. Por ejemplo, a medida que avanza la edad, se empieza a incluir una mayor diversidad de situaciones conyugales: hay más personas en unión libre en segundas nupcias, más personas separadas o divorciadas, entre otras. Esta limitante hace que nuestros resultados no sean tan claros y contundentes como podrían ser si trabajáramos con información longitudinal sobre la historia conyugal de las personas. No obstante, los datos transversales nos permiten ver cómo cambia a través del tiempo el perfil demográfico de las personas cuya primera unión es una unión libre. En los cuadros A1.4 y A1.5 del anexo A1 se presentan indicadores de distribución de las variables utilizadas en el estudio.

C. Resultados

1. Evolución de las uniones consensuales juveniles según sexo y edad

En las curvas del gráfico 3 se recoge la enorme transformación que tuvo lugar en la modalidad de entrada en unión entre las nuevas generaciones, y se refleja el avance incontestable de las uniones consensuales[10]. Entre las personas de 20 a 34 años que residen con una pareja, la probabilidad de estar en unión libre crece de manera espectacular en los últimos 25 años y pasa de 0,12, en 1990, a 0,76, en 2015. Si bien la probabilidad aumenta a un ritmo similar entre varones y mujeres, los hombres jóvenes presentan una probabilidad algo más alta que las mujeres en 2006 y 2015[11].

En los años que transcurrieron entre 1990 y 2006, se procesó un cambio de enorme magnitud. En este primer tramo, el crecimiento de las uniones consensuales fue muy acentuado, en parte porque los niveles de partida eran relativamente bajos: mientras que a inicios de la década de 1990, la proporción de uniones libres no rebasaba el 15%, en 2006, la mitad de las mujeres jóvenes unidas había optado por la unión consensual y una proporción algo superior de los hombres había hecho lo mismo. En el período que va de 2006 a 2015, el proceso de crecimiento se profundizó. Ese último año, más del 70% de las mujeres y casi el 80% de los hombres jóvenes que vivían en pareja lo hacían sin estar casados. En suma, en la primera década del siglo XXI, el patrón de formación de uniones entre los jóvenes estaba claramente liderado por la unión consensual, que pasó a ser la norma social, mientras que el matrimonio directo pasó a ocupar un lugar marginal.

Si analizamos la probabilidad de estar en una unión consensual tomando en cuenta la edad, se observa que esta aumentó a través del tiempo en los tres grupos (véase el gráfico 4). El aumento fue vertiginoso entre 1990 y 2006, y se acentuó en la última década. De hecho, la brecha de nivel es tan aguda entre ambos años que no permite distinguir las diferencias por edad en las curvas de 1990.

Gráfico 3

Uruguay urbano: probabilidad predicha de estar en una unión consensual entre los 20 y 34 años de edad, según sexo (modelos logísticos), 1990, 2006 y 2015a

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de la Encuesta Continua de Hogares de 1990, 2006 y 2015.

a Predicción llevada a cabo mediante modelos de regresión logística. Controlado por años de educación y áreas de residencia.

Gráfico 4

Uruguay urbano: probabilidad predicha de estar en unión libre, por edad y período, según sexo (modelos logísticos), 1990, 2006 y 2015a

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de la Encuesta Continua de Hogares de 1990, 2006 y 2015.

a Predicción llevada a cabo mediante modelos de regresión logística. Se considera solamente a las personas que se encuentran en algún tipo de unión.

Mientras que la cohabitación tiende a ser universal entre las personas de 20 a 24 años que están unidas (en 2015 es más del 90% de las mujeres y casi el 100% de los hombres), la unión libre se reduce entre las personas de 25 a 29 años y es aún menor en el grupo de jóvenes que tienen entre 30 y 34 años. Dado que estamos considerando estrictamente a las personas que viven en pareja, este descenso refleja que una parte de ellas tiende a convertir la cohabitación en matrimonio[12]. Otro proceso que también puede explicar el descenso es que el nivel de separaciones y divorcios entre las uniones consensuales sea superior al de los matrimonios, dado que el indicador que estamos usando es la relación de las uniones consensuales entre el total de unidos, esto es, entre la suma de personas casadas y en unión consensual[13]. Un mayor nivel de ruptura en las uniones consensuales implicaría automáticamente el aumento relativo de los matrimonios.

De modo que la reducción de las uniones consensuales con la edad puede explicarse por dos factores: conversión en matrimonio e intensidad diferencial de ruptura según el tipo de unión. También es importante destacar la presencia de un cambio generacional en la propensión a la unión consensual, lo que lleva a que la reducción aminore a medida que se avanza hacia cohortes más jóvenes. El tipo de información que estamos usando no nos permite dilucidar cuánto aporta cada uno de estos factores a la caída de la unión consensual en los grupos de edad más tardíos. De todos modos, la caída de la unión consensual con la edad no opaca otro fenómeno que deja en evidencia el gráfico 4: en 2015, los cohabitantes superan con creces a los casados también en los grupos de edad mayores. En efecto, en la edad de 30 a 34 años, el 60% de las mujeres y el 70% de los hombres que están en unión son cohabitantes.

Independientemente de las dificultades de interpretación que se derivan de la información transversal, agravadas por la creciente movilidad conyugal, lo cierto es que la magnitud de personas que están en unión consensual en las edades en que se procesa el grueso de la reproducción sugiere que este tipo de entrada en unión es frecuente entre las nuevas generaciones como una forma alternativa al matrimonio. Aunque es probable que, junto con estos cohabitantes de largo plazo, coexistan otros que deciden combinar un período de cohabitación con el matrimonio, ya sea como preludio o como prueba de la unión, lo cierto es que la fuerte prevalencia de la consensualidad en todos los grupos de edad analizados sugiere que se están consolidando variantes más “institucionalizadas” de la unión consensual.

Por último, los varones de todas las edades tienen mayor probabilidad de estar en una unión libre. La brecha se amplía entre los 30 y los 34 años, lo que nos inclina a sospechar que la diferencia pueda explicarse por el hecho de que los varones tienden a formar uniones con mayor rapidez que las mujeres luego de una separación o se unen más tardíamente.

2. Evolución de las uniones consensuales juveniles según nivel educativo

La expansión de las uniones consensuales acarreó un proceso de incorporación de todos los sectores sociales. A inicios de 1990, solo un grupo minoritario de las mujeres y los varones con menos educación formal estaba en unión consensual, aunque ese grupo era claramente más numeroso que el integrado por aquellos situados en el estrato medio o alto de educación (véase el gráfico 5). En 2015, la cohabitación era la forma más frecuente de convivencia conyugal en todos los grupos educativos.

Gráfico 5

Uruguay urbano: proporción de mujeres y varones de entre 20 y 34 años en unión libre respecto al total de los que están en unión, por nivel educativo y período, 1990, 2006 y 2015

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de la Encuesta Continua de Hogares de 1990, 2006 y 2015.

En 2015, dos tercios de quienes alcanzaron el nivel terciario, tres cuartos de quienes alcanzaron el nivel medio y algo más del 80% de las personas que tenían bajo nivel educativo convivían sin legalizar su unión.

Las curvas del gráfico 6 ponen en evidencia interesantes diferencias si se considera el nivel educativo y la edad. Puede observarse que, en 1990, el gradiente educativo en torno a la unión consensual estaba marcado con claridad: se observaba una fuerte primacía de la cohabitación entre las personas con menos años de educación y una tendencia a que esta desapareciera entre los grupos con nivel educativo muy alto. En 2006, las curvas muestran un cambio evidente hacia la reducción de las brechas educativas, aunque persiste el mismo patrón que se visualizaba en 1990. Diez años después, las brechas se redujeron aún más, pero continúa vigente el patrón que se observaba en los dos puntos anteriores, aunque muy amortiguado, sobre todo entre los más jóvenes. En 2015, en la franja de 25 a 29 años, la probabilidad de que una persona con 15 años de educación estuviera en una unión consensual era casi 10 puntos inferior a la de una persona con solo 7 años de educación.

Gráfico 6

Uruguay urbano: probabilidad predicha de estar en unión libre según sexo, grupo de edad y años de estudio (modelos logísticos), 1990, 2006 y 2015a

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Encuesta Continua de Hogares de 1990, 2006 y 2015.

a Predicción llevada a cabo mediante modelos de regresión logística.

Por último, otro aspecto que cabe destacar es la caída de la probabilidad de estar en unión libre en el grupo de 30 a 34 años a medida que aumenta el nivel educativo en todos los años considerados. Si bien en este grupo de edad, la mitad de quienes tenían nivel terciario en 2015 optaron por cohabitar, la reducción respecto al grupo de 25 a 29 años es significativamente más importante que entre quienes tienen un nivel educativo más bajo. Ello indicaría que las personas que acumulan más años de educación tienen mayor propensión a convertir la unión en matrimonio cuando ella se estabiliza y es probable que tiendan a legalizar las uniones con la llegada de los hijos.

3. Maternidad y unión consensual

En los últimos dos decenios, la cohabitación se transformó en una opción válida, no solo para sostener una unión conyugal estable, sino también para dar inicio a la vida reproductiva. En 1990, del total de mujeres jóvenes que tenían al menos un hijo y estaban en unión, en torno al 20% estaba en unión consensual (véase el gráfico 7). En 2015, la mayor parte de las mujeres jóvenes que tenían hijos y estaban unidas, estaban en unión consensual. Una vez más, se deben notar las restricciones de los datos, no solo en cuanto a los problemas que provoca el no contar con información longitudinal, sino también en cuanto a las relaciones de parentesco, que, a efectos de la comparación, solo nos permiten considerar a las personas que se declaran jefas o cónyuges. Por otra parte, en este caso solo se están considerando las mujeres que son madres y están en unión, sin controlar por otras características. A pesar de estas restricciones, puede decirse que, en estos años, se ha operado un cambio de magnitud considerable en el significado de la unión consensual como contexto de la reproducción. Fostik y Laplante (2014) usan datos de encuestas retrospectivas del año 2007 y muestran que la llegada de los hijos se produce antes y con mayor intensidad entre quienes están casados, pero que también las uniones consensuales son un contexto de inicio de la maternidad que adquiere importancia con el paso de las generaciones.

Para finalizar, presentamos una regresión logística con las variables que hemos utilizado hasta el momento y otras adicionales (lugar de residencia y ascendencia racial) (véase el cuadro 1). Lo que es más importante, los resultados que presentamos en este análisis incluyen una variable de fecundidad que se refiere a todas las mujeres unidas y no solo a aquellas que se declaran cónyuges o jefas de hogar. Los resultados confirman varias de las tendencias reseñadas anteriormente: la cohabitación decrece con la edad y el nivel educativo, aunque esta última relación deja de ser significativa en 2015, si se la compara con el estrato bajo y medio. La ascendencia racial, considerada como una variable binaria que indica si la persona declara que es afrodescendiente o no, también pierde significación en 2015, al igual que el área de residencia. Por otra parte, se encuentra que existe una relación significativa entre la unión consensual y el no haber tenido hijos, lo que podría interpretarse, o bien como una dilación del inicio de la vida reproductiva, o bien como el hecho de que no tener hijos aumenta la posibilidad de estar cohabitando en lugar de estar casado.

Gráfico 7

Uruguay urbano: proporción de mujeres con hijos en unión libre en el total de las mujeres con hijos, según edad simple y período, 1990, 2006 y 2015

(En porcentajes y años)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de la Encuesta Continua de Hogares de 1990, 2006 y 2015.

Cuadro 1

Uruguay urbano: modelos de regresión logística de la probabilidad de que las mujeres de entre 20 y 34 años estén en unión libre, 2006 y 2015

2006

2015

Grupo de edad

(ref. 20-24)

25-29 años

0,483***

0,400***

(0,0408)

(0,0532)

30-34 años

0,258***

0,213***

(0,0219)

(0,0274)

Nivel educativo alcanzado

(ref. bajo)

Medio

0,623***

0,826

(0,0462)

(0,0880)

Alto

0,377***

0,467***

(0,0359)

(0,0535)

Ascendencia racial

Afro

1,307*

1,045

(ref. no afro)

(0,136)

(0,144)

Área de residencia

(ref. interior)

Montevideo

1,255***

0,981

(0,0800)

(0,0857)

Fecundidad

(ref. sin hijos)

Con hijos

0,537***

0,496***

(0,0497)

(0,0582)

Constante

4,438***

15,92***

(0,503)

(2,551)

ll

-55 106,2

-54 732,6

aic

110 228,3

109 481,2

bic

110 281,7

109 529,8

r2_p

0,0888

0,0916

N

5 868

3 195

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la Encuesta Continua de Hogares de 2006 y 2015.

Nota: Coeficientes exponenciados; error estándar entre paréntesis; datos ponderados; * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001; mujeres en algún tipo de unión.

Considerados en su conjunto, estos resultados sugieren que la edad y la fecundidad son variables que influyen especialmente en la elección del tipo de unión, mientras que las características sociales tienden a desvanecerse como predictores de la unión consensual.

D. Reflexiones finales

La unión consensual como forma de inicio de la vida conyugal se ha extendido a todos los sectores sociales. De acuerdo con nuestros resultados, las variables de identificación social no son significativas como factores determinantes en la decisión de cohabitar, o tienden a perder relevancia, como es el caso de la educación. Más allá de las restricciones de este estudio y de las variables que hemos podido contemplar, es posible pensar que ya no tiene sentido trazar una “sociografía de la cohabitación” (Roussel, 1994). Se puede afirmar que la expansión de las uniones consensuales refleja un cambio generacional de enorme dimensión, en el que se incorporan, más que grupos sociales específicos, generaciones de jóvenes con contornos socioeconómicos cada vez más desdibujados. En este sentido, habría elementos para sustentar la hipótesis de una transformación de valores que remite a la narrativa de la segunda transición demográfica (secularización, igualdad de género, individualismo, fortalecimiento de la autonomía individual, rechazo a la regulación institucional de las relaciones privadas y otros).

No obstante, aún hace falta mucha investigación para estudiar a fondo la heterogeneidad social de los cohabitantes en el Uruguay, así como sus trayectorias de forma detallada. También hace falta comprender mejor los vínculos entre la elección conyugal, las carreras profesionales, la educación y el comportamiento reproductivo. Es necesario ahondar en el significado de la unión consensual a partir de estudios que provean información mucho más rica y variada, por ejemplo, en lo que atañe a las actitudes, las expectativas y la percepción de la protección social.

En el país ha habido avances en la institucionalización de las uniones libres. Entre los más importantes, cabe destacar los cambios incorporados en el nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia (2004), en el que se regula la filiación de los hijos nacidos de uniones libres y se permite que reciban el apellido del padre biológico, aun cuando la madre no haya disuelto un vínculo matrimonial anterior. En 2006, se aprobó la Ley de Unión Concubinaria, una figura legal que permite a las parejas que han cohabitado por más de cinco años registrar la unión judicialmente y garantizar sus derechos sucesorios y algunos beneficios de la seguridad social. A pesar de que esta ley representa un avance, el número de parejas que ha recurrido a este mecanismo ha sido muy marginal, ya que en los hechos implica un proceso caro y complejo. Si se considera el crecimiento enorme de las uniones consensuales, la rapidez con que han permeado todos los sectores sociales y la importancia que adquieren como contexto de reproducción, en el país se debería prestar bastante más atención a los marcos regulatorios que protegen a los miembros de las parejas cohabitantes y a sus hijos.

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Anexo A1

Cuadro A1.1

Uruguay urbano: modelos de regresión logística sobre la probabilidad de estar en unión libre en la primera unión, según grupos de edad, 1990, 2006 y 2015

1990

1990

1990

1990

1990

2006

2006

20 a 29 años

20 a 34 años

20 a 24 años

25 a 29 años

30 a 34 años

20 a 29 años

20 a 34 años

Años de educación

0,820***

0,823***

0,801***

0,831***

0,831***

0,932***

0,900***

-0,0175

-0,0129

-0,0285

-0,022

-0,022

-0,00717

-0,00485

Montevideo

1,115

1,072

1,452*

0,971

0,971

1,156**

1,217***

(ref. interior)

-0,113

-0,081

-0,248

-0,123

-0,123

-0,0577

-0,0437

Mujeres

1,027

1,007

1,084

0,994

0,994

0,809***

0,868***

(ref.varones)

-0,106

-0,0761

-0,197

-0,126

-0,126

-0,0421

-0,0318

Constante

0,902

0,828

0,947

0,876

0,876

4,482***

3,610***

-0,216

-0,142

-0,386

-0,259

-0,259

-0,492

-0,277

ll

-1 265

-2 342,1

-439,4

-822,7

-822,7

-85 677,3

-167 242,1

aic

2 538

4 692,2

886,8

1 653,3

1 653,3

171 362,7

334 492,3

bic

2 562,1

4 719,1

906,4

1 675,9

1 675,9

171 391,2

334 523,2

Seudo R2

0,0488

0,052

0,0541

0,0473

0,0473

0,0123

0,025

N

3 073

6 066

1 004

2 069

2 069

9 185

16 851

2006

2006

2006

2015

2015

2015

2015

2015

20 a 24 años

25 a 29 años

30 a 34 años

20 a 29 años

20 a 34 años

20 a 24 años

25 a 29 años

30 a 34 años

Años de educación

0,952**

0,940***

0,888***

0,927***

0,913***

0,936**

0,946***

0,920***

-0,0156

-0,00836

-0,00702

-0,0102

-0,00611

-0,0217

-0,0119

-0,00784

Montevideo

1,428***

1,104

1,275***

0,981

1,01

0,824

1,061

1,049

(ref. interior)

-0,135

-0,0668

-0,0689

-0,0792

-0,0514

-0,141

-0,0987

-0,0719

Mujeres

0,669***

0,800***

0,810***

0,828*

0,876**

0,813

0,782**

0,776***

(ref.varones)

-0,0697

-0,0495

-0,0442

-0,0673

-0,0442

-0,145

-0,0725

-0,052

Constante

7,893***

3,373***

2,801***

15,58***

10,11***

28,89***

10,41***

6,668***

-1,72

-0,435

-0,318

-2,54

-1,037

-10,36

-1,919

-0,898

ll

-25 010,6

-58 683

-75 602,5

-70 809,4

-158 085,4

-17 263,4

-52 010,5

-80 827,6

aic

50 029,3

117 374,1

151 213

141 626,9

316 178,9

34 534,7

104 028,9

161 663,2

bic

50 053,6

117 400,9

151 240,7

141 652,9

316 207,4

34 556,6

104 053,2

161 688,5

Seudo R2

0,0146

0,011

0,0346

0,014

0,022

0,0102

0,0102

0,0241

N

3 217

5 968

7 666

4 950

9 117

1 739

3 211

4 167

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de la Encuesta Continua de Hogares de 1990, 2006 y 2015.

Nota: Coeficientes exponenciados; error estándar entre paréntesis; datos ponderados; * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.

Cuadro A1.2

Uruguay urbano: distribución del tipo de unión de la población, según grupos de edad, nivel educativo alcanzado, sexo y período, 1990, 2006 y 2015

(En porcentajes)

1990

Varones

Mujeres

Bajo

Medio

Alto

Total

Bajo

Medio

Alto

Total

20 a 24 años

Matrimonio

79,3

87,9

91,7

82,25

76,2

92,1

91,5

82,73

Cohabitación

20,7

12,1

8,3

17,75

23,8

7,9

8,5

17,27

25 a 29 años

Matrimonio

79,9

91,8

92,2

85,07

79,9

91,6

93,4

85,49

Cohabitación

20,1

8,3

7,8

14,93

20,1

8,5

6,6

14,51

30 a 34 años

Matrimonio

82,7

91,5

94,5

86,81

82,4

94,3

92,9

87,87

Cohabitación

17,3

8,5

5,5

13,19

17,6

5,7

7,1

12,13

2006

Varones

Mujeres

Bajo

Medio

Alto

Total

Bajo

Medio

Alto

Total

20 a 24 años

Matrimonio

18,1

23,1

25,4

19,6

24

29,3

31,9

26,4

Cohabitación

81,9

76,9

74,6

80,4

76

70,7

68,1

73,6

25 a 29 años

Matrimonio

35,1

38,6

43,9

36,9

39,1

49,8

54,7

45

Cohabitación

65

61,4

56,1

63,1

60,9

50,2

45,3

55,1

30 a 34 años

Matrimonio

46,3

59,9

72,2

53,8

53,1

64,8

71,1

60,7

Cohabitación

53,7

40,1

27,8

46,2

46,9

35,2

28,9

39,3

2015

Varones

Mujeres

Bajo

Medio

Alto

Total

Bajo

Medio

Alto

Total

20 a 24 años

Matrimonio

6,6

10,3

10,34

7,79

8,6

10,92

12,27

9,94

Cohabitación

93,4

89,7

89,66

92,21

91,4

89,08

87,73

90,06

25 a 29 años

Matrimonio

13,2

18,81

25,54

17,45

20,32

21,91

25,56

22,52

Cohabitación

86,8

81,19

74,46

82,55

79,68

78,09

74,44

77,48

30 a 34 años

Matrimonio

25,52

32,98

42,56

31,85

31,48

38,18

47,46

39,2

Cohabitación

74,48

67,02

57,44

68,15

68,52

61,82

52,54

60,8

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la Encuesta Continua de Hogares de 1990, 2006 y 2015.

Cuadro A1.3

Uruguay urbano: proporción de mujeres separadas o divorciadas en relación con el total de las mujeres, por edad quinquenal, 1990, 2006 y 2015

(En porcentajes)

20 a 24 años

25 a 29 años

30 a 34 años

35 a 39 años

40 a 44 años

45 a 49 años

Total

1990

3,3

5,9

6,8

9,2

11,2

11,5

7,9

2006

2,0

5,0

8,0

12,7

16,0

18,9

10,4

2015

9,4

13,7

15,8

19,1

21,1

22,8

16,8

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Encuesta Continua de Hogares de 1990, 2006 y 2015.

Cuadro A1.4

Uruguay urbano: media, desvío estándar y cantidad de casos de las variables utilizadas, mujeres de entre 20 y 34 años, 1990, 2006 y 2015

(En decimales y número de personas)

1990

2006

2015

Media

Desvío

N

Media

Desvío

N

Media

Desvío

N

En unión libre

0,14

0,35

3 407

0,52

0,50

9 380

0,73

0,44

5 042

Años de educación

9,44

3,69

3 407

9,73

3,49

9 380

11,18

3,85

5 042

Edad

28,48

3,96

3 407

28,19

4,00

9 380

28,22

3,99

5 042

Con hijos en una unión (cuando son jefas o cónyuges)

0,84

0,37

2 908

0,83

0,38

8 201

0,72

0,45

4 512

Con hijos en una unión (sin importar si son jefas o no lo son)

--

--

--

0,83

0,38

8 412

0,72

0,45

4 586

Separadas o divorciadas

0,05

0,22

6 043

0,05

0,22

18 070

0,14

0,34

10 313

Residentes en Montevideo

0,52

0,50

3 407

0,50

0,50

9 380

0,45

0,50

5 042

Afrodescendientes

--

--

--

0,11

0,31

9 380

0,12

0,32

5 042

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de la Encuesta Continua de Hogares de 1990, 2006 y 2015.

Nota: En la variable relativa a las separadas o divorciadas, se consideró a toda la población. En el resto de las variables, se consideró solamente a las personas que se encontraban en una unión.

Cuadro A1.5

Uruguay urbano: media, desvío estándar y cantidad de casos de las variables utilizadas, varones de entre 20 y 34 años, 1990, 2006 y 2015

1990

2006

2015

Media

Desvío

N

Media

Desvío

N

Media

Desvío

N

En unión libre

0,14

0,35

2 659

0,58

0,49

7 471

0,77

0,42

4 075

Años de educación

9,17

3,57

2 659

9,04

3,25

7 471

10,14

3,63

4 075

Edad

29,19

3,64

2 659

28,81

3,82

7 471

28,78

3,85

4 075

Con hijos en una unión (cuando son jefes o cónyuges)

0,80

0,40

2 202

0,79

0,41

6 236

0,68

0,47

3 521

Con hijos en una unión (sin importar si son jefes o no lo son)

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Separados o divorciados

0,03

0,17

5 365

0,02

0,14

16 843

0,07

0,25

9 632

Montevideo

0,55

0,50

2 659

0,51

0,50

7 471

0,45

0,50

4 075

Afrodescendiente

--

--

--

0,13

0,33

7 471

0,12

0,33

4 075

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de la Encuesta Continua de Hogares de 1990, 2006 y 2015.

Nota: En la variable relativa a los separados o divorciados, se consideró a toda la población. En el resto de las variables, se consideró solamente a las personas que se encontraban en una unión.

[1] Profesora Agregada del Programa de Población de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Correo electrónico: wanda.cabella@cienciassociales.edu.uy.

[2] Asistente de Investigación del Programa de Población de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Correo electrónico: mariana.fernandez@cienciassociales.edu.uy.

[3] Para transformar una unión consensual en unión concubinaria es necesario demostrar cinco años de convivencia previa y hacer una serie de trámites judiciales que exigen tiempo y dinero.

[4] Se entiende por sistemas duales de nupcialidad a aquellos en que la cohabitación y el matrimonio coexisten como forma de unión.

[5] No se utilizan las Encuestas Nacionales de Adolescencia y Juventud debido a que solamente se aplican a los jóvenes de hasta 29 años, mientras que, para este trabajo, se procuró incorporar al análisis también a aquellas personas que se unen más tardíamente.

[6] En las Encuestas Continuas de Hogares de entre 1986 y 1997, se consideraba población residente en localidades con más de 900 habitantes. Entre 1998 y 2005, en dichas encuestas se representaban las localidades de 5.000 habitantes o más. A partir de 2006, las encuestas pasaron a ser representativas de toda la población.

[7] Los criterios de selección de las variables independientes fueron tres: i) disponibilidad en encuestas de tipo transversal, ii) variables estructurales que no cambiasen en el tiempo debido a la trayectoria conyugal, y iii) variables que permitieran captar el gradiente socioeconómico.

[8] En los cuadros A1.4 y A1.5 se presenta la distribución de las variables independientes utilizadas en el estudio.

[9] La variable “hijos”, que muestra si la persona tiene al menos un hijo dentro de una unión, se construye de dos maneras. Por un lado, para poder comparar las tres encuestas, solamente consideramos a las personas que son jefas o cónyuges en sus hogares y que tienen hijos. Esto se debe a que, en 1990, no se pregunta si la mujer tuvo hijos nacidos vivos, ni se puede identificar a las parejas dentro de los hogares extendidos o compuestos, cuando las personas no son jefas o cónyuges. Esta restricción, que permite comparar los tres años, excluye a las personas que están en pareja y viven en hogares extendidos o compuestos. De 2006 en adelante, en las ECH se incorporan preguntas que permiten identificar a las parejas y sus hijos dentro de los hogares extendidos, y se pregunta a todas las mujeres si tuvieron hijos nacidos vivos. Por otro lado, como en 2006 y 2015 sí contamos con información sobre si la mujer tuvo hijos y también podemos identificar a las parejas dentro de los hogares extendidos o compuestos, construimos una nueva variable que permite saber si los cohabitantes tienen hijos.

[10] Las probabilidades predichas provienen de los modelos de regresión logística estimados. Estos modelos están detallados en el apartado de Datos y métodos, y los valores de los coeficientes se pueden consultar en el cuadro del anexo A1.

[11] Las diferencias son estadísticamente significativas en 2006 y 2015.

[12] Este patrón se produce únicamente en las curvas de 2006 y 2015; en 1990, la curva es uniforme para todas las edades, con una probabilidad de entre 0,1 y 0,2.

[13] El mayor riesgo de separación de las uniones consensuales ha sido ampliamente estudiado. Véase, por ejemplo, Manning y Smock (2007) y Tach y Edin (2013).

Evaluación de la cobertura y el contenido en censos protoestadísticos: el caso del padrón de la ciudad y la campaña de Buenos Aires de 1827[1]

Luis Pablo Dmitruk[2]

Recibido: 05/06/2017

Aceptado: 10/08/2017

Resumen

En este artículo, llevaremos a cabo una evaluación crítica de un censo correspondiente a la etapa protoestadística: el padrón de la ciudad y la campaña de Buenos Aires de 1827. A simple vista, en el padrón se observa una población feminizada y con crecimiento negativo en comparación con los recuentos anteriores. No obstante, a partir de una evaluación completa de la cobertura y el contenido, llegamos a la conclusión principal de que esta realidad es en gran parte aparente, por los siguientes motivos: los distintos problemas del padrón (omisión de población, planillas censales extraviadas), y el complejo contexto de la época (la guerra con el Brasil y el conflicto político entre el poder central y las provincias).

Palabras clave: demografía histórica, Buenos Aires, siglo XIX, evaluación censal.

Abstract

This paper conducts a critical assessment of a census carried out in a proto-statistical era: the register of the city and rural plain of Buenos Aires of 1827. At first sight, the register indicates a feminized population and overall negative growth compared to previous counts. However, after a comprehensive evaluation of the register’s coverage and content, the authors conclude that these characteristics are largely only apparent owing to various problems (population omissions, lost census forms) and the complexities of the times (the war with Brazil and political conflict between the central power and the provinces).

Keywords: historical demography, Buenos Aires, nineteenth century, census evaluation.

Résumé

Cet article présente une évaluation critique d’un recensement correspondant au stade protostatistique: le recensement de la ville et la campagne de Buenos Aires de 1827. À première vue, le recensement montre une population féminisée et une croissance négative par rapport aux recensements précédents. Cependant, une évaluation approfondie de la couverture et du contenu permet de conclure que cette réalité est largement apparente, pour les raisons suivantes: les différents problèmes du recensement (omission de la population, pertes de formulaires censitaires), et le contexte complexe de l’époque (la guerre avec le Brésil et le conflit politique entre le pouvoir central et les provinces).

Mots clés: démographie historique, Buenos Aires, 19e siècle, évaluation censitaire.

Introducción

La historia demográfica de la etapa colonial y poscolonial argentina se caracterizó por apelar a fuentes (padrones y archivos parroquiales) cuya calidad no siempre resultaba ser la ideal. Más allá de las limitaciones propias de la etapa censal protoestadística, no es fácil encontrar en la historiografía una evaluación adecuada de las fuentes[3]. Es por eso que en este trabajo nos proponemos llevar a cabo un análisis crítico del padrón de la ciudad y la campaña de Buenos Aires de 1827. Con ese fin, evaluaremos las variables que presenta, los errores de cobertura y contenido, la omisión censal, la estructura según sexo y edad de la población y, finalmente, la declaración de la edad.

Si bien entre los autores que trabajaron con el padrón de 1827 es difícil encontrar quienes lo hayan evaluado de forma sistemática, en la mayoría de los casos se hace alguna mención de los problemas que este ofrece como fuente. El primero en trabajar con él es García Belsunce (1976), quien menciona la falta de diversas manzanas, lo que originaría un importante subregistro de población. Di Meglio (2007) hace referencia a un subregistro considerable en la variable ocupación. Guzmán (2012), por su parte, evalúa la declaración de edad de la población a través de los índices de Myers y Whipple. También enumera distintos inconvenientes relacionados con el subregistro de las variables, especialmente la referida a la ocupación.

La mayor parte de los investigadores que trabajaron con padrones o censos de la etapa protoestadística argentina hacen algún tipo de advertencia en torno al subregistro de población o de determinadas variables, en particular la ocupación, pero también las categorías socioétnicas (blanco, moreno, indio y otras) y la condición jurídica (libre o esclavo)[4]. Johnson (1979) lleva a cabo una serie de correcciones de la población de Buenos Aires en relación con los padrones de 1744, 1778 y 1810. Por su parte, Massé (2008 y 2009) hace una evaluación algo más pormenorizada al estimar la omisión de los niños y evaluar la cobertura y la calidad del censo de Buenos Aires de 1855. A su vez, Zieminski (2016) y Martínez Gorbik (2017) llevan a cabo una detallada evaluación de las variables relevadas en el padrón de Mendoza de 1823 y en los archivos parroquiales de la ciudad de Buenos Aires de 1871, respectivamente.

En América Latina también hay algunos autores que se ocupan de evaluar de manera más o menos concienzuda las variables que trabajan. Somoza (1985) calcula la esperanza de vida de diversas poblaciones históricas de América Latina, mencionando y corrigiendo, a través de métodos demográficos, determinadas variables presentes en los archivos parroquiales[5]. Cosamalón Aguilar (2009) evalúa brevemente algunas variables correspondientes al censo de 1860 de la ciudad de Lima. De Almeida Prado Bacellar (2009) hace una crítica general de las listas nominativas de San Pablo durante el siglo XVIII y menciona como principales problemas el subregistro y los inconvenientes en la declaración de la edad y la ocupación. Boleda (2009) se ocupa de observar y corregir la estructura y la dinámica demográfica de Chayanta (Estado Plurinacional de Bolivia), utilizando diversas listas nominativas y archivos parroquiales de los siglos XVI, XVII y XVIII. Por otra parte, Pollero (2013) lleva a cabo una interesante evaluación y corrección de la población total, la natalidad y la mortalidad de la ciudad de Montevideo a lo largo de un prolongado período que va de 1757 a 1860.

A. La ciudad de Buenos Aires hacia 1827

La ciudad de Buenos Aires se funda en la margen derecha del Río de la Plata, como llave de entrada y salida de lo que luego será el Virreinato del Río de la Plata[6]. Debido a las bondades del clima, el suelo y la ubicación estratégica, la ciudad es, desde el siglo XVIII, un foco de concentración de población, lo que se agudiza en el último cuarto del siglo con la creación del virreinato en 1776. Su condición de puerto no solo le brinda grandes posibilidades económicas, sino también un particular cariz cosmopolita en el que conviven criollos, indios, europeos, inmigrantes provenientes del interior del virreinato y esclavos africanos. La Revolución de Mayo trastoca el período de esplendor durante el virreinato[7]. Las levas militares le restan brazos al aparato productivo y comercial de la ciudad[8]. Si bien la guerra y la inestabilidad política afectan la economía, el libre comercio, como contrapartida, tiene una influencia positiva (Brown, 2002)[9].

Hacia 1820, a la salida de la crisis política conocida como “crisis del año 20”, la ciudad de Buenos Aires entra en un período de estabilidad política y bienestar económico[10]. La disolución del poder central luego de la derrota de las tropas del Directorio a manos de los caudillos del litoral en la batalla de Cepeda (1 febrero de 1820) trae aparejada una gran ventaja para la economía de la ciudad: puede volverse sobre sí misma y disponer libremente de los recursos del puerto de Buenos Aires[11]. Ese período, conocido como la Feliz Experiencia, se extiende hasta 1825. Durante esa etapa, cuya principal figura política es Bernardino Rivadavia, se destacan las ideas del liberalismo, tanto político como económico. La Feliz Experiencia no solo es un período de expansión económica y estabilidad política, sino también de florecimiento cultural, educativo y científico. Se crean numerosos periódicos a partir de la libertad de prensa, se fundan sociedades culturales y se favorecen las expresiones artísticas. También se fomenta la educación pública elemental y se inaugura la Universidad de Buenos Aires. La expansión económica genera un gran desarrollo de la actividad pecuaria y, a su vez, la necesidad de contar con nuevas tierras fomenta la expansión de la frontera con el indio, lo que genera un círculo virtuoso (Halperín Donghi, 1985).

No obstante, los cambios en la coyuntura política interior y exterior, expresados en el fracaso del Congreso General Constituyente (1824-1827) y la guerra con el Brasil (1825-1828), terminan por derrumbar este período de expansión.

El Congreso es convocado por Buenos Aires en diciembre de 1824, aprovechando el período de bienestar económico y paz interior. Los congresales se reúnen con el objetivo de reconstruir el poder central y promulgar la Constitución. Los diputados porteños ejercen el dominio del Congreso, debido a que la representación era proporcional a la población de cada provincia y, en consecuencia, Buenos Aires era una de las jurisdicciones que más representantes aportaba[12]. En un primer momento, el diálogo entre los diputados porteños y sus pares del interior parece dar sus frutos, ya que se aprueba la ley fundamental. En ella, se reconocen los Gobiernos y las leyes provinciales, aunque la política exterior se delega en la provincia de Buenos Aires y a la vez se fija la intención de proclamar una constitución. Más adelante, en 1826 y debido a las circunstancias derivadas de la guerra con el Brasil, se establece un Poder Ejecutivo cuya responsabilidad recae en Rivadavia. No obstante, surgirán divergencias, en principio a partir de la Ley de Capitalización de Buenos Aires, que implicaba que esta provincia cediera al Gobierno nacional los puertos y la campaña cercana. Esta ley genera la oposición del federalismo porteño por los numerosos intereses que afecta, sobre todo los de los hacendados, y provoca una fractura irreparable en el grupo dirigente porteño. Por otra parte, en 1826, el Congreso aprueba una Constitución con un marcado carácter centralista que incluso le otorgaba al Ejecutivo la potestad de elegir los Gobiernos provinciales. La Constitución provoca la oposición de las provincias, que pretendían retener parte de su autonomía, y termina siendo rechazada. Finalmente, el Congreso no sobrevive a las disidencias entre las provincias y el poder central, el resquebrajamiento del sector dirigente de Buenos Aires y el tratado de paz con el Brasil, por lo que se disuelve en agosto de 1827 (Ternavasio, 1998).

La guerra con el Brasil comienza en 1825, debido a la intervención de ese país en la Banda Oriental (el actual Uruguay). La intervención brasileña, no obstante, data de 1816, aunque en ese entonces los Gobiernos de las Provincias Unidas[13] asumieron una actitud pasiva, porque la invasión podía permitirles deshacerse de Artigas[14], una figura que el grupo dirigente porteño siempre observó con recelo. Sin embargo, en 1825, con el desembarco de los Treinta y Tres Orientales[15] en la Provincia Oriental y su sorpresivo éxito inicial, la situación política cambia, y el Congreso Constituyente, presionado por la opinión pública y la oposición, finalmente decreta la incorporación de la Banda Oriental a las Provincias Unidas, con lo que se declara de hecho la guerra con el Brasil. El conflicto genera una gran distracción de recursos, tanto humanos como materiales, lo que a su vez ocasiona graves problemas en el sector productivo. Por otra parte, el bloqueo del puerto de Buenos Aires por parte de la flota brasileña le suma dificultades al Gobierno, y propicia el contrabando y la especulación. Finalmente, la presión británica, la inflación y la penuria fiscal obligan a Rivadavia a acordar un tratado de paz[16]. El tratado de paz con el Brasil genera una polémica que vuelve insostenible la posición del poder central en el Congreso Constituyente, lo que obliga a Rivadavia a renunciar a su cargo en julio de 1827. Una vez desintegrado el poder central, será el gobernador de Buenos Aires, Dorrego, quien deba firmar la paz en agosto de 1828 (Halperín Donghi, 1985).

El contexto de la crisis política derivada del Congreso Constituyente (1824-1827) y el conflicto armado con el Imperio del Brasil (1825-1828) afecta sobremanera el operativo de empadronamiento. La sospecha de que con el padrón se trataba de recabar información para futuras levas militares genera recelo en la población y puede inducir a comportamientos como huir u ocultarse del censista. Este contexto nos ofrece un panorama donde la población presenta un fuerte predominio de mujeres, mientras que los hombres en edades activas resultan escasos. Otros problemas que se vislumbran son la falta de algunos cuarteles enteros y de planillas censales, el subregistro de personas y una cantidad elevada de “no respuesta” en determinadas variables[17]. A lo largo de este trabajo, revisaremos el alcance de estos problemas y sus causas.

Para poder llevar a cabo nuestra evaluación, calcularemos la omisión censal a través del método de la conciliación. Utilizaremos la información de los bautismos y los entierros que nos aportan los archivos parroquiales, así como la población de 1822 relevada en el padrón de ese mismo año. A su vez, revisaremos y corregiremos la cobertura, el contenido de las variables en cuestión y la estructura de la población porteña.

Finalmente, nos ocuparemos de otro inconveniente que suele presentarse en los censos protoestadísticos: la declaración de edad inexacta o aproximada. En principio, procederemos a detectar estos errores a través del índice de Myers, que mide la atracción o el rechazo que cada dígito final genera en la población (el cinco, y especialmente el cero, suelen ejercer una fuerte atracción). También emplearemos el índice de Whipple y una pirámide de población por edades simples. Luego, realizaremos una corrección mediante el método de Arriaga, procedimiento matemático que tiende a suavizar los errores derivados de la declaración errónea de la edad.

B. La estructura del padrón

El padrón de la ciudad y la campaña de Buenos Aires de 1827 se elaboró en el transcurso de agosto y septiembre. Su propósito nos resulta desconocido, no obstante, teniendo en cuenta el contexto de la época, es posible que su motivación fuera militar. Tiene el formato típico de los empadronamientos coloniales, que duró incluso hasta la etapa estadística iniciada con los censos de 1869 y 1895. En la parte superior de la carilla, aparecen las variables que se han de relevar, mientras que en el margen izquierdo figura la enumeración de la planilla. Las variables relevadas son las siguientes: sexo, nombre y apellido, color (blanco, pardo, moreno e indio), edad, condición jurídica (libre o esclavo), origen, estado civil, oficio y años de residencia en la ciudad. El padrón cuenta con planillas impresas correspondientes a la gran mayoría de los cuarteles. En algunos de ellos, se incluye el nombre de la calle y su numeración. En 12 de las 38 unidades administrativas incluso aparece escrita a mano la numeración de cada manzana en la parte superior izquierda de la planilla. Hay una variable que no figura en el impreso, pero que el amanuense agrega de hecho: el mote de “don”, que indica cierto estatus social de la persona en cuestión.

Las variables se completan con preguntas abiertas, lo que quiere decir que no hay opciones preconcebidas, aunque en algunas variables se brinda algún tipo de guía dado que sí se ofrecen opciones. Tal es el caso del color —blanco, pardo (mezcla de blanco y negro), moreno (negro) o indio—, la condición jurídica —libre o esclavo— y el estado civil —soltero, casado o viudo[18].

La relación que cada miembro del hogar tiene con el jefe de familia no se encuentra explicitada, no obstante, en la gran mayoría de los casos se la puede deducir a partir del nombre y el apellido, el sexo, la edad y el estado civil de los integrantes del hogar. En el padrón no se distinguen las parejas legales de las parejas de hecho, por lo que suponemos que esta información varía según el criterio del informante. Dado que, a priori, era el jefe de hogar o la persona presente en la vivienda quien informaba si estaba casado/a o no, nos resulta imposible apreciar el volumen real de las parejas de hecho. Suponemos que una cierta cantidad de las parejas que informaban estar casadas solo lo estarían de hecho, dado que, en otro trabajo (Moreno y Dmitruk, 2016), detectamos que, en una parroquia de la ciudad de 1830, el 30% de los nacimientos eran ilegítimos[19].

De los 38 cuarteles que la ciudad tenía en total (véase la imagen 1), hay solo seis que no cuentan con planillas impresas[20]. De modo que las principales variables que se debían consignar están escritas a mano, con tinta. Contrariamente a lo que podríamos esperar, tres de esos cuarteles (el 4, el 5 y el 10) se hallan en la zona céntrica de la ciudad, donde, a priori, esperaríamos un mejor relevamiento. Por su parte, el cuartel 19 está ubicado en un sector intermedio, mientras que el 7 y el 8 se encuentran en una zona periférica en el sur de la ciudad. No obstante, las variables que se relevan son las mismas, con la excepción de que, en estos seis cuarteles, no está registrada la cantidad de años que los habitantes llevan residiendo en la ciudad ni el número de orden en la planilla. A su vez, el registro del color y la condición jurídica es bastante irregular. En el cuartel 4 se registra el color, pero no la condición jurídica. Sin embargo, el amanuense señala a los esclavos dentro de la variable “empleo u oficio”. En el cuartel 5 se registra la condición jurídica, pero no el color. No obstante, tenemos la firme sospecha de que quienes registran condición jurídica son las personas que no son blancas. De este modo, el color se puede deducir a partir del supuesto de que quienes registran dicha condición (libre, esclavo o liberto) son los “no blancos”, mientras que quienes no la registran son blancos. Al menos entendemos que esa fue la lógica del censista al completar la planilla.

En el cuartel 10, ni el color ni la condición jurídica aparecen como variables, aunque el censista se encarga de agregar si se trata de alguien libre, esclavo o liberto a continuación del nombre. De este modo, queda registrada la condición jurídica, y el color se puede deducir de la misma manera que en el cuartel 5. En el cuartel 19 se registra el color, pero no la condición jurídica. En el cuartel 7 no se registran las variables relativas al color ni a la condición jurídica, aunque el amanuense agrega el color dentro de la variable “origen”. Por último, en el cuartel 8 no hay variable de color ni de condición jurídica, aunque en algunos casos se registra la condición de esclavo dentro de la variable “oficio”. Una parte de la población negra de este cuartel puede deducirse a partir de su origen africano. Hay un séptimo cuartel, el 11, en el que, si bien las variables aparecen manuscritas, se respeta estrictamente la misma estructura que en las planillas impresas, con la excepción del número de orden de la planilla. En este caso, se observa una calidad de cobertura y contenido comparable con la de los cuarteles que presentan planillas impresas.

Con respecto al relevamiento total de los cuarteles, observamos que faltan dos: el número 9 y el número 22. Además, observamos que faltan unas 63 manzanas en diferentes cuarteles, lo que equivale a unos cuatro cuarteles más[21]. A su vez, nos encontramos con que, en la mayoría de los cuarteles de la periferia, las calles y las alturas no están debidamente identificadas y mucho menos se registra la enumeración de las manzanas, por lo que resulta sobremanera complicado establecer la totalidad de las manzanas que componen cada cuartel. Del total de 38 cuarteles, en 16 detectamos faltante de manzanas. Por otra parte, el cuartel 8 no presenta registro de niños menores de 8 años. En dos cuarteles de la periferia, el 47 y el 50, detectamos que las planillas no tienen la firma del amanuense al final del registro, por lo que sospechamos que en ambos cuarteles faltan planillas.

Imagen 1

Ciudad de Buenos Aires: plano de los cuarteles administrativos, 1827

Fuente: P. González Bernaldo, Civilidad y política en los orígenes de la nación Argentina: las sociabilidades en Buenos Aires 1829-1862, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001.

C. Errores de cobertura y contenido

Los censos tienen dos tipos de errores: de cobertura y de contenido. El primero es un error de tipo cuantitativo, que consiste en el sub- o sobrerregistro de los individuos. El segundo es un error de tipo cualitativo, en que el individuo es registrado correctamente, pero sus características no lo son. Hay un tercer tipo de error, el de muestreo, que en este caso no contemplaremos dado que solo es aplicable a determinados censos modernos en los que se realiza una encuesta complementaria a una parte de la población (Chackiel y Macció, 1978).

1. Errores de contenido

En primer lugar, evaluaremos los errores de contenido. Entre este tipo de errores, decidimos considerar distintas alternativas: el subregistro de determinadas variables (es decir, cuando el individuo está correctamente empadronado, pero determinadas variables no lo están); la ubicación de la respuesta en un lugar que no corresponde, y el registro de un contenido incoherente. También tomamos en cuenta las ocasiones en que la planilla se encuentra en mal estado, al punto de que no resulta posible leer el contenido. Otro inconveniente es la cantidad de casos en los que el contenido de la variable resulta ilegible, sea porque el paso del tiempo dañó la tinta, por la letra ininteligible del amanuense o por la impericia del investigador.

Al revisar los datos correspondientes a las variables del padrón, encontramos que el principal error es el subregistro de las variables, sobre todo de cinco de ellas: sexo, color, condición jurídica, años de residencia y oficio. Esta última variable es la única en la que el faltante de información supera con creces la mitad de la población (véase el cuadro 1). En el resto de las variables, podemos decir que el subregistro es aceptable para un censo protoestadístico. A su vez, pudimos vislumbrar que las variables que presentan falta de información se encuentran muy concentradas en los cuarteles que no cuentan con la planilla impresa (4, 5, 7, 8, 10 y 19). Es decir que, si dejamos de lado estos seis cuarteles, la calidad del censo mejora de manera notable.

En algunas variables nos fue posible corregir gran parte de los errores señalados: es el caso del sexo, el color y la condición jurídica (véase el cuadro 2).

En cuanto a la variable “sexo”, corregimos utilizando el nombre de las personas. De este modo, de un total de 9.294 casos con errores, logramos corregir casi el 100%. Con respecto a la variable “color”, decidimos utilizar algunos supuestos. En principio, observamos que, en los cuarteles donde la falta de datos de esta variable es elevada, se tiende a registrar el color solo en el caso de los habitantes que no son blancos (negros, pardos, indios, mestizos y otros). Por consiguiente, utilizamos el supuesto de que los habitantes sin registro de color son blancos. Creemos que esta es la mecánica que el amanuense utilizó al llevar a cabo el recuento. En los casos en que la falta de información es generalizada en todo el cuartel, es decir, cuando ni siquiera se registra el color de quienes no son blancos, pudimos corregir algunos datos utilizando el supuesto de que los habitantes de origen europeo y sus hijos eran blancos[22]. De esta manera, de los 6.182 errores, pudimos corregir 2.848 (46%).

Cuadro 1

Ciudad de Buenos Aires: cálculo de errores de contenido en el padrón, 1827

(En número de errores y porcentajes)

Variable

Unidad de análisis

Errores de contenido

N

Porcentaje

Nombre

Población total

114

0,3

Apellido

Población total

538

1,3

Sexo

Población total

9 294

21,8

Origen

Población total

794

1,9

Color

Población total

6 182

14,5

Condición jurídica

Población total

12 281

28,9

Edad

Población total

220

0,5

Estado civil

Población de 15 años y más

442

1,5

Años de residencia en la ciudad

Población inmigrante

4 231

35,5

Ocupación

Población de 10 años y más

23 094

68,4

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Argentina, Archivo General de la Nación, “Padrón de la ciudad y campaña de Buenos Aires 1827”.

Cuadro 2

Ciudad de Buenos Aires: errores de las variables del padrón, corregidos y no corregidos, 1827

(En número de casos y porcentajes)

Variable

Casos asignados (corregidos)

Casos sin asignar (no corregidos)

Total

N

Porcentaje

N

Porcentaje

N

Porcentaje

Nombre

0

0,0

114

100,0

114

100,0

Apellido

0

0,0

538

100,0

538

100,0

Sexo

9 264

99,7

30

0,3

9 294

100,0

Origen

5

0,6

789

99,4

794

100,0

Color

2 866

46,1

3 316

53,9

6 182

100,0

Condición jurídica

11 221

91,4

1 060

8,6

12 281

100,0

Edad

0

0,0

220

100,0

220

100,0

Estado civil

0

0,0

442

100,0

442

100,0

Años de residencia en la ciudad

0

0

4 231

100,0

4231

100,0

Ocupación

44

0,2

23 050

99,8

23 094

100,0

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Argentina, Archivo General de la Nación, “Padrón de la ciudad y campaña de Buenos Aires 1827”.

Para corregir la condición jurídica, utilizamos los datos del color y el origen de los habitantes. Tuvimos en cuenta que ningún blanco, indio o mestizo podía ser considerado esclavo. De la misma manera, consideramos que ningún europeo sería registrado como esclavo, dado que estos últimos eran de color negro, pardo o mulato (o de otra de las mixturas derivadas del color negro), y de origen africano o americano[23]. Como vimos, en determinados cuarteles nos encontramos con que el amanuense solo registra la condición jurídica de algunos habitantes, que parecen ser los “no blancos”, de modo que, suponiendo que quienes no registran condición jurídica son blancos, quedarían automáticamente corregidos como libres. De esta manera, de los 12.281 casos que presentan errores, logramos corregir un alto porcentaje y asignar el 91% de ellos.

No pudimos corregir el nombre y el apellido, no obstante, ambas variables carecen de importancia para el tipo de análisis que llevamos a cabo. Con respecto al origen, tampoco nos fue posible hacer corrección alguna, con excepción de unos pocos casos en que los hijos de europeos aparecen registrados con origen europeo a pesar de que su edad es inferior a la cantidad de años que los padres llevan en la ciudad. En esos contados casos, corregimos el origen reemplazando el europeo por el de Buenos Aires.

Tampoco fue posible corregir las variables relativas a la edad y el estado civil, pero, como observamos anteriormente, el porcentaje de errores es aceptable. En cuanto a los años de residencia en la ciudad, tampoco pudimos hacer ninguna corrección. Finalmente, con respecto a la ocupación, apenas pudimos corregir 44 casos. Se trata de situaciones en las que niños y adolescentes aparecen registrados como comerciantes por trabajar en un comercio, a pesar de que, a todas luces, son dependientes del adulto que lo dirige. En algunos casos, son familiares del comerciante y, en otros, son mano de obra no familiar, de modo que decidimos corregir la ocupación y registrarlos como trabajadores manuales no calificados (mozos y dependientes de comercio, tienda o pulpería).

2. Errores de cobertura: la omisión censal en el padrón de 1827[24]

Entre los errores de cobertura de los censos, uno de los más comunes es la omisión, es decir, el subregistro de personas. Las causas pueden ser diversas: problemas de conocimiento del terreno, falta de capacitación del amanuense, dificultad de acceder a ciertas zonas, rechazo de la población al censo y ausencia de los integrantes del hogar, entre otros.

La omisión puede deberse a la exclusión completa de una determinada zona o a la falta de viviendas enteras en el censo debido a la ausencia de sus integrantes. El subregistro no distorsiona la estructura de la población en ninguno de los dos casos, salvo que las áreas o viviendas en cuestión tengan características demográficas particulares.

También puede suceder que el informante no declare a algunos componentes del hogar o el censista no los registre. En este caso, la falta de determinados integrantes del hogar sí altera la estructura. Lo más común es el subregistro de niños y varones en edad activa (Chackiel, 2009).

Antes de calcular la omisión censal, observemos los resultados del padrón de 1827. Durante nuestra investigación, logramos relevar una cantidad total de 42.554 habitantes. Si en 1822 la cifra de habitantes rondaba los 55.000, nos parece muy improbable que la ciudad haya tenido un crecimiento negativo de unos 13.000 habitantes en solo cinco años. Para corregir los resultados, decidimos tomar en cuenta como población base el padrón de 1822 elaborado por Ventura Arzac, dado que es el padrón anterior más cercano a 1827. A partir de allí, desarrollamos la ecuación compensadora, es decir, la población base, más el crecimiento natural (nacimientos menos defunciones) y el saldo migratorio (inmigración menos emigración)[25]. Veamos qué sucede con la cantidad total de bautismos y entierros entre 1822 y 1827 (véase el cuadro 3)[26].

Cuadro 3

Ciudad de Buenos Aires: bautismos, entierros y crecimiento natural, 1822-1827

(En número)

Período

Bautismos

Entierros

Crecimiento natural

1822-1824

7 774

6 497

1 277

1825-1827

6 607

5 736

871

1822-1827

14 381

12 233

2 148

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de A. B. Martínez, Historia demográfica de Buenos Aires, vol. III, Buenos Aires, Dirección General de Estadística Municipal, 1910.

Nota: Los datos se elaboraron a partir de la suma del promedio anual de los tres años seguidos que conforman los dos períodos (de 1822 a 1824 y de 1825 a 1827), a fin de evitar las importantes fluctuaciones que observamos en la fuente original. Los datos correspondientes a 1822 abarcan los bautismos y los entierros promedio que tuvieron lugar a partir del 30 de abril, fecha de realización del padrón utilizado como base. Los datos correspondientes a 1827 abarcan los bautismos y los entierros promedio que ocurrieron hasta el 30 de agosto. Dado que el padrón se llevó a cabo entre agosto y septiembre de ese mismo año, elegimos el día 30 de agosto como punto intermedio aproximado. En ambos casos, utilizamos el supuesto de que los bautismos se distribuyen de manera equitativa a lo largo del año. En el caso de los entierros, utilizamos la distribución mensual del año 1831 (Estado de Buenos Aires, 1859).

A fin de comprobar la veracidad de los datos que aparecen en el cuadro 3, decidimos calcular la tasa bruta de natalidad (TBN), la tasa bruta de mortalidad (TBM) y la tasa de crecimiento natural (TCN). Con ese propósito, tomamos como parámetro aproximando de las sociedades pretransicionales[27] una TCN del 5‰ al 10‰, que es producto de una TBN y una TBM aproximadas del 50‰ y el 40‰, respectivamente[28]. Si las tasas obtenidas reflejan valores aproximados, entonces podemos afirmar que los bautismos y los entierros presentan cierta coherencia. Si bien debemos considerar con cuidado estos datos, dado que carecen de la cobertura y la calidad de la etapa estadística, en el cuadro 4 podemos apreciar que los resultados obtenidos en relación con la ciudad de Buenos Aires resultan coherentes con los de una sociedad del antiguo régimen demográfico. También observamos cómo el crecimiento natural se reduce debido a la disminución de la natalidad, que va de la mano con el proceso de crisis política, la contracción económica y el estallido de la guerra con el Brasil. Este proceso parece no haber incidido en la mortalidad, que incluso llega a disminuir. Más allá de los problemas coyunturales, la guerra no afecta de manera directa a la ciudad. Tampoco se registran epidemias graves hasta 1829, cuando una epidemia de sarampión se combina con una de viruela de menor magnitud, lo que provoca un fuerte ascenso de la mortalidad (Besio Moreno, 1939).

Cuadro 4

Ciudad de Buenos Aires: tasa bruta de natalidad, tasa bruta de mortalidad y tasa de crecimiento natural, 1822-1827

(En número de personas por cada mil habitantes)

Período

Tasa bruta de natalidad

Tasa bruta de mortalidad

Tasa de crecimiento natural

1822-1824

51,5

42,0

9,5

1825-1827

43,5

36,9

6,6

1822-1827

47,7

39,6

8,1

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de A. B. Martínez, Historia demográfica de Buenos Aires, vol. III, Buenos Aires, Dirección General de Estadística Municipal, 1910; N. Besio Moreno, Buenos Aires, puerto del Río de la Plata, capital de la Argentina: estudio crítico de su población, 1536-1936, Buenos Aires, Talleres Gráficos Tuduri, 1939 (para 1810); Estado de Buenos Aires, Registro estadístico del estado de Buenos Aires, 1858, tomo 1, Buenos Aires, Imprenta de la Tribuna, 1859; A. B. Martínez, Historia demográfica de Buenos Aires, vol. III, Buenos Aires, Dirección General de Estadística Municipal, 1910, y G. Massé, “Convivir bajo el mismo techo: hogar-familia y migración en la ciudad de Buenos Aires al promediar el siglo XIX”, tesis de doctorado en Demografía, Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, 2008.

Con respecto a la inmigración, tenemos datos concretos de que 2.219 habitantes llegaron a la ciudad durante el período intercensal. No obstante, hay 4.197 inmigrantes que no se sabe en qué período inmigraron. Por consiguiente, supondremos que la fecha de inmigración se distribuye de manera similar a la de quienes sí registran el tiempo de residencia en la ciudad. De este modo, deberíamos contar con 1.182 inmigrantes más, lo que nos daría un total de 3.401 inmigrantes en el período intercensal. De esta manera, llegamos a un número que consideramos el máximo de habitantes posible: 60.965. El valor mínimo, por su parte, podríamos obtenerlo tomando en cuenta únicamente el crecimiento natural, es decir, 57.564 habitantes (véase el cuadro 5).

Cuadro 5

Ciudad de Buenos Aires: estimaciones de población, 1827

(En número de personas)

Método

Año de los

padrones base

Población de los padrones base

Población proyectada para 1827

Ecuación compensadora valor mínimoa

1822

55 416

57 564

Ecuación compensadora valor máximob

1822

55 416

60 965

Proyección geométricac

1810

1822

44 731

55 416

61 103

Proyección geométricad

1822

1838

55 416

65 573

58 582

Interpolación lineale

1822

1838

55 416

65 573

58 692

Interpolación linealf

1822

1855

55 416

92 871

61 389

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de N. Besio Moreno, Buenos Aires, puerto del Río de la Plata, capital de la Argentina: estudio crítico de su población, 1536-1936, Buenos Aires, Talleres Gráficos Tuduri, 1939 (para 1810); Estado de Buenos Aires, Registro estadístico del estado de Buenos Aires, 1858, tomo 1, Buenos Aires, Imprenta de la Tribuna, 1859 (para los datos de 1822); A. B. Martínez, Historia demográfica de Buenos Aires, vol. III, Buenos Aires, Dirección General de Estadística Municipal, 1910 (para 1838), y G. Massé, “Convivir bajo el mismo techo: hogar-familia y migración en la ciudad de Buenos Aires al promediar el siglo XIX”, tesis de doctorado en Demografía, Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, 2008 (para 1855).

a N_1822 + nacimientos1822-1827 – defunciones1822-1827

b N_1822 + nacimientos1822-1827 – defunciones1822-1827 + inmigración1822-1827

c N_1822 * (1 + r tasa de crecimiento media anual) t período intercensal

d N_1822 * (1 + r tasa de crecimiento media anual) t período intercensal

e [(1838-1822)/(65.573-55.416)] * 1827 + [55.416-[(1838-1822)/(65.573-55.416)] * 1822]

f (1855-1822)/(92.871-55.416)] * 1827 + [55.416-[(1855-1822)/(92.871-55.416)] * 1822]

La imposibilidad de contar con el número total de emigrantes dificulta la tarea de establecer una cantidad definitiva. Algunos autores sostienen que hubo una posible emigración porteña hacia la campaña (Ciliberto, 1999; Santilli, 2000; Dmitruk, 2009) y una posible migración por etapas hacia la frontera sur, desde Cuyo, el litoral y el noroeste, pasando por la ciudad de Buenos Aires (Mateo, 1993; Santilli, 2000). Sobre esa base, es exagerado pensar en un escenario sin emigración, así como también lo es pensar en uno sin saldo migratorio positivo, dado que la inmigración fue el motor de crecimiento más importante de la ciudad desde mediados del siglo XVIII (Ravignani, 1919; Moreno, 1965; Comadrán Ruiz, 1969; Recchini de Lattes, 1971; Johnson, 1979; Johnson y Socolow, 1980; Díaz, 1998; Massé, 2012). En el padrón de 1827, nos encontramos incluso con un porcentaje de inmigrantes que representa casi un tercio de la población total. Por consiguiente, podemos manejarnos dentro de los rangos mínimo y máximo establecidos según la hipótesis de migración neta que planteemos.

Para disminuir nuestro margen de error, hacemos diferentes estimaciones tomando en cuenta los censos más cercanos, es decir, los padrones de 1810, 1822, 1838 y 1855 (véase el cuadro 5). Los resultados obtenidos resultan similares a los que generamos a través de la ecuación compensadora. A nuestro entender, debemos considerar válido un número cercano a los 59.000 habitantes, por lo que consideramos que nuestra estimación “e”, en la que se toman como padrones base los de 1822 y 1838, es la más cercana a la realidad. Los métodos matemáticos en los que se toman como padrones base los de 1822 y 1855 elevan un poco la cifra de habitantes, debido a lo que consideramos una cierta distorsión del contexto histórico. En ellos se toma en cuenta un período de gran prosperidad, como fue el escenario posterior a 1840, caracterizado por la estabilidad económica y política, en desmedro del conflictivo período de 1825 a 1840, que se caracterizó por la guerra con el Brasil y los conflictos permanentes entre unitarios y federales. Es por eso que le otorgamos mayor fidelidad a las estimaciones en las que se toman como base los padrones de 1822 y 1838.

En 1822 se produce el primer gran hito de la estadística de población en Argentina, con la creación del Registro Estadístico de la Provincia de Buenos Aires (INDEC, s/f). La creación del Registro implica un paso importante en la profesionalización de las estadísticas, y la elaboración del padrón de 1822 es el resultado directo de este gran paso. Por esos motivos, es posible que el relevamiento de 1822 sea el más concienzudo de todos los que se llevaron a cabo en el período protoestadístico, aunque lamentablemente no fue posible estudiarlo en profundidad dado que se perdieron las cédulas originales. Los resultados totales se conservaron y luego se publicaron en la etapa de la secesión de Buenos Aires, cuando el Registro Estadístico conoció un nuevo período de esplendor. Los datos relevados en el padrón de 1822 parecen ser bastante fiables. Llevamos a cabo dos interpolaciones, y el resultado obtenido fue bastante cercano al que se observa en el padrón (véase el cuadro 6). La diferencia que se observa con respecto a los datos del padrón es de 3,6%, en el primer caso, y de -3,1%, en el segundo.

De esta manera, en el cuadro 7 podemos hacer un resumen de lo señalado. Tomamos en cuenta nuestra población base (la de 1822), así como el crecimiento natural y el migratorio, para llegar a nuestra estimación preferida en 1827. A partir de esta estimación, calculamos que la omisión censal es del 27,5%. Sin dudas, este porcentaje es alto y refleja el contexto complejo de la época: la crisis política producto de la renuncia de Rivadavia a la presidencia (en julio de 1827), la disolución del Congreso Constituyente, que fue casi paralela a la realización del operativo censal (en agosto de 1827), y la crisis económica producto de la guerra con el Brasil.

Cuadro 6

Ciudad de Buenos Aires: estimaciones de población, 1822

(En número de personas)

Padrones base

Población

Población interpolada 1822

1810

1838

44 731

65 573

53 435

1810

1855

44 731

92 871

57 148

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de N. Besio Moreno, Buenos Aires, puerto del Río de la Plata, capital de la Argentina: estudio crítico de su población, 1536-1936, Buenos Aires, Talleres Gráficos Tuduri, 1939 (para 1810); Estado de Buenos Aires, Registro estadístico del estado de Buenos Aires, 1858, tomo 1, Buenos Aires, Imprenta de la Tribuna, 1859 (para los datos de 1822); A. B. Martínez, Historia demográfica de Buenos Aires, vol. III, Buenos Aires, Dirección General de Estadística Municipal, 1910 (para 1838), y G. Massé, “Convivir bajo el mismo techo: hogar-familia y migración en la ciudad de Buenos Aires al promediar el siglo XIX”, tesis de doctorado en Demografía, Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, 2008 (para 1855).

Cuadro 7

Ciudad de Buenos Aires: estimación de la población y cálculo de la omisión censal, 1827

(En número de personas y porcentaje de omisión censal)

Población de 1822 (base)

55 416

Bautismos

14 381

Entierros

12 233

Crecimiento natural

2 148

Crecimiento migratorioa

1 128

Crecimiento total

3 276

Población estimada 1827

58 692

Población relevada en 1827

42 554

Población omitida

16 138

% de omisión censal

27,5

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Estado de Buenos Aires, Registro estadístico del estado de Buenos Aires, 1858, tomo 1, Buenos Aires, Imprenta de la Tribuna, 1859 (para la población de 1822); A. B. Martínez, Historia demográfica de Buenos Aires, vol. III, Buenos Aires, Dirección General de Estadística Municipal, 1910 (para los datos de nacimientos, defunciones y crecimiento natural); y Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Argentina, Archivo General de la Nación, “Padrón de la ciudad y campaña de Buenos Aires, 1827” (para la población relevada en 1827).

a El crecimiento migratorio se midió por medio del método indirecto de las estadística vitales: crecimiento migratorio1822-1827= n_1827 – n_1822 – (nacimientos1822-1827 – defunciones1822-1827) (Naciones Unidas, 1972).

Para profundizar en nuestro análisis de la omisión censal, a continuación evaluaremos la estructura por sexo y edad de la población.

D. Evaluación de la estructura de la población

Tomando en cuenta el contexto conflictivo de 1827, después de comparar la población total censada con nuestras estimaciones, decidimos verificar la estructura según sexo, y según sexo y grandes grupos de edad efectivamente censados, en comparación con una estimación propia.

Llevamos a cabo nuestra estimación aplicando el procedimiento de la ecuación compensadora, solo que esta vez la separamos por sexo[29]. La distribución obtenida se puede apreciar en el cuadro 8. En el caso de la población efectivamente censada, la relación de masculinidad (RM) muestra la falta de varones, relacionada con los efectos derivados de la guerra con el Brasil[30]. Aun considerando que, en las ciudades, la población femenina suele ser mayor, la RM es ciertamente reducida: apenas ocho varones por cada diez mujeres.

Cuadro 8

Ciudad de Buenos Aires: relación de masculinidad, 1827

(En número de personas y número de hombres por cada 100 mujeres)

Sexo

Población censada

Población estimada

N

Relación de masculinidad

N

Relación de masculinidad

Varones

18 968

80,5

28 010

91,3

Mujeres

23 556

30 682

Total

42 524

58 692

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Argentina, Archivo General de la Nación, “Padrón de la ciudad y campaña de Buenos Aires, 1827”.

Nota: Sin datos en relación con 30 casos de la población censada.

En la historiografía hispanoamericana se destacan diversos trabajos que demuestran un predominio femenino en los centros urbanos, al menos desde fines del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Este predominio se debe a las oportunidades laborales que ofrecen las ciudades, sobre todo en los empleos manuales no calificados y semicalificados (empleadas domésticas, lavanderas, planchadoras, vendedoras ambulantes, costureras, cocineras, entre otros). Si bien en algunas ciudades se registran valores de relación de masculinidad tan bajos como el que se releva en nuestro padrón, o incluso inferiores, en los censos de la ciudad de Buenos Aires cercanos en el tiempo (los de 1822 y 1855) se registran valores más elevados, que incluso superan los nueve varones por cada diez mujeres[31]. Es por ello que suponemos que la baja RM se debe a los problemas que provoca la guerra en el operativo censal. Por consiguiente, la RM de la población estimada se adecua más a lo que reflejaría la realidad si no existiera la problemática de la guerra, aunque también expresa el predominio de las mujeres sobre los hombres: calculamos nueve varones por cada diez mujeres.

Para proyectar la estructura según sexo y edad de la población, tuvimos en cuenta el supuesto de que la población de 1827 mantendría una estructura similar a la de 1822, de modo que redistribuimos la población total proyectada en función de la estructura presente en dicho año (Estado de Buenos Aires, 1859)[32]. Creemos que esto se acerca bastante a la realidad.

En principio, decidimos adaptar los grandes grupos de edad al contexto histórico, de modo que el grupo abierto final no empieza en los 65 años, sino en los 50. Ese fue el método que se utilizó en el resumen del padrón de 1822, nuestro censo base, y confiamos en que se adapta mejor a una sociedad con una esperanza de vida muy inferior a la actual[33].

En el cuadro 9 podemos observar la estructura según grandes grupos de edad. Tanto en el censo como en nuestra estimación, observamos una población joven, con un porcentaje importante de menores de 15 años. A la vez, el índice de dependencia potencial es alto en términos relativos (77 en el censo y 73 en la estimación)[34]. Esto significa que una cantidad relativamente reducida de adultos debe ocuparse de un número importante de población potencialmente inactiva, sobre todo de niños, en este caso, que representan un porcentaje elevado de la población.

Las principales diferencias entre el censo y nuestra estimación se aprecian entre los adultos, sobre todo entre los varones. La omisión de varones en edad activa es del 39%. Las mujeres adultas también están subregistradas, aunque en menor medida: 21%. El subregistro de niños es importante y alcanza el 32%. En este último caso, no observamos diferencias importantes entre ambos sexos. Las personas mayores son quienes están mejor relevadas, ya que la omisión es de apenas el 5%.

Además del cuadro 9, las diferencias entre la estructura censada y la estimada también se pueden apreciar en los gráficos 1 y 2, respectivamente. En la pirámide de grandes grupos de edad del censo de 1827 se pueden vislumbrar tanto la falta de población —la pirámide que representa el censo es ciertamente más estrecha—, como la falta de niños y varones adultos.

En el cuadro 7 observamos que la población omitida superaba las 16.000 personas; las causas de la falta de población son diversas y dependen del grupo de edad y el sexo. Vimos que existe un subregistro importante entre los varones en edad activa y los niños. Entre la población omitida, hay una cantidad importante de habitantes que no quedaron registrados debido a que faltan los cuarteles 9 y 22. Estimamos la población faltante de estos cuarteles en 3.157 habitantes. También debemos sumar un número difícil de determinar de manzanas que tampoco figuran entre las cédulas censales[35]. Si tomamos como referencia las 63 manzanas que faltan, estimamos esa población en 6.082 habitantes, lo que nos daría un total de 9.239 personas[36]. Aun tomando en cuenta estos datos, todavía nos quedan casi 7.000 habitantes cuya ausencia debemos explicar.

Cuadro 9

Ciudad de Buenos Aires: población censada y estimada según sexo y grandes grupos de edad, 1827

(En número de personas y porcentajes)

Censo 1827

Edad

Varones

Mujeres

Total

N

Porcentaje

N

Porcentaje

N

Porcentaje

0 a 14

6 439

15,1

6 808

16,0

13 247

31,1

15 a 49

9 747

22,9

14 281

33,6

24 028

56,5

50 y más

2 801

6,6

2 478

5,8

5 279

12,4

Total

18 987

44,6

23 567

55,4

42 554

100,0

Estimación 1827

Edad

Varones

Mujeres

Total

N

Porcentaje

N

Porcentaje

N

Porcentaje

0 a 14

9 243

15,7

9 993

17,0

19 236

32,8

15 a 49

15 932

27,2

17 988

30,7

33 920

57,8

50 y más

2 835

4,8

2 701

4,6

5 536

9,4

Total

28 010

47,7

30 682

52,3

58 692

100,0

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Argentina, Archivo General de la Nación (para el censo de 1827); Estado de Buenos Aires, Registro estadístico del estado de Buenos Aires, 1858, tomo 1, Buenos Aires, Imprenta de la Tribuna, 1859 (para la estimación de 1827); N. Besio Moreno, Buenos Aires, puerto del Río de la Plata, capital de la Argentina: estudio crítico de su población, 1536-1936, Buenos Aires, Talleres Gráficos Tuduri, 1939; A. B. Martínez, Historia demográfica de Buenos Aires, vol. III, Buenos Aires, Dirección General de Estadística Municipal, 1910, y G. Massé, “Convivir bajo el mismo techo: hogar-familia y migración en la ciudad de Buenos Aires al promediar el siglo XIX”, tesis de doctorado en Demografía, Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, 2008.

Nota: En el caso de la población censada, los 220 casos que presentan errores en la declaración de edad y los 30 casos de la variable “sexo” que no logramos asignar se incorporaron llevando a cabo una distribución proporcional de la población con edad ignorada.

Es evidente que la falta de varones en edad activa se debe a los efectos de la guerra con el Brasil, en particular a las levas militares. Las Provincias Unidas movilizaron aproximadamente 8.000 soldados en el conflicto[37]. Más allá de que todas las provincias colaboraron con soldados —en particular Córdoba, Salta, Tucumán y Corrientes—, debido a los crecientes conflictos políticos con el poder central y los problemas políticos derivados del Congreso Constituyente, la mayor parte del esfuerzo bélico tanto en el aspecto económico como en el aporte de soldados correspondió a Buenos Aires (Baldrich, 1974; Fradkin, 2006). El ejército se componía de militares de carrera y milicianos[38], pero también (y al parecer en número creciente) de la leva forzosa de “vagos y malentretenidos”. Las instrucciones indicaban que los soldados debían tener entre 17 y 45 años, y que se debía dar preferencia a los solteros y los nativos (Fradkin, 2006). No obstante, debido a las continuas deserciones y la creciente necesidad de soldados, la leva se fue generalizando y, por momentos, incluyó a hombres con ocupación, familia a cargo y hasta extranjeros. La presión del reclutamiento provocó importantes quejas entre la población y los sectores productivos, que se quedaron sin mano de obra. Incluso, en la ciudad, “por la noche la policía requisaba una calle o un café y se apoderaban de todo el que podían, sobre todo extranjeros […] era tan grande el terror que la gente de campo ya no acudía a la ciudad” (D›Orbigny, 1988, citado en Fradkin, 2006). No obstante estar severamente penado, las deserciones ocurrían de manera permanente y terminaban afectando la seguridad de la campaña, dado que daban lugar a la presencia de bandas armadas de soldados desertores dedicadas al bandolerismo (Fradkin, 2006).

Gráfico 1

Ciudad de Buenos Aires: población efectivamente censada según sexo y grandes grupos de edad, 1827

(En años y número de personas)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Argentina, Archivo General de la Nación (para el censo de 1827); Estado de Buenos Aires, Registro estadístico del estado de Buenos Aires, 1858, tomo 1, Buenos Aires, Imprenta de la Tribuna, 1859 (para la estimación de 1827); N. Besio Moreno, Buenos Aires, puerto del Río de la Plata, capital de la Argentina: estudio crítico de su población, 1536-1936, Buenos Aires, Talleres Gráficos Tuduri, 1939; A. B. Martínez, Historia demográfica de Buenos Aires, vol. III, Buenos Aires, Dirección General de Estadística Municipal, 1910, y G. Massé, “Convivir bajo el mismo techo: hogar-familia y migración en la ciudad de Buenos Aires al promediar el siglo XIX”, tesis de doctorado en Demografía, Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, 2008.

Nota: Se usaron 42.554 casos en total.

Gráfico 2

Ciudad de Buenos Aires: población estimada según sexo y grandes grupos de edad, 1827

(En años y número de personas)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Argentina, Archivo General de la Nación (para el censo de 1827); Estado de Buenos Aires, Registro estadístico del estado de Buenos Aires, 1858, tomo 1, Buenos Aires, Imprenta de la Tribuna, 1859 (para la estimación de 1827); N. Besio Moreno, Buenos Aires, puerto del Río de la Plata, capital de la Argentina: estudio crítico de su población, 1536-1936, Buenos Aires, Talleres Gráficos Tuduri, 1939; A. B. Martínez, Historia demográfica de Buenos Aires, vol. III, Buenos Aires, Dirección General de Estadística Municipal, 1910, y G. Massé, “Convivir bajo el mismo techo: hogar-familia y migración en la ciudad de Buenos Aires al promediar el siglo XIX”, tesis de doctorado en Demografía, Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, 2008.

Nota: Se usaron 58.692 casos en total.

Con respecto a los datos de la leva en la ciudad, Di Meglio (2007) estima en 1.300 las tropas que aporta la ciudad de Buenos Aires en 1826, y su número debió ser mayor en 1827. No obstante, en la campaña de Buenos Aires es posible que el aporte a las tropas haya sido más numeroso. Nuestros números no difieren demasiado de esta percepción. Los soldados porteños contribuyeron a las fuerzas de infantería, en su mayoría con asiento en la ciudad, mientras que la caballería se formó sobre todo con fuerzas de la campaña y las provincias. Podemos estimar que las fuerzas totales de infantería en la Banda Oriental tenían entre 1.500 y 1.900 integrantes (Iriarte, 1988; Baldrich, 1974). Evidentemente, no podemos asegurar que el total de la infantería estuviera compuesto por habitantes de la ciudad, pero sí creemos que una gran parte de esta arma estaba integrada por porteños, de modo que podríamos suponer un techo de 1.900 soldados.

Además, habría que tomar en cuenta la cantidad de hombres que la ciudad aporta a la armada. Se hace un tanto difícil cuantificar qué tanto afectó la conformación de la armada de las Provincias Unidas a la ciudad de Buenos Aires. Al principio, la cantidad de efectivos rondaba los 1.300 marinos (Toscano, 2004). Al parecer, la armada se conformó, en su mayor parte, con marineros extranjeros, dado que los porteños tenían escasa experiencia en el área. Destacaban las nacionalidades europeas, sobre todo franceses, españoles, británicos y estadounidenses. El aporte de los porteños fue bastante menor. Ahora bien, la leva en la marina pasó por varias etapas. En un principio, se recurrió al reclutamiento voluntario, pero ante el previsible fracaso de esta modalidad, se recurrió a la leva forzosa, en particular de “vagos y malentretenidos”, tal como sucedía en el ejército. Finalmente, se recurrió a un sistema “voluntario”, a través del cual se le asignaba una paga al marino. A su vez, se obligó a servir en la marina a todo aquel que fuera parte de tripulaciones de buques nacionales. No obstante, la leva forzosa continuó utilizándose (Luqui-Laglayze, 2007). Es evidente que una porción de la armada estaba compuesta por personas que tenían algún tipo de problema legal con las autoridades. Los extranjeros, por su parte, estaban allí de manera voluntaria o por tener el oficio de marino. Resulta muy difícil responder la pregunta de cuál era el porcentaje de marinos (extranjeros o no) que residían en la ciudad de Buenos Aires. En este sentido, Luqui-Laglayze (2007) trabaja sobre los documentos de enganche de la armada con un universo de 546 personas (véase el cuadro 10).

No obstante, pertenecer a la armada no requería, en principio, estar fuera de la ciudad, y no hay registro de batallas navales en los meses del censo. Por consiguiente, optamos por quedarnos únicamente con los 1.900 soldados afectados al ejército de operaciones.

Pudimos despejar una gran parte de las dudas que se nos plantearon en el momento de evaluar la falta de población, sobre todo de varones adultos, al atribuirla al faltante de cuarteles y manzanas, así como a los efectos de la leva. Finalmente, llegamos a la población que falta sin justificación aparente: unos 5.000 habitantes. Según observamos, el subregistro se concentra en los niños y los adultos en edad activa. En el caso de los niños, la omisión tiene que ver con una problemática común en los censos de población, que es la renuencia a tratar al niño como persona, tanto de parte del informante como del censista, de modo que es omitido en el recuento (Chackiel, 2009). Esta percepción es aún mayor en las sociedades pretransicionales, donde se requería que la mujer pariera una gran cantidad de hijos para asegurar el reemplazo generacional.

Cuadro 10

Origen de marinos reclutados por la armada, 1826-1828

(En número de personas y porcentajes)

Origen

N

Porcentaje

África

8

1

Buenos Aires

52

10

Europa

205

38

Interior

136

25

Limítrofes

107

20

Otros

38

7

Total

546

100

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de J. M. Luqui-Laglayze, “El aporte extranjero a la conformación de las tripulaciones de las escuadras argentinas en las guerras de la independencia y del Brasil, 1814-1830”, 2007 [en línea] http://www.histarmar.com.ar/InfHistorica-2/AporteExtr-7.htm [fecha de consulta: 28 de septiembre de 2015].

En las edades adultas, los varones tienen un subregistro mayor. Esta situación es en parte esperable, dado que los hombres suelen estar ausentes de los hogares por cuestiones laborales. En este caso, pensando en el contexto de la época, habría que agregar la hipótesis de que los varones huyeran o se ocultaran del censista, para escapar a las posibles levas militares. En el caso de las mujeres, el subregistro es menor, aunque no deja de ser importante. El registro incompleto de las mujeres de entre 15 y 49 años puede deberse a la falta de interés del Estado, dado que estas no tributaban ni iban a la guerra. Finalmente, debemos tomar en cuenta la posibilidad de que la huida temporal de algunos varones fuera una emigración familiar, es decir, que incluyera también a las mujeres y los niños.

Las personas mayores, por su parte, son quienes están mejor relevadas, con un porcentaje bajo de omisión que podemos atribuir, prácticamente en su totalidad, a la ya citada omisión de cuarteles y manzanas.

Como vimos en la sección anterior, el subregistro de determinados grupos de edad y sexo tiende a modificar la estructura de la población. En este caso, afecta a los niños y a las edades activas, sobre todo a los varones, es decir, los grupos de edad y sexo que se suelen omitir (Chackiel, 2009).

E. Evaluación de la declaración de la edad

La declaración errónea de la edad suele ser uno de los errores más comunes en los censos. El índice de Whipple mide la preferencia por los dígitos finales cero y cinco en conjunto[39]. El índice varía entre 100 y 500. Si el resultado es 100, toda la población declaró de manera correcta su edad, mientras que, si el resultado es 500, toda la población declaró su edad redondeando en cero o en cinco. En el cuadro 11 se pueden observar índices de Whipple por sexo y edad que presentan valores elevados. Los valores son aún más altos entre las mujeres y las personas mayores. Podemos deducir que más de la mitad de la población declara su edad de manera inexacta, dado que en todos los casos se superan los 250 puntos.

Cuadro 11

Ciudad de Buenos Aires: índice de Whipple, adultos y personas mayores, 1827

Sexo

Índice de Whipple

Adultos

Personas mayores

Varones

251,8

269,9

Mujeres

269,7

330,7

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Argentina, Archivo General de la Nación.

Nota: En el índice de Whipple, la población adulta comprende a quienes tienen entre 23 y 62 años, mientras que en la categoría de personas mayores se toma en cuenta la población de 53 a 82 años.

El índice de Myers es un indicador complementario que nos permite evaluar la atracción que ejercen ciertos dígitos finales. En el indicador se presupone que cada dígito final debe corresponder al 10% de la población. Por lo tanto, si un número presenta un porcentaje superior al 10%, se considera que ejerce atracción; en cambio, si se corresponde con un porcentaje inferior al 10%, se considera que genera rechazo. En general, los dígitos finales cero y cinco suelen ejercer cierta atracción debido a que una parte de la población redondea su edad. A su vez, el indicador tiene un número resumen que equivale a la suma de los números naturales (es decir, sin tomar en cuenta si el signo es positivo o negativo) que conforman la columna de desvíos. Mientras más cercano a cero sea el número de resumen, más exacta será la declaración de la edad (Chackiel y Macció, 1978). En el cuadro 12 observamos que el número cero ejerce una fuerte atracción, tanto en varones como en mujeres. Otro número que ejerce atracción es el ocho, aunque bastante menos que el cero. Por otra parte, el resto de los números ejercen diversos grados de rechazo, que es más fuerte en el caso de los dígitos finales uno, tres, siete y nueve. La declaración más correcta de la edad la observamos en el dígito cinco, que ejerce un leve porcentaje de atracción, y el seis, que genera un leve rechazo, aunque en ambos casos el desvío es inferior al 1%.

Los inconvenientes con respecto a la declaración de la edad pueden observarse a simple vista en el gráfico 3. Es de destacar la extensión de la pirámide en las edades terminadas en cero, particularmente de los 30 años en adelante (30, 40, 50 y otros). Además, parece haber otras edades que ejercen algún tipo de atracción: 18, 28, 25, 35. Otras generan rechazo, sobre todo las finalizadas en nueve y en uno (9 y 11; 19 y 21; 29 y 31, entre otras), como contracara del efecto de redondeo que se observa en las edades terminadas en cero.

También es posible apreciar los inconvenientes de omisión que presenta el padrón, en particular la escasez de menores de 10 años y la falta de varones en edad activa, problemática que tratamos en la sección anterior.

Cuadro 12

Ciudad de Buenos Aires: índice de Myers, 1827

Dígito final

de la edad

Varones

Mujeres

Desvío del 10%

Índice de Myers

Desvío del 10%

Índice de Myers

0

24,8

53,3

26,0

56,6

1

-6,1

-5,9

2

-1,7

-2,8

3

-5,3

-6,1

4

-1,4

-2,0

5

0,6

0,9

6

-0,8

-0,5

7

-5,6

-5,6

8

1,3

1,4

9

-5,7

-5,4

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Argentina, Archivo General de la Nación.

Gráfico 3

Ciudad de Buenos Aires: población según sexo y edad, 1827

(En años simples)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Argentina, Archivo General de la Nación.

Nota: Se usaron 42.308 casos en total. En 220 de ellos, no se contaba con datos sobre la edad; en 30, no se contaba con datos sobre el sexo.

En el cuadro 13 corregimos la declaración de la edad a partir de un procedimiento matemático: el método de Arriaga (1969, citado en Arriaga, 2001). Este método permite corregir los errores observados en determinados grupos quinquenales. El procedimiento consiste en ajustar la población mediante la suposición de que un polinomio de segundo grado pasa por el punto medio de cada tres grupos decenales de edad e integra el grupo de edad quinquenal. La ventaja que este procedimiento ofrece en relación con otros es que permite evaluar las edades menores de 10 años y, a la vez, no modifica los totales de población.

Cuadro 13

Ciudad de Buenos Aires: ajuste de la edad a través del método de Arriaga, 1827

(En número de personas y porcentajes)

Grupos

de edad

Población censada

Población ajustada

Varones

Mujeres

Varones

Mujeres

N

N

N

Porcentaje de ajuste

N

Porcentaje de ajuste

0 a 4

1 841

1 895

2 232

21,2

2 040

-7,7

5 a 9

2 376

2 447

1 985

-16,4

2 302

5,9

10 a 14

2 184

2 427

1 757

-19,6

2 537

4,5

15 a 19

1 192

2 750

1 619

35,8

2 640

-4,0

20 a 24

1 389

2 771

1 498

7,8

2 834

2,3

25 a 29

1 581

2 611

1 472

-6,9

2 548

-2,4

30 a 34

1 895

2 426

1 549

-18,2

1 948

-19,7

35 a 39

1 123

1 140

1 469

30,8

1 619

42,0

40 a 44

1 668

1 915

1 366

-18,1

1 389

-27,5

45 a 49

843

585

1 145

35,8

1 111

89,9

50 a 54

1 089

1 099

807

-25,9

783

-28,8

55 a 59

349

267

631

80,7

583

118,4

60 a 64

713

634

530

-25,7

437

-31,0

65 a 69

201

101

384

91,2

298

194,8

70 a 74

236

184

232

-1,9

167

-9,1

75 a 79

67

29

72

6,7

46

57,9

80 y más

130

150

-

-

-

Total: 0 a 79

18 747

23 281

18 747

-

23 281

-

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Argentina, Archivo General de la Nación.

Nota: El procedimiento no permite ajustar las edades de 80 años y más. En 220 casos no se contaba con datos sobre la edad, y en 30 no se contaba con datos sobre el sexo.

A partir de nuestra corrección, podemos observar que, en la mayoría de los grupos de edad que contienen el número cero, el ajuste es positivo (es decir, se agrega población). Por el contrario, en la mayoría de los grupos de edad que no contienen dicho número, el ajuste resulta negativo (es decir, se resta población). Esto nos permite entrever, tal como vimos en los indicadores anteriores, que el cero ejerce una fuerte atracción en desmedro de otros números. Por otra parte, es posible apreciar que, hasta el grupo de edad de 25 a 29 años, el ajuste es mayor entre los varones, mientras que, a partir de entonces, el ajuste mayor se observa en las mujeres.

Hoy en día, el error en la declaración de edad en la Argentina es bastante reducido y llega a ser prácticamente inexistente (véase el cuadro 14). Atribuimos los avances en la declaración de la edad al desarrollo de la educación desde la segunda mitad del siglo XIX. No obstante, el padrón de 1827 se sitúa en un contexto en que la educación pública y la privada estaban limitadas a una élite. Por consiguiente, consideramos que los errores detectados en los indicadores de evaluación de la declaración de la edad se deben al alto porcentaje de analfabetismo de la población porteña de 1827. La falta de práctica en lectoescritura, así como en las operaciones matemáticas básicas, impedía que la mayor parte de la población recordara su edad de manera exacta. Incluso muchas de las personas sabían su edad a partir de acontecimientos históricos cercanos a su nacimiento: el gobierno de tal o cual virrey, las invasiones inglesas y la Revolución de Mayo, entre otros[40].

Cuadro 14

Argentina: índice de Whipple e índice de Myers (resumen), 2010

Varones

Mujeres

Índice de Whipple

102,5

102,7

Índice de Myers

1,6

1,7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, “Estimaciones y proyecciones de población 2010-2040: total del país”, serie Análisis Demográfico, Nº 35, Buenos Aires, 2013.

La declaración de la edad, como generalmente sucede en este tipo de análisis, es más inexacta entre las mujeres y las personas mayores. A las mujeres se les atribuye el hecho de “quitarse” años en el momento de declarar su edad, mientras que la declaración de las personas mayores puede ser confusa si el informante no sabe la edad y la persona no la recuerda de manera correcta (Chackiel, 2009). Por otra parte, llegada una determinada edad, “sumarse” años tiene que ver con el prestigio social[41]. A su vez, debemos tomar en cuenta que, en las sociedades del antiguo régimen, las mujeres tenían una mayor tasa de analfabetismo, de modo que tendrían una mayor tendencia a declarar su edad de manera incorrecta.

F. Conclusión

El padrón de la ciudad y la campaña de Buenos Aires de 1827 se elaboró en un contexto complejo: la guerra con el Brasil y el profundo conflicto entre el poder central y las provincias. La crisis económica derivada de la guerra tampoco ayudaba a mejorar el panorama.

En cuanto a los errores de contenido, la calidad de las variables resulta bastante irregular, sobre todo en lo que respecta a la ocupación y los años de residencia en la ciudad, variables que tienen un alto porcentaje de no respuesta.

En cuanto a los errores de cobertura, la omisión censal alcanza un número relativamente importante. A la población omitida debemos separarla en tres partes: i) la población que falta debido a la omisión de ciertas zonas de la ciudad o al extravío de las cédulas censales correspondientes (los cuarteles 9 y 22, así como una cantidad de manzanas difícil de determinar); ii) la población masculina presente en el ejército de operaciones en la Banda Oriental y en la armada, y iii) una población ausente sin motivo aparente. En este último caso, debemos buscar los motivos, por un lado, en la omisión de niños, y por el otro, en la de varones adultos. La omisión de niños resulta endémica en los censos protoestadísticos, y el padrón de 1827 no es la excepción. En el caso de los varones adultos, las causas podrían ser la ausencia por trabajo o el hecho de que huyeran o se ocultaran del censista como efecto derivado de la guerra. La omisión sin justificativo aparente no solo afecta a los varones en edad activa, sino también a las mujeres, aunque en menor medida. Esto nos lleva a pensar, por un lado, que el Estado no tenía tanto interés en censar mujeres (no iban a la guerra ni pagaban impuestos) y, por el otro, que existe la posibilidad de que no solo los hombres escaparan de las levas, sino que, en algunos casos, esta emigración de la ciudad se llevara a cabo en familia, con inclusión de las mujeres y los hijos.

El panorama que surge de este escenario supone una población con crecimiento negativo y muy feminizada. No obstante, tanto el recuento total de la población como la relevancia de las mujeres resultan algo ficticios debido a los inconvenientes del padrón y al contexto de la época. Al superarse los años conflictivos de finales de la década de 1820 y principios de la de 1830, los empadronamientos vuelven a adquirir patrones que son, de alguna manera, más equilibrados.

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[1] El autor agradece a Gladys Massé y a Tomás Guzmán, por la ayuda que le brindaron durante la elaboración de este trabajo. Agradece también por sus interesantes aportes a Nathaly Ravinovich y a los evaluadores anónimos de Notas de Población.

[2] Licenciado en Historia de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Magíster en Demografía Social de la Universidad Nacional de Luján (UNLu). Correo electrónico: luispablodmi@yahoo.com.ar.

[3] La etapa protoestadística abarca el período colonial y el período independiente anterior al primer censo nacional que se llevó a cabo en la Argentina en 1869. Se caracteriza por la existencia de censos de calidad diversa en cuanto a la cobertura y el contenido, así como por las dificultades para asegurar la universalidad y simultaneidad del relevamiento.

[4] Algunos de esos investigadores son los siguientes: Martínez (1910), Ravignani (1919), Farberman (1992), Garavaglia (1993), Mateo (1993), Moreno (1993), Moreno y Mateo (1997), Díaz (1998) y Santilli (2000).

[5] Dichas poblaciones históricas corresponden a los siguientes lugares: San Luis de la Paz (México), durante el siglo XVIII; Valparaíso (Chile), entre 1871 y 1875; Lima, de 1869 a 1871; una iglesia luterana de Curitiba (Brasil), de 1880 a 1919, y Corrientes (Argentina), de 1866 a 1875.

[6] El Virreinato del Río de la Plata fue creado en el año 1776 como parte de las reformas borbónicas a fin de liberalizar el comercio y agilizar la administración imperial. Su capital era Buenos Aires y abarcaba de manera aproximada los actuales territorios de la Argentina, el Uruguay, el Paraguay y el Estado Plurinacional de Bolivia.

[7] La Revolución de Mayo, que tuvo lugar el 25 de mayo de 1810, implicó la formación de un Gobierno criollo conocido como Primera Junta y la deposición del virrey Cisneros, último gobernante español en el Río de la Plata.

[8] La leva es el reclutamiento de personas para el servicio militar.

[9] Durante la etapa colonial, la ciudad solo podía comerciar con la metrópoli y con diversos puertos autorizados del imperio español. Una vez abolido el régimen colonial, los Gobiernos independientes instauran el libre comercio.

[10] La crisis del año 20 es conocida por una serie de acontecimientos políticos y militares que tuvieron lugar en Buenos Aires, entre los que se encuentran la batalla de Cepeda y una serie de conflictos desatados en el interior de la élite gobernante porteña. Finalmente, Martín Rodríguez logra vencer a sus enemigos y es declarado gobernador de Buenos Aires, lo que da inicio a la denominada Feliz Experiencia.

[11] El Directorio fue el poder central de las Provincias Unidas del Río de la Plata hasta 1820. Estaba al mando de un director supremo que era la principal figura del Poder Ejecutivo.

[12] Porteño/a se refiere al gentilicio de la ciudad de Buenos Aires.

[13] Las Provincias Unidas del Río de la Plata es la unidad geográfica y política que sucedió al virreinato del mismo nombre. Es el antecedente de la Confederación Argentina y la actual República Argentina.

[14] José Gervasio Artigas fue un héroe de la independencia de las Provincias Unidas y el principal dirigente de la Banda Oriental. Mantuvo vínculos conflictivos con la élite porteña debido a sus posturas a favor del federalismo y en contra del centralismo de Buenos Aires.

[15] Los Treinta y Tres Orientales fueron un grupo de hombres que, desde el territorio de las Provincias Unidas, iniciaron un intento por liberar la Banda Oriental, ocupada en ese entonces por el Imperio del Brasil. Este movimiento tuvo un sorprendente éxito inicial y terminó derivando en la guerra entre las Provincias Unidas y el Brasil.

[16] Ante las presiones, Rivadavia comisionó al ministro Manuel García para firmar la paz con el Brasil. No obstante, García se habría extralimitado en sus funciones y firmó la paz en términos que fueron considerados ignominiosos por el Congreso Constituyente. De hecho, en el tratado se consideraba la cesión de la Banda Oriental y el pago de un resarcimiento económico al Imperio del Brasil. El Congreso rechazó el tratado, lo que derivó en la renuncia de Rivadavia y la continuidad de la guerra durante un año más.

[17] Los cuarteles eran la división administrativa de la ciudad y cada uno de ellos estaba al mando de un alcalde. En el padrón de 1827, la ciudad contaba con 38 cuarteles, la mayor parte de los cuales tenía un trazado regular y estaba compuesto por 16 manzanas.

[18] En la práctica, además de las categorías de color citadas (blanco, pardo, moreno o indio), se utilizan otras adicionales, como ser: mulato (mezcla de negro y blanco); mestizo (mezcla de indio y blanco); chino (mixtura derivada de negros); zambo (indio y negro); natural (indio); trigueño (mixtura que refiere al color del trigo), y tape (mixtura de rasgos aindiados).

[19] Se trata de la Parroquia del Socorro, situada en una zona periférica en el norte y el este de la ciudad, que comprendía los cuarteles 1, 14, 15 y 16 (véase la imagen 1) en el actual barrio de Retiro.

[20] A esos seis habría que sumar uno más correspondiente a la primera campaña, pero decidimos deliberadamente dejar a los cuarteles de la campaña fuera de nuestro análisis, para quedarnos solo con los pertenecientes a la ciudad.

[21] Este dato debemos tomarlo con cuidado. Si bien logramos verificar que esas 63 manzanas no figuran entre las planillas, bien podría tratarse de baldíos sin ocupar o de un sector de contrafrentes. Lamentablemente, el censo no aporta información en este sentido, ni mucho menos presenta una cartografía de la ciudad, de modo que todo queda en el plano de las conjeturas.

[22] Este supuesto no incluye a los portugueses, dado que el Imperio del Brasil declara su independencia de Portugal en 1822, una fecha relativamente cercana a la realización del padrón, por lo que algunos brasileños negros o pardos, e incluso algunos esclavos, podían pasar como portugueses.

[23] Cabe la misma aclaración que en la nota anterior.

[24] Para utilizar el término “omisión censal”, nos tomaremos algunas reservas metodológicas por tratarse de un padrón de la etapa protoestadística. Dado que han pasado 190 años desde la realización del operativo censal, no estamos en condiciones de averiguar qué ha pasado realmente con una parte de la población omitida que habitaba los cuarteles y las manzanas faltantes. Es posible que se trate de una omisión censal en el sentido estricto de la palabra, incluso sabemos que los resultados finales de este padrón no se publicaron en ningún momento. No obstante, es posible que el faltante de manzanas y cuarteles enteros, principales causantes de la omisión, se deba a cuestiones externas al operativo censal, como puede ser el extravío de las cédulas censales correspondientes.

[25] Ecuación compensadora: población1827 = población1822 + nacimientos1822; 1827 – defunciones1822; 1827 + inmigración1822; 1827 – emigración1822; 1827.

[26] Por tratarse de una etapa en la que no existía el registro civil, los nacimientos y las defunciones se registraban según el rito católico, como bautismos y entierros, en las parroquias de la ciudad. La utilización de los archivos parroquiales como fuente plantea dos interrogantes: i) ¿cómo se contabilizan los bautizados que no habían nacido durante el mismo año? y ii) ¿qué sucede con quienes profesan una religión distinta al catolicismo? Ambas cuestiones son relevantes, dado que pueden crear errores en nuestros cálculos. En cuanto al primer punto, nuestra fuente (Martínez, 1910) no hace aclaración alguna. No obstante, a partir de las bases de datos que se elaboraron en un trabajo reciente (Moreno y Dmitruk, 2016), hemos notado que este problema tiene una incidencia escasa en la parroquia del Socorro en 1830 (0,02%). En cuanto al segundo punto en cuestión, podemos afirmar que, en la década de 1820, la presencia de “disidentes” no era demasiado significativa. Recién en esta época comienza a haber una mayor afluencia de europeos que profesan la religión protestante (especialmente ingleses y británicos no irlandeses), y el primer templo se crea en 1831 (Martínez, 1910).

[27] Las sociedades pretransicionales son las que se encuentran en el período anterior a la transición demográfica. La teoría de la transición demográfica señala, a grandes rasgos, que, en una primera etapa —la etapa pretransicional— tanto la natalidad como la mortalidad son altas debido a la falta de métodos anticonceptivos y al bajo nivel de vida general de la población. En una segunda etapa, la natalidad sigue siendo alta, mientras que la mortalidad baja debido a la mayor disponibilidad de recursos y a las mejoras sanitarias. La diferencia entre la natalidad alta y la mortalidad que desciende genera un importante crecimiento demográfico. En la tercera etapa, la mortalidad continúa descendiendo, pero la natalidad sufre una fuerte reducción debido a cambios culturales y a mejoras en los métodos anticonceptivos. Finalmente, en la última etapa, tanto la natalidad como la mortalidad son bajas, por lo que la población tiende a estabilizarse.

[28] Varios autores mencionan valores aproximados al estudiar poblaciones pretransicionales, entre otros: Coale (1984), Fogel (1994), Guinnane (2011) y Ogórek (2013).

[29] Poblaciónvarones/mujeres 1827 = poblaciónvarones/mujeres 1822 + nacimientosvarones/mujeres 1822; 1827 – defuncionesvarones/mujeres 1822; 1827 + inmigraciónvarones/mujeres 1822; 1827 – emigraciónvarones/mujeres 1822; 1827.

[30] La relación de masculinidad es un indicador que muestra la cantidad de hombres por cada 100 mujeres: RM= Nv/Nm*100.

[31] En relación con el censo de la ciudad de Buenos Aires de 1822, véase Estado de Buenos Aires, 1859; en relación con el censo de 1855, véase Massé, 2008. Las referencias relativas a otros lugares son las siguientes: Lima, 1860, véase Cosamalón (2009); Chile, 1854 (diversas ciudades), véase Pérez Eyzaguirre (2012); Ciudad de México, 1790, véase Pérez Toledo y Klein (2002); Zacatecas, 1857, véase Pérez Toledo y Klein (1992). En los casos de Buenos Aires, Lima, Concepción (Chile) y Talcahuano (Chile), se observa un patrón similar en cuanto a que la población nativa se encuentra en su mayoría compuesta por mujeres, mientras que los inmigrantes son, en su mayor parte, varones. Este patrón no se observa en Ciudad de México ni en Zacatecas, donde entre los inmigrantes predominan las mujeres. Entre las ciudades importantes de Hispanoamérica, la única que mantiene una RM superior a 100 es Montevideo, donde la inmigración masculina parece ser de gran relevancia (Pollero, 2013).

[32] Ante la falta de indicadores viables, las Naciones Unidas (1972; 2003) recomiendan como uno de los métodos indirectos de evaluación utilizar valores pertenecientes a poblaciones similares. En este caso, concluimos que los valores que se observan en el padrón de 1822 representan a la sociedad más parecida a la de la ciudad de Buenos Aires en 1827. Luego de analizar la estructura de otros censos, como el de 1810 y el de 1855, llegamos a la conclusión de que el padrón de 1822 sería el más adecuado, lo que es obvio, en cierto sentido, dado que es el más cercano a nuestra fecha.

[33] En 1827, la esperanza de vida al nacer de la ciudad de Buenos Aires sería de 31,7 años (Dmitruk y Guzmán, 2016), mientras que, hacia mediados del siglo XIX, rondaría los 32 años (Muller, 1974, citada en Massé, 2006).

[34] El índice de dependencia potencial indica la población en edad no activa que es posible que la población en edad activa deba sostener. El indicador se expresa por cada 100 personas en edad activa.

[35] Recordemos que el destino de los cuarteles y las manzanas faltantes es realmente incierto: es posible que no se hayan relevado durante el operativo censal o que se hayan extraviado a lo largo del tiempo.

[36] Los números estimados correspondientes a los cuarteles faltantes se basan en el porcentaje de población que esos cuarteles tenían en el padrón de 1822, trasladado a la población total estimada de 1827. Un proceso similar se llevó a cabo con las manzanas que faltan, pero tomando en cuenta el promedio de habitantes por manzana de los cuarteles correspondientes. Es decir, se estimó la población de los cuarteles con manzanas faltantes sobre la base del porcentaje de población que tenían en el padrón de 1822, trasladado al total de la población estimada de 1827, y luego se hizo un promedio de habitantes por manzana.

[37] Los números varían según cada autor: Baldrich (1974, pág. 145) estima unos 8.090 soldados, aunque entre ellos aproximadamente 2.000 serían originarios de la Banda Oriental; Alvear (Baldrich, 1974, pág. 238) estima sus fuerzas en la batalla de Ituzaingó en 6.200 hombres; V. López (1910, citado en Baldrich, 1974, pág. 238) estima unos 7.300; Suárez (Círculo Militar, 1974) cuenta 7.700, 2.000 de ellos orientales; Iriarte (1988, págs. 108 y 109) calcula en 7.756 los soldados, entre los que estima 2.600 orientales.

[38] Los milicianos eran ciudadanos que —sea por vocación o por prestigio social— colaboraban con el ejército y actuaban como reserva. De alguna manera se trataba de soldados de medio tiempo, que en general tenían su ocupación correspondiente en la vida civil.

[39] Para saber cómo funciona el índice de Whipple en detalle, véase Chackiel y Macció (1978), cap. VI.

[40] Las invasiones inglesas fueron dos episodios bélicos que la Corona británica llevó a cabo a fin de hacerse con un enclave en el Atlántico Sur, ante el bloqueo que Napoleón ejercía en Europa continental. En junio de 1806, los británicos lograron tomar durante tres meses la capital del virreinato, para luego ser expulsados. En julio de 1807, el ataque británico fue rechazado por las milicias porteñas. Ambos episodios se consideran antecedentes relevantes que desencadenaron la Revolución de Mayo en 1810.

[41] Nos encontramos con siete casos que declaran tener 100 años e incluso con un caso que declara 112. Obviamente, consideramos la cifra como una mera aproximación o un modo de decir que la persona en cuestión tiene muchos años.

¿Qué nos dicen las proyecciones demográficas para Cuba?

Diego Enrique González Galbán[1]

Humberto González Galbán[2]

Recibido: 27/06/2017

Aceptado: 01/08/2017

Resumen

El objetivo de este artículo es sintetizar los resultados fundamentales del análisis de una serie de cuatro proyecciones demográficas para Cuba, elaboradas para satisfacer oportunamente los requerimientos de información sobre las futuras características de la población y los hogares, entre ellas el tamaño, la composición y estructura por sexo y edad, la distribución por zonas urbana y rural y la población económicamente activa, en los diferentes niveles territoriales.

Para la elaboración de las proyecciones aquí presentadas se utilizó el método de los componentes principales, a partir de la ecuación compensadora y sobre la base de datos oficiales divulgados por la Oficina Nacional de Estadística e Información cubana. La información proyectada abarca el período de 2015 a 2050.

Los resultados ratifican la disminución prevista de la población cubana y cambios en el tamaño y la jefatura de los hogares del país.

Palabras clave: proyecciones, población, tamaño, estructura, distribución, Cuba, período 2015-2050.

Abstract

This article summarizes the key results of the analysis performed on a series of four population projections for Cuba, which were designed to provide timely information on the future characteristics of the population and households —including size, composition and structure by sex and age, distribution by urban and rural areas, and the economically active population— at different territorial levels.

The projections presented —referring to the 2015–2050 period— were prepared using the principal component method, on the basis of the demographic balancing equation and official data provided by the National Office of Statistics and Information of Cuba.

The results confirm the anticipated decline in the Cuban population, as well as shifts in household size and headship.

Keywords: projections, population, size, structure, distribution, Cuba, 2015-2050 period.

Résumé

Cet article a pour objet de synthétiser les principaux résultats de l’analyse d’une série de quatre projections démographiques pour Cuba, préparées pour répondre en temps utile aux besoins d’information sur les caractéristiques futures de la population et des ménages, y compris la taille, la composition et la structure par sexe et par âge, la répartition par zones urbaines et rurales et la population économiquement active, aux différents niveaux territoriaux.

Les projections présentées ici ont été élaborées selon la méthode des composantes principales, sur la base de l’équation de compensation et des données officielles publiées par l’Office national cubain de la statistique et de l’information. L’information projetée couvre la période allant de 2015 à 2050.

Les résultats confirment la diminution attendue de la population cubaine et les changements intervenus dans la taille et la direction des ménages cubains.

Mots clés: projections, population, taille, structure, répartition, Cuba, période 2015-2050.

Introducción

En la actualidad, las proyecciones demográficas, en particular las de población por sexo y edad, son imprescindibles para todos los países. Con mayor o menor eficacia y rigor, se utilizan como punto de partida de las acciones de planificación económica y social, con arreglo a la perspectiva de la población como objeto y sujeto del desarrollo.

Debido a la dinámica demográfica actual de Cuba, la demanda de proyecciones demográficas y su importancia han aumentado. Esto también obedece a que la población no es un ente aislado, sino que interactúa en forma constante con el desarrollo, en un contexto en que el modelo económico que sustenta dicho desarrollo es objeto de un proceso de actualización y reconceptualización.

Ello explica la necesidad sin precedentes de realizar ejercicios para prever escenarios de población tendenciales y alternativos y vincularlos con ejercicios de elaboración de modelos económicos en los que no se debe omitir la variable población.

En este contexto, el Centro de Estudios de Población y Desarrollo (CEPDE), de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de Cuba, publicó entre fines de 2015 y 2016 cuatro tipos de proyecciones demográficas, elaboradas para satisfacer oportunamente los requerimientos de información sobre las futuras características de la población —entre ellas el tamaño, la composición y estructura por sexo y edad, la distribución por zonas urbana y rural y la población económicamente activa— y de los hogares, según el número de componentes y la edad del jefe, a nivel provincial y nacional.

Estas proyecciones son:

• Proyecciones de la Población de Cuba 2015-2050

• Proyecciones de la Población Urbana y Rural Cubana 2015-2050

• Proyecciones de la Población Económicamente Activa 2015-2030

• Proyecciones de los Hogares Cubanos 2015-2030

Todas ellas se elaboraron en colaboración con el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL.

En el trabajo se detallan las fuentes de información y la metodología utilizada, así como los sistemas de procesamiento y los algoritmos empleados. Sin la aspiración de agotar el tema, el objetivo de este artículo consiste en sintetizar los resultados fundamentales del análisis de esta serie de proyecciones demográficas. Con ello se pretende responder a la siguiente pregunta: ¿aportan las proyecciones demográficas los elementos necesarios para la toma de decisiones en el presente, de modo que se puedan modificar situaciones no deseables en el futuro con respecto a la dinámica demográfica en su interrelación con el desarrollo?

Para introducir al lector en la temática, se presenta una breve descripción de la dinámica demográfica actual en Cuba.

A. Fuentes de datos

Las fuentes de datos utilizadas son los Censos de Población y Viviendas y el Sistema de Información Estadística Nacional (SIEN) de demografía, que se basa en sistemas de registros administrativos. También se utilizó información de encuestas de hogares, pero solo como referencia o comparación.

Los censos se utilizan ampliamente en Cuba y, por su elevada cobertura y calidad, establecen o fijan la población base para el cálculo anual de la población obtenido mediante la ecuación compensadora. En la mayoría de los países la población censal se ajusta a partir de la aplicación de una serie de pruebas de consistencia y de la evaluación de su cobertura. En la mayor de las Antillas no es así. La omisión de personas del Censo de Población y Viviendas de 2002 fue del 0,50%, mientras que en el censo de 2012 se incrementó al 1,04%, cifras realmente bajas para levantamientos censales en cualquier país.

Por otra parte, se aplicaron pruebas de consistencia para evaluar la edad mediante dos indicadores recomendados internacionalmente para determinar la atracción por dígitos conocidos (0 y 5), que se puede relacionar con la calidad del dato de la edad. Así, en el censo de 2002 se obtuvo un índice de Myers de 1,46, mientras que en el de 2012 fue de 2,34. Según la clasificación del CELADE-División de Población de la CEPAL, cuando el índice está por debajo de 5 la atracción entre dígitos es baja o, en otras palabras, la calidad de los datos relativos a la edad es buena. El índice de Whipple fue de 102,23 en 2002 y 101,5 en 2012. Se considera que los valores cercanos a 100 indican la existencia de poca atracción de dígitos, que se interpreta igualmente como un dato de buena calidad con respecto

a la edad[3].

Teniendo en cuenta la elevada cobertura y calidad de los datos obtenidos en los censos, se considera que no es necesario realizar ningún ajuste a dicha información. En consecuencia, se asume que tienen suficiente consistencia como para tomarlos como población base, tanto para los cálculos anuales de la población como para las proyecciones.

La información de los censos de 2002 y 2012 no solo se utilizó como población base para estos trabajos, sino que de ella también se obtuvieron la distribución por zonas urbana y rural, las tasas de actividad y la distribución de los hogares según la edad del jefe y el número de componentes.

En lo referente a las variables demográficas que inciden en el crecimiento de la población —a saber, fecundidad, mortalidad y migraciones (internas y externas)—, se utilizaron datos provenientes de sistemas de registros administrativos, como el Registro del Estado Civil y los registros de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería (DIIE).

Los nacimientos se registran de oficio en los hospitales, donde ocurre el 99,9% de los partos. El resto se inscribe directamente en el Registro del Estado Civil. La copia del certificado de nacimiento llenado en esos lugares por funcionarios especializados se envía a la red territorial de la ONEI al cierre del mes de referencia.

La cobertura y la calidad del registro de nacimientos se consideran óptimas porque el proceso está sometido a varios controles directos e indirectos. En primer lugar, está sujeto a un doble conteo y compatibilización entre la ONEI y el Ministerio de Salud Pública (MINSAP), mensualmente a nivel provincial y trimestralmente a nivel nacional. Además, los partos ocurridos fuera de centros asistenciales de salud (0,1%) se registran y entran al sistema inmediatamente porque a los padres les resulta conveniente inscribir al recién nacido para poder acceder a una serie de servicios, alimentos y productos necesarios para el niño, que se brindan o venden a precios subsidiados o son deficitarios en el mercado liberado.

En cuanto a las defunciones, se considera que su omisión en las estadísticas cubanas solo puede presentarse por excepción, ya que igualmente existe un doble conteo y compatibilización entre la ONEI y el MINSAP, idéntico al descrito para los nacimientos. Las defunciones también deben pasar por un sistema de múltiples controles administrativos y metodológicos, en el que intervienen el MINSAP (llenado del certificado), el gobierno local (funerarias y cementerios), la DIIE (recogida del documento de identidad personal) y el Ministerio de Justicia (MINJUS), a través de sus oficinas del Registro del Estado Civil (para la inscripción de la defunción y la autorización de la inhumación).

La cobertura y la calidad de las estadísticas de nacimientos y defunciones han sido evaluadas en años anteriores, incluso por expertos del CELADE-División de Población de la CEPAL y de organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas.

Cuba es uno de los pocos países en el mundo que cuentan con estadísticas de migraciones internas continuas basadas en registros administrativos. En 1974 se implantó el sistema de Carné de Identidad y Registro de Población (CIRP), que cuenta con oficinas en todos los municipios del país. Su objetivo es dotar a cada ciudadano de un documento de identidad personal, en el cual se le asigna un número con carácter permanente. Ello significó un notable avance en la organización social del país. El sistema registra a las personas en su lugar de residencia permanente (municipio). En caso de cambio de dirección, los ciudadanos deben notificarlo a la oficina correspondiente. Cuando dicho cambio ocurre entre municipios distintos, el ciudadano debe ir a la oficina del nuevo municipio a notificarlo.

En 2013 se unieron las direcciones del CIRP y la Dirección de Inmigración y Extranjería (DIE) bajo la denominación de DIIE. En la actualidad, las migraciones internas se obtienen mensualmente en soporte digital de forma centralizada. Este mismo centro informante entrega con igual periodicidad ficheros digitales con las migraciones externas.

B. Metodología y procesamiento

1. Proyección de la población por sexo y edad, 2015-2050

El software utilizado para elaborar la proyección fue la versión 5.8 del programa de proyecciones demográficas en Excel (PRODEX) del CELADE-División de Población de la CEPAL. La metodología se basa en la aplicación de la ecuación compensadora, también conocida como método de los componentes:

Nt = N^0 + B0,t – D0,t ± SM0,t

Donde:

Nt Población al final del período t

N^0 Población al inicio del período

B0,t Nacimientos del período 0,t

D0,t Defunciones del período 0,t

SM0,t Saldo migratorio total del período 0,t

El módulo de entrada de datos del PRODEX incluye cuatro secciones. La primera se refiere a la población inicial (N0), que en este caso correspondía al 31 de diciembre de 2013, con desglose por sexo y edades simples en cada una de las provincias. El PRODEX realiza la proyección de cada provincia y tiene un módulo para obtener el nivel nacional por agregación de todos los territorios.

La segunda sección corresponde a los datos de fecundidad, a los cuales se aplican los algoritmos correspondientes para obtener los nacimientos del período (B0,t). Los datos de entrada son la tasa global de fecundidad (TGF) por quinquenios de la proyección y la estructura por edad de la fecundidad al inicio y al final del período de la proyección.

Para cada provincia se obtuvo el valor promedio de la TGF de los últimos cinco años, que se tomó como fecundidad de inicio para el primer quinquenio de la proyección. Para los quinquenios sucesivos se asumió un descenso o un aumento de la tasa según la tendencia observada en el territorio, siempre discreto y limitado por asíntotas consideradas como valores extremos. En los casos con inicios negativos se consideró que la situación se invierte y la tasa comienza a crecer en el tercer quinquenio, como consecuencia de una serie de planes y programas aprobados por el Gobierno para atender los bajos niveles de fecundidad. Para el resto se consideraron incrementos de pequeña magnitud. Los incrementos considerados entre quinquenios son similares a los utilizados por el CELADE-División de Población de la CEPAL para las proyecciones de población de los países de América Latina y el Caribe y a los de la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de las Naciones Unidas.

En el caso de la estructura por edad de la fecundidad, también se promediaron los últimos cinco años y se aplicó el valor obtenido al inicio de la proyección. También se consideró una estructura distinta para el final de la proyección, asumiendo que esta debía pasar de una estructura joven a una mayor. Los valores intermedios se obtuvieron por interpolación.

En el caso de la mortalidad, el sistema convierte los datos relativos a la esperanza de vida al nacer según el sexo y las tasas específicas (por edades simples) de mortalidad en probabilidades de muerte y relaciones de sobrevivencia. Estas se interpolan a partir de tablas modelo del CELADE-División de Población de la CEPAL para proyectar las defunciones del período (D0,t). De acuerdo con la tendencia observada en cada provincia entre los dos últimos cálculos de la esperanza de vida (2005-2007 y 2011-2013), se asumieron aumentos considerados medios a la edad de 0 años, según la metodología del CELADE-División de Población de la CEPAL (Pujol, 1995).

En la sección relativa a las migraciones se deben ingresar los saldos totales quinquenales diferenciados por sexo y edad. También en este caso, el saldo inicial de la proyección en cada provincia se obtuvo a partir del promedio de los últimos cinco años y se consideró que disminuiría un 25% en cada quinquenio sucesivo, hasta llegar a 0. Este supuesto es similar al que se utiliza en el sistema de proyecciones de la población mundial de la División de Población del DAES (Naciones Unidas, 2015). De este modo se obtuvieron los saldos migratorios totales (SM0,t) de cada período proyectado.

Así, se elaboró la variante media o recomendada, como se la denomina en la literatura sobre el tema, para cada provincia y para Cuba. Esta se considera como tal por ser la que expresa de mejor manera lo que sucedería de mantenerse las tendencias actuales. Además se previeron otros dos escenarios, identificados como variantes de proyección alta y baja[4]. Estas se basaron en criterios similares a los utilizados por el CELADE-División de Población de la CEPAL y la División de Población del DAES en cuanto a valores por encima y por debajo de la hipótesis de fecundidad utilizada en la variante media.

Una vez introducidos los datos básicos en el PRODEX, se ejecuta el programa y se obtienen diversas salidas. La población por sexo y edades simples para cada año de la proyección en cada provincia es la más importante. Posteriormente se obtiene el nivel nacional por agregación.

2. Proyección de la población urbana y rural, 2015-2050

En este caso, se trata de desglosar la proyección anteriormente explicada (población a nivel provincial y nacional) según la zona de residencia, urbana o rural. Para ello se utilizó una plantilla de Excel elaborada por el CELADE-División de Población de la CEPAL, en la que se introdujeron los datos de los censos de 2002 y 2012 de cada provincia separados por sexo. En la plantilla se asume que el crecimiento de la población urbana en la perspectiva será similar a la evolución registrada entre ambos censos. Una vez obtenida la población urbana se obtiene, por diferencia, la rural.

En esencia, es la misma metodología utilizada por el CELADE-División de Población de la CEPAL en 2005 con respecto a los países de América Latina, que se sustenta en la descripción de la trayectoria probable del porcentaje de la población urbana según el sexo, representada por modelos logísticos y considerando una asíntota inferior y otra superior.

Esto resulta novedoso en el contexto cubano, pues es la primera vez que el país cuenta con una proyección de este tipo, elaborada por especialistas nacionales y para todas las provincias[5].

3. Proyección de la población económicamente activa (PEA), 2015-2030

También en este caso se tomó una plantilla de Excel elaborada y utilizada por el CELADE-División de Población de la CEPAL para formular las proyecciones de los países de América Latina en el año 20066. El procedimiento se sustenta en la descripción de la trayectoria probable del porcentaje de la PEA según el sexo, representada en modelos logísticos, considerando una asíntota inferior y una superior.

La población base utilizada fue la proyección por sexo y edad calculada para las zonas urbana y rural descrita inicialmente. Los insumos fueron las tasas de actividad por sexo y edad de los censos de 2002 y 2012, que permitieron establecer los valores pivotes de la PEA por separado para hombres y mujeres.

En síntesis, las hipótesis utilizadas se basaron en la consideración del comportamiento tendencial de las tasas de actividad observadas entre los dos censos y su mantenimiento a lo largo del período de la proyección.

En este caso hubo que utilizar métodos de suavizado para ajustar las curvas de las tasas de actividad por edad y sexo en algunas provincias. La comparación del nivel nacional obtenido por agregación con las tasas obtenidas sobre la base de encuestas de hogares de 2003, 2006, 2010 y 2014 evidenció la consistencia de los resultados.

Esta proyección resultó novedosa en el contexto cubano, ya que si bien se habían elaborado proyecciones de la PEA en dos ocasiones anteriores, esta fue la primera vez que se obtuvieron resultados desglosados por provincias.

4. Proyección de hogares, 2015-2030

Durante la etapa de revisión bibliográfica para elaborar esta proyección se constató que existen varios programas informáticos para hacer proyecciones de población por sexo y edad, de población por zonas urbana y rural y de población económicamente activa. En los últimos años, se crearon también programas para hacer proyecciones de grupos de interés, como por ejemplo, de personas infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Sin embargo, los programas para realizar proyecciones a nivel de hogares son escasos o prácticamente inexistentes y, cuando se encuentran, tienen un carácter más teórico que práctico.

Por otra parte, los antecedentes sobre publicaciones con proyecciones oficiales de hogares en América Latina y el Caribe también son escasos. México constituye la única excepción, además de algunas propuestas o ejercicios académicos en determinados países, entre ellos la tesis doctoral de Brenda Yépez, de la República Bolivariana

de Venezuela[7].

En la experiencia cubana no se conoce la realización de ningún ejercicio con este propósito. Ante la necesidad de contar con esta información, se decidió elaborar una metodología propia, que parte —como en la gran mayoría de las existentes— de la tasa de jefatura. En este caso se extrapoló la variación media anual de dicha tasa entre los censos de 2002 y 2012 a los próximos 15 años (hasta 2030) y se obtuvo así la proyección de la cantidad de hogares en cada provincia, desglosada según la edad y el sexo del jefe del hogar. Sin embargo, no se contaba con información sobre el tamaño de los hogares.

Para solucionar este problema, se llevó a cabo un procedimiento sencillo pero efectivo. Para cada grupo de edad se obtuvo la distribución de los hogares según su tamaño en el censo de 2012 y, al aplicar dicha estructura al total de hogares de ese grupo en cada año de proyección, se obtuvo su apertura por tamaño.

Así, la proyección de los hogares cubanos según la edad del jefe y el tamaño de los hogares a nivel nacional y provincial constituye una novedad científica y metodológica en la región. Los algoritmos y el procedimiento metodológico empleados pueden encontrarse en la publicación correspondiente[8].

C. Esbozo de la dinámica demográfica actual de Cuba

Conforme el principio de que el pasado y el presente son la clave para predecir el futuro, es conveniente examinar brevemente la dinámica demográfica de Cuba en la actualidad. El país se encuentra en una etapa avanzada de transición demográfica, caracterizada por comportamientos demográficos similares a los de países desarrollados, a saber: bajos niveles de fecundidad y de mortalidad, estructura por causas de muerte con predominio de enfermedades endógenas, elevadas tasas de nupcialidad, divorcio y urbanización, con crecimiento demográfico escaso o nulo, un notable grado de envejecimiento y un ritmo acelerado de dicho proceso.

Si bien este panorama no es nuevo en el escenario internacional, es novedoso que se produzca en el contexto de un país en desarrollo (González y González, 2007). Como puede apreciarse en el cuadro 1, los valores de algunos indicadores demográficos en Cuba son similares a los del conjunto de países desarrollados. Así, las medidas aplicadas en los países de Europa que experimentan esta situación desde hace décadas no podrán implementarse en Cuba por razones obvias. No obstante, los logros que la isla pueda alcanzar en el futuro en este terreno pueden ser un referente importante para otros países en desarrollo, en particular de América Latina y el Caribe.

Cuadro 1

Indicadores demográficos seleccionados: comparaciones internacionales, 2014

Indicadores

Mundo

Países desarrollados

Países en desarrollo

América Latina

Cuba

Tasa de crecimiento

(en porcentajes)

1,1

0,3

1,3

1,1

0,1

Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)

2,5

1,7

2,6

2,2

1,7

Esperanza de vida al nacer (años)

69

78

67

75

78

Hombres

67

75

66

70

76

Mujeres

72

81

69

75

80

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacidos vivos)

42

6

46

31

4,3

Urbanización (en porcentajes)

54

78

48

80

76

Fuente: Naciones Unidas, World Population Prospects: The 2014 Revision, Nueva York, 2015; Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), Anuario Estadístico de Cuba 2015: Edición 2016, La Habana, 2016.

D. ¿Qué nos dicen las proyecciones demográficas para Cuba?

1. Proyección de tamaño y composición por sexo y edad

Por lo general se elaboran tres escenarios alternativos de población para la mayoría de los países, tanto por los propios órganos estadísticos nacionales como por los organismos internacionales correspondientes. Son las llamadas variantes media, alta y baja de proyección. La primera de ellas es la más probable (tendencial). Como se aprecia en el gráfico 1, se prevé que en Cuba la población crecerá de forma discreta hasta alrededor de 2025 y comenzará a disminuir en forma acentuada a partir de ese momento. Así, de casi 11.224.000 habitantes el tamaño máximo de la población llegaría a 11.310.000 en 2025, mientras que al finalizar el período de proyección se reduciría a 10.842.000 personas.

Gráfico 1

Cuba: proyección de la población según variantes media, alta y baja, 2015-2050

(En número de personas)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

De manera general, este patrón se repite también en las variantes alta y baja de proyección, solo que en diferentes momentos. En la variante alta la población crece hasta 2025, se mantiene casi estable durante un quinquenio y comienza a decrecer después de 2030. Alcanza su tamaño máximo en 2027, con 11.406.000 habitantes, y al final del período de proyección se reduce a 11.065.000 habitantes. Conforme el ritmo de crecimiento registrado en ese momento, es presumible que en 2053 la población se reduzca a menos de 11 millones de habitantes. En la variante baja la población crecería hasta 2021, cuando alcanzaría 11.235.000 habitantes, y comenzaría a disminuir hasta llegar a 10.587.000 habitantes al final del período de la proyección.

En cuanto a la evolución de la estructura de la población por edad, la variante media de la proyección (véase el gráfico 2) muestra una reducción general en todos los grupos etarios, excepto el de 60 años y más. Mientras la población de 0-14 años disminuye en casi 30.000 personas entre 2015 y 2050, la población de 15-59 años de edad se reduce en 1.699.000 en el mismo período. La población mayor, en cambio, registra un aumento de más de 1.437.000 personas, al pasar de 2.162.000 a 3.599.000 habitantes.

Vista en detalle, la dirección del crecimiento de la población más joven muestra variaciones. Si bien decrece en los 35 años de proyección, se observan períodos en los que crece, aunque siempre en magnitudes pequeñas. Sin embargo, la población en edad activa disminuye invariablemente de año en año, al contrario de lo que sucede con la de 60 años y más, que crece en forma constante.

Gráfico 2

Cuba: proyección de la población según grupos de edad seleccionados, 2015-2050

(En número de personas)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

En términos relativos, el proceso de envejecimiento continuará produciéndose aceleradamente. En el censo de 1907 se registró un 4,6% de personas de 60 años y más, indicador que en la actualidad llega al 19,3%. Este camino recorrido por Cuba en un siglo fue transitado por los países de Europa en dos o tres siglos. No obstante, llama la atención que, según los pronósticos, el ritmo de crecimiento del envejecimiento se intensificará y la proporción de personas mayores superará el 33% de la población en 2050 (véase el cuadro 2). Esto ubicaría al país entre los primeros lugares a nivel mundial.

La evolución esperada de la estructura por edad de la población, a partir de los resultados de las proyecciones, tiene importantes repercusiones en todos los sectores de la sociedad y debe tenerse en cuenta en los planes de desarrollo económico y social. Para la comunidad científica y académica cubana especializada en temas poblacionales, el envejecimiento demográfico constituye el principal reto para el país en el marco de la relación entre población y desarrollo.

En este contexto, es conveniente analizar la relación entre la población en edad inactiva y en edad activa. Si bien la relación de dependencia o coeficiente de carga es un indicador muy general o poco refinado, ofrece una idea bastante cercana de la presión que la población en edad inactiva ejerce sobre las personas en edad activa. Convencionalmente, se incluye en el primer grupo a las personas de 0-14 años y 60 años y más y en el segundo a las personas de 15-59 años de edad.

Cuadro 2

Cuba: indicadores de envejecimiento según proyección de la población, 2015-2050

(En número de personas y porcentajes)

Año

Población de 60 años y más de edad

Grado de envejecimiento (en porcentajes)

Año

Población de 60 años y más de edad

Grado de envejecimiento (en porcentajes)

2015

2 161 713

19,3

2033

3 514 109

31,2

2016

2 204 800

19,6

2034

3 569 588

31,7

2017

2 246 796

20,0

2035

3 606 835

32,1

2018

2 286 925

20,3

2036

3 634 342

32,4

2019

2 331 091

20,7

2037

3 651 701

32,6

2020

2 387 851

21,2

2038

3 651 863

32,7

2021

2 453 412

21,7

2039

3 638 726

32,6

2022

2 532 215

22,4

2040

3 621 446

32,5

2023

2 629 199

23,3

2041

3 600 196

32,4

2024

2 733 099

24,2

2042

3 582 810

32,3

2025

2 836 387

25,1

2043

3 576 704

32,3

2026

2 936 147

26,0

2044

3 572 869

32,4

2027

3 031 009

26,8

2045

3 572 667

32,4

2028

3 118 646

27,6

2046

3 575 836

32,6

2029

3 199 685

28,3

2047

3 575 599

32,7

2030

3 278 502

29,0

2048

3 579 133

32,8

2031

3 357 240

29,8

2049

3 588 466

33,0

2032

3 438 588

30,5

2050

3 598 782

33,2

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

En el gráfico 3 se aprecian la evolución de esta relación entre 1970 y 2015 y la trayectoria proyectada hasta 2050. Convencionalmente se establece la llamada regla de los dos tercios, en virtud de la cual se considera que los valores de este indicador inferiores a 666 por 1.000 resultan satisfactorios. Los valores superiores indican un deterioro en la relación entre inactivos y activos, situación que empeora a medida que el valor se acerca a 1.000.

Se observa que entre 1970 y 1981 la relación de dependencia disminuye, pero se mantiene por encima del valor considerado satisfactorio. En algún momento entre este último censo y el de 2002, probablemente entre 1990 y 1991, este valor disminuye por debajo de 666 por 1.000 y se prevé que continuará así hasta 2025, cuando superaría nuevamente la barrera señalada. Esto significa que, a inicios de la década de 1990, Cuba entró en lo que los demógrafos denominan bono demográfico, situación que se mantendría hasta mediados de la década de 2020. Sin dudas la mejor situación que podría esperarse es que este bono coincidiera con un elevado crecimiento económico, o sea, con el llamado bono económico.

La evolución de la estructura por sexo está vinculada al proceso de envejecimiento. Como es sabido, la esperanza de vida de las mujeres es mayor que la de los hombres y, al aumentar la proporción de personas de 60 años y más con respecto al total de la población, se prevé que ese grupo etario tendrá una composición mayoritariamente femenina.

Gráfico 3

Cuba: relación de dependencia demográfica, 1970-2050

(Número de personas en edades inactivas por cada 1.000 en edades activas)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

En efecto, a inicios del período de proyección había una diferencia de más de 130.000 personas de 60 años y más a favor de las mujeres, cifra que aumentaría a 277.000 en 2050. Esto significa que la diferencia entre la cantidad de mujeres y hombres en ese grupo etario se duplicaría con creces en el término de 35 años.

Visto a través de la relación de masculinidad (véase el cuadro 3), existen a inicios del período de proyección 886 hombres por cada 1.000 mujeres en el grupo de personas de 60 años y más[9]. Esto confirma lo señalado en cuanto a la existencia de más mujeres que hombres de edades avanzadas. Esta situación se profundiza con el paso de los años y se prevé que en 2050 el indicador llegará a 857 hombres por cada 1.000 mujeres de la llamada tercera edad.

Teniendo en cuenta que la magnitud y el acelerado ritmo del proceso de envejecimiento constituyen las principales características de la dinámica demográfica actual, y que la causa fundamental de ello se encuentra en los bajos niveles de fecundidad, es interesante examinar las tendencias relativas a la población femenina de 15 a 49 años, es decir, aquella capaz de producir los nacimientos[10].

Cuadro 3

Cuba: estructura de la población de 60 años y más por sexo, 2015-2050 (variante media)

(Número de hombres por cada 1.000 mujeres)

Año

Personas de 60 años y más

Año

Personas de 60 años y más

Hombres

Mujeres

Relación de masculinidad

Hombres

Mujeres

Relación de masculinidad

2015

1 015 717

1 145 995

886

2033

1 627 468

1 886 641

863

2016

1 033 906

1 170 894

883

2034

1 652 670

1 916 918

862

2017

1 051 595

1 195 201

880

2035

1 668 774

1 938 060

861

2018

1 068 332

1 218 593

877

2036

1 680 386

1 953 956

860

2019

1 087 092

1 243 998

874

2037

1 687 387

1 964 315

859

2020

1 112 277

1 275 575

872

2038

1 686 028

1 965 835

858

2021

1 141 535

1 311 876

870

2039

1 678 317

1 960 409

856

2022

1 177 229

1 354 987

869

2040

1 668 928

1 952 518

855

2023

1 221 806

1 407 393

868

2041

1 657 814

1 942 381

853

2024

1 269 331

1 463 768

867

2042

1 648 701

1 934 109

852

2025

1 316 622

1 519 765

866

2043

1 645 325

1 931 379

852

2026

1 362 216

1 573 931

865

2044

1 643 333

1 929 535

852

2027

1 405 468

1 625 541

865

2045

1 643 277

1 929 390

852

2028

1 445 392

1 673 254

864

2046

1 645 290

1 930 546

852

2029

1 482 107

1 717 578

863

2047

1 645 891

1 929 709

853

2030

1 518 113

1 760 389

862

2048

1 648 509

1 930 624

854

2031

1 554 397

1 802 843

862

2049

1 654 324

1 934 142

855

2032

1 592 185

1 846 402

862

2050

1 660 802

1 937 980

857

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

La cantidad de mujeres en edad reproductiva disminuye de manera constante entre 2015 y 2050 en más de 718.000 mujeres. Cabe recordar que no todos los grupos de edad aportan por igual al total de nacimientos. Por ejemplo, entre 2011 y 2015 el grupo de 20-29 años de edad fue responsable de más del 60% de los nacimientos. A este siguieron los grupos de 30-34 y 15-19 años, con casi un 15% cada uno. Así, en los grupos mencionados se concentra el 90% de los nacimientos. El análisis de cada uno de estos grupos muestra que al inicio de los 35 años de la proyección el número de mujeres disminuye, para luego aumentar y por último volver a disminuir. Al final del período proyectado todos los grupos han perdido cantidades significativas de mujeres en las edades fértiles más activas, pérdidas que obviamente marcarán una tendencia decreciente en el número de nacimientos.

Por último, se examina brevemente la relación entre la población que llega a la edad laboral (17 años) y la que sale de esta (65 años en el caso de los hombres y 60 en el de las mujeres). En 2015, el primer grupo supera en casi 27.000 personas al segundo. Con el paso de los años, esta diferencia se reduce. En 2021 la relación se invierte y comienzan a ser más los que llegan a la edad de jubilación que los que alcanzan la edad laboral. El diferencial señalado aumenta de manera significativa entre 2021 y 2032, año en que llegan a la edad de jubilación casi 62.000 personas más que las que llegan a la edad laboral. A partir de ese momento el diferencial disminuye, pero siempre serán más los que salen de la edad laboral que los que entran en esta (véase el gráfico 4).

Cuadro 4

Cuba: mujeres en edad fértil, 2015-2050

Año

Total

Grupos de edad seleccionados

15-19

20-29

30-34

2015

2 762 338

341 198

754 838

330 165

2020

2 530 324

315 978

694 864

385 268

2025

2 304 828

275 127

644 394

354 641

2030

2 258 152

301 537

582 412

329 387

2035

2 234 513

303 198

572 010

308 193

2040

2 155 229

300 531

602 846

271 004

2045

2 091 000

288 140

602 598

299 431

2050

2 044 081

282 331

587 622

301 852

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

Gráfico 4

Cuba: población que llega a la edad laboral y a la edad de jubilación, 2015-2050

(En número de personas)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

El análisis desde este ángulo reitera lo señalado con anterioridad en cuanto a la presión que ejercerán las personas en edad inactiva sobre aquellas en edad activa y aumenta la complejidad del panorama económico perspectivo en cuanto a disponibilidad de recursos laborales.

Aunque no es el propósito de este trabajo abordar el nivel territorial, cabe señalar que los problemas descritos se observan con distintos matices en cada provincia.

2. Proyección por zonas urbana y rural

También es interesante conocer la distribución esperada de la población según zonas urbanas y rurales. Cuba es un país de elevada urbanización. En 2015, el grado de urbanización alcanzó el 77,2%, cifra que —de mantenerse las tendencias actuales— alcanzaría el 80,4% en 2050. A pesar de este constante incremento en los niveles de urbanización, la población urbana no crecerá en forma sostenida. De acuerdo con las proyecciones, esta aumentará hasta 2032, se estabilizará hasta 2036 y comenzará a decrecer a partir de ese año.

La población rural, en cambio, disminuye a lo largo de todo el período de la proyección, como se puede apreciar en el gráfico 5. Se prevé que en 2050 residirán en las zonas rurales 428.000 personas menos que en la actualidad. Esta es una previsión de trascendencia para un país en desarrollo caracterizado por bajos rendimientos en la actividad agropecuaria, escasa liquidez y elevados niveles de importación de alimentos. En términos de tasa, el crecimiento medio anual de la población urbana sería de 0,2 por 1.000 habitantes, mientras que en el caso de la población rural se prevé un -5,2 por 1.000 habitantes.

Gráfico 5

Cuba: población urbana y rural, 2015-2050

(En número de personas)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

A todo lo anterior debe agregarse que el crecimiento de la población urbana y el grado de urbanización señalados tienen un componente fundamentalmente femenino. Entre 2015 y 2050, la población femenina que reside en zonas urbanas crecería en más de 138.000 personas, mientras que la población urbana masculina se reduciría en 93.000 personas. En el mismo período, la reducción del número de hombres que residen en zonas rurales sería de más de 158.000 personas, mientras que en el caso de las mujeres esa cifra llegaría a 269.000. Podría afirmarse que las zonas urbanas se “feminizan” y las rurales se “masculinizan”.

En la actualidad, hay en las zonas urbanas 252.000 mujeres más que hombres, pero esta cifra se elevaría a 483.000 personas en 2050. En cambio, en las zonas rurales residen hoy 215.000 mujeres menos que hombres, cifra que en 2050 llegaría a 326.000 mujeres menos.

Obviamente esto se refleja en la relación de masculinidad (véase el gráfico 6). Si bien en 2015 en las zonas urbanas residían más mujeres que hombres, la relación entre ambos sexos se profundiza a lo largo de los 35 años de la proyección a favor de las mujeres. Así, la relación de masculinidad en esta zona pasa de 945 a 898 hombres por cada 1.000 mujeres. En contraste, la diferencia en la zona rural es favorable a los hombres, situación que se profundiza notablemente en el futuro, al pasar de 1.173 a 1.330 hombres por cada 1.000 mujeres. Esto puede deberse al efecto conjunto del mayor envejecimiento femenino en las zonas rurales y a la migración rural-urbana femenina más acentuada.

Gráfico 6

Cuba: relación de masculinidad en las zonas urbana y rural, 2015-2050

(Número de hombres por cada 1.000 mujeres)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

Cabe destacar que el grado de envejecimiento presenta diferencias por zonas de residencia, pues es mayor en las zonas urbanas, tanto al inicio como al final del período proyectado[11]. En 2015 este fue de 19,7 en la zona urbana y de 17,1 en la zona rural, valores que en 2050 aumentarían a 34,0 y 29,7 respectivamente.

3. Proyección de la población económicamente activa (PEA)

La proyección de la PEA muestra un discreto crecimiento hasta 2020-2021, con casi 68.000 personas más que en 2015. Sin embargo, a partir de esos años se aprecia una contracción sostenida hasta 2030, que se acerca a las 133.000 personas. En 2015 se registraban en esta categoría casi 5.030.000 personas y se prevé que en 2030 la cifra se reducirá a 4.965.000 personas, conforme una tasa de crecimiento media anual de -0,9 por 1.000 (véase el cuadro 5).

Cuadro 5

Cuba: población económicamente activa por sexo, 2015-2030

(En número de personas)

Año

PEA

Ambos sexos

Hombres

Mujeres

2015

5 029 853

3 179 022

1 850 831

2016

5 050 184

3 189 594

1 860 590

2017

5 066 413

3 197 983

1 868 430

2018

5 079 848

3 204 870

1 874 978

2019

5 091 399

3 210 659

1 880 740

2020

5 097 400

3 213 089

1 884 311

2021

5 097 439

3 211 916

1 885 523

2022

5 090 444

3 206 565

1 883 879

2023

5 079 268

3 198 781

1 880 487

2024

5 068 350

3 191 008

1 877 342

2025

5 054 497

3 181 214

1 873 283

2026

5 036 717

3 168 957

1 867 760

2027

5 015 077

3 154 295

1 860 782

2028

4 993 509

3 139 208

1 854 301

2029

4 978 347

3 126 881

1 851 466

2030

4 964 537

3 114 876

1 849 661

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

Un aspecto de interés con respecto a la PEA es la elevada proporción de hombres que la componen. En 2015, el número de personas de sexo masculino que formaban parte de la PEA llegaba a 3.179.022 y equivalía al 63,2% del total. Esta situación apenas varía en la perspectiva, pues se prevé una ligera reducción al 62,7% al final del período de referencia.

En cuanto a la estructura por edad de la PEA, se aprecia que los mayores aportes corresponden a los grupos etarios comprendidos entre los 20 y los 59 años, que representan el 89,1%. El grupo de 15 a 19 años, que coincide con las edades de inicio de la vida laboral, constituye apenas el 3,3%. En el extremo opuesto, las personas de 60 a 64 años representan el 3,8%, proporción similar a la del grupo de 65 y más años. Estas estructuras envejecen en 2030, pues la proporción del grupo de 20 a 59 años disminuye al 81,8%, mientras que las de los grupos de 60 a 64 años y 65 años y más aumentan al 7,2% y el 7,5%, respectivamente. El grupo de 15 a 19 años se mantiene prácticamente invariable.

En general, las estructuras descritas para ambos sexos mantienen las mismas características al inicio y al final de la proyección. Sin embargo, se observan pequeños diferenciales que conviene señalar. En 2015, los hombres del grupo de 20 a 59 años, por ejemplo, constituyen el 87,8% de la PEA masculina, mientras que en el caso de las mujeres esa proporción aumenta al 91,5%. Entre los hombres y las mujeres de 15 a 19 años las proporciones son del 3,5% y el 3,0%, respectivamente. En los grupos de 60 a 64 años y 65 años y más sucede algo similar, es decir, la proporción de mujeres es menor que la de los hombres. No se observan variaciones significativas con respecto a la situación descrita para ambos sexos de cara a 2030 (véase el cuadro 6).

Cuadro 6

Cuba: estructura de la población económicamente activa por sexo y edad, 2015-2030

(En porcentajes)

Grupos etarios

2015

2030

Ambos sexos

Hombres

Mujeres

Ambos sexos

Hombres

Mujeres

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

15 a 19 años

3,3

3,5

3,0

3,4

3,5

3,2

20 a 24 años

9,1

9,0

9,2

7,3

7,0

7,7

25 a 29 años

11,4

11,4

11,5

9,6

9,3

10,2

30 a 34 años

9,8

9,6

10,1

10,6

10,2

11,3

35 a 39 años

10,1

9,8

10,6

11,4

10,9

12,2

40 a 44 años

14,0

13,5

15,0

12,2

11,6

13,1

45 a 49 años

14,6

13,9

15,7

10,0

9,5

10,8

50 a 54 años

12,7

12,5

13,0

9,4

9,1

10,0

55 a 59 años

7,4

8,1

6,4

11,3

11,8

10,5

60 a 64 años

3,8

4,5

2,5

7,2

8,2

5,6

65 a 69 años

1,7

1,9

1,2

3,9

4,5

3,0

70 a 74 años

1,0

1,1

0,8

1,7

2,1

1,1

75 a 79 años

0,6

0,6

0,6

1,0

1,2

0,7

80 a 84 años

0,3

0,3

0,3

0,5

0,6

0,4

85 años y más

0,2

0,2

0,2

0,3

0,4

0,2

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

Evidentemente, el envejecimiento demográfico se produce también dentro de la PEA. Entre 2015 y 2030 la proporción de personas económicamente activas de 60 años y más casi se duplica, al pasar del 7,5% al 14,8%.

La tasa de actividad se mantiene prácticamente invariable hasta 2022 y, a partir de ese año, comienza un ligero descenso. Así, en 2015 se estimó una tasa del 53,8%, que se reduce al 52,4% en 2030. En correspondencia con la participación en la actividad económica por sexo, las tasas masculinas superan ampliamente a las femeninas. Esto se mantiene invariable a lo largo de los 15 años de proyección, pues el indicador sobrepasa el 66% en el caso de los hombres, mientras que no supera el 40% en el de las mujeres.

Probablemente lo que más llama la atención es que en el futuro no se prevé un aumento de la tasa de actividad femenina, que es del 39,2% en 2015 y del 38,5% en 2030.

Cuadro 7

Cuba: tasa de actividad por sexo, 2015-2030

(En porcentajes)

Año

Tasa de actividad

Ambos sexos

Hombres

Mujeres

2015

53,8

68,6

39,2

2020

53,9

68,6

39,4

2025

53,4

68,0

39,2

2030

52,4

66,6

38,5

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

4. Proyección de los hogares

La proyección muestra un aumento sostenido del número de hogares a lo largo de los 15 años proyectados. Se estima que en ese período habrá un incremento de más de 303.000 hogares, que contrasta con el discreto aumento de la población en apenas 65.000 personas.

Entre 2015 y 2030 se pasaría de 3,9 millones a 4,2 millones de hogares. Aunque el objetivo de este trabajo no tiene un alcance territorial, es conveniente señalar que este aumento se produce en todas las provincias, incluidas aquellas en que la población se reduce. De este modo se puede afirmar que el aumento del número de hogares en Cuba tiene un carácter universal (véase el cuadro 8).

Cuadro 8

Cuba: población, hogares y promedio de personas por hogar según provincia de residencia, 2015-2030

Provincias

Año 2015

Año 2030

Población

Hogares

Personas por hogar

Población

Hogares

Personas por hogar

Cuba

11 223 948

3 853 236

2,91

11 288 750

4 155 808

2,72

Pinar del Río

587 683

200 273

2,93

583 001

215 501

2,71

Artemisa

503 557

161 562

3,12

538 476

181 924

2,96

La Habana

2 117 625

699 750

3,03

2 112 448

743 699

2,84

Mayabeque

380 111

126 258

3,01

388 826

139 853

2,78

Matanzas

705 495

243 908

2,89

742 762

275 402

2,70

Villa Clara

788 247

285 574

2,76

757 071

296 621

2,55

Cienfuegos

408 657

139 293

2,93

424 752

153 392

2,77

Sancti Spíritus

465 983

162 934

2,86

469 158

173 777

2,70

Ciego de Ávila

431 634

153 198

2,82

451 619

175 530

2,57

Camagüey

769 288

279 856

2,75

742 274

291 088

2,55

Las Tunas

537 272

191 573

2,80

546 967

209 932

2,61

Holguín

1 037 609

369 458

2,81

1 034 786

399 870

2,59

Granma

837 248

284 948

2,94

841 481

304 944

2,76

Santiago de Cuba

1 053 094

357 330

2,95

1 052 158

382 114

2,75

Guantánamo

515 778

168 438

3,06

519 426

180 098

2,88

Isla de la Juventud

84 667

28 885

2,93

83 545

32 063

2,61

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

De los datos del cuadro 8 se deriva que la variación provincial es de solo 0,41 personas por hogar en 2015 y se reduce en alguna medida en 2030. En forma análoga, el promedio de personas por hogar a nivel nacional se reduce de 2,91 a 2,72 a lo largo del período de la proyección.

El análisis de la jefatura del hogar por sexo muestra una inversión de la tasa de jefatura en los 15 años de proyección. Mientras que en 2015 se registra un ligero predominio masculino, pues el 53,8% de los hogares tiene al frente un hombre, esta proporción disminuye gradualmente hasta alcanzar el 47,5% en 2030, de modo que para entonces el predominio será femenino. Esta situación, que tiene pocos antecedentes en la región latinoamericana, puede obedecer al aumento del envejecimiento demográfico con un componente mayoritariamente femenino, al avance en la equidad de género o tal vez al efecto combinado de ambos aspectos. Algunos autores de otros contextos (Vargas y Navarro, 2013) plantean una tercera hipótesis, que se contrapone a la de una mayor autonomía femenina y se refiere a un menor compromiso familiar de los hombres, que ya no verían en los hijos un obstáculo para poner fin a la unión conyugal. En todo caso se trata de un tema que aún no se ha estudiado suficientemente.

Gráfico 7

Cuba: tasa de jefatura del hogar según el sexo, 2015-2030

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

El análisis de la jefatura del hogar de acuerdo con la edad muestra mayores concentraciones en los grupos de edad más avanzada. En otras palabras, se observa una progresión de las tasas de jefatura con la edad, que se acentúa en los últimos años de la proyección. Por ejemplo, la tasa de jefatura de las personas de 70 años y más resultó la más elevada en 2015, pues representaba el 17,7% del total. Esta cifra sin embargo aumenta hasta llegar al 25,5% en 2030. Esto significa que, en los próximos 15 años, uno de cada cuatro hogares cubanos estará encabezado por una persona de 70 y más años de edad.

El número de hogares con jefes más jóvenes, hasta 50-54 años, disminuye a lo largo del período de proyección. Los hogares con jefes de 55 años y más, por el contrario, registran un aumento. Destacan en ese sentido los hogares encabezados por personas de 70 años y más, que en los 15 años de proyección aumentan en más de 375.000 unidades (véase el cuadro 9).

Cuadro 9

Cuba: distribución de los hogares según la edad del jefe, 2015-2030

Grupos de edad

Cantidad de hogares

Diferencia

Estructura (en porcentajes)

2015

2030

2015

2030

Total

3 853 236

4 155 808

302 572

100,0

100,0

15 a 19 años

13 731

12 620

-1 111

0,4

0,3

20 a 24 años

74 517

51 093

-23 425

1,9

1,2

25 a 29 años

166 681

116 972

-49 709

4,3

2,8

30 a 34 años

204 171

183 756

-20 414

5,3

4,4

35 a 39 años

256 698

233 212

-23 486

6,7

5,6

40 a 44 años

414 276

294 002

-120 274

10,8

7,1

45 a 49 años

488 875

278 686

-210 189

12,7

6,7

50 a 54 años

491 446

313 835

-177 611

12,8

7,6

55 a 59 años

365 747

491 774

126 027

9,5

11,8

60 a 64 años

365 999

582 075

216 077

9,5

14,0

65 a 69 años

327 871

539 300

211 429

8,5

13,0

70 años y más

683 224

1 058 482

375 258

17,7

25,5

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

Con respecto a la distribución de los hogares según su tamaño, cabe señalar la elevada proporción de hogares unipersonales, que en 2015 representaban el 18,8% y que en el futuro deberían aumentar hasta alcanzar el 19,7% en 2030. Conforme a lo señalado con respecto al envejecimiento poblacional y al aumento en la proporción de hogares con personas de edad avanzada, es presumible que una buena cantidad de estos hogares corresponda a personas de la tercera edad que viven solas.

No obstante, más de la mitad de los hogares están conformados por dos y tres personas. Mientras la proporción de hogares con dos miembros aumenta en el futuro, la de los hogares con tres miembros disminuye, aunque sigue manteniéndose como el segundo conjunto más representado dentro del total.

Los porcentajes relativos a los hogares con cinco, seis, siete y más miembros son los más bajos y aunque aumentan discretamente con respecto al total, resultan poco significativos en la estructura de los hogares cubanos según su tamaño (véase el cuadro 10).

Cuadro 10

Cuba: distribución de los hogares según su tamaño, 2015-2030

(En porcentajes)

Número de miembros del hogar

Año

2015

2020

2025

2030

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

1

18,8

19,1

19,4

19,7

2

26,3

26,9

27,4

27,9

3

25,5

25,0

24,5

24,0

4

17,5

16,8

16,3

16,0

5

7,4

7,4

7,5

7,6

6

2,8

2,9

3,0

3,0

7 y más

1,8

1,8

1,9

1,9

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

E. Conclusiones

Debido a que las condiciones demográficas están vinculadas con el desarrollo de aspectos sociales, las proyecciones de población no solo brindan información útil para la planificación sino que alertan sobre la evolución de la dinámica poblacional que se genera en un período determinado de tiempo con variaciones en los escenarios socioeconómicos y culturales.

El primer aspecto que se destaca en este trabajo es que la población cubana crecerá lentamente, hasta llegar en poco tiempo (alrededor de 2025) a un punto de inflexión en que comenzará a decrecer, algo singular en la región latinoamericana.

La estructura por edad resultará considerablemente afectada puesto que solo la población de 60 años y más crecerá. La proyección por edad y sexo revela una reducción de la fecundidad alrededor de 2030, tanto por la disminución del número de mujeres en las edades más fecundas, como por el envejecimiento poblacional general, que constituyen procesos relacionados. Se hace evidente también que llega a la edad laboral un número mucho menor de efectivos de los que salen de dicha condición, lo que agudiza el escenario económico perspectivo debido a la disminución de los recursos laborales disponibles.

El cambio en el grado de urbanización no es relevante. Si bien es cierto que la población se reducirá tanto en la zona urbana como en la rural, ello ocurrirá más tempranamente y en mayor grado en las zonas rurales. La situación también será diferente según el sexo, pues mientras el número de hombres disminuye en ambas zonas, el número de mujeres se reduce en las zonas rurales pero crece de manera importante en las ciudades. Esta situación es de trascendental importancia para un país con escaso rendimiento agropecuario —que supone la importación de buena parte de sus alimentos— y cuyos recursos laborales tienden a disminuir.

De acuerdo con los resultados de la proyección de la población económicamente activa, el llamado bono demográfico comienza a disminuir en los próximos años, hasta que en el período 2020-2021 la población económicamente activa se reduce de manera sostenida. Se destaca en particular la duplicación de la PEA de 60 años y más entre 2015 y 2030. Por último, como era de esperar, la tasa de actividad varía poco en el período de referencia y resulta inferior en el caso de las mujeres.

En contraste con el reducido crecimiento de la población entre 2015 y 2030, se observa un incremento en el número de hogares, aunque el tamaño de dichas unidades se reduce en cada una de las provincias y, por tanto, a nivel nacional. La estructura de los hogares por sexo y edad presentará cambios de interés, pues la jefatura de los hogares pasa a ser básicamente femenina y las unidades domésticas con jefes más jóvenes se sustituyen gradualmente por hogares con jefes de edad más avanzada.

Si bien los elementos señalados en el presente artículo no son los únicos que se derivan de las proyecciones, constituyen insumos de interés para los responsables de la toma de decisiones, que tienen la oportunidad de interactuar en el presente para modificar situaciones no deseables en el futuro.

Pese a que este trabajo se limita a la situación de Cuba, que constituye un caso singular por lo avanzado de su transición demográfica, puede ser de interés y servir de referente para otros países donde se afrontarán situaciones similares en el futuro, en particular en la región latinoamericana.

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[1] Investigador auxiliar y subdirector del Centro de Estudios de Población y Desarrollo (CEPDE) de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de Cuba. Profesor asistente adjunto de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana. Autor de otros artículos relacionados con proyecciones y escenarios demográficos. Elabora las proyecciones de población oficiales de Cuba y sus provincias desde hace más de 20 años. Correo electrónico: enrique@onei.cu.

[2] Máster en Demografía y Doctor en Ciencias Sociales, profesor e investigador titular del Departamento de Estudios de Población del Colegio de la Frontera Norte (COLEF) de México. Autor de otros artículos relacionados con proyecciones y escenarios de población. Correo electrónico: hggalban@colef.mx.

[3] El valor del indicador puede oscilar entre 100 y 500.

[4] Véase más información en ONEI (2016a).

[5] El CELADE-División de Población de la CEPAL elaboró proyecciones de población por zonas urbana y rural para todos los países de América Latina en 1999 y 2005.

[6] Publicadas en CEPAL/CELADE (2006).

[7] Véase Yepez (2010).

[8] Véase ONEI (2016c).

[9] La relación de masculinidad de la población total es de 993 hombres por cada 1.000 mujeres.

[10] Desde 1988 la fecundidad cubana está por debajo de los niveles de reemplazo poblacional.

[11] Se obtiene del cociente entre la población de 60 años y más dividida por la población total, multiplicado por 100.

Mecanismos de selectividad y destinos principales de emigrantes argentinos y venezolanos: un análisis comparado

Ana Julia Allen González[1]

Dimitri Fazito[2]

Recibido: 20/06/2017

Aceptado: 01/08/2017

Resumen

La globalización ha potenciado la demanda de capital humano. Las principales economías del mundo están cada vez más preocupadas por atraer talentos. Diferentes países han creado incentivos para cautivar a los profesionales extranjeros. La rápida difusión e imitación de estos mecanismos de selectividad permite pensar que existe una competencia internacional por este tipo de inmigrante. Mientras tanto, en América Latina, las estadísticas evidencian un aumento considerable de los flujos de emigración calificada. La pregunta es hasta qué punto esos flujos responden a la dinámica internacional de competencia por el talento. Si se toman los casos de la República Bolivariana de Venezuela y la Argentina, los resultados muestran que, cuanto más elevada es la proporción de emigrantes calificados, mayor es el ajuste entre los destinos emigratorios y el patrón geográfico internacional de selectividad. No obstante, los cambios en los controles y discursos migratorios pueden alterar la direccionalidad y la composición de esos flujos.

Palabras clave: migración calificada, selectividad, destinos, República Bolivariana de Venezuela, Argentina.

Abstract

Globalization has boosted the demand for human capital. The world’s largest economies are increasingly concerned with attracting talent and countries have created incentives to interest non-national professional workers. The rapid dissemination and imitation of these selectivity mechanisms suggest that there is competition between countries to attract these types of immigrants. Given that statistics for Latin America show a considerable rise in flows of skilled emigrants, the question is the extent to which this has occurred in response to international competition for talent. The results from consideration of the cases of the Bolivarian Republic of Venezuela and Argentina show that the greater the share of skilled emigration, the greater the level of adjustment among migration destinations and international geographic selectivity patterns. However, changes in migration controls and discourse could affect the directions and make-up of these flows.

Keywords: skilled migration, selectivity, destinations, Bolivarian Republic of Venezuela, Argentina.

Résumé

La mondialisation a stimulé la demande de capital humain. Les principales économies mondiales sont de plus en plus soucieuses d’attirer les talents. Plusieurs pays ont créé des incitations pour susciter l’intérêt des professionnels étrangers. La diffusion rapide et l’imitation de ces mécanismes de sélectivité suggèrent qu’il existe une concurrence internationale pour ce type d’immigrants. Dans le même temps, en Amérique latine, les statistiques montrent une augmentation considérable des courants d’émigration de travailleurs qualifiés. La question est de savoir dans quelle mesure ces courants répondent à la dynamique internationale de la concurrence des talents. Dans les cas de la République bolivarienne du Venezuela et de l’Argentine, les résultats montrent que, plus la proportion de migrants qualifiés est élevée, plus l’ajustement entre les destinations de l’émigration et la répartition géographique internationale de la sélectivité est important. La direction et la composition de ces flux migratoires sont toutefois sujettes aux modifications des contrôles et des discours sur la migration.

Mots clés: migration qualifiée, sélectivité, destinations, République bolivarienne du Venezuela, Argentine.

Introducción

Diversos autores afirman que, en el marco del nuevo orden global, existe una carrera por el talento (Docquier y Machado, 2016; Shachar, 2006; Shachar y Hirschl, 2013). El capital humano se ha convertido en un atributo fundamental de la sociedad del conocimiento. Las competencias profesionales fomentan el surgimiento de ideas innovadoras, además de promover el rendimiento de los trabajadores y la productividad de las empresas, lo que estimula el crecimiento económico. En un mundo globalizado donde priva la expansión de los mercados y la liberación del comercio, la demanda de capital humano calificado se ha potenciado y ello ha exigido que se implementen políticas migratorias más liberales. El envejecimiento poblacional en algunos países del hemisferio norte presiona sobre la demanda de población en edades económicamente activas, lo que aumenta la preocupación de los Gobiernos por mantener un suministro adecuado de trabajadores profesionales. Por su parte, los procesos que han llevado a internacionalizar la educación, estandarizar los currículos de formación profesional y abrir las universidades al mundo han estimulado la movilidad académica. En medio de este contexto, diferentes países están poniendo en práctica políticas selectivas de inmigración para atraer talento profesional desde el extranjero.

De forma paralela, se observa un incremento sostenido de la emigración calificada. Aunque la información estadística sobre migración internacional es limitada, los datos recientes elaborados sobre los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) evidencian lo que podría ser la dinámica de la migración calificada en los últimos años. La base de datos sobre inmigrantes en los países de la OCDE extendida (cuyo nombre en inglés es Database on Immigrants in OECD and non-OECD Countries o DIOC-E) muestra que el número de inmigrantes calificados residentes en algún país miembro aumentó el 70% en el período de 2000 y 2001 a 2010 y 2011, como resultado de corrientes iniciadas, principalmente, en Asia y África. América Latina no se queda atrás. El stock de migrantes calificados de origen latinoamericano aumentó el 43% durante el mismo período (Arslan y otros, 2014).

Sin embargo, las investigaciones en las que se aborda el aumento de la migración calificada en el contexto de América Latina se han centrado más en el análisis de las condiciones de origen y el impacto de la fuga de cerebros sobre los países de la región (Esteban, 2012; Martínez Pizarro, 2005; Özden, 2005; Pellegrino y Calvo, 2001), que en el análisis de los destinos migratorios como objeto de estudio en sí mismo. Del mismo modo, la literatura sobre los regímenes de migración y la competencia por el talento ha sido ampliamente examinada desde la perspectiva de los países receptores y se han obtenido resultados genéricos que poco aluden a las particularidades del proceso de acuerdo con las condiciones de origen.

El objeto de este artículo es trabajar con ambas brechas de forma simultánea, contrastando los destinos principales de los emigrantes calificados de un mismo origen latinoamericano con el mapa global de regímenes selectivos. Para ello, se emplearán como casos de estudio dos países suramericanos en los que se ha observado un fuerte incremento de este tipo de movilidad en los últimos años. De acuerdo con los datos de la base de datos sobre inmigrantes en los países de la OCDE (DIOC), el volumen de inmigrantes de origen venezolano con educación terciaria residentes en algún país de la OCDE aumentó el 153,5% en el lapso de 2000 y 2001 a 2010 y 2011. Durante el mismo período, se estima que el número de inmigrantes argentinos con educación superior en los países de la OCDE creció el 146,6%. Si el fenómeno presenta tales rasgos de selectividad por nivel de escolaridad, cabe preguntarse qué tanto la emigración calificada desde la República Bolivariana de Venezuela y la Argentina se ajusta a la dinámica internacional de competencia por el talento. Para responder esta pregunta, se mapearon los destinos principales de los emigrantes argentinos y venezolanos, se analizó la composición del stock de migrantes por nivel de escolaridad (en relación con los países donde había datos disponibles) y se examinaron los cambios temporales en los flujos migratorios entre 1990 y 2010.

Más que una simple descripción geográfica de la emigración desde la Argentina y la República Bolivariana de Venezuela, este artículo aporta nuevos datos a la discusión sobre las preferencias por ciertos destinos en el contexto de América Latina y el papel de la selectividad en dicha elección. Igualmente, se enfatiza cómo los estímulos mundiales intervienen cada vez más para configurar patrones espaciales de migración internacional propios de una era globalizada.

A. Discusión teórica

La globalización económica ha dinamizado el comercio internacional. La mayor competencia entre los bienes y los servicios ha intensificado la productividad y ha convertido la creatividad, la innovación y los procesos de formación y capacitación en elementos esenciales del sistema económico mundial. Hoy en día, las compañías transnacionales priorizan la contratación de profesionales y técnicos. La mayor calificación de los trabajadores genera ventajas comparativas para las empresas, lo que ha dado como resultado una nueva segmentación de los mercados laborales, que pone la habilidad, el nivel educativo y el desempeño ocupacional antes que cualquier atributo de nacionalidad (Panizzon, 2011). De acuerdo con la teoría del mercado dual, este aumento de la demanda internacional de mano de obra calificada explica, en parte, los nuevos procesos de movilidad territorial (Massey y otros, 2000).

La segmentación laboral implica que se valoran los atributos de calificación per se, lo que permite a ciertos individuos incorporarse a los mercados laborales internacionales con mayor facilidad. Es decir, no todo tipo de trabajador es igualmente deseable. Se suelen hacer distinciones a partir de la calificación de los migrantes, entendiendo por migrante calificado a todo aquel que ha completado estudios de nivel terciario, ya sea universitarios o de postgrado, o que cuenta con una amplia experiencia laboral en alguna ocupación de tercer nivel (Lozano y Gandini, 2011). Esta tendencia se ha reforzado en algunos países, con la introducción de políticas migratorias orientadas a atraer inmigrantes internacionales de ciertas categorías productivas.

Los Estados, valiéndose del principio de soberanía, han ideado rigurosos sistemas de control de fronteras que fomentan un tipo de acceso desigual al espacio internacional. De acuerdo con Shachar (2006), la rápida difusión de estos regímenes de migración demuestra la alta competitividad internacional por atraer talento. Mientras se imponen restricciones al movimiento de mano de obra poco calificada, se aprueban leyes nacionales y acuerdos bilaterales para facilitar el flujo de aquellos que tienen mayor calificación (Iredale, 2001). La sociedad del conocimiento presiona cada vez más para que se le suministre mano de obra, y el Estado coopera con el mercado relajando las normativas que restringen los flujos de acuerdo con las preferencias de este. Peters (2015) demuestra cómo la elección de la política comercial ha afectado la política de inmigración en los países cuya mano de obra es escasa, por lo que no puede desestimarse el peso que los intereses políticos han tenido en la configuración de las nuevas dinámicas de movilidad internacional.

Las políticas selectivas surgieron en la década de 1980. Inicialmente, se trataba de un esfuerzo por mejorar la calidad de la inmigración, pero hoy en día constituyen el mecanismo que los países emplean para competir por atraer mano de obra calificada (Docquier y Rapoport, 2007). Los primeros países en los que se reclutó talento de manera deliberada fueron los Estados Unidos, el Canadá, Australia y Nueva Zelandia. Durante esa primera etapa, los Estados Unidos gozaron de la supremacía en cuanto a la migración internacional del conocimiento (Shachar, 2006). No obstante, a partir de 2000 —luego de la aprobación de la Estrategia de Lisboa— los países de la Unión Europea se anexaron a la carrera por el talento[3].

Tres factores exógenos han influido sobre esta tendencia a aprobar instrumentos de política orientados hacia la selectividad:

i) La liberación de los mercados: de acuerdo con Panizzon (2011), la segmentación de los mercados laborales internacionales por niveles de calificación fue impulsada por el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), que firmaron todos los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1995. En el AGCS, que fue creado con el objetivo de expandir el sistema comercial y liberar progresivamente los mercados, se establecen cuatro modalidades de distribución de servicios: suministro transfronterizo, consumo en el extranjero, presencia comercial y presencia física. Esta última implica la movilidad de las personas en condición de proveedores, a quienes se les debe permitir que crucen las fronteras para ofrecer sus servicios. Aunque el tratado no concede de forma explícita el derecho a vivir o trabajar en un país extranjero, la cláusula instiga a los Gobiernos a reducir las barreras de control de la migración y, así, facilitar el acceso de los proveedores extranjeros (Newland, 2005).

Los Estados también han celebrado acuerdos bilaterales de migración que, sincronizados con normativas jurídicas propias, simplifican las barreras que obstaculizan el ingreso de los trabajadores con mayor nivel de calificación (Panizzon, 2011). Por ejemplo, mediante el Programa Global de Regulación y Coordinación de la Extranjería y la Inmigración (GRECO) adoptado por España en 2000, se seleccionan demandantes de residencia del Ecuador y Colombia con habilidades y conocimientos para atender las necesidades del mercado de trabajo español (Geronimi, Cachón y Texidó, 2004, pág. 42). Igualmente, se han aprobado leyes nacionales de inmigración para lidiar con las presiones que ejercen las grandes corporaciones transnacionales sobre los Estados. Estas compañías suelen exigir menores restricciones inmigratorias, con el objetivo de acceder a una fuente de mano de obra calificada mejor y más barata (Kapur y McHale, 2005).

ii) El envejecimiento de la población: la dinámica demográfica de los países más industrializados apunta a que su población envejecerá en las próximas décadas. Las bajas tasas de fecundidad no garantizan el reemplazo de la población económicamente activa (PEA) a largo plazo. Esto representa un doble problema económico: ¿cómo satisfacer las demandas de un mercado laboral cada vez mayor y más especializado?, y ¿cómo mantener el estado de bienestar y sostener los costos fiscales del envejecimiento? Para preservar la fuerza de trabajo, en diversos países se ha decidido adoptar políticas que facilitan la absorción de mano de obra extranjera.

Tal es el caso de la Unión Europea: la baja fecundidad, con una tasa global de 1,5 hijos por mujer (por debajo del nivel de reemplazo), presagia una disminución de la población en edad de trabajar (de 15 a 64 años) a largo plazo. Por otro lado, la mayor esperanza de vida apunta hacia el aumento de las tasas de dependencia demográfica. De hecho, se estima que, hacia 2050, en la Unión Europea habrá cuatro personas mayores de 65 años por cada dos personas en edad de trabajar (OIT, 2010). Esto ha llevado a países como Francia, España, el Reino Unido, Italia y Alemania a introducir políticas destinadas a atraer inmigrantes.

iii) La internacionalización de la educación y la investigación: el hecho de que el mundo se haya globalizado ha impulsado la estandarización de los programas de formación científica, lo que ha permitido que se internacionalizara el trabajo académico y eclosionaran nuevas prácticas de investigación transnacional. Esta mundialización de la experiencia académica responde a estrategias político-económicas más amplias. Los rápidos cambios en las bases tecnológicas han obligado a crear puntos de conexión entre el mundo académico, el político y el práctico (Dabat, Rivera, y Suárez, 2004).

En los últimos años, las universidades han establecido alianzas con entes gubernamentales y empresariales que ofrecen apoyo económico y acceso a recursos humanos. Esto ha permitido a los centros de investigación abarcar temas más globales y realizar estudios cada vez más complejos. Las corporaciones, por su parte, se han hecho partícipes de las actividades intensivas de producción de conocimiento, lo que ha agilizado sus procesos de actualización científica. De esta manera, han surgido núcleos de innovación y producción científica geográficamente localizados que atraen a profesionales de todo el mundo, sobre todo estudiantes (Delgado, Chávez y Rodríguez, 2016).

Esos elementos subyacentes a las decisiones de gobierno refuerzan la idea de que existe una convergencia hacia la implementación de políticas migratorias selectivas en los países occidentales (De Haas, Natter y Vezzoli, 2016). La lógica consiste en alterar selectivamente la oferta global de trabajadores, desmantelando las barreras de control migratorio de acuerdo con los intereses mencionados. En la mayoría de los países de la OCDE se han introducido políticas destinadas a facilitar la contratación de mano de obra calificada (Chaloff y Lemaitre, 2009). Los dispositivos empleados son tres: i) permisos de residencia temporal, ii) permisos de residencia permanente y iii) posibilidad de acceder a la ciudadanía. Estas concesiones (visas) operan como mecanismos de selectividad migratoria en torno a las cuales se han creado, de acuerdo con Chaloff y Lemaitre (2009), cuatro tipos de regímenes migratorios:

i) Migración impulsada por el empleador. Opera en función de la demanda. La iniciativa para la migración proviene de un empleador internacional que hace una oferta laboral. La modalidad de ingreso es por visa de trabajo y, de acuerdo con las características del empleo, se define la temporalidad del documento. Este régimen suele aplicarse en Corea, el Japón, los Estados Unidos y algunos países de Europa.

ii) Migración impulsada por el trabajador. Opera en función de la oferta. El país anfitrión anuncia su interés de aceptar y evaluar solicitudes de inmigración. Los candidatos que cumplen con los criterios establecidos se postulan para la residencia. La selección depende de los mecanismos de evaluación creados en cada país. La modalidad más común es el sistema de puntos, en el cual se asigna un valor a cada atributo del inmigrante (edad, profesión, escolaridad, experiencia laboral, habilidades lingüísticas y otros). Cuanto mejor sea el puntaje, mayor la posibilidad de ser elegido. Algunos países que emplean este tipo de sistema son: Canadá, Australia, Nueva Zelandia, Reino Unido y Dinamarca.

iii) Migración académica. Una modalidad de atracción de migrantes calificados es el intercambio académico y la posibilidad de completar estudios de alto nivel en otro país. Aunque estos desplazamientos son de carácter temporal, la maniobra consiste en crear incentivos alternos para retener el talento.

Los estudiantes internacionales son elementos esenciales dentro del proceso que permite reproducir y ampliar las comunidades de investigación. Las facilidades y ventajas migratorias, junto con la oferta de plazas, becas y posibilidades de financiamiento, son providencias que estimulan a muchos jóvenes extranjeros a continuar su formación profesional en el exterior (Luchilo, 2013). Esta política representa una doble ventaja para el país receptor: i) durante el período de formación, los estudiantes contribuyen con las actividades investigativas, y ii) culminada la formación, estos tienen la posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo local. Países como Finlandia, Australia o Irlanda permiten a los estudiantes trabajar un número limitado de horas; el hecho de que el individuo se familiarice con las dinámicas laborales locales incrementa sus posibilidades de permanencia. En otros países, como Alemania, se prefiere extender el tiempo de estadía luego de culminados los estudios, para así ampliar las oportunidades de empleo.

iv) Transferencia desde una empresa. Asociado a la dinámica laboral de las empresas transnacionales, este mecanismo apunta al traslado de trabajadores con cualidades específicas para que desempeñen tareas ejecutivas o especializadas en otras agencias de la misma compañía. En este caso, los permisos los gestiona de forma interna el departamento legal de la empresa y la modalidad de ingreso suele ser una visa temporal sujeta a revisión o renovación.

Desde la perspectiva del emigrante calificado, estos regímenes configuran el mapa de posibilidades por considerar en el momento de elegir el destino migratorio. Entonces, ¿la selección del destino es una decisión aleatoria? Obviamente, no. Si el migrante potencial no está dispuesto a afrontar una aventura de desplazamiento irregular, entre el total de países deberá elegir aquel que, además de ofrecerle algún tipo de ventaja comparativa, cuente con los canales jurídicos para admitirlo (Kapur y McHale, 2005). Tener estudios de tercer nivel (migrante calificado) implica poseer mayores capacidades para recabar información, más habilidades transferibles y mejores posibilidades de financiar un proyecto migratorio (Docquier y Machado, 2016). Esto hace que este tipo de migrante sea más sensible a las oportunidades económicas en el extranjero y, por ende, sea menos propenso a emprender desplazamientos de alto riesgo o de carácter irregular que puedan quebrantar sus propias aspiraciones individuales.

En la teoría del capital humano se argumenta que el migrante calificado se desplaza para maximizar las ganancias de lo invertido en educación y encontrar empleos acordes con su nivel de educación formal (Iredale, 1999). Sin embargo, la expectativa de emprender un movimiento regular implica que, aunque el migrante elija el destino más ventajoso en términos de salario, las restricciones del visado condicionan las posibilidades de acceder al lugar de preferencia. Siendo esto así, los que realmente gestionan la movilidad de los profesionales en la actualidad son los regímenes de migración internacional. Al ser en el campo político donde se produce la pugna estratégica por atraer talentos, el ajuste de las leyes inmigratorias (las facilidades legales) determina la direccionalidad de los flujos, lo que influye sobre la configuración de los nuevos mapas de migración internacional.

B. El destino de los emigrantes venezolanos y argentinos

De acuerdo con datos de las Naciones Unidas (2015) sobre el stock de migrantes, entre 1990 y 2010, la emigración en la República Bolivariana de Venezuela aumentó el 60,2%, y la cifra de venezolanos residentes en el exterior en 2010 llegó a 550.420, lo que equivale al 1,9% de la población total. La matriz de origen-destino muestra que 12 países concentran el 90,8% de los emigrantes venezolanos: Estados Unidos, España, Italia, Colombia, Portugal, Canadá, México, Alemania, Reino Unido, Panamá, Ecuador y Francia. No obstante, la distribución no es igual en todos ellos: el 78,8% de los venezolanos en el exterior se agrupa en los primeros cinco países y el 58,1% reside en los Estados Unidos y España.

En el caso de la Argentina, en 2010 se contabilizaron 933.164 argentinos viviendo en el exterior, lo que equivale al 2,3% de la población nacional. De acuerdo con las cifras aportadas por las Naciones Unidas, el 90,7% de esos emigrantes se encuentran agrupados en 13 países: España, Estados Unidos, Italia, Chile, Paraguay, Israel, Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Uruguay, Canadá, Alemania, México y Australia. Las proporciones son diversas: en los siete primeros países se agrupa el 78,3% de los emigrantes de la Argentina. No obstante, la mayor concentración (el 56,7%) la exhiben España, los Estados Unidos e Italia, países que coinciden con los tres principales destinos de los venezolanos en el exterior.

Los datos muestran cómo los emigrantes de un mismo origen tienden a agruparse en un conjunto limitado de países; esto permite inferir que la selección de los destinos no se hace de manera aleatoria. Como se aprecia en el mapa 1, siete países convergen en los sistemas emigratorios de la República Bolivariana de Venezuela y la Argentina: Estados Unidos, España, Italia, Canadá, Alemania, Francia y México. De los emigrantes venezolanos, el 82,4% reside en algún país de este conjunto, mientras que la proporción de argentinos en alguno de esos países equivale al 71,1%. Es claro que, desde la República Bolivariana de Venezuela, la migración sigue el patrón sur-norte, excepto por los casos de Colombia y el Ecuador, que probablemente respondan a una dinámica de fronteras. Los desplazamientos entre países limítrofes —en el sur del continente— se hacen mucho más evidentes en el caso de la Argentina, donde se observa una alta movilidad hacia Chile, el Paraguay, el Estado Plurinacional de Bolivia, el Brasil y el Uruguay. Un aspecto que resalta del sistema migratorio argentino es la gran cantidad de inmigrantes en el Estado de Israel.

Mapa 1

Principales destinos de los emigrantes venezolanos y argentinos, 2015a

Fuente: Naciones Unidas, World Population Prospects. The 2015 Revision (ESA/P/WP.241), Nueva York, 2015 [en línea] https://esa.un.org/unpd/wpp/publications/files/key_findings_wpp_2015.pdf

a La información se obtuvo a partir de datos de stock.

1. Selectividad migratoria en países de la OCDE

De acuerdo con los datos de las Naciones Unidas, los sistemas emigratorios de la Argentina y la República Bolivariana de Venezuela reúnen 21 países en total, 12 de ellos miembros de la OCDE. Hasta 2010, de esos 12 países, 6 tenían políticas explícitas para atraer migrantes calificados (véase el anexo A1): Alemania, los Estados Unidos y Francia contaban con regímenes de selección impulsados por el empleador (demanda laboral), mientras que Australia, el Canadá y el Reino Unido presentaban regímenes impulsados por los trabajadores (selección por sistema de puntos). En 2013, la OCDE publicó la base de datos DIOC, que contiene información detallada y comparable a escala internacional sobre las características sociodemográficas de los migrantes en los países miembros de esa organización. A partir de esta fuente, exploramos qué tan efectivas han resultado dichas políticas para atraer emigrantes argentinos y venezolanos.

La base DIOC de 2010 y 2011 se construyó a partir de datos obtenidos de censos de población, registros administrativos y encuestas. Incluye información sobre las características demográficas, así como el nivel educativo y la situación laboral de inmigrantes y emigrantes mayores de 15 años, en relación con 33 países de destino y más de 200 países de origen (Arslan y otros, 2014). Si bien la base de datos presenta información actualizada sobre la población migrante, no está exenta de limitaciones, a saber: la información recopilada se refiere al stock, es decir, solo muestra datos acumulados de migración hasta un punto de tiempo específico y no representa flujos migratorios reales; se subestima la magnitud del fenómeno debido a los problemas de cobertura de los migrantes indocumentados, temporales, solicitantes o refugiados, y a la omisión, en algunos casos, del lugar de nacimiento; en los datos sobre el nivel educativo, no se distingue el país donde el migrante obtuvo la formación, y la información detallada está disponible únicamente en relación con los países miembros de la OCDE (Arslan y otros, 2014). No obstante, como bien expresan Koolhaas, Prieto y Pellegrino (2013, pág. 33), los datos de esta base “son muy válidos para ilustrar las diferencias en la magnitud de la emigración total y calificada entre países”.

Cabe acotar que, en la base de datos, la condición de migrante se ha definido según el lugar de nacimiento y no según la ciudadanía. Los datos se presentan en relación con la población inmigrante de 15 años o más y, a los efectos de este estudio, se empleó la variable relativa al nivel de calificación en su sentido amplio: “baja calificación” se refiere a aquellos sin escolaridad, o con primaria o secundaria incompleta; “calificación media” se refiere a los bachilleres, con certificado o equivalente, y “alta calificación” hace referencia a personas con estudios terciarios de ciclo corto o de grado en educación superior, con certificado o equivalente (OCDE, 2013).

Considerando el mapa de destinos principales, los emigrantes venezolanos y argentinos en países miembros de la OCDE se clasificaron de acuerdo con el tipo de política migratoria vigente hasta 2010[4]. El gráfico 1 muestra que, en comparación con los argentinos, existe una mayor distribución de venezolanos en países con políticas explícitas de migración calificada, y que la proporción de profesionales calificados de ese último origen en dichos países también es mayor. Esto sugiere que, comparado con la Argentina, la selectividad de la migración desde la República Bolivariana de Venezuela ha sido mucho más significativa, lo que enciende las alarmas de fuga de cerebros en el país petrolero.

Gráfico 1

OCDE (países seleccionados): distribución de emigrantes argentinos y venezolanos de acuerdo con el tipo de política del lugar de destino, 2010-2011a

(En porcentajes)

Fuente: Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), “Variables, coverage, sources”, 2013 [en línea] http://www.oecd.org/els/mig/methodology-DIOC-2010-11.pdf

a Políticas vigentes hasta el año 2010.

Los destinos con menor volumen de emigrantes argentinos y venezolanos son aquellos con regímenes de selectividad por puntos. Diversos autores (Czaika y Parsons, 2015; Koslowski, 2014) han demostrado que los sistemas por puntos son más efectivos para atraer y seleccionar migrantes calificados, en comparación con otras estrategias. Los datos de la base DIOC también demuestran cuán efectivos son en términos de selectividad: del total de inmigrantes venezolanos en el Canadá y el Reino Unido, el 70% tiene un alto nivel de calificación, mientras que, del total de argentinos residentes en Australia y el Canadá, el 50% posee estudios de nivel superior. Puede que este sea el sistema más eficaz desde la perspectiva del lugar de destino, pero no necesariamente el más atractivo para las comunidades de origen. Quizás el propio carácter selectivo del proceso, en el que, además del nivel educativo, se toma en cuenta el dominio de la lengua nativa, la experiencia laboral, el rango de edad, la situación conyugal y otras medidas de adaptabilidad, restrinja o desaliente las decisiones de asentamiento y la posibilidad de elegir estos países como destinos preferidos.

Los emigrantes objeto de estudio parecen tener mayor preferencia por los regímenes migratorios que operan en función de la demanda de los mercados laborales internos de los países receptores, pero los efectos de esos regímenes en términos de selectividad son menores. Los resultados correspondientes a 2010 y 2011 (véase el gráfico 2) confirman la efectividad de la política francesa para atraer profesionales tanto argentinos (59%) como venezolanos (55%). Por otra parte, en el caso de los Estados Unidos, el 52,8% de los inmigrantes venezolanos exhiben altos niveles de calificación, porcentaje ligeramente superior al del mismo colectivo argentino.

Resulta lógico que en los regímenes migratorios guiados por la demanda, que no necesariamente se circunscriben a círculos de profesionales con altos niveles de calificación, se observe un predominio de inmigrantes de calificación baja y media. Sin embargo, llama la atención el caso de México, país que exhibe altas proporciones de inmigrantes argentinos y venezolanos de alta calificación (véase el gráfico 3). Quizás las políticas de educación superior y las facilidades para incorporarse a los mercados laborales estén influyendo sobre esa tendencia. También se da el caso de Israel, donde se observa una mayor selectividad de los nacidos en la Argentina, país que cuenta con la comunidad judía más grande de América Latina[5]. Es probable que dicha selectividad se explique por el sistema restricto de ingreso al país y la forma como en este se ha guiado la política de repoblamiento en función de lazos consanguíneos, características educativas y situación económica de los solicitantes.

Gráfico 2

OCDE (países seleccionados)a: distribución de inmigrantes de origen argentino y venezolano por nivel de calificación, 2010-2011

(En porcentajes)

Fuente: Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), “Variables, coverage, sources”, 2013 [en línea] http://www.oecd.org/els/mig/methodology-DIOC-2010-11.pdf.

a Países con políticas de demanda laboral que priorizan la migración calificada.

Gráfico 3

OCDE (países seleccionados)a: distribución de inmigrantes argentinos y venezolanos por nivel de calificación, 2010-2011

(En porcentajes)

Fuente: Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), “Variables, coverage, sources”, 2013 [en línea] http://www.oecd.org/els/mig/methodology-DIOC-2010-11.pdf.

a Países con políticas de demanda laboral.

Finalmente, los datos de la base DIOC confirman la menor selectividad de los países europeos que no cuentan con políticas explícitas de atracción de migrantes calificados. Aunque España se muestra más selectiva que Italia y Portugal, los inmigrantes de escolaridad baja y media son predominantes. En España, el 53,6% de los inmigrantes venezolanos tienen una calificación baja y media, mientras que, entre los argentinos, dicho porcentaje es del 65%. Igualmente, del total de venezolanos residentes en Italia, el 75,5% presenta niveles bajos y medios de escolaridad, mientras que la proporción entre los argentinos es del 81%. De esta manera, se confirma que los flujos iniciados desde la República Bolivariana de Venezuela y la Argentina tienden a ser más selectivos hacia los Estados Unidos que hacia los destinos europeos como España, Italia o Portugal.

2. Destinos principales, política migratoria y selectividad

Al igual que ocurre con los venezolanos, los destinos principales de los argentinos en el exterior son España, los Estados Unidos e Italia. Sin embargo, por tratarse de datos de stock, lo que se obtiene es el resultado de una larga historia de desplazamientos, que poco dice sobre el efecto real de las políticas y su posible correlación con la intensidad de los flujos migratorios. Esto lleva a preguntarse si esos rasgos de selectividad son producto de la historia migratoria pasada o de desplazamientos recientes.

Aunque la información disponible no permite contestar esta pregunta con exactitud, es posible hacer algunas inferencias observando los datos desde una perspectiva de flujos. Con el objetivo de visualizar la direccionalidad y la intensidad de los desplazamientos migratorios, y así distinguir cambios en los patrones de movilidad territorial, Guy Abel (2013) ha desarrollado una novedosa metodología que permite obtener datos sobre los flujos a partir de matrices de origen-destino de migración internacional. La idea básica es la siguiente: a partir de información sobre el número total de migrantes de una localidad en dos períodos consecutivos, se emplean métodos matemáticos y estadísticos a fin de estimar el número mínimo de flujos migratorios que se requieren para explicar las diferencias entre los volúmenes correspondientes a esos puntos de tiempo. Mediante esta técnica, que se aplicó en relación con 191 países, se generó un conjunto robusto de datos con los que se construyeron tablas bilaterales de transiciones correspondientes a 1990, 2000 y 2010. La matriz de flujos resultante (Abel y Sander, 2014) arroja algunas luces sobre la dinámica migratoria de los argentinos y los venezolanos, por períodos quinquenales, desde 1990 hasta 2010.

En 2010, según los datos de stock de la Naciones Unidas, los Estados Unidos eran el destino predilecto de los emigrantes venezolanos y el segundo en la escala de preferencias de los argentinos. Sin embargo, los datos relativos a los flujos muestran algo diferente. Como se observa en el gráfico 4, en la década de 1990 predominaron los desplazamientos desde la República Bolivariana de Venezuela hacia los Estados Unidos, y estos se intensificaron durante el quinquenio de 1995 a 2000. Por su parte, los flujos estimados desde la Argentina hacia los Estados Unidos en el quinquenio de 1990 a 1995 fueron relativamente pequeños. El auge de este destino ocurrió entre 1995 y 2000, cuando los flujos mínimos se incrementaron el 91,8%. Obviamente, las variaciones en el volumen de los desplazamientos suelen estar asociadas a factores de expulsión y a las condiciones del lugar de origen. Por ahora, sin embargo, dirigiremos la atención hacia los instrumentos legales y los mecanismos de selectividad que pudieron haber interferido en la selección del destino.

Gráfico 4

Estados Unidos: flujos estimados de emigrantes venezolanos y argentinos, por períodos quinquenales, 1990-2010

(En número de personas)

Fuente: G. Abel y N. Sander, “Quantifying global international migration flows”, Science, vol. 343, N° 6178, Washington, D.C., Asociación Estadounidense para el Progreso de la Ciencia, 2014.

El elemento clave de la inmigración calificada durante la década de 1990 en los Estados Unidos fue la reforma de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965. La reforma se llevó a cabo en 1990, con el objetivo de promover la entrada de personal calificado. Aunque el reclutamiento de talentos por parte de los Estados Unidos se inició en 1965 con la reforma de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, no fue sino hasta 1990 que se le dio mayor impulso a la inmigración calificada, aumentando el número de visas otorgables y definiendo los criterios de admisión temporal de los trabajadores calificados reunidos en la categoría de visas H-1 (profesionales, artistas, atletas y prominentes personas de negocios). Esta política se implementó con la idea de aumentar la competitividad de los Estados Unidos a nivel internacional, solventar problemas migratorios derivados de la baja selectividad de las legislaciones pasadas y hacer frente a las deficiencias educativas internas en cuanto a la formación de trabajadores jóvenes (Tichenor, 2012). Poco tiempo después del establecimiento de esa ley, el incremento de la mano de obra calificada en los Estados Unidos fue notable.

Es probable que tales mecanismos de selectividad por niveles de escolaridad hayan atraído emigrantes potenciales desde la República Bolivariana de Venezuela y la Argentina. De hecho, si se cruzan las variables de logro educativo y duración de la estadía que aparecen en la base de datos DIOC de 2010 y 2011, se observa que, del total de inmigrantes argentinos identificados en 2010 que tenían un alto nivel de calificación y residían en los Estados Unidos, el 72,1% declaró tener más de 10 años dentro del país. En el caso de los inmigrantes venezolanos, la proporción fue del 58,5%. Del mismo modo, de los argentinos de calificación media que se enumeraron, el 74% declaró haber llegado también hace 10 años o más, tendencia que quizás pueda explicarse por el contexto argentino de la década de los noventa. Como se observa en el gráfico 4, el auge de este destino entre los argentinos se produjo entre 1995 y 2000, momento en que la Argentina contaba con una política de libre convertibilidad y paridad uno a uno del dólar con el peso argentino.

Después de 2001, la situación cambió radicalmente y eso se observa en la contracción de los flujos desde ambos países hacia los Estados Unidos en el quinquenio de 2000 a 2005. En el caso de la República Bolivariana de Venezuela, los flujos mínimos cayeron el 67,5%, mientras que, en la Argentina, la reducción fue del 60% con respecto al período anterior. Los cambios de la política migratoria y el endurecimiento de las medidas de control que tuvieron lugar en los Estados Unidos después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 parecen explicar esta tendencia. Las reformas de los permisos de entrada, el endurecimiento de la seguridad en los aeropuertos y las fronteras, y la instauración de una política de sospecha focalizada en la comunidad inmigrante, en un período en que también había recesión económica, parecen haber debilitado el atractivo del país norteamericano. De forma paralela, también se establecieron políticas de apertura migratoria en otros países.

La dinámica migratoria hacia los países europeos es bastante diferente. El movimiento hacia España, aunque es voluminoso, no se encuentra entre los más representativos de los venezolanos y los argentinos durante el quinquenio de 1990 a 1995. Como se aprecia en el gráfico 5, no será sino hasta 2000 que se produzca el gran auge de la emigración hacia España e Italia. Entre los quinquenios de 1995 a 2000 y de 2000 a 2005, los flujos mínimos desde la Argentina hacia España se incrementaron el 61,3%, mientras que los iniciados en la República Bolivariana de Venezuela aumentaron el 63,1%. En el caso de Italia, el aumento del flujo de argentinos y venezolanos se produjo entre 2000 y 2005. En el quinquenio de 2005 a 2010, los flujos hacia España cayeron un poco, probablemente como consecuencia de la crisis española de 2008, pero los flujos hacia Italia mantuvieron su tendencia ascendente.

Este auge migratorio hacia España e Italia coincide con el endurecimiento de los controles fronterizos en los Estados Unidos, pero también con modificaciones jurídico-administrativas dentro del espacio geopolítico de la Unión Europea, como la eliminación de las barreras al comercio y el establecimiento de un mercado único (Acta Única Europea de 1986), y la apertura de las fronteras (Acuerdo de Schengen, 1995). Estas modificaciones crearon las condiciones para el fortalecimiento de una zona de libre circulación entre los ciudadanos miembros de la Unión.

El hecho de formar parte de una comunidad donde las fronteras interiores se disuelven implica que los países comparten las competencias en materia migratoria y de protección de las fronteras exteriores. Ante la ausencia de una política inmigratoria común, se acordó que la admisión de extranjeros por un tiempo inferior a tres meses estaría regulada por normas comunitarias (Acuerdo de Schengen), mientras que las decisiones con relación a los períodos de estancia mayor y a las condiciones de permanencia serían definidas por las leyes de extranjería de cada país (Parlamento Europeo, 2009).

Gráfico 5

España e Italia: flujos estimados de emigrantes venezolanos y argentinos, por períodos quinquenales, 1990-2010

(En número de personas)

Fuente: G. Abel y N. Sander, “Quantifying global international migration flows”, Science, vol. 343, N° 6178, Washington, D.C., Asociación Estadounidense para el Progreso de la Ciencia, 2014.

Las políticas de extranjería internas, entonces, responden a condiciones estructurales, económicas y sociales inherentes a cada país. En el caso de España e Italia, los problemas de envejecimiento demográfico, la demanda interna de mano de obra y el aumento de la migración irregular desde países africanos colindantes llevaron a que se modificaran las leyes de nacionalización y acceso a la ciudadanía que se aplicaban a los descendientes de primera y segunda generación, lo que creó todo un circuito de condiciones favorables para atraer inmigrantes latinoamericanos[6].

En este contexto, España e Italia ofrecían a los migrantes potenciales los siguientes beneficios: i) menores barreras de acceso al país, porque, de acuerdo con el Acuerdo de Schengen, ni los venezolanos ni los argentinos necesitaban visa para entrar a ninguno de los países de la Comunidad por una estancia inferior a tres meses; ii) facilidades para acceder al empleo, sobre todo informal y en el sector de la construcción y los servicios, debido a las deficiencias estructurales de los mercados laborales de ambos países; iii) menores dificultades para obtener la residencia, dados los constantes procesos de regularización (especialmente en Italia), y iv) posibilidad de adquirir la nacionalidad por filiación, lo que, además de facilitar el ingreso al país, también permitía establecerse y trabajar en cualquier otro país de la Unión. En este último caso, la historia inmigratoria pasada les permitió a muchos argentinos y venezolanos optar por procesos de naturalización.

Es evidente que, en las políticas de admisión de España e Italia, no se priorizan los mecanismos de selectividad por nivel de calificación. Esto explica por qué la proporción de migrantes calificados en ambos países es menor que la que se observa en países como el Canadá o los Estados Unidos, que poseen regímenes de selectividad bien definidos.

3. Políticas en los destinos latinoamericanos y dinámica de los flujos

Aunque solo se cuenta con datos de selectividad en relación con los países miembros de la OCDE, las matrices de flujos quizás puedan brindar algunos indicios sobre la dinámica emigratoria de los argentinos y los venezolanos en el contexto latinoamericano, y su relación con ciertas políticas. La clave para entender la lógica de estos desplazamientos está en la movilidad entre fronteras. Los sistemas migratorios en áreas limítrofes se configuran en torno al dinamismo productivo y las ventajas económicas coyunturales de unos países con respecto a otros.

En el caso de la Argentina, el desplazamiento de la mano de obra nativa hacia áreas de concentración industrial a principios del siglo XX abrió nichos de empleo en las zonas rurales para los trabajadores agrícolas del Brasil, Chile, el Estado Plurinacional de Bolivia, el Paraguay y el Uruguay (Pellegrino, 2003). Esta dinámica se mantuvo durante casi todo el siglo, con la Argentina como principal eje receptor (Bruno, 2012). La República Bolivariana de Venezuela, por su parte, no percibió un aumento sustantivo de la inmigración regional sino hasta la década de 1970, cuando el crecimiento económico del país, impulsado por el aumento de los precios del petróleo, atrajo a nativos de Colombia, el Perú, el Ecuador y la República Dominicana.

En los años noventa, la crisis de la deuda afectó profundamente a la Argentina y la República Bolivariana de Venezuela. En ambos países se adoptaron políticas de ajuste estructural que acentuaron los niveles de pobreza y desigualdad. En ciclos económicos adversos, la dinámica de la migración laboral suele invertirse: los antiguos inmigrantes tienden a volver a su lugar de origen. Esto quizás explique el incremento de los flujos desde la Argentina hacia el Estado Plurinacional de Bolivia y el Paraguay a partir del quinquenio de 1990 a 1995 (véase el gráfico 6). El engrosamiento de los flujos estimados hacia el Paraguay también coincide con una política nacional de repatriación impulsada por la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales de Paraguay, la cual, desde su fundación en 1993, promueve el derecho de todo paraguayo a residir en su patria con igualdad de oportunidades.

Gráfico 6

América Latina (seis países): flujos estimados de emigrantes venezolanos y argentinos, por períodos quinquenales, 1990-2010

(En número de personas)

Fuente: G. Abel y N. Sander, “Quantifying global international migration flows”, Science, vol. 343, N° 6178, Washington, D.C., Asociación Estadounidense para el Progreso de la Ciencia, 2014.

Entre la República Bolivariana de Venezuela y Colombia se observa una dinámica diferente. Desde el quinquenio de 1995 a 2000 comienza a notarse un incremento considerable en los flujos iniciados desde el primer país. Esto coincide con el aumento de las tensiones políticas en la República Bolivariana de Venezuela desde 1998, el paro petrolero de 2002 y 2003, y el consecuente despido de los trabajadores de la empresa Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), muchos de los cuales encontraron refugio en el país vecino.

Igualmente, las medidas económicas implementadas en Colombia con el objetivo de promover el desarrollo y el dinamismo productivo del país, en un entorno legal flexible, facilitaron la inversión extranjera (OIM, 2012), lo que atrajo capital y mano de obra calificada de la República Bolivariana de Venezuela. En medio de esta trama, se distinguen dos tipos de flujos migratorios (Santana, 2009): i) venezolanos hijos de colombianos emigrantes, amparados por la legislación colombiana bajo la modalidad de nacionalizados, que por tener redes de apoyo en Colombia optan por la migración de retorno, y ii) venezolanos sin vínculos familiares directos, que emplean mecanismos selectivos de migración, como visas temporales y permisos de residencia, para ingresar al territorio de manera regular y acceder a un empleo formal. De acuerdo con Santana (2009, pág. 16), este último grupo parece estar compuesto por individuos de clase media que pueden costear los gastos de su condición de inmigrantes en Colombia.

En tiempos económicos favorables, entonces, parece ser que los países vecinos no solo atraen migrantes de retorno, sino también otro tipo de emigrantes potenciales. Tal es el caso de la corriente que va de la Argentina hacia Chile. Chile es el país latinoamericano que más argentinos concentra en el interior de sus fronteras. Los datos de los flujos muestran que la mayoría se asentó durante el quinquenio de 1990 a 1995, época que marca el final de la dictadura de Augusto Pinochet y en la cual Chile comienza a mostrar indicadores positivos de crecimiento económico. En el período siguiente, la intensidad de los flujos disminuye el 60,6%, pero la migración no para y el flujo se mantiene a ritmo constante. El retorno es el principal factor explicativo de este tipo de movilidad. Sin embargo, el crecimiento económico de Chile a partir de los años noventa, la estabilidad política y el atractivo que ha despertado entre los países vecinos también parece ser indicador de otro tipo de desplazamiento. La amplia concentración de argentinos escolarizados en los entornos urbanos, específicamente en Santiago de Chile (Stefoni, 2007), sugiere un tipo de movilidad laboral.

Pero no todas las corrientes migratorias latinoamericanas responden a una dinámica de fronteras. En el caso específico de la República Bolivariana de Venezuela, hay nuevos destinos que aparecen y se consolidan a partir de 2000. Los flujos hacia Panamá, por ejemplo, comienzan a visualizarse a partir del quinquenio de 2000 a 2005 y se mantienen durante el período siguiente. En la medida en que la situación de inestabilidad política desincentiva la inversión y el viraje hacia el modelo socialista desestimula al sector privado, Panamá —economía en pleno crecimiento— pasa a convertirse en el país donde los capitales venezolanos encuentran espacios para desarrollar sus negocios[7]. El Gobierno panameño estimuló abiertamente este proceso y las leyes migratorias internas lo favorecieron[8]. Es probable que esa misma inversión venezolana dentro de la economía panameña haya impulsado la emigración de venezolanos profesionales y no profesionales al país centroamericano.

Otro caso que llama la atención es el incremento de los flujos hacia el Ecuador a partir del quinquenio de 2000 a 2005. Durante la época de bonanza petrolera en los años setenta, se establecieron nexos migratorios entre el Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela. Es probable que ese flujo esté asociado a desplazamientos de retorno intergeneracional. Sin embargo, el Ecuador presenta otra particularidad: se han implementado políticas de selectividad para atraer trabajadores calificados, en un entorno de crecimiento económico donde las oportunidades de trabajo aumentan. La ley de extranjería establece visas profesionales que la cancillería otorga por tiempo indefinido a los trabajadores con título universitario que, además, gozan de la ciudadanía universal tal y como lo estipula la Constitución de la República del Ecuador. A partir de 2010, las modificaciones de la Ley Orgánica de Educación Superior le permiten a cualquier extranjero homologar su título y ejercer con libertad su profesión, de acuerdo con la normativa establecida por la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Por lo tanto, no sería de extrañar que los flujos de trabajadores calificados desde la República Bolivariana de Venezuela hacia el Ecuador aumentaran en los próximos años.

C. Conclusiones

La existencia de mecanismos de desregulación de las fronteras nacionales en función de tipos específicos de migrantes le resta todo tipo de aleatoriedad a la elección del destino migratorio. De acuerdo con la lógica del capital humano, los migrantes potenciales más calificados estarían en búsqueda de localidades que les garanticen el retorno mínimo esperado de acuerdo con su inversión en formación y entrenamiento profesional. En estos términos, si la selectividad es determinante en la configuración de los nuevos patrones de movilidad internacional, es de esperar que las corrientes emigratorias con alta proporción de profesionales se ajusten al circuito de países con regímenes de inmigración selectiva, que les garanticen algún tipo de utilidad. Para corroborar este argumento en el contexto de América Latina, se seleccionaron dos países que en los últimos diez años han mostrado un incremento significativo del volumen de emigrantes calificados hacia los países miembros de la OCDE: la Argentina y la República Bolivariana de Venezuela.

Los resultados muestran que los emigrantes tienden a agruparse en un conjunto limitado de países, es decir, la selección de los destinos no se hace de manera fortuita o casual. Debe haber factores de atracción —económicos o sociales— y mecanismos de selectividad que operan en la configuración de estos sistemas migratorios. Los datos correspondientes a la República Bolivariana de Venezuela evidencian que, en 2010, el 90,8% de los emigrantes venezolanos identificados en los datos de stock de las Naciones Unidas estaban concentrados en 12 países, 5 de los cuales, hasta el año 2010, poseían políticas explícitas de migración selectiva (Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido y Francia). En el caso de la Argentina, se observa que el 90,7% de sus emigrantes se encuentran agrupados en 13 países, de los cuales 5 cuentan con regímenes de selectividad (Estados Unidos, Canadá, Alemania, Australia y Francia).

Sin embargo, que un país cuente con políticas de atracción de talentos no significa que todos los inmigrantes respondan a los criterios de selectividad. Los datos sobre inmigración publicados en la base DIOC en 2010 y 2011 muestran que, del total de inmigrantes venezolanos residentes en los Estados Unidos, el Canadá, el Reino Unido o Francia (países con regímenes de selectividad y datos disponibles), el 54,9% manifestó contar con estudios universitarios. Los países más efectivos para atraer talentos venezolanos fueron el Canadá, el Reino Unido y Francia. En el caso de la Argentina, del total de inmigrantes que residían en los Estados Unidos, el Canadá, Australia y Francia, el 43,2% tenía un alto nivel de escolaridad. Los países más efectivos para atraer argentinos profesionales fueron Francia y el Canadá.

Lo que sí confirman los datos es que, en los flujos iniciados desde la República Bolivariana de Venezuela, la selectividad es mucho mayor que en las corrientes emprendidas desde la Argentina. En la base DIOC se observa que, en 2010 y 2011, del total de emigrantes venezolanos identificados en algún país miembro de la OCDE, el 47,1% tenía un alto nivel de escolaridad, mientras que, en el caso de la Argentina, la proporción era del 38,4%. Los emigrantes venezolanos también se distribuyeron en un conjunto mayor de países de la región norte (véase el mapa 1) y en un número mayor de países con regímenes de inmigración calificada. Se observaron proporciones de selectividad extraordinarias, con porcentajes de inmigrantes calificados superiores al 60%. Esto permite inferir que, cuanto mayor es la proporción de inmigrantes calificados, mejor se ajustan los destinos migratorios al patrón geográfico internacional de selectividad.

Sin embargo, ni todos los migrantes son calificados, ni todos los migrantes calificados atienden a políticas explícitas de selectividad. Los datos demuestran que los desplazamientos de argentinos y venezolanos hacia España e Italia son menos selectivos por escolaridad. Esta tendencia también es un asunto de políticas, aunque no precisamente de selectividad. La base de flujos migratorios elaborada por Abel y Sander (2014) permitió examinar cómo los cambios en la direccionalidad de los flujos coinciden —en la mayoría de los casos— con la implementación de políticas migratorias. En el caso de España e Italia, el auge en estas corrientes, que comienza a apreciarse a partir de 2000, coincide con la instauración de políticas de nacionalización y regularización favorables a los latinoamericanos en ambos países europeos. Los procesos intergeneracionales de nacionalización y acceso a la ciudadanía tuvieron particular impacto en la República Bolivariana de Venezuela y la Argentina porque estos países fueron, hasta mediados del siglo XX, grandes receptores de inmigrantes españoles e italianos. El hecho de que la naturaleza de la política sea por afiliación y no por nivel de escolaridad explica por qué la composición de los flujos hacia estos países muestra menores rasgos de selectividad.

Ni todas las medidas que afectan los flujos son de carácter selectivo, ni todas son de atracción. Un ejemplo de disuasión de flujos es el de los Estados Unidos. El país norteamericano fue el destino predominante de los argentinos y los venezolanos durante la década de 1990. No obstante, después del atentado terrorista de 2001, esta situación cambió. El mayor control fronterizo, el endurecimiento de las leyes migratorias y las restricciones al otorgamiento de permisos de residencia convergieron con la fuerte reducción de los flujos migratorios iniciados desde la República Bolivariana de Venezuela y la Argentina a partir del quinquenio de 2000 a 2005. Otras medidas determinantes de la direccionalidad de las corrientes migratorias son: las posibilidades de acceso a la ciudadanía por afiliación intergeneracional (España, Italia, Israel), las políticas de retorno (Paraguay, Ecuador) o las facilidades para tramitar la residencia gracias al establecimiento de acuerdos comerciales (Panamá). Esto confirma el rol protagónico del Estado en los procesos de movilidad territorial.

De acuerdo con esta lógica, el migrante potencial que desea iniciar un desplazamiento de carácter regular no solo considera el retorno esperado en función de su capital humano, sino que también contrasta sus recursos, habilidades y necesidades con los dispositivos legales, temporales o permanentes, que ofrecen los países receptores de los cuales tiene conocimiento. Siendo esto así, los Estados receptores, al aprobar leyes y políticas de migración, asumen un rol protagónico en la configuración de las rutas migratorias.

Al cotejar la información estadística desde la perspectiva del lugar de origen, con los ajustes de las políticas y sus resultados, se confirma la existencia de un patrón de movilidad que varía de acuerdo con la implementación de ciertos dispositivos legales. En un contexto de migración legal, las personas se desplazan hacia los lugares que ofrecen mayores facilidades jurídicas para su integración. Si la lucha global por el talento está ocurriendo dentro del campo político, es probable que las políticas de apertura educativa, selectividad migratoria y ciudadanía estén compitiendo por la captación de mano de obra inmigrante, de preferencia calificada, y se estén convirtiendo en los nuevos estímulos globales de la migración internacional.

Las razones para migrar, por su parte, se encuentran en los puntos iniciales de los desplazamientos. Los cambios del volumen y la intensidad de los flujos migratorios están asociados a las condiciones de origen. Las tensiones sociales en la República Bolivariana de Venezuela, sobre todo durante el período presidencial de Hugo Chávez Frías (de 1998 a 2013), gestaron un escenario de constante agitación política, incertidumbre económica, inseguridad personal y confrontación social que coincide con el aumento del volumen de la emigración venezolana. En el caso de la Argentina, el incremento del número de desplazamientos durante el quinquenio de 2000 a 2005 se corresponde con el período de crisis económica, social e institucional que se desencadenó luego de que el Gobierno de Fernando de la Rúa decidiera congelar los depósitos bancarios para frenar la fuga de capitales, medida que desató una ola de protestas. La revuelta acabó con la renuncia del presidente de la Rúa y, luego de un trémulo período de transición política, Néstor Kirchner asumió la presidencia en 2003.

Finalmente, resta preguntarse por qué no todos los destinos en los que se aplican políticas migratorias tienen la misma intensidad. Los mecanismos de selectividad determinan el círculo de posibles destinos, es decir, la cantidad de lugares disponibles para migrar. Sin embargo, esto no alcanza a explicar la preferencia de los emigrantes por un grupo pequeño de países. Si algo se rescata del caso de los inmigrantes venezolanos en Panamá es que los canales migratorios solo se masifican en la medida en que se los divulga. Por lo tanto, es probable que las políticas más efectivas sean las que se acompañan de procesos en los que se difunde e informa sobre documentación, visados, beneficios y facilidades en cuanto a la adaptación, inserción laboral y estilos de vida en los destinos. La forma en que esa información se difunde dentro del sistema social y su incidencia sobre la reproducción de los movimientos migratorios es algo que se debe investigar.

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Anexo A1

Cuadro A1.1

OCDE (países seleccionados): políticas que atañen a los migrantes calificados, vigentes hasta 2010

País de la OCDE

Políticas que atañen a los migrantes calificados

Estudiantes

Alemania

Residencia permanente: luego de cinco años de estadía para los trabajadores extranjeros con calificaciones y experiencia, o de forma inmediata para los profesionales altamente calificados (investigadores, profesores universitarios o trabajadores con una oferta de trabajo superior a 65 600 euros).

Tienen derecho a permanecer en Alemania hasta un año después de completar sus estudios, con el propósito de buscar empleo.

Australia

Programa general de selección de habilidades y calificaciones: a partir de un sistema de puntos.

Pueden optar por cambio de visa

de residencia.

Visa de negocios (de larga estancia).

Canadá

Programa de Trabajadores Calificados: sistema de puntos mediante el que se evalúa al candidato de acuerdo con sus habilidades laborales y experiencia, para determinar si son compatibles con las ocupaciones abiertas a posibles inmigrantes en el Canadá.

Los estudiantes de postgrado pueden optar por un permiso de trabajo

de tres años luego de finalizados

sus estudios.

Programa de Nominación Provincial: alternativa que permite la inmigración calificada al Canadá

a partir de las necesidades del mercado laboral de algunas provincias y territorios del país.

Programa de Trabajador Temporal: para trabajadores extranjeros con una oferta de

empleo aprobada.

Estados Unidos

Visa EB-1: visa para inmigrantes con habilidades extraordinarias, profesores universitarios, investigadores, ejecutivos o gerentes

de multinacionales.

Visa F1: visa de no inmigrante para quienes deseen estudiar en los Estados Unidos. Permite que los estudiantes graduados permanezcan un año para recibir formación.

Visas EB-2 y EB-3: permiso de residencia para profesionales, que se basa en una oferta de empleo permanente.

*Dentro del programa H1B existe una cuota especial reservada para estudiantes con maestría o doctorado de instituciones académicas estadounidenses.

Green Card: permiso de residencia permanente.

Visa H1B: permiso de residencia temporal para profesionales u obreros con una oferta de trabajo de una compañía situada en los Estados Unidos.

Visa J1: permiso temporal para visitantes que participen en programas de intercambio cultural.

Visa L1: permiso de transferencia para gerentes

y ejecutivos.

Francia

Permiso de residencia: para extranjeros con un permiso de trabajo permanente, luego de tres años de residencia.

Los estudiantes con maestría pueden optar por un permiso de seis meses para buscar empleo.

Permiso de trabajo permanente: con contrato de trabajo por período ilimitado.

Otros estudiantes pueden optar por cambiar su situación migratoria de acuerdo con las normativas vigentes.

Permiso de trabajo temporal: con contrato de trabajo por un período de tiempo determinado.

Visa de competencia y talentos: permiso de trabajo y residencia para profesionales de alto nivel, con una duración de tres años, renovable.

Reino Unido

Programa de Migración Altamente Calificada

(2002-2008): sistema de selección de migrantes a partir de un sistema de puntos, sin patrocinio de un empleador.

Pueden optar por cambio de visa

de residencia.

A partir de 2008, se establecen nuevas restricciones:

Permiso temporal nivel 1: permiso de residencia por cinco años para inversionistas, empresarios o trabajadores con talentos excepcionales en ciencias, humanidades, ingeniería, medicina, tecnología o artes. La selección se hace por un sistema de puntos y no requiere oferta de trabajo.

Permiso temporal nivel 2: permiso de residencia para trabajadores calificados patrocinados (con una oferta de trabajo).

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de J. Chaloff y G. Lemaitre, “Managing highly-skilled labour migration: a comparative analysis of migration policies and challenges in OECD countries”, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, N° 5, París, OECD Publishing, 2009.

[1] Doctora en Demografía por el Centro de Desarrollo y Planificación Regional (CEDEPLAR), adscrito a la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG). Socióloga (Universidad Central de Venezuela (UCV)) y Maestra en Población y Desarrollo (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)-México). Correo electrónico: allen.anajulia@gmail.com.

[2] Profesor Adjunto de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, Departamento de Sociología de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG). Correo electrónico: fazito@cedeplar.ufmg.br.

[3] El Consejo Europeo se reunió en Lisboa a principios de 2000, para definir una estrategia que, en un plazo de 10 años, le permitiese a la Unión convertirse en una de las economías más competitivas del mundo. En el marco de este objetivo, la pugna por el capital humano se tornó prioridad, sobre todo considerando la situación demográfica de la población europea.

[4] No se trabajó con datos relativos a Alemania.

[5] En 2010, Israel se presenta como el sexto país con mayor volumen de argentinos. Este destino no es común en América Latina, excepto en la Argentina, debido a la dinámica migratoria del pasado. Los judíos comenzaron a asentarse en dicho país a finales del siglo XIX y continuaron haciéndolo hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. Luego de la conformación del Estado de Israel en 1948, se instauraron políticas de poblamiento y retorno para aquellos judíos que quisieran establecerse allí. En 1970, la ley se extendió hasta la tercera generación y se incluyó a los familiares no judíos. Desde entonces, la movilidad hacia Israel ha ido en aumento, con algunas fluctuaciones a lo largo del tiempo. Los períodos de mayor movilidad coinciden con dos grandes crisis: i) los atentados terroristas contra la Embajada de Israel en la Argentina en 1992 y el ataque en contra de la Asociación Mutual Israelita (AMIA) en 1994, y ii) la crisis política y económica argentina de 2001.

[6] Los nexos entre América Latina y Europa han persistido desde el mismo proceso de colonización. No obstante, las olas masivas de inmigrantes europeos durante los siglos XIX y XX permitieron que esos lazos se renovaran y diversificaran. Las políticas migratorias impulsadas por los Gobiernos latinoamericanos con la idea de poblar los territorios y sumar mano de obra al trabajo agrícola e industrial contribuyeron con este proceso. Los principales países receptores fueron la Argentina, el Uruguay y el Brasil y, en menor medida, México, Cuba, Chile y la República Bolivariana de Venezuela (Martínez Pizarro, 2008). Se estima que, del total de emigrantes europeos que llegó a América Latina entre 1850 y 1950, “el 38% eran italianos, 28% españoles y 11% portugueses” (Parlamento Europeo, 2009). Entre 1970 y 1980, los patrones migratorios latinoamericanos se modificaron. La inmigración europea se detuvo y la movilidad intrarregional se intensificó. A partir de 1990, Europa entra en escena como continente receptor.

[7] De acuerdo con el Banco Mundial (2016), entre 2001 y 2013, el crecimiento medio anual de la economía panameña fue del 7,2%, uno de los más rápidos del mundo.

[8] La atracción de capitales venezolanos fue abiertamente estimulada por el Gobierno panameño de Martín Torrijo y su legislación migratoria, que facilitaba el otorgamiento de visas para inversionistas de micro- y macroempresas, familiares y acompañantes. La Cámara de Integración Venezolana-Panameña, creada en 2006, también la promovió para dar respuesta a las necesidades empresariales de los venezolanos interesados en invertir y orientarlos en el desarrollo de inversiones en Panamá. Se crearon mecanismos de difusión efectivos, como portales electrónicos y oficinas de asesores de negocios, para impulsar los proyectos empresariales, sobre todo en el sector inmobiliario y el del turismo, el comercio y la construcción.

Migración internacional, envejecimiento poblacional y segunda transición demográfica, ¿hacia dónde va Chile?

Constanza Díaz Franulic[1]

Recibido: 27/04/2017

Aceptado: 27/06/2017

Resumen

El presente trabajo se propone analizar los cambios sociodemográficos acontecidos en Chile durante el último medio siglo, abordando de manera exploratoria las dinámicas entre migración internacional, envejecimiento poblacional y la potencial configuración de una segunda transición demográfica. En particular, se pretende indagar sobre el grado en que se han desarrollado dichas modificaciones y si, por ende, podrían interpretarse como procesos análogos a los experimentados por los países desarrollados, en el marco de un sistema global de reproducción demográfica. Para tal fin, se comienza por analizar las tendencias seguidas por la mortalidad y fecundidad y su convergencia en el proceso de envejecimiento poblacional, utilizando como referencia los niveles presentados por América Latina en su conjunto y por los países desarrollados, ilustrados en el caso de España. Posteriormente, se revisará la dinámica reciente de la migración laboral en Chile, para finalizar con un análisis prospectivo de los potenciales desequilibrios que podría generar el cambio demográfico sobre el mercado del trabajo.

Palabras clave: migración internacional, envejecimiento poblacional, segunda transición demográfica, déficit de fuerza laboral.

Abstract

This study looks at the sociodemographic changes that have taken place in Chile in the past half century, exploring the dynamics between international migration, population ageing and the potential emergence of a second demographic transition. In particular, it seeks to uncover the extent to which these changes have evolved and if, consequently, they could be interpreted as processes similar to those experienced by developed countries, in the framework of a global system of demographic reproduction. To this end, the study analyses mortality and fertility trends and their convergence in the process of population ageing, using as a frame of reference the levels observed in Latin America overall and in the developed countries (using data from Spain). The study then reviews recent dynamics in labour migration in Chile and concludes with a prospective analysis of the potential imbalances that these demographic shifts could create in the labour market.

Keywords: international migration, population ageing, second demographic transition, labour shortages.

Résumé

Cet article a pour but d’analyser les changements sociodémographiques qui se sont produits au Chili au cours des cinquante dernières années, en adoptant une approche exploratoire des dynamiques entre les migrations internationales, le vieillissement de la population et la configuration potentielle d’une seconde transition démographique. L’auteur cherche en particulier à déterminer l’ampleur de ces changements et à savoir s’ils peuvent être interprétés comme des processus analogues à ceux que connaissent les pays développés, dans le cadre d’un système global de reproduction démographique. À cette fin, l’auteur analyse d’abord les tendances affichées par la mortalité et la fécondité et leur convergence dans le processus de vieillissement de la population, par rapport aux niveaux présentés par l›Amérique latine dans son ensemble et par les pays développés, illustrés dans le cas de l›Espagne. La dynamique récente des migrations de main-d’œuvre au Chili sera ensuite révisée pour aboutir à une analyse prospective des déséquilibres potentiels qui pourraient résulter de l’évolution démographique sur le marché du travail.

Mots clés: migration internationale, vieillissement de la population, deuxième transition démographique, déficit de main-d’œuvre.

Introducción

La fecundidad, la mortalidad y la migración son los tres componentes determinantes del crecimiento y composición de las poblaciones. Es por ello que, a partir de sus modificaciones, devienen diversas dinámicas que se insertan en la denominada transición demográfica.

Una vasta literatura describe la transición demográfica como un proceso de larga data que se desarrolla en cuatro grandes estadios: el primero, “pretransicional”, refiere a una dinámica de bajo crecimiento demográfico producto de las altas tasas de mortalidad y fecundidad; el segundo, “transicional inicial”, describe un aumento de la tasa de crecimiento poblacional a consecuencia del declive de la mortalidad y la permanencia de una alta fecundidad; el tercero, “transicional”, muestra un crecimiento demográfico que decae por la menor fecundidad y, finalmente, uno “postransicional”, donde desciende nuevamente el crecimiento poblacional, pero asociado a bajas tasas de mortalidad y fecundidad.

Aunque el modelo de transición demográfica fue concebido como un instrumento que permitía interpretar la transformación sociodemográfica experimentada por Europa durante su industrialización, en América Latina se desarrolla un proceso que responde a mecanismos similares, pero que difiere sustancialmente en su contexto socioeconómico. Asimismo, la velocidad a la que avanza ha sido considerablemente superior, pues en tan solo medio siglo obtuvo un resultado semejante al que Europa alcanzó en dos, básicamente explicado por los progresos en medicina sanitaria y reproductiva importados desde los países desarrollados (Villa y González, 2004).

A su vez, Zavala de Cosío (1992) identifica la coexistencia de dos tipologías de transición demográfica en América Latina: una que se corresponde con el proceso europeo y que tiene lugar en el segmento social más próximo culturalmente a los patrones modernos de reproducción y otra vinculada a las pautas de reproducción tradicionales, esto es, altas tasas de nupcialidad y fecundidad. Consecuentemente, los países latinoamericanos se encuentran transitando trayectorias disímiles de este proceso; sin embargo, los datos indican que incluso los países más rezagados están experimentando una etapa moderada (CEPAL/OIJ, 2012).

En este sentido, debido a la reducción de la fecundidad y de la mortalidad en las últimas décadas, América Latina registra un envejecimiento de su población, entendido como el incremento progresivo de la proporción de personas de mayor edad en la estructura demográfica. Por una parte, el descenso de la fecundidad ha reducido paulatinamente el volumen e importancia relativa de la población joven y, por otra, la menor mortalidad —especialmente en la infancia— ha incidido en el incremento de la esperanza de vida.

En razón de ello, el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL ha definido cuatro etapas de la transición demográfica para clasificar a los países de la región en función de sus niveles de fecundidad y esperanza de vida (CEPAL, 2008): i) muy avanzada, ii) avanzada, iii) plena y iv) moderada. Chile, por su parte, forma parte del segundo subgrupo de la etapa de transición avanzada; al igual que Cuba, alcanza una tasa de fecundidad por debajo del nivel de reemplazo poblacional[2]; comparte con la Argentina y el Uruguay una tasa de crecimiento demográfico inferior al 1% (CEPAL/OIJ, 2012), y, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), era el país latinoamericano con mayor esperanza de vida media en 2015 (80,5 años).

Como expresa Canales (2015a), el modelo de transición demográfica adolece de una gran limitación, pues se cimienta sobre la dinámica de solo dos componentes demográficos —mortalidad y fecundidad— y excluye la migración. Asimismo, señala que este vacío adquiere una progresiva relevancia debido al papel que desempeña la migración internacional en la configuración de un sistema de reproducción global. En efecto, las modificaciones de las estructuras sociales y demográficas durante las últimas décadas exigen la revisión y el replanteamiento de un nuevo marco analítico de las dinámicas poblacionales. Precisamente, el progresivo envejecimiento poblacional y el surgimiento de una segunda transición demográfica constituyen su sustrato.

La segunda transición demográfica es un concepto introducido por los demógrafos Ron Lesthaeghe y Dirk van de Kaa en 1986 que, aunque no está exento de críticas, es muy utilizado para explicar la recomposición poblacional de los países desarrollados[3]. Tal como explica Van de Kaa (2002), la idea básica tras este modelo reside en que estos últimos habrían alcanzado una nueva etapa en su desarrollo demográfico, caracterizada por un control total sobre la fecundidad por debajo del nivel de reemplazo poblacional, generando un creciente desequilibrio demográfico que sería compensado con flujos migratorios. Según el autor, la segunda transición se vincularía, al igual que la primera, con un cambio social, asociado frecuentemente a los conceptos de posmodernización de Inglehart (1997) o la modernidad líquida de Bauman (2003). Este cambio se compone de tres dimensiones de distinta naturaleza: una estructural, relativa al progreso socioeconómico; otra cultural, que se refiere a la redefinición de los sistemas de valores, y otra tecnológica, que abarca la innovación material. El énfasis de este proceso, no obstante, se encuentra en la reestructuración de las representaciones y preferencias culturales de las personas, basada en una ideología de la individuación y autorrealización del sujeto.

Desde una perspectiva puramente demográfica, Van de Kaa (2002) identifica seis características distintivas de la segunda transición: i) disminución sustancial de la fecundidad global y por edades, con un valor máximo inferior al de reemplazo poblacional; ii) disminución de la tasa de nupcialidad asociada a un aumento de la edad media en el primer matrimonio; iii) incremento de las tasas de divorcio; iv) aumento de la cohabitación; v) crecimiento de la proporción de nacimientos extramatrimoniales, y vi) reemplazo de los métodos anticonceptivos tradicionales por otros modernos.

A pesar de ello, es evidente que las condiciones sociales, económicas y culturales a las que se enfrentan los individuos determinan sus posibilidades de incorporar nuevos patrones conductuales y, por tal razón, este proceso se ha mostrado de manera dispar incluso entre los países desarrollados.

De este modo, aunque las sociedades desarrolladas presentan patrones demográficos versátiles, todas convergerán en cuatro modificaciones estructurales: i) disminución de la mortalidad, ii) disminución de la fecundidad, iii) redefinición del modelo de familia y iv) transformación en países receptores de inmigración.

Considerando los cambios sociodemográficos que se producen en las sociedades modernas, cabe preguntarse cómo y en qué grado la migración internacional se interrelaciona con ellos. En este sentido, Canales (2015a) plantea que, aunque estructuralmente diferenciadas, las dinámicas demográficas de los países de destino y de origen (desarrollados y en desarrollo) se complementan a través de la migración internacional, configurando un sistema global de reproducción demográfica.

Además, Canales (2016) argumenta que la migración internacional contribuye demográfica y socialmente a la reproducción del sistema económico actual y, con ello, a la acumulación global del capital. En términos demográficos, aportaría la mano de obra necesaria para sustentar la actividad económica en los países receptores, compensando el déficit de fuerza de trabajo generado por el envejecimiento poblacional de la primera transición demográfica, que se conjuga con un crecimiento natural negativo en aquellos países que ya se sitúan en la segunda. En términos sociales, la migración contribuye con una mano de obra reproducida a bajos costos, que se inserta en el mercado laboral sometida a condiciones de alta vulnerabilidad. En términos de Sassen (2007), la polarización socioeconómica que el proceso de reestructuración de las ciudades globales acarrea ha incrementado la demanda de empleos precarizados, tradicionalmente ocupados por inmigrantes. A su vez, esta transferencia de fuerza laboral precarizada se sostiene sobre un sistema transnacional de redes de apoyo que cumple un doble papel: i) facilitador de la movilidad, minimizando costos y riesgos asociados al desplazamiento e inserción sociolaboral de los migrantes en la sociedad de destino, y ii) canalizador de la reproducción social de los migrantes y sus familias, al posibilitar el flujo recíproco de recursos materiales e inmateriales (Canales, 2016).

En este contexto, el caso de España resulta bastante ilustrativo pues, aunque con una cronología y un ritmo diferente al de Chile, reúne las condiciones sociodemográficas que lo transforman en un referente útil para comprender los procesos que aquí se describen. En efecto, como muestra el trabajo de Canales (2015a), la afluencia latinoamericana a este país[4] pone de manifiesto el papel de los migrantes en la reproducción social y demográfica de las sociedades desarrolladas, con bajas tasas de fecundidad y más envejecidas[5], compensando los vacíos de población en edad activa a través de su inserción en ocupaciones asociadas a la reproducción, como el trabajo doméstico y del cuidado (Cabré y Domingo, 2002).

En función de lo anterior, el presente trabajo se propone analizar los cambios sociodemográficos ocurridos en Chile durante el último medio siglo, abordando de manera exploratoria las dinámicas entre migración internacional, envejecimiento poblacional y la potencial configuración de una segunda transición demográfica. En particular, se pretende indagar sobre el grado en que se han desarrollado dichas modificaciones y si, por ende, podrían interpretarse como procesos análogos a los experimentados por los países desarrollados, en el marco de un sistema global de reproducción demográfica. Para tal fin, se realiza un análisis descriptivo y comparativo de las tendencias seguidas por la mortalidad y fecundidad, y su convergencia en el proceso de envejecimiento poblacional, utilizando como referencia los niveles presentados por América Latina en su conjunto y por los países desarrollados, representados en el caso de España. Posteriormente, se revisará la dinámica reciente de la migración laboral en Chile, para finalizar con un análisis prospectivo de los potenciales desequilibrios que podría generar el cambio demográfico sobre el mercado del trabajo.

A. Tendencias demográficas en Chile durante el último medio siglo: un análisis comparado

1. Mortalidad

De acuerdo con Chackiel (2004), el acelerado descenso de la mortalidad experimentado por América Latina se debe a la mejora de los estándares de vida de la población y, en especial, a los progresos en medicina y la mayor cobertura de los servicios de salud.

Asimismo, el desempeño de Chile en esta materia ha sido notable. Entre 1965 y 2015, la mortalidad general se redujo de 10,6 a 6,1 defunciones por 1.000 habitantes; sin embargo, la mortalidad infantil ha experimentado un descenso más pronunciado, ya que cayó un 93,7% en esos 50 años. Como se observa en el gráfico 1, a mediados de la década de 1960 Chile registraba una tasa de mortalidad infantil superior al promedio latinoamericano, pero en tan solo una década logró invertir esta diferencia; si en 1965 morían 107,1 menores de un año por cada 1.000 nacidos vivos, en 1975 la cifra se redujo a 60,6, lo que representa una disminución del 43,4%. En América Latina, en tanto, disminuyó de 92,7 a 71,4 en el mismo período, esto es, una reducción del 23%.

Para situar a Chile en el contexto demográfico de los países desarrollados, el caso de España resulta bastante ilustrativo. Como puede observarse en el gráfico 1, en 1965 España registraba 29,5 defunciones de menores de un año por cada 1.000 nacidos vivos, mientras que Chile y América Latina triplicaban con creces esta tasa. Hacia 2015, España alcanza una mortalidad infantil de 2,7 y América Latina una de 17,8 (similar al nivel que exhibía Chile a fines de la década de 1980), mientras que Chile, con una tasa de 6,7, se ubicaba 4 puntos sobre España y 11 puntos bajo el promedio regional. Así, aunque el descenso de este indicador ha sido generalizado, actualmente Chile presenta un nivel de mortalidad infantil más próximo al de los países desarrollados que al promedio regional, contrario a lo que ocurría en las décadas de 1960 y 1970.

Gráfico 1

Chile, España y América Latina: tasa de mortalidad infantil, 1965-2015

(En número de defunciones de menores de un año por cada 1.000 nacidos vivos)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), Instituto Nacional de Estadística de España (INE), Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL, “Estimaciones y proyecciones de población a largo plazo 1950-2100: Revisión 2015”, Santiago, 2015.

La disminución de la mortalidad —infantil, en particular— tiene su correlato en el incremento de la esperanza de vida al nacer que, en América Latina, se debe en gran parte a la reducción de la mortalidad en edades tempranas y, aunque persisten diferencias significativas entre países producto del alto grado de inequidad socioeconómica, se observa una convergencia hacia menores niveles (CEPAL, 2014). Como se aprecia en el gráfico 2, entre 1965 y 2015, Chile —que ha superado persistentemente el promedio latinoamericano e incluso ha triplicado esta distancia, de 1,3 a 3,8 años— ganó dos décadas en el promedio de vida de su población, pasando de 60,6 a 79,7 años. Asimismo, ha reducido más de un tercio la brecha que lo separaba de España, que ha pasado de 10,6 a tan solo 3 años entre 1965 y 2015.

Gráfico 2

Chile, España y América Latina: esperanza de vida al nacer, 1965-2015

(En años)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE)/Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Chile: Proyecciones y Estimaciones de Población. Total País 1950-2050, Santiago, 2002; Naciones Unidas, World Population Prospects: The 2015 Revision, Nueva York, 2015; Instituto Nacional de Estadística de España (INE); Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL, “Estimaciones y proyecciones de población a largo plazo 1950-2100: Revisión 2015”, Santiago, 2015.

2. Fecundidad

Tras el descenso de la mortalidad, los niveles de fecundidad de América Latina han experimentado un notable declive y, aunque con formas heterogéneas según el país, este fenómeno se aprecia con mayor intensidad que en otras regiones. En efecto, entre 1965 y 2015, la región pasó de registrar una tasa global de fecundidad (TGF)[6] de 5,6 (por encima del promedio mundial: 4,9) a 2,0 (bajo el promedio mundial: 2,5, y el nivel de reemplazo poblacional: 2,1), mientras que Europa bajó de 2,4 a 1,6. En otras palabras, el nivel de fecundidad que hoy exhibe América Latina es similar al que tuvo Europa en la década de 1980.

Según Chackiel (2004), el factor desencadenante del descenso de la fecundidad en Europa fue la menor nupcialidad, mientras que en América Latina fue la anticoncepción. A su vez, la intensificación de este proceso en Europa se produce en el marco de la “segunda revolución contraceptiva” (Zavala de Cosío, 1992), mismo momento en que ocurre el descenso en América Latina (Chackiel, 2004)[7]. Asimismo, en Europa se suman factores que han reducido la fecundidad incluso por debajo del tamaño de la familia deseada y se expresan en el retraso en la edad de la maternidad, la infertilidad involuntaria y el incremento de mujeres que no quieren tener hijos (Bongaarts, 2001).

Como puede observarse en el gráfico 3, durante las últimas cinco décadas Chile ha mantenido niveles de fecundidad por debajo del promedio regional, y estos han descendido sistemáticamente —con la incorporación de la planificación familiar en las políticas de salud pública a mediados de la década de 1960[8]—, aunque a una tasa menos acelerada, aproximándose a los de países desarrollados[9]. En efecto, la TGF de Chile desciende gradualmente desde 4,5 en 1965 hasta un nivel inferior al de reemplazo poblacional en 2015 (1,7), apenas por debajo del promedio latinoamericano (2,0) y próximo al que muestra España (1,3).

Como se mencionó, la disminución de la TGF bajo el nivel de reemplazo poblacional y la tendencia a estabilizarse sobre él es una característica que exhiben algunos países que se han adentrado en la segunda transición demográfica. En el contexto latinoamericano, solo Cuba, tres décadas atrás, y Chile, desde hace 15 años, la han alcanzado.

Gráfico 3

Chile, España y América Latina: tasa global de fecundidad, 1965-2015

(En número de hijos por mujer)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), Instituto Nacional de Estadística de España (INE), Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL, “Estimaciones y proyecciones de población a largo plazo 1950-2100: Revisión 2015”, Santiago, 2015; Naciones Unidas, World Population Prospects: The 2015 Revision, Nueva York, 2015.

Junto al descenso de la fecundidad global, la segunda transición demográfica se expresa, además, en el comportamiento reproductivo por edades (Canales, 2013) y, más precisamente, en la disminución de la fecundidad entre las mujeres jóvenes (Van de Kaa, 2002).

Para Camisa (1975), el tipo de cúspide de la curva de fecundidad por edades está determinado por aquel grupo etario que exhibe la mayor tasa. A partir de allí se clasifica en tres categorías: i) “temprana”, cuando la máxima fecundidad ocurre entre los 20 y 24 años; ii) “tardía”, cuando se observa entre los 25 y 29 años, y iii) “dilatada”, cuando se presenta entre los grupos de 20 a 24 años y de 25 a 29 años, con valores muy similares entre ambos y notoriamente disímiles de los tramos adyacentes. Se incorporan dos subcategorías para aquellos países de alta fecundidad[10]; sin embargo, de acuerdo a los parámetros allí considerados, Chile responde a un patrón de baja fecundidad, esto es, una tasa bruta de natalidad inferior a 30 por cada 1.000 habitantes y una tasa bruta de reproducción inferior a 2. En efecto, ya en 1975 Chile presentaba una tasa bruta de natalidad de 22,9 y una tasa bruta de reproducción de 1,4.

Como se muestra en el gráfico 4A, la altura de la curva de fecundidad por edades de Chile en 1975 es superior a la de 2015, lo que refleja el descenso generalizado de los niveles de reproducción, en tanto que esta última no solo se allana, sino que también ha dilatado y desplazado su cúspide hacia la derecha. Si bien no es posible afirmar una plena modificación del patrón reproductivo, Chile ha transitado desde una estructura de fecundidad dilatada en 1975, con una fecundidad máxima entre los 20 y los 24 años seguida estrechamente de la presentada entre los 25 y los 29 años (cúspide dilatada en dos puntos), a otra igualmente dilatada en 2015, pero notoriamente más tardía, pues la mayor tasa se registra entre los 25 y los 29 años, luego entre los 20 y los 24 años, y cobra relevancia el segmento de 30 a 34 años (cúspide dilatada en tres puntos).

Si se contrasta el caso de Chile con el de España es posible notar que este último presentaba en 1975 un patrón reproductivo característicamente tardío, incluso con tasas de fecundidad más elevadas que las registradas por Chile. Sin embargo, en 2015 la mayor fecundidad se observa entre las mujeres de 30 a 34 años y luego en el grupo de 35 a 39 años, reflejando una estructura reproductiva sumamente tardía.

Gráfico 4

Chile y España: tasas específicas de fecundidad, por edad de la madre, 1975-2015

(En número de hijos por cada 1.000 mujeres)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), Instituto Nacional de Estadística de España (INE), Naciones Unidas, World Population Prospects: The 2015 Revision, Nueva York, 2015.

De acuerdo con Van de Kaa (2002), las sociedades modernas presentan una serie de cambios sociales que conllevan modificaciones en el comportamiento reproductivo y en la estructura familiar tradicional. En este ámbito, Chile también ha experimentado importantes transformaciones, entre las que destacan el descenso de la tasa de nupcialidad, que ha disminuido a menos de la mitad desde 1990, el aumento de las uniones consensuales, la promulgación de la Ley de Matrimonio Civil en 2004 y el incremento de los hogares monoparentales con jefatura femenina.

3. Envejecimiento demográfico

Como se ha indicado, las modificaciones de la mortalidad y fecundidad están conduciendo a Chile, así como al resto de América Latina, a un progresivo envejecimiento poblacional.

Desde un punto de vista gráfico, a medida que la transición demográfica avanza, la pirámide poblacional de la primera fase —altas tasas de fecundidad y mortalidad—, de base extensa y cúspide pronunciada, va sufriendo sucesivas modificaciones que se corresponden con los cambios experimentados por dichas variables en el tiempo, tendiendo a una forma cada vez más rectangular que podría invertir su forma inicial (Chesnais, 1990).

En el caso de Chile, si se observa la estructura poblacional del año 1965 (véase el gráfico 5A), en un contexto de altas tasas de mortalidad y fecundidad, se identifican claramente los rasgos piramidales tradicionales (pirámide “progresiva”). Sin embargo, en 2015, el descenso de las tasas de fecundidad se evidencia en un estrechamiento de la base, debido a la contracción de los grupos más jóvenes, así como un notorio engrosamiento de la parte central, como consecuencia del incremento de los grupos en edades activas, que a su vez es resultado de la alta fecundidad del pasado reciente, y un incipiente ensanchamiento de la cúspide, producto de la menor mortalidad, que tiene su correlato en una mayor esperanza de vida. En efecto, en 1965 los menores de 15 años representaban un 40,5% de la población total, mientras las personas mayores de 65 años, solo el 4,9%. En 2015, en tanto, el primer grupo conforma el 20,4% y el segundo, el 10,3%. En otras palabras, en esos 50 años la representación de la población joven se redujo a la mitad, mientras que la de adultos mayores se duplicó. Así, en la actualidad, la pirámide poblacional de Chile ha adquirido una particular forma de “jarrón” (o “estacionaria”); no obstante, muestra sus primeros síntomas de transformación hacia una de tipo “regresiva”. Según las proyecciones del CELADE-División de Población de la CEPAL, esta particular forma podría configurarse en dos decenios más.

Como se observa en el gráfico 5B, la trayectoria demográfica de España comienza con una situación similar a la que exhibe Chile en la actualidad; en 1965, los menores de 15 años representaban el 27,7% de la población total de España, mientras que las personas mayores de 65 años el 8,7%. En 2015, al contrario de Chile, la importancia relativa entre ambos grupos se ha invertido, constituyendo un 15,2% y un 18,5%, respectivamente. En efecto, la pirámide poblacional de España en 2015 se visualiza como una especie de “bulbo”, en que resalta la generación del auge de la natalidad (baby boom), así como el flujo extraordinario de inmigrantes.

Gráfico 5

Chile y España: pirámide poblacional, 1965 y 2015

(En miles de personas)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), Instituto Nacional de Estadística de España (INE), Naciones Unidas, World Population Prospects: The 2015 Revision, Nueva York, 2015.

Para ilustrar más claramente el proceso de envejecimiento en Chile, se analizará el índice de envejecimiento y el índice de dependencia demográfica.

Según la CEPAL (2008), el índice de envejecimiento expresa la capacidad y ritmo de renovación de una población; de este modo, cuanto más alto es su valor, más se reduce[11]. En el caso de Chile, los datos son elocuentes y, tal como se observa en el gráfico 6, el índice de envejecimiento muestra un incremento sostenido, que se distancia progresivamente del promedio latinoamericano. Entre 1965 y 2015, Chile pasa de una relación de 12,2 a 50,7 adultos de 65 años y más por cada 100 menores de 15 años. En otras palabras, hoy la cantidad de jóvenes duplica a la de personas mayores.

España, en tanto, si bien inicia el mismo período con un índice ligeramente superior al doble del observado en Chile (31,4 en 1965), a medida que envejece a una tasa más acelerada, invierte la relación desde fines de la década de 1990; hoy registra poco más de 120 adultos de 65 años o más por cada 100 menores de 15 años, es decir, la población mayor supera por un 20% a la población joven.

Con ello, el panorama demográfico de envejecimiento en Chile es muy similar al exhibido por España en la década de 1980 y, de acuerdo a las proyecciones del CELADE-División de Población de la CEPAL, los niveles que muestra este último en la actualidad podrían alcanzarse entre 2025 y 2030.

Gráfico 6

Chile, España y América Latina: índice de envejecimiento, 1965-2015

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), Instituto Nacional de Estadística de España (INE), Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL, “Estimaciones y proyecciones de población a largo plazo 1950-2100: Revisión 2015”, Santiago, 2015; Naciones Unidas, World Population Prospects: The 2015 Revision, Nueva York, 2015.

Más allá de los cambios en la composición etaria de la población, el proceso de envejecimiento trae consigo importantes efectos socioeconómicos. Desde esta perspectiva, resulta relevante evaluar el índice de dependencia demográfica, definido por el CELADE-División de Población de la CEPAL como una relación de dependencia económica potencial, que mide la población en edades pasivas respecto de la población potencialmente activa[12].

Como se observa en el gráfico 7, tanto Chile como América Latina muestran una progresiva disminución de la relación de dependencia demográfica, pero los niveles de Chile han sido persistentemente inferiores a los del promedio regional. Esta tendencia es expresión del denominado “bono demográfico” que refiere al descenso sostenido del índice de dependencia demográfica —debido a la reducción del peso relativo de la población más joven, al mismo tiempo que crece transitoriamente la población en edad activa y se incrementa progresivamente la importancia de la población mayor— hasta mínimos históricos, proporcionando una gran oportunidad para incrementar el ahorro y el crecimiento económico (CEPAL/OIJ, 2012).

Chile, en tanto, se encontraría transitando por una fase más favorable que el conjunto de la región, pues hasta 2015 registra una relación de dependencia demográfica de 44,3 personas en edad pasiva por cada 100 en edad activa, mientras que América Latina alcanza las 50,3. España muestra la tendencia contraria, pues su índice de dependencia demográfica cae paulatinamente desde 1970 hasta 2005 y luego retoma su crecimiento, alcanzando un nivel de 50,8 en 2015.

Gráfico 7

Chile, España y América Latina: índice de dependencia demográfica, 1965-2015

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), Instituto Nacional de Estadística de España (INE), Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL, “Estimaciones y proyecciones de población a largo plazo 1950-2100: Revisión 2015”, Santiago, 2015; Naciones Unidas, World Population Prospects: The 2015 Revision, Nueva York, 2015.

B. Migración laboral en Chile

En este apartado se describe el proceso de migración —laboral, particularmente— vivido en Chile en las últimas décadas. Para ello, se utilizan como fuentes de información los Censos Nacionales de Población y Vivienda de 1992 y 2002 y la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) de 2015, que sustituye al fallido censo de 2012. Es importante tener en consideración que ambos instrumentos —los censos y la encuesta CASEN— no son directamente comparables, lo que reviste cierta complejidad. Si bien el diseño muestral de la encuesta CASEN de 2015 fue desarrollado sobre la base del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2002, al tratarse de una encuesta, es probable que contenga un sesgo tal que la comunidad inmigrante podría estar subrepresentada. No obstante, dada la dificultad de contar con una fuente que permita cuantificar y proyectar la dinámica migratoria del país, esta constituye una buena alternativa para esbozar tendencias, por la semejanza de las preguntas y su representatividad a nivel nacional[13].

Según la encuesta CASEN de 2015, la proporción de inmigrantes asciende a un 2,7% de la población total de Chile, mientras que, en el mismo año, España registra un 12,7%. Sin embargo, en términos laborales, su importancia crece: en 1992 los inmigrantes representaban apenas un 0,8% de la fuerza laboral local; en 2002 este aporte se duplicó, alcanzando un 1,6%, y en 2015 se quintuplicó hasta constituir un 3,8% (véase el gráfico 8).

Aunque el crecimiento de la fuerza laboral inmigrante en Chile es un hecho indiscutible, en términos proporcionales se encuentra muy por debajo del nivel que experimentan los países desarrollados. Así, en España es posible visualizar un fenómeno mucho más intenso: en 1992, la inmigración laboral era tan marginal como en Chile (0,6%), en 2002 se incrementó más de diez veces (6,5%) y en 2015 ya alcanzaba el 12% de la fuerza laboral, esto es, cuatro veces más que la presentada en Chile.

Si se desagrega la fuerza laboral inmigrante en Chile conforme a su origen (véase el gráfico 9), se observa cómo, entre 1992 y 2015, esta ha experimentado un notable proceso de homogeneización hacia un carácter latinoamericano, que se explica por el mayor predominio sudamericano y el prominente flujo de inmigrantes de Centroamérica y el Caribe. Los inmigrantes laborales provenientes de América Latina pasan de representar un 50% a un 89,6% entre 1992 y 2015. Los inmigrantes sudamericanos, que en 1992 ya constituían la primera fracción (47,8%), en 2015 prácticamente la duplican (82,6%), mientras que los centroamericanos y caribeños triplican con creces su flujo laboral, pasando de un 2,2% a un 7% en el mismo período. La representación de las regiones restantes se contrae (a excepción de Oceanía, que muestra un leve repunte); destacan los europeos, que en 1992 suponían el 32,4% de la fuerza de trabajo inmigrante, pero actualmente apenas alcanzan un 5,3%.

Gráfico 8

Chile y España: proporción de inmigrantes en la fuerza de trabajo, 1992, 2002 y 2015

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), Censo Nacional de Población y Vivienda 1992, Censo Nacional de Población y Vivienda 2002, Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2015; Instituto Nacional de Estadística de España (INE).

Gráfico 9

Chile: composición de la fuerza de trabajo inmigrante, según continente de origen, 1992, 2002 y 2015

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), Censo Nacional de Población y Vivienda 1992, Censo Nacional de Población y Vivienda 2002, Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2015.

Si se desagrega el origen de los inmigrantes laborales en función de las comunidades con mayor presencia en 2015 (véase el gráfico 10) y en concordancia con lo mencionado, la mayor proporción de extranjeros económicamente activos proviene de países latinoamericanos. El Perú constituye la principal fuente laboral inmigrante (33,6%), seguido de Colombia (13,8%), la Argentina (11%), el Estado Plurinacional de Bolivia (9,4%), la República Bolivariana de Venezuela (5%), el Ecuador (5%) y Haití (3,5%).

En relación con la fuerza laboral inmigrante en 1992, se observa un extraordinario crecimiento de la comunidad peruana, que pasa de ser la cuarta más importante —con una representación del 7,4%— a ser la primera en poco más de dos décadas. Lo mismo ocurre con Colombia, la República Bolivariana de Venezuela, el Ecuador y Haití que, con participaciones marginales en 1992, del 1,6%, 0,8%, 1,3% y 0,03%, respectivamente, hoy constituyen un peso relevante dentro de la masa laboral extranjera. La Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia, aunque disminuyen su importancia relativa —la Argentina pasa de constituir la primera comunidad laboral inmigrante en 1992 a ser la tercera en 2015, mientras que el Estado Plurinacional de Bolivia pasa de ser la tercera a la cuarta en el mismo período—, se mantienen dentro de los principales países de origen de la mano de obra extranjera residente en Chile. Finalmente, las comunidades provenientes de España, Alemania e Italia —segunda, quinta y sexta comunidad más importantes en 1992—, pese a no mostrar mayor variabilidad en los últimos 20 años, han sido totalmente desplazadas por los países latinoamericanos.

Gráfico 10

Chile: fuerza de trabajo inmigrante perteneciente a las siete principales comunidades, 1992, 2002 y 2015

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), Censo Nacional de Población y Vivienda 1992, Censo Nacional de Población y Vivienda 2002, Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2015.

Como se ilustra en el gráfico 11, el envejecimiento demográfico está modificando progresivamente la estructura etaria de la población activa local. Entre 1992 y 2015, el grupo que registra el mayor crecimiento es el de 55 años y más (277%), lo sigue el segmento entre los 35 y 54 años (98%) y, finalmente, los jóvenes de 15 a 34 años (18%). Así, en poco más de dos décadas, el grupo de 55 años y más duplicó su representación en la fuerza de trabajo local, de un 9,4% a un 20,6%, aunque manteniéndose como la menor proporción. Los adultos entre 35 y 54 años, por su parte, pasaron de un 38,1% a un 43,6%, transformándose en la primera mayoría. El segmento de 15 a 34 años, en tanto, es el único cuya participación laboral disminuyó, pasando de un 52,5% a un 35,8%.

Gráfico 11

Chile: composición de la fuerza de trabajo, según origen migratorio y grandes grupos de edad, 1992, 2002 y 2015

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), Censo Nacional de Población y Vivienda 1992, Censo Nacional de Población y Vivienda 2002, Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2015.

Si se compara la composición etaria de la fuerza laboral nativa con la extranjera, se identifica una tendencia opuesta. En el mismo período, entre la fuerza laboral extranjera la población mayor de 55 años disminuyó su participación de un 25,1% a tan solo un 8,1%. Asimismo, el grupo de entre 35 y 54 años pasó de representar un 42,7% a un 39,9% y, en sentido inverso, los jóvenes de 15 a 34 años, que constituían la segunda mayoría en 1992, pasaron de representar un 32,3% a un 52% en 2015 y se convirtieron en la primera mayoría.

Según Canales (2013), junto al envejecimiento poblacional que se produce en los países desarrollados, la dinámica económica global ha suscitado importantes modificaciones en la estructura productiva, generando una polarización ocupacional. Esta se manifiesta en dos procesos agregados: i) el desarrollo de empleos con alto contenido informacional, más calificados y valorados, y ii) el incremento de empleos con baja calificación, precarizados y con baja remuneración, entre los que destaca el servicio doméstico y de cuidado sobre el que se sostiene la reproducción de estas sociedades (Canales, 2015b).

Desde esa perspectiva, se analizará la distribución ocupacional de la fuerza de trabajo en Chile (véase el gráfico 12). Para ello, se subdividirá a la población en tres grupos, según origen migratorio en 2015: nativos, inmigrantes latinoamericanos pertenecientes a las siete principales comunidades (Perú, Colombia, Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, República Bolivariana de Venezuela, Ecuador y Haití) y otros inmigrantes. De este modo, se observa que en todos los grupos el mayor porcentaje trabaja como asalariado, seguido del empleo por cuenta propia. No obstante, las diferencias surgen en las categorías subsiguientes; nativos e inmigrantes latinoamericanos se ocupan —como tercera mayoría— en un 3,4% y un 9,9% en el servicio doméstico, respectivamente, mientras otros inmigrantes lo hacen —como cuarta mayoría— en un 2,4%. En otras palabras, los inmigrantes latinoamericanos prácticamente triplican la participación de los nativos en el servicio doméstico, a la vez que cuadruplican la de otros inmigrantes en esa misma categoría.

Gráfico 12

Chile: composición de la fuerza de trabajo, según origen migratorio y categoría ocupacional, 2015

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2015.

En el cuadro 1 se presenta la distribución ocupacional de la fuerza laboral en Chile, según la condición migratoria, en los años 1992 y 2015. A grandes rasgos, los nativos disminuyen marginalmente su representación en todas las categorías ocupacionales remuneradas, pero destaca la reducción de 6,5 puntos porcentuales —pasando del 96% al 89,5%— dentro del personal de servicio doméstico. Como contrapartida, son los inmigrantes quienes han absorbido dichos empleos, particularmente, los latinoamericanos pertenecientes a las siete principales comunidades en 2015. En efecto, en 1992, dichas comunidades representaban apenas un 0,2% del trabajo doméstico realizado en Chile, pero en 2015 alcanzaron un 8,7%. Si se considera el total de inmigrantes, la proporción se incrementa de un 0,3% a un 9,2%.

Cuadro 1

Chile: distribución ocupacional de la fuerza de trabajo, según origen migratorio, 1992 y 2015

(En porcentajes)

Nativos

Inmigrantes latinoamericanos (siete principales comunidadesa)

Otros inmigrantes

Origen ignorado

1992

2015

1992

2015

1992

2015

1992

2015

Patrón o empleador

94,7

93,5

0,7

2,6

2,1

2,6

2,5

1.3

Trabajador por cuenta propia

97,2

96,1

0,4

2,4

0,5

0,6

1,9

0,9

Asalariado

97,8

95,3

0,3

3,1

0,4

0,7

1,6

0,9

Personal de servicio doméstico

96,0

89,5

0,2

8,7

0,1

0,5

3,7

1,3

Familiar no remunerado

95,1

96,6

0,3

1,5

0,4

0,0

4,2

1,9

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), Censo Nacional de Población y Vivienda 1992, Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2015.

a Perú, Colombia, Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, República Bolivariana de Venezuela, Ecuador y Haití.

1. Tendencias del mercado laboral en Chile: ¿déficit de mano de obra?

Se ha argumentado que los cambios demográficos acontecidos en los países desarrollados podrían estar generando desequilibrios en el mercado del trabajo. Por ello, resulta relevante examinar qué posibilidades tiene Chile de satisfacer sus requerimientos laborales futuros de manera interna o bien a través de inmigrantes que recompongan su estructura etaria. Se utilizarán estimaciones y proyecciones provenientes del CELADE-División de Población de la CEPAL, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Nueva Encuesta Nacional de Empleo (NENE) para proponer escenarios prospectivos que permitan sopesar el efecto demográfico y económico sobre el equilibrio entre la oferta y la demanda de mano de obra en Chile14.

2. Estimaciones y proyecciones de la oferta laboral

En Chile, la oferta laboral ha experimentado tendencias diversas en términos de género y edad. De acuerdo con las estimaciones proporcionadas por el CELADE-División de Población de la CEPAL, la población activa aumentó 3,7 millones —de 4,8 a 8,5 millones— entre 1990 y 2015. En promedio, la tasa de actividad se incrementó 8 puntos porcentuales durante los últimos 25 años, pasando de un 51,8% a un 60,1%. Al descomponer esta tasa, se observa que la mayor contribución provino de las mujeres, quienes habrían aportado 1,9 millones (51,8%) a las tasas de actividad económica crecientes (de un 29,8% en 1990 a un 46,3% en 2015); no obstante, su participación aún permanece baja, tanto para los estándares de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) como los latinoamericanos. Los hombres, por su parte, presentan una participación relativamente estable (de un 75,1% en 1990 a un 74,4% en 2015) y, aunque continúan superando a las mujeres, la brecha entre ambos ha disminuido de manera significativa.

En el caso de los hombres, el crecimiento de la población activa entre 1990 y 2015 (52,8%) ha compensado el leve descenso de las tasas de participación (-0,7%), mientras que para las mujeres el incremento de las tasas de participación (55,8%) ha sido potenciado por la mayor fuerza de trabajo (135,7%).

El gráfico 12 ilustra el efecto demográfico sobre la participación laboral en Chile. Si las tasas de participación —por sexo y edad— se mantuvieran constantes de 2015 a 2050, la fuerza de trabajo total caería en todo el período con respecto a las proyecciones del CELADE-División de Población de la CEPAL (véase el gráfico 13.A). Como se observa, según estas últimas, se pasa de un contingente laboral de 8,5 a 11,2 millones entre 2015 y 2050, mientras que en un escenario de tasas constantes se alcanzaría un máximo de 9,4 millones en 2038, para descender progresivamente hasta 9,2 millones en 2050 (-17,8%). En otras palabras, el envejecimiento poblacional, por sí solo, provocaría una reducción absoluta de mano de obra, visible en poco más de dos décadas. Es evidente que los cambios de las tasas de participación tienen gran capacidad para modificar las tendencias futuras de oferta laboral generadas por la demografía.

En el caso de las mujeres (véase el gráfico 13B), su representación dentro de la fuerza de trabajo caería 9,5 puntos porcentuales hacia el año 2050 (del 47% al 37,5%), simplemente como resultado del envejecimiento poblacional. Dicha diferencia reside en el crecimiento general de la tasa de participación laboral femenina (del 46,3% en 2015 al 59,2% en 2050), principalmente debido a una incorporación significativa de mujeres de más de 60 años, que prevé el CELADE-División de Población de la CEPAL. La mano de obra masculina, en contraste, registraría una disminución marginal, pues el CELADE-División de Población de la CEPAL prevé un descenso moderado de las tasas de actividad (del 74,4% en 2015 al 67,8% en 2050) (véase el gráfico 13C).

Entre 1990 y 2015, la participación de los jóvenes (de 15 a 34 años) fue baja, pero creciente, en el caso de las mujeres (del 32,4% al 50,2%) y relativamente alta y estable en el de los hombres (del 71,7% al 70,5%). El segmento intermedio (de 35 a 54 años) presentó la misma tendencia, aunque con un leve aumento entre las mujeres (del 36,9% al 59,7%) y una participación aún considerablemente superior de los hombres (del 94,1% al 93,5%). Los mayores de 55 años muestran la participación más baja, pero creciente tanto en mujeres (del 12% al 24,9%) como en hombres (del 49,5% al 53,1%).

Gráfico 13

Chile: estimaciones y proyecciones de la fuerza de trabajo, según sexo, 1990-2050

(En número de personas)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL, “Estimaciones y proyecciones de población a largo plazo 1950-2100: Revisión 2015”, Santiago, 2015.

En un escenario de tasas constantes, la reducción más temprana ocurriría en la cohorte joven (de 15 a 34 años). Esta tendría lugar en el primer quinquenio proyectado y se traduciría en una disminución absoluta en 2050 (un 17,2% en mujeres y un 16,5% en hombres). Para la cohorte intermedia (de 35 a 54 años) se observaría un decrecimiento paulatino desde la segunda mitad de la década de 1930, pero en 2050 aún se registraría un incremento absoluto, menos acentuado en mujeres que en hombres (un 2,9% y un 8,9%, respectivamente). Finalmente, la cohorte más avanzada (55 años y más) solo experimentaría un aumento progresivo, que produciría un crecimiento absoluto en 2050 (un 62,1% y un 78,6%, mujeres y hombres, respectivamente) (véase el gráfico 14).

Conforme a las estimaciones realizadas por el CELADE-División de Población de la CEPAL, a partir de 2010 se observa un descenso sostenido de las entradas netas al mercado laboral. Así, mientras en 1990 se registraba un ingreso anual de 129.936 nuevos trabajadores, en 2010 esta cifra asciende a 160.540 y en 2015 se reduce a 146.761. Si se asume que las tasas de participación laboral permanecen constantes en el nivel de 2015, desde el año 2039 los ingresos netos a la fuerza de trabajo se volverían persistente y crecientemente negativos (véase el gráfico 15.A). En contraste, según el CELADE-División de Población de la CEPAL, esto solo ocurriría para los hombres desde el año 2044 (véase el gráfico 15B).

Evidentemente estas proyecciones omiten cualquier previsión sobre las tasas de actividad económica. Sin embargo, aunque es imposible predecir el futuro con absoluta certeza, existen ciertas tendencias instituidas, como la mayor participación laboral femenina en América Latina, que experimenta una convergencia hacia los niveles de la masculina como consecuencia del descenso de la fecundidad, el cambio en la composición de los hogares y el logro de una mayor educación y autonomía económica (Martínez, Miller y Saad, 2013).

Gráfico 14

Chile: estimaciones y proyecciones de la fuerza de trabajo, según sexo y grandes grupos de edad, 1990-2050a

(En número de personas)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL, “Estimaciones y proyecciones de población a largo plazo 1950-2100: Revisión 2015”, Santiago, 2015.

a Con base en tasas de actividad económica constantes entre 2015 y 2050.

Gráfico 15

Chile: estimaciones y proyecciones de entradas netas anuales al mercado laboral, según sexo, 1990-2050

(En número de personas)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL, “Estimaciones y proyecciones de población a largo plazo 1950-2100: Revisión 2015”, Santiago, 2015.

En general, las proyecciones del CELADE-División de Población de la CEPAL registran una disminución moderada de las tasas de participación de los hombres de edades avanzadas (de 50 a 64 años), junto con aumentos más pronunciados entre los jóvenes de 15 a 19 años y, en menor medida, entre los mayores de 65 años, así como incrementos sostenidos en todas las edades de las mujeres, especialmente en los extremos de la población activa (de 15 a 19 años y desde los 55 años)[15].

No obstante, estas previsiones no son dinámicas, en el sentido de que no incorporan el efecto de coyunturas económicas, cambios en tendencias socioculturales o incentivos de política pública sobre el ingreso o retiro laboral. Así, aunque no es posible afirmar que el cambio demográfico genere escasez de mano de obra, lo cierto es que ya ha reducido el ingreso de jóvenes a la fuerza de trabajo e, independientemente del escenario proyectado, se espera su declinación absoluta en el próximo quinquenio.

3. Estimaciones y proyecciones de la demanda laboral

Según las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía mundial creció un 3,2% en 2015, mientras que el crecimiento de la economía chilena anotó un 2,3%[16]. Para el año 2016 se proyectó una disminución marginal del crecimiento global (3,1%), el nivel más bajo de los últimos ocho años, y otra más pronunciada para el local (1,7%). Sin embargo, para el quinquenio 2017-2021 se anuncia un moderado repunte, que va de un 3,4% a un 3,8%, y de un 2% a un 3,4%, respectivamente. Esta proyección es significativamente inferior al ritmo de crecimiento previo a la crisis internacional de 2008 y también menos alentadora que las previsiones de hace un año. De hecho, las proyecciones de crecimiento han sido objeto de permanentes correcciones a la baja como consecuencia de la gran incertidumbre sobre la economía mundial (OIT, 2017), en particular por la orientación de las políticas del Gobierno entrante de los Estados Unidos y sus implicancias internacionales

(FMI, 2017).

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que el declive de la economía mundial ha sido propiciado por la desaceleración de las economías emergentes y en desarrollo (OIT, 2016). Específicamente, alude al descenso de la inversión de capital a largo plazo, al envejecimiento demográfico, a la progresiva desigualdad y al debilitamiento de la productividad como los principales desencadenantes. A su vez, el impacto sobre la dinámica económica global de la ralentización del crecimiento económico de China sería muy potente; como consecuencia de la contracción de sus importaciones, los precios de las materias primas han descendido a niveles comparables a los de inicios de siglo, perjudicando a los países que las exportan, como Chile.

Asimismo, ante el desalentador escenario económico, el mercado laboral se ha visto gravemente deteriorado. Según la OIT, las deficiencias en el trabajo decente persisten y se reflejan en las altas tasas de desempleo y en los niveles de empleo vulnerable (OIT, 2016). Por ello, se prevé que el desempleo mundial —de un 5,7% en 2016— se mantenga elevado a corto plazo, pues el ritmo de crecimiento de la mano de obra rebasará la creación de empleo (OIT, 2017).

Así, el desempleo en Chile, que llegó a su nivel máximo en 2009 (9,7%), mostró una tendencia decreciente hasta el año 2013 (5,9%), pero ascendió nuevamente entre 2014 y 2016 (del 6,4% al 6,6%). Para el período 2017-2021, la OIT —a pesar de las mejoras pronosticadas en el crecimiento— prevé un incremento gradual del desempleo, del 6,8% al 7,3%. Las mujeres, que persistentemente han presentado niveles superiores a los experimentados por los hombres, podrían incluso exceder el 8% en 2021, mientras los hombres circundarían el 7% (véase el gráfico 16).

En un escenario de creciente desempleo, la posibilidad de un déficit de población activa parece aún distante. De hecho, una gran proporción del desempleo actual (unas 596.000 personas) se encuentra entre los menores de 25 años (unos 167.000), quienes presentaban una tasa del 16,6% en 2016. No obstante, esta cifra supera a la reducción demográfica neta de fuerza laboral proyectada para los jóvenes de entre 15 y 34 años en la próxima década (unos 119.000).

Gráfico 16

Chile: estimaciones y proyecciones de las tasas de desempleo, 1991-2021

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Organización Internacional del trabajo (OIT), Base de datos ILOSTAT [en línea] http://www.ilo.org/ilostat/faces/ilostat-home?locale=es.

4. Desempleo oculto

Desde una perspectiva ampliada de subutilización laboral, el desempleo oculto incorpora la población desalentada —usualmente contabilizada como inactiva— dentro de la desocupada. Según la OIT (2013), la categoría de buscadores desalentados comprende a personas que están disponibles para trabajar pero no buscan empleo por motivos relacionados con el mercado laboral[17] y, por tanto, constituyen una fuerza de trabajo potencial.

Para la Nueva Encuesta Nacional de Empleo (NENE), los desalentados no han buscado empleo en las últimas cuatro semanas porque creen que no lo encontrarán, pero estarían disponibles para iniciar un trabajo en las dos semanas siguientes. Así, para calcular el número de personas en situación de desaliento, se indagó en las razones que argumentan los inactivos para no buscar empleo o emprender una actividad independiente[18]. La condición necesaria que definirá un desalentado como potencial activo será su disponibilidad para comenzar a trabajar.

En el gráfico 17 se expresa el resultado de la tasa de desempleo oculto, abierto y total para el período 2010-2016. Como se observa, la sola tasa de desempleo abierto podría estar subestimando el grado de desaprovechamiento de la fuerza laboral en Chile. El desaliento cobra mayor relevancia entre las mujeres, que en 2016 presentan una tasa de desempleo oculto del 1,2%, mientras que la de los hombres alcanza el 0,7%. En términos etarios, si bien la mayor parte de los desalentados (58,6%) se sitúa al final de su etapa activa, de 55 años y más, una proporción no menor se ubica entre los 35 y 54 años (21,5%) y entre los 15 y 34 años (19,9%).

Una cuantía considerable de desalentados podría engrosar la población activa, por lo que constituirían un potencial demográfico adicional para contrapesar las eventuales presiones que ejercería el envejecimiento poblacional sobre el mercado laboral.

Gráfico 17

Chile: desempleo oculto, abierto y total, 2010-2016

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), Nueva Encuesta Nacional de Empleo (NENE), 2010-2016 [en línea] http://www.ine.cl/estadisticas/laborales/ene.

Dada la incertidumbre en torno a la economía, se presentan múltiples distribuciones de probabilidad de los escenarios futuros. La economía y, por tanto, la demanda laboral, está dominada por tendencias a corto y mediano plazo, así como por reajustes estructurales. Por ello, la predicción del nivel de empleo a largo plazo implica un alto grado de complejidad[19].

De acuerdo a estimaciones realizadas por la OIT, la tasa de ocupación en Chile aumentó 7,4 puntos porcentuales —del 50,9% al 58,3%— entre 1991 y 2016. Las mujeres experimentaron un alza (del 30% al 47%) y los hombres un descenso (del 72,8% al 70,2%), pero aun así ellos casi duplican la tasa femenina. Para el quinquenio 2017-2021 se prevé un decrecimiento marginal de la ocupación; en promedio, caerá del 58,2% al 58%: en el caso de las mujeres será del 46,9% al 46,5% y en el de los hombres, del 70,1% al 69,8% (véase el gráfico 18). Si se consideran las proyecciones de oferta laboral elaboradas por la OIT, el superávit de mano de obra estimado en 2016 (unos 596.000) se ampliaría progresivamente hacia 2021 (unos 702.000).

Gráfico 18

Chile: estimaciones y proyecciones de las tasas de ocupación, 1991-2021

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Organización Internacional del trabajo (OIT), Base de datos ILOSTAT [en línea] http://www.ilo.org/ilostat/faces/ilostat-home?locale=es.

A primera vista podría parecer que existen pocas oportunidades, al menos en el mediano plazo, de que se configure un escenario de desequilibrio demográfico que genere escasez de mano de obra. Sin embargo, incluso en un contexto de creciente fuerza laboral y desempleo, esta escasez podría surgir debido a la falta de trabajadores que cuenten con las competencias requeridas por la economía. Según Castells (2004), el surgimiento de la economía informacional ha incrementado los empleos en los extremos de la estructura ocupacional. Por lo tanto, cabría esperar un creciente predominio de los puestos de alta y baja calificación y, según Sassen (2007), que estos últimos sean canalizados a trabajadores migrantes.

Las estimaciones realizadas por la OIT entre 1991 y 2016 indican que el empleo de baja calificación experimentó el mayor aumento (90,2%), seguido del empleo de alta (74,5%) y media calificación (70,6%). Para el quinquenio 2017-2021 se prevé un cambio de tendencias, pues serían los empleos de alta calificación los que manifestarían un mayor crecimiento (6,5%), seguidos de los de baja (4,4%) y media calificación (3,6%) (véase el gráfico 19). A pesar de ello, la representación de cada categoría no cambiará sustancialmente y los empleos de nivel medio continuarán predominando. Para Castells (2004), aunque existen signos de polarización socioeconómica en las sociedades avanzadas, esta no se configura como divergencias en la estructura ocupacional, sino como diferentes posiciones de ocupaciones similares entre sectores y firmas.

Gráfico 19

Chile: estimaciones y proyecciones de la distribución del empleo, según nivel de calificación, 1991-2021

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Organización Internacional del trabajo (OIT), Base de datos ILOSTAT [en línea] http://www.ilo.org/ilostat/faces/ilostat-home?locale=es.

C. Conclusiones y principales hallazgos

El objetivo principal de este trabajo consistió en indagar sobre el grado en que se han desarrollado los cambios sociodemográficos en Chile durante el último medio siglo, abordando de manera exploratoria las dinámicas entre migración internacional, envejecimiento poblacional y la posibilidad de una segunda transición demográfica.

Los datos recopilados apuntan a la incipiente configuración de una segunda transición demográfica en Chile. En términos de Van de Kaa (2002), se satisfacen en gran medida tres de las cuatro modificaciones estructurales que presentan las sociedades avanzadas insertas en este proceso. En efecto: i) aunque el descenso de la mortalidad —infantil, en particular— ha sido sistemático en toda América Latina, Chile registra un nivel más próximo al de países desarrollados que al promedio regional; ii) la fecundidad —global y por edades— ha disminuido progresivamente, estabilizándose desde hace una década y media por debajo del nivel de reemplazo poblacional, y iii) el país ha experimentado además importantes transformaciones en la conformación tradicional de sus familias. No obstante, aún no se ha consolidado como país receptor de migración como es el caso de los países desarrollados, que presentan una incidencia notoriamente superior.

Con relación al envejecimiento demográfico en Chile, los datos muestran un incremento sostenido y que se distancia progresivamente del promedio latinoamericano, pero que está lejos de alcanzar las proporciones de las sociedades avanzadas. Actualmente, la cantidad de menores de 15 años duplica a la de personas mayores de 65 años, mientras en España ya se ha invertido esta relación. Según las proyecciones del CELADE-División de Población de la CEPAL, Chile podría comenzar a presentar niveles de envejecimiento como los exhibidos actualmente por España entre 2025 y 2030.

Según Reboiras (2015), el envejecimiento demográfico de un país podría influir en la propensión de la inmigración, así como en las formas de inserción laboral de los migrantes. En este sentido, el análisis de la fuerza laboral inmigrante en Chile arroja hallazgos interesantes. En primera instancia, el envejecimiento poblacional estaría modificando progresivamente la estructura etaria de la población activa local, lo que se expresa en el incremento de la fuerza laboral de mayor edad frente al declive de los grupos jóvenes. Aunque no es posible afirmar que un desequilibrio demográfico esté promoviendo una complementariedad etaria entre mano de obra nativa y extranjera, se visualiza una tendencia creciente hacia la incorporación de trabajadores jóvenes provenientes del resto de la región. En efecto, la fuerza de trabajo inmigrante ha experimentado un notable proceso de homogeneización hacia un carácter latinoamericano, explicado por el mayor predominio sudamericano y el prominente flujo de inmigrantes centroamericanos.

Para identificar indicios de una dinámica de polarización ocupacional en Chile en la que los inmigrantes tienden a situarse en el extremo inferior de la estratificación (Sassen, 2007; Canales, 2013), se analizó la distribución ocupacional de la fuerza laboral en función del origen migratorio. Como resultado, se observa que los inmigrantes latinoamericanos pertenecientes a las siete comunidades con mayor participación laboral en 2015 —Perú, Colombia, Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, República Bolivariana de Venezuela, Ecuador y Haití— prácticamente triplican la representación de nativos en el servicio doméstico y cuadruplican la de otros inmigrantes. Asimismo, entre 1992 y 2015, la proporción de los trabajadores locales ha disminuido dentro de esta categoría, en el mayor descenso experimentado en una categoría ocupacional. Como contrapartida, los inmigrantes latinoamericanos, especialmente las mujeres, han absorbido dichos empleos.

Retomando la hipótesis de Canales (2015b), la migración hacia países desarrollados estaría contribuyendo a compensar la escasez estructural de mano de obra generada por el envejecimiento poblacional y su conjugación con la segunda transición demográfica, expresada en el pronunciado declive de la fecundidad. Sin embargo, en el caso de Chile, parece que existen pocas oportunidades, al menos en el mediano plazo, de configurar tal desequilibrio. Lo cierto es que el envejecimiento demográfico, por sí solo, provocaría una reducción absoluta de la población activa en poco más de dos décadas. Consecuentemente, los cambios en las tasas de participación tienen gran capacidad para modificar las tendencias futuras de oferta laboral generadas por la demografía. Por ahora, los datos indican que el cambio demográfico ha reducido la incorporación de jóvenes a la fuerza laboral y causará su declinación absoluta en el próximo quinquenio.

Incluso en un contexto de creciente fuerza laboral y desempleo, la escasez laboral podría surgir debido a la falta de trabajadores que cuenten con las competencias exigidas por la economía. En este sentido, resultaría interesante estimar las conexiones futuras entre el crecimiento de empleos de baja calificación y la contratación de trabajadores migrantes.

Para compensar el déficit laboral, los países desarrollados han promovido reformas que fomentan la participación laboral de las personas mayores, como incrementar la edad legal de jubilación (Cooke, 2006). En Chile la discusión está instalada; sin embargo, una medida de este tipo parece un sinsentido cuando se observa que la edad de retiro efectiva es de 67 años para las mujeres y 68,4 años para los hombres (7 y 3,4 años por encima de la edad legal, respectivamente), lo que lo sitúa como el quinto país de la OCDE con mayor edad de salida (OCDE, 2015). No obstante, surgen múltiples alternativas de política pública que podrían ser incluso más eficaces, como estimular el ingreso al mercado laboral de aquellos grupos que históricamente presentan bajas tasas de participación (mujeres y jóvenes), incrementar la productividad mediante la inversión en tecnología y capital humano, fomentar la natalidad y promover la inmigración.

¿Qué dinámicas demográficas podrían configurarse en Chile? Si bien la transición hacia el envejecimiento de su población es evidente, a la vez que la adopción de nuevas pautas reproductivas —en el marco de una incipiente segunda transición demográfica— ha acentuado la disminución de su fecundidad, Chile no ha articulado un contexto de dependencia demográfica que exprese un déficit de población en edades reproductivas y activas, comprometiendo su capacidad de reproducción natural y económica, como sí ha ocurrido en el caso de los países desarrollados (Canales, 2015a). Presenta, sin embargo, un flujo creciente de inmigrantes de origen latinoamericano que, aunque no estaría contribuyendo a solventar déficit demográfico alguno, sí estaría aportando una mano de obra que permite su reproducción.

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[1] Licenciada en Ciencias Económicas, Universidad de Chile. Diplomada en Sociodemografía de las Migraciones, Universidad de Chile. Maestría en Antropología Social, Universidad de Buenos Aires. Correo electrónico: cdiazf@fen.uchile.cl.

[2] Nivel de fecundidad en el cual las mujeres de la misma cohorte tienen suficientes hijos en promedio para reemplazarse a sí mismas y a una pareja.

[3] Una crítica interesante al modelo de segunda transición demográfica se encuentra en Coleman (2004).

[4] Desde fines de la década de 1980, los países del sur de Europa se transforman en países de inmigración. La tasa de migración neta en España (por 1.000 habitantes) pasó de -0,3 a 1,6 entre 1985 y 1995, para aumentar progresivamente hasta 13,4 en 2005, superando ampliamente lo experimentado por su zona que, en conjunto, pasó de -0,4 a -0,2, hasta alcanzar los 5,8, en el mismo período (Naciones Unidas, 2015).

[5] Se revisará en detalle en las secciones siguientes.

[6] Número medio de hijos que tendría una mujer de una cohorte hipotética de mujeres que durante su vida fértil tuvieran sus hijos de acuerdo a las tasas de fecundidad por edad del período en estudio y no estuvieran expuestas a riesgos de mortalidad desde el nacimiento hasta el término del período fértil.

[7] De acuerdo a Zavala de Cosío (1992), la segunda revolución contraceptiva corresponde a la difusión de métodos anticonceptivos modernos, sumada a la legalización del aborto en muchos países europeos a mediados de la década de 1960.

[8] Según señala el decreto núm. 48 del Ministerio de Salud, en 1967 se formuló la Política de Población y de Salud Pública, que ha regido desde entonces las actividades de regulación de la fecundidad en Chile.

[9] Entre 1965 y 2015, la TGF de Chile desciende de 4,5 a 1,7, experimentando un declive del 62%, mientras la media latinoamericana baja de 5,6 a 2,0, disminuyendo un 63,6%.

[10] Según Camisa (1975), en los países de alta fecundidad los tipos de cúspide temprana y tardía responden a dos características: A y B. Para la fecundidad temprana, el valor máximo se concentra entre los 20 y los 24 años. Se clasifica como A cuando el grupo de 15 a 19 años tiene valores superiores al de 25 a 29 años y como tipo B en el caso inverso. Para la fecundidad tardía, el valor máximo se concentra entre los 25 y los 29 años. Se clasifica como A cuando existe simetría entre los valores correspondientes a las edades de 20 a 24 y de 30 a 34 años y como tipo B cuando existe escasa simetría.

[11] Se calcula como cociente entre la población de 65 años y más con respecto a los menores de 15 años.

[12] Se calcula como el cociente entre los menores de 15 años más los mayores de 65 años, respecto de la población de 15 a 64 años.

[13] A efectos de la encuesta CASEN (2006-2015), se entiende por población inmigrante internacional a las personas de hogares residentes en viviendas particulares ocupadas cuya madre residía en otro país al momento de nacer, es decir, se aplica el criterio de “migración de toda la vida”, el mismo que utiliza el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para medir la migración internacional en censos, a través de la pregunta “lugar de nacimiento”. El diseño de la encuesta CASEN de 2015 consiste en una muestra —de 82.370 viviendas distribuidas en 324 comunas— representativa a nivel nacional, regional y para 139 comunas compuestas por capitales regionales y provinciales y otras comunas que en conjunto concentran el 80% o más de la población de viviendas de cada región.

[14] Fuentes utilizadas en función de la disponibilidad de datos.

[15] Las estimaciones y proyecciones del CELADE-División de Población de la CEPAL se elaboran con el método de componentes, que supone, en la estructura por sexo y edad, las variaciones de fecundidad, mortalidad y saldo migratorio internacional.

[16] Véase Fondo Monetario Internacional (FMI), “World Economic Outlook Database”, octubre de 2016 [en línea] https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/index.aspx.

[17] Entre estos motivos se incluyen: fracasos previos en la búsqueda laboral, falta de experiencia o de calificaciones o falta de empleos que se correspondan con las competencias laborales de las personas, escasez de oferta de empleo, pérdida reciente del empleo y cuestiones relacionadas con la edad (por ejemplo, ser considerados demasiado jóvenes o demasiado mayores para un puesto).

[18] Se utilizó la pregunta E9 del cuestionario de la NENE: “¿Por qué razón no buscó un empleo o no ha hecho preparativos para iniciar o reanudar una actividad por cuenta propia durante las últimas cuatro semanas?” Se consideró como razones de desaliento: i) “cree que por su edad no le darán empleo”; ii) “cree que no lo encontrará”; iii) “se cansó de buscar”; iv) “cree que ningún empleo o actividad se adapte a su calificación”; v) “le piden demasiados trámites para iniciar una actividad por cuenta propia”, y vi) “no sabe dónde dirigirse ni a quién acudir”.

[19] Por ejemplo, Meller (2000) proyecta el empleo combinando dos técnicas predictivas: una basada en la influencia de la estructura productiva histórica chilena sobre la futura y otra, por analogía, sustentada en patrones similares de estructura económica entre países de la OCDE.

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Consideraciones generales

En Notas de Población se publican artículos originales e inéditos sobre estudios de población, con un enfoque multidisciplinario que abarca, además del ámbito específico de la demografía, las relaciones entre la dinámica demográfica, los fenómenos económicos y sociales, el desarrollo, los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental. Los artículos se deberán orientar de preferencia a países de América Latina y el Caribe, si bien en ocasiones podrán incluirse contribuciones relativas a otras regiones del mundo. La revista se publica tanto en versión impresa como en formato electrónico en el portal de la CEPAL.

Los manuscritos deben estar escritos en español, aunque también podrán admitirse materiales en otros idiomas, que, de ser aceptados, serán traducidos al español por la CEPAL para su publicación. Excepcionalmente, según el interés de la revista y previo consentimiento del autor, se publicarán traducciones de artículos ya publicados en otras lenguas. La revista sigue un estilo libre y abierto; sin embargo, se podrán preparar números especiales a juicio del Comité Editorial.

Los autores de los trabajos pueden ser individuales o colectivos y son los responsables de su obra. Los derechos de autor de los artículos publicados por la revista pertenecen a las Naciones Unidas.

Los artículos deberán enviarse por correo electrónico a: celade-notasdepoblacion@cepal.org. Junto con el texto original, cada artículo debe incluir lo siguiente:

• Título.

• Datos del autor o los autores: deben figurar el nombre completo, títulos académicos, afiliación institucional, dirección electrónica y algún dato relevante del texto, como por ejemplo, el nombre del proyecto de investigación del que se deriva el artículo, si procede.

• Un mínimo de cinco palabras clave y un máximo de ocho.

• Un resumen de 160 palabras, como máximo, en el que se sinteticen sus propósitos y conclusiones principales.

• Bibliografía, de acuerdo con las normas editoriales de la revista.

• Un archivo de Excel que contenga todos los gráficos editables en el orden en que aparecen en el texto.

• Una declaración concisa y clara de que el artículo es original, no ha sido publicado anteriormente y no se encuentra en proceso de revisión en ninguna otra publicación, sea en formato impreso o electrónico.

Procedimiento de selección

Todos los artículos recibidos serán sometidos a una revisión inicial por parte del Comité Editorial, que verificará el cumplimiento de las normas editoriales básicas de la revista, la pertinencia temática y la adecuada estructuración del trabajo como artículo científico.

Los artículos que superen esta primera etapa serán sometidos al arbitraje de dos evaluadores externos mediante el sistema de doble ciego, que conserva el anonimato tanto de los autores como de los árbitros o dictaminadores. Los evaluadores que participan en el proceso de arbitraje de los artículos provienen en su mayoría del Consejo Editorial. En caso necesario, es posible que se invite a especialistas que no forman parte de este.

Los árbitros evaluarán la pertinencia, relevancia y novedad del tema de acuerdo con la orientación de la revista, junto con la originalidad y el aporte conceptual o metodológico del artículo con respecto a los estudios de población. Asimismo, analizarán si el trabajo se ha estructurado y ordenado adecuadamente, es decir, si se presentan con claridad los datos, la metodología, los objetivos y las hipótesis; si los cuadros, recuadros, gráficos, mapas y diagramas son ilustrativos y claros; si las referencias se encuentran actualizadas y correctamente citadas, y si existe coherencia entre los objetivos y los resultados del estudio.

Los evaluadores emitirán un dictamen que se concretará en una de las tres opciones siguientes: publicación con cambios menores, publicación con cambios mayores o rechazo del artículo. En caso de que el dictamen sea de publicación con cambios, los árbitros detallarán las modificaciones que consideren pertinentes para mejorar el artículo y estas serán comunicadas al autor, quien, previa aceptación, deberá enviar la versión definitiva dentro del plazo que el Comité Editorial establezca.

Si se produjeran divergencias en los dictámenes de los árbitros, el Comité Editorial de la revista procederá a una revisión adicional. Las decisiones sobre los artículos rechazados por los dictaminadores son inapelables y solo se comunicarán de manera general a los autores. No obstante, en caso de requerirse, se enviarán los comentarios a los autores.

De acuerdo con el procedimiento editorial establecido en la CEPAL, los artículos se someterán a evaluación a medida que se vayan recibiendo. Los trabajos entregados una vez finalizado el período de recepción de artículos pueden no ser incluidos en el número de la revista en curso. Podrán postularse nuevamente al número siguiente, siempre y cuando hayan sido aceptados por los dictaminadores. En este caso, los autores deberán seguir las instrucciones que les indique el Comité Editorial.

El Comité Editorial se reserva el derecho de efectuar modificaciones de estilo y forma al contenido del texto, al título, a los cuadros y recuadros y a los elementos gráficos, con el fin de satisfacer las exigencias editoriales de la revista.

Política editorial

Los autores se comprometerán a no presentar el material a ninguna otra revista durante los tres meses transcurridos desde la recepción del artículo, plazo dentro del cual recibirán respuesta confirmando o no la publicación del artículo.

En caso de aceptación con cambios del artículo, los autores se comprometen a cumplir los plazos de revisión e introducción de las modificaciones sugeridas a fin de no retrasar el calendario de edición y publicación de la revista.

Normas editoriales

Extensión: el texto de los artículos no debe exceder las 10.000 palabras (incluidos cuadros, recuadros, gráficos, mapas, diagramas, notas y bibliografía).

Formato: el texto debe enviarse en un archivo electrónico de Word. Dado que la impresión del documento se realiza en blanco y negro, debe evitarse toda mención a los colores empleados en cuadros, gráficos, mapas y diagramas, sin perjuicio de que en el formato dispuesto en la página web el archivo pueda contener dichos colores.

Cuadros: deben insertarse en el archivo Word, como contenido editable, en el lugar que corresponda dentro del texto.

Gráficos: deben insertarse en el archivo de Word, en forma de imagen, en el lugar que corresponda dentro del texto. Es indispensable adjuntar además un archivo de Excel que contenga todos los gráficos editables en el orden en que aparecen en el texto. En el archivo de Excel cada gráfico debe ocupar una hoja, en cuya pestaña se debe indicar el número del gráfico.

Diagramas: deben insertarse en el archivo de Word, como contenido editable, en el lugar que corresponda dentro del texto.

Mapas: deben insertarse en el archivo de Word, en forma de imagen, en el lugar que corresponda dentro del texto y, además, adjuntarse en un archivo editable con las extensiones eps, pdf o ai (Illustrator).

Referencias a cuadros, recuadros y elementos gráficos: en el texto debe haber al menos una referencia a cada cuadro, recuadro, gráfico, mapa o diagrama. Asimismo, todos estos elementos deben incluir el título, la fuente y la unidad de medida de los datos presentados, si procede.

Fórmulas matemáticas: se sugiere numerar las fórmulas matemáticas con cifras arábigas entre paréntesis y alineadas a la derecha.

Notas explicativas: todas las notas deben insertarse a pie de página y estar numeradas correlativamente.

Referencias bibliográficas: cada referencia bibliográfica mencionada en el texto debe incluir, entre paréntesis, el apellido del autor y el año de publicación.

Bibliografía: debe figurar al final del texto. Los registros bibliográficos se presentarán en orden alfabético por el apellido del autor, seguido del nombre de pila, el año de publicación entre paréntesis, el título completo, la ciudad de publicación y la editorial.

Ejemplos:

Libro con dos autores:

Auerbach, A. y L. Kotlikoff (1987), Dynamic Fiscal Policy, Cambridge, Cambridge University Press.

Artículo con tres autores:

Auerbach, A., J. Gokhale y L. Kotlikoff (1994), “Generational accounting: a meaningful way to evaluate fiscal policy”, Journal of Economic Perspectives, vol. 8, Nº 1.

Publicación electrónica con más de tres autores:

Mason, A. y otros (2009), “National Transfer Accounts Manual. Draft Version 1.0” [en línea]

http://www.ntaccounts.org/doc/repository/NTA%20Manual%20V1%20Draft.pdf.

Autor institucional:

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2009), Panorama Social de América Latina, 2008 (LC/G.2402-P/E), Santiago. Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: S.08.II.G.89.

Mismo autor, mismo año:

Lee, R. (1994a), “The formal demography of population aging, transfers, and the economic life cycle”, Demography of Aging, Linda G. Martin y Samuel H. Preston (eds.), Washington, D.C., National Academy Press.

(1994b), “Population age structure, intergenerational transfers, and wealth: a new approach, with applications to the U.S.”, Journal of Human Resources, vol. 29, Nº 4, número especial.

Guidelines for authors of Notas de Población

The journal Notas de Población is coordinated by its Editorial Committee, which is responsible for preparing each issue from start to finish, and ensuring that all contributions are up to scientific standard. This Committee comprises professionals from the Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE)-Population Division of ECLAC and receives support from the journal’s Editorial Board in reviewing articles.

Overview

The journal Notas de Población publishes original, unpublished articles on population studies, and has a multidisciplinary approach that covers not only the field of demography but also the links between demographic trends, economic and social phenomena, development, human rights and environmental sustainability. Articles should relate preferably to Latin America and the Caribbean, although contributions relating to other regions may on occasion be included. The journal is available in both print format and on the ECLAC website.

Manuscripts must be drafted in Spanish, although in certain cases material may be submitted in other languages. Articles accepted in other languages for publication are translated into Spanish by ECLAC. Exceptionally, translations into other languages of existing articles may be published with the author’s permission. The style of the journal is free and open, but special editions may be published subject to the Editorial Committee’s approval.

Authors may be individuals or groups and are responsible for their work. The copyright of the articles published in the journal is held by the United Nations.

Articles must be sent via e-mail to: celade-notasdepoblacion@cepal.org. Along with the original text, articles must contain the following:

• Title.

• Details of the author(s), including full name, academic qualifications, institutional affiliation, e-mail address and any relevant information about the text, such as the name of the research project with which the article is associated, if applicable.

• Between five and eight key words.

• An abstract of up to 160 words summarizing the main aims and conclusions.

• A bibliography, prepared in accordance with the editorial rules applicable to the journal.

• An Excel file containing editable versions of all the figures in the order in which they appear in the text.

• A concise and clear declaration stating that the article is original, has not been published before and is not currently being reviewed by any other print or electronic publication.

Selection process

All articles received are reviewed initially by the Editorial Committee, which looks at whether they comply with the journal’s basic editorial rules, the relevance of the subject matter, and whether the structure of the text is appropriate for a scientific article.

Articles that pass this initial stage are then reviewed by two external referees using a double-blind review system, in which both the author and the referees or reviewers remain anonymous. The referees are mainly members of the Editorial Board. If necessary, outside specialists may be invited to review articles.

The referees will first of all consider the pertinence, relevance and novelty of the subject matter, with reference to the journal’s editorial stance, as well as the article’s potential contribution to population studies in terms of its originality, concept and methodology. They will then assess whether the work has been properly structured and organized, that is, whether the data, methodology, objectives and hypotheses have been clearly set out; whether the tables, boxes, figures, maps and diagrams are illustrative and clear; whether the references are up to date and correctly cited; and whether the objectives are consistent with the results of the study.

The referees will make one of the following recommendations: publication with minor changes; publication with major changes; or rejection of the article. In the event that the referees decide the article should be published with changes, they will list the alterations they deem necessary to improve the article and notify the author accordingly. Should the author accept, the final version must be submitted by the deadline stipulated by the Editorial Committee.

If there are differences of opinion among the referees, the Editorial Committee will conduct a second review. Decisions on rejected articles are final and authors will be notified. Comments will not be sent to authors unless requested.

In line with the editorial procedure established by ECLAC, articles will be subject to review as and when they are received. Articles submitted after the deadline may not be included in the current issue. Authors may submit another application for their articles to be included in the following issue, provided that it is accepted by assessors. In this case, authors should follow the Editorial Committee’s instructions.

The Editorial Committee reserves the right to make non-substantive changes to the text, title, tables, boxes and figures in order to satisfy the journal’s editorial requirements.

Editorial policy

Authors must undertake not to submit their material to any other publication for a period of three months, during which time they will be notified of the outcome of the review process.

If an article is accepted with changes, authors must meet the revision deadlines stipulated in order to avoid delaying the editing and publication of the journal.

Editorial rules

Length: Articles must be no longer than 10,000 words (including tables, boxes, figures, maps, diagrams, notes and the bibliography).

Format: The text must be submitted in an electronic Word file. Given that the journal is printed in black and white, any mention of the colours used in tables, figures, maps and diagrams must be avoided; however, colours will be visible in the online version of the journal.

Tables: These must be in an editable format and inserted in the Word file in the appropriate place.

Figures: These must be in an image format and inserted in the Word file in the appropriate place. An Excel file must also be submitted containing editable versions of all the figures in the order in which they appear in the text. Each figure must appear on a separate sheet of the Excel file, and the number of the figure should be indicated on the tab.

Diagrams: These must be in an editable format and inserted in the Word file in the appropriate place.

Maps: These must be in an image format and inserted in the Word file in the appropriate place. An editable file must also be submitted containing the maps in .eps, .pdf or .ai (Illustrator) format.

References to tables, boxes and figures: There must be at least one reference to each table, box, figure, map and diagram within the body of the text. Each one must also have a title, source and unit of measurement, where appropriate.

Mathematical formulae: Mathematical formulae should be numbered using Arabic numerals in brackets and right aligned.

Explanatory notes: All notes must be inserted as footnotes and numbered sequentially.

Bibliographical references: Bibliographical references in the body of the text must contain the last name of the author and the year of publication in brackets.

Bibliography: This should appear at the end of the article. Bibliographical entries must be presented in alphabetical order by the author’s last name, followed by their first initial, year of publication in brackets, full title, city of publication and the publisher’s name.

Examples:

A book with two authors:

Auerbach, A. y L. Kotlikoff (1987), Dynamic Fiscal Policy, Cambridge, Cambridge University Press.

An article with three authors:

Auerbach, A., J. Gokhale y L. Kotlikoff (1994), “Generational accounting: a meaningful way to evaluate fiscal policy”, Journal of Economic Perspectives, vol. 8, Nº 1.

An e-publication with more than three authors:

Mason, A. y otros (2009), “National Transfer Accounts Manual. Draft Version 1.0” [en línea] http://www.ntaccounts.org/doc/repository/NTA%20Manual%20V1%20Draft.pdf.

An institutional author:

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2009), Panorama Social de América Latina, 2008 (LC/G.2402-P/E), Santiago. Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: S.08.II.G.89.

Same author, same year:

Lee, R. (1994a), “The formal demography of population aging, transfers, and the economic life cycle”, Demography of Aging, Linda G. Martin y Samuel H. Preston (eds.), Washington, D.C., National Academy Press.

(1994b), “Population age structure, intergenerational transfers, and wealth: a new approach, with applications to the U.S.”, Journal of Human Resources, vol. 29, Nº 4, número especial.

Table of Contents

Portadilla

Créditos

Consejo Editorial

Página legal

Índice

In memoriam

Presentación

Fuentes de datos e indicadores disponibles para medir los entornos sociales y físicos de la calidad de vida en la vejez en España y México1

Calidad de la declaración de la edad de las personas mayores en países de América Latina y el Caribe: análisis de los censos demográficos de las décadas de 1960 a 20101

Vida doméstica en parejas del mismo sexo en ciudad de México y el Eje Cafetero colombiano

Evolución reciente de las uniones consensuales entre los jóvenes del Uruguay

Evaluación de la cobertura y el contenido en censos protoestadísticos: el caso del padrón de la ciudad y la campaña de Buenos Aires de 18271

¿Qué nos dicen las proyecciones demográficas para Cuba?

Mecanismos de selectividad y destinos principales de emigrantes argentinos y venezolanos: un análisis comparado

Migración internacional, envejecimiento poblacional y segunda transición demográfica, ¿hacia dónde va Chile?