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Alicia Bárcena

Secretaria Ejecutiva

Antonio Prado

Secretario Ejecutivo Adjunto

María Nieves Rico

Directora de la División de Asuntos de Género

Ricardo Pérez

Director de la División de Publicaciones y Servicios Web

La Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030 fue aprobada en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Gobierno del Uruguay, celebrada en Montevideo del 25 al 28 de octubre de 2016.

Distr.: General • LC/CRM.13/5 • Marzo de 2017 • Original: Español • S.17-00035 © Naciones Unidas • Impreso en Santiago

La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), División de Publicaciones y Servicios Web, publicaciones@cepal.org. Los Estados Miembros de las Naciones Unidas y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Solo se les solicita que mencionen la fuente e informen a la CEPAL de tal reproducción.

Índice

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Índice

Introducción

A. La Agenda Regional de Género y su sinergia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

B. Estrategia de Montevideo: una apuesta política para alcanzar la igualdad de género en la región de aquí a 2030

C. Estrategia de Montevideo: ejes para la implementación de la Agenda Regional de Género en el marco del desarrollo sostenible hacia 2030

D. Seguimiento de la Estrategia de Montevideo en el horizonte 2030

Introducción

A partir de la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (Santo Domingo, 2013), los Gobiernos de América Latina y el Caribe, bajo el liderazgo de las ministras y altas autoridades de los mecanismos para el adelanto de las mujeres (MAM), manifestaron su voluntad y la necesidad de contar con una estrategia regional para la implementación del Consenso de Santo Domingo (acuerdo 9, 50a Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia) y otros acuerdos regionales.

En la 52a Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, realizada los días 30 y 31 de julio de 2015 en Santo Domingo, los Gobiernos debatieron la idea de elaborar una estrategia orientada al efectivo cumplimiento de los diferentes acuerdos regionales sobre la mujer. En la 53ª Reunión de la Mesa Directiva, celebrada entre el 26 y el 28 de enero de 2016 en Santiago, se acordó diseñar una estrategia para la implementación de los compromisos asumidos por los Gobiernos en la Agenda Regional de Género para América Latina y el Caribe, en sintonía con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada en septiembre de 2015 en ocasión del septuagésimo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La Agenda Regional de Género comprende los compromisos de los Gobiernos de América Latina y el Caribe con los derechos y la autonomía de las mujeres, y la igualdad de género, que se aprobaron en las reuniones de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, desde la primera Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer al Desarrollo Económico y Social de América Latina (La Habana, 1977) hasta la actualidad, en los términos en que los Gobiernos de la región se sumaron a ellos, que constan en 40 años de Agenda Regional de Género1, y de acuerdo con su legislación vigente.

Para el diseño de la Estrategia de Montevideo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), como Secretaría Técnica de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, hizo una revisión sistemática del lenguaje acordado durante los casi 40 años de la Agenda Regional de Género, que, tomando en consideración el contexto socioeconómico y los debates sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible con los Gobiernos de la región y la sociedad civil, permitió identificar los acuerdos vinculados a los diferentes ejes para la implementación. De este modo, las medidas de la Estrategia de Montevideo correspondientes a cada eje de implementación se suman a los acuerdos ya establecidos y avanzan en la operacionalización para la puesta en marcha de la Agenda Regional de Género para América Latina y el Caribe en su integralidad con el horizonte temporal 2030.

La metodología para la elaboración de la Estrategia de Montevideo fue compartida y aprobada por los Gobiernos en las tres reuniones subregionales preparatorias de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe: la reunión con México y los países de Centroamérica y el Caribe de habla hispana (Ciudad de México, 2 y 3 de junio de 2016), la reunión con los países de América del Sur (Santiago, 4 y 5 de julio de 2016) y la reunión con los países del Caribe de habla inglesa y holandesa (Puerto España, 26 y 27 de julio de 2016).

Tras un extenso proceso de consulta, se recogieron los diferentes aportes de las autoridades gubernamentales, las y los integrantes de organizaciones de la sociedad civil y los organismos del sistema de las Naciones Unidas. La CEPAL elaboró una primera versión de la Estrategia de Montevideo que se compartió en agosto de 2016 con la finalidad de recibir nuevos comentarios por escrito de los Estados miembros de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Para seguir fortaleciendo el proceso participativo de elaboración de la Estrategia de Montevideo, los días 23 y 24 de agosto de 2016 se llevó a cabo en la sede de la CEPAL en Santiago una reunión con especialistas del movimiento de mujeres y centros académicos, en la que se compartió y debatió el primer borrador de la Estrategia de Montevideo y se recibieron sugerencias y comentarios.

Con los aportes recibidos, la CEPAL preparó una versión actualizada del documento para ser considerada por los Estados de América Latina y el Caribe durante la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe como base de las negociaciones y para la aprobación de la Estrategia de Montevideo.

A. La Agenda Regional de Género y su sinergia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

América Latina y el Caribe se destaca por ser la única región del mundo donde, desde hace cuatro décadas y de manera ininterrumpida, los Estados se reúnen para debatir y comprometerse políticamente a erradicar la discriminación hacia las mujeres y las niñas y la desigualdad de género y avanzar hacia la garantía del pleno ejercicio de la autonomía y los derechos humanos de las mujeres y las niñas. La creación de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en La Habana en 1928 y la realización de la Primera Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer en México, D.F. en 1975 son antecedentes fundamentales que contribuyeron a crear las condiciones a nivel regional para la construcción de una agenda de derechos y no discriminación y el establecimiento de organismos intergubernamentales especializados en los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género.

En la primera Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina (La Habana, 1977), los Estados miembros dieron a la CEPAL el mandato de convocar, con carácter permanente y con una frecuencia no superior a tres años, una Conferencia Regional sobre la Mujer. Desde ese momento, se han llevado a cabo 12 Conferencias: La Habana, 1977; Macuto, Venezuela (República Bolivariana de), 1979; Ciudad de México, 1983; Ciudad de Guatemala, 1988; Curaçao, 1991; Mar del Plata (Argentina), 1994; Santiago,

1997; Lima, 2000; Ciudad de México, 2004; Quito, 2007; Brasilia, 2010, y Santo Domingo, 2013.

La Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe ha constituido el principal foro de negociación de una Agenda Regional de Género ambiciosa, profunda e integral, que comprende los compromisos de los Gobiernos de América Latina y el Caribe con los derechos y la autonomía de las mujeres y la igualdad de género que se aprobaron en las reuniones de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Estos compromisos están reflejados en el Plan de Acción Regional para la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina (1977), el Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2001 (1994), el Consenso de Santiago (1997), el Consenso de Lima (2000), el Consenso de México, D.F. (2004), el Consenso de Quito (2007), el Consenso de Brasilia (2010) y el Consenso de Santo Domingo (2013).

La Agenda Regional de Género es el resultado de la voluntad política y el trabajo articulado de los Estados miembros, de la contribución activa del movimiento feminista y de mujeres, y del apoyo del sistema de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se refuerza, articula y complementa con las obligaciones asumidas por los Estados con la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) y su protocolo facultativo, la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y sus protocolos facultativos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Palermo, 2000) y dos de sus protocolos (el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños y el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire), la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en particular los convenios Núm. 100, Núm. 111, Núm. 156, Núm. 169, Núm. 183 y Núm. 189, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará, 1994), la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (2013), la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (2015), así como otros tratados, convenios y convenciones pertinentes, que brindan un marco jurídico internacional para proteger, respetar y garantizar todos los derechos humanos de las mujeres y las niñas en su diversidad, así como la no discriminación, y alcanzar la igualdad de género.

De igual manera, la Agenda Regional de Género reafirma el compromiso de los Gobiernos con la Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994), la Declaración y el Programa de Acción de Durban aprobados en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (Durban, 2001), el programa de actividades para la aplicación del Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015-2024, las Conferencias Internacionales sobre la Financiación para el Desarrollo (Monterrey, 2001; Doha, 2008, y Addis Abeba, 2015) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) y los documentos finales de los procesos de examen correspondientes. La Agenda Regional de Género confluyó, en 2015, con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, y en 2016 coincide con la Nueva Agenda Urbana de la Conferencia sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) y con la resolución 71/1 aprobada por la Asamblea General el 19 de septiembre de 2016, titulada “Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes”.

A su vez, la Agenda Regional de Género se articula con acuerdos asumidos en otros órganos subsidiarios de la CEPAL, privilegiadamente con el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo emanado de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo en América Latina y el Caribe, y los acuerdos de la Conferencia Estadística de las Américas, la Conferencia de Ciencia, Innovación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, y el Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe (CDCC).

La Agenda Regional de Género es una agenda abierta al futuro, que incorpora de manera dinámica los nuevos compromisos asumidos por los Estados miembros de la CEPAL. Al tiempo que tiene un carácter progresivo, es acumulativa, puesto que cada documento reconoce el valor político y programático de los anteriores y los complementa tomando en cuenta los nuevos escenarios socioeconómicos y políticos a nivel regional y mundial. Los compromisos asumidos durante estos casi

40 años, a partir del análisis del lenguaje acordado, se pueden agrupar en tres categorías: a) los enfoques que guían las políticas públicas, b) las dimensiones críticas para la igualdad de género y la autonomía de las mujeres tematizadas en derechos, y c) los ejes para la implementación, que se describen a continuación:

a) Los cinco enfoques o perspectivas que guían las políticas públicas y los objetivos vinculados a la autonomía y los derechos de las mujeres son: i) igualdad de género, ii) derechos humanos de las mujeres, iii) interseccionalidad e interculturalidad, iv) democracia paritaria, representativa y participativa, y laicidad, y v) desarrollo sostenible e inclusivo. Estos enfoques, que actúan de forma interrelacionada, también orientan las medidas de la Estrategia de Montevideo.

b) En la Agenda Regional de Género se identifican los acuerdos para la igualdad de género y la autonomía de las mujeres en relación con múltiples problemáticas que es posible agrupar en dimensiones críticas vinculadas con los derechos humanos, y que, por lo tanto, reconocen a las mujeres como sujetos de derecho y a los Estados como garantes de dichos derechos, a la vez que ratifican su carácter universal, indivisible, inalienable e interdependiente:

(i)Derecho a una vida libre de toda forma de violencia y discriminación: violencia contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones (privada, pública, simbólica, institucional, cibernética, económica, obstétrica, política, en situaciones de conflicto, desastres naturales, privación de libertad, acoso laboral, acoso y hostigamiento sexual, abuso y explotación sexual, tráfico ilícito de migrantes, trata de mujeres, prostitución forzada, violaciones, feminicidio); matrimonio y convivencia forzada de niñas y adolescentes; seguridad pública y ciudades; legislaciones y acceso a la justicia; contenidos educativos y medios de comunicación; estereotipos, sexismo, racismo, etnocentrismo, homofobia, lesbofobia, transfobia y discriminación.

(ii)Derechos sexuales y reproductivos con relación a: información y educación sexual integral; servicios de aborto seguros y de calidad, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional; anticoncepción; servicios sociales de salud integrados; mortalidad materna; orientación sexual e identidad de género; servicios universales y accesibles; discapacidad y vejez; erradicación del embarazo de niñas, prevención del embarazo y la maternidad adolescente; infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA; emergencias sanitarias; maternidad saludable; desarrollo tecnológico; distintos tipos de familia.

(iii)Derechos económicos, sociales y culturales con relación a: ingresos, empleo e inserción productiva; trabajo y control de los recursos; derecho a la tierra; división sexual del trabajo; trabajo no remunerado y cuidados; protección y seguridad social; educación; ciencia y tecnologías de las comunicaciones; transformación de pautas culturales; transmisión intergeneracional de la pobreza; jefatura de hogar y bienestar; uso y distribución del tiempo; políticas fiscales y macroeconómicas; políticas sociales; inversión pública; ruralidad, trabajo doméstico remunerado e informalidad; empresas y emprendimientos, crédito, tecnologías e innovación; territorio y modelos productivos.

(iv)Derechos civiles y políticos con relación a: participación política y liderazgo; partidos políticos y sistemas electorales; representación y paridad; organizaciones y movimientos de mujeres y feministas; migración; conflictos y procesos de paz; gobierno electrónico.

(v)Derechos colectivos y medioambientales con relación a: tierra y territorio; agua y bosques; conocimientos ancestrales; desastres naturales y eventos extremos; cambio climático; ámbitos rural y urbano; gestión de riesgos y mitigación; derecho al desarrollo; cooperación internacional.

c) La Agenda Regional de Género incluye acuerdos sobre los instrumentos y medios para avanzar hacia la garantía efectiva de los derechos y la autonomía de las mujeres bajo los principios de igualdad y no discriminación, que son la base para la construcción de los siguientes ejes para la implementación y las medidas de la Estrategia de Montevideo: 1. Marco normativo, 2. Institucionalidad, 3. Participación, 4. Construcción y fortalecimiento de capacidades, 5. Financiamiento, 6. Comunicación, 7. Tecnología, 8. Cooperación, 9. Sistemas de información y 10. Monitoreo, evaluación y rendición de cuentas. Estos diez ejes tienen un valor prioritario y se interconectan para crear las condiciones y los medios para la aplicación plena y efectiva de políticas públicas orientadas a eliminar la desigualdad y asegurar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en su diversidad.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es sinérgica con la Agenda Regional de Género. En la Declaración que figura en la Agenda 2030 se establece que los Estados tienen la responsabilidad de respetar, proteger y promover los derechos humanos (párrafos 10, 19, 35), y se reconoce que la consecución de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas contribuirá decisivamente al progreso respecto de todos los Objetivos y metas y que para ello es crucial la incorporación sistemática de una perspectiva de género en la implementación (párrafo 20). También se afirma que cada país dispone de diferentes enfoques, visiones de futuro, modelos e instrumentos para lograr el desarrollo sostenible (párrafo 59) y que cada gobierno decidirá la forma de incorporar las metas mundiales en los procesos de planificación, las políticas y las estrategias nacionales (párrafo 55). De este modo, para abordar los desafíos estructurales y las prioridades de América Latina y el Caribe, los compromisos ya existentes en la Agenda Regional de Género y la Agenda 2030 deben entenderse como complementarios y las acciones que se emprendan para su cumplimiento deben estar articuladas con los compromisos adquiridos en ambas agendas.

Durante el trigésimo sexto período de sesiones de la CEPAL, que tuvo lugar en la Ciudad de México del 23 al 27 de mayo de 2016, los Gobiernos de la región aprobaron la creación del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible. Dicho Foro, que será el mecanismo regional para el seguimiento y el examen de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, recibirá anualmente los informes de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (resolución 700(XXXVI) de la CEPAL) respecto de los avances en el cumplimiento de la Agenda Regional de Género y de los Objetivos, metas y medios de implementación de la Agenda 2030 desde una perspectiva de género. A su vez, las conclusiones y recomendaciones acordadas a nivel intergubernamental en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe contribuirán al proceso mundial en el marco del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible y en el Foro del Consejo Económico y Social sobre el Seguimiento de la Financiación para el Desarrollo.

Con estos antecedentes, la Estrategia de Montevideo constituye una hoja de ruta para el cumplimento efectivo de los compromisos regionales y mundiales con los derechos humanos y la autonomía de las mujeres, y contribuirá, con la puesta en práctica de acciones y medidas en sus diez ejes para la implementación, a situar a la igualdad de género en el centro del desarrollo sostenible en el horizonte 2030.

B. Estrategia de Montevideo: una apuesta política para alcanzar la igualdad de género en la región de aquí a 2030

La Estrategia de Montevideo es un compromiso político regional que tiene por objeto guiar la plena implementación de los acuerdos de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (la Agenda Regional de Género) y asegurar que sean la hoja de ruta para alcanzar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a nivel regional desde la perspectiva de la igualdad de género, la autonomía y los derechos humanos de las mujeres. Así, la Estrategia de Montevideo es un instrumento político-técnico que permitirá dar un salto cualitativo hacia la puesta en marcha y el fortalecimiento de políticas públicas multidimensionales e integrales para garantizar los derechos humanos y la autonomía de las mujeres y alcanzar la igualdad de género en América Latina y el Caribe. Al tiempo que retoma las lecciones aprendidas y los asuntos pendientes a 20 años de la implementación de la Plataforma de Acción de Beijing y del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y a 15 años de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), propone medidas para superar los principales obstáculos en los procesos de institucionalización de la igualdad de género y los derechos de las mujeres en la estructura de los Estados. Las medidas de la Estrategia guiarán las políticas públicas sectoriales y transversales orientadas a eliminar las desigualdades de género y contribuir al desarrollo sostenible.

La Estrategia de Montevideo reposiciona el papel del Estado en las políticas de igualdad, asegurando los derechos humanos y la autonomía de las mujeres como eje transversal de las estrategias nacionales de desarrollo sostenible a mediano y largo plazo. Por lo tanto, es un instrumento cuyo alcance compromete a toda la estructura estatal y que reconoce el liderazgo de los mecanismos para el adelanto de las mujeres. Las medidas en ella incluidas requieren el compromiso y la participación activa de los ministerios sectoriales, las entidades de planificación y presupuestación, los organismos descentralizados, los Parlamentos y el Poder Judicial, entre otros actores gubernamentales.

El éxito de la Estrategia de Montevideo a nivel regional, y de su adaptación a nivel nacional y subnacional, requiere de la participación activa de la sociedad civil en toda su diversidad, especialmente de organizaciones y movimientos de mujeres y feministas, jóvenes, indígenas, afrodescendientes, mujeres rurales, mujeres migrantes, adultas mayores, mujeres con discapacidad, personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI), el ámbito académico, los sindicatos y las y los defensores de los derechos humanos en el monitoreo y la evaluación de las políticas públicas y en el seguimiento de los compromisos asumidos. También es precisa la contribución del sector privado, especialmente el sector empresarial a través de su actuación de conformidad con los estándares de derechos humanos de las mujeres y las normas laborales, ambientales, tributarias y de transparencia, así como la promoción de la igualdad de género y la autonomía y el empoderamiento de las mujeres.

La Estrategia de Montevideo reconoce la heterogeneidad de la región, las necesidades especiales y los desafíos particulares que enfrentan los países en desarrollo sin litoral, los pequeños Estados insulares en desarrollo, los países de renta media, los países altamente endeudados y vulnerables del Caribe, los países menos adelantados, los países que se encuentran en situaciones de conflicto y posteriores a un conflicto o los afectados por medidas unilaterales contrarias al derecho internacional. Está dirigida a todas las personas que enfrentan discriminación por razones de género en América Latina y el Caribe y su implementación beneficiará a todas las mujeres, independientemente de su edad, sus ingresos, su orientación sexual, su identidad de género, los territorios en los que viven, su condición migratoria, étnica y racial, y su capacidad física y mental.

Los puntos de contacto entre los medios de implementación de la Agenda 2030 y los ejes para la implementación de la Estrategia de Montevideo son múltiples. La Agenda 2030 incluye un objetivo dedicado a fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible (ODS 17) y metas específicas de implementación en los otros 16 Objetivos.

Además, la Estrategia de Montevideo también está en consonancia con las Conclusiones convenidas en el 60º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (Nueva York, 14 a 24 de marzo de 2016). En dicho período de sesiones se abordaron los vínculos entre el empoderamiento de las mujeres y el desarrollo sostenible a través de los compromisos vinculados al fortalecimiento de los marcos legales, normativos y de políticas, el financiamiento, el liderazgo y la participación de las mujeres, los sistemas de información y el seguimiento, y los arreglos institucionales nacionales para la igualdad de género.

1. Superar los nudos estructurales para alcanzar la igualdad de género de aquí a 2030

La Estrategia de Montevideo busca cerrar la brecha entre la igualdad de jure y de facto mediante el fortalecimiento de las políticas públicas para garantizar la autonomía y el ejercicio pleno de los derechos humanos de todas las mujeres y niñas, superando discriminaciones, prejuicios y resistencias. Para alcanzar la igualdad de género es preciso superar nudos estructurales constitutivos de las actuales relaciones desiguales de poder en América Latina y el Caribe. A su vez, se deben considerar las tendencias y factores de contexto que se cristalizan en nuevos desafíos: desaceleración del crecimiento económico, aumento de la pobreza, resurgimiento del conservadurismo, cambios demográficos y en la composición y la estructura de las familias, y agotamiento del actual estilo de desarrollo dominante, caracterizado por el aumento de la desigualdad y la crisis ambiental.

Entre los nudos estructurales a enfrentar se encuentran: i) la desigualdad socioeconómica y la persistencia de la pobreza; ii) los patrones culturales patriarcales discriminatorios y violentos y el predominio de la cultura del privilegio; iii) la división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado, y iv) la concentración del poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito público. Estos nudos se refuerzan mutuamente y generan complejos sistemas socioeconómicos, culturales y de creencias que obstaculizan y reducen el alcance de las políticas para la igualdad de género y la autonomía de las mujeres. La Estrategia de Montevideo busca erosionar estos nudos estructurales, que se describen sintéticamente a continuación, y así avanzar hacia la igualdad sustantiva.

a) Desigualdad socioeconómica y persistencia de la pobreza en el marco de un crecimiento excluyente

América Latina y el Caribe continúa siendo la región más desigual del mundo. La tendencia a la reducción de la desigualdad de ingresos en los últimos años, derivada de un crecimiento económico sostenido y políticas sociales más decididas, no se vio acompañada de una distribución más equilibrada de capital y trabajo. A su vez, en varios países, la reducción de la desigualdad del ingreso se produjo concomitantemente con mayores índices de feminidad de la pobreza en los hogares. Ello se condice con la persistencia de las brechas de género en el mercado laboral, los salarios, el empleo de calidad y el acceso a la protección y a la seguridad social, una organización social que asigna a las mujeres el trabajo doméstico no remunerado y de cuidados junto con la insuficiencia de las políticas y los servicios de cuidado, que aseguren la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, Estado, mercado, familias y comunidad. También persisten las barreras para que las mujeres accedan a recursos productivos, como el crédito, la tierra, el agua, la capacitación, las tecnologías y el tiempo. Esto pone en evidencia el carácter estructural de la desigualdad de género.

A las limitaciones de las actuales políticas de desarrollo, especialmente las macroeconómicas, la regresividad sistémica de las políticas fiscales y la pérdida de dinero por causa de la evasión y la elusión fiscal, se suma la baja presión fiscal sobre las personas y empresas de mayores recursos, la excesiva dependencia de impuestos indirectos con sesgos de género y la creciente adopción de medidas de austeridad fiscal y recortes de presupuesto para la inversión social. Todos estos son obstáculos importantes para superar y poder movilizar recursos públicos suficientes para la igualdad de género y los derechos de las mujeres y las niñas.

Aunque América Latina y el Caribe históricamente ha contribuido en menor medida que otras áreas del mundo al cambio climático, es una región extremadamente vulnerable a sus consecuencias. Esto obedece, entre otros factores, a su ubicación geográfica, a la biodiversidad que la caracteriza y a sus patrones de especialización productiva, que en su mayoría son intensivos en recursos naturales y energías fósiles y poco intensivos en conocimiento, tecnologías y en la generación de empleo de calidad, sobre todo para las mujeres.

A esta situación se suma una coyuntura económica desfavorable. Son preocupantes las previsiones de aumento de la pobreza de ingreso, producto de la disminución del ritmo de crecimiento económico y del aumento del desempleo, las presiones inflacionarias y la evasión fiscal. En contextos de ajuste y desaceleración es importante adoptar medidas activas que impidan que las políticas macroeconómicas y las reformas fiscales profundicen los niveles de pobreza de las mujeres, aumenten la sobrecarga de trabajo no remunerado y de cuidados, y no incrementen, o decididamente reduzcan, el financiamiento y los presupuestos para las políticas de igualdad y los mecanismos para el adelanto de las mujeres, en especial su trabajo para prevenir y erradicar la violencia de género.

Por lo tanto, frente al agotamiento del actual estilo de desarrollo dominante, es necesario transitar hacia patrones de producción y consumo sostenibles que incorporen políticas de redistribución de la riqueza, el ingreso y el tiempo. Superar la pobreza y reducir las brechas de desigualdad constituyen dos pilares fundamentales para alcanzar la igualdad sustantiva. Asimismo, es preciso trabajar en pro de un orden internacional propicio al ejercicio de la ciudadanía plena y de todos los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, lo que redundará en beneficio de todas las mujeres y niñas y de la sociedad en su conjunto.

b) Patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos y predominio de la cultura del privilegio

Los avances regionales en materia de acceso y participación de las niñas, adolescentes, jóvenes y adultas, en toda su diversidad, en el sistema educativo, de las mujeres jóvenes y adultas en el mercado laboral y en la toma de decisiones, y de algunos hombres en el trabajo de cuidados no ocultan la persistencia de patrones socioculturales discriminatorios, sexistas y racistas que siguen reproduciendo la desigualdad y la violencia en América Latina y el Caribe.

En los últimos años se constata un resurgimiento de prácticas, discursos y patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos basados en la cultura del privilegio, que limitan el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y el reconocimiento de las distintas formas de familia, la diversidad sexual y la identidad de género. La discriminación y la violencia que las personas LGBTI enfrentan por motivos de orientación sexual o identidad de género se evidencian en los obstáculos que encuentran para acceder a la atención de la salud, a un trabajo de calidad, a formas legales de unión y conformación de familia, y al registro de su identidad. Dicho resurgimiento constituye una alerta para que los Gobiernos tomen acciones para evitar la regresividad respecto de la garantía de los derechos de todas las personas y la autonomía de las mujeres.

También persisten pautas culturales patriarcales que excluyen, e invisibilizan la identidad y los conocimientos de las mujeres —especialmente las mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes y migrantes—, negando el carácter pluricultural y multilingüe de América Latina y el Caribe. Estas pautas, junto con el neoconservadurismo, conforman sistemas de discriminación y privilegios que se alimentan, además, de los cruces entre la desigualdad de género y otras desigualdades también presentes en la sociedad y que se vinculan al nivel socioeconómico, la pertenencia étnica y racial, la edad, el lugar de residencia y las capacidades físicas y mentales.

Los patrones culturales patriarcales también están en la base de la brecha salarial, la orientación vocacional, la organización social del cuidado y la violencia que se ejerce contra las mujeres y las niñas. Con el horizonte en 2030 y el desarrollo sostenible, es preciso pasar de la cultura del privilegio a la cultura de los derechos y de la igualdad, desmontando el modelo androcéntrico de ser humano y su expresión en las políticas públicas, e incluyendo a los niños, los jóvenes y los hombres como agentes y beneficiarios de este cambio. Es necesario, por lo tanto, erradicar toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar el goce efectivo de los derechos humanos en las esferas política, económica, social, cultural y ambiental. La igualdad sustantiva solo será posible si todas las personas son reconocidas iguales en dignidad, y son consideradas y reconocidas como sujetos de derechos.

c) División sexual del trabajo e injusta organización social del cuidado

A pesar de los avances de algunos países de América Latina y el Caribe en la realización de encuestas de uso del tiempo que permiten contabilizar el trabajo no remunerado y en el reconocimiento del cuidado como una necesidad y un derecho, y la consecuente implementación de políticas específicas, todavía persiste una rígida división sexual del trabajo basada en relaciones de poder desiguales, que impide la disminución de la carga de este trabajo para las mujeres. Esto se verifica al constatar que su creciente participación en el mercado laboral y en el ámbito público no se ha visto acompañada de una mayor participación de los varones en el trabajo doméstico no remunerado y de cuidados, y que las niñas, los niños y adolescentes siguen siendo socializados en el marco de estos patrones patriarcales. Asimismo, cuando el trabajo de cuidados se inserta en el mercado, está realizado principalmente por mujeres en tres sectores de la economía: trabajo doméstico remunerado, salud y educación.

Persiste una organización social injusta y desequilibrada del cuidado, con fuertes implicancias en términos de brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, entre mujeres de distintos niveles socioeconómicos y entre territorios y países. Muchas mujeres latinoamericanas y caribeñas forman parte de cadenas globales de cuidados que, ante la falta de participación de los hombres, se constituyen mediante la transferencia de los trabajos de cuidados de unas mujeres a otras, sobre la base de relaciones de poder según el sexo, la clase y el lugar de procedencia. En las próximas décadas se agudizará el proceso de envejecimiento de la población de la región y, por lo tanto, se incrementará la carga de cuidado de las personas adultas mayores, los enfermos crónicos y las personas con alguna discapacidad, y aumentarán los costos de la atención de la salud y los sistemas de pensiones. Al mismo tiempo, si bien para 2030 se espera un descenso de la fecundidad, esta continuará siendo estratificada según nivel socioeconómico y pertenencia racial y étnica.

Estos elementos contribuirán a la falta de autonomía económica de las mujeres si no se enfrentan desde ya con políticas públicas que respondan a las demandas de cuidado de personas con algún nivel de dependencia y que consideren de manera explícita los derechos de las cuidadoras, ya sean remuneradas o no, de modo que no se vean amenazadas sus posibilidades de participación en procesos de adopción de decisiones y en las oportunidades laborales y productivas. Los programas y proyectos deben diseñarse teniendo en cuenta que la organización social del cuidado es una responsabilidad que debe ser compartida por hombres y mujeres y redistribuida entre las diversas formas de familia, las organizaciones sociales y comunitarias, las empresas y el Estado.

La división sexual del trabajo y los patrones culturales dominantes inciden también en los problemas ambientales y en las consecuencias del cambio climático en la cotidianidad de los hogares. Las mujeres rurales, indígenas y campesinas son guardianas de la biodiversidad, pero, en condiciones de mucha fragilidad y explotación, tienen menor acceso y control sobre la tierra y los recursos productivos, y son las principales responsables de la alimentación de los miembros de la familia, de la recolección del agua y la leña, y del cuidado de la huerta y los animales. Por lo tanto, las responsabilidades y la falta de poder agudizan su vulnerabilidad y dificultan el desarrollo de su capacidad de adaptación y respuesta. La mitigación del cambio climático implica tomar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y conduce a analizar cómo se relaciona el orden de género con los patrones dominantes de producción, consumo, uso de energía y tecnología. En este contexto, es importante considerar la contribución de las mujeres a la mitigación como productoras, trabajadoras y consumidoras, así como investigadoras del área de tecnología y energías limpias y seguras, y responsables de política pública.

Los desafíos de erradicación de la pobreza y la desigualdad, las necesidades y demandas de cuidado y la crisis ambiental exigen la superación de la actual división sexual del trabajo como un pilar fundamental para alcanzar la igualdad en 2030.

d) Concentración del poder y relaciones de jerarquía en el ámbito público

En las últimas décadas, pese al proceso sostenido de democratización de las sociedades, en América Latina y el Caribe han seguido vigentes estructuras institucionales, sociales y culturales que restringen el acceso de las mujeres al ejercicio del poder y a los procesos de adopción de decisiones, así como el acceso a la justicia y a la exigibilidad de sus derechos.

Además, en algunos países de la región existe una tendencia a la concentración del poder político y económico, y un resurgimiento de brotes antidemocráticos y culturas autoritarias y de tutelaje sobre el cuerpo de las mujeres, que limitan su autonomía y el desarrollo de toda la sociedad. Preocupa especialmente constatar que, a la vez que se abren canales de participación de la sociedad civil en la vida pública, hay procesos de criminalización de defensoras de derechos humanos y de la protesta social en contextos de conflictos socioambientales, en un marco de impunidad. Asimismo, no hay suficiente reconocimiento de la contribución de los movimientos de mujeres y feministas, afrodescendientes, jóvenes, indígenas y personas LGBTI a la democracia, al cambio cultural y a una convivencia en paz sustentada en políticas públicas de igualdad.

Para alcanzar la igualdad de género en 2030 es imprescindible avanzar hacia dos procesos interrelacionados: la profundización y cualificación de las democracias y la democratización de los regímenes políticos, socioeconómicos y culturales. Ambos tienen como condición lograr la paridad en la distribución del poder. Por lo tanto, la democracia paritaria como criterio —cuantitativo y cualitativo— constituye un pilar central para generar las condiciones para el ejercicio pleno de los derechos humanos y la ciudadanía de las mujeres.

En síntesis, la superación de la desigualdad y la pobreza, la transformación de los patrones culturales patriarcales discriminatorios y violentos y de la cultura del privilegio, la superación de la división sexual del trabajo, y la consolidación de la democracia paritaria son cuatro pilares interrelacionados, cuatro carreteras sustantivas para alcanzar la igualdad de género y transitar hacia patrones de desarrollo basados en los derechos humanos, la autonomía de las mujeres y la sostenibilidad. Estos pilares atraviesan todas las medidas de los ejes para la implementación de la Estrategia de Montevideo y brindan una orientación política para la implementación de políticas públicas transformadoras de las relaciones de género en América Latina y el Caribe.

C. Estrategia de Montevideo: ejes para la implementación de la Agenda Regional de Género en el marco del desarrollo sostenible hacia 2030

La Estrategia de Montevideo está orientada a la puesta en marcha de los ejes para la implementación de políticas públicas que contribuyan a eliminar las desigualdades de género y garantizar los derechos humanos y la autonomía de las mujeres en toda su diversidad. Los ejes para la implementación de la Estrategia son: 1. Marco normativo, 2. Institucionalidad, 3. Participación, 4. Construcción y fortalecimiento de capacidades, 5. Financiamiento, 6. Comunicación, 7. Tecnología, 8. Cooperación, 9. Sistemas de información y 10. Monitoreo, evaluación y rendición de cuentas. Estos ejes se encuentran interrelacionados y su puesta en marcha contribuirá al establecimiento y la sostenibilidad de las políticas sectoriales y transversales orientadas a eliminar las desigualdades de género y garantizar el goce efectivo de los derechos humanos de todas las mujeres, sin discriminación.

Estos ejes están muy asociados a los medios de implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Las metas del ODS 17 sobre finanzas y cuestiones sistémicas están vinculadas con los ejes para la implementación de la Estrategia de Montevideo sobre financiamiento y cooperación (5 y 8). Las metas del ODS 17 sobre tecnología y la meta 5.b (ODS 5) están comprendidas en el eje sobre tecnología (7). La creación de capacidad está incorporada en los ejes para la implementación sobre institucionalidad y construcción y fortalecimiento de capacidades (2 y 4). Los compromisos sobre datos, vigilancia y rendición de cuentas del ODS 17 están comprendidos en los ejes sobre sistemas de información y monitoreo, evaluación y rendición de cuentas (9 y 10). La meta 5.c relativa a los medios de implementación (ODS 5), dirigida a aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles, se contempla en el eje sobre marco normativo (1). Además, los ejes de la Estrategia de Montevideo avanzan en la visibilización de dos medios fundamentales para la plena y efectiva puesta en marcha de las políticas públicas de igualdad y derechos en América Latina y el Caribe: la participación y la comunicación (3 y 6).

La Estrategia de Montevideo comprende 74 medidas para los diez ejes para la implementación que son acordadas a nivel regional por los Gobiernos de América Latina y el Caribe, y que posteriormente se adaptan a las prioridades y necesidades de los países y se insertan en los planes de desarrollo sostenible, aunque son de aplicación en diferentes ámbitos (nacional, subnacional, local, regional e internacional). Este abordaje multiescalar está orientado a reducir las desigualdades en los países y entre ellos. El nivel de operacionalización de las medidas dependerá de la organización política y la estructura administrativa de cada país, mientras que las medidas regionales e internacionales se basarán en la arquitectura compuesta por los organismos intergubernamentales establecidos a esos niveles.

1. Marco normativo: igualdad y Estado de derecho

El marco normativo comprende la base jurídica, legal y de política relativa a los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Incluye el conjunto de leyes, políticas, planes de igualdad, instrumentos de planificación, programas, normas, reglamentos y protocolos de intervención, así como instrumentos internacionales vinculantes y no vinculantes que delimitan el alcance de la política pública. El marco normativo es elaborado por distintos actores estatales del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en los diferentes niveles territoriales.

Medidas:

1.a Incorporar los compromisos asumidos por los Gobiernos en la Agenda Regional de Género producto de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, en políticas, planes y programas nacionales, subnacionales y locales de igualdad, derechos de las mujeres y desarrollo sostenible.

1.b Ratificar o aplicar los instrumentos de derechos humanos, revisar periódicamente y modificar, en caso de ser necesario, las leyes, políticas, planes, programas y protocolos a fin de armonizarlos con los estándares internacionales de derechos humanos de las mujeres, igualdad de género y no discriminación, y asegurar que se respeten, protejan y garanticen los derechos de las mujeres en su diversidad e impedir retrocesos.

1.c Modificar o armonizar el marco jurídico nacional incorporando el principio de igualdad y la prohibición de discriminación basada en el sexo establecida en los artículos 1 y 2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

1.d Promulgar leyes y normativas integrales y específicas para la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres, implementándolas en forma efectiva y plena, incluidas las que garanticen el derecho a una vida libre de toda forma de violencia y discriminación.

1.e Diseñar y ejecutar planes de igualdad de género, de despatriarcalización y de derechos de las mujeres con presupuesto intransferible, progresivo y suficiente y metas comprometidas en los distintos sectores y niveles de gobierno.

1.f Incorporar la igualdad de género y los derechos de las mujeres transversalmente en los planes nacionales de desarrollo e instrumentos de planificación.

1.g Establecer evaluaciones periódicas de manera preceptiva sobre la ejecución de los planes de igualdad de género existentes y modificar las políticas y programas incorporando las recomendaciones para superar los obstáculos para la implementación.

1.h Diseñar e implementar protocolos de intervención integrales e intersectoriales, con enfoque de género, derechos humanos, interseccionalidad e interculturalidad, que establezcan estándares de calidad para asegurar la no discriminación por razón de género y la adaptabilidad de los programas y servicios, que cuenten con una asignación de recursos financieros intransferibles y suficientes, y que se utilicen en los diferentes niveles del Estado.

1.i Eliminar todas las barreras legales e institucionales para el acceso efectivo e igualitario de las mujeres a la justicia, sin discriminación, garantizando la participación, la transparencia, la independencia y la atención oportuna y de calidad, con personal especializado y reparación integral del daño en caso de violación de sus derechos a efectos de poner fin a la impunidad.

1.j Asegurar que las leyes, los reglamentos y los protocolos incorporen mecanismos y procedimientos para garantizar la exigibilidad de los derechos de las mujeres.

1.k Adoptar leyes y normativas para garantizar el acceso igualitario de las mujeres al poder político, impulsando su participación paritaria en todos los espacios públicos.

1.l Promover que la posición de los países de América Latina y el Caribe en los debates internacionales sobre políticas macroeconómicas, acuerdos comerciales, de inversión y financieros incorporen los compromisos de la Agenda Regional de Género y su vínculo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que, en particular, la posición sobre cuestiones de desarrollo sostenible se comuniquen al Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible por conducto del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.

1.m Promover medidas, políticas y programas para la plena participación de los niños, los jóvenes y los hombres como aliados estratégicos para el logro de la igualdad de género, la promoción y la garantía de los derechos de las mujeres y la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas.

2. Institucionalidad: políticas multidimensionales e integrales de igualdad de género

La institucionalidad de género es el producto de la cristalización de procesos políticos y técnicos y hace referencia a la estructura organizacional para la gestión de las políticas públicas sobre derechos de las mujeres e igualdad de género en todos los poderes y a todos los niveles del Estado. Los diseños o modalidades institucionales son heterogéneos en los países y están conformados por los mecanismos para el adelanto de las mujeres, las instancias de igualdad de género en ministerios sectoriales, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los organismos descentralizados y las instancias de coordinación intersectorial e interinstitucional.

Medidas:

2.a Otorgar a los mecanismos para el adelanto de las mujeres jerarquía al más alto nivel, refrendada por el marco normativo, para cumplir, en uso de sus competencias, con su función de entes rectores y gestores de las políticas de igualdad de género, derechos y autonomía de las mujeres, y asegurar que los procesos de transversalización de la igualdad de género permeen toda la estructura del Estado.

2.b Fortalecer los mecanismos para el adelanto de las mujeres con recursos humanos, técnicos, políticos, administrativos y financieros suficientes y garantizar su sostenibilidad en el tiempo, prestando especial atención a los niveles subnacional y local.

2.c Impulsar la creación y consolidación de las instancias para la igualdad de género y los derechos de las mujeres en los ministerios sectoriales (incluidos los ministerios de administración pública, cuando existen), organismos descentralizados, gobiernos subnacionales, municipales y locales, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, dotándolas de recursos humanos, técnicos y políticos, así como de un presupuesto específico.

2.d Establecer instancias gubernamentales permanentes de coordinación intersectorial e interinstitucional, con mandato, división de tareas, asignación de recursos y planes de trabajo específicos, especialmente entre los mecanismos para el adelanto de las mujeres y las unidades centrales de planificación y presupuestación, para participar en el diseño y la ejecución de los planes de desarrollo y presupuestos públicos, incorporando la perspectiva de género en la planificación y presupuestación nacional, subnacional y local.

2.e Asegurar la coordinación permanente, a través de la Secretaría Técnica de la Conferencia, entre la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, los órganos subsidiarios de la CEPAL y el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible para el seguimiento articulado de la Agenda Regional de Género y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en concordancia con sus respectivos mandatos.

3. Participación popular y ciudadana: democratización de la política y las sociedades

La participación popular y ciudadana, y en particular de las organizaciones y movimientos de mujeres y feministas, en la implementación de la Agenda Regional de Género implica su contribución en el diseño, la aplicación y el seguimiento de las políticas a nivel nacional e internacional. Para lograr una participación activa y sustantiva se requiere crear un entorno seguro y propicio mediante el apoyo a los procesos de organización, el fortalecimiento de las capacidades, el acceso a la información y a la justicia y el establecimiento de mecanismos de participación paritaria efectivos, institucionalizados, permanentes y representativos de la diversidad de organizaciones y movimientos de mujeres y feministas, jóvenes, indígenas, afrodescendientes, mujeres rurales, adultas mayores, mujeres migrantes, mujeres de diversos grupos étnicos, religiosos y lingüísticos, mujeres que viven con VIH/SIDA, mujeres desplazadas, mujeres que viven en la pobreza, mujeres privadas de libertad, mujeres con discapacidad y personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI), así como de canales de diálogo con la ciudadanía en general, incluso a través de Internet.

Medidas:

3.a Apoyar el liderazgo de las mujeres en organizaciones sociales y políticas, impulsando la participación democrática paritaria, el fortalecimiento institucional y las capacidades de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos de mujeres y feministas, y en particular el liderazgo de las adolescentes, jóvenes, indígenas, afrodescendientes, mujeres rurales, mujeres migrantes, mujeres que viven con VIH/SIDA, mujeres con discapacidad y personas LGBTI, respetando sus expresiones organizativas.

3.b Establecer mecanismos que garanticen la inclusión paritaria de la diversidad de mujeres en los espacios de poder público de elección popular y designación en todas las funciones y niveles del Estado.

3.c Crear y mantener un entorno seguro y propicio para la participación plena y efectiva de la sociedad civil a través de un marco normativo habilitante, un sistema de protección de derechos humanos que salvaguarde las libertades y garantice el acceso efectivo a la justicia, a la información pública y oportuna y a canales de participación ciudadana, incluidos mecanismos de consulta previa, libre e informada a las comunidades rurales, étnicas, y los pueblos indígena originario campesinos.

3.d Establecer o fortalecer los mecanismos de participación ciudadana efectivos, institucionalizados, permanentes y representativos de la diversidad de organizaciones de la sociedad civil para garantizar su contribución en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de igualdad de género y derechos humanos de las mujeres, especialmente las políticas macroeconómicas, productivas y de desarrollo sostenible, y las políticas de mitigación y respuesta ante el efecto de fenómenos climáticos adversos, de gestión del riesgo de desastres y de fortalecimiento de la resiliencia a nivel regional, nacional, subnacional y local.

3.e Fomentar el desarrollo de plataformas de participación y consulta en línea para la participación ciudadana de todas las personas y grupos en la toma de decisiones, especialmente de las y los jóvenes y de las mujeres de todas las edades, afrodescendientes, y las que viven en comunidades rurales, étnicas, indígenas, o alejadas de las estructuras de toma de decisión, garantizando un acceso igualitario a la información y las consultas de base amplia.

3.f Asignar presupuesto suficiente para el funcionamiento de mecanismos de control social y rendición de cuentas, observatorios y otros instrumentos, y para la participación de las organizaciones de la sociedad civil, en particular de las organizaciones y movimientos de mujeres y feministas de todas las edades.

3.g Promover espacios de participación de las organizaciones de la sociedad civil, especialmente de los movimientos de mujeres y feministas, en el marco de los organismos de integración regional y los órganos intergubernamentales regionales y mundiales, como la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe y otros órganos subsidiarios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la Comisión de Población y Desarrollo, el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible y el Foro del Consejo Económico y Social sobre el Seguimiento de la Financiación para el Desarrollo.

3.h Trabajar para la creación de un fondo regional de apoyo a las organizaciones de mujeres y feministas, tomando en consideración los aportes de la sociedad civil.

4. Construcción y fortalecimiento de capacidades estatales: gestión pública basada en la igualdad y la no discriminación

La implementación de la Agenda Regional de Género implica el desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales y de los recursos humanos que diseñan y ejecutan las políticas en todos los niveles estatales. Las capacidades institucionales se fortalecen a través de la planificación, la gestión y el seguimiento de las políticas, asegurando la coherencia entre las políticas de igualdad de género y las políticas de desarrollo. Entre los instrumentos para el fortalecimiento de los recursos humanos se destacan la capacitación, el intercambio de experiencias, la transferencia de conocimientos y la asistencia técnica a nivel nacional, regional e internacional.

Medidas:

4.a Diseñar e implementar planes de formación y capacitación continua en materia de igualdad de género, derechos de las mujeres, interseccionalidad e interculturalidad en todas las instituciones públicas, en especial el sistema de justicia, las fuerzas de seguridad y los sectores de salud y educación, y en alianza con centros académicos, organizaciones feministas y organizaciones internacionales con el fin de garantizar recursos humanos idóneos en el diseño e implementación de políticas sectoriales y transversales de género en todo el territorio nacional.

4.b Incorporar en los programas de formación continua del funcionariado público capacitación en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres, interseccionalidad e interculturalidad, y valorar dicha formación en el desarrollo y promoción de la carrera funcional.

4.c Diseñar e implementar estrategias de capacitación continua, gestión y evaluación para construir una cultura organizacional abierta a las políticas de género, interseccionales e interculturales.

4.d Diseñar procesos de formación específicos para fortalecer las capacidades de liderazgo de las mujeres de todas las edades a fin de lograr su participación paritaria en los espacios de toma de decisión y, en particular, en cargos de alta jerarquía, directivos y técnicos.

4.e Implementar programas regionales (presenciales y virtuales) de intercambio de experiencias y de formación y creación de capacidades sobre la Agenda Regional de Género, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los indicadores de los ODS y la planificación para el desarrollo, con el apoyo de la CEPAL.

5. Financiamiento: movilización de recursos suficientes y sostenibles para la igualdad de género

El financiamiento de la Agenda Regional de Género comprende fuentes de financiamiento público nacional e internacional. Se toman en cuenta las fuentes disponibles, así como las potenciales con el objeto de asegurar el máximo de los recursos para garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. El financiamiento comprende montos, nivel y composición de la asignación de los recursos y también las fuentes de recaudación para aumentar los ingresos de manera no regresiva y según prioridades de igualdad.

Medidas:

5.a Diseñar, implementar y evaluar las políticas macroeconómicas, y especialmente las políticas fiscales (ingresos, gastos e inversión), desde un enfoque de igualdad de género y derechos humanos, salvaguardando los avances alcanzados y movilizando los máximos recursos disponibles.

5.b Estimar las necesidades presupuestarias de las diferentes dependencias del Estado vinculadas con el cumplimiento de la Agenda Regional de Género y los Objetivos de Desarrollo Sostenible utilizando ejercicios de estimación de gastos con perspectiva de género, e identificar las fuentes de financiamiento público disponibles y potenciales que respondan a las necesidades económicas y sociales de cada país.

5.c Impulsar y adoptar políticas fiscales progresivas y destinar presupuestos con enfoque de género para garantizar recursos suficientes, intransferibles, sostenibles y que cubran todos los niveles y ámbitos de política pública orientada a revertir las desigualdades de género y garantizar los derechos de las mujeres.

5.d Asegurar que las medidas de ajuste fiscal o de recortes presupuestarios dirigidas a enfrentar las situaciones de desaceleración económica se adecuen a los principios de derechos humanos y de no discriminación, considerando que dichas medidas cubran excepcionalmente el período de crisis y sean de carácter temporal, y evitando especialmente la profundización de los niveles de pobreza de las mujeres, la sobrecarga de trabajo no remunerado y de cuidados que enfrentan las mujeres y la reducción del financiamiento y los presupuestos para las políticas de igualdad y los mecanismos para el adelanto de las mujeres.

5.e Dar seguimiento a la evolución del monto, nivel, composición y desembolso de las asignaciones presupuestarias para las políticas orientadas a reducir las desigualdades de género y garantizar los derechos de las mujeres, y difundir información sobre dichas asignaciones.

5.f Asegurar que el sector privado, en particular el empresarial, contribuya de manera eficaz al financiamiento de emprendimientos de mujeres, al financiamiento de los servicios públicos y la protección social a través del pago de impuestos progresivos, y que el Estado evite la existencia de privilegios fiscales.

5.g Implementar estudios de impacto de género de las políticas fiscales antes y después de su aplicación, asegurando que estas no tengan un efecto negativo explícito o implícito sobre la igualdad de género, los derechos y la autonomía de las mujeres, por ejemplo, en la sobrecarga del trabajo no remunerado y de cuidados o en los niveles de pobreza de las mujeres.

5.h Fortalecer la cooperación regional para combatir la evasión y la elusión fiscal y los flujos financieros ilícitos, y mejorar la recaudación fiscal de los grupos que concentran los niveles más altos de ingreso y riqueza a través del impuesto a la renta corporativa, los impuestos a la riqueza y a las propiedades, entre otros, y así disponer de mayores recursos para las políticas de igualdad de género.

5.i Instar a los organismos de las Naciones Unidas y del sistema interamericano a garantizar los recursos suficientes a sus mecanismos de género para la plena implementación de las políticas de igualdad de género y derechos de las mujeres.

5.j Destinar recursos financieros suficientes para la construcción y el fortalecimiento de las capacidades institucionales y de los recursos humanos, en particular de los países pequeños altamente endeudados del Caribe, con miras a la plena y efectiva implementación de las políticas de derechos de las mujeres e igualdad de género.

6. Comunicación: acceso a la información y el cambio cultural

La comunicación de la Agenda Regional de Género se refiere a los planes, campañas y acciones comunicativas orientadas a la difusión de la normativa, la institucionalidad, las estadísticas y la información de género, así como las campañas orientadas hacia el cambio cultural para la igualdad y la garantía de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, con especial atención a los derechos sexuales y reproductivos.

Medidas:

6.a Diseñar e implementar planes de comunicación para la difusión sistemática de los acuerdos, compromisos y obligaciones de los Estados de América Latina y el Caribe con los derechos humanos de las mujeres y las niñas y la igualdad de género, y su articulación con prioridades mundiales, nacionales, subnacionales y locales, dirigidos al funcionariado público, la sociedad civil, el sector académico, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto, que cuenten con recursos asignados y mediciones de impacto.

6.b Establecer planes de comunicación, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), dirigidos a diferentes públicos específicos, para la difusión continua de la legislación y reglamentación de las políticas orientadas a eliminar las desigualdades de género y garantizar los derechos humanos de las mujeres.

6.c Realizar campañas de comunicación continuas, orientadas al cambio cultural para la igualdad de género en todos los ámbitos y basadas en estudios cuantitativos y cualitativos.

7. Tecnología: hacia el gobierno electrónico y economías innovadoras e inclusivas

La tecnología como eje de implementación de la Agenda Regional de Género comprende los mecanismos para el desarrollo, la transferencia y la difusión de tecnología, y su acceso y uso igualitario. Se considera la transferencia tecnológica en condiciones favorables, concesionales y preferenciales para los países de América Latina y el Caribe, incluidos términos preferenciales, para que las tecnologías sean socialmente apropiadas, seguras y sostenibles desde el punto de vista ambiental, y contribuyan a eliminar las desigualdades de género. También se pone énfasis en las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) como medio para avanzar hacia políticas de gobierno electrónico considerando las necesidades de las mujeres y el ejercicio de su ciudadanía y derechos.

Medidas:

7.a Diseñar y hacer evaluaciones ex ante y ex post en forma periódica de los efectos de la aplicación de las tecnologías en relación con la igualdad de género en áreas como el empleo femenino, la salud, la protección de los saberes ancestrales de las mujeres indígenas y de distintos grupos étnico-raciales, el acoso y la violencia por medios tecnológicos, los recursos naturales y los modos de producción.

7.b Formular e implementar las políticas de gobierno electrónico con un enfoque de género, interseccionalidad e interculturalidad aumentando la eficiencia y la calidad de los servicios públicos, el acceso a la información, la transparencia, la utilización de datos abiertos, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, y asegurando la confidencialidad y la protección de los datos de usuarios y usuarias.

7.c Incorporar el enfoque de igualdad de género, interseccionalidad, interculturalidad e intergeneracionalidad en el diseño y la aplicación de las agendas digitales y las estrategias nacionales para la innovación y las TIC.

7.d Diseñar y llevar a la práctica programas específicos para cerrar las brechas de género en el acceso, el uso y las habilidades en materia de ciencia, tecnología e innovación, y fomentar la participación paritaria de las mujeres en este ámbito.

7.e Impulsar, en el marco del Mecanismo de Facilitación de la Tecnología de las Naciones Unidas, compromisos para el acceso, el intercambio, la transferencia y la difusión de tecnología en condiciones favorables, concesionales y preferenciales, y fomentar evaluaciones multidimensionales para asegurar la transferencia de tecnologías seguras, socialmente apropiadas, sostenibles desde el punto de vista ambiental y en consonancia con los compromisos sobre derechos de las mujeres y la igualdad de género.

8. Cooperación: hacia una gobernanza multilateral democrática

Los países de América Latina y el Caribe y la comunidad internacional están llamados a cooperar y brindar asistencia, de acuerdo con sus capacidades y recursos, para apoyar los esfuerzos encaminados a alcanzar la igualdad de género y garantizar los derechos de las mujeres. Los acuerdos de cooperación para el cumplimiento de la Agenda Regional de Género pueden ser de carácter técnico, científico, financiero, de transferencia de tecnología o capacidades. La cooperación regional, la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular complementan, pero no sustituyen, a la cooperación Norte-Sur y se basan en los principios de horizontalidad, no condicionalidad y beneficio mutuo.

Medidas:

8.a Armonizar la normativa a nivel regional teniendo en cuenta los derechos humanos de las mujeres, y evaluar los efectos extraterritoriales de la legislación y las políticas que se adoptan, a fin de responder a fenómenos de carácter transnacional como la migración, la trata de mujeres y niñas, el tráfico ilícito de migrantes, la delincuencia organizada internacional, el tráfico de drogas, los desplazamientos forzados y las situaciones de refugio, las cadenas globales de valor y las cadenas globales de cuidados, la volatilidad financiera, la concentración de la riqueza, el cambio climático, la portabilidad de las pensiones y los derechos de las mujeres indígenas, afrodescendientes, de etnias diversas y originarias.

8.b Implementar acuerdos de cooperación para el desarrollo entre países y subregiones, en especial frente a eventos naturales extremos u otras situaciones críticas, en materia técnica, científica, financiera y de estándares laborales y de derechos sociales, económicos, culturales y medioambientales de las mujeres.

8.c Incrementar los recursos y la asistencia técnica para aumentar la resiliencia en los pequeños Estados insulares en desarrollo y los Estados ribereños vulnerables al impacto del cambio climático, los desastres y los eventos climáticos extremos.

8.d Fortalecer la articulación de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe con los mecanismos de género del sistema interamericano y los bloques de integración regional y subregional para asegurar la sinergia en la implementación y el seguimiento de la Agenda Regional de Género y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

8.e Instar a los países desarrollados a cumplir los compromisos de la asistencia oficial para el desarrollo, en particular el de alcanzar la meta de destinar el 0,7% de su ingreso nacional bruto a esta asistencia, así como la meta de destinar del 0,15% al 0,20% en favor de los países menos adelantados.

8.f Promover la cooperación y el apoyo destinados a los países de renta media, en particular los países altamente endeudados y vulnerables del Caribe, a través de la definición de metodologías integrales para la clasificación de los países según el enfoque de brechas estructurales de desarrollo a fin de evaluar con mayor precisión e integralidad los niveles de desarrollo y las desigualdades de género.

8.g Instar a los países desarrollados a fomentar el incremento de la asistencia oficial para el desarrollo no condicionada y planificada, de manera concertada, con recursos suficientes para el financiamiento de políticas de igualdad de género y el cumplimiento de la transversalización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

8.h Promover la representación de los países de América Latina y el Caribe, con una conformación paritaria de sus delegaciones, en las instituciones de gobernanza económica mundial que diseñan e implementan las normas internacionales en materia financiera, comercial y de deuda, y velar por que estas normas estén alineadas con los derechos humanos de las mujeres.

8.i Explorar opciones para el alivio de la deuda de los países altamente endeudados y vulnerables del Caribe y promover soluciones para afrontar el sobreendeudamiento, garantizando recursos necesarios para implementar la Agenda Regional de Género y lograr el desarrollo sostenible.

9. Sistemas de información: transformar datos en información, información en conocimiento y conocimiento en decisión política

Los sistemas de información de género comprenden los procedimientos de selección, recopilación, integración, procesamiento, análisis y difusión de información sobre las desigualdades de género, y los avances y desafíos pendientes para garantizar los derechos de las mujeres. Las estadísticas e indicadores de género, cualitativos y cuantitativos, pueden provenir de diferentes fuentes, principalmente de los organismos productores de información que componen el sistema estadístico nacional.

Medidas:

9.a Establecer y fortalecer los sistemas estadísticos nacionales con enfoque de género. Para ello se debe mejorar la cobertura, calidad y periodicidad de las estadísticas sociodemográficas y económicas por medio de encuestas, censos y registros administrativos, utilizando clasificadores comunes que aseguren la comparabilidad.

9.b Asegurar la desagregación y difusión de la información por sexo, edad, pertenencia racial y étnica, nivel socioeconómico y zona de residencia, de modo de mejorar los diagnósticos para reflejar la diversidad de situaciones de las mujeres.

9.c Desarrollar y fortalecer los instrumentos de medición sobre las desigualdades de género, como las encuestas de uso del tiempo, sobre violencia contra las mujeres, salud sexual y reproductiva, y uso de los espacios públicos, y asegurar su presupuestación y periodicidad.

9.d Diseñar e incorporar en los sistemas de información de la gestión pública indicadores que permitan medir el grado de compromiso con los derechos humanos de las mujeres y su garantía, distinguiendo indicadores estructurales, de proceso y de resultado y señales de progreso cualitativas.

9.e Establecer o fortalecer alianzas interinstitucionales entre organismos productores y usuarios de la información, en especial entre los mecanismos para el adelanto de las mujeres, las oficinas nacionales de estadística, los centros académicos y las instituciones nacionales de derechos humanos.

9. f. Publicar y difundir, por medios digitales con acceso libre, información de calidad, oportuna y gratuita sobre los debates legislativos, los presupuestos aprobados y ejecutados y las decisiones del Poder Judicial.

9.g Fortalecer las capacidades estadísticas de los mecanismos para el adelanto de las mujeres en América Latina y el Caribe con miras a incluir la perspectiva de género en todos los proyectos de generación o integración estadística.

9.h Promover la producción de información para el seguimiento de los compromisos asumidos en la Agenda Regional de Género de forma complementaria con los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo.

9.i Profundizar el trabajo articulado entre la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe y la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y promover la cooperación entre países y la participación en los períodos de sesiones de la Comisión Estadística de las Naciones Unidas.

10. Monitoreo, evaluación y rendición de cuentas: garantía de derechos y transparencia

El monitoreo y la evaluación de la implementación de la Agenda Regional de Género y la rendición de cuentas forman parte del ciclo de planificación e implementación de las políticas de igualdad de género y derechos de las mujeres, y permiten analizar los obstáculos y avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados. La rendición de cuentas implica contar con mecanismos para difundir información confiable, pertinente, suficiente y oportuna, y garantizar espacios de diálogo con la sociedad civil que realiza el control ciudadano. La coordinación entre los diferentes instrumentos de rendición de cuentas permite reducir la duplicación, promover las sinergias positivas y la transparencia, e ir consolidando gobiernos abiertos.

Medidas:

10.a Crear sistemas de monitoreo o fortalecerlos, según criterios acordados, que, de forma integral y periódica, permitan evaluar el grado de implementación de las leyes y las normas, las políticas, los planes y programas sobre la igualdad de género y los derechos de las mujeres a escala regional, nacional y subnacional.

10.b Tomar en consideración la información disponible del monitoreo y la evaluación para establecer o fortalecer mecanismos de rendición de cuentas sobre los avances y el cumplimiento de la Agenda Regional de Género, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y en particular sobre los presupuestos públicos en todos los niveles de la administración del gobierno.

10.c Promover la coordinación interinstitucional de los mecanismos para el adelanto de las mujeres, las instituciones nacionales de derechos humanos y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) y del Protocolo de San Salvador para asegurar la complementariedad y no duplicación en el monitoreo y la evaluación de las políticas de igualdad de género y derechos de las mujeres.

10.d Asegurar que los informes que los países presentan ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sean más amplios y detallados y que respondan al cronograma establecido por las Naciones Unidas, y que se convoque a la sociedad civil para realizar el seguimiento y la evaluación de las políticas de que se informa, y las modificaciones legislativas acordes a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

10.e Informar a la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe y al Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible del cumplimiento de los acuerdos y compromisos de la Agenda Regional de Género y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

10.f Dar cuenta de los avances y obstáculos regionales para la plena y efectiva implementación de la Agenda Regional de Género y sus sinergias con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en los períodos de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer.

10.g Garantizar el acceso efectivo de las organizaciones de la sociedad civil a la información pública de modo que puedan cumplir con su papel de monitoreo de las políticas de igualdad y derechos humanos de las mujeres.

D. Seguimiento de la Estrategia de Montevideo en el horizonte 2030

La Estrategia de Montevideo es un acuerdo de carácter regional que los Estados miembros de la CEPAL adaptarán a sus prioridades, planes de igualdad de género y de derechos, planes de desarrollo sostenible y políticas y presupuestos nacionales.

Los Estados son los responsables del examen sistemático de los avances en la puesta en marcha de la Estrategia de Montevideo a través de un marco de seguimiento abierto y participativo que comprende instancias de rendición de cuentas regionales y la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil.

A partir de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en 2016, cada año hasta 2030, los Gobiernos podrán informar voluntariamente sobre sus avances en la aplicación y adaptación de la Estrategia de Montevideo en una de las dos reuniones de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe que se realizan por año, y según un cronograma de presentaciones sobre ejes para la implementación en áreas específicas de interés que se acuerde entre todos los Gobiernos de la región.

Además, cada año, en virtud de la resolución 700(XXXVI) del trigésimo sexto período de sesiones de la CEPAL, la Presidencia de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, con el apoyo de la Secretaría, informará al Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible acerca de los avances en la implementación de la Estrategia de Montevideo. Estos informes contribuirán al proceso mundial en el marco del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible y el Foro del Consejo Económico y Social sobre el Seguimiento de la Financiación para el Desarrollo.

Dicho informe también será parte de la contribución de América Latina y el Caribe a los períodos de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas y las sesiones especiales de consulta regional previa organizadas por la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), como aporte de la región al debate mundial sobre la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres, y el seguimiento de los ODS.

La CEPAL tiene el mandato de convocar, con carácter permanente y regular, en períodos no superiores a los tres años, una Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (Plan de Acción Regional para la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina, 1977, párr. 88, 1). Por lo tanto, de aquí a 2030, se espera que se lleven a cabo cuatro Conferencias Regionales sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (2019, 2022, 2025 y 2028), una cada tres años. En cada una de estas reuniones se realizará un informe con un seguimiento evaluativo sobre la ejecución de la Estrategia de Montevideo y los avances en el cumplimiento de las metas de igualdad de género y autonomía de las mujeres de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda Regional de Género.

El seguimiento de la Estrategia de Montevideo hasta 2030 tiene por objeto monitorear los esfuerzos de los Estados para la plena y efectiva implementación de la Agenda Regional de Género y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a fin de garantizar los derechos humanos y la autonomía de las mujeres y transitar hacia patrones de desarrollo más igualitarios y sostenibles.

[1] LC/G.2682.

Anexo 1

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Índice

Introducción

A. La Agenda Regional de Género y su sinergia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

B. Estrategia de Montevideo: una apuesta política para alcanzar la igualdad de género en la región de aquí a 2030

C. Estrategia de Montevideo: ejes para la implementación de la Agenda Regional de Género en el marco del desarrollo sostenible hacia 2030

D. Seguimiento de la Estrategia de Montevideo en el horizonte 2030