Portadilla

Créditos

Alicia Bárcena

Secretaria Ejecutiva

Antonio Prado

Secretario Ejecutivo Adjunto

Luis Fidel Yáñez

Oficial a Cargo de la Secretaría de la Comisión

Ricardo Pérez

Director de la División de Publicaciones y Servicios Web

Este documento fue coordinado por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con la colaboración de Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL, Luis Yáñez, Oficial a Cargo de la Oficina del Secretario de la Comisión, Mario Cimoli, Director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial y Pascual Gerstenfeld, Director de la División de Estadísticas.

El grupo de redacción fue coordinado por Gabriel Porcile, Oficial de Asuntos Económicos de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con el apoyo de Enrique Oviedo, Oficial de Asuntos Políticos de la Oficina del Secretario de la Comisión, y Daniel Taccari, Estadístico de la División de Estadísticas de la CEPAL. En la redacción y los procesamientos estadísticos colaboraron María Ortiz, Romain Zivy, Vianka Aliaga y Guido Camú, de la Oficina de la Secretaria Ejecutiva; Pauline Stockins, de la División de Estadísticas; Laís Abramo, Simone Cecchini y Rodrigo Martínez, de la División de Desarrollo Social; Joseluis Samaniego, Luiz Krieger, David Barrio y Luis Miguel Galindo, de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos; María Nieves Rico, Pamela Villalobos, Lucía Scuro, Nicole Bidegain Ponte e Iliana Vaca Trigo, de la División de Asuntos de Género; Alejandro Bustamante y Paulina Pizarro, del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES); Paulo Saad, Fabiana del Popolo y Leandro Reboiras, del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL; Pablo Yanes, de la sede subregional de la CEPAL en México, y Diane Quarless y Abdullahi Abdulkadri de la sede subregional de la CEPAL para el Caribe.

Se agradecen especialmente los aportes sustantivos recibidos de los organismos, fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas en la región, que fueron fundamentales para la elaboración del documento.

Publicación de las Naciones Unidas

LC/L.4268(FDS.1/3)/Rev.1

Distr.: General

Original: Español

Copyright © Naciones Unidas, 2017

Todos los derechos reservados

Impreso en Naciones Unidas, Santiago

S.17-00475

Esta publicación debe citarse como: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe (LC/L.4268(FDS.1/3)/Rev.1), Santiago, 2017.

La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), División de Publicaciones y Servicios Web, publicaciones@cepal.org. Los Estados Miembros de las Naciones Unidas y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Solo se les solicita que mencionen la fuente e informen a la CEPAL de tal reproducción.

Contenidos

Portadilla

Créditos

Contenidos

Prólogo

Capítulo I

Capítulo II

Capítulo III

Anexo III.A1

Prólogo

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, representan el consenso de gobiernos y actores diversos en pos de una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental. Se trata de una agenda civilizatoria con un enfoque universal, indivisible y basado en derechos que propone “que nadie se quede atrás” y requiere la participación de todos los sectores de la sociedad para su implementación. Esta agenda transformadora es capaz de tornar compatibles, por un lado, las políticas nacionales en favor de la igualdad y el crecimiento inclusivo con trabajo decente y, por otro lado, la expansión del comercio internacional, la lucha contra el cambio climático y la prevención de conflictos.

Un sistema multilateral abierto y sólido es fundamental para respaldar esta nueva visión del desarrollo sostenible, pero una economía mundial con marcadas heterogeneidades (tecnológicas, productivas e institucionales) tiende a generar desequilibrios, polarización y tensiones, tanto entre los países como dentro de ellos.

Como la acumulación de poder económico está asociada a la acumulación de poder político, es muy difícil que los sectores perdedores en la globalización sean compensados por los ganadores. La resistencia de los ganadores termina por poner en jaque al comercio y la cooperación. Más aún, el sistema de precios es incapaz de captar las externalidades asociadas al medio ambiente, al punto que el cambio climático ha sido llamado “la mayor falla de mercado de todos los tiempos”. Por todos esos motivos, la cooperación internacional y los mecanismos de gobernanza son necesarios para prevenir conflictos, reducir desigualdades y mantener el compromiso de los actores con un sistema internacional abierto.

Desde los años noventa la economía política internacional se ha conducido en los marcos de la hiperglobalización. Las polarizaciones que ha generado son responsables de la creciente fragmentación y conflictividad del sistema internacional. El desafío es entonces recuperar la agenda de cooperación multilateral que quedó en el limbo entre la hiperglobalización y el unilateralismo emergente. La Agenda 2030 propone expandir el comercio y corregir sus desequilibrios evitando el ajuste recesivo en las economías deficitarias; llama a una mejor gobernanza de las finanzas internacionales para evitar crisis como la de 2008 y burbujas especulativas en los mercados monetario, inmobiliario y de materias primas; invita a expandir las políticas sociales y avanzar hacia un estado de bienestar sin erosionar las bases tributarias, la competitividad y la inversión en los países que adoptan estándares más elevados de protección del trabajo y combate de la desigualdad, y llama a controlar y penalizar las externalidades ambientales y el uso predatorio de los recursos naturales.

La respuesta ante el riesgo de quiebra del sistema multilateral no puede ser regresar al statu quo anterior del sistema internacional, que generó los problemas actuales, sino recuperar la cooperación multilateral y la integración regional como herramientas del desarrollo, tal como se propone en la Agenda 2030. A nivel regional, América Latina y el Caribe debe ser capaz de revigorizar la integración regional, hoy fragmentada y debilitada, para usarla como instrumento de diversificación productiva y construcción de capacidades. A nivel nacional, se requiere una nueva generación de políticas sociales, de educación y de desarrollo productivo que inserten a la región en la nueva revolución tecnológica, en la que convergen la innovación, la inclusión social y la protección del medio ambiente.

Un sistema multilateral abierto no es el fruto espontáneo de la desregulación y la liberalización comercial y financiera en un contexto de alta heterogeneidad. Nunca lo fue. Para construir este sistema y mantenerlo es necesario un conjunto de reglas que tenga en su centro la reducción de asimetrías y el ataque a los problemas del desarrollo y del rezago tecnológico. La Agenda 2030 proporciona la hoja de ruta para construir ese sistema. Sus 17 Objetivos y 169 metas son la manifestación de la ambición y seriedad de esta Agenda, que en su cumplimiento se compromete a “que nadie se quede atrás”. Para la implementación de esta agenda es preciso conjugar de manera integral las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental.

En mayo de 2016, durante la celebración del trigésimo sexto período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que tuvo lugar en Ciudad de México, los Estados miembros de la CEPAL aprobaron la resolución 700(XXXVI), por la que se creó el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible como mecanismo regional para el seguimiento y examen de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas, sus medios de implementación y la Agenda de Acción de Addis Abeba. Posteriormente, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas hizo suya la creación del Foro en la resolución 2016/12.

La respuesta regional al nuevo desafío, el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, está dirigido por los Estados y abierto a la participación de los países de América Latina y el Caribe. Se convoca bajo los auspicios de la CEPAL y se guía por los principios establecidos para todos los procesos de seguimiento y examen por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se alienta a la participación de los Estados, el sector privado y la sociedad civil, y también de los órganos subsidiarios de la CEPAL, bancos de desarrollo, otros organismos de las Naciones Unidas y bloques de integración regional. El Foro busca proporcionar útiles oportunidades de aprendizaje entre pares, por medios como exámenes voluntarios, el intercambio de buenas prácticas y la discusión de metas comunes.

Este informe es una contribución a los esfuerzos de los Gobiernos y múltiples actores de la región para la implementación, seguimiento y evaluación de sus políticas y estrategias en favor de la Agenda 2030 y el logro de los ODS. Sabemos que no es posible, en un único documento, abordar la complejidad y variedad de los desafíos que dicho objetivo plantea. Por ese motivo, el informe se restringe a tres ámbitos: un diagnóstico de los avances logrados hasta el momento y de los desafíos por venir, una descripción de los mecanismos institucionales nacionales con que cuenta la región para la implementación de la Agenda 2030 y un análisis de los desafíos y oportunidades asociados a la construcción y medición de los indicadores de los ODS.

En el capítulo I se ofrece un breve diagnóstico en el que se describe el contexto global y regional en que los países de la región deberán avanzar hacia la consecución de los ODS en los próximos años. El contexto no es auspicioso, a la luz de un menor crecimiento de la región y la aún débil reanimación de la economía y del comercio internacional, lo que puede poner en riesgo ciertos avances recientes en materia social. A esto se suman amenazas e incertidumbres asociadas a un proteccionismo creciente en algunos países desarrollados.

La CEPAL argumenta que hoy más que nunca debe promoverse y ampliarse la cooperación internacional sobre bases multilaterales. La Agenda 2030 y los ODS son globales no solo en el sentido de que tienen un enfoque universal porque buscan incluir a todos los países, y de que muchos de los objetivos propuestos solo tienen sentido si se piensan a escala planetaria, como, por ejemplo, tomar medidas frente al cambio climático (Objetivo 13) y construir la paz, la justicia e instituciones sólidas (Objetivo 16). Lo son también porque los esfuerzos nacionales pueden verse potenciados o gravemente comprometidos en ausencia de la cooperación internacional.

Los capítulos siguientes abordan desafíos específicos para la implementación efectiva de la Agenda 2030 y los ODS. En primer lugar, la adopción de políticas requiere una base institucional intersectorial y en la que participen múltiples actores, así como capacidades técnicas que permitan su correcto diseño y evaluación.

En el capítulo II se describen y analizan los diferentes mecanismos institucionales y el conjunto de normas e instrumentos que los distintos países de la región se han dado para promover los ODS. Conocerlos e intercambiar experiencias de política y prácticas innovadoras al respecto puede ayudar a mejorar el diseño de dichos mecanismos y estimular la cooperación a nivel regional, nacional y subnacional. Para la elaboración de este capítulo fue fundamental la contribución del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Asimismo, los distintos fondos, programas y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas en América Latina y el Caribe hicieron llegar sus contribuciones, que se han incorporado en parte a este documento y que figuran íntegramente en el sitio web del Foro.

Si no se cuenta con sistemas nacionales de estadísticas fortalecidos para abordar la medición de indicadores de progreso o retroceso con metas específicas, no es posible saber si se avanza hacia el desarrollo sostenible y el cumplimiento de los ODS en la dirección y al ritmo adecuados. Frente a objetivos tan variados y ambiciosos, es necesaria una labor compleja de diseño, medición e interpretación de un número muy amplio de datos e indicadores. Esta es la materia del capítulo III del informe, en el que se ofrece a los países miembros una discusión detallada del proceso de formulación de los indicadores y se hace referencia a las bases de datos necesarias para producirlos de manera homogénea y comparable en la región.

Este informe, el primero de una serie que llegará hasta 2030, procura identificar el momento inicial y las bases sobre las cuales nos hemos puesto en marcha. Es un documento que, en esta versión inicial, constituye una contribución a los debates del Foro y se verá enriquecido con las presentaciones y el intercambio de ideas que tendrán lugar en él. Tras la realización del Foro, se publicará la versión definitiva de este primer informe.

Alicia Bárcena

Secretaria Ejecutiva

Comisión Económica para América Latina

y el Caribe (CEPAL)

CAPÍTULO I

América Latina y el Caribe: los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el nuevo contexto internacional

Una coyuntura incierta

A. Agenda 2030 y multilateralismo: los instrumentos para corregir el rumbo de la globalización

B. América Latina y el Caribe y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: avances y asignaturas pendientes

C. Reflexiones finales: la tecnología, la diversificación, la reducción de las desigualdades y la integración económica son la clave para una nueva inserción de la región en el sistema internacional

Bibliografía

Una coyuntura incierta

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, representan un importante paso en la construcción de un nuevo y ambicioso consenso en la comunidad internacional. Hay una nueva percepción de la gravedad del cambio climático, de los problemas que atraviesa la economía mundial y de la urgencia de darles respuesta. Se entiende, además, que dicha respuesta no puede ser aislada, unilateral o restringida a un pequeño grupo de países. Implementar la Agenda 2030 y avanzar hacia el logro de los ODS exige la acción concertada de la comunidad internacional. Los propios principios que orientan los ODS recogen esta visión global, al enfatizar que nadie debe quedarse atrás y que se busca la prosperidad compartida y la protección del planeta para las futuras generaciones, sin importar su credo, nacionalidad, raza o etnia. En el cuadro I.1 se presentan los 17 ODS:

Cuadro I.1

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectosa

Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos

los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Fuente: Resolución 70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas titulada “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.

a Reconociendo que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es el principal foro intergubernamental internacional para negociar la respuesta mundial al cambio climático.

Inicialmente hubo avances en la dirección de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En particular, los acuerdos logrados en el 21º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 21), ratificados por China y los Estados Unidos en septiembre de 2016, representaron un fortalecimiento de la cooperación multilateral. En otras áreas, como en el financiamiento para el desarrollo, se avanzó más lentamente. Si bien se sabía que el progreso no sería lineal ni estaría libre de dificultades, persistía el consenso en torno a la naturaleza global de los problemas y a la necesidad de buscar soluciones en forma cooperativa y multilateral. Dicho consenso ha perdido fuerza en los últimos meses, al tiempo que se ha elevado la incertidumbre.

En la sección A de este capítulo se demuestra que el debilitamiento de una agenda de cooperación multilateral encierra un grave riesgo para la economía mundial y disminuye la posibilidad de cumplir a cabalidad la Agenda 2030 y los ODS. La solución a estas dificultades debe necesariamente surgir de más —y no de menos— multilateralismo, cooperación internacional y bienes públicos globales para redefinir la gobernanza internacional. América Latina puede contribuir a este proceso. Para ello, deberá reconstruir sus mecanismos de integración económica y de acción conjunta con miras a apoyar el esfuerzo global desde la propia cooperación regional.

Se precisan nuevas reglas y prácticas para corregir el rumbo de la hiperglobalización de los últimos 20 años. Esta no solo ha tenido elevados costos sociales y económicos, sino que también ha dejado un legado político que podría comprometer la capacidad de acción de la comunidad internacional y, a la larga, la propia sostenibilidad del desarrollo y de la paz entre las naciones.

En el documento presentado por la CEPAL en su trigésimo sexto período de sesiones se argumenta que la globalización sin mecanismos de gobernanza adecuados genera desequilibrios que la hacen insostenible (CEPAL, 2016a). Los acontecimientos políticos recientes en distintas partes del mundo confirman esta visión y muestran los desequilibrios y tensiones que la ausencia de bienes públicos globales ha producido. La comunidad internacional se enfrenta hoy a un desafío similar al que el mundo enfrentó en los años treinta. Si bien es difícil prever cómo se comportará la economía mundial en los próximos años, es importante promover instancias de diálogo y cooperación multilateral que eviten que esta se dirija hacia un mercantilismo agresivo, que solo puede generar conflicto, inestabilidad y depresión económica.

A. Agenda 2030 y multilateralismo: los instrumentos para corregir el rumbo de la globalización

La economía mundial no se ha recuperado plenamente de la crisis financiera de 2008. Tanto la tasa de crecimiento del comercio como la del PIB se han mantenido en valores muy inferiores a los registrados en décadas pasadas, en particular en los 30 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial (véase el gráfico I.1).

La persistencia del endeudamiento en muchas empresas y gobiernos después de la crisis de 2008 es una barrera para la recuperación de la inversión y el crecimiento. Pero hay factores estructurales que ponen en peligro la expansión de la demanda efectiva y, muy particularmente, la de la inversión. El débil crecimiento del producto y del comercio no es exclusivamente un fenómeno posterior a la crisis de 2008, sino una tendencia de más largo plazo, que se observa desde finales de los años setenta, como se muestra en el gráfico I.1.

Los puntos que se enumeran a continuación se basan en el análisis de dos factores que explican la caída de las tasas de crecimiento y la débil recuperación de la economía internacional: los grandes desequilibrios que existen en el comercio y el efecto de la desigualdad sobre la demanda efectiva y el grado de utilización del acervo de capital.

Gráfico I.1

Variación del volumen de exportaciones de bienes y del PIB mundiales, 1951-2016

(En porcentajes)

Se ha debilitado el crecimiento del producto y del comercio internacional

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

1. La Agenda 2030 es necesaria para corregir el sesgo recesivo producido por persistentes desequilibrios comerciales

Los desequilibrios comerciales ponen freno al crecimiento en una economía internacional muy heterogénea, marcada por asimetrías tecnológicas entre empresas y países, respectivamente. Excepto en los casos en que un país se beneficia —muchas veces de forma solo temporal— de una abundante dotación de un recurso natural muy demandado (la llamada “lotería de los productos básicos”), lo que determina su tasa de crecimiento de largo plazo es su capacidad de innovar o de reducir la distancia con respecto a la frontera tecnológica. El país emisor de la moneda de reserva internacional puede escapar de la restricción externa pero, en general, no es posible mantener déficits persistentes en cuenta corriente como porcentaje del PIB por mucho tiempo. Las economías que enfrentan dichos déficits se ven obligadas a reducir su crecimiento para disminuir las importaciones y equilibrar el sector externo. El ajuste es aún más fuerte si en el período previo el país creció impulsado por el endeudamiento externo.

Esta respuesta recesiva no es la única posible. Si los países superavitarios elevaran sus importaciones y los deficitarios sus exportaciones, el rebalanceo del comercio se haría sin graves secuelas para el empleo y el crecimiento. Sin embargo, en la actual gobernanza de la hiperglobalización, el ajuste solo se exige a los países deficitarios no emisores de la moneda de reserva internacional. No hay ningún mecanismo que obligue a los países superavitarios a corregir su saldo favorable, que está al otro lado del desequilibrio. Este es el mecanismo implícito de ajuste de la hiperglobalización que imprime un sesgo recesivo a la economía internacional. En el gráfico I.2 se muestran los desequilibrios en cuenta corriente en distintos países y regiones del mundo entre 2008 y 2016. Los elevados valores que dichos desequilibrios alcanzaron durante la crisis de 2008 se redujeron posteriormente, pero esta reducción se hizo al elevado costo de una profunda crisis y una frágil recuperación posterior.

Gráfico I.2

Saldos en cuenta corriente, 2008-2016a

(En porcentajes del PIB mundial)

Los desequilibrios globales se han corregido a costa de la reducción del crecimiento

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe, 2016 (LC/G.2697-P), Santiago, 2016.

a Los datos de 2016 son proyecciones.

Esta tensión no puede ser aliviada por medio del escalamiento de medidas mercantilistas, en donde cada país busca unilateralmente lograr el objetivo imposible de que todos tengan un superávit comercial al mismo tiempo. La solución requiere más cooperación para elevar la demanda efectiva de los países superavitarios y permitir el “aterrizaje suave” de los deficitarios. Esta cooperación puede lograrse a través de la coordinación de las políticas fiscales (más expansivas en los superavitarios), políticas de ingreso (elevando los salarios en los superavitarios), políticas cambiarias (depreciando la moneda de los deficitarios)[1] y, en el caso de los países en desarrollo, por medio del apoyo a las políticas de diversificación productiva. Si se corrigiera de esa manera el sesgo recesivo en la economía mundial, se haría más viable avanzar hacia una prosperidad compartida, como se propone en la Agenda 2030 (y en el párrafo 88 de la Agenda de Acción de Addis Abeba).

Los estímulos fiscales deben tener como horizonte las inversiones en tecnologías limpias (véase el punto 5). El núcleo del movimiento expansivo en una respuesta keynesiana coordinada debe ser, necesariamente, la eficiencia energética y la reducción de las emisiones. De lo contrario, la recuperación de la economía mundial entraría directamente en conflicto con los objetivos de cuidado del equilibrio del planeta. De la misma manera, la expansión de las exportaciones desde los países en desarrollo debe hacerse mediante incentivos que promuevan su “descarbonización”.

Varios aspectos del nuevo escenario que se diseña recuerdan al de los años ochenta, como el elevado déficit comercial y la posibilidad de que los Estados Unidos adopten al mismo tiempo una política fiscal expansiva y una política monetaria contractiva. Sin embargo, en la década de 1980 el déficit estadounidense se corrigió gracias a mecanismos de coordinación macroeconómica internacional, sin un resurgimiento del proteccionismo comercial[2]. En cambio, ahora predominan anuncios unilaterales que pueden abrir espacio a una sucesión de respuestas mercantilistas. De esta forma, el mundo podría quedar en una situación más parecida a la de los años treinta que a la de los años ochenta: menos liquidez internacional, menos comercio y menos cooperación.

2. La Agenda 2030 es necesaria para reducir los altos niveles de inestabilidad e incertidumbre generados por la globalización financiera

Junto a las tendencias antes mencionadas de la producción y el comercio, el contexto internacional se ha caracterizado por la emergencia de un sector financiero cuyos volúmenes de transacción superan con creces los de la economía real. Este sector es liderado por instituciones financieras grandes y complejas (LCFI), que se caracterizan por un alto grado de interconectividad y concentración, y por una estructura de pasivos sesgada hacia el apalancamiento procíclico. Tiene, además, un importante componente con poca regulación, el sistema financiero paralelo (shadow banking system), lo que eleva la incertidumbre.

La mayor presencia e intervención del sector financiero en los distintos ámbitos de la actividad económica ha tornado más compleja la relación entre la actividad real y la financiera. El comportamiento de variables que se consideraban determinadas por factores reales se explica también por factores financieros, al punto que, en determinadas circunstancias, la esfera de lo financiero tiende a primar sobre la esfera de lo real. Esto forma parte de un proceso de financiarización, definido como la creciente importancia de los mercados financieros, las instituciones financieras y las élites financieras en el funcionamiento de las economías y sus instituciones de gobernanza, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Este proceso queda plasmado en la creciente diferencia entre el PIB mundial y los activos y derivados financieros, que ha aumentado de forma persistente en los últimos años (véase el gráfico I.3).

Las transformaciones del sector financiero tienen implicaciones importantes en la dinámica de la economía real, como se observa en el mercado de los productos básicos en la década de 2000. Estos pueden considerarse un activo financiero puesto que sus precios responden a cambios en las expectativas sobre las condiciones futuras más que al estado actual de la demanda y oferta (los “fundamentos”). Las fluctuaciones en los mercados de productos básicos tienen una gran repercusión en la región, ya que son un componente clave de las exportaciones y de los ingresos fiscales de algunas de las principales economías de América Latina.

La cooperación multilateral debe recuperar la capacidad de los gobiernos de actuar coordinadamente para estabilizar las finanzas globales y para regular y controlar sus efectos sobre las economías nacionales, evitando burbujas de precios de distintos tipos de activos, en especial de los alimentos y los activos inmobiliarios. Esta es una condición necesaria para avanzar en la Agenda 2030 y el logro de los ODS. No es posible sostener políticas a favor del pleno empleo y del trabajo decente (con sus implicaciones para el bienestar y la distribución del ingreso) sin políticas activas que fomenten la inclusión social y laboral y una arquitectura financiera internacional que dé estabilidad a los flujos de capital, los tipos de cambio o los precios de los productos básicos. De la misma forma, si el precio de la energía fósil registra una fuerte fluctuación, aumenta la incertidumbre inherente a la rentabilidad de la inversión en tecnologías limpias.

Gráfico I.3

Desacople entre las finanzas internacionales y la economía real, como diferencia entre el PIB nominal y los activos derivados financieros a nivel mundial, 1980-2014

(En billones de dólares)

El desacople de la esfera financiera de la esfera real

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible (LC/G.2660/Rev.1), Santiago, 2016.

3. La Agenda 2030 es necesaria para ampliar el estado de bienestar y proteger el mundo del trabajo

En los últimos diez años se ha mantenido un intenso debate acerca de por qué la desigualdad en los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) aumentó de manera sostenida desde principios de los años ochenta. El impacto de la incorporación de China —y su gigantesca oferta de trabajo— al comercio mundial, la globalización financiera, la dirección del progreso técnico —a favor de los trabajadores calificados— y el predominio de una ideología contraria a la protección social y laboral fueron señaladas como sus principales causantes[3]. La desigualdad, a su vez, reforzó el sesgo recesivo global al reducir el consumo y favorecer el endeudamiento de las familias. Ese endeudamiento fue un factor decisivo en la crisis de las hipotecas de alto riesgo (subprime), que se extendió posteriormente al resto del sistema financiero internacional.

Se plantea un dilema del prisionero en relación con el mercado de trabajo y las políticas sociales muy similar al que se observa en relación con la política fiscal. Los países son renuentes a recurrir unilateralmente a políticas fiscales keynesianas por temor a los desequilibrios externos. De la misma manera, los países son reacios a extender la protección social y fortalecer el poder de los trabajadores en las negociaciones salariales de forma unilateral por temor a elevar los costos y perder espacio en los mercados interno y externo. La ampliación del estado de bienestar requiere de la cooperación internacional para evitar la erosión de sus bases tributarias y el predominio de estrategias de competitividad espuria. El estado de bienestar conlleva mayores costos para las empresas ya que los gobiernos deben asumir gastos sociales que son financiados con tributos más elevados. El país se vuelve así menos atractivo para la inversión en un mundo en que el capital tiene muy alta movilidad y los países compiten por atraerlo. Dicha competencia lleva a la creciente degradación de los mercados de trabajo y a la erosión de la capacidad impositiva de los Estados. Como consecuencia, se produce un resultado final negativo que solo puede evitarse mediante la cooperación internacional, tanto a través de acuerdos tributarios como a través de estándares más elevados en cuanto a la calidad del empleo, los derechos en el trabajo y los sistemas de protección social (véase la meta 10.4 de los ODS). Ello debe ocurrir en paralelo con un mayor control de la evasión y elusión fiscal, como se discute en el documento sobre los medios de implementación de la Agenda 2030 (CEPAL, 2017b).

La igualdad es una condición necesaria para el crecimiento económico. Este es un tema en el que la CEPAL ha venido insistiendo a lo largo de toda su historia, y con más énfasis desde 2010 a partir del documento La hora de la igualdad (CEPAL, 2010). La igualdad genera incentivos y oportunidades que se traducen en más educación, progreso técnico y competitividad. Los trabajadores y empresarios de economías más igualitarias, dotadas de una amplia red de protección social, se sienten menos vulnerables, aceptan y se adaptan mejor a los inevitables vaivenes de una economía abierta. Una de las razones por las cuales la hiperglobalización generó respuestas proteccionistas fue la fuerte erosión de la igualdad y la protección social en las economías desarrolladas y en varias de las economías en desarrollo. Para avanzar hacia economías más abiertas es preciso avanzar hacia sociedades más igualitarias. Los desafíos del empleo, la educación y la inclusión se vuelven más complejos ante la revolución tecnológica. El avance de los robots y la inteligencia artificial redefine las capacidades que serán demandadas y el perfil de las actividades a realizar. Las actividades más sensibles a la automatización se encuentran en sectores como el turismo y el comercio minorista, así como en las actividades de las maquiladoras.

El punto anterior refuerza la idea de que hay sinergias entre los tres pilares del desarrollo sostenible: el cambio estructural progresivo y la plena incorporación a la revolución tecnológica no se lograrán si esta no se combina con inversión social, protección social y capacitación para los empleos generados por las nuevas tecnologías. Dicha inversión fomenta la inclusión y la difusión de progreso técnico, con sus impactos positivos sobre la productividad y el crecimiento. Eso requiere el fortalecimiento de la institucionalidad y de los procesos de negociación y diálogo social que favorezcan una mejor distribución de los resultados del crecimiento económico y de los aumentos de productividad.

4. La cooperación internacional es necesaria para relanzar la agenda del desarrollo, condición imprescindible para prevenir los conflictos migratorios y lograr una paz sostenible

En años recientes, diversos países han aumentado el flujo de refugiados o de inmigrantes que buscan una vida mejor para ellos y sus familias. Estos flujos provocan tensiones en los países receptores y han sido uno de los factores que explican el avance electoral de partidos políticos cuyas plataformas, en muchos casos, se apartan de las mejores tradiciones de tolerancia e inclusión de las sociedades democráticas. La emigración representa, además, una sangría de talento y capacidades para los países de origen de esos emigrantes. Se hace más difícil encarar las tareas del desarrollo en economías que pierden a sus jóvenes, en particular aquellos más educados.

Es necesaria una mayor cooperación internacional para mitigar el flujo migratorio, evitando así una presión insoportable sobre el estado de bienestar y los mercados de trabajo de muchas de las economías receptoras. Hay un gran desequilibrio entre las tasas de crecimiento de la población y entre los niveles de bienestar de los países en desarrollo y los desarrollados. Si en los primeros no se generan los empleos necesarios para retener a su población, la presión migratoria sobre Europa y los Estados Unidos, e incluso sobre algunas economías en desarrollo relativamente estables, irá en aumento. Responder con políticas proteccionistas y de reducción del comercio solamente agravará el problema. Cerrar los mercados y acentuar así las dificultades de las economías más pobres solo fortalecerá las fuerzas que impulsan la emigración.

El mundo debe corregir los desequilibrios comerciales y demográficos de una forma u otra. Si el ajuste se produce mediante la caída del crecimiento (sesgo recesivo), los trabajadores cesantes verán en la emigración la única vía hacia una vida mejor. Si el ajuste, en cambio, se produce mediante la cooperación internacional, con expansión del comercio y construcción de capacidades en las economías en desarrollo, habrá un aterrizaje suave, con reducción de la heterogeneidad tecnológica y productiva. Un sistema multilateral abierto al comercio, en que la difusión internacional de tecnología apoya la reducción de asimetrías productivas y tecnológicas, favorece la creación de empleos en los países menos desarrollados y ayuda a diluir las tensiones políticas y a prevenir los conflictos (véase el Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento económico, y específicamente la meta 8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios).

Los ODS representan una agenda imprescindible para la paz y la estabilidad mundial, no solo para la de los países en desarrollo. En la Agenda 2030 se pueden identificar cerca de 20 metas directamente relacionadas con la problemática migratoria. Asimismo, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), los ODS son una importante oportunidad para promover una mirada transversal de los temas migratorios en las políticas públicas, basadas en los tres pilares del desarrollo sostenible, con sentido de urgencia y perspectiva de largo plazo.

5. La Agenda 2030 es necesaria para cambiar los patrones de producción y consumo y dirigirlos hacia senderos de crecimiento sostenible

La mejor evidencia científica disponible confirma el enorme riesgo que representan los patrones actuales de producción y consumo para el equilibrio del planeta y las posibilidades de desarrollo de las futuras generaciones. Los efectos de la desaparición de especies, la destrucción de tierras y bosques, y la degradación de los bienes comunes (los océanos, los casquetes polares y la atmósfera) se sienten ya con intensidad. La no linealidad e irreversibilidad de los efectos del cambio climático potencian ese riesgo, al punto de que hay una elevada incertidumbre con respecto a qué niveles de contaminación y de emisión de gases de efecto invernadero marcarían el punto de no retorno en los desequilibrios ambientales.

El dilema del prisionero y los riesgos de un juego no cooperativo —ya elevados cuando se trata de la recuperación del crecimiento y la reducción de las desigualdades— se agravan aún más cuando se trata del equilibrio del planeta, un tema que, por su propia naturaleza, es global. Cada país tiene incentivos para contaminar y generar empleos para sus trabajadores pero espera que los demás países reduzcan sus emisiones. Ningún país acepta internalizar en sus costos de producción las externalidades negativas que genera la contaminación. No en vano Nicholas Stern definió el cambio climático como “la mayor falla de mercado de todos los tiempos”.

La CEPAL ha argumentado que el desafío ambiental es, al mismo tiempo, la mayor oportunidad de cambio estructural y de cooperación internacional para el desarrollo de todos los tiempos. La revolución tecnológica, la necesidad de una nueva generación de políticas públicas a favor de nuevas fuentes de energía, procesos productivos inteligentes e innovaciones ambientales —en suma, un “gran impulso ambiental”, como se señala más adelante— abren un horizonte de expansión y crecimiento que tiene como eje un sendero de crecimiento bajo en carbono.

Es preciso subrayar el vínculo existente entre tecnología, medio ambiente y desarrollo. Para resolver los problemas ambientales es necesario fortalecer las capacidades tecnológicas del país —invertir en educación, investigación y desarrollo e innovación en el diseño de productos y procesos—, conocer en profundidad la contaminación generada en cada uno de los puntos del ciclo del producto, y entender la dinámica y los factores de riesgo en el manejo de los recursos naturales, entre otros desafíos tecnológicos. El tema ambiental tiene un fuerte componente idiosincrático o específico según las condiciones de cada país, por lo que para su cuidado es necesario construir capacidades endógenas. Por lo mismo, los países en desarrollo no deben convertirse en simples importadores de tecnologías menos perjudiciales para el medio ambiente. Sin capacidades internas complementarias, esas tecnologías pierden efectividad. Además, esas importaciones podrían agravar los desequilibrios de la balanza de pagos y reducir la generación de empleos. Si esto ocurriera, los agentes económicos, los empresarios y los trabajadores ejercerían presiones para volver a los viejos senderos productivos (véase el Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento económico, y específicamente la meta 8.2 que requiere elevar la productividad por medio de la diversificación y modernización tecnológica).

En esta misma línea el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha identificado un conjunto de desafíos que deben enfrentarse de manera conjunta, entre ellos las tensiones que surgen entre el crecimiento económico, el desarrollo social y la preservación del medio ambiente, el crecimiento de la población urbana, el cambio climático, la seguridad alimentaria y la pérdida de ecosistemas y biodiversidad. Estas contradicciones se exploran más adelante, así como las posibles complementariedades entre las políticas a favor de los distintos ODS.

6. La agenda de los próximos años: recuperar la cooperación internacional y el multilateralismo con un nuevo y revigorizado papel de la integración regional latinoamericana

Cuando la Agenda 2030 se aprobó en septiembre de 2015, la comunidad internacional discutía mecanismos multilaterales que dieran apoyo a un nuevo patrón de crecimiento y corrigieran los desequilibrios de la hiperglobalización. La Agenda 2030 era en sí misma tanto una expresión de esos desequilibrios como una respuesta a ellos. Se proponía avanzar en la integración internacional en torno a bienes públicos globales que dieran estabilidad al comercio y a las finanzas, y promovieran un cambio en los patrones productivos hacia el crecimiento sostenible.

El esfuerzo de la comunidad internacional por corregir el rumbo de la globalización no era nuevo sino que ampliaba los esfuerzos realizados en los años noventa durante la llamada “década normativa” de las Naciones Unidas. Sin embargo, las preocupaciones de las Naciones Unidas en los años noventa no encontraron eco en las fuerzas que dominaban la realpolitik de la época. Se proclamó equivocadamente que “no había alternativa” —la llamada TINA (there is no alternative)— a la hiperglobalización y se desestimaron los esfuerzos de cooperación internacional por considerarse un factor de lentitud, ineficiencia y distorsiones.

Pero al mismo tiempo que se proclamaba la TINA, los sectores más afectados por la hiperglobalización buscaban otro camino. La respuesta fue una fuerte desconfianza frente al sistema internacional, precisamente porque el discurso dominante afirmaba que solo había una forma de integrarse al mundo. La polarización entre ganadores y perdedores en la globalización, sobre todo en los países desarrollados, puso en jaque dicha integración.

Así, a menos de dos años de la aprobación de la Agenda 2030 y los ODS, la dinámica de los desequilibrios ha generado respuestas políticas que dificultan la implementación de la Agenda. El mensaje de la CEPAL es que un eventual retorno al unilateralismo no corregirá los desequilibrios del estilo de desarrollo dominante. Tampoco lo hará la vuelta a la hiperglobalización de las décadas anteriores que los generaba. El desafío es recuperar la agenda de cooperación multilateral, que quedó abandonada a causa de la hiperglobalización y el emergente unilateralismo y que es la condición necesaria para estabilizar un sistema internacional abierto y menos asimétrico, compatible con los esfuerzos nacionales por avanzar hacia el pleno empleo y la igualdad.

Para que la región pueda participar con una voz relevante en el debate de los próximos años sobre bienes públicos globales deberá fortalecer sus propios mecanismos de cooperación e integración. Los proyectos de integración regional se han mostrado poco dinámicos en la última década. Esto se tradujo, como se observa en el gráfico I.4, en niveles de comercio intrarregional en América Latina y el Caribe mucho más bajos que en otras regiones del mundo. Sin negar la validez de los acuerdos de integración que hoy existen, el gráfico revela claramente su insuficiencia.

Gráfico I.4

América Latina y el Caribe: comercio intrarregional como porcentaje del comercio total, 2008-2015

América Latina y el Caribe muestra bajos niveles de comercio intrarregional en la comparación internacional

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).

En suma, la región debe reforzar su integración económica como mecanismo de defensa pero, sobre todo, como respuesta constructiva a favor de la gobernanza internacional sobre la base de la promoción del desarrollo.

Revigorizar los esfuerzos a favor de la integración regional puede además ayudar a reducir los impactos negativos de un mayor proteccionismo en la economía internacional. No debe olvidarse que las experiencias pioneras de integración se realizaron justamente en momentos en que las economías de la región se encontraban frente a un contexto internacional adverso. El primer esfuerzo por crear una zona de libre comercio entre la Argentina y el Brasil, que culminó en el acuerdo de libre comercio progresivo de 1939, se produjo ante el colapso del comercio en la Segunda Guerra Mundial, y las negociaciones que condujeron a la creación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) en 1960 se realizaron en medio de los graves problemas generados por la escasez de dólares de los años cincuenta. La experiencia del Mercado Común Centroamericano (MCCA) y la Comunidad del Caribe (CARICOM) apuntan en el mismo sentido, así como los ejemplos de concertación y cooperación política regional. Estos antecedentes indican que América Latina y el Caribe es capaz de responder positivamente aun en un contexto de desafíos complejos y gran incertidumbre.

B. América Latina y el Caribe y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: avances y asignaturas pendientes

A continuación se analizan algunos de los avances logrados por la región en el cumplimiento de los ODS y las dificultades que esta deberá enfrentar para seguir adelante. En primer lugar, se resume brevemente la coyuntura económica regional, que es un determinante clave de las posibilidades de combatir la pobreza y la desigualdad; en segundo lugar, se discuten las tendencias de los indicadores sociales, en particular una mejoría menos intensa que la observada en la década pasada; en tercer lugar, se destaca la persistencia de varias formas de discriminación, y, finalmente, se aborda la dimensión ambiental, uno de los ejes de la estrategia de transformación que la CEPAL denominó el “cambio estructural progresivo” (CEPAL, 2016a).

Las cuatro áreas mencionadas afectan a los ODS de forma transversal. Para dar una respuesta efectiva a todas ellas es preciso construir capacidades e instituciones destinadas a generar e implementar políticas, mediante una actuación mancomunada de los gobiernos nacionales y subnacionales, así como de otras instituciones regionales e internacionales, el conjunto de los organismos del sistema de las Naciones Unidas en América Latina y el Caribe, la sociedad civil, el sector privado y el sector académico. La participación de múltiples actores en la implementación de la Agenda 2030 es crucial para su pleno cumplimiento.

1. Una coyuntura económica desfavorable

América Latina y el Caribe enfrenta los desafíos planteados por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS en un contexto caracterizado por una tasa de crecimiento de largo plazo inferior a la de otras partes del mundo en desarrollo, producto de la debilidad de la inversión y de la vulnerabilidad externa persistente a lo largo del tiempo. La región no ha sido capaz de aprovechar los períodos de auge para diversificar su estructura. Esto ha condicionado su respuesta a los acontecimientos recientes: la débil recuperación de la economía mundial, la mayor volatilidad financiera, el menor crecimiento de China y la caída de los precios de los productos básicos. De hecho, desde 2010-2011, la mayoría de los países de la región ha experimentado una desaceleración de su ritmo de crecimiento económico, que ya tiene una duración de mediano plazo y que ha pasado a transformarse, en algunos países, en una contracción de facto. La desaceleración se nota en particular en la caída de los niveles de inversión.

La dinámica de la inversión es especialmente preocupante ya que no solo impacta la trayectoria de corto plazo, sino también la de largo plazo, a través de sus efectos sobre la productividad y el cambio estructural. La caída de la inversión en maquinaria y equipo tiene repercusiones muy fuertes sobre la productividad y la modernización tecnológica y, por lo tanto, sobre la competitividad internacional, especialmente en los segmentos no ligados a los recursos naturales. Esto significa que la región no está construyendo las capacidades e infraestructuras requeridas para cambiar el estilo de desarrollo. En el gráfico I.5 se muestra que América Latina y el Caribe nunca recuperaron los niveles de inversión en infraestructura de principios de la década de 1980 (con la consecuente erosión de su competitividad).

Los esfuerzos de inversión no solo disminuyen en el área de la infraestructura sino también en el de la innovación tecnológica. Los niveles muy bajos de inversión en investigación y desarrollo (I+D) y la brecha frente a otras economías en desarrollo son indicadores de debilidad en la construcción de capacidades propias en América Latina y el Caribe Al mismo tiempo, esto se traduce en una menor participación en el total de las patentes mundiales, lo que contrasta con el aumento de la participación de los países en desarrollo de Asia (véase el gráfico I.6).

Gráfico I.5

América Latina: inversión en infraestructura por sector, 1980-2013

La inversión pública en infraestructura no se recuperó de la década perdida

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible (LC/G.2660/ Rev.1), Santiago, 2016.

Gráfico I.6

Participación en el total mundial de patentes, 1990 y 2015

(En porcentajes)

La región queda rezagada en la carrera del siglo XXI

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Estadísticas [base de datos en línea] http://www.wipo.int/ipstats/en/

El rezago tecnológico compromete la diversificación hacia sectores y actividades más dinámicos en cuanto a tecnología y demanda, que es el principal determinante de la capacidad de la región de crear empleos de calidad. La bonanza de los productos básicos reforzó las ventajas comparativas estáticas; el “efecto China” fue muy fuerte en ese sentido, sobre todo en las economías de América del Sur con mayor dotación de recursos naturales. Enfrentar esta tendencia —llamada “reprimarización”— es prioritario para crear las bases económicas de la Agenda 2030.

El efecto combinado de estas diversas fuerzas es que la relación entre la productividad del trabajo en América Latina y el Caribe con respecto a la productividad del trabajo en los Estados Unidos, es decir la productividad relativa, ha venido decayendo persistentemente. Si la incorporación del progreso técnico y la productividad se rezagan, la competitividad internacional dependerá cada vez más de los recursos naturales o de salarios más bajos, lo que entra en contradicción directa con los objetivos de proteger dichos recursos y combatir la desigualdad.

Una dimensión clave para la Agenda 2030 es la generación de empleos productivos y de calidad asociados a las nuevas tecnologías. Los impactos de la revolución tecnológica sobre actividades que tienen considerable importancia en los países de la región —en algunos servicios como los centros de llamadas (call centers), el turismo, o en las actividades manufactureras como las maquilas— pueden ser enormes. Enfrentar esta situación exige ampliar la colaboración público-privada en infraestructura y la capacitación de las nuevas generaciones en las tecnologías del futuro. El rezago que hoy se observa en las patentes y en I+D puede provocar una destrucción de puestos de trabajo en la región, lo que pondría en peligro el objetivo de avanzar hacia el empleo pleno empleo.

2. Estancamiento o retroceso en los indicadores sociales

En el cuadro I.2 se resume el pilar social de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y las principales metas con las que se relaciona, de forma explícita o implícita, en la medida que las metas en otras áreas tienen también impactos sociales muy fuertes. El pilar social no se refiere solamente a los diez ODS con sentido y metas sociales explícitas: 1. Fin de la pobreza, 2. Hambre cero, 3. Salud y bienestar, 4. Educación de calidad, 5. Igualdad de género, 6. Agua limpia y saneamiento, 8. Trabajo decente y crecimiento económico, 10. Reducción de las desigualdades, 11. Ciudades y comunidades sostenibles y 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. En los otros siete ODS, también lo social tiene un rol central. La integralidad entre las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible expresada en la Agenda 2030 significa que el desarrollo económico y ambiental no es sostenible sin el desarrollo social. Las políticas sociales son centrales tanto para contrarrestar los posibles efectos negativos del crecimiento sobre el bienestar de la población, como para viabilizar y maximizar sus efectos positivos.

A diferencia de lo que ocurrió en los países de la OCDE, América Latina y el Caribe logró reducir la desigualdad desde mediados de la década de 2000. Esto tuvo efectos positivos sobre la reducción de la pobreza y la indigencia, como se muestra en el gráfico I.7.

En el gráfico I.7 también se observa que la tendencia favorable se ha estancado en los últimos años e incluso se prevé que se invierta, lo que compromete el logro del Objetivo 1. Fin de la Pobreza, y específicamente la meta 1.2[4]. A medida que la expansión asociada a la bonanza de los productos básicos perdía impulso, se frenaba también la mejoría de los indicadores sociales. Actualmente, el 28% de la población de la región —168 millones de personas— vive aún en condiciones de pobreza (CEPAL, 2016b). Por otra parte, como señala la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Agenda 2030 plantea grandes desafíos para el sector agrícola, donde serán necesarios nuevos enfoques para fortalecer su papel en la seguridad alimentaria y nutricional. Se calcula que, para poder alimentar a toda la población, la producción agrícola tendrá que aumentar de aquí a 2050 entre un 60% y un 100 % en los países en desarrollo. A esto se refiere la meta 2.4 de los ODS, donde se destaca la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos.

Cuadro I.2

El pilar social de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Gráfico I.7

América Latina (19 países): evolución de la pobreza y la indigencia, 1980-2015a

(En porcentajes y millones de personas)

Pobreza e indigencia en América Latina: ¿el fin de un ciclo?

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de América Latina 2015 (LC/G.2691-P), Santiago, 2016.

a No incluye Cuba. Los datos de 2015 son proyecciones.

Conviene recordar que América Latina y el Caribe fue la única región que alcanzó las metas relacionadas con el hambre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y las ambiciosas metas de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, al lograr reducir la subalimentación al 5,5%. El compromiso político a favor de la erradicación del hambre se plasmó en la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre 2025 y el Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC 2025. Hoy, este desafío se amplía aún más con la transición nutricional y el objetivo de erradicar todas las formas de malnutrición, inclusive el sobrepeso y la obesidad. La malnutrición en sus distintas formas no solo deteriora la calidad de vida de las personas afectadas, sino que también limita su capacidad de trabajo y productividad, y genera elevados costos para los sistemas de salud (CEPAL/PMA, 2017).

El aumento del desempleo en los últimos años, después de un período (2002-2014) en que experimentó una importante reducción asociada a una tendencia de aumento de la formalización del trabajo, es otro indicador que confirma la creciente dificultad para la mejoría de los indicadores sociales. Además, aumenta el empleo por cuenta propia frente al empleo asalariado, lo que sugiere un deterioro de la calidad de las ocupaciones. El empleo por cuenta propia generalmente aporta ingresos más bajos y menor protección, y representa una estrategia de sobrevivencia ante una coyuntura adversa.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), América Latina y el Caribe debería crear unos 70 millones de nuevos empleos de aquí a 2030 solo para absorber la población que se incorpora al mercado laboral (unos 5 millones por año). Al mismo tiempo, existen 134 millones de trabajadores en el sector informal en una situación de elevada vulnerabilidad. A la precariedad de los empleos se suma una tasa de desempleo que alcanzó el 8,1% en 2016, porcentaje superior al observado en la gran crisis internacional de 2008-2009 (OIT, 2016) (véase la meta 8.8 de los ODS).

Es necesario tomar en cuenta que la región vive una nueva dinámica demográfica asociada al envejecimiento y la urbanización de la población latinoamericana[5]. Los países deberían aprovechar la etapa del bono demográfico, que favorece la inversión, para fortalecer la educación y la salud, particularmente de los niños, los adolescentes, los jóvenes y las mujeres, lo que establecería sinergias con la lucha contra la desigualdad. Las capacidades para insertarse en el mercado laboral de quienes están ahora en edad de trabajar fueron, en gran medida, el resultado de la inversión en educación realizada en el pasado (CELADE, 2014).

La CEPAL ha enfatizado que no solo en lo social se juega lo social, ya que el manejo macroeconómico y las políticas industriales son cruciales para resolver los problemas sociales, además de ser la causa de muchos de ellos (un ejemplo clásico son los efectos de la inflación sobre la pobreza). Sin embargo, tampoco la productividad y el cambio estructural se juegan solo en el campo económico (CEPAL, 2016c). El desarrollo social es una inversión con réditos positivos para el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente. Invertir en desarrollo e inclusión social (educación, nutrición, salud, protección social, formación y desarrollo de capacidades para el trabajo, entre otros) aumenta la productividad de los trabajadores, posibilita un mayor conocimiento y cuidado del medio ambiente y la resiliencia de la población ante los desastres naturales; a la inversa, no hacerlo limita las posibilidades de inversión productiva y aumenta los costos de producción, como lo han evidenciado los estudios acerca del costo de la doble carga de la malnutrición, del hambre y del analfabetismo.

3. Persistencia de la desigualdad y la discriminación

Para poner fin a la pobreza en todas sus formas y que nadie se quede atrás se precisa un esfuerzo decidido de los países de la región por cautelar los avances sociales del período reciente y ampliarlos. Para eso, es necesario identificar los ejes estructurantes de la matriz de la desigualdad social que caracteriza a la región, además de las desigualdades de ingreso, las desigualdades de género, las desigualdades étnico-raciales, las desigualdades territoriales y aquellas relacionadas con el ciclo de vida. Esos distintos ejes se entrecruzan, potenciando las brechas y la conculcación de derechos de determinados segmentos de la población. Atendiendo al carácter universalista del enfoque de derechos que orienta la Agenda 2030, es necesario reconocer estos patrones y sus interacciones para dar cuenta del objetivo de que nadie se quede atrás (CEPAL, 2016d).

Los niveles de pobreza y extrema pobreza, así como la vulnerabilidad a ambas situaciones, son mucho más elevados entre las poblaciones indígenas y afrodescendientes, que están sobrerrepresentadas en los quintiles inferiores de la distribución del ingreso (CEPAL, 2014 y 2016d). La población afrodescendiente tiene menos años de educación en promedio que la población no afrodescendiente (véase el gráfico I.8), lo que amplía las diferencias salariales entre los dos grupos. Además, a pesar de contar con un mayor nivel de escolaridad en ambos grupos, las mujeres perciben salarios más bajos. La brecha salarial, además de ser discriminatoria, no recompensa los años de estudio de las mujeres ni la inversión pública y privada realizada para concretar esa educación (CEPAL, 2016e).

Gráfico I.8

América Latina (promedio simple de cuatro países): promedio mensual de ingresos del trabajo y promedio de escolaridad de la población ocupada afrodescendiente y no afrodescendiente ni indígena, 2014a

Desigualdades de género y raza en el mercado laboral

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), La matriz de la desigualdad social en América Latina (LC/G.2690(MDS.1/2)), Santiago, 2016.

a Incluye las encuestas de los países que permiten distinguir a la población afrodescendiente: Brasil, Ecuador, Perú y Uruguay.

Los avances registrados en la última década en el combate a la pobreza y la indigencia se han distribuido de forma desigual entre hombres y mujeres[6]. Si se analizan los niveles de pobreza según sexo en la franja etaria de 20 a 59 años, se constata que, en promedio, la caída de la pobreza en los países de América Latina es menor entre las mujeres. El índice de feminidad de los hogares pobres subió algo más de 11 puntos, pasando de 107,1 en 2002 a 118,2 en 2014. Esto significa que, en 2014, por cada 100 hombres de la subregión que vivían en hogares pobres, había 118 mujeres en esa situación[7]. Además, una de cada tres mujeres mayores de 15 años en América Latina no contaba con ingresos propios, mientras que esto solo ocurría con uno de cada diez hombres (véase Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe)[8]. Las brechas que separan lo urbano y lo rural son también significativas. Las trabajadoras agrícolas familiares no remuneradas conforman la mayor parte del 40% de mujeres del ámbito rural de América Latina que no tienen ingresos propios, mientras que el porcentaje de hombres sin ingresos propios en ese mismo ámbito es del 11% (CEPAL, 2016e). Esta situación contradice la meta 8.5 de los ODS “De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor”.

En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se indica que:

“La consecución de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas contribuirá decisivamente al progreso respecto de todos los Objetivos y metas. No es posible realizar todo el potencial humano y alcanzar el desarrollo sostenible si se sigue negando a la mitad de la humanidad el pleno disfrute de sus derechos humanos y sus oportunidades. (…) La incorporación sistemática de una perspectiva de género en la implementación de la Agenda es crucial” (Naciones Unidas, 2015b).

La Agenda 2030 incluye un Objetivo específico para lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas (ODS 5), así como compromisos transversales en los demás Objetivos. La CEPAL ha agrupado las metas de los ODS en distintos grupos según una perspectiva transversal de género, como se muestra en el cuadro I.3.

Cuadro I.3

Propuesta de transversalización de la igualdad de género en los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible (LC/G.2686/Rev.1), Santiago, 2016.

A partir del lenguaje acordado en los ODS, la propuesta analiza la pertinencia de las metas para alcanzar la igualdad de género en América Latina y el Caribe. Ello permite avanzar en la comprensión de las interrelaciones entre las metas y potenciar sinergias positivas para el logro de los objetivos, evitando que se amplíen las brechas de desigualdad (Bidegain, 2017). En el cuadro I.3 las metas de cada ODS se clasifican en cuatro grupos:

El color naranjo muestra las metas explícitamente orientadas hacia la igualdad de género o los derechos de las mujeres así como las de alcance universal. El lenguaje usado alude a “las mujeres”, “las niñas”, “para todas las mujeres y los hombres”, “para todos”, “acceso igualitario” o “acceso universal”.

El color celeste muestra las metas que, de manera implícita, apuntan hacia la igualdad de género o los derechos de las mujeres. Si bien en su formulación no nombran a las mujeres y las niñas, son fundamentales para alcanzar la igualdad de género en la región. Por ejemplo, se refieren a “personas en situaciones de vulnerabilidad” o personas en “pequeñas y medianas empresas”, o plantean medidas para eliminar “leyes, políticas y prácticas discriminatorias”. Además, en algunos casos, los indicadores de estas medidas incluyen información desagregada por sexo.

El color verde muestra las metas que crean las condiciones estructurales necesarias —aunque no suficientes— para avanzar hacia la igualdad de género y los derechos de las mujeres y transitar hacia estilos de desarrollo sostenibles. Son metas que deben implementarse desde un enfoque de igualdad de género y derechos con miras a reducir la desigualdad en vez de perpetuarla, por ejemplo, las relacionadas con la gobernanza económica mundial, los flujos financieros y comerciales y la tecnología.

El color amarillo muestra las metas relacionadas con la igualdad de género y los derechos de las mujeres de forma indirecta o intermediada por otras variables.

La Agenda Regional de Género —acordada a lo largo de 40 años desde la Primera Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe— complementa los ODS según las prioridades regionales y busca, entre otros objetivos, promover el cuidado como un derecho, construir democracias paritarias y avanzar hacia economías que den cuenta del trabajo no remunerado. Dicha Agenda es la guía de los países de la región para alcanzar el desarrollo sostenible desde la perspectiva de la igualdad de género, los derechos humanos y la autonomía de las mujeres. Avanzando desde los compromisos a la acción pública, la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030 (CEPAL, 2017a) es el instrumento que fortalece los medios de implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a fin de eliminar la discriminación contra las mujeres, evitar retrocesos y avanzar hacia la igualdad sustantiva.

Asimismo, el análisis de las sinergias de las políticas implica situar a la autonomía económica de las mujeres en un marco de cambio estructural progresivo y de aumento del espacio fiscal que permita obtener recursos suficientes y estables para políticas de igualdad (CEPAL, 2016e). En esta misma línea, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) sostiene que el aumento de la participación de las mujeres en las economías requiere de la articulación y coherencia entre las políticas económicas y sociales. Para ello, es necesario reorientar las políticas macroeconómicas de forma que atenúen el impacto de la desaceleración económica a corto plazo y creen condiciones propicias para la creación de empleo a largo plazo (más y mejores puestos de trabajo para las mujeres). Además se debe reconocer, reducir y redistribuir el trabajo doméstico y de cuidados, mantener la inversión en protección social, mejorar el acceso de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva, eliminar la violencia de género y avanzar hacia la paridad en la representación democrática de hombres y mujeres en su diversidad (ONU-Mujeres, 2015).

4. La dimensión ambiental como punto de convergencia del cambio estructural y la revolución tecnológica

Al igual que las dimensiones social y económica, la dimensión ambiental es transversal a todos los ODS y está explícita o implícitamente incorporada en cada uno de ellos. En el cuadro I.4 se resumen algunas de las metas e indicadores ambientales definidos de manera explícita.

También hay metas ambientales explícitas en el Objetivo 13. Acción por el clima y el Objetivo 15. Vida de ecosistemas terrestres.

La dimensión ambiental debe orientar los esfuerzos por elevar la inversión y fortalecer las capacidades tecnológicas en los países en desarrollo con el objetivo de desacoplar el crecimiento del producto de la emisión de gases de efecto invernadero y otros contaminantes. La propuesta de la CEPAL (2016a) —el cambio estructural progresivo, definido como una transformación de la estructura productiva hacia sectores más intensivos en tecnología, con mayor dinamismo de demanda y menor impacto ambiental— apunta en ese sentido. El movimiento hacia un nuevo sistema productivo requiere un paquete de inversiones en varias áreas que deben realizarse coordinadamente. Este “gran impulso ambiental”, en la mejor tradición de lo que se ha denominado la alta teoría del desarrollo, supone un salto cualitativo en términos de empleo, diversificación y crecimiento en un sendero bajo en carbono a partir de ese conjunto articulado de inversiones.

Cuadro I.4

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas ambientales explícitas

Objetivos

Metas

Indicadores

ODS 1

1.5

De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres económicos, sociales y ambientales

1.5.3

Número de países que cuentan con estrategias de reducción del riesgo

de desastres a nivel nacional y local

ODS 2

2.4

De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo

2.4.1

Proporción de la superficie agrícola en que se practica una agricultura productiva y sostenible

ODS 3

3.9

De aquí a 2030, reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades causadas por productos químicos peligrosos y por la polución y contaminación del aire, el agua y el suelo

3.9.1

Tasa de mortalidad atribuida a la contaminación de los hogares y del aire ambiente

ODS 9

9.4

De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas

9.4.1

Emisiones de CO_2 por unidad de valor añadido

ODS 14

14.4

De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y las prácticas pesqueras destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones de peces en el plazo más breve posible, al menos alcanzando niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible de acuerdo con sus características biológicas

14.4.1

Proporción de poblaciones de peces que están dentro de niveles biológicamente sostenibles

ODS 14

14.5

De aquí a 2020, conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas, de conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la mejor información científica disponible

14.5.1

Cobertura de las zonas protegidas en relación con las zonas marinas

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Informe del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nota del Secretario General (E/CN.3/2016/2/Rev.1), Nueva York, 2016.

Para evitar el aumento de la temperatura del planeta a un nivel superior a los 2 ºC es necesario reducir las emisiones globales de aproximadamente 60 gigatoneladas de CO_2 (proyectadas para 2030) a 20 gigatoneladas de CO_2 en 2050 (PNUMA, 2015). Para alcanzar ese objetivo —con la desigual distribución del ingreso que existe en América Latina y el Caribe, donde los sectores de mayores ingresos contribuyen de manera desproporcionada a las emisiones— se requiere de una considerable mejora en el alcance y la calidad de los servicios públicos urbanos (como el transporte masivo, la infraestructura para el manejo de residuos y la iluminación pública), una mayor penetración y diversificación de las energías renovables y medidas de preservación en la agricultura y la cubierta forestal (véase la meta 7.2 de los ODS).

El cambio en la matriz energética es un componente fundamental del cambio del estilo de desarrollo. En 2015 la matriz energética de América Latina y el Caribe contaba con aproximadamente un 24,1% de fuentes renovables de acuerdo con la información del Sistema de Información Económica Energética (SIEE) de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) (véase el gráfico I.9). En las últimas dos décadas la oferta de energía renovable ha disminuido en toda la región, lo que hace más urgente nuevas inversiones para invertir esa tendencia. Al mismo tiempo, la disminución de la intensidad energética del proceso productivo sigue siendo una asignatura pendiente ya que los cambios en los últimos años han sido marginales.

Gráfico I.9

América Latina y el Caribe: proporción renovable de la matriz energéticaa, 1990-2015

(En porcentajes sobre la oferta total de energía)

Es necesario aumentar la participación de la energía renovable

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), Sistema de Información Económica Energética (SIEE), 2016.

a Incluye la oferta de las siguientes fuentes energéticas: geotermia, hidroenergía, leña cuyo uso es considerado sostenible, productos de caña y otras fuentes renovables (como la energía solar y eólica).

De acuerdo con la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA, 2016), las inversiones anuales mundiales en generación de energías renovables aumentaron de 50.000 millones de dólares en 2004 a 360.000 millones en 2015. El 85% de esas inversiones se dirigieron a los países del Grupo de los 20 (G20). Las proyecciones para 2020 (IRENA, 2015) indican que la región recibiría el 6% de esas inversiones, lo que resultaría insuficiente para transformar el patrón energético en la medida requerida para el desarrollo sostenible.

Al mismo tiempo, América Latina y el Caribe tiene pendiente otro desafío ambiental: frenar la degradación del medio biofísico. Para lograrlo, y para adaptarse a cambios que ya son inevitables, es necesario un gran esfuerzo. Los fenómenos climáticos extremos han aumentado en la región. Además de generar riesgos para la vida y el bienestar de las personas, estos fenómenos afectan directamente a la economía, la infraestructura y el desarrollo social. En el gráfico I.10 se observa que el número de eventos extremos relacionados con el cambio climático ha crecido de manera sostenida desde la segunda mitad del siglo XX. Esta tendencia resalta la necesidad de políticas y medidas de adaptación al cambio climático, gestión de riesgos y financiamiento climático urbano a diversas escalas (internacional, nacional y subnacional).

La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) ha indicado que, según el último informe estadístico sobre pérdidas y daños en 24 países del continente americano, entre 1990 y 2013 se produjeron cerca de 100.000 desastres, de los que casi el 50% tuvieron lugar en comunidades y ciudades pequeñas. Dichos desastres causaron casi 43.000 víctimas mortales, destruyeron 13 millones de viviendas y afectaron a 6 millones de personas en ese período. El impacto de los desastres es tan profundo que en algunos países de Centroamérica el número de afectados acumulado entre 1990 y 2013 supera la población total del país.

Gráfico I.10

América Latina y el Caribe: número de eventos extremos relacionados al cambio climáticoa, 1961-2015

Aumentan los eventos extremos relacionados con el cambio climático

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Centro para la Investigación de la Epidemiología de los Desastres (CRED), “EM-DAT: International Disaster Database”, Bruselas [en línea] http://www.emdat.be/.

a Incluye sequías, temperaturas extremas, inundaciones, deslizamientos, tormentas e incendios.

En la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, celebrada en Sendái (Japón) del 14 al 18 de marzo de 2015, los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. Antes de la aprobación de este Marco, los Estados ya habían manifestado su compromiso con la reducción del riesgo de desastres y la resiliencia[9] en el párrafo 186 de la resolución 66/288 de la Asamblea General: “Pedimos que se aborde la reducción del riesgo de desastres y el aumento de la resiliencia ante los desastres con un renovado sentido de urgencia en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, y, según proceda, se integren en las políticas, los planes, programas y presupuestos a todos los niveles y se tengan en cuenta en los futuros marcos pertinentes”. Este carácter de urgencia ha quedado también reflejado en la meta 1.5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: “De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres económicos, sociales y ambientales”.

Se estima que el área agrícola desertificada alcanzará el 50% en 2050 en América Latina y el Caribe (FIDA, 2010). En el caso de las áreas costeras y marinas —esenciales para la protección de costas—, el Convenio sobre la Diversidad Biológica ha definido la meta de proteger el 10% de esas áreas hacia 2020 (meta 11 de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica). Mientras tanto, en América Latina y el Caribe poco más del 3% de esas áreas están protegidas (véase el gráfico I.11).

Gráfico I.11

Áreas protegidas costeras y marinas, 2000-2014

(En porcentajes del total)

Menor protección de las costas en América Latina y el Caribe en comparación con el resto del mundo

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2016, Nueva York, 2016.

Cerca de dos tercios del consumo global de energía y más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero son atribuibles a las ciudades (ONU-Hábitat, 2016). Estas son, además, un lugar clave para potenciar la inclusión social y el dinamismo económico, como se ha enfatizado en la Nueva Agenda Urbana aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) que se celebró en Quito en octubre de 2016. América Latina y el Caribe, donde el 79,5% de la población vive en ciudades, es la región en desarrollo más urbanizada del planeta (Naciones Unidas, 2015c).

A diferencia del pasado, el desafío de las ciudades de la región ya no es responder a la rápida migración de las zonas rurales a las urbanas sino cerrar las brechas de desigualdad y enfrentar la degradación ambiental. La población total urbana sigue creciendo, principalmente por la dinámica demográfica de la población establecida en las áreas urbanas, lo que producirá un aumento de 92 millones personas en las ciudades de América Latina y el Caribe hasta 2030 (Naciones Unidas, 2015c). Dicha tendencia plantea un reto para la inversión en infraestructura y servicios, sobre todo en una región con altos niveles de segregación residencial socioeconómica.

Los patrones de movilidad asociados a la expansión urbana sin planificación y el aumento de la motorización privada constituyen una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero. El 38% de las emisiones urbanas de esos gases en la región proviene de la quema de combustibles fósiles para el transporte, mientras que el 17% proviene de la industria (ONU-Hábitat 2012). Aproximadamente el 94% del transporte urbano tiene como fuente de energía los derivados del petróleo[10].

Respecto a la emisión de material particulado menor que 2,5 micrones (MP2,5) —que puede alcanzar la corriente sanguínea— y que 10 micrones (MP_10) en las grandes ciudades de América Latina y el Caribe en 2014, solamente Montevideo presentó niveles de MP2,5 inferiores a los máximos recomendados. Como se observa en el gráfico I.12, todas las demás ciudades sobrepasaron los límites de MP2,5 y MP_10 establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016).

Gráfico I.12

América Latina y el Caribe (ciudades seleccionadas): concentración de material particulado MP2,5 y MP_10, 2014

(En microgramos por metro cúbico)

El aire que respiramos

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización Mundial de la Salud (OMS), WHO Global Urban Ambient Air Pollution Database (update 2016) [base de datos en línea] http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/cities/en/.

La interacción entre pobreza y contaminación es de gran importancia para la Agenda 2030 y los ODS. Si bien la contaminación afecta la calidad de vida de todos, los más perjudicados son aquellos que viven en condiciones de pobreza o pobreza extrema, ya que es más probable que vivan en zonas degradadas y vulnerables. Además, los escasos ingresos de estas personas les impiden acceder a bienes reciclables y de menor impacto ambiental en la producción, ya que estos suelen ser más caros. Adicionalmente, el acceso al agua potable, el manejo de residuos y la reducción de la contaminación del aire tienen impactos positivos sobre la salud familiar y, por tanto, sobre la reducción del tiempo que las mujeres deben dedicar al cuidado familiar. Asimismo, la sustitución de combustibles destinados al hogar por otros de menor carga contaminante también tiene un efecto positivo sobre las familias y, en particular, sobre las mujeres.

En suma, la estructura productiva de la región, en particular la de América del Sur, depende en gran medida de actividades extractivas con baja intensidad de empleo formal y muy alto impacto ambiental, tanto directo como en consumo energético. Por esa misma razón, es preocupante que, debido a la ralentización del crecimiento, pueda producirse una competencia fiscal perversa para atraer mayores inversiones en actividades extractivas con una consiguiente debilitación de los regímenes ambientales. La propuesta de la CEPAL es avanzar hacia un nuevo patrón energético y productivo mediante un conjunto coordinado de inversiones, en que converjan las dimensiones de empleo, tecnología y ambiente.

C. Reflexiones finales: la tecnología, la diversificación, la reducción de las desigualdades y la integración económica son la clave para una nueva inserción de la región en el sistema internacional

El sistema económico internacional deberá atravesar en los próximos años una fase de mayor incertidumbre e inestabilidad. En este contexto, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS se convierten en un desafío aún más complejo para la región y aún más urgente para prevenir conflictos e inestabilidad. Es difícil prever la evolución de variables clave en la toma de decisiones, como el tipo de cambio entre las principales monedas, el grado de apertura de la economía mundial, los flujos de inversión directa frente a la relocalización (reshoring), la implementación de regulaciones en el área ambiental y la estabilidad del sistema financiero en un momento en que varios analistas advierten sobre el riesgo de una nueva crisis global.

En este contexto, la respuesta de la región debe estar encaminada a disminuir su vulnerabilidad y evitar que se profundicen algunas de las tendencias negativas señaladas anteriormente. A continuación se presentan los ejes de esa respuesta. En el documento Financiamiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe: desafíos para la movilización de recursos (CEPAL, 2017b) pueden encontrarse más detalles sobre los medios de implementación.

1. Sin construir capacidades endógenas en las nuevas tecnologías, será imposible reducir las vulnerabilidades

Nada de lo que se haga en el frente externo reducirá la vulnerabilidad de la región si no se acompaña de un gran esfuerzo interno por reducir la brecha en las capacidades tecnológicas. Los ejes ambientales y de inclusión social deben articularse en torno a la incorporación, la adaptación y el desarrollo de innovaciones incrementales en las nuevas tecnologías. Los índices de la región en educación, I+D y patentes son incompatibles con el objetivo de generación de empleos de mayor calidad y productividad y creciente dinamismo económico.

Hay espacio para que América Latina y el Caribe avance rápidamente en esas áreas. La región tiene capacidad para desarrollar tecnología propia en energías renovables —como la geotermia— así como para el diseño y la producción de vehículos para el transporte de carga y pasajeros que utilicen ese tipo de energías. Algunos países ya han mostrado la viabilidad del cambio de la matriz energética, como ocurre en el sector eléctrico en el Brasil, Chile, Costa Rica, el Ecuador, México y el Uruguay. Fuera de la región hay también numerosos ejemplos a seguir, como el avance de los trenes eléctricos de alta velocidad y el transporte público urbano electrificado. Estos, además de tener una menor huella ambiental, tienen también una menor huella social por su efecto positivo en la inclusión social. En el mismo sentido, hay un amplio espacio para desarrollar tecnologías relacionadas con el uso de los recursos naturales, donde también convergen los temas ambientales y de inclusión. La depredación de recursos naturales de los mares, del suelo, de los minerales y de los bosques se debe, en parte, a una economía extractiva informal perpetrada por las poblaciones vulnerables que compensan de esta forma la incertidumbre asociada a su contexto socioeconómico.

2. Una reducción radical de la desigualdad es necesaria para generar la economía política del aprendizaje y del cambio técnico

La desigualdad genera costos económicos de gran magnitud como la disminución de la demanda efectiva y el deterioro de la salud y el medio ambiente. Hay otros costos menos visibles como: i) la falta de oportunidades para talentos y capacidades que potencialmente podrían tener un gran impacto sobre la productividad, y ii) la tensión permanente de sistemas políticos donde los sectores más favorecidos, generalmente asociados a actividades rentistas, usan la concentración del ingreso y el poder económico para mantener sus privilegios.

Se ha argumentado que la “trampa del ingreso medio” es una trampa de naturaleza política asociada a economías que han basado su expansión en bajos salarios o recursos naturales (Doner y Schneider, 2016). Este tipo de expansión genera grietas profundas en la sociedad que hacen más difícil construir instituciones complejas como las requeridas por la innovación y el aprendizaje tecnológico, y que son las que sostienen el crecimiento de largo plazo. La desigualdad es clave en esta trampa; es el nudo gordiano del desarrollo y cortarlo es tarea del sistema político. La implementación de políticas de ingreso mínimo y políticas universalistas en educación y salud es un componente fundamental en esa dirección.

El desarrollo sostenible no es alcanzable si se mantiene o se incrementa la huella social del modelo de desarrollo vigente. Por ello es fundamental considerar la relevancia de esa huella e identificar sus eslabones críticos. El cambio estructural progresivo propuesto por la CEPAL y los procesos de cambio que conlleva el “gran impulso ambiental” suponen nuevos procesos de destrucción y creación de empleos y ocupaciones, así como la rearticulación de sectores productivos. Para hacer frente a ese desafío es necesario fortalecer los sistemas de protección social, las instituciones y políticas para la promoción del trabajo decente como el salario mínimo y la negociación colectiva, así como los procesos de diálogo social que permitan distribuir mejor tanto los costos como los resultados positivos del cambio estructural. Las políticas universalistas en educación y salud y la implementación de políticas de ingreso mínimo son componentes fundamentales en esa dirección.

El movimiento hacia una sociedad mucho más igualitaria debe estar estrechamente asociado al eje de construcción de capacidades y de generación de empleos productivos y de calidad, con acceso a derechos y a protección social. Sin este componente las políticas universalistas se volverían inviables, no solo desde el punto de vista económico sino también político. La confianza y el sentimiento de pertenencia al sistema son una condición necesaria para la implementación efectiva de políticas que requieren de instituciones complejas y actores diversos, así como una barrera a comportamientos predatorios en los sistemas de bienestar.

3. Promover la integración regional y fortalecer la gobernanza internacional

La cooperación regional se mostró fragmentada y poco dinámica en la década de 2000, sobre todo en América del Sur. El auge de los productos básicos favoreció este movimiento centrífugo, ya que la articulación con China se convirtió en la fuerza motriz del comercio en las economías ricas en recursos naturales. El MERCOSUR y la Alianza del Pacífico, a su vez, tendieron a alejarse entre sí.

El abandono del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) por parte de los Estados Unidos y la incertidumbre que hoy existe respecto a las reglas que regirán el comercio internacional en el futuro han hecho que América Latina y el Caribe reconsidere el papel que la integración regional podría desempeñar en una estrategia de desarrollo. La idea de una acción conjunta en el plano internacional ha ganado más peso político. Este movimiento es bienvenido y puede dar a la región la oportunidad de expandir su propio comercio y aproximar experiencias de integración que han avanzado por sendas paralelas. Este camino está también vinculado al eje de la transformación de las estructuras y las capacidades. La capacidad de oferta competitiva de la región es muy limitada y seguirá siendo una barrera para lograr una mayor integración.

Los problemas de la región pueden agravarse si se confirma el temor a un mayor proteccionismo en las economías desarrolladas, si bien antes de que surgiera dicha tendencia ya existían problemas y desequilibrios globales. La posición de la región no puede ser la de regresar al statu quo anterior en el sistema internacional, sino que se deben redefinir las reglas del juego de la hiperglobalización mediante el fortalecimiento de la coordinación macroeconómica, las reglas multilaterales de comercio —prestando especial atención a los temas del desarrollo— y los avances en las negociaciones en torno al cambio climático. Al mismo tiempo, y con no menos urgencia, es preciso reformular de manera radical las políticas de educación, inclusión social y desarrollo productivo para hacer frente a la magnitud del desafío tecnológico e institucional que supone un nuevo estilo de desarrollo.

Bibliografía

Bidegain, N. (2017), “La Agenda 2030 y la Agenda Regional de Género: sinergias para la igualdad en América Latina y el Caribe”, serie Asuntos de Género, Nº 143 (LC/TS.2017/7), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

CELADE (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía-División de Población de la CEPAL) (2014), “La nueva era demográfica en América Latina y el Caribe: la hora de la igualdad según el reloj poblacional” (DDR/2), Santiago [en línea] http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/6/53806/MPD_ddr2_esp.pdf.

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2017a), Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030 (LC/CRM.13/5), Santiago.

____(2017b), Financiamiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe: desafíos para la movilización de recursos (LC/FDS.1/4), Santiago.

____(2016a), Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible (LC/G.2660/ Rev.1), Santiago.

____(2016b), Panorama Social de América Latina, 2015 (LC/G.2691-P), Santiago.

____(2016c), Desarrollo social inclusivo: una nueva generación de políticas para superar la pobreza y reducir la desigualdad en América Latina y el Caribe (LC.L/4056/Rev.1), Santiago.

____(2016d), La matriz de la desigualdad social en América Latina (LC/G.2690(MDS.1/2)), Santiago.

____(2016e), Autonomía de las mujeres e igualdad de género en la agenda de desarrollo sostenible (LC/G.2686/Rev.1), Santiago.

____(2016f), 40 años de la Agenda Regional de Género (LC/G.2682), Santiago.

____(2014), Pactos para la igualdad: hacia un futuro sostenible (LC/G.2586(SES.35/3)), Santiago.

____(2010), La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir (LC/G.2432(SES.33/3)), Santiago.

CEPAL/PMA (Comisión Económica para América Latina y el Caribe/Programa Mundial de Alimentos) (2017), “El costo de la doble carga de malnutrición: impacto social y económico. Síntesis del estudio piloto en Chile, Ecuador y México” [en línea] http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/web_170409_pilotstudy_es_full_april17_2017.pdf.

Doner, R. F. y B. R. Schneider (2016), “The middle-income trap: more politics than economics”, World Politics,

vol. 68, Nº 4.

FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola) (2010), “Desertification” [en línea] https://www.ifad.org/documents/10180/77105e91-6f72-44ff-aa87-eedb57d730ba.

IRENA (Agencia Internacional de Energías Renovables) (2016), G20 Toolkit for Renewable Energy Deployment: Country options for sustainable growth based on REmap, Abu Dhabi.

____(2015), Rethinking Energy 2015, Abu Dhabi.

Naciones Unidas (2015a), “World Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables”, Working Paper, Nº 241 (ESA/P/WP.241), División de Población [en línea] http://esa.un.org/unpd/wpp/.

____(2015b), “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” (A/RES/70/1), Nueva York, octubre.

____(2015c), World Urbanization Prospects.2014 Revision (ST/ESA/SER.A/366), Nueva York, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales.

OIT (Organización Internacional del Trabajo) (2016), Panorama Laboral 2016. América Latina y el Caribe, Lima, Oficina Regional para América Latina y el Caribe.

OMS (Organización Mundial de la Salud) (2016), “Global Urban Ambient Air Pollution Database” [base de datos en línea] http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/cities/en.

ONU-Hábitat (Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos) (2016), Urbanization and Development: Emerging Futures. World Cities Report 2016, Nairobi.

____(2012), Estado de las Ciudades en América Latina y el Caribe 2012. Rumbo a una nueva transición urbana, Nairobi, agosto.

ONU-Mujeres (Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres) (2015), El Progreso de las Mujeres en el Mundo 2015-2016: transformar las economías para realizar los derechos, Nueva York.

PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) (2015), The Emmissions Gap Report

2015, Nairobi.

[1] La efectividad de la depreciación depende también de factores tecnológicos. Si el rezago de productividad es muy alto, la depreciación no ayudará mucho a la diversificación de las exportaciones del país. Por otro lado, las depreciaciones reducen el salario real, lo que contradice el objetivo de reducir la desigualdad.

[2] La corrección del déficit estadounidense en la segunda mitad de los años ochenta se logró de forma ordenada gracias al Acuerdo del Plaza de septiembre de 1985. Este acuerdo hizo posible la depreciación del dólar frente al yen y el marco alemán, a través de la acción concertada de los bancos centrales de Europa y el Japón.

[3] En el caso de los Estados Unidos, se ha observado que la pérdida de importancia de los sindicatos fue uno de los factores que alimentó la desigualdad.

[4] La meta 1.2 establece lo siguiente: “De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales”.

[5] Entre 2015 y 2050 la población se incrementará en 117 millones (24% de la variación total) y a partir de 2061 iniciará una tendencia decreciente, tras haber alcanzado un máximo de 793 millones de personas. La proyección de la población regional al final de este siglo es de 721 millones de personas (Naciones Unidas, 2015a).

[6] La reducción de la desigualdad de ingresos en la pasada década tampoco se vio acompañada de un reparto más equitativo de la apropiación del capital y el trabajo, medida a través de la distribución funcional del ingreso (CEPAL, 2016a).

[7] El índice de feminidad de la pobreza refleja el porcentaje de mujeres pobres de 20 a 59 años con respecto a la proporción de hombres pobres de esa misma franja etaria, corregido por la estructura poblacional (véase Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe [en línea] oig.cepal.org).

[8] El indicador de falta de ingresos propios por parte de las mujeres también evidencia la existencia de mujeres que, pese a vivir en hogares no pobres, no cuentan con recursos individuales y podrían caer en situación de pobreza frente a eventuales cambios en la estructura familiar (divorcio, viudez o migración) (CEPAL, 2016e).

[9] La resiliencia se define como “la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas” (véase “2009 UNISDR Terminología sobre Reducción del Riesgo de Desastres” [en línea] http://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologySpanish.pdf).

[10] Véase Enerdata [en línea] https://www.enerdata.net/y la meta 11.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

CAPÍTULO II

Instituciones para la implementación de la Agenda 2030 en los países de América Latina y el Caribe

Introducción

A. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el ciclo de la política pública en América Latina y el Caribe

B. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: visión de futuro de los países de América Latina y el Caribe y el papel de la sociedad civil

C. Mecanismos institucionales de coordinación adoptados por los países de América Latina y el Caribe para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

D. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los instrumentos de planificación de los países de América Latina y el Caribe

E. Incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las cuentas públicas de los países de América Latina y el Caribe

F. Monitoreo y evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los países de América Latina y el Caribe

Conclusiones

Bibliografía

Introducción[1]

La aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es el resultado del compromiso de la comunidad internacional de actuar en torno a las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y medioambiental. La Agenda 2030 es una agenda civilizatoria que coloca en el centro la dignidad e igualdad de las personas y que, por su gran ambición, requiere la más amplia participación de los Estados y de la sociedad.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) asociados a esta Agenda ayudan a evaluar el punto de partida de los países de la región, así como a analizar y formular medios para alcanzar el desarrollo sostenible. Asimismo, los ODS comparten un lenguaje que permite alinear los esfuerzos y la labor de los diferentes actores del desarrollo. La Agenda 2030 representa una política de Estado que requiere la construcción de instituciones para darle eficacia y permanencia.

En este capítulo se presenta el camino recorrido hasta el momento por los países de América Latina y el Caribe al asumir el reto de los ODS. En él se muestra cómo los países de la región están empezando a integrar institucionalmente la Agenda 2030 en visiones, estrategias y planes a escala nacional, subnacional y local. Se estructura siguiendo la incorporación de los ODS en el ciclo de la política pública a escala nacional y local, y presenta la manera en que se ha organizado el proceso de planificación, diseño, ejecución, monitoreo, evaluación y difusión de las acciones encaminadas al logro de la Agenda 2030.

Este capítulo está organizado en las siguientes seis secciones que incluyen ejemplos específicos de países de la región: i) los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el ciclo de la política pública en América Latina y el Caribe; ii) los Objetivos de Desarrollo Sostenible: visión de futuro de los países de América Latina y el Caribe y el papel de la sociedad civil; iii) mecanismos institucionales de coordinación adoptados por los países de América Latina y el Caribe para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; iv) los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los instrumentos de planificación de los países de América Latina y el Caribe; v) incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las cuentas públicas de los países de América Latina y el Caribe; vi) monitoreo y evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los países de América Latina y el Caribe. Por último, el capítulo tiene una sección de conclusiones.

A. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el ciclo de la política pública en América Latina y el Caribe

Como se señala en el párrafo 55 de la Agenda 2030: “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas son de carácter integrado e indivisible, de alcance mundial y de aplicación universal, tienen en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada país y respetan sus políticas y prioridades nacionales. Si bien las metas expresan las aspiraciones a nivel mundial, cada gobierno fijará sus propias metas nacionales, guiándose por la ambiciosa aspiración general pero tomando en consideración las circunstancias del país. Cada gobierno decidirá también la forma de incorporar esas aspiraciones y metas mundiales en los procesos de planificación, las políticas y las estrategias nacionales” (Naciones Unidas, 2015).

Para alcanzar los ODS, la Agenda 2030 debe estar integrada en los instrumentos de planeación nacional (UNDG, 2016a). El Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo adoptó en 2015 un enfoque común para apoyar de manera eficaz y coherente la implementación de la Agenda 2030 en los países. Mediante su estrategia de transversalización, aceleración y apoyo a las políticas (TAAP), el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo refleja el ciclo de planeación e implementación de las políticas, que si bien es diferente en cada país, en general tiene los siguientes momentos (UNDG, 2016a): i) fijación de la agenda pública; ii) planeación de políticas; iii) implementación de políticas y iv) seguimiento y examen. En las siguientes secciones se muestra la forma en que se han incluido los ODS en cada uno de estos momentos.

B. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: visión de futuro de los países de América Latina y el Caribe y el papel de la sociedad civil

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible constituye en sí misma una visión compartida de futuro. Los ODS son el resultado de un proceso incluyente que contó con aportes de los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y el sector académico, quienes también participaron en los diálogos consultivos de la agenda para el desarrollo después de 2015.

En América Latina más de 15 países (UNDG, 2013) fueron parte de dichos diálogos y avanzaron en procesos de consultas nacionales, subnacionales y temáticas. Los resultados no solo informaron la agenda global, sino que también alimentaron los procesos de planeación nacional y contribuyeron a la apropiación del concepto del desarrollo sostenible. Por ejemplo, en el Perú se revisó el Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021 (aprobado en 2011) de modo que reflejara los resultados del proceso nacional de consulta sobre la agenda para el desarrollo después de 2015, y se recogieron los resultados de 60 consultas regionales realizadas entre noviembre de 2012 y marzo de 2013.

1. La sociedad civil y los Objetivos de Desarrollo Sostenible[2]

La Agenda 2030 indica, tanto en su preámbulo como en el detalle de los Objetivos y metas, que para que estos se cumplan se requiere una Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible revitalizada en la que también estén llamados a participar en forma activa el sector privado y la sociedad civil. A continuación se presentan algunas iniciativas en marcha para la movilización de actores de la sociedad civil en torno a la implementación de la Agenda 2030.

En la Argentina, el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC) está elaborando una encuesta sobre actividades que vinculan a organizaciones de la sociedad civil con la puesta en marcha de los ODS.

En el Brasil, la Estratégia ODS es una coalición (de cinco existentes en el país) que reúne a la sociedad civil, el sector privado, el gobierno local y organizaciones académicas para ampliar el debate sobre los ODS en el Brasil, proponer y movilizar medios efectivos para implementar esta agenda en el país y debatir sobre ellos. Las partes interesadas firman un pacto de adhesión a los principios y compromisos de la coalición y asumen la responsabilidad de contribuir a la implementación de los ODS en sus contextos específicos.

En Jamaica, la Hoja de Ruta para la implementación de los ODS (PNUD, 2016a) propone una campaña nacional de divulgación para sensibilizar al público e invitar a participar a las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado para asegurar que todas las voces sean escuchadas, especialmente las de segmentos de la sociedad que han quedado fuera de los procesos de planificación anteriores.

En México, la encuesta Mi Mundo[3], que se realizó a nivel subnacional en los estados de Jalisco, Oaxaca y Chiapas, recogió la opinión de 1.978.499 personas (fue el país de la región con más participantes).

2. Repensar las alianzas público-privadas en América Latina y el Caribe para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible con sus 17 Objetivos, la Agenda de Acción de Addis Abeba, la Nueva Agenda Urbana y el Acuerdo de París sobre el cambio climático muestran claramente que los patrones dominantes de desarrollo resultan inviables desde el punto de vista económico, social y ambiental. Asimismo, resulta evidente que no pueden funcionar los enfoques inerciales (business as usual) y que el Estado, el sector privado y la sociedad civil son actores que están llamados a desempeñar papeles fundamentales y renovados, tanto en forma individual como a través de nuevas alianzas a nivel local, nacional, subregional, regional y mundial para la implementación de esta visión.

En los países de la región, estos tres actores han mostrado un grado significativo de liderazgo y compromiso con su amplia participación en el proceso de formulación y aprobación de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahora, es imprescindible que sigan demostrando su capacidad de iniciativa e innovación en la puesta en práctica de esta visión. En el contexto de la actual desaceleración económica, deben impulsar medidas urgentes para evitar la aparición de retrasos aún mayores con respecto a los países industrializados y a las partes más dinámicas del mundo en desarrollo en términos de crecimiento y productividad, al mismo tiempo que se preservan los significativos logros sociales conseguidos durante el llamado superciclo de los productos básicos, que ha llegado a su fin.

El documento de posición del trigésimo sexto período de sesiones de la CEPAL Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible (CEPAL, 2016) ofrece elementos y lineamientos clave para la definición de estrategias y medidas orientadas a lograr un cambio estructural progresivo centrado en un gran impulso ambiental, que solo se puede lograr mediante nuevas coaliciones y alianzas entre actores de gobierno, el sector privado y la sociedad civil.

Este proceso no es evidente y requiere la creación y el fortalecimiento progresivo de una confianza mutua entre actores que no necesariamente están acostumbrados a colaborar y que suelen tener visiones diferentes del mundo. En este sentido, los Gobiernos, las empresas y las entidades de la sociedad civil y el sector académico deberían centrar la colaboración y el diálogo en nuevos espacios de cooperación y diálogo con miras a desarrollar visiones comunes y estrategias de mediano y largo plazo en torno a la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En el plano nacional y subnacional, es clave entonces seguir impulsando mecanismos de diálogo intersectorial y con múltiples actores para generar mayor conocimiento y compromiso mutuo en torno a la Agenda 2030, así como para fortalecer el intercambio de buenas prácticas para el abordaje de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las estrategias de desarrollo nacionales, territoriales y locales y en los modelos de negocio y estrategias corporativas. Hoy en día existen en los países de la región varios ejemplos concretos e iniciativas de integración de los 17 ODS en planes de desarrollo, modelos de negocio y cadenas de suministro que se podrían replicar y escalar mediante su mayor difusión y apropiación.

Asimismo, existen ámbitos y espacios concretos de toma de decisiones para que estos actores fortalezcan sus alianzas. El quiebre actual del ciclo de inversiones debe afrontarse a través de nuevas carteras de inversión pública y privada destinadas a la reducción de las brechas de infraestructura y de energía, así como a la utilización de patrones más limpios de producción y consumo, con objetivos de reducción de las emisiones de carbono.

Esto supone fomentar las iniciativas institucionales público-privadas y establecer nuevos marcos legales que garanticen un reparto equitativo del riesgo, tomando en cuenta la importancia de la política de competencia y de los incentivos de la política industrial. En un mundo en el que el riesgo de un estancamiento secular constituye una preocupación para los encargados de formular políticas, es más necesario que nunca contar con políticas fiscales más activas, orientadas a la promoción de un crecimiento con bajas emisiones de carbono y pleno empleo.

La transición hacia sectores más intensivos en conocimiento, con políticas industriales y tecnológicas que promuevan un gran impulso ambiental, facilitará la diversificación productiva y creará oportunidades para integrar conocimientos, aumentar la inclusión social y proteger el medio ambiente. Dado que América Latina y el Caribe es la región más urbanizada del mundo —más del 80% de su población vive en ciudades—, el desarrollo urbano es clave para innovar en las áreas del transporte público, la gestión del tráfico de vehículos, el tratamiento de residuos sólidos y aguas residuales y los edificios de bajo consumo de energía.

Los macrodatos (big data) constituyen otro ámbito fundamental, que ofrece amplias posibilidades de transformar la información privada en un bien público. La cantidad de datos generados por individuos a través de la tecnología y de Internet nunca ha sido tan grande. Esos datos se pueden utilizar de forma abierta para el bien común, como una herramienta para la toma de decisiones con un mayor grado de precisión, oportunidad y geovisualización, a la vez que se garantiza la protección del anonimato y la privacidad. Se trata de un área en que las empresas, los Gobiernos y la sociedad civil deben incrementar urgentemente su colaboración, aprovechando el análisis de experiencias exitosas, con miras a hacer un seguimiento del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Asimismo, es necesario reforzar las políticas laborales y de protección social a través de nuevas alianzas público-privadas. Si bien los empleos de alta calidad siguen constituyendo la piedra angular de la igualdad, los nuevos modelos de negocio y el ritmo acelerado del desarrollo digital y tecnológico están reconfigurando el mercado laboral, la negociación colectiva y el papel de los sindicatos. En el futuro, muchos de los empleos se crearán en áreas que aún no existen. Para ajustarse a esta nueva realidad, el Estado, las empresas y el mundo académico deben repensar la creación de capacidades para satisfacer las nuevas demandas de educación, protección universal y una economía del cuidado que abarque toda la sociedad.

A pesar de los avances significativos en algunas zonas de la región, América Latina y el Caribe aún no ha logrado cerrar la brecha entre la retórica y la realidad en cuanto a la integración regional y subregional. Para conseguir esa meta, será necesario impulsar el comercio intrarregional, cuyas tasas todavía son significativamente inferiores a las de otras regiones, y fortalecer las medidas de facilitación del comercio, las cadenas regionales de valor de bienes y servicios ambientales, que no están suficientemente desarrolladas, así como iniciativas en sectores intensivos en desarrollo tecnológico, agroindustriales y energéticos. Igualmente, el desarrollo de plataformas tecnológicas y digitales regionales permitiría fomentar la diversificación productiva, el crecimiento de la productividad e impulsar la difusión de la cuarta revolución industrial con una mayor conexión y acceso a los contenidos.

Más del 80% de la población de América Latina y el Caribe vive en ciudades y eso la convierte en la región más urbanizada del mundo. El desarrollo urbano podría ofrecer nuevas oportunidades en áreas de cooperación público-privadas en torno a la Nueva Agenda Urbana de desarrollo sostenible, como la gestión del tráfico y el transporte público urbano inteligente, el tratamiento de aguas residuales y desechos sólidos, y los edificios con bajo consumo de energía y bajas emisiones de carbono. El logro de una economía más ecológica mediante sistemas de producción industrial con menos emisiones de carbono, una mejor gestión energética y una distribución más acertada del espacio, vehículos más livianos y un gran impulso para el desarrollo de energías renovables —como la energía solar y eólica— encierra un enorme potencial, incluso a nivel transnacional. Con esta finalidad, deberán reforzarse las redes regionales de seguridad financiera, así como el papel de los bancos de desarrollo y del sistema de pagos compensados.

Además, los países deberían esforzarse por incrementar su colaboración para controlar los flujos ilícitos de capital y aplicar normas comunes de tipo fiscal, social y ambiental, con el objetivo de atraer una inversión extranjera directa de alta calidad, sin competencia predatoria, y así evitar una convergencia a la baja (race to the bottom). En una época de procesos megarregionales de fabricación impulsados por la innovación, la región debería considerar la posibilidad de crear un mercado regional digital, con plataformas integradas, normas de propiedad intelectual que favorezcan la transferencia de tecnología, y un fondo para la compra y el licenciamiento de patentes, que constituyen activos esenciales en una economía del conocimiento.

Por último, en el ámbito cultural y educativo, se deben promover espacios de mayor intercambio entre estudiantes y jóvenes de la región en torno a la Agenda 2030, ya que ellos se constituirán en los principales vectores de su implementación.

C. Mecanismos institucionales de coordinación adoptados por los países de América Latina y el Caribe para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El enfoque integrado, implícito en los ODS, requiere una mayor coordinación intersectorial. En esta sección se presentan los mecanismos de coordinación adoptados por los países de la región para el logro de los ODS. En la región se han identificado al menos 16 mecanismos interinstitucionales que actúan en ese sentido (véase el diagrama II.1). Los países han seguido dos modalidades: utilizar instituciones existentes asignándoles nuevas responsabilidades acordes a los nuevos desafíos o crear nuevas instituciones con funciones específicas.

Los mecanismos e instituciones responsables de la implementación de la Agenda 2030 tienen como objeto orientar la política para el logro de los ODS; llevar a cabo la coordinación institucional e intersectorial; movilizar recursos y orientar el gasto; gestionar alianzas; presentar informes, monitorear y evaluar, y coordinar la cooperación internacional.

Entre los ejemplos de instituciones creadas con motivo de la Agenda 2030, se destaca en el Caribe el caso de las Bahamas.

Diagrama II.1

América Latina y el Caribe: mecanismos de coordinación de la Agenda 2030

Fuente: Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), sobre la base de información de los países.

Las Bahamas propuso el establecimiento de un Consejo de Desarrollo Nacional para supervisar la implementación de la Agenda 2030 en el país, integrado por miembros de la sociedad civil, el sector privado, el sector académico, los sindicatos y los partidos políticos. La Unidad de Desarrollo Económico y Planeación, establecida en el ámbito de la Oficina del Primer Ministro y que tiene la responsabilidad principal de la implementación del Plan Nacional de Desarrollo de las Bahamas (denominado Vision 2040), cumple la función de secretaría del Consejo.

En América Latina existen ejemplos de países que han creado nuevas instituciones, como el Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Panamá, el Paraguay, el Perú y la República Dominicana. En el Brasil se ha creado la Comisión Nacional para los Objetivos de Desarrollo Sostenible[4], un órgano colegiado de carácter consultivo que forma parte de la estructura de la Secretaría de Gobierno de la República. Está compuesta por representantes de la Secretaría de Gobierno de la Presidencia de la República, el Presidente de la Casa Civil de la Presidencia de la República y representantes de cuatro carteras: el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Desarrollo Social y Agrario, el Ministerio de Planificación, Desarrollo y Gestión y el Ministerio de Medio Ambiente, y representantes de los niveles estadual, distrital y municipal, así como de la sociedad civil (véase el diagrama II.2). Entre sus responsabilidades están las de preparar un plan de acción para la implementación de la Agenda 2030; proponer estrategias, instrumentos, acciones y programas; hacer el seguimiento y producir informes de avance; difundir buenas prácticas, y promover la coordinación con los organismos públicos y entidades a nivel nacional y subnacional.

Diagrama II.2

Brasil: Comisión Nacional para los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sobre la base de información oficial.

El Gobierno de Chile constituyó el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible[5], presidido por el Ministerio de Relaciones Exteriores e integrado por las carteras de Economía, Fomento y Turismo, Medio Ambiente y de Desarrollo Social. Esta última está a cargo de la Secretaria Técnica del Consejo. Las principales funciones de este órgano son las de asesorar al Presidente o la Presidenta de la República en la implementación y el seguimiento de la Agenda 2030; servir de instancia de coordinación a nivel nacional acorde a los procesos que se realicen a nivel internacional; y servir de instancia de coordinación con organizaciones gubernamentales, internacionales, el sector privado y la sociedad civil.

La labor de este Consejo se organiza en tres comisiones: social, económica y medioambiental; además, se conforman grupos de trabajo para abordar temas transversales (véase el diagrama II.3). En las comisiones y grupos de trabajo para la Agenda 2030 participan representantes de la sociedad civil, fundaciones, corporaciones, organizaciones no gubernamentales, juntas de vecinos y universidades, entre otros.

Diagrama II.3

Chile: Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sobre la base de información oficial.

Asimismo, en Chile se constituyó la Red Gubernamental de los ODS, que cuenta con representantes de 23 ministerios. A la fecha, el trabajo de esta Red ha consistido en recabar información sobre las políticas y programas públicos que contribuyen al cumplimiento de cada uno de los ODS, así como información para la generación de indicadores que serán la base de los sistemas de seguimiento y examen. En esta Red, que es la base de la interacción con otros actores en cuanto a la Agenda 2030, también participan otros poderes del Estado y organismos autónomos: representantes institucionales del Senado, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, el Consejo de Defensa del Estado y el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Colombia creó la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Alistamiento y la Efectiva Implementación de la Agenda de Desarrollo Post 2015 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible[6], que tiene por objeto el alistamiento y la efectiva implementación de los ODS a través de políticas públicas, planes, acciones y programas, la planificación prospectiva, y el monitoreo, el seguimiento y la evaluación de los Objetivos, con sus respectivas metas.

La Comisión Interinstitucional de Alto Nivel puede conformar comités técnicos y grupos de trabajo, tanto sectoriales como territoriales, para lo cual puede invitar a ministros, otras autoridades que representen entidades del orden nacional o territorial, así como miembros de la sociedad civil, el sector académico o el sector privado, entre otros.

La Comisión Interinstitucional de Alto Nivel está compuesta por los Ministerios de Relaciones Exteriores; Hacienda y Crédito Público; y Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Director del Departamento Nacional de Planeación (quien presidirá), el Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística y el Director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (véase el diagrama II.4).

Diagrama II.4

Colombia: Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Alistamiento y la Efectiva Implementación

de la Agenda de Desarrollo Post 2015 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible

Fuente: Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), sobre la base de información oficial.

En septiembre de 2016, Costa Rica se convirtió en el primer país del mundo en firmar un Pacto Nacional por el Cumplimiento de los ODS (véase el diagrama II.5). El Pacto tiene un carácter interinstitucional dado que los tres poderes del Estado trabajan de manera coordinada y en el mismo nivel jerárquico. Según este Pacto, el Gobierno y sus Ministerios asumen el compromiso de trabajar con otros poderes del Estado y otros actores relevantes de la sociedad costarricense, incluso actores no gubernamentales y no estatales, en la toma de decisiones relativas a la Agenda 2030. Una consecuencia práctica de este Pacto es que trasciende las administraciones, de forma que los futuros Gobiernos seguirán sujetos al compromiso de implementación de la Agenda 2030 en Costa Rica en los términos del Pacto, independientemente de su orientación política, lo que fija unas metas de desarrollo nacionales alineadas con los ODS.

Diagrama II.5

Costa Rica: Pacto Nacional por el Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sobre la base de información oficial.

La Comisión Nacional Coordinadora de Alto Nivel de los ODS (coordinación política) está integrada por la Presidencia de la República y los Ministerios de Planificación Nacional y Política Económica, Relaciones Exteriores, y Ambiente y Energía. Por debajo de la Comisión se encuentran los municipios; la Secretaría Técnica integrada por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y el Órgano Asesor Estadístico, y otros actores (el sector académico, la sociedad civil, el sector privado, entre otros). La coordinación de la implementación de los ODS recae en el Comité Técnico de los ODS y los Grupos de Trabajo (con la asesoría del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para la elaboración de indicadores).

Panamá adoptó los ODS como un marco de referencia para el desarrollo y estableció una Comisión Interinstitucional y de la Sociedad Civil para el Apoyo y Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, adscrita al Gabinete Social (véase el diagrama II.6)[7]. La Comisión está integrada por el Ministro del Ministerio de Desarrollo Social en su carácter de coordinador del Gabinete Social, el Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Metas Presidenciales y el Presidente del Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo.

Diagrama II.6

Panamá: Comisión Interinstitucional y de la Sociedad Civil para el Apoyo y Seguimiento

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sobre la base de información oficial.

En el Paraguay se creó la Comisión Interinstitucional de Coordinación para la Implementación, Seguimiento y Monitoreo de los Compromisos Internacionales Asumidos por el País en el Marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas[8]. La Comisión está integrada por la Secretaría Técnica de Planificación para el Desarrollo Económico y Social, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Relaciones Exteriores (coordinador) y el Gabinete Social de la Presidencia de la República (véase el diagrama II.7).

Diagrama II.7

Paraguay: Comisión Interinstitucional de Coordinación para la Implementación, Seguimiento y Monitoreo de

los Compromisos Internacionales Asumidos por el País en el Marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Fuente: Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), sobre la base de información oficial.

La Comisión propuso empoderar a 17 instituciones para que cada una se hiciera cargo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El primer paso era trabajar con un marco de políticas estratégicas y luego con los datos y acciones concretas que cada entidad llevaría adelante para cumplir con los Objetivos.

La República Dominicana creó la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible[9]. Está liderada, en su rol de Secretaría Técnica, por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo e integrada además por los Ministerios de la Presidencia, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Agricultura, Industria y Comercio, así como Energía y Minas. También forman parte de la Comisión el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia, la Oficina Nacional de Estadísticas, el Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio, así como tres representantes de la sociedad civil, incluido uno del sector empresarial.

La Comisión se diseñó con el objetivo de integrar los ODS en todos los instrumentos de planeación y en la estrategia nacional de desarrollo, y es innovadora respecto de otras mesas instaladas por cuanto coordina el liderazgo de alto nivel del Poder Ejecutivo (véase el diagrama II.8).

Diagrama II.8

República Dominicana: Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sobre la base de información oficial.

En algunos países, como en la Argentina, Guatemala, Guyana, Jamaica y la República Bolivariana de Venezuela, la responsabilidad de la implementación de los ODS ha sido asumida por órganos preexistentes.

En la Argentina el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, creado en 2002 como un espacio de articulación de la planificación, coordinación y seguimiento de las políticas sociales nacionales, cuenta entre sus funciones el seguimiento a los ODS y convoca a 20 ministerios y otras instituciones bajo el liderazgo de la Ministra de Desarrollo Social.

En Guatemala el órgano de coordinación de la Agenda 2030 es el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR), que hace uso de las instituciones existentes y continúa el rol que esta institución cumplió en el seguimiento de la Declaración del Milenio[10]. La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) es la encargada de la implementación de la Agenda 2030. El CONADUR es coordinado por el Presidente de la República y su Secretaría está a cargo del Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia. Además, está integrado por Ministerios y Secretarías de Estado y representantes de las corporaciones municipales, pueblos maya, xinca y garífuna, así como de organizaciones de la sociedad civil, empresarios y académicos, entre otros.

Guyana nombro un comité directivo de alto nivel para los ODS integrado por secretarios permanentes y funcionarios técnicos superiores para supervisar la implementación en el país del Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas encomendado en 2002. El Gobierno prevé restablecer formalmente este organismo como comité directivo de alto nivel para los ODS, con representación de sectores relacionados y dirigido por el Ministerio de Finanzas. El Ministerio de la Presidencia está encabezando la elaboración de la Estrategia Estatal de Desarrollo Verde, que está en concordancia con los ODS.

Jamaica ha instituido un marco nacional de gobernanza para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en concordancia con los marcos regionales y mundiales. Este marco incluye un Grupo Nacional Principal sobre los ODS, un Grupo de Trabajo Nacional sobre la Agenda 2030, el Gabinete y el Parlamento. El Instituto de Planificación de Jamaica, el Instituto Estadístico de Jamaica y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior constituyen el Grupo Nacional Principal. El Grupo de Trabajo Nacional de la Agenda 2030, que se prevé establecer en abril de 2017, incluirá ministerios, departamentos y organismos del Gobierno de Jamaica, así como representantes de la sociedad civil, el sector académico y el sector privado.

En México, la Agenda 2030 se ha asumido como un compromiso de Estado, por lo que su cumplimiento ha sido encabezado por la Presidencia de la República. Inicialmente, en el país se modificó el Comité Técnico Especializado del Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para crear el Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CTEODS), que respondía a la Presidencia de la República y apoyaba las labores de adopción, seguimiento e información de indicadores y de coordinación de la Agenda 2030. Posteriormente, el 26 de abril de 2017, se publicó el decreto de creación del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, encabezado por el Presidente de la República, un cuerpo colegiado con la participación de todas las Secretarías de Estado, en el que se podrá invitar a participar a los gobiernos subnacionales, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, el sector académico y los organismos internacionales para la implementación de los ODS. El Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República funge como Secretario Técnico del Consejo Nacional. Asimismo, el Consejo podrá constituir comités permanentes o transitorios para la atención de asuntos específicos.

La República Bolivariana de Venezuela cuenta con un órgano de alto nivel denominado Consejo de Vicepresidentes que está encabezado por el Vicepresidente Ejecutivo de la Republica e incluye a los seis Vicepresidentes Sectoriales (Ejecutivo y de las áreas de planificación, política, economía, y social y territorial), quienes analizan aspectos intersectoriales y transversales de las políticas de desarrollo que se aplican en la República Bolivariana de Venezuela en el marco del Plan de Desarrollo 2013-2019, de alcance nacional, y su alineación con la Agenda 2030. EI Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores acompaña la coordinación de los despachos y organismos competentes de la administración central respecto de la implementación de la Agenda.

Recuadro II.1

Los Parlamentos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Los Parlamentos de la región también se han alineado con la Agenda 2030. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), solamente en el Brasil, Colombia, México, la República Dominicana y Suriname el Poder Legislativo debate y aprueba el plan nacional de gobierno (García López y García Moreno, 2010). En esos países se han dado los avances que se indican a continuación en el trabajo con los parlamentarios.

En el Brasil y Colombia hay iniciativas para constituir frentes parlamentarios para abordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por ejemplo, en Colombia se constituyó la Bancada ODS en el Congreso para participar en la implementación de los Objetivos; en el Brasil, la Cámara de Diputados estableció en diciembre de 2016 un frente parlamentario especial sobre los ODS con la participación de 200 diputados y 9 senadores.

Por su parte, en la República Dominicana y México se han nombrado comisiones temáticas para el análisis de los temas relacionados con los ODS o se ha delegado ese análisis en gabinetes especializados. El Poder Legislativo de México ha avanzado en identificar la contribución de su agenda al cumplimiento de diferentes Objetivos de la Agenda 2030 y promulgó un conjunto de 13 reformas estructurales que favorecen se cumplimiento. En el caso de México se destaca la herramienta para el diagnóstico de capacidades legislativas de los Parlamentos desarrollada por la Unión Interparlamentaria y el PNUD (PNUD, 2016b) para la implementación de la Agenda 2030. El diagnóstico de capacidades legislativas, que toma en cuenta, entre otras cosas, el conocimiento de la Agenda 2030 y la integración de los ODS en los mecanismos legislativos, se encuentra en una etapa inicial por lo que no se cuenta con resultados aún. El Senado de la República de México constituyó una Comisión Especial para el Seguimiento de la Implementación de la Agenda 2030.

En todos los países de la región, los Parlamentos tienen funciones de debate y aprobación del presupuesto (García López y García Moreno, 2010), por lo que se ha avanzado en procesos de sensibilización de los equipos parlamentarios respecto de los ODS. También se destacan las actividades de difusión realizadas con el apoyo del Parlamento Latinoamericano y Caribeño y el Parlamento Centroamericano y la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA) (PARLACEN, 2016), como el seminario regional Alcanzando los ODS y Reduciendo la Desigualdad en y entre los Países: el Rol de los Parlamentos, que se desarrolló en Panamá en diciembre de 2016 en el marco de la XXXII Asamblea General del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO, 2016).

En el Perú existe un pacto político por el que los gobernantes de elección popular se comprometen a promover medidas de política para impulsar el desarrollo integral e inclusivo en consonancia con las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los acuerdos del 21º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 21). En 2016 los candidatos al Congreso de la República firmaron compromisos políticos de acción parlamentaria conjunta mediante los cuales se ha de continuar impulsando las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, los compromisos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Acuerdos la COP 21.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “Fortaleciendo parlamentos y construyendo sociedades resilientes para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, presentación en el 13a Asamblea Plenaria de ParlAmericas, Ciudad de México, 5 a 7 de diciembre de 2016 [en línea] http://www.parlamericas.org/uploads/documents/SDG%20Handout_ESP.pdf; R. García López y M. García Moreno, La gestión para resultados en el desarrollo. Avances y desafíos en América Latina y el Caribe, Washington, D.C., Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2010; Parlamento Centroamericano (PARLACEN), “Firma de Memorándum de Cooperación entre el Parlamento Centroamericano y la Secretaría de Integración Social Centroamericana”, 2016 [en línea] http://www.parlacen.int/Prensa/Prensa/tabid/145/EntryId/2208/Firma-de-Memorandum-de-Cooperacion-entre-el-Parlamento-Centroamericano-y-la-Secretaria-de-Integracion-Social-Centroamericana.aspx; y Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), “Los ODS comienzan a ser parte de la vida política en ALC”, 2016 [en línea] http://www.parlatino.org/es/cdn/item/1768-los-ods-comienzan-a-ser-parte-de-la-vida-politica-en-alc-senadora-alcala.

D. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los instrumentos de planificación de los países de América Latina y el Caribe

En junio de 2015 los países del Caribe se reunieron en Puerto España, en el Simposio sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el Caribe dentro de la agenda de desarrollo post-2015 para el Caribe. En este evento, realizado con el apoyo del Banco de Desarrollo del Caribe (CDB), participaron oficiales nacionales, académicos, el sistema de las Naciones Unidas y la Comunidad del Caribe (CARICOM). Entre todos identificaron como prioritarios para la agenda de desarrollo del Caribe 12 de los 17 ODS (2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16 y 17).

Trinidad y Tabago actualmente está formulando una nueva estrategia nacional de desarrollo denominada Vision 2030. Desde 2016, el Ministerio de Planificación y Desarrollo ha liderado la preparación del nuevo plan, que integrará los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, por lo tanto, cumplirá el doble propósito de promover las prioridades de desarrollo nacionales y concretar el compromiso respecto de la agenda global de desarrollo.

Jamaica está comprometida con la implementación de un plan de desarrollo de largo plazo: el Plan de Desarrollo Nacional de Jamaica Vision 2030. Una misión del PNUD de transversalización, aceleración y apoyo a las políticas, que se llevó a cabo en octubre de 2016, contribuyó a alinear los objetivos y resultados previstos del plan Vision 2030 con los ODS. Esta misión resultó en la formulación de un mapa para la implementación de los ODS en Jamaica, en que se definieron las siguientes áreas fundamentales: alineación, coordinación, pasaje de la planificación a la acción, financiación de los Objetivos, monitoreo y presentación de informes, y difusión. A este respecto, Vision 2030 es un medio de implementación de los ODS en el país.

Países como Colombia y el Perú elaboraron sus planes de gobierno vigentes antes de la promulgación de los ODS, sin embargo han destacado la coherencia y consonancia de sus visiones nacionales y planes de desarrollo tanto con la Agenda 2030, como con las dimensiones del bienestar de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Colombia, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018, denominado Todos por un Nuevo País, previó la necesidad de incorporar estrategias para dar cumplimiento a la agenda para el desarrollo después de 2015 y los ODS. Los tres pilares del PND (paz, equidad y educación), así como sus cinco estrategias transversales (competitividad e infraestructura estratégica, movilidad social, transformación del campo, seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz, y buen gobierno, además de la estrategia transversal de crecimiento verde), están alineados con los ODS, y 92 de las 169 metas de la Agenda 2030 ya están incorporadas en el Plan Nacional de Desarrollo a través de acciones concretas e indicadores.

El Departamento Nacional de Planeación considera que los ODS son un elemento integrador de todas las agendas en pro del desarrollo nacional que actualmente tiene el Gobierno, dado que el 86% de las metas de los ODS tienen acciones de política pública relacionadas. Asimismo, el Acuerdo de Paz de la Habana está alineado con 50 metas de los ODS.

Otra experiencia destacable es la de Guatemala, que, a través de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR), en el documento Estrategia de articulación de la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible con el Plan y la Política Nacional de Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 2032, definió una ruta de acción que se ha implementado durante 2016[11]. En primer lugar, el país llevó a cabo un programa de difusión —que incluyó 62 talleres— para que todos los actores de la sociedad guatemalteca conocieran el contenido de la Agenda 2030 y los ODS, la hicieran suya y contribuyeran a su cumplimiento, seguimiento y evaluación. En una siguiente etapa, Guatemala identificó, priorizó y seleccionó los Objetivos, metas e indicadores para el compromiso nacional según los instrumentos de planificación del desarrollo del país. Mediante un proceso de diálogo —32 talleres para múltiples interesados, 6 talleres intersectoriales, 22 departamentales y 4 con grupos de mujeres, etnias, jóvenes, niños— se dio a conocer y recogieron opiniones sobre el compromiso nacional. Como resultado de este proceso se incorporaron 10 indicadores más al ejercicio de priorización. Finalmente, el compromiso nacional fruto de ese proceso de retroalimentación, así como la plataforma informática que permitirá su seguimiento, se sometió a la consideración de la Comisión de Alineación y Seguimiento y Evaluación para su validación y posteriormente al pleno del CONADUR para su aprobación final. Los pasos siguientes son formular la estrategia de implementación detallada y dar a conocer el compromiso nacional a los diferentes sectores de la sociedad guatemalteca.

Recuadro II.2

Alineación de las agendas de desarrollo nacionales y subnacionales

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) han servido como lenguaje común para alinear las prioridades locales y nacionales. A modo de ejemplo, se destacan las siguientes metodologías y mecanismos desarrollados para alinear la planeación subnacional con la Agenda 2030.

En la Argentina, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación (CNCPS) desarrolló la Guía para el proceso de adaptación de los ODS en el gobierno provincial, en la que se plantea una ruta para la incorporación de los ODS como herramienta de gestión y planificación a nivel subnacional y se identifican momentos clave para el acompañamiento y asistencia técnica del CNCPSa.

En Barbados se están creando los mecanismos institucionales para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible mediante consultas intraministeriales permanentes sobre la integración de los ODS en una versión revisada de la Estrategia de Crecimiento y Desarrollo de Barbados 2013-2020, con la coordinación de la División de Asuntos Económicos del Ministerio de Finanzas y Asuntos Económicos.

En Belice, la Estrategia de Crecimiento y Desarrollo Sostenible 2016-2019, el plan nacional de desarrollo amplio a mediano plazo, está en concordancia con los objetivos del marco de desarrollo nacional de largo plazo, Horizon 2030, y se ha formulado con la mira puesta en la consecución del los objetivos de este. La Estrategia también estuvo en concordancia desde su inicio con los ODS, de tal forma que al implementar la Estrategia, Belice procurará simultáneamente el logro de los Objetivos. En cuanto a la implementación, la Estrategia se coordina en múltiples niveles bajo la autoridad de la Oficina del Primer Ministro y el Gabinete. Una Asamblea de Responsables de los Ministerios de Gobierno (CEO Caucus) examina la Estrategia y define las prioridades y los conflictos de política.

En Chile, para avanzar en la implementación de la Agenda 2030 a nivel regional y local, el Gobierno diseñó una estrategia de participación ciudadana a través de la realización de encuentros y diálogos con actores regionales y locales, lo que generó un espacio de encuentro y diálogo entre la ciudadanía y el Estado respecto de la implementación de la Agenda en el país. De este modo, se promueve la apropiación y participación de la ciudadanía y es posible identificar las expresiones territoriales de las brechas y desafíos que la Agenda 2030 representa para Chile.

En Colombia, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) desarrolló un kit para la planeación territorial, que promueve la alineación de los planes de desarrollo subnacionales con la Agenda 2030 y sus múltiples fuentes de financiaciónb.

En Cuba, el mecanismo institucional para la implementación de la Agenda 2030 corresponde a un grupo de trabajo nacional en el que participan múltiples actores (académicos y de la sociedad civil), liderado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y compuesto por todos los ministerios y departamentos del Estado. Entre otras iniciativas que se vinculan a la Agenda, Cuba cuenta con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, que está encabezado por el Ministerio de Economía y Planificación.

En Jamaica, los objetivos y metas del plan Visión 2030 Jamaica están en consonancia con las metas de los ODS en un 77%. El plan incluye un marco de indicadores de resultado a nivel sectorial y territorial que vincula los planes de desarrollo local a nivel de parroquia (PNUD, 2016a).

En el Perú se crearon espacios de encuentro entre el gobierno regional y el Poder Ejecutivo (Gore-Ejecutivo) para mejorar la priorización y planeación regionales y su alineación con las políticas sectoriales en el marco de la Agenda 2030.

En Suriname, que ha sido un pionero en el proceso de territorialización de los ODS, se ha vinculado de manera activa a las comunidades y se han incorporado voces multiculturales en la implementación de los Objetivos (Ministerio de Desarrollo Regional de Suriname, 2016).

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información proporcionada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

a Véase [en línea] http://www.politicassociales.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/publicacion2016-11-24-112150.pdf.

b Véase [en línea] http://kiterritorial.co/.

E. Incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las cuentas públicas de los países de América Latina y el Caribe

Aunque los Gobiernos tienden a fortalecer la planificación, uno de los desafíos más importantes para los países de la región es la articulación de la planeación y el presupuesto para concretar los planes y lograr los resultados esperados (García López y García Moreno, 2010). La asignación de recursos para la implementación de acciones requiere la alineación de los instrumentos de planeación desde los planes nacionales de desarrollo hasta los presupuestos locales.

En Belice, la Estrategia de Crecimiento y Desarrollo Sostenible es un documento de planeación de mediano plazo que suma las estrategias de crecimiento y reducción de pobreza y la agenda de desarrollo sostenible de Belice, y se refleja en estrategias sectoriales de educación, energía y comercio en las que se vinculan las metas de los ODS. Para alinear la Estrategia con el presupuesto para el ejercicio fiscal 2017/2018 los ministerios deben presentar sus presupuestos vinculados a objetivos e indicadores de dicha estrategia.

Costa Rica implementa un modelo de gestión por resultados que incluye la presupuestación basada en los resultados. Si bien en el modelo actual hay un encadenamiento entre la visión de desarrollo con los objetivos y metas nacionales, regionales y sectoriales y los programas presupuestales, aún falta mejorar la alineación del plan de presupuesto. En 2017 el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) implementará un plan piloto de planeación presupuestal en el sector social donde la asignación presupuestal se hará por programas vinculados a dimensiones del índice de pobreza multidimensional (IPM), y en el sector de seguridad y justicia se implementarán nuevas estructuras de presupuesto.

San Vicente y las Granadinas, como otros pequeños Estados insulares en desarrollo, es vulnerable a los efectos de los desastres naturales provocados por el cambio climático. La adopción de los ODS representa para San Vicente y las Granadinas la posibilidad de beneficiarse de los recursos de mitigación y adaptación en el contexto de los ODS.

El Ecuador implementa la metodología Examen Institucional y del Gasto Público para el Clima. La cuantificación del gasto público climático del Ecuador permite al país contribuir al acuerdo global de concretar acciones efectivas y eficientes de mitigación y adaptación y, además, la formulación de un presupuesto con enfoque ambiental puede generar ganancias, gracias, entre otras cosas, a la eficiencia en la gestión de recursos. El Examen Institucional también visibiliza la inversión que hace el país y, por tanto, puede servir como insumo en los procesos de búsqueda de financiamiento internacional[12].

Recuadro II.3

Presupuestos

La adopción de la Agenda 2030 aún es muy reciente en los países de la región por lo que no es posible mostrar avances en la asignación de recursos para el desarrollo sostenible, pero se pueden destacar las siguientes experiencias en materia de presupuestos:

En México, los presupuestos de género se están utilizando como herramienta para incorporar las cuestiones de género en las políticas y presupuestos gubernamentales, y desagregan el gasto temáticamente en todos los sectores en un año. En este país, los especialistas en igualdad de género están trabajando con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para desarrollar una política fiscal que valore la contribución de la mujer a la economía y la forma en que se distribuye este ingreso. También están capacitando a trabajadores gubernamentales a nivel nacional, local y municipal sobre la igualdad de género y el desarrollo de políticas y presupuestos, con lo que se fomenta la conciencia pública sobre la igualdad de género (PAGE, 2016, pág. 61). Además, es destacable la aplicación de la herramienta de análisis de alineamiento de los ODS con los documentos de planeamiento denominada Evaluación Rápida Integrada, desarrollada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para asociar los planes y programas sectoriales a los ODS. En esta misma línea, la Secretaría de Hacienda, con apoyo del PNUD, realizó un cruce entre los objetivos y metas de los programas presupuestarios con los ODS. También se vincularon los indicadores presupuestarios con los 231 indicadores de los ODS. Este último ejercicio permitirá continuar estimando el monto de asignación presupuestal para la Agenda 2030 en México.

En Panamá, la Comisión Interinstitucional y de la Sociedad Civil para el Apoyo y Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible creada para la implementación de los ODS tuvo entre sus primeras acciones alinear los objetivos, programas y proyectos del Plan Estratégico de Gobierno con los ODS y asegurar los recursos para su implementación (Panamá, Gobierno de 2015). El ejercicio mostró que el país tiene más de 2.000 iniciativas gubernamentales alineadas a los ODS, cuya ejecución está a cargo de 45 instituciones públicas y 400 organizaciones privadas; se estima que estas actividades movilizarán 21.000 millones de dólares (Muschett, s.f.).

En el Perú, el país ha avanzado hacia la presupuestación basada en los resultados con el liderazgo del Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza y actores de la sociedad civil. Un efecto positivo es que 24 planes presupuestales estratégicos han sido priorizados para asignaciones presupuestarias y protegidos de las fluctuaciones de la disponibilidad presupuestaria. Estos incluyen programas sociales relacionados con la educación, la salud, la mortalidad infantil y la nutrición, y otros relacionados con la producción agrícola, la energía, el agua y la calidad ambiental (PAGE, 2016, pág. 62).

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sobre la base de Gobierno de Panamá, “Decreto Ejecutivo núm. 393 que adopta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y dicta otras disposiciones”, Panamá, 14 de septiembre de 2015; M. Muschett, “Avances en la implementación de la Agenda 2030 en Panamá”, inédito, s.f.; y Alianza de Acción para una Economía Verde (PAGE), Integrated Planning & Sustainable Development: Challenges and Opportunities, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 2016.

1. Otras fuentes de financiación

En los foros regionales, los expertos y representantes nacionales coinciden en identificar a la financiación de la implementación de la Agenda 2030 como un desafío común. En este escenario, y siguiendo las recomendaciones de la Agenda de Acción de Addis Abeba, el sector privado se configura como una fuente de financiación fundamental para el desarrollo; aunque se debe tener en cuenta que la dependencia del financiamiento privado, y en particular la inversión extranjera directa (IED), no es deseable por su potencial impacto negativo en el desarrollo (CEPAL, 2015).

En la región, la Agenda 2030 ha despertado interés del sector privado y sus agendas de responsabilidad social empresarial como un marco de referencia para alinear sus esfuerzos. Algunas iniciativas de vinculación del sector privado a los ODS se encuentran en la Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Costa Rica, el Ecuador y México.

En la Argentina, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, en alianza con empresas consultoras privadas en temas de responsabilidad social empresarial, presentó un estudio sobre el sector privado y los ODS en el cual se identifican oportunidades para el trabajo conjunto (Rigou Consultores, 2016).

En el Estado Plurinacional de Bolivia, el Gobierno enfoca sus esfuerzos en el cumplimento de las metas del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 y la Agenda Patriótica 2025. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), a través del Pacto Mundial, ha encontrado en los ODS un referente para alinear sus estrategias de responsabilidad social empresarial.

Costa Rica firmó un Pacto Nacional por el Cumplimiento de los ODS para la construcción de una agenda de compromisos y de incidencia política para la implementación de los Objetivos. A él se adhieren el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, representantes de gobiernos locales, el sector privado, organizaciones sociales y religiosas y el sector académico, entre otros.

En el Ecuador, el sistema de las Naciones Unidas trabaja en actividades de difusión y de movilización de actores, convocadas conjuntamente por entidades del gobierno nacional y por los organismos del sistema de las Naciones Unidas. El sector privado ha manifestado interés en el desarrollo de una agenda productiva 2030 alineada con los ODS y en la conformación de una coalición del sector privado para la implementación de los Objetivos.

En México, la Alianza por la Sostenibilidad es una plataforma de diálogo y acción, que incluye a 80 empresas mexicanas y multinacionales que operan en el país, orientada a intercambiar información sobre la integración de los ODS en los modelos de negocio y diseñar proyectos de cooperación internacional en torno a la Agenda 2030. La Alianza se organiza en comités de trabajo por afinidad temática: energía asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, educación e inclusión social.

Por otra parte, México también contó con la participación de las instituciones de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, el sector académico, el Poder Legislativo y el sector privado en la construcción participativa del examen nacional voluntario de México para el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible. El sector académico participó en el Conversatorio sobre la Implementación Nacional de la Agenda 2030 celebrado en julio de 2016 en Ciudad de México.

F. Monitoreo y evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los países de América Latina y el Caribe

Uno de los frentes en los que se han visto más avances en los países de la región durante 2016 es el mapeo de la información disponible para el monitoreo de los ODS con el fin de identificar brechas y avanzar en la definición de marcos nacionales de monitoreo. Se destaca la experiencia del Perú, que ya cuenta con una plataforma en línea de fácil consulta para el seguimiento a los ODS. Al visibilizar las sinergias entre diferentes metas y objetivos es posible facilitar el diálogo intersectorial (UNDG, 2016b).

En el Perú, en agosto 2016, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) creó la plataforma Sistema de Monitoreo y Seguimiento de los Indicadores de los ODS “Objetivos para transformar nuestro país”, un portal web con una matriz de instituciones a cargo de la producción de los indicadores ODS y con una base de datos dinámica[13]. El Perú también asumió el liderazgo del diálogo mundial sobre el monitoreo participativo para la rendición de cuentas, uno de los seis principales medios de implementación propuestos para el marco de los ODS. En una consulta nacional realizada en 2014, se observó que, tanto los actores estatales como la sociedad civil, creen que el monitoreo participativo para la rendición de cuentas debe desempeñar un papel importante en el desarrollo nacional sostenible para 2030, incluso en la implementación y localización de los ODS (PAGE, 2016, pág. 66).

En la República Dominicana se realiza un seguimiento de los resultados vinculado a la ejecución presupuestal y la alineación con los ODS a través de una plataforma en línea (UNDG, 2016b).

En Belice se ha diseñado una nueva organización institucional para hacer el seguimiento de su Estrategia de Crecimiento y Desarrollo Sostenible (véase el diagrama II.9). Esta vincula a diferentes instituciones estatales (en el nivel técnico se encuentran los comités y sus mesas de trabajo, donde se recopila y analiza la información). El Instituto Estadístico de Belice está a cargo del repositorio central de datos y preside las mesas de trabajo de los comités técnicos, mientras que el Ministerio de Finanzas y Desarrollo Económico coordina las políticas y el proceso de monitoreo y evaluación. La Asamblea de Responsables de los Ministerios de Gobierno (CEO caucus) recibe esta información consolidada en informes de monitoreo y evaluación para direccionar la política sobre la base de datos e informes.

La producción y el análisis de la información y el seguimiento de los ODS han servido para generar alianzas. Por ejemplo, en el Brasil, el mapeo de la información ha sido un punto de inicio para convocar aliados en torno a la Agenda 2030; en el Ecuador hay una iniciativa para conformar un observatorio de los ODS con el auspicio de la Comisión Europea.

En el Brasil, el Grupo de Trabajo sobre la Agenda 2030 de las Naciones Unidas publicó en 2015 un informe sobre el seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los insumos iniciales del sistema de las Naciones Unidas en Brasil sobre la identificación de indicadores nacionales relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El informe fue elaborado por 16 grupos temáticos durante nueve meses, que identificaron alrededor de 570 indicadores y destacaron algunos vacíos de información en algunos Objetivos. A nivel nacional, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) ha convocado a las instituciones oficiales que producen información y datos para que coordinen esfuerzos para la definición de los indicadores nacionales. Además, el IBGE y el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) asesorarán a la Comisión Nacional para los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el establecimiento del marco oficial nacional de indicadores.

Diagrama II.9

Belice: organización institucional para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sobre la base de información oficial.

Por otra parte, el Brasil creó un sistema de monitoreo de los objetivos y metas del Plan Plurianual relacionados a las metas de los ODS, que puede facilitar el monitoreo de los ODS en el gobierno federal. Desde 2016 realiza el mapeo de las políticas y programas del Gobierno con impactos en los ODS. Esto permitirá reflejar en el Sistema de Planificación y Presupuesto (SIOP) la forma en que la implementación de las actividades incluidas en el Plan Plurianual de todas las instituciones gubernamentales contribuye a los ODS (DEPLA/SEPLAN/MP, 2016).

Otros países examinan la forma en que sus sistemas nacionales de seguimiento de la política social pueden generar información para el seguimiento de los ODS. Tal es el caso de Costa Rica, que genera datos e información del índice de pobreza multidimensional, el registro único de beneficiarios e información georreferenciada para medir el impacto de los programas sociales en la calidad de vida de las personas. Asimismo, Honduras procura establecer una sinergia con indicadores de la plataforma de gestión sobre las dimensiones del programa Vida Mejor, a saber: ingresos, seguridad alimentaria, vivienda, empleo, emprendimiento, educación y salud.

Conclusiones

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es una agenda de mediano plazo y, por lo mismo, su implementación transcenderá los ciclos gubernamentales de los países de la región. Por ello es necesario emprender acciones que aseguren su continuidad y sostenibilidad para que, lejos de ser una agenda de un gobierno en particular, se convierta en una agenda de Estado. Los mecanismos institucionales descritos en este capítulo son un paso firme en esta dirección. La integración de los principios y objetivos de la Agenda 2030 en los planes nacionales, políticas públicas y presupuestos nacionales, por un lado, así como la activa participación de todos los actores de la sociedad en su implementación y seguimiento, por el otro, permitirán avanzar con paso seguro hacia el cumplimento de la visión que los países expresaron sobre un desarrollo sostenible en el que nadie se quede atrás.

En 2015 cambió el paradigma de desarrollo mundial a partir de la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La región de América Latina y el Caribe fue una importante protagonista en ese proceso. También lideró las negociaciones que complementaron la Agenda 2030, como las del Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, las de la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, las del Acuerdo de París sobre cambio climático y las de las Modalidades de Acción Acelerada para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (Trayectoria de Samoa).

A un año de la aprobación de la Agenda 2030 en los países de la región ya hay un reconocimiento explícito de los ODS y la Agenda 2030 como referencia orientadora de las políticas nacionales y subnacionales. La región ha traducido el impulso creado en las negociaciones intergubernamentales en la incorporación explícita de los principios de la Agenda en sus propios mecanismos y ciclos de planificación y presupuesto. La región también está diseñando los mecanismos institucionales necesarios que respondan a la lógica del desarrollo sostenible, es decir, a una visión de desarrollo multidimensional, integrada, participativa, transparente, basada en los derechos humanos y que asegure que nadie se quede atrás.

El enfoque integrado implícito en los ODS requiere una mayor coordinación intersectorial. A pesar de lo incipiente del proceso, ya existe diversidad en el nivel de implementación. En la región se han identificado al menos 15 mecanismos interinstitucionales para la implementación de los ODS. Los países de la región han seguido dos criterios: utilizar las instituciones existentes asignándoles nuevas responsabilidades que recojan estos nuevos desafíos, o crear nuevas instituciones con funciones específicas para coordinar la implementación de los ODS.

En su mayoría, los mecanismos institucionales están respaldados por decretos o acuerdos en los cuales se detalla la estructura del mecanismo, su alcance y objetivos. A partir de ese momento los mecanismos han celebrado reuniones y en muchos países han iniciado acciones nacionales de difusión y sensibilización, en diversos formatos, como cursos, seminarios, debates, encuentros de diálogo multisectorial y foros, entre otros.

Independientemente de que el mecanismo utilizado exista previamente o no, los mecanismos e instituciones responsables de la implementación de la Agenda 2030 tienen como objeto cumplir las siguientes funciones: orientar la política para el logro de los ODS; llevar a cabo la coordinación institucional e intersectorial; movilizar recursos y orientar el gasto; gestionar alianzas; presentar informes, monitorear y evaluar; y alinear la cooperación internacional.

La incorporación de los principios de la Agenda 2030 sigue los ciclos de planificación, es decir que aquellos países cuyos ciclos han coincidido con el de la Agenda 2030 han incorporado esos principios en los documentos de planificación desde la etapa de formulación. En los demás países, si bien los ODS pueden estar muy integrados en la planificación, como se observa en los ejercicios de Evaluación Integrada Rápida realizados en varios países de la región[14], el hincapié se hace en la implementación de los planes existentes de forma que reflejen un enfoque integrado.

En la Agenda 2030 se espera la conjugación de políticas y acciones concretas de manera intersectorial con una visión integrada. Este enfoque tiene el potencial de crear eficiencia en la inversión en la medida en que se identifiquen e implementen acciones catalíticas o de aceleración, que puedan generar resultados positivos en varios ODS y metas relacionadas simultáneamente. Por otro lado, este enfoque conlleva como principal desafío la negociación intersectorial y entre múltiples actores públicos y privados alrededor de las llamadas compensaciones (trade-offs). En este contexto, los aspectos de gobernanza de la Agenda 2030 se tornarán cada vez más cruciales.

Cuadro II.1

Resumen de los mecanismos nacionales de seguimiento de la Agenda 2030

País

Órgano de coordinación

Ad hoc

Secretaría

1

Argentina

Consejo Nacional de Coordinación de las

Políticas Sociales

No

Consejo Nacional de Coordinación de las Políticas Sociales

2

Bahamas

Consejo de Desarrollo Nacional

Sí

Unidad de Desarrollo Económico y Planeación, establecida en el ámbito de la Oficina del Primer Ministro

3

Belice

Ministerio de Finanzas y Desarrollo Económico

No

4

Brasil

Comisión Nacional para los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Sí

Secretaría de Gobierno de la Presidencia de la República

5

Colombia

Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Alistamiento y la Efectiva Implementación de la Agenda de Desarrollo Post 2015 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible

Sí

Departamento Nacional de Planeación

6

Chile

Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Sí

Ministerio de Desarrollo Social

7

Costa Rica

Comisión Nacional Coordinadora de Alto Nivel de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Sí

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica

8

El Salvador

Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible

Sí

Secretaría Técnica de la Presidencia

9

Guatemala

Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR)

No

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia

10

Honduras

Dirección Presidencial de Planificación Estratégica, Presupuesto e Inversión Pública

No

Secretaría de Coordinación General de Gobierno

11

Jamaicaa

Grupo de Trabajo Interministerial

No

Instituto de Planificación de Jamaica

12

México

Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Sí

Presidencia de la República

INEGI (CTEODS)

13

Panamá

Comisión Interinstitucional y de la Sociedad Civil para el Apoyo y Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Plan Panamá 2030 en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Sí

Gabinete Social

14

Paraguay

Comisión Interinstitucional de Coordinación para la Implementación, Seguimiento y Monitoreo de los Compromisos Internacionales Asumidos por el País en el Marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas

Sí

Secretaría Técnica de Planificación para el Desarrollo Económico y Social

15

Perú

Comisión Intersectorial para el Seguimiento de la Agenda 2030

Sí

16

República Dominicana

Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible

Sí

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

17

Uruguay

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

No

18

Venezuela (República Bolivariana de)

Consejo de Vicepresidentes

No

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de los países.

a Información no oficial obtenida de la presentación de Travis Reid, Especialista en Desarrollo Económico del Instituto de Planificación de Jamaica en el Seminario Internacional Desafíos de la Planificación en América Latina y el Caribe en el marco de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Santiago, 24 de noviembre de 2016.

Bibliografía

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) CEPAL (2016), Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible (LC/G.2660/Rev.1), Santiago.

____(2015), Informe del vigésimo período de sesiones del Comité de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN). Consulta Regional de América Latina y el Caribe sobre Financiamiento del Desarrollo (LC/L.3997), Santiago.

DEPLA/SEPLAN/MP (Departamento de Planificación y Evaluación/Secretaría de Planificación y Asuntos Económicos/Ministerio de Planificación, Desarrollo y Gestión del Brasil) ____(2016), “Plan Plurianual -PPA 2016-2019 y Objetivos de Desarrollo Sostenible”, presentación en el Seminario Planificación y Gestión Pública en la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) [en línea] http://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/13._apresentacion_ods_brasil-_cepal_-_27.09.16.pdf.

García López, R. y M. García Moreno (2010), La gestión para resultados en el desarrollo. Avances y desafíos en América Latina y el Caribe, Washington, D.C., Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Ministerio de Desarrollo Regional de Suriname (2016), “Localizing the Sustainable Development Goals in Suriname”, Mainstreaming the Sustainable Development Goals for National Development, Ministerio de Hacienda de Suriname.

Muschett, M. (s/f.), “Avances en la implementación de la Agenda 2030 en Panamá”, inédito.

Naciones Unidas (2015), Resolución 70/1 ”Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, Nueva York.

PAGE (Alianza de Acción para una Economía Verde) (2016), Integrated Planning & Sustainable Development: Challenges and Opportunities, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Panamá, Gobierno de (2015), Decreto Ejecutivo núm. 393 que adopta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y dicta otras disposiciones, Panamá, 14 de septiembre.

PARLACEN (Parlamento Centroamericano) (2016), “Firma de Memorándum de Cooperación entre el Parlamento Centroamericano y la Secretaría de Integración Social Centroamericana” [en línea] http://www.parlacen.int/Prensa/Prensa/tabid/145/EntryId/2208/Firma-de-Memorandum-de-Cooperacion-entre-el-Parlamento-Centroamericano-y-la-Secretaria-de-Integracion-Social-Centroamericana.aspx.

PARLATINO (Parlamento Latinoamericano y Caribeño) (2016), “Los ODS comienzan a ser parte de la vida política en ALC” [en línea] http://www.parlatino.org/es/cdn/item/1768-los-ods-comienzan-a-ser-parte-de-la-vida-politica-en-alc-senadora-alcala.

PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) (2016a), A Roadmap for SDG Implementation in Jamaica, Nueva York.

____(2016b), “Fortaleciendo parlamentos y construyendo sociedades resilientes para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, presentación en el 13a Asamblea Plenaria de ParlAmericas, Ciudad de México, 5 a 7 de diciembre [en línea] http://www.parlamericas.org/uploads/documents/SDG%20Handout_ESP.pdf.

Rigou Consultores (2016), Empresas y Objetivos de Desarrollo Sostenible: una agenda compartida, Buenos Aires [en línea] http://rigouconsultores.com.ar/wp-content/uploads/2016/11/Empresas_y_ODS_Una_Agenda_Compartida.pdf.

UNDG (Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo) (2016a), Transversalización de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Guía de referencia para los Equipos de las Naciones Unidas en los países, Nueva York.

____(2016b), The Sustainable Development Goals are coming to life. Stories of country implementation and UN support, Nueva York.

____(2013), Inicia la conversación global: puntos de vista para una nueva agenda de desarrollo, Nueva York.

[1] El presente capítulo se elaboró con insumos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), obtenidos a través de la red que vincula y coordina los esfuerzos nacionales en torno a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y se complementó con aportes del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) y de la Sede Subregional de la CEPAL para el Caribe.

[2] Elaborado por la CEPAL sobre la base de información proporcionada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

[3] Véase [en línea] http://data.myworld2015.org.

[4] Creada mediante Decreto núm. 8.892/2016, publicado en el Diario Oficial de la Unión el 31 de octubre de 2016 [en línea] http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=1&data=3110/2016/.

[5] Véase el Decreto núm. 49/2016, del Ministerio de Relaciones Exteriores [en línea]https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1090692.

[6] Decreto núm. 0280/2015 de la Presidencia de la República [en línea] http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%20280%20DEL%2018%20DE%20FEBRERO%20DE%202015.pdf.

[7] Véase el Decreto Ejecutivo 393 del 14 de septiembre de 2015 [en línea] https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/27870_B/GacetaNo_27870b_20150917.pdf.

[8] Véase el Decreto núm. 5.887 del Ministerio de Relaciones Exteriores, septiembre de 2016 [en línea] http://www.stp.gov.py/v1/wp-content/uploads/2017/02/DECRETO5887_8o6wcwvd.pdf.

[9] Véase el Decreto núm. 23/2016, de la Presidencia de la República [en línea] https://es.scribd.com/document/309702146/Decreto-23-16.

[10] Regulado por el Decreto núm. 11/2002, que establece la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y su Reglamento [en línea] http://old.congreso.gob.gt/archivos/decretos/2002/gtdcx11-2002.pdf.

[11] Véase [en línea] http://www.segeplan.gob.gt/nportal/index.php/ods.

[12] De acuerdo con la información disponible en el país, el gasto público devengado en cambio climático del Ecuador como porcentaje del PIB representa un 0,85% en 2011, alcanza su máximo en 2013 con un 1,80% y llega al 1,43% en 2015.

[13] Véase [en línea] http://ods.inei.gob.pe/ods/inicio.html.

[14] México, República Dominicana, Panamá, Jamaica, Trinidad y Tabago.

CAPÍTULO III

La medición de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe

A. El marco de indicadores mundiales para el monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

B. La arquitectura institucional de la región para dar seguimiento a los procesos estadísticos relacionados con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

C. Diagnóstico de las capacidades estadísticas nacionales para la producción de los indicadores de los ODS en América Latina y el Caribe

D. Aportes de la CEPAL a la medición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe: experiencias y fortalezas a disposición de los países miembros

E. Los desafíos de los sistemas estadísticos nacionales ante los nuevos ecosistemas de datos

Bibliografía

Anexo III.A1

A. El marco de indicadores mundiales para el monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible define un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas para el año 2030. Estos recogen las aspiraciones de los Estados miembros de las Naciones Unidas en favor de las personas, el planeta y la prosperidad, con la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia sin que nadie se quede atrás.

El seguimiento de los progresos de los países hacia dichas metas requiere la elaboración de un conjunto de indicadores definidos a nivel mundial. La comunidad estadística internacional, en el seno de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, ha establecido dos instancias integradas por países que, en representación de las diferentes regiones del mundo, trabajan en la definición y el mejoramiento del marco de indicadores mundiales y el fortalecimiento de las capacidades estadísticas nacionales. Se trata del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Grupo de Alto Nivel de Colaboración, Coordinación y Fomento de la Capacidad en materia de Estadística para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Ambos Grupos, cuya gobernanza está a cargo de los países miembros, trabajan en el marco de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, y su Secretaría Técnica es ejercida por la División de Estadística (UNSD).

Entre otras tareas, estos Grupos de Trabajo se ocupan de la propuesta y revisión de metodologías de cálculo, la definición de mecanismos de reporte de los datos desde los planos nacionales hacia el plano regional y global, y la propuesta de un plan de acción para implementar el marco de indicadores mundiales en el corto y mediano plazo. Cuentan con el apoyo de las Comisiones Regionales, las organizaciones internacionales y los organismos especializados, fondos y programas de las Naciones Unidas, los que trabajan para que sea posible un sistema de información estadística a nivel internacional que cuente con datos confiables, basados en estadísticas nacionales robustas.

Los países miembros de ambos Grupos son nominados a través de los mecanismos regionales existentes, siendo la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL el ámbito institucional que corresponde a América Latina y el Caribe. El mandato se define por un período inicial de dos años, tras el cual se espera que los países roten conforme a las directrices establecidas en los respectivos mecanismos regionales, con el fin de asegurar la participación de un mayor número de países en cada región.

Desde su constitución, en marzo de 2015, en ocasión del 46o período de sesiones de la Comisión de Estadística (Naciones Unidas, 2015), el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, integrado por los representantes de las oficinas nacionales de estadística de 27 Estados Miembros de las Naciones Unidas, ha elaborado una propuesta de un conjunto de 230 indicadores para el monitoreo de los 17 ODS y sus 169 metas en el plano global, la que fue aprobada en marzo de 2016 durante el 47o período de sesiones de la Comisión de Estadística (Naciones Unidas, 2016).

Cuadro III.1

Países miembros del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y del Grupo de Alto Nivel de Colaboración, Coordinación y Fomento de la Capacidad en materia de Estadística para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en el primer período de mandato de cada región, febrero de 2017

Regiones

Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Grupo de Alto Nivel de Colaboración, Coordinación

y Fomento de la Capacidad en materia de Estadística para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

África Oriental

República Unida de Tanzanía

Mozambique

Uganda

Rwanda

África Central y Meridional

Botswana

Sudáfrica

Camerún

África Occidental

Cabo Verde

Côte d’Ivoire

Senegal

África Septentrional

Argelia

Túnez

Asia Occidental

Armenia

Estado de Palestina

Bahrein

Yemen

Egipto

Asia Central, Oriental, Meridional y Sudoriental

China

Mongolia

India

Pakistán

Kirguistán

Malasia

Filipinas

Kazajstán

Oceanía

Fiji

Vanuatu

Samoa

El Caribe

Cuba

Bahamas

Jamaica

Santa Lucía

América del Sur y Centroamérica

Brasil

Argentina

Colombia

Ecuador

México

El Salvador

Europa Oriental

Federación de Rusia

Hungría

América del Norte y Europa Septentrional, Meridional y Occidental

Canadá

Dinamarca

Francia

Italia

Alemania

Suiza

Países Bajos

Estados Unidos

Suecia

Fuente: Naciones Unidas, Sustainable Development Goal indicators website [en línea] http://unstats.un.org/sdgs/.

Nota: El Brasil participa del Grupo de Alto Nivel de Colaboración, Coordinación y Fomento de la Capacidad en materia de Estadística para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en su calidad de Presidente de la Comisión de Estadística.

Cuadro III.2

Número de indicadores incluidos en el marco de indicadores mundiales para el monitoreo

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Objetivo

Número de indicadores

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

12

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

14

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

26

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

11

Objetivo 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

14

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

11

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos

6

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

17

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

12

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

11

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

15

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

13

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

7

Objetivo 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible

10

Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad

14

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

23

Objetivo 17: Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

25

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas “Final list of proposed Sustainable Development Goal indicators” [en línea] https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/11803Official-List-of-Proposed-SDG-Indicators.pdf.

Nota: Algunos Objetivos comparten los mismos indicadores, por lo que la suma arroja un total de 241 indicadores en lugar de 230.

En dicha oportunidad, la Comisión de Estadística solicitó al Grupo Interinstitucional y de Expertos que continuara con el desarrollo de los indicadores propuestos, con el objetivo de mejorar la propuesta inicial, abogando por el logro de un conjunto de indicadores pertinentes a todas las metas de la Agenda 2030, basado en los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales y apoyado por los actores relevantes del sistema de producción de estadísticas internacionales (que comprende un complejo entramado de relaciones institucionales bajo la coordinación de la División de Estadística de las Naciones Unidas, las Divisiones de Estadística de los organismos internacionales especializados, las Divisiones de Estadística de las Comisiones Regionales de las Naciones Unidas y los sistemas estadísticos nacionales (SEN) representados por las oficinas nacionales de estadística). Este desarrollo permitirá contar con un informe anual para presentar ante el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (FPAN) sobre el avance de los países en la consecución de las metas y Objetivos de la Agenda 2030.

Desde la aprobación de la propuesta inicial en marzo de 2016, el Grupo Interinstitucional y de Expertos ha venido trabajando en respuesta al mandato de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas. El análisis técnico de la información necesaria para la producción de las estadísticas que permitirán construir el conjunto de indicadores seleccionados derivó en la clasificación de estos en tres niveles asociados con el grado de disponibilidad de datos en el plano nacional e internacional y de estándares metodológicos internacionales:

•Nivel I: El indicador es conceptualmente claro, se dispone de metodología y estándares, y los países miembros producen datos de forma regular.

•Nivel II: El indicador es conceptualmente claro, se dispone de metodología y estándares, pero los países miembros no producen datos de forma regular.

•Nivel III: La metodología y los estándares para el indicador no existen o se están desarrollando o probando.

En el gráfico III.1 se presenta la situación a nivel mundial al 21 de diciembre de 2016, de acuerdo con esta clasificación.

Gráfico III.1

Número de indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por nivel de disponibilidad de datos,

21 de diciembre de 2016a

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, “Tier Classification for Global SDG Indicators. 21 December 2016” [en línea] http://unstats.un.org/sdgs/files/meetings/iaeg-sdgs-meeting-04/Tier%20Classification%20of%20SDG%20Indicators_21%20Dec%20for%20website.pdf.

a Cinco indicadores tienen múltiples niveles (los diferentes componentes del indicador se clasifican en diferentes niveles).

La disponibilidad de estándares internacionales y de datos producidos de manera regular es un desafío para los SEN que afecta de manera heterogénea a los temas incluidos en la Agenda 2030 y, por ende, a cada uno de sus Objetivos. De los 13 indicadores del Objetivo 12 (Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles), 11 (85%) caen en el nivel III. Este alto porcentaje de indicadores catalogados como de nivel III también afecta la situación del Objetivo 14 (Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible) (80%) y del Objetivo 13 (Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos) (71%), aunque en estos casos representan una cantidad menor de indicadores (ocho y cinco, respectivamente).

Gráfico III.2

Indicadores de nivel III de cada Objetivo de Desarrollo Sostenible, 21 de diciembre de 2016

(En números y porcentajes del total)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, “Tier Classification for Global SDG Indicators. 21 December 2016” [en línea] http://unstats.un.org/sdgs/files/meetings/iaeg-sdgs-meeting-04/Tier%20Classification%20of%20SDG%20Indicators_21%20Dec%20for%20website.pdf.

Por consiguiente, el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible tiene todavía por delante el arduo trabajo de generar la información necesaria para el cálculo de los indicadores mundiales de una manera que permita contar con datos comparables entre países. El marco de indicadores mundiales constituye un punto de partida para el trabajo conjunto de los actores del sistema estadístico internacional en la búsqueda de indicadores robustos que puedan calcularse de una manera comparable y permitan realizar el seguimiento de los avances de los Estados Miembros de las Naciones Unidas hacia la consecución de las metas fijadas en la Agenda 2030.

De esta forma, se inicia un proceso que implica la construcción y el mejoramiento de la información estadística nacional e internacional, mediante el fortalecimiento de los sistemas estadísticos nacionales, respondiendo al llamado a una “revolución de datos”. Este llamado se concretó en el plan de acción mundial para los datos sobre el desarrollo sostenible1, el que se presentó en el 48º período de sesiones de la Comisión de Estadística en 2017. Este proceso permitirá al Grupo Interinstitucional y de Expertos no solo abordar el desarrollo de un marco de indicadores para el seguimiento de los ODS, sino también el apoyo técnico para la aplicación de los indicadores aprobados, el uso de definiciones armonizadas y acordadas de indicadores, el examen periódico de los metadatos, la presentación de informes sobre los progresos realizados en la consecución de los objetivos y metas, y la promoción de las actividades de fortalecimiento de las capacidades estadísticas nacionales.

B. La arquitectura institucional de la región para dar seguimiento a los procesos estadísticos relacionados con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Más allá de los mecanismos globales, la Agenda 2030 hace un llamado expreso a visibilizar las realidades y desafíos regionales y nacionales[2]. El recientemente creado Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, convocado bajo los auspicios de la CEPAL, constituye la instancia política idónea donde dar cuentas de la situación regional, en plena coordinación con el FPAN.

Como se mencionó anteriormente, la Conferencia Estadística de las Américas (CEA), uno de los órganos subsidiarios de la CEPAL integrado por los países miembros de esta Comisión, ha oficiado como el ámbito natural en que se define la representación regional en las instancias mundiales mediante un mecanismo de postulaciones y votación. Así, en mayo de 2015, en ocasión de la XIV Reunión del Comité Ejecutivo de la CEA, los países de la región eligieron al Brasil, Cuba, Colombia, Jamaica y México como sus representantes en el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y a la Argentina, las Bahamas, el Ecuador, El Salvador y Santa Lucía como sus representantes en el Grupo de Alto Nivel de Colaboración, Coordinación y Fomento de la Capacidad en materia de Estadística para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible3.

Sin embargo, considerando el amplio compromiso de los Estados miembros de la CEPAL con los procesos regionales derivados de la Agenda 2030 explicitados en la Declaración de la Mitad del Mundo de la Octava Reunión de la CEA (realizada en Quito en noviembre de 2015) (CEPAL, 2016a) y teniendo en cuenta la necesidad de definir actividades conjuntas como respuesta a los desafíos estadísticos derivados de la implementación de la Agenda, los países de América Latina y el Caribe expresaron su intención de promover un plan de trabajo regional que articule y coordine todas las actividades estadísticas de la región en el marco de los ODS y sus indicadores, de forma de generar sinergias entre los actores de la comunidad estadística regional. En dicha Conferencia, y en referencia a la Agenda 2030, el Grupo Interinstitucional y de Expertos y el Grupo de Alto Nivel, los países reafirmaron la participación regional en el plano global a través de sus representantes elegidos oportunamente y reconocieron la importancia del espacio regional como ámbito natural para la puesta en marcha de las acciones de seguimiento estadístico de la Agenda 2030; además, resaltaron que la Conferencia es el órgano intergubernamental adecuado para esa función en la región.

La Conferencia reconoció la necesidad de trabajar conjuntamente bajo un nuevo esquema de gobernanza que permitiera generar un plan regional de implementación para cubrir gradualmente los requerimientos de información derivados de la Agenda 2030, y solicitó a la CEPAL que, en su calidad de Secretaría de la Conferencia, elaborara una propuesta de marco de seguimiento estadístico regional de la Agenda 2030.

En junio de 2016, en ocasión de su XV Reunión, el Comité Ejecutivo de la CEA aprobó la creación del Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe (CEPAL, 2016b), integrado por los diez países que representan a la región en el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en el Grupo de Alto Nivel de Colaboración, Coordinación y Fomento de la Capacidad en materia de Estadística para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con la participación de la CEPAL en calidad de Secretaría Técnica, el que actuará como mecanismo de trabajo conjunto para crear un plan regional que atienda los requerimientos de información derivados de la implementación de la Agenda 2030. Además, solicitó a este Grupo que coordinara sus acciones con el grupo de trabajo ad hoc para la preparación de una propuesta sinérgica sobre los indicadores para el seguimiento regional del Consenso de Montevideo, aprobado en la Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Para el logro de sus objetivos, se estableció que el Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe realizara las siguientes acciones (CEPAL, 2016c):

a)proporcionar liderazgo estratégico para el proceso de implementación de los ODS en la región, en lo que concierne al desarrollo y cálculo de los indicadores, el monitoreo estadístico y la presentación de informes;

b)promover la apropiación nacional del sistema de monitoreo estadístico regional de la Agenda 2030 y fomentará la creación de capacidades, la cooperación y la coordinación, incluida la garantía de la coherencia entre el seguimiento regional y el mundial;

c)apoyar la elaboración de un marco de indicadores para el seguimiento a nivel regional de los Objetivos y las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, atendiendo a las realidades, énfasis y desafíos comunes de los países de América Latina y el Caribe y teniendo en cuenta las diferencias nacionales y subregionales;

d)proveer apoyo técnico para la implementación del seguimiento, procurando el uso armonizado de definiciones y clasificaciones para los indicadores acordados;

e)fomentar el uso de metodologías y estándares estadísticos internacionales y analizará nuevos desarrollos metodológicos y temas relacionados con los indicadores y metadatos;

f)colaborar con los países, en coordinación con la Secretaría Técnica, en el reporte regional del avance de los países hacia los Objetivos y metas de la Agenda 2030, y

g)abordar temas relacionados con el fomento de la capacidad estadística en la región y promoverá la coordinación con las iniciativas existentes sobre desarrollo y fortalecimiento de la capacidad estadística y asistencia técnica, tanto a nivel mundial como regional y subregional, con el fin de evitar la duplicación del trabajo.

De esta forma, la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL oficia de nodo articulador de los actores estadísticos relevantes en la región, a través de su Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe. En respuesta al objetivo de coordinación del proceso de elaboración e implementación de los indicadores regionales y el desarrollo de las capacidades respectivas, este Grupo, con el apoyo de la División de Estadísticas de la CEPAL y en estrecha colaboración con el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Grupo de Alto Nivel de Colaboración, Coordinación y Fomento de la Capacidad en materia de Estadística para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, propondrá un marco de indicadores regionales para su consideración y eventual aprobación en la Conferencia. Este marco de indicadores supondrá la inclusión de indicadores provenientes del marco de indicadores mundiales y otras instancias internacionales, indicadores complementarios regionalmente comparables producidos por la CEPAL que permitan el análisis de las realidades y énfasis regionales, e indicadores nacionales provistos por los países. La propuesta de indicadores recogerá la experiencia y perspectiva de los temas relevantes para la región que la CEPAL y sus Estados miembros, a través de sus divisiones y los equipos técnicos de los sistemas estadísticos nacionales, han desarrollado y plasmado en sus informes al período de sesiones del organismo en el marco de la Agenda 2030. De esta manera, no solo se aprovechan las capacidades instaladas en cuanto al conocimiento de las realidades y desafíos regionales, sino que también se fomenta la sinergia entre los actores relevantes de los órganos subsidiarios de la CEPAL en su conjunto en el marco del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.

Diagrama III.1

Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

a Miembros en 2015-2016 y 2017-2018.

b Miembros en 2015-2016.

c Miembros en 2017-2018.

Esta arquitectura se complementa con las contrapartes estadísticas de los fondos, programas y organismos especializados de las Naciones Unidas y organismos regionales e internacionales con presencia en la región, dadas las especificidades, experticia y conocimientos de las temáticas abordadas en la Agenda 2030. Por último, la coordinación con las instancias estadísticas subregionales como la Comisión Centroamericana de Estadística del Sistema de la Integración Centroamericana (CENTROESTAD), la Comunidad del Caribe (CARICOM), la Comunidad Andina y el MERCOSUR, entre otros, permitirá abordar de mejor manera las especificidades de los países miembros.

La gestión del sistema de información estadística estará bajo la custodia de la CEPAL, la que coordinará las acciones de definición e implementación en el marco del plan de trabajo del Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe. Este sistema permitirá brindar los insumos de medición para la producción de los informes anuales y cuatrienales propuestos para el seguimiento de la Agenda 2030 en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible si correspondiere. Además, permitirá contar con una base de datos regional acordada por los países y facilitará el acceso y la difusión de los resultados e indicadores a partir de sistemas en línea bajo una filosofía de datos abiertos y aplicaciones dinámicas.

La arquitectura propuesta pone a los países de la región al frente de la gobernanza de los mecanismos de seguimiento detallados, teniendo a su disposición la experiencia y capacidad del sistema de las Naciones Unidas en América Latina y el Caribe, y la participación de las instancias subregionales en coordinación con las instancias mundiales. Este esquema contribuye a garantizar y facilitar: i) la apropiación por parte de los países de los procesos y resultados regionales del monitoreo de los indicadores de los ODS y su correlación con los planes nacionales de desarrollo y sus indicadores; ii) la solidez técnica y la comparabilidad entre países de las metodologías estadísticas y estándares internacionales propuestos con marcos de referencia regionales; iii) la conciliación de las diferencias locales, regionales e internacionales; iv) la coordinación interinstitucional a nivel regional e internacional; v) la identificación de brechas en materia de capacidades estadísticas nacionales; vi) la coordinación de esfuerzos de cooperación y asistencia técnica; vii) el fortalecimiento de los SEN; viii) la inclusión de las instancias subregionales que han adscripto a los ODS mediante acciones cohesionadas sobre desarrollo estadístico nacional y regional, y ix) la organización y coordinación de mesas de donantes en temas de desarrollo estadístico en la región.

El Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe ha identificado dos tareas fundamentales, la producción de los indicadores relevantes para la región en el marco propuesto por los ODS y el fortalecimiento de las capacidades estadísticas nacionales respectivas.

En cuanto al establecimiento de los indicadores regionales para el seguimiento de los ODS en América Latina y el Caribe, el Grupo avanza en la elaboración de una propuesta inicial que se desarrollaría durante el año en curso, con la intención de presentarla en la Novena Reunión de la Conferencia Estadística de las Américas, en noviembre de 2017, para la consideración de los países miembros. En esta propuesta se tendrán en cuenta los avances del Grupo Interinstitucional y de Expertos respecto del marco mundial y los indicadores de nivel I y II, y se incorporarán los principales análisis regionales y la disponibilidad de fuentes de información confiables. También se incluirán, si el Grupo lo considera pertinente, los progresos alcanzados por diferentes actores e instancias de la región que tienen bajo su responsabilidad la generación de indicadores temáticos.

Una pieza fundamental de estas acciones es la situación en la que se encuentran los países de América Latina y el Caribe en cuanto a sus capacidades estadísticas para la producción de los indicadores de los ODS. En este sentido, el Grupo de Coordinación, con el apoyo de la Secretaría Técnica, realizó una encuesta dirigida a los sistemas nacionales de estadística de los países de la región con el objetivo de conocer el nivel de producción de los indicadores mundiales de monitoreo de los ODS y las causas de no producción, las instituciones nacionales responsables de su acopio y producción, la periodicidad con la que se producen, el nivel de desagregación y el evento o instrumento estadístico por el cual se levanta la información, entre otros temas.

En el apartado siguiente se presentan detalles de esta consulta y los resultados del diagnóstico de capacidades estadísticas nacionales elaborado por la CEPAL como Secretaría Técnica del Grupo de Coordinación considerando la información recibida a enero de 2017.

C. Diagnóstico de las capacidades estadísticas nacionales para la producción de los indicadores de los ODS en América Latina y el Caribe

En la presente sección se presenta una síntesis de los resultados del “Cuestionario de capacidades estadísticas nacionales para la producción de los indicadores ODS”, implementado y analizado por la División de Estadísticas de la CEPAL como parte de las actividades del Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 de América Latina y el Caribe. Este ejercicio se realizó con el objetivo de obtener un mapeo inicial de las capacidades de los países de la región para producir los indicadores de los ODS, permitiendo además la identificación de una red de puntos focales que han sido los nodos articuladores entre los sistemas estadísticos nacionales y el organismo regional. Al respecto, el 81% de los países han designado un punto focal.

El cuestionario, que consta de dos partes, se remitió a las oficinas nacionales de estadística de los 43 países miembros y miembros asociados de la CEPAL, reconociéndolas como los entes rectores de los sistemas estadísticos nacionales, en un proceso de consulta que abarcó de abril de 2016 a febrero de 2017. Si bien la responsabilidad del llenado de los formularios recayó en las oficinas nacionales de estadística, dada la intersectorialidad de la Agenda 2030 y sus indicadores, ha sido fundamental la participación de todos los actores relevantes de los sistemas estadísticos nacionales, en el área de su competencia y responsabilidad.

A febrero de 2017, 26 países y territorios han remitido el cuestionario con diferentes niveles de completitud4. Al respecto, se aprecian importantes diferencias entre los países de América Latina y los del Caribe, presentando los primeros ventajas para remitir el cuestionario a tiempo y mayores tasas de respuesta. Mientras 18 de los 19 países de América Latina remitieron el cuestionario, solo lo hicieron 8 de los 24 países y territorios del Caribe. El ejercicio permitió cuantificar una primera brecha en términos de capacidades para enfrentar el desafío estadístico al reflejar las diferencias encontradas para responder a este tipo de demanda de autodiagnóstico.

Cabe resaltar, como se verá en los próximos párrafos, que esta tarea ha requerido el esfuerzo colectivo de la comunidad estadística de América Latina y el Caribe. Los resultados presentados son de carácter preliminar y se espera que con el transcurso del tiempo los países puedan ir completando sus diagnósticos.

1. El cuestionario enviado a las oficinas nacionales de estadística

Las dos partes del cuestionario fueron diseñadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) del Ecuador, con el apoyo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México y la División de Estadísticas de la CEPAL, con el fin de recopilar un conjunto de datos que describan las características de los procesos de producción de cada uno de los indicadores. De este modo, es posible recoger información sobre las áreas temáticas en las que los países declaran que pueden ofrecer o que requieren cooperación técnica. El instrumento se formuló con el objeto de recolectar una gran cantidad de información referida a la situación actual, en el entendido de que esa información se pudiera ir perfeccionando, completando y actualizando de manera continua y permanente. Con estos datos, es posible describir en términos generales el proceso de producción estadística de cada uno de los indicadores, pero no se pretende dar cuenta de la calidad de la información producida o que pueda producirse.

Ambas partes del cuestionario fueron diseñadas con preguntas abiertas, algunas de las cuales fueron luego codificadas para obtener algunos resultados relevantes para el análisis.

La parte 1 se refiere a la situación del país en torno a la producción de cada uno de los indicadores del marco mundial. Los campos que debían completarse eran los siguientes: nombre de la operación estadística, tipo de operación estadística, periodicidad de la recolección de datos, cobertura geográfica, periodicidad de la difusión de resultados, unidad de observación, disponibilidad de la información, nivel de desagregación e institución responsable. También se incluyó información de contexto que fuera de utilidad para los países: organismo custodio de cada indicador y clasificación en niveles.

La parte 2 se refiere a los temas emanados de los ODS para los cuales el país requeriría o podría ofrecer cooperación técnica. Se identificaron para ello 43 temas iniciales y se solicitó especificar en cada uno de ellos en qué etapa del proceso (de acuerdo con el Modelo Genérico de Procesos Institucionales Estadísticos) se requiere o se podría ofrecer cooperación técnica. Los países podían incluir otros temas de interés que consideraran pertinentes (véanse más detalles del cuestionario en el anexo III.A1).

2. Disponibilidad de información y capacidad de producción de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

En promedio, la pregunta sobre el nivel de producción de los indicadores presenta una tasa de respuesta de un 83%. Las respuestas indican que, a nivel regional, los países producen actualmente alrededor del 22% de los indicadores que componen el marco de indicadores mundiales para el monitoreo de los ODS, cifra que aumenta a un 42% si se consideran además aquellos indicadores que no se producen en la actualidad, pero que los países podrían producir con información ya existente.

La mayor disponibilidad de información corresponde a los objetivos relativos a la salud y el bienestar (Objetivo 3), la pobreza (Objetivo 1), la igualdad de género (Objetivo 5) y el trabajo decente (Objetivo 8), de los cuales los países podrían elaborar con la información existente hasta el momento alrededor de un 60% de los indicadores.

Por otro lado, en los objetivos relacionados con el medio ambiente se aprecian los menores niveles de producción de indicadores, particularmente en los que abordan acciones por el clima (Objetivo 13), patrones de producción y consumo sostenible (Objetivo 12) y vida submarina (Objetivo 14). Los resultados indican que en la actualidad los países estarían produciendo en promedio menos del 10% de los indicadores requeridos para el monitoreo de la Agenda 2030, cifra que subiría a un 20% si se consideran los que no se producen, pero que se podrían producir con información existente. Estas cifras dejan en evidencia la imperiosa necesidad de redoblar los esfuerzos por mejorar las estadísticas ambientales en la región.

Si se consideran los resultados por meta, se aprecia que por el momento existen 15 de las 169 metas sobre las cuales ningún país está produciendo información y 29 metas que solo son monitoreadas por un país (del total de países que remitieron el cuestionario).

La disponibilidad de información varía considerablemente de un país a otro. Mientras Cuba tiene un tasa de respuesta del 100% y afirma poder calcular alrededor del 50% de los indicadores, en algunos países del Caribe la tasa de no respuesta bordea el 80% y la disponibilidad de información para calcular los indicadores no supera el 15% del total de indicadores. Cuba aparece como el país mejor posicionado en cuanto a la producción efectiva de indicadores, ya que puede medir en la actualidad alrededor de un 50% de los indicadores y un 54% de las metas. Si se consideran los indicadores posibles de producir, la Argentina ocupa el primer lugar, ya que manifiesta que podría llegar a producir un 85% de los indicadores definidos en el marco mundial considerando la información existente. Colombia, Costa Rica, El Salvador y México aparecen también en una situación avanzada respecto de sus pares.

Gráfico III.3

América Latina y el Caribe: indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible según nivel

de producción, 2016

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Cuestionario de capacidades estadísticas nacionales para la producción de los indicadores ODS”, Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, 2016.

La principal razón que esgrimen los países para no producir los indicadores es que hasta la fecha no hubo una demanda específica. Es decir que los indicadores no producidos, en general, no han formado parte de las estadísticas regulares que utilizan los países para la toma de decisiones. Debido a lo anterior, también cobra peso la falta de metodologías internacionalmente consensuadas en esta materia, lo que podría desalentar a los países a hacer esfuerzos en este sentido, a la espera de esta definición y de directrices en cuanto a la recolección de información y el cálculo de los indicadores. Los países manifiestan que la falta de capacidad técnica constituye un impedimento para la producción de solo el 8% de los indicadores, siendo la escasez de recursos económicos la causa más relevante de la no producción de la información.

Gráfico III.4

América Latina y el Caribe: indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible producidos por país, 2016

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Cuestionario de capacidades estadísticas nacionales para la producción de los indicadores ODS”, Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, 2016.

Gráfico III.5

América Latina y el Caribe: razones por las cuales no se producen los indicadores

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2016

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Cuestionario de capacidades estadísticas nacionales para la producción de los indicadores ODS”, Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, 2016.

3. Institucionalidad

En lo que respecta a la institucionalidad de la producción estadística, los resultados corroboran el carácter interdisciplinario y transversal de los ODS, identificándose una gran cantidad de instituciones que participan en el proceso de elaboración de los indicadores. Esta situación subraya la necesidad imperiosa de coordinación interinstitucional entre las diferentes entidades que conforman el sistema nacional de estadística y de involucrar crecientemente a todos los organismos productores de estadísticas oficiales en programas de mejoramiento y planes estratégicos a largo plazo. Los organismos regionales e internacionales deben avanzar también en esta dirección, convocando en forma conjunta tanto a las oficinas nacionales de estadística como a los equipos estadísticos de los ministerios sectoriales a encuentros técnicos en los que se analicen y discutan los aspectos estadísticos de los ODS.

Como se mencionó en el capítulo anterior, varios países de la región ya han avanzado en el establecimiento de mecanismos de coordinación nacional encargados de implementar y dar seguimiento a los ODS. En el contexto de estos mecanismos, algunos países han establecido además instancias encargadas de los aspectos estadísticos de los indicadores que, bajo la coordinación de la oficina nacional de estadística, deberán trabajar en la gobernanza y la definición de aspectos técnicos de los indicadores.

En términos generales, las oficinas nacionales de estadística son las responsables de la generación de alrededor de un 40% de los datos, actuando como responsables principales o colaborando en algún arreglo interinstitucional. En los Ministerios de Salud y de Medio Ambiente recae también parte importante de la responsabilidad de la producción estadística. Los Ministerios de Salud son responsables, en gran medida, del monitoreo de los Objetivos 2, 3 y 5. Por su parte, los Ministerios de Medio Ambiente inciden en la producción estadística de los indicadores de los Objetivos 12, 13, 14 y 15.

Gráfico III.6

América Latina y el Caribe: principales organismos nacionales que participan en el proceso de producción de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel nacional, 2016

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Cuestionario de capacidades estadísticas nacionales para la producción de los indicadores ODS”, Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, 2016.

Gráfico III.7

América Latina y el Caribe: principales organismos nacionales que participan en el proceso de producción nacional de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2016

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Cuestionario de capacidades estadísticas nacionales para la producción de los indicadores ODS”, Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, 2016.

4. Fuentes de información

Los registros administrativos, junto con las encuestas de hogares y las estadísticas de síntesis, constituyen las tres fuentes de datos estadísticos más mencionadas en las respuestas de los países. Alrededor de la mitad de los indicadores se podrían calcular sobre la base de los registros administrativos, un 28% se producirían utilizando encuestas de hogares y un 8% se basarían en estadísticas de síntesis. Esta relación varía dependiendo de los temas abordados; por ejemplo, los indicadores del Objetivo 3 podrían construirse en su mayor parte a partir de registros administrativos que mantienen los Ministerios de Salud, los recintos asistenciales y otros organismos del área de salud de los países, mientras que la información necesaria para dar cuenta de los avances en los Objetivos 1 y 5 provendría mayoritariamente de encuestas de hogares.

a) Registros administrativos

Según lo que declaran los países, alrededor de un 50% de los indicadores podrían producirse a partir de registros administrativos. Su uso sería mucho más intensivo en el monitoreo de las metas relativas a salud, accidentes de tránsito, estadísticas de comercio y flujos financieros, entre otros. Mención aparte merecen las estadísticas ambientales, que en su mayoría podrían producirse solo mediante registros.

Las ventajas de los registros administrativos con fines estadísticos frente a otras fuentes alternativas se han promovido en diversas instancias relacionadas con la producción de estadísticas oficiales. La obtención de datos a bajo costo, la reducción de la carga de llenado de formularios para los informantes, la cobertura completa de la población objetivo y el desglose específico de subpoblaciones de interés son algunas de las ventajas identificadas. A pesar de lo anterior, también existe consenso en el hecho de que para que los registros puedan entregar información confiable y oportuna y utilizarse correctamente con fines estadísticos, es necesario mejorar su cobertura y elaborarlos de manera integrada en el seno del sistema estadístico nacional.

Es válido mencionar en este punto que algunas fuentes identificadas por los países para producir los indicadores remiten a resultados agregados y resúmenes (estadísticas de síntesis) que se derivan de procesos basados en registros de diversa índole.

b) Encuestas de hogares

Los resultados indican que alrededor de un 30% de los indicadores podrían producirse sobre la base de encuestas de hogares. Los países de América Latina poseen una larga tradición en la realización de encuestas de hogares de forma sistemática, constituyendo estas una de las principales fuentes de información para la generación de estadísticas de condiciones de vida en la región. Algunas de las dimensiones en las que las encuestas se han posicionado como fuente principal de información son el acceso a servicios básicos, las variables del empleo, la medición de los ingresos y la pobreza, las variables educativas, la seguridad alimentaria, las conductas nocivas (como el tabaquismo), el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y su utilización, el uso del tiempo, el empleo remunerado y no remunerado, la violencia contra la mujer, y la salud sexual y reproductiva.

Durante las últimas décadas los países de la región han venido realizando importantes esfuerzos para fortalecer y ampliar sus programas de encuestas de hogares. Este proceso ha incluido la paulatina incorporación de nuevos módulos dentro de los cuestionarios, la ampliación de la cobertura y la progresiva migración hacia encuestas anuales o continuas, lo que ha permitido mejorar considerablemente la oportunidad de la información que proviene de estas fuentes. También se han sumado nuevas encuestas que permiten captar dimensiones específicas del desarrollo y que constituyen fuentes de información valiosas para la producción de algunos indicadores de los ODS. Los resultados indican, por ejemplo, que la mayoría de los países utilizarían para el cálculo de uno o más indicadores encuestas nacionales sobre acceso y uso de tecnologías, encuestas sobre uso del tiempo y encuestas nacionales de violencia o victimización.

A diferencia de los avances que han realizado los países de América Latina, en los países del Caribe aún se observan importantes rezagos de información. No existen programas regulares de encuestas y muchos de los levantamientos de información han sido realizados por organismos internacionales sin que existiera un proceso nacional sostenible en el tiempo.

c) Censos de población y vivienda

Los censos de población y vivienda siguen siendo las fuentes de datos más completas que poseen los países de la región. A pesar de lo anterior, los países reportan un uso limitado de los censos para la producción de los indicadores del marco mundial, ya que los emplean casi exclusivamente para el cálculo del acceso a servicios básicos de hogares y viviendas. En algunos casos, los utilizan también para determinar ciertas variables de educación y para el cálculo de indicadores de barrios marginales.

Sin embargo, es importante mencionar que los censos constituyen una fuente de información fundamental para calcular las desagregaciones propuestas en la Agenda 2030 y proporcionan las variables demográficas básicas de muchos indicadores.

Gráfico III.8

América Latina y el Caribe: principales fuentes de información para la producción de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2016

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Cuestionario de capacidades estadísticas nacionales para la producción de los indicadores ODS”, Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, 2016.

5. Oportunidad de los datos

La disponibilidad de información oportuna es clave para dar seguimiento a la Agenda 2030 y poder orientar acciones para el logro de las metas. Los resultados del ejercicio indican que a 2016 gran parte de los indicadores podrían producirse con información a 2014 o 2015. En cuanto a los indicadores que se basan en registros administrativos, esto se debería en gran medida al rezago que se produce entre el registro y la disponibilidad de la información. Para los indicadores que se basan en encuestas, exceptuando algunos países, el rezago es similar. En este caso, el aplazamiento de la disponibilidad de información se debe más bien al tiempo que insumen las diferentes etapas que requiere este tipo de levantamiento, en particular, las de control de calidad, codificación y estandarización de la información. Es importante señalar que los países de la región han hecho importantes esfuerzos por producir encuestas de forma más regular o de forma continua. Esto ha permitido disminuir las brechas temporales entre un levantamiento y otro y contar con información más adecuada para dar cuenta de las condiciones de vida de la población.

6. Producción de información desagregada

La necesidad de visibilizar a los grupos vulnerables dentro de la Agenda 2030 ha ido acompañada de un llamado a generar estadísticas desagregadas por diferentes dimensiones, asegurando que nadie se quede atrás. Esto obligará a revisar detalladamente los métodos actuales que utilizan los países para la desagregación de la información y la cobertura de los distintos grupos poblacionales.

Por ahora, como primer ejercicio, este levantamiento solo permite identificar aquellos indicadores que podrían desagregarse por alguna categoría. Al respecto, el nivel de respuesta sobre las posibles desagregaciones de los indicadores solo alcanza el 52% del total de indicadores que se producen o es posible producir con la información existente. De las respuestas obtenidas, se aprecia que solo un 30% de los indicadores pueden desagregarse por alguna categoría relevante. Mientras, en promedio, el 29% de los indicadores pueden desagregarse según ámbito geográfico, solo alrededor de un 3% puede ser desagregado por raza, estado migratorio o discapacidad. Este porcentaje aumenta en aquellos ODS que dan cuenta mayoritariamente de las condiciones sociales de la población, como los Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5. Aun así, el número de indicadores que pueden desagregarse se mantiene en niveles extremadamente bajos.

Gráfico III.9

América Latina y el Caribe: indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se producen o podrían producirse con información existente y que pueden ser desagregados por diferentes ámbitos, 2016

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Cuestionario de capacidades estadísticas nacionales para la producción de los indicadores ODS”, Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, 2016.

7. Oportunidades para avanzar hacia la armonización regional

Varios países de la región declaran producir o poder producir indicadores que a escala mundial han sido clasificados dentro del nivel III. Esto demuestra que, si bien no se cuenta con información comparable a nivel mundial, existen experiencias nacionales que se deberían considerar a la hora de evaluar metodologías comunes para aplicar de forma global, en apoyo a los desarrollos de organismos especializados. Esta situación constituye un capital propicio para comenzar ya mismo a avanzar hacia una construcción armonizada de algunos indicadores que no han sido hasta ahora de producción habitual de los países. A continuación se describen algunos casos que pueden servir de ejemplo para difundir y potenciar el uso de estas iniciativas nacionales, en beneficio de la comunidad regional y mundial.

Se puede presentar un ejemplo concreto con el indicador 10.5.1 (“Indicadores de solidez financiera”), destinado a dar cuenta de los avances en el mejoramiento de la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales con el fin de fortalecer la aplicación de esos reglamentos. Este indicador ha sido clasificado dentro de nivel III; a escala mundial su producción es responsabilidad del Fondo Monetario Internacional (FMI) y a nivel nacional su cálculo y reporte recae principalmente en los bancos centrales o las superintendencias de bancos.

Los países de la región publican regularmente indicadores de estabilidad e ingresos financieros basados en las guías elaboradas por el FMI y estos son reportados además anualmente al mismo organismo. Por este motivo, los resultados del diagnóstico muestran que nueve países producen actualmente el indicador, mientras que cuatro más podrían producirlo con la información existente. Cabe destacar el caso del Ecuador, país que manifiesta no producirlo, pero que ya se encuentra trabajando en una metodología para su cálculo y ha elaborado una ficha metodológica para su producción5.

Otro ejemplo es la situación del indicador 3.8.1 (“Cobertura de servicios de salud esenciales”). A nivel internacional, este indicador es responsabilidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a escala nacional es calculado principalmente por los Ministerios de Salud. La OMS se encuentra trabajando en estos momentos en el desarrollo de una metodología que pueda aplicarse a escala mundial, reconociendo que existen por ahora muy pocos datos que sean comparables entre países. Esta situación se evidencia también en la región, donde la heterogeneidad que existe entre las encuestas en términos de tipo, frecuencia y recolección de información, entre otros elementos, dificulta la entrega de un diagnóstico comparado entre países. A pesar de lo anterior, la OMS reconoce que muchos países han elaborado estudios o producen información estadística de forma regular que les permite dar cuenta del fenómeno (Banco Mundial/OMS, 2015). Por lo anterior, no es de extrañar que ocho países señalen que producen el indicador actualmente y dos indiquen que lo podrían producir con la información existente.

Cuadro III.3

América Latina y el Caribe: número de países que calculan indicadores clasificados dentro del nivel III,

por tipología de nivel de producción según indicador, 2016a

Indicador

Se produce el indicador

No se produce el indicador, pero se puede producir con las fuentes de información existentes

Se tiene alguna información, pero es necesario mejorarla o complementarla para producir el indicador

No se tiene información para producir el indicador

Sin respuesta

1.4.1 Proporción de la población que vive en hogares

con acceso a servicios básicos

18

3

3

1

1

3.8.2 Número de personas con seguro de salud o cobertura de un sistema de salud pública por cada 1.000 habitantes

9

6

6

1

4

10.5.1 Indicadores de solidez financiera

9

4

6

3

4

4.1.1 Proporción de niños, niñas y adolescentes:

a) en los grados 2/3; b) al final de la enseñanza primaria; y c) al final de la enseñanza secundaria inferior, que han alcanzado al menos un nivel mínimo de competencia en i) lectura y ii) matemáticas, desglosada por sexo

8

8

6

2

2

17.18.2 Número de países que cuentan con legislación nacional sobre las estadísticas acorde con los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales

8

5

3

3

7

3.8.1 Cobertura de servicios de salud esenciales (definida como la cobertura promedio de servicios esenciales basados en intervenciones con trazadores que incluyen la salud reproductiva, materna, neonatal e infantil, las enfermedades infecciosas, las enfermedades no transmisibles y la capacidad de los servicios y el acceso a ellos, entre la población general y los más desfavorecidos)

8

2

7

5

4

10.2.1 Proporción de personas que viven por debajo del 50% de la mediana de los ingresos, desglosada por edad, sexo y personas con discapacidad

7

8

8

1

2

5.1.1 Determinar si existen o no marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad y la no discriminación por motivos de sexo

7

7

8

1

3

1.a.1 Proporción de recursos asignados por el gobierno directamente a programas de reducción de la pobreza

6

10

6

2

2

17.13.1 Tablero Macroeconómico

6

5

2

6

7

8.b.1 Gasto total de fondos públicos en programas de protección

social y de empleo como proporción de los presupuestos

nacionales y del PIB

5

10

6

1

4

16.7.1 Proporciones de posiciones (por sexo, edad, personas con discapacidad y grupos de población) en las instituciones públicas (asambleas legislativas nacionales y locales, administración pública y poder judicial), en comparación con las distribuciones nacionales

5

6

9

4

2

11.7.2 Proporción de personas víctimas de violencia física o acoso sexual, desglosada por sexo, edad, grado de discapacidad y lugar del hecho, en los doce meses anteriores

4

7

6

4

5

3.5.1 Cobertura de las intervenciones de tratamiento (farmacológico, psicosocial y servicios de rehabilitación y postratamiento) por trastornos de uso indebido de drogas

4

6

5

5

6

2.3.1 Volumen de producción por unidad de trabajo según el tamaño de la empresa agropecuaria/pastoral/silvícola

3

7

9

5

2

5.a.2 Proporción de países en que el ordenamiento jurídico (incluido el derecho consuetudinario) garantiza la igualdad de derechos de la mujer a la propiedad y/o el control de la tierra

3

7

6

4

6

6.3.1 Proporción de aguas residuales tratadas de manera segura

3

7

8

5

3

11.a.1 Proporción de población residente en ciudades que aplican planes de desarrollo urbano y regional que integran las proyecciones demográficas y las necesidades de recursos, desglosada por tamaño de ciudad

2

8

9

4

3

13.2.1 Número de países que han comunicado el establecimiento o la puesta en marcha de una política, estrategia o plan integrados que aumenta su capacidad para adaptarse a los efectos adversos del cambio climático, y promueven la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos (como un plan nacional de adaptación, una contribución determinada a nivel nacional, una comunicación nacional, un informe bienal de actualización o similar)

2

8

8

2

6

3.b.1 Proporción de la población con acceso sostenible a medicamentos y vacunas esenciales a precios asequibles

2

8

6

6

4

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

a Se incluyen indicadores producidos o que podrían ser producidos por diez o más países.

8. Necesidades de cooperación técnica y capacidad de los países para ofrecer cooperación

Veintitrés países respondieron la parte 2 del cuestionario, referida a la oferta y demanda de cooperación técnica. Esta incluía 41 temas emanados de los ODS para los cuales se solicitaba indicar si el país requería cooperación técnica o estaba en condiciones de ofrecer cooperación a otros países. La lista inicial fue complementada por los países con nuevas temáticas, por lo que en la actualidad existe un conjunto de 83 temas. Según los resultados obtenidos, los requerimientos de cooperación se concentran mayoritariamente en los temas relativos a cambio climático, biodiversidad, estadísticas laborales y estadísticas de violencia.

Independientemente del tema, la mayor demanda de capacitación se observa en la fase de recolección de la información, seguida por la etapa de evaluación. Honduras y Panamá son los países que informan requerir cooperación técnica en un mayor número de temas y etapas de producción, seguidos por Guatemala y el Paraguay.

En cuanto a la oferta, los resultados muestran importantes fortalezas regionales y oportunidad para la cooperación horizontal. Los temas en los cuales existe una mayor oferta de cooperación técnica son las estadísticas de salud, las TIC, la mortalidad infantil y las estadísticas de investigación y desarrollo. Coincidiendo con la demanda, la oferta también se concentra mayoritariamente en la etapa de recolección, seguida por las fases de planificación y diseño.

Gráfico III.10

América Latina y el Caribe: número de países que indican requerir o poder ofrecer cooperación técnica en alguno

de los temas incluidos en el cuestionario enviado a los países, por tema, 2016

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Cuestionario de capacidades estadísticas nacionales para la producción de los indicadores ODS”, Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, 2016.

Cuadro III.4

América Latina y el Caribe: temas propuestos por los países en los cuales pueden ofrecer o requieren cooperación técnica, 2016

Temas propuestos por los países en los cuales pueden ofrecer cooperación técnica

Accidentes de trabajo

Control de vectores

Cooperación Sur-Sur

Corrupción

Desechos peligrosos en establecimientos de salud

Elaboración de clasificaciones de acceso a la información pública

Etnicidad

Imágenes del territorio

Implementación de las convenciones internacionales contra la corrupción

Integración de empresas en encuestas económicas

Levantamiento de información catastral

Malaria y otras enfermedades transmitidas por vectores

Promoción de la salud

Radiaciones ionizantes

Rendición de cuentas

Satisfacción con los servicios públicos

Tributación

Victimización

Temas propuestos por los países en los cuales requieren cooperación técnica

Aprovechamiento de los registros administrativos fiscales

Aseguramiento de la calidad en las operaciones estadísticas (registros administrativos)

Censos

Comercio electrónico

Derechos humanos

Desechos peligrosos

Edición e imputación de datos estadísticos/No respuesta en encuestas de hogares

Encuestas de hogares

Gestión de datos

Gestión del directorio de establecimientos económicos

Gestión de sistemas de información geográfica y explotación de datos

Gobierno y datos abiertos

Herramientas para la gestión de microdatos

Impactos de los fenómenos ambientales en la salud humana y los ecosistemas

Impuestos

Innovación tecnológica

Métodos de clasificación económica y social

Métodos de validación de una encuesta

Muestreo indirecto y en población de difícil acceso

Percepción de la ciencia y la tecnología

Planificación urbana

Poblaciones vulnerables

Promoción y difusión de los derechos de niños y adolescentes

Pronóstico de producción de granos básicos

Régimen penitenciario

Residuos sólidos

Sistema de control y certificación de importación y exportación de alimentos

Trabajo infantil

Violencia por desplazados; protocolos y convenios internacionales relacionados con el derecho al trabajo (discriminación, migración, apátridas y otros)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Cuestionario de capacidades estadísticas nacionales para la producción de los indicadores ODS”, Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, 2016.

Con el fin de reducir el número de temas, en el cuadro III.5 se sintetiza la correspondencia entre los países solicitantes y los países oferentes. Este tipo de información sienta las bases para elaborar estrategias de cooperación horizontal entre los países. La lista completa de temas se puede consultar en el cuadro III.A1.1 del anexo.

Cuadro III.5

América Latina y el Caribe: correspondencia entre la oferta y la demanda de cooperación técnica,

por tema, 2016

Tema

Países que solicitan cooperación técnica

Países que podrían ofrecer cooperación técnica

Agricultura

DOM, CHL, CRI, CUB, ECU, GTM, HND, HTI, PAN, PRY

BRA, GRD, MEX, URY

Asentamientos humanos

CHL, CRI, GTM, HND, MEX, PAN, PER, PRY

BRA, GRD, URY, VEN

Cobertura terrestre

CHL, CRI, ECU, GTM, HND, HTI, MEX, PAN, PRY

BRA, GRD, URY

Comercio

CRI, CUB, GTM, HND, PAN, PRY

BRA, GRD, MEX, URY

Cuentas nacionales

CHL, GTM, HND, HTI, PAN, PRY

BRA, GRD, MEX, URY

Desastres naturales

ATG, BOL, CHL, CRI, ECU, GTM, HND, MEX, PAN, PRY

CUB, VEN

Educación

DOM, ATG, BOL, CRI, GTM, HND, MEX, PAN, PER, PRY, VEN

BRA, CHL, GRD, URY

Empleo

ATG, BOL, BRB, CRI, ECU, GTM, HND, HTI, MEX, PAN, PER, PRY

BRA, GRD, SLV, URY

Exportaciones e importaciones

CRI, GTM, HND, PAN, PRY, SLV

MEX, VEN

Finanzas públicas

CRI, ECU, GTM, HND, MEX, PAN, PRY, SLV

BRA, GRD, URY

Gasto público

CRI, GTM, HND, PAN, PRY, SLV, VEN

CHL

Industria

ECU, GTM, HND, MEX, PAN, PRY

BRA, GRD, URY

Ingresos y pobreza

ATG, BOL, CHL, GTM, HND, PAN, PER, PRY

BRA, GRD, SLV, URY

Investigación y desarrollo (I+D)

ATG, BOL, CHL, CRI, GTM, HND, HTI, MEX, PAN, PRY, SLV, VEN

ARG, BRA, COL, GRD, URY

Medio ambiente

ATG, BOL, CHL, CRI, CUB, GTM, HND, HTI, PAN, PER, PRY, SLV

ECU, MEX, VEN

Migración

ATG, BOL, CHL, GTM, HND, PAN, PRY, , SLV, VCT

MEX

Mortalidad infantil

ATG, BOL, CRI, GTM, HND, PAN, PRY

ARG, COL, CUB, MEX, SLV, VCT

Precios

GTM, HND, MEX, PAN, PRY

BRA, CHL, GRD, URY

Primera infancia

ATG, BOL, ECU, GTM, HND, PAN, PRY

CHL, CUB, SLV

Programas sociales

ATG, BOL, CRI, GTM, HND, HTI, PAN, PER, PRY

BRA, CHL, GRD, SLV, URY

Recursos naturales

ATG, BOL, CHL, ECU, GTM, HND, PAN, PER, PRY

BRA, GRD, MEX, URY

Salud

DOM, ATG, BOL, ECU, GTM, HND, PAN, PRY

ARG, BRA, CHL, COL, CUB, GRD, SLV, URY, VEN

Seguridad alimentaria

ATG, BOL, CRI, GTM, HND, MEX, PAN, PER, PRY, SLV

CUB

Seguridad y justicia

ATG, BOL, CHL, CRI, ECU, GTM, HND, PAN, PRY, SLV, VEN

ARG, COL, MEX

Servicios básicos

ATG, BOL, GTM, HND, MEX, PAN, PRY

BRA, CHL, GRD, URY

Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)

ATG, BOL, CHL, CRI, GTM, HND, HTI, MEX, PAN, PRY

ARG, BRA, COL, GRD, URY

Transporte

CRI, GTM, HND, PAN, PRY

BRA, GRD, MEX, URY

Turismo

ECU, GTM, HND, HTI, PAN, PRY

BRA, GRD, MEX, URY

Violencia

ATG, BOL, BRB, CHL, CRI, ECU, GTM, HND, PAN, PER, PRY, VEN

MEX

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Cuestionario de capacidades estadísticas nacionales para la producción de los indicadores ODS”, Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, 2016.

9. Próximos pasos

a) Sistema de información en línea

La CEPAL se encuentra trabajando en un sistema de información en línea que compila la información entregada por los países en el cuestionario, el cual, con el acuerdo ya consensuado en el marco del Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, constituye un hito mundial como bien público para el fortalecimiento institucional de las capacidades estadísticas nacionales y para el estímulo de la cooperación horizontal entre países y con los organismos regionales y especializados.

En la plataforma, los sistemas estadísticos nacionales, los organismos del sistema de las Naciones Unidas y otros organismos especializados tendrán a su disposición información sobre la capacidad de los países de la región para producir los indicadores mundiales establecidos para los ODS y un conjunto de datos que describen las características de los procesos de producción de cada uno de ellos. Además, encontrarán información sobre las áreas temáticas en las que los países declaran poder ofrecer o requerir cooperación técnica, y sobre el contexto de los indicadores y las variables codificadas.

El objetivo del sistema es brindar información, que será actualizada en línea periódicamente por los propios países, para apoyar la planificación de acciones de fortalecimiento en el ámbito de tareas de la Conferencia Estadística de las Américas y sus Grupos de Trabajo, además de constituir un insumo para la definición de estrategias regionales, subregionales y nacionales en materia de cooperación técnica. Asimismo, permite a los países mantener un inventario en línea actualizado sobre sus capacidades estadísticas nacionales respecto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y establecer áreas estratégicas de fortalecimiento institucional. Igualmente, la plataforma contribuye a facilitar los procesos de armonización estadística entre países, fomentando el conocimiento recíproco, identificando desafíos comunes en materia de desarrollo estadístico y promoviendo la implementación de estándares y desarrollos metodológicos regionales.

Imagen III.1

Portada del sistema de información sobre las capacidades estadísticas nacionales

para la producción de los indicadores nacionales

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Imagen III.2

Ejemplo de resultado de una consulta en el sistema de información

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

La situación obtenida del “Cuestionario de capacidades estadísticas nacionales para la producción de los indicadores ODS” constituye la línea basal para la definición de las actividades regionales en términos del fortalecimiento de capacidades en temas relacionados con la generación de estadísticas oficiales. El Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe tiene por delante la tarea de proponer acciones específicas considerando estos resultados, de modo tal que coadyuven a la creación de planes de trabajo en el seno de la CEA en consonancia con los objetivos y tareas emprendidas en los Grupos de Trabajo de la Conferencia, como también actividades conjuntas con los actores del escenario local que propendan al mejoramiento de las estadísticas oficiales.

Esto cobra mayor relevancia considerando el llamado al mejoramiento de las estadísticas oficiales para el seguimiento de los ODS realizado por el plan de acción mundial para los datos sobre el desarrollo sostenible, haciéndose eco de los principios rectores, particularmente el de cooperación entre países, organizaciones regionales e internacionales y partes interesadas, y teniendo en cuenta las seis áreas estratégicas propuestas para la puesta en marcha de actividades de cooperación técnica:

i)coordinación y liderazgo estratégico;

ii)innovación y modernización de los sistemas estadísticos nacionales;

iii)fortalecimiento de las actividades y programas de estadísticas básicas;

iv)difusión y uso de los datos;

v)asociaciones de múltiples interesados, y

vi)movilización de recursos y esfuerzos de coordinación para el fortalecimiento de las capacidades estadísticas.

Es importante recalcar la necesidad de coordinar estas acciones desde una perspectiva integrada dentro de los sistemas estadísticos nacionales, de manera de que todos los responsables de la generación de la información estadística básica para la producción de los indicadores se acoplen a través de un mecanismo de articulación liderado por las oficinas nacionales de estadística. Esto permitiría sumar esfuerzos en diversos planos de acción, contemplar las posibles sinergias entre las diferentes instituciones estadísticas nacionales y, principalmente, la participación en la coordinación de las actividades de fortalecimiento de capacidades en atención a las necesidades derivadas de la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

D. Aportes de la CEPAL a la medición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe: experiencias y fortalezas a disposición de los países miembros

Como se mencionó en la sección B, América Latina y el Caribe ha asumido la tarea de definir un conjunto de indicadores estadísticos pertinentes para la región en el marco de los Objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta tarea, coordinada en el seno del Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe de la CEA, debe conjugar varios elementos del escenario regional en consonancia con el plano internacional y las realidades nacionales.

Más allá de los desafíos estadísticos que aún persisten en el plano mundial respecto de la disponibilidad de datos para la producción de los indicadores de los ODS y las limitaciones que pudieran tener algunos países de América Latina y el Caribe en la generación de las estadísticas básicas necesarias para ese fin, la región cuenta con fortalezas en los temas de medición que le permiten avanzar gradualmente para cumplir con las demandas de seguimiento y monitoreo de los ODS en el marco de la implementación de la Agenda 2030.

El Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe ha solicitado el apoyo de la CEPAL en la construcción de una propuesta inicial de marco de monitoreo que pondere los énfasis regionales de la Agenda 2030, esté en consonancia con otros compromisos regionales, considere la capacidad estadística de los países y se apoye en las fortalezas y conocimientos de la Comisión en materia de medición y articulación interinstitucional, así como en los organismos del sistema de las Naciones Unidas que actúan en la región y colaboran con la Conferencia Estadística de las Américas (véase el recuadro III.1).

El Grupo de Coordinación tendrá la tarea de hacer una evaluación del estado de desarrollo de las estadísticas básicas y la disponibilidad de datos a nivel internacional para identificar los insumos que provendrán del plano mundial y proponer el desarrollo de indicadores en aquellas áreas y temas de la Agenda 2030 que aún están despobladas de información y que son de vital importancia para la descripción de la situación regional. En muchos casos, es necesario avanzar en el fortalecimiento de las capacidades estadísticas nacionales para poder generar las estadísticas básicas mínimas. Sin embargo, no se comenzará desde cero: durante las últimas décadas, la CEPAL ha estado al servicio de los países miembros produciendo conocimiento y elaborando estudios vinculados al análisis de información estadística atingente con las realidades locales. El capital generado hoy más que nunca adquiere un valor central en la búsqueda de medidas, estadísticas e indicadores que ayuden a la región a evaluarse a sí misma y permitan avanzar en el establecimiento de un sistema de seguimiento y monitoreo de la Agenda 2030 y sus Objetivos.

Recuadro III.1

Actividades del sistema de las Naciones Unidas en América Latina en relación con la información estadística relativa a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

1. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

La UNESCO ha estado contribuyendo en el proceso de definir indicadores mundiales para la medición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relativos a la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación. El Instituto de Estadística de la UNESCO (IEU) ha liderado la coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas para asesorar al Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible respecto de las definiciones de los indicadores relacionados con el Objetivo 4. Asimismo, ha desarrollado indicadores para el seguimiento de las metas de los Objetivos 9 y 11, relativos a la ciencia y el desarrollo, y a la protección del patrimonio cultural y natural, respectivamente.

En su cuarta reunión, realizada en Ginebra (Suiza) en noviembre de 2016, el Grupo Interinstitucional y de Expertos refinó la lista de indicadores mundiales para el seguimiento y la revisión de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y discutió la clasificación por niveles de indicadores seleccionados. En el transcurso de 2017, considerará las propuestas de nuevos indicadores mundiales y decidirá si recomienda su aprobación por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en 2018. Se han planificado dos revisiones sustantivas del marco de indicadores mundiales para 2019 y 2024, que podrán traducirse en revisiones adicionales para su aprobación por la Comisión de Estadística en 2020 y 2025. El Grupo no consideró mejoras para los indicadores del Objetivo 4.

2. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

Al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) se le asignó una destacada función de apoyo a los sistemas nacionales de estadística de la región en el monitoreo de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es el organismo custodio de diez indicadores y participa en la custodia conjunta de otros seis; además, fue designado como uno de los organismos adicionales que trabajan con el organismo custodio de otros cinco indicadores.

En una revisión reciente efectuada por el UNICEF, se observó que existen problemas de disponibilidad, calidad y desagregación en los datos de más de la mitad de los indicadores de los ODS relativos a la niñez. A pesar de la gran capacidad estadística de la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, siguen existiendo considerables brechas en materia de datos en lo que respecta al monitoreo de la situación de niños y adolescentes, principalmente en áreas como la violencia contra los niños, la violencia sexual entre adolescentes, el desarrollo en la primera infancia y la discapacidad infantil.

Al respecto, el UNICEF ofrece a los países la posibilidad de participar en las encuestas de indicadores múltiples por conglomerados (MICS), que en los últimos años se han convertido en la principales fuentes de datos desagregados sobre niñez y adolescencia en la región, además de ser fuentes fundamentales para obtener líneas de base de múltiples indicadores relativos a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

El Fondo acaba de lanzar en América Latina y el Caribe la sexta ronda de MICS (2016-2019), que se han alineado con las demandas de la Agenda 2030, mejorando la oportunidad de la información e incorporando herramientas de medición innovadoras como la prueba de calidad del agua. La nueva ronda de MICS permite recolectar 33 indicadores sobre los ODS (el 45% de todos los indicadores que provienen de encuestas de hogares), correspondientes a 11 de los 17 Objetivos. Muchos países ya están planificando, con el apoyo del UNICEF y de otros organismos de las Naciones Unidas, las encuestas sobre la niñez para el próximo bienio.

El UNICEF colabora estrechamente con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y otros organismos de las Naciones Unidas, como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en la coordinación de las tareas de apoyo a los sistemas estadísticos nacionales a fin de que estén preparados para responder al marco de seguimiento de los ODS y para cumplir con las diversas necesidades de desagregación de datos. El Fondo también presta apoyo a la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL cumpliendo funciones de Secretaría Técnica en el Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de Infancia y Adolescencia, coordinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México y el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de Panamá, en el que participan otras 14 oficinas nacionales de estadística. Actualmente, el Grupo trabaja en el desarrollo y la promoción de metodologías estándar para medir indicadores sobre la niñez, centrándose principalmente en la violencia contra los niños, el desarrollo en la primera infancia y los niños con discapacidad, así como en el fortalecimiento de sistemas de datos administrativos y la promoción de una difusión y un uso más efectivos de los datos relativos a la niñez.

3. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)

Desde 2015, el UNFPA ha trabajado de forma conjunta y alineada con la CEPAL y los organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas en el proceso de implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe. En el área de medición de los ODS, una de las estrategias más importantes consiste en la colaboración con la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL en la construcción de las capacidades nacionales requeridas para la implementación de la Agenda.

Por otra parte, el UNFPA participó de forma activa en el proceso liderado por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL en la definición de los indicadores para el seguimiento regional del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, instrumento reconocido en 2016 por los países de América Latina y el Caribe como un conjunto complementario de indicadores para el seguimiento de la Agenda 2030, de acuerdo con lo establecido en la resolución 700(XXXVI) del 1 de junio de 2016, por la que se crea el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.

4. La Organización Panamericana de la Salud (OPS)

La coordinación de tareas a nivel mundial es crucial para obtener datos confiables y oportunos que permitan efectuar revisiones sistemáticas sobre el progreso hacia la concreción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, será sustancialmente importante para la OPS evaluar el progreso mediante indicadores relativos a la salud (tanto del Objetivo 3 como de otros Objetivos identificados por la Organización Mundial de la Salud (OMS)) a nivel regional. Se han determinado tres prioridades a fin de garantizar que los Estados miembros y la OPS estén en una posición sólida para evaluar los avances respecto de los indicadores de salud y relativos a la salud:

vii)Fortalecer los sistemas de información de las estadísticas vitales y de salud: Dando prioridad a enfoques innovadores como el uso de datos abiertos, el gobierno electrónico y la convergencia de sistemas interconectados e interoperables, la OPS puede ayudar a sentar las bases de un sistema sólido de recolección de datos.

viii)Crear capacidad en la gestión de datos: Internamente, la OPS reconoce la importancia de fortalecer la capacidad institucional, sobre todo en términos de infraestructura y recursos humanos, a fin de responder a las necesidades de la Organización y los Estados miembros. La OPS continuará también proveyendo herramientas, orientaciones e información sobre cómo fortalecer esas capacidades a nivel nacional, lo que requerirá de evaluaciones profundas de las necesidades y la capacidad de los países en lugar de programas universales generales. Estos análisis son necesarios debido a que en algunos países se observa una gran necesidad de cooperación técnica para abordar problemas vinculados al establecimiento de sistemas de información, mientras que en otros ya existen o están en marcha programas sólidos de presentación de informes.

ix)Garantizar la calidad de los datos: Se ha propuesto que la OPS considere la creación de herramientas de apoyo a las normas y estándares para garantizar la calidad de los datos. Esta prioridad está estrechamente vinculada al logro del Objetivo 10, reducir la desigualdad en los países y entre ellos, para lo cual los países tienen la tarea de proporcionar “datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes en los contextos nacionales”.

Una preocupación fundamental en cuanto a los éxitos y desafíos relacionados con la desigualdad en materia de salud a nivel nacional es la congruencia de los datos. El marco de seguimiento de la desigualdad en materia de salud, desarrollado por la OMS, y el monitor de igualdad en términos de salud, que forma parte del Observatorio Mundial de la Salud, brindan orientación y recursos para ayudar a los países a crear capacidad de seguimiento. La región de las Américas de la OPS ha tomado la iniciativa en este frente con la inclusión de indicadores de igualdad en el Plan Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud 2014-2019.

5. La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres)

La base de datos mundial sobre los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la División de Estadística de las Naciones Unidas —aún en desarrollo— es un repositorio eficaz para disponer de indicadores y metadatos relacionados con el género en los planos nacional, regional y mundial. Asimismo, los esfuerzos al nivel de la región, como el estudio sobre capacidades estadísticas realizado por la División de Estadísticas de la CEPAL, y los sondeos específicos sobre las capacidades estadísticas de género coordinados por la Oficina Regional de ONU-Mujeres han contribuido a aclarar la situación de América Latina y el Caribe y los retos existentes para sentar las estrategias de cooperación en materia de los ODS.

Alrededor de 110 indicadores de los ODS deben desagregarse por sexo, mientras que 46, de acuerdo con ONU-Mujeres, son indicadores efectivamente relevantes para el género (14 de estos corresponden al Objetivo 5). Es decir, se trata de indicadores que metodológicamente pertenecen a las estadísticas de género y que darán seguimiento al cumplimiento de 31 metas contenidas en 11 Objetivosa, incluido el Objetivo 5.

6. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

La FAO ha sido designada como organismo custodio de 21 indicadores de los ODS, referidos a las metas de los Objetivos 2, 5, 6, 12, 14 y 15. Algunos de estos indicadores son nuevos y otros fueron establecidos recientemente y se vinculan con ámbitos en los que la FAO cuanta con una amplia experiencia. Cuatro de ellos se han clasificado provisionalmente en el nivel I, 6 en el nivel II y 11 en el nivel III. En otros seis indicadores, la FAO ha sido identificada como organismo colaborador.

En el ámbito nacional, el organismo provee asistencia técnica a los países en la adopción de nuevos estándares, métodos y herramientas que permitan recolectar datos, así como en la identificación de fuentes de información para desarrollar y medir los indicadores según las realidades nacionales. Además, ofrece a los países asistencia técnica y recomendaciones para elaborar métodos de evaluación de los indicadores custodiados por esta institución o bajo su custodia conjunta con otro organismo.

7. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

La OIM, como organismo conexo de las Naciones Unidas en asuntos migratorios, está monitoreando las metas específicas de los ODS asociadas a la migración. En este proceso, se utilizan herramientas como el Marco de Gobernanza sobre la Migración, aprobado por el Consejo de la OIM en 2015, y el índice de gobernanza de la migración, elaborado por la OIM en asociación con The Economist Intelligence Unit.

En América Latina y el Caribe, la OIM está fortaleciendo las capacidades nacionales y regionales en materia de recopilación, análisis y diseminación de datos migratorios, poniendo énfasis en la recolección de datos sobre el acceso a los derechos de las personas migrantes. El cumplimiento de las metas asociadas a la migración (4.b, 5.2, 8.7, 8.8, 10.7, 10.c, 16.2, 17.16, 17.17 y 17.18) depende de la concientización sobre los vínculos entre la migración y el desarrollo y de la atención a varios aspectos de vulnerabilidad de los migrantes y sus familias. Entre otras actividades de la OIM, cabe destacar la elaboración de los perfiles migratorios nacionales y el estudio del impacto del Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile, así como la producción de estudios específicos como el realizado conjuntamente con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), denominado Hambre sin fronteras: los vínculos ocultos entre inseguridad alimentaria, violencia y migración en el triángulo norte de Centroamérica. Un estudio exploratorio b, que vincula temas como el medio ambiente, la seguridad alimentaria y las migraciones en esa subregión.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de los organismos respectivos.

a Los Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13 y 17.

b Véase [en línea] http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_offices/wfp277545.pdf.

Más específicamente y como complemento de la experiencia en el uso y análisis de información estadística desde la perspectiva del desarrollo en América Latina y el Caribe, la CEPAL ha elaborado diversas métricas estadísticas e instrumentos de acopio de información adecuados a la realidad regional que permiten hacer un análisis comparado de aquellas variables que forman parte de la Agenda 2030.

Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo, como postula el Objetivo 1, obliga a dar una mirada específica a la situación regional considerando las líneas de pobreza nacionales bajo parámetros regionales. El trabajo que realiza la CEPAL desde fines de la década de 1980 y de manera sistemática desde 1991 en relación con el cálculo de la pobreza y la indigencia por ingresos en América Latina permite tener una mirada de largo plazo y comparable entre países para complementar el análisis de la situación regional. Las líneas de pobreza elaboradas por la CEPAL recogen las particularidades nacionales, aunándolas a través de un tamiz regional que posibilita la comparación temporal y entre países.

Más aún, la posibilidad de contar con las fuentes primarias de información sobre este tema facilita la construcción de datos de pobreza y pobreza extrema desagregados según diversas variables que permitirán focalizar las miradas en los más excluidos atendiendo a la premisa de que nadie se quede atrás. Niñas y niños, mujeres, pueblos indígenas, personas afrodescendientes y poblaciones de áreas rurales forman parte de los grupos que han visto vulnerados sus derechos y que se han examinado en los estudios de la CEPAL; dar visibilidad a estos colectivos implica poder trabajar con indicadores referidos a las múltiples privaciones de la infancia, las personas mayores sin pensiones ni jubilaciones, las poblaciones sin acceso a seguro de salud o a previsión social, o sin ingresos propios, entre otros.

El desarrollo de estadísticas de género y sobre la autonomía de las mujeres es sin duda un ejemplo que cabe destacar. Las encuestas de uso del tiempo para la generación de indicadores permiten identificar fenómenos que impactan de manera diferenciada a hombres y mujeres revelando situaciones de desigualdad. Esta nueva generación de encuestas desempeña un papel importante en la eliminación de estereotipos, en la valoración del trabajo no remunerado para las economías, en la formulación de políticas y en su seguimiento para el logro de la plena igualdad entre hombres y mujeres.

En particular, la Agenda Regional de Género de América Latina y el Caribe ha impulsado desde inicios de los años ochenta las mediciones de uso del tiempo, lo que ha posibilitado que en la actualidad 19 países de la región hayan realizado al menos una medición. De este modo, en la región es posible calcular el indicador 5.4.1 (“Proporción de tiempo dedicado a quehaceres domésticos y cuidados no remunerados, desglosada por sexo, edad y ubicación”), pese que a nivel global está clasificado dentro del grupo de indicadores de seguimiento de los ODS que no son producidos regularmente por los países.

En términos de la producción de información sobre autonomía en la toma de decisiones, la región cuenta (de forma singular a nivel mundial) con datos oficiales sistematizados en el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL sobre la presencia de mujeres en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, e incluso a nivel de los gobiernos locales, siendo esta una de las desagregaciones requeridas para el seguimiento de la meta 5.5 (indicador 5.5.1).

Por otra parte, el Objetivo 10, referido a reducir la desigualdad en los países y entre ellos, pone en la Agenda uno de los ejes centrales del pensamiento de la CEPAL y, como tal, un ámbito donde realizar nuevas mediciones y estudios empíricos. Esto comprende estimar indicadores globales a partir de las fuentes de información regional disponibles, como también desagregar los datos para captar la situación particular de los grupos más vulnerables.

En otras áreas del desarrollo, vale destacar la producción sistemática que realiza la Comisión de series estadísticas históricas del producto interno bruto en moneda nacional y en dólares, basadas en una estandarización regional según diversos años de base, así como la elaboración de estadísticas de empleo y sus desagregaciones adecuadas a la problemática de la región. También es relevante su tarea de coordinación regional del programa de comparación internacional de precios y de la construcción de índices de precios al consumidor, que ayuda a comparar la situación regional con la mundial. Asimismo, la CEPAL cuenta con información sistematizada e histórica sobre las siguientes variables, entre otras: exportaciones basadas en recursos naturales, costo económico de los desastres naturales que afectan a países de América Latina y el Caribe, datos fiscales sobre ingresos y gastos públicos de los diversos países, e información sobre financiamiento y asistencia oficial para el desarrollo.

Más allá de la especificidad de los avances en estas áreas emblemáticas del trabajo de la CEPAL en cuanto a la producción de indicadores regionalmente comparables, la disponibilidad de fuentes de información primaria armonizadas bajo estándares comunes es un elemento central en la definición de medidas referidas a las metas de la Agenda 2030.

La CEPAL cuenta con el repositorio de tres de los instrumentos de recolección de información más importantes empleados por los países de la región para la producción de información estadística destinada a la formulación, planificación e implementación de políticas públicas a nivel nacional. Las encuestas de hogares de propósitos múltiples, incluidas las encuestas sobre uso del tiempo, las encuestas de ingresos y gastos de los hogares, y los censos de población de los países de la región son compilados y estandarizados por la Comisión según las definiciones acordadas con los países y en consonancia con la recomendación de expertos que han acompañado este proceso a lo largo de varias décadas.

La CEPAL también cuenta con un repositorio especial que contiene las bases de datos de los distintos instrumentos estadísticos utilizados para recolectar información sobre el uso del tiempo. Estas bases de datos han sido armonizadas utilizando la Clasificación de Actividades de Uso del Tiempo para América Latina y el Caribe (CAUTAL). Además de las variables de uso del tiempo, se han estandarizado las relativas a la información sociodemográfica, lo que permite cruzar esta información y obtener un panorama multidimensional del desarrollo.

Estas ventajas significativas deben aprovecharse en esta etapa de construcción de propuestas de indicadores para el seguimiento de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, ya que permiten abarcar una amplia gama de temas e intereses de los países de la región en lo referido a los ODS, pero se debe tener específicamente en cuenta el enfoque de igualdad y visibilización de los más excluidos.

Las encuestas de hogares constituyen una de las principales fuentes de datos para generar indicadores de seguimiento de los ODS (según el diagnóstico de capacidades estadísticas nacionales, en promedio, alrededor del 30% de los indicadores son producidos a partir de encuestas; véase la sección C). Estas fuentes se procesan de manera de generar bases de datos que contengan variables lo más homogéneas posibles entre los distintos países, con miras a producir estadísticas que describan la región desde una perspectiva comparable. La CEPAL utiliza actualmente estos instrumentos para producir y difundir de manera armonizada no solamente indicadores de pobreza y de distribución del ingreso, sino también de otras áreas referentes a la situación económica y social de los países de la región, como el empleo, la educación, el acceso a saneamiento y agua potable, el acceso a TIC y otros. Junto con ello, se compilan y armonizan encuestas de ingresos y gastos de los países de la región, con las que es posible analizar los perfiles de consumo de los hogares y sus vínculos con el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental.

Otro ámbito en el que la CEPAL cuenta con una larga experiencia es la producción y análisis de indicadores sobre percepciones de la población, provenientes principalmente de Latinobarómetro. Este tipo de indicadores brindan una perspectiva complementaria sobre la forma en que la población latinoamericana encara los principales problemas de la región, tema que resulta esencial en la formulación e implementación de políticas públicas. Aspectos como la confianza en las instituciones, la preocupación por mantener el empleo o las percepciones de discriminación se procesan y difunden periódicamente en la base de datos CEPALSTAT.

También los censos de población constituyen un pilar esencial en la arquitectura de la información necesaria para el seguimiento de los ODS. Ellos permiten desagregar la información tanto al nivel de grupos poblacionales de particular interés (como los pueblos indígenas o las personas afrodescendientes) como desde la perspectiva territorial, la cual, combinada con otras fuentes de información, abre nuevas posibilidades de aplicación y uso. En el ámbito de la desagregación territorial de datos censales, la región cuenta además con un programa pionero desarrollado y ampliado desde hace tres décadas por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL, denominado Recuperación de datos para áreas pequeñas por microcomputador (REDATAM).

Los censos de población y vivienda son otra herramienta primordial. Por ser de alcance universal —es decir que involucran a todas las personas que residen en un territorio, los hogares a los que pertenecen y las viviendas que habitan— proporcionan información vital sobre las condiciones de vida de la población, con la que es posible identificar a aquellos grupos que deben estar en el centro de las políticas de desarrollo sostenible. Asimismo, permiten construir indicadores a escalas territoriales menores o de grupos específicos, aunque su tamaño poblacional sea pequeño, sin los errores atribuibles a otras fuentes de información que incluyen muestras en su diseño. Tras una revisión realizada por los países de la región en el marco del Grupo de Trabajo sobre Censos de la CEA (cuya Secretaría Técnica recae en la CEPAL), se ha constatado que, en varios de los indicadores que forman parte de la Agenda 2030, las desagregaciones establecidas en la meta 17.18 solo podrán calcularse a partir de los censos, particularmente en el caso de la condición migratoria, los pueblos indígenas, las poblaciones afrodescendientes y las personas con discapacidad. También se corroboró que los censos son la fuente principal de los indicadores que refieren a determinados grupos etarios o territorios específicos, y para obtener los denominadores de buena parte de los indicadores. Incluso se puso de manifiesto que los censos de población y vivienda van a permitir construir indicadores directos o complementarios a la lista definida en el marco de la Agenda 2030 y que, debido a la heterogeneidad regional, en algunos países constituirán la única fuente disponible en tanto se fortalezcan los sistema de encuestas y especialmente los registros continuos.

El apoyo de la CEPAL a los países de la región en materia censal es de larga data y, de hecho, la Comisión es depositaria de las bases de los microdatos censales, una expresión más de la confianza que los países muestran hacia la organización. Cabe destacar que el momento histórico en que se plantea la Agenda 2030 coincide con el inicio de la ronda de censos de 2020, por lo que estos instrumentos constituirán una fuente esencial para definir líneas de base respecto de las fechas de inicio del monitoreo de indicadores de esas iniciativas y además serán útiles para registrar los avances hacia 2030, año propuesto para el cumplimiento de las metas. Paralelamente, se crea una situación especial para realizar una acción coordinada con otras fuentes de datos, consensuando definiciones conceptuales y operacionales con las encuestas generales y específicas, y revisando la manera de potenciar el uso combinado con los registros administrativos. De allí que en el actual programa de trabajo del Grupo de Trabajo sobre Censos de la CEA los indicadores para el seguimiento a los ODS constituyen un asunto central y prioritario para la región.

Es importante mencionar también que, en otras instancias gubernamentales, los países miembros de la CEPAL han avanzado en la definición de medidas directamente relacionadas con la Agenda 2030 y han colocado temas adicionales en la agenda local que complementan el ámbito de los ODS. En este sentido, se mencionan tres enfoques regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030, aprobada en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, los indicadores para el seguimiento del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, en el ámbito de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, y el Observatorio del Principio 10 en América Latina y el Caribe, en el marco de la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el Caribe.

La Estrategia de Montevideo dedica uno de sus ejes de implementación a los sistemas de información, el que establece nueve medidas orientadas a la producción de estadísticas e indicadores con enfoque de género. Estas medidas están dirigidas a medir las desigualdades de género, reflejando las necesidades de las mujeres en su diversidad, y a hacer el seguimiento de los compromisos asumidos en la Agenda Regional de Género de forma complementaria a los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. En este sentido, el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe se ha consolidado como el principal referente en materia de estadísticas e indicadores de género de la región para el seguimiento de la situación de las mujeres y la toma de decisiones de política pública. Su objetivo es analizar la situación de la igualdad de género a partir de la autonomía física, la autonomía en la toma de decisiones y la autonomía económica de las mujeres, y sus interrelaciones, mediante un conjunto de indicadores estratégicos, repositorios legislativos, análisis de políticas y estudios específicos. Entre sus 17 indicadores destacan aquellos en que la región es la única que cuenta con datos comparables, como es el caso de los relativos al tiempo total de trabajo (sobre la base de la medición del tiempo de trabajo no remunerado) y al feminicidio.

El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo —resultado de la Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, celebrada en Montevideo en agosto de 2013— constituye el acuerdo intergubernamental más importante firmado en la región en materia de población y desarrollo, y se transformó en una pieza fundamental del proceso de revisión del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y su seguimiento después de 2014. En respuesta a la necesidad de contar con un conjunto adicional de precisiones para transformar al Consenso de Montevideo en una agenda operativa, la Mesa Directiva de la Conferencia Regional decidió, en su Primera Reunión, llevada a cabo en noviembre de 2014, elaborar una Guía operacional para la implementación y el seguimiento del Consenso de Montevideo, y presentarla como su contribución a la Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, realizada en Ciudad de México en octubre de 2015. La Guía supuso además un primer esfuerzo por establecer sinergias con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS.

En la Segunda Reunión de la Conferencia Regional se decidió crear, asimismo, un Grupo de Trabajo ad hoc encargado de elaborar una propuesta de indicadores para el seguimiento regional del Consenso de Montevideo, tomando en cuenta aquellos que fueron definidos para los ODS. En la Tercera Reunión de la Conferencia, que tendrá lugar en El Salvador en noviembre de 2017, se presentará la lista final de indicadores propuesta por el Grupo de Trabajo en su informe final.

Cabe señalar que aproximadamente un tercio de los indicadores contenidos en la propuesta corresponden a los ODS. De este modo, el seguimiento regional del Consenso de Montevideo adquiere un papel fundamental en el examen de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la región, en consonancia con la resolución 700(XXXVI) de la CEPAL, que establece el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.

La Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe es entonces un componente esencial de la arquitectura para la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, constituyendo uno de los avances más concretos de la región en ese sentido, acorde con la resolución 700(XXXVI) de la CEPAL. En definitiva, el Consenso de Montevideo es una herramienta de notable valor para edificar el pacto por la igualdad al que llama la CEPAL. Su implementación y seguimiento reforzará los puentes entre lo global y lo regional, promoverá la colaboración entre países y fomentará la creación de capacidades nacionales, favoreciendo de esta manera las funciones del Foro.

Por otro lado, el Observatorio del Principio 10 en América Latina y el Caribe surge como una iniciativa de la CEPAL para contribuir a un mejor conocimiento, difusión e implementación de los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, consagrados en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. En él se ofrecen referencias destacadas sobre los derechos de acceso establecidos en tratados internacionales de los que los países de la región son parte, así como disposiciones y otras informaciones de interés que sobre estos derechos contienen las Constituciones, leyes, reglamentos, planes, estrategias y políticas nacionales de los países de América Latina y el Caribe. Asimismo, se incluye jurisprudencia relevante para los derechos de acceso.

Como centro de intercambio de información, el Observatorio está orientado a promover sinergias y fomentar la coordinación de las tareas de fortalecimiento de capacidades en materia de derechos de acceso ambientales a nivel regional. Asimismo, constituye un aporte al proceso de negociación de un acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, del que la CEPAL es Secretaría Técnica. Este mecanismo permitirá abordar algunos de los desafíos de contar con información relevante para la región respecto de la implementación de los objetivos medioambientales de la Agenda 2030.

El cambio climático representa uno de los grandes retos del siglo XXI y pone en riesgo un bien público global como el clima. La magnitud de los esfuerzos que implica atender, simultáneamente, los impactos negativos sobre las actividades económicas, las condiciones sociales y los ecosistemas, instrumentar los procesos de adaptación a las transformaciones climáticas y de mitigación de gases de efecto invernadero conlleva la necesidad de realizar cambios profundos en el actual estilo de desarrollo para transitar hacia un desarrollo sostenible. Ello requiere formular, aplicar y evaluar políticas públicas que tengan en el centro el desarrollo sostenible y que, por tanto, consideren las estrechas interrelaciones que existen entre las variables económicas, sociales y ambientales. Así, para el cumplimiento del Objetivo 13 sobre cambio climático resulta fundamental disponer de estadísticas congruentes, confiables, oportunas y georreferenciadas. En este contexto, la CEPAL ha procurado, en los últimos años, apoyar el desarrollo de estadísticas referidas a este tema.

En primer lugar, se han realizado esfuerzos para construir bases de datos sobre América Latina y el Caribe que permitan analizar los impactos del cambio climático sobre el sector agropecuario, la biodiversidad, los bosques, el sector energético, las zonas urbanas, los patrones de consumo, los procesos de adaptación a este fenómeno en el sector agropecuario y la relación entre el cambio climático y la pobreza. El uso de estas estadísticas combinadas ha permitido identificar, incluso en forma cuantitativa, las complejas relaciones que se establecen entre variables climáticas y ambientales, actividades económicas, emisiones de contaminantes como los gases de efecto invernadero, características de los hogares, condiciones sociales y pobreza, incluso de forma georreferenciada. En segundo lugar, se ha procurado avanzar en la construcción de nuevas estadísticas e indicadores. Tal es el caso de la incorporación de un indicador de gasto ambiental y de cambio climático en el presupuesto del Ecuador, que ya está vigente. No obstante, este conjunto de información es aún insuficiente para elaborar los indicadores de los ODS relativos al cambio climático, por lo que esta tarea deberá atenderse en el futuro inmediato.

E. Los desafíos de los sistemas estadísticos nacionales ante los nuevos ecosistemas de datos

La región también se hace eco del planteo de la Agenda 2030 respecto de la necesidad de que los países del mundo emprendan una “revolución de los datos”. Si bien este término engloba temas y significados diversos, se reconoce que implica, por una parte, el crecimiento del volumen y del tipo de datos existentes y, por otra parte, el crecimiento de la demanda de la sociedad por contar con información cada vez más desagregada, actualizada y oportuna.

Según el Grupo Asesor de Expertos Independientes sobre la Revolución de los Datos, convocado por el Secretario General de las Naciones Unidas en 2014, la revolución de los datos es:

“Una explosión en el volumen de datos, en la velocidad con que se producen los datos, el número de productores de datos, la diseminación de datos, y la gama de asuntos sobre los que existen datos, ya sea que se produzcan a partir de nuevas tecnologías, como la telefonía celular y la ‘Internet de las cosas’, como de otras fuentes, como los datos cualitativos, los datos generados por los ciudadanos y los datos acerca de las percepciones subjetivas; una demanda creciente de datos en todos los sectores de la sociedad.” (GAEI, 2014).

La explosión del volumen de datos ocurre tanto en fuentes de datos tradicionales como en nuevas fuentes. El aprovechamiento de los registros administrativos, que se recopilan como parte del funcionamiento de los diversos organismos públicos, se vislumbra como una de las áreas de mayor potencial para mejorar la cobertura, desagregación, oportunidad y eficiencia de las estadísticas. Asimismo, el uso constante y masivo de las telecomunicaciones y otros dispositivos tecnológicos genera permanentemente información digital de posible utilidad para las estadísticas oficiales. De este modo, somos testigos de cómo los datos son generados a gran velocidad y en forma continua por las personas, las máquinas y los sensores, las transacciones electrónicas y el uso de Internet, entre otros.

La revolución de los datos para el desarrollo sostenible presupone la integración de los datos provenientes de las fuentes tradicionales con los provenientes de fuentes no convencionales, a fin de producir estadísticas de calidad y oportunas con el detalle suficiente como para permitir el monitoreo de los ODS.

El sector privado ha liderado el proceso de la revolución de los datos en gran medida a través de inversión en infraestructura, pero también gracias a su habilidad de innovar en tecnologías digitales y de generar, almacenar y procesar gran cantidad de nuevos datos, al punto de convertirlos exitosamente en motores de nuevos modelos de negocio, producción e interacción.

Los ciudadanos también se han convertido en nuevos generadores y receptores de datos, lo que ha acentuado su demanda de mayor acceso a información en tiempo real, confiable y abierta. Es necesario dar más espacio a esta ciudadanía empoderada para que pueda seguir contribuyendo a la generación de soluciones innovadoras para problemas sociales relacionados con la salud, la educación, la seguridad ciudadana y otros.

Los Estados y sus instituciones públicas deben, por tanto, evitar correr el riesgo de quedarse rezagados frente a este fenómeno creciente y adaptar sus capacidades en forma urgente para aprovechar al máximo esta revolución, que representa una oportunidad de tener a disposición nuevas fuentes para la toma de decisiones y de orientar la ejecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

El principal desafío de nuestras sociedades es convertir la revolución de los datos en un potente catalizador de una nueva ecuación entre el Estado, el sector privado y la sociedad. Se precisa generar nuevas alianzas entre los gobiernos, el sector privado, la academia y las organizaciones de la sociedad civil y fomentar iniciativas innovadoras en el marco de los nuevos ecosistemas de datos en pos del bien común y del cumplimiento de la Agenda 2030.

Un aspecto muy importante de la revolución de los datos y del uso posterior de las estadísticas oficiales es la promoción de su accesibilidad. Debido a las crecientes demandas ciudadanas de mayor transparencia, acceso a la información y mecanismos efectivos de rendición de cuentas, se han desarrollado múltiples iniciativas hacia la apertura de los datos (open data) en un ejercicio de apropiación ciudadana de estos como bienes públicos. La posibilidad de contar con datos que puedan ser utilizados, reutilizados y distribuidos libremente, bajo ciertos estándares, permite a la sociedad sacar un mayor provecho de ellos, al hacer posible que cualquier persona u organización pueda, con voluntad y creatividad, construir sobre esa base una nueva idea que se traduzca en nuevos datos, conocimientos o incluso servicios.

Estos fenómenos forman parte de la revolución de los datos, la que es ya una realidad, no una alternativa. El desafío de los sistemas estadísticos nacionales de América Latina y el Caribe y sus rectores, las oficinas nacionales de estadística, es comprender este proceso, sobre cuyas potencialidades, riesgos y desafíos deben tener conciencia y a los que deben adaptarse para poder aprovechar y potenciar esta revolución. En este proceso no se debe descuidar la custodia de la privacidad y el uso adecuado de los datos individuales y colectivos, a fin de que no se vulneren los derechos de las personas e instituciones que suministran la información, para lo cual será necesaria la definición de normativas y estándares que conformen un adecuado marco de gobernanza.

La agenda pública, particularmente en los países en desarrollo, pero también en los industrializados, debe seguir contemplando la tarea de modernizar los sistemas nacionales de estadísticas e indicadores oficiales, pero, a la vez, enfrentar el desafío de no perder la oportunidad generada por la revolución de los datos. Allí hay espacio, por ejemplo, para establecer criterios que permitan que datos no oficiales cumplan con los criterios de calidad de los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales (aprobados en 2014 en virtud de la resolución 68/261 de la Asamblea General de las Naciones Unidas).

Para tal efecto, el liderazgo de las oficinas nacionales de estadística para la producción y compilación de la información seguirá siendo determinante, lo que requiere un fortalecimiento urgente e intenso de capacidades para mejorar los datos existentes, procesarlos e integrarlos con nuevos datos, así como para establecer criterios claros para la obtención, análisis, utilización y diseminación de los nuevos datos.

La persistencia en varios países de debilidades estructurales en los sistemas y las oficinas nacionales de estadística, que presentan marcos legales desactualizados, fuertes limitaciones de recursos humanos capacitados y escasez e inestabilidad de recursos financieros, plantea la urgente necesidad de abogar ante los Gobiernos de la región para que los sistemas estadísticos nacionales alcancen una institucionalidad autónoma y adecuada, que les permita desarrollar sus procesos bajo estándares de calidad y aseguren su sostenibilidad.

Al respecto, cabe insistir en la idea de que las estadísticas oficiales son un bien público de elevado valor, necesario para la toma de decisiones con base empírica, la rendición de cuentas y la transparencia de la gestión pública. Por tanto, recae principalmente en el Estado la responsabilidad institucional y económica de asegurar que los procesos de recolección, producción y difusión estén a la altura de las necesidades de la sociedad y de los ciudadanos. Paralelamente, se requerirá la acción mancomunada de los otros actores relevantes de la sociedad y de los organismos regionales e internacionales para apoyar el proceso de creación y fortalecimiento de capacidades de los sistemas estadísticos nacionales, sobre todo en aquellas áreas con mayores debilidades o falencias.

El advenimiento de las nuevas tecnologías ha permitido disponer de una mayor variedad de mecanismos de recopilación y fuentes de información, que enfrenta desafíos aún no resueltos respecto del uso de datos no oficiales para la generación de estadísticas oficiales. Es por ello que la utilización de los grandes volúmenes de información generada aún requiere un ingente trabajo de armonización y confiabilidad que permita la producción de estadísticas en consonancia con los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales.

Esto plantea a la comunidad estadística regional la necesidad de reflexionar, por una parte, sobre las posibilidades, la superación de los potenciales riesgos y las mejores vías de uso de los resultados de la revolución de datos y la aplicación de las nuevas tecnologías para la transformación del proceso de producción estadística en todas sus fases con miras a una mayor calidad y cobertura de las estadísticas oficiales, y, por otra parte, sobre la utilidad y calidad de las estadísticas no oficiales provenientes de fuentes alternativas generadoras de macrodatos (big data). Algunos de los desafíos operacionales, institucionales y legales que genera la revolución de los datos se explicitan en el cuadro III.6.

Cuadro III.6

Principios básicos relativos a la revolución de los datos para el desarrollo sostenible

Calidad e integridad

Protección y privacidad

Desglose

Gobernanza e independencia

Puntualidad

Recursos y capacidad

Transparencia y apertura

Derechos sobre los datos

Facilidad de uso y organización

Fuente: Grupo Asesor de Expertos Independientes sobre la Revolución de los Datos para el Desarrollo Sostenible (GAEI), Un mundo que cuenta: movilización de la revolución de los datos para el desarrollo sostenible, noviembre de 2014 [en línea] http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37889/UnMundoqueCuenta.pdf?sequence=1.

Si bien el uso de fuentes de información no tradicionales puede ser un camino muy fructífero para responder a las enormes demandas de información e indicadores estadísticos que se necesitan para el monitoreo de las metas de los ODS, es asimismo un desafío central para las oficinas de estadística, ya que conlleva la transformación de sus procesos hacia un nuevo modelo productivo que permita emplear intensivamente los datos provenientes de los registros administrativos y de las nuevas fuentes asociadas a la revolución de los datos. Este nuevo modelo también implica enormes retos en cuanto a la introducción e intensificación de métodos modernos de gestión orientada a los resultados. Asimismo, la vinculación sistémica, integral y permanente de la producción estadística con la geográfica y la utilización de métodos de georreferenciación, de un marco geoestadístico y de otros instrumentos y métodos provenientes de la geociencia deberán ser parte del desarrollo del nuevo modelo productivo de las estadísticas. La territorialidad es un eje clave en el análisis que implica la implementación de la Agenda 2030, por lo que la disponibilidad de información que permita asociar cada dato con el lugar donde se generó o donde ocurren los fenómenos analizados abre paso a la posibilidad de focalizar acciones justo donde se necesitan.

Solo es posible abordar los desafíos antes descritos mediante la creación de sinergias entre todos los actores del sistema estadístico que coadyuven al fortalecimiento de las capacidades de los países en esta materia, para lograr sistemas estadísticos nacionales institucionalmente robustos y sostenibles, con mecanismos de gobernanza adecuados para el conjunto de las estadísticas oficiales y no oficiales en pleno vínculo con las instituciones nacionales responsables de la información geográfica.

La necesaria consolidación de las estadísticas básicas y el desarrollo de mediciones en temas emergentes requerirán la formulación e implementación de estrategias de desarrollo estadístico en varias áreas, las que deben insertarse en la estrategia nacional de desarrollo estadístico de cada país. Esa vinculación virtuosa promoverá el fortalecimiento de los sistemas estadísticos nacionales de manera coherente, dotándolos de recursos adecuados que aseguren su sostenibilidad y, por ende, las capacidades para generar la información estadística requerida por los países para el seguimiento de los indicadores de la Agenda 2030. Fortalecer y ampliar la cultura estadística nacional y fomentar el uso de los datos existentes deberá ser parte fundamental de esta estrategia.

Los sistemas nacionales de estadística, con un liderazgo consolidado de las oficinas nacionales de estadística y el apoyo y la estrecha cooperación de los organismos internacionales, deben liderar el proceso de seguimiento nacional, regional y mundial para recopilar, analizar e intercambiar los datos estadísticos requeridos para el monitoreo y el logro de los Objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Es necesario plantear a los tomadores de decisiones y, en general, a los actores públicos y privados de cada país que el aprovechamiento intensivo y eficiente de las posibilidades que brinda la revolución de los datos requerirá necesariamente una inversión considerable y constante en la capacidad estadística nacional y un gran espíritu y esfuerzo de cooperación y coordinación, tanto en el ámbito técnico como en el institucional, para aumentar la cobertura, la calidad, la desagregación y la frecuencia de los datos, bajo un modelo sostenible en el tiempo.

Para ello se deberán desplegar acciones de información y abogacía hacia los gobiernos y la institucionalidad de la región acerca de la relevancia de las estadísticas para la formulación y el seguimiento de las políticas públicas, a fin de sensibilizarlos sobre la necesidad de mantener un flujo estable y creciente de recursos financieros para el funcionamiento del sistema estadístico nacional en general y de las oficinas nacionales de estadística en particular.

Bibliografía

Banco Mundial/OMS (Banco Mundial/Organización Mundial de la Salud) (2015), Toward Universal Health Coverage and Equity in Latin America and the Caribbean. Evidence from selected countries, T. Dmytraczenko y G. Almeida (eds.), Washington, D.C.

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2016a), Informe de la Octava Reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Quito, 17 a 19 de noviembre de 2015 (LC/L.4154), Santiago.

____(2016b), Informe de la XV Reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Santiago, 14 a 16 de junio de 2016 (LC/L.4235), Santiago.

____(2016c), Propuesta de términos de referencia del Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL (LC/L.4179(CE.15/3)), Santiago.

GAEI (Grupo Asesor de Expertos Independientes sobre la Revolución de los Datos para el Desarrollo Sostenible) (2014), Un mundo que cuenta: movilización de la revolución de los datos para el desarrollo sostenible, noviembre [en línea] http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37889/UnMundoqueCuenta.pdf?sequence=1.

Naciones Unidas (2016a), Informe sobre el 47º período de sesiones de la Comisión de Estadística (E/2016/24; E/CN.3/2016/34), Nueva York [en línea] https://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/Report-on-the-47th-session-of-the-statistical-commission-S.pdf.

____(2016b), Informe del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nota del Secretario General (E/CN.3/2016/2/Rev.1), Nueva York, Comisión de Estadística.

____(2015), Informe sobre el 46º período de sesiones de la Comisión de Estadística (E/2015/24; E/CN.3/2015/40), Nueva York [en línea] https://unstats.un.org/unsd/statcom/46th-session/documents/statcom-2015-46th-report-S.pdf.

[1] Véase el proyecto de plan de acción del 21 de octubre de 2016 [en línea] http://unstats.un.org/sdgs/files/global-consultation-hlg-1/GAP_HLG-20161021.pdf.

[2] Véase la resolución 70/1 “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, párrafos 73, 75, 80 y 81, y las decisiones del 47º período de sesiones de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas.

[3] De acuerdo con el mecanismo definido para la rotación de países en la representación de las diversas regiones, en marzo de 2017 los países reivindicaron la representación del Brasil, Colombia y México en el Grupo Interinstitucional y de Expertos, y de la Argentina y el Ecuador en el Grupo de Alto Nivel, mientras que propusieron a Granada y Trinidad y Tabago para el Grupo Interinstitucional y de Expertos en reemplazo de Cuba y Jamaica, y a San Vicente y las Granadinas y Suriname para el Grupo de Alto Nivel en reemplazo de las Bahamas y Santa Lucía (al cierre de este documento no se había definido aún el reemplazo de El Salvador).

[4] Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curaçao, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).

[5] Véase [en línea] http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Sistema_Estadistico_Nacional/Objetivos_Desarrollo_Sostenible_ODS/Objetivo_10/Meta_10.5/Indicador_10.5.1/FM_INDICADORES_SOLIDEZ_FINANCIERA_5.pdf.

Anexo III.A1

Preguntas y variables del “Cuestionario de capacidades estadísticas nacionales para la producción de los indicadores ODS”

Parte 1

- Producción actual del indicador

- Se produce el indicador: El indicador es producido de manera regular.

- No se produce el indicador, pero se puede producir con las fuentes de información existentes: El indicador no es producido de manera regular, pero las fuentes de información existentes posibilitan su producción.

- No se produce el indicador y no se puede producir a partir de las fuentes de información existentes.

1. Se tiene alguna información, pero es necesario mejorarla o complementarla para producir el indicador: El indicador no es producido de manera regular y las fuentes de información existentes no permiten su producción, porque habría que refinarlas o complementarlas.

2. No se tiene información para producir el indicador: El indicador no es producido de manera regular porque no existe ningún tipo de información de base para su construcción.

- Características del proceso de construcción del indicador

- Nombre de la operación estadística: Se detalla la denominación de la operación estadística que constituye la fuente de información para el cálculo del indicador.

- Tipo de operación estadística: Se registra si la operación estadística es un censo, una encuesta, está basada en registros administrativos o es una operación estadística de síntesis.

- Periodicidad de la recolección de datos: Se detalla cada cuánto tiempo se recolecta la información estadística necesaria para el cálculo del indicador mediante la operación estadística descrita.

- Cobertura geográfica: Se detalla cuál es la cobertura geográfica de la información recolectada en la operación estadística descrita (nacional, urbana, de grandes ciudades u otra).

- Periodicidad de difusión de resultados: Se detalla cada cuánto tiempo se difunde la información estadística referida al indicador a partir de la fuente de información descrita.

- Unidad de observación: Se indica cuál es la unidad de observación de la cual se levanta o capta información en la operación estadística descrita.

- Disponibilidad de la información: Se registra desde y hasta qué año se cuenta con la información necesaria para el cálculo del indicador desde la fuente descrita.

- Nivel de desagregación (si fuera pertinente para el indicador): Se detalla para cuál o cuáles de las desagregaciones propuestas en el marco de indicadores mundiales para el monitoreo de los ODS es posible obtener información para el cálculo del indicador desde la fuente descrita.

- Geográfico (nivel geográfico, territorial o de división político-administrativa)

Sexo (total/mujeres/hombres)

Etnia (etnias existentes en el país)

Edad (grupos de edad; edades simples)

Ingreso (niveles de ingreso)

Raza (razas existentes en el país)

Estado migratorio (condición de migrante de la población)

Discapacidad (condición de discapacidad de la población)

Otros ámbitos (se detallan otras desagregaciones que se consideren pertinentes y cuya información esté disponible).

- Institución responsable: Se registra el nombre de la entidad responsable de ejecutar la operación estadística, procesar la información, producir el indicador y difundir sus resultados.

- Tipo de institución: Se detalla si la entidad mencionada es pública o privada.

Parte 2

Temas emanados de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (lista inicial de 41 temas incluida en el cuestionario)

- Agricultura

- Asistencia oficial para el desarrollo (AOD)

- Asentamientos humanos

- Biodiversidad

- Cambio climático

- Cobertura terrestre

- Comercio

- Consumo y producción sostenible

- Cuentas nacionales

- Desastres naturales

- Discriminación

- Educación

- Empleo

- Energía

- Exportaciones e importaciones

- Finanzas públicas

- Gasto público

- Género

- Investigación y desarrollo (I+D)

- Inversión extranjera directa (IED)

- Industria

- Ingresos y pobreza

- Instituciones públicas

- Macroeconomía

- Medio ambiente

- Migración

- Mortalidad infantil

- Precios

- Primera infancia

- Programas sociales

- Recursos naturales

- Responsabilidad empresarial

- Salud

- Sector financiero

- Seguridad alimentaria

- Seguridad y justicia

- Servicios básicos

- Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)

- Transporte

- Turismo

- Violencia

Etapas del Modelo Genérico de Procesos Institucionales Estadísticos

- Planificación: Iniciará cuando se identifique una nueva necesidad de información estadística o se requieran mejoras en la producción de las estadísticas existentes. La entidad del Sistema Estadístico Nacional, a través de su unidad operativa correspondiente, realizará el acercamiento a los usuarios de la información estadística para identificar detalladamente sus necesidades y elaborar una propuesta de solución para satisfacerlas. Además, se establecerán las directrices necesarias, recursos y tiempo requerido para la ejecución de una nueva propuesta.

- Diseño: Describirá el desarrollo y diseño de las actividades necesarias para producir los resultados estadísticos. Incluye todos los elementos de diseño empleados para definir o clarificar los productos estadísticos identificados en la planificación. Se especificarán los metadatos que contengan la información de la operación estadística para su uso posterior, así como los procedimientos de garantía de calidad, y se establecerán las actividades alineadas a la aplicación de estándares internacionales y nacionales.

- Construcción: Se construirán y pondrán a prueba todos los productos y sistemas diseñados, con el fin de tenerlos listos para la ejecución de la operación estadística. Las pruebas se realizarán cuando la operación se ejecute por primera vez o cuando, en su fase de evaluación, se sugieran cambios significativos (revisión o cambio en la metodología y/o tecnología).

- Recolección: Se recolectará o captará toda la información necesaria utilizando diferentes métodos, y se la almacenará en un ambiente apropiado y seguro, para su posterior procesamiento.

- Procesamiento: Corresponde a la depuración de datos, generación de resultados estadísticos y su preparación para el análisis y difusión.

- Análisis: Se interpretarán los resultados obtenidos de la operación estadística. El análisis será descriptivo, comparativo y evolutivo. Los productos estadísticos serán elaborados, examinados en detalle y preparados para la difusión a los usuarios, garantizando que respondan a los objetivos de la operación estadística. Incluirá los procesos y actividades que permitan a los analistas entender las estadísticas producidas.

- Difusión: Representará la generación, promoción y entrega de los productos estadísticos a los usuarios con la periodicidad definida para la operación estadística. Se incluirá el desarrollo de planes de comunicación, así como la administración y soporte a los usuarios.

- Evaluación: Se evaluarán los insumos de cada fase del proceso de producción. Esta fase tendrá lugar al final de la producción estadística; se basará en los productos recopilados a lo largo de las diferentes fases. Incluirá la evaluación del correcto cumplimiento de cada actividad del proceso.

- Gestión de archivo: Será transversal a todo el proceso de producción estadística y se ejecutará en todas las fases del proceso. Comprenderá la documentación y el almacenamiento de los productos físicos y digitalizados de la operación, definiendo reglas de acceso, administración y generación de respaldos para repositorios de información.

Cuadro III.A1.1

América Latina y el Caribe: correspondencia entre la oferta y la demanda de cooperación técnica, por tema, 2016

Tema

Países que solicitan cooperación técnica

Países que podrían ofrecer cooperación técnica

Accidentes de trabajo

CHL

Agricultura

DOM, CHL, CRI, CUB, ECU, GTM, HND, HTI, PAN, PRY

BRA, GRD, MEX, URY

Asistencia oficial para el desarrollo (AOD)

PRY

Aprovechamiento de registros administrativos fiscales

MEX

Aseguramiento de la calidad estadística en las operaciones estadísticas (registros administrativos)

HND, PAN

Asentamientos humanos

CHL, CRI, GTM, HND, MEX, PAN, PER, PRY

BRA, GRD, URY, VEN

Biodiversidad

ATG, BOL, CHL, CRI, ECU, GTM, HND, HTI, MEX, PAN, PER, PRY

Cambio climático

DOM, ATG, BOL, CHL, CRI, CUB, ECU, GTM, HND, HTI, MEX, PAN, PER, PRY, SLV

Censos

GTM

Cobertura terrestre

CHL, CRI, ECU, GTM, HND, HTI, MEX, PAN, PRY

BRA, GRD, URY

Comercio

CRI, CUB, GTM, HND, PAN, PRY

BRA, GRD, MEX, URY

Comercio electrónico

MEX

Consumo y producción sostenible

CHL, CRI, GTM, HND, HTI, PAN, PER, PRY, SLV, VEN

Control de vectores

VEN

Cooperación Sur-Sur

CHL

Corrupción

MEX

Cuentas nacionales

CHL, GTM, HND, HTI, PAN, PRY

BRA, GRD, MEX, URY

Derechos humanos

VEN

Desastres naturales

ATG, BOL, CHL, CRI, ECU, GTM, HND, MEX, PAN, PRY

CUB, VEN

Desechos peligrosos en establecimientos de salud

VEN

Desechos peligrosos

VEN

Discriminación

ATG, BOL, CHL, CRI, GTM, HND, PRY, PAN

Edición e imputación de datos estadísticos/No respuesta en encuestas de hogares

HND, PAN

Educación

DOM, ATG, BOL, CRI, GTM, HND, MEX, PAN, PER, PRY, VEN

BRA, CHL, GRD, URY

Elaboración de clasificaciones de acceso a la información pública

SLV

Empleo

ATG, BOL, BRB, CRI, ECU, GTM, HND, HTI, MEX, PAN, PER, PRY

BRA, GRD, SLV, URY

Encuestas de hogares

GTM

Energía

ATG, BOL, CRI, ECU, GTM, HND, HTI, MEX, PAN, PER, PRY, SLV

Etnicidad

MEX

Exportaciones e importaciones

CRI, GTM, HND, PAN, PRY, SLV

MEX, VEN

Finanzas públicas

CRI, ECU, GTM, HND, MEX, PAN, PRY, SLV

BRA, GRD, URY

Gasto público

CRI, GTM, HND, PAN, PRY, SLV, VEN

CHL

Género

ATG, BOL, CRI, CUB, HND, MEX, PAN, PER, SLV

Gestión de datos

GTM

Gestión del directorio de establecimientos económicos

HND, PAN

Gestión de sistemas de información geográfica y explotación de datos

HND, PAN

Gobierno y datos abiertos

SLV

Herramientas para la gestión de microdatos

HND, PAN

Imágenes del territorio

MEX

Impactos de los fenómenos ambientales en la salud humana y los ecosistemas

CHL

Implementación de las convenciones internacionales

SLV

Impuestos

CHL

Industria

ECU, GTM, HND, MEX, PAN, PRY

BRA, GRD, URY

Ingresos y pobreza

ATG, BOL, CHL, GTM, HND, PAN, PER, PRY

BRA, GRD, SLV, URY

Innovación tecnológica

MEX

Instituciones públicas

CRI, GTM, HND, PAN, PRY, SLV, VEN

Integración de empresas en encuestas económicas

MEX

Inversión extranjera directa (IED)

CHL, CRI, CUB, GTM, HND, HTI, MEX, PAN, PRY, VEN

Investigación y desarrollo (I+D)

ATG, BOL, CHL, CRI, GTM, HND, HTI, MEX, PAN, PRY, SLV, VEN

ARG, BRA, COL, GRD, URY

Levantamiento de información catastral

MEX

Macroeconomía

CHL, GTM, HND, MEX, PAN, PRY, SLV

Malaria y otras enfermedades transmitidas por vectores

VEN

Medio ambiente

ATG, BOL, CHL, CRI, CUB, GTM, HND, HTI, PAN, PER, PRY, SLV

ECU, MEX, VEN

Métodos de clasificación económica y social

HND, PAN

Métodos de validación de una encuesta

HND, PAN

Migración

ATG, BOL, CHL, GTM, HND, PAN, PRY, SLV, VCT

MEX

Mortalidad infantil

ATG, BOL, CRI, GTM, HND, PAN, PRY

ARG, COL, CUB, MEX, SLV, VCT

Muestreo indirecto y en población de difícil acceso

HND, PAN

Percepción de la ciencia y la tecnología

MEX

Planificación urbana

MEX

Poblaciones vulnerables

VEN

Precios

GTM, HND, MEX, PAN, PRY

BRA, CHL, GRD, URY

Primera infancia

ATG, BOL, ECU, GTM, HND, PAN, PRY

CHL, CUB, SLV

Programas sociales

ATG, BOL, CRI, GTM, HND, HTI, PAN, PER, PRY

BRA, CHL, GRD, SLV, URY

Promoción de la salud

VEN

Promoción y difusión de los derechos de la niñez

SLV

Pronóstico de producción de granos básicos

HND, PAN

Radiaciones ionizantes

VEN

Recursos naturales

ATG, BOL, CHL, ECU, GTM, HND, PAN, PER, PRY

BRA, GRD, MEX, URY

Régimen penitenciario

VEN

Rendición de cuentas

SLV

Residuos sólidos

VEN

Responsabilidad empresarial

CRI, GTM, HND, PAN, PRY

Salud

DOM, ATG, BOL, ECU, GTM, HND, PAN, PRY

ARG, BRA, CHL, COL, CUB, GRD, URY, SLV, VEN

Satisfacción con los servicios públicos

MEX

Sector financiero

ECU, GTM, HND, MEX, PAN, PRY, SLV

Seguridad alimentaria

ATG, BOL, CRI, GTM, HND, MEX, PAN, PER, PRY. SLV

CUB

Seguridad y justicia

ATG, BOL, CHL, CRI, ECU, GTM, HND, PAN, PRY, SLV, VEN

ARG, COL, MEX

Servicios básicos

ATG, BOL, GTM, HND, MEX, PAN, PRY

BRA, CHL, GRD, URY

Sistema de control y certificación de importación y exportación de alimentos

CUB

Sistema de seguimiento de indicadores de transparencia, participación y anticorrupción

SLV

Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)

ATG, BOL, CHL, CRI, GTM, HND, HTI, MEX, PAN, PRY

ARG, BRA, COL, GRD, URY

Trabajo infantil

ATG, BOL

Transporte

CRI, GTM, HND, PAN, PRY

BRA, GRD, MEX, URY

Tributación

CHL

Turismo

ECU, GTM, HND, HTI, PAN, PRY

BRA, GRD, MEX, URY

Victimización

MEX

Violencia

ATG, BOL, BRB, CHL, CRI, ECU, GTM, HND, PAN, PER, PRY, SLV, VEN

MEX

Violencia por desplazados; protocolos y convenios internacionales relacionados con el derecho al trabajo (discriminación, migración, apátridas y otros)

CHL

Fuente: Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL, “Cuestionario de capacidades estadísticas nacionales para la producción de los indicadores ODS”.

Cuadro III.A1.2

América Latina y el Caribe (países que respondieron el “Cuestionario de capacidades estadísticas nacionales para la producción de los indicadores ODS”): número de indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se producen o podrían producir, por meta, 2016

Indicador

ARG

MEX

CUB

SLV

CRI

COL

URY

JAM

CHL

PAN

ECU

PRY

BRA

GTM

PER

DOM

VEN

GRD

BOL

VCT

HND

HTI

ATG

BRB

Número de países

Porcentaje de países

1,1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

21

88%

1,2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

2

1

2

22

92%

1,3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

16

67%

1,4

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

21

88%

1,5

1

3

3

1

2

3

2

3

1

1

1

3

3

2

1

1

2

3

18

75%

1.a

2

2

1

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

1

2

2

1

2

19

79%

1.b

1

1

1

1

1

1

1

7

29%

2,1

1

2

1

1

1

2

1

2

2

2

1

1

2

2

14

58%

2,2

2

2

1

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

1

2

18

75%

2,3

2

1

2

2

1

2

2

1

1

9

38%

2,4

1

1

1

1

1

1

1

1

8

33%

2,5

2

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

11

46%

2.a

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

10

42%

2.b

2

2

2

2

2

1

1

2

1

1

10

42%

2.c

1

1

1

1

1

5

21%

3,1

2

2

2

2

2

2

2

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96%

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1

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1

1

1

1

1

1

1

1

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19

79%

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1

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23

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24

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1

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1

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1

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17

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2

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1

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1

2

18

75%

8,10

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2

1

1

2

1

2

1

1

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17,3

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

21

88%

17,4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

21

88%

17,5

1

1

1

1

4

17%

17,6

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

17

71%

17,7

1

1

1

3

13%

17,8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

21

88%

17,9

1

1

1

1

1

5

21%

17,10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

42%

17,11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

54%

17,12

1

1

1

1

1

1

1

7

29%

17,13

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

42%

17,14

1

1

1

3

13%

17,15

1

1

1

1

1

5

21%

17,16

1

1

1

1

4

17%

17,17

1

1

4%

17,18

3

2

2

3

2

1

1

1

3

2

1

1

1

3

14

58%

17,19

2

1

2

1

1

2

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

17

71%

Número

de metas

que podría monitorear

152

107

111

124

107

106

90

83

84

78

79

83

74

68

66

63

56

55

57

48

46

48

46

23

Número de indicadores

que podría producir

204

155

152

148

141

140

121

119

110

103

101

101

98

92

89

80

72

69

66

63

62

59

57

37

Porcentaje

de indicadores que podría producir

85%

64%

63%

61%

59%

58%

50%

49%

46%

43%

42%

42%

41%

38%

37%

33%

30%

29%

27%

26%

26%

24%

24%

15%

Porcentaje

de metas

que podría monitorear

90%

63%

66%

73%

63%

63%

53%

49%

50%

46%

47%

49%

44%

40%

39%

37%

33%

33%

34%

28%

27%

28%

27%

14%

Fuente: Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL, “Cuestionario de capacidades estadísticas nacionales para la producción de los indicadores ODS”.

Table of Contents

Portadilla

Créditos

Contenidos

Prólogo

Capítulo I

América Latina y el Caribe: los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el nuevo contexto internacional

Capítulo II

Instituciones para la implementación de la Agenda 2030 en los países de América Latina y el Caribe

Capítulo III

La medición de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe

Anexo III.A1