Portadilla

Créditos

José Manuel Salazar-Xirinachs

Secretario Ejecutivo

Raúl García-Buchaca

Secretario Ejecutivo Adjunto

para Administración y Análisis de Programas

Simone Cecchini

Director del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía

(CELADE)-División de Población de la CEPAL

Sally Shaw

Directora de la División de Documentos y Publicaciones

Comité Editorial

Editor: Jorge Martínez Pizarro (CELADE-División de Población de la CEPAL)

Miembros: Jorge Dehays Rocha (Universidad de Chile), Enrique Peláez (Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)/Universidad Nacional de Córdoba, Argentina), Fabiana del Popolo (CELADE-División

de Población de la CEPAL), Leandro Reboiras Finardi (CELADE-División de Población de la CEPAL),

Zulma Sosa (CELADE-División de Población de la CEPAL)

Secretaria: María Ester Novoa (CELADE-División de Población de la CEPAL)

Redacción y administración: casilla 179-D, Santiago, Chile.

Correo electrónico: CELADE-NotasDePoblacion@cepal.org.

La revista Notas de Población fue fundada en 1973 por Carmen Miró y es una publicación del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL, cuyo propósito principal es la difusión de investigaciones y estudios de población sobre América Latina y el Caribe, aun cuando recibe con particular interés artículos de especialistas de fuera de la región y, en algunos casos, contribuciones que se refieren a otras regiones del mundo. Se publica dos veces al año, con una orientación interdisciplinaria, por lo que acoge tanto artículos sobre demografía como otros que aborden las relaciones entre las tendencias demográficas y los fenómenos económicos, sociales, culturales, políticos y biológicos. Las opiniones expresadas en los artículos de esta revista son responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL.

La revista Notas de Población está indizada en Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (CLASE), en el Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (LATINDEX), en el Sistema de Búsqueda Avanzada de Documentos (DIALNET) y en el Hispanic American Periodicals Index (HAPI).

Consejo Editorial

Consejo Editorial

Nombre

Afiliación institucional

País/organización

Antonio Aja Díaz

Universidad de La Habana

Cuba

Juan Carlos Alfonso Fraga

Oficina Nacional de Estadística e Información

Cuba

José Luis Ávila Martínez

Universidad Nacional Autónoma de México

México

Guiomar Bay

CELADE-División de Población de la CEPAL

CEPAL

Wanda Cabella

Universidad de la República

Uruguay

Francisco Cáceres

Oficina Nacional de Estadística

República Dominicana

Alejandro I. Canales

Universidad de Guadalajara

México

Suzana Cavenaghi

Instituto Brasileño de Geografía y Estadística

Brasil

Dídimo Castillo

Universidad Autónoma del Estado de México

México

Dora E. Celton

Universidad Nacional de Córdoba

Argentina

Marcela Cerrutti

Centro de Estudios de Población

Argentina

Helena Cruz Castanheira

CELADE-División de Población de la CEPAL

CEPAL

Mirna Cunningham

Centro para la Autonomía y Desarrollo

de los Pueblos Indígenas

Nicaragua

Mariachiara Di Cesare

Imperial College London

Reino Unido

Andreu Domingo Valls

Universidad Autónoma de Barcelona

España

Albert Esteve

Universidad Autónoma de Barcelona

España

Carmen Elisa Florez Nieto

Universidad del Rosario

Colombia

Anitza Freitez

Universidad Católica Andrés Bello

República Bolivariana de Venezuela

Silvia Elena Giorguli Saucedo

El Colegio de México

México

Daniela González

CELADE-División de Población de la CEPAL

CEPAL

Enrique González Mata

Sede subregional de la CEPAL en México

CEPAL

Martín Hopenhayn

Consultor independiente

Chile

Sandra Huenchuan

Sede subregional de la CEPAL en México

CEPAL

Fernando Lozano Ascencio

Universidad Nacional Autónoma de México

México

Cássio Maldonado Turra

Universidad Federal de Minas Gerais

Brasil

Ciro Martínez

Consultor independiente

Colombia

Tim Miller

Consultor independiente

Estados Unidos

Verónica Montes de Oca

Universidad Nacional Autónoma de México

México

Abelardo Morales

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)

Costa Rica

Héctor Pérez Brignoli

Universidad de Costa Rica

Costa Rica

José Marcos Pinto da Cunha

Universidad Estadual de Campinas

Brasil

Jorge Rodríguez Vignoli

CELADE-División de Población de la CEPAL

CEPAL

Laura Rodríguez Wong

Universidad Federal de Minas Gerais

Brasil

Luis Rosero-Bixby

Universidad de California en Berkeley

Estados Unidos

Magda Ruiz

Consultora independiente

Colombia

María Marta Santillán

CONICET/Universidad Nacional de Córdoba

Argentina

Susana Schkolnik

Consultora independiente

Chile

Alejandra Silva

CELADE-División de Población de la CEPAL

CEPAL

Carolina Stefoni

Universidad Alberto Hurtado

Chile

Andras Uthoff

Consultor independiente

Chile

Miguel Villa

Consultor independiente

Chile

Brenda Yépez Martínez

Universidad Central de Venezuela

República Bolivariana de Venezuela

Página legal

Publicación de las Naciones Unidas

Número de venta: S.23.II.G.11

LC/PUB.2023/9-P

ISSN: 0303-1829 (versión impresa)

Distribución: G

Copyright © Naciones Unidas, 2023

Todos los derechos reservados

Impreso en Naciones Unidas, Santiago

S.23-00227

Las denominaciones empleadas en los mapas de este documento y la forma en que aparecen presentados los datos que contienen no implican, de parte de la Secretaría de las Naciones Unidas, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.

Esta publicación debe citarse como: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Notas de Población, N° 116 (LC/PUB.2023/9-P), Santiago, 2023.

La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), División de Documentos y Publicaciones, publicaciones.cepal@un.org. Los Estados Miembros de las Naciones Unidas y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Solo se les solicita que mencionen la fuente e informen a la CEPAL de tal reproducción.

Índice

Portadilla

Créditos

Consejo Editorial

Página legal

Presentación

Artículo 01

Cincuentenario de la revista Notas de Población: palabras desde América Latina en homenaje a Carmen Miró, su fundadora

El CELADE-División de Población de la CEPAL y los 50 años de Notas de Población

Carmen Miró, hacedora de la demografía crítica latinoamericana

Carmen Miró, constructora de espacios para la generación de conocimiento y la formación en demografía: su labor en El Colegio de México

Pequeño homenaje a Carmen Miró, la más grande demógrafa de América Latina

Artículo 02

La ampliación de la brecha socioeconómica entre los hogares monoparentales y biparentales en el Uruguay (1986-2018)

Artículo 03

El efecto del denominado “sesgo del salmón” en la migración de retorno, ¿depende del contexto? Datos sobre los migrantes colombianos en los Estados Unidos y España, 2008-2015

Artículo 04

La reinserción laboral de personas retornadas de España en el Uruguay, 2012-2017

Artículo 05

Transiciones del curso de vida y migración interna en el Brasil: un análisis basado en datos de múltiples períodos

Artículo 06

Etapas de la migración internacional e intrarregional en América Latina y el Caribe

Artículo 07

Integración al mercado laboral de los inmigrantes intrarregionales en Chile: análisis de las trayectorias de empleo y de los logros ocupacionales basado en las encuestas de hogares de 2013, 2015 y 20171

Artículo 08

Cambio climático y asentamientos de migrantes del norte de Centroamérica en México: vulnerabilidades y riesgos

Artículo 09

El viaje de los migrantes de los países del norte de Centroamérica a los Estados Unidos: costo monetario, contratación de coyotes y probabilidad de endeudamiento

Artículo 10

Medición de la compresión y expansión de la morbilidad en la Argentina: análisis de indicadores alternativos

Orientaciones para los autores de la revista Notas de Población

Presentación

El número 116 de Notas de Población tiene dos sellos muy especiales e íntimamente relacionados entre sí. Por un lado, damos continuidad al merecido homenaje que la revista y el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) rinden a la fundadora y primera directora de la publicación, Carmen Miró, con ocasión de su sensible fallecimiento el 18 de septiembre de 2022. Lo hacemos por medio de unas breves notas en el marco de los 50 años de Notas de Población, junto con sentidas palabras sobre Carmen y su legado de tres connotados demógrafos de la región: Dídimo Castillo Fernández, Silvia Elena Giorguli y Laura Rodríguez Wong. Por otro lado, muy en sintonía con lo anterior, como se mencionó, este 2023 tenemos el privilegio y la satisfacción de celebrar 50 años desde la fundación de la revista en 1973, precisamente por iniciativa de Carmen Miró, directora del CELADE en ese momento. Por este motivo, los números 116 y 117 de la revista darán continuidad a esta celebración, con el lema “Medio siglo difundiendo conocimiento demográfico”.

Los artículos recibidos de nuestros colaboradores y que acompañan estos homenajes y celebraciones muestran en esta ocasión una característica destacada: la concentración temática en los estudios sobre migración internacional e interna. En efecto, siete de los nueve artículos de este número presentan diferentes aproximaciones y miradas sobre este importante componente demográfico, cuyo rasgo más destacado es el marcado predominio que ha alcanzado en años recientes la migración intrarregional.

El primer trabajo incluido en este número es precisamente uno de los que no se refieren a la migración. Las autoras, Wanda Cabella, Mariana Fernández Soto y Gabriela Pedetti, analizan la evolución de la brecha socioeconómica entre los hogares uruguayos monoparentales y biparentales con hijos menores de 22 años, entre 1986 y 2018. El análisis se realiza a la luz de las transformaciones familiares y los cambios en el acceso a recursos por parte de las mujeres. Los resultados muestran un aumento de los hogares monoparentales pobres a partir de 2003, que implicó un cambio de tendencia respecto de su situación relativa frente a los hogares biparentales, que tradicionalmente tenían un perfil socioeconómico muy similar. El trabajo sugiere que el aumento de la brecha de bienestar económico a favor de los hogares biparentales se produjo principalmente por dos motivos: una mayor capacidad de las mujeres pertenecientes a estratos bajos para sostener estrategias de residencia nuclear independiente y un aumento de las oportunidades de las mujeres en el mercado laboral, que contribuyó a mejorar el nivel de ingresos de los hogares biparentales.

Henrique Miranda Figueiredo, Gisela P. Zapata y Gilvan Ramalho Guedes son los autores del primer trabajo sobre migración. Abordan la interesante relación entre la migración y la salud, particularmente en el caso de los migrantes colombianos en dos importantes países de recepción de fuera de la región: Estados Unidos y España. Para ello utilizan datos del Proyecto sobre Migración Latinoamericana (LAMP) correspondientes al período 2008-2015. Se consideran dos grupos de migrantes colombianos, los que viven en esos países de acogida y los que retornaron de ellos, tomando en cuenta las diferencias de los sistemas de salud de ambos países. Los resultados apuntan a que el contexto del país de acogida en el ámbito de la salud influye en la propensión a regresar por motivos de salud. En efecto, los resultados sugieren que los migrantes retornados de los Estados Unidos tienen una mayor probabilidad de declarar un peor estado de salud que los que retornan de España, mientras que los migrantes que viven actualmente en España tienden a declarar un peor estado de salud que los que viven en los Estados Unidos. Entre las posibles explicaciones de estos resultados se encuentran la mayor dificultad para acceder al sistema sanitario de los Estados Unidos, especialmente para los inmigrantes indocumentados, así como la existencia de redes de apoyo mejor estructuradas en Colombia que facilitan la migración de retorno.

Martín Koolhaas examina el papel de la experiencia migratoria en la reinserción laboral de las personas uruguayas entre 2012 y 2017. Los datos corresponden a la encuesta oficial de población activa del Uruguay, que caracteriza a migrantes de retorno según el tiempo de asentamiento. La investigación se enfoca en la población retornada de España, la de mayor presencia en los flujos migratorios de personas uruguayas durante el siglo XXI. La metodología empleada consiste en la estimación de modelos probit bietápicos, en los que primero se modela la probabilidad de tener un empleo y posteriormente la de estar en condiciones de (in)adecuación educativa respecto de la ocupación principal. El análisis multivariado sugiere que hay una relación negativa entre la condición de retornante reciente y el acceso al empleo en condiciones adecuadas, así como una acentuación del efecto negativo de la experiencia migratoria reciente en las personas de más edad y nivel educativo.

En el siguiente artículo se analiza la relación entre las transiciones del curso de vida y la migración interna en el Brasil. Reinaldo Onofre dos Santos, Alisson Flávio Barbieri y Ernesto Friedrich de Lima Amaral son los autores de este trabajo, cuyo objetivo es indagar la relación entre las transiciones del curso de vida y los patrones de edad de la migración interna en el Brasil. Los autores utilizan los datos transversales provenientes de los censos demográficos del Brasil correspondientes a 1991, 2000 y 2010. Utilizan el modelo de Rogers-Castro para evaluar los patrones de edad referidos a la migración. Los resultados dan indicios de una estrecha asociación entre la migración y las transiciones del curso de vida, en particular en lo referido al momento de la primera unión. Además, indican que la distancia entre las zonas de origen y de destino de los migrantes es una variable explicativa importante. Se demuestra que es posible analizar poblaciones de gran tamaño con métricas de cohortes sintéticas extraídas de los datos de varios períodos.

El trabajo de Julieta Bengochea y Adela Pellegrino es un esfuerzo explicativo de las tendencias migratorias en América Latina y el Caribe entre 1960 y 2010. Las autoras comienzan reconociendo que la migración internacional (fronteriza, intrarregional o extrarregional) es parte de la historia demográfica, económica y social de la región, asociada a momentos de demanda en las sociedades receptoras o situaciones complejas o críticas en los países de origen de los migrantes. Un ejemplo destacado de las transformaciones que presenta este proceso es el cambio del perfil migratorio de la República Bolivariana de Venezuela, que en menos de una década pasó de ser uno de los principales receptores de migración intrarregional a ser el principal país emisor. El propósito del trabajo es revisar la literatura sobre las tendencias migratorias en la región en el período señalado y analizar los contextos sociales, económicos y políticos en que se enmarcan, para identificar y sistematizar elementos explicativos comunes. Se hace referencia al surgimiento de una nueva etapa migratoria en el período intercensal 2010-2020, caracterizado por nuevos orígenes y destinos, con la migración venezolana como protagonista.

José Ignacio Carrasco y Pau Baizán abordan otra importante dimensión de la migración internacional, la integración ocupacional y laboral de los inmigrantes intrarregionales en Chile. A partir de datos de las encuestas de hogares del país de 2013, 2015 y 2017, los autores comparan las probabilidades de estar activo y tener empleo y la informalidad laboral de inmigrantes y chilenos. Al controlar por variables sociodemográficas y tiempo de llegada a Chile, los resultados indican que los inmigrantes no estaban en desventaja respecto de la población chilena en cuanto a niveles de actividad y desempleo en los años analizados, aunque sí se observaban diferencias en el acceso a ocupaciones de mayor calificación, según país de origen de la migración y género. Otro hallazgo relevante es que la informalidad laboral entre los inmigrantes latinoamericanos parece reducir su acceso a puestos de trabajo de mayor calificación y calidad.

El siguiente artículo de esta serie es de Rodolfo Casillas R. El autor analiza los posibles vínculos entre dos fenómenos de alto impacto que se presentan en el territorio mexicano: los efectos del cambio climático en municipios del país y la inmigración de personas provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras que residen en diferentes municipios según el Censo de Población y Vivienda de 2020. El autor intenta comprobar si existe convergencia entre estas dos situaciones y, en caso de haberla, identificar las posibles consecuencias. Casillas concluye que las personas migrantes procedentes del norte de Centroamérica que se establecen en México de manera temporal o permanente no están ajenas a los impactos del cambio climático. Incluso pueden llegar a verse más afectadas por este fenómeno debido a su situación migratoria, que, además de dejarlas en la opacidad institucional, las hace permanecer en lugares donde no cuentan con las condiciones necesarias para enfrentar los estragos causados por las lluvias torrenciales, los deslaves, las inundaciones y las temperaturas extremas, por mencionar algunos fenómenos naturales.

Víctor Manuel Isidro Luna y Rafael López Vega estudian distintos aspectos del viaje que realizan las personas migrantes desde El Salvador, Guatemala y Honduras hacia los Estados Unidos: el costo total del viaje, la probabilidad de endeudarse para realizarlo, la probabilidad de contratar un coyote y el costo monetario de dicha contratación. Se analizan los años comprendidos entre 2013 y 2019 y el primer trimestre de 2020, sobre la base de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (EMIF Sur). Los resultados más destacados indican que la probabilidad de que los migrantes contraten los servicios de un coyote es elevada, así como los costos que implica su contratación (tanto para transitar por México como para cruzar a los Estados Unidos, o ambos), que la mayoría de los migrantes que contratan un coyote piden dinero prestado para ello y que los costos totales del viaje se han ido incrementado en el período de referencia.

Para finalizar, Octavio Bramajo, Malena Monteverde y Laura D. Acosta realizan un análisis de indicadores alternativos sobre morbilidad en la Argentina, con el propósito de ampliar los indicadores estadísticos utilizados para medir los procesos de compresión y expansión de la morbilidad estimados a partir de diferentes medidas de salud (enfermedades crónicas y discapacidades). A fin de hacer un análisis que fuera más allá de los promedios, se consideró la posibilidad de expandir el marco habitual, empleando medidas de tendencia central y dispersión de los indicadores de salud. Los valores de estos indicadores no siempre se verificaron de forma simultánea al analizar la dinámica esperada de la morbilidad de una población. En este sentido, la principal conclusión es la necesidad de abordar los análisis de las trayectorias de salud y morbilidad de las poblaciones sobre la base de un conjunto amplio de indicadores estadísticos que den visibilidad a una mayor complejidad del fenómeno y eviten la obtención de conclusiones potencialmente incompletas.

Comité Editorial

Artículo 01

Cincuentenario de la revista Notas de Población: palabras desde América Latina en homenaje a Carmen Miró, su fundadora

El CELADE-División de Población de la CEPAL y los 50 años de Notas de Población

Jorge Martínez Pizarro y Jorge Dehays Rocha

(Editores)

Coincidiendo con la partida de Carmen Miró, la revista Notas de Población conmemora su cincuentenario. El Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL quiere homenajear a esta gran mujer latinoamericana, que posicionó la disciplina y los temas demográficos en el centro de los debates sobre el desarrollo de la región. Ciertamente, una de las etapas más trascendentales de su destacada y extensa trayectoria fue su paso por el CELADE[1], entre 1957 y 1976. En dicho período, Carmen fundó la revista, como una apuesta por ofrecer a la comunidad científica de la región un medio de comunicación que perdurase en el tiempo, como forma de convocar a los estudiosos y ofrecer conocimientos especializados.

Para el CELADE-División de Población de la CEPAL el fallecimiento de Carmen Miró, en septiembre de 2022, cerró un capítulo irrepetible en la historia de la demografía de América Latina y el Caribe y, particularmente, del Centro. Ella fue su primera directora, entre 1957 y 1973, y gracias a su visión, convicciones y empuje, dio forma a una etapa seminal que marcó el despegue de la disciplina en la región y sentó las bases para la formación y capacitación de cientos de especialistas en temas de población, proceso que ya tiene más de seis décadas y sigue cosechando valiosos resultados.

Notas de Población, la revista de Carmen Miró 2

Carmen Miró creó la revista Notas de Población en 1973. De acuerdo con el propósito de que se mantuviera en el tiempo, la revista se ha publicado de manera ininterrumpida y ha sido el espacio en que muchos de los más destacados demógrafos y estudiosos de la población de América Latina y el Caribe, así como de otras partes del mundo, han difundido los resultados de sus estudios, sus reflexiones y propuestas. Actualmente se publican dos números de la revista por año. Esta edición núm. 116 corresponde a sus 50 años. La cantidad de artículos incluidos en cada edición ha aumentado con el tiempo, como señal del permanente interés por publicar en la revista de Carmen Miró.

Como señalamos en la edición núm. 100, Notas de Población ha llegado a ser la revista sobre demografía y estudios de población con mayor tradición e historia en América Latina y el Caribe. La revista ha contribuido a la difusión del conocimiento sobre la evolución de la población en América Latina y el Caribe y sus implicaciones en los procesos de desarrollo económico y social de la región. Muchos de los trabajos publicados forman parte de la agenda de investigación en materia de población y desarrollo.

Bajo la dirección de Carmen Miró, el CELADE lanzó a la luz la primera edición en abril de 1973, en Santiago. El objetivo fue reemplazar el Boletín Informativo, que el Centro mantenía desde hacía 12 años, por una publicación de divulgación científica de calidad, que se proponía que perdurara y se constituyera en un espacio de intercambio de conocimiento. La decisión fue crucial y afortunada, a pesar de la difícil situación política que se vivía en varios países de la región en que se establecieron regímenes dictatoriales en esa década y la siguiente, la que llegó incluso a comprometer los derechos humanos de quienes trabajaban en la publicación.

Formación, otro legado de Carmen Miró

Los programas de formación (cursos básicos, avanzados o de posgrado) que la CEPAL impartía en su sede principal en Santiago y, desde 1967, en la de San José —con ajustes y actualizaciones en sus contenidos y modalidades (hoy completamente a distancia)— proporcionaron las herramientas esenciales para el análisis de las poblaciones latinoamericanas y caribeñas. Cabe destacar que las numerosas generaciones formadas en esta institución han producido un efecto multiplicador, puesto que muchos de los egresados han transmitido sus conocimientos en institutos de estadística y en universidades y centros de investigación de toda la región, potenciando así la valiosa contribución de Carmen Miró al desarrollo de la demografía en nuestros países.

Esta labor de formación en análisis demográfico sigue siendo fundamental de cara a los grandes desafíos que imponen la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el logro de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cuyo propósito último es mejorar las vidas de las personas en todo el mundo.

Carmen Miró, hacedora de la demografía crítica latinoamericana

Dídimo Castillo Fernández[3]

El domingo 18 de septiembre de 2022 falleció en la ciudad de Panamá Carmen A. Miró, a la edad de 103 años. Socióloga y demógrafa panameña y latinoamericana, fue una de las iniciadoras y promotoras más destacadas de la investigación demográfica y los estudios de población en América Latina; forjadora de la “demografía crítica latinoamericana”; una mujer de carácter firme y convicciones infranqueables, pero a la vez sensible, generosa y solidaria; una académica audaz y comprometida con las transformaciones sociales. Su vida y obra hablan de una época y de un proyecto de cambio en el largo y azaroso siglo XX, caracterizado por el proceso expansivo del capitalismo industrial dependiente, el impacto de la transición demográfica acelerada experimentada en la región y la disputa académica, ideológica y política por un proyecto de nación y modelo de desarrollo a seguir ante las ya crecientes condiciones de desigualdad, marginación y pobreza.

El origen y contexto

Nació en la ciudad de Panamá el 19 de abril de 1919, en el complejo entorno de la naciente República, cuando el país escasamente superaba los 400.000 habitantes y en la provincia de Panamá vivían alrededor de 90.000 personas, cuando apenas se ensayaba el andamiaje institucional con que se intentaba otorgar legitimidad al modelo de país. En particular, la ciudad de Panamá ya experimentaba una relativamente alta concentración demográfica, promovida por la construcción y apertura del Canal, pero, sobre todo, exhibía las consecuencias sociales del modelo adoptado o, en cierto modo impuesto, en lo inmediato, afectado por la crisis económica que azotó al mundo a finales de la Primera Guerra Mundial. Ese contexto estructural y coyunturalmente adverso pudo haber despertado su temprano interés y su motivación especial por la cuestión demográfica vinculada al desarrollo económico y su preocupación por la política pública orientada a la cuestión poblacional.

Fue, en muchos sentidos, afortunada. Desde muy temprano pudo nutrirse del ambiente intelectual y cultural que giraba en torno a su familia. La tenacidad, el compromiso y la constancia fueron características sobresalientes que marcaron su personalidad y la distinguieron a lo largo de su vida. Su condición de mujer no la limitó, en un mundo intelectual y político ampliamente dominado por los valores de la sociedad patriarcal. Incursionó en la vida pública desde muy temprano. Apenas con 27 años, en 1946, asumió la dirección del Departamento de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República de Panamá, cargo que ejerció por diez años. Tuvo bajo su responsabilidad la realización del Censo de Población y Vivienda de 1950. Pudo, desde ahí, contribuir al diseño de un sistema de información de estadística oficial, en aquellos tiempos reconocido como uno de los más completos y confiables de la región. Como resultado de su desempeño, en 1957 fue invitada por las Naciones Unidas a asumir la dirección del recién instituido Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE). Desde ahí Carmen Miró proyectó su obra pionera, la cual fue enriqueciendo a lo largo de su amplia trayectoria académica, que hoy configura su legado intelectual.

La demografía crítica latinoamericana

Al contrario de lo que usualmente sucede, asumió las labores de funcionaria, docente e investigadora en un sentido integral, como propias de un mismo quehacer intelectual. No solo ejerció la docencia en la Universidad de Panamá, sino que también lo hizo en el CELADE, a lo largo de su gestión como directora, siendo parte de la planta docente de los cursos de especialización y posgrado que ofrecía la institución, con lo que contribuyó a la formación de numerosas generaciones de demógrafos de la región. Se podría decir que fue una maestra en el sentido pleno, pero, sobre todo, una gran investigadora, generadora de pensamiento crítico. Toda su obra, como funcionaria, docente e investigadora, estuvo marcada por la confrontación de ideas y la crítica al sistema de explotación y exclusión social imperante. Concibió y asumió la investigación no como un fin en sí mismo, sino como un medio a través del cual pudo ofrecer pautas para la acción; de allí su empeño reiterado por los estudios de las políticas públicas y de la política de población.

Entendió la demografía no como una disciplina cerrada en sí misma, aparte de las demás ciencias sociales, sino como parte del sistema complejo de las ciencias humanas y sociales, que sitúa al individuo en el centro de sus preocupaciones. Su concepción interdisciplinaria de la investigación se hizo patente en sus planteamientos y en sus investigaciones. Desde muy temprano en su carrera, sostuvo que no había “problemas de población”, sino “población con problemas”. Lo que quería enfatizar es que no hay problemas de población per se, y estrictamente demográficos, sino situaciones que implican diversos ámbitos problemáticos a la vez; de ahí que haya considerado que el centro de la problemática era el modelo o estilo de desarrollo que se seguía y las posibilidades de transformarlo.

En su concepción, los problemas demográficos no eran problemas poblacionales en sí mismos, sino problemas de desarrollo que, en consecuencia, ameritaban cambios en el abordaje y los tratamientos en la investigación; de ahí que igualmente promoviera un cambio de perspectiva de las políticas para hacer frente a las concepciones dominantes de la época. Este cambio de enfoque está presente a lo largo de toda su obra intelectual, y se enfatiza particularmente en su artículo “Política de población: ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué?”, publicado en 1971, considerado un referente clásico para la investigación demográfica[4]. El destacado sociólogo Marcos Roitman Rosenmann, en un artículo sobre el legado de Carmen Miró recientemente publicado en el diario La Jornada, la consideró “hacedora del siglo XX latinoamericano” y afirmó que su contribución marca un sentido de ruptura, equiparable al de las Siete tesis equivocadas sobre América Latina de Rodolfo Stavenhagen y El colonialismo interno, de Pablo González Casanova”[5]. En dicho artículo de 1971, Carmen Miró enfatiza las limitaciones de una política de población “autónoma”, desligada de la planificación y coordinación global de los objetivos y metas del desarrollo económico y social, al sostener que “se torna difícil […] trazar una clara línea divisoria entre política de población y política económica y social”.

Carmen Miró enfrentó y rebatió las ideas neomalthusianas de la época, que asociaban la pobreza con el rápido crecimiento poblacional, pero también las concepciones más renovadas que asumían que la caída de la fecundidad a tasas o niveles de reemplazo (por sí sola) tendría un efecto sobre el desarrollo económico. Las puso en duda al reconocerles ciertos efectos, pero limitados, toda vez que enfatizó la importancia de cambiar el modelo económico. Podríamos decir que vivió todo el período de la transición demográfica como testigo y como actora, promotora y generadora de investigación desde las concepciones críticas que contribuyó a desarrollar y defendió, pero también como impulsora de alternativas sobre la cuestión demográfica y el desarrollo económico y social.

Su legado y reconocimientos

Carmen Miró fue una de las académicas más reconocidas e influyentes en la investigación demográfica en América Latina a lo largo del siglo XX y el actual. Su obra y trayectoria académica es vasta, pero, sobre todo, muy significativa en el planteamiento y replanteamiento de problemas. Su trabajo le valió muchísimos reconocimientos, entre ellos el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de La Habana (Cuba); el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Córdoba (Argentina); el Doctorado Honoris Causa de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales; el Premio de Población de las Naciones Unidas, en 1984, y el Premio Daniel Cosío Villegas, otorgado por El Colegio de México. El desarrollo de la demografía crítica en América Latina está indefectiblemente ligado a su persona y a su obra intelectual y científica.

Uno de sus legados es, ciertamente, la revista Notas de Población, que constituye un ejemplo de permanencia del ideal de crear conocimiento, compartirlo y ponerlo al servicio de una comunidad de estudiosos.

Carmen Miró, constructora de espacios para la generación de conocimiento y la formación en demografía: su labor en El Colegio de México

Silvia E. Giorguli67

“Carmen Miró constituye un ejemplo palpable de lo que se puede lograr, tanto en lo profesional como en lo personal, cuando se tiene vocación y propósito de conocer y transformar” [8]

De los muchos atributos y reconocimientos en la trayectoria de Carmen Miró hay experiencias y contribuciones que la acercan de manera personal a la demografía en México y a El Colegio de México. El espíritu emprendedor y constructor de instituciones de Carmen trascendió fronteras, más allá de las oficinas del CELADE. Puedo imaginar que en la construcción de un campo emergente —el de los estudios de población y la demografía— había en ella una claridad sobre la necesidad de acompañarlo de una sólida formación de personas que contaran con esa caja de herramientas que provee el análisis demográfico, con una visión crítica sobre las fuentes de información y que pudieran dialogar con los encargados de la toma de decisiones y la formulación de la política pública en cada uno de los países. Se trataba, a final de cuentas, de poder generar información a nivel nacional y construir una narrativa para los Gobiernos —sobre la base de datos sólidos— a fin de convencerlos de la necesidad y conveniencia de integrar la dinámica demográfica del momento a las discusiones sobre las perspectivas de desarrollo a futuro. Carmen habría de encontrar en México interlocutores que compartieron con ella su visión y su preocupación por visibilizar la importancia de la demografía.

En el marco de esta preocupación por la formación de recursos humanos en demografía en América Latina, el programa pionero del CELADE que Carmen Miró inició e impulsó ha dejado huella hasta el día de hoy en México. En este programa se formaron Gustavo Cabrera y Raúl Benítez Zenteno, dos figuras clave por su trabajo en la apertura de programas de investigación en población en El Colegio de México y en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, y por su vinculación con el cambio en la política de población en México. Ambos participaron además en el diseño del primer programa de Maestría en Demografía, con sede en El Colegio de México, al que se vincularon como profesores y al cual se integraría posteriormente José Morelos, también egresado del programa del CELADE.

La agenda de investigación y formación de recursos humanos en población en El Colegio de México se formalizó con la creación del Centro de Estudios Económicos y Demográficos (CEED) en 1964, que se transformaría en el Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano (CEDDU) en 1981 y, desde 2005, en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales (CEDUA). El CELADE y la vinculación de Carmen Miró con Víctor Urquidi —miembro del claustro académico de El Colegio de México en ese momento— fueron fundamentales para la conformación de este campo de investigación. Los inicios de la década de 1960 fueron un momento de definición en el perfil del trabajo académico de El Colegio. Desde su fundación, la institución se había centrado principalmente en las humanidades, historia, lingüística y literatura. Víctor Urquidi, con el apoyo de Daniel Cosío Villegas, buscaba formalizar un espacio para las ciencias sociales dentro de la institución y, con una perspectiva visionaria para el momento, promovía temáticas novedosas y enfoques analíticos y disciplinarios relevantes para México y América Latina. A ello, agregaba la importancia que otorgaba al establecimiento de un intercambio entre la investigación y la formación de recursos humanos especializados y el trabajo de los responsables de la agenda y la definición de políticas públicas. Su visión fue primordial para que, en paralelo con la apertura de la formación en economía, también se abordaran temas demográficos. Su relación personal con Raúl Prebisch y la CEPAL y el diálogo con Carmen Miró en el CELADE serían fundamentales en la formación del Centro de Estudios Económicos y Demográficos. Fue en el contexto de la creación del CEED que Gustavo Cabrera, egresado del programa del CELADE, tendría un primer acercamiento con Víctor Urquidi. Gustavo Cabrera estaría presente desde la formación del CEED; habría de asumir la responsabilidad de la coordinación académica de la recién creada Maestría en Demografía desde su fundación en 1964, hasta 1969. Sería, además, director del CEED de 1970 a 1976.

El programa de Maestría en Demografía se inició con una primera generación de siete alumnos. Antes de su apertura, Víctor Urquidi había establecido un diálogo con Carmen Miró sobre los elementos que se debían incluir en la formación de recursos humanos en materia de población. De hecho, además de la participación de profesores egresados del programa de demografía del CELADE, la estructura curricular de la Maestría en Demografía habría de seguir en líneas generales el modelo de dicho Centro. Adicionalmente, una vez creada la maestría en El Colegio, a partir de la segunda generación, se integraron estudiantes de diversos países de América Latina que conocieron del programa y llegaron a El Colegio por referencias del CELADE (Lida, Matesanz y Vázquez, 2000, pág. 358). El programa de Maestría en Demografía de El Colegio de México, pionero en América Latina, cumplirá 60 años en 2024. En ese tiempo ha formado a más de 350 especialistas en demografía (El Colegio de México, 2021, pág. 143). Además, ha tenido un carácter de formador de formadores, pues muchos de sus egresados han creado programas de docencia y de investigación en demografía en otras instituciones en México y otros países de América Latina. Por ejemplo, en 1993 se formó la Maestría en Población y Desarrollo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en México, bajo el liderazgo de Cecilia Rabell, egresada de la Maestría en Demografía de El Colegio de México, y en su cuerpo académico se integraron otros egresados del mismo programa. Ese sería también el caso de la Maestría en Estudios de Población de El Colegio de la Frontera Norte (creada en 1990) y la Maestría en Población y Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana, sede Xochimilco (creada en 2006), ambas en México, proyectos que contaron desde su planeación con la participación de egresados del CEDDU.

El diálogo entre Carmen Miró y El Colegio de México se mantuvo en el tiempo. Esto permitió que después de su salida del CELADE, en 1976, se integrara a la institución académica, donde asumió la responsabilidad de presidir el Grupo Internacional para la Evaluación de la Investigación en Ciencias Sociales sobre Población y Desarrollo. En este grupo de trabajo, coordinó a profesionales de América Latina, África, Asia, países árabes y los Estados Unidos. El propio Víctor Urquidi, en ese momento Presidente de El Colegio de México, habría de participar como uno de los expertos encargados de los diagnósticos, los ejercicios de prospectiva para todas las regiones y la generación de propuestas de política para responder a los retos y aprovechar las oportunidades vinculadas al momento y al futuro demográfico.

En paralelo a esta actividad y también durante el resto de su estancia en El Colegio, Carmen Miró fue Secretaria Ejecutiva del Programa de Investigaciones Sociales sobre Población en América Latina (PISPAL). En ese cargo, lideró el diálogo en torno al contenido de los diversos programas de investigación que se consolidaban en la región y fue responsable de la evaluación de los informes finales (Ordorica, 2007; García, 2007). Sobre ese trabajo, en el que contó con el apoyo de un joven demógrafo estadounidense, Joe Potter, habría de publicar en 1983 el libro Población y desarrollo: estado del conocimiento y prioridades de investigación, bajo el sello editorial de El Colegio de México y en coautoría con Potter (Miró y Potter, 1983).

Durante su permanencia en El Colegio de México, Carmen Miró participó de manera más directa en la discusión de los programas docentes, impartió un curso sobre fuentes demográficas, se integró a las actividades académicas y participó activamente en el diseño y desarrollo del programa de investigación del CEED. Brígida García, querida egresada y profesora de El Colegio de México, recuerda a Carmen como asesora cercana de Luis Unikel, Director del Centro en esos años (García, 2007). Entre el profesorado de esa época, son múltiples las referencias a las discusiones sobre proyectos de investigación y avances con la participación y la mirada crítica de Carmen. En esa experiencia de El Colegio habrían de fortalecerse lazos de amistad entrañables que permanecieron en el tiempo con algunas de las demógrafas egresadas de la maestría que se habían incorporado al claustro de profesores del Centro, entre ellas, Brígida García y Susana Lerner.

También de esa época y de su estancia en México resalta la vinculación de Carmen Miró con el entonces Secretario General del Consejo Nacional de Población (CONAPO), Gustavo Cabrera. En 1977, solo tres años después de la creación del CONAPO, Gustavo Cabrera había participado en el diseño de una nueva política y la elaboración de una nueva ley general de población, que respondieran a la preocupación del momento por el acelerado crecimiento demográfico. Había participado además en la estimación de las proyecciones que sirvieron de base para convencer al Gobierno de ese momento sobre la necesidad de definir una nueva política de población. En su rol como Secretario General, le correspondía ahora su implementación y evaluación, así como mantener la generación de información demográfica confiable y el diálogo abierto con diversos actores del Gobierno federal.

La relación y cercanía de Carmen Miró con profesores y egresados de El Colegio de México se mantuvo en el tiempo. La institución tiene mucho que agradecerle y ha reconocido su contribución a la construcción y formalización de la agenda y la enseñanza en demografía. En 2006 se hizo un primer homenaje a Carmen en reconocimiento a su trayectoria académica y a sus contribuciones a las ciencias sociales en América Latina. En 2016 se le otorgó el Premio Daniel Cosío Villegas —que entregan El Colegio y la Fundación COLMEX cada dos años—, en reconocimiento a “su extraordinaria trayectoria en apoyo a las ciencias sociales, a la demografía latinoamericana, al pensamiento sobre la población y el desarrollo y por su papel como animadora y forjadora de instituciones” (Gandásegui, 2018, pág. 259).

En 2016, El Colegio de México —con un generoso donativo de la empresa Neolpharma—decidió iniciar la entrega del Premio Latinoamericano Carmen Miró a las mejores tesis en demografía realizadas en América Latina. Este premio, dirigido a jóvenes demógrafos y demógrafas de la región, honra el interés de Carmen en la formación de nuevas generaciones y la valoración por los trabajos que abren nuevas áreas de investigación o que promueven el uso innovador de las metodologías y técnicas de análisis demográfico. Finalmente, como parte del proyecto de memoria colectiva y de reconocimiento de la contribución de mujeres en la construcción institucional de El Colegio de México, se incluyó la semblanza de Carmen Miró en el proyecto Diccionario biográfico. Las mujeres de las generaciones constructoras de El Colegio de México (Castillo y Giorguli, 2023).

Tuve la fortuna de conocer a Carmen en 2004, cuando yo había ingresado recién al CEDUA y era coordinadora de la Maestría en Demografía. En el marco de la primera sesión de la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP) ella coordinó una sesión sobre la enseñanza de la demografía con coordinadores de los diversos programas en curso en la región e interesados en el tema. Me quedo con el recuerdo de sus comentarios precisos y su invitación a seguir trabajando para fortalecer la enseñanza y la presencia de los estudios demográficos en el debate público de ese momento. Este espacio que dedica el CELADE-División de Población de la CEPAL para honrar a doña Carmen permite no solo reconocer sus contribuciones como forjadora de instituciones y como pensadora. Nos legó también una forma de hacer demografía hoy más vigente que nunca, que se define por el compromiso con el uso riguroso de la información, la capacidad para vincular la información demográfica con procesos sociales, económicos y políticos, la perspectiva y el espacio de diálogo regional y la búsqueda de puentes para que el conocimiento generado se integre de manera efectiva en la definición de políticas de población y en otros ámbitos de la acción pública.

Bibliografía

Castillo, D. y S. E. Giorguli (2023), “Carmen Miró”, Diccionario Biográfico. Las mujeres de las generaciones constructoras de El Colegio de México, G. Cano y S. Mendoza (eds.), Ciudad de México, El Colegio de México, en prensa.

El Colegio de México (2022), Informe Anual 2021, Ciudad de México [en línea] https://www.colmex.mx/archivos/938/InformeColmex2021.pdf.

Lida, Clara E., J. A. Matesanz y J. Zoraida Vázquez (2000), La Casa de España y El Colegio de México: memoria, 1938-2000, Ciudad de México, El Colegio de México.

Miró, C. A. y J. E. Potter (1983), Población y desarrollo: estado del conocimiento y prioridades de investigación, Ciudad de México, El Colegio de México.

García, B. (2007), “Semblanzas: la trayectoria de Carmen Miró”, Estudios Demográficos y Urbanos, vol. 22, Nº 2.

Gandásegui, Marco A. (2018), “Carmen A. Miró: Premio Daniel Cosío Villegas”, Estudios Demográficos y Urbanos, vol. 33, Nº 1.

Ordorica, M. (2007), “Carmen Miró: demógrafa y luchadora social”, Estudios Demográficos y Urbanos, vol. 22, Nº 2.

Pequeño homenaje a Carmen Miró, la más grande demógrafa de América Latina

Laura Rodríguez Wong[9]

Me fue pedido honrar la memoria de una gran mujer, una demógrafa iconoclasta, como fue doña Carmen Miró; es un gran reto y seguramente hay numerosos colegas que pueden hacerlo mucho mejor. Represento el ala “sénior” de los demógrafos de la región y tuve la oportunidad, como algunos de los pocos aún sobrevivientes, de compartir con Carmen algunos —aunque breves— momentos.

Si bien no es el lugar para hacer un recordatorio de la producción académica de Carmen, ni listar los cargos que de forma pionera ocupó, menciono algunos para mostrar a los jóvenes lo que Carmen Miró significa para la demografía latinoamericana (nótese el uso del tiempo presente).

Puedo decir, sin duda alguna, que no estaríamos discutiendo con tanta madurez y convicción las diversas facetas de la demografía latinoamericana si no fuese por lo que ella hizo en su tiempo.

Carmen falleció en paz hace poco tiempo, en septiembre de 2022, a los 103 años, y creo que su pionerismo, se vio facilitado, de inicio, por su origen.

Nacida en Panamá (1919), hija del poeta Ricardo Miró, Carmen Miró tuvo la suerte de crecer en un ambiente intelectual que le permitió acceder a una sólida formación profesional, lo que, para una mujer, ya era mucho en esa época.

Desarrolló una carrera profesional en puestos que rara vez se ofrecían a las mujeres. Ya a mediados de la década de 1940 asumió como Directora del Departamento de Estadística de Panamá (hoy Instituto Nacional de Estadística y Censo), que le debe su reconocimiento por la reputación que adquirió el país como productor de estadísticas completas y confiables.

Su desempeño inicial (con poco más de 20 años) reveló la visión, el coraje y el compromiso que caracterizarían su trayectoria profesional en lo que seguiría de su vida.

Personalmente, la vi por primera vez a fines de la década de 1970 en uno de los tantos homenajes, en Costa Rica, en la sede del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) en San José. Ya en esa época todos los jóvenes que allí estábamos sabíamos del gran papel que ella desempeñaba en lo que sería nuestra principal motivación profesional: la demografía.

Carmen Miró y el CELADE

Muchos colegas conocen bien la labor que Carmen Miró realizó en el CELADE. Fue su primera directora, pero, independientemente de dónde trabajó, es claro que fue su visión de la demografía como una ciencia instrumental que debía estar al servicio del desarrollo social lo que siempre la distinguió.

A fines de la década de 1950, inició lo que se convertiría en la más importante y trascendente etapa de la demografía latinoamericana.

Dirigió el recién creado Centro Latinoamericano de Demografía, en Santiago, con la misión de formar profesionales con sólidos conocimientos en demografía formal y sustantiva (o social). El papel de Carmen fue fundamental para el surgimiento de la demografía crítica en la región. En diversas ocasiones afirmó que la demografía debía ser una ciencia, a la vez que independiente, comprometida con el desarrollo social, una herramienta en la lucha contra la exclusión.

Sus esfuerzos se multiplicaron rápidamente. Dirigió la formación de muchos profesionales que llegaron a ser de renombre y que, a su vez, impulsaron los estudios sobre población en distintos países de la región y crearon importantes centros de investigación.

A ella le debemos el surgimiento de la demografía como disciplina en América Latina y no fue casualidad que los llamados estudios de “población y desarrollo” florecieran en la década de 1970.

Carmen vislumbró que el neomalthusianismo no era útil para explicar la realidad demográfica de América Latina, y es importante enfatizar que lo hizo en un contexto en el que discutir las teorías malthusianas era tabú. Aun así, sostuvo que la dinámica demográfica de la región estaba relacionada, sobre todo, con los procesos de acumulación de capital.

Impulsó un desarrollo de la investigación que pretendía ofrecer lineamientos de acción y se comprometió a incentivar el estudio de las políticas públicas y, más específicamente, de las políticas de población. Logró que los responsables de la formulación de políticas de población comprendieran la importancia de utilizar datos e información concluyente (es decir, resultados de investigación) como fuerte guía en la formulación de políticas y programas de desarrollo social.

Hay dos afirmaciones suyas, que caracterizan su perspectiva y se difundieron ampliamente en su momento: la primera señala que no existen “problemas de población”, sino “poblaciones con problemas” y la segunda sostiene que no es verdad que los pobres sean pobres porque tienen más hijos, sino que los pobres tienen muchos hijos porque son pobres.

Me tomo la libertad de referirme aquí a algo de su labor en la Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población (UIECP), de la que, según consta en los registros, se hizo miembro en 1948, hace 75 años.

Fue parte de la Unión durante mucho tiempo: ejerció la Vicepresidencia en tres mandatos (1961-1962, 1963-1964 y 1969-1972). De 1973 a 1976, fue la primera mujer Presidenta de la Unión, y además la primera persona de América Latina que desempeñó ese cargo.

También prestó sus servicios en otras responsabilidades: como miembro del Comité de Estudios Comparativos de Fecundidad y Planificación Familiar (1963-1970) y como Presidenta del Comité de Estudios sobre Políticas de Población en Países en Desarrollo (1979-1983). Sin duda, dejó una huella imborrable en la UIECP. Su apuesta por los estudios de demografía y población como ciencia a la vez independiente y comprometida con el desarrollo social, la inclusión y la equidad, le han dado contenidos valiosos al trabajo de la Unión y me atrevo a afirmar que, hasta el momento, ha sido una de las personas de más destacada actuación en el ejercicio de la Presidencia en la historia de esta institución.

Por suerte, la labor de Carmen le fue reconocida en vida, en los innumerables títulos y homenajes que recibió.

En 1953, fue elegida miembro de la American Statistical Association. En 1984, fue reconocida con el Premio de Población de las Naciones Unidas. Diversas universidades de América Latina la distinguieron con el Doctorado Honoris Causa: la Universidad de La Habana (Cuba), la Universidad de Córdoba (Argentina) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Fue distinguida por la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP) y la Asociación Brasileña de Estudios de Población (ABEP), en 2004. Más recientemente, en 2016, le fue otorgado el Premio Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México.

Con relación a la demografía del Brasil —y, como se sabe, también de México y la Argentina— Carmen Miró desempeñó un papel decisivo. La concepción y creación de la Asociación Brasileña de Estudios Poblacionales (ABEP), de la que soy miembro, se produjo en un momento en que se hablaba de la necesidad de enfrentar el problema demográfico (entiéndase por ello la explosión demográfica). Efectivamente, el nacimiento de la ABEP fue posible gracias a una masa crítica de profesionales que compartieron con ella la capacidad de comprender científicamente las dinámicas demográficas y de cuestionar la postura neomalthusiana dominante en la época[10]. La ABEP tuvo la feliz iniciativa —junto con la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP)— de homenajear a Carmen Miró en 2004.

También es importante mencionar que la influencia de Carmen fue decisiva en la gestación de la ALAP. Junto con George Martine y J. Alberto Carvalho, ella participó en un histórico panel en que se discutía sobre el futuro de la demografía latinoamericana, justamente en la semana de creación de la ALAP. En ese debate (según palabras de George Martine) ella defendía apasionadamente la expansión de la investigación y la influencia de los estudios demográficos latinoamericanos en la formulación de programas sociales. Para Carmen, la demografía era, ante todo, un instrumento científico de justicia social.

En lo personal, finalmente, es imprescindible mencionar dos de las características más recordadas de Carmen: como una enérgica y formidable maestra, y como una valiente e intrépida guerrera contra las dictaduras.

Su conocido estilo de ir “directo al grano” ciertamente inhibió o intimidó a muchos jóvenes estudiantes. Al mismo tiempo, durante la sangrienta dictadura de Pinochet en Chile, arriesgó su vida acogiendo y protegiendo a un buen número de agradecidos compañeros chilenos y otros latinoamericanos perseguidos por el régimen. Varios de ellos se fueron a Costa Rica; el querido Dr. Hugo Behm fue uno de ellos.

La vida de Carmen es un ejemplo para todos. Ella es el inefable símbolo de que, como se suele afirmar, “la demografía compensa” y este homenaje, en su revista, demuestra su invaluable contribución moral e intelectual.

[1] El Centro se creó en 1957 como Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE). En 1997 pasó a ser una División de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y su denominación cambió a Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL.

[2] Parte de la información de esta sección proviene de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Presentación”, Notas de Población, N° 100 (LC/G.2640-P), Santiago, 2015.

[3] Sociólogo y demógrafo, investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México. Coordinó, junto con Brígida García, la antología Carmen A. Miró, América Latina, población y desarrollo, Siglo XXI Editores/Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Este artículo se publicó en La Estrella, de Panamá, en septiembre de 2022.

[4] C. Miró, “Política de población: ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué?”, Serie A, Nº 110, Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), febrero de 1971.

[5] M. Roitman Rosenmann, “Carmen Miró: forjadora del pensamiento crítico de AL”, La Jornada, 25 de septiembre de 2022 [en línea] https://www.jornada.com.mx/2022/09/25/opinion/012a1pol.

[6] Presidenta de El Colegio de México.

[7] La autora agradece el apoyo de Elder Lara (de la Maestría en Demografía de El Colegio de México) en la sistematización de algunos de los datos y fechas que se mencionan en este trabajo.

[8] Véase García (2007, pág. 491).

[9] Profesora investigadora del Centro de Desarrollo y Planificación Regional (CEDEPLAR), Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil).

[10] Cabe mencionar que la acompañaron en esta aventura Elza Berquo, Neide Patarra, Maria Coleta, George Martine y J. Alberto Carvalho, entre otros.

Artículo 02

La ampliación de la brecha socioeconómica entre los hogares monoparentales y biparentales en el Uruguay (1986-2018)

Wanda Cabella[1]

Mariana Fernández Soto[2]

Gabriela Pedetti[3]

Recibido: 13/09/2022

Aceptado: 20/03/2023

Resumen

En este trabajo se analiza la evolución de la brecha socioeconómica entre los hogares uruguayos monoparentales y biparentales con hijos menores de 22 años, entre 1986 y 2018. El análisis se realiza a la luz de las transformaciones familiares y los cambios en el acceso a recursos por parte de las mujeres. Los resultados muestran un aumento de los hogares monoparentales pobres a partir de 2003, que implicó un cambio de tendencia respecto de su situación relativa frente a los hogares biparentales, que tradicionalmente tenían un perfil socioeconómico muy similar. Este trabajo sugiere que el aumento de la brecha de bienestar económico a favor de los hogares biparentales se produjo principalmente por dos motivos: una mayor capacidad de las mujeres pertenecientes a estratos bajos para sostener estrategias de residencia nuclear independiente y un aumento de las oportunidades de las mujeres en el mercado laboral, que contribuyó a mejorar el nivel de ingresos de los hogares biparentales.

Palabras clave: hogares, familia, composición familiar, familias unipaternas, mujeres cabeza de familia, condiciones económicas, condiciones sociales, ingresos familiares, empleo de la mujer, Uruguay.

Abstract

This article analyses the evolution of the socioeconomic gap between single-parent and two-parent Uruguayan households with children under 22 years of age, between 1986 and 2018. The analysis is conducted in light of changes in the family and in women’s access to resources. The results show an increase in poor single-parent households as from 2003, which implied a change in trend with respect to their situation vis-à-vis two-parent households, which traditionally had a very similar socioeconomic profile. This article suggests that the economic well-being gap in favour of two-parent households widened mainly for two reasons: better use of independent nuclear residence strategies by women in the low-income strata and an increase in women’s opportunities in the labour market, which improved the income level of two-parent households.

Keywords: households, family, household composition, one-parent family, female-headed households, economic conditions, social conditions, family income, women’s employment, Uruguay.

Résumé

Cet article étudie l’évolution de l’écart socio-économique entre les ménages uruguayens monoparentaux et biparentaux ayant des enfants de moins de 22 ans entre 1986 et 2018. Cette analyse est réalisée à la lumière des transformations familiales et des modifications intervenues dans l’accès des femmes aux ressources. Les résultats indiquent que le nombre de ménages monoparentaux pauvres a augmenté à partir de 2003, ce qui a entraîné un changement de leur situation relative par rapport aux ménages biparentaux, qui avaient traditionnellement un profil socio-économique très similaire. Cet article suggère que le creusement de l’écart en matière de bien-être économique en faveur des ménages biparentaux est principalement imputable à deux facteurs : la capacité accrue des femmes des couches inférieures à maintenir des stratégies de résidence nucléaire indépendante et un accroissement des perspectives des femmes sur le marché du travail, qui a contribué à améliorer le niveau de revenu des ménages biparentaux.

Mots clés: ménages, famille, composition des ménages, familles à parent unique, femmes chef de famille, conditions économiques, conditions sociales, revenu familial, emploi féminin, Uruguay.

Introducción

El aumento de las separaciones y los divorcios es uno de los factores que más contribuyó a los cambios en la composición de las familias uruguayas de las últimas décadas (Filgueira, 1996; Cabella, 2007 y 2009; Cabella, Fernández y Prieto, 2015). Entre sus consecuencias se destaca el aumento de los hogares monoparentales, del 8,0% al 13,5% en los últimos 30 años. A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países de América Latina, los hogares monoparentales en el Uruguay no han presentado históricamente peores desempeños socioeconómicos que los biparentales; diferentes fuentes estadísticas y análisis académicos han mostrado esta relativa paridad (Arim y Furtado, 2000; Bucheli y Cabella, 2005 y 2009).

Este trabajo tiene por objeto comparar los desempeños socioeconómicos de los hogares monoparentales con respecto a los encabezados por una pareja con un hijo o más, a la luz de las transformaciones familiares y los cambios en el acceso a recursos por parte de las mujeres, en particular, el notable aumento de la participación femenina en el mercado laboral. Para ello, se contrasta la evolución de un conjunto de indicadores socioeconómicos entre ambos tipos de hogares durante las últimas tres décadas, considerando solo los hogares que incluyen al menos un hijo o hija menor de 22 años.

El trabajo se organiza en cinco secciones. En la Introducción se describen las principales características de los cambios en las estructuras familiares entre 1986 y 2018, y se realizan consideraciones sobre las tendencias observadas en el mercado laboral durante dicho período. En la sección A se fundamenta la relevancia del estudio y se presentan los antecedentes nacionales e internacionales. En la sección B se describen los datos y métodos utilizados, y en la sección C se presentan los resultados. Por último, en la sección D se plantean las principales conclusiones del trabajo.

Al igual que en varios países del mundo occidental, las estructuras familiares en el Uruguay experimentaron transformaciones significativas en las últimas décadas, producto del incremento de las disoluciones conyugales, la caída de la fecundidad, el aumento de las uniones consensuales y el envejecimiento demográfico (Filgueira, 1996; Cabella, 2007 y 2009; Cabella, Fernández y Prieto, 2015). El divorcio comenzó a aumentar a mediados de la década de 1970 y desde entonces su incremento ha sido continuo, con un ritmo de crecimiento acelerado en los años noventa. En el primer quinquenio de la década de 1980, la proporción de matrimonios que se esperaba que culminase en divorcio oscilaba entre el 15% y el 20%, mientras que dos décadas más tarde el valor del indicador alcanzó el 35% (Cabella, 1999).

Las cifras oficiales de divorcios en el Uruguay no se recogen desde 2002, pero los datos de censos y encuestas de hogares indican que continuaron aumentando. En 1990, el 9% de las mujeres de entre 35 y 39 años estaba separada o divorciada, mientras que en 2018 la cifra alcanzaba al 20%. En consecuencia, una de las principales transformaciones de las estructuras familiares fue el aumento de los hogares monoparentales. Si bien este arreglo familiar era frecuente, su origen se debía fundamentalmente a la viudez y en mucho menor medida a la maternidad fuera de la unión (Cabella, 2007; Paredes y Nathan, 2012).

Las principales tendencias de las últimas décadas en la conformación de la estructura de los hogares en el Uruguay son conocidas: aumentó el peso de los hogares monoparentales y unipersonales, mientras que descendió el de los hogares biparentales y extendidos (Cabella, Fernández y Prieto, 2015; Colafranceschi y Vigorito, 2013). Estos cambios se procesaron con mayor intensidad en los años noventa y mediados de la década de 2000, y se consolidaron en la segunda década de este siglo (véase el gráfico 1). En el último censo nacional, realizado en 2011, los hogares monoparentales eran el 11%, mientras que en el censo de 1963 representaban el 7,3%. También aumentó de forma sustantiva la proporción de hijos e hijas menores de 18 años que residían en esos hogares, ya que representaban más de un tercio en el censo de 2011 (35,0%) (Cabella, Fernández y Prieto, 2015).

Gráfico 1

Uruguay (áreas urbanas): distribución de los hogares, por tipo de hogar, 1986-2018

(En porcentajes)

Fuente: Instituto de Economía, Universidad de la República, “Encuesta Continua de Hogares, Instituto Nacional de Estadística. Bases compatibilizadas 1986-2018”, 2019.

Hasta 2006, la forma de relevamiento de las unidades domésticas en el Uruguay solo permitía captar los hogares monoparentales que ocupaban una unidad residencial separada, es decir que no era posible distinguir los núcleos monoparentales dentro de otros hogares. El mayor detalle en el relevamiento de los parentescos a partir de 2006 permite identificar, además del núcleo principal, tantos núcleos secundarios como existan en el hogar. Así, se pueden distinguir los hogares monoparentales independientes de los núcleos monoparentales anidados en hogares extendidos. Los hogares monoparentales independientes son aquellos en los que una persona se declara jefe o jefa del hogar, no tiene cónyuge y convive con al menos un hijo o hija.

Asimismo, a partir de 2006, el análisis de los hogares biparentales se puede desagregar en dos subconjuntos: i) los conformados por el jefe o la jefa del hogar, un cónyuge y uno o más hijos o hijas de ambos exclusivamente, y ii) los conformados por el jefe o la jefa del hogar, un cónyuge y al menos un hijo o hija solo del jefe o la jefa del hogar (estos son los denominados “hogares ensamblados o reconstituidos”).

La mejora en la indagatoria del parentesco permite entonces captar con mayor detalle la heterogeneidad y la dinámica de los hogares con hijos[4]. En el gráfico 2 se visualizan tres fenómenos destacables. En primer lugar, se registra un aumento progresivo de los hogares monoparentales independientes a lo largo de las últimas dos décadas, pero en particular a partir de la década de 2000. Entre 1986 y 2018 se duplicó la participación de estos hogares (del 10% al 20%) en el total de hogares que incluyen hijos a cargo. Si se suman los núcleos monoparentales anidados en hogares extendidos, el total de familias monoparentales con hijos a cargo alcanzó el 23,4% en 2018. Otro aspecto que cabe notar es que el peso de los núcleos monoparentales anidados se mantiene estable entre 2006 y 2018, en un valor promedio del 3,5%. En ese mismo período se evidencia un aumento de los hogares monoparentales independientes del 17,1% al 19,9%.

Gráfico 2

Uruguay (zonas urbanas): distribución de los hogares con hijos menores de 22 años,

por tipo de hogar, 1986-2018

(En porcentajes)

Fuente: Instituto de Economía, Universidad de la República, “Encuesta Continua de Hogares, Instituto Nacional de Estadística. Bases compatibilizadas 1986-2018”, 2019.

En segundo término, se identifica cierta estabilidad de los hogares biparentales (compuestos por jefe o jefa del hogar, cónyuge e hijos), la categoría de mayor relevancia numérica en todo el período. Sin embargo, esta categoría alberga un número creciente de hogares que incluyen hijos de parejas anteriores del padre o la madre, o, visto a la inversa, los hogares biparentales clásicos (con hijos solo de ambos cónyuges) disminuyen del 59,4% al 55,4% entre 2006 y 2018. Ello implica que el incremento de las disoluciones conyugales que impulsó el aumento de las familias monoparentales también contribuyó a la reducción de los hogares biparentales clásicos, con la contrapartida del crecimiento de los hogares ensamblados. En la última década, estos últimos crecieron cerca de 4 puntos porcentuales (del 10,8% al 14,5%).

Por último, la tercera tendencia observada es la reducción sostenida de los hogares extendidos. Estos representaban, en promedio, el 17% del total de hogares con al menos un menor de 22 años en el segundo quinquenio de la década de 1980, mientras que en 2018 apenas superan el 10%. A los efectos del análisis esto es relevante porque, en conjunto con el aumento de los hogares monoparentales independientes, arroja pistas sobre los resultados socioeconómicos de estos hogares.

A. Antecedentes

Las disoluciones y transiciones familiares se asocian con pérdidas de bienestar económico, por lo que existe preocupación sobre los efectos de la creciente inestabilidad conyugal sobre la seguridad económica de las familias que experimentan rupturas (Härkönen, Bernardi y Boertien, 2017; Aasve y otros, 2007; Uunk, 2004; Ermisch y Francesconi, 2001; Seltzer, 2000; Furstenberg y Cherlin, 1991; Hadfield y otros, 2018). Diversos estudios muestran que el nivel de vida de los integrantes del hogar baja después de una ruptura debido a la pérdida de economías de escala y que el deterioro del bienestar económico es significativamente mayor entre las mujeres que entre los hombres (Bartfeld, 2000; Kiernan y Smith, 2003; Amato, 2010; Cuesta y Cancian, 2015; Cuesta y Meyer, 2014, Leopold, 2018; Raley y Sweeney, 2020; Nielsen, 2017). Son varios los motivos que explican esta diferencia. Además de las inequidades de género en el mercado laboral, que determinan, entre otras cosas, que las mujeres perciban ingresos más bajos, las madres son las que mayoritariamente continúan viviendo con sus hijos y existe una importante proporción de padres que no cumple con los acuerdos económicos tras la ruptura (Cancian, Kim y Meyer, 2021; Cancian, Meyer y Cook, 2011) En el Uruguay hay estudios que comprueban que los hogares de madres con hijos a cargo enfrentan un marcado deterioro de la situación económica después de una disolución conyugal (Bucheli y Vigorito, 2015 y 2019; Vigorito, 2003). Bucheli y Vigorito (2019) constatan que la pérdida de ingresos de estos hogares inmediatamente después de la ruptura es del 12%, a lo que se suma que también sufren un deterioro en la tenencia de bienes duraderos.

La asociación entre monoparentalidad y pobreza se observa en la mayoría de los países de occidente, en particular los anglosajones (Bernardi, Mortelmans y Larenza, 2018; McLanahan y Sandefur, 1994; OCDE, 2011; Kiernan y otros, 2011; Nieuwenhuis y Maldonado, 2015), y es un rasgo típico de las familias latinoamericanas (Binstock y Cabella, 2016; Ullmann, Maldonado y Rico, 2014; Cerrutti y Binstock, 2010; Arriagada, 2007; Liu, Esteve y Treviño, 2017). En los estudios sobre monoparentalidad se evidencia que en más del 90% de los casos las mujeres son las que están a cargo de estos hogares, que en su mayoría son ellas las únicas proveedoras económicas, que tienen en promedio un bajo nivel educativo y que están sobrerrepresentadas en los hogares pobres (Ullmann, Maldonado y Rico, 2014; Cerrutti y Binstock, 2010; Arriagada, 2007; Esteve, García-Román y Lesthaeghe, 2012).

Algunos de esos rasgos se repiten en el Uruguay: la jefatura femenina también es la norma entre los hogares monoparentales y en la mayoría de los casos la jefa del hogar es la única proveedora (Paredes y Nathan, 2012). Sin embargo, la asociación entre hogar monoparental de jefatura femenina, pobreza y bajo nivel educativo no ha sido tan evidente. Algunos estudios mostraron que el nivel educativo de las jefas de hogares monoparentales es muy parecido al de los jefes o las jefas de hogares biparentales y que ambos tipos de hogares no diferían de forma relevante en los niveles de pobreza (Arim y Furtado, 2000; Bucheli y Cabella, 2005; Cabella, 2007; Vigorito, 2003; Vigorito, Bucheli y Miles, 2000). No obstante, trabajos recientes dan cuenta de que los hogares con jefatura femenina presentan mayores niveles de vulnerabilidad frente al posible deterioro de las condiciones económicas, en especial las del mercado laboral (Colafranceschi y Vigorito, 2013).

Los cambios en el mercado laboral tuvieron especial relevancia durante el período de análisis. Distintas investigaciones muestran que desde la década de 1980 aumentó la participación laboral de las mujeres de todas las edades, lo que ha tenido como consecuencia el incremento de la contribución del ingreso femenino en los hogares (Espino, 2003; Parada, 2016; Salvador y Pradere, 2009). Asimismo, se constató que el empleo y el ingreso femenino jugaron un papel protector que impidió a los hogares caer en situación de pobreza, al contribuir a aumentar el nivel de bienestar (Vigorito, 1999; Espino, 2003; González y Rossi, 2003; Parada, 2016). Estos efectos se debieron principalmente al aumento de la cantidad de personas con ingresos, y, en consecuencia, a la adición de aportantes en los hogares. Hasta 2000, por ejemplo, la contribución de los ingresos de las mujeres al total del ingreso de los hogares era menor en los hogares biparentales en comparación con los hogares monoparentales y extendidos (Espino, 2003). Si bien las mujeres de los quintiles más altos son las que presentan un mayor nivel de ocupación en todo el período, entre 2000 y 2012 se constata que las mujeres con desempeños educativos más bajos y las mujeres con hijos fueron las que mostraron mayor crecimiento del empleo (Parada, 2016; Salvador y Pradere, 2009).

En resumen, en las últimas décadas, el aumento de las disoluciones conyugales provocó cambios en la estructura de los hogares con niños y adolescentes, con una creciente importancia de los hogares monoparentales. Estos cambios se produjeron al mismo tiempo que la creciente participación de las mujeres en el mercado laboral y contribuyeron a generar cambios en la dinámica y el bienestar económico relativo de los hogares.

B. Datos y métodos

La fuente de datos utilizada es la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del Instituto Nacional de Estadística (INE) del Uruguay, cuyo principal objetivo es recoger información sobre el mercado de trabajo y los ingresos personales y de los hogares. Esta encuesta se releva a escala nacional desde la década de 1980 y contiene información detallada y estable sobre los ingresos, las condiciones de la vivienda y la situación laboral y educativa de todos los integrantes del hogar, lo que permite recurrir, además de a las líneas de pobreza incorporadas en las bases de datos, a otros indicadores de bienestar para comparar la situación de los hogares.

En este estudio se utilizaron los microdatos armonizados de la Encuesta Continua de Hogares para el período 1986-2018[5] y se seleccionó una muestra que incluye solamente a las personas residentes en localidades de 5.000 habitantes y más para poder comparar la población en todos los años del período analizado6 7. Debe señalarse, además, que la población uruguaya históricamente se concentra en localidades urbanas. De acuerdo con los datos del censo de población de 1985, el 77,4% de la población residía en localidades urbanas de 5.000 habitantes y más, cifra que se estima en un 84,3% a partir de la última información censal de 2011. A los efectos de este trabajo, la muestra se restringe a los hogares en que existe al menos un miembro menor de 22 años que sea hijo o hija del jefe, jefa o cónyuge del hogar. En el caso de los hogares monoparentales solo se consideran los de jefatura femenina. Las mujeres ocupan la jefatura de estos hogares en más del 80% de los casos en toda la serie considerada y en ellos se observa una tendencia creciente de la jefatura femenina. Mientras que entre 1986 y 1990, el 85,0% de los hogares monoparentales tenía jefa mujer, en el último quinquenio 2011-2015 esta cifra asciende al 88,2% (véase el cuadro A1.1 del anexo)[8].

La estrategia metodológica utilizada es descriptiva y consiste en comparar distintos indicadores demográficos y de bienestar socioeconómico entre los hogares monoparentales y biparentales[9].

C. Resultados

El cuadro 1 sintetiza las principales características sociodemográficas de las jefas de hogares monoparentales y de las jefas o cónyuges de hogares biparentales. Los cambios más notorios se identifican en la situación conyugal, observándose un gran aumento de las separadas y divorciadas en los hogares monoparentales y una disminución muy pronunciada de las casadas en favor de las uniones consensuales en los arreglos biparentales. A mediados de la década de 1980, el 30% de las jefas de hogares monoparentales eran viudas y casi el 60% estaban separadas o divorciadas. En el trienio 2016-2018, las jefas viudas representan casi el 8%, mientras que las separadas o divorciadas son el 85% del total. Este cambio redunda en el descenso de la edad promedio de las jefas de hogares monoparentales, que se reduce casi dos años entre los trienios inicial y final. La menor duración de las uniones es otro factor que también puede haber contribuido a la reducción. A la inversa, entre las jefas o cónyuges de los hogares biparentales se observa un leve aumento de la edad en el mismo período (de 37,8 a 39,1 años).

Cuadro 1

Uruguay (zonas urbanas): características sociodemográficas de jefas de hogares monoparentales y jefas o cónyuges de hogares biparentales con hijos menores de 22 años, trienios 1986-2018a

(En porcentajes)

1986-1988

1996-1998

2006-2008

2016-2018

Edad

promedio

Monoparentales

44,1

43,5

41,9

42,2

Biparentales

37,8

39,0

38,6

39,1

Cantidad

de hijos

Monoparentales

1,97

1,90

1,93

1,78

Biparentales

2,19

2,08

1,98

1,79

Situación conyugal

Monoparentales

Divorciadas/

separadas

58,9

66,2

73,1

85,2

Viudas

30,1

21,4

11,8

7,8

Solterasb

11,0

12,4

15,1

7,0

Biparentales

En unión libre

8,4

14,1

30,2

44,9

Casadas

91,6

85,9

69,8

55,1

Años de educación

Monoparentales

7,6

9,1

9,4

9,8

Biparentales

8,3

9,2

9,9

10,6

Fuente: Instituto de Economía, Universidad de la República, “Encuesta Continua de Hogares, Instituto Nacional de Estadística. Bases compatibilizadas 1986-2018”, 2019.

Nota: Las observaciones de hogares monoparentales fueron 2.300 en el trienio 1986-1988, 2.597 en el trienio 1996-1998, 10.073 en el trienio 2006-2008 y 7.886 en el trienio 2016-2018. Las observaciones de hogares biparentales fueron 20.202 en el trienio 1986-1988, 17.308 en el trienio 1996-1998, 42.027 en el trienio

2006-2008 y 27.180 en el trienio 2016-2018.

a Los resultados se analizaron a través de regresiones logísticas que confirmaron la información descriptiva presentada. En el anexo se pueden consultar los resultados de estas regresiones.

b Los cambios en las preguntas incluidas en la Encuesta Continua de Hogares (ECH) sobre estado civil y situación conyugal muestran un descenso en esta categoría que deberá estudiarse en profundidad en futuros trabajos. De todos modos, es posible que el cambio en la forma de preguntar haya incidido en este resultado. En los últimos años se buscó indagar si la persona nunca había estado en unión conyugal.

Por otra parte, se observa una reducción del número de hijos menores de 22 años presentes en los hogares monoparentales y biparentales, que es más pronunciada en el último trienio y podría reflejar la caída de la fecundidad ocurrida durante el período. Para el final del período de análisis, en promedio, las mujeres de ambos tipos de hogares convivían con la misma cantidad de hijos, mientras que a mediados de los años ochenta los hogares biparentales tenían un número de hijos significativamente mayor. Este aspecto también debe tomarse en cuenta cuando se comparen los niveles de pobreza de ambos tipos de arreglos de convivencia familiar, ya que esta medida se basa en los ingresos per cápita del hogar.

En lo que respecta al nivel educativo alcanzado, la población femenina se benefició de la expansión de la cobertura educativa que se registró en el país en las últimas décadas (ANEP, 2005; Espino y Leites, 2008; Salvador y Pradere, 2009; Biramontes y otros, 2019). Esto redundó en una sustantiva reducción de la proporción de mujeres que alcanzó menos de nueve años de estudios en ambos tipos de hogares (véase el cuadro 1)[10]. No obstante, la leve desventaja que se observa entre las jefas de hogares monoparentales al principio de la serie, que parece diluirse entre fines de la década de 1990 y principios de los años 2000, vuelve a hacerse manifiesta en la última década. Entre las mujeres que forman parte de hogares biparentales en 2018, un 35,3% pertenece al estrato educativo bajo, mientras que entre las mujeres en hogares monoparentales este valor alcanza el 46,1% (véase el gráfico 3). Dado que en los últimos años los retornos de la educación jugaron un papel clave en el mercado de trabajo uruguayo (Espino, Leites y A. Machado, 2009; Marroig y Oreiro, 2008), esta desventaja comienza a aportar información sobre las condiciones de bienestar en ambos tipos de hogares. Por otra parte, es posible que, en el marco de una mejora sostenida de la economía, y especialmente de los salarios, como se verá más adelante, este cambio no esté mostrando necesariamente el deterioro de la educación de las jefas de hogares monoparentales, sino un cambio en la composición de estos hogares, es decir, más mujeres con niveles educativos bajos acceden a formar hogares monoparentales.

Hubo un largo período, aproximadamente hasta 2003, en que los niveles de bienestar económico de los hogares monoparentales no eran sustantivamente diferentes a los de los hogares biparentales. Si se considera la pobreza de ingresos en el período 1990-2003, no hay evidencia de que los hogares monoparentales fueran más pobres que los biparentales, tal como se mostró en estudios precedentes (Arim y Furtado, 2000; Bucheli y Cabella, 2005; Cabella, 2007; Vigorito, 2003). Sin embargo, a partir de mediados de la década de 2000 se constata un ensanchamiento de la brecha socioeconómica entre estos dos tipos de hogares, con una creciente ventaja de los monoparentales sobre los biparentales, en un contexto económico de caída muy pronunciada de los niveles de pobreza en el Uruguay[11]. Entre 2003 y 2018, la distancia entre la proporción de hogares monoparentales y biparentales pobres se duplicó y alcanzó una diferencia promedio de 9 puntos porcentuales, mientras que en la década de 1990 esta diferencia era de 4,5 puntos (véase el gráfico 4).

Gráfico 3

Uruguay (zonas urbanas): mujeres con nivel educativo bajo en hogares monoparentales y biparentales con hijos menores de 22 años, 1986-2018

(En porcentajes)

Fuente: Instituto de Economía, Universidad de la República, “Encuesta Continua de Hogares, Instituto Nacional de Estadística. Bases compatibilizadas 1986-2018”, 2019.

Gráfico 4

Uruguay (zonas urbanas): hogares con al menos un menor de 22 años en situación de pobreza, según tipo de hogar, 1990-2018

(En porcentajes)

Fuente: Instituto de Economía, Universidad de la República, “Encuesta Continua de Hogares, Instituto Nacional de Estadística. Bases compatibilizadas 1986-2018”, 2019.

Nota: La variable de pobreza comparable en el tiempo se encuentra disponible desde 1990. Los ingresos se consideraron con valor locativo.

Asimismo, cuando se observa la participación de los hogares monoparentales en los quintiles de ingreso per cápita se identifica un incremento de estos hogares en el primer y el segundo quintil a partir de 2003. En suma, la ampliación de la brecha de pobreza entre ambos arreglos familiares se explica por el aumento de hogares monoparentales en los estratos de ingresos muy bajos. Si bien el segundo quintil se comporta igual que el primero, en este último se manifiesta una presencia creciente de hogares monoparentales, de magnitud muy considerable (véase el gráfico 5)[12].

Gráfico 5

Uruguay (zonas urbanas): hogares monoparentales con al menos un hijo menor de 22 años en cada quintil de ingreso per cápita, 1986-2018

(En porcentajes)

Fuente: Instituto de Economía, Universidad de la República, “Encuesta Continua de Hogares, Instituto Nacional de Estadística. Bases compatibilizadas 1986-2018”, 2019.

Nota: Los ingresos se consideraron con valor locativo.

Por último, al observar el bienestar en términos de ingresos per cápita, aun cuando se registran mejoras significativas en los niveles de ingresos de ambos grupos, también se constata una ampliación de la brecha (véase el gráfico 6).

Gráfico 6

Uruguay (zonas urbanas): promedio de ingresos per cápita del hogar a precios constantes en hogares con al menos un hijo menor de 22 años, según tipo de hogar, 1986-2018

(En pesos uruguayos)

Fuente: Instituto de Economía, Universidad de la República, “Encuesta Continua de Hogares, Instituto Nacional de Estadística. Bases compatibilizadas 1986-2018”, 2019.

Nota: Los ingresos se consideraron con valor locativo con base en diciembre de 2010.

Estos resultados pueden resultar contraintuitivos, si se considera la mejora generalizada de las circunstancias económicas en el Uruguay y la expansión de la protección social que acompañó esta tendencia (Colafranceschi y Vigorito, 2013). La conjunción de la mejora del empleo y de los salarios de las mujeres en un escenario de mayor gasto público social en principio es poco consecuente con el empeoramiento relativo del bienestar de los hogares monoparentales en relación con los hogares biparentales. En cambio, la tendencia de los hogares biparentales se ajusta a la trayectoria esperada: responde a la expansión económica, a las bajas cifras de desempleo y al pronunciado crecimiento de la participación de las mujeres casadas o unidas en el mercado de trabajo (Espino, Leites y A. Machado, 2009; Espino y Leites, 2008; Salvador y Pradere, 2009; Carrasco, Cichevski y Perazzo, 2018; Parada, 2016),y a la expansión de los programas de protección social para las familias con hijos (MIDES, 2015 y 2019). Entonces, ¿por qué se amplía la brecha de bienestar entre los hogares monoparentales y biparentales a partir de 2003?

El análisis de los últimos 15 años conduce a revisar la relación entre pobreza y vulnerabilidad en los hogares monoparentales, para lo que se plantean dos posibles líneas explicativas que probablemente confluyan para entender el cambio de tendencia.

Por una parte, la brecha se amplía por la mejora del bienestar de los hogares biparentales, debido a la incorporación al mercado laboral de las mujeres en pareja y a las transferencias monetarias hacia hogares con hijos. Estas últimas aumentaron notoriamente, tanto en materia de cobertura como de monto, en el marco de una ampliación del sistema de protección social, impulsada por las Administraciones de Gobierno desde 2005, que contribuyeron al alivio de la pobreza de los hogares con personas menores de 18 años (Perazzo, Rivero y Vigorito, 2021). Respecto de la participación femenina en el mercado laboral, Salvador y Pradere (2009) muestran que, entre 1986 y 2007, las mujeres de hogares biparentales con hijos presentaban niveles de participación laboral más bajos que el promedio, pero se registraba una tendencia al alza en las jefas o cónyuges de las cohortes más jóvenes. También encuentran que las mujeres de hogares monoparentales presentaban tasas de actividad muy elevadas, y que a partir de 2006

hay un aumento general de la tasa de empleo femenina y en particular de las mujeres con desempeños educativos más bajos (Salvador y Pradere, 2009; Parada, 2016). A ello se suma que la cantidad de niños y jóvenes de estos hogares se redujo, por lo que también es posible que ello haya contribuido a reducir sus niveles de pobreza, aunque en mucho menor medida que los factores mencionados anteriormente.

Otra fuente de explicación del aumento de la brecha entre ambos tipos de hogares puede buscarse en un cambio en la composición de los hogares monoparentales con jefatura femenina. Es decir que, en el marco del crecimiento económico sostenido de las políticas de transferencias monetarias, y en especial de las mejoras salariales femeninas, aumentó la posibilidad de formar hogares monoparentales independientes entre mujeres de estratos bajos, que en otras circunstancias hubieran recurrido a estrategias de convivencia familiar.

En suma, en el caso de los hogares biparentales, el pronunciado aumento de hogares de doble aportante es clave para explicar la gran mejora económica[13], mientras que el empeoramiento relativo del bienestar de los hogares monoparentales puede deberse, al menos en parte, a los cambios en la composición interna de los hogares. Debe recordarse que, en este período, el aumento de los hogares monoparentales estuvo acompañado de una caída importante de los hogares extendidos (véanse los gráficos 1 y 2). Esto quiere decir que, en un contexto económico favorable, las mujeres separadas fueron capaces de establecerse en un hogar propio, sin necesidad de recurrir a estrategias de allegamiento familiar. Un número mayor de mujeres habría sido capaz de sustentar un hogar monoparental independiente y la ampliación de la base socioeconómica de estos hogares, antes conformada solo por quienes tenían los medios suficientes para vivir en su propia casa tras una ruptura, habría contribuido a aumentar la presencia de población de bajos ingresos en los hogares monoparentales modificando su composición interna. Además del aumento de la participación laboral femenina durante el período, también se registró una disminución de la brecha salarial entre hombres y mujeres (Espino, Leites y A. Machado, 2009; Espino, 2003, Parada, 2016; Espino y otros, 2017; González y Rossi, 2003; Salvador y Pradere, 2009; Parada, 2016). Estos cambios en el mercado laboral afectaron la vida familiar al ampliar el número de mujeres aportantes de ingresos al hogar y volver a las mujeres más autónomas.

La evolución de la ocupación de las mujeres pertenecientes a hogares biparentales y monoparentales en el período de estudio muestra un incremento y una reducción de la brecha entre ambos tipos de hogares, pero el guarismo es sensiblemente mayor entre las que pertenecen a hogares monoparentales (véase el gráfico 7). Desde el inicio de la serie, más del 60% de las jefas de hogares monoparentales declaran estar ocupadas, y esta cifra alcanza casi el 83,8% al final del período. Las mujeres de los hogares biparentales, si bien experimentan un crecimiento de similar magnitud, parten de un nivel cercano al 50% en la segunda mitad de los años ochenta y alcanzan alrededor del 70% durante el trienio 2016-2018. La diferencia en el nivel de ocupación de las jefas de hogares monoparentales es previsible, en la medida en que estas mujeres tienen mayores probabilidades de ser las únicas proveedoras del hogar. El incremento de las mujeres ocupadas de estos hogares también podría abonar a la hipótesis de la posible formación de hogares monoparentales independientes sin recurrir a otras estrategias de nucleamiento familiar, justamente porque su mejor inserción en el mercado laboral se los permite. A diferencia de otros países, como los anglosajones, donde los hogares monoparentales de jefatura femenina han sido históricamente receptores de transferencias públicas, en el Uruguay, este tipo de hogar no ha recibido una particular atención por parte de los programas de protección social (MIDES, 2018). Los ingresos obtenidos en el mercado laboral son clave para la subsistencia de estos hogares, independientemente de que la ampliación de la cobertura de transferencias desplegada en los últimos años también haya podido contribuir a mejorar sus circunstancias económicas (Perazo, Rivero y Vigorito, 2021).

Gráfico 7

Uruguay (zonas urbanas): mujeres ocupadas e inactivas dedicadas a quehaceres del hogar en hogares monoparentales y biparentales con hijos menores de 22 años, 1986-2018

(En porcentajes)

Fuente: Instituto de Economía, Universidad de la República, “Encuesta Continua de Hogares, Instituto Nacional de Estadística. Bases compatibilizadas 1986-2018”, 2019.

Por otra parte, también se identifica una notable reducción de la proporción de mujeres de hogares biparentales inactivas dedicadas a los quehaceres del hogar. En 1986, el porcentaje de este grupo de mujeres en este tipo de hogar era cercano al 45%. A medida que pasa el tiempo, esta proporción disminuye, y en 2018 alcanza un 18%. En los hogares monoparentales este porcentaje se mantiene estable en alrededor de un 5% en todo el período analizado.

Si se analiza el comportamiento del empleo en dos períodos de análisis: uno previo y otro posterior a la ampliación de la brecha, se puede identificar un incremento positivo y mayor en el segundo y el tercer quintil de las mujeres en hogares biparentales respecto de las mujeres en hogares monoparentales en el período 2003-2018 (véase el gráfico 8). Esto coincide con datos obtenidos previamente sobre el aumento de las tasas de empleo femeninas en los sectores más pobres a partir de 2002 (Parada, 2016).

Gráfico 8

Uruguay (zonas urbanas): variación de la tasa de empleo de mujeres en hogares monoparentales y biparentales con hijos menores de 22 años, 1986-2018

(En porcentajes)

Fuente: Instituto de Economía, Universidad de la República, “Encuesta Continua de Hogares, Instituto Nacional de Estadística. Bases compatibilizadas 1986-2018”, 2019.

Por último, el gráfico 9 muestra que, entre 2006 y 2018, los quintiles más bajos de los hogares biparentales, principalmente el segundo y el tercer quintil, son los que presentan el incremento más pronunciado del peso de los ingresos que perciben las mujeres en el total del ingreso laboral del hogar y en el total de ingresos del hogar. Por ejemplo, en el segundo quintil, en 2006 los ingresos laborales femeninos representaban un 20,2% del ingreso total de estos hogares, mientras que en 2018 representan un 26,5%. Este resultado abona a la hipótesis de que la mejora de estos hogares contribuyó a la ampliación de la brecha con los hogares monoparentales.

Gráfico 9

Uruguay (zonas urbanas): variación de la relación entre el ingreso laboral femenino y el ingreso laboral total del hogar para hogares monoparentales y biparentales con hijos menores de 22 años, 2006 y 2018

(En porcentajes)

Fuente: Instituto de Economía, Universidad de la República, “Encuesta Continua de Hogares, Instituto Nacional de Estadística. Bases compatibilizadas 1986-2018”, 2019.

D. Conclusiones

El aumento de los hogares monoparentales pobres a partir de 2003 implicó un cambio de tendencia respecto de su situación relativa frente a los hogares biparentales, que tradicionalmente tenían un perfil socioeconómico muy similar. Esta característica diferenciaba al Uruguay de los países de la región, en los que la monoparentalidad femenina se suele asociar con bajos desempeños sociales y económicos, vinculados a fuertes disparidades de género en el acceso a los recursos económicos, en particular a las inequidades en el mercado laboral (Arriagada, 2004; Ullmann, Maldonado y Rico, 2014). Es posible que la mayor participación laboral de las mujeres uruguayas respecto del promedio latinoamericano (CEPAL, 2022) haya contribuido a los mejores niveles de bienestar relativo de los hogares monoparentales, sumado a una mayor tolerancia cultural a los cambios familiares, sedimentados, por ejemplo, en una temprana legislación y aceptación del divorcio. En la medida en que la región convergió hacia tasas más altas de participación laboral de las mujeres y los cambios familiares se generalizaron, es posible que el Uruguay haya perdido su singularidad.

Sin embargo, en un contexto de crecimiento económico, de ampliación del sistema de protección social y de aumento de las oportunidades de las mujeres en el mercado laboral, el deterioro del bienestar económico de los arreglos monoparentales es, en apariencia, de difícil explicación. En este trabajo se sugiere que el aumento de la brecha de bienestar económico a favor de los hogares biparentales se produjo por cambios que afectaron a los dos tipos de hogares.

Por una parte, se encuentran elementos que indican una mayor capacidad de las mujeres pertenecientes a estratos bajos para sostener estrategias de residencia nuclear independiente. Esto generó un cambio de composición en el perfil de las mujeres que accedieron a formar hogares monoparentales independientes. Dado que no se registran mejoras en el nivel de cumplimiento de las pensiones alimenticias[14], este resultado se puede interpretar como una menor necesidad de las mujeres separadas de compensar la pérdida de recursos a través de estrategias de corresidencia con otros parientes. La combinación de mejores condiciones en el mercado laboral, tanto en términos de participación como de aumento de las retribuciones y mayor seguridad en el empleo (en el período reciente hubo una caída importante de la informalidad), parece haber permitido a mujeres que antes hubieran formado hogares monoparentales anidados en hogares extendidos, sostener una estrategia de corresidencia autónoma. Sylvia Chant (2014) encuentra una paradoja similar para el caso de Costa Rica, y, a partir de datos cualitativos, concluye que esta se explica por una ampliación de la autonomía femenina.

Por otra parte, estos mismos factores, en especial el aumento de las oportunidades de las mujeres en el mercado laboral, contribuyeron a elevar significativamente el nivel de ingresos de los hogares biparentales. Los datos muestran un pronunciado incremento de la participación laboral y un aumento de los ingresos que perciben las mujeres de estos hogares, principalmente los pertenecientes a los quintiles de ingreso más bajos. De este modo, la ampliación de la brecha de bienestar también se explica por una mejora sustancial de los hogares biparentales de estos quintiles. Estudios previos muestran que el incremento de la contribución del ingreso femenino favorece al aumento del bienestar de los hogares, principalmente porque ayuda a aumentar los hogares de doble provisión de ingresos (Vigorito, 1999; Espino, 2003, González y Rossi, 2003; Parada, 2016). Hasta 2000, la contribución de los ingresos que perciben las mujeres al total del ingreso de los hogares era menor en los hogares biparentales que en los hogares monoparentales y extendidos (Espino, 2003).

Las rupturas conyugales acarrean un deterioro de los ingresos, en particular para las mujeres y sus hijos. Si los recursos económicos son abundantes, o al menos suficientes, los hogares perderán poder adquisitivo y les llevará un tiempo volver a los estándares anteriores a la separación. Pero en los hogares con menos recursos, que también tienen menos probabilidades de recibir transferencias económicas por pensiones alimenticias (la transferencia y su monto se asocia al ingreso de los padres no corresidentes) y que renuncian a recomponer economías de escala a través de la corresidencia con otros parientes, la vulnerabilidad a los cambios en las condiciones del mercado laboral parece ser una amenaza importante a su sostenibilidad. En este sentido, es relevante conocer más en profundidad sus circunstancias, para desarrollar herramientas de política que permitan contrarrestar los efectos adversos de la inestabilidad familiar sobre sus condiciones económicas.

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Anexo A1

Cuadro A1.1

Uruguay (zonas urbanas): distribución de hogares monoparentales con al menos un hijo menor de 22 años, según sexo del jefe de hogar, 1986-2018

(En porcentajes)

Hombres

Mujeres

Total

1986

16,6

83,4

100,0

1987

13,7

86,3

100,0

1988

16,2

83,8

100,0

1989

13,2

86,8

100,0

1990

14,8

85,2

100,0

1991

14,0

86,0

100,0

1992

14,5

85,5

100,0

1993

13,4

86,6

100,0

1994

15,3

84,7

100,0

1995

12,8

87,2

100,0

1996

14,8

85,2

100,0

1997

13,3

86,7

100,0

1998

15,2

84,8

100,0

1999

13,1

86,9

100,0

2000

13,0

87,0

100,0

2001

12,0

88,0

100,0

2002

14,7

85,3

100,0

2003

12,2

87,8

100,0

2004

14,1

85,9

100,0

2005

11,3

88,7

100,0

2006

11,2

88,8

100,0

2007

11,4

88,6

100,0

2008

10,6

89,4

100,0

2009

11,9

88,1

100,0

2010

12,8

87,2

100,0

2011

11,3

88,7

100,0

2012

10,8

89,2

100,0

2013

12,3

87,7

100,0

2014

11,8

88,2

100,0

2015

12,5

87,5

100,0

2016

12,5

87,5

100,0

2017

12,4

87,6

100,0

2018

13,2

86,8

100,0

Fuente: Instituto de Economía, Universidad de la República, “Encuesta Continua de Hogares, Instituto Nacional de Estadística. Bases compatibilizadas 1986-2018”, 2019.

Cuadro A1.2

Uruguay (zonas urbanas): coeficientes exponenciados de regresiones logísticas multinomiales, trienios 1986-1988, 1996-1998, 2006-2008 y 2016-2018

Monoparental

Biparental

1986-

1988

1996-

1998

2006-

2008

2016-

2018

1986-

1988

1996-

1998

2006-

2008

2016-

2018

Edad

0,972***

1,01

1,00

1,038***

0,940***

0,938***

0,942***

0,939***

Cantidad de hijos

2,486***

1,03

1,564***

0,892***

1,181**

1,07

1,348***

1,067***

Años de educación

0,99

1,02

1,018**

0,971***

0,96

0,98

1,034***

1,046***

Condición de actividad

(ref.: ocupada)

Desocupadas

1,10

0,87

0,89

0,851*

0,74

1,61

1,03

1,376***

Inactivas (quehaceres

del hogar)

0,95

0,294***

0,456***

0,289***

2,043**

5,208***

2,384***

3,264***

Inactivas (otros)

0,96

0,723*

0,594***

0,789**

0,69

1,07

0,727**

1,18

Quintiles de ingreso

(ref.: Quintil I)

Quintil II

1,492***

1,06

1,166**

0,710***

1,48

1,898**

1,741***

2,093***

Quintil III

2,058***

0,99

1,196**

0,600***

0,93

2,971***

1,985***

2,878***

Quintil IV

2,028***

1,15

0,98

0,580***

1,63

3,527***

2,145***

3,436***

Quintil V

2,199***

1,05

0,679***

0,516***

0,65

3,647***

1,752***

4,508***

Fuente: Instituto de Economía, Universidad de la República, “Encuesta Continua de Hogares, Instituto Nacional de Estadística. Bases compatibilizadas 1986-2018”, 2019.

Nota: Coeficientes exponenciados: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.

Gráfico A1.1

Uruguay (zonas urbanas): distribución de la composición de los ingresos en hogares monoparentales con hijos menores de 22 años, 2006 y 2018

(En porcentajes)

Fuente: Instituto de Economía, Universidad de la República, “Encuesta Continua de Hogares, Instituto Nacional de Estadística. Bases compatibilizadas 1986-2018”, 2019.

Gráfico A1.2

Uruguay (zonas urbanas): distribución de la composición de los ingresos en hogares biparentales con hijos menores de 22 años, 2006 y 2018

(En porcentajes)

Fuente: Instituto de Economía, Universidad de la República, “Encuesta Continua de Hogares, Instituto Nacional de Estadística. Bases compatibilizadas 1986-2018”, 2019.

[1] Doctora en Demografía, Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP), Licenciada en Antropología, docente e investigadora del Programa de Población de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Uruguay). Correo electrónico: wanda.cabella@cienciassociales.edu.uy.

[2] Doctora en Estudios de Población, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Uruguay), Magíster en Población y Desarrollo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) (México), Diplomada en Sociodemografía (PP-Udelar), Licenciada en Sociología, Universidad de la República (Uruguay). Docente e investigadora del Programa de Población, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Uruguay). Correo electrónico: mariana.fernandez@cienciassociales.edu.uy.

[3] Magíster en Demografía y Estudios de Población y Licenciada en Economía, Universidad de la República (Uruguay). Docente e investigadora del Programa de Población, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Uruguay). Correo electrónico: gabriela.pedetti@cienciassociales.edu.uy.

[4] En este documento, la expresión “hogares con hijos” se refiere siempre a hogares que incluyen al menos un hijo menor de 22 años. A efectos de aligerar el texto, se usará el término “hijos”, sin hacer la aclaración sobre la edad. La elección de este límite de edad se debe a que la mayoría de edad legal en el Uruguay se alcanza a los 21 años y, por otra parte, hasta esa edad, los hijos tienen derecho a recibir pensión alimenticia en caso de no convivir con uno de sus progenitores.

[5] La armonización de las variables de todo el período estuvo a cargo de los grupos de Economía Laboral y Desigualdad y Pobreza del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Instituto de Economía, Universidad de la República (2020). Encuesta Continua de Hogares Compatibilizada 1981-2018. Versión 1.2 DOI: https://iecon.fcea.udelar.edu.uy/es/publicaciones/bases-de-datos/item/encuestas-continuas-de-hogares-compatibilizadas.html.

[6] Esto se debe a que el tamaño y la composición de la muestra de la Encuesta Continua de Hogares ha variado a lo largo del período de estudio.

[7] Los resultados del estudio son estimaciones realizadas con la base de datos ponderada.

[8] Con el transcurso de los años, el cuestionario de la Encuesta Continua de Hogares sufrió varias modificaciones. A los efectos de las variables de interés para este trabajo, cabe señalar que la forma de preguntar la relación de parentesco se modificó en dos oportunidades. A principios de la década de 2000, en la variable parentesco, la categoría “hijo” se desagregó en “hijo o hija del jefe y el cónyuge”, “hijo o hija solo del jefe o la jefa” e “hijo o hija solo del cónyuge”. Esta modificación permitió identificar los hogares denominados “ensamblados” o “reconstituidos”. En 2006 se realizó una edición especial de la Encuesta Continua de Hogares, con una muestra particularmente grande (256.000 personas, más del 8% de la población total del país), y se volvieron a introducir cambios en la forma de indagar sobre el parentesco. Además de la relación de parentesco con el jefe o la jefa del hogar, en el caso de las personas menores de 18 años, cuando el parentesco no era “hijo” se preguntó si el padre y la madre estaban en el hogar. En caso de que la persona declarase estar casada o en unión libre, pero no fuese jefe, jefa ni cónyuge, se agregó un campo para identificar la pareja de esa persona a efectos de captar parejas secundarias en el hogar.

[9] Los hogares monoparentales seleccionados para este estudio son aquellos hogares independientes con al menos una persona con menos de 22 años, es decir que no se incluyen núcleos monoparentales anidados en otras estructuras de hogares.

[10] Con nueve años de estudio se completa el primer ciclo de educación secundaria en el Uruguay.

[11] Según datos de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística, en el período 2003-2018, la proporción de hogares en situación de pobreza pasó del 29,4% al 5,6%.

[12] La proporción de hogares biparentales en el primer quintil era del 27,3% en 1986 y del 29,0% en 2018. En el segundo quintil, esta proporción era del 22,6% en 1986 y del 23,0% en 2018. En el caso de los hogares monoparentales, la proporción en el primer quintil era del 33,3% en 1986 y del 39,2% en 2018, y en el segundo quintil ascendía al 20,9% en 1986 y al 23,7% en 2018.

[13] El aumento de la participación laboral femenina y de los ingresos laborales de las mujeres en hogares biparentales implica el aumento de hogares de doble aportante, dado que los niveles de participación de los hombres se han ubicado invariablemente en valores cercanos al 95%.

[14] Diversos estudios han mostrado que en torno al 60% de los hijos menores de 22 años no reciben transferencias de su padre tras la separación (Bucheli y Vigorito, 2015 y 2017; Bucheli y Cabella, 2005 y 2009; Bucheli, 2003).

Artículo 03

El efecto del denominado “sesgo del salmón” en la migración de retorno, ¿depende del contexto? Datos sobre los migrantes colombianos en los Estados Unidos y España, 2008-2015

Henrique Miranda Figueiredo[1]

Gisela P. Zapata[2]

Gilvan Ramalho Guedes[3]

Recibido: 07/03/2023

Aceptado: 15/04/2023

Resumen

Además de la influencia de la salud en la propensión a migrar y retornar, también se ha demostrado que los efectos culturales y estructurales, como la asimilación de hábitos de salud y el acceso a la asistencia sanitaria en los países de destino, repercuten en la salud de los migrantes. Utilizando datos del Proyecto sobre Migración Latinoamericana (LAMP) (2008-2015), en este artículo se analiza la relación entre salud y migración para migrantes colombianos en dos contextos diferentes de recepción: Estados Unidos y España. Los resultados sugieren que los migrantes retornados de los Estados Unidos tienen más probabilidades de declarar un peor estado de salud que los que retornan de España, mientras que los migrantes que viven actualmente en España tienden a declarar un peor estado de salud que los que viven en los Estados Unidos. Entre las posibles explicaciones de estos resultados se encuentran la mayor dificultad para acceder al sistema sanitario en los Estados Unidos, especialmente para los migrantes indocumentados, así como la existencia de redes de apoyo mejor estructuradas en Colombia que facilitan la migración de retorno.

Palabras clave: migración internacional, migración de retorno, migrantes, salud, condiciones de salud, prestación de servicios de salud, Colombia, España, Estados Unidos.

Abstract

In addition to the influence of health on the propensity to migrate and return, cultural and structural effects, such as assimilation of health habits and access to health care in destination countries, have also been shown to have an impact on migrants’ health. Using data from the Latin American Migration Project (2008–2015), this article analyses the relationship between health and migration for Colombian migrants in two different contexts of reception: the United States and Spain. The results suggest that migrants returning from the United States are more likely to report worse health status than those returning from Spain, while migrants currently living in Spain tend to report worse health status than those living in the United States. Possible explanations for these results include the greater difficulty in accessing the health-care system in the United States, especially for undocumented migrants, and the existence of better structured support networks in Colombia that facilitate return migration.

Keywords: international migration, return migration, migrants, health, health conditions, health-care delivery, Colombia, Spain.

Résumé

Outre l’influence de la santé sur la propension à émigrer et à revenir, il a aussi été démontré que les effets culturels et structurels, tels que l’assimilation des habitudes sanitaires et l’accès aux soins de santé dans les pays de destination, ont une incidence sur la santé des migrants. À partir des données du Latin American Migration Project (2008-2015), cet article analyse la corrélation entre la santé et la migration pour les migrants colombiens dans deux contextes d’accueil différents: Les États-Unis d’Amérique et l’Espagne. Les résultats indiquent qu’il est plus probable que les migrants revenant des États-Unis se déclarent en moins bonne santé que ceux qui reviennent d’Espagne, tandis que les migrants vivant actuellement en Espagne ont tendance à se déclarer en moins bonne santé que ceux qui vivent aux États-Unis. Pour expliquer ces résultats, on peut citer la plus grande difficulté d’accès au système de santé aux États-Unis, en particulier pour les sans-papiers, ainsi que l’existence de réseaux de soutien mieux structurés en Colombie, qui facilitent la migration de retour.

Mots clés: migration internationale, migration de retour, migrants, santé, état sanitaire, prestations de soins de santé, Colombie, Espagne.

Introducción

Muchos estudios (Marmot, Adelstein y Bulusu, 1984; Courbage y Khlat, 1995; Abraído-Lanza y otros, 1999; Palloni y Arias, 2004) han encontrado diferencias de salud entre migrantes y nativos en diversos contextos, tanto en los países de origen como en los de destino. El estado de salud actual de los migrantes puede afectar al proceso migratorio, dado que determinadas características de salud podrían alterar su propensión a migrar, la ruta seguida y el destino elegido. Varios estudios han señalado también la importancia de los efectos culturales, contextuales y estructurales en la salud de los migrantes (Cho, Frisbie y Rogers, 2004; Pandey y Kagotho, 2010; Diaz, Koning y Martinez-Donate, 2016; Zufferey, 2016).

Utilizando datos del Proyecto sobre Migración Latinoamericana (LAMP) (2008-2015), en este artículo se examina la relación entre la migración internacional y la salud de los migrantes colombianos a través de la lente de la hipótesis del “sesgo del salmón”. Este análisis se centra en dos grupos en particular, que abarcan a los migrantes colombianos que aún viven en los Estados Unidos y España y a los migrantes retornados de esos países, con especial atención a las respectivas diferencias de los sistemas sanitarios de cada país. Se sometió a prueba la hipótesis del “sesgo del salmón” utilizando dos modelos logísticos, incluida una prueba general sin distinción entre países y un segundo modelo para dilucidar posibles variables que puedan explicar las diferencias entre los dos contextos de recepción. Encontramos diferencias en la propensión al retorno por motivos de salud entre los migrantes colombianos en ambos países, lo que sugiere que el contexto de recepción puede afectar las decisiones de migración de retorno por motivos de salud. Las pruebas empíricas derivadas de este estudio contribuyen a colmar dos lagunas existentes en la literatura. La primera se refiere a la atención prestada a un único país de destino, lo que limita las posibilidades de comparar los efectos de los contextos de acogida sobre la hipótesis principal sometida a prueba. Además, nuestra investigación busca abordar la falta de estudios sobre la relación entre la salud y la migración sudamericana, en general, y colombiana, en particular, a pesar de su importancia en la actual dinámica global de la migración internacional.

Dos hipótesis principales intentan explicar cómo la salud puede influir en la migración: la hipótesis del migrante sano y la hipótesis del “sesgo del salmón”. La hipótesis del emigrante sano afirma la existencia de un efecto de selección, según el cual los individuos más sanos tienen más probabilidades de migrar y superar los riesgos y costos asociados al proceso migratorio (Abraído-Lanza y otros, 1999). La hipótesis del “sesgo del salmón” predice que los migrantes con peor estado de salud en los países de destino tienden a retornar a sus países de origen para “morir en casa” (Abraído-Lanza y otros, 1999). La hipótesis del “sesgo del salmón” afirma que esta migración de retorno se produce porque los migrantes con peor salud pueden tener una menor productividad laboral, se enfrentan a mayores dificultades para acceder a los sistemas de atención de la salud y tratar enfermedades crónicas en los países de destino, y poseen redes asistenciales y de apoyo más amplias en sus países de origen (Diaz, Koning y Martinez-Donate, 2016).

Estudios más recientes indican que el proceso de asimilación y las diferencias en el acceso a la asistencia sanitaria entre los migrantes en los países de destino pueden causar variaciones en la propensión de los migrantes a migrar, a permanecer en los países de destino o a retornar a sus países de origen (Diaz, Koning y Martinez-Donate, 2016; Zufferey, 2016). Uno de estos efectos se produce a través de las diversas formas de asimilación a las que se ven sometidos los migrantes en sus lugares de destino. La aculturación de los hábitos de salud, especialmente de los grupos socialmente marginados, puede provocar un deterioro de la salud de los migrantes relacionada con la duración de su estancia en los países de destino (Cho, Frisbie y Rogers, 2004). El acceso a la asistencia sanitaria en los destinos de la migración también influye en los resultados sanitarios de los migrantes, ya que este acceso puede ser limitado en función de la situación migratoria (por ejemplo, la situación de refugiado, irregular, residente permanente, entre otros), lo que también puede dar lugar a un deterioro del estado de salud de los migrantes a lo largo del tiempo (Pandey y Kagotho, 2010). Aunque la comprensión de estas variables contextuales es esencial para analizar la relación entre migración y salud, la mayoría de los estudios se han centrado en un solo país de destino, principalmente debido al acceso limitado a datos comparables.

Aunque hay estudios que abarcan distintos continentes de origen, como África (Courbage y Khlat, 1995; Deboosere y Gadeyne, 2005), Asia (Jasso y otros, 2004), y América Latina, especialmente México, (Abraído-Lanza y otros, 1999; Palloni y Arias, 2004; Elo y otros, 2004; Turra y Elo, 2008), los análisis de los migrantes sudamericanos son escasos. La atención prestada a los inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos ha eclipsado la investigación sobre la relación entre salud y migración entre los migrantes de otros países latinoamericanos, como Colombia. La escasez de investigaciones sobre otros países latinoamericanos es especialmente relevante en el caso de Colombia, que ocupa el segundo lugar entre los países latinoamericanos por volumen de migrantes internacionales. En 2012, se estimaba que la diáspora colombiana oscilaba entre 2,1 millones y más de 4,1 millones de personas, si se tienen en cuenta los descendientes directos de los migrantes, lo que representa aproximadamente el 10% de la población total del país (Mejía, 2012). Actualmente, España y los Estados Unidos son los principales destinos de los migrantes colombianos y representan algo más del 80% de los flujos migratorios colombianos entre 2005 y 2007 y aproximadamente el 75% entre 2008 y 2010 (Mejía, 2012). A pesar de la importancia de la migración colombiana en el contexto de la actual dinámica migratoria internacional mundial, la relación entre la migración internacional y la salud de los migrantes colombianos aún no se ha explorado en profundidad (véase una excepción en Riosmena, 2016).

A. La relación entre migración internacional y salud

El interés de los demógrafos por la relación entre migración internacional y salud creció tras el descubrimiento de las diferencias de mortalidad entre hispanos y blancos no hispanos en los Estados Unidos (Liao y otros, 1998). A pesar de su mejor situación socioeconómica general, los blancos no hispanos de los Estados Unidos presentaban tasas de mortalidad muy próximas o superiores a las de los individuos de origen hispano (Markides, 1983; Markides y Coreil, 1986). Estas diferencias eran aún más pronunciadas entre los grupos de mayor edad (Liao y otros, 1998; Turra y Elo, 2008), lo que contradice la literatura existente, que destaca una relación positiva entre situación socioeconómica y salud (Adler y otros, 2013). Este fenómeno pasó a conocerse como la paradoja de la mortalidad latina (Abraído-Lanza y otros, 1999), la paradoja de la mortalidad hispana (Palloni y Arias, 2004) o, en términos más generales, la paradoja epidemiológica (Markides y Coreil, 1986).

Los estudios relativos a diversos grupos de migrantes en varios países europeos, como Francia (Courbage y Khlat, 1995), Alemania (Razum y otros, 1998), Bélgica (Deboosere y Gadeyne, 2005) y Suiza (Zufferey, 2016), también hallaron resultados sanitarios divergentes entre nativos y migrantes. Además, los estudios mencionados también han puesto de manifiesto diferencias sanitarias en función del país de origen de los migrantes. Por ejemplo, se observó que los inmigrantes turcos y marroquíes tenían tasas de mortalidad más bajas que los inmigrantes europeos y subsaharianos en Bélgica (Deboosere y Gadeyne, 2005). Los migrantes de segunda generación también mostraron tasas de mortalidad inferiores a las de los nativos (Razum y otros, 1998), aunque esta ventaja sanitaria fue inferior a la encontrada entre los migrantes de primera generación (Zufferey, 2016). Esta ventaja de salud se anula por completo o incluso pasa a ser una desventaja para los niños de segunda generación en familias exogámicas (familias en las que uno de los progenitores es migrante y el otro es nativo), especialmente para los trastornos psicopatológicos (Loi y otros, 2021). Sin embargo, un estudio reciente relativo a los migrantes en el Brasil concluyó que los migrantes internacionales se enfrentaban a una desventaja comparativa de mortalidad, especialmente a edades más tempranas (Passarelli-Araujo, 2022).

1. Explicaciones de las diferencias de salud y mortalidad

Los tres grupos de hipótesis más citados en la literatura que tratan de explicar las diferencias de salud y mortalidad entre nativos y migrantes abarcan los errores en los datos, los efectos de la migración y los efectos culturales. El primer grupo de hipótesis se refiere a los errores en los datos relacionados con la identificación étnica, la tergiversación de la edad y la incompatibilidad de los registros. Los datos de edad mal declarados, ya sea por defecto o por exceso, o que contengan distribuciones de error simétricas, pueden reducir la mortalidad a edades avanzadas, alterando la precocidad de este efecto (Preston, Elo y Stewart, 1999).

A pesar de su importancia, los errores en los datos no bastan por sí solos para explicar estas diferencias, dado que, incluso después de corregir la infranotificación, se mantienen las diferencias de mortalidad (Elo y otros, 2004) y esperanza de vida (Courbage y Khat, 1995). En consecuencia, el segundo grupo de hipótesis que busca explicar la paradoja de la mortalidad se refiere a los denominados efectos migratorios y se divide en dos hipótesis principales: la hipótesis del migrante sano y la hipótesis del “sesgo del salmón”.

La hipótesis del migrante sano sugiere que la salud es un factor de selección para la migración internacional (Marmot, Adelstein y Bulusu, 1984; Abraído-Lanza y otros, 1999), lo que significa que los individuos más sanos son también los más propensos a migrar, ya que pueden esperar mayores beneficios de su inversión en el proceso migratorio. Por lo tanto, los migrantes componen un grupo que, en promedio, es más saludable que los nativos no migrantes en sus países de origen, así como que los nativos en sus países de destino, ya que estos grupos no experimentan la autoselección migratoria (Palloni y Arias, 2004).

Según la hipótesis del “sesgo del salmón”, las diferencias de mortalidad entre migrantes y nativos en los países de destino se explican por las mayores tasas de retorno entre los migrantes con peor estado de salud. El deseo de los migrantes de morir en su país de origen les haría más propensos a retornar en caso de enfermedad grave, sobre todo si están desempleados o jubilados. La salida de migrantes menos sanos o de mayor edad genera individuos “estadísticamente inmortales” (Abraído-Lanza y otros, 1999) al reducir el número de muertes entre este grupo de migrantes en los países de destino y producir tasas de mortalidad más bajas.

Diaz, Koning y Martinez-Donate (2016) examinaron tres mecanismos que explican la migración de retorno de individuos con peor salud. El primero se refiere a las ventajas o dificultades médicas a las que se enfrentan los migrantes en los países de destino, sobre todo en lo que respecta al acceso al sistema sanitario y su uso. Los migrantes pueden tener más dificultades para utilizar los sistemas sanitarios de los países de destino como consecuencia de las barreras lingüísticas, los costos o las restricciones de acceso debidas a la situación migratoria, o porque prefieren someterse a tratamientos sanitarios en sus países de origen (Diaz, Koning y Martinez-Donate, 2016).

El segundo mecanismo está relacionado con las repercusiones de las enfermedades graves o crónicas en la productividad laboral de los migrantes. Dado que los migrantes suelen ocupar los estratos más bajos del mercado laboral (Piore, 1979; Massey y otros, 1993), es más probable que dependan de su salud física al desempeñar estos trabajos. La situación migratoria irregular y la falta de empleo formal entre muchos migrantes pueden conducir a niveles más bajos de seguridad financiera y jurídica a la hora de tratar enfermedades crónicas. Así, las características que rodean la inserción laboral de los migrantes pueden traducirse en mayores tasas de desempleo o en el retorno como alternativa a la reducción de ingresos.

El tercer mecanismo de la migración de retorno se refiere a la reunificación familiar y las redes de asistencia. Los migrantes con peor salud pueden volver a casa para estar con sus familias en los momentos difíciles o para buscar el apoyo de familiares y amigos cercanos cuando tratan enfermedades crónicas (Diaz, Koning y Martinez-Donate, 2016).

El último grupo de hipótesis trata de explicar las diferencias de salud entre migrantes y nativos a través de factores culturales (Palloni y Arias, 2004). Las distintas características sociales y culturales pueden afectar a los hábitos de salud, las estructuras familiares y los estilos de vida de los migrantes, lo que podría explicar las diferencias entre grupos. Aunque importante, es el efecto más difícil de medir mediante análisis puramente cuantitativos.

B. El papel de la asimilación y el acceso al sistema sanitario

Los aspectos divergentes de la inserción de los migrantes en las sociedades de los países de destino y su asimilación de hábitos sociales, culturales y sanitarios también pueden alterar sus comportamientos en materia de salud. El proceso de asimilación puede ser completamente diferente para cada individuo y viene determinado por tres factores principales: las características personales de los migrantes, como la edad, la educación, los conocimientos lingüísticos y la ocupación; el contexto de acogida y el tamaño de la diáspora en el país de destino; y la estructura familiar de los migrantes (Portes y Rumbaut, 2001). Esta asimilación segmentada puede repercutir en diversas decisiones a lo largo de la vida de los migrantes, incluidas las relacionadas con la salud.

Cho, Frisbie y Rogers (2004) estudiaron el proceso de (dis)continuidad sanitaria diferencial entre cubanos, puertorriqueños, mexicanos y otros hispanos en relación con blancos y negros en los Estados Unidos. Los autores hallaron una relación inversa entre el tiempo de residencia en los Estados Unidos y las diferencias de salud entre migrantes y blancos no hispanos, incluso después de introducir variables de control por edad y situación socioeconómica. Este fenómeno se explica por la asimilación de hábitos de salud nocivos por parte de los migrantes a lo largo del tiempo. Dado que los migrantes suelen pertenecer a estratos sociales y económicos más bajos, los efectos negativos de sufrir constantemente discriminación y prejuicios se ven exacerbados por su tendencia a asimilar comportamientos sanitarios negativos comunes entre los grupos socioeconómicos desfavorecidos. Así, las diferencias iniciales derivadas de la selectividad sanitaria de los migrantes se erosionan progresivamente junto con una mayor duración de la residencia en los países de destino (Cho, Frisbie y Rogers, 2004). La privación material también puede acelerar la convergencia negativa de la salud de los migrantes, ya que los migrantes que viven en esas condiciones declaran tener peor salud que los que viven en mejores situaciones socioeconómicas (Loi y Hale, 2019).

Esta asimilación sanitaria segmentada (Portes y Rumbaut, 2001) no se limita únicamente al ámbito de los cambios de hábitos durante el tiempo que los migrantes residen en su lugar de destino, sino que también abarca el papel clave del acceso a la asistencia sanitaria en el proceso de segmentación. El acceso a la atención sanitaria suele tener efectos que contrastan con los derivados de la asimilación de hábitos de salud, ya que los períodos de residencia más largos en los países de destino suelen asociarse a un mayor acceso al sistema sanitario debido a los cambios en la situación migratoria que suelen derivarse de la regularización o la naturalización (Antecol y Bedard, 2006).

El sistema sanitario público estadounidense cuenta con dos importantes programas que proporcionan asistencia sanitaria a determinados grupos de población: Medicare (para personas mayores de 65 años) y Medicaid (para personas con bajos ingresos que cumplen criterios adicionales específicos de cada estado). El resto de la población estadounidense depende de sus propios recursos para financiar sus gastos sanitarios, ya sea mediante gastos directos o a través de planes de seguro médico privados frecuentemente subvencionados por los empleadores o el gobierno federal. En este sentido, los migrantes tienen aún más dificultades para acceder al sistema sanitario o adquirir planes de seguro médico debido a los retos que plantean las barreras lingüísticas, los salarios más bajos y el hecho de trabajar en ocupaciones más precarias (Pandey y Kagotho, 2010; Solis y otros, 1990). El limitado acceso y el escaso uso de los servicios sanitarios básicos empuja a los migrantes a utilizar más los servicios hospitalarios de urgencias (Solís y otros, 1990) y a vivir con mayores riesgos de muerte por enfermedades crónicas (Becker, 2004).

Mientras que el sistema sanitario estadounidense suele restringir mucho el acceso de los migrantes, el sistema sanitario español suele ser mucho más accesible. España cuenta con un sistema sanitario público para todos los ciudadanos desde mediados de la década de 1980 (Antón y Bustillo, 2010) y amplió el acceso universal a la asistencia sanitaria a todos los migrantes internacionales mediante leyes aprobadas en 2000 (Romero-Ortuño, 2004), que establecen que todos los migrantes menores de 18 años, las mujeres embarazadas y las personas inscritas en el Padrón Municipal de Habitantes tienen acceso gratuito al sistema sanitario. Dado que la inscripción en el Padrón Municipal es independiente de la situación migratoria, también permitió el acceso universal de los migrantes en situación irregular (Antón y Bustillo, 2010). A pesar de los impactos del Real Decreto-Ley 16/2012, que revocó el derecho de los migrantes en situación irregular a acceder al sistema sanitario público, 12 de las 17 comunidades autónomas españolas han adoptado medidas legales para mantener la atención a los migrantes en situación irregular, mientras que 10 han tomado medidas administrativas paralelas para garantizar al menos algún tipo de cobertura para enfermedades específicas (Cimas y otros, 2016). En respuesta a las medidas adoptadas por los gobiernos regionales, el gobierno nacional modificó el Decreto Ley en 2015, concediendo un acceso limitado a la atención primaria a los migrantes en situación irregular. Una revisión sistemática del uso de los servicios sanitarios por parte de los migrantes en todo el mundo mostró que los migrantes y los españoles nativos mostraron niveles similares de uso de los servicios sanitarios básicos, especialmente en el caso de los migrantes latinoamericanos (Carmona y otros, 2014). En este sentido, la proximidad cultural y lingüística puede explicar algunos de los contrastes entre el acceso respectivo de los migrantes a los sistemas sanitarios español y estadounidense, ya que las diferencias lingüísticas y culturales pueden actuar como barreras adicionales en el contexto estadounidense.

C. Migración colombiana: breve historia y perfil

Colombia es un país con una notable historia de migración internacional. En 2012, se estimó que el tamaño de la diáspora colombiana oscilaba entre 2,1 y más de 4,1 millones de personas, si se consideran los migrantes de segunda generación, lo que corresponde aproximadamente al 10% de la población del país (Mejía, 2012). La migración internacional ha desempeñado un papel crucial en Colombia desde la década de 1940, intensificándose a partir de la década de 1960 debido a un período de inestabilidad política conocido como La Violencia y al desempeño insatisfactorio del modelo económico del país basado en la sustitución de importaciones (Zapata, 2011). Durante esta primera oleada migratoria, la estabilidad democrática y el crecimiento económico, producto del auge del petróleo, convirtieron a la República Bolivariana de Venezuela y, en menor medida, al Ecuador, en importantes receptores de migrantes colombianos. Estos flujos migratorios disminuyeron significativamente a partir de la década de 1980 con la caída de los precios del petróleo y el estancamiento de la economía venezolana (Mejía, 2012). En los años siguientes, esta corriente migratoria consistió principalmente en residentes de regiones fronterizas que buscaban refugio debido a la intensificación del conflicto armado en Colombia durante las décadas de 1980 y 1990 (Mejía, 2012).

Desde la década de 1960, los Estados Unidos ha sido otro destino clave para los migrantes colombianos. El rápido desarrollo de la economía estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial vino acompañado de una creciente demanda de mano de obra, lo que convirtió al país en un importante destino para los migrantes latinoamericanos y de otros países. Los primeros flujos migratorios consistían principalmente de ingenieros y médicos (Mejía, 2012); Sin embargo, el origen geográfico y la composición socioeconómica de los migrantes colombianos se han diversificado desde la década de 1990 debido al deterioro de la situación política y económica del país. Las fuertes caídas de los precios del café tras la disolución del Convenio Internacional del Café en 1989, combinadas con las reformas neoliberales aplicadas por el Gobierno de Gaviria (1990-1994), profundizaron las disparidades sociales y económicas de Colombia (Zapata, 2011). Además, la violencia vinculada al narcotráfico, la aparición de grupos paramilitares y la guerra apoyada por los Estados Unidos contra la producción de drogas agravaron las crisis socioeconómicas y políticas, lo que llevó a millones de personas a migrar interna e internacionalmente (Zapata, 2011)[4].

Las crisis sociopolíticas y económicas de finales de los noventa, unidas al terremoto que asoló el Eje Cafetero colombiano en 1999, produjeron una diversificación de los destinos migratorios hacia los países europeos. El endurecimiento de los controles migratorios estadounidenses tras el 11-S dirigió a los migrantes colombianos hacia nuevos destinos (Mejía, 2012). En este contexto, España se convirtió rápidamente en uno de los nuevos destinos preferidos por los migrantes colombianos, sobre todo porque España no exigió visado de entrada como turista a los colombianos hasta 2003 (Mejía, 2012)[5]. El atractivo de España como destino migratorio se vio reforzado por el dinamismo económico del país y la creciente demanda de mano de obra femenina hasta la crisis económica de 2008.

Actualmente España y los Estados Unidos son los principales destinos de los migrantes colombianos y, combinados, representaron algo más del 80% de los flujos migratorios colombianos entre 2005 y 2007 (alrededor de 68.000 migrantes netos) y aproximadamente el 75% de los flujos de 2008 a 2010 (aproximadamente 55.000 migrantes netos) (Mejía, 2012). Según las estimaciones del Censo de Estados Unidos para 2017, la población de origen colombiano (1,2 millones de personas) comprende el mayor grupo de migrantes y descendientes sudamericanos en el país (Oficina del Censo de Estados Unidos, 2017). Según el Padrón Municipal de España, en 2016, los residentes nacidos en Colombia que se encontraban en España eran aproximadamente 369.000, y constituían el cuarto grupo de población nacida en el extranjero por detrás de ecuatorianos, rumanos y marroquíes (INE, 2016).

Otro rasgo definitorio de la migración internacional colombiana contemporánea es el predominio de mujeres tanto en Estados Unidos como en España (OIM, 2013; Mejía, 2012), en agudo contraste con la preponderancia de los hombres en los flujos migratorios hacia destinos sudamericanos y centroamericanos geográficamente más cercanos (Guarnizo, 2006). La situación social de los emigrantes colombianos en los Estados Unidos y España también difiere considerablemente. Debido a la existencia de redes más amplias y mejor establecidas, los migrantes colombianos en los Estados Unidos muestran una mayor inserción laboral que en Europa, donde se emplean con frecuencia en trabajos domésticos y de limpieza (Guarnizo, 2006).

A pesar del predominio histórico de la emigración, la migración de retorno también se ha hecho más frecuente a partir de mediados de la década de 2000 debido a la crisis económica de 2008 en los países desarrollados y a la adopción de políticas migratorias progresivamente más restrictivas en todo el mundo (Mejía y Castro, 2012). El mayor flujo de retornados colombianos provino de España, que concentró el 80% de la migración de retorno desde países de la OCDE entre 2005 y 2007 (6.032 personas) y el 85% entre 2008 y 2010 (13.381 personas) (Mejía, 2012). Este aumento de la migración de retorno y la frágil situación económica de España también redujeron la migración al país ibérico. Entre 2006 y 2008, el número de migrantes colombianos que ingresaron en España aumentó de aproximadamente 35.000 a 42.000, antes de descender a aproximadamente 25.000 en 2009 (Mejía y Castro, 2012).

D. Metodología

1. Datos

En este artículo se utilizan datos del Proyecto sobre Migración Latinoamericana (LAMP). LAMP es un proyecto de investigación creado como extensión del Proyecto sobre Migración Mexicana (MMP)[6]. Los datos se recopilan mediante etnosondeos, que consisten en una combinación de técnicas etnográficas y sociológicas junto con métodos de muestreo convencionales (LAMP, 2018). El proyecto pretende estudiar comunidades de distintas regiones con una composición étnica y socioeconómica variada. El estudio se compone de tres fases: la primera consiste en la recogida de datos sociodemográficos básicos como la edad, el sexo y el estado civil de todos los miembros del hogar; la segunda fase consiste en preguntas retrospectivas sobre la trayectoria vital de quien sea cabeza de familia y su cónyuge; y la tercera fase, en que se recoge información sobre el historial de migración de quien sea cabeza de familia y su cónyuge. Solo se recogió información sobre la salud de los migrantes en unos pocos países, como Colombia, México, El Salvador y el Ecuador.

Las variables relacionadas con la salud que se examinan en las encuestas son la estatura, el peso, los antecedentes de tabaquismo, la calidad de la salud autodeclarada a los 14 años y en el año en curso (año de la entrevista) y en años anteriores, y la presencia de enfermedades crónicas (hipertensión, diabetes, cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, enfermedades pulmonares, enfermedades psiquiátricas y cáncer). En el caso de los migrantes internacionales y los migrantes retornados, las preguntas de la encuesta también incluyen la calidad sanitaria autodeclarada antes y después de la migración (esta última solo para los migrantes retornados). Los datos sobre la calidad de la salud autodeclarada se basan en una escala de Likert con cuatro respuestas posibles: salud mala, regular, buena y excelente.

En Colombia, en el marco del proyecto LAMP se realizaron encuestas en 14 comunidades entre 2008 y 2015, con un total de 2.799 hogares, además de entrevistar a 33 hogares de migrantes colombianos en los Estados Unidos y 189 en España. Los datos de la encuesta abarcan 14.958 observaciones, 5.001 de las cuales corresponden a cabezas de familia y cónyuges capaces de responder al cuestionario de salud. De estas 5.001 observaciones, analizamos 465 observaciones, correspondientes a 351 migrantes colombianos (aproximadamente el 7% del total) que vivían en España o los Estados Unidos cuando fueron entrevistados, además de 114 migrantes colombianos retornados de estos dos países (aproximadamente el 3% del total). Seis de estas observaciones correspondían a migrantes residentes en España que no facilitaron información sobre su estado de salud actual, lo que supone una tasa de falta de respuesta del 1,3%.

2. Métodos

Utilizamos dos modelos de regresión para comprobar la migración de retorno por motivos de salud. El primero es un modelo logístico ordinal en el que la salud actual es una función de la situación migratoria, ya sea como migrante retornado o como migrante que aún vive en el país de destino. Utilizamos el modelo logístico ordinal debido a la característica de la variable explicada, que es una variable tipo Likert con cuatro categorías clasificadas en un orden específico. En este modelo, el objetivo es comprender si los migrantes de retorno presentan un peor estado de salud que los migrantes que aún viven en el país de destino, lo que podría indicar que los flujos migratorios de retorno se debieron en parte al empeoramiento del estado de salud, suponiendo que el país de destino no altere la propensión de los migrantes a retornar. El modelo descrito posee la siguiente estructura:

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donde healthc es el estado de salud actual autodeclarado (0 = “malo/regular”, 1 = “bueno” y 2 = “excelente”), mig es la situación migratoria (1 = migrante de retorno y 0 = migrante que aún vive en el país de destino), healthpre es el estado de salud autodeclarado antes de la migración, cron es el número de enfermedades crónicas y educ es el número de años de estudio. Una limitación de la utilización de la salud actual es que las condiciones de salud comunicadas durante la entrevista podrían reflejar cambios de salud ocurridos tras el regreso de los migrantes a sus respectivos países de origen. En este sentido, sería ideal utilizar datos sanitarios recogidos inmediatamente después del retorno de los migrantes, como en el caso del Proyecto Migrante (Diaz, Koning y Martinez-Donate, 2016). Sin embargo, esta información no aparece en los datos del LAMP.

Se introdujeron variables de control del estado de salud antes de migrar, reduciendo así las posibilidades de que el estado de salud actual de los migrantes reflejara condiciones de salud anteriores a sus procesos migratorios. El número de enfermedades crónicas también sirvió como control intermedio entre el estado de salud actual y el estado de salud antes de la migración. Como esta variable no contiene ninguna referencia temporal, no podemos estar seguros de si los migrantes adquirieron las enfermedades crónicas declaradas antes, después o incluso durante el proceso de migración.

La variable sexo se utiliza como control debido a las diferencias en la forma en que hombres y mujeres suelen informar sobre su estado de salud actual, ya que las mujeres informan de un peor estado de salud que los hombres, por término medio, incluso después de controlar por la edad. La variable edad también se utiliza como control, dada la relación negativa entre salud y edad después de la infancia. El estudio designó la variable años de estudio como variable sustitutiva de la situación socioeconómica. Dado que existen pruebas de una relación negativa entre la salud y la situación socioeconómica (Adler y otros, 2013), esto pone de relieve la importancia de incluir esta variable.

El segundo modelo amplía este análisis mediante la inclusión de una variable de país (0 = Estados Unidos y 1 = España) y un término de interacción entre el país de destino y la situación migratoria:

(2)

Dado que los procesos de asimilación de los inmigrantes y el acceso a la asistencia sanitaria difieren en función de los países de destino, la inclusión de estas variables está diseñada para servir de indicador indirecto de las diferencias entre los dos contextos migratorios. Una de las hipótesis que apoya la inclusión de estas variables afirma que el acceso diferenciado al sistema sanitario puede alterar la probabilidad de migración de retorno (Diaz, Koning y Martinez-Donate, 2016). En este sentido, esperamos que los efectos negativos de la situación migratoria sean menos pronunciados en España que en los Estados Unidos debido al mayor acceso de los inmigrantes al sistema sanitario español. Otra posible hipótesis hace hincapié en las diferencias en las redes de apoyo disponibles para los migrantes (Diaz, Koning y Martinez-Donate, 2016). Dado que la migración colombiana a los Estados Unidos es más antigua y está más establecida (Mejía, 2012), y que las redes sociales y los lazos familiares más grandes en los países de destino tienden a reducir las probabilidades de migración de retorno (Carrión-Flores, 2018), planteamos la hipótesis de que los efectos negativos de la situación migratoria serían menos pronunciados entre los inmigrantes en los Estados Unidos debido a la mayor disponibilidad de redes de apoyo y cuidado. La tercera hipótesis posible se refiere a las disminuciones diferenciadas de la productividad laboral derivadas del empeoramiento del estado de salud (Diaz, Koning y Martinez-Donate, 2016). Según esta hipótesis, si los efectos negativos sobre la productividad laboral y los salarios son más acentuados en un país concreto, aumentaría la propensión a migrar. No podemos extraer conclusiones sobre la tercera hipótesis de nuestro modelo, ya que para ello sería necesario medir la relación entre la productividad laboral y el estado de salud.

Nuestra investigación presenta dos limitaciones principales. En primer lugar, aunque encontremos diferentes efectos de la migración de retorno según el país de destino, no es posible concluir cuál de esos factores es más importante para explicar las diferencias entre los dos contextos, debido al limitado poder explicativo de nuestra variable de contexto. La segunda limitación se deriva de los mayores efectos del estado de salud sobre la propensión a retornar a edades más avanzadas, debido principalmente a patrones de salud más agudos y a mayores tasas de mortalidad. En consecuencia, los flujos migratorios de retorno observados en nuestra muestra también podrían explicarse por efectos distintos de la salud. Una forma más precisa de explicar estos efectos directos sería utilizar datos relacionados con las pensiones (Turra y Elo, 2008), ya que estos conjuntos de datos suelen abarcar edades más avanzadas, además de presentar patrones longitudinales que permiten a los investigadores seguir directamente a los miembros individuales de la muestra. Sin embargo, es difícil acceder a estos conjuntos de datos de forma armonizada en múltiples países, lo que explica la ausencia continuada de estudios de contextos cruzados que utilicen dichos datos.

E. Resultados y análisis

Comenzamos comparando nuestros datos con los censos de España y los Estados Unidos y con el Padrón Municipal español para confirmar si nuestras muestras de migrantes del país de destino poseían una composición similar a la de los colombianos residentes en el extranjero[7]. Según el Padrón Municipal de 2015, aproximadamente el 58,5% de los colombianos residentes en España eran mujeres, frente a aproximadamente el 54,6% de nuestra muestra. Esta cifra también es similar a los datos del censo español de 2011, según los cuales el 54,4% de los migrantes colombianos eran mujeres. La media de edad media de los colombianos en España era de 34,4 años en 2011 y de 36,3 años en 2015, frente a los 42,2 años de nuestra muestra. A pesar de tener una edad y un nivel educativo ligeramente superiores, nuestra muestra se ajusta mucho a los datos oficiales españoles. La similitud entre nuestra muestra analítica y los datos oficiales es aún mayor en el caso de los colombianos residentes en los Estados Unidos. La media de la edad promedio de los migrantes colombianos en 2015 era de 47,2 años, y las mujeres representaban el 57,3% de los migrantes (Oficina del Censo de los Estados Unidos, 2015), frente a los 47,1 años y el 56,9% de nuestra muestra, respectivamente. Los datos oficiales sobre el nivel de estudios revelan que el 52,7% de los migrantes colombianos que viven en los Estados Unidos tienen un título de enseñanza secundaria, frente al 49,1% de nuestra muestra. Sin embargo, los migrantes colombianos con estudios superiores estaban mucho más representados en nuestra muestra (45,5%) que entre los incluidos en los conjuntos de datos oficiales de los Estados Unidos (31,3%). Estos resultados demuestran que los migrantes colombianos del conjunto de datos LAMP poseen más años de escolarización que los migrantes incluidos en los datos oficiales españoles y estadounidenses.

En el cuadro 1 se presentan pruebas preliminares que corroboran la hipótesis del sesgo del salmón y que indican que el estado de salud actual de los migrantes retornados es peor que el estado de salud de los migrantes que aún viven en el extranjero. Los migrantes que aún residían en los países de destino tenían 1,18 veces más probabilidades que los migrantes retornados de declarar que su estado de salud era excelente. La situación inversa se da entre los migrantes que declaran que su estado de salud es malo o regular: los migrantes que aún residen en los países de destino tienen 0,71 veces más probabilidades que los retornados de declarar uno de estos estados de salud. Una limitación importante relativa a la variable de salud actual es que la salud declarada por los migrantes corresponde al día en que fueron entrevistados, ya que el estado de salud de los migrantes de retorno podría haber empeorado mucho después de regresar a Colombia, lo que significaría que su migración de retorno no se debió a un empeoramiento de su salud. Esta variable también podría estar influida por las características sociodemográficas de ambos grupos, que podrían ser parcial o totalmente responsables de las diferencias encontradas.

Cuadro 1

Distribución del estado de salud actual autorreportado, por situación migratoria, migrantes colombianos, 2008-2015 (N = 459)

Variables

Situación migratoria

Migrantes retornados

Migrantes en destino

Valor

(En porcentajes)

Desviación estándar

Valor

(En porcentajes)

Desviación estándar

Estado de salud actual

Malo/Regular

26 (22,8)

56 (16,23)

Bueno

45 (39,47)

135 (39,13)

Excelente

43 (37,72)

154 (44,64)

Edad

Promedio

49,8

13,3

43,0

9,7

Años de estudio

Promedio

10,3

4,5

12,4

3,0

Sexo

Femenino

46 (40,35)

193 (54,99)

Masculino

68 (59,65)

158 (45,01)

Número de

enfermedades crónicas

Ninguna

79 (69,30)

295 (84,05)

Una o más

35 (30,70)

56 (15,95)

País de destino

Estados Unidos

72 (63,16)

58 (16,52)

España

42 (36,84)

293 (83,48)

Estado de salud antes

de la migración

Excelente

54 (53,47)

287 (83,92)

Otros

47 (46,53)

55 (16,08)

Fuente: Proyecto sobre Migración Latinoamericana (LAMP), 2008-2015 [en línea] https://www.lamp.opr.princeton.edu.

Examinando las variables de control, podemos ver que la edad media de los migrantes retornados es aproximadamente 6,8 años mayor que la edad media de los migrantes que aún viven en los países de destino. Los distintos patrones de edad de los dos grupos podrían explicar parte de las diferencias en la variable de salud actual, ya que se espera que los grupos de mayor edad tengan más probabilidades de mostrar un peor estado de salud que los grupos más jóvenes.

En cuanto a la variable años de estudio, los migrantes retornados mostraron aproximadamente dos años menos de estudio que los migrantes que residen actualmente en sus países de destino. Dado que existen pruebas de una relación positiva entre la salud y la situación socioeconómica (Adler y otros, 2013), el número de años de estudio (un indicador indirecto de la situación socioeconómica) también podría explicar parcialmente las diferencias actuales en materia de salud. Además, como ambos grupos también presentan patrones de edad distintos, es posible que los años de estudio y la edad estén correlacionados, ya que es más probable que las cohortes de nacimiento más jóvenes hayan crecido en un contexto de mayor acceso a la educación formal.

La composición por sexos de los migrantes actuales en los países de destino es más favorable que la de los migrantes de retorno, dado que la esperanza de vida de las mujeres suele ser mayor. Sin embargo, como los datos del estudio corresponden a la salud autodeclarada, y no a la mortalidad, una mayor proporción de mujeres también podría suavizar las diferencias de salud entre ambos grupos. Este efecto podría deberse a que las mujeres tienden a declarar un peor estado de salud que los hombres, cuando se controla por la edad (Oksuzyan y otros, 2008). A pesar de esta posibilidad, contrasta con nuestra muestra, que halló que los migrantes que aún residen en los países de destino declaran tener mejor salud, a pesar de la mayor composición femenina de este grupo.

Los migrantes retornados tenían 1,92 veces más probabilidades de padecer al menos una enfermedad crónica que los migrantes que residían actualmente en los países de destino. Las diferencias en el riesgo de enfermedades crónicas entre los migrantes en los países de destino y los migrantes retornados disminuyen a medida que aumenta el número de enfermedades crónicas. Estos resultados representan otro factor que podría ayudar a explicar los mejores resultados sanitarios de los migrantes en los países de destino en comparación con los migrantes retornados.

La última variable de control analizada se refería a la salud autodeclarada de los emigrantes durante el período inmediatamente anterior a emigrar. Los migrantes residentes en países de destino tenían 1,57 veces más probabilidades que los migrantes retornados de declarar que su salud antes de migrar era excelente. Este hallazgo indica que los migrantes que aún se encuentran en los países de destino poseían un mejor estado de salud autoevaluado incluso antes de migrar, lo que podría conducir a un estado de salud actual más favorable entre este grupo. Sin embargo, este resultado debe interpretarse con cautela debido a las diferencias en la composición por edad y sexo de ambos grupos antes de migrar. También es importante señalar que el estado de salud actual podría afectar la percepción que tienen los migrantes de su estado de salud en el pasado, una limitación de cualquier conjunto de datos retrospectivos. Por consiguiente, es importante tener en cuenta que podría existir un nivel de endogeneidad y que los datos utilizados no permiten realizar correcciones para cualquier posible sesgo.

La principal aportación de este trabajo a la literatura es exponer la importancia del contexto de destino en la propensión de los migrantes a regresar debido a su estado de salud. En este sentido, es esencial analizar las estadísticas descriptivas relacionadas con los migrantes colombianos a los Estados Unidos y España por separado para ver si los datos apoyan los hallazgos observados anteriormente. Además, es importante destacar la distribución de los migrantes actuales y los migrantes retornados en ambos países. Dado que aproximadamente el 63% de la muestra del estudio está compuesta por migrantes residentes en España, esta elevada representatividad eleva la necesidad de controlar las características específicas de cada grupo para evitar obtener resultados que reflejen de forma abrumadora la composición del grupo más numeroso.

En cuanto al estado de salud actual autodeclarado (véase el cuadro 2), tanto los migrantes que viven en España como los migrantes retornados de España declararon un peor estado de salud que los migrantes actuales y retornados de los Estados Unidos. Se observa una gran divergencia en el estado de salud autodeclarado entre los migrantes colombianos que residen en los Estados Unidos y los que residen en España, ya que más del 75% de los migrantes colombianos en los Estados Unidos declaran que su estado de salud actual es excelente, en comparación con solo el 38% de los que viven en España.

Cuadro 2

Distribución del estado de salud actual autorreportado, por situación migratoria y país de destino de los migrantes colombianos, 2008-2015 (N = 459)

Situación migratoria

Destino

Estado de salud actual

Total

Malo/Regular

Valor

(En porcentajes)

Bueno

Valor

(En porcentajes)

Excelente

Valor

(En porcentajes)

Residente en el país de destino

Estados Unidos

3 (5,17)

11 (18,97)

44 (75,86)

58 (100)

España

53 (18,47)

124 (43,21)

110 (38,33)

287 (100)

Migrantes retornados

Estados Unidos

12 (16,67)

32 (44,44)

28 (38,89)

72 (100)

España

14 (33,33)

13 (30,95)

15 (35,71)

42 (100)

Coeficiente de probabilidades (Estados Unidos x España)

Residente en el país de destino

0,28

0,44

1,98

Migrantes retornados

0,50

1,44

1,08

Total

82 (17,86)

180 (39,22)

197 (42,92)

459 (100)

Fuente: Proyecto sobre Migración Latinoamericana (LAMP), 2008-2015 [en línea] https://www.lamp.opr.princeton.edu.

En el caso de la salud autodeclarada antes de migrar, los resultados obtenidos para los migrantes retornados coincidían con nuestras expectativas, ya que los migrantes retornados de España declaraban tener peor salud que los retornados de los Estados Unidos. En este sentido, el hecho de que los migrantes retornados de España declararan tener peor salud antes de emigrar podría explicar en parte la razón de su estado de salud autodeclarado tras regresar a Colombia. Por otro lado, encontramos lo contrario para los migrantes que viven en los países de destino, ya que aproximadamente el 87% de los migrantes colombianos que vivían en España declararon tener una salud excelente antes de migrar, en comparación con solo el 67% de los que vivían en los Estados Unidos. Este hallazgo revela que, mientras que los migrantes colombianos en España declararon tener mejor salud antes de migrar, declararon tener una salud actual relativamente peor, lo que sugiere que el contexto de la migración puede influir en el estado de salud de los migrantes a lo largo del tiempo. Esta influencia podría deberse a los distintos procesos de asimilación, que pueden causar diversos efectos sobre la salud, o a diferencias en el sistema de salud en cada país, como la mayor facilidad de acceso a los servicios sanitarios públicos en España en comparación con los de los Estados Unidos.

El modelo de regresión utilizado para probar la hipótesis del sesgo del salmón no mostró ninguna significación para la variable de la situación migratoria. Este modelo revela la importancia de analizar ambos contextos migratorios por separado, dado el enorme peso de la migración a España en nuestra muestra. En cambio, el segundo modelo, que tiene en cuenta el país de destino, mostró coeficientes de probabilidades que corroboran la hipótesis de que la migración de retorno debida al estado de salud depende del contexto migratorio al que se ven sometidos los migrantes. El coeficiente de probabilidades para los migrantes colombianos que regresan de los Estados Unidos es inferior a uno, lo que significa que los migrantes colombianos que regresan tienden a tener peor salud en relación con los colombianos que aún viven en los Estados Unidos, incluso después de controlar diversas características socioeconómicas y condiciones de salud previas. Por el contrario, los migrantes colombianos retornados de España tienden a mostrar un mejor estado de salud que los colombianos que aún residen en ese país[8]. Estos resultados distintos para cada país indican que el contexto de la migración también influye en la propensión de los migrantes a regresar o a quedarse debido a problemas de salud[9].

Como se ha mostrado anteriormente, tres hipótesis sobre la migración de retorno por motivos de salud pueden explicar estas diferencias (Diaz, Koning y Martinez-Donate, 2016). Mayor acceso de los inmigrantes a la asistencia sanitaria en España (Romero-Ortuño, 2004; Antón y Bustillo, 2010) en comparación con los Estados Unidos (Pandey y Kagotho, 2010) podría indicar que los migrantes colombianos que se enfrentan a un deterioro de su salud podrían preferir quedarse en España, donde tendrían más garantías de ser atendidos, mientras que los inmigrantes en los Estados Unidos podrían preferir volver a Colombia. Por otro lado, las redes de apoyo y cuidado en ambos países también pueden diferir ya que la migración colombiana a España es más reciente y menos consolidada (Mejía, 2012; OIM, 2013), lo que podría implicar una menor capacidad de apoyo entre los migrantes colombianos en España. A su vez, este efecto podría reducir las diferencias de estado de salud encontradas entre ambos países. La disminución de la productividad laboral de los migrantes en los países de destino como consecuencia del empeoramiento de la salud (Diaz, Koning y Martinez-Donate, 2016) también podría tener diversos efectos en función del país y de las principales ocupaciones de los migrantes.

F. Conclusión

La literatura relativa a la relación entre migración internacional y salud es extensa y posee pruebas empíricas sólidas (Marmot, Adelstein y Bulusu, 1984; Courbage y Khlat, 1995; Abraído-Lanza y otros, 1999; Paloni y Arias, 2004; Goldman y otros, 2006; Riosmena, 2016; Loi y otros, 2021; Passarelli-Araujo, 2022) que apoyan las dos hipótesis principales (la hipótesis del migrante sano y la hipótesis del sesgo del salmón) que explican la paradoja de la mortalidad. Muchos estudios también destacan que los factores culturales, como la asimilación de hábitos de salud (Jasso y otros, 2004; Turra y Goldman, 2007), la diferencia de aspiraciones entre migrantes y nativos (Zufferey, 2016) y el tiempo de exposición a las culturas de los países de destino (Ou y Pong, 2013) pueden influir en la importancia de cada uno de los efectos de estas hipótesis. Del mismo modo, los factores estructurales, como el acceso al sistema sanitario (Díaz, Koning y Martinez-Donate, 2016), pueden afectar los efectos de cada una de estas hipótesis.

A pesar de presentar una diversidad de factores contextuales, la mayoría de los estudios anteriores se han centrado en un único país de destino, lo que limita la capacidad explicativa de las fuerzas que subyacen a estos factores. Otra laguna importante en la literatura se refiere a la necesidad de seguir analizando las tendencias entre grupos significativos, pero poco estudiados, como los migrantes colombianos. En el caso de los migrantes colombianos, ampliar sobre la base de la literatura existente es aún más pertinente, ya que los migrantes colombianos constituyeron el mayor grupo migratorio sudamericano en los Estados Unidos y el segundo en España (por detrás de los ecuatorianos) en 2016 (Oficina del Censo de los Estados Unidos, 2016; INE, 2016).

A través del enfoque en dos contextos distintos de recepción de migrantes colombianos que viven en los Estados Unidos y España y de migrantes retornados de estos países, este artículo busca llenar parcialmente los dos vacíos en la literatura previamente mencionados. Utilizando datos del Proyecto sobre Migración Latinoamericana (LAMP) de 2008 a 2015, propusimos un modelo empírico para probar la hipótesis del sesgo del salmón, centrando nuestro análisis en los resultados divergentes encontrados al separar el modelo por país de destino. El examen de las diferencias encontradas al estimar la hipótesis en dos contextos distintos para un mismo grupo de migrantes subraya la importancia de los factores culturales y estructurales para explicar las diferencias de salud y mortalidad entre migrantes y nativos. Además, nuestro análisis se centró en dos sistemas sanitarios distintos, que ofrecen grados dispares de acceso a los migrantes colombianos, lo que podría alterar la propensión de los migrantes a retornar.

En este sentido, encontramos efectos relacionados con la salud más acentuados en la propensión al retorno de los migrantes colombianos desde los Estados Unidos que desde España. Una de las posibles explicaciones de este hallazgo es que el sistema sanitario estadounidense suele ser más restrictivo con los migrantes (Pandey y Kagotho, 2010), lo que podría aumentar el atractivo de la migración de retorno. Mayor acceso de los migrantes a la asistencia sanitaria en España (Romero-Ortuño, 2004; Antón y Bustillo, 2010; Cimas y otros, 2016) podría significar que los migrantes con peor salud tendrían menos probabilidades de retornar, debido a un acceso más fácil a los tratamientos sanitarios. Las redes de apoyo y cuidado más establecidas, además de las oportunidades de mercado laboral más abiertas y diversas para los migrantes colombianos en los Estados Unidos en comparación con los de España (Guarnizo, 2006) podrían tener el efecto contrario y tener como resultado menores probabilidades de retorno para los migrantes colombianos en los Estados Unidos. Estos hallazgos disminuyen el poder de la disminución de la productividad laboral y la reducción del tamaño de las redes de apoyo y cuidado (Diaz, Koning y Martinez-Donate, 2016) para explicar las razones relacionadas con la salud detrás de la propensión de los migrantes a retornar, favoreciendo en cambio la hipótesis de que el acceso al sistema de salud constituye la razón principal para explicar los resultados del estudio. Lamentablemente, nuestros datos no nos permiten estimar los efectos de estas tres causas por separado, ni evaluar si se producen o cómo lo hacen.

Además, los migrantes colombianos pueden presentar diferentes grados de aculturación en los Estados Unidos y en España, lo que influye en la asimilación de hábitos de salud negativos derivados de ocupar una posición más marginada en relación con los nativos del país de destino (Cho, Frisbie y Rogers, 2004). En consecuencia, además de la importancia del tamaño y la complejidad de las redes de apoyo y atención para favorecer la inserción general de los migrantes en la sociedad, los hábitos de salud generalizados de la sociedad de destino también podrían definir qué hábitos asimilan los migrantes a lo largo del tiempo.

Dado que examinamos una población más joven que la de la mayoría de los estudios de mortalidad, la migración de retorno por motivos no relacionados con la salud también podría ser más prevalente en nuestra muestra, lo que limita la capacidad para extraer conclusiones en relación con nuestras hipótesis. No obstante, nuestros objetivos de investigación se centraron en descubrir pruebas primarias que demuestren que los contextos migratorios no deben descartarse a la hora de analizar la relación entre migración y salud. Dado que los datos utilizados en este estudio poseen una capacidad limitada para captar los factores mediadores de los países de destino, se necesitan más estudios para evaluar si el contexto de recepción es un factor determinante en los resultados sanitarios de determinados grupos de migrantes. En consecuencia, los estudios futuros deberían centrarse en recopilar datos disponibles de varios países más apropiados para responder a este tipo de preguntas, en particular datos longitudinales sobre salud y migración, lo que permitiría a los estudiosos de la migración ampliar aún más sus conocimientos y comprensión de la relación entre migración y salud.

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Anexo

Cuadro A1

Probabilidad condicional estimada de salud actual por situación migratoria (modelos 1 y 2) y por país de destino (modelo 2) para migrantes colombianos, 2008-2015 (N = 437)

Parámetros

Modelo 1

Modelo 2

Coeficiente de probabilidades

Errores

estándar robustos

Coeficiente de probabilidades

Errores

estándar robustos

Tau 1

0,3219

0,6327

-2,6040

0,8317

Tau 2

2,4580

0,6332

-0,3216

0,8152

Situación migratoria

(Migrante retornado=1)

1,5859

(0,069)

0,4027

0,3089*

(0,015)

0,1498

País de destino

(España=1)

0,1027***

(0,000)

0,0454

País de destino por situación migratoria

4,9720**

(0,006)

2,9209

Variables de control

Sexo

1,1176

(0,562)

0,2141

1,1554

(0,463)

0,2272

Edad

0,9964

(0,711)

0,0096

0,9807

(0,056)

0,0100

Años de estudio

1,1129***

(0,000)

0,0306

1,0835**

(0,004)

0,0298

Estado de salud antes de la migración

3,7543***

(0,000)

0,8687

4,6742***

(0,000)

1,0310

Número de enfermedades crónicas

0,4241***

(0,000)

0,0887

0,4119***

(0,000)

0,0865

Errores estándar robustos a la heteroscedasticidad

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p <0,001 (valor p entre paréntesis)

Modelo 1

Log-Pseudolikelihood: -413,89966

Tamaño de la muestra: 437 observaciones

Test X2 de Wald (6 parámetros): 64,53; Prob > X2: 0,0000; Pseudo R^2: 0,0877

Modelo 2

Log-Pseudolikelihood: -392,36864

Tamaño de la muestra: 437 observaciones

Test X2 de Wald (8 parámetros): 89,51; Prob > X2: 0,0000; Pseudo R^2: 0,1351

Fuente: Proyecto sobre Migración Latinoamericana (LAMP), 2008-2015 [en línea] https://www.lamp.opr.princeton.edu.

[1] Henrique Miranda Figueiredo es Magíster en Demografía del Centro de Desarrollo y Planificación Regional (CEDEPLAR) de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) (Brasil) y Doctorando en Demografía del CEDEPLAR/UFMG. Correo electrónico: henriquemiranda010@gmail.com.

[2] Gisela P. Zapata es Doctora en Geografía Humana por la Universidad de Newcastle (Reino Unido) y Profesora Adjunta del Departamento de Demografía del Centro de Desarrollo y Planificación Regional (CEDEPLAR) de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) (Brasil). Correo electrónico: gpzapata@cedeplar.ufmg.br.

[3] Gilvan Ramalho Guedes es Doctor en Demografía del Centro de Desarrollo y Planificación Regional (CEDEPLAR) de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) (Brasil). Correo electrónico: grguedes@cedeplar.ufmg.br.

[4] A partir de 2021, aproximadamente 5,2 millones de colombianos se consideran desplazados internos, tras alcanzar un máximo de 7,2 millones de desplazados internos en 2016 (IDMC, 2022).

[5] En diciembre de 2015, Colombia y la Unión Europea firmaron un acuerdo por el que se concedía de nuevo a los nacionales colombianos el acceso sin visado al espacio Schengen.

[6] El Proyecto sobre Migración Mexicana fue creado en 1982 por la Oficina de Investigación sobre Población de la Universidad de Princeton y la Universidad de Guadalajara. Recopila datos periódicos sobre las características económicas y sociales de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos y sobre los migrantes de retorno en México (MMP, 2018).

[7] Los datos oficiales del último censo colombiano (2005) no proporcionan información relativa a los migrantes retornados internacionales, lo que limita la posibilidad de comparar los migrantes retornados de nuestra muestra con los migrantes retornados que habrían sido enumerados por el censo.

[8] El modelo también se probó utilizando el número de enfermedades crónicas como variable de respuesta, pero no encontramos ninguna significación para las variables explicativas.

[9] Otra variable considerada inicialmente como variable de control fue el tiempo de residencia. Sin embargo, no encontramos ninguna significación para el parámetro relacionado con esa variable. La principal explicación de este resultado es la correlación entre la edad y el tiempo de residencia. Las personas con mayor tiempo de residencia también suelen ser mayores. Por lo tanto, la variable de edad ya capta gran parte de los efectos del tiempo de residencia.

Artículo 04

La reinserción laboral de personas retornadas de España en el Uruguay, 2012-2017

Martín Koolhaas[1]

Recibido: 29/12/ 2022

Aceptado: 31/ 03/ 2023

Resumen

Este artículo examina el papel de la experiencia migratoria en la reinserción laboral de las personas uruguayas entre 2012 y 2017. Los datos corresponden a la encuesta oficial de población activa del Uruguay, que caracteriza a migrantes de retorno según el tiempo de asentamiento. La investigación se enfoca en la población retornada de España, la de mayor presencia en los flujos migratorios de personas uruguayas durante el siglo XXI. La metodología empleada consiste en la estimación de modelos probit bietápicos, en los que primero se modela la probabilidad de tener un empleo y posteriormente la de estar en condiciones de (in)adecuación educativa respecto de la ocupación principal. El análisis multivariado sugiere que hay una relación negativa entre la condición de retornante reciente y el acceso al empleo en condiciones adecuadas, así como una acentuación del efecto negativo de la experiencia migratoria reciente en las personas de más edad y nivel educativo.

Palabras clave: migración internacional, migración de retorno, migrantes, empleo, mercado de trabajo, encuestas de hogares, Uruguay, España.

Abstract

This article examines the role of the migration experience in the labour reinsertion of Uruguayans between 2012 and 2017. The data correspond to Uruguay’s official labour force survey, which characterizes return migrants according to the time of settlement. The research focuses on the population returning from Spain, which accounts for the largest share of the migratory flows of Uruguayans in the twenty-first century. The methodology used consists of the estimation of two-stage probit models, which focus first on the probability of having a job, then on the probability of educational (in)adequacy with respect to the main occupation. The multivariate analysis suggests that there is a negative relationship between recent returnee status and access to employment in adequate conditions, as well as a worsening of the negative effect of the recent migratory experience in older and more educated persons.

Keywords: international migration, return migration, migrants, employment, labour market, household surveys, Uruguay, Spain.

Résumé

Cet article étudie le rôle de l’expérience migratoire dans la réintégration professionnelle des Uruguayens entre 2012 et 2017. Les données correspondent à l’enquête officielle sur la population active de l’Uruguay, qui caractérise les migrants rentrés au pays en fonction de leur date d’installation. La recherche se concentre sur la population qui revient d’Espagne, qui est la plus importante dans les flux migratoires de la population uruguayenne au cours du 21e siècle. La méthodologie utilisée pour cette étude consiste à estimer des modèles probit à deux niveaux, dans lesquels on modélise d’abord la probabilité d’avoir un emploi, puis la probabilité de se trouver dans une situation d’(in)adéquation éducative par rapport à l’emploi principal. L’analyse à plusieurs variables suggère qu’il existe une relation négative entre le statut de rapatrié récent et l’accès à un emploi adéquat, ainsi que des effets négatifs accrus de l’expérience migratoire récente sur les personnes plus âgées et plus instruites.

Mots clés : migration internationale, migration de retour, migrants, emploi, marché du travail, enquêtes sur les ménages, Uruguay, Espagne.

Introducción

Partiendo de la premisa de que el estudio de la reintegración de las poblaciones retornadas ofrece pistas para evaluar en qué medida los mercados laborales de los países de origen recompensan o penalizan la experiencia migratoria internacional, este trabajo tiene por objeto examinar el papel de esta experiencia en la reinserción laboral de las personas uruguayas, en particular, en el acceso al empleo y la reinserción en condiciones de sobrecalificación (considerando la adecuación entre la ocupación y el nivel educativo). Si bien existen algunos antecedentes que han identificado una brecha negativa en el acceso al empleo y determinadas condiciones laborales de la población retornada uruguaya con hasta cinco años de residencia tras el retorno (Prieto y Koolhaas, 2014; Koolhaas, 2015 y 2016), estos no han considerado la procedencia de los retornantes de forma diferenciada. En otro orden, la interrogante sobre si los migrantes de retorno se encuentran expuestos a condiciones de (in)adecuación entre la calificación de la ocupación en la que se desempeñan y su nivel educativo prácticamente ha sido descuidada en la literatura internacional, y no ha sido explorada para el contexto de retorno uruguayo.

La finalidad de este artículo es llenar estos vacíos enfocando el análisis en el colectivo de población retornada con mayor presencia numérica en los flujos migratorios internacionales de personas uruguayas durante el siglo XXI: el procedente de España. Los datos utilizados corresponden al período 2012-2017 de la Encuesta Continua de Hogares (ECH), que cuenta con la virtud de identificar a migrantes de retorno y caracterizarlos según el tiempo de asentamiento en el país tras el retorno, una información que generalmente no se incluye en censos y encuestas de países de retorno, al menos en el contexto latinoamericano[2].

La estrategia metodológica empleada supone una novedad en la literatura nacional sobre retorno y reintegración, en la medida en que no existen antecedentes que se hayan propuesto controlar los sesgos de selección asociados a las decisiones de participación laboral. Como se verá más adelante, este punto adquiere particular importancia al considerar la alta proporción de mujeres en el total de la población retornada. En particular, se estiman modelos multivariados probit en dos etapas, en las que en primera instancia se modela la probabilidad de tener un empleo y posteriormente la probabilidad de no estar sobrecalificado (no estar ocupado en un empleo que exige una calificación inferior al máximo nivel educativo alcanzado). El propósito analítico es la comparación de las variables de interés vinculadas al desempeño laboral en función de la condición migratoria (estatus de migrante retornado desde España o no migrante), distinguiendo el tiempo de residencia desde el retorno de España al Uruguay de las personas retornadas frente a las personas sin experiencia migratoria.

En la sección A se presentan los principales antecedentes relacionados con ese trabajo y en la sección B se plantea la metodología empleada. En la sección C se presentan los resultados. Se comienza planteando un breve análisis, con base en herramientas de estadística descriptiva, de las características sociodemográficas y laborales de la población retornada de España, y a continuación se presentan los resultados del análisis multivariado, contrastándose la existencia o no de un sesgo de selección en las decisiones de empleo y examinándose los efectos marginales estimados de la condición de retornante de España sobre los indicadores de acceso y calidad del empleo. Por último, en la sección D se plantea una síntesis y una discusión de los resultados encontrados.

A. Antecedentes

Como ocurre con la literatura sobre integración de las personas inmigradas, el estudio de la reintegración de migrantes de retorno ha privilegiado la dimensión laboral, sobre todo a partir de enfoques cuantitativos y herramientas econométricas. Un primer grupo de estudios se ha valido de fuentes oficiales (censos o encuestas) no concebidas específicamente para el estudio de la inserción laboral de las personas con experiencia migratoria. Esta literatura ha tendido a identificar una situación desventajosa de la población retornada reciente (con hasta cinco años de residencia en el país de origen tras el retorno) respecto de la no migrante en materia de acceso al empleo, en lugares como Puerto Rico (Mushckin, 1993), Pakistán (Arif, 1998), Finlandia (Saarela y Finas, 2009), el Ecuador (Prieto y Koolhaas, 2014), México (Prieto y Koolhaas, 2014) y el Uruguay (Prieto y Koolhaas, 2014; Koolhaas, 2016). Por otra parte, mediante encuestas específicas que incluyen tanto poblaciones retornadas (independientemente del tiempo transcurrido tras el retorno) como no migrantes, se han encontrado datos variados: mientras que para Rumania y Ucrania se ha corroborado la hipótesis de una brecha en perjuicio de los migrantes de retorno, en la Argentina no se han constatado diferencias significativas en el acceso al empleo (Obucina y otros, 2018). A su vez, los datos recogidos para el Senegal son contradictorios y para la región de Dakar se ha encontrado una relación negativa entre la experiencia migratoria y la reinserción laboral (Mezger y Flahaux, 2013), mientras que en una encuesta territorialmente más abarcativa llevada a cabo años más tarde se constató el resultado opuesto (Obucina y otros, 2018). Asimismo, el estudio comparativo de la reintegración económica en diversos contextos ha mostrado patrones divergentes entre corredores migratorios de un mismo país de origen (Obucina y otros, 2018).

En la literatura antecedente, las dificultades de reinserción laboral de las poblaciones retornadas se han asociado, en primer lugar, a un período de reajuste al mercado de trabajo y las condiciones de vida en el país de origen, sobre la base de una regularidad empírica compartida con los estudios de integración de poblaciones inmigradas: cuanto mayor es el tiempo transcurrido tras el retorno (migración), menores tienden a ser las dificultades de (re)integración laboral (King, 2000; Muschkin, 1993; Lindstrom, 2013; Koolhaas, 2016). En segundo término, otros trabajos ponen énfasis en aspectos vinculados a la pérdida de capital social y particularmente a la falta de experiencia reciente en el mercado de trabajo del país de origen, así como a la escasa valoración del capital humano adquirido con la experiencia migratoria en el mercado de trabajo del país de origen (Petras y Kousis, 1988; Lindstrom, 2013; Muschkin, 1993; Koolhaas, 2016).

Además de las consecuencias específicas de la experiencia migratoria en la reintegración laboral, es importante considerar cómo se conjugan factores individuales que la literatura económica ha identificado como determinantes del empleo. En este sentido, además de corroborar que atributos como el género, la edad y el nivel educativo potencian o atenúan el efecto de la condición migratoria, sobre la base de datos censales de varios países latinoamericanos se ha encontrado una doble desventaja de las mujeres retornadas (Prieto y Koolhaas, 2014). De todos modos, las características de los censos o las encuestas de población activa, como la empleada en este trabajo, no permiten profundizar en los determinantes de la reintegración de las personas retornadas.

Ahora bien, estudios elaborados a partir de encuestas específicas sí han avanzado en esta dirección. Monti y Serrano (2022), en su estudio de dos contextos de retorno, Rumania y el Senegal, encuentran que los retornos etiquetados como “semivoluntarios”, con motivaciones caracterizadas de forma negativa y una alta dosis de obligación, se relacionan con experiencias de reintegración económica complejas, de forma similar a los retornos involuntarios o forzosos. Otro estudio realizado para el corredor migratorio España-Ecuador obtiene resultados que abonan distintos enfoques teóricos: por una parte, en sintonía con la economía neoclásica, constatan que las personas retornadas que pasaron más tiempo desempleadas en España son también las que encuentran más dificultades para encontrar un empleo después de transcurridos tres meses del retorno al Ecuador, y, por la otra, de conformidad con el enfoque transnacional y la nueva economía de la migración, encuentran que el hecho de haber invertido dinero en el país durante su residencia en el exterior incrementa la probabilidad de encontrarse autoempleado en el retorno (Mercier y otros, 2016, pág. 68).

De forma similar a lo que ocurre con la literatura inmigratoria, la dimensión más estudiada de las condiciones laborales de la población retornada es la salarial. Sobre la base del capital humano y financiero adquirido con la migración, una porción mayoritaria de la literatura económica concluye a favor de la hipótesis de un premio por la experiencia migratoria (Barrett y Goggin, 2010; Hazans, 2008; Kauhanen y Kangasniemi, 2013; Wahba, 2015).

Otros estudios con resultados optimistas sobre el papel de la experiencia migratoria en la reintegración se sustentan en la constatación de una mayor propensión al empleo independiente de la población retornada. Esta literatura sintoniza con la nueva economía de la migración laboral y concibe el retorno como un resultado exitoso del proyecto migratorio en función de la acumulación de capital (Mesnard, 2004; Démurger y Xu, 2011; Mercier y otros, 2016). Otros trabajos son más pesimistas y destacan que el autoempleo puede ser una estrategia para no caer en el desempleo, al tiempo que enfatizan la distinción entre empresarios y trabajadores independientes sin personas a cargo, en la medida en que el último tipo de empleo suele ajustarse menos a los preceptos de la nueva economía de la migración laboral (Mezger y Flahaux, 2013; Lindstrom, 2013; Piracha y Vadean, 2009; Wassink y Hagan, 2018).

Por último, desde una perspectiva que compare el desempeño de la población retornada con el de la población no migrante, prácticamente se desconoce la existencia de estudios que hayan indagado en la (in)adecuación entre la calificación de la ocupación en la que se desempeña la población retornada y su nivel educativo. Esta ausencia es llamativa por la importancia que se asigna al retorno migratorio como fenómeno promotor del desarrollo económico de los países de origen, en contraposición al pesimismo establecido por la primera literatura sobre emigración calificada, que acuñó el concepto de “fuga de cerebros” (brain drain). Esto contrasta con la observación de una mayor propensión a la sobrecalificación de la población inmigrada recién llegada al país de destino, en función de la disponibilidad de información imperfecta sobre el mercado laboral, la menor selectividad para aceptar ofertas de trabajo y las dificultades de transferibilidad del capital humano (Hartog, 2000; Chiswick y Miller, 2002; Méndez, 2018). El único antecedente encontrado para el que se analiza la relación entre la experiencia migratoria y la inadecuación educativa refiere a un estudio comparativo de Egipto y Túnez en el que se encuentran datos acerca de un efecto positivo de la condición de migrante de retorno sobre la sobrecalificación (David y Nordman, 2017).

A su vez, los escasos antecedentes que identifican condiciones de sobrecalificación de las personas retornadas sobre la base de encuestas específicas o estudios cualitativos las relacionan con episodios de inadecuación educativa durante la migración (Coniglio y Brzozowski, 2018) y sobre todo con un contexto institucional adverso para la acreditación y homologación de titulaciones e instancias no formales de adquisición de capital humano en el extranjero, factor variable según el sector de actividad y la transferibilidad del capital humano (Mezger y Flahaux, 2013; González Ferrer, 2012; Koolhaas, Robaina y Prieto, 2019).

B. Datos y métodos

La fuente empleada para examinar la relación de la experiencia migratoria y la inserción laboral es un conjunto de seis ediciones consecutivas (2012-2017) de la Encuesta Continua de Hogares (ECH), la principal fuente oficial de información continua sobre el mercado laboral en el Uruguay, representativa de la población residente en hogares particulares.

La ventaja de utilizar esta fuente para el análisis de la reintegración de las personas retornadas consiste en la información que aporta sobre la vinculación de las personas en edades activas con el mercado de trabajo. En términos generales, la literatura reconoce que las encuestas de hogares son mejores instrumentos que los censos para medir la inserción laboral de las personas (García y Pacheco, 2011). De todos modos, la ECH no es una fuente concebida para el estudio de la reinserción laboral de poblaciones retornadas. En particular, no incorpora datos sobre la duración de la estadía en el exterior, las motivaciones migratorias ni otras características de la experiencia migratoria. Más allá de ello, es la única fuente continua que permite estimar la magnitud del retorno y conocer las características de la (re)inserción laboral de la población retornada uruguaya, en comparación con la población no migrante.

El número de observaciones en la ECH entre 2012 y 2017 correspondientes a personas en edad de trabajar (15 a 64 años) es de 471.425 casos. Una vez depurada la base de datos, mediante la exclusión de las personas nacidas en el exterior, las retornadas de otros países diferentes a España y las retornadas del país ibérico con más de diez años de asentamiento en el Uruguay tras el retorno, así como las que retornaron con menos de 18 años, se alcanza una muestra que reúne 450.896 observaciones, de las que 2.625 son migrantes de retorno con hasta diez años de residencia en el Uruguay tras el retorno (1.366 varones y 1.259 mujeres)[3]. A su vez, la submuestra correspondiente a la población ocupada contiene 330.732 observaciones (177.800 varones y 152.932 mujeres), de las que 1.974 son personas retornadas de España (1.099 varones y 875 mujeres)[4].

Con el propósito de observar las condiciones de (in)adecuación entre el nivel educativo y la calificación de la ocupación, se utiliza la metodología propuesta por Verdugo y Verdugo (1989), empleada en varios trabajos posteriores (Groot y van den Brink, 1997; Méndez, 2018), en la que se calcula la media de años de escolaridad para cada categoría ocupacional más/menos una desviación estándar[5]. De este modo, la población trabajadora se clasifica en dos grandes grupos: i) personas que tienen una cantidad de años de estudio ubicada dentro de los límites inferior y superior determinados por la media y la desviación estándar de cada estrato ocupacional (adecuación), y ii) personas que se encuentran en situación de inadecuación, es decir, que tienen años de estudio por encima de la media más una desviación estándar (sobrecalificación), o personas que tienen años de estudio por debajo de la media menos una desviación estándar (subcalificación)[6]. Ante las restricciones existentes para emplear otros métodos alternativos, Méndez (2018) aplicó este método a los datos de las ediciones de 2012 a 2016 de la ECH del Uruguay.

En esta investigación, el resultado binario de (re)inserción laboral con o sin condiciones de sobrecalificación toma el valor 1 para las personas que no se encuentran sobrecalificadas y el valor 0 para las personas que se encuentran sobrecalificadas.

Debido a las limitaciones impuestas por el tamaño de la muestra correspondiente a la población retornada, el análisis empírico se realiza con dos niveles de desagregación de la variable independiente de la condición migratoria, de acuerdo con el grado en que es posible detallar el tiempo de residencia en el Uruguay tras el retorno[7]. En el cuadro 1 se describen exhaustivamente las variables utilizadas, distinguiéndose los modelos usados para medir el acceso al empleo (probabilidad de estar ocupado, POCUP) y la (in)adecuación de la ocupación principal respecto del nivel educativo (probabilidad de no estar sobrecalificado, POAEDC).

Cuadro 1

Descripción de variables utilizadas en las estimaciones

Nombre

Categorías

Variable dependiente (etapa 1) POCUP

Ocupado/a (OCUP)

1. Sí, 0. No (desocupado/a o inactivo/a).

Controles sociodemográficos (etapas 1 y 2) POCUP , POADEC

Año de la Encuesta Continua

de Hogares (ECH) (AÑO)

2012 (ref.), 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.

Mujer (MUJER)

1. Mujer, 0. Varón.

Edad (EDAD)

1. 15 a 24 años (ref.), 2. 25 a 34 años, 3. 35 a 44 años,

4. 45 a 54 años, 5. 55 a 64 años.

Afro (AFRO)a

1. Ascendencia afro o negra (puede declarar otras también).

0. No declara ascendencia afro o negra.

Menores de 6 años en el hogar (MEN6)

1. Presencia en el hogar, 0. No hay menores de 6 años en el hogar.

Montevideo (MVD)

1. Vive en departamento de Montevideo.

0. Vive en otros departamentos.

Nivel educativo (NIVELEDU)

1. Menos de secundaria completa (ref.).

2. Secundaria completa o terciaria incompleta.

3. Terciaria completa.

Controles sociodemográficos (etapa 1) POCUP

Unido (UNI)

1. Casado/a o unido/a, 0. Soltero/a, viudo/a, separado/a, divorciado/a.

Variable dependiente (etapa 2) POADEC

Adecuación educativa sin sobrecalificación (OADEC)

1. Sí (empleo principal compatible con nivel educativo,

sin sobrecalificación).

0. No (en condiciones de sobrecalificación).

Controles de características de empleo (etapa 2) POADEC

Rama de actividad (RAMA)

1. Agropecuaria, forestación, minería y pesca (ref.).

2. Industria manufacturera.

3. Construcción.

4. Electricidad, gas y agua.

5. Comercio y reparaciones.

6. Transporte y almacenamiento.

7. Alojamiento y comida.

8. Resto de servicios.

Asalariado/a (ASA)

1. Asalariado/a.

0. Patrón, cuentapropista u otros.

Variable independiente

Condición migratoria resumida (CMIG1)

1. No migrante (ref.).

2. Retornante reciente 0 a 5 años.

3. Retornante antiguo 6 a 10 años.

Condición migratoria detallada (CMIG2)

1. No migrante (ref.).

2. Retornante reciente 0 años.

3. Retornante reciente 1 año.

4. Retornante reciente 2 años.

5. Retornante reciente 3 años.

6. Retornante reciente 4 años.

7. Retornante reciente 5 años.

8. Retornante antiguo 6 a 10 años.

Variable instrumental (etapa 1) POCUP

Tasa empleo (TE)

Tasa de empleo estimada según grupo sociodemográfico

de pertenencia (igual género, edad quinquenal y nivel educativo).

Fuente: Elaboración propia.

a La Encuesta Continua de Hogares (ECH) incluye las siguientes categorías de respuesta al relevar la ascendencia étnico-racial y admite la posibilidad de mencionar más de una: blanca, afro o negra, indígena, asiática y otras. Tanto el Censo de 2011 como las sucesivas ediciones de la ECH han mostrado que, después de la ascendencia blanca, la categoría afro o negra es la segunda categoría étnico-racial más frecuente en la población uruguaya. Los modelos estimados incorporan una variable binaria que identifica si la persona encuestada declaró ascendencia afro o negra, pues estudios nacionales han encontrado de forma sistemática que esta población presenta peores desempeños sociales y laborales que la población no afrodescendiente (en general, que declara ascendencia blanca).

Dado el carácter binario del fenómeno a observar, una primera aproximación al estudio de la relación del estatus de migrante de retorno con la (re)inserción laboral la ofrece la estimación de modelos probit simples. Ahora bien, el análisis de la relación entre una variable independiente y la sobrecalificación se realiza sobre una muestra seleccionada por el hecho de que solo se observa el tipo de empleo de las personas que han decidido participar del mercado laboral. En esta dirección, cabe preguntarse cómo incide en los resultados la exclusión de las personas que no se encuentran ocupadas. En particular, podría existir un problema de endogeneidad derivado de que puede haber características no observadas (motivación, habilidad, aversión al riesgo, personalidad altruista y otras) que estén influyendo en las decisiones de participación laboral, sesgando los resultados obtenidos en la estimación de los efectos de la variable independiente. Otros factores no observados que pueden constituir una fuente de sesgos se derivan del hecho de que las personas que cuentan con más recursos financieros y apoyos familiares estarían mejor posicionadas para posponer su participación laboral si el empleo que se les ofrece no cubre sus expectativas.

En este sentido, la literatura ha caracterizado el proceso de búsqueda de empleo de tal manera que se pueden plantear hipótesis contrapuestas sobre el carácter voluntario o involuntario del desempleo. El primer caso se daría cuando se prefiere esperar a una mejor oferta para no caer en un empleo de mala calidad y el segundo cuando la idea predominante es que la mejor estrategia para obtener el empleo preferido es aceptar el primer empleo disponible (Nicaise, 2001; Lindstrom 2013). Estas hipótesis parecen tener distinto peso entre varones y mujeres, y las segundas son más propensas a tener un salario de reserva más alto que los primeros, en función del comportamiento diferencial respecto de las responsabilidades familiares (Nicaise, 2001).

Una metodología ampliamente utilizada en la literatura económica con el propósito de lidiar con estos inconvenientes es el modelo probit con selección muestral, propuesto originalmente por Van de Ven y Van Pragg (1981) para estimar ecuaciones salariales considerando los problemas de endogeneidad. Aplicando esta metodología a nuestro problema, el supuesto asumido para la modelización del efecto de la experiencia migratoria en España sobre el desempeño en el mercado laboral uruguayo tras el retorno es que la decisión primaria que adoptan las personas refiere a la participación o no en el mercado de trabajo. Por ello, en primera instancia se estima una ecuación de selección (yOCUP) que modela para cada persona j la probabilidad de tener un empleo:

ecuación de selección OCUP, etapa 1 (1)

Donde es la variable independiente de interés (condición migratoria de las personas) y el parámetro representa el efecto estimado de la condición de retornante sobre la probabilidad de empleo; es un vector de variables de control asociadas a características individuales que de acuerdo con la literatura afectan la probabilidad de estar ocupado (sexo, nivel educativo, edad y demás)[8]; es una variable instrumental que se supone que afecta a la variable dependiente en esta ecuación, pero no en la de resultado (etapa 2), y es el término de error.

Considerando que es más aconsejable seleccionar instrumentos que sean exógenos a las personas, es decir, que no dependan de sus decisiones (El-Mallakh y Wahba, 2021), la variable instrumental que se utiliza es la tasa de empleo estimada para el conjunto del período analizado de acuerdo con el grupo poblacional al que corresponde cada persona entrevistada en la ECH, en función de distintos perfiles de edad, sexo y nivel educativo. Además del carácter exógeno del instrumento, esta decisión encuentra justificación en cuanto a que la probabilidad de que una persona se encuentre ocupada está relacionada con las oportunidades generales de empleo existentes para las personas de similares características sociodemográficas. Para comprobar la robustez de los resultados con independencia de la decisión adoptada se realizaron pruebas incorporando respectivamente otras variables que se han utilizado en la literatura, como la tasa de desempleo (Croce y Ghignoni, 2011; Jauhiainen, 2011), el hecho de convivir en pareja o no (Sanromá y Ramos, 2004) o de residir en una vivienda arrendada (Kalfa y Piracha, 2013). Los resultados de estas pruebas no modificaron significativamente los resultados obtenidos con la variable instrumental seleccionada.

Una vez estimada la probabilidad de empleo (ecuación 1), en la segunda etapa se estima la ecuación de resultado, que mide la condición de ocupación sin estar sobrecalificado (), incorporando la misma variable independiente () y las mismas variables de control () incluidas en la ecuación de selección (a excepción de la variable instrumental Ij que solo se incluye en la ecuación 1), más nuevas variables de control asociadas a características de la ocupación principal (sector de actividad y carácter asalariado o autónomo):

ecuación de resultado OADEC, etapa 2 (2)

La estimación de la ecuación de resultado como un modelo probit estándar, sin considerar la ecuación 1, puede ofrecer resultados sesgados en la medida en que no existe garantía de que la muestra de personas ocupadas se haya conformado de forma no aleatoria respecto del conjunto de personas en edad de trabajar. En tal sentido, la literatura económica sostiene que determinadas características no observables de las personas pueden incidir en su probabilidad de acceder a un empleo de calidad. Este sesgo de selección ocasionaría que los coeficientes de interés estimados en el modelo probit estándar sean sesgados.

El procedimiento de estimación del modelo probit en dos etapas o con selección muestral pretende corregir este sesgo, ofreciendo estimaciones consistentes y asintóticamente eficientes para todos los parámetros del modelo (Van de Ven y Van Pragg, 1981). El modelo bietápico derivado de las ecuaciones 1 y 2 se estima mediante un enfoque de máxima verosimilitud que permite estimar de forma conjunta los parámetros de interés de ambas ecuaciones (, , ) y del coeficiente athrho, un estadístico importante, ya que denota la correlación existente entre los términos de error de ambas ecuaciones, () y (). Este coeficiente, si es significativo, da indicios de la existencia de un sesgo de selección, cuyo signo positivo implica que existen factores no observados a nivel individual que afectan positivamente la probabilidad de empleo y la de estar ocupado en un empleo de calidad, mientras que un signo negativo sugiere que existen factores no observables que afectan positivamente un resultado y negativamente otro (Méndez, 2018).

C. Resultados

1. Análisis descriptivo

De conformidad con estudios previos que han analizado el perfil de poblaciones emigradas o retornadas uruguayas (Macadar y Pellegrino, 2007; Koolhaas y Nathan, 2013; OIM, 2012), se observa que la población retornada reciente de España presenta un perfil ligeramente más masculinizado que la población no migrante (un 55% de varones frente a un 45% de mujeres), con una sobrerrepresentación de grupos de edad centrales (35 a 44 años). Este patrón de mayor concentración en edades caracterizadas por una alta participación laboral también se encuentra asociado al contexto de crisis que experimentó el mercado laboral español a partir de 2008, en el que las situaciones de desempleo y pérdida de ingresos fueron muy frecuentes.

Prácticamente la mitad de las personas retornadas recientes (un 46% de los varones y un 49% de las mujeres) retornó a edades jóvenes, con menos de 35 años. Estas proporciones son incluso considerablemente más altas entre los retornados con más de cinco años de residencia tras el retorno (un 61% de los varones y un 70% de las mujeres).

En cuanto a los perfiles educativos, las personas con experiencia migratoria en España cuentan con un mayor nivel promedio de instrucción formal que la población no migrante y se concentran en el segundo ciclo de la enseñanza media, con 10 a 12 años de estudio. Por otra parte, el nivel educativo de las personas retornadas con más de cinco años de residencia en el Uruguay es ligeramente superior al de las retornadas con un menor tiempo de residencia, es decir, cuanto más reciente es la cohorte de personas retornadas, menor es su nivel educativo promedio.

En cuanto a otras variables sociodemográficas de interés, también se identifican diferencias estadísticamente significativas entre las personas retornadas de España y las no migrantes. Por una parte, las personas retornadas se concentran relativamente más que las no migrantes en Montevideo: 6 de cada 10 residen en la capital del país, con una brecha de 20 puntos porcentuales. Por otra parte, existe una sobrerrepresentación de personas separadas o divorciadas entre los migrantes de retorno.

Las tasas de actividad estimadas según condición migratoria no muestran diferencias significativas entre los varones y en el caso de las mujeres son algo más elevadas entre quienes llevan más tiempo residiendo en el Uruguay después del retorno. En cuanto a la tasa de empleo, con independencia del sexo se verifica una brecha negativa en perjuicio de las personas retornadas recientes respecto de las no migrantes, del orden de los 6 puntos porcentuales en los varones y 4 puntos porcentuales en las mujeres (véase el cuadro 2).

Cuadro 2

Indicadores sociodemográficos seleccionados, personas de 25 a 54 años, según sexo y condición migratoria, Encuesta Continua de Hogares (ECH) 2012-2017

(En porcentajes)

Varones

Mujeres

Retornado reciente

de España

Retornado antiguo

de España

No migrante

Retornada reciente

de España

Retornada antigua

de España

No migrante

55,4

51,7

48,5

44,6

48,3

51,5

Edad mediana

38

39

39

37

38

39

25 a 29 años

12,6

11,3

17,6

10,4

8,7

18,6

30 a 34 años

19,5

17,9

17,1

17,0

19,4

17,5

35 a 39 años

24,3

23,6

17,7

21,1

26,4

18,8

40 a 44 años

19,9

18,6

16,8

14,1

20,5

17,8

45 a 49 años

12,7

18,7

15,8

10,5

11,9

16,5

50 a 54 años

11,0

10,0

15,0

7,5

6,6

17,0

Edad mediana al retorno

35

31

--

35

30

--

Menos de 25 años

5,9

19,8

--

6,5

18,0

--

25 a 29 años

16,3

21,8

--

17,0

28,1

--

30 a 34 años

24,2

19,4

--

25,5

23,6

--

35 a 39 años

21,1

21,3

--

21,2

19,1

--

40 a 44 años

17,1

14,2

--

14,0

9,2

--

45 a 49 años

10,1

3,6

--

10,1

2,1

--

50 a 54 años

5,2

--

--

5,6

--

--

Años de estudio (media)

10,6

10,9

9,7

11,8

12,1

10,5

<10 años

41,2

37,7

53,7

24,7

22,8

44,6

10 a 12 años

43,9

40,5

29,0

44,2

41,6

30,1

13 a 15 años

7,1

11,7

7,7

16,7

16,4

10,6

>=16 años

7,7

10,1

8,9

14,5

19,3

14,7

Terciaria completa

7,0

9,6

8,1

15,6

20,1

15,2

Vive en Montevideo

62,8

60,9

39,9

62,5

60,1

40,4

Vive en el resto del país

37,2

39,1

60,1

37,5

39,9

59,6

Casado/a o unido/a

62,1

65,3

69,3

66,0

64,1

68,7

Separado/a, divorciado/a o viudo/a

21,6

19,4

12,0

25,2

27,6

19,8

Soltero/a

16,3

15,3

18,7

8,8

8,4

11,6

Menor 6 años en hogar

24,3

24,2

26,3

28,1

32,5

28,8

Tasa de empleo

86,4

91,4

92,4

70,9

84,5

75,0

Tasa de actividad

95,2

95,6

95,6

81,9

89,9

80,1

Observaciones

(En números)

701

270

123 900

614

277

140 685

Fuente: Elaboración propia, sobre la base del procesamiento de microdatos de la Encuesta Continua de Hogares de 2012 a 2017.

Al enfocar el análisis en la población ocupada, de conformidad con su perfil educativo, se observa que las personas retornadas recientes se caracterizan por ubicarse en los estratos ocupacionales intermedios, de baja calificación no manual en el caso de las mujeres (sobre todo, “trabajadoras de los servicios y vendedoras”) y en empleos manuales calificados en el caso de los varones (con especial relevancia de los “oficiales, operarios y artesanos”). En virtud de ello, no es sorpresivo identificar que los retornados recientes se encuentran sobrerrepresentados en el sector de la construcción y que sus pares retornadas se concentran en mayor proporción que las no migrantes en el sector de “comercio y reparaciones”, así como en el de “alojamiento y servicios de comida”, un sector en el que también se observa sobrerrepresentación de retornados recientes varones (véase el cuadro 3). En síntesis, se constata cierta correspondencia entre las ocupaciones y los sectores de actividad con sobrerrepresentación de personas retornadas de España y los nichos del mercado laboral español donde se ha observado concentración de la población uruguaya (Prieto, 2016).

Cuadro 3

Características seleccionadas de la ocupación principal, según sexo y condición migratoria, Encuesta Continua de Hogares (ECH), 2012-2017

(En porcentajes)

Varones

Mujeres

Retornado reciente

de España

Retornado antiguo

de España

No migrante

Retornada reciente

de España

Retornada antigua

de España

No migrante

Alta calificación

no manual

19,9

26,5

18,1

23,6

29,3

24,3

Baja calificación

no manual

23,5

26,9

23,0

57,1

49,4

46,4

Manual calificado

47,7

39,0

41,4

4,0

6,2

7,3

Manual no calificado

8,9

7,6

17,5

15,3

15,1

22,0

Agro, forestación,

pesca y minería

1,5

3,4

12,8

0,4

0,3

4,2

Industrias manufactureras

14,0

10,3

14,0

9,9

10,6

8,4

Construcción

20,0

15,9

13,9

1,0

0,9

0,8

Electricidad, gas,

agua y saneamiento

1,0

0,2

1,8

0,4

0,2

0,6

Comercio y reparaciones

18,5

23,5

18,1

21,5

21,1

18,2

Transporte

y almacenamiento

10,3

12,5

7,6

2,6

4,8

1,7

Alojamiento y servicios de comida

7,2

5,5

2,7

7,1

7,6

4,1

Resto del sector terciario

27,5

28,7

29,2

57,1

54,3

62,0

Asalariado/a público/a

5,0

6,5

13,4

8,3

14,4

18,1

Asalariado/a privado/a

68,4

59,2

58,6

73,5

59,7

58,8

Empleo autónomoa

26,1

32,7

27,2

17,0

23,6

21,3

Restob

0,6

1,5

0,8

1,1

2,3

1,8

Sobrecalificación

20,3

20,6

14,0

19,0

20,6

14,3

Observaciones

(En números)

787

294

166 334

593

266

145 323

Fuente: Elaboración propia sobre la base del procesamiento de microdatos de la Encuesta Continua de Hogares de 2012 a 2017.

a Incluye a trabajador por cuenta propia, con o sin local, y patrón con personal a cargo.

b Incluye a miembro de cooperativa de producción, trabajador de un programa social de empleo y miembro del hogar no remunerado.

La información descriptiva más bien sugiere el rechazo de la hipótesis que postula una mayor propensión de la población retornada reciente a (re)insertarse en el mercado laboral uruguayo como trabajador por cuenta propia. En efecto, se observa un mayor peso del empleo asalariado en el sector privado de parte de la población retornada reciente, tanto para varones (brecha de 10 puntos respecto de no migrantes) como para mujeres (diferencia de 15 puntos). No obstante, el tiempo de residencia tiene un efecto positivo en las posibilidades de tener una inserción laboral independiente, pues tanto para varones como para mujeres retornadas crece más de 6 puntos la incidencia del empleo autónomo una vez transcurridos más de cinco años desde el retorno. En ambos casos, pero sobre todo en el de los varones, se superan los guarismos observados en la población no migrante. Como era de esperar, el empleo público es minoritario y aumenta a medida que aumenta el tiempo de residencia en el Uruguay, pero siempre en una proporción significativamente inferior al de la población no migrante, sobre todo entre los varones. Por último, se aprecia una mayor prevalencia de la sobrecalificación en la población retornada. Esta brecha negativa se mantiene con el tiempo de residencia en el Uruguay y es observable tanto en varones como en mujeres (véase el cuadro 3).

2. Análisis multivariado

a) Pertinencia de emplear modelos probit bietápicos con selección muestral

Si se consideran varones y mujeres de forma conjunta, los modelos bietápicos muestran resultados estadísticamente significativos en el coeficiente athrho, lo que indica que hay correlación entre los términos de error de la ecuación de resultado y la ecuación de selección (véase el cuadro 4). Esto sugiere que la exclusión de las personas no ocupadas podría sesgar los resultados obtenidos en la (in)adecuación educativa del empleo debido a características no observables que pueden estar afectando las decisiones de participación laboral.

Cuadro 4

Uruguay: estimaciones probit en dos etapas (con selección muestral), ambos sexos, efectos marginales y errores estándar, 2012-2017

Ocupado/a

No sobrecalificado/a

Efecto marginal

Error estándar

Efecto marginal

Error estándar

Condición migratoria (no migrante)

Retornado reciente de España

-0,051***

0,010

-0,035***

0,009

Retornado antiguo de España

0,012

0,014

-0,017

0,013

Año (2012)

2013

-0,004**

0,002

0,002

0,002

2014

-0,004***

0,002

0,001

0,002

2015

-0,013***

0,002

0,000

0,002

2016

-0,018***

0,002

-0,002

0,002

2017

-0,024***

0,002

-0,001

0,002

Mujer (varón)

-0,058***

0,001

0,026***

0,001

Afro (no afrodescendiente)

-0,001

0,002

0,005**

0,002

Unido (no unido)

0,018***

0,001

Menor6_hog (sin menores en hogar)

-0,006***

0,001

0,008***

0,001

Nivel educativo (<= bach. incompleto)

Bachillerato completo

-0,038***

0,002

-0,324***

0,002

Terciaria completa

0,065***

0,002

-0,363***

0,003

Grupos de edad (15 a 24 años)

25 a 34 años

0,043***

0,002

0,008***

0,003

35 a 44 años

0,057***

0,003

0,013***

0,003

45 a 54 años

0,045***

0,003

0,028***

0,003

55 a 64 años

0,014***

0,002

0,038***

0,002

Montevideo (resto país)

0,014***

0,001

-0,016***

0,001

Ocupación (alta calificación no manual)

Baja calificación no manual

Manual calificado

Manual no calificado

Rama principal (sector primario)

Industrias manufactureras

-0,002

0,003

Construcción

0,025***

0,003

Electricidad, gas, agua y saneamiento

0,032***

0,006

Comercio y reparaciones

0,063***

0,003

Transporte y almacenamiento

0,016***

0,004

Alojamiento y servicios de comida

0,061***

0,004

Resto del sector terciario

0,096***

0,002

Asalariado (autónomo, otros)

0,014***

0,001

Tasa empleo

0,007***

0,000

Constante

-1,243***

0,011

1,290***

0,021

/athrho

-0,044**

0,019

Rho

-0,044

0,019

N

450 893

N truncadas

137 299

Wald chi2

40 030,75

Log verosimilitud

-313 243,9

Fuente: Elaboración propia sobre la base del procesamiento de microdatos de la Encuesta Continua de Hogares de 2012 a 2017.

Nota: *significativo al 10%, ** significativo al 5%, *** significativo al 1%; errores estándar robustos; categorías de referencia entre paréntesis.

El signo negativo de athrho muestra una correlación negativa entre los términos de error de la ecuación de selección y la que estima la probabilidad de estar ocupado en ausencia de condiciones de sobrecalificación, dando a entender que los factores no observables operan sobre ambas ecuaciones en sentidos opuestos. Una interpretación posible sería que la decisión de aceptar una oferta de empleo está afectada por rasgos de personalidad no observados que hacen que algunas personas estén más dispuestas a aceptar cualquier oferta de empleo, atributos que no incidirían en la probabilidad de emplearse en condiciones de adecuación educativa.

A su vez, los resultados de los modelos estimados para ambos sexos sugieren que la instrumentalización mediante la tasa de empleo es una estrategia adecuada para controlar el sesgo identificado, en la medida en que también muestran que la variable instrumental es significativa, con el signo (positivo) esperado, al máximo nivel de confianza (véase el cuadro 4). El signo positivo de la variable instrumental también constituye el resultado esperado, en la medida en que se interpreta que la probabilidad de empleo de una persona se encuentra positivamente asociada al nivel general de empleo de su grupo sociodemográfico, pero sin brindar información alguna sobre las características de las oportunidades de empleo disponibles.

b) Efectos de las variables explicativas

Los datos confirman el efecto significativo (negativo) de la condición de retornante reciente sobre el acceso al empleo y una inserción en ausencia de sobrecalificación. En particular, ceteris paribus, se observa que ser migrante de retorno reciente reduce 5 puntos la probabilidad de tener empleo respecto de la población no migrante. En cambio, transcurridos más de cinco años de la fecha de retorno, desaparece el efecto significativo de la experiencia migratoria sobre el acceso al empleo. La condición de retornante reciente se encuentra asociada a una reducción de 3,5 puntos en la probabilidad de no estar en condiciones de sobrecalificación, respecto de la población sin experiencia migratoria. Por su parte, entre la población retornada no reciente (con más de cinco años transcurridos tras el retorno) y la no migrante no existen diferencias significativas en materia de sobrecalificación.

En términos generales, los efectos de los factores explicativos incorporados en el análisis tienen el signo esperado en función de la literatura antecedente que aborda los desempeños laborales según condición migratoria para el caso uruguayo con modelos multivariados (Prieto, Robaina y Koolhaas, 2016; Koolhaas, 2016; Méndez, 2018; Márquez, Prieto y Escoto, 2020). En materia de acceso al empleo, los resultados para ambos sexos en conjunto muestran una mayor probabilidad de ocupación para los varones, las personas que se encuentran en pareja, que no conviven con niños pequeños, con educación terciaria completa, en edades centrales y que residen en Montevideo. Por su parte, la incorporación del año de la encuesta como control muestra que en cada año del cuatrienio 2013-2017 hay una menor probabilidad de empleo respecto de 2012, con efectos negativos más pronunciados a medida que transcurre el tiempo. Por último, la condición de afrodescendiente no resulta significativa en relación con el acceso al empleo, resultado que no se mantiene al considerar varones y mujeres por separado.

Con respecto a la (in)adecuación educativa del empleo, en general, las variables de control resultan significativas en el sentido esperado por la literatura. Por ejemplo, se observa una relación positiva con la edad y la educación, y una relación negativa con la condición femenina y afrodescendiente. En cambio, la presencia de menores en el hogar se encuentra negativamente relacionada con una inserción adecuada, lo que indica que las responsabilidades de cuidados tornan más selectivo el proceso de búsqueda de empleo y que solo se opta por un empleo cuando este es satisfactorio. Se corrobora, además, que la probabilidad de adecuación educativa (sin sobrecalificación) se incrementa con la edad y disminuye en Montevideo. Por otra parte, la no significación del coeficiente correspondiente al año de la encuesta refleja el carácter estructural del fenómeno.

c) Resultados de las estimaciones por sexo

En el caso de la población femenina, se confirma la existencia de un sesgo de selección en la decisión de trabajar, pues el coeficiente athrho resulta estadísticamente significativo al máximo nivel de confianza (véase el cuadro 5). A diferencia de lo observado cuando se consideran ambos sexos, en las estimaciones realizadas para las mujeres se aprecia una correlación positiva entre los términos de error de ambas ecuaciones. Ello sugiere que los factores no observados que inciden sobre la probabilidad de estar ocupada influyen en la misma dirección sobre la probabilidad de no estar sobrecalificada. En particular, en este grupo cobra más fuerza la hipótesis de que la inactividad o el desempleo pueden ser estrategias adoptadas para evitar caer en empleos de mala calidad y, de este modo, la muestra de mujeres trabajadoras estaría positivamente sesgada en factores no observables, como la motivación, la habilidad o la aversión al riesgo (Croce y Ghignoni, 2011; Nicaise, 2001).

Cuadro 5

Uruguay: estimaciones probit en dos etapas (con selección muestral), mujeres, efectos marginales y errores estándar, 2012-2017

Ocupado/a

No sobrecalificado/a

Efecto marginal

Error estándar

Efecto marginal

Error estándar

Condición migratoria (no migrante)

Retornado reciente de España

-0,039

0,015

-0,026**

0,013

Retornado antiguo de España

0,038

0,022

-0,019

0,018

Año (2012)

2013

-0,004

0,003

0,000

0,003

2014

0,000

0,003

0,000

0,003

2015

-0,004

0,003

-0,003

0,003

2016

-0,007**

0,003

-0,004

0,003

2017

-0,012***

0,003

-0,003

0,003

Afro (no afrodescendiente)

-0,008***

0,003

-0,001

0,003

Unido (no unido)

-0,062

0,002

Menor6_hog (sin menores en hogar)

-0,046

0,002

0,007***

0,002

Nivel educativo (<= bach. incompleto)

Bachillerato completo

-0,115***

0,003

-0,238***

0,004

Terciaria completa

0,060***

0,004

-0,272***

0,004

Grupos de edad (15 a 24 años)

25 a 34 años

0,050***

0,004

0,021***

0,004

35 a 44 años

0,053***

0,004

0,028***

0,004

45 a 54 años

0,031***

0,004

0,039***

0,004

55 a 64 años

0,031***

0,003

0,038***

0,004

Montevideo (resto país)

0,037***

0,002

-0,029

0,002

Rama principal (sector primario)

Industrias manufactureras

0,025***

0,006

Construcción

0,094***

0,010

Electricidad, gas, agua y saneamiento

0,109***

0,011

Comercio y reparaciones

0,115***

0,005

Transporte y almacenamiento

0,084***

0,008

Alojamiento y servicios de comida

0,083***

0,007

Resto del sector terciario

0,127***

0,005

Asalariado (autónomo, otros)

0,010***

0,002

Tasa empleo

0,009

0,000

_cons

-1,440***

0,013

1,096

0,043

/athrho

0,190***

0,029

Rho

0,188

0,028

N

236 972

N truncadas

90 791

Wald chi2

10 569,57

Log verosimilitud

-177 136,4

Fuente: Elaboración propia sobre la base del procesamiento de microdatos de la Encuesta Continua de Hogares de 2012 a 2017.

Nota: *significativo al 10%, ** significativo al 5%, *** significativo al 1%; errores estándar robustos; categorías de referencia entre paréntesis.

En lo que respecta a la población masculina, los resultados de las estimaciones que informan acerca de la pertinencia de emplear modelos probit bietápicos arrojan conclusiones menos contundentes. El coeficiente para el modelo bietápico que estima (de forma condicional a la primera etapa) la probabilidad de no sobrecalificación no es significativo, lo que sugiere, en este caso, que en la población masculina no existe un sesgo de selección en las decisiones de empleo. En síntesis, los resultados muestran que la metodología empleada es particularmente pertinente para el análisis de la inserción laboral de las mujeres, quienes, además de constituir prácticamente la mitad de la población retornada, aparecen como más propensas a tomar decisiones de no participar del mercado laboral cuando las ofertas de empleo no son satisfactorias (véase el cuadro 6).

Cuadro 6

Uruguay: estimaciones probit en dos etapas (con selección muestral), varones, efectos marginales y errores estándar, 2012-2017

Ocupado/a

No sobrecalificado/a

Efecto marginal

Error estándar

Efecto marginal

Error estándar

Condición migratoria (no migrante)

Retornado reciente de España

-0,057***

0,012

-0,041***

0,011

Retornado antiguo de España

-0,009

0,017

-0,015

0,017

Año (2012)

2013

-0,006**

0,002

0,003

0,003

2014

-0,009***

0,002

0,001

0,003

2015

-0,022***

0,002

0,003

0,003

2016

-0,029***

0,002

-0,001

0,003

2017

-0,035***

0,002

0,002

0,003

Afro (no afrodescendiente)

0,003

0,002

0,009***

0,003

Unido (no unido)

0,111***

0,002

Menor6_hog (sin menores en hogar)

0,018***

0,002

0,009***

0,002

Nivel educativo (<= bach. incompleto)

Bachillerato completo

0,015***

0,002

-0,388***

0,003

Terciaria completa

0,042***

0,003

-0,447***

0,005

Grupos de edad (15 a 24 años)

25 a 34 años

0,004*

0,003

0,018***

0,004

35 a 44 años

0,010***

0,003

0,024***

0,004

45 a 54 años

-0,004

0,003

0,042***

0,004

55 a 64 años

-0,066***

0,002

0,051***

0,003

Montevideo (resto país)

-0,013***

0,001

-0,002

0,002

Ocupación (alta calificación no manual)

Baja calificación no manual

Manual calificado

Manual no calificado

Rama principal (sector primario)

Industrias manufactureras

-0,008**

0,003

Construcción

0,010***

0,003

Electricidad, gas, agua y saneamiento

0,008

0,007

Comercio y reparaciones

0,038***

0,003

Transporte y almacenamiento

-0,004

0,004

Alojamiento y servicios de comida

0,063***

0,005

Resto del sector terciario

0,090***

0,003

Asalariado (autónomo, otros)

0,016

0,002

Tasa empleo

0,005***

0,000

_cons

-1,288***

0,015

1,244***

0,027

/athrho

0,034

0,026

Rho

0,034

0,026

N

213 921

N truncadas

46 508

Wald chi2

25 523,75

Log verosimilitud

-131 384

Fuente: Elaboración propia sobre la base del procesamiento de microdatos de la Encuesta Continua de Hogares de 2012 a 2017.

Nota: *significativo al 10%, ** significativo al 5%, *** significativo al 1%; errores estándar robustos; categorías de referencia entre paréntesis.

d) Efectos de la experiencia migratoria sobre el acceso al empleo según el tiempo transcurrido desde el retorno

Dado que en los modelos precedentes se observa un efecto significativo (negativo) de la condición de retornante reciente sobre la probabilidad de acceso al empleo, con el propósito de establecer puentes con la literatura sobre integración de poblaciones inmigrantes interesa profundizar en el análisis del rol del tiempo de residencia tras el retorno. Por ello, en la medida en que las observaciones lo permiten, en adelante se presentan los efectos marginales estimados de la condición de retornante reciente por cada año transcurrido desde el retorno, junto con sus respectivos intervalos de confianza.

Los modelos estimados sugieren que la situación desventajosa de los migrantes de retorno reciente en relación con los no migrantes se explica sobre todo por las personas recién llegadas. En particular, considerando ambos sexos, la brecha negativa de la población retornada reciente es considerablemente elevada para quienes no alcanzan a completar un año de residencia en el Uruguay (la probabilidad de estar ocupado es 19 puntos menor en comparación con los no migrantes), y deja de ser significativa transcurridos dos años del retorno. Por lo tanto, estos datos van en sintonía con las hipótesis que ponen énfasis en el carácter disruptivo del retorno sobre las trayectorias laborales, en el sentido de que las decisiones de retorno suelen tomarse antes de la aceptación de ofertas de empleo en el país de origen (Lindstrom, 2013), y entonces las dificultades de acceso a un empleo estarían asociadas, sobre todo, a un período de reajuste al mercado laboral uruguayo. El análisis desagregado por sexo corrobora este patrón e indica que la hipótesis del efecto disruptivo de la migración sería algo más atenuada en los varones (véase el gráfico 1).

Gráfico 1

Uruguay: efectos marginales de la condición de retornante de España sobre la probabilidad de estar ocupado, según sexo, 2012-2017

Fuente: Elaboración propia sobre la base del procesamiento de microdatos de la Encuesta Continua de Hogares de 2012 a 2017.

Nota: Intervalos estimados al 95% de confianza.

Al examinar en qué medida persiste y se acentúa la brecha negativa en el acceso al empleo para la población retornada en distintos subgrupos sociodemográficos, se encuentra que los dos más desfavorecidos son las personas de mayor nivel educativo (con al menos secundaria completa) y edad (40 a 64 años). Los resultados de los modelos estimados para estos subgrupos muestran que una persona retornada reciente de España con secundaria completa o más tiene, en promedio, 11 puntos menos de probabilidad de tener empleo que una no migrante. Esta brecha negativa se mantiene incluso hasta en la población con tres años de residencia ininterrumpida en el Uruguay tras el retorno y es especialmente pronunciada en los grupos de población retornada con hasta un año de residencia en el país de origen (véase el gráfico 2). Por su parte, la población retornada reciente de 40 años o más registra, en promedio, una probabilidad de estar ocupada de 8 puntos menos que la población no migrante de idéntica edad, y el efecto negativo de la condición de retornante tiende a desaparecer una vez transcurridos dos años del retorno.

Gráfico 2

Uruguay: efectos marginales estimados de la condición migratoria sobre la probabilidad de estar ocupado, según edad y nivel educativo, 2012-2017

Fuente: Elaboración propia sobre la base del procesamiento de microdatos de la Encuesta Continua de Hogares de 2012 a 2017.

Nota: Intervalos estimados al 95% de confianza.

Estos hallazgos que sugieren mayores dificultades de reintegración para la población más educada y de mayor edad coinciden con un estudio cuantitativo anterior enfocado en el conjunto de la población retornada uruguaya con independencia del país de procedencia, basado en datos del bienio 2012-2013 (Koolhaas, 2016). A su vez, los resultados abonan las explicaciones que ponen énfasis en aspectos como las dificultades de reconocimiento y transferibilidad del capital humano adquirido durante la experiencia migratoria, así como en el carácter más disruptivo del retorno sobre las trayectorias laborales de las personas en etapas avanzadas del curso de vida. Si bien un evento disruptivo en el contexto del mercado laboral uruguayo constituye una adversidad significativa para todas las personas en etapas avanzadas del curso de vida (con independencia de la condición migratoria), el evento migratorio (de retorno) incrementa notablemente las posibilidades de que se registre una disrupción en la trayectoria laboral, pues dicho evento disruptivo solo no existiría en el caso de que la decisión de retorno se encuentre exclusivamente motivada por una oportunidad laboral en el Uruguay.

e) Efectos condicionales y no condicionales de la experiencia migratoria sobre la sobrecalificación

A continuación, interesa verificar en qué medida el efecto negativo de la experiencia migratoria sobre la probabilidad de encontrarse en una situación sin sobrecalificación se acentúa o reduce para diferentes grupos sociodemográficos (según sexo, edad y educación).

Los modelos en dos etapas estimados arrojan resultados similares a los modelos probit simples. En particular, se corrobora tanto para varones como para mujeres considerados en forma conjunta o separada, el efecto negativo de la condición de retornante reciente sobre la probabilidad de acceder a un empleo sin condiciones de sobrecalificación (véase el gráfico 3). A partir de la comparación entre los efectos marginales estimados mediante un modelo simple y otro bietápico se identifica que las diferencias entre ambas estimaciones aumentan al restringir el análisis a la población femenina, lo que vuelven a confirmar la pertinencia de la metodología en dos etapas cuando se incorpora en el estudio a las mujeres. Una vez más, esto sugiere que, sobre todo en el caso de las mujeres, una parte del desempleo o de la inactividad observada de la población retornada es voluntaria, en la medida en que se prefiere no aceptar ofertas de empleo que resulten insatisfactorias.

Al estimar los modelos bietápicos para los subgrupos segmentados por edad o nivel educativo se vuelve a identificar una acentuación del efecto negativo de la condición de retornante reciente. En este caso, el efecto de signo negativo de mayor magnitud se encuentra (como era de esperar en función de la naturaleza del indicador) en el segmento de personas que cuentan con un nivel educativo de al menos bachillerato completo (véase el gráfico 4). Respecto de los efectos marginales estimados según el carácter condicional o no a la etapa 1, los datos sugieren que, junto con las mujeres, el grupo más selectivo para aceptar ofertas de empleo es el más educado[9].

Gráfico 3

Uruguay: efectos marginales de la condición de retornante de España sobre la probabilidad de no estar sobrecalificado, según sexo, 2012-2017

Fuente: Elaboración propia sobre la base del procesamiento de microdatos de la Encuesta Continua de Hogares de 2012 a 2017.

Nota: Intervalos estimados al 95% de confianza.

Gráfico 4

Uruguay: efectos marginales de la condición de retornante de España sobre la probabilidad de no estar sobrecalificado, personas de 40 años o más o con al menos bachillerato completo, 2012-2017

Fuente: Elaboración propia sobre la base del procesamiento de microdatos de la Encuesta Continua de Hogares de 2012 a 2017.

Nota: Intervalos estimados al 95% de confianza.

D. Conclusiones

El análisis precedente, referido a la población retornada de España en el contexto de reintegración al Uruguay, permitió corroborar la hipótesis que sostiene la existencia de una relación negativa entre la condición de retornante reciente y el acceso al empleo, en sintonía con la literatura internacional (Muschkin, 1993; Arif, 1998; Saarela y Finnas, 2009; Mezger y Flahaux, 2013) y con antecedentes nacionales que no se enfocaron específicamente en un corredor migratorio determinado (Prieto y Koolhaas, 2014; Koolhaas, 2016).

La estrategia empírica utilizada de emplear modelos bietápicos para controlar los sesgos en el empleo ha corroborado su pertinencia para someter a prueba la relación entre la condición migratoria y la (in)adecuación educativa del empleo principal, considerando la alta proporción de mujeres en la población retornada. Esto se fundamenta principalmente en que la estimación de los efectos no condicionales de la experiencia migratoria en las condiciones laborales femeninas estaría sobreestimada en modelos probit simples, resultado que puede asociarse al mayor salario de reserva de las mujeres respecto de los varones, por ejemplo, como consecuencia de la desigual distribución de las tareas de cuidado.

Con base en dicha metodología, los resultados corroboran la existencia de una relación negativa de la experiencia migratoria con la reintegración laboral identificada en trabajos anteriores. Asimismo, sugieren la existencia de una relación positiva entre el tiempo transcurrido tras el retorno y el acceso al empleo en condiciones de adecuación educativa (sin sobrecalificación). En particular, los datos sugieren una acentuación del efecto negativo de la condición de retornante reciente en las personas de mayor edad y nivel educativo, los dos colectivos que resultan más afectados por el carácter disruptivo del retorno en las trayectorias laborales y en el segundo caso, eventualmente, también por barreras al reconocimiento y a la transferibilidad del capital humano. Este resultado coincide con trabajos anteriores (Lindstrom, 2013; Koolhaas, 2016; Mercier y otros, 2016) y reafirma la pertinencia del diseño de políticas que favorezcan los procesos de reintegración, atendiendo de forma más focalizada las vulnerabilidades específicas derivadas de la falta de experiencia reciente en el mercado de trabajo del país de origen.

En función de las limitaciones de la fuente de datos empleada, no concebida para el estudio de los procesos de (re)integración, no ha sido posible contrastar diversos factores explicativos de la reintegración laboral de las personas retornadas, incluidos los relacionados con la experiencia migratoria y la acumulación de recursos para preparar el retorno. De particular importancia son las omisiones relativas tanto a la información sobre los países donde se cursaron los niveles educativos formales, como a las características de la inserción laboral en el país ibérico y las habilidades adquiridas durante la emigración (ya sea por empleo o educación informal). Además de mayores precisiones para distinguir cuánto del capital humano portado por las personas retornadas proviene de la experiencia migratoria y cuánto ya había sido adquirido antes de la emigración, otro aspecto relevante del que se carece de información cuantitativa se relaciona con la duración de la experiencia migratoria y el mantenimiento de vínculos con el país de origen. Todos estos factores pueden incidir en los resultados analizados, pero lamentablemente no han sido observados en la fuente utilizada.

A pesar de las importantes limitaciones mencionadas, considerando que la muestra de personas retornadas corresponde a información de la población que ha retornado y no ha fallecido o vuelto a migrar y que, cuanto mayor es el tiempo transcurrido tras el retorno, más grande sería el sesgo derivado que solo observamos a quienes han retornado y permanecido en el Uruguay, la información recogida es más bien pesimista sobre el rol de la experiencia migratoria en la acumulación de recursos de capital económico y humano, en la medida en que en ningún caso se ha observado un efecto positivo de la experiencia migratoria en la reinserción laboral.

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[1] Magíster en Demografía y Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de la República (UDELAR). Investigador del Programa de Población de la Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR. Correo electrónico: martin.koolhaas@cienciasociales.edu.uy.

[2] El período de análisis toma en cuenta el contexto de mayor auge de los flujos de retorno. No se consideran ediciones más recientes de la ECH porque el número de personas retornadas procedentes de España ha sido cada vez más bajo, y, a su vez, las dos ediciones más recientes (2020 y 2021) han estado enmarcadas en el contexto de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19). Esto último supuso una interrupción del relevamiento presencial de la encuesta y un recorte al cuestionario que se tradujo en la exclusión del módulo migratorio.

[3] La decisión de excluir a las personas pertenecientes a otros grupos con experiencia migratoria internacional responde al propósito principal de examinar el efecto de la condición de retornado de España sobre la inserción laboral tras el retorno. Para ello, corresponde comparar los resultados observados en la población de interés con la población uruguaya sin experiencia migratoria, sin incluir en el grupo de referencia a la población retornada de otros países. La exclusión de las personas retornadas a edades no adultas (menos de 18 años) se debe a la suposición de que no registran experiencia laboral en España, cuando una de las premisas es que la población trabajadora retornada en general cuenta con este tipo de experiencia. Por último, el hecho de no considerar a las personas retornadas con más de diez años de residencia en el Uruguay tras el retorno responde a que, además de ser una parte muy minoritaria de la población retornada, se presume que, transcurrido ese intervalo temporal, los posibles efectos negativos de la condición de retornado tienden a desaparecer, lo que se conjuga con el hecho de que en este grupo tiene mucha fuerza un sesgo asociado a decisiones de reemigración producto de las dificultades de reintegración laboral. Decisiones similares se han tomado en trabajos anteriores enfocados en poblaciones inmigrantes (Méndez, 2018; Borjas, 1985 y 1995).

[4] Para el procesamiento y análisis de los datos se utilizan los ponderadores anuales elaborados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) del Uruguay, publicados bajo la denominación “pesoano”.

[5] Se emplea la clasificación a un dígito de la Clasificación Internacional de Ocupación, que consta de nueve categorías, excluido el personal militar.

[6] De acuerdo con el análisis estadístico, se considera a una persona sobrecalificada si cuenta con al menos los siguientes años de educación: i) 18 años en la categoría de “personal directivo”, ii) 19 años en el grupo de “profesionales y técnicos”, iii) 16 años entre los “técnicos de nivel medio”, iv) 15 años en el grupo de “oficinistas”, v) 13 años en la categoría de “trabajadores de servicios y vendedores”, vi) 11 años entre los “trabajadores agropecuarios, forestales y pesqueros”, vii) 12 años en el grupo de “oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios”, viii) 12 años en la categoría de “operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores” y ix) 11 años en el grupo de “trabajadores no calificados”.

[7] Una persona retornada es identificada en los microdatos a partir de la combinación de las preguntas sobre el lugar de nacimiento, el lugar de residencia anterior y el lugar de residencia cinco años antes. Un retornado reciente se define como aquella persona nacida en el Uruguay que cumplía con al menos una de las siguientes condiciones: cinco años antes residía en el exterior o su lugar de residencia anterior es un país extranjero y reside sin interrupciones en su localidad de residencia actual hace cinco años o menos. Por su parte, un retornado antiguo es aquella persona nacida en el Uruguay, cuyo lugar de residencia anterior es un país extranjero y reside sin interrupciones en su localidad de residencia actual hace más de cinco años. De este modo, las personas retornadas que llegaron al Uruguay inicialmente a una división administrativa diferente de la que residen en la actualidad solo pueden ser captadas mediante la pregunta del lugar de residencia cinco antes, lo que introduce un sesgo de naturaleza desconocida, que es más significativo para la categoría de retornados antiguos.

[8] Este grupo de variables incluye una variable de efectos fijos (año de la ECH) que contribuye a capturar factores no observables asociados al extenso intervalo temporal considerado (2012-2017).

[9] Cabe recordar que la definición de sobrecalificación adoptada considera que una persona puede encontrarse en situación de sobrecalificación con un número de años de estudio superior a la media más una desviación estándar de su estrato ocupacional. Así, por ejemplo, una persona con 11 años de estudio o más que se desempeña como trabajadora doméstica se considera que se encuentra sobrecalificada.

Artículo 05

Transiciones del curso de vida y migración interna en el Brasil: un análisis basado en datos de múltiples períodos

Reinaldo Onofre dos Santos[1]

Alisson Flávio Barbieri[2]

Ernesto Friedrich de Lima Amaral[3]

Recibido: 11/12/2022

Aceptado: 18/04/2023

Resumen

Este trabajo tiene por objeto investigar la relación entre las transiciones del curso de vida y los patrones de edad de la migración interna en el Brasil. Analizamos y generamos métricas de cohortes sintéticas para las transiciones del curso de vida sobre la base de datos transversales provenientes de los censos demográficos del Brasil correspondientes a 1991, 2000 y 2010. Utilizamos el modelo Rogers-Castro para evaluar los patrones de edad referidos a la migración. Los resultados dan indicios de una estrecha asociación entre la migración y las transiciones del curso de vida, en particular en lo referido al momento de la primera unión. Además, los resultados indican que la distancia entre las zonas de origen y de destino de los migrantes es una variable explicativa importante. Demostramos que es posible analizar poblaciones de gran tamaño con métricas de cohortes sintéticas extraídas de los datos de varios períodos.

Palabras clave: Migración interna, grupos de edad, migrantes, análisis demográfico, modelos matemáticos, dinámica de la población, Brasil.

Abstract

This work aims to investigate the relationship between life course transitions and age patterns relating to internal migration in Brazil. Synthetic cohort metrics for life course transitions were analysed and generated on the basis of cross-sectional data from Brazil’s 1991, 2000 and 2010 population censuses. The Rogers-Castro model was used to evaluate age patterns relating to migration. The results suggest a strong association between migration and life course transitions, particularly with respect to the timing of the first union. The results also indicate that the distance between the migrants’ areas of origin and destination is a significant explanatory variable. The article demonstrates that it is possible to analyse large populations with synthetic cohort metrics drawn from multiperiod data.

Keywords: internal migration, age groups, migrants, demographic analysis, mathematical models, population dynamics, Brazil.

Résumé

Cet article se propose d’étudier la relation entre les transitions du parcours de vie et les schémas de migration interne par âge au Brésil. Il s’agit d’analyser et de générer des mesures synthétiques de cohortes pour les transitions du parcours de vie, sur la base de données transversales issues des recensements démographiques brésiliens de 1991, 2000 et 2010. Le modèle utilisé est celui de Rogers-Castro, qui permet d’évaluer les schémas d’âge liés à la migration. Les résultats suggèrent qu’il existe un lien étroit entre la migration et les transitions du parcours de vie, en particulier pour ce qui est du moment de la première union. En outre, les résultats obtenus démontrent qu’une variable explicative importante est la distance entre les zones d’origine et de destination des migrants. Cette étude démontre qu’il est possible d’analyser de grandes populations à l’aide de mesures de cohortes synthétiques issues de données multi-périodiques.

Mots clés: migration interne, groupes d’âge, migrants, analyse démographique, modèles mathématiques, dynamique de la population, Brésil.

Introducción

La migración, al igual que los otros dos componentes demográficos —fecundidad y mortalidad—, es una circunstancia íntimamente relacionada con la edad. Si bien la migración se produce a cualquier edad, las mayores probabilidades de que ocurra se concentran en determinados momentos de la vida (Rogers y Castro, 1981). Por un lado, el nivel de migración (el volumen total de migrantes) obedece a los contextos socioeconómicos y ambientales en los que reside la población (Zipf, 1946; Stewart, 1948; Lee, 1966; Pandit, 1997). Por otro lado, el patrón de edad de la migración está estrechamente vinculado con las transiciones del curso de vida (Mulder y Wagner, 1993 y 1998; Clark y Withers, 2007; Coulter y Van Ham, 2013; Kulu y otros, 2019).

Si bien se han realizado numerosos análisis sobre los flujos de población, no son muchos los estudios en los que se ha investigado el patrón de edad de la migración y sus vinculaciones con las transiciones que ocurren a lo largo del curso de vida en el Brasil. Los estudios sobre las trayectorias y las transiciones del curso de vida han hecho hincapié en el ingreso a la vida adulta, y han sostenido que la redistribución de la población joven es una consecuencia de la migración, a la que también se atribuyen los errores de medición de las estimaciones (Tomás, Oliveira y Rios-Neto, 2008; Camarano y otros, 2003; Santos, 2018). Los estudios sobre los patrones de edad de las migraciones se centran en el perfil de los migrantes (Cunha, 2006; Jannuzzi, 1998), en sus motivaciones (Oliveira y Jannuzzi, 2005), en la distribución espacial de la población y los efectos sobre la estructura de edad (Rigotti, 2008), y en algunos temas específicos, como la movilidad de la población mayor (Campos, Barbieri, y Guedes, 2010).

En este trabajo, usamos datos de los censos de población del Brasil correspondientes a 1991, 2000 y 2010 para analizar la relación entre el perfil de edad de los migrantes internos y las ‘transiciones del curso de vida. Sobre la base de la literatura, partimos de la hipótesis de que los cambios contextuales en el entorno físico, social y económico repercuten sobre los niveles de migración, en tanto que el perfil de edad de la migración se vincula con las transiciones del curso de vida de las personas (Bell y otros, 2015; Santos, 2019; Rogers, Raquillet y Castro, 1977; Rogers y Castro, 1981; Pandit, 1997).

El énfasis sobre la migración interna[4] obedece a su magnitud y a la disponibilidad de datos para estimar los flujos subnacionales de migración y las transiciones del curso de vida en el Brasil. El número de personas que migraron entre los estados brasileños entre 2005 y 2010 y que aún estaban vivos al final del período supera las cuatro millones de personas, según el censo demográfico de 2010. La migración internacional no tuvo efectos sustanciales sobre el tamaño y la estructura de la población brasileña: entre 2005 y 2010, hubo 361.841 inmigrantes y 336.925 emigrantes en el país, lo que corresponde a una migración internacional neta de 24.916 personas (Carvalho y otros, 2016).

Partimos del supuesto de que la migración es una acción instrumental —un medio para un fin— que coincide con otras transiciones del curso de vida, y que los datos de distintos períodos nos permiten establecer y generar un modelo sobre la relación entre la migración y las transiciones del curso de vida. Con relación al último aspecto, si bien medir las cohortes a partir de datos longitudinales sería la mejor opción metodológica (Kley, 2010; Mulder y Wagner, 1993; Willekens, 1991 y 1999; Barbieri, Carr y Bilsborrow, 2009), las encuestas que generan datos de este tipo son costosas y de difícil ejecución en un país con la escala del Brasil. Una alternativa es usar datos censales para estimar las funciones y las medidas de las cohortes a partir de los datos del período (Hajnal, 1953; Modell, Furstenberg y Hershberg, 1976; Wachter, 2006). Esta estrategia implica estimar los parámetros de la función de migración de Rogers-Castro (Rogers y Castro, 1981), así como las métricas del curso de vida que se sugieren en la literatura (Hajnal, 1953; Modell, Furstenberg y Hershberg, 1976; Wachter, 2006), para estimar el volumen de migrantes intrarregionales e interregionales, así como de los no migrantes y de la población total.

Sobre la base de estos estudios previos, elaboramos cuatro hipótesis sobre el patrón y el nivel de las tasas de migración por edad, así como sobre los vínculos que existen entre el momento de la migración y las transiciones a lo largo de la vida (Guinnane, 1992; Coulter, Ham y Findlay, 2016; Wilson, 2010; Clark, 2016; Cooke, Mulder y Thomas, 2016; Bernard, Bell y Charles-Edwards, 2014; Santos, 2019). En primer lugar, esperamos que el perfil de edad de los migrantes se mantenga estable a lo largo del tiempo. En segundo lugar, estimamos que la edad media en la fuerza laboral es más alta en el caso de los hombres que de las mujeres, lo que refleja las diferencias de edad al momento del primer casamiento. En tercer lugar, nuestra hipótesis es que existen diferencias referidas a los momentos y el alcance de las transiciones del curso de vida al comparar entre los migrantes y los no migrantes. En cuarto lugar, esperamos constatar una asociación entre las edades medias de las transiciones del curso de vida y la edad modal de migración. Ofrecemos detalles sobre estas hipótesis en las siguientes secciones.

Nuestro trabajo contribuye a los estudios demográficos al analizar los flujos migratorios entre las zonas geográficas subregionales y la función de las transiciones del curso de vida como factores que determinan la movilidad (Bernard, Bell y Charles-Edwards, 2014). Este análisis también demuestra cómo usar las mediciones del período para entender las características generales de los patrones de migración en el Brasil, que pueden replicarse en otros contextos. Además, investigar las regularidades existentes en los patrones de migración por edad y sus asociaciones con las transiciones durante el ciclo vital: i) permitirá que en estudios futuros se utilicen las transiciones del curso de vida como variables asintomáticas para estimar los patrones de migración por edad de zonas pequeñas, o incluso proyecciones de estos patrones, y ii) permitirá comprender las especificidades de los flujos de migración interna a través de sus relaciones con sucesos vitales que ocurren aproximadamente al mismo tiempo que la migración.

Seleccionamos cuatro transiciones vitales para analizar sus asociaciones con la migración: la finalización de la educación básica (secundaria); el ingreso al mercado de trabajo; el primer matrimonio/unión, y el primer hijo. Estas transiciones han experimentado profundos cambios en el Brasil en años recientes. En los censos demográficos del Brasil, se brindan datos sobre la transición referida al nacimiento del primer hijo únicamente para las mujeres (véase el cuadro 1).

Cuadro 1

Brasil: edad media de las transiciones del curso de vida

Transiciones del curso

de vida

Sexo

Año

1991

2000

2010

Finalización de la

educación básica

Mujer

20,2

19,2

19,1

Hombre

21,0

19,5

19,5

Ingreso al mercado

de trabajo

Mujer

16,8

17,1

18,2

Hombre

17,0

17,2

18,2

Primera unión

Mujeres

23,2

23,1

23,4

Hombres

26,3

26,3

26,4

Primer hijo

Mujeres

22,6

23,8

25,1

Hombres

-

-

-

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Censo Demográfico de 1991, 2000 y 2010.

La edad media de las mujeres cuando tienen su primer hijo aumentó de 22,6 años en 1991 a 25,1 años en 2010. Este importante aumento refleja la postergación de la maternidad, que ocurre de forma simultánea con el declive de las tasas totales de fecundidad en el período (Santos, 2019). La transición referida a la edad del primer matrimonio/unión prácticamente no varió durante el período 1991-2010. En general, las edades medias de la primera unión son mayores para los hombres (26,3 a 26,4 años en el período) que para las mujeres (23,2 a 23,4 años). Estas tendencias reflejan una divergencia entre la nupcialidad y la fecundidad: la edad media de la primera unión permanece estable, en tanto que la edad media al momento de tener el primer hijo aumenta. Estos patrones obedecen al hecho de que la nupcialidad (primer matrimonio/unión) no necesariamente plantea conflictos con otras transiciones del curso de vida, como la maternidad y el ingreso al mercado de trabajo (Willekens, 1991; McDonald, 2000).

La edad media de ingreso al mercado laboral aumentó entre 1991 y 2010, en tanto que la edad media de finalización de la educación básica (educación secundaria) disminuyó en el mismo período. La edad media de ingreso al mercado laboral aumentó en más de un año entre 1991 y 2010, y pasó de 16,8 a 18,2 años para las mujeres y de 17,0 a 18,2 años para los varones (Santos, 2019). En el mismo período, la expansión de la educación básica en el país contribuyó a reducir la edad media de finalización de la educación secundaria (o educación básica), de 20,2 a 19,1 años para las mujeres, y de 21,0 a 19,5 años para los hombres. Esta ligera reducción de las edades medias de finalización de la educación básica podría obedecer a las desigualdades regionales y sociales existentes en el Brasil. Una proporción importante de la población del país aún se ve obligada a elegir entre estudiar o dedicar su tiempo a otras actividades, como ingresar al mercado laboral. Según datos de la encuesta nacional permanente de hogares (PNAD Continua), la proporción de personas mayores de 25 años con educación básica aumentó de un 47,4% en 2018 a un 48,8% en 2019. Se trata de una mejora insignificante, sobre todo teniendo en cuenta que la Constitución Federal de Brasil de 1988 establece que la educación básica es un derecho universal.

En la siguiente sección, brindamos una síntesis de los estudios anteriores sobre este tema, así como del contexto de la migración interna y la disponibilidad de datos en el Brasil. A continuación, describimos nuestros métodos y los resultados del análisis con respecto a la prueba de las hipótesis. Finalmente, analizamos los resultados y destacamos algunas conclusiones sobre la asociación entre el perfil de edad de la migración interna y las transiciones del curso de vida en el país.

A. Antecedentes

La dinámica demográfica es una función de las acciones y decisiones de las personas a lo largo de su curso de vida (Elder y Shanahan, 2006; Hogan y Goldscheider, 2003). Las personas recorren sus trayectorias como una secuencia de roles y experiencias sociales que determinan la dimensión de sus vidas. A lo largo de la vida de cada persona, la trayectoria puede experimentar cambios. A estos sucesos se les denomina “transición”, y determinan el fin de un período de estabilidad (Elder, Johnson y Crosnoe, 2003). Por ejemplo, el nacimiento de alguien en general marca el inicio de la trayectoria matrimonial de esa persona como individuo soltero y como alguien que, luego de un período de duración variable, podría o no efectuar la transición hacia su primer matrimonio. En este caso, el tiempo transcurrido entre el nacimiento y el primer matrimonio es la duración de la condición de soltero del individuo. Algunas transiciones son puntos de inflexión, que alteran drásticamente el curso de vida de una persona.

La noción de que el comportamiento demográfico general obedece a las acciones e interacciones de los agentes se conoce como “individualismo metodológico” (Willekens, 1999; Kulu y Milewski, 2007). Desde esta perspectiva, el enfoque basado en el ciclo vital coloca las acciones individuales en una situación de conflicto o convergencia entre las interacciones sociales (vidas vinculadas) o entre las dimensiones de la propia vida del individuo (trayectorias paralelas).

Para mantener las condiciones de vida por encima de cierto nivel, las familias pueden optar por ajustar el tamaño de su hogar o diversificar sus fuentes de subsistencia (Sherbinin y otros, 2008; Barbieri, Guedes y Santos, 2020). Estas estrategias incluyen migrar o reducir el número de hijos, sea mediante el celibato, el aborto, el aplazamiento del matrimonio o el uso de métodos anticonceptivos. De hecho, la familia es una unidad de toma de decisiones, y puede adoptar más de una estrategia a la vez. Por este motivo, estas estrategias se denominan “respuestas multifase”, que pueden definirse como reacciones a las oportunidades o a las limitaciones que enfrentan los individuos y sus familias (Davis, 1963).

La migración se vincula con las transiciones del curso de vida, y es un fenómeno demográfico íntimamente relacionado con la edad (Rogers, Raquillet y Castro, 1977; Januzzi, 1998; Santos, 2019). Esta afirmación no significa que no exista una característica latente en los migrantes que naturalmente los lleve a migrar. Por el contrario, existen otros diversos atributos además de la edad que llevan a las personas a decidir migrar. El hecho de que la migración se relacione con la edad implica que ocurre en ciertos momentos de las vidas de las personas, cuando deben tomar decisiones para lograr sus objetivos. Sin embargo, esta selectividad por edad depende de los efectos de las limitaciones estructurales (de tipo cultural, económico, político y socioambiental) como “factores desencadenantes” (Lee, 1966). El hecho de que la migración ocurra o no dependerá de la extensión del mapa mental de los individuos y las familias, que se basará en su conocimiento sobre las alternativas y en sus experiencias (Brown y Sanders, 1981).

El patrón de edad de las transiciones del curso de vida corresponde a factores determinantes cercanos al patrón de edad de la migración (Bernard, Bell y Charles-Edwards, 2014). Estos autores adaptan el modelo de fecundidad de Bongaarts (1978) a la migración para evaluar los factores contextuales que afectarían indirectamente el patrón de edad de la migración y que producirían cambios en la conducta del curso de vida. El modelo de determinantes cercanos al perfil de edad de la migración se vincula estrechamente con la noción del curso de vida. Existen factores externos que pueden modificar la jerarquía de estos determinantes y redefinir los procesos de utilización de recursos y establecimiento de prioridades (Willekens, 1991). El resultado implicaría un replanteo de los patrones de edad de las transiciones, lo que modificaría los momentos, la prevalencia y el alcance de cada transición (Modell, Furstenberg y Hershberg, 1976).

Una de las premisas en los estudios sobre las funciones modelo de la migración es que los patrones de migración se ven afectados por dimensiones de conducta que se manifiestan durante el ciclo vital, en tanto que el nivel de migración se ve afectado por factores contextuales (Rogers y Castro, 1981; Castro y Rogers, 1984). Por lo tanto, existen factores contextuales que podrían afectar directamente el nivel e indirectamente la forma de la función (Rogers y Castro, 1981). Sobre la base de esta perspectiva, se efectuó un análisis de 27 países con el objetivo de determinar el grado de asociación entre las métricas de las transiciones del curso de vida y el patrón de edad de la migración (Bernard, Bell y Charles-Edwards, 2014). En este estudio se operativizaron los conceptos relativos al momento, la prevalencia y el alcance de la migración para diversas transiciones del curso de vida: 1) primera unión; 2) finalización de la educación formal; 3) primer hijo (estimación solo para las mujeres) y 4) ingreso al mercado de trabajo. La noción de los momentos se basa en el indicador de edad media al momento del primer matrimonio sin agrupar (Hajnal, 1953; Wachter, 2006), en tanto que la prevalencia y el alcance se ajustan a las sugerencias de Modell, Furstenberg y Hershberg (1976). Se extrajeron dos mediciones de la función de migración (Bernard, Bell y Charles-Edwards, 2014): 1) el valor más alto de la función de migración por edad (intensidad), que podría ser la tasa o la probabilidad de migración, u otra medida de la propensión a ella, y 2) la edad en que la función de migración alcanza este valor más alto, que es la edad “máxima” de migración.

Uno de los principales objetivos de estos estudios fue estimar si los distintos patrones de migración entre las regiones obedecían a la diversidad de comportamientos observada en los patrones de edad de las transiciones del curso de vida, y en qué medida. En el caso de un país de proporciones continentales, como el Brasil, este ejercicio puede aplicarse usando los datos de los censos de migración interna. El objetivo de nuestro estudio es calcular métricas del patrón de edad de la migración y de las transiciones del curso de vida para establecer patrones de asociación entre ellos. Queremos advertir que realizamos un análisis de asociación, dado que las encuestas de períodos específicos en general no ofrecen información sobre los motivos de la migración. Sería útil contar con datos sobre los motivos de la migración, así como con encuestas longitudinales a fin de establecer los vínculos entre los acontecimientos migratorios y las transiciones del curso de vida.

Para analizar la migración y las transiciones del curso de vida, en el Brasil a menudo solo disponemos de datos para los períodos correspondientes a los censos demográficos, que se basan en información proveniente de cuestionarios en formato extenso aplicados a una muestra de la población. Estos datos pueden producir medidas por cohorte con cobertura nacional y representatividad regional. Una excepción en lo referido a los datos fue el estudio “Migração, emprego e projeções demográficas para o Estado de São Paulo: pesquisa regional por amostra domiciliar” en 1993 (Patarra, 1991). Esta encuesta incluyó 12.320 hogares y un cuestionario con 171 preguntas sobre diversos temas (Patarra y otros, 1997). Fue recién varios años después, en la encuesta nacional permanente de hogares de 2001 (PNAD) que se incluyeron preguntas para determinar los motivos de la migración a nivel nacional.

Luego de la encuesta PNAD de 2001, en ninguna otra encuesta nacional se recopiló información sobre los motivos de la migración, ni siquiera en un análisis retrospectivo. Para lograr una mayor cobertura nacional y entender las dinámicas más recientes de la migración, en nuestro estudio se analizan los censos demográficos de 1991, 2000 y 2010. En este análisis se establecen las diferencias del ciclo de vida y la migración a nivel subnacional, así como para flujos específicos entre las regiones. En la siguiente sección se examinan la metodología y las hipótesis analizadas en este estudio.

B. Hipótesis

Estudios anteriores han analizado la relación entre los perfiles de edad la migración y los sucesos del curso de vida (Bernard, Bell y Charles-Edwards, 2014). Algunos autores establecen una asociación entre el momento de la migración y las transiciones educativas (Wilson, 2010), el mercado de matrimonios (Mulder y Wagner, 1993), la constitución de un nuevo hogar (Guinnane, 1992; Coulter, Ham y Findlay, 2016), el ingreso al mercado de trabajo (Amaral, Rios-Neto y Potter, 2016), la disolución de las uniones (Clark, 2016; Cooke, Mulder y Thomas, 2016), el desempleo (Clark, 2016) y la jubilación (Rogers and Watkins, 1987; Campos, Barbieri y Guedes, 2010). Estos vínculos se ven afectados por factores contextuales (Bernard, Bell y Charles-Edwards, 2014). En consecuencia, la estructura social puede dar lugar a choques exógenos en la relación entre la migración y las transiciones del curso de vida.

Queremos puntualizar que nuestro objetivo no es establecer relaciones causales entre las transiciones del curso de vida y la migración, que ya han sido documentadas en otros estudios (Findlay y otros, 2015; Mulder y Hooimeijer, 1999; Kley y Mulder, 2010; Clark y Withers, 2007; Coulter y Van Ham, 2013; Kulu y otros, 2019). Nuestro objetivo es evaluar las especificidades de la relación entre las transiciones del curso de vida y la migración para un país con una población grande, sobre la base de datos de distintos períodos. Se trata de una relación que no ha sido examinada en profundidad en estudios anteriores, dado que las limitaciones de los datos de los períodos impiden realizar análisis causales (Santos, 2019). Sin embargo, el uso de métodos demográficos adecuados puede compensar la falta de estudios causales al brindar un panorama general de los flujos migratorios y su vinculación con las transiciones del curso de vida en un país con una extensión continental. Poco se sabe sobre las relaciones entre las transiciones del ciclo de vida y la migración en el Brasil a escala nacional (Santos, 2019), lo que hace del país un interesante estudio de caso. Además, ofrecemos una explicación mejor de las tendencias de la migración interna, que va más allá de la simple distribución espacial de las tasas migratorias.

Planteamos las siguientes cuatro hipótesis sobre la relación entre la migración y las transiciones del curso de vida en el Brasil en las décadas recientes. También verificamos los patrones espaciales de estas asociaciones.

Hipótesis 1: El perfil de edad de los migrantes se mantiene estable a lo largo del tiempo.

Evaluamos la estabilidad del perfil de edad de migración en el Brasil y sus regiones a lo largo del tiempo. El nivel y la estructura de los flujos migratorios regionales pueden cambiar de manera independiente (Rogers y Castro, 1981). Las variaciones de los flujos regionales específicos no necesariamente implican cambios en el comportamiento de otros (Rogers, Raquillet y Castro, 1977; Bernard, Bell y Charles-Edwards, 2014). Si el perfil de edad se mantiene estable, los factores estructurales tienen mayor incidencia sobre el volumen de la migración, no tanto sobre el momento en que ocurre. Por lo tanto, si el perfil de edad se mantiene estable, incluso si presenta fluctuaciones mínimas, los determinantes proximales de la migración (transiciones del curso de vida) probablemente tengan una mayor incidencia que los factores estructurales (Bernard, Bell y Charles-Edwards, 2014; Santos, 2019).

La relación entre el nivel y el patrón de migración por edad puede ser compleja. Los cambios en los niveles de migración neta pueden verse acompañados por reducciones en los patrones modales de edades al momento de la migración (Rogers y Rajbhandary, 1997). Además, las variaciones de los patrones de migración por edad debidos al aplazamiento o la anticipación de los flujos migratorios pueden desplazar las tasas más altas de migración hacia edades en las que el efecto de la mortalidad tiene una mayor o menor incidencia, lo que genera fluctuaciones en la tasa bruta de migración (Bernard y Pelikh, 2019). Pusimos esta hipótesis a prueba mediante la estimación del modelo Rogers-Castro para las migraciones intrarregionales e interregionales de hombres y mujeres en el Brasil, sin estimar las tasas brutas de migración.

Hipótesis 2: La edad media de la fuerza laboral es más alta para los hombres que para las mujeres, lo que refleja las diferencias de edad del mercado de matrimonios.

Las funciones de modelos migratorios propuestas por Rogers y Castro (1981) dan indicios de regularidades universales en el perfil de edad. Una de las características es que la edad media de la fuerza de trabajo es más alta para los hombres que para las mujeres. Este patrón obedece a la diferencia de edad en el mercado de matrimonios: la edad media en el momento del primer matrimonio es más alta entre los hombres que entre las mujeres.

La relación entre los flujos de población y el matrimonio puede ser real: 1) si la migración es una transición instrumental entre el matrimonio y la constitución de un hogar en el corto plazo (Mulder y Wagner, 1993; Clark y Withers, 2007); o 2) si la migración familiar ocurre en etapas posteriores del curso de vida (Mulder y Wagner, 1993). Sin embargo, si las transiciones del mercado de trabajo tienen una mayor incidencia en los flujos de población, las diferencias de migración por sexo podrían ser menos significativas, o incluso no existir. En algunos casos, tales diferencias podrían no ser más que un reflejo de quiénes son los primeros en migrar de sus hogares (hombres o mujeres) debido a decisiones laborales, no a decisiones vinculadas con el matrimonio (Mulder y Wagner, 1993). La distancia entre las zonas de origen y de destino también incide en la relación entre las transiciones del curso de vida y las diferencias de edad migratoria por sexo. Los hallazgos sugieren que la migración y el casamiento se sincronizan cuando la distancia es menor, lo que aumenta los diferenciales de edad migratoria media por sexo (Mulder y Wagner, 1993). Cuando la distancia es mayor, las diferencias de migración por sexo disminuyen, ya que se relacionan en mayor medida con factores laborales (Mulder y Wagner, 1993). Las comparaciones entre los parámetros que describen los componentes laborales de la migración por sexo y por regiones, así como las edades medias en las transiciones del curso de vida, nos ayudan a dar respuesta a estas preguntas. Estimamos y comparamos las edades medias y modales de las funciones de migración por sexo, considerando la distancia entre las zonas de origen y de destino.

Hipótesis 3: Existe selectividad en las transiciones del curso de vida según las características individuales de los migrantes, lo que genera diferencias entre los migrantes y los no migrantes en lo referido a los momentos en que se producen las transiciones del curso de vida y su alcance.

La selectividad de la migración es un concepto ampliamente utilizado que sugiere que el fenómeno de la migración obedece al menos en parte a los atributos y características específicos de las personas. La edad es un atributo clave que afecta la selectividad y la probabilidad de un suceso demográfico. Desde la perspectiva del curso de vida, las diferencias de edad se manifiestan mediante una secuencia de roles y transiciones sociales a lo largo de la vida (Elder, 1975). La presencia de selectividad en las transiciones del curso de vida sugiere, según la condición migratoria, que se observarían diferencias en los momentos de las transiciones al comparar entre los migrantes y los no migrantes. Esta selectividad puede manifestarse en todas o en algunas dimensiones de la vida.

Hemos estimado las edades medias y el alcance de las transiciones, así como la congruencia de cada tipo de transición —el ingreso al mercado laboral, la finalización de la educación básica, la primera unión y el primer hijo— entre migrantes y no migrantes para ambos sexos. El objetivo es constatar si existen incongruencias entre las transiciones de los migrantes y los no migrantes. En caso de constatarse diferencias, señalamos que los migrantes siguen trayectorias específicas y, por ende, sus ciclos vitales no pueden compararse con los de la población general (no migrantes).

Hipótesis 4: Existe una asociación entre los momentos de las transiciones del curso de vida y la edad de mayor propensión a la migración.

Los contextos sociales, económicos, ambientales, culturales y políticos determinan las trayectorias del curso de vida de las personas. En el Brasil, las diferencias regionales y la interdependencia socioeconómica entre las regiones implican que los flujos poblacionales dependen de las zonas de origen y de destino de los migrantes. Por ejemplo, si una región dada tiene escasos recursos o pocas posibilidades de empleo, las tasas de migración saliente serán más altas en el caso de los adultos jóvenes, lo que dará lugar a una pequeña correlación entre la migración de adultos y de niños. Otro ejemplo es que si el período entre la “primera unión” y el “primer hijo” es más largo, la migración puede ocurrir al mismo tiempo que una de estas transiciones, pero estará más alejada de la otra.

Las transiciones del curso de vida funcionan como determinantes próximos del perfil de edad migratoria. Bernard, Bell, y Charles-Edwards (2014) proponen indicadores para el momento y el alcance de las transiciones. Los autores utilizan información sobre la finalización de la educación básica, el ingreso al mercado laboral, la primera unión y el primer hijo para comparar los momentos en que se producen estas transiciones con las métricas de los perfiles de edad migratoria. Si bien existe selectividad en las transiciones del curso de vida de los migrantes, debemos tener en cuenta que a lo largo del tiempo la migración puede estar más o menos sincronizada con algunas transiciones, y mantener relaciones variadas con otras. Para poner a prueba estas variaciones, utilizamos la edad en la que la propensión a migrar es más alta para efectuar comparaciones con el momento y el alcance de las transiciones del curso de vida. El objetivo es entender dichas asociaciones temporales en función de los censos demográficos del Brasil.

C. Métodos

Utilizamos microdatos de los censos demográficos brasileños de 1991, 2000 y 2010. Mediante la variable de migración se informa el municipio de residencia cinco años antes del censo para cada uno de esos años (pregunta sobre el lugar de residencia en una fecha anterior fija del pasado). Estas bases de datos permiten analizar los flujos de migración para los siguientes períodos quinquenales: 1986-1991, 1995-2000 y 2005-2010. La mayoría de nuestras estimaciones se relacionan con los flujos de migración entre seis regiones (el norte, el nordeste, el centro-oeste, el este, el estado de São Paulo y el sur), como se ve en el mapa 1. Separamos la región del sudeste en la región este y el estado de São Paulo, ya que este último ha sido históricamente un importante destino de los migrantes internos del país. Utilizamos algoritmos el lenguaje R para limpiar los datos, estimar los perfiles de edad, generar mediciones de las transiciones del curso de vida y llevar a cabo nuestro análisis general[5].

Mapa 1

Brasil: delimitación de las seis regiones de estudio

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), 2018 y R. O. Santos, “Transições do curso de vida e padrão etário da migração interna no Brasil: o que os dados de período podem nos contar?”, tesis para optar al grado de Doctor”, Belo Horizonte, Centro de Desarrollo y Planificación Regional (CEDEPLAR), Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), 2019.

Utilizamos el modelo de Rogers-Castro (Rogers y Castro, 1981) para clasificar y analizar los perfiles de edad de la migración interna. Este modelo multiexponencial permite investigar la variación de las tasas de migración por edad para diferentes poblaciones o para la misma población a lo largo del tiempo, y puede expresarse con 7, 9, 11 o 13 parámetros (Rogers, Raquillet y Castro, 1977; Rogers y Castro, 1981; Rogers y Watkins, 1987). En la ecuación (1) se ilustra el modelo con 13 parámetros:

(1)

Nuestro análisis se basó en algunos indicadores que el modelo ofrece directa e indirectamente, es decir, mediante la combinación de sus coeficientes: (1) es la edad media del componente fuerza de trabajo; (2) la tasa bruta de “migraproducción” (GMR) es la suma de las tasas específicas de migración por edad; (3) xl es la edad con la menor propensión a migrar en la adolescencia; (4) xh es la edad en la que se constata la máxima propensión a migrar entre los adultos jóvenes; (5) Jump (B) es la diferencia entre la tasa de migración en la adolescencia (xl) y la tasa de migración en las edades de máxima propensión (xh); (6) el predominio (21) indica si la función refleja dependencia de los niños o predominio de la fuerza de trabajo (a_2/a_1); (7) la asimetría (2) indica si hay simetría o asimetría en la fuerza de trabajo (2/a_2); y (8) la periodicidad de los cambios parentales (12) indica si existe una correlación alta o baja entre la evolución de las tasas de migración de los niños y de los adultos (a_1/a_2).

Uno de los desafíos de la aplicación del modelo Rogers-Castro es la estimación de los parámetros para su ecuación no lineal. Little y Dorrington (2013) señalan que los investigadores pueden estimar estos parámetros mediante técnicas interativas usando el modelo de Gauss-Newton, el programa TableCurve 2d®, el programa TableCurve 2D® o la función “solver” de Microsoft Excel®. Estimamos los parámetros en el modelo Rogers-Castro programando una función en el lenguaje R (Elzhov, Muller y Bolker, 2010). Esta estrategia de programación produjo hasta 1.000.000 de iteraciones, lo que tiende a evitar el problema de la no convergencia de parámetros o de la convergencia solo a nivel local. Los parámetros iniciales utilizados para iniciar el proceso iterativo fueron elaborados de manera lineal (Rogers y Castro, 1981; Rogers, Castro y Lea, 2005). Este enfoque brinda una aproximación a los parámetros iniciales que es viable desde el punto de vista operacional, en vez de exigir a los investigadores que encuentren una función con parámetros supuestamente cercanos al estándar que debe estimarse (Rogers y Castro, 1981). En el gráfico 1 se ejemplifican las tasas de migración femenina saliente observadas y las estimadas mediante el modelo Rogers-Castro. La comparación entre las tasas de migración saliente por edad observadas y las estimadas de São Paulo a la región del nordeste y de la región del nordeste a São Paulo indican que el modelo se ajusta correctamente a los datos observados, aun para las tasas con niveles y patrones distintos.

Gráfico 1

São Paulo y región del nordeste: tasas de migración saliente por edad para las mujeres observadas y estimadas según el modelo Rogers-Castro, 2005-2010

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Censo Demográfico de 2010.

Utilizamos el modelo propuesto por Hajnal (1953) para estimar la edad media al momento del primer matrimonio, una de las métricas de las transiciones del curso de vida. Según Wachter (2006), esta métrica puede adaptarse a otras dimensiones de la vida humana que se basan en los mismos supuestos (Wachter, 2006; Tomás, Oliveira y Rios-Neto, 2008). Originalmente se concibió a partir de la proporción de personas que durante su ciclo vital se casan (edad media de la población soltera al casarse) (Hajnal, 1953; Wachter, 2006). Generalizando según la edad media al momento de la transición —el primer empleo, el primer hijo, la primera unión o la finalización de la educación básica—, estimamos la edad media de la población soltera (π) como (Wachter, 2006):

(2)

donde es la proporción de personas que pasaron del grupo de edad x al x+n o, por aproximación, la proporción media esperada a la edad x+0,5n. F(ult) es la prevalencia de la transición en la cohorte, es decir, la proporción máxima de la cohorte hipotética que se prevé realizará la transición. Este valor puede definirse a partir de la media de las últimas edades o mediante otro criterio, por ejemplo, la proporción observada en la función de la edad. El complemento de la fracción es la proporción de la población por grupo de edad que no realizó la transición, partiendo del supuesto de que esta población en algún momento hará la transición antes del final del curso de vida. Finalmente, la edad media al momento de la transición se estima sumando todos los valores estimados por grupo de edad y multiplicándolos por la duración del intervalo de cinco años. Si bien es una métrica que se estima a partir de los datos del período, π es una métrica de la cohorte, no se ve afectada por la estructura de edad, y no incluye los efectos de la mortalidad, ya que se basa en proporciones por edades. La métrica referida al alcance se basa en la función de las personas que no experimentaron la transición en cada edad (G(x)):

(3)

Los valores de la ecuación (3) se obtienen a partir de las proporciones extraídas de los censos demográficos. Obtenemos los valores por edades únicas de la función G(x) mediante interpolaciones basadas en splines cúbicos. Estimamos las edades en las cuales el 25% y el 75% de la cohorte hipotética experimentaron la transición. A partir de la diferencia entre estas dos edades, podemos definir la métrica referida al alcance y combinarlas para estimar la congruencia entre ambas transiciones (Modell, Furstenberg y Hershberg, 1976):

(4)

donde es la métrica de congruencia, K es el número de transiciones objeto de la comparación, y Ωk es el conjunto de todas las edades que definen el alcance () de una transición k (Modell, Furstenberg y Hershberg, 1976).

La medida del alcance es el período (en años) a lo largo del cual la población experimenta la transición. En este sentido, es el intervalo intercuartílico que va de la edad a la transición del curso de vida. El intervalo intercuartílico es ideal para los datos desglosados —en este caso, según la proporción de la cohorte hipotética que experimentó la transición— y aumenta con la edad. En este sentido, es una medida de dispersión: cuanto más grande es el intervalo en años, más disperso estará el suceso en el ciclo vital; y cuanto menor sea su valor en años, más concentrado estará el suceso y, por ende, más selectiva en función de la edad será la transición.

Por su parte, la congruencia es una medida de la simultaneidad o la sincronía. Mide la superposición temporal entre dos o más transiciones experimentadas por la cohorte hipotética: cuanto más grande sea la congruencia —o simultaneidad—, más cercano a uno estará el valor. Por el contrario, cuanto más diacrónicas sean las transiciones, más se acercará el indicador a cero.

D. Resultados

En esta sección analizamos los resultados de las pruebas a nuestras cuatro hipótesis sobre las asociaciones entre las transiciones del curso de vida y los flujos migratorios. También incluimos un resumen de las conclusiones que no figuran ni en los cuadros ni en los gráficos debido a las limitaciones de espacio.

Hipótesis 1: El perfil de edad de los migrantes se mantiene estable a lo largo del tiempo.

Constatamos que el perfil de edad migratoria se mantiene constante a lo largo del tiempo, en particular en el caso de la migración entre los municipios del Brasil. Sin embargo, esta estabilidad no significa que el perfil de edad sea similar en todas las regiones del país.

Generamos modelos de las tasas de migración usando la fórmula matemática de Rogers-Castro para analizar y comparar los parámetros estimados de los flujos de población intrarregionales e interregionales por sexo para cada período (no se muestran los datos). Los resultados sugieren tres tipos de comportamientos: 1) pequeñas variaciones de las tasas de migración interna entre los censos demográficos del Brasil de 1991, 2000 y 2010, si bien todos dan indicios de que los patrones de migración han sido similares a lo largo del tiempo; 2) un patrón de migración constante a lo largo del tiempo (por ejemplo, migración saliente interregional proveniente de la región del nordeste); y 3) transición del perfil de edad migratoria (por ejemplo, migración entrante interregional hacia la región del sur).

El análisis de los períodos quinquenales (1986-1991, 1995-2000 y 2005-2010) exhibe un aumento de la correlación entre la migración de niños y adultos en el Brasil. Definimos un valor para 12 (correlación entre la migración de niños y de adultos) que aumenta a lo largo del tiempo para ambos sexos. Se constatan valores elevados de las tasas de dependencia de los niños (12 - relación entre el nivel de migración de los niños y de los adultos), que están por encima de 0,44. La edad media de migración interna en el Brasil (µ_2) corresponde a la de los adultos jóvenes, lo que probablemente también se relacione con la migración familiar. También se constata un aumento en la tendencia de participación de este grupo, que obedece a la composición de los flujos: la mayor importancia de la migración de retorno se vincula con flujos de alta dependencia de los niños y una tendencia hacia la movilidad familiar[6].

El análisis de los patrones de migración intrarregional revela cuatro regularidades en los flujos migratorios para cada uno de los intervalos quinquenales. Algunas de estas regularidades se refieren al indicador B (Jump), que refleja la diferencia entre la tasa de migración de adultos (valores más altos) y la tasa de migración de adolescentes (valores más bajos). También podemos evaluar las variaciones de este indicador a lo largo del tiempo y las diferencias por sexo.

La primera regularidad se relaciona con las cohortes, en el sentido de que la migración puede analizarse como una transición instrumental de la juventud a la vida adulta. El indicador B aumenta a lo largo del tiempo y refleja mayores flujos de migración de mujeres en comparación con los hombres. En segundo lugar, desde la perspectiva de los períodos, la propensión a migrar entre los adultos parece acercarse más a la de los niños más pequeños —como puede observarse en el aumento de 12— y guardar una menor relación con los grupos más jóvenes en edad escolar. Este resultado nos ayuda a explicar el aumento de la brecha entre xl (edad de menor propensión a migrar entre los adolescentes) y xh (edad modal de migración).

En los gráficos 2 y 3 se presentan las funciones de migración estimadas usando el modelo de Rogers-Castro para los flujos intrarregionales e interregionales por grupo de edad y sexo. Para facilitar la visualización, presentamos los patrones de la edad de migración solo para los períodos 1986-1991 y 2005-2010 para cada región. En los gráficos no incluimos el período 1995-2000, que consideramos únicamente como una etapa de transición entre los otros dos puntos en el tiempo.

Gráfico 2

Brasil: tasas de migración intrarregional saliente por grupo de edad y sexo, 1986-1991 y 2005-2010

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Censo Demográfico de 1991 y 2010.

Gráfico 3

Brasil: tasas de migración interregional saliente por grupo de edad y sexo, 1986-1991 y 2005-2010

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Censo Demográfico de 1991 y 2010.

La tercera regularidad se refiere a la asimetría del componente fuerza laboral (2). Dado que este indicador se refiere a la relación entre 2 (tasa creciente del componente de fuerza laboral) y a_2 (tasa decreciente del componente fuerza laboral), podemos asociar los valores crecientes de la asimetría al aumento del numerador o a la reducción del denominador. Los hombres exhiben una mayor propensión relativa a migrar tras haber pasado la edad modal de la fuerza laboral y, en este sentido, el valor de a_2 tiende a ser más pequeño. En la función referida a las mujeres, la propensión a migrar tiende a concentrarse alrededor de la edad modal de la fuerza laboral, y exhibe una mayor simetría. Este resultado podría indicar que, desde la perspectiva del curso de vida, la sincronización entre la migración y otros eventos del ciclo es mayor entre las mujeres que entre los hombres. Las transiciones del curso de vida de las mujeres pueden aparecer más concentradas en el tiempo, lo que afecta la incidencia de las transiciones en la propensión a migrar.

La cuarta regularidad se relaciona con la diferencia entre los hombres y las mujeres en lo referido a la edad modal (xh) y la edad media (µ_2) del componente de la fuerza laboral. Como sugieren Rogers y Castro (1981), en la mayoría de los casos la edad media de migración de los hombres está por encima de la de las mujeres. Este patrón tiene similitudes con las diferencias de edad en el mercado de matrimonios (la edad media al contraer el primer matrimonio es más alta entre los hombres que entre las mujeres). Esta regularidad se constata en los flujos intrarregionales, que se aproximan al patrón de la edad migratoria en las distancias de corto y mediano rango. Mulder y Wagner (1993) sugieren que esta regularidad tiende a manifestarse en distancias más cortas, en tanto que cuando las distancias son más largas se observa una mayor diversidad.

No todas las regularidades de la migración intrarregional se observan en los perfiles de migración interregional. En el caso de la migración interregional, los perfiles de edad de los hombres y las mujeres presentan menores diferencias con respecto a los perfiles intrarregionales, y también se observan menores diferencias en las asimetrías entre los sexos. También se observa que el indicador B tiende a mantenerse. Las diferencias entre los sexos en materia de edades migratorias medias y modales también tienden a ser menores en la migración interregional. Esta menor diferencia se relaciona con las unidades geográficas, dado que la migración interregional presenta menos diferencias cuando se la compara con la migración intrarregional. Estas tendencias sugieren que los coeficientes del modelo de Rogers-Castro pueden usarse como datos de entrada para proyectar el patrón de edades migratorias, en combinación con métodos que utilizan variables sintomáticas, como los modelos gravitacionales (Zipf, 1946; Stewart, 1948).

Hipótesis 2: La edad media de la fuerza laboral es más alta para los hombres que para las mujeres, lo que refleja las diferencias de edad del mercado de matrimonios.

Calculamos los parámetros μ_2 y xh para los hombres y las mujeres a partir de la estimación de los modelos migratorios controlados mediante las distancias euclidianas entre las zonas. Los diferenciales de las edades modales y medias de la fuerza laboral por sexo se reducen cuando aumenta la distancia entre los municipios de origen y de destino (véase el gráfico 4). Estas tendencias de disminución de las edades modales y medias para distancias más largas tienen como resultado edades medias similares a las del ingreso al mercado de trabajo. Al mismo tiempo, quienes migran a distancias más cortas tienen más edad, y sus edades medias se acercan más a las de la primera unión, excepto para las distancias de entre 25 km y 99 km en el período 1986-1991.

Gráfico 4

Brasil: edad modal (xh) (izquierda) y edad media (µ_2) (derecha) de la fuerza laboral por sexo y distancia entre los municipios de origen y de destino, 1986-1991, 1995-2000 y 2005-2010

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Censo Demográfico de 1991, 2000 y 2010.

Estos resultados sugieren que en el caso brasileño la hipótesis de Mulder y Wagner (1993) que relaciona la edad, el sexo y la distancia queda validada. Más particularmente, se observan diferenciales en la edad según el sexo para las migraciones de corta distancia, que probablemente se relacionan con el mercado de matrimonios. En general, no se observan diferencias de edad entre los hombres y las mujeres en las corrientes de migración a larga distancia, un patrón que también se observa en el mercado de trabajo. Además de la disminución de las diferencias de edad entre los sexos, el número de mujeres solteras aumenta en función de la distancia, si bien a través del tiempo la intensidad de este patrón se redujo en el grupo de migrantes mujeres (no se muestran los datos).

La hipótesis que relaciona la edad, el sexo y la distancia se valida a lo largo del tiempo, en un contexto de mayor participación de la fuerza laboral femenina y una menor incidencia de la distancia en las diferencias migratorias por sexo. Tras estos cambios, se observa una reducción en el número de parejas provenientes de zonas similares, lo que probablemente refleje la migración de familias en su conjunto. Estas características son un valor representativo de que existen otras dimensiones, más allá de factores relacionados con el mercado laboral, que podrían explicar la reducción de los diferenciales migratorios entre los hombres y las mujeres. En estas dimensiones podrían combinarse las características del mercado de matrimonios y el ingreso al mercado de trabajo. Otro aspecto importante se relaciona con los cambios en la composición de los flujos migratorios, producto de la reducción de la corriente entre la región del nordeste y São Paulo (que históricamente ha sido el flujo interregional más importante en el Brasil) y el aumento proporcional de la migración en el sentido inverso.

Como valor representativo del efecto de la distancia, medimos el nivel de migración con la tasa bruta de “migraproducción” (GMR). La distancia es mayor entre las unidades territoriales más grandes (por ejemplo, las principales regiones y los estados), por lo que el nivel de migración es menor. La distancia es menor entre las unidades territoriales más pequeñas (por ejemplo, las microrregiones y los municipios), por lo que el nivel de migración es mayor. Calculamos las diferencias entre la menor propensión a migrar entre los adolescentes y la mayor propensión a hacerlo entre los adultos jóvenes (Jump - B). El análisis de los niveles territoriales permitió constatar regularidades en el patrón de edades migratorias. El primero es la asociación inversa entre el nivel de migración (GMR) y el valor Jump (B). En segundo lugar, el análisis regional permite concluir que esta relación inversa es la misma para ambos sexos, un reflejo de lo que sucede a escala nacional, pero que el valor Jump (B) tiende a ser más alto para las mujeres que para los hombres (véase el gráfico 5).

Gráfico 5

Brasil: valor Jump (B) y tasa de “migraproducción” bruta (GMR) por sexo y escala territorial: 1986-1991, 1995-2000 y 2005-2010

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Censo Demográfico de 1991, 2000 y 2010.

Hipótesis 3: Existe selectividad en las transiciones del curso de vida según las características individuales de los migrantes, lo que genera diferencias entre los migrantes y los no migrantes en lo referido a los momentos en que se producen las transiciones del curso de vida y su alcance.

En el cuadro 2 se observa una diferencia entre los migrantes y los no migrantes en lo referido a la edad de la primera unión. Los migrantes tienden a efectuar esta transición antes que los no migrantes. En 1991, se observaban diferencias más profundas entre los migrantes y los no migrantes en lo referido a las transiciones del curso de vida (finalización de la educación básica, ingreso al mercado de trabajo, primera unión y primer hijo). Para 2010, se observa una convergencia en los indicadores de las transiciones del curso de vida, si bien las diferencias de edad entre los migrantes y los no migrantes al celebrar su primera unión siguen siendo considerables.

Cuadro 2

Brasil: edad media, alcance de la prevalencia y congruencia entre migrantes y no migrantes, 1991, 2000 y 2010

Sexo

Transición

del curso

de vida

Año

Prevalencia (P)

Alcance ()

Edad media (π)

Congruencia ()

Migrantes

No

migrantes

Migrantes

No

migrantes

Migrantes

No

migrantes

Mujeres

Finalización de la educación básica

1991

0,264

0,280

4,6

3,6

21,1

20,1

0,756

2000

0,335

0,389

4,1

3,5

19,5

19,2

0,925

2010

0,599

0,605

4,4

3,9

19,0

19,1

0,936

Ingreso al mercado de trabajo

1991

0,457

0,476

3,5

4,8

15,0

17,0

0,571

2000

0,606

0,640

4,1

4,6

16,7

17,1

0,828

2010

0,688

0,704

5,3

5,4

17,7

18,2

0,899

Primera unión

1991

0,938

0,920

6,4

7,5

21,4

23,6

0,688

2000

0,949

0,931

6,8

7,7

21,1

23,5

0,654

2010

0,944

0,923

7,4

8,4

21,0

23,7

0,632

Primer hijo

1991

0,923

0,909

7,9

8,1

22,1

22,8

0,895

2000

0,908

0,901

8,4

8,2

23,0

24,0

0,883

2010

0,885

0,879

11,2

9,5

24,8

25,2

0,920

Hombres

Finalización de la educación básica

1991

0,241

0,233

5,3

3,9

21,9

20,8

0,780

2000

0,288

0,297

4,5

3,5

20,6

19,5

0,873

2010

0,495

0,509

4,4

3,8

19,2

19,5

0,911

Ingreso al mercado de trabajo

1991

0,971

0,964

4,4

5,3

16,3

17,1

0,828

2000

0,943

0,933

4,5

5,1

16,7

17,2

0,898

2010

0,915

0,896

5,0

5,6

17,6

18,3

0,868

Primera unión

1991

0,947

0,940

6,8

7,6

24,9

26,5

0,797

2000

0,962

0,946

6,8

7,8

24,6

26,5

0,751

2010

0,946

0,924

7,5

8,8

24,5

26,6

0,738

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Censo Demográfico de 1991, 2000 y 2010.

El patrón de transición hacia la primera unión sigue siendo la principal diferencia entre los migrantes y los no migrantes, incluso a nivel regional. Si bien se observa una tendencia hacia la convergencia de las transiciones del curso de vida entre los migrantes y los no migrantes, un análisis regional sugiere que en el caso de la transición referida a la finalización de la educación básica entre los hombres, no existe convergencia entre las regiones del norte y el nordeste. Por otro lado, solo en la región norte no se observó convergencia entre las mujeres. La edad media de ingreso al mercado de trabajo de los migrantes interregionales en la región sur aumentó sistemáticamente entre 1991 y 2010 (no se muestran los datos).

Las transiciones del curso de vida de las mujeres ocurren con mayor rapidez que entre los hombres, y el momento de la migración se concentra alrededor de las edades medias. A esto se suma el hecho de que las tasas de migración para los flujos de corta distancia son más altas en el caso de las mujeres, y de que los diferenciales de edad por sexo se acercan a la edad media de la primera unión. Bernard, Bell y Charles-Edwards (2014) analizaron estas tendencias para 27 países. En el Brasil, la explicación hipotética para este escenario es que el rol social de las mujeres es más rígido que el de los hombres, una situación que se vincula estrechamente con desigualdades de género a nivel de los hogares, que reducen las tasas de migración de larga distancia de este grupo.

Hipótesis 4: Existe una asociación entre los momentos de las transiciones del curso de vida y la edad de mayor propensión a la migración.

El análisis de la selectividad muestra que los migrantes exhiben comportamientos singulares en lo referido a las transiciones del curso de vida. En el gráfico 6 se muestran las edades medias (círculos cerrados) de la finalización de la educación básica, el ingreso al mercado de trabajo, el primer matrimonio/unión y el primer hijo (solo para las mujeres). A continuación, se muestran las edades en las que el 25% y el 75% de la cohorte hipotética experimentan cada una de las transiciones (límites intercuartílicos). La línea punteada corresponde a la edad modal de migración (que generalmente aparece en el componente de la fuerza de trabajo). Cabe destacar que, en el período objeto de análisis, las diversas transiciones se apartan de la línea de la edad modal de migración, con la excepción de la edad media del primer matrimonio/unión. En decenios anteriores, las tasas de migración eran más altas y la dispersión entre los grupos de edad era mayor. Más recientemente, los flujos de población se han concentrado alrededor de las edades modales, más cerca de la edad de transición hacia la primera unión. De entre todas las transiciones del curso de vida, la primera unión es la más estable a lo largo del tiempo, incluso entre distintas regiones (véase el gráfico 6).

Gráfico 6

Brasil: edad modal de la función de migración (xh), edad media al momento de la transición (π) y edades en que el 25% y el 75% de la cohorte hipotética experimentarían la transición, migrantes entre municipios por sexo, 1991, 2000 y 2010

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Censo Demográfico de 1991, 2000 y 2010.

También se observan diferencias entre los patrones de edad y las transiciones entre los migrantes intrarregionales y los interregionales (no se muestran los datos). La región del nordeste registra diferenciales de edad por sexo pequeños para la migración a larga distancia, algo previsible para un flujo que se vincula estrechamente con las condiciones del mercado de trabajo. En el caso de la migración de corta distancia, se observan diferencias similares a las del mercado de matrimonios. En la región norte, la migración intrarregional depende de la edad de ingreso al mercado de trabajo. La migración interregional se asocia con todas las transiciones del curso de vida.

En la región del centro-oeste se observa un patrón en el que, en promedio, la migración ocurre después de las transiciones del curso de vida, pero que en años más recientes exhibe cierta convergencia, en particular en lo relacionado con el momento de la primera unión. Los flujos migratorios intrarregionales e interregionales del centro-oeste son sucesos distintos que se sincronizan de formas diferentes del curso de vida. Los valores de xh de la migración intrarregional se mantienen relativamente estables a lo largo del tiempo y son sincrónicos con las edades de la primera unión. Las edades modales de la migración interregional también exhiben valores relativamente estables a lo largo del tiempo, si bien guardan una relación más estrecha con la formación de la familia (luego de la edad en que se contrae la primera unión y más cerca de la edad de nacimiento del primer hijo).

La región de São Paulo exhibe características distintas de otras regiones con respecto a las transiciones del curso de vida. En el caso de la migración interregional, los valores de xh superan los 25 años de edad en los tres períodos. Las edades modales de migración permanecen estables a lo largo del tiempo, y los valores para los hombres superan a los de las mujeres. En todas las transiciones, ambos sexos registran valores de xh por encima de la edad media. Este resultado sugiere que en el caso de São Paulo la migración interregional no se sincroniza con ninguna de las transiciones del curso de vida analizadas. Estos flujos podrían estar relacionados con otras transiciones del curso de vida (por ejemplo, las tasas de divorcio, el segundo casamiento, los cambios de empleo y el ingreso a estudios de educación terciaria) que no se examinaron en este trabajo debido a la dificultad que implica su estimación a partir de los datos de los censos demográficos.

En la región del este se registran tendencias migratorias que se acercan a los patrones promedio: mayor proximidad entre la migración y el momento de la primera unión, y menor sincronización con las demás transiciones del curso de vida a lo largo del tiempo. En la región del sur se observa un aumento sistemático de la edad modal de migración interregional, que en el caso de los hombres está por encima de la de las mujeres. Para ambos sexos, la edad modal se ubicó por encima de la edad media al momento de la primera unión.

E. Conclusiones

El estudio de las asociaciones entre los flujos migratorios y las transiciones del curso de vida permite entender de qué manera los cambios en la situación migratoria de las trayectorias individuales modifican las características y comportamientos de una población. Es probable que la edad sea el factor predictivo más importante de los cambios demográficos. Las edades en que los individuos concluyen la educación básica, ingresan al mercado de trabajo, se casan, tienen su primer hijo y dejan el hogar son transiciones individuales importantes, sujetas a las limitaciones y la incidencia del contexto social.

Una ventaja del enfoque de nuestra investigación es el uso de datos transversales para estimar los indicadores de cohortes hipotéticas, dado que en los países en desarrollo, como el Brasil, no existen encuestas específicas sobre la migración y las transiciones del curso de vida, o rara vez se realizan[7]. Si bien el uso de datos de varios períodos obliga a partir de algunos supuestos, la estrategia fue pertinente, ya que permitió observar las variaciones y las estabilidades en el territorio brasileño a lo largo del tiempo. Los resultados indican que los perfiles de edad migratoria se ajustan a los cambios en las transiciones del curso de vida, en particular la transición referida a la primera unión.

Las variaciones regionales sugieren que las asociaciones entre los perfiles de edad migratoria y las transiciones del curso de vida difieren en las distintas regiones del país. Las asociaciones entre los sucesos cambiaron a lo largo del tiempo. En algunas regiones, observamos que es probable que la migración mantenga relaciones sincrónicas con transiciones no observadas. Los resultados indican que las transiciones del curso de vida, en particular la transición referida a la primera unión, tienen una enorme incidencia sobre el momento de la migración (hipótesis 4). La escasa variación de la edad media al contraer la primera unión en el Brasil durante el período objeto de análisis permite concluir que los patrones de edad migratoria se mantuvieron estables a lo largo del tiempo (hipótesis 1). Este resultado permite formular generalizaciones y simulaciones de los patrones futuros de migración por edad. Sin embargo, se observa selectividad en las transiciones del curso de vida cuando se comparan los migrantes con los no migrantes (hipótesis 3). En promedio, los migrantes celebran su primera unión antes que los no migrantes. Por lo tanto, los investigadores deberían analizar el momento de la migración usando mediciones del curso de vida específicas para los migrantes, no para la población total.

Los resultados también muestran que los diferenciales entre las tasas de migración de los adolescentes y las tasas en las edades de mayor migración (B) siempre son más altos para las mujeres, independientemente de la escala geográfica. Este resultado podría sugerir que las mujeres siguen estando sujetas a limitaciones sociales, que hacen que la movilidad femenina esté íntimamente ligada a la primera unión. El valor Jump más alto para las mujeres indica que la migración saliente se concentra principalmente alrededor de las edades modales, que guardan una estrecha relación con las edades medias al contraer matrimonio. Además, en su mayoría en la migración femenina se concentra en lugares a corta distancia (hipótesis 2). En el caso de estos flujos, la diferencia de edad entre los hombres y las mujeres al momento de migrar se acerca a la diferencia entre las edades al contraer la primera unión/matrimonio (hipótesis 4). A medida que la distancia entre el origen y el destino aumenta, las diferencias de edad se reducen hasta prácticamente cero.

Demostramos que los resultados para Brasil son similares a los de estudios anteriores sobre otros países. Nuestro estudio contribuye a la literatura al analizar las asociaciones entre la migración y las transiciones del curso de vida para un país con una población grande como estudio de caso. La relación entre las transiciones del curso de vida y la migración depende del patrón de las transiciones en el lugar de origen, del atractivo del lugar de destino y de la etapa del curso de vida que estén transitando los individuos. Por ejemplo, Santos (2019) señala que los migrantes que van de São Paulo a la región del nordeste son en su mayoría migrantes de retorno, por lo que tienen más edad y muchos se trasladan con sus familias, a diferencia de la migración del nordeste a São Paulo, en la que los migrantes son más jóvenes y se trasladan de manera individual (véase el gráfico 1). En este sentido, el estudio sobre el Brasil aporta un factor importante sobre la heterogeneidad de la población para entender la relación entre las transiciones del curso de vida y la migración, teniendo en cuenta que las poblaciones complejas están conformadas por subpoblaciones que viven dentro de un sistema regional de población y que registran intensos flujos migratorios en las diferentes etapas de las vidas de las personas. Si la relación entre las transiciones y el momento de la migración cambia a nivel regional, todos los aspectos del sistema regional de población se ven afectados, una circunstancia que siempre debe tenerse en cuenta al diseñar modelos de proyecciones de la población.

Por lo general, los países en desarrollo acusan limitaciones en materia de datos y recursos. Por lo tanto, no es posible realizar estudios similares al que figura en este trabajo para otros países en desarrollo. Al igual que en otros varios países, en el Brasil no se realizan encuestas longitudinales para estimar de manera adecuada los flujos migratorios regionales. Nuestro estudio ha demostrado que las limitaciones de datos no afectan el propósito principal de estimar y analizar los patrones de edad migratoria, así como de entender su relación con las transiciones del curso de vida. Este enfoque de investigación, en el que se utiliza una aplicación propia del programa R, puede aplicarse a otros países, brindar estimaciones de alto nivel de los flujos migratorios internos y arrojar luz sobre la correlación entre la migración y las transiciones del curso de vida, aun en ausencia de encuestas longitudinales.

Bibliografía

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[1] Doctor en Demografía, Centro de Desarrollo y Planificación Regional (CEDEPLAR) de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) (Brasil). Profesor Asistente, Departmento de Geociencia, Universidad Federal de Juiz de Fora (UFJF) (Brasil). Correo electrónico: reinaldo.santos@ufjf.br.

[2] Doctor en Urbanismo y Planificación Regional, de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Catedrático, Departmento de Demografía and Centro de Desarrollo y Planificación Regional (CEDEPLAR) de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) (Brasil). Correo electrónico:barbieri@cedeplar.ufmg.br.

[3] Doctor en Sociología, Universidad de Texas en Austin. Profesor Asociado, Departamento de Sociología de la Universidad de Texas A&M. Correo electrónico: amaral@tamu.edu.

[4] A lo largo de este estudio, por migración interna nos referimos al cambio de residencia habitual y al traslado entre fronteras políticas y administrativas dentro del Brasil, sin incluir la migración internacional. Por ejemplo, las unidades territoriales más pequeñas en que se constató migración en el censo demográfico del Brasil de 2010 son los

5.570 municipios del país, seguidos por 558 microrregiones (agrupaciones de municipios), 137 mesorregiones (agrupaciones de microrregiones), 27 estados (agrupaciones de mesorregiones) y 5 macrorregiones (agrupaciones de estados).

[5] La aplicación de cálculo y la secuencia R para calcular las métricas de las transiciones de ciclo vital y el modelo Rogers-Castro se basaron en Santos (2019). Las reproducimos en este trabajo. La aplicación está disponible en https://demometrics.shinyapps.io/demometrics.

[6] Rogers y Castro (1981) mencionan que el patrón de la edad de inmigración desde una zona central en general se caracteriza por menores tasas de dependencia de los niños y una mayor simetría de la fuerza de trabajo, frente al patrón de la edad de emigración desde la misma región. Por ejemplo, Santos (2019) estima que el volumen de migrantes de retorno (personas que entre 2005 y 2010 regresaron al lugar donde nacieron) desde São Paulo (zona central) a la región del nordeste se ubica en un 60,1%, lo que representa un 24,4% del total de migrantes internos en el Brasil en ese período. Véase más información sobre la migración interna en el Brasil en Rigotti, Campos y Hadad (2017).

[7] Para los países en desarrollo es más difícil mantener un sistema estadístico, demográfico y territorial. Sin embargo, esta perspectiva es válida para cualquier país, sea o no desarrollado, que utilice datos transversales ante la ausencia de encuestas longitudinales o registros continuos de la población.

Artículo 06

Etapas de la migración internacional e intrarregional en América Latina y el Caribe

Julieta Bengochea[1]

Adela Pellegrino[2]

Recibido: 14/09/2022

Aceptado: 24/03/2023

Resumen[3]

La migración internacional (fronteriza, intrarregional o extrarregional) es parte de la historia demográfica, económica y social de la región. En un continente marcado por la desigualdad social y la inestabilidad económica y política, la migración se adapta a diversas coyunturas, como respuesta a demandas de las sociedades receptoras o situaciones difíciles en las sociedades emisoras. En los últimos años, la migración internacional en la región enfrenta transformaciones fundamentales. Un ejemplo es el cambio del perfil migratorio de la República Bolivariana de Venezuela, que en menos de una década pasó de ser uno de los principales receptores de migración intrarregional a ser el principal país emisor. El propósito de este trabajo es revisar la literatura sobre las tendencias migratorias en la región entre 1960 y 2010 y analizar los contextos sociales, económicos y políticos en que se enmarcan, para identificar y sistematizar elementos explicativos comunes.

Palabras clave: migración internacional, migración interna, historia demográfica, tendencias demográficas, migrantes, estadísticas de migración, América Latina y el Caribe, Venezuela (República Bolivariana de).

Abstract

International migration (cross-border, intraregional or extraregional) is part of the demographic, economic and social history of the region. In a continent marked by social inequality and economic and political instability, migration adapts to different situations, in response to the demands of receiving societies or difficult conditions in sending societies. In recent years, international migration in the region has undergone fundamental transformations. One example is the change in the migration profile of the Bolivarian Republic of Venezuela, which in less than a decade was transformed from one of the main recipients of intraregional migration to the main sending country. The purpose of this work is to review the literature on migration trends in the region between 1960 and 2010, and to analyse the social, economic and political contexts in which they are framed, in order to identify and systematize common explanatory elements.

Keywords: international migration, internal migration, demographic history, population trends, population trends, migrants, migration statistics, Latin America and the Caribbean, Venezuela (Bolivarian Republic of).

Résumé

Les migrations internationales (frontalières, intrarégionales ou extrarégionales) appartiennent à l’histoire démographique, économique et sociale de la région. Dans un continent caractérisé par les inégalités sociales et l’instabilité économique et politique, les migrations évoluent au gré des conjonctures, en réponse aux exigences des sociétés d’accueil ou à des situations délicates dans les sociétés d’origine. Au cours de ces dernières années, les migrations internationales dans la région ont connu de profondes transformations. Pour preuve, l’évolution du profil migratoire de la République bolivarienne du Venezuela qui, en moins d’une décennie, a cessé d’être l’un des principaux bénéficiaires de la migration intrarégionale pour se transformer en principal pays d’origine. Le présent article a pour objet de passer en revue la littérature sur les tendances migratoires dans la région entre 1960 et 2010 et d’analyser les contextes sociaux, économiques et politiques dans lesquels s’inscrivent ces tendances, afin d’identifier et de systématiser les facteurs d’explication communs.

Mots clés: migration internationale, migration interne, histoire démographique, tendances démographiques, Amérique latine et Caraïbes, Venezuela (République bolivarienne du).

Introducción

De acuerdo con datos de las Naciones Unidas, el número de migrantes internacionales a nivel mundial aumentó de 173 millones a 280 millones entre 2000 y 2020. Entre 1970 y 2020, el porcentaje de la población mundial que correspondía a migrantes internacionales osciló en un rango del 2,3% al 3,6% (OIM, 2018b y 2022). Si bien la migración internacional ha estado presente en toda la historia de la humanidad, no fue hasta que se consolidaron los Estados-nación que se pusieron en evidencia los conflictos y los derechos que surgen de las diferencias entre inmigrantes y nativos en los territorios. La migración internacional es en la actualidad un fenómeno que ocupa un lugar importante en los medios de comunicación y en los debates políticos, debido a situaciones de alta vulnerabilidad que experimentan las personas migrantes o a los efectos que tiene la inmigración en las sociedades de acogida, por mencionar algunos factores. En 2020, los conflictos bélicos y situaciones de violencia hicieron que un total de 89,4 millones de personas quedaran desplazadas de manera forzada de sus países de origen. Se estima que 20,7 millones son refugiados, según los datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y que 8 millones de estos eran menores de edad (OIM, 2018b y 2022). La crisis sanitaria causada por la enfermedad por coronavirus (COVID-19) volvió más complejo el panorama de la migración. La pandemia exacerbó las condiciones de vulnerabilidad de las personas migrantes debido a las restricciones a la movilidad impuestas por los países, las dificultades de acceso al empleo o a los servicios de salud, o el aumento de la discriminación y la xenofobia, por mencionar algunas circunstancias que inciden en el fenómeno (Feline y Castillo-Jara, 2022; Vera y otros, 2021; Zapata, Vera y Gandini, 2022; Zapata y Prieto, 2020).

En América Latina y el Caribe —que incluye América del Sur, México, Centroamérica y el Caribe— los inmigrantes internacionales en 2019 se estimaron en casi 12 millones, con un peso relativo variable en relación con las diferentes poblaciones de los países de destino. Por ejemplo, en México, el total de inmigrantes representa el 0,8% del total de la población; en Centroamérica el 1,1%; en el Caribe el 3,5%, y en América del Sur el 1,9% (Naciones Unidas, 2019). Como se puede observar en el gráfico 1, el volumen de inmigrantes internacionales en América Latina y el Caribe se mantuvo relativamente estable hasta la década de 2000. Desde entonces comenzó a aumentar, pero el crecimiento más notable se registró entre las rondas censales de 2010 y 2020. Ello se debió principalmente al aumento de la migración internacional de personas de origen venezolano.

Gráfico 1

América Latina y el Caribe: evolución del volumen acumulado de inmigrantes internacionales, 1960-2020

(En millones de personas)

Fuente: Ç. Özden y otros, “Where on earth is everybody? The evolution of global bilateral migration 1960-2000”, The World Bank Economic Review, vol. 25, N° 1, Oxford, Oxford University Press, 2011; Naciones Unidas, “International Migrant Stock 2020”, Nueva York, 2020 [base de datos en línea] https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock.

Los datos de estimaciones de los volúmenes de migrantes producidos por las Naciones Unidas (véase el cuadro 1) muestran un aumento exponencial del número de personas migrantes de origen venezolano. Es importante señalar que en las estimaciones de 2020 se añadieron nuevas fuentes secundarias con el objetivo de dar cuenta del flujo migratorio venezolano. Precisamente, se incorporaron por primera vez en 2020 datos del ACNUR sobre el número de refugiados o las personas solicitantes de refugio. Ese cambio en el ejercicio de estimación puede explicar parte de este crecimiento notable, aunque es indiscutible el aumento del flujo migratorio, cuya magnitud se podrá conocer con mayor exactitud mediante las próximas rondas censales de 2020.

Considerando el crecimiento de la migración latinoamericana y caribeña, y partiendo de los antecedentes seminales de Pellegrino (1995 y 2003), Pellegrino y Macadar (2001) y Villa y Martínez (2001) sobre el análisis de las tendencias a través de datos censales de la migración internacional en la región, en relación con sus contextos sociales, políticos y económicos, en este trabajo se hace una revisión de la literatura sobre las tendencias migratorias en la región entre 1960 y 2020, con el objetivo de detectar y sistematizar diferentes etapas migratorias y los contextos en que se enmarcan en los tres ámbitos mencionados. También se analiza la evolución del volumen total de migrantes en América Latina y el Caribe, según su origen y destino, con base en dos fuentes. Respecto del período 1960-1980 se utilizan las estimaciones de los volúmenes migratorios realizadas por el Banco Mundial y, respecto del período 1990-2010, se utilizan los volúmenes migratorios desagregados por sexo, provistos por la División de Población de las Naciones Unidas.

Cuadro 1

Países o regiones de destino seleccionados: población inmigrante internacional procedente de la República Bolivariana de Venezuela, total acumulado medido a mitad de año, 1990-2020

(En número de personas)

1990

2000

2010

2020

América Latina y el Caribe

69 469

86 478

108 909

4 417 998

El Caribe

21 039

26 536

16 870

95 834

Centroamérica

3 569

5 619

21 290

218 960

América del Sur

44 861

54 323

70 749

4 103 204

Argentina

1 981

2 600

1 236

176 369

Bolivia (Estado Plurinacional de)

369

543

664

5 707

Brasil

1 220

2 167

2 845

248 105

Chile

2 349

4 044

8 095

523 553

Colombia

33 123

37 200

45 692

1 780 486

Ecuador

2 549

3 691

7 032

388 861

Perú

2 019

2 362

3 504

941 889

Uruguay

773

659

565

14 908

Estados Unidos

42 119

109 748

180 905

505 647

España

32 469

61 587

148 147

325 667

Mundo

85 492

317 753

560 528

5 415 337

Fuente: Naciones Unidas, “International Migrant Stock 2020”, Nueva York, 2020 [base de datos en línea] https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock.

A. Las etapas migratorias en América Latina y el Caribe y los factores que las explican

La movilidad de la población en América Latina y el Caribe —tanto en el plano extrarregional como en el intrarregional— es parte constitutiva de su historia social y demográfica. A lo largo de su territorio se definen tres grandes subregiones con tres subsistemas migratorios: uno compuesto por los países de América del Sur, otro compuesto por los países de Centroamérica y México, y un tercero compuesto por los países del Caribe (Bengochea, 2018; Cerrutti y Parrado, 2015; Durand, 2022; Pellegrino, 2003). Los sistemas migratorios se refieren al intercambio de un número significativo de migrantes entre un lugar de destino y un lugar de origen, que se fundamenta en las relaciones históricas, coloniales, sociales, económicas, culturales, geográficas, políticas y sociales de un modo sostenido en el tiempo, por lo que su estudio exige la aplicación de perspectivas analíticas a largo plazo (Arango, 1993; Bakewell, De Haas y Kubal, 2012; Durand, 2000; Goss y Lindquist, 2000; Kritz, Lim y Zlotnik, 1992; Zlotnik, 1992). En este sentido, los sistemas migratorios en la región no solo se analizan por el importante intercambio de personas que se observa desde las rondas censales de 1960 en la magnitud de los volúmenes y la direccionalidad de los flujos migratorios (Cerrutti y Parrado, 2015; Martínez, Cano y Soffia, 2014; Pellegrino, 2003; Pellegrino y Macadar, 2001), sino también porque estos intercambios de población se encuentran en sincronía con particularidades propias de la región, como la falta de estabilidad de sus coyunturas políticas, la desigualdad social, la existencia de mercados regionales y las dinámicas económicas regionales e internacionales (Villa y Martínez, 2001).

1. La conquista del territorio latinoamericano y caribeño y el ciclo de inmigración europea

América Latina y el Caribe cuenta con una nutrida historia de migración y movilidad que tiene como resultado la integración a las poblaciones originales de grandes corrientes de población de orígenes diferentes. De este modo se conformaron poblaciones heterogéneas que poco a poco se fueron consolidando en grupos de identificación propia. Los siglos XVI a XVIII fueron escenario de una creciente movilidad de población y de la colonización del territorio latinoamericano y caribeño, lo que implicó a grandes contingentes de población (Pellegrino y Macadar, 2001). Durante el período colonial, la migración hacia la región estuvo regida por las Leyes de Indias y estas tuvieron como objetivo poblar y reforzar las fronteras del imperio (Pellegrino, 1995; Pellegrino y Macadar, 2001). El traslado forzado de población africana, en situación de esclavitud, fue una estrategia que se planteó para asegurar la mano de obra orientada a la explotación de productos coloniales y a los servicios (Pellegrino y Macadar, 2001). La integración de población china fue otra alternativa que se impulsó con el objetivo de buscar más mano de obra, pero esta estrategia fue limitada y se desarrolló en espacios geográficos puntuales (Pellegrino y Macadar, 2001; Paroy Villafuerte, 2012).

En las primeras décadas del siglo XIX se inicia y consolida la independencia de los países latinoamericanos y caribeños, y la inmigración de europeos se constituye en un objetivo importante (Pellegrino, 1995; Pellegrino y Macadar, 2001). De acuerdo con el pensamiento económico de la época, el crecimiento de la población era considerado como riqueza. Se valoraba el hecho de que la integración de inmigrantes europeos, con los conocimientos que aportaban, impulsaría el desarrollo de la agricultura y contribuiría a ampliar las habilidades de artesanos y campesinos (Pellegrino, 1995; Pellegrino y Macadar, 2001). La inmigración europea se orientó a muchos países latinoamericanos y caribeños, pero fue en la Argentina, el Brasil, Cuba y el Uruguay donde se radicó de manera considerable. Este proceso alcanzó su mayor auge a fines del siglo XIX y en las primeras tres décadas del siglo XX (Pellegrino, 1995). En América del Sur el componente de inmigración extrarregional es significativamente diferente al del resto de los países de América Latina y el Caribe. Del total de 12 millones de europeos que arribaron a América Latina y el Caribe entre 1821 y 1932, el 50% tuvo como destino a la Argentina, el 36% al Brasil y el 6% al Uruguay (Chesnais, 1986; Pellegrino, 1995). Hubo un último contingente de inmigrantes europeos que llegaron después de la Segunda Guerra Mundial y que alcanzó también a Venezuela[4]. En la década de 1960, luego de un siglo de emigración europea hacia el continente, este proceso se detuvo (Pellegrino, 1995; Pellegrino y Macadar, 2001).

2. El crecimiento de la población, la migración interna y la urbanización

Alrededor de la década de 1930, muy afectados por la crisis de 1929, algunos países latinoamericanos y caribeños comenzaron un proyecto diferente en sus planteos económicos. En el pensamiento económico de la época, se impulsó el desarrollo industrial sobre la base de un modelo de crecimiento hacia adentro, orientado fundamentalmente al mercado interno (Pellegrino y Macadar, 2001). Esta política se aplicó en muchos países de la región, aunque con cronogramas diferentes en cada uno de ellos. En la Argentina, Chile y el Uruguay, la industria adquirió impulso a partir de la Segunda Guerra Mundial. En otros países —como el Brasil, Costa Rica, México y Venezuela— en los que la transformación productiva se realizó más tarde, la industria tuvo un crecimiento importante (Pellegrino y Macadar, 2001). Entre 1955 y 1965 el crecimiento promedio anual de la población latinoamericana alcanzó su máximo (alrededor del 3% anual) y, entre 1930 y 1990, la población pasó de 104 a 437 millones de personas. En el mismo período, la población de las áreas urbanas aumentó nueve veces, mientras que la de las áreas rurales no llegó a duplicarse (Villa, 1991). Entonces también comenzó el auge de la migración rural a las zonas urbanas, un proceso en que la magnitud del desplazamiento de campesinos a las ciudades tuvo importantes consecuencias sociales y culturales. Este notorio aumento de la población urbana encontró en la migración un determinante indiscutible. De todos modos, la población rural siguió creciendo, ya que los efectos de la emigración no superaron los del crecimiento vegetativo (Pellegrino, 2003). En este proceso de crecimiento poblacional y migración rural a las zonas urbanas se fueron conformando las ciudades latinoamericanas, que fueron grandes desde su inicio y crecieron a tamaños relativamente similares al de otras urbes contemporáneas. Las capitales y las ciudades portuarias tendieron a crecer de manera más intensa. Hardoy (1992) observó que las áreas más vinculadas con el comercio transatlántico, como la Argentina, el Uruguay y el Brasil y, en menor grado, Chile y Cuba, tuvieron un importante crecimiento debido al desarrollo industrial y los servicios. El enorme crecimiento urbano entre 1930 y 1990 convirtió a la región latinoamericana en la más urbanizada del sur global, un proceso que tuvo como consecuencia un cambio demográfico y social sin precedentes (Pellegrino, 1995; Pellegrino y Macadar, 2001). Sin embargo, este auge se produjo de manera heterogénea y siguió una cronología diferente en los distintos países latinoamericanos y caribeños.

3. Los movimientos fronterizos

La heterogeneidad del crecimiento económico provocó brechas entre los distintos países y creó condiciones propicias para los movimientos migratorios transfronterizos. En muchos casos, este tipo de movimiento ocurría en espacios geográficos con historias comunes, derivadas de los vínculos étnicos y la ausencia de barreras naturales, donde la migración internacional se confundía con la migración interna. En este sentido, las fronteras dinámicas de la región presentan una larga historia de migración.

Las migraciones fronterizas tendían a mantenerse en la zona de los bordes, pero a partir de los años sesenta tienden a extenderse a las regiones urbanas, siguiendo el derrotero de las migraciones internas. Las migraciones fronterizas de las décadas de 1960 y 1970 tienen perfiles diferentes y alcanzaron un crecimiento importante en cuanto a su volumen y diversificación. La frontera de México con los Estados Unidos presenta flujos de migración de trabajadores que se dirigían al entorno rural del sur de los Estados Unidos. En las décadas de 1960 y 1970, los migrantes mexicanos comenzaron a conformar corrientes emigratorias más diversificadas en cuanto a sus destinos geográficos y tipos de inserción laboral. El volumen acumulado de mexicanos en los Estados Unidos pasó a ser el más grande del mundo (Pellegrino, 2003)[5].

En la Argentina la inmigración ha sido un componente importante del crecimiento de la población. Al ser un país de baja densidad demográfica e ideas propicias al crecimiento de la población y la inmigración, se han aplicado políticas orientadas a impulsarla. De este modo, a la inmigración europea y asiática —que alcanzó una magnitud significativa— se suma la inmigración de países fronterizos, a saber, Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Chile, el Paraguay y el Uruguay, como un aporte estable de población a lo largo de la historia argentina. La importancia de la Argentina como receptor de población intrarregional se debe a su temprana industrialización y al nivel que alcanzaron las actividades económicas urbanas con relación a otros países latinoamericanos y caribeños que tuvieron su auge industrial más tarde (Cacopardo, 2005; CEPAL, 1979). Los migrantes fronterizos, principalmente bolivianos y paraguayos, trabajaban en actividades rurales, sobre todo en labores estacionales. En las décadas de 1960 y 1970, una parte de la inmigración fronteriza comenzó a ocupar espacios que fue dejando la migración interna, mientras que otra parte se fue integrando a trabajos en la industria y a actividades urbanas. El carácter de epicentro de atracción de población inmigrante intrarregional de la Argentina consolida al país desde la década de 1980 como el centro de un subsistema migratorio del Cono Sur latinoamericano (Cacopardo y Maguid, 2017) y a su capital como el centro de un mercado de trabajo regional (Pellegrino y Macadar, 2001).

Por su parte, la frontera entre Colombia y la República Bolivariana de Venezuela tiene una larga historia de intercambios fronterizos. El desplazamiento de la fuerza de trabajo colombiana hacia zonas próximas a la frontera fue un componente estructural de las actividades rurales. La emigración de colombianos se extendió a las actividades urbanas en la década de 1960. En el censo de 1981 se contabilizó casi medio millón de colombianos en Venezuela, cifra que duplicaba los registrados del censo anterior (Pellegrino y Macadar, 2001). En la década de 1970, el aumento del precio del petróleo en Venezuela incrementó los ingresos fiscales e hizo posible realizar inversiones públicas y privadas y desarrollar las industrias básicas (Pellegrino, 2003; Pellegrino y Macadar, 2001; OIM, 2012; Villa y Martínez, 2001). La demanda de mano de obra creció a un ritmo superior al crecimiento de la población activa, por lo que se implementaron políticas orientadas a atraer a inmigrantes que fueran profesionales y trabajadores especialistas. El salario de los trabajadores se fue manteniendo estable y el tipo de cambio con el dólar les permitía ahorrar y enviar remesas en dicha moneda.

A su vez, la emigración de brasileños al Paraguay, y en menor medida al Estado Plurinacional de Bolivia, se caracterizó por ser una extensión del avance hacia la frontera agrícola. Este movimiento fue importante en las décadas de 1970 y 1980, gracias a proyectos financiados por el Estado en el Paraguay y también por préstamos de bancos brasileños. Cabe destacar la diversificación agrícola y el desarrollo hidroeléctrico (con las represas de Itaipú y Yacyretá) como factores de atracción de población migrante fronteriza (Cerrutti y Parrado, 2015; OIM, 2011; Parrado y Cerrutti, 2003; Pellegrino y Macadar, 2001; Villa y Martínez, 2001). Otras fronteras latinoamericanas que se consideran lugares de gran intensidad de movimientos migratorios son la de Nicaragua con Costa Rica, la de Guatemala con México, la de Panamá con Colombia, la de Colombia con el Ecuador y la de la República Dominicana con Haití.

4. Las dictaduras militares y la violencia sistemática

Durante las décadas de 1960, 1970 y 1980, la mayoría de los países de América del Sur, y también Nicaragua y la República Dominicana, atravesaron dictaduras militares entre cuyos efectos cabe mencionar la migración de población en busca de asilo político, ya sea a otros países de la región o a destinos extrarregionales (Cerrutti y Parrado, 2015). En América del Sur, Venezuela fue un centro de recepción de inmigrantes exiliados económicos y políticos, ya que mantuvo su democracia en un contexto de extrema violencia en la región debido a los gobiernos de facto. México también fue un país receptor de exiliados políticos, sobre todo argentinos y, en menor número, uruguayos. La última dictadura militar de la región terminó en 1990 en Chile. Sin embargo, la violencia como factor de movilidad poblacional continúa operando hasta el día de hoy en el ámbito latinoamericano y caribeño. Destacan Colombia y los conflictos que allí se han registrado por la presencia de paramilitares y grupos armados (OIM, 2008), así como El Salvador y Honduras, países que afrontaron una gran expansión de la violencia y el surgimiento de pandillas, que tienen un efecto expulsor sobre su población (Ángeles, 2012; Durand, 2022). Por su parte, en el Perú, durante la década de 1990 la guerrilla liderada por el grupo Sendero Luminoso provocó un contexto de violencia que dio pie a la emigración regional (De los Ríos y Rueda, 2005). México es en la actualidad el país más afectado por la violencia (Feldmann, 2022). Allí, la migración asociada a la violencia —sobre todo a manos de los grupos de narcotraficantes— sitúa en la migración internacional a la población más rica y en la migración interna a la población más pobre (Durand, 2022). En 2021 se estimó que un total de 345.000 personas se habían desplazado de forma interna en el territorio mexicano debido a la violencia sistemática (Feldmann, 2022).

5. Los movimientos extrarregionales

A partir de la década de 1980, los países del sur de la región presentaron signos de debilidad en sus economías. El auge de las políticas de impulso a la industria perdió peso y el desempleo comenzó a alcanzar a mayores porcentajes de su población (Pellegrino, 2003). La denominada crisis de la deuda de la década de 1980 provocó el descenso del producto interno bruto (PIB) per cápita, un aumento de los niveles de pobreza y el retraimiento de la clase media (Pellegrino y Macadar, 2001). A partir de las últimas décadas del siglo XX, la migración en América Latina y el Caribe comenzó a perfilarse hacia destinos extrarregionales, sobre todo hacia España y los Estados Unidos, y la migración intrarregional comenzó a perder predominio (Cerrutti y Maguid, 2016; Pellegrino, 2003). Este nuevo patrón extrarregional se produjo en un contexto de reincidencia de crisis y ajustes económicos y de conflictos sociales (Cerrutti y Maguid, 2016), y tuvo mayor preponderancia en América del Sur que en el resto de América Latina.

A pesar de que la Argentina atravesó en el año 2000 una gran crisis económica que impactó en la capacidad de retención de su población e hizo que aumentara el número de sus emigrantes hacia destinos extrarregionales, continuó recibiendo inmigración desde otros países de la región. Incluso se produjo un aumento de los inmigrantes nacidos en el Perú (Cerrutti, 2009; Rosas, 2008 y 2014). Esto se debió a factores como la reunificación familiar, la consolidación de redes migratorias o la existencia de nichos laborales que conformaron una dinámica migratoria propia que trascendió la coyuntura económica (Bengochea, 2018). Por su parte, en la subregión compuesta por México y los países de Centroamérica (Belice, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panamá) se consolida a partir de la década de 1990 un corredor migratorio en el que convergen distintos orígenes y destinos, pero cuyo principal flujo en la actualidad es hacia los países del Norte (CONAPO, 2002; Morales y Herradora, 2011). Esta regionalización de la movilidad (Castillo, 2010; Morales y Herradora, 2011) cambió el peso prioritario que tenían los movimientos intrarregionales y fronterizos, que se caracterizaban por una migración laboral en el sector rural y hacia trabajos precarios de migrantes en edades activas (Castillo, 2010). En esencia, esta reorientación de los flujos migratorios se produce por el resquebrajamiento del modelo productivo imperante hasta la década de 1990, en contraste con mejores oportunidades laborales y salariales en los Estados Unidos y el Canadá (Castillo, 2010; Morales y Herradora, 2011). México, además de ser el principal origen de inmigrantes a los Estados Unidos, se fue consolidando como un país de tránsito de los migrantes centroamericanos que no logran pasar el estricto control fronterizo de su frontera norte (Castillo, 2010). Sin embargo, entre 2007 y 2017, el número de migrantes mexicanos en los Estados Unidos disminuyó un 6%. Esta cifra contrasta con el número de centroamericanos, que aumentó en un 25%, lo que implica una nueva tendencia migratoria en que los mexicanos dejan de ser el grupo de mayor representación (Cohn, Passel y Gonzalez-Barrera, 2017).

Un aspecto que conviene resaltar de esta etapa de crecimiento de la migración extrarregional es el aumento del número de mujeres que migran de modo autónomo (Cerrutti, 2009). Así se ha roto el patrón tradicional de predominio de los hombres y la migración de las mujeres por asociación a ellos. Este cambio está estrechamente relacionado con dos hechos. El primero se refiere al aumento del nivel de escolarización de la población en general (y, por tanto, de las mujeres en particular) y el segundo, al crecimiento de la fuerza de trabajo y la salida de la mujer al mercado laboral (Cacopardo, 2005). Por otra parte, la mayor participación femenina en las migraciones extrarregionales ha sido el resultado del aumento de la demanda de mano de obra femenina para la realización de tareas que las mujeres oriundas de los países de destino han dejado de realizar debido a su propia salida al mercado laboral (Parella, 2011). En este sentido, el aumento de la participación de las mujeres en las migraciones internacionales responde a la división internacional del trabajo reproductivo (Ariza, 2004; Cacopardo y Maguid, 2017; Parella, 2011; Rosas, 2014). Ejemplo de esto es el importante número de mujeres nacidas en el Ecuador y México que trabajan en el servicio doméstico y las tareas de cuidado en España y los Estados Unidos (Cerrutti y Maguid, 2010). Esto se presenta en el gráfico 2, donde puede observarse que la migración más feminizada es la que tiene por origen a Centroamérica y por destino a España. En 2020 esta migración presentaba una proporción de 47 varones por cada 100 mujeres. También resultan significativamente feminizados los volúmenes de migrantes provenientes del Caribe y América del Sur con destino a España. En cambio, los volúmenes de personas provenientes de Centroamérica con destino a los Estados Unidos están compuestos por una mayor proporción de varones.

Gráfico 2

América Latina y el Caribe: cantidad de varones por cada 100 mujeres migrantes, según subregión de origen y país o región de destino, 1990-2020

(En unidades)

Fuente: Naciones Unidas, “International Migrant Stock 2020”, Nueva York, 2020 [base de datos en línea] https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock.

6. El resurgimiento de los movimientos intrarregionales

Los datos de la ronda censal de 2010 muestran que el total de migrantes latinoamericanos y caribeños intrarregionales en relación con el total de migrantes presentes en la región aumentó considerablemente entre 1970 y 2010 (Martínez, Cano y Soffia, 2014). El aumento de los movimientos intrarregionales se produce con mayor dinamismo en América del Sur que en el resto de América Latina y el Caribe (Stefoni, 2018). La conjunción de factores económicos, políticos y demográficos, tanto en los países de origen como de destino de los migrantes sudamericanos, da cuenta del mencionado crecimiento (Bengochea, 2018).

Gráfico 3

América Latina y el Caribe: proporción de población inmigrante según procedencia, 1960-2020

(En porcentajes)

Fuente: Ç. Özden y otros, “Where on earth is everybody? The evolution of global bilateral migration 1960-2000”, The World Bank Economic Review, vol. 25, N° 1, Oxford, Oxford University Press, 2011; Naciones Unidas, “International Migrant Stock 2020”, Nueva York, 2020 [base de datos en línea] https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock.

A nivel económico, el resurgimiento de los movimientos intrarregionales se produce en el contexto de la crisis financiera mundial (Castles y Miller, 2010), que comenzó en 2007 en los Estados Unidos y luego se propagó a otras economías. El efecto de esta crisis en los principales países receptores de migrantes extrarregionales latinoamericanos y caribeños, es decir, los Estados Unidos y España, y particularmente en el empleo de sus inmigrantes, afectó la direccionalidad de dichos flujos migratorios (Bengochea, 2018). El colapso del mercado inmobiliario estadounidense hizo que la tasa de desempleo en 2009 fuese la más alta en un período de 25 años. Si bien impactó primero a los trabajadores más calificados, afectó de manera colateral el empleo de los menos calificados y de los trabajadores inmigrantes que laboraban en los servicios y la construcción (Castles y Miller, 2010). En España, la tasa de crecimiento del PIB pasó de ser positiva a negativa entre 2003 y 2009, lo que afectó con mayor intensidad a los inmigrantes que a los nativos (Cerrutti y Maguid, 2016). De todos modos, esta situación no provocó un retorno masivo de los migrantes a sus países de origen (Cerrutti y Maguid, 2016), aunque sí contribuyó a la desaceleración del flujo migratorio extrarregional de los migrantes latinoamericanos y caribeños (SEGIB, 2010). Una de las explicaciones de esa desaceleración, por un lado, y de la ausencia de un retorno masivo, por otro, es que la crisis económica mundial afectó tanto a los países de destino como a los de origen (Castles y Miller, 2010). A nivel político, el aumento de las restricciones al ingreso de inmigrantes en los Estados Unidos a partir de 2001, y en España a partir de la crisis económica, repercutió en que estos países fueran menos importantes como destinos extrarregionales de la migración latinoamericana. En México, por ejemplo, la conjunción de la crisis económica mundial y el recrudecimiento de la situación en la frontera norte influyó de manera considerable en el número de mexicanos que emigraban a los Estados Unidos, que pasó de 369.000 en 2006 a 114.000 en 2009 (Castles y Miller, 2010).

Otros factores que han contribuido al aumento de la migración intrarregional se deben al propio contexto de los países de América Latina y el Caribe. Entre ellos cabe mencionar: i) el auge de las economías locales en los primeros años del siglo XXI, como sucedió con la economía chilena, y el aumento de la brecha económica con el Ecuador, el Estado Plurinacional de Bolivia y el Perú (Arriagada y Todaro, 2012; Solimano y Tokman, 2006); ii) el desarrollo de la industria del turismo en la subregión caribeña en las últimas décadas del siglo XX, que volvió a posicionar a la República Dominicana como un centro receptor de migrantes laborales provenientes de otros países caribeños (Pellegrino y Macadar, 2001; Villa y Martínez, 2001), y iii) la implementación de políticas migratorias que, en un marco de derechos, garantizan derechos a las personas migrantes y sus familias, como el de la reunificación familiar (Bengochea, 2018; Stefoni, 2018). Este último factor desempeña un rol decisivo en el aumento de los flujos intrarregionales entre los países de América del Sur que forman parte de dos procesos de integración económica regional: el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) desde la década de 1990 y la Comunidad Andina desde la década de 1970. Sobre la base de estos procesos se han implementado políticas y marcos normativos migratorios entre los Estados parte (Bengochea, 2018). Por ejemplo, en 2002 se aprobó el Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile, con el objetivo central de promover la libre circulación de personas entre los países de la región (OIM, 2018a). Si bien estos acuerdos se gestan con un interés de organizar la migración laboral, la perspectiva de derechos de las personas migrantes y sus familias es el marco en el que muchos de los países de América del Sur diseñaron sus políticas migratorias.

7. El surgimiento de nuevos destinos y orígenes

El dinamismo actual de los movimientos migratorios intrarregionales se debe también al surgimiento de nuevos flujos migratorios como el de venezolanos, dominicanos, haitianos y cubanos, con destinos no tradicionales. En los últimos años, se produjo un nuevo y novedoso flujo de inmigrantes dominicanos, quienes tradicionalmente migraban hacia España, los Estados Unidos e Italia, y ahora también se dirigen a nuevos destinos en América del Sur, como el Uruguay, la Argentina y Chile (Ariza, 2004; Pacecca, Liguori y Carril, 2016). La explicación del surgimiento de este flujo con destino al Uruguay fue que hasta 2015 no se exigía visa de turismo a los dominicanos para su ingreso. Después de la imposición del requisito de visado, el flujo disminuyó notablemente, pero en la actualidad hay indicios de un aumento debido a la reunificación familiar. En la Argentina, la visa de turismo para los nacionales de la República Dominicana se impuso en 2012, con el objetivo de controlar la trata de personas, sobre todo de mujeres en la prostitución (Pacecca, Liguori y Carril, 2016). Una hipótesis sobre el aumento del flujo de dominicanos hacia el Uruguay es que se debió a la reorientación del flujo migratorio que se dirigía a la Argentina, después de la imposición de la visa de turismo en 2012 (Pacecca, Liguori y Carril, 2016).

Los haitianos, que tradicionalmente migraban hacia la República Dominicana, su país vecino, pero también hacia Cuba y las Bahamas y, fuera de la región, hacia los Estados Unidos, el Canadá y Francia, a fines de 2010 comienzan a hacerlo hacia Puerto Rico y el Brasil (OIM, 2014; Pellegrino y Macadar, 2001). Los migrantes haitianos también han cobrado importancia en Chile, donde su presencia aumentó un 286% entre 2017 y 2018 (Stang, Lara y Andrade, 2020). Por su parte, el flujo de migrantes cubanos también muestra una reorientación hacia otros destinos no tradicionales. Según datos de 2015, los emigrantes de ese país caribeño se dirigían sobre todo a los Estados Unidos, el Ecuador, México, España y Panamá y, en menor medida, a Italia, el Canadá, la Federación de Rusia, la República Bolivariana de Venezuela, Alemania, Costa Rica y la República Dominicana (Aja y otros, 2017). A pesar de que el Uruguay no está entre los principales destinos de los migrantes de origen cubano, es de gran importancia el aumento del número de migrantes cubanos que han llegado a ese país de América del Sur, donde entran principalmente como solicitantes de refugio (Prieto y Márquez, 2019). El aumento de la llegada de cubanos a nuevos destinos se debe en primer lugar a dos factores: i) el fin de la política estadounidense de “pies secos, pies mojados” [6], que regía desde 1995, y ii) el decreto ley núm. 302 modificativo de la Ley núm. 1312, “Ley de Migración” cubana de 20 de septiembre de 1976 (Aja y otros, 2017). El aumento de inmigrantes tanto dominicanos como cubanos en países de América del Sur también se debe a que los marcos normativos que se aplican a la inmigración son menos restrictivos en comparación con los de Europa o América del Norte (Prieto y Márquez, 2019).

La República Bolivariana de Venezuela, que históricamente ha sido el epicentro migratorio de América del Sur y ha tenido bajos niveles de emigración (Pellegrino, 2003; Pellegrino y Macadar, 2001), experimentó en los últimos años un cambio histórico en su perfil migratorio. Pasó de ser un tradicional receptor de migración a convertirse a partir de 2015-2016 en el principal expulsor de población migrante en la región latinoamericana. Según datos de Freitez (2019), entre 2017 y 2018 se contabilizaron casi 3 millones de emigrantes venezolanos en el mundo (véase el gráfico 4) y, desde entonces, el número ha aumentado de modo notable. Tanto es así que, hasta enero de 2023, la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V, 2023) estimó en aproximadamente 7,18 millones el total de venezolanos que se encontraban en otros países del mundo como refugiados y migrantes. Aproximadamente 6,03 millones de ellos se encontraban en América Latina y el Caribe. Este cambio del perfil migratorio de la República Bolivariana de Venezuela —de tradicional receptor de población a expulsor de población migrante principalmente hacia otros países de la región latinoamericana— da cuenta de la capacidad adaptativa de los diversos subsistemas migratorios de la región.

Gráfico 4

República Bolivariana de Venezuela: total acumulado de emigrantes, 1990-2018

(En millones de personas)

Fuente: A. Freitez, “Crisis humanitaria y migración forzada desde Venezuela”, Crisis y migración de población venezolana: entre la desprotección y la seguridad jurídica en Latinoamérica, L. Gandini, F. Lozano y V. Prieto (eds.), Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 2019.

Los motivos de este éxodo venezolano se explican por el deterioro del modelo de desarrollo productivo socialista implantado por Chávez en 1999 y continuado por Maduro desde 2013 (Freitez, 2019; Gouveia, 2022). En el comienzo de la aplicación del modelo, denominado “socialismo del siglo XXI”, la República Bolivariana de Venezuela gozó de una gran bonanza económica debido al aumento del precio del petróleo, lo que le permitió financiar el consumo y la estatización de la economía, y se produjo un aumento del PIB real de 1,62 veces entre 2003 y 2008 (Freitez, 2019). Sin embargo, ese proceso, que también influyó en una notable disminución de la pobreza y la desigualdad y un aumento de la escolarización de la población, entre otros resultados, se vio acompañado de un aumento del déficit fiscal y el endeudamiento (Freitez, 2019). Así comenzó un período de hiperinflación, recesión económica, endeudamiento externo y una negativa a cambiar el modelo económico que suscitó desconfianza en este proyecto productivo, situación que desembocó en una creciente conflictividad y polarización política (Freitez, 2019). En 2017, casi el 80% de los hogares venezolanos presentaban inseguridad alimentaria, lo que afectó profundamente a los sectores más vulnerables, en los que aumentaron la mortalidad y la morbilidad, y produjo el colapso del sistema de salud (Freitez, 2019). También aumentaron la inseguridad y los problemas de suministro de la electricidad, el agua y el gas (Freitez, 2019). En este contexto, la migración actual venezolana puede entenderse como una crisis humanitaria, ya que la sobrevivencia y la vida de los venezolanos no están aseguradas en su país, lo que ha culminado en un proceso de migración forzada (Freitez, 2019).

Los migrantes recientes venezolanos, además de haber crecido en número con mucha rapidez, ahora se dirigen también hacia otros países de América Latina y el Caribe, en primer lugar hacia Colombia, luego el Perú, Chile y el Ecuador y, fuera de la región, hacia España y los Estados Unidos (Cárdenas y otros, 2019). Por otro lado, la situación documental de los migrantes venezolanos en los países de América del Sur se ha visto afectada por el rápido crecimiento del flujo migratorio, ya que países como Chile, el Ecuador y el Perú impusieron en 2019 el requisito de que el visado de ingreso se tramitara en la República Bolivariana de Venezuela (Cárdenas y otros, 2019). En el Uruguay, los inmigrantes venezolanos acceden al Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile. Esta facilidad, en un contexto cada vez más restrictivo, explica que en el Uruguay casi seis de cada diez migrantes de países latinoamericanos y caribeños no limítrofes provengan de la República Bolivariana de Venezuela (Prieto y Márquez, 2019).

Sin embargo, el surgimiento de la crisis provocada por el COVID-19 y el posterior cierre de fronteras complejizaron la movilidad regional y dieron espacio a la implementación de políticas más restrictivas y la limitación del derecho al refugio (Castro y Freier, 2021). Tal es el caso del Perú, donde durante la pandemia se aplicaron normas de ingreso más restrictivas (Castro y Freier, 2021), y del Ecuador, donde se observó un aumento de la situación de irregularidad de la población venezolana (Chaves-González, Amaral y Mora, 2021). En el Uruguay, durante el cierre de fronteras se observó una fragmentación documental entre los distintos países de procedencia en el marco del Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile, sobre todo en el caso de las personas migrantes venezolanas con relación a las brasileñas y argentinas (Prieto y otros, 2022). Esto sucedió porque se establecieron dos modos de ingreso excepcionales al país. Uno de ellos, al que recurrió principalmente la población argentina, se justificaba por motivos de trabajo o negocio y requería certificar la tenencia en propiedad de una vivienda o inversiones en el país. El otro modo, al que recurrió la población venezolana, era ingresar como solicitante de refugio (Prieto y otros, 2022).

B. Reflexión final

La migración internacional, en todas sus formas, ya sea fronteriza, intrarregional o extrarregional, es parte de la historia demográfica, económica y social de América Latina y el Caribe. En una región marcada por la desigualdad social y la inestabilidad económica y política, la migración constituye un factor que se adapta a diversas coyunturas, en respuesta a demandas de las sociedades receptoras o a situaciones difíciles en las sociedades de salida. En la revisión realizada se han encontrado diversos factores explicativos que dan cuenta de la migración regional y que definen etapas migratorias concretas. Estos factores son: i) la conquista del territorio latinoamericano y caribeño, y el ciclo de inmigración europea; ii) el crecimiento de la población, la migración interna y la urbanización; iii) los movimientos fronterizos; iv) las dictaduras militares y la violencia sistemática; v) los movimientos extrarregionales; vi) el resurgimiento de los movimientos intrarregionales, y vii) el surgimiento de nuevos destinos y orígenes. Estos aspectos muestran cómo el sistema migratorio de América Latina y el Caribe —compuesto por diferentes subsistemas— es un sistema activo que responde y se adapta a las diferentes coyunturas y estructuras que atraviesan los países que lo integran.

En los últimos años, la migración internacional en América Latina y el Caribe ha experimentado cambios fundamentales, como ha sido el éxodo venezolano. Según datos de R4V, se estima en 2022 que 7 millones de personas han salido de la República Bolivariana de Venezuela. Estos migrantes han golpeado a las puertas de entrada con demandas de resultado incierto sobre su posible integración y, frente a ello, muchos países de la región han tenido que adaptarse a nuevos escenarios y a coyunturas no esperadas. Estos cambios se manifiestan —en algunos países— en la modificación de anteriores políticas migratorias desarrolladas sobre la base de los derechos de las personas migrantes y sus familias, y la consiguiente aplicación de políticas más restrictivas. Sin embargo, la integración de la migración intrarregional en los países latinoamericanos y caribeños puede representar una oportunidad para enriquecer las sociedades e incorporar a la vez la disposición y la práctica de la hospitalidad hacia los migrantes.

En este escenario, ya complejo en sí mismo, la pandemia de COVID-19 impuso nuevas restricciones a la movilidad de las personas y dio lugar a nuevos cambios en los marcos normativos de los países de acogida. El impacto de esta situación en las poblaciones migrantes en América Latina y el Caribe ha sido significativo, ya que un gran porcentaje de esas personas ya se encontraban en condiciones de extrema vulnerabilidad y desigualdad social, que se vieron exacerbadas en el contexto de la pandemia (Bengochea y otros, 2022; Castro y Freier, 2021; Zapata, Vera y Gandini, 2022). Si bien el comportamiento del sistema migratorio de la región es complejo de predecir en cuanto a la magnitud de los volúmenes de migrantes y a las fuerzas que lo impulsan, sí se puede apostar por la continuidad de su dinamismo y diversidad. En este sentido, los países de la región deben continuar trabajando para garantizar los derechos de las personas migrantes y sus familias.

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[1] Doctora en Estudios de Población por El Colegio de México, Docente e Investigadora del Programa de Población de la Universidad de la República del Uruguay. Correo electrónico: julieta.bengochea@cienciassociales.edu.uy.

[2] Doctora por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, Investigadora Emérita del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Uruguay, Investigadora Asociada del Programa de Población de la Universidad de la República del Uruguay. Correo electrónico: adela.pellegrino@cienciassociales.edu.uy.

[3] Parte de la sistematización realizada en este artículo se basa en la tesis doctoral de Bengochea (2018).

[4] El nombre del país cambió oficialmente a República Bolivariana de Venezuela en noviembre de 1999.

[5] En 1960 había 1 millón de mexicanos en los Estados Unidos y en 2000, 14,5 millones. Este aumento fue consecuencia de la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA), promulgada en 1986, y de la Ley de Inmigración de 1990, con sus disposiciones sobre reunificación familiar (Pellegrino, 1995 y 2003). En 2012 se estimó que nueve de cada diez emigrantes mexicanos residían en los Estados Unidos (CONAPO, 2002).

[6] Esta denominación se refiere a la política migratoria estadounidense (vigente entre 1995 y 2017) dirigida a personas de origen cubano, en virtud de la cual se otorgaba permiso de entrada y derecho a solicitar residencia legal a quienes eran detenidos en tierra, en tanto que, por el contrario, las personas detenidas en el mar eran deportadas.

Artículo 07

Integración al mercado laboral de los inmigrantes intrarregionales en Chile: análisis de las trayectorias de empleo y de los logros ocupacionales basado en las encuestas de hogares de 2013, 2015 y 2017[1]

José Ignacio Carrasco[2]

Pau Baizán[3]

Recibido: 15/02/2023

Aceptado: 08/05/2023

Resumen

En este artículo se analiza la integración ocupacional y laboral de los inmigrantes en Chile. Usando las encuestas de hogares de los años 2013, 2015 y 2017, se comparan las probabilidades de estar activo, tener empleo y la informalidad laboral entre inmigrantes y chilenos. Controlando por variables sociodemográficas y el tiempo de llegada a Chile, los resultados indican que los inmigrantes no se encontraban en situación de desventaja con respecto a la población nativa en lo referido a los niveles de actividad y desempleo en los años analizados. Sin embargo, se aprecian diferencias en el acceso a ocupaciones de mayor calificación, tanto según el país de origen como por género. La informalidad laboral entre los inmigrantes latinoamericanos parece reducir su acceso a los puestos de trabajo más calificados y de mejor calidad en comparación con los migrantes con trabajo formal.

Palabras clave: migración internacional, inmigrantes, empleo, mercado de trabajo, condiciones de trabajo, seguridad en el empleo, sector informal, estadísticas del empleo, Chile, América Latina.

Abstract

This article analyses the occupational and labour integration of immigrants in Chile. Household surveys from 2013, 2015 and 2017 are used to compare the probabilities of being active, of being employed and of labour informality for immigrants and Chileans. Controlling for sociodemographic variables and time of arrival in Chile, the results indicate that immigrants were not at a disadvantage compared to the native population in terms of activity and unemployment levels in the years analysed. However, there are differences in access to higher-skilled occupations, on the basis of both country of origin and gender. Labour informality among Latin American immigrants appears to reduce their access to higher-skilled and better quality jobs compared to migrants with formal jobs.

Keywords: international migration, immigrants, employment, labour market, working conditions, employment security, informal sector, employment statistics, Chile, Latin America.

Résumé

Cet article se penche sur l’intégration professionnelle et sur le marché du travail des immigrés au Chili. À partir des enquêtes sur les ménages de 2013, 2015 et 2017, une comparaison est établie entre les probabilités d’être actif, d’avoir un emploi et de travailler dans le secteur informel pour les immigrants et les Chiliens. Les résultats, qui tiennent compte des variables sociodémographiques et de la date d’arrivée au Chili, indiquent que les immigrants ne sont pas désavantagés par rapport à la population autochtone en termes de niveaux d’activité et de chômage au cours des années analysées. Il existe toutefois des différences dans l’accès aux professions plus qualifiées, à la fois en fonction du pays d’origine et du genre. Le caractère informel du travail chez les migrants latino-américains semble limiter leur accès à des emplois plus qualifiés et de meilleure qualité que les migrants formels.

Mots clés : migration internationale, immigrants, emploi, marché du travail, conditions de travail, sécurité d’emploi, secteur informel, statistiques de l’emploi, Chili, Amérique latine.

Introducción

En las últimas décadas se ha registrado un marcado aumento en el número de inmigrantes en Chile. Entre 2002 y 2019, la cantidad de inmigrantes en el país aumentó de un 1,2% a un 7,6% de la población total. Un 80% de los 1,49 millones de extranjeros registrados en 2019 había llegado al país durante el decenio anterior (INE/DEM, 2020). En comparación con otros períodos históricos en los que se registraron importantes flujos de inmigración, el reciente aumento se caracteriza por un incremento numérico y proporcional, por una mayor diversidad de los países de origen y una mayor diversidad geográfica (Martinez y Orrego, 2016; Solimano y Tokman, 2006). Uno de los principales factores detrás de este súbito incremento de la cantidad de inmigrantes ha sido el aumento de la migración intrarregional como proporción de los movimientos internacionales de población registrados en América Latina en los últimos decenios, un fenómeno en el que Chile se ha transformado en un polo de atracción de la inmigración latinoamericana.

En el contexto de este aumento de la migración, un creciente número de investigaciones ha contribuido a entender mejor la inmigración en el mercado laboral chileno. Los estudios sobre la integración de los inmigrantes al mercado de trabajo de Chile han permitido observar un patrón heterogéneo en el que los migrantes extrarregionales tienen mejores resultados que la población local, los de la región andina (por ejemplo, los peruanos y los bolivianos) tienden a encontrarse a la zaga, y los del Cono Sur (los argentinos y los uruguayos) registran resultados similares a los de los chilenos (Doña, 2016; CEPAL/OIT, 2017). Analizar los logros ocupacionales es fundamental para entender qué resultados podrían alcanzar los trabajadores extranjeros en función de las diversas estructuras de los mercados laborales y de los distintos niveles de demanda de mano de obra escasa o altamente calificada (Brodmann y Polavieja, 2011). Tras analizar el debate académico internacional sobre la forma en que los inmigrantes se incorporan al mercado de trabajo, constatamos una brecha en el ámbito de la investigación en lo referido al uso de variables de control sociodemográficas y a la forma de entender cómo incide el tiempo que la persona migrante pasa en el país anfitrión en su integración socioeconómica (Chiswick, Lee y Miller, 2005; Reyneri y Fullin, 2011). Nos centramos en el reciente grupo de inmigración latinoamericana a Chile, tomando en cuenta los diferentes países de origen de los migrantes, y comparamos sus niveles de actividad económica, empleo y logros ocupacionales hasta 2017, el último año antes de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) para el cual hay datos disponibles y cuando todavía la mayoría de los migrantes latinoamericanos podían ingresar al país sin necesidad de una visa. En este trabajo, nuestro interés es examinar los logros recientes de los inmigrantes en el mercado de trabajo, no analizar las categorías y debates más amplios sobre la asimilación y la integración, que si bien se tienen en cuenta, son un aspecto tangencial de nuestro marco (Alba y Nee, 2013; Portes y Zhou, 1996).

La economía chilena, singular por su naturaleza sumamente orientada al mercado y por los persistentes niveles de segmentación del mercado de trabajo, fruto de unas tasas de informalidad que se han ubicado entre un 30% y un 40% durante los últimos tres decenios, ofrece un contexto sin igual para entender mejor la asimilación socioeconómica de los inmigrantes y la persistencia de las desigualdades étnicas en el mercado de trabajo. Con base en investigaciones empíricas de países europeos y de los Estados Unidos (Chiswick Lee y P. W. Miller, 2005; Heath y Cheung, 2007; Reyneri y Fullin, 2011), nuestro objetivo es analizar si las desigualdades entre chilenos y extranjeros disminuyen tras introducir variables de control para los factores sociodemográficos y el tiempo que el inmigrante reside en el país anfitrión. Nos centraremos en el tiempo transcurrido desde la llegada —como valor representativo (proxy) de la experiencia en el país anfitrión— y en la informalidad económica, un motivo de preocupación mundial creciente que se relaciona con la exclusión laboral y social, no solo en Chile y en la región de América Latina, sino también en zonas más desarrolladas, como los países de Europa Oriental y Meridional (Esteves, Fonseca y Malheiros, 2018; OIT, 2019; Ponzo, 2018).

Las restantes secciones de este trabajo se estructuran de la manera que se indica a continuación. En la siguiente sección se ofrece una descripción de las características del marcado aumento de los flujos migratorios al país y de su mercado de trabajo. A continuación, presentamos las teorías que se utilizan para explicar las desventajas que enfrentan los inmigrantes en el mercado de trabajo. Luego se analiza la metodología, tras lo cual se presentan los resultados descriptivos y analíticos. Finalmente, se ofrece una síntesis de las conclusiones.

A. Inmigración y mercado de trabajo en Chile

Entre 2002 y 2019, la cantidad de inmigrantes en Chile aumentó de 1,2% a un 7,6% del total de la población, lo que equivale a 1,45 millones de extranjeros (INE/DEM, 2020). Las estimaciones oficiales para 2020 y 2021 sugieren que las cifras se han estabilizado en 1,46 millones y 1,48 millones, respectivamente (INE/DEM, 2022). Además, un 9% de los migrantes llegó al país entre 2000 y 2009, y un 80% entre 2010 y 2019. Para 2021, los principales grupos migratorios, ordenados según el número de migrantes, son los venezolanos, los peruanos, los haitianos, los colombianos, los bolivianos, los argentinos y los ecuatorianos, que en conjunto representan el 84,6% del número total. Mientras que los argentinos, los bolivianos, los ecuatorianos y los peruanos pertenecen a un grupo anterior de flujos migratorios hacia el país, los colombianos, los haitianos y los venezolanos pertenecen a un grupo más reciente (Martínez y Orrego, 2016). Si bien la migración intrarregional ha sido un fenómeno constante tanto en Chile como en el resto de los países latinoamericanos, desde la década de 1970 ha cobrado mayor importancia relativa. Por su parte, los flujos procedentes de Europa, que durante la primera mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX e inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial habían sido el flujo migratorio internacional más importante en la región de América Latina, registraron un declive (CEPAL/CELADE, 2006).

Las investigaciones anteriores sugieren que los factores que determinan la inmigración a Chile hasta el 2017 (límite del período de interés del presente artículo) son el rápido crecimiento económico del país en decenios recientes, su mercado laboral y sus indicadores sociales, que son más favorables que los de los países vecinos, su estabilidad social y política, el desarrollo de las redes de migrantes, y las características de las políticas migratorias nacionales (CEPAL/CELADE, 2006; Doña y Mullan, 2014; Solimano y Tokman, 2006). El reciente aumento de la inmigración en Chile, especialmente de los países vecinos y del Ecuador, se remonta a finales de la década de 1980, una época caracterizada por un crecimiento sostenido y relativamente estable de la economía y por la reducción de la pobreza (Solimano y Tokman, 2006). La diferencia positiva entre Chile y los principales flujos de inmigrantes en lo referido al ingreso per cápita, las oportunidades de empleo y los salarios reales fue uno de los principales factores detrás de la inmigración (OECD, 2018; Solimano y Tokman, 2006). El aumento de la inmigración femenina a Chile obedece a la demanda de mano de obra en el sector de los servicios, un patrón que también se observa en otros países de América Latina y en el que se destacan las mujeres peruanas como trabajadoras domésticas y las migrantes ecuatorianas en el sector de la atención de salud (CEPAL/OIT, 2017).

Solimano y Tokman (2006) analizaron el tamaño del sector informal como un posible factor determinante de la inmigración a Chile, y ofrecen una interpretación doble. Un sector informal “grande” podría facilitar el ingreso en mercado de trabajo, pero las empresas con una menor productividad pagan salarios más bajos, lo que podría restar atractivo para los inmigrantes. El peso del sector informal y del empleo informal en Chile, ambos ubicados en un 30%, es más bajo que el promedio de América Latina, que se estiman en un 47% y un 53%, respectivamente, según CEPALSTAT (CEPAL, 2020). Además, el empleo ha crecido más en los sectores de alta productividad que en los sectores de productividad baja y media.

No obstante, la economía chilena sigue estando poco diversificada, y su crecimiento depende en gran medida de la explotación de recursos naturales con poco valor agregado, en un contexto de escasa adopción de la tecnología a nivel de las empresas, que prefieren aplicar estrategias que hacen un uso intensivo de la mano de obra (Romaguera y otros, 1997). Un factor que incide en el crecimiento económico de Chile es la elevada desregulación del mercado de trabajo, producto de reformas estructurales que introdujeron políticas de libre mercado en la década de 1970 y de una ley laboral nacional promulgada en 1979, que redujo los costos laborales y descentralizó los mecanismos de negociación colectiva en todas las ocupaciones del sector privado con el objetivo de promover la inversión extranjera y transformar el mercado de trabajo (Romaguera y otros, 1997). Pese a una serie de modificaciones introducidas durante la década de 1990 para brindar mayor protección a los trabajadores, los salarios son sumamente flexibles durante las crisis económicas (Romaguera y otros, 1997), y frente a otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Chile registra la mayor proporción de contratos a término (OCDE, 2018). Figueroa y Fuentes (2015) demostraron que la precariedad laboral, si bien es relativamente baja para el contexto latinoamericano, es considerable y está muy extendida en el mercado de trabajo chileno. Se estima que en 2018 había 300.000 migrantes irregulares (SJM, 2020), que en esa fecha representaban un 24% de los migrantes, una situación que podría estar relacionada con un proceso de crecimiento económico caracterizado por una elevada demanda de mano de obra y la incapacidad de las políticas migratorias de atender los flujos actuales de inmigración al país (Doña y Mullan, 2014; Solimano y Tokman, 2006).

Otro factor determinante de la inmigración a Chile ha sido la combinación del endurecimiento de las exigencias fronterizas en el Norte Global y la flexibilización de las políticas fronterizas nacionales en el país (Doña y Mullan, 2014; Solimano y Tokman, 2006). Hasta el reciente cambio en el marco regulatorio chileno promulgado en 2021[4], la política migratoria de Chile en esencia se basa en un conjunto de leyes administrativas migratorias creadas en 1975 durante la dictadura de Pinochet, en un contexto histórico radicalmente distinto (Doña y Levinson, 2004; Stang, 2016). Sin embargo, en virtud de este régimen migratorio, la mayoría de los extranjeros han ingresado al país como turistas y luego han obtenido un empleo que les ha permitido cambiar su situación a la de residentes temporales. El acuerdo para el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) ayuda a explicar el régimen de fronteras relativamente abiertas que favoreció a algunos países latinoamericanos. Chile adoptó una versión parcial del acuerdo, en virtud de la cual se otorga a los residentes de los miembros “originales” del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), y del Estado Plurinacional de Bolivia desde 2014, un permiso de residencia temporal de hasta dos años, que posteriormente puede transformarse en una residencia permanente (OCDE, 2019). Además, el marco establecido en 1975 comenzó a modificarse a partir de la década de 1990, mediante la promulgación de varias normas a nivel ministerial (por ejemplo, en el Ministerio de Salud) y la introducción de modificaciones al Departamento de Extranjería, entre otras la concesión del derecho de acceso a la salud pública en pie de igualdad; la provisión de educación a los inmigrantes y a sus hijos, independientemente de su condición migratoria, y los programas de regularización de 1998, 2013 y 2018 (OCDE, 2019). En 2018, se implementó un conjunto de políticas orientadas a limitar los flujos de entrada y a atraer migrantes altamente calificados. Algunos académicos han criticado la aplicación de estas políticas, que hacen que para los migrantes sea más difícil regularizar su situación, en particular para los que vienen de Haití y la República Bolivariana de Venezuela, que ahora no pueden ingresar al país sin una visa (Finn, 2020; Stefoni, Lube y Gonzálvez, 2018).

En el período de interés del presente artículo, los inmigrantes intrarregionales en Chile se caracterizan por un nivel educativo relativamente alto frente a la población chilena autóctona, un aspecto en el que también difiere de otros países latinoamericanos, como la Argentina, Costa Rica y la República Dominicana (Carrasco y Suárez, 2018; CEPAL/CELADE, 2006). Esto podría ayudar a entender por qué la presencia de mano de obra inmigrante no es igual en los distintos sectores productivos (CEPAL/OIT, 2017). Con todo, existen ciertas colectividades de inmigrantes en las que el trabajo informal tiene una mayor incidencia, como sucede en el caso de los hombres haitianos que trabajan en el sector de la construcción (Stefoni, Leiva y Bonhomme, 2017), y las mujeres peruanas que se desempeñan en el sector de los servicios domésticos (Stefoni, 2002). Un análisis descriptivo de la exclusión social experimentada por los migrantes intrarregionales en comparación con la población chilena autóctona ha permitido constatar que se ven más afectados por el hacinamiento y tienen un menor acceso a los servicios educativos y de salud (Carrasco y Suárez, 2018; CEPAL/CELADE, 2006).

B. Revisión de la literatura

La cuestión de la existencia y el alcance de las desigualdades entre migrantes y nativos (denominado en la literatura como “desigualdades étnicas”) en el mercado de trabajo ha sido estudiada en muchos países alrededor del mundo, y la evidencia muestran que si bien los patrones de empleo (por ejemplo, niveles de actividad económica y de empleo) podrían converger (como sucede en España, por ejemplo), las diferencias en las trayectorias ocupacionales entre algunos grupos de migrantes y la población local tienden a persistir cuando se toman en cuenta factores sociodemográficos de confusión y el tiempo transcurrido desde la llegada (Heath y Cheung, 2007; Reyneri y Fullin, 2011). Las teorías de asimilación segmentada aplicadas al mercado laboral brindan un marco que permite entender mejor los mecanismos subyacentes que erigen barreras específicas a la asimilación laboral de los migrantes, a saber, la estructura del mercado laboral (Brodmann y Polavieja, 2011), el acceso a capital social no migrante (Oesch y von Ow, 2017) y los niveles de discriminación en las sociedades anfitrionas (Bonoli y Hinrichs, 2012).

Los mercados de trabajo segmentados se caracterizan por una dinámica de inclusión/exclusión en la que la fuerza de trabajo se divide en un sector primario con trabajos de mejor calidad (es decir, mejores salarios, oportunidades de ascensos y acceso a la protección social) y un mercado de trabajo secundario y más precario, cuyos costos laborales son más bajos debido al uso de contratos a término y el menor acceso a la protección social (Blossfeld, Mills y Bernardi, 2006). La segmentación se refiere a las persistentes diferencias en las oportunidades laborales para trabajadores con niveles de productividad similares, una situación que obedece a la introducción parcial de estrategias de flexibilización centradas en quienes ingresan por primera vez al mercado de trabajo (aspectos vinculados con la edad o la pertenencia a determinadas cohortes) o a la existencia de relaciones laborales “no estándar” para grupos marginales específicos (Barbieri, 2009). Estudios anteriores han demostrado que los mercados laborales altamente segmentados pueden concentrar grandes proporciones de migrantes, que ante mayores necesidades de generar ingresos de manera rápida para el envío de remesas, se ven atraídos por las menores exigencias de ingreso a la economía informal y por las oportunidades económicas, como sucede en los casos de Italia y España (Barbiano di Belgiojoso, 2019; Bernardi, Garrido y Miyar, 2011).

La conceptualización de la informalidad ha evolucionado para pasar de un enfoque en el que el análisis se centra en las empresas y su productividad (sector informal) a un enfoque más amplio que tiene en cuenta la calidad del empleo y que, por ende, abarca la precariedad laboral en las empresas que buscan aumentar su competitividad reduciendo los costos laborales de los trabajadores tercerizados y temporales (empleo informal) (OIT, 2003). En ese sentido, tanto los trabajadores tercerizados como los temporales pueden considerarse como informales, ya que no tienen acceso ni a la protección social ni a los demás beneficios que ofrecen la legislación laboral. La informalidad desempeña un papel fundamental en el sentido de que podría facilitar el acceso de los migrantes al mercado laboral del país anfitrión, habida cuenta de las escasas barreras jurídicas o administrativas para conseguir empleo. Sin embargo, también podría llevar a una fuerte segregación hacia ocupaciones precarias y de bajo nivel. Esto es problemático debido a que la precariedad de las condiciones de trabajo (por ejemplo, los horarios prolongados), el menor acceso a la protección social (por ejemplo, a seguros de desempleo) y la inestabilidad de los ingresos limita la capacidad de los migrantes de realizar inversiones a largo plazo (por ejemplo, en su formación profesional en el país de destino), lo que aumenta las probabilidades de que queden atrapados en empleos de baja calidad y restringe sus posibilidades de progreso (Bernardi, Garrido y Miyer, 2011). La falta de acceso a los derechos sociales y al apoyo público al llegar al país de destino es otro factor que agrava la segregación de los migrantes en lo referido a sus logros ocupacionales (Kogan, 2011).

Si bien las redes sociales de inmigrantes podrían ser útiles como manera de obtener empleo, para lograr puestos de trabajo de mejor calidad es necesario acceder a un capital social que va más allá de las redes de migrantes, que se caracterizan por la homogeneidad étnica, y establecer vínculos con los locales (Munshi, 2003). Las prácticas discriminatorias, como el pago de remuneraciones distintas a grupos con niveles de productividad equivalentes, o las modalidades de contratación en las que se estigmatiza a ciertos grupos de migrantes como peores empleados, han sido consideradas como mecanismos que perpetúan las desigualdades étnicas (Bonoli y Hinrichs, 2012). Cuando existen, estas prácticas discriminatorias producen desventajas que tienen más probabilidades de afectar a los migrantes cuyas características distintivas frente a la población local son claramente visibles (por ejemplo, el color de la piel) (Heath y Cheung, 2007). En el caso de Chile, sus antecedentes coloniales han dado lugar al surgimiento de instituciones con profundos sesgos raciales en las que la discriminación funciona como mecanismo subyacente, lo que explica las persistentes desventajas que enfrentan los migrantes no europeos, las poblaciones indígenas y los afrodescendientes en el mercado laboral (Tijoux, 2016). En lo referido a la discriminación hacia los migrantes en Chile, varios estudios han examinado la segregación que sufren los bolivianos, los colombianos, los haitianos y los peruanos, a quienes la población chilena, que se autopercibe como moderna y blanca, podría considerar fenotípicamente distintos (Mora y Undurraga, 2013; Stang y Stefoni, 2016).

Hemos desarrollado un conjunto de tres hipótesis para aplicar al contexto chileno. La primera es la hipótesis de convergencia, según la cual se observa una convergencia entre los patrones de empleo de los inmigrantes y de los chilenos. Nuestra hipótesis es que la flexibilidad laboral relativamente alta del mercado de trabajo chileno, sumada a la naturaleza de la migración en América Latina, que hasta el año de interés del presente artículo (2017) tendió a responder principalmente a motivos laborales, nos permite suponer que los patrones de empleo de los migrantes y de los chilenos serán similares o que convergerán rápidamente. En segundo lugar, en la hipótesis de asimilación segmentada, que se refiere a los logros ocupacionales, estimamos que la asimilación laboral se ve en cierto grado limitada debido a la presencia de mecanismos subyacentes de segmentación. Nuestra hipótesis es que los mecanismos asociados con la segmentación obstaculizan la integración socioeconómica y, por consiguiente, limitan la convergencia laboral de determinados grupos de migrantes, a saber, aquellos a quienes la población chilena percibe como visiblemente distintos y los trabajadores migrantes informales. En tercer lugar, la combinación entre la elevada segmentación del mercado laboral chileno y el escaso apoyo público que reciben los desempleados sustenta la hipótesis de la trampa de la informalidad. Nuestra hipótesis es que los trabajadores migrantes informales quedan atrapados en empleos escasamente calificados. Frente a los trabajadores informales chilenos, la probabilidad de los migrantes informales de acceder a empleos de mayor calificación sería menor. Además, las probabilidades de que los trabajadores migrantes informales accedan a empleos de mayor calificación tenderían a ser persistentemente bajas frente a los trabajadores migrantes formales, entre quienes se observaría una tendencia hacia la convergencia con los trabajadores chilenos.

C. Datos y métodos

En nuestro análisis usamos las encuestas de hogares de Chile, en las que se consulta a migrantes chilenos y latinoamericanos de entre 15 y 64 años. Según la OIT (2016), dada su periodicidad, la especificidad de las preguntas sobre el mercado laboral y la inclusión de información más detallada sobre el tiempo transcurrido desde la llegada, estas encuestas ofrecen ventajas comparativas frente a los censos al estudiar la migración laboral de América Latina. Las encuestas de hogares se realizan cada dos años, son de naturaleza transversal y en cada edición se consulta a unas 200.000 personas. Fusionamos las tres últimas rondas disponibles de la encuesta (2013, 2015 y 2017), lo que nos permitió analizar a los principales grupos de inmigrantes de forma separada en la mayoría de los casos. Dado que lo que nos interesaba era la relación entre el tiempo transcurrido desde la migración y la asimilación socioeconómica en el mercado de trabajo, contar con diferentes medidas transversales y el plazo transcurrido desde la llegada nos permitió disminuir los sesgos derivados de los efectos producidos por los períodos y las cohortes, respectivamente. Las limitaciones relacionadas con los datos se refieren a que el tamaño de la muestra en 2013 y en 2015 fue menor, y que si bien se incluye a los inmigrantes regulares y a los irregulares, no existe forma de distinguirlos, lo que podría ser una fuente de sesgos. En particular, los inmigrantes irregulares podrían estar insuficientemente representados. En nuestros análisis utilizamos estimaciones de los pesos individuales de las encuestas realizadas en cada uno de los años.

Dividimos nuestros análisis en tres partes. La primera parte consistió en modelos de regresión logística para estudiar las probabilidades de encontrarse económicamente activo o inactivo, las probabilidades de tener empleo o estar desempleado, y las probabilidades de tener un empleo formal o informal. En segundo lugar, para estudiar los logros ocupacionales, estimamos un modelo de regresión logística multinomial basado en la Clasificación Socioeconómica Europea (ESEC). Utilizamos las mismas cuatro categorías consideradas en investigaciones anteriores sobre la estratificación social y los resultados laborales de los inmigrantes, a saber: 1) profesionales y gerentes (ocupaciones de mayor y menor jerarquía en el sector de los servicios); 2) ocupaciones intermedias y trabajadores autónomos (trabajadores manuales de mayor jerarquía, pequeños empleadores y trabajadores independientes); 3) trabajadores manuales calificados, y 4) trabajadores manuales o no calificados (Rose y Harrison, 2007). En tercer lugar, para examinar los efectos del paso del tiempo desde la llegada al país de los migrantes informales y también reflejar el género, nuestro último análisis incluyó una interacción triple entre las variables que representan a las mujeres, el tiempo transcurrido desde la llegada y la informalidad. A continuación, se compararon las probabilidades de que los trabajadores informales chilenos y los migrantes latinoamericanos informales accedieran a empleos altamente calificados. Los casos de los hombres y las mujeres se analizaron por separado en todos los modelos, menos en el que incluye las interacciones.

Nuestro objetivo es generar un modelo conjunto para los encuestados extranjeros y los nativos del país que refleje el efecto del paso del tiempo desde la llegada, para lo que generamos las siguientes variables, especificadas a continuación en cursivas. Una variable denominada chileno que indica si la persona nació en el extranjero (0) o en el país (1). Además, usamos la variable país de origen, con chilenos como la categoría de referencia, para distinguir entre los principales grupos de migrantes latinoamericanos en el país, y una categoría amplia denominada Latinoamérica: otros que incluye a todos los demás orígenes intrarregionales. Generamos la variable tiempo desde la llegada y la codificamos con variables ficticias de períodos de dos años (para garantizar muestras de un tamaño suficiente), que fueron de 0 y 2 años a 9 años y más. Cabe destacar que para facilitar el análisis de la asimilación socioeconómica, incluimos a los chilenos en la categoría de entre 0 y 2 años. En la práctica, esto significa que en los modelos con las variables chilenos y tiempo desde la llegada, la categoría de referencia fue el número de migrantes en el primer período (por ejemplo, 0 a 2). En los modelos con las variables país de origen y tiempo desde la llegada, la categoría de referencia fue chilenos. Las mediciones alternativas en las que se examina el tiempo desde la llegada se analizan en la sección final de este trabajo.

Con respecto a la variable independiente, usamos la variable país de origen, con chilenos como la categoría de referencia, para distinguir entre los principales grupos de migrantes latinoamericanos en el país, y una categoría amplia denominada Latinoamérica: otros que incluye a todos los demás orígenes intrarregionales. Generamos la variable tiempo desde la llegada y la codificamos con variables de períodos de dos años (para garantizar muestras de un tamaño suficiente), que fueron de 0 y 2 años a 9 años y más. Además, para facilitar el análisis de la asimilación socioeconómica, usamos chilenos como la categoría de referencia.

Para medir la informalidad, se tomaron en cuenta las preguntas de la encuesta en la que se analizan los tipos de contratos laborales. Aplicando la recomendación de medición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de considerar una categoría amplia de empleo informal, tomamos en cuenta a los trabajadores informales sin contrato, a los temporales (con contrato a término) y a los tercerizados. En ese sentido, no solo nos centramos en el sector informal y en las habilidades y la productividad, sino también en el empleo informal en los distintos sectores y en el acceso a empleos de mejor calidad a lo largo del espectro de las distintas clases sociales (OIT, 2018). Es importante puntualizar que debido a que la variable que mide la informalidad se relaciona con el empleo informal en función de la existencia de contratos de trabajo y su naturaleza, el tercer y último análisis se limitó únicamente a los empleados, y no incluyó ni a los trabajadores autónomos ni a los empleadores.

Las variables de control fueron mujer (sí/no), grupos de edad, educación, situación de pareja, hijos (sí/no), clase social de la pareja, empleo informal, región de residencia y año de observación. La variable referida a la educación se dividió en cuatro categorías amplias: escuela primaria o menos; secundaria básica; secundaria superior; nivel terciario. La variable referida a la situación de pareja de los encuestados se dividió en tres grupos —sin pareja, pareja chilena o pareja migrante—, lo que nos permitió reflejar los vínculos sociales con la población local. La clase social de la pareja se ajustó a la misma clasificación ESEC anterior, con la excepción de que se añadieron las categorías sin pareja e inactividad para incluir en el análisis a los encuestados en esas situaciones. En la variable región se agrupó a los individuos de la región metropolitana, la zona norte y el resto de Chile. Finalmente, para introducir controles por los posibles efectos del período transcurrido, en la variable año de observación se incluyeron los años de las encuestas de 2013, 2015 y 2017.

D. Hallazgos descriptivos

Llevamos a cabo una serie de análisis sociodemográficos descriptivos, que se presentan en los cuadros A1 a A3 del apéndice. Confirmamos el patrón general para los migrantes latinoamericanos que se observó en investigaciones anteriores, caracterizado por migrantes más jóvenes y con mayores logros educativos que los chilenos. De hecho, en todos los grupos de personas nacidas en el extranjero los promedios de edad son más bajos. Entre los hombres, los venezolanos y los haitianos son los de menos edad, casi siete años más jóvenes que los chilenos. Entre las mujeres, las más jóvenes son las haitianas y las bolivianas. La media de años de educación de los chilenos (11,6) estuvo por debajo de la de todos los grupos de migrantes, con la excepción de los bolivianos y los haitianos, tanto para los hombres como para las mujeres.

En lo referido a los patrones de empleo, constatamos que los niveles de actividad de todos los inmigrantes eran más altos que los de los chilenos, tanto para los hombres como para las mujeres. Sin embargo, se observan diferencias en los patrones del nivel de actividad que obedecen al origen nacional y que vale la pena destacar. Frente a los chilenos, los niveles de actividad son considerablemente más altos entre los venezolanos, los colombianos y los peruanos, tanto para los hombres como para las mujeres. Además, las mayores diferencias en los niveles de actividad entre los hombres y las mujeres se observan entre los haitianos (27,9 puntos porcentuales más para los hombres), que superan la diferencia registrada entre los chilenos (23,4 puntos porcentuales). Todos los demás grupos de personas nacidas en el extranjero presentan menores diferencias en los niveles de actividad por género, en particular los venezolanos y los colombianos. Se observó un patrón similar en lo referido a los niveles de desempleo en la mayoría de los demás grupos de inmigrantes al compararlos con las personas nacidas en Chile. De hecho, a excepción de los haitianos y de la categoría Otros latinoamericanos, los niveles de desempleo fueron más bajos entre los nacidos en el extranjero. En el caso de los hombres, el desempleo entre los venezolanos, los colombianos y los bolivianos está entre 2,5 y 4,1 puntos porcentuales por debajo del desempleo entre los chilenos. Entre las mujeres, la mayor diferencia frente a las chilenas en lo referido al desempleo se observa entre las colombianas (4,1 puntos porcentuales), en tanto que la disparidad es menor con las bolivianas (2,7 puntos porcentuales), las peruanas (2,1puntos porcentuales), las argentinas (1,8 puntos porcentuales) y las venezolanas (1,7 puntos porcentuales).

En síntesis, en lo referido a los niveles de actividad y de empleo, constatamos que, si bien las brechas en los patrones de empleo entre los inmigrantes y los chilenos siguen un patrón similar cuando se considera el género, estas diferencias tienden a acentuarse en el caso de las mujeres. Por ejemplo, entre las mujeres, se observa una profunda brecha en los niveles de actividad, que entre las chilenas y las venezolanas se ubica en el orden del 30%. Sin embargo, las mujeres argentinas se apartaron de esta tendencia y registraron niveles de inactividad similares a los de las mujeres chilenas. En lo referido al desempleo, las mujeres y los hombres inmigrantes registraron patrones similares. Sin embargo, se observó una excepción en el caso de los haitianos, donde las mujeres representaron un 25% del desempleo.

La proporción de informalidad económica exhibió un patrón en ciertos aspectos similar a la actividad económica y al empleo, con la excepción de los bolivianos y haitianos, entre quienes las proporciones fueron más altas tanto para los hombres como para las mujeres. En particular, las mayores diferencias con los chilenos en el ámbito de la informalidad se observan entre los hombres venezolanos y las mujeres colombianas. Entre los hombres, los argentinos y los peruanos también presentan niveles menores de informalidad, si bien se acercan más a los chilenos. Entre las mujeres, además de las colombianas, las venezolanas y las argentinas exhiben diferencias en los niveles de informalidad que superan los dos puntos porcentuales frente a las chilenas. En este indicador, la diferencia entre las mujeres haitianas y las chilenas es menor a un punto porcentual.

Se observaron bastantes diferencias entre los hombres y las mujeres en los patrones de logros ocupacionales. En el caso de los hombres, la proporción de trabajadores no calificados se ubicó en alrededor de un 30% (con la excepción de los haitianos, donde alcanzó un 42%), mientras que en el caso de las mujeres migrantes, se observó una tendencia a concentrarse en este tipo de ocupaciones, en particular las haitianas, las peruanas, las bolivianas y las colombianas. Sin embargo, en promedio un 15,5% de los hombres y un 19,7% de las mujeres ocupaban cargos profesionales y de gerentes, cifras que se asemejan a las de los chilenos. Finalmente, los argentinos y los venezolanos registraron una proporción más alta de hombres y de mujeres en esta clase social.

Para entender mejor los resultados, fue necesario realizar un análisis multivariado, que permite introducir controles para las características sociodemográficas y otros posibles factores de confusión. En las siguientes secciones, presentamos nuestros resultados en el contexto de las expectativas teóricas señaladas anteriormente.

E. Patrones de empleo: resultados del análisis multivariado

En los cuadros 1 y 2 se presentan los resultados de la regresión logística sobre las probabilidades de estar en actividad, de tener empleo y de desempeñarse en el sector informal.

En lo referido a las variables de control, observamos que entre los chilenos y los hombres nacidos en el extranjero la probabilidad de estar en actividad es más alta para las personas de entre 35 y 44 años, que tengan educación secundaria, que estén en pareja, que tengan hijos y que provengan de la región metropolitana. Entre las mujeres, las que tienen educación terciaria y están solteras son las que tienen mayores probabilidades de estar económicamente activas. En particular, los efectos de la edad muestran que las probabilidades de estar en actividad parecen aumentar para los hombres y las mujeres de entre 35 y 44 años, algo que podría obedecer a la demora en ingresar al mercado de trabajo para continuar los estudios. El efecto de la educación en las probabilidades de estar en actividad también es claro, y se constata que el nivel de actividad entre las personas que han cursado estudios de educación secundaria es más alto que el de quienes tienen estudios terciarios. Parte de esa varianza podría obedecer al hecho de que no controlamos la variable referida a quienes actualmente asisten a programas educativos. Para los hombres económicamente activos, las probabilidades de tener empleo aumentan con la edad (por ejemplo, entre 55 y 64 años), si tienen una pareja chilena, si tienen hijos y si residen en la región metropolitana. Entre las mujeres el patrón tiende a ser similar en la mayoría de las variables de control, si bien la educación terciaria aumenta sus probabilidades de tener empleo. En lo referido a la informalidad, es más probable que las personas jóvenes, con un menor nivel educativo, solteras y que no provengan de la región metropolitana tengan empleos informales, se trate de hombres o de mujeres.

Al introducir controles para las variables sociodemográficas (por ejemplo, edad, nivel educativo, región, entre otras) y el tiempo transcurrido desde la llegada, constatamos un resultado sistemático que indica que los inmigrantes tienen mayores probabilidades de desarrollar una actividad económica y de tener empleo frente a los chilenos, lo que confirma los resultados descriptivos señalados anteriormente. Esta conclusión está en consonancia con los estudios que aluden al hecho de que la migración latinoamericana a Chile tiene motivos laborales (OIT, 2017), así como con los datos empíricos de otros contextos, como Europa Meridional, y los flujos migratorios motivados por razones de empleo (por ejemplo, los españoles) en Alemania (Fullin y Reyneri, 2011; Kogan, 2011). No obstante, cabe destacar que la actividad económica de los migrantes tiende a reducirse con el paso del tiempo, tanto en el caso de los hombres como de las mujeres. Una posible explicación para esto es que la urgencia de trabajar para los migrantes que han estado en el país por más tiempo podría ser menor si ya se han reunido con sus familiares y han logrado acceder a los sistemas de protección social, por ejemplo. La probabilidad de tener empleo de las personas nacidas en el extranjero tiende a ser igual o mayor (entre las mujeres) con el paso del tiempo.

Finalmente, respecto de la informalidad, el efecto significativo que constatamos en los primeros dos años tiende a disiparse en períodos posteriores. Esto significa que si la única variable que cambia es el tiempo transcurrido desde la llegada y todas las demás permanecen constantes, las probabilidades de que los trabajadores inmigrantes trabajen en empleos informales son similares. En este sentido, los resultados confirman nuestras previsiones de que sus niveles de actividad económica y de empleo son similares o incluso mayores.

Cuadro 1

Hombres: coeficiente de probabilidad de estar en actividad o en inactividad, empleado o desempleado, empleo informal o formal

Activo

Empleado

Informal

Grupos de edad

15 a 24 años

0,12***

0,50***

1,69***

25 a 34 años (categoría de referencia)

35 a 44 años

1,68***

1,55***

0,77***

45 a 54 años

1,22***

1,64***

0,63***

55 a 64 años

0,50***

1,68***

0,53***

Educación

Primaria

0,72***

0,99

3,11***

Secundaria básica

0,61***

0,88***

2,32***

Secundaria superior

1,97***

1,03

1,36***

Terciaria (categoría de referencia)

Situación de pareja

Sin pareja

0,20***

0,35***

1,72***

Pareja chilena (categoría de referencia)

Pareja migrante

1,83***

0,64***

1,07**

Hijos

1,68***

1,27***

0,90***

Región

Región metropolitana (categoría de referencia)

Región norte

0,78***

0,81***

1,40***

Otra región

0,77***

0,90***

1,60***

Año de observación

2013 (categoría de referencia)

2015

0,89***

0,85***

1,16***

2017

0,89***

0,80***

1,20***

Clase de la pareja

Sin pareja

Inactivo

0,71***

1,04

1,30***

No calificado

0,71***

0,58***

1,51***

Trabajadores manuales calificados

0,91

0,67***

1,10*

Ocupaciones intermedias y trabajadores autónomos

0,77***

0,83*

1,18***

Cargos profesionales y gerentes (categoría de referencia)

Chileno

0,33***

0,61***

0,76***

Tiempo desde la llegada

0 a 2 años (categoría de referencia)

3 a 5 años

0,82

1,26

0,71**

6 a 8 años

0,63*

1,72

0,62***

9 años y más

0,44***

1,07

0,81*

_cons

21,36***

27,72***

0,23***

N

217 453

167 383

119 131

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de las encuestas de hogares de 2013, 2015 y 2017.

Nota: Regresión logística, con controles por edad, educación, situación de pareja, hijos, clase social de la pareja, región, año de observación y tiempo desde la llegada. *=Significativo a un 10%, **=significativo a un 5%, ***=significativo a un 1%.

Cuadro 2

Mujeres: coeficiente de probabilidad de estar en actividad o en inactividad, empleada o desempleada, empleo informal o formal

Activo

Empleado

Informal

Grupos de edad

15 a 24 años

0,16***

0,38***

1,87***

25 a 34 años (categoría de referencia)

35 a 44 años

1,27***

1,49***

0,74***

45 a 54 años

1,13***

1,84***

0,62***

55 a 64 años

0,60***

2,41***

0,55***

Educación

Primaria

0,30***

0,69***

4,60***

Secundaria básica

0,33***

0,66***

2,88***

Secundaria superior

0,67***

0,88***

1,34***

Terciaria (categoría de referencia)

Situación de pareja

Sin pareja

2,03***

0,60***

1,43***

Pareja chilena (categoría de referencia)

Pareja migrante

1,40***

0,55***

0,84***

Hijos

1,27***

1,36***

1,02

Región

Región metropolitana (categoría de referencia)

Región norte

0,70***

0,87***

1,32***

Otra región

0,69***

0,77***

1,69***

Año de observación

2013 (categoría de referencia)

2015

0,91***

0,82***

1,08***

2017

0,95***

0,75***

1,13***

Clase de la pareja

Sin pareja (categoría de referencia)

Inactivo

1,04

1,22*

1,40***

No calificado

0,79***

0,66***

1,47***

Trabajadores manuales calificados

0,79***

0,66***

1,18***

Ocupaciones intermedias y trabajadores autónomos

1,00

1,10

1,10*

Cargos profesionales y gerentes (categoría de referencia)

Chileno

0,42***

0,71**

0,80**

Tiempo desde la llegada

0 a 2 años (categoría de referencia)

3 a 5 años

0,71***

1,55*

0,61***

6 a 8 años

0,71**

1,06

0,71*

9 años y más

0,60***

1,10

0,86

_cons

2,44***

21,33***

0,25***

N

240 110

123 599

89 534

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de las encuestas de hogares de 2013, 2015 y 2017.

Nota: Regresión logística, con controles por edad, educación, situación de pareja, hijos, clase social de la pareja, región, año de observación y tiempo desde la llegada. *=Significativo a un 10%, **=significativo a un 5%, ***=significativo a un 1%.

F. Logros ocupacionales: resultados del análisis multivariado

Los coeficientes de probabilidad (odds ratio) para los hombres y las mujeres se presentan en los cuadros 3 y 4, respectivamente. En los gráficos 1 y 2 se presentan las probabilidades de encontrarse en los niveles ocupacionales previstos a partir de la regresión logística multinomial. Nuestros resultados indican un patrón que varía en función del origen migratorio, el género y la clase social. En general, observamos que la asimilación laboral podría haber ocurrido desde el momento de la llegada, como lo indican las variables ficticias tiempo desde la llegada, si bien el tiempo transcurrido en el país tuvo incidencia para algunos grupos migratorios. Eso implica que, más allá de la persistencia de las desigualdades étnicas que tienden a prolongarse en el tiempo, también observamos que todos los grupos migratorios lograron la asimilación laboral en ciertas clases, y que en algunos casos podrían superar a los chilenos (es decir, tener más probabilidades de acceder a empleos mejor calificados). Por ejemplo, a partir del modelo de coeficientes y cifras, observamos que los argentinos, los ecuatorianos y los venezolanos alcanzaron los niveles más altos del espectro social. Por otro lado, los hombres peruanos y las mujeres bolivianas no alcanzaron el nivel de cargos profesionales o de gerentes, sino que presentaron probabilidades similares o más altas de ser trabajadores autónomos. Nuestro modelo sugiere que los hombres haitianos aparecen excesivamente representados en el nivel laboral más bajo, y que si bien enfrentaron mayores obstáculos para acceder a cargos profesionales y de gerentes, pudieron acceder a empleos manuales calificados.

Cuadro 3

Hombres: coeficiente de probabildad de alcanzar niveles ocupacionales altos (profesionales y gerentes, ocupaciones intermedias o trabajos manuales calificados) en lugar de trabajos manuales no calificados (categoría de referencia)

Calificado

Ocupación

intermedia

Profesional

y gerencial

Grupos de edad

15 a 24 años

0,98

0,60***

0,30***

25 a 34 años (categoría de referencia)

35 a 44 años

0,95**

1,53***

1,25***

45 a 54 años

0,86***

1,91***

1,29***

55 a 64 años

0,74***

2,30***

1,67***

Educación

Primaria

0,40***

0,38***

0,00***

Secundaria básica

0,43***

0,37***

0,01***

Secundaria superior

0,54***

0,36***

0,02***

Terciaria (categoría de referencia)

Situación de pareja

Sin pareja

0,72***

0,61***

0,28***

Pareja chilena (categoría de referencia)

Pareja migrante

0,98

1,10**

0,87**

Hijos

1,06**

0,98

0,96

Región

Región metropolitana (categoría de referencia)

Región norte

1,00

1,06*

0,67***

Otra región

0,91***

0,88***

0,66***

Año de observación

2013 (categoría de referencia)

2015

0,90***

1,03

0,92**

2017

0,77***

1,01

0,78***

Clase social de la pareja

Sin pareja

Inactivo

0,79***

0,50***

0,26***

No calificado

0,62***

0,33***

0,09***

Trabajadores manuales calificados

1,00

0,54***

0,19***

Ocupaciones intermedias y trabajadores autónomos

0,88**

1,30***

0,37***

Cargos profesionales y de gerentes (categoría de referencia)

Origen migratorio

Chile (categoría de referencia)

Venezuela (República Bolivariana de)

0,63**

0,38***

0,40***

Perú

1,08

0,95

0,21***

Haití

1,32*

0,19***

0,14***

Origen migratorio

Colombia

1,11

0,73*

0,55**

Bolivia (Estado Plurinacional de)

1,00

1,33*

0,35***

Argentina

0,93

1,15

0,64

Ecuador

1,12

1,26

0,85

América Latina: otros

1,55*

1,09

1,41

Tiempo desde la llegada

0 a 2 años (categoría de referencia)

3 a 5 años

1,04

0,75

1,31

6 a 8 años

1,03

1,32

3,14***

9 años y más

1,03

1,51**

2,30***

_cons

3,16***

2,28***

16,87***

N

155 616

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de las encuestas de hogares de 2013, 2015 y 2017.

Nota: Regresión logística multinomial, con controles por edad, educación, situación de pareja, hijos, clase social de la pareja, región, año de observación y tiempo desde la llegada). *=Significativo a un 10%, **=significativo a un 5%, ***=significativo a un 1%.

Para sistematizar estos resultados, definimos tres grupos distintos que corresponden a los siguientes orígenes migratorios. El primer grupo se caracteriza por los venezolanos, que superaron a los chilenos en su acceso a empleos mejor calificados a su llegada al país. Como algunos estudios han demostrado, los venezolanos no solo son en su mayoría personas con un mejor nivel educativo, sino que también cuentan con la experiencia de haber ocupado cargos profesionales en su país de origen (OIM, 2018). Asimismo, sus redes sociales son las más desarrolladas de entre todos los grupos (junto con los peruanos) y, hasta 2019 (cuando todavía no se había implementado el nuevo sistema de visas), no ingresaban al país de manera irregular (SJM, 2020). De la misma manera, en el caso de los venezolanos es posible que exista un efecto de la selección, en el sentido de que este grupo de inmigrantes podría ser más rico y, por ende, ser capaz de esperar por mejores oportunidades de empleo. Los argentinos, que aprovechan el beneficio que les otorga el MERCOSUR de poder acceder con mayor facilidad a permisos de residencia, también alcanzan niveles similares a los chilenos a su llegada, o los superan. En este punto es importante recordar que los bolivianos llegaron a ser parte de la modalidad del MERCOSUR adoptada por Chile recién en 2014, por lo que es posible que los potenciales efectos positivos de su ingreso aún no se hayan manifestado. El segundo grupo de migrantes se caracteriza por los colombianos, que aunque al principio alcanzan menores logros ocupacionales que los chilenos, tienden a converger con ellos más adelante en el tiempo e incluso llegan a superarlos. Como hemos señalado, los colombianos tenían un nivel educativo más alto que el de los chilenos, si bien la brecha no era tan amplia con respecto a los venezolanos y los argentinos. Los ecuatorianos también podrían incluirse en este grupo, ya que tenían más edad al migrar y también eran un grupo relativamente pequeño, caracterizado por mayores logros educativos.

Cuadro 4

Mujeres: coeficiente de probabildad de alcanzar niveles ocupacionales altos (profesionales y de gerentes, ocupaciones intermedias o trabajos manuales calificados) en lugar de trabajos manuales no calificados (categoría de referencia)

Calificado

Ocupaciones

intermedias

y trabajadores independientes

Asalariado

Grupos de edad

15 a 24 años

1,12***

0,68***

0,27***

25 a 34 años (categoría de referencia)

35 a 44 años

0,74***

1,02

0,74***

45 a 54 años

0,58***

0,95*

0,57***

55 a 64 años

0,59***

1,43***

1,02

Educación

Primaria

0,14***

0,11***

0,00***

Secundaria básica

0,21***

0,13***

0,00***

Secundaria superior

0,50***

0,23***

0,01***

Terciaria (categoría de referencia)

Situación de pareja

Sin pareja

0,47***

0,27***

0,12***

Pareja chilena (categoría de referencia)

1,00

1,00

1,00

Pareja migrante

1,05

1,02

0,82**

Hijos

0,92***

1,11***

0,86***

Región

Región metropolitana (categoría de referencia)

Región norte

1,07*

1,49***

1,31***

Otra región

0,81***

0,80***

0,86***

Año de observación

2013 (categoría de referencia)

2015

0,96

0,92***

1,07*

2017

0,85***

0,92**

1,01

Clase social de la pareja

Sin pareja

Inactivo

0,49***

0,33***

0,16***

No calificado

0,35***

0,18***

0,07***

Trabajadores manuales calificados

0,61***

0,27***

0,11***

Ocupaciones intermedias y trabajadores autónomos

0,62***

0,77***

0,23***

Cargos profesionales y de gerentes (categoría de referencia)

Origen migratorio

Chile (categoría de referencia)

Venezuela (República Bolivariana de)

0,63*

0,27***

0,15***

Perú

0,18***

0,14***

0,04***

Haití

0,22***

0,13***

0,03***

Colombia

0,54***

0,29***

0,22***

Bolivia (Estado Plurinacional de)

0,35***

0,34***

0,06***

Argentina

0,66

0,50**

0,19***

Ecuador

0,47**

0,27***

0,23***

América Latina: otros

0,36***

0,35***

0,20***

Tiempo desde la llegada

0 a 2 años (categoría de referencia)

1,01

1,10

1,06

3 a 5 años

1,39

1,52*

3,06***

6 a 8 años

1,78***

3,36***

5,67***

9 años y más

1,01

1,10

1,06

_cons

7,52***

17,27***

76,14***

N

112 789

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de las encuestas de hogares de 2013, 2015 y 2017.

Nota: Regresión logística multinomial, con controles por edad, educación, situación de pareja, hijos, clase socialde la pareja, región, año de observación y tiempo desde la llegada). *=Significativo a un 10%, **=significativo a un 5%, ***=significativo a un 1%.

Finalmente, el tercer grupo está compuesto por bolivianos, peruanos y haitianos, cuyas probabilidades de acceder a empleos de mayor calificación son menores, pero que de todas maneras pueden alcanzar a tener empleos calificados o desarrollar actividades de manera autónoma. Estos resultados sugieren que los hombres haitianos pudieron acceder a empleos manuales calificados desde el momento de ingresar al país. Los datos empíricos de otros estudios señalan que en Chile los haitianos son inmigrantes pioneros y tienen mayores oportunidades en lo referido a los ingresos y los logros educativos. En su país de origen, muchos ocupan cargos profesionales e integran familias que podrían clasificarse como de clase media (Rojas, Amode y Vásquez, 2017). Entre los factores que explican los obstáculos para acceder a ocupaciones mejor calificadas, los estudios aluden a la escasa fluidez en español y a los mayores obstáculos para lograr el reconocimiento de sus certificados de educación. Los académicos en Chile se han opuesto firmemente a la existencia de prácticas discriminatorias hacia los haitianos tanto en el mercado laboral como en sus posibilidades de regularizar su situación (Rojas, Amode y Vásquez, 2017; Stefoni, Leiva y Bonhomme, 2017). Los bolivianos y los peruanos, que también acceden a empleos manuales calificados (los hombres peruanos) y desarrollan actividades de manera autónoma (los hombres peruanos y las mujeres bolivianas) también pueden incluirse en este grupo. Entre las mujeres peruanas, las desigualdades étnicas tienden a perpetuarse, y en su caso existe una marcada segregación hacia los empleos de menor calificación, lo que nos lleva a pensar en la existencia de un posible cuarto grupo que podría caracterizarse por mayores niveles de segregación laboral. Stefoni (2002) investiga por qué las mujeres peruanas en Chile son un grupo con un nivel tan elevado de segmentación laboral. El artículo describe que desde sus inicios, en la década de 1990, los elevados niveles de irregularidad y de exclusión social han coexistido con la demanda de servicios domésticos de los hogares chilenos de clase media. Esto fue confirmado por Martínez (2003) a partir de datos censales, que permitieron concluir que en su mayoría las mujeres peruanas habían ingresado al segmento del mercado laboral de las trabajadoras domésticas “con cama adentro”, lo que las dejó más expuestas a la explotación laboral y a la dependencia de sus empleadores.

En líneas generales, nuestros resultados están en consonancia con la hipótesis de la asimilación segmentada en el sentido de que si bien el mercado de trabajo chileno permite que los inmigrantes se integren, en el caso de algunos grupos las persistentes desigualdades étnicas limitan dicha integración debido a los elevados niveles de segmentación. Sin embargo, no tomamos en cuenta los matices relacionados con el género. Entre los hombres de las clases sociales no calificadas, las brechas entre los migrantes y los chilenos fueron menos pronunciadas, mientras que en el caso de las mujeres, el origen migratorio incidió de forma mucho más clara en el patrón observado. Lo anterior indica la coexistencia entre la convergencia laboral y persistentes desigualdades étnicas para algunos grupos. Estas diferencias de asimilación socioeconómica por motivos de género podrían obedecer al menor número de normas laborales para los trabajos desempeñados por los hombres migrantes que por las mujeres migrantes, lo que podría aumentar la vulnerabilidad de estas a la discriminación. Para descartar esta posibilidad, agregamos la variable informalidad a nuestro modelo de regresión logística multinomial y examinamos qué sucede entre los empleados (los resultados detallados pueden solicitarse a los autores). Constatamos un nivel significativo de informalidad para todos los trabajadores (tanto chilenos como migrantes), y que entre los migrantes la convergencia laboral se aplazaba hasta períodos posteriores. En la siguiente sección, examinaremos el papel de la informalidad con más detalle. Otra explicación para las diferencias de género en la convergencia de los logros ocupacionales podría radicar en el tipo de tareas desempeñadas por las mujeres y por los hombres, una variable que no controlamos en nuestro modelo.

Gráfico 1

Hombres chilenos (referencia), colombianos, haitianos y venezolanos: predicción de las probabilidades de ocupar cargos no calificados y cargos profesionales/gerentes en función del tiempo desde la llegada

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de las encuestas de hogares de 2013, 2015 y 2017.

Nota: Véanse los intervalos de confianza de todas las estimaciones en el anexo, cuadros A4 a A7.

Gráfico 2

Mujeres chilenas (referencia), colombianas, haitianas y venezolanas: predicción de las probabilidades de ocupar cargos no calificados y cargos profesionales/gerentes en función del tiempo desde la llegada

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de las encuestas de hogares de 2013, 2015 y 2017.

Nota: Véanse los intervalos de confianza de todas las estimaciones en el anexo, cuadros A4 a A7.

G. El papel de la informalidad

En los gráficos 3 y 4, donde se muestran las previsiones en cuanto a las probabilidades para los migrantes informales a lo largo del tiempo, las dos líneas rectas representan las probabilidades de que los chilenos accedan a cargos profesionales y de gerentes en empleos formales e informales. Al examinar a los trabajadores informales, constatamos que las previsiones en cuanto a las probabilidades de acceder a empleos de mayor calificación eran equivalentes entre los migrantes y los chilenos, o presentaban una tendencia convergente ascendente en el caso de los migrantes, si bien se observaron diferencias considerables en función del género.

En lo referido a los hombres, en el gráfico 3 se muestra que los migrantes de la clase social que carece de calificaciones tienen probabilidades similares a los chilenos desde el momento de su llegada. Debido a la superposición de los intervalos de confianza (véase el anexo) para todos los períodos observados, se dedujo que existe una trayectoria estable y sin variaciones a lo largo del tiempo para las ocupaciones que pertenecen a esta clase social. Las trayectorias en los cargos profesionales y de gerentes presentaron una tendencia ascendente en el caso de los migrantes, que convergen con los chilenos a partir del sexto año. En el caso de las mujeres, se observaron mayores desventajas entre las migrantes en empleos no calificados, que tendieron a permanecer en estos empleos por más tiempo.

Gráfico 3

Hombres chilenos (referencia) y migrantes de 15 a 64 años: predicción de las probabilidades de ocupar cargos no calificados y profesionales/gerentes

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de las encuestas de hogares de 2013, 2015 y 2017.

Nota: Véanse los intervalos de confianza de todas las estimaciones en el anexo, cuadros A4 a A7.

En el gráfico 4 se muestra que la probabilidad de que las mujeres ocupen cargos no calificados es mucho mayor, si bien los migrantes que han pasado más de nueve años en Chile a la larga parecen dejar atrás los obstáculos. En el caso de los cargos profesionales y de gerente entre las mujeres, nuestro modelo da indicios de que se produce una convergencia y la eventual asimilación a lo largo del tiempo, como sucedió en el caso de los hombres. Al comparar las trayectorias de los migrantes formales e informales, observamos patrones muy similares, con la excepción de los hombres en empleos no calificados, quienes con el paso del tiempo aparentemente dejaron atrás sus empleos en la clase social no calificada, si bien este patrón no estaba claro. En lo referido a las mujeres en empleos no calificados, tanto las migrantes formales como las informales tenían grandes probabilidades de acceder a este tipo de ocupaciones. En este sentido, observamos una trampa laboral entre estas migrantes, que no necesariamente se vinculaba con el empleo informal, sino más bien con el género. Este hallazgo está en consonancia con investigaciones anteriores, en las que se alude a la reproducción de mecanismos mundiales de cuidados en los que existe una fuerte demanda del trabajo femenino, lo que reduce las posibilidades de las mujeres de invertir en las destrezas necesarias o en esperar los plazos requeridos para acceder a mejores oportunidades de empleo (Arriagada y Todaro, 2012; Mora y Undurraga, 2013).

Gráfico 4

Mujeres chilenas (referencia) y migrantes de 15 a 64 años: predicción de las probabilidades de ocupar cargos no calificados y profesionales/gerentes

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de las encuestas de hogares de 2013, 2015 y 2017.

Nota: Véanse los intervalos de confianza de todas las estimaciones en el anexo, cuadros A4 a A7.

H. Observaciones finales

Cuando se introducen variables de control referidas al tiempo desde la llegada al país o el tiempo que la persona pasa en el mercado laboral, los estudios no han constatado desigualdades por motivos étnicos o migratorios que incidan en las probabilidades de conseguir un empleo, en particular en contextos de alta flexibilidad del mercado de trabajo y de demanda de mano de obra escasamente calificada, como ocurre en los países del sur de Europa (Bernardi, Garrido y Miyar, 2011; Fullin y Reyneri, 2011). Nuestro estudio de la integración de los inmigrantes al mercado de trabajo chileno hasta 2017 no arrojó indicios de que los migrantes estuvieran en situación de desigualdad con respecto a las tasas de actividad económica y de acceso al empleo, sino más bien lo contrario. Estos resultados deben interpretarse con precaución, por cuanto acceder a un empleo no implica una calificación como trabajo decente, ni que se ajuste a la formación académica del inmigrante. Además, en vista de la importancia del componente laboral en la migración internacional a Chile, era previsible que las tasas de participación y de empleo serían altas. Por otro lado, los migrantes tenían menos probabilidades de acceder a empleos más seguros durante el primer año tras su llegada. En este sentido, en lo referido a los patrones generales de empleo —a saber, desarrollar una actividad económica, ser empleado y tener una ocupación informal—, los resultados de los inmigrantes latinoamericanos tendieron a ser iguales o mejores que los de los chilenos, quizás debido a la marcada naturaleza orientada al empleo de los proyectos de migración y a la relativa apertura del mercado de trabajo.

Sin embargo, con respecto a los logros ocupacionales, al introducir controles para los factores sociodemográficos de confusión y para el tiempo transcurrido desde la llegada se observa una situación heterogénea desde las perspectivas del género y el origen migratorio, lo que podría ser un indicio de que las desigualdades son “étnicas”, no migratorias (Auer y Fossati, 2019; Heath y Cheung, 2007). Esto significa que las diferencias en el mercado de trabajo en lo referido a los logros ocupacionales no necesariamente obedecen a la migración en sí, sino al papel de los mecanismos de segmentación del mercado de trabajo basados en el origen étnico que forman parte integral del sistema de estratificación social de Chile.

Si las características sociodemográficas se mantienen sin cambios y se analiza la incidencia del paso del tiempo, observamos que si bien varios grupos de inmigrantes latinoamericanos (en particular los hombres) alcanzan logros ocupacionales similares a los de los chilenos, en el caso de los cargos profesionales o de gerentes, para algunos grupos migratorios la convergencia laboral entre las mujeres fue mucho más lenta, o incluso inalcanzable. Las probabilidades de acceder a ocupaciones mejor calificadas son mucho más bajas para los hombres y las mujeres provenientes del Estado Plurinacional de Bolivia, Haití y el Perú, si bien estos grupos lograron acceder a empleos manuales calificados y desarrollar actividades autónomas. Por otro lado, los venezolanos y los argentinos (y en cierta medida, los ecuatorianos) superaron a los chilenos en el acceso a empleos más calificados. Esta heterogeneidad entre los grupos de migrantes podría obedecer a la presencia de mecanismos subyacentes de segmentación, por ejemplo, las prácticas discriminatorias hacia algunos migrantes a quienes se percibe como fenotípicamente diferentes de la población chilena, que se ve a sí misma como moderna y blanca. La concentración de trabajadores inmigrantes en ciertas ocupaciones (por ejemplo, en el trabajo doméstico) y la elevada proporción de redes sociales en algunos grupos (por ejemplo, los bolivianos y los peruanos) también podría incidir en el hecho de que el empleo se oriente hacia ciertos sectores. En el caso de los haitianos, la falta de fluidez lingüística también debería considerarse como uno de los factores que explican su limitado acceso a los cargos de mayor jerarquía, una circunstancia que no se tuvo en cuenta en nuestro modelo.

Observamos que pese a que la informalidad incide negativamente en la posibilidad de ascender en la escala social, la influencia del género en lo referido a la segregación laboral entre los migrantes fue negativa, lo que probablemente se vincule con las investigaciones de los académicos sobre la existencia de sesgos de género en el mercado de trabajo a nivel mundial y en las cadenas mundiales de cuidados en América Latina y en otros contextos (Cerrutti y Maguid, 2010; Mora y Undurraga, 2013). La presión de enviar remesas, sumada a la migración individual, podrían estar creando más obstáculos a la realización de las inversiones necesarias a largo plazo para fomentar la movilidad ocupacional ascendente. En general, se observaron indicios de que la informalidad laboral entre los inmigrantes latinoamericanos parecía reducir su acceso a los empleos más calificados y de mayor calidad en comparación con los migrantes formales, si bien no necesariamente limitó la movilidad ascendente. No obstante, descartar la hipótesis sobre la presencia de la trampa de la informalidad no debería interpretarse como una ventaja con respecto a los chilenos, sino como un indicio de que los inmigrantes alcanzan niveles similares de segregación en su acceso a trabajos de mejor calidad en un mercado laboral altamente segmentado.

Nuestros resultados están en consonancia con la literatura que indica que en contextos que se caracterizan por mercados laborales flexibles y por la segmentación, los inmigrantes tienen probabilidades relativamente altas de encontrar empleo. Sin embargo, nuestros resultados confirmaron que varios grupos de migrantes pueden lograr la asimilación laboral. Estos resultados se acercan más a las trayectorias laborales polarizadas que experimentan algunos grupos migrantes en los Estados Unidos y el Reino Unido (Felbo-Kolding, Leschke y Spreckelsen, 2019; Heath y Cheung, 2007)CEE migrants still face ‘racialisation’ and segmentation in North-Western European labour markets. Similar processes might extend to EU-South migrants, giving rise to a division of labour, whereby CEE and EU-South migrants end up in poor-quality, low-pay jobs. We compare the labour market integration of recent intra-EU migrants (EU8, EU2, EU-South, EU-West/EEA, y podría interpretarse en el contexto de las siguientes características del contexto chileno. En primer lugar, como se señaló, la flexibilidad laboral del mercado de trabajo chileno es sumamente alta cuando se mide según los parámetros de la OCDE, y se caracteriza por procesos rápidos de contratación (y de despido) combinados con un período de fronteras abiertas, que brinda un acceso relativamente fácil para los migrantes latinoamericanos mediante distintos mecanismos regionales. En segundo lugar, desde finales de la década de 1990 se viene observando un crecimiento del empleo en los extremos inferior y superior de los sectores productivos, en un contexto en que los logros educativos de la población local están por debajo de los alcanzados por la mayoría de los inmigrantes. En tercer lugar, no podemos descartar la existencia de mecanismos de discriminación que limitan la movilidad ascendente de los inmigrantes a los que la población local percibe como diferentes, como han señalado diversos estudios cualitativos.

Es importante destacar que los datos que se utilizaron en este trabajo no incluyeron la encuesta de hogares de 2020, que se llevó a cabo durante la pandemia del COVID-19, debido a las diferencias en las características y en la medición de las variables, y porque iba más allá del alcance de este artículo. Dada la época excepcional en que se realizó la encuesta de hogares de 2020, algunas variables no se tuvieron en cuenta o se incluyeron de manera distinta. Tal es el caso de la variable tiempo desde la llegada, que se midió como una variable ficticia que incluía a los migrantes recientes (cinco años o menos en Chile) y a los migrantes que hacía más tiempo que estaban en el país, a diferencia de las versiones anteriores, en las que se consideraba el año en que el migrante efectivamente había llegado. Por lo tanto, es fundamental señalar que tras incorporar esos datos, podrían surgir resultados y trayectorias socioeconómicas distintas para los inmigrantes. De hecho, los análisis descriptivos en los que se usan los datos de la encuesta de hogares de 2020 han mostrado que los niveles de incorporación al mercado laboral entre los migrantes son más bajos, en particular en lo referido a la pobreza y la informalidad económica (Bravo, 2021). Desde 2018, varios informes han aludido a un cambio que se ha venido produciendo en las características de los flujos migratorios y sus posibilidades de integrarse al mercado laboral, lo que obedece principalmente a los cambios que se introdujeron el año pasado en el sistema de otorgamiento de visas y permisos de residencia, pero también al deterioro de la situación y al aumento de las presiones para emigrar de los países de origen. Por ejemplo, a los venezolanos, que han tenido éxito relativo en sus trayectorias laborales, ahora les resulta más difícil ingresar al país y regularizar su situación (SJM, 2020). Finalmente, nuestros resultados provienen de una muestra transversal, y no debe establecerse ninguna relación causal a partir de ellos. Los cambios de un individuo a otro no pueden estudiarse, por lo que no es posible establecer inferencias más precisas y causales sobre la incidencia del tiempo. Otros tipos de sesgos, como los sesgos en la selección debido a la presencia de características no observadas de los migrantes (por ejemplo, los logros educativos en el país de origen), o el sesgo de retorno, solo pueden reconocerse como limitaciones que deben tenerse en cuenta.

Existen varias limitaciones asociadas con el diseño elegido para la investigación que conviene resaltar y explicar brevemente. Por cuanto nuestro objetivo fue contrastar y brindar una síntesis de los patrones de empleo y ocupación, no realizamos análisis más detallados de cada uno de los indicadores del mercado laboral. En trabajos futuros se pueden analizar de manera específica las dinámicas de la actividad, del empleo, de la informalidad y de las ocupaciones, y centrarse en algunos de los patrones detectados, tales como las diferencias de género en cada uno de esos indicadores. Además, la hipótesis de la asimilación también podría analizarse desde la perspectiva de los salarios, sobre los que hay disponible información en las encuestas de hogares de Chile.

En lo referido a la estrategia de modelado, la aplicación del enfoque secuencial o condicional para examinar las probabilidades referidas al desarrollo de una actividad económica, al empleo y a la informalidad podría plantear problemas en materia de selectividad. Otra alternativa para trabajos futuros es analizar las probabilidades de desarrollar una actividad, tener un empleo y pertenecer al sector informal usando un modelo tipo probit de Heckman para la totalidad de la muestra de personas con 15 años de edad y más. Agregar simultáneamente ecuaciones principales y de selección permitiría al investigador analizar los efectos diferenciales de las covariables sobre las variables de interés.

Dado que nos centramos en la incidencia de paso del tiempo para explicar las desigualdades observadas en el mercado de trabajo, nuestra estrategia de modelado no explica por completo qué efectos tiene haber nacido en el extranjero en la probabilidad de acceder a ocupaciones de mayor calificación. En la especificación de nuestro modelo no se mide el efecto general de haber nacido en el extranjero sobre los patrones de empleo, sino más bien su efecto en combinación con el tiempo transcurrido desde la llegada. Si bien esto no representa de por sí un problema, dado que se incluyen predicciones sobre las probabilidades con respecto al tiempo desde la llegada para todos los períodos (incluidos 9 años y más), en una estrategia alternativa podrían generarse modelos separados para los nacidos en Chile y para los migrantes. Además, este enfoque permitiría agregar otras variables que se relacionan específicamente con los nacidos en el extranjero, como la edad a la llegada y el período de llegada, entre otras.

En síntesis, esperamos que nuestro estudio contribuya llenar las lagunas en el estudio de la integración al mercado de trabajo en Chile analizando el papel clave del tiempo transcurrido desde la llegada, así como indicadores referidos a los logros ocupacionales y la informalidad. A fin de contribuir con el debate internacional y los datos empíricos, procuramos utilizar categorías analíticas y aplicar un diseño de investigación estrechamente vinculado con las publicaciones internacionales actuales en la esfera de las investigaciones sobre migración. En este sentido, es indudable que existen nuevas líneas de trabajo que pueden explorarse, como profundizar el análisis sobre la dinámica dentro de cada uno de los indicadores del mercado de trabajo analizados, actualizar el trabajo con los últimos datos publicados (por ejemplo, la encuesta nacional de migraciones) y realizar análisis comparativos con otros contextos.

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Anexo A1

Cuadro A1

Hombres y mujeres: promedio de edad y nivel educativo por país de origen

Hombres

Promedio de edad

Educación primaria

o menos

Secundaria básica

Secundaria superior

Educación terciaria

Promedio

de años

de educación

N

Chile

37,2

19,5

17,4

31,1

32,0

11,6

213 417

Venezuela (República Bolivariana de)

30,5

1,7

3,4

17,1

77,8

15,4

393

Perú

34,0

6,7

12,7

53,4

27,2

12,3

1 492

Haití

30,7

23,0

25,8

34,5

16,7

10,9

372

Colombia

32,7

7,1

10,1

54,9

27,9

12,5

692

Bolivia (Estado Plurinacional de)

31,3

15,9

17,9

46,7

19,5

11,4

739

Argentina

34,7

9,2

15,7

31,8

43,4

12,9

742

Ecuador

33,9

9,4

9,7

42,6

38,3

13,1

189

América Latina: otros

34,5

7,6

10,7

23,4

58,2

13,8

434

Total

37,1

19,2

17,2

31,4

32,2

11,7

218 470

Mujeres

Promedio de edad

Educación primaria

o menos

Secundaria básica

Secundaria superior

Educación terciaria

Promedio

de años

de educación

N

Chile

38,4

20,1

15,6

31,5

32,8

11,6

235 117

Venezuela (República Bolivariana de)

32,8

1,3

1,2

12,7

84,7

15,7

428

Perú

35,9

8,9

15,3

52,2

23,6

11,9

1 881

Haití

29,9

24,7

24,0

37,2

14,1

10,7

221

Colombia

33,8

12,0

8,1

41,9

38,0

12,5

879

Bolivia (Estado Plurinacional de)

32,4

25,3

18,8

39,6

16,4

10,7

1 194

Argentina

34,5

13,0

14,9

29,7

42,4

12,6

832

Ecuador

36,4

9,2

9,6

25,5

55,8

13,4

241

América Latina: otros

36,0

7,5

11,3

33,4

47,8

13,5

544

Total

38,2

19,8

15,4

31,7

33,1

11,6

241 337

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de las encuestas de hogares de 2013, 2015 y 2017.

Nota: Estimaciones ponderadas.

Cuadro A2

Hombres y mujeres: patrones de empleo por país de origen

Hombres

Mujeres

Activo

Desempleado

Informal

Activo

Desempleado

Informal

Chile

77,29

7,11

38,07

54,17

8,72

37,48

Venezuela (República Bolivariana de)

93,26

3,04

22,98

85,65

7,02

36,72

Perú

91,93

4,64

34,71

73,36

6,61

29,14

Haití

92,71

11,60

50,70

64,86

25,13

47,76

Colombia

92,99

3,21

26,31

79,22

4,61

24,68

Bolivia (Estado Plurinacional de)

88,42

3,72

49,96

69,82

6,00

43,74

Argentina

82,37

6,57

31,47

59,97

6,86

32,27

Ecuador

90,75

1,60

21,81

68,19

6,20

22,85

América Latina: otros

87,03

9,01

32,99

68,81

10,67

27,50

Total

77,75

7,03

37,83

54,86

8,66

37,19

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de las encuestas de hogares de 2013, 2015 y 2017.

Nota: Estimaciones ponderadas.

Cuadro A3

Hombres y mujeres: logros ocupacionales por país de origen

Hombres

Profesionales

y gerentes

Intermedio y

trabajador independiente

Calificado

Manual

Chile

15,6

24,2

30,7

29,6

Venezuela (República Bolivariana de)

27,9

8,6

32,4

31,2

Perú

4,7

20,7

40,6

34,0

Haití

1,8

6,2

49,9

42,2

Colombia

11,5

13,6

39,4

35,6

Bolivia (Estado

Plurinacional de)

6,1

25,4

39,8

28,8

Argentina

22,9

27,1

27,7

22,3

Ecuador

17,9

12,1

38,3

31,7

América Latina: otros

34,4

21,9

25,8

17,9

Total

15,5

23,9

30,9

29,7

Mujeres

Profesionales

y gerentes

Intermedio y

trabajador independiente

Calificado

Manual

Chile

20,0

31,1

23,3

25,7

Venezuela (República Bolivariana de)

21,1

22,5

38,1

18,4

Perú

6,0

22,6

16,9

54,6

Haití

1,1

6,9

16,5

75,5

Colombia

14,0

20,4

25,8

39,8

Bolivia (Estado

Plurinacional de)

5,1

26,3

20,2

48,4

Argentina

20,9

31,4

27,5

20,2

Ecuador

25,9

39,5

16,8

17,8

América Latina: otros

30,4

24,8

18,7

26,1

Total

19,7

30,7

23,3

26,3

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de las encuestas de hogares de 2013, 2015 y 2017.

Nota: Estimaciones ponderadas.

Cuadro A4

Intervalos de confianza del gráfico 1

No calificado

Chile

0 a 2 años

3 a 5 años

6 a 8 años

9 años y más

Chile

Punto

0,31

0,31

0,31

0,31

0,31

Más bajo

0,31

0,31

0,31

0,31

0,31

Más alto

0,31

0,31

0,31

0,31

0,31

Venezuela (República Bolivariana de)

Punto

0,33

0,32

0,25

0,26

Más bajo

0,28

0,25

0,19

0,21

Más alto

0,38

0,38

0,31

0,32

Haití

Punto

0,42

0,41

0,39

0,40

Más bajo

0,36

0,34

0,31

0,32

Más alto

0,48

0,49

0,48

0,47

Colombia

Punto

0,33

0,33

0,29

0,29

Más bajo

0,29

0,28

0,23

0,24

Más alto

0,37

0,38

0,35

0,34

Profesionales y gerentes

Chile

0 a 2 años

3 a 5 años

6 a 8 años

9 años y más

Chile

Punto

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

Más bajo

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

Más alto

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

Venezuela (República Bolivariana de)

Punto

0,23

0,28

0,41

0,34

Más bajo

0,19

0,20

0,31

0,27

Más alto

0,28

0,35

0,50

0,42

Haití

Punto

0,02

0,03

0,05

0,04

Más bajo

0,00

0,00

0,01

0,01

Más alto

0,04

0,05

0,09

0,07

Colombia

Punto

0,10

0,12

0,18

0,15

Más bajo

0,07

0,09

0,13

0,11

Más alto

0,12

0,15

0,22

0,18

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de las encuestas de hogares de 2013, 2015 y 2017.

Cuadro A5

Intervalos de confianza del gráfico 2

Chile

0 a 2 años

3 a 5 años

6 a 8 años

9 años y más

Chile

Punto

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

Más bajo

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

Más alto

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

Venezuela (República Bolivariana de)

Punto

0,22

0,22

0,15

0,10

Más bajo

0,18

0,16

0,10

0,07

Más alto

0,27

0,28

0,20

0,14

Haití

Punto

0,71

0,71

0,64

0,53

Más bajo

0,63

0,61

0,53

0,42

Más alto

0,80

0,80

0,75

0,65

Colombia

Punto

0,41

0,41

0,33

0,25

Más bajo

0,37

0,36

0,28

0,21

Más alto

0,46

0,45

0,39

0,29

Chile

0 a 2 años

3 a 5 años

6 a 8 años

9 años y más

Chile

Punto

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

Más bajo

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

Más alto

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

Venezuela (República Bolivariana de)

Punto

0,22

0,22

0,35

0,38

Más bajo

0,17

0,14

0,25

0,29

Más alto

0,26

0,30

0,46

0,47

Haití

Punto

0,01

0,01

0,02

0,03

Más bajo

-0,01

-0,01

-0,02

-0,02

Más alto

0,03

0,03

0,07

0,09

Colombia

Punto

0,12

0,12

0,18

0,20

Más bajo

0,09

0,09

0,14

0,16

Más alto

0,15

0,15

0,23

0,23

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de las encuestas de hogares de 2013, 2015 y 2017.

Cuadro A6

Intervalos de confianza del gráfico 3

No calificado

Chile

0 a 2 años

3 a 5 años

6 a 8 años

9 años y más

Chile formales

Punto

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

Más bajo

0,36

Más alto

0,36

Chile informales

Punto

0,47

0,47

0,47

0,47

0,47

Más bajo

0,47

Más alto

0,48

Migrantes formales

Punto

0,37

0,36

0,33

0,30

Más bajo

0,33

0,32

0,27

0,26

Más alto

0,41

0,41

0,39

0,34

Migrantes informales

Punto

0,45

0,41

0,43

0,46

Más bajo

0,41

0,34

0,33

0,41

Más alto

0,49

0,47

0,52

0,52

Profesionales y gerentes

Chile

0 a 2 años

3 a 5 años

6 a 8 años

9 años y más

Chile formales

Punto

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

Más bajo

0,17

Más alto

0,18

Chile informales

Punto

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

Más bajo

0,09

Más alto

0,09

Migrantes formales

Punto

0,13

0,15

0,22

0,19

Más bajo

0,11

0,12

0,18

0,16

Más alto

0,15

0,19

0,27

0,22

Migrantes informales

Punto

0,05

0,04

0,09

0,09

Más bajo

0,04

0,02

0,04

0,07

Más alto

0,07

0,07

0,14

0,12

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de las encuestas de hogares de 2013, 2015 y 2017.

Cuadro A7

Intervalos de confianza del gráfico 4

No calificado

Chile

0 a 2 años

3 a 5 años

6 a 8 años

9 años y más

Chile formales

Punto

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

Más bajo

0,24

Más alto

0,25

Chile informales

Punto

0,49

0,49

0,49

0,49

0,49

Más bajo

0,48

Más alto

0,49

Migrantes formales

Punto

0,49

0,54

0,52

0,47

Más bajo

0,45

0,49

0,46

0,43

Más alto

0,53

0,59

0,59

0,51

Migrantes informales

Punto

0,62

0,64

0,59

0,51

Más bajo

0,58

0,57

0,50

0,46

Más alto

0,67

0,70

0,68

0,57

Profesionales y gerentes

Chile

0 a 2 años

3 a 5 años

6 a 8 años

9 años y más

Chile formales

Punto

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

Más bajo

0,25

Más alto

0,26

Chile informales

Punto

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

Más bajo

0,15

Más alto

0,16

Migrantes formales

Punto

0,10

0,12

0,15

0,17

Más bajo

0,08

0,08

0,11

0,15

Más alto

0,12

0,15

0,20

0,20

Migrantes informales

Punto

0,06

0,06

0,09

0,12

Más bajo

0,04

0,03

0,04

0,09

Más alto

0,07

0,09

0,15

0,15

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de las encuestas de hogares de 2013, 2015 y 2017.

[1] Este trabajo contó con el respaldo de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) mediante el programa de becas “Becas Chile, Programa Formación de Capital Humano Avanzado”, cohorte 2018. Los autores agradecen a los participantes en la Conferencia de 2019 de la Red de Graduados de la London School of Economics por sus observaciones, y al profesor Patrick McGovern, del Departamento de Sociología de dicha universidad, que formuló constructivas observaciones sobre una versión anterior de este trabajo. Además, los autores agradecen las constructivas observaciones de los participantes en el panel sobre las trayectorias laborales de los inmigrantes organizado en 2020 por la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), así como a los participantes en el panel sobre la dinámica de la migración laboral organizado en 2020 por la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP).

[2] José Ignacio Carrasco tiene un Máster en Demografía por la Universidad de Estocolmo, un Máster en Gestión de la Inmigración por la Universidad Pompeu Fabra (España), es Sociólogo por la Universidad de Chile y Doctorando en Universidad Pompeu Fabra. Correo electrónico: joseignacio.carrasco@upf.edu.

[3] Pau Baizán es Doctor en Demografía por la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), tiene un Máster en Demografía por la Universidad Católica de Lovaina, es Licenciado en Geografía por la Universidad Autónoma de Barcelona (España), Investigador de la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA) en la Universidad Pompeu Fabra. Correo electrónico: pau.baizan@upf.edu.

[4] En 2019 se implementaron cambios en la exigencia de visados de turismo para la población haitiana y venezolana que cabe mencionar, aunque no tienen impacto en los análisis realizados en el presente artículo.

Artículo 08

Cambio climático y asentamientos de migrantes del norte de Centroamérica en México: vulnerabilidades y riesgos

Rodolfo Casillas[1]

Recibido: 28/07/2022

Aceptado: 24/03/2023

Resumen

En este artículo se analizan los posibles vínculos de dos fenómenos de alto impacto que se presentan en el territorio mexicano: los efectos del cambio climático en municipios mexicanos y la inmigración de personas provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras que residen en diferentes municipios del país según el Censo de Población y Vivienda de 2020. Se intenta ver si hay convergencia o no y, en caso de haberla, qué consecuencias inmediatas se observan, y se recomiendan medidas a las autoridades públicas para su debida atención. Por un lado, el estudio se centra en los estados y municipios considerados de alta vulnerabilidad climática y su capacidad adaptativa. Por el otro, se definen las entidades consideradas de alta vulnerabilidad asociada al clima y su conexión con los lugares de residencia de las personas originarias de los países centroamericanos mencionados.

Palabras clave: cambio climático, migración internacional, inmigrantes, El Salvador, Guatemala, Honduras, asentamientos humanos, distribución de la población, adaptación al cambio climático, gobierno municipal, México

Abstract

This article analyses the possible links between two high-impact phenomena occurring in Mexico: the effects of climate change in Mexican municipalities and immigration from El Salvador, Guatemala and Honduras to different Mexican municipalities according to the 2020 Population and Housing Census. An effort is made to determine whether there is convergence or not and, if so, what immediate consequences are observed. Measures are then recommended to public authorities so that these consequences may be addressed. The study focuses on States and municipalities considered highly vulnerable to climate change and their adaptive capacity. It also defines the entities considered highly vulnerable owing to the climate and its connection with the places of residence of people originating from the Central American countries mentioned above.

Keywords: climate change, international migration, immigrants, Guatemala, Honduras, El Salvador, human settlements, population distribution, climate change adaptation, municipal government, Mexico.

Résumé

Cet article examine les liens possibles entre deux phénomènes majeurs qui frappent le Mexique : les effets du changement climatique sur les municipalités mexicaines et l’immigration de personnes originaires d’El Salvador, du Guatemala et du Honduras qui résident dans différentes municipalités du pays conformément au recensement de la population et du logement de 2020. Il s’agit de voir s’il y a convergence ou non et, dans l’affirmative, quelles en sont les conséquences immédiates ainsi que les mesures recommandées aux pouvoirs publics pour qu’ils y accordent l’attention voulue. D’une part, l’étude se concentre sur les états et les municipalités considérés comme très vulnérables au changement climatique et sur leur capacité d’adaptation. D’autre part, sont définies les entités considérées comme très vulnérables en raison du climat et de son lien avec les lieux de résidence des personnes originaires des pays d’Amérique centrale mentionnés ci-dessus.

Mots clés : changements climatiques, migration internationale, immigrants, Guatemala, Honduras, El Salvador, établissements humains, répartition de la population, adaptation aux changements climatiques, administration municipale, Mexique

Introducción

Según el informe especial para los responsables de política, elaborado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de 2019, si el calentamiento promedio del planeta supera el límite de 1,5°C, aumentarían los riesgos relacionados con el clima para la salud, los medios de subsistencia, la seguridad alimentaria, el suministro de agua, la seguridad humana y el crecimiento económico. Ello tendría consecuencias desfavorables para países que ya presentan problemas en sus ecosistemas y para las poblaciones expuestas y susceptibles a la pobreza y a los fenómenos climáticos. Además, esos riesgos serán aún mayores si el aumento de la temperatura alcanza en promedio 2°C por encima de los niveles preindustriales (IPCC, 2019).

Los efectos reales y previstos del cambio climático en los ecosistemas y las poblaciones humanas en el mundo han mostrado que existen diferentes niveles de vulnerabilidad climática entre los países ricos y los países pobres. También es diversa la capacidad de respuesta de los gobiernos para enfrentar las amenazas relacionadas con el clima. El informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sobre el estado del clima en 2020 señaló lo siguiente para el caso de los países de la región:

- El año 2020 fue uno de los tres más cálidos de que se tiene constancia en México, Centroamérica y el Caribe y el segundo año más cálido en América del Sur. Las temperaturas en esas subregiones se situaron 1°C, 0,8°C y 0,6°C por encima de la media de 1981-2010, respectivamente.

- Los déficits de precipitación son especialmente adversos en la región del Caribe, que presenta una alta vulnerabilidad a la sequía, y varios de sus territorios figuran en la lista mundial de países con mayor estrés hídrico, con menos de 1.000 m^3 de recursos de agua dulce per cápita.

- La sequía generalizada en toda la región de América Latina y el Caribe ha tenido un impacto considerable en las rutas de navegación interior, el rendimiento de los cultivos y la producción de alimentos, lo que agrava la inseguridad alimentaria en muchas zonas.

- Los huracanes Eta y Iota alcanzaron una intensidad de categoría 4 y tocaron tierra en la misma región en rápida sucesión. Siguieron trayectorias idénticas por Honduras y Nicaragua, con la consiguiente afectación de zonas y el agravamiento de los impactos conexos.

- Las medidas de adaptación, en particular los sistemas de alerta temprana multirriesgos, no están lo suficientemente desarrolladas en la región de América Latina y el Caribe (OMM, 2021).

La vulnerabilidad ante el cambio climático es un término que hace referencia al grado de susceptibilidad o de incapacidad de un sistema social o natural para afrontar los efectos adversos del cambio climático y, en particular, la variabilidad del clima y los fenómenos extremos. Se mide por el carácter, la magnitud y la rapidez del cambio climático al que está expuesto un sistema, así como su sensibilidad y capacidad de adaptación (INECC, 2018). Esto último tiene que ver con el nivel de eficiencia y eficacia de las instituciones gubernamentales y la disponibilidad de recursos para poner en práctica medidas de prevención, manejo de riesgos y recuperación ante situaciones de emergencia y desastres asociados con el clima.

Los fenómenos climáticos afectan de manera diferente a distintas personas, comunidades y regiones, según su sensibilidad. Los efectos son más graves en los sectores que presentan mayor exclusión social y económica y cuyos integrantes viven en lugares con ecosistemas degradados o carecen de una infraestructura resistente para hacer frente a situaciones climáticas extremas (Barahona y otros, 2022). Con frecuencia, estos fenómenos exacerban las desigualdades sociales, económicas, de género y de acceso a recursos de los grupos que se consideran más sensibles a los efectos del cambio climático (mujeres pobres, pueblos originarios indígenas y afromexicanos, niños y niñas, juventudes, migrantes, personas con discapacidad, minorías sexuales, grupos de bajos ingresos y personas mayores) (INECC, 2018).

A la vez, el cambio climático se ha posicionado como una de las causas importantes que incrementan los movimientos migratorios dentro y fuera de los países. En los países de Centroamérica (como El Salvador, Guatemala y Honduras) se elaboran estudios en comunidades donde se observa que las personas deciden, voluntariamente o no, abandonar sus lugares de residencia habitual de manera temporal o permanente por situaciones que ponen en riesgo sus vidas, bienes e ingresos debido a fenómenos hidrometeorológicos extremos (Barahona y otros, 2022). Ello se une a motivaciones de índole económica y al aumento de la violencia o la inseguridad en el lugar de origen, entre otros factores.

Los movimientos migratorios por razones ambientales o climáticas se reconocen en las diferentes convenciones y acuerdos internacionales en materia de migración, cambio climático y medio ambiente. De acuerdo con Felipe (2022), en la actualidad las migraciones climáticas conforman una categoría en las diversas formas de movilidad humana. En este caso, están inducidas por factores ambientales como terremotos, accidentes industriales y proyectos de desarrollo, entre otros. Asimismo, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (2019, citado en Felipe, 2022), estas migraciones climáticas se entienden como el traslado de una persona o grupo de personas debido a “cambios repentinos (huracanes, inundaciones, etc.) o progresivos (sequías, deshielo, elevación del nivel del mar, etc.) en el entorno debido a efectos del cambio climático” (pág. 77). Como resultado de ello han surgido propuestas para proteger a las personas migrantes climáticas.

Entre las principales contribuciones se encuentra la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 (SEGOB/CONAPO, 2022) y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967 (Felipe, 2022), en los que solo se reconoce la figura de refugio en referencia a personas que, por diversos motivos (de religión, nacionalidad, creencias, idiosincrasia, orientación política, entre otros), tienen un temor fundado a ser perseguidas. Por esa causa no pueden o no quieren regresar a su país de origen y se establece cierta necesidad de no devolución debido a los riesgos que ello implicaría para su vida. En el marco de esta definición existen debates sobre la inserción de la categoría de migrante climático, como refugiado ambiental o climático, a pesar de los desplazamientos por proyectos de desarrollo, degradación y despojo ambiental, insumos que dan cuenta de los efectos del cambio climático, sobre todo en entornos socioeconómicos vulnerables, donde claramente existe una transgresión de los derechos humanos fundamentales (SEGOB/CONAPO, 2022; Barahona y otros, 2022), como son el derecho al agua, a la salud física y mental y a la alimentación, la vivienda, la cultura y el trabajo, entre otros (Felipe, 2022).

En 2018, después de un año de consultas y otro de negociaciones, 164 Estados Miembros de las Naciones Unidas ratificaron el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Se trata de una iniciativa de carácter legal no vinculante, cuya aplicabilidad depende de la legislación y la soberanía de cada Estado Miembro (Martínez, 2020). Constituye “la cristalización de múltiples iniciativas que han tenido lugar durante varias décadas en el ámbito de las Naciones Unidas” (Martínez, 2020; pág. 139). Responde al interés por la situación de los migrantes, y como indica el autor, refleja también ciertos intereses sobre la gobernanza migratoria desde planteamientos que son deseables, pero que pueden distar de la realidad de este proceso social. En el documento, se menciona la importancia de abordar y reducir las vulnerabilidades y las violaciones de los derechos humanos en el contexto migratorio, y se rescata la importancia de los efectos del cambio climático. Entre otras cosas, se recomienda la formulación de estrategias de adaptación y resiliencia a los desastres naturales (Naciones Unidas, 2019; pág. 10). También se sugiere la integración de consideraciones relativas al desplazamiento en casos de desastres naturales, la cooperación internacional en la preparación de mecanismos de alerta temprana y la formulación de enfoques coherentes para afrontar los movimientos migratorios en contextos de desastres naturales repentinos y de evolución lenta (Naciones Unidas, 2019). Entre líneas, se aprecia la aceptación de la migración por motivos climáticos —de manera no vinculante— planteada desde la Convención de 1951 antes citada y la evolución al tratamiento y la atención, orientados por la voluntad política de cada Estado.

Sin embargo, existe una serie de aspectos que están en las mesas de discusión sobre los no se ha logrado avanzar suficientemente para llegar a un acuerdo respecto de la figura del migrante según las causas que lo obligan a abandonar su lugar de residencia y el tratamiento que le debe dar el país receptor. En este caso se tratan las categorías de migrante climático o migrante ambiental. Según el razonamiento de Bermúdez Guevara, “el reconocimiento legal o no del migrante ambiental o climático debe ser el primer paso para poder generar una política migratoria consciente que existen otros factores causantes de la migración que merecen ser estudiados” (Bermúdez Guevara, 2017, pág. 74).

La OIM considera que la migración por motivos ambientales o climáticos representa una oportunidad de dar una respuesta a las afectaciones que provoca el cambio climático, al trasladarse las personas afectadas a lugares más seguros o con mayores oportunidades económicas. Es decir, se convierte en una medida de adaptación. El argumento parecería ser válido únicamente en la migración interna y lo justifica la OIM al señalar que, en una migración voluntaria o “reubicación planificada, los resultados serán adaptativos si los procesos son participativos e incluyen la aceptación tanto en los lugares de origen como de destino desde una fase temprana, y si las personas que se trasladan encuentran medios de subsistencia adecuados” (OIM, 2020, pág. 276). No obstante, también argumenta que “irse a otro lugar puede reducir la vulnerabilidad a corto plazo, pero contribuye a generar nuevos problemas a plazo medio, cuando las poblaciones recrean las condiciones de exposición y vulnerabilidad en los nuevos emplazamientos” (OIM, 2020, pág. 276).

Quienes argumentan en contra de esta opción que plantea la OIM señalan que, más que una medida de adaptación, la migración por motivos climáticos es una alternativa de supervivencia. Consideran que la migración forzada por motivos ambientales no es una estrategia de adaptación, sino una respuesta alternativa. Cuautle (2021) argumenta que se evidencia la imposibilidad de que continúe la reproducción de la vida de la población en su territorio, ya sea porque las condiciones del espacio físico hacen inviable su habitabilidad o por la vulnerabilidad social de la población, asociada a los niveles de pobreza. Esta es una observación sólida y atinada.

Para hacer frente a este fenómeno, los países que forman parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) han suscrito convenios y han elaborado instrumentos de política, así como medidas articuladas y coordinadas para dar atención a las vulnerabilidades y los efectos comunes derivados de los crecientes fenómenos climáticos. Al mismo tiempo, se han realizado proyectos conjuntos entre México y sus países vecinos del sur con miras a crear resiliencia en la población y los sistemas naturales frente al cambio climático. En 2021, el Gobierno de México anunció planes de reforestación para reducir los flujos migratorios mediante el programa “Sembrando Vida”, en El Salvador, Guatemala y Honduras. La intención es sembrar 3.000 millones de árboles adicionales y generar 1.200.000 empleos (Presidencia de la República, 2021). Otra iniciativa, que forma parte de las operaciones del programa “Sembrando Vida”, es el mecanismo de atención educativa para la población jornalera agrícola migrante en Chiapas y Tabasco, creado por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) (COLEF, 2020). Más allá de las críticas que han recibido esas iniciativas gubernamentales, certeras o no, cabe destacar justamente esos primeros intentos de dar respuesta a un problema regional que requiere respuestas inmediatas. Es, si se quiere, una importante muestra de voluntad política gubernamental, al reconocerse ante todo la existencia de un problema público por atender y al tomarse unas primeras medidas que propician el análisis de las distintas opciones que habrá que considerar para la debida atención de un problema complejo y multifactorial. Dicho proceso conllevará medidas que pueden afectar a distintos intereses que, como tales, procurarán no ser afectados. Sin embargo, es mejor no anticiparse a las discusiones que puedan surgir y, en lugar de ello, analizar otros elementos de juicio antes de plantear posibles vías de atención.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) afirma que Centroamérica es una de las regiones del mundo con mayor exposición a los riesgos de desastres naturales y a la variabilidad climática, debido a las características geográficas de la zona, que la hacen particularmente vulnerable a sequías, huracanes, inundaciones, deslizamientos de tierra y otros fenómenos de tipo geológico no asociados al cambio climático, como los terremotos y las erupciones volcánicas[2]. También ha señalado que existen importantes procesos de degradación y destrucción de la biodiversidad y un bajo rendimiento en la actividad agrícola, que muy probablemente se intensifiquen con el cambio climático. Ello tiene una gran repercusión en el PIB regional y la generación de empleos, así como en la producción de granos básicos que son una fuente de alimentación para numerosas familias campesinas (CEPAL, 2015). El IPCC advierte que el cambio climático agravará los riesgos existentes y creará nuevos riesgos para las personas y los recursos naturales (IPCC, 2014). Estos posibles riesgos incidirán de manera irremediable en la movilidad humana dentro y fuera de los países.

En tiempos recientes, los procesos migratorios han cobrado importancia en la agenda pública. En particular, las migraciones internacionales que transitan por México son las más mencionadas. Entre ellas, las que proceden del norte centroamericano, como se analizará con más detalle, son las más referidas ya que engloban un poco más del 90% del total de migrantes indocumentados detenidos por las autoridades migratorias mexicanas. La migración de personas indocumentadas provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras es un fenómeno que se ha analizado desde hace varios decenios en lo que se refiere a sus causas, su volumen y las características sociodemográficas de las personas migrantes y sus destinos, además de la geopolítica, entre otros factores (Benítez, 2009; Casillas, 2002; Cruz y Anguiano, 2016; Menjivar y Abrego, 2012; Nájera, 2016; París y otros, 2016; Rojas y Ángeles, 2019; Ruiz, 2001; Stinchcomb y Hershberg, 2014).

La migración procedente de Centroamérica hacia México ha pasado por diversas etapas, delimitadas por cuestiones estructurales y situaciones coyunturales, en las que influyen factores como el crecimiento urbano, los conflictos armados, las crisis económicas, la delincuencia organizada y la creciente violencia (Calleros, 2010; González, Zapata y Anguiano, 2016; Isacson y Smith, 2017; París y otros, 2015). También en los últimos años México ha cobrado importancia como lugar de residencia de migrantes centroamericanos. Según afirma un autor, se aprecia que en los últimos años el porcentaje de quienes contestan (en encuestas) que México es su destino se ha incrementado, tanto en el caso de los migrantes procedentes de Honduras como de El Salvador, pues en el período 2013-2018 pasaron del 2,1% al 20,8%, y del 12,8% al 27,8%, respectivamente (Torre, 2020, pág. 131). No obstante, habría que tener cuidado en el uso y la interpretación de cifras específicas sin contextualizarlas o valorarlas en su sentido relativo frente a las poblaciones totales de extranjeros en el país y la población residente según los datos censales.

Últimamente, los efectos del cambio climático en la región de procedencia se han incorporado en el análisis de las causas de la migración de personas provenientes del norte de Centroamérica a la frontera sur de México, o en tránsito por el país. Es importante esta nueva incorporación temática y, como todo lo nuevo, en 2023 se puede afirmar que es incipiente la obtención de datos empíricos que revelen la magnitud del vínculo entre cambio climático y migración voluntaria y no voluntaria. Además, faltaría por conocer el peso relativo que tienen los factores ambientales y climáticos frente a otros motivos para migrar, declarados por los propios migrantes, como pueden ser la violencia o la falta de empleo. A ese respecto, será importante considerar que los fenómenos climáticos pueden tener efectos a corto, mediano y largo plazo que inducen una migración temporal o permanente. Pueden provocar una movilización inmediata a causa de una emergencia ocasionada por inundaciones o deslaves, por ejemplo, y otras afectaciones de evolución lenta por anomalías climatológicas, como el aumento del nivel del mar. Ese es también el caso de las sequías extremas, que tienen un impacto negativo en el abastecimiento de agua para la agricultura y, al prolongarse más de lo habitual, afectan sobre todo a las comunidades agrícolas de subsistencia y pueden desembocar en el abandono permanente de las comunidades. Hay, pues, bastante por hacer. Podría decirse que en México se está en la etapa germinal de una nueva área de conocimiento especializado.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reconoce que existe una relación compleja entre el cambio climático y la migración. Señala que en muchos casos no es posible establecer una diferencia clara entre los desastres de evolución lenta y los repentinos como factores que inducen una migración transfronteriza. En estos contextos de procesos y fenómenos ambientales y climáticos desfavorables, “la proximidad a una frontera, los lazos familiares con migrantes que se encuentran fuera del país y las experiencias anteriores de migración internacional parecen ser factores significativos a nivel individual que facilitan el movimiento internacional” (James, 2018; pág. 15). Si bien los efectos y consecuencias de la degradación ambiental y la intensidad de los fenómenos climáticos no son hasta ahora la única razón para que las personas del norte centroamericano tomen la decisión de emigrar más allá de las fronteras de sus países, es muy factible que en el próximo decenio sea la principal causa de la movilidad humana según los escenarios climáticos que prevé el IPCC, en su último informe dirigido a los gobiernos (IPCC, 2020).

Es importante destacar que México es uno de los países más afectados por el cambio climático debido a sus características socioeconómicas y geográficas, que lo exponen a fenómenos hidrometeorológicos extremos (Felipe, 2022). En sus regiones, estados y municipios se observan fenómenos que se presentan de manera recurrente e intensa, como ciclones tropicales, inundaciones, sequías, incendios forestales, pérdida de la biodiversidad y aumento del nivel del mar, entre otros problemas relacionados con el clima que exponen a las personas en condiciones de vulnerabilidad a situaciones de riesgo y peligro. Es muy probable que las poblaciones de migrantes que deciden asentarse en México, o se ven obligadas a hacerlo, enfrenten situaciones climáticas extremas y que, debido a su estatus migratorio irregular, aumenten su nivel de exposición y sensibilidad. A ello se une la falta de herramientas y apoyos necesarios por parte de las autoridades gubernamentales para aumentar la resiliencia y desarrollar las capacidades adaptativas ante situaciones adversas ligadas al clima.

En los últimos años, diversas instituciones de gobierno y académicas han producido información basada en observaciones y proyecciones sobre el aumento de la temperatura promedio y los cambios en los patrones de precipitación, así como la variación en la frecuencia e intensidad de los fenómenos hidrometeorológicos extremos que afectan a una gran cantidad de estados y municipios en México. También se han desarrollado diversos instrumentos y mecanismos institucionales y de política pública, de orden jurídico, de planeación y económicos, con miras a hacer frente a los impactos del cambio climático y reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas y su población. Son ejemplo de ello los programas de restauración y protección de manglares y arrecifes de coral para promover la resiliencia comunitaria en zonas costeras y la reducción de afectaciones causadas por el cambio climático (PNUD/CONANP, 2019).

El presente trabajo tiene como propósito, en el contexto antes referido, integrar dos fenómenos de alto impacto que se presentan en el territorio mexicano: i) los efectos del cambio climático en municipios mexicanos, y ii) la migración de personas provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras que se asientan en diferentes municipios del país. Se intenta ver si hay convergencia o no y, en caso de haberla, qué consecuencias inmediatas se observan y qué medidas se recomiendan a las autoridades públicas para su debida atención. Por un lado, el estudio se centra en los estados y municipios considerados de alta vulnerabilidad climática y su capacidad adaptativa. Por el otro, se detectan las entidades consideradas de alta vulnerabilidad asociada al clima y su conexión con los lugares de residencia de las personas originarias de los países centroamericanos mencionados.

De conformidad con la Encuesta Intercensal de 2015, en el país habitaban 79.000 personas de origen centroamericano (CONAPO, 2016). Según los datos de quienes migraron de Guatemala, el 79,5% residía en los estados de Chiapas, Quintana Roo y Campeche, dada la cercanía geográfica entre las poblaciones. Por su parte, las personas de origen salvadoreño están dispersas en diferentes regiones del país. Sin embargo, es de destacar que más del 24% de la población captada en la encuesta reside en el estado de Chiapas. Por último, se observa que, del total de población migrante que proviene de Honduras, más del 22% se encuentra asentada en la frontera del norte de México y el 31%, en el estado de Chiapas. Más allá de la constatación estadística, se necesitan estudios empíricos que contribuyan a determinar las razones verificables de la distribución territorial de esas tres nacionalidades en México. Según datos más actuales obtenidos del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2020, en ese año residían en México 111.907 personas de origen guatemalteco, hondureño y salvadoreño. La comparación de las cifras absolutas de 2015 y 2020 indica un aumento numérico importante, aunque para comprender lo ocurrido sea necesario ahondar en muy distintos factores explicativos. Esto se debe a que en el entorno regional (desde los Estados Unidos hasta Centroamérica) hubo conjugaciones de políticas migratorias, actuaciones gubernamentales, causas estructurales y circunstanciales, participaciones de actores sociales diversos y hasta medidas de emergencia internacional por el inicio de la pandemia de COVID-19. Más adelante se mostrará la distribución por estado y lugar de origen de los migrantes de interés en este estudio.

En este análisis se aborda un problema poco estudiado sobre el cambio climático y la movilidad humana, que se refiere a los riesgos climáticos que podrían experimentar los inmigrantes en los lugares donde residen y que deriva en una posible exposición a los efectos de este fenómeno. Las poblaciones del norte centroamericano analizadas pueden estar ubicadas en zonas de mayor riesgo y, por ende, ser más vulnerables al cambio climático, lo que puede agravar su situación debido a su alta sensibilidad y su baja resiliencia y capacidad de adaptación.

Este texto se divide en cuatro secciones: i) un examen de la situación climática en México y de los municipios más vulnerables al cambio climático; ii) una descripción de los municipios que cuentan con población residente proveniente de los tres países centroamericanos mencionados; iii) la ubicación de las poblaciones migrantes residentes en México y el tipo y grado de vulnerabilidad climática de los sitios donde se asientan, y iv) la descripción de los asentamientos de migrantes en estados y municipios con declaratorias de emergencias, desastres y contingencias climatológicas.

En función de los hallazgos, se concluye este trabajo con reflexiones sobre los resultados obtenidos y algunas propuestas en beneficio de las poblaciones migrantes, con medidas que reduzcan su vulnerabilidad, aumenten su resiliencia y les permitan desarrollar su capacidad adaptativa ante el cambio climático.

A. Vulnerabilidad al cambio climático en estados y municipios de México

La vulnerabilidad al cambio climático se define en la Ley General de Cambio Climático, como la incapacidad del sistema para afrontar los efectos adversos del cambio climático, la variabilidad del clima y los fenómenos extremos (DOF, 2012). Los sistemas sociales y naturales presentan diferentes niveles de vulnerabilidad climática. En México, el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático (INECC, 2018) menciona al respecto tres conceptos para su análisis en función de: i) su exposición, es decir, el carácter, magnitud y velocidad de cambio y variación del clima que afecta a un sistema en las condiciones actuales y con el cambio climático; ii) su sensibilidad, entendida como el grado en que un sistema se ve afectado por el cambio y la variabilidad climática debido a las características que lo definen, y iii) su capacidad adaptativa, concentrada en describir las capacidades institucionales con que se cuenta para disminuir los impactos de las amenazas relacionadas con el clima.

México es un país vulnerable al cambio climático por los impactos reales y potenciales que afectan negativamente a la población, los ecosistemas, los sectores productivos y la infraestructura. Dichos impactos no se manifiestan de la misma manera en las distintas regiones, comunidades y personas, pues dependen de su grado de exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa. Las condiciones sociales, económicas y ambientales crean características particulares en algunas partes del territorio, que las convierte en lugares que pueden ser más o menos susceptibles a las variaciones del clima. Incluso dentro de una misma localidad, se observa que los impactos son diferentes en función de los elementos señalados y debido a los factores que dan lugar a las desigualdades sociales, económicas, de género y de acceso a los recursos.

Conocer los diferentes tipos de vulnerabilidades, y su grado de afectación, representa el primer paso en el proceso de adaptación al cambio climático, ya que permite determinar cuáles son las principales amenazas climáticas en el territorio. En este sentido, el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 (PECC), tiene identificados 273 municipios con un alto o muy alto grado de vulnerabilidad al cambio climático (actual y futura). Estos se concentran en 22 estados y se unen a los municipios más vulnerables socialmente en áreas urbanas y rurales. La vulnerabilidad climática de un municipio la determina una serie de problemáticas específicas asociadas al clima, a saber: i) la vulnerabilidad de los asentamientos humanos a inundaciones; ii) la vulnerabilidad de los asentamientos humanos a deslaves; iii) la vulnerabilidad de la población al incremento en la distribución del dengue; iv) la vulnerabilidad de la producción ganadera a inundaciones; v) la vulnerabilidad de la producción ganadera al estrés hídrico; vi) la vulnerabilidad de la producción forrajera al estrés hídrico, y vii) el cambio en la distribución potencial de especies prioritarias y en riesgo de extinción (INECC, 2018).

La vulnerabilidad de México al cambio climático está dada por su exposición a diferentes fenómenos hidrometeorológicos, que afectan particularmente a las poblaciones que presentan las siguientes características: i) viven en condiciones de pobreza y marginación; ii) se ubican en zonas de riesgo y peligro por fenómenos climáticos extremos, y iii) carecen de la capacidad necesaria para adaptarse a estos fenómenos desencadenados por el clima cambiante. Al respecto, el IPCC ha señalado en sus informes de evaluación (IPCC, 2001, 2007 y 2014) que el cambio climático aumentará los niveles de pobreza y las desigualdades sociales. Esta situación puede ser aplicable a los países más vulnerables al cambio climático, como es el caso de México.

Con la detección de los municipios más vulnerables al cambio climático, el PECC de 2021-2024 centra sus esfuerzos en el desarrollo de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en determinadas regiones, estados y municipios del país. Cabe añadir que el 92% de esos territorios están catalogados como de atención prioritaria por la Secretaría de Bienestar, tanto en áreas urbanas como rurales.

Es importante observar la ubicación territorial de los lugares que presentan mayor vulnerabilidad a los impactos del cambio climático. Con ese fin, el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático (INECC, 2018) incluye mapas de gran precisión geográfica. A nivel estatal, se destacan Oaxaca, Michoacán, Jalisco, el estado de México, Guerrero, Hidalgo, Sonora, Durango, Puebla y Yucatán, por concentrar el 83% de los 273 municipios que se consideran de alta y muy alta vulnerabilidad climática, como se puede ver en el gráfico 1.

Gráfico 1

México: número de municipios vulnerables al cambio climático, por estado

(En número de municipios)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (inecc), Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático, 2018 y Gobierno de México, Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 [en línea] https://www.gob.mx/semarnat/documentos/programa-especial-de-cambio-climatico-2021-2024.

En el PECC de 2021-2024 se señalan las siguientes afectaciones reales y proyectadas para el país ante este fenómeno: i) aumentos de la temperatura promedio, que se presentarán de manera más puntual en la región norte, y ii) cambios en los patrones de distribución de la lluvia, con una disminución general de las precipitaciones. Ello tendrá como consecuencia sequías e incendios forestales, pérdidas en agricultura y ganadería, afectaciones en la biodiversidad marina y terrestre, aumento del nivel del mar, ciclones tropicales más intensos e inundaciones, con efectos negativos para la población, la infraestructura y los recursos naturales.

1. Exposición a los impactos del cambio climático

Los cambios en el clima se producen a diversas escalas temporales y espaciales. En México se ha logrado detectar estos cambios por medio de análisis de tendencias históricas en las variaciones de temperatura y precipitación, así como de la cantidad de fenómenos hidrometeorológicos extremos. Ha habido cambios en la temperatura media anual y el comportamiento de las precipitaciones desde 1985 hasta 2020, así como del aumento del nivel del mar y el número de ciclones tropicales observados hasta 2020.

En cuanto a las regiones, en el norte del país se ubica la región más expuesta al aumento de temperatura. Se trata del estado de Baja California, que es uno de los más afectados por este fenómeno con graves efectos en los recursos naturales y en la población. En el municipio de Mexicali, las ondas de calor se han incrementado en las últimas décadas y se espera aumenten 2,7 veces más en el período 2010-2030. Este incremento de la temperatura supone una mayor demanda de agua, un aspecto importante en la gestión actual y futura de ese recurso. En este contexto, los resultados indican que el déficit de agua en la península de Baja California se incrementará debido al crecimiento de la demanda, a la deficiencia en la gestión actual del recurso y a los cambios del clima, lo que afectará la oferta del recurso hídrico (SEMARNAT/INECC, 2018, pág. 476).

El mayor potencial de inundación por elevación del nivel del mar se encuentra en la zona del Golfo de México y del Caribe. Yucatán es el estado que presenta el mayor riesgo de inundación, seguido de Campeche, Sonora, Tamaulipas y Baja California Sur. Por otra parte, las regiones centro y sureste presentan variaciones en la precipitación pluvial, con aumentos significativos en esta última (SEMARNAT/INECC, 2018). Esto es de gran relevancia, ya que de acuerdo con el CENAPRED las mayores pérdidas y daños por fenómenos extremos las provocan las lluvias e inundaciones.

2. Capacidad de adaptación al cambio climático en México

Una adecuada capacidad de prevención y respuesta de los municipios ante situaciones de amenaza y peligro por fenómenos asociados al clima es determinante para que sus impactos afecten en menor medida a la población. La existencia de planes para la prevención y manejo de riesgos, programas de protección civil y albergues temporales contribuye a evitar pérdidas de vidas, brindar los apoyos que requieran las personas más afectadas y reducir los daños en las viviendas y demás bienes. En México existen disposiciones legales para que los municipios cuenten con planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos que les permitan tomar medidas para proteger a las personas y sus bienes, la infraestructura, la base productiva y el medio ambiente. “El Reglamento Municipal de Protección Civil tiene por objeto regular las acciones que en esta materia se lleven a cabo en el municipio, así como, establecer las bases de integración, coordinación y funcionamiento del Sistema Municipal de Protección Civil; además de regular las acciones de prevención, mitigación, auxilio, salvaguarda, y cuanto más sea necesario, de las personas, sus bienes, la propiedad pública y el medio ambiente; así como el restablecimiento y funcionamiento de los servicios públicos indispensables y sistemas estratégicos en casos de emergencia y desastre” (SEGOB/INAFED, s/f, pág. 4). No obstante, no todos los municipios cuentan con instrumentos de este tipo (en México hay 2.456 municipios). En consecuencia, su actuación en la materia puede ir desde la omisión total hasta la adopción de cualquier medida de mayor o menor pertinencia. En el gráfico 2 se puede observar el número de reglamentos de protección civil a nivel municipal.

Gráfico 2

México: número de reglamentos municipales de protección civil, datos de 2013

(En número de reglamentos y porcentajes)

Fuente: Secretaría de Gobernación/Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (SEGOB/INAFED), Boletín Especial de Protección Civil [en línea] https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/138375/proteccion_civil_boletin.pdf.

A nivel federal se han obtenido mayores avances en el fortalecimiento de capacidades institucionales y de la población en materia de adaptación al cambio climático para alcanzar los objetivos de la política climática nacional que establecen los planes nacionales de desarrollo. En la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Visión 10-20-40 del Gobierno federal se plantea una serie de lineamientos y propuestas de actividades para reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia ante los efectos del cambio climático. Dada su referencia a aspectos sociales, se hizo un ejercicio para seleccionar las líneas de acción vinculadas a dichos aspectos. A continuación se enumeran las líneas de acción de interés:

1. Intensificar la detección y atención de zonas, asentamientos y grupos sociales prioritarios para la reducción de la vulnerabilidad y el aumento de la resiliencia de los asentamientos humanos en zonas rurales, urbanas y costeras.

2. Fortalecer la gestión integral de riesgos de la población; incluidos los sistemas de comunicación y alerta temprana, y los planes locales de evacuación, reducción y manejo de riesgos ocasionados por fenómenos hidrometeorológicos extremos.

3. Incrementar los recursos destinados a la atención de desastres, asegurando una mayor proporción a la prevención.

4. Reforzar los mecanismos de atención inmediata y expedita en zonas afectadas por el cambio climático, como parte de los planes y acciones de protección civil.

5. Fortalecer la aplicación de la regulación de uso de suelo con la finalidad de disminuir hasta eliminar los asentamientos irregulares en zonas de riesgo de desastres.

6. Instrumentar y fortalecer políticas públicas orientadas a garantizar la disponibilidad en calidad y cantidad de agua en zonas consideradas prioritarias por su probabilidad de escasez derivada del cambio climático, con énfasis en el fortalecimiento de los servicios ecohidrológicos que proveen los ecosistemas.

7. Garantizar la seguridad alimentaria ante las amenazas climáticas al dar preferencia a medidas de gestión integral de las cuencas, la conservación de biodiversidad y la restauración de suelos y demás sistemas ecológicos de soporte.

8. Instrumentar y fortalecer políticas públicas enfocadas a reducir riesgos para la salud asociados a los efectos del cambio climático, y considerar con ese fin a los grupos más susceptibles y sensibles por sus condiciones biológicas y de salud.

9. Diseñar y fortalecer políticas públicas para proteger el patrimonio de la población (vivienda, infraestructura, entre otras cosas) ante los impactos del cambio climático.

10. Incrementar y fortalecer las políticas públicas orientadas a reducir los riesgos para la infraestructura de salud pública.

11. Diseñar e incluir el enfoque de género en las estrategias de reducción de la vulnerabilidad social.

12. Instrumentar y fortalecer las políticas públicas de educación de la población sobre el manejo de riesgos de desastres.

13. Instrumentar mecanismos transparentes e incluyentes que aseguren la participación social en el diseño e implementación de estrategias de adaptación al cambio climático, tales como consejos comunitarios, distritales, municipales y estatales orientados a reducir la vulnerabilidad social (Gobierno de la República, 2013, pág. 37).

En todos y cada uno de los 2.456 municipios que integran el país, dar cabal atención a los aspectos sociales mencionados representa un gran desafío, no solo desde el punto de vista de la visión política de los gobiernos locales, sino también en cuanto a las finanzas, la infraestructura y el personal administrativo debidamente capacitado.

B. Asentamiento de migrantes centroamericanos en México

Existen diferentes razones por las que los migrantes procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras que cruzan la frontera sur de México deciden asentarse en determinado lugar del país. Entre ellas cabe mencionar: i) las oportunidades de emplearse y lograr medios de subsistencia; ii) el hecho de establecer relaciones de pareja; iii) el hecho de tener hijos en México o traer consigo a los hijos nacidos en sus países de origen; iv) la cercanía con sus lugares de origen y la posibilidad de hacer visitas a sus familiares y recibir visitas de ellos, y v) la incertidumbre y los peligros de proseguir el camino (Torre, 2020, pág. 138; Fernández, 2016, págs. 13-15; Paredes, 2009, págs. 102-103).

Las cifras censales de 2020 indican que Chiapas es el estado con mayor asentamiento de personas provenientes de los tres países mencionados. Sin duda, la vecindad es un elemento clave en la explicación de ese dato. En términos porcentuales, en este estado reside el 43% de la población migrante originaria de esos tres países centroamericanos. Es un porcentaje que, sin dejar de ser significativo, ha perdido valor relativo en los últimos 20 años, algo digno de analizar en otro texto. Después de Chiapas, el mayor número de guatemaltecos vive en el estado de Quintana Roo, mientras que los que provienen de Honduras se han asentado preferentemente en Nuevo León y los de origen salvadoreño, en Baja California, aunque en todos estos estados hay diversidad de naciones de procedencia. En el gráfico 3 se muestra el porcentaje de población migrante que reside actualmente en México y que es originaria de Guatemala, Honduras y El Salvador.

Gráfico 3

México: población originaria de El Salvador, Guatemala y Honduras residente en el país, 2020

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Censo de Población y Vivienda, 2020.

En los gráficos 4 a 6 se observan los principales lugares de residencia de las personas migrantes de los tres países mencionados.

Gráfico 4

México: personas de origen guatemalteco según principales estados de residencia en el país, 2020

(En número de personas)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Censo de Población y Vivienda, 2020.

Gráfico 5

México: personas de origen hondureño según principales estados de residencia en el país, 2020

(En número de personas)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Censo de Población y Vivienda, 2020.

Gráfico 6

México: personas de origen salvadoreño según principales estados de residencia en el país, 2020

(En número de personas)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Censo de Población y Vivienda, 2020.

Los gráficos 4 a 6 muestran que, de acuerdo con el origen, las personas que migran a México procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras, después de Chiapas, se distribuyen por diferentes regiones del país. Quienes proceden de Guatemala se ubican principalmente en la región sur, los de Honduras en el noreste y quienes son originarios de El Salvador, en las regiones del norte y el centro del país. Conviene reiterar que, así sea en números muy bajos, también se encuentra su presencia atomizada en otras localidades mexicanas, sin que ello implique que exista ninguna especie de invasión centroamericana, como se podría especular. La población procedente del norte centroamericano y residente en México sigue siendo parte del gran total de extranjeros residentes en el país, que es del 0,9%.

Los lugares en que residen las personas migrantes del norte centroamericano suelen estar asociados a la búsqueda de una mejor calidad de vida. También hay quienes por múltiples razones se han visto obligados a quedarse de manera prologada en algún municipio sin tenerlo previsto al iniciar el trayecto migratorio. En cualquier caso, los datos censales indican que la gran mayoría de esos inmigrantes presentan bajos niveles de escolaridad y una inserción en el sector informal de la economía en actividades laborales precarias. Además, residen en las periferias de las ciudades, que se caracterizan por la precariedad, las carencias de infraestructura y las condiciones de vivienda inadecuadas. Estos factores suponen una mayor exposición a los efectos de los fenómenos climáticos extremos, como las inundaciones y deslaves.

En cuanto a los lugares de origen es importante señalar que, en el caso de Honduras, en los años recientes se ha registrado un aumento de la temperatura, acompañado de una reducción de las precipitaciones. En años anteriores, el país sufrió el impacto del huracán Mitch en 1998, por ejemplo, sumado a las sequías constantes que en términos absolutos han acarreado daños al sector agropecuario superiores a los 2.000 millones de dólares (Ordaz y otros, 2010, citado en Barahona y otros, 2022). En el caso de Honduras, entre las principales afectaciones a la población se encuentran las relacionadas con el agua, si se tiene en cuenta que aproximadamente el 60% de este recurso a nivel superficial se encuentra contaminado y solo el 5% de las municipalidades cuenta con sistemas de tratamiento de aguas residuales. Por otro lado, debido al cambio de uso de la tierra y la poca planificación territorial, se ha apreciado un deterioro de los bienes naturales debido a la erosión de los suelos (Orozco, 2020, citado en Barahona y otros, 2022).

Tal como se mencionó con anterioridad, los frutos del llamado desarrollo han causado un daño similar en El Salvador, un país cuya riqueza biológica se encuentra en grave estado de deterioro ambiental debido a malas prácticas en la utilización de suelos y a factores como la contaminación por productos agroquímicos y vertidos industriales. Además, presenta un alto grado de fragmentación de hábitats, tala desmedida, incendios forestales, entre otras cosas (Erazo, 2016; Sorto, 2020, citado en Barahona y otros, 2022). De igual manera, este país es altamente susceptible a los cambios climáticos, considerando los desastres naturales de los últimos años, el aumento de la temperatura promedio anual por encima de los 1,3°C y el incremento del nivel del mar en casi 8 cm (Casillas, 2020, citado en Barahona y otros, 2022). En síntesis, estos inmigrantes proceden de lugares precarios, muchas veces con alta exposición al cambio climático, y terminan asentándose en localidades mexicanas que presentan cierta similitud a sus lugares de origen en lo que se refiere a vulnerabilidades y precariedades de todo tipo.

C. Asentamientos de migrantes en municipios según el tipo y el grado de vulnerabilidad climática

El propósito de este apartado es describir la presencia de población migrante de origen centroamericano residente en México en municipios catalogados como vulnerables al cambio climático. La intención es examinar posibles situaciones de riesgo y sentar las bases para focalizar e implementar medidas de adaptación que contribuyan a reducir su exposición y sensibilidad en las condiciones climáticas actuales y en los escenarios climáticos proyectados. Las poblaciones asentadas en diferentes municipios del país suelen vivir en condiciones de pobreza y marginación y ubicarse en áreas vulnerables de potencial afectación por fenómenos climáticos. Esto último se exacerba cuando no existen capacidades institucionales para reducir las vulnerabilidades climáticas en los estados, municipios y localidades, como el desarrollo e implementación de planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos para que estos territorios tomen medidas encaminadas a prevenir y proteger a las personas de los impactos del cambio climático y, a la vez, crear mecanismos de coordinación interinstitucional para la protección de migrantes en los diferentes niveles de gobierno.

En el cuadro 1 se presentan los municipios que cuentan con más de 50 residentes de origen guatemalteco, salvadoreño y hondureño, y que forman parte de los 273 municipios más vulnerables al cambio climático. Si se hubiera utilizado una cifra menor, el listado habría resultado en extremo largo y de escasa pertinencia para el análisis, debido a la baja representación poblacional captada en el censo.

Cuadro 1

México: residentes de origen guatemalteco, salvadoreño y hondureño en estados y municipios vulnerables al cambio climático

Entidad de residencia

Municipio vulnerable

al cambio climático

Número de

migrantes residentes

Población total

en la entidad

Baja California

Playas de Rosarito

338

1 425 607

Coahuila

Torreón

162

3 146 771

Ciudad de México

Venustiano Carranza

109

9 209 944

Hidalgo

Tula de Allende

76

3 082 841

Estado de México

Huixquilucan

165

16 992 418

Estado de México

Ixtapaluca

133

16 992 418

Estado de México

Metepec

149

16 992 418

Estado de México

Nezahualcóyotl

199

16 992 418

Estado de México

Nicolás Romero

128

16 992 418

Estado de México

Tultitlán

305

16 992 418

Estado de México

Cuautitlán Izcalli

218

16 992 418

Nuevo León

Juárez

1 172

5 784 442

Veracruz

Medellín de Bravo

56

8 062 579

Total

3 210

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático, 2018 e Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Censo de Población y Vivienda, 2020.

Los municipios citados presentan por lo menos una vulnerabilidad al cambio climático en su población y los asentamientos humanos con diferentes grados de intensidad, según la clasificación del Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático (véase el cuadro 2).

Cuadro 2

México: tipo y grado de vulnerabilidad climática de los municipios con residentes de origen guatemalteco, salvadoreño y hondureño

Municipio vulnerable al cambio climático

Número de migrantes residentes

Vulnerabilidad al dengue

Vulnerabilidad a deslaves

Vulnerabilidad

a inundaciones

Playas de Rosarito (Baja California)

338

Ninguna

Alta

Ninguna

Torreón (Coahuila)

162

Ninguna

Alta

Alta

Venustiano Carranza

(Ciudad de México)

109

Ninguna

Ninguna

Muy alta

Tula de Allende (Hidalgo)

76

Ninguna

Bajo

Ninguna

Huixquilucan (estado de México)

165

Ninguna

Alto

Ninguna

Ixtapaluca (estado de México)

133

Ninguna

Alto

Alto

Metepec (estado de México)

149

Ninguna

Ninguna

Bajo

Nezahualcóyotl (estado de México)

199

Ninguna

Ninguna

Alto

Nicolás Romero (estado de México)

128

Ninguna

Medios

Ninguna

Tultitlán (estado de México)

305

Ninguna

Alto

Alto

Cuautitlán Izcalli (estado de México)

218

Ninguna

Ninguna

Alto

Juárez (Nuevo León)

1 172

Medio

Ninguna

Bajo

Medellín de Bravo (Veracruz)

56

Alto

Ninguna

Muy alto

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático, 2018 e Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Censo de Población y Vivienda, 2020.

Las mayores vulnerabilidades son por las inundaciones y deslaves que generalmente son consecuencia de lluvias torrenciales. El dengue, por su parte, es un problema de salud pública que en la última década se ha incrementado en las regiones del Pacífico y el Golfo de México, afectando a las regiones con población principalmente rural e indígena, con un incremento de la incidencia en la población juvenil y pediátrica, aunado a una mayor duración de brotes durante el año (INECC, 2018; págs. 77-78).

Las problemáticas observadas en el contexto del cambio climático afectan cada vez con mayor intensidad a los sistemas sociales, productivos, económicos y naturales. Según indican los escenarios, algunas de estas vulnerabilidades prevalecerán y se intensificarán si no se toman las medidas necesarias para enfrentarlas con una visión a corto, mediano y largo plazo, y a partir de una actuación conjunta y coordinada entre las autoridades de gobierno y la sociedad civil. De ahí la importancia de ubicar los municipios en que se debe reducir la vulnerabilidad con medidas de adaptación y aumentar la resiliencia en las poblaciones, sobre todo las marginadas y carentes de los medios y recursos necesarios para enfrentar las problemáticas asociadas a las amenazas climáticas. Entre estas se encuentran personas que provienen de países centroamericanos que han decidido residir en México y cuyas condiciones de marginación e irregularidad migratoria las obliga a asentarse en lugares donde el riesgo y el peligro están latentes.

D. Asentamientos de migrantes en estados y municipios con declaratorias de emergencias, desastres y contingencias climatológicas

Si bien en el apartado anterior se describió la vulnerabilidad al cambio climático (actual y proyectada) según la conceptualización e información desarrollada por el INECC, en esta sección se utilizan otras categorías definidas por el CENAPRED. Estas permiten definir los estados que se encuentran ante la inminencia, alta probabilidad o presencia de una situación anormal creada por un agente natural perturbador que provoca un mayor número de emergencias, desastres y contingencias climatológicas, por lo que se requiere prestar auxilio inmediato a la población cuya seguridad e integridad están en riesgo (CENAPRED, 2021). La información se sustenta en el registro de la cantidad de desastres que derivan de fenómenos de tipo hidrometeorológico (lluvias, sequías, huracanes, ciclones, altas y bajas temperaturas, vientos intensos, grandes nevadas e inundaciones), sanitarios (incendios forestales) y geológicos (deslaves) en el período 2000-2021, que se obtuvo del Atlas Nacional de Riesgos a cargo del CENAPRED.

En el cuadro 3 se muestra la información de estos fenómenos en los lugares de residencia de migrantes establecidos en México originarios de El Salvador, Guatemala y Honduras. También se muestra el número de desastres en cada entidad durante los último 20 años y se añade información sobre el número de municipios que cuentan con un atlas de riesgo para cada estado.

Cuadro 3

México: entidades de residencia de migrantes y fenómenos hidrometeorológicos, 1999-2021

Entidad de residencia de migrantes

Total de desastres

Número de municipios

con atlas de riesgos

Aguascalientes

81

4

Baja California

49

4

Baja California Sur

229

4

Campeche

147

3

Chiapas

1 991

22

Chihuahua

2 009

8

Coahuila de Zaragoza

475

5

Colima

227

8

Ciudad de México

69

13

Durango

1 201

4

Guanajuato

267

5

Guerrero

1 197

3

Hidalgo

587

25

Jalisco

768

11

Estado de México

501

125

Michoacán

710

28

Morelos

177

13

Nayarit

229

14

Nuevo León

1 002

6

Oaxaca

7 313

37

Puebla

2 175

38

Querétaro

69

5

Quintana Roo

237

8

San Luis Potosí

722

2

Sinaloa

351

12

Sonora

1 527

10

Tabasco

370

6

Tamaulipas

782

8

Tlaxcala

589

10

Veracruz

5 408

38

Yucatán

1 150

14

Zacatecas

1 202

4

Total

33 811

497

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Censo de Población y Vivienda, 2020 y Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), “Sistema de consulta de Declaratorias 2000-2020”, 2021 [en línea] http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/visualizacion-datos.html.

Los datos indican que en los estados de Oaxaca y Veracruz se ha concentrado el mayor número de desastres y emergencias. En ambos estados predominan las lluvias intensas y los ciclones tropicales. El estado de Chiapas, que es donde reside el mayor número de migrantes del norte centroamericano, también se ha visto afectado por estos dos tipos de fenómenos, aunque en menor proporción.

Por nacionalidades, Quintana Roo es el segundo lugar de asentamiento de los migrantes procedentes de Guatemala y sus afectaciones por cuestiones climáticas son por lluvias y ciclones. En el caso de los asentados en Nuevo León, es decir, los hondureños, los problemas climáticos están relacionados con lluvias y sequías. En Baja California, donde residen principalmente las personas originarias de El Salvador, el cambio climático se ha manifestado con temperaturas extremas.

Este panorama general, que relaciona los estados con los mayores fenómenos climáticos extremos y los lugares de asentamiento de migrantes provenientes de los tres países centroamericanos mencionados, indica que existe una alta posibilidad de que estos grupos se vean afectados por algún desastre o emergencia climática. Ello hace necesario que se incorpore de manera explícita a estos grupos vulnerables en los programas de protección civil y que sean tenidos en cuenta en las estrategias nacionales en materia de gestión integral del riesgo de desastre. También se les debe proporcionar información oportuna y apoyos de los gobiernos locales para la prevención y atención frente a los riesgos y peligros producidos por el cambio climático. Como se puede ver en el cuadro 3, en todos los estados hay por lo menos un municipio con un atlas de riesgo. No obstante, todavía es muy limitado el diseño de este importante instrumento de planeación y prevención ante desastres hidrometeorológicos, lo que pone de relieve un bajo nivel desarrollo de las capacidades adaptativas a nivel municipal.

Por último, es importante señalar que estas personas migrantes analizadas que deciden permanecer en alguna de las localidades de México y llegan a obtener un empleo no suelen contar con prestaciones laborales ni servicios de educación y salud. Además, viven en colonias marginadas que carecen de servicios y están situadas en zonas de alto riesgo ante fenómenos climáticos extremos, lo que les confiere una condición de mayor riesgo y vulnerabilidad. En el caso específico de los migrantes indocumentados que se encuentren asentados de alguna manera irregular, es muy probable que no obtengan la posible protección de las autoridades nacionales y los servicios que puedan requerir.

E. Conclusiones

México cuenta con un marco normativo para hacer frente al cambio climático que señala los aspectos sociales y de derecho que deben tenerse en cuenta en la política climática en todos los órdenes de gobierno. Así, el artículo 26 de la Ley General de Cambio Climático indica que las autoridades responsables deberán respetar irrestrictamente los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones de vulnerabilidad y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional.

Los estudios de opinión y las encuestas indican que la sociedad, incluidos los sectores productivos y las autoridades gubernamentales, sobre todo las locales, aún no terminan de vincular los efectos del cambio climático con los problemas económicos, productivos, sociales y demográficos que se reflejan en un deterioro de los recursos naturales, hacen que aumente la pobreza y motivan la migración interna e internacional. El desconocimiento sobre las causas y las consecuencias del cambio climático impide reconocer sus alcances a corto, mediano y largo plazo, lo que puede ser un obstáculo para su incorporación en la agenda pública. Además, el tema tiene su propia complejidad, ya que requiere un análisis multidimensional e interdisciplinario. Es fundamental conocer los escenarios de incremento de la temperatura promedio y la situación relativa a la disminución o aumento de las precipitaciones desde un nivel local con el propósito de describir la vulnerabilidad climática con perspectiva social y ambiental. Estos son insumos necesarios para el diseño de las medidas de adaptación, que deben reflejarse en la planificación territorial y sectorial.

A fin de conocer los efectos potenciales de este fenómeno y las medidas para enfrentarlo, se necesita desarrollar una planificación de las políticas, programas y proyectos que tome en cuenta los escenarios del clima de cara al futuro. También es necesario implementar acciones inmediatas cuando surgen emergencias por fenómenos hidrometeorológicos extremos que afectan las vidas y bienes de las personas, alteran las actividades productivas y destruyen los ecosistemas, a la vez que contribuyen a incrementar la pobreza en las comunidades marginadas y más expuestas a los impactos de las variaciones del clima.

Las personas migrantes procedentes del norte de Centroamérica que se establecen en México de manera temporal o permanente no están ajenas a los impactos del cambio climático. Incluso pueden llegar a verse más afectadas por este fenómeno debido a su circunstancia migratoria, que las hace permanecer en la opacidad institucional y en lugares que no cuentan con las condiciones necesarias para enfrentar los graves estragos que producen en las poblaciones y comunidades las lluvias torrenciales, los deslaves, las inundaciones y las temperaturas extremas, por mencionar algunos fenómenos naturales. De ahí la importancia de analizar los efectos del cambio climático más allá de una óptica técnico-científica y estudiar la migración desde una perspectiva de la seguridad nacional o económica. Ambos temas requieren la necesaria intervención de los derechos humanos y la revisión de las políticas de desarrollo y de bienestar social. Además, en las estrategias para el manejo integral de riesgos ante desastres se deberá considerar un análisis especial para estos grupos que parta de las vulnerabilidades detectadas en los sitios donde se ubican. También es necesario hacer una revisión de la normatividad a nivel federal y local en materia de prevención y manejo de riesgos por fenómenos relacionados con el cambio climático y ajustarla a las normas internacionales de derechos humanos, de modo que se garantice la protección de las personas ante situaciones de amenaza y peligro provocadas por este tipo de fenómeno.

La capacidad adaptativa de los municipios es una variable importante en el análisis de los riesgos y peligros derivados de los impactos del cambio climático en los asentamientos con presencia de personas migrantes que se encuentran en las localidades con alta exposición a fenómenos climáticos, ya que se pueden exacerbar los riesgos de estos grupos en los lugares de estadía permanente. Por ello es necesario contar con protocolos y medidas preventivas para la reducción de riesgos y peligros relacionados con fenómenos hidrometeorológicos extremos para que se atiendan las necesidades específicas de las poblaciones migrantes indocumentadas desde un enfoque de género e intergeneracional.

Las personas extranjeras que transitan por las diferentes regiones del país y deciden asentarse de manera permanente en algún municipio tendrían que estar consideradas entre los grupos más susceptibles y expuestos a los problemas provocados por los fenómenos climáticos extremos. Esto se debe a que suelen instalarse en lugares que no cuentan con las condiciones adecuadas de protección, pues carecen de infraestructura y servicios básicos para enfrentar situaciones de desastre o emergencia. En Chiapas, por ejemplo, se presentaron cerca de 2.000 fenómenos hidrometeorológicos extremos, desde 2000 hasta 2022. Muchos de estos fenómenos fueron declarados emergencias debido al impacto de lluvias, ciclones, sequías, inundaciones y temperaturas extremas, que afectaron a más de 100 municipios de la entidad.

El estudio de la migración procedente de Centroamérica y las afectaciones que pudieran sufrir las personas que forman parte de los flujos migratorios cuyo destino final (planeado o no) es México, requiere un análisis más profundo de las vulnerabilidades que se potencian por factores como el sexo, la edad, la raza, el origen étnico, la clase social, la religión, la incapacidad u otros que se suman al estatus migratorio. Visto desde un enfoque interseccional, es decir, a partir de la suma de los componentes que confluyen en un mismo caso y multiplican las desventajas y la discriminación, se podría analizar la migración y el cambio climático desde una perspectiva integral, evitando simplificar las conclusiones y, por lo tanto, el abordaje de dicha realidad (INMUJERES, s/f).

Los estudios sobre los escenarios de la vulnerabilidad al cambio climático en México muestran que en un lapso de 10 a 20 años se incrementarán los riesgos por el aumento de la temperatura y la variación de las precipitaciones en las distintas regiones del país. Ello tendrá un impacto negativo en las poblaciones más desprotegidas, como es el caso de las personas migrantes que atraviesan la frontera sur del país. Incluso, al intensificarse los impactos del cambio climático en algunas regiones, pueden llegar a modificarse las rutas migratorias, con efectos negativos en los nuevos lugares de destino. Todo lo anterior requerirá una respuesta coordinada entre las autoridades nacionales y locales responsables de prevenir y reducir los riesgos y daños causados por el cambio climático y aquellas que deben velar por la seguridad y el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes que residen en el país o se encuentran en tránsito por su territorio.

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[1] Profesor e Investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso, México.

[2] Lo primero que habría que decir, por citar ejemplos, es que México, como los países del norte centroamericano, forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica. Según el Servicio Geológico Mexicano, existen más de 2.000 volcanes en el país, aunque solo 12 son considerados activos y de alto riesgo. En Guatemala, y según la fuente que se consulte, existen aproximadamente 288 volcanes o estructuras de origen volcánico. De esos, ocho tienen reportes de actividad en tiempos históricos y tres son los más activos en la actualidad (Pacaya, Fuego y Santiaguito).

Artículo 09

El viaje de los migrantes de los países del norte de Centroamérica a los Estados Unidos: costo monetario, contratación de coyotes y probabilidad de endeudamiento

Víctor Manuel Isidro Luna[1]

Rafael López Vega[2]

Recibido: 12/12/2022

Aceptado: 19/04/2023

Resumen

En este artículo, se estudian distintos aspectos del viaje que realizan las personas migrantes desde sus países de origen (El Salvador, Guatemala y Honduras) hasta los Estados Unidos: el costo total del viaje, la probabilidad de endeudarse para realizarlo, la probabilidad de contratar un coyote y el costo monetario de dicha contratación. Se analizan los años comprendidos entre 2013 y 2019 y el primer trimestre de 2020, sobre la base de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (EMIF Sur). Los resultados del análisis indican que la probabilidad de que los migrantes contraten los servicios de un coyote es elevada, así como los costos que implica su contratación (tanto para transitar por México como para cruzar a los Estados Unidos, o ambos), que la mayoría de los migrantes que contratan un coyote piden dinero prestado y que los costos totales del viaje son altos y se han ido incrementado con el tiempo.

Palabras clave: migración internacional, emigración, migrantes en situación irregular, costos, crimen organizado, encuestas demográficas, estadísticas de migración, América Central, Estados Unidos.

Abstract

This article examines different aspects of the journey made by migrants from their countries of origin (El Salvador, Guatemala and Honduras) to the United States: the total cost of the journey, the probability of going into debt to make the journey, the probability of hiring a coyote and the monetary cost of hiring a coyote. The analysis is focused on the period from 2013 to 2019 and the first quarter of 2020, on the basis of the Survey of Migration at the Southern Border of Mexico. The results indicate that the likelihood of migrants hiring a coyote is high —as are the costs involved (either to transit through Mexico or to cross into the United States, or both)—, that most migrants who hire a coyote borrow money and that the total cost of the journey is high and has been increasing over time.

Keywords: international migration, emigration, irregular migrants, costs, organized crime, population surveys, migration statistics, Central America, United States.

Résumé

Cet article étudie différents aspects du périple des migrants depuis leur pays d’origine (El Salvador, Guatemala et Honduras) jusqu’aux États-Unis : le coût total du voyage, la probabilité de s’endetter pour faire le voyage, la probabilité d’engager un trafiquant et le coût monétaire que cela implique. L’analyse porte sur les années 2013 à 2019 et sur le premier trimestre 2020 et découle de l’enquête sur les migrations à la frontière sud du Mexique (EMIF Sur). Les résultats de l’analyse indiquent qu’il y a de fortes chances que les migrants recourent aux services d’un trafiquant, que les coûts liés à ce recours sont élevés (soit pour transiter par le Mexique, soit pour entrer aux États-Unis, soit les deux), que la plupart des migrants qui ont recours à ce type de passeur empruntent de l’argent et que les coûts totaux du voyage sont considérables et ne cessent d’augmenter au fil du temps.

Mots clés : migration itnernationale, émigration, émigrants clandestins, coûts, crime organisé, enquêtes démographiques, statistiques migratoires, Amérique centrale, Etats-Unis.

Introducción

En estudios anteriores sobre El Salvador, Guatemala y Honduras, se han investigado los motivos que llevan a las personas a abandonar sus países de origen. En los últimos años, también se ha analizado la posible relación entre la migración y la delincuencia organizada y se ha estimado el costo que supone para los migrantes contratar algún tipo de coyote. Anguiano Téllez y Cruz Piñeiro (2016), Giorguli-Saucedo y García y Masferrer (2018) y López Vega e Isidro Luna (2020) estudian las causas de la migración desde países como El Salvador, Guatemala y Honduras hacia los Estados Unidos. Por su parte, Spener (2011), Paris-Pombo (2016), Izcara Palacios (2013 y 2017), Guevara-González (2018) y Greenfield y otros (2019) describen las relaciones entre migrantes, coyotes y organizaciones delictivas; sin embargo, en este aspecto no se ha podido llegar a una conclusión clara, ya que Campana (2020) indica que hay escasos datos que relacionen el tráfico de migrantes con organizaciones y actividades delictivas. Finalmente, como ejemplo de estudios que hacen hincapié en un año concreto de estudio —como 2013, 2017 o 2019— o en ciertas características especiales del tránsito por México y el cruce a los Estados Unidos, o solo del cruce a los Estados Unidos, pueden mencionarse los de Paris-Pombo (2016), el Consejo Nacional de Población de (CONAPO, 2017) y la Unidad de Política Migratoria-Registro de Identidad de Personas (UPMRIP, 2020), en los que se estima el costo de contratación de un coyote al migrar desde El Salvador, Guatemala y Honduras.

Este artículo se centra en el flujo de los migrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras que tienen el objetivo de cruzar de manera no autorizada o irregular por México para llegar a los Estados Unidos. En él se estima la probabilidad de contratar un coyote y su costo monetario, así como la probabilidad de pedir dinero prestado para realizar este viaje, desde el momento en que los migrantes salen de su hogar hasta que llegan a su destino en el país norteamericano, y los recursos monetarios necesarios para conseguirlo. Se distinguen tres tipos de coyote: i) solo para transitar por México, ii) solo para cruzar a los Estados Unidos, y iii) tanto para transitar por México como para cruzar a los Estados Unidos. La fuente de información principal son los datos de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (EMIF Sur) sobre el flujo de personas devueltas por los Estados Unidos en los años comprendidos entre 2013 y 2019 y en el primer trimestre de 2020 (la información sobre lo sucedido en este último año se obtiene también a partir de fuentes oficiales y artículos académicos). Los objetivos de este trabajo son cuatro: i) mostrar que existe una elevada probabilidad de contratar diferentes tipos de coyote; ii) verificar la tendencia creciente del costo monetario corriente de la contratación de cualquier tipo de coyote; iii) señalar la magnitud del problema social que supone la deuda para la población que contrata un coyote, y iv) estimar el costo monetario total del viaje de esta población migrante, desde que sale de su hogar hasta que llega a los Estados Unidos. A partir de este análisis, se indicará el alcance de esas estimaciones y se ofrecerán recomendaciones para modificar algunos aspectos del cuestionario de la EMIF Sur.

Este artículo consta de seis secciones, además de esta introducción. En la sección A se revisan diversos estudios en los que se analizan los motivos por los que la población de El Salvador, Guatemala y Honduras deja su país de origen; se examina la relación entre los migrantes, los coyotes y la delincuencia organizada, y se mencionan algunos estudios anteriores que brindan estimaciones del costo de contratar a un coyote. En la sección B se explicitan los pasos dados para calcular las estimaciones sobre la base de la información contenida en la EMIF Sur. En las secciones C y D se presentan los resultados del análisis de la probabilidad de contratar algún tipo de coyote y del costo de hacerlo. Asimismo, se calcula la probabilidad de pedir dinero prestado de la población que contrata los servicios de un coyote y, por último, se estima el monto monetario que implica el viaje en su totalidad, desde que los migrantes salen de sus hogares hasta que llegan a los Estados Unidos. En La sección E se presentan algunos resultados preliminares de las tendencias de 2020 en este ámbito. Por último, en las conclusiones se resumen los principales hallazgos de este trabajo, se ofrece una reflexión sobre el alcance del análisis que es posible realizar a partir de la información de la encuesta y se plantean alternativas para regular la migración no autorizada.

A. Revisión bibliográfica

La mayoría de los países del mundo conviven con el fenómeno de la migración. Su gestión ha de ir más allá de los sistemas de atención previstos por la política migratoria, pues debe ir de la mano de la salvaguardia de los derechos humanos de todas las personas; en especial de aquellos grupos cuyos derechos se ven vulnerados, como es el caso de algunos grupos de población migrante. Para construir un mejor futuro, debe garantizarse el ejercicio de los derechos humanos de la población migrante en cualquiera de las fases del proceso migratorio.

México ha sido tradicionalmente un país expulsor de migrantes hacia los Estados Unidos. Aunque, en ciertos momentos de su historia, se han aplicado medidas para que esta emigración se produzca de manera regulada, a largo plazo ha prevalecido la migración no autorizada (Durand y Massey, 2003). Debido a su colindancia con territorios de América del Norte y de Centroamérica, desde hace aproximadamente 50 años, México se ha convertido en un país de tránsito para las personas migrantes de otras partes de América Latina y el Caribe y de otras regiones que intentan llegar a los Estados Unidos. Esta situación se ha hecho mucho más evidente en los últimos años, pues el país se ha convertido en un lugar de refugio para miles de personas y familias de Centroamérica (Morales Gamboa, 2007)[3].

Al examinar las cifras de detenciones de personas migrantes por parte de las autoridades migratorias de los Estados Unidos, podría concluirse que este país y México comparten un objetivo de política común: que los migrantes de Centroamérica no alcancen su destino. No obstante, la política migratoria de los Estados Unidos ha abordado los flujos migratorios irregulares en el marco de su política de seguridad frente a amenazas externas (Chishti y Bergeron, 2011), mientras que, mediante distintos planes, programas y estrategias, México ha intentado abordar la propia migración del país y la que transita por su territorio desde una perspectiva vinculada al desarrollo económico, que incluye el desarrollo de Centroamérica y el fortalecimiento de los lazos comerciales de México con la región (Preciado y Villaruel, 2006; Poder Ejecutivo Federal, 2014; Senado de la República, 2018). En ambos casos, resulta paradójico que, a pesar del despliegue de operaciones especiales para detener los flujos migratorios a lo largo de las dos fronteras durante los últimos 35 años —tras la aprobación de la Ley de Reforma y Control de Inmigración (IRCA) en 1986—, los flujos migratorios persistan y se incremente el número de personas de Centroamérica que han establecido su residencia en los Estados Unidos. Esto parece indicar que existen condiciones estructurales —económicas, políticas y sociales— que favorecen la persistencia de los procesos migratorios desde Centroamérica hacia México y los Estados Unidos (Poder Ejecutivo Federal, 2001; INM, 2005; Paris-Pombo, 2016; Leutert, 2019; UPMRIP, 2020).

Parte de la migración irregular recurre a los servicios de guías —también denominados pateros, polleros o coyotes— en su trayecto por México y el cruce a los Estados Unidos. En este trabajo, se utilizará el término “coyote” para englobar todas las denominaciones mencionadas anteriormente, puesto que este es el término más utilizado en trabajos como los de Jáuregui-Díaz y Ávila-Sánchez (2017), UPMRIP (2020), Durand (2016), Morales Gamboa (2007), Spener (2011), Izcara Palacios (2012) y Greenfield y otros (2019). Según Meneses (2010)[4], el término “coyote” tiene raíces prehispánicas y en el pasado se utilizaba para referirse a una persona deshonesta. Un significado similar, pero de uso más restringido, tuvo en los siglos XIX y XX, cuando denotaba a un intermediario deshonesto en el ámbito carcelario o en las oficinas de gobierno. En el contexto de la migración, aunque las actividades que realiza el coyote no han experimentado grandes cambios en los últimos 100 años en la región, sí se han modificado las condiciones en las que opera, la nacionalidad de la población que lo contrata y la estrategia de la población migrante (Spener, 2005). Estas tres variables han repercutido en el tipo de coyote que se puede contratar y en su costo (Meneses, 2010).

En primer lugar, las nuevas tecnologías, las crisis económicas y las políticas migratorias de los Estados nación moldean el contexto en el que opera el coyote. En segundo lugar, la población que utiliza los servicios del coyote ha cambiado con el paso del tiempo. A inicios del siglo XX, la población que los utilizaba para cruzar la frontera sur de los Estados Unidos era originaria de China y el Japón; en 1925, empezó a hacerlo la población de México (se estima que entonces se pagaba a los coyotes entre 150 y 200 dólares corrientes de los Estados Unidos (Jáuregui-Díaz y Ávila Sánchez, 2017; Durand, 2016)) y, a partir de la década de 1980, comenzó a incrementarse la cantidad de población de Centroamérica que utilizaba este servicio. Con la inclusión de este último grupo de población, no solo se recurría a los coyotes para cruzar a los Estados Unidos, sino también para transitar por México, lo que dio lugar a una diversidad de estrategias de tránsito de la población migrante para alcanzar su destino.

Estos tres aspectos han moldeado la figura del coyote: si, hace 100 años, se trataba de una única persona de confianza, que era conocida en el poblado donde se la contrataba, en la actualidad los coyotes pertenecen a una red de desconocidos, pueden actuar en connivencia con la delincuencia organizada, y su objetivo es controlar la migración de miles de personas (Izcara Palacios, 2012; Durand, 2016; UPMRIP, 2020)[5]. Teniendo en cuenta este contexto, en esta sección se examina lo siguiente: i) las causas de la migración de la población de El Salvador, Guatemala y Honduras —que en adelante se denominarán países del norte de Centroamérica— a los Estados Unidos, transitando por México; ii) las condiciones cada vez más difíciles para llegar a los Estados Unidos y el tipo de relaciones que se pueden dar entre migrantes y coyotes, y iii) las estimaciones de diversos autores de la probabilidad de los migrantes de contratar los servicios de un coyote y el costo monetario de hacerlo.

En líneas generales, se puede afirmar que la crisis de la deuda de la década de 1980 en América Latina, sumada a los conflictos sociales que existían en El Salvador y Guatemala en esos años, contribuyeron a que muchas personas de estos países dejaran sus hogares en busca de una vida mejor. Aunque presentaban elevados niveles de desigualdad económica y social, de acuerdo con Garnier (1993), los países del norte de Centroamérica crecieron más rápido de 1951 a 1980 que de 1981 a la actualidad. La información contenida en la base de datos Penn World Table (Feenstra, Inklaar y Timmer, 2015) indica que, de 1951 a 1980, El Salvador creció en promedio un 4,5%; Guatemala, un 5,0%, y Honduras, un 4,0% en términos reales de sus respectivas monedas locales. En cambio, de 1981 en adelante, El Salvador creció un 2,2%; Guatemala, un 3,0%, y Honduras, un 3,4%. Como se explica en Bértola y Ocampo (2012) y en Programa Estado de la Nación/Consejo Nacional de Rectores (2020), desde finales de los años ochenta y hasta inicios de la década de 2000, se produjo un crecimiento económico, un incremento de la inversión y cierta diversificación de las economías en los países del norte de Centroamérica, pero esta mejoría económica fue acompañada de un deterioro de las condiciones sociales de la población. Anguiano y Cruz (2016) y Minian (2020) han señalado que la emigración desde dichos países empezó tempranamente, en los años ochenta y noventa del siglo XX, debido a los crecientes niveles de violencia, pobreza y desigualdad que se registraban en ellos, a los que se sumaron los efectos de desastres naturales sobre el territorio y la población (Restrepo, 1998; OIM/BID, 1999; Morales Gamboa, 2007). En suma, los estudios sobre la situación de estos países concuerdan a grandes rasgos en que el mal desempeño de su economía, junto con la desigualdad social y la violencia presente en ellos, han redundado en un incremento de la cantidad de población emigrante.

En segundo lugar, los Gobiernos de los Estados Unidos y México han implementado políticas migratorias (mediante estrategias y acciones a largo plazo) con el objetivo de regular los flujos migratorios, lo que ha tornado difícil y peligroso el acceso a sus territorios. En los Estados Unidos, la aprobación de la IRCA, en 1986, se tradujo en un incremento del control y la vigilancia en la frontera del país con México. Estas medidas de control y vigilancia migratoria se vieron fortalecidas con la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante (IRIRA), aprobada en 1996. Por último, a comienzos del siglo XXI, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, los Estados Unidos comenzaron a abordar los temas relacionados con la frontera sur como una amenaza a la seguridad nacional (en esta etapa se creó el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos). Por otra parte, desde los años noventa, México ha manifestado su intención de fortalecer la seguridad, el control y la vigilancia de su frontera sur. Sin embargo, no fue sino hasta la aprobación del Plan Frontera Sur y el Plan Puebla Panamá, en 2001, cuando la política pública abordó explícitamente el reto de la migración desde Centroamérica. Posteriormente, México implementó estrategias fragmentadas de atención en el sur-sureste del país durante más de una década (de 2001 a 2014) (Torres, 2005; Armijo, 2011). Recientemente, sobre la base de los instrumentos de política pública para la planificación de la atención a esta región del país, y en especial debido a los flujos migratorios cada vez mayores provenientes de Centroamérica, México puso en marcha el Programa Integral para la Frontera Sur, en 2014, y el Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y el sur-sureste de México. Diversos autores han indicado que, en el marco de estos programas, la frontera sur de México se está militarizando cada vez más (Ruiz Soto, 2020; Ceceña y otros, 2021).

En tercer lugar, aunque autores como Gathmann (2004) sostienen que el incremento del uso de contrabandistas se disparó a partir de la implementación de medidas de control y vigilancia en el marco de las leyes de inmigración estadounidenses, la contratación de coyotes para transitar por México y cruzar a los Estados Unidos es un fenómeno que ha estado siempre presente en los procesos de migración entre estos dos países, y también en la migración de personas desde Centroamérica hasta los Estados Unidos a través del territorio mexicano a partir de los años ochenta y noventa. Debe su origen a la relación entre una migración bien definida que transita por México y las personas que reclutan migrantes para inducirlos a contratar un coyote (los “enganchadores”), así como a la emergencia de condiciones de inseguridad en el país y al desarrollo de nuevos flujos migratorios sin capital social en todo el territorio nacional (es decir, al incremento de migrantes sin redes sociales en el país).

La antigua pero cada vez más extendida costumbre de contratar coyotes ha sido caracterizada de diferentes maneras por diversos autores. De acuerdo con Guevara-González (2018), se trata de una relación de beneficio mutuo entre los migrantes y los coyotes, en la que existe un proceso de aprendizaje y, en muchas ocasiones, se crean entre ambos lazos de cooperación y confianza. Spener (2011) presenta argumentos similares e incluso afirma que el coyote es un facilitador necesario de la migración, que surge como respuesta a la dinámica generada entre países de desarrollo desigual. Por el contrario, Díaz-González (2009), desde una perspectiva microeconómica, señala la existencia de una asimetría en la información de la que disponen el coyote y el cliente (en relación con las rutas, los riesgos, la ubicación del empleo buscado y la propia familia como fuente de información), lo que puede dificultar que se entable una relación de confianza entre ambos. Por otra parte, Morales Gamboa (2007), Izcara Palacios (2013 y 2017) y Greenfield y otros (2019) afirman que los coyotes pueden estar vinculados a autoridades corruptas y a grupos de delincuencia organizada. Paris-Pombo (2016) comparte esta opinión y agrega —sin abundar mucho en el tema— que existe la posibilidad de que la población migrante contraiga una deuda para pagar al coyote[6]. Finalmente, en Naciones Unidas (UNODC, 2010 y 2011), se señala que, en muchas regiones del mundo, los migrantes en busca de una vida mejor se ven obligados a contratar coyotes y a pedir dinero prestado para hacerlo. Las investigaciones recientes en las que se estima el costo de contratación de un coyote para transitar por México y cruzar a los Estados Unidos brindan una aproximación adecuada del costo de la contratación limitando la modalidad o el tipo de servicio:

- En Paris-Pombo (2016), se estima el costo del tránsito por México y el cruce a los Estados Unidos por separado en 2013 y señala la necesidad de los migrantes de pedir dinero prestado para pagar al coyote.

- En CONAPO (2017), se estima el costo del tránsito por México y el cruce a los Estados Unidos por separado en el período 2012-2017.

- En Greenfield y otros (2019), se cuantifica tanto el monto pagado al coyote como el posible “derecho de piso” (extorsiones) pagado la delincuencia organizada en 2017 sobre la base del Department of Homeland Security y la EMIF Sur.

- En UPMRIP (2020), se estima el costo de pagar a un coyote tanto para cruzar a los Estados Unidos como para transitar por México y cruzar a los Estados Unidos de 1990 a 2019 y se analiza también la relación existente entre la probabilidad de contratar un coyote y su costo con variables como la experiencia migratoria de los migrantes, la existencia de familiares en los Estados Unidos y los riesgos del cruce.

A diferencia de los estudios que se acaban de mencionar, en este artículo se distingue entre los migrantes que contratan coyotes solo para transitar por México, los migrantes que contratan coyotes solo para cruzar a los Estados Unidos y los migrantes que pagan tanto por el tránsito como por el cruce. Además, se estima la probabilidad de que las personas migrantes pidan dinero prestado para hacer su viaje a los Estados Unidos y se cuantifica el monto total de dinero que gastan desde que salen de su lugar de origen hasta que alcanzan su destino final. En este proceso, se generan relaciones socioeconómicas complejas, vinculadas a la necesidad de endeudarse para migrar, un fenómeno que se da también en otras regiones del mundo (Rahman, 2015; IOM, 2019)[7].

B. Metodología

Las estimaciones que se incluyen en esta investigación se basan en los datos de la EMIF Sur. La EMIF Sur y la EMIF Norte son un conjunto de encuestas sobre distintos flujos migratorios que se llevan a cabo para estudiar poblaciones en movimiento, gracias a la colaboración institucional entre El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), el CONAPO, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, la UPMRIP, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y, más recientemente, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Estas instituciones se reúnen periódicamente para examinar informes del trabajo de campo, evaluar resultados, modificar cuestionarios, preparar publicaciones y validar bases de datos. El diseño metodológico de la encuesta consiste en un muestreo en dos etapas, en el que primero se seleccionan los lugares, los días y los turnos en que debe llevarse a cabo la encuesta y, después, el encuestador la realiza en lugares como autobuses, aeropuertos y oficinas de migración. Están diseñadas para estudiar a la población de 15 años en adelante, pero en los flujos de migrantes devueltos solo se entrevista a las personas de 18 años o más.

Mediante la EMIF Sur se ha recabado información desde 2004 sobre los flujos procedentes de Guatemala y de México, las personas devueltas por las autoridades de México a El Salvador, Guatemala y Honduras y las personas devueltas por las autoridades de los Estados Unidos a estos tres países. Este último flujo migratorio, durante el período 2013-2019 y el primer trimestre de 2020, constituye el objeto del presente estudio. Cabe señalar que las cifras de la población registrada en este flujo migratorio —como en cualquiera de los otros flujos— no se refieren a personas, sino a eventos, dado que una persona puede ser entrevistada varias veces durante el proceso de recolección de información. Teniendo en cuenta esta aclaración, en adelante se utilizarán ambos conceptos (eventos y personas) indistintamente.

La población objetivo de este estudio está filtrada por tipo de movimiento migratorio y por año de entrada a los Estados Unidos. Como esta información no se puede obtener directamente de las bases de datos consultadas, se filtran los flujos de personas detenidas por las autoridades estadounidenses de acuerdo con la EMIF Sur, restándole al día de su deportación el tiempo de permanencia en los Estados Unidos. Para ello, se utiliza la pregunta “¿En esta ocasión, ¿cuánto tiempo permaneció usted en Estados Unidos?”; la combinación de la unidad de tiempo (horas, días, semanas, meses y años) y la cantidad declarada se convierte a días de manera discreta y al resultado se le resta el día de la deportación. En el cuadro 1 se presentan las estimaciones puntuales de la población objetivo llevadas a cabo en este trabajo. Las cifras son similares en magnitud y tendencia a las estimaciones obtenidas en otras investigaciones (véase la última columna del cuadro A1.1 del anexo)[8]. El total de devoluciones (la columna 1) se refiere al total de personas deportadas cada año, y el total de devoluciones de migrantes por año de cruce a los Estados Unidos (la columna 2) se refiere a las personas deportadas por año de entrada al país. Si un migrante fue deportado en 2019, pero permaneció en los Estados Unidos 4 años, su año de entrada fue 2015, y ese es el año en el que se estima su probabilidad de usar un coyote y el costo de hacerlo. De 2013 a 2019, el número de eventos por año de cruce a los Estados Unidos se ubica entre el 60% y el 90% de la población que fue devuelta por las autoridades de ese país (en el cuadro A1.1 del anexo se presentan las cifras de devoluciones por año de entrada y país de origen).

Cuadro 1

Estados Unidos: devoluciones de migrantes de los países del norte de Centroamérica por parte de las autoridades migratorias, 2013-2019

(En número de personas y porcentajes)

Año

Total de devoluciones de migrantes (1)

Total de devoluciones de migrantes por año de cruce a los Estados Unidos (2)

(2)/(1)

(En porcentajes)

2013

100 717

88 856

88,2

2014

114 333

100 380

87,2

2015

70 662

63 418

89,7

2016

78 169

71 290

91,2

2017

70 917

49 466

69,8

2018

96 300

71 773

74,5

2019

108 313

64 140

59,2

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Consejo Nacional de Población (CONAPO) y otros, Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (EMIF Sur), 2013-2019, 2020 [en línea] https://www.colef.mx/emif/639411.

Para determinar la probabilidad[9] de contratar un coyote solo para transitar por México, solo para cruzar a los Estados Unidos, o para ambos trayectos, se utilizan las siguientes preguntas del cuestionario: “En este último viaje, ¿contrató usted a alguna persona (coyote, pollero, guía, etc.) para que le guiara al transitar por el territorio mexicano y llegar a la frontera con Estados Unidos?” y “En esta ocasión, ¿contrató a alguna persona (coyote, pollero, guía, lanchero, etc.) para que le guiara al cruzar a Estados Unidos?”. Con estas dos preguntas es posible hallar los migrantes que contratan un coyote solo para transitar por México (representados en el diagrama 1 con un gris claro), los migrantes que contratan un coyote solo para cruzar a los Estados Unidos (representados con un gris más oscuro), y la intersección entre ambos, que son los migrantes que contratan un coyote tanto para transitar por México como para cruzar a los Estados Unidos (representados en el diagrama con el gris más oscuro de todos).

Diagrama 1

Migrantes de los países del norte de Centroamérica que contratan los servicios de un coyote, por tipo de servicio contratado

Fuente: Elaboración propia.

Nota: Tránsito: migrantes que contratan un coyote solo para transitar por México; Cruce: migrantes que contratan un coyote solo para cruzar a los Estados Unidos; Ambos: migrantes que contratan un coyote tanto para transitar por México como para cruzar a los Estados Unidos.

Una vez obtenidas estas probabilidades, se calcula el costo monetario de los tres tipos de servicio ofrecidos por los coyotes. La pregunta utilizada es: “¿Cuánto pagó o quedó de pagarle a esa persona por usted?”, que aparece dos veces en el cuestionario, ya que se incluye tanto en el caso de que la persona haya contratado a un coyote para guiarla al transitar por el territorio mexicano y llegar a la frontera con los Estados Unidos como en el caso de que haya contratado a un coyote para guiarla al cruzar a los Estados Unidos. Las monedas de cada país se convierten a dólares de los Estados Unidos ordenando los datos por año de entrada y país de origen, la unidad de pago (nada, pesos, dólares, quetzales, lempiras o colones) y el tipo de cambio promedio anual de los bancos centrales de cada país (cuando los migrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras pagan en pesos mexicanos, el tipo de cambio utilizado es el del Banco de México). Los dólares obtenidos se multiplican por la cantidad, que viene expresada en la misma pregunta del cuestionario, y la estimación del costo de los tres tipos de coyote, en total y por país, se calcula como una media ponderada en dólares corrientes, utilizando el 95% de la población para disminuir la influencia de las observaciones extremas, principalmente hacia arriba. Se reitera que el costo de los servicios del coyote se expresa en dólares corrientes, ya que estos dan una idea del poder de compra internacional (Freeman, 2019; Wade, 2020; Isidro Luna, 2022), y muchas variables, como la balanza de pagos (incluidas las remesas), se miden en términos corrientes.

Se usa el mismo procedimiento para calcular la probabilidad de que los migrantes pidan dinero prestado para hacer su viaje a los Estados Unidos. En este caso se utiliza la pregunta: “¿Le prestaron algo de ese dinero?”. Por último, para conocer el costo total del viaje, se usa la pregunta: “En total [incluyendo el pago del pollero], ¿cuánto dinero gastó por usted desde que salió de su casa hasta internarse en Estados Unidos, en este último viaje?”. Al igual que en el caso del costo del coyote, los resultados del costo del viaje, incluido el coyote, se expresan como una media ponderada con el 95% de las observaciones en dólares corrientes, utilizando los tipos de cambio que brindan los diferentes bancos centrales. En 2021 no se realizó la EMIF Sur y, en 2020, debido a la pandemia y a la respuesta que dieron los Gobiernos a la crisis sanitaria, solo se obtuvieron datos completos del primer trimestre. Para realizar las estimaciones de probabilidades y costos, se sigue la misma metodología que para el período 2013-2019, salvo por el hecho de que a las devoluciones realizadas en 2020 de personas que ingresaron al país en 2019 o años anteriores no se les agrega su año correspondiente.

Los resultados referidos a la probabilidad de pedir prestado y al costo total del viaje constituyen aportes novedosos de esta investigación. Por otra parte, las estimaciones de la probabilidad de contratar un coyote y de su costo son congruentes con las de investigaciones anteriores (Greenfield y otros, 2019; UPMRIP, 2020). No obstante, resulta conveniente hacer dos aclaraciones.

En primer lugar, no es posible determinar la probabilidad de contratar un coyote y el costo de esta contratación cuando se trata del tipo de coyote que lleva a la población migrante desde que sale de su casa hasta que se interna en los Estados Unidos (un tipo de coyote conocido como “todo incluido”) sin recurrir a supuestos, ya que la información sobre este tipo de coyote no puede extraerse directamente del cuestionario y, por lo tanto, deben realizarse inferencias para conocerla[10]. De acuerdo con los resultados de la encuesta, gran parte de la población que contrató un coyote para el tránsito y para el cruce declaró pagar exactamente la misma cantidad en ambos casos, pero de ninguna manera (es decir, como resultado técnico de la ubicación de las preguntas en el cuestionario) se puede afirmar que dicha cantidad constituye el precio por ambos servicios. Cuando se pregunta a los migrantes si usaron coyotes para el tránsito, por un lado, y para cruzar, por otro, no es posible determinar si el servicio contratado fue o no “todo incluido”, y en esta investigación se siguieron estrictamente las preguntas del cuestionario. Por lo tanto, en el caso de los migrantes que se sitúan dentro de la intersección en el diagrama 1, se suman los costos de los dos tipos de servicio como si hubieran sido pagados de forma independiente.

En segundo lugar, la recopilación de datos tiene variaciones y el número de casos (es decir, el número de eventos de personas entrevistadas sin tomar en cuenta el factor de expansión de la encuesta) por país presenta grandes fluctuaciones cada año; no hay ningún país que presente sistemáticamente la mayor cantidad de casos en todos los años analizados (véase el cuadro A1.2 del anexo, en el que se presentan el marco muestral y los eventos de devoluciones por país). En ese sentido, las estimaciones realizadas en este trabajo son puntuales e indicativas de un fenómeno social; complementan otros estudios cualitativos y cuantitativos anteriores, y deben interpretarse con cautela, sobre todo en el caso de las estimaciones por país. Como indican Roberts y otros (2010), cuando se procesan los datos con diferentes metodologías, lo más importante es centrarse en las tendencias. Freeman (2019), por su parte, afirma lo mismo analizando indicadores de desigualdad, y señala que una conclusión es robusta si se llega a la misma conclusión utilizando diferentes medidas. En este estudio, los resultados obtenidos son congruentes con los de otras investigaciones, y se señalan los casos en los que se considera que existen limitaciones en los cuestionarios y las estimaciones obtenidas[11].

C. La probabilidad de contratar un coyote y su costo

Casi todos los migrantes de los países del norte de Centroamérica pagan por los servicios de algún tipo de coyote. De 2013 a 2019, la probabilidad de contratar un coyote se ha situado entre el 68,2% y el y 86,3% (véase el cuadro 2). El servicio de coyote menos demandado es el de transitar únicamente por México, mientras que el servicio de coyote para cruzar a los Estados Unidos tiene mayor demanda, y el más solicitado es el servicio tanto para transitar como para cruzar. Alrededor de un 50% de la población migrante contrata este último tipo de servicio, que, como se ha descrito en estudios anteriores, es más costoso, pero también puede resultar más seguro. Por lo tanto, se corrobora la idea planteada en esta investigación y en estudios anteriores de que llegar a los Estados Unidos a través de México es complicado y, por ese motivo, cada vez se incrementa más la demanda de los servicios proporcionados por coyotes. Como se apuntó al presentar la metodología utilizada en el estudio, estos resultados son robustos, ya que, en trabajos anteriores, se han realizado estimaciones similares en lo que respecta a la contratación de coyotes tanto para transitar por México y cruzar a los Estados Unidos como solo para cruzar a los Estados Unidos[12].

Cuadro 2

Probabilidades de los migrantes de países del norte de Centroamérica de contratar un coyote, por tipo de servicio, 2013-2019

(En porcentajes)

Año

Dos coyotes (tránsito y cruce)

Solo tránsito

por México

Solo cruce a los Estados Unidos

Por lo menos

un coyote

2013

50,6

2,8

21,4

74,8

2014

49,5

6,7

19,3

75,5

2015

54,3

6,1

19,8

80,2

2016

56,6

5,1

20,7

82,4

2017

52,8

10,3

23,2

86,3

2018

50,1

3,5

22,9

76,5

2019

43,0

1,9

23,3

68,2

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Consejo Nacional de Población (CONAPO) y otros, Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (EMIF Sur), 2013-2019, 2020 [en línea] https://www.colef.mx/emif/.

Por países, la probabilidad de usar coyote solo en el tránsito por México es más alta en Honduras y más baja en El Salvador y Guatemala (véase el gráfico 1). De 2013 a 2019, el promedio de dicha probabilidad fue del 9,1% en Honduras, del 4,4% en Guatemala y del 1,5% en El Salvador. No obstante, como se observa en el cuadro A1.3 del anexo, los casos de este tipo de coyote son muy escasos, por lo que se los continuará incluyendo en los gráficos, pero se omitirá su descripción en el texto (se recomienda consultar el número de casos muestrales de las estimaciones para los otros países en el cuadro A1.3 del anexo). En segundo nivel de importancia se sitúa el promedio de la probabilidad de contratar un coyote solo para cruzar a los Estados Unidos, de un 23,6% en el caso de los migrantes de Guatemala y del 20,3% en el de los de Honduras y El Salvador. Sin embargo, la probabilidad de la población de Honduras de contratar este tipo de coyote está decreciendo, mientras que, en el caso de la de El Salvador, se está incrementando aceleradamente. Entre las personas migrantes de este país, la demanda de coyotes para transitar por México es mínima, pero sí utilizan este servicio para cruzar a los Estados Unidos (véase el gráfico 1). Finalmente, la probabilidad de usar ambos tipos de coyote, para transitar por México y para cruzar a los Estados Unidos, es más elevada en Guatemala que en los otros dos países: los promedios por país en el período analizado son del 62,3% en el caso de Guatemala, del 52,8% en el de El Salvador y del 33,1% en el de Honduras.

Gráfico 1

El Salvador, Guatemala y Honduras: probabilidad de contratación de los servicios de un coyote por parte de las personas migrantes, por país y tipo de servicio, 2013-2019

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Consejo Nacional de Población (CONAPO) y otros, Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (EMIF Sur), 2013-2019, 2020 [en línea] https://www.colef.mx/emif/.

Nota: Tránsito: contratación de un coyote solo para transitar por México; Cruce: contratación de un coyote solo para cruzar a los Estados Unidos; Ambos: contratación de un coyote tanto para transitar por México como para cruzar a los Estados Unidos.

Además de la elevada probabilidad que existe de utilizar los servicios de por lo menos un coyote, el costo monetario de hacerlo se ha incrementado con el tiempo. Para transitar por México, el costo del coyote casi se duplicó de 2013 a 2019, de 3.332 a 6.266 dólares, y la tasa de crecimiento promedio anual de dicho costo fue del 12,9% (véase el cuadro 3). Para cruzar a los Estados Unidos, el costo del coyote aumentó de 1.474 dólares en 2013 a 2.066 dólares en 2019, lo que supone un incremento de 594 dólares y una tasa de crecimiento promedio anual del costo del 5,9%. Por último, el costo de contratar ambos tipos de servicios subió de 6.385 dólares en 2013 a 11.158 dólares en 2019; es decir, experimentó un incremento promedio anual del 10,1%.

Cuadro 3

Costo de contratar un coyote para migrar de los países del norte de Centroamérica a los Estados Unidos, por tipo de servicio, 2013-2019

(En dólares corrientes de los Estados Unidos)

Año

Dos coyotes

Tránsito por México

Un coyote

Cruce a

los Estados Unidos

Un coyote

Tránsito por México

Un coyote

Cruce a

los Estados Unidos

2013

3 199

3 185

3 332

1 474

2014

3 720

3 524

3 450

1 649

2015

4 108

3 493

3 948

1 831

2016

4 574

4 379

5 613

1 891

2017

5 608

5 360

6 490

1 960

2018

5 305

5 326

5 092

2 121

2019

5 580

5 578

6 266

2 066

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Consejo Nacional de Población (CONAPO) y otros, Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (EMIF Sur), 2013-2019, 2020 [en línea] https://www.colef.mx/emif/.

Si analizamos las cifras por países, el costo de un coyote solo para cruzar a los Estados Unidos ha crecido en los tres países, si bien se aprecia una pendiente menos pronunciada en El Salvador (véase el gráfico 2). En Guatemala, el costo fue de 1.362 dólares en 2013 y de 2.217 dólares en 2019; en Honduras, fue de 1.510 dólares en 2013 y de 2.396 dólares en 2019, y, en El Salvador, fue de 1.803 dólares en 2013 y de 1.668 dólares en 2019. En El Salvador, el costo se redujo de 1.942 dólares en 2018 a 1.668 dólares en 2019. En el caso de los migrantes que pagaron dos coyotes, uno para transitar por México y otro para cruzar a los Estados Unidos, el costo se incrementó en los tres países, aunque menos rápidamente en El Salvador. En el caso de este país, el costo fue de 6.147 dólares en 2013 y subió a 7.792 dólares en 2019; en el de Guatemala, aumentó de 6.606 dólares en 2013 a 12.383 dólares en 2019, y, en el de Honduras, creció de 6.120 dólares en 2013 a 12.534 dólares en 2019. De estas cifras se desprende que el costo casi se duplicó tanto para los migrantes de Guatemala como para los de Honduras.

Gráfico 2

El Salvador, Honduras y Guatemala: costo de contratar un coyote para migrar a los Estados Unidos, por país y tipo de servicio, 2013-2019

(En miles de dólares corrientes de los Estados Unidos)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Consejo Nacional de Población (CONAPO) y otros, Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (EMIF Sur), 2013-2019, 2020 [en línea] https://www.colef.mx/emif/.

D. Costo monetario del viaje y probabilidad de endeudarse para realizarlo

La deuda puede servir para financiar la realización de diferentes actividades por parte de países, empresas o personas. Aunque las deudas se establecen entre actores asimétricos (Graeber, 2011; Aglietta, 2018) y, generalmente, el acreedor tiene mucho más poder que el deudor, siempre se lleva a cabo en el marco de un sistema social. Existen países, como el Japón, cuyo nivel de endeudamiento es muy elevado, pero que se encuentran en condiciones de pagar su deuda sin problemas. Por otro lado, hay países menos endeudados que tienen grandes problemas para pagar el servicio de su deuda, como la Argentina. En el caso de los hogares o los individuos, la deuda también se da en un contexto social determinado. En primer lugar, se debe tener en cuenta que, para que un migrante pueda contratar un coyote, es necesario que cuente con un poder de compra que le dé movilidad internacional. Aunque tenga dinero o activos propios, el migrante puede pedir prestado para contratar un tipo de coyote más costoso, con la idea de que su viaje pueda resultar más seguro. Sin embargo, una vez adquirida la deuda, surgen multitud de preguntas sobre el origen de dicha deuda y su devolución: ¿el acreedor fue la familia del país de origen o la que se encuentra en los Estados Unidos?, ¿fue un prestamista de la localidad de origen que no es un familiar o un prestamista de una localidad externa? o ¿se han comprometido los ingresos laborales que el migrante pueda percibir en el futuro, cuando tenga un trabajo en los Estados Unidos? Todo ello apunta a la necesidad de conocer más datos sobre la deuda contraída.

Los resultados de este estudio indican que la población que presenta las probabilidades más elevadas de endeudarse es la que contrata un coyote solo para cruzar a los Estados Unidos y la que lo hace para transitar por México y para cruzar. De 2013 a 2019, la probabilidad promedio de endeudarse para cruzar la frontera de los Estados Unidos fue del 73,1%, y la probabilidad promedio de endeudarse para contratar dos coyotes fue del 78,5% (véase el cuadro 4). De estas cifras se desprende que muchos migrantes no pueden pagar un coyote con sus propios recursos y cubren parte del costo pidiendo dinero prestado. En algunos estudios anteriores sobre el tema, principalmente de Asia Oriental, se señala que las deudas son tanto una causa de la emigración como una fuente de financiamiento para emigrar, aunque la relación entre ambas situaciones puede ser compleja (OIM, 2019). Si bien en el caso de los países del norte de Centroamérica no se conocen los orígenes de los préstamos recibidos (personales o de pequeñas empresas de microcrédito, por ejemplo), la OCDE (2017) plantea que los activos familiares pueden ser una fuente de financiamiento para el viaje a los Estados Unidos y que las remesas futuras pueden funcionar como garantía para el pago de los préstamos (Cen, 2012; Moniruzzaman, 2016)[13].

Cuadro 4

Probabilidad de pedir dinero prestado de los migrantes de los países del norte de Centroamérica que contratan los servicios de un coyote para viajar a los Estados Unidos, por tipo de servicio, 2013-2019

(En porcentajes)

Año

Dos coyotes

(tránsito y cruce)

Solo tránsito por México

Solo cruce

a los Estados Unidos

2013

81,8

66,6

72,8

2014

81,2

58,7

72,2

2015

82,0

63,8

73,7

2016

85,7

57,4

77,1

2017

81,1

81,6

71,6

2018

71,1

43,9

67,9

2019

67,2

31,8

76,5

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Consejo Nacional de Población (CONAPO) y otros, Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (EMIF Sur), 2013-2019, 2020 [en línea] https://www.colef.mx/emif/.

Por países, las probabilidades de endeudarse por utilizar un coyote para cruzar la frontera de los Estados Unidos son del 83% en el caso de El Salvador, del 71,5% en el de Guatemala y del 68,3% en el de Honduras. Mientras que, en el caso de El Salvador, esta probabilidad va en aumento, en el de Guatemala se ha mantenido constante y en el de Honduras tiene una tendencia a disminuir, con algunas fluctuaciones. Finalmente, la probabilidad de endeudarse por usar dos coyotes en el caso de los migrantes de El Salvador es del 85,1%; en el de los de Guatemala, del 78,1%, y en el de los de Honduras, del 74,4%. Los migrantes que contratan a dos coyotes dependen en gran medida de los préstamos para pagarlos (véase el gráfico 3).

Gráfico 3

El Salvador, Guatemala y Honduras: probabilidad de pedir dinero prestado de los migrantes que contratan los servicios de un coyote para viajar a los Estados Unidos, por país y tipo de servicio, 2013-2019

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Consejo Nacional de Población (CONAPO) y otros, Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (EMIF Sur), 2013-2019, 2020 [en línea] https://www.colef.mx/emif/.

Además de su alta probabilidad de endeudarse al contratar un coyote, el monto que los migrantes deben pagar para sufragar los gastos totales del viaje a los Estados Unidos también es elevado (véase el cuadro 5). Dicho monto creció a una tasa promedio anual del 3,6% en caso de contratar un coyote para cruzar la frontera de los Estados Unidos, y a una tasa del 5,9% en caso de contratar dos coyotes.

Cuadro 5

Cantidad total gastada por los migrantes de los países del norte de Centroamérica hasta alcanzar su destino en los Estados Unidos, por tipo de servicio contratado, 2013-2019

(En dólares corrientes de los Estados Unidos)

Año

Dos coyotes

(tránsito y cruce)

Solo tránsito por México

Solo cruce

a los Estados Unidos

2013

3 426

3 289

2 104

2014

3 572

3 728

2 270

2015

4 668

4 339

2 479

2016

4 625

5 993

2 274

2017

4 952

4 420

2 346

2018

4 590

4 647

2 474

2019

4 763

4 319

2 578

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Consejo Nacional de Población (CONAPO) y otros, Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (EMIF Sur), 2013-2019, 2020 [en línea] https://www.colef.mx/emif/.

En el período 2013-2019, la cantidad total de dinero gastado en el viaje por los migrantes de Guatemala que contrataron un coyote para cruzar la frontera de los Estados Unidos aumentó de 1.637 dólares a 2.142 dólares. En el caso de los migrantes de Honduras, esta cifra se incrementó también, de 2.488 a 3.704 dólares, mientras que, en el de los de El Salvador, se mantuvo casi constante, al pasar de 2.768 a 2.594 dólares. Por último, el monto de dinero gastado por los migrantes que utilizan dos coyotes ha ido en aumento, si bien las cantidades invertidas son menores en Guatemala que en Honduras y El Salvador (véase el gráfico 4). Cabe mencionar el hecho de que, según los datos recopilados, los migrantes de Guatemala invirtieron un monto mucho menor en los gastos totales de su viaje que en el pago de los servicios de dos coyotes, pero esta diferencia puede atribuirse a la manera en que están ubicadas las preguntas en el cuestionario de la encuesta.

Gráfico 4

El Salvador, Guatemala y Honduras: cantidad total gastada por los migrantes hasta alcanzar su destino en los Estados Unidos, por país y tipo de servicio contratado, 2013-2019

(En miles de dólares corrientes de los Estados Unidos)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Consejo Nacional de Población (CONAPO) y otros, Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (EMIF Sur), 2013-2019, 2020 [en línea] https://www.colef.mx/emif/.

E. Resultados de 2020

En 2020, no se recopiló información para la EMIF Sur de manera regular, debido a las medidas implementadas para controlar la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19). En la región y en todo el mundo, las políticas sanitarias siguieron pautas similares derivadas de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El único trimestre sobre el que se dispuso de información completa fue el de enero a marzo. En este período, la cantidad total de devoluciones de personas migrantes en los tres países fue de 21.337, de las cuales solo 8.153 habían entrado en 2020; un elevado número había ingresado en 2019 (5.524). Por lo tanto, el 38,2% de las personas migrantes devueltas por las autoridades de los Estados Unidos habían entrado al país ese mismo año. De ese total, el 60,2% había contratado al menos un coyote: el 8,0% lo había hecho solo para transitar por México; el 19,6%, solo para cruzar a los Estados Unidos, y el 32,5% había contratado dos coyotes. En ese trimestre, se incrementó el gasto en la contratación de dos coyotes y en la contratación de un coyote solo para el cruce. Por el contrario, disminuyó en el caso de la contratación de un coyote para transitar por México, si bien se trata de cantidades elevadas en todas las modalidades. Salvo en este último caso, las probabilidades de pedir dinero prestado para el viaje contratando algún tipo de coyote son altas, así como la suma total gastada durante el viaje (véase el cuadro 6).

Cuadro 6

Probabilidad y costo de contratar un coyote, probabilidad de pedir dinero prestado y costo total del viaje de los migrantes de los países del norte de Centroamérica a los Estados Unidos, por tipo de servicio contratado, primer trimestre de 2020

Dos coyotes (tránsito y cruce)

Solo tránsito

por México

Solo cruce a

los Estados Unidos

Por lo menos

un coyote

Número de personas

2 651(143)

656 (35)

1 601(190)

4 908

Probabilidad de contratar

un coyote (En porcentajes)

32,5

8,0

19,6

60,2

Costo de contratar un coyote

(En dólares de los Estados Unidos)

14 819

5 900

2 754

Probabilidad de pedir dinero prestado (en porcentajes)

80,3 (120)

3,5 (3)

72,6 (65)

Costo total del viaje

(En dólares de los Estados Unidos)

4 446

5 000

3 060

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Consejo Nacional de Población (CONAPO) y otros, Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (EMIF Sur), 2020 [en línea] https://www.colef.mx/emif/.

Nota: Se incluye el número de casos del marco muestral entre paréntesis.

Tres hechos permiten afirmar que la pandemia no mermó el uso de coyotes. En primer lugar, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2020 y 2021) indica que, durante la pandemia de COVID-19, no se produjo una reducción perceptible de las actividades de contrabando de personas a nivel mundial, e incluso se generaron condiciones para que algunas redes de contrabandistas aprovecharan las vulnerabilidades de las personas en movilidad. En este sentido, la OIM/BID (2020) e Izcara Palacios (2021) han documentado, a través de entrevistas a migrantes, la presencia de traficantes de migrantes (coyotes) en las migraciones colectivas conocidas como “caravanas”. En segundo lugar, las migraciones que han adquirido carácter colectivo o que se han gestado colectivamente durante 2020 y 2021 pueden analizarse desde la lógica de hacer frente “en grupo” a las vulnerabilidades, los riesgos y los crecientes costos económicos que implica el proceso migratorio. Por último, en relación con la contratación de coyotes, en un estudio sobre el cruce de fronteras de los migrantes (Martínez y otros, 2017), se encontró que el 70% de los migrantes en cinco ciudades fronterizas contratan coyotes para cruzar a los Estados Unidos. Si bien, como muestran las estimaciones realizadas sobre la base de la EMIF Sur, los costos de contratación varían según la nacionalidad de las personas migrantes, el estudio indica que podrían situarse en torno a los 20.000 dólares (Banco Mundial, 2021).

F. Conclusiones

Es un hecho consabido y aceptado que cualquier investigación sobre la migración internacional, sin importar la etapa o componente que se analice, implica una aproximación a distintos aspectos de la vida social, económica, política y cultural en los países de origen y de destino. Menos habitual es comprender la migración como un fenómeno social que abarca, tanto en el origen como en el destino, múltiples procesos y espacios, desde los de la vida cotidiana de las familias y las comunidades hasta los de las relaciones internacionales y las políticas de seguridad mundial y regional. Asimismo, tiene un impacto en la política económica internacional, pues, a través de las remesas familiares, repercute en la balanza de pagos, en la capacidad de los países de endeudarse y hasta en la inflación interna y los niveles de desigualdad social.

En esta sección se presenta un resumen de los principales hallazgos de este artículo, se define el alcance de la información presentada y se ofrece una recomendación para contribuir a que las migraciones se produzcan de forma ordenada, segura y regulada.

Los principales resultados de esta este estudio son los siguientes:

1. La probabilidad de contratación de algún tipo de coyote por parte de las personas migrantes de los países del norte de Centroamérica son elevadas. La mayor parte de ellas utiliza sus servicios tanto para transitar por México como para cruzar a los Estados Unidos, y otra parte considerable lo hace solo para cruzar a los Estados Unidos.

2. Los costos de contratar un coyote son significativos y se han ido incrementado de 2013 a 2020.

3. La población que contrata algún tipo de coyote frecuentemente se endeuda.

4. La cantidad total que gastan los migrantes en el viaje a los Estados Unidos es considerable y presenta una tendencia creciente.

Los resultados obtenidos en este estudio concuerdan con los de otras investigaciones y los complementan. Se presentan estimaciones puntuales, subrayando, al mismo tiempo, que lo más importante son las tendencias. Del análisis realizado, se deriva la propuesta de modificar el cuestionario para preguntar de manera más explícita cuestiones relacionadas con el entramado social y el origen de los préstamos para migrar, y también si la población migrante contrata o no coyotes en modalidad “todo incluido”. La secuencia actual de las preguntas en el cuestionario genera ambigüedades, que pueden dar lugar a diferentes vías de investigación, al tener que recurrir a conjeturas, supuestos y deducciones. En las modalidades de contratación para el cruce y para el tránsito y el cruce, el costo promedio en ocasiones supera el gasto total. Se trata de una incoherencia que podría explicarse por el orden de las preguntas y la dificultad que supone —no solo en el caso de la EMIF Sur, sino también en los de otras encuestas— captar el total de los ingresos y los gastos de sus respectivos objetos de estudio. Se recomienda incluir en la EMIF Sur la pregunta de si el coyote se contrató en modalidad “todo incluido”.

Por último, otro objetivo de esta investigación era realizar una propuesta para contribuir a que la migración se produzca en condiciones de seguridad y orden, así como en un marco que favorezca la regulación de los flujos migratorios tanto en el origen como en el destino. En algunas partes del mundo se ha logrado el empleo regular de los trabajadores migratorios internacionales, siguiendo las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en concordancia con las legislaciones nacionales. En este sentido, en el marco del respeto de los derechos humanos, económicos y sociales de las personas migrantes y del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, podrían implementarse acciones bilaterales o trilaterales para que el proceso migratorio transcurriera de manera segura, ordenada y regulada, a fin de reducir la dependencia de los migrantes de contrabandistas y bandas delictivas, y contribuir, de esta manera, a la formación de mercados laborales internacionales.

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Anexo A1

Cuadro A1.1

El Salvador, Guatemala y Honduras: migrantes devueltos por las autoridades de los Estados Unidos, por año de entrada y país de origen, 2013-2019

(En número de personas)

Año

Población

objetivo

El Salvador

Guatemala

Honduras

Total proporcionado por la Unidad de Política Migratoria-Registro de Identidad de Personas (UPMRIP)

2013

88 856

17 906

42 741

28 209

89 132

2014

100 380

26 102

40 915

33 363

101 271

2015

63 418

19 653

26 907

16 858

63 450

2016

71 290

20 876

29 979

20 435

72 407

2017

49 467

8 749

22 324

18 394

50 710

2018

71 773

11 192

38 693

21 888

72 527

2019

64 140

11 044

30 880

22 216

64 835

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Consejo Nacional de Población (CONAPO) y otros, Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (EMIF Sur), 2013-2019 [en línea] https://www.colef.mx/emif/ y Unidad de Política Migratoria-Registro de Identidad de Personas (UPMRIP), Caracterización de los flujos financieros asociados al tráfico ilícito de personas migrantes provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica, Ciudad de México, 2020.

Cuadro A1.2

Migrantes de los países del norte de Centroamérica devueltos por los Estados Unidos: tamaño de la muestra total y tamaño de la muestra por año de entrada y país de origen, 2013-2019

(En número de personas)

Año

Tamaño de

la muestra

Población objetivo

Total

El Salvador

Guatemala

Honduras

2013

6 972

5 803

1 825

2 974

1 004

2014

6 419

5 704

2 179

2 031

1 494

2015

5 021

4 489

2 111

1 276

1 102

2016

4 473

4 017

1 905

1 352

760

2017

4 371

2 898

1 187

1 077

634

2018

3 968

2 920

1 215

1 239

466

2019

3 580

2 169

724

791

664

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Consejo Nacional de Población (CONAPO) y otros, Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (EMIF Sur), 2013-2019 [en línea] https://www.colef.mx/emif/.

Cuadro A1.3

El Salvador, Guatemala y Honduras: contratación de al menos un coyote por parte de los migrantes a los Estados Unidos, por tipo de servicio, 2013-2019

(En número de casos)

Año

Cruce a los

Estados Unidos

Tránsito por México

Ambos

El Salvador

2013

284

7

918

2014

266

20

1 097

2015

303

113

1 146

2016

309

45

1 095

2017

268

4

660

2018

336

2

685

2019

239

5

343

Guatemala

2013

558

117

1 900

2014

360

88

1 367

2015

299

27

827

2016

366

32

884

2017

293

176

525

2018

307

10

810

2019

196

19

480

Honduras

2013

282

40

299

2014

372

203

461

2015

245

161

409

2016

121

97

323

2017

121

63

336

2018

72

55

95

2019

100

16

93

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Consejo Nacional de Población (CONAPO) y otros, Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (EMIF Sur), 2013-2019 [en línea] https://www.colef.mx/emif/.

Nota: Tránsito: contratación de un coyote solo para transitar por México; Cruce: contratación de un coyote solo para cruzar a los Estados Unidos; Ambos: contratación de un coyote tanto para transitar por México como para cruzar a los Estados Unidos.

[1] Doctor en Economía por la Universidad de Utah y Jefe de Estudios de Flujos Migratorios Internacionales en la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (CONAPO) de México. Correo electrónico: victor.isidro@economics.utah.edu.

[2] Maestro en Estudios de Población por El Colegio de la Frontera Norte y Director de Estudios Socioeconómicos y Migración Internacional en la Secretaría General del CONAPO de México. Correo electrónico: rlopezv@conapo.gob.mx.

[3] La violencia política y militar experimentada en Centroamérica en el último tercio del siglo XX tuvo entre sus consecuencias la emigración a pequeña escala hacia México y el tránsito hacia los Estados Unidos (transmigración) por México desde El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Dicha emigración fue abordada por los Gobiernos de ambos países norteamericanos como un problema compartido, que debía contenerse (véase Minian (2020)).

[4] El término “pollero” surgió con posterioridad al de “coyote” y se asocia más a la ciudad de Tijuana. Tiene su origen en la manera en que se desplazaba la población migrante: como polluelos que corren en fila india detrás de la gallina (Meneses, 2010).

[5] Zazueta (1983) argumenta que los coyotes que utilizaba la población mexicana para cruzar a los Estados Unidos en los años setenta operaban como bandas organizadas.

[6] Al respecto, los hallazgos de investigadores de los Estados Unidos indican que, en el caso de las personas migrantes de los países del norte de Centroamérica, la mayoría de los grupos de contrabandistas están poco organizados, no son jerárquicos y, por lo general, no cuentan con una estructura de mando definible (Greenfield y otros, 2019, pág. 10).

[7] Una vez estimado el gasto total del viaje, se sabe qué parte de esa suma se pidió prestada, pero, desafortunadamente, no existe una pregunta en el cuestionario sobre el monto del préstamo o la proporción que este representa de la cantidad total gastada, por lo que no es posible conocer la cantidad exacta. La relación entre el pago de los servicios del coyote y el préstamo de dinero es importante, porque pueden existir relaciones asimétricas entre el acreedor y el deudor.

[8] Las estimaciones de la UPMRIP de la población objetivo difieren de las del presente trabajo, ya que en que la UPMRIP se filtran las bases de datos por la siguiente pregunta del cuestionario: “Aproximadamente, ¿en qué año fue la primera vez que cruzó a Estados Unidos desde México?”.

[9] Llamamos probabilidad al cociente entre los eventos de contratación de algún tipo de coyote y los eventos de devoluciones por su año de cruce a los Estados Unidos.

[10] En la mayor parte de los casos que se sitúan en la intersección entre las categorías de migrantes que utilizan un coyote para transitar por México y de migrantes que lo contratan para cruzar a los Estados Unidos (la zona en gris más oscuro en el diagrama 1), se declara haber pagado exactamente la misma cantidad tanto en el tránsito como en el cruce. Por ejemplo, en 2013, el 84,0% de esta población dijo pagar la misma cantidad; en 2014, esta cifra fue del 74,4%; en 2015, del 73,0%; en 2016, del 75,8%; en 2017, del 79,4%; en 2018, del 87,1%, y en 2019, del 91,3%.

[11] Para avanzar más en el análisis de los datos recogidos sobre la contratación de coyotes, sería indispensable estudiar las transacciones concretas que realizan con ellos las personas migrantes desde su comunidad, en las zonas de cruce con México e incluso en los albergues y refugios ubicados a lo largo del territorio mexicano (Donelly y Hagan, 2014; Guevara-González, 2018).

[12] Los resultados obtenidos en la UPMRIP (2020), excluidos los servicios de solo tránsito por México, son del 72,0% en 2013, el 68,8% en 2014, el 74,2% en 2015, el 77,2% en 2016, el 75,8% en 2017, el 72,9% en 2018 y el 66,2% en 2019.

[13] Aunque no se exploran aquí las condiciones de vulnerabilidad que pueden aparecer al endeudarse para migrar, conviene tener presente la presión que existe para realizar actividades laborales, incluso durante el tránsito, que acrecientan esa vulnerabilidad.

Artículo 10

Medición de la compresión y expansión de la morbilidad en la Argentina: análisis de indicadores alternativos

Octavio Bramajo[1]

Malena Monteverde[2]

Laura D. Acosta[3]

Recibido: 30/03/2023

Aceptado: 10/05/2023

Resumen

Este trabajo tiene por objeto ampliar los indicadores estadísticos utilizados para medir los procesos de compresión y expansión de la morbilidad estimados a partir de diferentes medidas de salud (enfermedades crónicas y discapacidades). Dado que las teorías sobre la evolución de la morbilidad suelen basarse en indicadores que giran en torno a la media, consideramos la posibilidad de expandir este marco empleando medidas de tendencia central y dispersión de los indicadores de salud, utilizando datos de la Argentina. Los valores de estos indicadores no siempre se verificaron en simultáneo al analizar la dinámica esperada de la morbilidad de una población. En este sentido, la principal conclusión del trabajo es la necesidad de abordar los análisis de las trayectorias de salud y morbilidad de las poblaciones sobre la base de un amplio conjunto de indicadores estadísticos que visibilicen una mayor complejidad del fenómeno y no conduzcan a conclusiones posiblemente incompletas.

Palabras clave: morbilidad, medición, dinámica de la población, salud, envejecimiento de la población, indicadores de salud, metodología estadística, estudios de casos, Argentina.

Abstract

This work aims to expand the statistical indicators used to measure the processes of compression and expansion of morbidity estimated from different health measures (chronic diseases and disabilities). Given that theories on the evolution of morbidity are usually based on indicators that revolve around the mean, the possibility of expanding this framework by employing measures of central tendency and dispersion of health indicators, using data from Argentina, was considered. The values of these indicators were not always verified simultaneously when analysing the expected morbidity trends of a population. The main conclusion of the work is the need to approach the analysis of the health and morbidity trajectories of populations on the basis of a broad set of statistical indicators that make more complex phenomena visible and do not lead to possibly incomplete conclusions.

Keywords: morbidity, measurement, population dynamics, health, demographic ageing, health indicators, statistical methodology, case studies, Argentina.

Résumé

Le but de ce travail est de développer les indicateurs statistiques utilisés pour mesurer les processus de compression et d’expansion de la morbidité estimée à partir de différentes mesures de la santé (maladies chroniques et handicaps). Étant donné que les théories sur l’évolution de la morbidité sont souvent basées sur des indicateurs gravitant autour de la moyenne, nous envisageons d’élargir ce cadre en utilisant des mesures de la tendance centrale et de la dispersion des indicateurs de santé, sur la base de données provenant d’Argentine. Les valeurs de ces indicateurs n’ont pas toujours été vérifiées simultanément au moment d’analyser la dynamique de morbidité attendue d’une population. En ce sens, la principale conclusion de ce travail est qu’il est nécessaire d’aborder l’analyse des trajectoires de santé et de morbidité des populations sur la base d’un vaste ensemble d’indicateurs statistiques qui rendent compte de la complexité du phénomène et ne conduisent pas à des conclusions qui pourraient s’avérer incomplètes.

Mots clés : morbidité, mesure, dynamique de la population, santé, vieillissement démographique, indicateurs de santé, méthodologie statistique, études de cas, Argentine.

Introducción

Existen grandes cantidades de datos que documentan el envejecimiento poblacional que está transitando la Argentina y la rapidez del proceso, tanto en el país como en América Latina (Monteverde y otros, 2016; Palloni, Pinto y Peláez, 2002; Chackiel, 1999). Sin embargo, no hay evidencia clara sobre las trayectorias de morbilidad que acompañan este proceso.

En relación con las trayectorias de morbilidad, se han planteado diversas hipótesis. Hace 40 años, Fries (1980) postuló la teoría de la compresión de la morbilidad, que indica que la disminución de la mortalidad prematura sería consecuencia del retraso de la aparición de enfermedades, es decir, que estas se producirían al final de la vida. Dos supuestos subyacen a la hipótesis de compresión de la morbilidad (Fries, 2001): el primero es que la esperanza de vida tiene un límite biológico máximo y el segundo, y más importante, es que la primera discapacidad o enfermedad crónica puede posponerse mucho, lo que implica una mayor proporción de tiempo vivido en buena salud.

En contraposición, la hipótesis de la expansión de la morbilidad elaborada por Gruenberg (1977) indica que el aumento de la esperanza de vida se produciría junto con una mayor prevalencia de discapacidades y enfermedades crónicas, por lo que no habría una reducción de la incidencia de las discapacidades o enfermedades ni un retraso en su aparición, sino que lo que disminuye es la letalidad, como consecuencia de las mejoras en la detección precoz y el tratamiento eficaz de las enfermedades.

Por su parte, Manton (1982) postuló una hipótesis intermedia entre las teorías de la compresión y la expansión de la morbilidad, denominada “equilibrio dinámico”. Esta hipótesis considera que los cambios de las enfermedades crónicas seguirían el ritmo de los cambios en la mortalidad, de manera que la progresión de la enfermedad se detendría en las primeras etapas, lo que resultaría en una mayor prevalencia de enfermedades, pero con un menor impacto en la discapacidad y la muerte prematura.

En un contexto de envejecimiento poblacional, es de suma importancia analizar estos procesos, ya que cada uno posee diferentes implicancias para las políticas de salud pública y de cuidados: en un escenario de expansión de la morbilidad, se necesitarán más recursos de salud y de cuidados para atender a la población, y lo contrario ocurrirá si se verifica un proceso de compresión de la morbilidad.

Diversos estudios han analizado las trayectorias de morbilidad, con miras a establecer si existe un proceso de expansión o compresión de la morbilidad. En todos ellos se han utilizado diferentes aproximaciones sobre la definición de morbilidad o discapacidad, y se han empleado diversas metodologías.

A. Antecedentes

Crimmins y Beltrán Sánchez (2011) analizaron las tendencias de mortalidad, morbilidad y discapacidad en los Estados Unidos, a fin de establecer si existe un proceso de compresión de la morbilidad. Para ello, se analizó la evolución (entre 1998 y 2008) de tres tipos de indicadores: i) prevalencias específicas por edad de enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y discapacidades; ii) esperanzas de vida y esperanzas de vida con y sin dichas afecciones, y iii) curvas de supervivencia total y curvas de supervivencia sin las afecciones. Los autores concluyen que los hallazgos empíricos no sustentan la teoría de la compresión de la morbilidad, ya que la esperanza de vida con enfermedad y discapacidad se ha incrementado entre 1998 y 2008.

En un trabajo centrado en las poblaciones de la Unión Europea, Robine y Cambois (2013) analizan la esperanza de vida saludable según salud autopercibida, morbilidad crónica y discapacidades de la vida diaria. Los resultados indican que mientras la esperanza de vida se ha incrementado en los países de la Unión Europea entre 2005 y 2010, los años con mala salud percibida se han reducido (0,5 años entre los hombres y 1,1 años entre las mujeres), a pesar de que los años con morbilidad crónica han aumentado (1,6 años para los hombres y 1,3 años para las mujeres), al tiempo que los años vividos sin discapacidades se mantuvieron sin cambios. Los autores indican que esta paradoja puede explicarse por una mejor detección precoz y un mejor tratamiento de las enfermedades, lo que conduce, a su vez, a una menor discapacidad y a una mejor salud percibida.

Otros estudios (van Oyen y otros, 2018; Nusselder y otros, 2005; Yokota y otros, 2019; Solé-Aurö y Alcañiz, 2015) han observado que las mujeres, pese a su mayor longevidad, presentan una mayor cantidad de tiempo vivido con buena salud, pero también un mayor tiempo vivido con enfermedades crónicas, y que ambas situaciones ocurren a un ritmo similar.

En un estudio realizado recientemente en España, Zueras y Rentería (2020) analizan los cambios en la esperanza de vida con y sin enfermedad entre 2006, 2012 y 2017. Los resultados a nivel nacional muestran una expansión en la mayoría de las enfermedades, a excepción de algunos trastornos cardiovasculares y enfermedades respiratorias crónicas. Sin embargo, la evaluación a nivel regional fue diferente en algunas enfermedades y según sexo.

Recientemente, Bergeron-Boucher y otros (2022) utilizaron dos modelos (Sullivan, 1971, y tabla de vida multiestado) para estimar y predecir la esperanza de vida saludable en España y Suecia. Con ambos métodos se obtuvieron estimaciones similares de esperanza de vida en salud, estimando y prediciendo un proceso de compresión de la morbilidad en Suecia y un proceso de equilibrio dinámico en España.

Existen escasos datos en relación con el análisis de las trayectorias de morbilidad en los países de América Latina, en patologías tanto físicas (Camargos y Gonzaga, 2015; Szwarcwald y otros, 2017) como mentales (Andrade y otros, 2016; Alves y Pereira, 2018; Bramajo, 2022).

En la Argentina, se ha observado un proceso precoz de disminución de la mortalidad desde la primera mitad del siglo XX (Guzmán y otros, 2006). Sin embargo, esta disminución de la mortalidad no ha sido homogénea en todo el país, sino que existen algunas provincias más rezagadas (Grushka, 2014; González, 2019). Acosta (2021) ha observado una tendencia a la convergencia en el proceso de compresión de la mortalidad entre las diversas regiones del país, aunque en algunas regiones, particularmente en la región noreste, persisten diferencias. En lo que se refiere a las trayectorias de morbilidad, Acosta, Monteverde y Bramajo (2022) han analizado la estimación de la esperanza de vida saludable (EVS) y la esperanza de vida con mala salud (EVMS) en la Argentina, con diversos indicadores (discapacidades de la vida diaria, enfermedades crónicas y autopercepción de salud) para el período 2005-2018. Para ello, se utilizó el método de Sullivan (1971). Al observar la variación en el tiempo de la proporción de EVMS (respecto de la esperanza de vida), los resultados no fueron concluyentes para explicar si existe un proceso de expansión o compresión de la morbilidad, dadas las distintas definiciones del concepto. Por una parte, la evolución de la proporción de la EVMS con enfermedades crónicas (ambos sexos) y de la autopercepción de salud negativa en hombres estaría evidenciando un proceso de expansión de la morbilidad, y, por la otra, la trayectoria de la proporción de la EVMS con discapacidad (ambos sexos) y con autopercepción de salud negativa en mujeres indicaría un proceso de compresión de la morbilidad.

Sin embargo, todos los estudios previamente mencionados se centran en torno a un valor promedio, es decir, en torno a la eficiencia del tiempo vivido con buena salud. Si bien la media tiene propiedades matemáticas deseables para establecer el tiempo vivido con buena salud, deja de lado la variabilidad del tiempo vivido (equidad) y tampoco da cuenta del tiempo en que un determinado porcentaje de la población vive con buena salud. Por ejemplo, a la hora de estudiar la mortalidad, se han propuesto diversos indicadores para analizar la desigualdad del tiempo vivido, dada la heterogeneidad de las poblaciones (los procesos de compresión de la mortalidad, así como la edad modal a la muerte y la edad mediana a la muerte) (Kannisto, 2000 y 2001; Canudas-Romo, 2010), o indicadores de variabilidad del tiempo vivido (Aburto y otros, 2020; Edwards y Tuljapurkar, 2005; Vaupel, Zhang y van Raalte, 2011; van Raalte, Sasson y Martikainen, 2018, entre otros). Así como se han elaborado indicadores complementarios a la esperanza de vida para analizar el proceso de mortalidad, creemos oportuno el diseño de indicadores alternativos, como los propuestos por Permanyer, Spijker y Blanes (2022), que han abierto el campo para analizar la desigualdad del tiempo vivido de forma saludable. Sin embargo, hasta el momento no se ha explorado cómo otros indicadores de medidas de tendencia central (como la moda o la mediana) pueden complementar el estudio de la transición a la enfermedad en una población, algo que creemos posible a partir de la expansión de su metodología.

Gran parte de los estudios empíricos que buscan analizar las trayectorias de morbilidad examinan la evolución de las esperanzas de vida con y sin afecciones o enfermedades (esperanza de vida con mala salud (EVMS) y esperanza de vida saludable (EVS), de acuerdo con nuestra nomenclatura, respectivamente).

Sin embargo, los postulados básicos de la teoría de la compresión de la morbilidad de Fries (1980) implican aspectos adicionales a las duraciones promedio de los estados de salud o enfermedad.

Específicamente, de acuerdo con López-Moreno, Corcho-Berdugo y López-Cervantes (1998), los principales postulados de esta teoría se pueden resumir en tres:

1. el aumento en el tiempo de vida saludable,

2. la rectangularización de las curvas de supervivencia y

3. la posposición de la edad de inicio de las enfermedades crónicas y, con ello, la concentración de estas enfermedades al final de la vida.

En este sentido, es importante comprender que la rectangularización de las curvas de supervivencia puede producirse en un contexto de aumento de la EVS, pero también en un contexto de aumento de la EVMS, es decir, sin que se observe una reducción en las duraciones de los períodos de enfermedad (expansión de la morbilidad).

Por su parte, la concentración del período de las enfermedades (reducción de su duración), así como la reducción de la dispersión de las edades donde ocurren los cambios, no necesariamente implica que los cambios, en promedio, ocurran a edades cada vez más avanzadas.

Dado lo expuesto, el objetivo de este trabajo es analizar los procesos de compresión y expansión de la morbilidad a partir de la utilización de diferentes medidas de salud e indicadores estadísticos y, para ello, se estiman, además de las duraciones de la EVS y la EVMS, estadísticos que dan cuenta de la edad central y la dispersión de las afecciones.

B. Metodología

1. Indicadores alternativos para estudiar la buena (y mala) salud

a) La duración de la vida saludable (postulado a)

La esperanza de vida saludable (EVS) ha sido, por su sencillez interpretativa y su fácil elaboración, uno de los indicadores clásicos para estimar, en una medida, el resumen de la duración promedio de la buena o mala salud en la población a lo largo del tiempo. La EVS con datos transversales se puede estimar a partir de una tabla de vida y un conjunto de prevalencias por edad, en virtud de algunos supuestos (Jagger, Cox y Le Roy, 2006; Sullivan, 1971).

En este trabajo, calcularemos la EVS utilizando el método de Sullivan[4] (Sullivan, 1971) y la proporción de esperanza de vida saludable sobre el total de esperanza de vida (%EVS/EV), este último como indicador complementario que dé cuenta de si las ganancias de vida son en mayor proporción en buena salud o no, ya que la EVS puede aumentar debido a un incremento de la longevidad general, lo que no necesariamente implica una menor proporción de tiempo vivido con buena salud (Acosta, Monteverde y Bramajo, 2022; Di Lego, Di Giulio y Luy, 2020).

b) La dispersión de la curva de morbilidad (postulado b)

La rectangularización de la curva de supervivencia está relacionada con una menor dispersión en la distribución de los sobrevivientes en una tabla de vida, sugiriendo que las muertes tienden a concentrarse en las edades más avanzadas a medida que las sociedades envejecen. De forma análoga, la morbilidad busca observar la rectangularización de la curva de supervivencia en buen estado de salud. Resulta muy apropiado para este estudio el método innovador propuesto por Permanyer, Spijker y Blanes (2022), que buscan estudiar la desigualdad en el tiempo vivido de forma saludable. Es decir, es un enfoque que presta atención a la variabilidad del fenómeno (una medida de dispersión) como complemento (y no reemplazo) del indicador de esperanza de vida saludable.

El método parte de una tabla de mortalidad y de la función correspondiente a la curva de mortalidad (lx) o función de sobrevivencia, sobre la cual los autores han elaborado una derivación que denominaron “curva de morbilidad” (l’x) o “función de sobrevivencia saludable”, que es esencialmente el producto de la curva de mortalidad por 1 menos la prevalencia de una enfermedad correspondiente (1-πx). Recomendamos ver una demostración matemática completa en el artículo de Permanyer, Spijker y Blanes (2022).

l’x = lx * (1- πx) (1)

Los autores han utilizado esta curva de morbilidad para calcular funciones de disparidad en el tiempo vivido, absolutas y relativas, como el coeficiente de Gini, que muestra cuán desigual es la distribución de la curva de morbilidad, a fin de determinar la dispersión de la enfermedad. Para construir esta curva, es necesario que, al igual que la función de sobrevivencia (lx), la función de sobrevivencia saludable (l’x) sea decreciente a lo largo del tiempo. Pero, dado que l’x es el producto de lx y la prevalencia (πx), es posible que una menor prevalencia pueda provocar un incremento en la función de sobrevivencia saludable. Para evitar esto se han suavizado e interpolado los datos de prevalencia por grupos quinquenales de edad utilizando una función de splines unidimensionales (Camarda, 2012). Esta función realiza suavizamientos sobre la base de una distribución de Poisson, que es ascendente a lo largo del tiempo (sobre la base de las mínimas distancias observadas) y se encuentra integrada en el paquete MortalitySmooth del software R. Como contraparte de este suavizamiento e interpolación, no se presentan intervalos de confianza para los indicadores y los datos pueden no ser un reflejo fiel de la realidad observada (aunque a priori no hay razones para pensar que la población tienda a presentar un mejor estado de salud a mayor edad, excepto quizás en edades muy extremas, ni que la curva ajustada sea muy distinta al promedio de las observaciones).

Como medida simple para analizar la dispersión de la salud a partir de la curva de morbilidad de Permanyer, Spijker y Blanes (2022), se calcula el rango intercuartílico (IQR), es decir, la diferencia de las edades comprendidas entre el percentil 75 (Q3) y el percentil 25 (Q1) de la distribución de sobrevivientes saludables en una tabla de vida. Se trata de un indicador absoluto de la variabilidad del tiempo vivido. Optamos por esta medida por su sencillez y debido a que su valor no depende de otras funciones de la tabla de vida para el cálculo (como puede ser el caso del coeficiente de Gini o el coeficiente de entropía de Keyfitz, que se elaboran sobre la base de la esperanza de vida). Las ecuaciones 2 a 4 presentan el método de cálculo del rango intercuartílico.

l’x (Q3,t) = 0.75 (2)

l’x (Q1,t) = 0.25 (3)

IQR = Q3-Q1 (4)

Sin embargo, creemos que también es posible derivar otras funciones de la tabla de mortalidad a partir de esta curva de morbilidad. Por ejemplo, la diferencia de sobrevivientes saludables (l’x) representaría la cantidad de personas que transitan a la enfermedad (d’x), tal como lo expresa la ecuación 5.

d’x = l’x – l’x+n (5)

A partir de esto, hemos optado por incorporar un indicador resumen adicional de la desigualdad del tiempo vivido con buena salud, que sería el desvío estándar a la edad media de la enfermedad (DEM’), para disponer de un indicador de variabilidad resumen que dependa de una medida de tendencia central, como es habitual en estos análisis (Edwards, 2013; Permanyer, Spijker y Blanes, 2022; Vigezzi y otros, 2022, entre otros), como lo expresa la ecuación 6.

(6)

Donde:

x denota la edad (para estos cálculos se usa la marca de clase del intervalo de cada edad),

e'x es la edad de la esperanza de vida saludable (EVS) a la edad x y t es el período (2005, 2009, 2013, 2018).

c) Medidas centrales del cambio de estado de salud (postulado c)

Otro aspecto central del concepto de compresión de la morbilidad está asociado con el retraso en la aparición de enfermedades hacia edades más avanzadas. Es decir, el fenómeno no se trata solamente de un aumento de la duración del tiempo de vida promedio con buena salud y de la reducción en la dispersión de los años en los que se pasa del estado saludable al no saludable, sino también del aumento de las edades centrales (promedio) en las que ocurre el cambio.

Canudas-Romo (2010) ha destacado la importancia de otros indicadores alternativos para estudiar el proceso de envejecimiento sobre la base de medidas de tendencia central. Además de las conocidas esperanzas de vida (la edad media a la muerte) y esperanzas de vida saludable (la edad media hasta que se goza de buena salud), el autor ha mencionado la importancia de indicadores como la edad modal a la muerte y la edad mediana a la muerte: la edad en que se observa una mayor cantidad de defunciones (equivalente a una mayor caída en la curva de supervivencia) y la edad en que la distribución de sobrevivientes queda dividida en partes iguales, respectivamente. De manera análoga, en un espíritu similar, consideramos que la edad modal a la enfermedad representaría la edad en la que una mayor cantidad de personas pasan de un estado saludable a un estado no saludable (es decir, donde está la mayor caída en la curva de morbilidad), y que la edad mediana a la enfermedad representaría la edad en la que la curva de morbilidad queda dividida en dos partes iguales. Las ecuaciones 7 y 8 expresan estas nociones.

(7)

(8)

donde

M' es la edad modal a la enfermedad o mala salud (en donde se observa la mayor cantidad de d'x o, análogamente, la mayor diferencia entre l'x y l'x) y MD la edad mediana a la enfermedad (es decir, la edad en donde se observa el percentil 50 de l'x).

La esperanza de vida y la esperanza de vida saludable se computaron a partir de grupos quinquenales de edad. Sin embargo, indicadores como la edad mediana o el rango intercuartílico suelen demandar una granularidad mayor, a fin de contar con indicadores a la edad exacta. Para el cálculo más preciso de estos indicadores, se ha realizado una interpolación con splines monotónicos cúbicos sobre los datos suavizados (Fritsch y Carlson, 1980). Este método permite obtener valores exactos para los indicadores solicitados que dependen de la distribución de la curva de morbilidad (en este caso, la edad mediana y el rango intercuartílico).

2. Fuentes de datos

En este trabajo, se calculan las EVMS y EVS vividas con y sin enfermedades crónicas y discapacidades en la vida diaria. Las prevalencias de discapacidades en las actividades de la vida diaria y de enfermedades crónicas (obesidad, hipertensión arterial y diabetes mellitus) se obtienen de las Encuestas Nacionales de Factores de Riesgo (ENFR), correspondientes a 2005, 2009, 2013 y 2018. Todas son encuestas de alcance nacional y de carácter representativo de la situación general de la población. El tamaño de las muestras entre las ondas de 2005 y 2018 fue de 41.392, 34.732, 32.365 y 29.224 casos, respectivamente. Se determinaron las prevalencias por sexo y grupo de edad quinquenal a partir de los 20 años y con 85 años y más como grupo de edad final.

La discapacidad en las actividades de la vida diaria se indagó en la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo mediante la siguiente pregunta: “En relación a las actividades cotidianas, en el día de hoy…

- …no tiene problemas para realizar las actividades cotidianas

- …tiene algunos problemas para realizar sus actividades cotidianas

- …es incapaz de realizar sus actividades cotidianas”.

Sobre la base de este indicador se construyó una variable dicotómica, que incluyó las categorías “sin discapacidad en las actividades de la vida diaria” (quienes indicaron “no tiene problemas para realizar las actividades cotidianas”) y “con discapacidad en las actividades de la vida diaria” (quienes indicaron “tiene algunos problemas para realizar sus actividades cotidianas” o “es incapaz de realizar sus actividades cotidianas”).

En el caso de las enfermedades crónicas, se construyó una variable dicotómica que incluyó las categorías “con enfermedad crónica”, si la persona presentó obesidad, definida como un índice de masa corporal (IMC) igual o mayor a 30 kg/m^2 (obtenido del autorreporte de peso y talla), o informó presentar hipertensión arterial o diabetes mellitus tipo 2.

Para el cálculo de tablas de mortalidad, se han obtenido datos de defunciones por sexo y grupos quinquenales de edad para los mismos años, a partir de las estadísticas vitales compiladas por la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS). Asimismo, se han utilizado las proyecciones de población disponibles en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), insumo también necesario para construir los indicadores estimados en este texto. Se tomaron las proyecciones poblacionales para el año de cada Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (2005, 2009, 2013 y 2018) y para las defunciones se tomaron los promedios trianuales, centralizados en el año de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. De esta forma, quedaron los trienios 2004-2006, 2008-2010, 2012-2014 y 2017-2019.

C. Resultados

El gráfico 1 muestra las prevalencias crudas (observadas) obtenidas a partir de los datos de las distintas Encuestas Nacionales de Factores de Riesgo y el suavizamiento realizado con la técnica de splines. Visualmente se aprecia que, en la prevalencia de discapacidades, las distribuciones de los datos observados y los datos ajustados son bastante similares, tanto para hombres como para mujeres, en los cuatro períodos analizados. Con respecto a las enfermedades crónicas, se aprecia que el ajuste no es tan bueno como para las discapacidades, sobre todo en las edades finales, en donde, en algunas ocasiones, en los datos observados, la prevalencia, en lugar de continuar creciendo, parecería disminuir o estancarse (muy probablemente por la escasa cantidad de casos en las edades superiores). Sin embargo, consideramos que el ajuste propuesto constituye un supuesto razonable para el análisis de dichas afecciones, dado que se trata de un ajuste en virtud de distancias mínimas.

El gráfico 2 muestra la cantidad de sobrevivientes con buena salud (sin discapacidades y sin enfermedades crónicas) para los períodos 2005-2018, es decir, la curva de morbilidad (l’x) y además los sobrevivientes totales (lx) para 2005 y 2018 (al inicio y al final del período). En la parte superior de los gráficos 2A y 2B se presentan los valores de las curvas de morbilidad por sexo para las personas con discapacidad y en la parte inferior se muestran las curvas por sexo para quienes reportan enfermedades crónicas.

Gráfico 1

Argentina: prevalencias crudas y suavizadas de personas con discapacidad y enfermedades crónicas, 2005, 2009, 2013 y 2018

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) de 2005, 2009, 2013 y 2018, estadísticas vitales 2004-2006; 2008-2010; 2012-2014; 2017-2019 y proyecciones de población elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), para los años 2005, 2009, 2013 y 2018.

Gráfico 2

Argentina: curva de morbilidad de personas que reportan discapacidades y enfermedades crónicas, según sexo, 2005-2018

(Base=100.000 personas)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) de 2005, 2009, 2013 y 2018, estadísticas vitales de 2004-2006; 2008-2010; 2012-2014; 2017-2019 y proyecciones de población elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), para los años 2005, 2009, 2013 y 2018.

En lo que respecta a las curvas de morbilidad de personas que reportan discapacidad, en las edades iniciales casi hay una superposición en el tiempo, con muy poca variación durante el período analizado, tanto para hombres como para mujeres. Sin embargo, a medida que la población envejece, se observa que para los hombres y las mujeres parece haber una mayor cantidad de sobrevivientes con buena salud en los períodos más recientes y las curvas comienzan a diferenciarse.

En lo que respecta a la parte inferior de los gráficos 2A y 2B, enfocada en la curva de morbilidad de las enfermedades crónicas, se observa para los hombres que la mayor cantidad de sobrevivientes saludables en edades jóvenes se encuentra en 2005, mientras que la menor cantidad parecería encontrarse en 2018, con una convergencia en las edades superiores. Para las mujeres también se aprecia una mayor cantidad de sobrevivientes saludables en 2005, pero la diferencia es más marcada en las edades superiores, mientras que la diferencia no parecería ser tan evidente en las edades más jóvenes, con las distintas curvas de morbilidad cruzándose a lo largo de la vida.

En el cuadro 1 se presentan los valores de los siguientes indicadores seleccionados durante el período 2005-2018, tanto para las personas que reportan discapacidad como para las que reportan enfermedades crónicas: EVS (esperanza de vida saludable), %EVS/EV (relación entre esperanza de vida saludable y esperanza de vida), M’ (edad modal a la enfermedad), MD (edad mediana a la enfermedad), IQR (rango intercuartílico) y DEM' (desvío estándar). Los resultados en la mitad izquierda del cuadro representan los indicadores para las personas que reportan discapacidad, mientras que los del lado derecho representan los indicadores para quienes tienen enfermedades crónicas. La mitad superior corresponde a los hombres y la mitad inferior a las mujeres.

Cuadro 1

Argentina: estimaciones de esperanza de vida saludable (EVS), relación entre esperanza de vida saludable y esperanza de vida (%EVS/EV), edad modal a la enfermedad (M’), edad mediana a la enfermedad (MD), rango intercuartílico (IQR) y desvío estándar (DEM’), según sexo y tipo de afección, 2005-2018

(En años)

Sexo

Año

EV20

Discapacidad

EVS

%EVS/EV

(En porcentajes)

M’

MD

IQR

DEM’

Hombres

2005

53,4

49,40

92,51

+85

72,6

20,10

14,09

2009

53,7

49,94

92,93

+85

73,2

20,13

14,26

2013

54,1

50,27

92,89

+85

73,5

19,91

14,34

2018

54,7

50,81

92,77

+85

73,9

21,78

14,38

Mujeres

2005

60,0

51,84

86,36

+85

75,3

20,52

14,24

2009

60,2

52,79

87,69

+85

76,5

20,45

14,40

2013

60,5

53,33

88,18

+85

77,1

20,15

14,46

2018

60,9

53,75

88,29

+85

77,6

19,63

14,62

Sexo

Año

EV20

Enfermedades crónicas

EVS

%EVS/EV

(En porcentajes)

M’

MD

IQR

DEM’

Hombres

2005

53,4

29,93

56,05

67

60,68

26,77

10,99

2009

53,7

28,64

53,29

68

61,45

27,95

10,59

2013

54,1

27,96

51,66

68

61,19

28,34

10,41

2018

54,7

26,41

48,22

68

61,01

28,73

9,84

Mujeres

2005

60,0

31,13

51,86

+85

66,67

30,88

11,23

2009

60,2

30,04

49,90

72

62,45

29,31

11,06

2013

60,5

29,93

49,49

74

63,36

29,92

11,01

2018

60,9

29,22

48,00

73

63,18

30,16

10,78

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) de 2005, 2009, 2013 y 2018, estadísticas vitales de 2004-2006; 2008-2010; 2012-2014; 2017-2019 y proyecciones de población elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), para los años 2005, 2009, 2013 y 2018.

Se observa que, en los hombres, la EVS (sin discapacidades) aumentó lenta pero progresivamente en el período 2005-2018, al pasar de 49,4 a 50,81 años y que se reflejan aumentos leves en la proporción del tiempo vivido en buena salud. La M' (edad modal a la enfermedad, en términos de marca de clase) se estimó después del final de la edad de truncamiento del cuadro (es decir, después del último intervalo de edad). Esto se debe a la baja prevalencia de discapacidades reportadas en la población. Al igual que la EVS, se observa cómo se ha incrementado progresivamente la MD, que pasó de 72,6 a casi 74 años. Con respecto al indicador de variabilidad, el IQR, se aprecia cómo entre el período 2005-2013 se mantuvo alrededor de los 20 años, solo para aumentar a 21,78 años en 2018, lo que sugiere una mayor variabilidad en la discapacidad. Este es un comportamiento análogo al que se observa con la DEM' (que refleja la desviación promedio de todas las edades, no solo entre algunos puntos). En lo que respecta a las mujeres y los indicadores referidos a discapacidades, también se observa un incremento progresivo de la EVS, con casi dos años de ganancia en el período 2005-2018 y un aumento en la proporción del tiempo vivido sin discapacidades del 86,36% al 88,29%. Lo mismo ocurrió con la MD, que aumentó 2,3 años. La edad modal se mantuvo también en edades avanzadas como en los hombres (pasando el último rango de edad). Por su parte, mientras que la IQR muestra reducciones en todo el período, la DEM' se incrementa levemente (lo que sugiere que quizás en las edades extremas de la distribución hay más variaciones).

En lo que respecta a las enfermedades crónicas, en los hombres se observa un retroceso notorio en la EVS y en la %EVS/EV, con una caída de 3,5 años en la EVS y de casi un 8% en términos proporcionales con respecto a la EV. Por su parte, se aprecia como tanto la M' como la MD han aumentado ligeramente (aunque cabe destacar el tenue retroceso de la edad mediana en el período 2009-2013). También hay que señalar que es el primer escenario en que la edad modal se identifica previo a la edad del cierre de la tabla de vida (por lo que puede inferirse un mayor incremento de enfermedades en dicho grupo etario). En el período analizado, el IQR ha aumentado casi dos años, pero la DEM' ha presentado reducciones de un año, lo que sugiere que la desigualdad se ha reducido en las colas, pero ha aumentado en la mitad de la distribución. Para las mujeres, la caída de la EVS también ha sido sensible (aunque menor que para los hombres), y supuso un retroceso de 1,9 años y una pérdida porcentual de casi un 4% de tiempo vivido con buena salud. La M' y la MD han presentado descensos. Cabe destacar, sin embargo, dos situaciones: una recuperación de la edad mediana entre 2009 y 2013, en contraposición a una caída en la media, y un retroceso de más de 10 años en la edad modal, que de 2009 en adelante parece estar fijada entre los 72 años y los 74 años. La dispersión, en términos de la DEM’ y el IQR, da cuenta de una caída y una ligera remontada posterior, lo que sugiere una menor heterogeneidad entre 2005 y 2018.

D. Conclusiones

El presente estudio permite profundizar en el análisis de las trayectorias de morbilidad recientes para la Argentina (para el período 2005-2018) sobre la base de la mejor información disponible en la actualidad.

Los aportes de este trabajo resultan especialmente relevantes en dos sentidos:

1. Constituye el primer estudio que aporta evidencia empírica sobre las trayectorias de morbilidad para la Argentina, basado en un conjunto amplio de indicadores estadísticos que dan cuenta de la duración, la dispersión y el promedio de las edades al inicio de las enfermedades sobre la base de dos dimensiones de salud: la presencia o ausencia de enfermedades crónicas y de la condición de discapacidad.

2. Los indicadores estimados permiten contrastar los postulados específicos de la teoría de la compresión de la morbilidad, aportando datos a la discusión sobre el tema que se viene dando a nivel internacional, respecto de la cual aún no existe evidencia definitiva y hay muy pocos aportes para países de América Latina.

La discusión teórica sobre los procesos de compresión y expansión de la morbilidad, aunque parece plantear escenarios que difícilmente se encuentren en forma pura en la realidad de las poblaciones, aporta elementos de análisis muy relevantes en sus postulados, que pueden contrastarse empíricamente.

En concreto, este trabajo evalúa empíricamente los tres postulados de la teoría de la compresión de la morbilidad:

1. La rectangularización de las curvas de supervivencia,

2. la posposición de la edad de inicio de las enfermedades crónicas y, con ello, la concentración de estas enfermedades al final de la vida, y

3. el aumento del tiempo de vida saludable (previo a la aparición de la enfermedad).

Para evaluar el postulado i) se aproximan las curvas de morbilidad propuestas por Permanyer, Spijker y Blanes (2022) y a partir de ellas se calculan los rangos intercuartílicos (IQR), es decir, la diferencia de edad entre el percentil 75 (Q3) y el percentil 25 (Q1) de la distribución de sobrevivientes saludables y el desvío estándar a la edad media de la enfermedad (DEM'x). Cuanto menores son el IQR y el DEM'x, menor es la dispersión de la curva de morbilidad (de sobrevivientes saludables) y más homogénea es la distribución de buena salud en una población.

Para evaluar el postulado ii) se estiman la edad modal a la enfermedad (la edad en la que una mayor cantidad de personas pasan de un estado saludable a un estado no saludable, es decir, donde está la mayor caída en la curva de morbilidad) y la edad mediana a la enfermedad (la edad en la que la curva de morbilidad queda dividida en dos partes iguales: personas con buena salud y personas con mala salud). Cuanto mayores son las edades modal y mediana, mayor es el retraso en la mayor aparición de las afecciones o enfermedades en la población, análogamente a la mortalidad.

Para evaluar el postulado iii) se estima la esperanza de vida saludable y la proporción respecto de la esperanza de vida total, de forma de ver también si el aumento de la duración del estado saludable es mayor al no saludable (dado que podrían aumentar los dos simultáneamente), complementando las otras medidas de tendencia central.

Considerando los indicadores basados en la condición de discapacidad, los resultados son los siguientes:

- La dispersión de la curva de morbilidad (discapacidad) parece aumentar en el caso de los hombres, lo que sugiere una mayor dispersión en las edades de morbilidad. En el caso de las mujeres, el comportamiento parecería sugerir una reducción paulatina en las edades centrales, dada la caída del indicador de IQR, pero un aumento general dado el aumento leve de la DEM’, lo que muestra una compresión en el centro, pero una leve desigualdad en las colas de la distribución.

- Respecto de las medidas de tendencia central, se observan valores elevados y estables para hombres y mujeres crecientes en el caso de la mediana, coincidentes con un retraso en la aparición de las discapacidades y un proceso de compresión de la morbilidad. Sin embargo, con la moda, los valores estimados exceden a los establecidos en el truncamiento de la tabla de vida (y, dada la complejidad de obtener estimaciones estables de prevalencias por edad con encuestas nacionales de salud a edades muy avanzadas, es difícil suponer su valor verdadero).

- Por último, en cuanto a la esperanza de vida saludable (sin discapacidades), se observan aumentos especialmente entre las mujeres, tanto en la duración total como en la proporción respecto de la vida total, coincidentes también con procesos de compresión de la morbilidad. Es decir, la media (EVS) y la edad mediana van en el mismo sentido. Por su parte, considerando los indicadores basados en las enfermedades crónicas se observa lo siguiente:

- La dispersión de la curva de morbilidad en el caso de las enfermedades crónicas registra aumentos en el IQR en todo el período para los hombres y reducciones en el DEM', lo que sugiere que hay una menor variabilidad promedio en los extremos de la distribución. Para las mujeres, en cambio, las reducciones son apreciables en ambos indicadores.

- La moda muestra variaciones leves en el caso de los hombres, ubicándose entre los 67 años y los 68 años, mientras que para las mujeres desciende notoriamente y se ubica entre los 72 años y los 74 años entre 2009 y 2018. La mediana, en cambio, baja entre 2005 y 2018 sensiblemente para las mujeres, pero se mantiene, y hasta sube, para los hombres, con movimientos oscilantes en el proceso en ambos casos. Esto sugeriría un adelantamiento en el inicio de las enfermedades en las mujeres, pero una leve demora en el caso de los hombres.

- Por último, la duración de la EVS y la proporción del tiempo vivido con EVS, presenta claras reducciones tanto en hombres como en mujeres, contrarias a una compresión de la morbilidad.

Por lo tanto, con respecto a las enfermedades crónicas, parecería observarse una expansión de la morbilidad tanto en hombres como en mujeres, acompañada no solo por una mayor prevalencia, sino por una caída marcada en la EVS y en la proporción del tiempo vivido con EVS. No obstante, cabe destacar que, en algunos casos, la media (EVS) y la mediana (MD) parecerían ir en dimensiones opuestas, como se ve en los hombres en 2009 o en las mujeres en 2013. Es decir, en promedio, viven menos tiempo de forma saludable, pero al menos la mitad de ellos llega a una edad de inicio de enfermedades más avanzada.

Respecto del análisis propuesto, la evidencia empírica indica que la compresión de la morbilidad no solo depende del estado de salud que se analice (enfermedades crónicas, discapacidad y demás), sino del postulado que se contraste. Los tres postulados no son excluyentes entre sí: por ejemplo, que ocurra una mayor dispersión en los eventos de salud-enfermedad de la población no implica necesariamente una menor edad modal o media en el inicio de las enfermedades o una menor duración del estado de salud.

De acuerdo con nuestros resultados, en la población argentina no existe evidencia clara de que se esté produciendo un proceso de compresión o expansión de la morbilidad. Mientras que para las enfermedades crónicas analizadas parecería que se está observando una expansión de la morbilidad con aumentos de las duraciones del estado de enfermedad (tanto para hombres como para mujeres), reducciones en las edades modal y mediana de inicio de las enfermedades y también en la dispersión de la morbilidad para las mujeres, en los hombres no se aprecia ninguna de estas tres facetas (aunque los indicadores de dispersión van en direcciones contrarias). Para la condición de discapacidad, las duraciones se están reduciendo (aumenta la EVS y la EVS/EV) tanto para hombres como para mujeres, de conformidad con un proceso de compresión, que, sin embargo, no se refleja en aumentos de las edades modales (dado su truncamiento y la baja prevalencia). Por otra parte, sí se observa un incremento en las edades medianas de enfermedad, aumentos en la dispersión para los hombres y aumentos y reducciones para las mujeres, según el indicador de dispersión elegido (aunque el desvío estándar, al considerar a todos los grupos de edad, quizás sea un mejor resumen que indica que la desigualdad en la morbilidad aumenta).

El fenómeno tiene la misma complejidad que la propia condición de salud o enfermedad y ello en sí mismo puede explicar la existencia de resultados contrapuestos según la condición que se analice. En este sentido, cabe formular la siguiente pregunta: ¿qué variables de salud son las más apropiadas para aproximar la “morbilidad” de una población (alguna medida más general o el recuento de enfermedades específicas, que, en principio, parecería una medida cuantitativa más objetiva)?

Sobre este aspecto central, resulta interesante lo que indican Fries, Bruce y Chakravarty (2011), quienes cuestionan el uso del recuento de enfermedades, aun cuando sea bien amplio y preciso, ya que el simple diagnóstico de una enfermedad no es un buen indicador de sus implicaciones desde el punto de vista de las consecuencias en la calidad de vida relacionadas con la salud. Los autores ponen como ejemplo el diagnóstico de diabetes, que puede abarcar desde valores fuera de los rangos aceptados en un simple análisis de sangre hasta un cuadro muy delicado.

En este sentido, los autores consideran como la métrica más útil aquella que define el rasgo latente de morbilidad como una forma amplia de discapacidad, fragilidad, deficiencia de funcionamiento en las actividades de la vida diaria u otras medidas de la disminución de la calidad de vida relacionada con la salud (Fries, Bruce y Chakravarty, 2011).

Al comparar los resultados de este estudio con los realizados en otros países donde se ha analizado la EVS, se observa que son similares en cuanto a que se ha registrado una disminución de la EVS sin enfermedades crónicas y un aumento de la EVS sin discapacidades. Cai y Lubitz (2007) identificaron una reducción de la esperanza de vida con discapacidad en la población mayor de 5 años de los Estados Unidos entre 1992 y 2003, acorde con las teorías de compresión de la mortalidad y el equilibrio dinámico. En su trabajo, Robine y Cambois (2013) indican que, a pesar del aumento de la esperanza de vida con enfermedades crónicas, no se observan aumentos de la esperanza de vida con discapacidad. De acuerdo con estos autores, esta paradoja puede explicarse, en parte, porque ha habido una mayor detección sistemática y una mejora en el manejo de los problemas de salud, cuyas prevalencias podrían haber aumentado, que no necesariamente se tienen que traducir en la disminución de la funcionalidad. Camargos y Gonzaga (2015) analizaron la esperanza de vida saludable en personas mayores del Brasil, entre 1998 y 2008, en tres dimensiones: autopercepción de salud, discapacidad y enfermedades crónicas. El estudio mostró aumentos significativos y similares en la esperanza de vida sin discapacidad, pero no así en la esperanza de vida sin enfermedades crónicas. Lee y otros (2020), que analizaron la tendencia de la esperanza de vida sin discapacidad en diversos países, concluyen que se han logrado ganancias de esperanza de vida, que se han traducido en diferentes aumentos de la esperanza de vida sin discapacidad, pero no encontraron tendencias significativas a favor de la teoría de la expansión de la morbilidad ni de la teoría del equilibrio dinámico.

Por otra parte, es importante considerar que los resultados para la población argentina podrían estar escondiendo diferenciales en diversos grupos poblacionales (incluso podrían explicar, en parte, la dispersión observada). Sin embargo, las limitaciones de las fuentes de información no permiten realizar análisis más desagregados porque los datos de defunciones en la Argentina no permiten analizar las diferencias según variables socioeconómicas, aunque sí a nivel de regiones, y porque, si bien la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo tiene dominios de estimación regional y contiene información del nivel educativo de las personas, no es posible realizar estimaciones de prevalencias robustas desagregadas por edad y sexo para los subgrupos anteriores.

El método de Sullivan (1971) es ampliamente utilizado por su simplicidad y fácil interpretación, pero también por la disponibilidad de datos. Otros métodos, como el método multiestado, precisan datos repetidos y longitudinales que en este caso son inaccesibles. Sin embargo, salvo en los casos de cambios de mortalidad muy súbitos (que la Argentina no parece presentar en los últimos años), las aproximaciones que realiza el método de Sullivan son similares a las del método multiestado, excepto en edades muy avanzadas (Imai y Soneji, 2007; Mathers y Robine, 1997; Murakami y otros, 2018) para describir la situación general de la salud poblacional. Dicho esto, reconocemos la limitación de que las personas con y sin morbilidades son sometidas a la mismas probabilidades de muerte (es decir, la información de mortalidad permanece constante en el método de Sullivan, cosa que no siempre sucede), por lo cual es posible que los resultados de esperanza de vida saludable se encuentren ligeramente subestimados (Imai y Soneji, 2007).

A su vez, el método utilizado para construir la curva de morbilidad (de la que se desprenden las medidas de tendencia central) no distingue la razón por la cual la persona ha dejado de salir del estado saludable en una tabla de vida: puede deberse a la presencia de una enfermedad o a la muerte de la persona (en virtud de una lógica de que se usan probabilidades complementarias). A efectos prácticos, la lógica de nuestros resultados no se ve alterada por esta distinción dado el carácter excluyente de las definiciones de este estudio, sobre todo la edad mediana, que principalmente responde a cambios de la salud durante la primera sección y no de la mortalidad, más frecuentes una vez atravesada esta edad umbral. A esto se suma que nuestra intención no es mostrar transiciones en salud, sino establecer el momento en que una persona determinada dejó de estar saludable, independientemente de la causa de salida de dicho estado. También comentamos el supuesto de suavizamiento monotónico. Si bien las interpolaciones no necesariamente tienen que ser crecientes, el método de curva de morbilidad matemáticamente necesita cantidades crecientes para poder utilizarse con datos transversales. Sin embargo, creemos que el ajuste realizado es, en líneas generales, razonable respecto de las prevalencias de afecciones observadas y en promedio debería producir valores similares dados los splines utilizados.

Por último, no se puede dejar de mencionar que una de las principales limitaciones de nuestro estudio radica en que las prevalencias de las afecciones analizadas (tanto las enfermedades como la discapacidad) se basan en datos provenientes de encuestas, que, si bien se basan en tamaños muestrales grandes y en buenos diseños probabilísticos, usan el autorreporte como instrumento de recolección. Sin embargo, a favor de esta información, es de esperar que los sesgos por autorreporte sean sistemáticos y, en este sentido, no deberían afectar mucho el comportamiento temporal (más teniendo en cuenta que se mantiene el protocolo de preguntas).

El período considerado en el análisis es de 13 años (de 2005 a 2018). Si bien no es un período muy corto, sería importante continuar con el análisis a medida que se vaya contando con nuevas ondas, ya que los cambios en los perfiles demográficos y epidemiológicos suelen ser lentos en el tiempo.

Durante el período analizado no se observan grandes cambios en la composición de la población según sexo y edad. La proporción de mujeres respecto de los hombres de 20 años y más se mantuvo estable en torno al 53% en todo el período (2005-2018). La proporción de hombres y mujeres de 65 años y más (respecto del total de personas de 20 años y más de cada sexo) aumentó levemente (del 14% al 16% en el caso de los hombres) o se mantuvo estable (en un 17% en el caso de las mujeres).

Por otra parte, la población argentina presenta un alto grado de urbanización, y ello es un fenómeno estable en el tiempo (en particular en el período analizado). Además, la muestra de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo se basa en la Muestra Maestra Urbana de Viviendas de la República Argentina (MMUVRA), por lo que los cambios temporales en la composición urbano-rural no tendrían efectos sobre los resultados.

En el caso de las enfermedades crónicas, se considera un grupo importante pero acotado de afecciones (obesidad, hipertensión arterial, diabetes e hipercolesterolemia), todas muy relacionadas con la epidemia de obesidad que se está registrando no solo en la Argentina y en la región, sino en todo el mundo, y sobre la base de su elevada prevalencia. Esto en parte responde a las limitaciones de las fuentes, que, por ejemplo, no registran otras enfermedades, como el cáncer, que podrían considerarse crónicas, aunque de escasa prevalencia en la población general. En este sentido, no es sorprendente que los resultados basados en estos indicadores sean contrarios a los de un proceso de compresión de la morbilidad. Además, de acuerdo con lo indicado por Fries, Bruce y Chakravarty (2011), aunque se cuente con un recuento exhaustivo de diagnóstico de enfermedades, esta no parece resultar una métrica apropiada en la medida en que el diagnóstico de una enfermedad no es un buen reflejo de las implicaciones desde el punto de vista de sus efectos sobre la calidad de vida de las personas.

Por otra parte, a la fecha no existe información sobre morbilidad basada en registros en la Argentina, excepto la que provee el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, que, además de ser limitada en cuanto a las afecciones que se incluyen, tiene serios problemas de comparabilidad temporal.

El presente estudio es un aporte al análisis de las trayectorias de morbilidad en la Argentina y se espera que sirva de base para impulsar la generación de más y mejor información y promover un debate acerca de las dimensiones y las metodologías de medición más apropiadas. No obstante, el gran desafío es contar con mayores insumos de información, que sean comparables en el tiempo y que contemplen las discusiones y los consensos que se están planteando a nivel internacional.

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[1] Octavio Bramajo es estudiante de Doctorado en Demografía del Centro de Estudios Demográficos (CED)/Centros de Investigación de Cataluña (CERCA), Universidad Autónoma de Barcelona (España). Correo electrónico: obramajo@ced.uab.es.

[2] Malena Monteverde es Investigadora Independiente del Centro de Investigaciones y Estudios sobre la Cultura y la Sociedad (CIECS), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). Correo electrónico: montemale@yahoo.com.

[3] Laura D. Acosta es Investigadora Adjunta del Centro de Investigaciones y Estudios sobre la Cultura y la Sociedad (CIECS), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). Correo electrónico: laudeac@gmail.com.

[4] Dado que para la población de la Argentina no existe información sobre los cambios de estado de salud y discapacidad de las personas (es decir, no existen datos longitudinales que permitan medir los años/persona vividos en estado de salud y enfermedad), se seleccionó el método de Sullivan (un método indirecto), que permite aproximar de forma razonable las duraciones (esperanzas de vida saludable) cuando las tasas de transición no cambian rápidamente en el tiempo.

Orientaciones para los autores de la revista Notas de Población

Orientaciones para los autores de la revista Notas de Población

La revista Notas de Población es coordinada por su Comité Editorial, al que corresponde la responsabilidad de elaborar cada número en todas sus etapas, consignando todas las decisiones que permitan presentar contribuciones de calidad científica. Dicho Comité está conformado principalmente por profesionales del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL y cuenta con el apoyo del Consejo Editorial de la revista en los procesos de evaluación de artículos.

Consideraciones generales

En Notas de Población se publican artículos originales e inéditos sobre estudios de población, con un enfoque multidisciplinario que abarca, además del ámbito específico de la demografía, las relaciones entre la dinámica demográfica, los fenómenos económicos y sociales, el desarrollo, los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental. Los artículos se deberán orientar de preferencia a países de América Latina y el Caribe, si bien en ocasiones podrán incluirse contribuciones relativas a otras regiones del mundo. La revista se publica tanto en versión impresa como en formato electrónico en el portal de la CEPAL.

Los manuscritos deben estar escritos en español, aunque también podrán admitirse materiales en otros idiomas, que, de ser aceptados, serán traducidos al español por la CEPAL para su publicación. Excepcionalmente, según el interés de la revista y previo consentimiento del autor, se publicarán traducciones de artículos ya publicados en otras lenguas. La revista sigue un estilo libre y abierto; sin embargo, se podrán preparar números especiales a juicio del Comité Editorial.

Los autores de los trabajos pueden ser individuales o colectivos y son los responsables de su obra. Los derechos de autor de los artículos publicados por la revista pertenecen a las Naciones Unidas.

Los artículos deberán enviarse por correo electrónico a: celade-notasdepoblacion@cepal.org. Junto con el texto original, cada artículo debe incluir lo siguiente:

- Título.

- Datos del autor o los autores: deben figurar el nombre completo, títulos académicos, afiliación institucional, dirección electrónica y algún dato relevante del texto, como por ejemplo, el nombre del proyecto de investigación del que se deriva el artículo, si procede.

- Un mínimo de cinco palabras clave y un máximo de ocho.

- Un resumen de 160 palabras, como máximo, en el que se sinteticen sus propósitos y conclusiones principales.

- Bibliografía, de acuerdo con las normas editoriales de la revista.

- Un archivo de Excel que contenga todos los gráficos editables en el orden en que aparecen en el texto.

- Una declaración concisa y clara de que el artículo es original, no ha sido publicado anteriormente y no se encuentra en proceso de revisión en ninguna otra publicación, sea en formato impreso o electrónico.

Procedimiento de selección

Todos los artículos recibidos serán sometidos a una revisión inicial por parte del Comité Editorial, que verificará el cumplimiento de las normas editoriales básicas de la revista, la pertinencia temática y la adecuada estructuración del trabajo como artículo científico.

Los artículos que superen esta primera etapa serán sometidos al arbitraje de dos evaluadores externos mediante el sistema de doble ciego, que conserva el anonimato tanto de los autores como de los árbitros o dictaminadores. Los evaluadores que participan en el proceso de arbitraje de los artículos provienen en su mayoría del Consejo Editorial. En caso necesario, es posible que se invite a especialistas que no forman parte de este.

Los árbitros evaluarán la pertinencia, relevancia y novedad del tema de acuerdo con la orientación de la revista, junto con la originalidad y el aporte conceptual o metodológico del artículo con respecto a los estudios de población. Asimismo, analizarán si el trabajo se ha estructurado y ordenado adecuadamente, es decir, si se presentan con claridad los datos, la metodología, los objetivos y las hipótesis; si los cuadros, recuadros, gráficos, mapas y diagramas son ilustrativos y claros; si las referencias se encuentran actualizadas y correctamente citadas, y si existe coherencia entre los objetivos y los resultados del estudio.

Los evaluadores emitirán un dictamen que se concretará en una de las tres opciones siguientes: publicación con cambios menores, publicación con cambios mayores o rechazo del artículo. En caso de que el dictamen sea de publicación con cambios, los árbitros detallarán las modificaciones que consideren pertinentes para mejorar el artículo y estas serán comunicadas al autor, quien, previa aceptación, deberá enviar la versión definitiva dentro del plazo que el Comité Editorial establezca.

Si se produjeran divergencias en los dictámenes de los árbitros, el Comité Editorial de la revista procederá a una revisión adicional. Las decisiones sobre los artículos rechazados por los dictaminadores son inapelables y solo se comunicarán de manera general a los autores. No obstante, en caso de requerirse, se enviarán los comentarios a los autores.

De acuerdo con el procedimiento editorial establecido en la CEPAL, los artículos se someterán a evaluación a medida que se vayan recibiendo. Los trabajos entregados una vez finalizado el período de recepción de artículos pueden no ser incluidos en el número de la revista en curso. Podrán postularse nuevamente al número siguiente, siempre y cuando hayan sido aceptados por los dictaminadores. En este caso, los autores deberán seguir las instrucciones que les indique el Comité Editorial.

El Comité Editorial se reserva el derecho de efectuar modificaciones de estilo y forma al contenido del texto, al título, a los cuadros y recuadros y a los elementos gráficos, con el fin de satisfacer las exigencias editoriales de la revista.

Política editorial

Los autores se comprometerán a no presentar el material a ninguna otra revista durante los tres meses transcurridos desde la recepción del artículo, plazo dentro del cual recibirán respuesta confirmando o no la publicación del artículo.

En caso de aceptación con cambios del artículo, los autores se comprometen a cumplir los plazos de revisión e introducción de las modificaciones sugeridas a fin de no retrasar el calendario de edición y publicación de la revista.

Normas editoriales

Extensión: el texto de los artículos no debe exceder las 10.000 palabras (incluidos cuadros, recuadros, gráficos, mapas, diagramas, notas y bibliografía).

Formato: el texto debe enviarse en un archivo electrónico de Word. Dado que la impresión del documento se realiza en blanco y negro, debe evitarse toda mención a los colores empleados en cuadros, gráficos, mapas y diagramas, sin perjuicio de que en el formato dispuesto en la página web el archivo pueda contener dichos colores.

Cuadros: deben insertarse en el archivo Word, como contenido editable, en el lugar que corresponda dentro del texto.

Gráficos: deben insertarse en el archivo de Word, en forma de imagen, en el lugar que corresponda dentro del texto. Es indispensable adjuntar además un archivo de Excel que contenga todos los gráficos editables en el orden en que aparecen en el texto. En el archivo de Excel cada gráfico debe ocupar una hoja, en cuya pestaña se debe indicar el número del gráfico.

Diagramas: deben insertarse en el archivo de Word, como contenido editable, en el lugar que corresponda dentro del texto.

Mapas: deben insertarse en el archivo de Word, en forma de imagen, en el lugar que corresponda dentro del texto y, además, adjuntarse en un archivo editable con las extensiones eps, pdf o ai (Illustrator).

Referencias a cuadros, recuadros y elementos gráficos: en el texto debe haber al menos una referencia a cada cuadro, recuadro, gráfico, mapa o diagrama. Asimismo, todos estos elementos deben incluir el título, la fuente y la unidad de medida de los datos presentados, si procede.

Fórmulas matemáticas: se sugiere numerar las fórmulas matemáticas con cifras arábigas entre paréntesis y alineadas a la derecha.

Notas explicativas: todas las notas deben insertarse a pie de página y estar numeradas correlativamente.

Referencias bibliográficas: cada referencia bibliográfica mencionada en el texto debe incluir, entre paréntesis, el apellido del autor y el año de publicación.

Bibliografía: debe figurar al final del texto. Los registros bibliográficos se presentarán en orden alfabético por el apellido del autor, seguido del nombre de pila, el año de publicación entre paréntesis, el título completo, la ciudad de publicación y la editorial.

Ejemplos:

Libro con dos autores:

Auerbach, A. y L. Kotlikoff (1987), Dynamic Fiscal Policy, Cambridge, Cambridge University Press.

Artículo con tres autores:

Auerbach, A., J. Gokhale y L. Kotlikoff (1994), “Generational accounting: a meaningful way to evaluate fiscal policy”, Journal of Economic Perspectives, vol. 8, Nº 1.

Publicación electrónica con más de tres autores:

Mason, A. y otros (2009), “National Transfer Accounts Manual. Draft Version 1.0” [en línea] http://www.ntaccounts.org/doc/repository/NTA%20Manual%20V1%20Draft.pdf.

Autor institucional:

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2009), Panorama Social de América Latina, 2008 (LC/G.2402-P/E), Santiago. Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: S.08.II.G.89.

Mismo autor, mismo año:

Lee, R. (1994a), “The formal demography of population aging, transfers, and the economic life cycle”, Demography of Aging, Linda G. Martin y Samuel H. Preston (eds.), Washington, D.C., National Academy Press.

____(1994b), “Population age structure, intergenerational transfers, and wealth: a new approach, with applications to the U.S.”, Journal of Human Resources, vol. 29, Nº 4, número especial.

Guidelines for authors of Notas de Población

The journal Notas de Población is coordinated by its Editorial Committee, which is responsible for preparing each issue from start to finish, and ensuring that all contributions are up to scientific standard. This Committee comprises professionals from the Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE)-Population Division of ECLAC and receives support from the journal’s Editorial Board in reviewing articles.

Overview

The journal Notas de Población publishes original, unpublished articles on population studies, and has a multidisciplinary approach that covers not only the field of demography but also the links between demographic trends, economic and social phenomena, development, human rights and environmental sustainability. Articles should relate preferably to Latin America and the Caribbean, although contributions relating to other regions may on occasion be included. The journal is available in both print format and on the ECLAC website.

Manuscripts must be drafted in Spanish, although in certain cases material may be submitted in other languages. Articles accepted in other languages for publication are translated into Spanish by ECLAC. Exceptionally, translations into other languages of existing articles may be published with the author’s permission. The style of the journal is free and open, but special editions may be published subject to the Editorial Committee’s approval.

Authors may be individuals or groups and are responsible for their work. The copyright of the articles published in the journal is held by the United Nations.

Articles must be sent via e-mail to: celade-notasdepoblacion@cepal.org. Along with the original text, articles must contain the following:

- Title.

- Details of the author(s), including full name, academic qualifications, institutional affiliation, e-mail address and any relevant information about the text, such as the name of the research project with which the article is associated, if applicable.

- Between five and eight key words.

- An abstract of up to 160 words summarizing the main aims and conclusions.

- A bibliography, prepared in accordance with the editorial rules applicable to the journal.

- An Excel file containing editable versions of all the figures in the order in which they appear in the text.

- A concise and clear declaration stating that the article is original, has not been published before and is not currently being reviewed by any other print or electronic publication.

Selection process

All articles received are reviewed initially by the Editorial Committee, which looks at whether they comply with the journal’s basic editorial rules, the relevance of the subject matter, and whether the structure of the text is appropriate for a scientific article.

Articles that pass this initial stage are then reviewed by two external referees using a double-blind review system, in which both the author and the referees or reviewers remain anonymous. The referees are mainly members of the Editorial Board. If necessary, outside specialists may be invited to review articles.

The referees will first of all consider the pertinence, relevance and novelty of the subject matter, with reference to the journal’s editorial stance, as well as the article’s potential contribution to population studies in terms of its originality, concept and methodology. They will then assess whether the work has been properly structured and organized, that is, whether the data, methodology, objectives and hypotheses have been clearly set out; whether the tables, boxes, figures, maps and diagrams are illustrative and clear; whether the references are up to date and correctly cited; and whether the objectives are consistent with the results of the study.

The referees will make one of the following recommendations: publication with minor changes; publication with major changes; or rejection of the article. In the event that the referees decide the article should be published with changes, they will list the alterations they deem necessary to improve the article and notify the author accordingly. Should the author accept, the final version must be submitted by the deadline stipulated by the Editorial Committee.

If there are differences of opinion among the referees, the Editorial Committee will conduct a second review. Decisions on rejected articles are final and authors will be notified. Comments will not be sent to authors unless requested.

In line with the editorial procedure established by ECLAC, articles will be subject to review as and when they are received. Articles submitted after the deadline may not be included in the current issue. Authors may submit another application for their articles to be included in the following issue, provided that it is accepted by assessors. In this case, authors should follow the Editorial Committee’s instructions.

The Editorial Committee reserves the right to make non-substantive changes to the text, title, tables, boxes and figures in order to satisfy the journal’s editorial requirements.

Editorial policy

Authors must undertake not to submit their material to any other publication for a period of three months, during which time they will be notified of the outcome of the review process.

If an article is accepted with changes, authors must meet the revision deadlines stipulated in order to avoid delaying the editing and publication of the journal.

Editorial rules

Length: Articles must be no longer than 10,000 words (including tables, boxes, figures, maps, diagrams, notes and the bibliography).

Format: The text must be submitted in an electronic Word file. Given that the journal is printed in black and white, any mention of the colours used in tables, figures, maps and diagrams must be avoided; however, colours will be visible in the online version of the journal.

Tables: These must be in an editable format and inserted in the Word file in the appropriate place.

Figures: These must be in an image format and inserted in the Word file in the appropriate place. An Excel file must also be submitted containing editable versions of all the figures in the order in which they appear in the text. Each figure must appear on a separate sheet of the Excel file, and the number of the figure should be indicated on the tab.

Diagrams: These must be in an editable format and inserted in the Word file in the appropriate place.

Maps: These must be in an image format and inserted in the Word file in the appropriate place. An editable file must also be submitted containing the maps in .eps, .pdf or .ai (Illustrator) format.

References to tables, boxes and figures: There must be at least one reference to each table, box, figure, map and diagram within the body of the text. Each one must also have a title, source and unit of measurement, where appropriate.

Mathematical formulae: Mathematical formulae should be numbered using Arabic numerals in brackets and right aligned.

Explanatory notes: All notes must be inserted as footnotes and numbered sequentially.

Bibliographical references: Bibliographical references in the body of the text must contain the last name of the author and the year of publication in brackets.

Bibliography: This should appear at the end of the article. Bibliographical entries must be presented in alphabetical order by the author’s last name, followed by their first initial, year of publication in brackets, full title, city of publication and the publisher’s name.

Examples:

A book with two authors:

Auerbach, A. y L. Kotlikoff (1987), Dynamic Fiscal Policy, Cambridge, Cambridge University Press.

An article with three authors:

Auerbach, A., J. Gokhale y L. Kotlikoff (1994), “Generational accounting: a meaningful way to evaluate fiscal policy”, Journal of Economic Perspectives, vol. 8, Nº 1.

An e-publication with more than three authors:

Mason, A. y otros (2009), “National Transfer Accounts Manual. Draft Version 1.0” [en línea] http://www.ntaccounts.org/doc/repository/NTA%20Manual%20V1%20Draft.pdf.

An institutional author:

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2009), Panorama Social de América Latina, 2008 (LC/G.2402-P/E), Santiago. Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: S.08.II.G.89.

Same author, same year:

Lee, R. (1994a), “The formal demography of population aging, transfers, and the economic life cycle”, Demography of Aging, Linda G. Martin y Samuel H. Preston (eds.), Washington, D.C., National Academy Press.

____(1994b), “Population age structure, intergenerational transfers, and wealth: a new approach, with applications to the U.S.”, Journal of Human Resources, vol. 29, Nº 4, número especial.

Table of Contents

Portadilla

Créditos

Consejo Editorial

Página legal

Índice

Presentación

Artículo 01

Cincuentenario de la revista Notas de Población: palabras desde América Latina en homenaje a Carmen Miró, su fundadora

El CELADE-División de Población de la CEPAL y los 50 años de Notas de Población

Carmen Miró, hacedora de la demografía crítica latinoamericana

Carmen Miró, constructora de espacios para la generación de conocimiento y la formación en demografía: su labor en El Colegio de México

Pequeño homenaje a Carmen Miró, la más grande demógrafa de América Latina

Artículo 02

La ampliación de la brecha socioeconómica entre los hogares monoparentales y biparentales en el Uruguay (1986-2018)

Artículo 03

El efecto del denominado “sesgo del salmón” en la migración de retorno, ¿depende del contexto? Datos sobre los migrantes colombianos en los Estados Unidos y España, 2008-2015

Artículo 04

La reinserción laboral de personas retornadas de España en el Uruguay, 2012-2017

Artículo 05

Transiciones del curso de vida y migración interna en el Brasil: un análisis basado en datos de múltiples períodos

Artículo 06

Etapas de la migración internacional e intrarregional en América Latina y el Caribe

Artículo 07

Integración al mercado laboral de los inmigrantes intrarregionales en Chile: análisis de las trayectorias de empleo y de los logros ocupacionales basado en las encuestas de hogares de 2013, 2015 y 20171

Artículo 08

Cambio climático y asentamientos de migrantes del norte de Centroamérica en México: vulnerabilidades y riesgos

Artículo 09

El viaje de los migrantes de los países del norte de Centroamérica a los Estados Unidos: costo monetario, contratación de coyotes y probabilidad de endeudamiento

Artículo 10

Medición de la compresión y expansión de la morbilidad en la Argentina: análisis de indicadores alternativos

Orientaciones para los autores de la revista Notas de Población