La crisis sanitaria y económica, sin precedentes en los últimos 100 años, que sobrevino con el surgimiento del nuevo coronavirus y la enfermedad de COVID-19 ha puesto las desigualdades socioeconómicas y de acceso a los servicios de salud y protección social aún más en evidencia, además de plantear desafíos socioeconómicos y exponer a los grupos más vulnerables de la población a riesgos y adversidades más graves de los que ya enfrentaban. Entre los grupos más vulnerables, que sufren consecuencias directas de la pandemia en su calidad de vida y enfrentan desafíos respecto del cumplimiento de sus derechos, están las personas mayores. Las evidencias científicas sobre la evolución de la pandemia y los factores de riesgo vinculados al COVID-19 han mostrado que las personas de todas las edades corren riesgo de contraer la enfermedad por el SARS-CoV-2. Sin embargo, las personas mayores, en particular las de 80 años y más, tienen más probabilidades de presentar síntomas graves, un agravamiento del cuadro clínico y morir. Los estudios también han dejado claro que la preexistencia de enfermedades crónicas y degenerativas constituye otro factor de riesgo asociado a la probabilidad de agravamiento y mortalidad por COVID-19, y es bien sabido que estas comorbilidades son más frecuentes entre las personas mayores. De ahí la importancia de la protección de los derechos de las personas mayores en este contexto de crisis sanitaria, que deben desplegarse en dos ámbitos: por una parte, el derecho a la salud, que debe ser para todos, sin discriminación por edad, y, por la otra, el derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez.