Así como hasta la crisis de la deuda tendían a centralizarse en los gobiernos nacionales, tanto las decisiones políticas como las económicas, con la democratización y el ajuste que la crisis requirió, se inició una tendencia histórica a traspasar parte de la provisión de bienes públicos hacia procesos democráticos sub nacionales (descentralización política) ya transferir procesos de producción de los bienes provistos públicamente, a la competencia económica (descentralización económica)2. De la descentralización política se esperaba que contribuyera en forma decisiva a suscitar una participación constructiva, a aumentar la eficiencia de la gestión pública ya lograr una mayor equidad territorial y social. Sin embargo, después de más de diez años de iniciados los procesos más antiguos de la región, los avances en participación son dispares. Aún no se observan resultados concluyentes en cuanto a eficiencia y el ingreso geográfico bruto se sigue concentrando en algunos territorios. Se ha logrado aumentar la cobertura de servicios sociales, pero en muchos casos se acentúan las diferencias interterritoriales. Los sistemas de transferencias adoptados no propician la eficiencia (Finot I. 1996) y el excesivo endeudamiento de los gobiernos sub nacionales está generando desequilibrios macroeconómicos (Ocampo ].A. 1999). Entonces, así como inicialmente la descentralización había concitado grandes esperanzas, en la actualidad ha surgido una desconfianza sobre su efectividad, lo que puede llegar a comprometer los avances del proceso democratizador que sólo pueden ser viabilizados a través de la descentralización política. Se hace indispensable entonces, indagar por qué no se están logrando plenamente los objetivos de la descentralización, a fin de poder discernir algunos lineamientos que permitan superar los problemas y poder reimpulsar los procesos. El ILPES se impuso esta tarea por mandato de sus gobiernos miembros y ha presentado algunos resultados en la X Reunión de Ministros y Jefes de Planificación (ILPES, 1998). En aquella oportunidad ya se señalaba la conveniencia de diferenciar entre aquellas funciones que los gobiernos sub nacionales realizan como cabezas de autonomías y aquellas otras que efectúan como agentes de los respectivos gobiernos centrales, lo que conduciría a una transformación de los actuales sistemas de transferencias. En este artículo, elaborado a partir de aquellos avances y de un trabajo del autor publicado recientemente (Finot I. 2001), se profundiza el marco conceptual e que se basan esas propuestas, se focaliza en los problemas que dicho marco permite detectar y se avanza en las modificaciones que sería necesario realizar en los proceso de descentralización, no solo para alcanzar los objetivos ya trazados en condiciones de sostenibilidad financiera, sino en función de uno nuevo: hacer más competitivas las economías de la región.