Resumen El proceso de descentralización en Bolivia llama la atención por la rapidez con que se están proponiendo los cambios y por la magnitud de los mismos. El énfasis que se le ha dado a la "Ley de Participación Popular", nombre que se le ha asignado a la fase más reciente de descentralización, va en el sentido de promover la mayor ingerencia de la administración pública municipal en las decisiones de gasto e inversión local, a la par con una fiscalización más efectiva por parte de la comunidad. El nuevo marco de referencia que se genera tras los vigentes cambios implica un efectivo fortalecimiento de los gobiernos municipales por la vía del incremento significativo de la coparticipación de recursos; Este es un mecanismo que busca darle autonomía y recursos financieros a todas las regiones y entre ellas las más pobres, desconcentrando de esta manera el presupuesto que era absorbido casi en su totalidad por las principales ciudades del país. Los rápidos avances en términos de fortalecimiento financiero de los municipios contrasta con varios vacíos sobre los cuales es necesario llamar la atención y que están relacionados con la capacidad administrativa y de gestión para asumir nuevas responsabilidades que les han sido asignadas; Asimismo y con relación a los gobiernos departamentales se observa un cierto estancamiento que puede obstaculizar el buen desempeño de las prefecturas y su adecuada articulación con los gobiernos municipales en el nuevo contexto descentralizado, razón por la cual viene impulsando la aprobación de la Ley de Descentralización Administrativa. Como resultado de un mejor manejo de los recursos, la descentralización debería tener a mediano plazo un impacto importante sobre la calidad y efectividad de la inversión pública municipal, efectos que por lo reciente del proceso aún no se han podido verificar. En razón a que la Participación Popular ha profundizado la descentralización del gasto desde una perspectiva municipal, el proceso debe ser asumido por los distintos sectores involucrados en las nuevas competencias municipales, haciendo necesaria una mayor coordinación entre los distintos niveles de gobierno así como a nivel sectorial en áreas como la salud, la educación, caminos vecinales, entre los más importantes, si se quieren garantizar los beneficios que promueve la descentralización. Por el lado fiscal, las reformas implican un traspaso de recursos y responsabilidades de gasto a los municipios sin que éste haya tenido de por medio una argumentación técnica sólida acerca del balance real de recursos y capacidades administrativas y de gestión entre las distintas localidades. Por otro lado, los fondos nacionales de inversión tales como el Fondo de Inversión Social, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y el Fondo de Desarrollo Campesino, aún no han ingresado en una estrecha coordinación especialmente con las Secretarías Nacionales de Salud y Educación para definir prioridades concretas en relación con el financiamiento de proyectos cofinanciados con los gobiernos municipales y con las propias Corporaciones Regionales de Desarrollo. A nivel departamental, son mínimas las posibilidades de generar recursos propios; Esto provocará tensiones presupuestarias si no se incluyen algunos otros parámetros que permitan que este proceso sea más transparente y automático y menos atado a presiones regionales y políticas en última instancia. Cabe mencionar que la descentralización en Bolivia tiene como uno de sus desafíos inmediatos el fortalecimiento institucional de las administraciones departamentales y municipales, así como su adecuada complementariedad, contando de esta manera con una visión integral del ordenamiento territorial que articule los distintos niveles subnacionales y se relacione a su vez con el nivel central. Otro gran desafío que enfrenta el proceso está relacionado con los recursos humanos que han de manejar hacia el futuro los mayores volúmenes de inversión en el ámbito local y regional, por lo que se debe dar prioridad a la capacitación orientada a brindar de las herramientas necesarias a los gobiernos municipales y departamentales (en particular a los de menores ingresos); para que den un buen uso al presupuesto de inversión y redunde ésto en un mayor bienestar social de la población.