Este documento analiza la gran cantidad de programas e instrumentos de fomento productivo que se han desarrollado en Chile, desde una óptica nacional, y como ellos se transfieren al plano regional, los mismos que están en manos de una serie de Servicios Públicos que, en el año 2001, movilizaron recursos por un monto superior a los 523 millones de dólares. Si a éstos se suman otro tipo de subsidios y franquicias que otorga el Estado, se llega a la conclusión que durante ese año se destinaron recursos por poco más de 1.000 millones de dólares al fomento productivo, lo que representa el 1,3% del PIB del país. Se argumenta que este gran esfuerzo podría tener mejores resultados si buena parte de los instrumentos evolucionaran hacia una perspectiva sistémica de corte territorial. Ello, debería ir acompañado de una institucionalidad subnacional descentralizada capaz de hacer efectiva la coordinación de los distintos programas que se implementan en regiones. La plena operación de un sistema de fomento productivo descentralizado permitiría aprovechar los mayores potenciales de incrementos de productividad existentes en los territorios impactando en mayores tasas de crecimiento en un clima de mayor competitividad.En otro orden de cosas, el 98,5% de las empresas atendidas son micro y pequeñas empresas (MYPE), lo que significa focalizar los programas hacia las empresas más pequeñas del país. Sin embargo, éstas unidas a las medianas empresas, participan con apenas el 4% del valor de las exportaciones nacionales. Vale decir que las políticas de fomento están apoyando mayoritariamente a un sector que cumple una importante función social en términos de generación de empleo, pero que, en términos de desarrollo productivo, está escasamente volcado hacia los mercados internacionales. Por lo tanto, se puede concluir que buena parte de las franquicias otorgadas a las exportaciones favorecen mayoritariamente a las grandes empresas. Con los programas de capacitación sucede algo similar. A pesar de que se ha producido un gran crecimiento del número de empresas capacitadas, particularmente en el rango de las micro y pequeñas empresas, en términos del gasto en capacitación, éste, en más de las tres cuartas partes, ha favorecido a las grandes empresas. Es decir, en estos dos aspectos claves del fomento productivo, exportaciones y capacitación, los mayores beneficiarios han sido las grandes empresas, situación que contrasta con los objetivos de desarrollo de capacidades competitivas de las pequeñas empresas que son el fundamento de los distintos programas que se han desarrollado. No obstante, los significativos esfuerzos que se han realizado y se siguen realizando en el campo del desarrollo productivo son dignos de resaltar, los mismos que podrían ser seriamente potenciados si se evoluciona hacia una institucionalidad más descentralizada para acometerlos.