La actual Constitución Política del Perú, aprobada en 1993, establece claramente que si bien la generación del empleo y de la inversión deben sustentarse en la actividad privada, la misma debe complementarse con la acción facilitadora y promotora del Sector Público. El presente trabajo parte de la precisión del problema del empleo y la inversión como base para asegurar el crecimiento económico, y luego analiza el rol que la Constitución le asigna al Estado en la consecución de ese objetivo primordial. Así, se presentan la evolución, logros y dificultades durante el periodo 1996-2000, de la acción estatal en la promoción del empleo productivo y de la educación para el trabajo; de la actividad empresarial y de la inversión privada; y de las pequeñas y microempresas, así como en su rol de demandante en el cumplimiento de sus funciones, lo cual exige la aplicación de criterios de eficiencia y de priorización.