La eficiencia energética se vincula al funcionamiento del sistema energético y en un sentido más amplio al proceso de desarrollo del país, en la medida en que las políticas y medidas orientadas a aumentar la eficiencia energética permiten la satisfacción de los requerimientos de la sociedad al menor costo económico, energético y ambiental posible. La eficiencia energética no consiste en reducir el consumo energético sino en utilizar la energía de manera más racional conforme a su condición de escasez y al carácter no renovable de algunas de sus fuentes de generación. En la literatura económica existe consenso acerca de las 'fallas de mercado' que se registran en la actividad energética y de su incidencia sobre los grados de eficiencia de los mercados respectivos. En particular se mencionan las asimetrías de información y las barreras que obstruyen la adopción, difusión y masificación de tecnologías energéticamente eficientes y de patrones de consumo ahorradores de energía. En general, las principales barreras a la eficiencia energética pueden ser de distinta naturaleza, tanto de orden económico-financiero, legal y administrativo. Además contribuyen a su configuración algunos factores culturales presentes en los patrones de consumo y, muy especialmente, la forma en que la sociedad define el papel del Estado en la regulación del comportamiento de los agentes económicos. En la legislación chilena el tema de la eficiencia energética no está debidamente incorporado. Esto significa que en el marco regulador no se define la responsabilidad institucional de la puesta en marcha de las políticas, programas y medidas de eficiencia energética, a pesar que en el marco legal regulador se asignan a algunas de las entidades que constituyen la institucionalidad del sector energético las atribuciones necesarias para intervenir en este ámbito. En este informe se procede a exponer los antecedentes y fundamentos económicos y jurídicos que justifican la elaboración de una ley de uso eficiente de la energía para Chile, tanto desde la perspectiva de mejorar las condiciones de la competitividad sistémica de la economía y de la eficiencia productiva de sus agentes, como del afianzamiento de los derechos del consumidor en tanto derechos ciudadanos.