Resumen La descentralización ha viabilizado avances importantes en materia de cobertura de servicios sociales y aun de participación política, pero está creando presiones sobre el equilibrio fiscal y no ha contribuido a reducir la concentración económica. El propósito central de este trabajo es indagar por qué la descentralización no está contribuyendo a la eficiencia fiscal. Para ello, primero se hace una revisión del marco conceptual, se configura luego un marco teórico y analítico, y finalmente se aplica este marco a los procesos de la región. Una diferenciación entre provisión y producción de bienes públicos permite, en primer lugar, distinguir entre dos tipos de descentralización: una, política, que sería el traslado de todo el proceso de provisión de algunos bienes públicos desde el ámbito nacional hacia ámbitos subnacionales, y otra, económica, que sería la transferencia de procesos de producción a la competencia económica. La condición fundamental para que la descentralización política contribuya a la eficiencia sería la participación democrática de los ciudadanos en las decisiones, no sólo sobre gasto sino, principalmente, sobre los aportes que ellos realizarán para solventar dicho gasto. Este requisito aún no se habría podido cumplir en los procesos latinoamericanos debido a que en ellos se habría dado un tratamiento similar a la provisión de infraestructura básica y servicios públicos, que serían bienes locales, y a la de salud y educación, que serían bienes públicos nacionales. Lo estratégico para lograr los objetivos buscados sería profundizar la descentralización política de la provisión de infraestructura y servicios básicos, y sobre esta base sentar las bases para el desarrollo local y así poder competir mejor en la economía global, y mantener centralizado - o recentralizar - políticamente pero descentralizar operativamente un sistema de provisión que permita garantizar a todos los habitantes el acceso igualitario a una 'Canasta social'. Ello no debería impedir, sin embargo, que en ambos casos se siguiera tendiendo a descentralizar las decisiones sobre producción hacia la competencia económica. Este planteamiento implica que los actuales sistemas de transferencias deberían dar lugar a otros dos: uno, territorial, orientado a apoyar decisiones autónomas para el desarrollo local, y otro, social, dirigido a asegurar a todas las personas una canasta mínima de servicios. Lo fundamental para conciliar objetivos de eficiencia y equidad sería que los desembolsos del sistema territorial fueran de libre disponibilidad pero proporcionales al esfuerzo relativo de cada comunidad, esfuerzo en el que, además de los impuestos locales, deberían ser contabilizados los aportes que las personas realizan a través de sus organizaciones sociales -en trabajo, materiales y dinero para la provisión de bienes y externalidades públicas.