ResumenColombia y el Ecuador han mantenido históricamente una dinámica muy fluida de vínculos bilaterales. La línea divisoria entre los Estados recorta un conjunto de unidades geográficas y espacios ecológicos, con características culturales, estrategias de reproducción social y otras formas de vida que no encuentran diferencias a pesar de la existencia de la demarcación internacional. La franja fronteriza colombiana está compuesta por dos departamentos: Nariño y Putumayo, y el tramo ecuatoriano es ocupado por tres provincias: Esmeraldas, Carchí y Sucumbíos. En ese espacio colombo-ecuatoriano conviven 11 familias étnicas que lo han convertido en su hábitat y medio de subsistencia.La problemática de la frontera se puede dividir en dos dimensiones: económica y política. En la primera se manifiestan una serie de características de un desarrollo relativamente rezagado en ambos países, pero sobre todo del lado colombiano. La importancia de la frontera para el Ecuador se localiza en especial en la parte occidental de la provincia de Sucumbíos, donde está el primer recurso estratégico del país (los principales yacimientos petroleros). Además la mayor infraestructura en esa franja es el Oleoducto Transandino que recorre 306 Km., desde el Lago Agrio en el Ecuador hasta el puerto de Tumaco en la costa del pacífico de Colombia.La presencia de las poblaciones móviles, migrantes en la frontera entre Colombia y el Ecuador está atravesada por un conjunto de factores de naturaleza sociopolítica, económica y ambiental. Pese a su diversidad, los problemas que enfrentan estos grupos de población son similares; las causas de la emigración o del desplazamiento, ya sean económicas, políticas, ambientales y sanitarias, además de la fragilidad de las instituciones para resolver las necesidades de la población, determinan un contexto común para sujetos diversos.Una de las limitaciones de la información es que no permite dar cuenta de características asociadas a la salud; no obstante, se ha dispuesto de algunas menciones sobre el acceso a servicios de salud (OIM, 2001) o los motivos de consulta de las mujeres y los niños desplazados (salud reproductiva e infecciones respiratorias, respectivamente).Los efectos del conflicto interno colombiano en las dinámicas poblacionales, así como las fallas que presentan los servicios de salud en las localidades receptoras de población desplazada y refugiada a ambos lados de la frontera, son dimensiones vinculadas con las condiciones de salud de esas poblaciones.En materia de salud reproductiva, la población desplazada presenta problemas como la violencia de género, los embarazos en adolescentes, servicios de parto inadecuados, especialmente en complicaciones en el embarazo y en el parto, así como una falta de recursos económicos para tener acceso a medicamentos o a cuidados básicos. Algunas acciones ejecutadas desde la sociedad civil y organizaciones internacionales brindan apoyo frente a los requerimientos de las poblaciones desplazadas en situaciones de frontera. Siendo la zona fronteriza ecuatoriana, la que más presión recibe por parte de la población desplazada y refugiada cuando cruza la frontera, las acciones ensayadas desde distintos ámbitos son pertinentes pero no alcanzan para abordar con integralidad la problemática. Sin embargo, debe indicarse que en años recientes, los gobiernos de ambos países también han desarrollado acciones orientadas al abordaje de las distintas dimensiones que intervienen en la calidad de vida de las personas migrantes y desplazadas en la zona de frontera.Han sido pocos los estudios a los cuales se ha tenido acceso, que den cuenta de otras dimensiones que afectan las condiciones de salud sexual y reproductiva, así como de los derechos humanos de dichas poblaciones en torno a esta problemática. Se destaca la poca producción de trabajos sobre el tema en medios académicos. En el proceso de investigación no se logró identificar abordajes con esta característica, que releven los marcos de relación entre la migración, la población desplazada yrefugiada y la salud sexual y salud reproductiva en las regiones fronterizas entre ambos países.Si bien es importante consignar el desarrollo de estudios que posicionan la problemática de la región fronteriza, como una zona "puesta en agenda" por actores sociopolíticos y la geoestrategia internacional, también es necesario considerar que para los efectos de políticas públicas en materia de salud, las universidades de ambos países deben involucrarse en la producción de información oportuna sobre la relación entre migración y salud en la zona binacional de frontera.En cuanto a legislación, la información analizada permite considerar dos aspectos fundamentales: por un lado, el desarrollo de avances notables en la legislación y la política colombiana y ecuatoriana, con relación al tema del desplazamiento y la inclusión de marcos específicos de atención a la salud de la población desplazada, en particular algunas consideraciones expuestas con relación al tema de la salud sexual y salud reproductiva. Por otro lado, la inclusión en algunas iniciativas ecuatorianas, como la del Plan Nacional de Derechos Humanos y el Plan Ecuador, de la gestión del derecho humano de las poblaciones refugiadas, apátridas y de otra naturaleza.En la última década se han puesto en marcha una serie de planes de desarrollo enfocados a mejorar la infraestructura y los estándares de vida de la población en ambos países, mediante inversiones, algunas vinculadas al Plan Colombia apoyado por el Gobierno de los Estados Unidos de América en la franja colombiana, y otras llevadas a cabo por el Gobierno del Ecuador en esa misma dirección. Pese a los avances encontrados, es preocupante que las acciones detectadas en ambos casos se diseñen desde concepciones y enfoques territorialmente centralizados, que dejan por fuera la gestión y el abordaje específicos a la situación de las poblaciones desplazadas, movilizadas y refugiadas que transitan y permanecen en las comunidades de frontera. Se debe indicar sin embargo, los esfuerzos realizados por la cancillería ecuatoriana, a fin de desplazarse hacia oficinas desconcentras del ACNUR para realizar trámites de reconocimiento por condición de refugio.