La transición demográfica, cuyos efectos impulsan el proceso de envejecimiento, hace patente la necesidad de establecer políticas públicas dirigidas a las personas de 60 y más años, con acción en los planos económico, social, político y cultural, y en procura de promover un clima favorable a la incorporación de los adultos mayores al desarrollo de los países de la región. La base del accionar está en los acuerdos internacionales sobre la tercera edad, las políticas públicas y la institucionalidad. Un lugar destacado ocupa la noción de 'una sociedad para todas las edades' (lema del Año Internacional de las Personas Mayores, 1999). Los antecedentes empíricos muestra la presencia de condiciones mixtas entre las personas de edad en la región; si bien la pobreza no está más extendida entre ellos, su vulnerabilidad parece aumentar con las insuficiencias institucionales y la reducida capacidad de apoyo de la comunidad y las familias. Una revisión de la institucionalidad y las políticas públicas señala que falta mucho por hacer; los desafíos futuros implican combinar recursos, promover cambios socioculturales y fomentar la participación activa de la sociedad civil, en particular de las mismas personas de edad. Los indicadores de envejecimiento de la población muestran una gran heterogeneidad entre los países, consecuencia de sus disímiles tendencias demográficas. En 1995 la proporción de personas de 60 y más años en Guatemala, de transición demográfica moderada, apenas supera el 5%, y Uruguay, con una transición avanzada y precoz, alcanza a 17%. Salvo el caso uruguayo, y en menor medida el de Argentina y Cuba, la región está lejos de la situación de los países desarrollados. El crecimiento de la población adulta mayor es mucho más intenso que en los otros grupos etarios y las proyecciones alertan sobre un vertiginoso envejecimiento en la primera mitad del sigo XXI.""