Resumen En las últimas décadas han ocurrido en América Latina dos hechos importantes que afectan al sector minero: 1) la expansión de las inversiones mineras y 2) un mayor espacio en la preocupación pública sobre los temas ambientales. Se aprecia un desequilibrio entre las estrategias que se orientan al crecimiento económico en el marco del desarrollo sostenible y la debilidad en la praxis de la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre los proyectos que afectan la calidad de vida de las comunidades y en su interrelación con el sector minero privado. Existen carencias, que se expresan en el desconocimiento público de lo que es la industria minera, así como de las implicaciones del concepto de sostenibilidad del desarrollo y de los nuevos derechos ciudadanos. Este hecho incluye a las autoridades locales de los pueblos mineros, cualquiera que sea su denominación: gobernadores, regidores, alcaldes o jefes administrativos. Es frecuente que en los ámbitos de las operaciones mineras, las comunidades locales rurales se conviertan en anfitrionas pasivas de una actividad que poco conocen, y que trastoca su vida cotidiana y sus relaciones con el entorno. Por razones sociales, institucionales, políticas, culturales y educativas, entre otras, se acumulan elementos de vulnerabilidad dinámicos, que acrecientan el factor de riesgo de las comunidades locales ante eventos o accidentes que pueden tener su origen, no sólo en la actividad minera, sino también en los fenómenos naturales y sus propias actividades cotidianas. Al cambiar las sociedades sus características se modifican también sus condiciones de vulnerabilidad. Existe entonces una agenda pendiente, que debiera incluir el desarrollo de políticas públicas y acciones desde la esfera privada, con el objetivo del fortalecer y capacitar el recurso humano y sus comunidades urbanas y rurales. El desafío es la reducción de la vulnerabilidad, construyendo y potenciando capacidades, respetando la cultura y contribuyendo a que estas comunidades mineras sean actores en los procesos del crecimiento económico y el desarrollo sostenible. En este contexto, es recomendable considerar el tema de los riesgos mineros como parte de los desafíos del desarrollo, entendido como la búsqueda del equilibrio entre las necesidades del crecimiento económico, la equidad social y la sostenibilidad ambiental. La equidad social debe comenzar por disminuir las diferentes asimetrías existentes, trasladando información y conocimiento, como fundamentos de la constitución de una efectiva ciudadanía,-que se postula- es la vía para realizar un adecuado manejo de los riesgos y responder en forma eficaz y organizada a las eventuales situaciones de emergencia.