Resumen Desde hace un cuarto de siglo, y como norma, cada vez que pudieron, los gobiernos de los países de América Latina y el Caribe aplicaron una fuerte regulación al sector transporte, cuya meta no solamente fue obtener las economías de escala y distribuir justamente los beneficios de las mismas, o fomentar la eficiencia del sector, sino también, maximizar la participación de las empresas nacionales en el comercio internacional, y/o proteger, a lo menos implícitamente, a los operadores ya establecidos. Para asegurar que éstos no aprovecharan excesivamente la posición cuasi monopólica que esa regulación les otorgaba, los gobiernos solían aplicar un segundo estrato de regulación, destinado a proteger a los usuarios. Evidentemente, existía a nivel gubernamental una reticencia a confiar en el mercado. Si la mera regulación no permitía que lograran sus objetivos, los gobiernos simplemente participaron en la actividad correspondiente como operador. A lo largo de los últimos 25 años, en casos importantes, los gobiernos han levantado una gran parte de esas regulaciones y, al mismo tiempo, han transferido al sector privado la administración, tanto de obras de infraestructura como de servicios de transporte, que anteriormente habían sido ofrecidos por el sector estatal y que intrínsecamente, por distintas razones, no siempre se suministran en un ambiente completamente competitivo. Sin lugar a dudas, en algunos casos este cambio de enfoque trajo consigo distintos problemas, pero en general parece haber sido relativamente exitoso. Para garantizar el eficiente funcionamiento de los mercados, a los cuales hoy en día los gobiernos están dispuestos a entregarles un mayor grado de confianza, frecuentemente es necesaria la aplicación de una reglamentación, o regulación, económica, la que es esencialmente diferente de la regulación del pasado, especialmente en el sentido que ahora se intenta ajustar los resultados producidos por las acciones de las fuerzas presentes en el mercado, para que sean congruentes con los objetivos del gobierno, aceptando la validez del mercado propiamente tal. Los gobiernos no siempre se han mostrado suficientemente cuidadosos o valientes en identificar y enfrentar las tendencias anticompetitivas que pueden existir en los mercados. En el fondo, esto no constituye una deficiencia de los mercados sino una falla en su regulación.