Brecha del Estado de bienestar y reformas a los sistemas de pensiones en América Latina y el Caribe

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Brecha del Estado de bienestar y reformas a los sistemas de pensiones en América Latina y el Caribe

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Para proveer de ingresos ante eventos de invalidez, vejez y muerte del perceptor principal de ingreso, los sistemas de pensiones en América Latina se han organizado bajo esquemas contributivos tripartitos (con aportes de empleadores, empleados y Estado). Con ellos se han creado fondos de reparto de prima media escalonada para contratos de ahorro intergeneracionales, y de protección en la lógica de los seguros sociales. La cobertura de estos sistemas ha sido segmentada debido a diseños de programas de acuerdo a la categoría ocupacional y sectores de actividad, creándose una multiplicidad de marcos jurídicos diferentes. También es muy baja como consecuencia de la heterogeneidad productiva de las economías latinoamericanas cuya característica principal es que un porcentaje significativo de su mercado de trabajo esta compuesto por sectores de subsistencia, baja productividad y un acceso precario e inestable a relaciones comerciales y financieras (asociado a empleos precarios, niveles bajos de ingreso y alta incidencia de la pobreza). El resultado ha sido que los sistemas contributivos excluyen a una gran parte de los trabajadores y a sus familiares de las prestaciones contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte. La razón de ello es que las contribuciones a partir de las planillas de salarios, reproducen la segmentación del mercado de trabajo, observándose grandes diferencias de cobertura entre los sectores formales e informales del mercado de trabajo. Las reformas estructurales de los años ochenta y noventa, han intentado superar estos problemas mejorando los sistemas contributivos para promover la movilidad de la mano de obra mediante sistemas únicos y con portabilidad de derechos y obligaciones. También han intentado incentivar la participación de trabajadores sin relación de dependencia mediante contratos individuales de ahorro sobre la base de una relación financiera estrecha y transparente entre los esfuerzos contributivos y las prestaciones de los trabajadores. Sin embargo, no se han observado resultados importantes en materia de cobertura ya sea por cuanto la portabilidad no se ha traducido en mayores empleos formales o por que no se han generado los incentivos apropiados para el ahorro. Por el contrario, al dejar la responsabilidad exclusiva de su protección y la de sus familiares al trabajador individual, se han reproducido las desigualdades del mercado de trabajo. En particular discriminando contra las mujeres, que trabajan mas esporádicamente, son discriminadas en el trabajo, jubilan antes y tienen una mayor longevidad. El principal desafío hoy es el de incluir en forma eficiente en el diseño de los sistemas de pensiones el financiamiento solidario para combinar esquemas contributivos y no contributivos bajo la lógica de la seguridad social. En varios casos esto significará una carga adicional a la ya pesada responsabilidad fiscal debido al déficit que acarrean los antiguos sistemas y/o al costo fiscal de la transición de la gestión financiera desde el reparto a la capitalización en cuentas individuales.

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Resumen
Para proveer de ingresos ante eventos de invalidez, vejez y muerte del perceptor principal de ingreso, los sistemas de pensiones en América Latina se han organizado bajo esquemas contributivos tripartitos (con aportes de empleadores, empleados y Estado). Con ellos se han creado fondos de reparto de prima media escalonada para contratos de ahorro intergeneracionales, y de protección en la lógica de los seguros sociales. La cobertura de estos sistemas ha sido segmentada debido a diseños de programas de acuerdo a la categoría ocupacional y sectores de actividad, creándose una multiplicidad de marcos jurídicos diferentes. También es muy baja como consecuencia de la heterogeneidad productiva de las economías latinoamericanas cuya característica principal es que un porcentaje significativo de su mercado de trabajo esta compuesto por sectores de subsistencia, baja productividad y un acceso precario e inestable a relaciones comerciales y financieras (asociado a empleos precarios, niveles bajos de ingreso y alta incidencia de la pobreza). El resultado ha sido que los sistemas contributivos excluyen a una gran parte de los trabajadores y a sus familiares de las prestaciones contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte. La razón de ello es que las contribuciones a partir de las planillas de salarios, reproducen la segmentación del mercado de trabajo, observándose grandes diferencias de cobertura entre los sectores formales e informales del mercado de trabajo. Las reformas estructurales de los años ochenta y noventa, han intentado superar estos problemas mejorando los sistemas contributivos para promover la movilidad de la mano de obra mediante sistemas únicos y con portabilidad de derechos y obligaciones. También han intentado incentivar la participación de trabajadores sin relación de dependencia mediante contratos individuales de ahorro sobre la base de una relación financiera estrecha y transparente entre los esfuerzos contributivos y las prestaciones de los trabajadores. Sin embargo, no se han observado resultados importantes en materia de cobertura ya sea por cuanto la portabilidad no se ha traducido en mayores empleos formales o por que no se han generado los incentivos apropiados para el ahorro. Por el contrario, al dejar la responsabilidad exclusiva de su protección y la de sus familiares al trabajador individual, se han reproducido las desigualdades del mercado de trabajo. En particular discriminando contra las mujeres, que trabajan mas esporádicamente, son discriminadas en el trabajo, jubilan antes y tienen una mayor longevidad. El principal desafío hoy es el de incluir en forma eficiente en el diseño de los sistemas de pensiones el financiamiento solidario para combinar esquemas contributivos y no contributivos bajo la lógica de la seguridad social. En varios casos esto significará una carga adicional a la ya pesada responsabilidad fiscal debido al déficit que acarrean los antiguos sistemas y/o al costo fiscal de la transición de la gestión financiera desde el reparto a la capitalización en cuentas individuales.
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