Este informe revisa la reforma al sistema de salud chilena desde la perspectiva de los derechos humanos. Para ello primero examina los principales elementos que informan las políticas públicas desde una perspectiva de derechos, junto a las normas internacionales y nacionales que regulan el derecho a la salud. Seguidamente, sitúa el estado de la salud en Chile a través de los principales indicadores sanitarios del país a la fecha de discusión de la reforma. Desde los años ochenta, el sistema de salud se caracteriza por una dualidad público-privada, de escasa complementariedad o interacción y altos niveles de discriminación, inequidad y segmentación. Para iniciar el proceso, el primer paso fue establecer los objetivos sanitarios para la década, base para la formulación de la reforma. Luego se promovieron los principales elementos de la reforma al sistema de salud, que se abordan en el estudio, con especial énfasis en las Garantías Explícitas (GE); y las modificaciones a la institucionalidad, seguido por un análisis de su discusión y la interesante estrategia política que se empleó para su aprobación. Posteriormente, el análisis se divide en dos partes: una responde a la pregunta sobre la contribución de la reforma a la realización del derecho a la salud, y la otra, a la interrogante de si la reforma es una política enfocada desde una perspectiva de derechos. Si bien las políticas enfocadas en derechos tienen su fundamento en las obligaciones de los Estados con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH);, es posible hacer un análisis desde dos aspectos diferentes. Uno que mide el grado de cumplimiento de las obligaciones del Estado con los instrumentos internacionales y larealización del derecho gracias a la nueva política, y otro distinto que evalúa en qué medida la política se encuentra diseñada desde una perspectiva de derechos. Ambas miradas presentan elementos comunes que pueden superponerse; sin embargo, es conveniente hacer la distinción con el fin de abarcar una mayor gama de elementos útiles para la discusión. A la primera interrogante se responde que la reforma cumple la obligación de realizar el derecho a la salud y avanza con mayor o menor decisión en distintas obligaciones internacionales. De la segunda, surge que es posible establecer un mecanismo de priorización sanitaria (o en general de priorización pública); mediante el reconocimiento de derechos. Finalmente, se discuten algunas de las lecciones obtenidas a partir de los antecedentes estudiados, incluyendo el valor intrínseco del enfoque de derechos, las garantías explícitas y las políticas centradas en las personas, para terminar con algunas recomendaciones para la elaboración de políticas inspiradas bajo los principios de garantías explícitas.