En el primer semestre del 2003, y por espacio de tres semanas, los empleados del Instituto Costarricense de Electricidad, ICE(1), mantuvieron un movimiento de huelga. De hecho las razones de esta acción ilustran el contorno de una tensión política particular que por más de dos décadas ha confrontado dos ideas concretas sobre el Estado y sus funciones: una corporativista y otra neoliberal(2). Esta tensión no ha estado sustentada en la típica exigencia de mejoramiento salarial. Por el contrario, las peticiones de los sindicatos se mezclan con argumentos de técnica ingenieril y administración fiscal. El punto de discordia enunciado es el límite del endeudamiento autorizado a la institución para hacer frente a las exigencias de inversión que se requieren a fin de evitar racionamientos futuros. El problema de fondo: la competencia mercantil frente a la gestión pública de servicios estratégicos. Los actores de la disputa se separan entre el Poder Ejecutivo, (los funcionarios de la empresa y que son los voceros empresariales de la demanda aperturista) y una opinión pública mayoritariamente volcada a favor de la empresa estatal y sus" intereses. Las relaciones y los roles que desempeñan cada uno no están claros ni hay cortes limpios que los separen. El Presidente Ejecutivo es el primer representante del Gobierno en el Consejo Directivo, un funcionario de cuasi gabinete de nombramiento directo del Consejo de Gobierno. Por ello, los presidentes ejecutivos suelen responder políticamente a la administración de turno, pero este no es el caso del ICE donde la impronta institucional supera las fidelidades políticas del momento. Los representantes laborales aparecen frecuentemente en alianza con miembros del Comité Directivo en "defensa de la institución". Los representantes empresariales demandan apertura pero al mismo tiempo señalan su desinterés por "debilitar" en modo alguno la institución estatal. La opinión pública está en contra de las privatizaciones pero tolera espacios distintos de eliminación de monopolios. La disputa alrededor del ICE trasciende regularmente los límites de su conflicto corporativo. Eventualmente las protestas de la "fuerza amarilla" (una apelación simbólica que alude al color oficial de la institución y parafrasea la denominación de las fuerzas policiales como "fuerza pública") entusiasman otros sectores sociales que presentan sus propias reivindicaciones y agregan a ellas la "defensa de la institucionalidad" una expresión para enunciar el rechazo a las políticas que suponen de obra u omisión la privatización de entidades públicas, o bien la lucha contra la corrupción o el neoliberalismo. Se trata en suma de un conflicto social fundamental que ha impreso un cierto ritmo a las reformas privatizadoras en el país y que resulta relevante para comprender los efectos de la interacción sociopolítica con los planes y propuestas de reforma económica en la sociedad costarricense. Este artículo se divide en cuatro apartados. En el primero se presenta el esquema conceptual por medio del cual se comprende la problemática de las dimensiones políticas de las reformas económicas. En el segundo se describen someramente los contornos de las reformas adoptadas por Costa Rica desde 1982 para hacer frente a los desafíos de la crisis económica de 81-82 e iniciar transformaciones institucionales y estructurales para propiciar un cambio en el modelo de desarrollo. Luego, en el tercero, se explora a profundidad la problemática del ICE desde su fundación en 1949. Por último en las conclusiones se presentan algunas reflexiones conceptuales de mediano alcance desde el caso concreto. 1. El ICE es la empresa estatal, regida por la normativa de instituciones autónomas, que se dedica a la producción y distribución de energía eléctrica y a la gestión de la telefonía fija, móvil, y los servicios de Internet. Tiene activos por el orden de los 3 744 millones de dólares (2001) e ingresos operativos de 691 millones de dólares en 2001. Estos representaron 26% de los ingresos totales del Gobierno Central y 24% de los ingresos totales del Sector Público en ese año. Su planilla está integrada por unos 12 mil trabajadores, equivalente a un décimo de los empleados del Gobierno Central. (http://www.ice.go.cr/esp/qsomos/planinf/estad_financ_gen1.htm#1). 2. El uso de los términos no puede ser ambiguo. Por corporativismo entendemos, siguiendo a Schmitter (1992, p. 80) una forma de intermediación de intereses (distinta del sindicalismo y el pluralismo) cuya características más importantes están relacionadas con el control, promoción o autorización del Estado para su formación y con el carácter monopólico de su representación. Por neoliberalismo entendemos la derivación teórica originada en el pensamiento de Misses, Hayek y Friedmann que reaccionó al liberalismo social de Keynes y que se impuso en la formulación de políticas públicas a partir de los años 80. Los neoliberales "tienden a desconfiar de la libertad positiva como licencia para el "constructivismo", piensan que la justicia social es un concepto sin sentido, abogan por el regreso al liberismo y recomiendan un papel mínimo para el Estado". (Merquior, 1993, p. 195). Es importante señalar que estos son los límites externos dentro de los cuales se produce una disputa que siempre ha tenido un resultado híbrido. Sobre esto volveremos más adelante en el capítulo que contextualiza los términos generales del proceso político de la reforma económica en el país."