Cuando en diciembre del 2001 Fernando de la Rúa se vio obligado a renunciar a su cargo de Presidente de la Nación como consecuencia de la falta de apoyo político y de la fuerte presión popular, la Argentina estaba sumida en un caos político, económico y social de tal magnitud que su desenlace era difícil de prever. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC);, en octubre del 2001 el 28% de los hogares y el 32% de las personas vivían bajo la línea de pobreza, la tasa de desocupación ascendía al 18,4%, y la situación se agravaría hacia diciembre. Por otra parte, mientras que los saqueos a los supermercados se tornaban una práctica casi diaria, crecía la movilización callejera que al grito "que se vayan todos" , sumaba los reclamos de los desocupados con la exigencia de las clases medias de devolución de los depósitos bancarios, inmovilizados por un decreto del gobierno. En este escenario signado por la crisis económico y la deslegitimación de los partidos políticos, declarado ya el default con los organismos internacionales y en un clima de alta conflictividad social, un gobierno con dudosa legitimidad de origen, -elegida por Asamblea Legislativa-, contando con la confianza de solo un sector de la clase política y con el apoyo parcial de su propio partido, decide poner en marcha un programa social cuya magnitud en términos de cobertura llegó a superar, en pocos meses, los estándares anteriores. El plan estaba dirigido a los jefes y jefas de hogar desocupados y no se diferenció solamente por su alcance y por el monto de recursos asignados sino que presentaba otras novedades tanto en su diseño como en su modalidad de gestión. Fueron estas novedades las que concitaron el interés de numerosos especialistas. Así se escribieron un sinnúmero de documentos en los que se analizan las características de los beneficiarios, sus trayectorias laborales, el impacto sobre los niveles de pobreza y desempleo, en la distribución del ingreso, etc. Las preguntas que nos llevaron a escribir este documento son otras. Preguntas que surgen de la sorprendente rapidez con que el prlan fue puesto en marcha y la amplitud de la cobertura alcanzada en un país sumido en una crisis económica, política y social como era la Argentina de comienzos del 2002. En efecto, a los tres meses de haber asumido el presidente Eduardo Duhalde el Plan ya contaba con más de 500.000 beneficiarios. Si bien esta cantidad de beneficiarios resultaba insuficiente para cubrir al conjunto de los desocupado, es una cifra que contrasta con los beneficios otorgados por otros programas de empleo gestionados durante la década de los 90. Incluso es un número más alto que la suma de todos ellos: en 1997 que es el año en que se distribuye el mayor número de beneficios, el conjunto de beneficiarios de los distintos programas de empleo es inferior a los 140.000 beneficios mensuales. La celeridad de la puesta en marcha del plan era un factor decisivo, no solo para asistir a una población crecientemente empobrecida sino también por otras razones que tenían que ver con la gobernabilidad del país: si el programa resultaba exitoso en reducir el crecimiento de la conflictividad social, consecuencia de los altos niveles de pobreza e indigencia, el gobierno ganaría en legitimidad y mejoraría su capacidad de gobernar. El documento se inicia con una descripción del contexto socio-económico y político en que se inscribe el Programa. Comenzar con esta descripción resultaba imprescindible para que el lector comprenda la importancia de la aplicación de un plan como el de Jefes y Jefas de Hogar Desocupados en la particular coyuntura que atravesaba la Argentina a comienzos del 2002. Seguidamente, se analiza "las condiciones de posibilidad" de la rápida instalación de este Plan. En este punto se tuvieron en cuenta los siguientes factores: a); el consenso alcanzado para poner en marcha el programa b); las capacidades de organización y negociación de los distintos actores participantes, c); las experiencias acumuladas de los programas sociales y de empleo anteriores, d); las características del diseño del plan. El último capítulo esta dedicado, en primer lugar, a señalar los principales problemas que surgen del Plan Jefes/as de Hogar Desocupados cuando se lo analiza desde la perspectiva de un programa social. El capítulo concluye con algunas reflexiones sobre el eventual comportamiento de los principales actores involucrados en el programa, ante la decisión del gobierno de discontinuarlo como consecuencia del cambio en las condiciones socio económicas a partir de finales del 2002.