Resumen Presenciamos de manera cada vez más frecuente los debates sobre las ventanas de oportunidad ofrecidas por los aspectos económicos, comerciales y financieros de la globalización y sobre los impactos negativos que la falta de gobernabilidad de este proceso, está provocando en las áreas sociales, ambientales y culturales. Con este contexto coexiste, sin embargo, un avance silencioso de una universalización de valores que se genera, consolida y expande a partir de la tarea del sistema de las Naciones Unidas. En tres breves artículos, a manera de capítulos, este documento describe, en primer lugar, un panorama general de las oportunidades ofrecidas por los instrumentos y mecanismos de las Naciones Unidas para dicha globalización de la ética, fundamentalmente a partir de los objetivos de la Declaración del Milenio y del concepto de los bienes públicos globales. A continuación se analiza el potencial del concepto de derecho al desarrollo y del Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales como instrumentos de traducción del bien público global equidad en legislación y políticas públicas sectoriales. Finalmente, se intenta una aproximación preliminar al Tribunal Penal Internacional, su gestación, naturaleza y competencias, como una manera de contribuir a la difusión de este hito en la búsqueda universal del respeto por la vida y la dignidad humana. Algunos de los temas esbozados en este documento, constituirán también alguna de las áreas que abordará la recientemente establecida Unidad Conjunta CEPAL/OACDH (Oficina del Alto Comisionados para los Derechos Humanos). En efecto, se espera que dicha instancia, dentro del enfoque integral de los distintos derechos humanos en el proceso de desarrollo, pueda apoyar a los países de la región en la consideración de desafíos internacionales y regionales vinculados a esa tarea, como son la paz, la seguridad, el desarme, los asuntos humanitarios, y la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, manifestaciones estas últimas de una violación sistemática de los derechos económicos y sociales por constituir una desviación de recursos que deberían ser destinados a satisfacer objetivos de bien público.