La Declaración del Milenio, aprobada en septiembre del 2000 por los Estados Miembros de las Naciones Unidas, establece un conjunto de objetivos y metas de desarrollo para avanzar en la construcción de un mundo más igualitario; y sitúa la igualdad entre los sexos y la autonomía de las mujeres como objetivo específico de la agenda global y condición indispensable para el logro de los demás objetivos. El presente estudio sobre Nicaragua se ha realizado con el fin de aprovechar la oportunidad que ofrece la Declaración del Milenio de integrar la perspectiva de género en los consensos internacionales. El objetivo es explicitar los vínculos entre la equidad de género y los problemas del desarrollo, además de mostrar a los formuladores de políticas públicas que la equidad de género es un derecho de las mujeres, que además es fundamental para alcanzar las otras metas del Milenio. Debido que la meta vinculada al objetivo de igualdad entre los sexos, y los indicadores propuestos para su seguimiento, no comprenden todas las dimensiones de la desigualdad de género, el estudio partió por la identificación de indicadores adicionales que dieran cuenta de las dimensiones no consideradas, y permitieran establecer el nexo entre equidad de género y el logro de los demás objetivos. El análisis de los siete primeros objetivos del Milenio, en los que se centró el estudio, muestra que las mujeres viven la pobreza de manera distinta. Debido a los roles asignados por la división sexual del trabajo y las desiguales relaciones de poder con los hombres, muchas mujeres carecen del tiempo y los recursos productivos necesarios para generar ingresos suficientes. A pesar de estas limitaciones, el aporte monetario de las mujeres contribuye a reducir la pobreza de sus hogares. Se constata, además, que la mayor educación de las mujeres está positivamente relacionada con el estado nutricional de la niñez, la disminución de la mortalidad infantil y la mortalidad materna; ya que contribuye a mejorar el cuidado de la niñez y a aumentar el nivel de autonomía de las mujeres para ejercer sus derechos. En particular, el control de las mujeres sobre su capacidad reproductiva incide en la reducción de la fecundidad, y ésta a su vez en la disminución de los riesgos asociados a la muerte de niños y madres. También queda en evidencia que, por razones de género, la educación no tiene el mismo retorno para las mujeres que para los hombres. Para similares niveles de instrucción las mujeres obtienen menores ingresos por su trabajo que los hombres, siendo mayor la brecha de ingresos entre la población con más años de estudios. Lo que constituye un desincentivo para la mayor educación de las mujeres. Esto plantea la necesidad de articular las políticas públicas que se formulen, para generar sinergias y evitar la anulación recíproca de efectos.