Legislación laboral en seis países latinoamericanos. Avances y omisiones para una mayor equidad

Abstract

El presente estudio analiza las regulaciones nacionales en materia de Derecho del Trabajo en seis países de la región: Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Uruguay. Para ello, se comparan los aspectos más relevantes de los ordenamientos legales aplicables, sus disparidades, las políticas aplicadas por las entidades gubernamentales con competencia en la materia y las barreras que el ordenamiento jurídico impone agravando de ese modo la situación de facto que atraviesan las mujeres al momento de insertarse en el mercado de trabajo. En ese sentido, reviste especial interés el análisis de los principios del derecho laboral y la diferencia entre mujeres y hombres, situación que también es analizada en los Pactos y Tratados Internacionales de Derechos Humanos y en las Constituciones políticas de cada uno de los países seleccionados.A su vez, se presta especial consideración a los mecanismos legales que promueven o expulsan a las mujeres del mundo del trabajo, la existencia de normas que fomenten la armonización del trabajo remunerado y el trabajo reproductivo; el alcance de disposiciones que promuevan las responsabilidades familiares compartidas por la pareja; y la presencia de normas que conciban la maternidad como responsabilidad social y no individual. Por último se analiza especialmente el impacto de la flexibilización laboral implementada en los últimos años y las reformas en materia de seguridad social en cada uno de los países seleccionados. El estudio se inscribe en el marco del proyecto "Políticas laborales con enfoque de género" que ejecuta la Unidad Mujer y Desarrollo de la CEPAL, con apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ);. El proyecto busca fomentar la implementación de medidas a favor de la equidad de género en las políticas laborales, tanto a nivel nacional como local, y fortalecer la capacidad de diálogo y concertación en esta materia de las Oficinas de la Mujer, los Ministerios de Trabajo, otros actores institucionales gubernamentales y la sociedad civil.