Resumen Los países miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) han planteado la necesidad de aplicar un enfoque de desarrollo integrado. La CEPAL propone que la atención se movilice a un desarrollo con énfasis en la equidad y en la ciudadanía, partiendo de la observación que, en la década de los noventa, las económicas latinoamericanas - aunque hayan mostrado avances importantes en términos macroeconómicos - culminaron con niveles relativos de pobreza superiores a los de 1980, al mismo tiempo que las condiciones en los mercados laborales se han deteriorado en la mayoría de los países. Para lograr un desarrollo con equidad es imprescindible que, en la formulación de políticas públicas, se aplique un enfoque de género como instrumento técnico- analítico que acompaña este objetivo ético-político. Para Naciones Unidas y por ende para la CEPAL, la transversalización (mainstreaming) de la perspectiva de género es 'el proceso de examinar las implicaciones para mujeres y hombres de cualquier tipo de acción pública planificada, incluyendo legislación, políticas y programas, en cualquier área. Asimismo, es una herramienta para hacer de los intereses y necesidades de hombres y mujeres una dimensión integrada en el diseño, implementación, monitoreo, y evaluación de políticas y programas en todos los ámbitos políticos, sociales y económicos'. La finalidad del diagnóstico aquí presentado es dar cuenta del grado y modo en que los gobiernos de la región hayan incorporado la preocupación por la equidad de género en las políticas económicas, especialmente las de carácter laboral. Con este diagnóstico se espera contribuir a la implementación de los acuerdos y resoluciones derivados de conferencias regionales (Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe 1995-2001; Consensos de Santiago y de Lima) y de acuerdos mundiales (Plataforma de Acción Mundial de Beijing; los compromisos del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas) en cuanto a la institucionalización del enfoque de género y de los derechos de las mujeres en las políticas públicas. Vale destacar el carácter pionero del diagnóstico, el que se centra en algunos aspectos formales que han sido identificados como posibles indicadores del grado de institucionalización del enfoque de género en las políticas y programas económicos y laborales: compromisos asumidos; mecanismos institucionales adoptados; nuevas disposiciones legales; programas implementados; recursos técnicos y financieros asignados, entre otros. Los indicadores aquí analizados dan cuenta de resultados alcanzados en este sentido en los países de la región durante la década de los noventa, sin enfocarse en los procesos que han llevado al logro de estos mismos y que han sido abordados a través de otros estudios 2 o aún están pendientes de analizar. Se pone a disposición de los gobiernos y otros actores interesados, los resultados de este análisis con el fin de contribuir a la implementación y el perfeccionamiento de mecanismos y estrategias - cada vez más eficaces - que permitan alcanzar el objetivo de la incorporación transversal de la perspectiva de género en todas las políticas e intervenciones públicas que - por ende - apunta al objetivo de un desarrollo con equidad social y de género.