No es azaroso que el debate en torno a la igualdad regrese una y otra vez al debate político y social de América Latina. Por una parte, hay datos empíricos irrefutables que justifican en sí mismo que se considere el tema, como el hecho que esta región es la más desigual del mundo y que tras varias décadas de diversos ensayos de políticas económicas, la pobreza y la indigencia sigan siendo un problema a resolver, al mismo tiempo que se mantiene una desigual distribución del ingreso y de la riqueza. En este contexto, las mujeres padecen una particular, pero no tan nueva, cuestión social. El primer rasgo distintivo es que el colectivo femenino, definido durante décadas como un todo homogéneo, se ha diversificado de modo tal, que las particularidades escapan a toda regla. Si aún quedan dudas a nivel conceptual de la diferencia como una característica constitutiva del sujeto mujer, basta solo con observar las múltiples situaciones específicas que están viviendo las mujeres en la región para disiparlas. A su vez, la desigualdad refiere a una estructura especial de poder, que al igual que el género, construye relaciones sociales asimétricas entre los sexos. Así como las feministas italianas, precursoras del debate sobre los tiempos para el cuidado con el conocido lema "el tiempo atrapa a las mujeres" hoy podríamos afirmar la "desigualdad atrapa a las mujeres". Si bien este concepto puede refutarse en tanto la diferencia es constitutiva del sujeto mujer, y la desigualdad ha motivado siglos de luchas de las mujeres por revertirla, la metáfora hoy se utiliza a efectos de este trabajo, en el sentido que se ha producido un importante reconocimiento de la igualdad formal entre varones y mujeres, particularmente en términos de equiparación de derechos, igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo y en muchos ámbitos públicos, pero se ha perpetrado y reproducido la desigualdad en el ámbito doméstico. En otros términos, las mujeres en América Latina han concentrado sus energías en los últimos treinta años, luchando por la inserción en el mundo público y dejando de lado la discusión del ámbito privado. Ergo, la desigualdad nos atrapó en el ámbito de las relaciones de conciliación, entre lo público y lo privado, entre las responsabilidades productivas con las reproductivas. Las situaciones descritas remiten a un debate que usualmente no se encuentra presente y que es necesario relacionar y resignificar. Se trata precisamente del debate en torno a cómo incorporar en una lógica de derechos la complejidad del cuidado. Esto es, no solo "relacionado con" un status de trabajador/a asalariado o con un "sujeto beneficiario" o "receptor" de una política de cuidado sino como un principio inherente a la igualdad de oportunidades, de trato y de trayectoria. En rigor, la efectividad de una medida de corte igualitario se comprueba no solo en las garantías de acceso y de la potencialidad de ingreso a un puesto de trabajo en "igualdad", sino durante todo el desarrollo de su desempeño laboral (trayectoria); en donde no existan situaciones de segregación ocupacional, las que entre otros factores incluyen estratificación social en cuanto al poder, las calificaciones profesionales o técnicas y los ingresos, traduciéndose todos estos factores en indicadores que en general prueban las desventajas sociales y económicas que tienen las mujeres. A su vez, resulta indispensable analizar el cuidado como obligación y las múltiples implicancias y derivaciones que trae aparejada, entre otras si es una obligación privada o pública, y quienes son los sujetos obligados a prestar cuidado. Este es el eje de discusión y de propuestas del presente estudio, que propone enfrentar -y buscar vías de superación- sobre la idea común que el cuidado se resuelve únicamente si se consolida una adecuada red de contención para proveer a los hogares -o a las trabajadoras formales- de suficiente y necesaria infraestructura. A lo largo del análisis se enfatiza la necesidad de pensar nuevas estrategias de desarrollo, que incluyan un marco de derechos, el que opera como un marco teórico-operativo y que permite definir con mayor precisión las obligaciones de los Estados frente a los principales derechos humanos involucrados en un nuevo modelo de desarrollo. Por lo mismo, el trabajo enfatiza la necesidad de pensar el desarrollo sustentable en la medida de reconocer la contribución invisibilizada de las mujeres en la economía y su contracara, no es posible pensar estrategias de desarrollo con equidad si no se prioriza el valor de la reproducción social y todo lo relacionado con el cuidado cobra una centralidad indiscutible. En el documento también se hace referencia a algunos problemas de diseño institucional que el tema bajo examen puede ayudarnos a dilucidar y que demandan de políticas acordes para ello. El valor del enfoque de derechos radica principalmente en la capacidad de guiar con estándares y principios la actuación de los Estados democráticos en situaciones concretas, pero además contribuye a la consecución de políticas y prácticas equitativas.