En el año 2000, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, más de 180 gobernantes se comprometen a alcanzar una serie de logros que se sintetizan en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). En su carácter de síntesis de compromisos anteriores, instalan en las agendas políticas una serie de problemas que deben ser superados para alcanzar el desarrollo sostenible. La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres tiene en estos documentos un doble reconocimiento, como objetivo y como medio eficaz para avanzar en el logro de las distintas metas propuestas. Las desigualdades de género tienen manifestaciones e intensidades diferenciales en cada país, y por lo tanto requieren respuestas específicas. Existe una transversalidad de las relaciones de género, pero también una especificidad de problemáticas en el ámbito de cada país y al interior de cada uno de ellos. En este documento, elaborado en el marco del proyecto CEPAL/UNIFEM "Uso de indicadores de género para el desarrollo de políticas públicas", se examina la situación del Uruguay. Este país ha dado pasos importantes para implementar los ODM, adaptando las metas mundiales a la realidad nacional, y esto fue el resultado de un proceso participativo que se organizó entre octubre de 2003 y marzo de 2004. En materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, se avanza en el establecimiento de metas más abarcativas, que ponen el eje en una mayor participación en el ámbito de la economía y la toma de decisiones. El examen de la situación social pone énfasis en dar visibilidad a la desigualdad de género y mostrar cómo la misma se manifiesta en cada una de las problemáticas planteadas en los ODM. El abordaje de las problemáticas de la pobreza, la inequidad educativa, la mortalidad materna e infantil, los derechos sexuales y reproductivos, el VIH/SIDA y la degradación del medio ambiente requieren de políticas y estrategias integrales, en las cuales la equidad de género actúa a la vez como requerimiento y como resultado. Focalizar las prestaciones de las políticas sociales no es suficiente, se requiere de la aplicación de políticas activas que aseguren la igualdad de oportunidades y la redistribución de poder económico, cultural y político. Autonomía y empoderamiento son dos dimensiones que no pueden estar ausentes en las distintas etapas de formulación, implementación y monitoreo de políticas tendientes a alcanzar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Generar condiciones para su ejercicio pleno son también requisitos indispensables para avanzar hacia un desarrollo sostenible. En este marco, el presente documento procura presentar datos estadísticos que permitan examinar la situación de disparidad en el ejercicio de los derechos, poniendo énfasis en las sinergias entre igualdad de género y el logro de un desarrollo sostenible.