Imaginemos un experimento consistente en preguntar a especialistas de diferentes áreas como biología, economía, derecho, ciencia política, etc.: ¿Cuál cree Ud. que es la mejor explicación para la brecha entre aspiraciones y realizaciones en materia de desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe? Mientras que algunos entrevistados pueden señalar que la existencia de la brecha es un falso dilema resultante de la adopción de estándares, objetivos y metas ambientales demasiado exigentes para la mayor parte de los países de la región, nuestra conjetura es que la distribución esperada de respuestas tienda a concentrarse sólo en torno de interpretaciones de corte económico. Sin embargo, al ser los problemas ambientales básicamente independientes del paradigma económico dominante, las razones últimas para la persistencia y universalidad de los problemas ambientales no deben buscarse exclusivamente en argumentos de tipo económico, sino que deben contemplar también otras dimensiones: i) el sistema ético que regula y orienta la acción y el comportamiento humano, según códigos, principios, creencias, normas y valores; ii) los mecanismos de decisión y acción colectiva que las sociedades construyen y administran para prevenir y/o resolver problemas de interés común, como los ambientales. El presente trabajo se centra en la segunda de estas dimensiones. Los mecanismos de decisión y acción colectiva toman la forma concreta de un conjunto de instituciones, organizaciones y políticas públicas que componen una infraestructura cuyas partes guardan evidentes interdependencias mutuas pero que admiten ser tratadas y analizadas largamente por separado. El trabajo organiza las anteriores reflexiones sobre fallas en el ámbito de lo público, en torno a dos trilogías cuyas categorías se encuentran interrelacionadas. La primera, y más general, se refiere a la ya mencionada infraestructura de organizaciones y políticas públicas, mientras que la segunda, más específica, concentra la atención en los problemas de integración, coherencia y coordinación de políticas públicas. El análisis de ambas permite apreciar que las de gobierno pueden efectivamente originarse en causas muy diversas, pero que en última instancia están vinculadas al diseño y/o funciofallasnamiento de la infraestructura institucional y organizacional de los varios poderes del Estado y/o niveles de gobierno, así como también a la estructura de incentivos y restricciones que guían estos procesos.