Resumen El estudio se inscribe dentro del marco del Proyecto CEPAL/Comisión Europea "Promoción del uso eficiente de la energía en América Latina" y tiene por objeto hacer un diagnóstico de las normas jurídicas vigentes en Venezuela, a efectos de analizar la conveniencia de adoptar acciones legislativas y proponer las bases y principios que podrían aplicarse para regular el uso eficiente de la energía. En la primera parte del trabajo se analiza el marco legal e institucional considerando las normas constitucionales vinculadas al uso eficiente de la energía; las legislaciones energética, ambiental, de servicios públicos y de protección al consumidor y al usuario; y las normas que tienen relación con las atribuciones de los organismos relacionados a esta materia. En esta parte se consideran también, las políticas vinculadas al uso eficiente de la energía. En la segunda parte se fundamenta la conveniencia de regular el uso eficiente de la energía tomando en cuenta las bases constitucionales para la regulación, la Ley Orgánica de la Administración Central, la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, y la Ley Orgánica que reserva al Estado la industria del gas. Del diagnóstico legal e institucional y de la fundamentación el estudio concluye señalando que el tema del uso eficiente de la energía no ha sido planteado explícitamente como materia de política pública. Sin embargo, precisa que existen bases constitucionales y legales capaces de comprender iniciativas en ese sentido. En la última parte del trabajo se proponen los principios que deberían tenerse en cuenta para regular el uso eficiente de la energía. El estudio destaca que la regulación del uso eficiente de la energía debería constituir una finalidad del Estado, fundamentada en la obligación que le corresponde de asegurar la efectiva realización de los derechos económicos y sociales garantizados a todos los ciudadanos. En este sentido, la regulación debería orientarse a la promoción y protección armónica de los intereses de los consumidores y usuarios, al mejoramiento de la calidad de vida de la población, a la protección de la salud y del ambiente y al aprovechamiento racional y sustentable de los recursos energéticos. Para ello se requiere, a juicio del autor, entre otros aspectos, un sistema basado en criterios de libertad económica y precios que reflejen los costos económicos reales de la energía.