Este documento presenta una descripción de la dimensión territorial del Estado colombiano y examina el proceso de descentralización territorial que se ha venido desarrollando en Colombia desde la década de los ochenta. El proceso de descentralización ha otorgado a los gobiernos locales instrumentos políticos, fiscales y administrativos para que desempeñen un papel importante en la provisión de bienes y servicios públicos que pueden reducir la pobreza de la población. Las normas nacionales han asignado a los municipios competencias en materia de educación primaria y secundaria, salud, agua potable y saneamiento básico, infraestructura vial, vivienda, ordenamiento territorial, gestión del suelo, atención a grupos vulnerables y apoyo al desarrollo rural, entre otros sectores. Las transferencias nacionales han aumentado desde el año 1986 mediante esquemas automáticos por fórmula, que han garantizado estabilidad y continuidad al proceso, y en su distribución se han contemplado criterios redistributivos tanto entre territorios como entre personas. En términos generales ha habido un mejoramiento importante en muchos sectores pero existen diferencias notables en el desempeño entre los distintos gobiernos locales. Esto indica que existe un potencial de mejoramiento muy grande, aun dentro del esquema normativo vigente. Aunque existen factores del diseño del proceso que afectan el desempeño, los problemas principales se encuentran en la capacidad de gestión y, sobre todo, en el tipo de gestión. En numerosos municipios del país predomina una gestión orientada por intereses particulares o por el aprovechamiento del aparato público para intereses electorales, que le resta eficacia y eficiencia a la acción del Estado.