El presente estudio tiene por objetivo contribuir a la identificación de oportunidades para elevar la efectividad de las políticas ambientales desde el punto de vista de los requerimientos de coordinación interinstitucionales y de los instrumentos de política al alcance de las autoridades, a fin de minimizar los costos económicos y sociales en que incurre la sociedad para alcanzar sus metas de calidad ambiental. Se argumenta que desde la aprobación de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el 2000, el país ha avanzado en la creación de espacios formales e informales de coordinación de políticas para abordar problemas ambientales específicos; no obstante, aún es necesario avanzar en el desarrollo de mecanismos de coordinación que permitan articular y alcanzar objetivos más generales de desarrollo económico y social y sostenibilidad ambiental. En el ámbito de los instrumentos de política ambiental, existe el potencial para la conformación de un paradigma regulatorio de la gestión ambiental donde los instrumentos económicos jueguen un rol más importante.