El presente trabajo continúa los esfuerzos de CEPAL en relación con el análisis del gasto ambiental en Argentina en tres direcciones principales: la actualización de estimaciones sobre gasto público ambiental, la evaluación del uso de instrumentos económicos y, por último, el análisis del gasto privado en gestión ambiental. Primeramente, se considera la evolución del gasto público ambiental de las distintas jurisdicciones durante el período reciente de crisis. El gasto ambiental público alcanzó niveles mínimos en el año 2002 tanto en valor absoluto (397 millones de dólares) como en relación al PIB (0,38%). Asimismo, se ha verificado una subejecución presupuestaria (habitual en contextos de ajuste) que en el caso del gasto ambiental fue más notoria que para el gasto público nacional en general. En cambio, la composición del gasto se mantuvo estable: el grueso del gasto ambiental lo realizan los municipios (3/4 del total), aproximadamente 1/5 es realizado por las provincias y sólo un 5% por el Gobierno Nacional. En relación con las fuentes de financiamiento, se mantuvo la preponderancia del financiamiento del Tesoro Nacional, pero se observa una creciente participación de fuentes externas. En segundo lugar, se analiza el caso más relevante de aplicación de instrumentos económicos en el país (en particular, la tasa prevista en la primera ley nacional sobre residuos peligrosos dictada en 1992). Dicha normativa mostró un bajo nivel de aplicación efectiva, en buena medida debido a problemas de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y a la escasez de recursos materiales y técnicos. Por ello, resulta llamativo que lo recaudado por la mencionada tasa fuera destinado a Rentas Generales pese a que la reglamentación de la normativa indicaba su asignación específica a la Secretaría de Ambiente del Gobierno Nacional. Si bien la asignación específica podría ser criticada tanto desde el punto de vista teórico como práctico, cabe destacar que en un contexto de crisis de financiamiento, ésta podría haber marcado una diferencia en las actividades de la unidad encargada de la aplicación efectiva de la normativa a nivel nacional. Más en general, los resultados sugieren la necesidad de buscar nuevas formas tanto de simplificar el control como de asignar los recursos necesarios para un control efectivo por parte de los organismos provinciales y de la Secretaría de Ambiente de la Nación. En tercer lugar, y pese a no disponer de estimaciones censales del gasto ambiental privado, se realizó un cálculo preliminar para el año 2001 según el cual las erogaciones privadas representarían, como mínimo, 136-204 millones de dólares, es decir, un 10-15% del gasto público ambiental en dicho año. En cuanto a las actividades desarrolladas por las empresas argentinas, la principal novedad es la creciente orientación hacia medidas preventivas" (o de producción limpia), sin distinción de acuerdo al tamaño de la firma. En el caso de las grandes empresas aumentó también la certificación de los sistemas de gestión ambiental, aun en un contexto de crisis. En cuanto a las motivaciones, debe destacarse que si bien la presión regulatoria es aún el principal factor identificado por las empresas, muchas de ellas declaran que buscan mejorar la imagen corporativa a través del desarrollo de su gestión ambiental."