Resumen El aspecto más visible de las reformas energéticas es, sin duda, el mayor protagonismo privado pero éste no es el único objetivo. Las reformas persiguen esencialmente la reestructuración de los mercados de la cadena energética; nuevos esquemas de contratación; generar mayor eficiencia en los ofertantes y demandantes; nuevos mecanismos que dinamicen el proceso de ahorro—inversión; todo lo cual refuerza el papel regulador del Estado no excluyendo las funciones empresariales. Este es justamente el rasgo distintivo de los procesos reformistas que están en marcha en la región. El origen y motivación de las reformas es más o menos similar pero debe advertirse que el papel del Estado —más o menos empresario pero de todas formas más regulador— varía además, según el tipo de industria energética. Es claro que en la industria eléctrica la privatización de empresas públicas ha tomado mayor impulso que en la industria de los hidrocarburos. Este trabajo da cuenta de los avances que se han producido hasta el momento, considerando los impactos sobre el crecimiento y la eficiencia económica, la equidad social y el medio ambiente. Entre los principales problemas que tienen relación con el crecimiento y la eficiencia económica pueden mencionarse entre otros: concentración de la industria y algunas prácticas de posición dominante en el mercado; dificultades en la fijación de precios y en la transparencia de la información; tendencias a una captura del regulador por el regulado; y ciertas barreras que afectan el traspaso de los logros en eficiencia a los usuarios y a la sociedad en su conjunto, problemas que son más notorios en la regulación de la industria eléctrica. De todas formas, una evaluación preliminar, como la que se formula en este trabajo, muestra mayores resultados por el lado del crecimiento y la eficiencia económica pero arroja desafíos pendientes en la equidad social y el medio ambiente.