El mercado laboral mexicano se ha caracterizado por la insuficiente generación de empleos, ante la creciente población económicamente activa (PEA). Esta situación ha tenido que ser resuelta mediante diversas opciones, en primer lugar ocuparse en el sector formal, o bien emplearse en sectores de baja productividad, y aquellos que no encuentran acomodo en las opciones anteriores, enfrentan la migración o la desocupación. Dicha variedad de opciones denota la inminente flexibilización del mercado laboral, que resulta en un pobre acceso al trabajo de calidad, dando lugar al trabajo precario. Esta flexibilización se ha acompañado de una institucionalidad fragmentada e incapaz de ofrecer plena cobertura de seguridad social que garantice niveles mínimos de bienestar a la población. Otra característica fundamental de México ha sido la prevalencia de una competitividad basada en bajos costos salariales, lo que ha deprimido al salario en las últimas décadas, sacrificando al mercado interno y provocando un bajo crecimiento económico. A lo que se ha sumado una regulación poco eficiente, resultando en bajos estándares laborales, como consecuencia de una inadecuada inspección del trabajo, lo que ha derivado en una disparidad espacial alentada por la falta de criterios uniformes entre los distintos niveles de gobierno. La débil institucionalidad se ha combinado con políticas activas de empleo poco profundas, enfocadas a asistir en la búsqueda de empleo, intermediar, capacitar y crear empleos, de manera directa o indirecta, pero con escasos resultados, lo que hace evidente la necesidad de reenfocarlas hacia la reducción del empleo en actividades de baja productividad y hacia la creación de una nueva institucionalidad que fortalezca la seguridad social en una perspectiva ciudadana. El debate anterior se puede insertar en el establecimiento de un diálogo laboral que busque conciliar las posturas antagónicas entre los actores (gobierno-sindicatos y partidos políticos), de tal manera que se propicie un ambiente capaz de transformar al aparato productivo, mediante el fomento de una mayor inversión y el establecimiento de alianzas público-privadas orientadas hacia la creación de empleo de calidad, y la elevación sostenida del salario por medio de las ganancias en la productividad derivadas de un mayor crecimiento económico.