De todas las formas de inversión, la inversión en infraestructura reviste particular interés puesto que condiciona y se adelanta en el tiempo a las inversiones privadas en otros sectores. Los servicios de infraestructura tales como la energía eléctrica, los transportes, las telecomunicaciones, el abastecimiento de agua y el saneamiento son fundamentales para las actividades de las unidades familiares y la producción económica. Proporcionar servicios de infraestructura que satisfagan las demandas de las empresas y de las familias es una de las tareas más importantes de desarrollo económico y es una responsabilidad de los gobiernos que esto se pueda llevar a cabo.Desde diferentes ámbitos, tanto académicos, políticos como de expertos en el tema, se coincide en que actualmente la inversión en infraestructura en América Latina es baja en comparación con otros países en desarrollo. Se sostiene que el dinamismo de la economía y del comercio exterior que verifica la región desde el 2002 ha puesto en evidencia las deficiencias de la dotación de infraestructura de la región.Al respecto, una de las conclusiones de este trabajo es que el producto de la región sería actualmente tan intensivo en infraestructura como lo era en los años ochenta. Con variaciones, en función del sector que se trate, los latinoamericanos dispondrían actualmente, con excepción en el sector telecomunicaciones, una dotación de infraestructura para el transporte y la generación de energía eléctrica similar a la existente en esos años. Este escenario, si es per se preocupante, se agrava si se tiene en cuenta la mejora que está experimentado la región en su economía y muy particularmente en su comercio. En efecto, para que estas mejoras se mantengan y se profundicen se requiere, entre otras cosas, una dotación de infraestructura que las acompañe y las incentive. En tal sentido, las deficiencias en materia de infraestructura aparecerían hoy como uno de los principales condicionantes para el crecimiento sostenido en América Latina.Los indicadores elaborados que sostienen esta conclusión indican que la región inició el nuevo milenio transitando históricamente niveles mínimos de inversión en infraestructura. Esta situación no pasó desapercibida en los países de la región, los que bajo distintos argumentos propusieron un perfeccionamiento de los instrumentos de control fiscal y presupuestario que dieran un tratamiento diferente a las erogaciones de capital de manera de incentivar las inversiones. Estos incentivos llegaron sin necesidad de recurrir a esos perfeccionamientos sino a través de la mejor manera posible: el crecimiento económico y el consiguiente aumento de los recursos disponibles. Como consecuencia de esto la región ha comenzado a aumentar sus niveles de inversión pública, pero en niveles que por ahora solo permiten equiparar o superar ligeramente registros de mediados de los 90, los que ya eran muy modestos. El sector privado por su parte también estaría siguiendo esta trayectoria, pero solo en determinados proyectos y países. De hecho, los países del Sudeste Asiático, por lo menos hasta fines de 2006, han desplazado a América Latina como destino principal de las inversiones privadas en infraestructura. Agotado el proceso de privatizaciones de los años noventa, las asociaciones públicas privadas son actualmente un mecanismo de mayor importancia que disponen los gobiernos y el sector privado para crear nueva infraestructura.