La acumulación de capital tiene una función insustituible en el crecimiento y, también, en impulsar el desarrollo humano a través de la creación de infraestructura para la salud y la educación. Por ello es natural que en América Latina las iniciativas fiscales para promover la formación de capital hayan ocupado siempre un papel destacado en la agenda de políticas. También lo es que se hayan realizado importantes esfuerzos analíticos para identificar los factores que deprimen o refuerzan el coeficiente de inversión y para diseñar políticas fiscales de promoción de la inversión. Como a lo largo de las últimas décadas se registraron cambios de significación en las estrategias de política económica —que abarcaron desde los instrumentos y objetivos hasta el marco institucional de la política fiscal— no sorprende que haya habido una gran volatilidad en las metas específicas que las políticas fiscales persiguieron en el campo de la inversión: desde insuflar un big push al stock de capital para promover el cambio estructural en ciertos sectores hasta brindar incentivos a la inversión extranjera directa y reducir el gasto público para evitar que el mismo desplace a la inversión privada. En forma concomitante, también ha habido una gran variabilidad tanto en la cuantía de fondos presupuestarios asignados a la promoción de la inversión como en el tipo de instrumento utilizado.