Resumen En 1997 la tasa de participación laboral de personas mayores de 65 años fue de 31.5% en México, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo de ese mismo año. En ese mismo año sólo el 18.4% de los mayores de 65 años que estaban fuera de la fuerza laboral recibían alguna pensión de su trabajo. Esto significa que casi una tercera parte de las personas en edad avanzada tienen que seguir trabajando, en buena parte, debido a la falta de ahorro durante los años previos a este periodo. No es coincidencia tampoco que en ese mismo año, sólo el 30.2% de la Población Económicamente Activa (PEA)1 cotizaba al sistema público de pensiones. Esta reducida cifra implica que, así como ahora sucede, en el futuro muchas personas en edad avanzada no tendrán ahorros suficientes para hacerle frente a la vejez en forma digna. No es fácil dejar la solución de este fenómeno en manos del mercado debido a que la falta de previsión e información, así como los bajos recursos, entre otros factores, hacen que el individuo difícilmente contrate un sistema de pensiones privado y por tanto el nivel óptimo de cobertura sea bajo. Por ello, el Estado ha intervenido permanentemente en la provisión de pensiones. México, como muchos países, ha tenido por décadas este tipo de sistemas con carácter obligatorio, que ciertamente han ayudado a solucionar el problema, pero, como se vio anteriormente, el tramo es aún muy largo para hacer que estos cubran a un porcentaje mayor de la población 2 . Si bien es cierto que las familias cubren parcialmente la falta de pensiones con sistemas informales, tales como la compra de bienes durables durante la edad productiva, la creación de un negocio familiar y las relaciones familiares de ayuda intergeneracional 3 , en México ambas coberturas, formal e informal, son aún reducidas. Lo anterior se debe en parte a la falta de incentivos derivados de los distintos sistemas de pensiones actuales, y también a las características de la población y al dinamismo propio, tanto de la economía como del mercado laboral mexicano. Por ello, el objetivo de este trabajo es detectar las causas de la baja cobertura del sistema de pensiones público en México, para posteriormente hacer recomendaciones de política económica y ayudar en la solución de este importante problema de justicia social. Para cumplir el objetivo, el presente documento se divide en tres capítulos. En el capítulo primero, se hace un análisis de la estructura de los principales sistemas de pensiones públicos en México, lo cual permite identificar los problemas potenciales en el diseño de dichos sistemas. En el segundo capítulo se analiza la cobertura actual de estos sistemas, de acuerdo a las características de la población y los hogares. Finalmente el último capítulo está destinado a señalar las principales conclusiones acerca de las causas de la baja cobertura del sistema, así como a las propuestas de política orientadas a su ampliación.