A partir del 1 de enero de 1994, fecha en que se da la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, o NAFTA por sus siglas en inglés, diversos países de América Latina y el Caribe han mostrado un marcado interés en consolidar y profundizar los lazos comerciales con los Estados Unidos, su principal socio comercial, mediante el establecimiento de nuevos acuerdos. El 28 de mayo de 2004 los países del Istmo Centroamericano firmaron el texto definitivo de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, al que meses después (5 de agosto) se adhirió la República Dominicana. Así, el acuerdo comercial se conoce comúnmente como DR-CAFTA, por sus siglas en inglés. En Nicaragua, país con elevados índices de pobreza en la región, el DR-CAFTA ha generado mucha expectativa, pero también polémica en cuanto a sus posibles impactos económicos y sociales. Algunos consideran que el tratado será el remedio que el país necesita para estimular el desarrollo, mientras otros argumentan que traerá consecuencias adversas de consideración para un amplio número de sectores. Este estudio intenta despejar las interrogantes en torno a esta controversia, proporcionando evidencia de que el DR-CAFTA no representa un milagro desarrollista para Nicaragua, aunque tampoco generará costos económicos y sociales perceptibles. Aun así, el análisis cuantitativo desarrollado permite demostrar que el régimen cambiario y el acceso al financiamiento externo podrían en algunos casos definir qué sectores ganarían con la implementación del tratado y cuáles otros sectores perderían. Para capturar la diversidad de efectos interrelacionados de una reforma en materia de política comercial, como la que el DR-CAFTA significaría en una economía pequeña y abierta como la nicaragüense, se utiliza un modelo macroeconómico de equilibrio general computable dinámico. A diferencia de los análisis más tradicionales de tratados de libre comercio que usan este tipo de modelos —que en su mayoría tienden a ser estáticos—, no sólo se modela el impacto de la desgravación arancelaria en el tiempo en Nicaragua, sino también los beneficios de aprovechar a cabalidad las cuotas de exportación que los Estados Unidos le conferirán a los exportadores nicaragüenses. En este sentido, sobresale el tratamiento poco común del aumento de las cuotas para las exportaciones de textiles y vestuario de la Zona Franca de Nicaragua. El modelado macro se complementa con una metodología de microsimulaciones elaborada a partir de datos de encuestas de hogares, a fin de determinar de forma más rigurosa los impactos potenciales en la pobreza y la desigualdad. Los resultados del análisis demuestran que la desgravación arancelaria en Nicaragua y el aprovechamiento pleno de las cuotas de acceso preferencial para las exportaciones agropecuarias tendrían un impacto favorable pero modesto en la economía del país. La tasa de crecimiento real del PIB podría incrementarse adicionalmente en poco más de 0,2 puntos porcentuales por año, sin percibirse ningún impacto notable en la pobreza y la desigualdad en el nivel agregado. Los productores de granos básicos serían los más desfavorecidos a partir de la desgravación arancelaria. El principal impacto del DR-CAFTA se debería a las exportaciones de prendas de vestir y textiles fabricados en la Zona Franca, amparadas en las cuotas que el beneficio preferencial del tratado otorgaría. Ello permitiría un aumento adicional de la tasa de crecimiento real del PIB de casi 0,8 puntos porcentuales por año. Asimismo, la pobreza total se reduciría notablemente en poco más de 1 punto porcentual por año, aunque sin efectos significativos en la distribución del ingreso en el nivel agregado. Pero todo ello requeriría una transformación estructural de la economía, que podría estar limitada por el ajuste del mercado laboral. Los beneficios del tratado dependerán también de la política macroeconómica que lo acompañe, en especial en el ámbito cambiario, del acceso al financiamiento externo y de mejoras sustanciales de la productividad. Estas últimas deberían ser parte fundamental de una agenda de desarrollo económico y social que respalde al tratado.