Las políticas de competencia y de regulación en los países de Centroamérica, excepto Belice, aparecieron de forma tardía en la segunda mitad del decenio de 1990 y se introdujeron con bastante retraso respecto de otros países latinoamericanos. Sin embargo, a partir de fines de los noventa y principios del siglo XXI adquirieron una relevancia significativa en la formulación de la política pública. En la práctica, la importancia de estas políticas ha sido insoslayable, especialmente a partir del proceso de privatizaciones de grandes empresas del sector público iniciado a fines de los años ochenta, cuya implementación no estaba guiada por reglas claras en la mayoría de los países, lo que dio lugar a una serie de distorsiones en los mercados. Por otra parte, las empresas que se mantuvieron en jurisdicción del sector público, al abrirse las economías también han probado ser, en su mayoría, un lastre para la competitividad de las economías en el mercado internacional, de forma que su desempeño también ha requerido cambios de los sistemas de competencia y regulación existentes. En general, los países han avanzado comparativamente más en cuanto a los instrumentos de protección al consumidor que en los de competencia, mientras que persiste una gran limitación en el marco legal antimonopolio y regulatorio y/o lenidad en su aplicación. Estas limitaciones han ocasionado prácticas abusivas por parte de productores o comerciantes en cuanto a posición dominante de mercado. Asimismo, han provocado colusiones entre empresas grandes o, por el contrario, han conducido a que grandes empresas estatales ofrezcan servicios con subsidios cruzados no siempre adecuadamente diseñados, impidiéndoles ampliar su cobertura, modernizarse y ofrecer un servicio confiable. Los seis países centroamericanos estudiados presentan grados de avances bastante heterogéneos en materia de políticas de competencia, pero este abanico de experiencias deja lecciones en términos de aciertos y errores, que son puntos de referencia importantes de considerar por aquellos de avance más incipiente. Sólo Costa Rica y Panamá han llegado al punto de contar con un marco legal e institucional bastante completo, mientras que los otros cuatro países -El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua- aún atraviesan estadios bastante incipientes en el desarrollo del marco legal e institucional, e incluso de formación de recursos humanos, siendo los dos últimos países los que más rezago muestran en esta materia. Considerando su condición de economías pequeñas, con numerosos mercados naturalmente monopolísticos, con fuertes problemas de distribución del ingreso, una carencia de cultura y abogacía de competencia en los mercados, más que transferir políticas de competencia de otras economías más desarrolladas, los países estudiados requieren una fórmula propia de defensa y promoción de la competencia. Luego, parece indispensable que la política de competencia considere la necesidad de desarrollo económico en estos países -incluyendo una modernización y una mayor eficiencia de las empresas-, así como la promoción de una cultura de la calidad de bienes y servicios. Dadas estas circunstancias, una política de competencia en Centroamérica necesita integrar un conjunto de políticas heterodoxas que generen condiciones de mercado razonablemente competitivas" y que muestren rasgos de "competencia efectiva", que no se basen exclusivamente en un enfoque laissez-faire."