Desde el año 2020, ante los impactos de la pandemia de COVID-19, los países de la región han enfrentado una crisis social prolongada con inéditos desafíos para garantizar niveles de bienestar básicos para la ciudadanía, con un acceso garantizado a la protección social y a la salud como un derecho fundamental y un bien público esencial (CEPAL, 2022c). Las crisis gatilladas por la pandemia de COVID-19 han profundizado problemáticas estructurales de América Latina y el Caribe, que tienen un impacto directo sobre la seguridad social y que ya venían intensificándose: altos niveles de informalidad en un escenario de profundas transformaciones en el mercado laboral ante los cambios tecnológicos en curso, el incremento de la pobreza y las diversas expresiones de la desigualdad y el rápido envejecimiento de la población, entre otros. Si bien las medidas implementadas por los países en materia de protección social han sido sustantivas y han permitido mitigar, en parte, los devastadores efectos sociales y económicos de la pandemia, a tres años de su inicio se aprecia en la región un deterioro considerable en las condiciones de vida de sus habitantes, situación que ha empeorado ante un contexto económico desfavorable y el incremento de la inflación. Se evidencia la importante distancia que existe en la región para consolidar verdaderos Estados de bienestar, con sistemas de seguridad social que garanticen igualdad en el acceso a prestaciones con niveles de cobertura, suficiencia y sostenibilidad financiera adecuados.