Resumen Entre 1974 y 1998, la economía y la agricultura chilena recibieron el impacto de las reformas estructurales y de la apertura externa. En la primera etapa, hasta 1983, y dadas las condiciones políticas imperantes, las reformas y ajustes se aplican en Chile con todo rigor y sin obstáculos. Luego de la crisis, a partir de 1984, las políticas se tornan menos ortodoxas, el Estado acude al rescate del sistema financiero privado, las fluctuaciones del mercado internacional son atenuadas con el mecanismo de bandas de precios, poderes compradores, y valores aduaneros mínimos. Se fomentan las exportaciones no tradicionales y subsidian obras intraprediales de riego. Desde 1990, manteniendo los rasgos esenciales del modelo, se plantea la equidad como condición necesaria para el desarrollo. La política sectorial, postula el fortalecimiento de la ruralidad, reconociendo la heterogeneidad de los agentes productivos. La apertura es acentuada por la vía de acuerdos internacionales y continúan las medidas de estabilización de precios. La productividad se apoya intensificando el subsidio al riego y a la fertilización. La política hacia la pequeña agricultura, enuncia el propósito explícito de apoyar su inserción a los mercados, con instrumentos que propician la asociatividad. Con una organización industrial, de mediana a alta concentración, los agentes más favorecidos han sido las empresas exportadoras de frutas, la industria forestal, aquellas del subsector agroindustrial que tienen un rol decisivo en el desempeño de la cadena (azúcar, cebada, leche, arroz), las integradas verticalmente (aves y cerdos), las empresas vitivinícolas, la industria de la carne, jugos, pastas, deshidratados y congelados. Se han insertado con éxito, los productores modernos, de mediano y gran tamaño de los valles regados y de las zonas de secano productoras de leche y frutales menores, con capacidad de gestión y adecuado nivel tecnológico. La apertura y el cambio estructural, ha generado en el campo un proceso de concentración y exclusión. Los agentes productivos han debido alinearse, forzadamente, según las capacidades y flexibilidades de sus recursos, generándose dinamismos claramente diferenciados con desequilibrios subregionales, en rubros y agentes. Con dificultades para enfrentar el mercado, se encuentra el pequeño productor con potencial agropecuario. Marginados del sistema, se ubican los minifundistas de los secanos interior y costero y de comunidades del norte y de la Araucanía, sus ingresos son mayoritariamente de origen extrapredial y dependerán de políticas multisectoriales para mejorar su crítico nivel de vida. En el sector urbano y en el rural, se ha acentuado la histórica desigualdad en la distribución del ingreso. Los esfuerzos por reducir la pobreza, se han traducido en logros importantes; sin embargo, resulta evidente que los niveles actuales son aún inaceptables. En el agro, la pobreza sigue comprometiendo a 700 mil personas. Situación que refleja los desequilibrios creados y el contraste entre el progreso productivo, muchas veces rodeado de poblaciones que viven en condiciones de marginalidad y atraso. Tal es el complejo desafío de equidad y desarrollo que enfrenta el sector rural de Chile.