Resumen La Ley de 1996 crea la Comisión Agraria Nacional, la Superintendencia Agraria y la Judicatura Agraria, establece un proceso obligatorio de saneamiento de la propiedad agraria para regularizar los derechos en un plazo de diez años y ratifica el impuesto a la tierra, vigente desde 1986. Utilizando las 1 500 encuestas en 18 zonas distintas de Bolivia orientadas a obtener información para la Superintendencia sobre precios de las tierras, el documento analiza el mercado de tierras. Una de las conclusiones más notorias del análisis es que la forma de acceso a la tierra, su precio, el régimen de tenencia, la frecuencia de transacciones, etc., son determinados esencialmente por la ubicación del predio. Además, existe una fuerte asimetría de percepciones entre vendedor y comprador sobre el valor de la tierra y las transacciones de compraventa se hacen fundamentalmente intraestrato. Del lado de los demandantes se observan restricciones en cuanto a acceso al mercado de capital de largo plazo y falta de información sobre las condiciones de mercado, sobre las características de los predios y sobre los procedimientos de compra y, del lado de los oferentes, se observa falta de información acerca de las condiciones del mercado en especial respecto a usos alternativos futuros de la tierra así como, a veces, restricciones comunales para vender parcelas a no miembros de la comunidad. Las características propias de un predio agrario (tipo de suelo, acceso a agua, tipo de plantaciones, infraestructura y caminos); son fundamentales para explicar la diferencia de precio entre propiedades al interior de una misma zona. Las grandes diferencias de precios entre zonas son causadas principalmente por las características no agrarias de cada zona (presencia de grandes centros poblados, infraestructura urbana, tamaño de los mercados, nivel de ingreso de la zona, etc.); y muy poco por las características agrarias de los predios en sí o el tipo de cultivo. En cambio, las diferencias entre los precios de alquiler entre una región y otra son mucho menores y suelen reflejar el flujo de ingresos netos de las actividades productivas agropecuarias.